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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 215, de 15/10/2024
cve: BOCG-15-D-215
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de octubre de 2024
Núm. 215
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la anulación de los dos sumarios judiciales abiertos contra Miguel Hernández por parte de la dictadura franquista y efectuar una Declaración de
Reconocimiento y Reparación Personal a favor del poeta y de su familia. ... (Página10)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la garantía de los derechos de Jorge Glas ... (Página12)
161/001253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al régimen de apartheid de género que sufren las mujeres y niñas de Afganistán ... (Página13)
161/001261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas en relación con el conflicto bélico entre Israel y el Líbano ... (Página14)
161/001271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de las mujeres, adolescentes y niñas en Afganistán ... (Página17)
161/001273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación política en la República de Georgia ... (Página20)
161/001277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cese de hostilidades en Líbano ... (Página22)
161/001297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a condenar los ataques recibidos por la presidente de los Estados Unidos Mexicanos ... (Página23)
Comisión de Justicia
161/001263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, por la que se insta al Gobierno, para que a su vez inste a la Fiscalía General del Estado para que abra una investigación sobre las causas de la
dilación indebida y el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía de Murcia con 7 empresarios que han confesado haber pagado para mantener relaciones sexuales con menores en la Región de Murcia ... (Página25)
Comisión de Defensa
161/001274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para celebrar un homenaje por los 50 años de la fundación de la Unión Militar Democrática (UMD) ... (Página26)
161/001295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la mejora de la eficiencia energética en espacios dependientes del Ministerio de Defensa y la aplicación del protocolo GEI ...
161/001302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la repatriación de todos los civiles españoles residentes en el Líbano, así como para el inicio de los procedimientos para la retirada de las tropas
españolas desplegadas en la Operación 'Libre Hidalgo', en el marco de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano ... (Página30)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre fiscalidad de las ayudas a la rehabilitación de la vivienda ... (Página31)
Comisión de Interior
161/001262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una Fiscalía Especial para la investigación de actos delictivos que tengan como objeto el menoscabo del principio de
autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, así como a los miembros de las policías locales, y proceder a la reforma de los artículos 550 y 556 del Código Penal aumentando las penas de los delitos de atentado,
resistencia o desobediencia a la autoridad o sus agentes ... (Página33)
161/001267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que la investigación de actos que supongan enaltecimiento del terrorismo tenga un tratamiento prioritario en la Fiscalía de Derechos
Humanos y Memoria Democrática ... (Página34)
161/001318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dotar de medios al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Menorca ... (Página36)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre las líneas ferroviarias en la provincia de Sevilla ... (Página37)
161/001280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre las líneas ferroviarias en la provincia de Sevilla ... (Página38)
161/001281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la eliminación de la contaminación acústica causada por trenes de mercancías a su paso por el barrio del Serrallo (Tarragona) ...
161/001282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de aprobar Planes de Acción contra el Ruido para reducir el impacto acústico de las infraestructuras viarias de titularidad estatal, AP-9 y
VG-20, a su paso por Vigo ... (Página40)
161/001289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la accesibilidad y seguridad viaria en la n-120 a su paso por Quintela de Canedo en el municipio de Ourense ...
161/001293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al cumplimiento del acuerdo para la financiación de la ejecución de la autovía Alquerías-Santomera RM-1, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado,
como prolongación necesaria para la autovía del Reguerón ... (Página46)
161/001298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre salvamento marítimo en Cantabria ... (Página49)
161/001321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la bonificación al transporte y los abonos únicos ... (Página50)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación de la edad máxima de permanencia en las unidades o centros de educación especial ...
161/001304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de la transición ecológica en el sector del deporte ... (Página54)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la subida de pensiones 2024 ... (Página55)
161/001301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a seguir incrementando la cifra de personas afiliadas a la Seguridad Social, compatibilizando este crecimiento con la calidad en el empleo, avanzando
especialmente en el incremento de la cotización y cobertura social de las mujeres ... (Página57)
161/001316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la cotización de los trabajadores por cuenta propia al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos según sus ingresos reales ...
Comisión de Industria y Turismo
161/001285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las
obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español ...
161/001299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el desarrollo del talento e impulso de la formación en la industria ... (Página64)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al papel esencial de las mujeres rurales para la vertebración territorial y social y como vector para la innovación y el emprendimiento ...
161/001292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la industria cárnica ... (Página68)
161/001307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso del Segundo Registro para la flota pesquera ... (Página70)
161/001311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para orientar las recomendaciones del Gobierno en apoyo al consumo de pescado, especialmente en la población juvenil e infantil ...
Comisión de Política Territorial
161/001268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a potenciar medidas destinadas a garantizar el uso de las lenguas oficiales del Estado en los servicios de las Delegaciones del Gobierno ...
161/001275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones en aquellos municipios que sufren brecha digital ...
161/001276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reconocer y valorar el importante trabajo desempeñado por el Gobierno de España en la gestión de los fondos Next Generation en los municipios
menores de 5.000 habitantes ... (Página75)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción del Clúster del Maestrazgo ... (Página76)
161/001255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el programa Campus Rural ... (Página78)
161/001256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implementación del Mecanismo Rural de Garantía en la actividad regulatoria y el desarrollo de políticas de las administraciones públicas ...
161/001308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la interconexión y mejora de la red de transporte y distribución de energía eléctrica para la integración renovable del norte de la provincia
de Granada con la de Jaén ... (Página82)
161/001310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los expedientes de renovación de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre en la costa de Cantabria ...
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de la infancia en las políticas de vivienda ... (Página85)
161/001306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar la rectificación de las declaraciones de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana y abordar con consenso el nuevo Plan Estatal de
Vivienda ... (Página87)
Comisión de Cultura
161/001250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implicación de la juventud en la conservación de la cultura y patrimonio en zonas rurales ... (Página88)
161/001254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el reconocimiento de la escritora Luisa Carnés y la divulgación de su obra ... (Página90)
161/001291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Plan Director de las obras de consolidación y restauración de la Casa-Hospital de San Millán en Torrelapaja (Zaragoza) ...
Comisión de Sanidad
161/001312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la equidad en el cribado de cáncer de mama en España ... (Página93)
161/001313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje asistencial temprano e integral del cáncer de mama en España ...
161/001314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento de la supervivencia y la mejora del bienestar y la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama metastásico ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a favorecer la formación universitaria online reduciendo la presencialidad ... (Página98)
161/001284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para reforzar la posición de España en el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación ... (Página99)
161/001315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la regulación y mejora de la carrera profesional del personal técnico y de gestión de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) ...
(Página100)
161/001319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación y aprobación urgente del Real Decreto para el desarrollo de los sexenios de transferencia y su convocatoria inmediata ...
(Página102)
161/001320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a agilizar desde la calidad y la seguridad la homologación de títulos universitarios extranjeros ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno denuncie ante la Corte Penal Internacional la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio impuesta por el
régimen talibán y de condena por la supresión sistemática de los derechos de la mujer en Afganistán ... (Página105)
161/001264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para dotar un fondo de ayuda humanitaria urgente para los campamentos de refugiados saharauis ... (Página107)
161/001265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el desarrollo del eje transversal de Género y Desarrollo en la Cooperación ... (Página108)
161/001266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre reforma de la arquitectura financiera de la cooperación española ... (Página110)
Comisión de Juventud e Infancia
161/001290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para facilitar el acceso a jóvenes que quieran realizar voluntariado, especialmente a nivel europeo o internacional ...
161/001317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para reforzar la protección digital de la salud mental de la juventud ... (Página113)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las personas con ostomía ... (Página116)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar de modo decidido las adecuadas acciones formativas y de sensibilización y concienciación -contando con la participación de
expertos en seguridad vial y de las asociaciones de víctimas- como herramientas necesarias para reducir la siniestralidad vial ... (Página118)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el pleno derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades para el alumnado en situación administrativa irregular ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria y Turismo
181/000600 Pregunta formulada por el Diputado Francisco José Conde López (GP), sobre actuaciones y avances llevados a cabo para garantizar que el proyecto promovido por la empresa Altri en Galicia pueda acceder a líneas de financiación de
los fondos europeos Next Generation EU ... (Página122)
181/000601 Pregunta formulada por el Diputado Francisco José Conde López (GP), sobre actuaciones y avances llevados a cabo dentro del Plan de Automoción aprobado en el año 2020, al margen de las inversiones financiadas con los fondos Next
Generation ... (Página123)
181/000607 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre rechazo de Arcelor de la subvención de 450 millones de euros procedentes de Fondos Europeos y posibilidad de destinar
esa ayuda a otra entidad para abordar el proyecto DRI en Asturias ... (Página123)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000602 Pregunta formulada por los Diputados Beatriz Jiménez Linuesa (GP), Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP), Martín García, Pedro Samuel (GP),
Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Fúnez de Gregorio, Carmen (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Tomás Olivares, Violante (GP) y Vázquez Blanco, Ana
Belén (GP), sobre previsiones acerca de la puesta en marcha del Plan Integral de Alzheimer, así como plazo para realizarla ... (Página123)
181/000603 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Verano Domínguez, Bella (GP), Martín García, Pedro Samuel (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Rodríguez Calleja, Patricia (GP),
Madrid Olmo, Bartolomé (GP), Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP), Cuesta Rodríguez, María del Socorro (GP), Fernández Herranz, Sandra (GP), Jiménez Linuesa, Beatriz (GP), Moneo Díez, María Sandra (GP), Parra Gallego, Agustín (GP), Tomás Olivares,
Violante (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de introducir cambios para subsanar los importantes problemas de equidad que plantea el bono social energético ... (Página124)
181/000612 Pregunta formulada por los Diputados Silverio Argüelles García (GP) y Martín García, Pedro Samuel (GP), sobre medidas previstas para materializar la idea planteada por el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de
regular el alquiler, restringir el alquiler turístico y movilizar vivienda vacía para que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho ... (Página124)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000606 Pregunta formulada por el Diputado Oskar Matute García de Jalón (GEH Bildu), sobre previsiones acerca de revisar los mecanismos de planificación y ejecución de REE, así como los mecanismos de asignación de evacuación en las
subestaciones para favorecer una transición energética ordenada ... (Página124)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000613 Pregunta formulada por los Diputados Isabel María Borrego Cortés (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP),
Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre
criterios con los que la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana condicionará la financiación según sus declaraciones del día 26/09/2024 ... (Página125)
Comisión de Sanidad
181/000596 Pregunta formulada por las Diputadas Ester Muñoz de la Iglesia (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre tarea en el ámbito de la sanidad que le queda al Gobierno 'para alcanzar la España que queremos' ...
181/000597 Pregunta formulada por las Diputadas Ester Muñoz de la Iglesia (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de priorizar el 'Estado del bienestar' en el ámbito de la sanidad en el séptimo año del Gobierno
de coalición progresista para hacer de España un país más próspero, justo y sostenible, en el que la gente viva mejor ... (Página125)
181/000598 Pregunta formulada por las Diputadas Ester Muñoz de la Iglesia (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria e impulsar
un marco regulatorio estable y flexible, que esté diseñado pensando en las peculiaridades del sector sanitario ... (Página126)
181/000599 Pregunta formulada por las Diputadas Ester Muñoz de la Iglesia (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre previsiones acerca de atender la crítica de Cemsatse y materializar alguna medida ante el incumplimiento por parte del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de las medidas de fidelización y captación de médicos en Ceuta ... (Página126)
181/000608 Pregunta formulada por los Diputados Juan Andrés Bayón Rolo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre solicitud realizada desde la Asociación Española de Medicamentos Genéricos e impulso de una legislación clara para
diferenciar entre genéricos y marcas, destacando la importancia de asegurar el suministro ante el aumento de costes de fabricación ... (Página126)
181/000609 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante la idea planteada por el Secretario de Estado de Sanidad
de que 'el sistema sanitario tiene mucho que decir en el abordaje de la violencia de género y mejorar nuestra participación en la detección y comunicación es una obligación y una necesidad' ... (Página126)
181/000610 Pregunta formulada por los Diputados Bartolomé Madrid Olmo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas ante el compromiso planteado por la Ministra de Sanidad de trabajar por una sociedad que no esté dopada
con cafeína por las mañanas y ansiolíticos por las noches ... (Página127)
181/000611 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Benigno Belmonte Gómez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas ante la necesidad de que las Comunidades Autónomas estén en las tomas de decisión y evaluación,
según se planteó desde la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ... (Página127)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/014934 Autor: Micó Micó, Àgueda
Valoración por el Gobierno de la campaña de rezo iniciada por un grupo ultracatólico a las puertas de una clínica de aborto de Castelló de la Plana, así como medidas previstas para garantizar los derechos de las mujeres que deciden abortar
libremente y de forma totalmente legal ... (Página127)
184/015365 Autor: Micó Micó, Àgueda
Recuperación de las frecuencias normales y los servicios de los trenes Intercity que circulan entre Barcelona-Castellón-Valencia-Alicante-Lorca/Cartagena, así como posibilidad de que sean las obras del Corrredor Mediterráneo las causantes de
las modificaciones de estos servicios ... (Página128)
184/015366 Autor: Micó Micó, Àgueda
Concesión, actualmente otorgada, de una plataforma marina frente a la costa a la empresa BP Oil de Castellón ... (Página129)
184/015367 Autor: Micó Micó, Àgueda
Nueva Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de construcción para la prolongación sur del dique de cierre de la dársena sur de Castellón ... (Página130)
184/015368 Autor: Micó Micó, Àgueda
Realización de un trasvase a la costa de Almassora de un volumen anual de 60.000 metros cúbicos de arena desde el año 2003 hasta 2024 para mitigar el impacto del proyecto de Dársena Sur del Puerto de Castellón ...
184/015371 Autor: Micó Micó, Àgueda
Recepción por el Gobierno de alguna solicitud de impulso de un parque eólico marino en el Puerto de Castellón en la zona de afección portuaria, tanto marítima como terrestre ... (Página132)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/001305
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la anulación de los dos sumarios judiciales abiertos contra Miguel
Hernández por parte de la Dictadura franquista y efectuar una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor del poeta y de su familia, para su debate en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
La gran tragedia que fue la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista apartó a España de los países democráticos por la imposición de leyes marciales y tribunales especiales que tenían como único objetivo la represión de los
defensores del Estado de Derecho que la II República Española representaba. Una persecución ideológica iniciada con una terrible brutalidad desde el primer día en los territorios donde los sublevados contra el orden constitucional se impusieron por
la fuerza de las armas a una sociedad que vivía en democracia y que, con la victoria final de los golpistas, vio cómo se extendía esa brutalidad a toda España.
Centenares de miles de personas fueron juzgadas en consejos de guerra y sufrieron condenas durísimas como la pena de muerte, décadas de prisión, trabajos forzados, depuración profesional o incautaciones de patrimonio personal, condenas que
se unían al maltrato físico y psicológico y las torturas que sufrían las personas represaliadas. Violaciones constantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de un poder que aplicaba una cirugía estricta a la
sociedad en su afán de acabar con cualquier idea de libertad.
El gran poeta Miguel Hernández fue una figura republicana muy importante durante la Guerra Civil, destacó como defensor de las libertades y por ello la Dictadura lo persiguió con saña, abriéndole dos procesos judiciales en los que, sin
garantías jurídicas, fue acusado de hechos que no había cometido, de delitos que eran inventados, por los cuales el gran poeta oriolano y universal fue condenado a muerte en una sentencia únicamente basada en la ideología franquista que perseguía a
los defensores de la legalidad democrática.
Está demostrado objetivamente que los procesos seguidos contra el poeta Miguel Hernández no tienen ningún rigor jurídico y los hechos que se le imputaron durante la
guerra no eran constitutivos de delito alguno, pero para los militares que sostenían la dictadura su voz, sus palabras, sus escritos y poemas eran en sí mismos un crimen. Los sumarios de los juicios a Miguel son cualquier cosa menos
justicia. Se construyeron desde el principio con la clara vocación de acabar con su persona. Su condena a muerte era tan vergonzosa e inaceptable que se le conmutó por otra de 30 años de prisión.
Una nueva condena que, por las condiciones penosas de la prisión, los problemas de salud de Miguel y la falta de asistencia médica, supuso verdaderamente una condena a muerte encubierta que, lamentablemente, se acabó cumpliendo y Miguel
murió en la prisión de Alicante.
La familia de Miguel Hernández, así como el movimiento memorialista, han luchado por anular los indignos sumarios judiciales que continuaban vigentes y que lo señalaban como un criminal de forma tan injusta. En 2010 presentaron un recurso
ante el Tribunal Supremo que fue inadmitido por la Sala de lo Militar, por lo que no se logró esa anulación. Tampoco en 2013, cuando se dirigieron con la misma reivindicación al Tribunal Constitucional.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su artículo 5.1 que 'Se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de
Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.'
Asimismo, el artículo 6, reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra y la Dictadura. Según hemos podido conocer, la familia de Miguel Hernández con el apoyo de diferentes
entidades, colectivos y personas encabezadas por el investigador Joan Pàmies, han solicitado al gobierno de España que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en nombre de la justicia que Miguel no recibió en su momento, se anulen los
dos sumarios judiciales y se efectúe una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de él y su familia.
Los diputados y diputadas del Congreso debemos estar a la altura de esta reparación histórica y necesaria, que dignifica aún más la figura de Miguel Hernández y le hace justicia, aprobando un reconocimiento institucional y trasladando el
apoyo a la familia y a todas las personas, instituciones y entidades que a lo largo de estos años han reivindicado la anulación de una sentencia y de unos sumarios que eran arbitrarios e ilegítimos.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la solicitud registrada por la familia de Miguel Hernández ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para que, teniendo por nulos los dos sumarios judiciales abiertos por la
Dictadura franquista contra el poeta Miguel Hernández, se efectúe una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor del mismo y de su familia.
2. Asimismo, el Congreso de los Diputados traslada su reconocimiento y apoyo a las familias, como la de Miguel Hernández, y a todas las personas, instituciones y entidades que a lo largo de estos años han reivindicado la anulación de
juicios y sentencias y de unos sumarios que eran arbitrarios e ilegítimos.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con la Universidad Miguel Hernández, un acto institucional en Orihuela de presentación de esta Declaración de Reconocimiento y Reparación, haciéndolo coincidir
con el aniversario del nacimiento del poeta, el 30 de octubre de 1910.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Enrique Fernando Santiago Romero, Àgueda Micó Micó, Nahuel González López, Alberto Ibáñez Mezquita, Esther Gil de Reboleño Lastortres, Gerardo Pisarello Prados, Jorge Pueyo Sanz,
Rafael Cofiño Fernández y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001251
A la Mesa del Congreso
Las Diputada de Podemos y Portavoz Adjunta del G.P Mixto, Doña Ione Belarra, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la garantía de
los derechos de Jorge Glas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 5 de abril se produjo el asalto de las fuerzas policiales ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, con el objetivo de llevarse por la fuerza al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que se encontraba bajo la protección de
asilo en dicha embajada. Estos hechos constituyen una clara violación de la soberanía mexicana y del derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas (1961) y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático
(1954); y desencadenaron una grave crisis política con el gobierno de López Obrador y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, este acto representa un atentado sin precedentes contra el derecho de asilo diplomático y
una violación flagrante del derecho a la integridad personal y la libertad de Jorge Glas.
Tras su secuestro, el ex vicepresidente permaneció 72 horas incomunicado y fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, denominada 'La Roca'. Días después, fue hospitalizado después de sufrir una sobredosis de
ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, según el parte policial. Desde su traslado a la prisión de 'La Roca', el exvicepresidente Glas ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que ha generado un deterioro alarmante de su
salud física y mental.
Glas sufre de múltiples enfermedades crónicas, además de permanecer bajo un régimen de polifarmacia extrema, lo que incrementa el riesgo de colapso orgánico y episodios psicóticos graves. Informes médicos independientes, elaborados por el
Dr. Edison Alejandro Barreto Zambrano, miembro de la comisión médica creada por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2022, han documentado graves violaciones a los protocolos médicos, incluyendo la falta de
tratamiento adecuado tras un intento de suicidio.
Por otro lado, el entorno carcelario se ha vuelto cada vez más hostil. El 29 de agosto de 2024, un motín y un incendio sacudieron 'La Roca', tras lo cual se descubrió un arma dentro del penal. El 5 de septiembre de 2024, un dron ingresó a
la prisión, seguido por una explosión controlada que obligó a la evacuación de los internos. Tres días después, un reo en la celda contigua a la de Jorge Glas se suicidó, lo que ha agravado su ya precaria estabilidad emocional y psicológica. Estos
eventos reflejan un ambiente penitenciario extremadamente peligroso, agravado por los apagones programados a nivel nacional que también afectan al penal, que pone en grave riesgo la vida del exvicepresidente Jorge Glas y exacerba su vulnerabilidad.
Por su parte, el estado ecuatoriano ha ignorado las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en diciembre de 2019, diseñadas para proteger la vida y la integridad personal de Jorge Glas, agravando su situación. La inacción del estado
respecto a la salud del exvicepresidente, y la falta de respuesta a solicitudes urgentes de atención médica, configuran lo que podría considerarse homicidio por omisión estatal.
Recientemente, el Estado ecuatoriano ha suspendido la visita programada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para finales de septiembre, justificando la decisión bajo el argumento de que sus funcionarios se encontrarán en Nueva
York. Sin embargo, la gravedad de la situación exige una respuesta inmediata, y no puede postergarse bajo pretextos administrativos. No se trata de una simple visita
institucional, sino de la necesidad urgente de proteger su derecho a la vida y la integridad física de Jorge Glas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Interceder a la mayor brevedad, a través de sus relaciones políticas y diplomáticas, para asegurar que los derechos de Jorge Glas como asilado político sean garantizados y que su vida no corra peligro;
2. Solicitar formalmente a las autoridades del Ecuador el cumplimiento de la Convención de Viena y la expedición, a la mayor celeridad posible, de un salvoconducto y su liberación para que pueda viajar a México y permanecer bajo protección
internacional;
3. Promover la adopción de medidas por parte de la UE en respuesta al incumplimiento de la cláusula democrática del acuerdo comercial con Ecuador, que obliga a las partes a respetar los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Podemos y Portavoz Adjunta del G.P Mixto Ione Belarra, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa al régimen de apartheid de género que sufren las mujeres y niñas de Afganistán, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado día 21 de agosto el régimen talibán de Afganistán ratificó una ley de moralidad con más de 100 páginas de contenido y 35 artículos con un objetivo principal: endurecer la represión que vienen sufriendo las mujeres del país desde
que hace tres años el grupo fundamentalista tomara el Gobierno por la fuerza. El texto, promulgado por el líder espiritual supremo, Haibatulá Ajundzadá, incluye medidas como la prohibición de que se escuchen sus voces en espacios públicos o que se
vean sus rostros en la calle.
Después de dos décadas de tutela occidental desde que el presidente George W. Bush decidiera empezar allí la llamada Guerra Global contra el Terror como respuesta a los atentados del 11S, la retirada de tropas de Estados Unidos y sus aliados
de la OTAN el verano de 2021 dejó un vacío de poder en el país, que fue así entregado de nuevo a los talibanes. Las mujeres y niñas afganas, que antes de todo esto iban a la escuela y tenían libertad de movimiento, están viendo sus derechos
fundamentales vulnerados ahora más que nunca y sin que las autoridades internacionales actúen ni tomen partido para evitar lo que la ONU viene calificando de apartheid de género desde la suspensión de la Constitución por el régimen talibán.
En la actualidad, las mujeres afganas están excluidas del sistema educativo y del mercado laboral, deben cumplir con un estricto código de vestimenta que las obliga a ir cubiertas de la cabeza a los pies y les prohíbe el uso de zapatos de
tacón o acudir a salones de belleza, no pueden salir de sus casas a menos que estén acompañadas por un hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido conocido como mahram, tienen vetado el deporte y no pueden subir a un autobús con
hombres porque el transporte también está segregado, entre otras muchas cosas.
Además, según informa la ONU, en Afganistán están aumentando los matrimonios precoces y forzados y la violencia por motivos de género y los feminicidios, que, además, quedan impunes por el desmantelamiento progresivo que han hecho los
talibanes del marco institucional que existía de ayuda a las víctimas sobrevivientes, dejándolas supeditadas a la ley islámica (sharia) y en total desamparo y peligro.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas consideraran que todas estas restricciones impuestas por los talibanes a los derechos de las mujeres y de las niñas, unidas al uso del arresto y la detención
arbitrarios, la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos, son constitutivas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género en un contexto de crisis humanitaria que, de por sí, ya es devastadora: la ONU calcula que
el número de personas necesitadas de ayuda pasó de los 18,4 millones de 2022 hasta casi los 29 millones en agosto de 2023 y la OMS advierte de la existencia de millones de personas en riesgo de desnutrición y enfermedad y con acceso escaso o nulo a
atención médica y alimentos, incluidos 2,3 millones de niños y niñas en peligro de desnutrición aguda.
Frente a todo ello, las víctimas del sometimiento talibán tienen negada también su libertad de expresión y su derecho a reunión y asociación, pero, pese a los riesgos y a la brutal represión que vienen sufriendo, con palizas y hasta
descargas eléctricas, se han organizado en torno a un movimiento de resistencia valiente y pacífico que necesita de todos los apoyos. La comunidad internacional y, muy especialmente, las potencias occidentales, tenemos, como mínimo, la
responsabilidad moral de posicionarnos en este escenario de emergencia y de violación de derechos humanos, más cuando el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Afganistán no recibe sus fondos y ante el aislamiento internacional del país y las
sanciones económicas impuestas en respuesta a la toma del poder por los talibanes.
Ante esta situación de emergencia y en línea con las exigencias de la sociedad civil en general y del movimiento feminista en particular con iniciativas como la recogida de firmas 'Mujeres con voz, mujeres con derechos', a la que ya se han
adherido más de 14.000 personas, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados y Diputadas insta al Gobierno a:
1. Rechazar públicamente todas las violencias contra las mujeres y niñas afganas por el hecho de serlo y promover acciones en el seno de la Unión Europea para contribuir a su protección, en consonancia con la estrategia de política exterior
de España basada en el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos;
2. Dar respuesta positiva a las peticiones de traslado registradas por parte de solicitantes de asilo y personas refugiadas de nacionalidad afgana en Embajadas y consulados españoles en virtud del artículo 38 de la Ley 12/2009,
particularmente en Pakistán y otros países de la región;
3. Promover y apoyar las investigaciones del Tribunal Penal Internacional para que se juzgue el trato a las mujeres y niñas afganas como crimen contra la humanidad, y para que los responsables de las más de 100 normas y edictos que oprimen
hoy día a las mujeres y niñas en Afganistán rindan cuentas ante la justicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro i Vidal al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas en relación con el conflicto bélico entre Israel y el Líbano, para su debate en instancia en la Comisión de Exteriores.
Exposición de motivos
En las últimas semanas, la región de Oriente Medio ha experimentado una grave escalada de violencia entre Israel y Líbano, especialmente en el sur del país. Los bombardeos israelíes sobre zonas pobladas han dejado cientos de muertos y miles
de desplazados, la mayoría civiles, además de destruir infraestructura vital. Se estima que más de 90.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la intensificación del conflicto, muchas de las cuales han tenido que abandonar sus
hogares en condiciones extremas, sumándose así a una grave crisis humanitaria en la región.
Estos ataques han sido una respuesta a los enfrentamientos con Hezbollah, pero han causado un daño desproporcionado a la población civil libanesa. La situación se agrava con las declaraciones israelíes sobre una posible invasión del sur de
Líbano, que representaría una grave violación de la soberanía libanesa y una nueva escalada en un conflicto ya muy tenso.
Esta nueva ola de violencia se produce en el contexto más amplio del conflicto entre Israel y Palestina, donde desde 2023 se han registrado los peores episodios de violencia en la Franja de Gaza. Los bombardeos indiscriminados sobre Gaza
han causado la muerte de miles de civiles y han provocado una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. El bloqueo persistente de la Franja de Gaza, combinado con la destrucción masiva de infraestructuras, ha sumido a la población
palestina en una situación desesperada.
Los claros indicios de genocidio y violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de Israel han sido denunciados por múltiples organismos internacionales. Estos hechos no solo amenazan con desestabilizar la región, sino que
también implican un alto riesgo de contagio del conflicto a otros países vecinos, como Líbano, que ya sufren las consecuencias de una desestabilización prolongada.
Ante este escenario, es crucial que España, en consonancia con su tradición de defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, adopte una postura clara y contundente a favor de la paz, la justicia y la protección de las
poblaciones civiles. Es imperativo tomar medidas concretas para frenar la venta de armas a Israel y garantizar que estas no sean utilizadas para perpetuar la violencia y la violación de derechos humanos en la región.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Denunciar los bombardeos israelíes sobre zonas pobladas del sur de Líbano, que han provocado la muerte de cientos de civiles y el desplazamiento de miles de personas, afectando especialmente a la población civil, y condenar esta agresión
como una vulneración flagrante del derecho internacional humanitario.
2. Manifestar la oposición al ataque y a la amenaza de invasión de zonas meridionales del Líbano por parte de Israel, una acción que solo contribuirá a una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio, desestabilizando aún más la región.
3. Exigir un alto el fuego inmediato por parte de Israel, que incluya la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados de la Franja de Gaza, el fin de los ataques sobre zonas civiles, y la liberación de todos los rehenes, al
mismo tiempo que se facilite el acceso inmediato y sin restricciones de la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas.
4. Instar a la Unión Europea, España y otros organismos internacionales a adoptar medidas urgentes, incluyendo la imposición inmediata de un embargo armamentístico contra Israel, para evitar que estas armas sean utilizadas en violaciones de
derechos humanos y en la perpetuación del conflicto. Este embargo debe aplicarse con carácter de urgencia para frenar el uso indiscriminado de la fuerza.
5. Decretar inmediatamente un embargo armamentístico por parte del Estado español sobre las exportaciones de armas hacia Israel, como medida para garantizar que no se contribuya a la continuación de la violencia y la violación de derechos
humanos en el conflicto, asegurando la coherencia con los compromisos de paz, derechos humanos y derecho internacional de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
Els Grups Parlamentaris Signats, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc-Marc Álvaro i Vidal, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei
sobre mesures en relació el conflicte bèl.lic entre ISRAEL i El Líban per al seu debat en instància a la Comissió d'Exteriors.
Exposició de motius
En les darreres setmanes, la regió de l'Orient Mitjà ha experimentat una greu escalada de violència entre Israel i el Líban, especialment al sud del país. Els bombardejos israelians sobre zones poblades han deixat centenars de morts i
milers de desplaçats, la majoria civils, a més de destruir infraestructura vital. S'estima que més de 90.000 persones han estat desplaçades internament a causa de la intensificació del conflicte, moltes de les quals han hagut d'abandonar les seves
llars sota condicions extremes, afegint-se així a una greu crisi humanitària en la regió.
Aquests atacs han estat una resposta als enfrontaments amb Hezbollah, però han comportat un dany desproporcionat a la població civil libanesa. La situació s'agreuja amb les declaracions israelianes sobre una possible invasió del sud del
Líban, que representaria una greu violació de la sobirania libanesa i una nova escalada en un conflicte ja molt tens.
Aquesta nova onada de violència es produeix en el context més ampli del conflicte entre Israel i Palestina, on des de 2023 s'han registrat els pitjors episodis de violència a la Franja de Gaza. Els bombardejos indiscriminats sobre Gaza han
causat la mort de milers de civils i han provocat una de les pitjors crisis humanitàries de les darreres dècades. El bloqueig persistent de la Franja de Gaza, combinat amb la destrucció massiva d'infraestructures, ha sumit la població palestina en
una situació desesperada.
Els indicis clars de genocidi i violacions sistemàtiques dels drets humans per part d'Israel han estat denunciats per múltiples organismes internacionals. Aquests fets no només amenacen amb desestabilitzar la regió, sinó que també impliquen
un risc elevat de contagi del conflicte a altres països veïns, com el Líban, que ja pateixen les conseqüències d'una desestabilització prolongada.
Davant aquest escenari, és crucial que Espanya, en consonància amb la seva tradició de defensa dels drets humans i el dret internacional, adopti una postura clara i contundent en favor de la pau, la justícia i la protecció de les poblacions
civils. És imperatiu prendre mesures concretes per frenar la venda d'armes a Israel i garantir que aquestes no siguin utilitzades per perpetuar la violència i la violació de drets humans a la regió.
Per tot l'exposat es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern d'Espanya a:
1. Denunciar els bombardejos israelians sobre zones poblades del sud del Líban, que han provocat la mort de centenars de civils i el desplaçament de milers de persones,
afectant especialment la població civil, i condemnar aquesta agressió com una vulneració flagrant del dret internacional humanitari.
2. Manifestar l'oposició a l'atac i l'amenaça d'invasió de les zones meridionals del Líban per part d'Israel, una acció que només contribuirà a una major escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, desestabilitzant encara més la regió.
3. Exigir un alto al foc immediat per part d'Israel, que inclogui la retirada de les tropes israelianes dels territoris ocupats de la Franja de Gaza, la fi dels atacs sobre zones civils, i l'alliberament de tots els ostatges, alhora que es
faciliti l'accés immediat i sense restriccions de l'ajuda humanitària a les poblacions afectades.
4. Instar a la Unió Europea, Espanya i altres organismes internacionals a adoptar mesures urgents, incloent la imposició immediata d'un embargament armamentístic contra Israel, per evitar que aquestes armes siguin utilitzades en violacions
de drets humans i en la perpetuació del conflicte. Aquest embargament ha de ser aplicat amb caràcter d'urgència per frenar l'ús indiscriminat de la força.
5. Decretar immediatament un embargament armamentístic per part de l'Estat espanyol sobre les exportacions d'armes cap a Israel, com a mesura per garantir que no es contribueix a la continuació de la violència i la violació de drets humans
en el conflicte, assegurant la coherència amb els compromisos de pau,drets humans i dret internacional d'Espanya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de setembre de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001271
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la situación de las mujeres, adolescentes y niñas en Afganistán.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 42161, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de las mujeres, adolescentes y niñas en Afganistán, para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 15 de agosto de 2021, los talibanes recuperaron Kabul, la capital de Afganistán, tomando violentamente el control del país que sumió de nuevo a afganos y a afganas al oscuro panorama de vivir de nuevo bajo el régimen talibán.
Eso supuso la vuelta de las violaciones de los derechos humanos, especialmente a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de manera constante y con absoluta impunidad.
Aunque en un principio se comprometieron con que las mujeres afganas podrían ejercer sus derechos, aunque dentro de los límites de su interpretación de la sharía, la ley islámica, y a la 'cultura afgana', que incluye el derecho a trabajar y
estudiar, los talibanes han ido excluyendo sistemáticamente a las mujeres, niñas y adolescentes de la vida pública.
A pesar de que los decretos restrictivos e impositivos implementados desde el inicio de su gobierno se presentaron como medidas provisionales para 'proteger a la población', particularmente mujeres, niñas y adolescentes estas regulaciones
siguen vigentes y se han endurecido tres años después.
La llegada de los talibanes al poder, en los dos períodos que lo han ejercido, se ha traducido siempre en transformar y controlar la vida de la ciudadanía, especialmente la de mujeres, niñas y adolescentes, en restringir y limitar sus
derechos humanos y libertades fundamentales. Las condiciones de vida de las mujeres afganas, sólo se conciben por parte de su gobierno como abuso y anulación de su participación en la vida pública del país.
Desde agosto de 2021 las mujeres afganas tienen prohibido el acceso a la educación superior, con una estricta segregación por sexos que se tradujo en que a finales de 2022, tras un decreto del Ministerio de Educación afgano supuso la
expulsión total de las mujeres en todos los campos del aprendizaje.
Las mujeres han sido excluidas del mercado laboral, lo que ha dañado gravemente la economía familiar de buena parte de la población, además de pretender anular al 50 % de la población y a su derecho al desarrollo y a la autonomía personal.
Todas las mujeres, sin importar su edad, viven sometidas a un estricto código de vestimenta, afrontando castigos como azotes, palizas y abusos verbales y de todo tipo en caso de 'desafiar estas reglas'.
Ninguna mujer puede salir de su hogar a menos que esté acompañada por un mahran, es decir, un hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido.
El deporte también lleva años vetado para las mujeres. Igualmente, la posibilidad de acceder a un salón de belleza, espacios seguros de encuentro y de unión, que los talibanes han vetado.
Conviven es una sociedad que aplica una estricta segregación en el transporte, siendo ellas siempre las principales perjudicadas.
Las mujeres no pueden decidir si se casan, con quien se casan, si quieren hijos y cuantos quieren tener, como tampoco decidir si quieren o no mantener relaciones sexuales. Esto se ha traducido en un enorme aumento de matrimonios precoces y
forzados, suponiendo un grave impacto en la vida y la salud de las mujeres, lo que tiene graves consecuencias para toda su vida, y esto se ve reflejado también en el incremento de suicidios de mujeres afganas.
La anulación de los derechos de las mujeres se alcanza también con su invisibilidad y sometimiento, pretenden que no se las pueda ver, por tanto, no existen.
Siguiendo lo anterior, los talibanes les niegan su libertad de expresión, lo que ha dado lugar a un movimiento de resistencia valiente y pacífico, a pesar de los riesgos que esto
supone para sus vidas y para las vidas de sus familias que entienden que están luchando por la defensa de los derechos humanos, sus derechos.
A pesar de llevar tres años desprovistas de sus derechos y bajo la constante amenaza de violencia, las mujeres, las niñas y las adolescentes afganas han continuado con sus vidas, desarrollando una increíble imaginación e inventiva para
superar las continuas restricciones a las que las somete el régimen talibán.
En Afganistán, vivir es un acto de valentía invisible y extraordinario.
El contínuo deterioro de la situación de las mujeres, niñas y adolescentes afganas ha llegado a su cénit tras la publicación de la ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en el Diario Oficial el pasado 31 de julio, que
establece prohibiciones ya generalmente conocidas en el emirato islámico, pero que permitirá un control aún más estricto. La ley, es aplicada por el poderoso Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, administración que
potencialmente controla todos los aspectos de la vida de los afganos, tanto sociales como privados, y garantiza la aplicación de la sharía.
La nueva ley compuesta por 35 artículos estipula que, las mujeres deben cubrir completamente su cuerpo en presencia de hombres que no pertenezcan a su familia, así como su rostro por temor a la tentación. Esto implica el uso de una
mascarilla (tipo COVID) en la boca. Lo mismo se aplica si las mujeres deben salir de su casa por necesidad.
Además, las mujeres no deben hacer oír sus voces en público (incluyendo cantar, recitar, o hablar frente a micrófonos, como una falta contra la modestia, implementando la interpretación más rigurosa de la ley islámica).
También se imponen prohibiciones para los conductores de vehículos: no se permite música, drogas, el transporte de mujeres sin velo, de mujeres en presencia de hombres que no pertenezcan a su familia, o de mujeres sin acompañante masculino.
Estas medidas ponen en evidencia el papel de las mujeres, las niñas y adolescentes afganas, que hoy en día están 'presas' en gran medida en sus hogares, sin libertad de movimiento y casi sin acceso a la educación o al trabajo, pues el acceso
a estos derechos humanos significa poner en riesgo sus vidas y las de sus familias.
Todas estas medias las han justificado para evitar 'causar tentación' entre los hombres afganos.
Otras prohibiciones incluyen el adulterio, la homosexualidad, los juegos de azar, las peleas de animales, la creación o visualización de imágenes de seres vivos en una computadora o teléfono móvil, la ausencia de barba o una barba demasiado
corta en los hombres.
También está prohibida la amistad con un infiel y son obligatorias las cinco oraciones diarias.
El texto establece sanciones graduales: advertencias, multas, detención preventiva de una hora a tres días y en caso de reincidencia se llevará el caso ante la justicia.
Todas estas medidas y restricciones suponen la negación de los derechos humanos a las mujeres y niñas afganas y constituye ante todo una violación de sus derechos y socava su capacidad para prosperar y desempeñar un papel pleno y
significativo en la sociedad afgana. Las mujeres afganas son esenciales para la prosperidad y la estabilidad del país. Privar a las niñas y a las mujeres de oportunidades por razones de sexo no es solo una violación de los derechos humanos y de la
igualdad de género; también priva a Afganistán y a su población de las contribuciones de las mujeres y las niñas a la sociedad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Continuar condenando todas las acciones que pongan en peligro la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, las adolescentes y las niñas en Afganistán.
2. Manifestar nuestra preocupación por el recrudecimiento de la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán y comprometernos a continuar trabajando para evitar
que se vulneren sus derechos fundamentales, incluido su derecho a decidir sobre su propia vida, a la educación, al trabajo, a la libertad religiosa, a la participación política, así como el derecho a vivir libres de violencia de género,
incluida la violencia sexual, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil.
3. Tomar las medidas oportunas dirigidas a preservar la vida de las mujeres, las adolescentes y niñas afganas, condicionando la acción humanitaria a que alcance los objetivos marcados, así como continuar prestando apoyo económico y político
a las Agencias de Naciones Unidas que todavía operan en el terreno.
4. Continuar facilitando que los nacionales afganos, especialmente las mujeres que huyan del país por causas de persecución política cuando corra peligro su integridad física, que puedan solicitar protección internacional ante las embajadas
y consulados españoles, cumpliendo así con el artículo 38 de la Ley de Asilo 12/2009.
5. Apoyar el mantenimiento de sanciones que la Unión Europea ha impuesto contra quienes constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán, y que resultan de la aplicación de la Resolución 1988 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2024.-Esther Rodríguez Suárez, Adriana Maldonado López y Sergio Gutiérrez Prieto, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/001273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación política en la República de Georgia, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La ciudadanía georgiana ha protagonizado, hace unos meses, una ola de protestas contra la llamada ley de agentes extranjeros que el Gobierno de Georgia ha impulsado en el país. Dicha ley está inspirada en una legislación rusa de 2012 que ha
sido imitada por distintos gobiernos en el mundo y que supone un significativo retroceso para los principios y valores democráticos.
El 1 de mayo 2024 la ley fue aprobada por el Parlamento de la República de Georgia después de haber sido propuesta el 3 de abril de 2024 por el partido gobernante Georgian Dream (Sueño Georgiano). Los proponentes de la ley hicieron caso
omiso a las amplias protestas y críticas, tanto desde la oposición y la sociedad civil georgiana como desde la comunidad internacional.
La respuesta de las autoridades a algunas de estas protestas, especialmente aquellas sucedidas los días 30 de abril y 1 de mayo, fueron desproporcionadas. El Defensor del Pueblo del país reaccionó exigiendo al Ministerio de Asuntos Internos
no interferir en el derecho de manifestación y solicitó una investigación de los casos de supuestas conductas criminales por parte de agentes de la ley.
El 11 de abril de 2024, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó por carta sus dudas sobre la compatibilidad de la nueva ley georgiana con los estándares de los derechos humanos en los campos de la libertad de
expresión y de asociación.
El 16 de abril de 2024, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, y el Comisario para la Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, publicaron una declaración pidiendo a Georgia de
'abstenerse de adoptar
legislación que pueda comprometer el camino del país hacia la membresía de la UE, un camino que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de ciudadanos georgianos'.
El 1 de mayo, el Alto Representante también condenó la violencia contra los manifestantes. El 15 de mayo, declaró que 'la intimidación, las amenazas y los ataques físicos a la sociedad civil, líderes políticos y periodistas, así como a sus
familias, es inaceptable. Pedimos a las autoridades georgianas investigar estos actos documentados'.
También las Naciones Unidas, a través de su Alto Representante para los Derechos Humanos, ha exigido a las autoridades georgianas 'investigar todas las acusaciones de malos tratos' y ha demandado la retirada de la ley.
La Comisión de Venecia, en un dictamen urgente publicado en mayo de 2024, concluyó que la ley se ha adoptado en un contexto 'sin espacio para el debate' e ignorando 'las preocupaciones de gran parte del pueblo georgiano'. Esta manera de
aprobar una ley 'no cumple con los requisitos europeos para legislar democráticamente'.
Además, según sus conclusiones, la ley impone 'importantes consecuencias negativas para las libertades de asociación y expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a participar en los asuntos públicos, entre otros aspectos', por lo que
recomendó derogar la ley en su forma actual.
La ley, que entra en contradicción con la propia Constitución de la República de Georgia en su artículo 22, ha sido vetada por la Presidencia del país. Aun así, el Gobierno ha anunciado su intención de levantar el veto de la Presidenta y
aprobar de todas formas la ley.
La entrada en vigor definitiva de esta ley supondría un claro alejamiento de la República de Georgia del marco democrático y del camino de acceso a la Unión Europea. A su vez, significaría un acercamiento a los postulados del régimen de
Vladimir Putin en Rusia. Teniendo en cuenta la política expansionista y agresora de Putin después de su invasión ilegal de Ucrania, Georgia es un país especialmente vulnerable y su gobierno no debería poner en peligro las relaciones del país con la
Unión Europea y sus Estados Miembros.
En este contexto, desde las instituciones europeas, instaron a las autoridades georgianas a que retirasen la ley y mantener su compromiso con la vía de la Unión europea y avancen en las reformas necesarias detalladas, si continúan con su
aspiración de adhesión a la Unión Europea.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar cualquier forma de violencia por parte del Gobierno de Georgia contra todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan pacíficamente.
2. Mostrar su disconformidad y su preocupación por el contenido de la ley de agentes extranjeros aprobada, a propuesta del gobierno de Georgia, por el Parlamento georgiano y reafirmar su compromiso con una comunidad internacional que
proteja las democracias y los estados de derecho.
3. Exigir poner fin a cualquier acto de intimidación, amenazas y agresiones físicas contra representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos, activistas civiles y periodistas, que han visto conculcados sus derechos fundamentales.
4. Solicitar a las instituciones europeas la revisión de la situación del Estado de Derecho y los derechos civiles en Georgia, así como el estado de las negociaciones de acceso a la UE.
5. Expresar el deseo del pueblo de España de que la República de Georgia pueda llegar a convertirse en miembro de la Unión Europea, una vez que cumpla con los criterios de adhesión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2024.-Sergio Gutiérrez Prieto, Esther Rodríguez Suárez y Pepe Mercadal Baquero, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/001277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cese de hostilidades en Líbano, para su debate en la Comisión de
Exteriores.
Exposición de motivos
Sin duda, una de las regiones que en el mundo merece siempre nuestra atención es Oriente Próximo. Lamentablemente, el desarrollo de los acontecimientos a lo largo de los últimos meses, las relaciones entre los países de la zona y de estos
con el resto de los países del mundo deben ser temas abordados por esta Comisión.
En este sentido, en el año 2000, la decisión de Israel de retirarse del Sur del Líbano y poner así fin a la ocupación, de conformidad con la Resolución 425 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se cumplieran las condiciones
establecidas por el Secretario General de las Naciones Unidas, recordando que una paz justa, global y duradera por Oriente Próximo pasaba también, necesariamente, por la resolución de este y de otros contenciosos pendientes en la zona, a fin de
garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial del Líbano, objetivos últimos que no se han modificado por el paso del tiempo.
Lamentablemente, Líbano lleva años viviendo bajo crisis económica, social, política, pero también alimentaria y sanitaria, además de estar sometido a una parálisis institucional generalizada, que ha socavado el Estado de Derecho en el país.
En la actualidad, al mismo tiempo que Líbano ha de dar respuesta a estos colosales desafíos, debe enfrentarse al recrudecimiento de los ataques y bombardeos de Israel, que, estas últimas semanas, están siendo los ataques más mortíferos desde
la guerra de 2006.
Las olas de bombardeos masivos han generado centenares de víctimas mortales, entre ellas decenas de mujeres, niños y niñas, además de millares de heridos que han colapsado sus ya extenuadas infraestructuras hospitalarias y sanitarias. La
magnitud y la intensidad de los ataques han agravado la dramática situación humanitaria con la que ya convivía el país.
Además, ha forzado que miles de libaneses y libanesas tengan que huir de sus casas, de su entorno, y se hayan convertido, una vez más, en desplazados en su propio país. Como en muchas otras situaciones de crisis, la infancia y adolescencia
siempre son las más perjudicadas, en esta ocasión, además de las pérdidas personales y materiales, el Gobierno libanés ha adoptado medidas como el cierre de los centros educativos del país (escuelas infantiles, colegios y universidades), hasta que
observen el 'alcance real de los bombardeos selectivos practicados por el Ejército israelí'.
En los días que llevamos de conflicto, se han alcanzado las 600 víctimas, aproximadamente la mitad del total de víctimas de la última guerra abierta en el Líbano en 2006.
Frente a esta situación, uno de los objetivos principales es descartar el riesgo de una guerra regional, por ello es urgente desescalar la situación y eliminar este riesgo, al mismo tiempo que exigir el final de la ofensiva de Israel en el
Líbano.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante una rueda de prensa en Nueva York advirtió que, 'estamos al borde de una guerra total' en el Líbano después de que Israel haya matado a casi 600 personas y haya herido a 1.600 en
bombardeos llevados a cabo durante la jornada, en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hizbulá.
'La catástrofe continúa, y la escalada en el Líbano es extremadamente peligrosa y preocupante.'
En ese sentido, el objetivo final es que regrese la paz en Oriente Próximo y que todos los países que configuran la región convivan en paz, seguridad y buena vecindad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir condenando los bombardeos indiscriminados perpetrados por Israel, a la vez que reclamar a Hizbulá que cese sus inaceptables acciones terroristas. Recordar que todo derecho a la legítima defensa tiene límites y que estos no deben
sobrepasarse en ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto y por ningún Estado.
2. Exigir el cese inmediato de las acciones unilaterales y a los ataques que están produciendo una escalada extremadamente preocupante que puede contagiarse a amplias zonas de Oriente Próximo.
3. Hacer un llamamiento urgente a la búsqueda de la paz por vías exclusivamente diplomáticas. Impulsar que Líbano, y la región en su conjunto, alcance una paz justa basada en el derecho internacional, el derecho internacional humanitario,
la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la ONU.
4. Reiterar el apoyo a la población libanesa e israelí que sufren las consecuencias de la violencia y el temor a una escalada sin freno de la misma, promoviendo soluciones sostenibles a largo plazo, priorizando la urgente ayuda humanitaria.
5. Continuar apoyando la labor de la FINUL a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel, y condenar enérgicamente cualquier ataque contra las fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2024.-Sergio Gutiérrez Prieto y Esther Rodríguez Suárez, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, don Carlos Flores Juberías, don Alberto Teófilo Asarta Cuevas, don José María Sánchez García y don Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a condenar los ataques recibidos por la Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes.
El mandato del ya expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por un ataque constante a nuestro país. Ya desde sus inicios, en marzo de 2019, el expresidente mejicano envió una misiva a Su
Majestad Felipe VI, en la que le exigía -como jefe de Estado- que pidiese perdón 'a los pueblos originarios de México por los abusos que se habían cometido en el pasado durante la conquista' 1.
1 MARTÍNEZ, David: 'El origen de las tensiones diplomáticas entre España y México: la carta de López Obrador a Felipe VI que lo cambió todo', El Confidencial, 25 de septiembre de 2024. Disponible [en línea]:
https://www.elconfidencial.com/mundo/2024-09-25/el-origen-de-la-tension-diplomatica-entre-espana-y-mexico-la-carta-de-lopez-obrador-a-felipe-vi-que-lo-cambio-todo_3969574/
Tres años más tarde, el Sr. López Obrador propuso una 'pausa' en las relaciones comerciales con España. El motivo de esta, en palabras del expresidente, fue la falta de una actitud de respeto desde España y aseveró que nuestro país debía
dejar de ver a Méjico como 'tierra de conquista' 2. Estas declaraciones, más allá de las repercusiones económicas que pudiesen acarrear para las empresas españolas en el país hispanoamericano, han sido un punto y seguido en el constante ataque del
expresidente mejicano a España.
Segundo. No invitación al Jefe del Estado español.
El último de estos agravios se produjo con la no invitación al Rey Felipe VI al acto de toma de posesión de la presidente electa -y sucesora de Andrés Manuel López Obrador-, Claudia Sheinbaum. A este respecto, es necesario señalar que es el
Jefe del Estado quien 'asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica' 3. Así, y pese a lo que pudiese manifestar el Sr. López Obrador o la presidente
mejicana, lo cierto es que la no invitación de Su Majestad al citado acto es una prueba fehaciente de la mala intención por parte de la Sra. Sheinbaum.
Estas acciones por parte del gobierno mejicano son una muestra de cómo el expresidente López Obrador ha tratado de desviar la atención del pueblo para que no se prestase atención a los graves problemas que asolan al país. De hecho, el
mandato de López Obrador se ha saldado con casi 200.000 homicidios; esto es, 90 asesinatos diarios durante seis años 4. Todo ello dista de lo que el expresidente prometió al inició de su mandato, con su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, esto
es, la reducción en un 50 % de la delincuencia. Finalmente, su mandato termina con un aumento del 25 % de los homicidios 5.
Estos datos ponen de relieve la futilidad de la política de 'abrazos y no balazos' contra la inseguridad que ha llevado a cabo el gobierno liderado por López Obrador. Según el índice de 'Ciudades más violentas del mundo 2024', elaborado por
el World Population Review, de las diez ciudades más violentas del mundo, cinco se encuentran en Méjico. Entre estas, destaca Tijuana, que, con 138 homicidios por cien mil habitantes, es la ciudad más violenta del mundo, seguida de Acapulco de
Juárez, con 110,5 6. Es más, de entre las cincuenta ciudades de la lista, diecisiete de estas son mejicanas.
Tercero. La presencia de representantes políticos españoles en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.
En este sentido, cabe reseñar la presencia de representantes políticos de nuestro país en la citada toma de posesión de la Sra. Sheinbaum. Concretamente, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR -cuya líder
ostenta la Vicepresidencia Segunda del Gobierno-, y al Grupo Parlamentario EH Bildu. Sin lugar a duda, la presencia de los representantes de estos grupos políticos, de marcado carácter antiespañol, y cuyo único objeto es la disolución de la Nación
española, merece ser censurada.
Así, y pese a la actitud del Ejecutivo de no acudir a la toma de posesión, la presencia de Diputados cuyos grupos parlamentarios sostienen al Ejecutivo en la Cámara Baja o, incluso, que forman parte del mismo Gobierno, refleja la fragilidad
del Ejecutivo en materia de política exterior, y una acción palmaria de deslealtad hacia la figura del Rey, como Jefe del Estado.
2 'López Obrador dice que la 'pausa' con España podría terminar con Claudia Sheinbaum', EFE, 18.07.24. Disponible [en línea]: https://efe.com/mundo/2024-07-18/mexico-lopez-obrador-sheinbaum-espana/
3 Artículo 56.1 de la Constitución Española.
4 FERNÁNDEZ BARBADILLO, Pedro: 'López Obrador cierra su presidencia con un balance de 90 homicidios diarios en México durante seis años', La Gaceta de la Iberosfera, 01.10.24. Disponible [en línea]:
https://gaceta.es/iberosfera/peru-amplia-el-estado-de-emergencia-a-mas-distritos-de-la-capital-y-se-plantea-instaurar-el-toque-de-queda-20240927-1526/?scroll-event=true
5 Ibidem.
6 Las siguientes ciudades mejicanas en top 10 son: Ciudad Victoria (n.º 4), Ciudad Juárez (n.º 5) e Irapuato (n.º 6). Fuente: 'Most Violent Cities in the World', World Population Review, 2024. Disponible [en línea]:
https://worldpopulationreview.com/world-city-rankings/most-violent-cities-in-the-world
Cuarto. Conclusiones.
Más allá de la nefasta política contra la violencia que ha llevado a cabo el expresidente López Obrador, y la voluntad disolvente de los grupos de extrema izquierda y separatistas, nuestro país no debe permitir que gobiernos de corte
marxista y pertenecientes al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla dinamiten la especial relación que existe entre los pueblos hermanos de la Iberosfera.
España no ha de pedir perdón por su histórica gesta civilizatoria y por su obra de hermandad universal. El Gobierno de España debe defender nuestra cultura, lengua y raíces que unen ambos lados del Atlántico, contestando y refutando
cualquier intento de difamación o distorsión del legado español en cualquier parte del mundo, pero, en especial, en la Iberosfera.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados,
1. Como representante del pueblo español, y desde el máximo respeto al pueblo hermano de Méjico, condena la actitud manifestada por la presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, contra la figura del Jefe del Estado, Su
Majestad Felipe VI, y, por ende, el pueblo español.
2. Insta al Gobierno a reprobar la presencia de representantes políticos españoles en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, por suponer un ataque hacia la figura del Rey, como alto representante del Estado.
3. Insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para la defensa del legado histórico de España en Méjico.
4. Insta al Gobierno a promover iniciativas en defensa del legado español en el mundo y, en especial, en aquellos lugares que una vez fueron parte del Imperio Español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas, Ignacio Hoces Íñiguez y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Justicia
161/001263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España, para que a su vez inste a la
Fiscalía General del Estado para que abra una investigación sobre las causas de la dilación indebida y el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía de Murcia con siete empresarios que han confesado haber pagado para mantener relaciones
sexuales con menores en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Si nada lo impide, los retrasos judiciales van a permitir a siete empresarios de la Región de Murcia librarse de entrar en prisión después de reconocer haber abusado sexualmente de menores. Y no es una excepción: la falta de personal y de
medios, además de posibles otras razones, están retrasando de tal modo los procesos judiciales en toda
España, pero de modo particular en la Región de Murcia, que muchos criminales confesos se están beneficiando de lo que se conoce como 'dilaciones indebidas', que no son más que las excesivas demoras de los procesos judiciales por causas
ajenas a los acusados. A este mal endémico en la región, infinidad de veces denunciada y año tras año olvidado, se agarran presuntos delincuentes de todo tipo para rebajar de grado su condena, lo que incluso puede ayudarles a cerrar un trato que
les libre de entrar en prisión.
Es lo que acaba de ocurrir en Murcia en un escandaloso caso de siete conocidos y ricos empresarios de la región que, tras reconocer haber pagado a una red de explotación sexual para mantener relaciones sexuales con menores, han logrado
esquivar la cárcel gracias a un acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía del TSJ de la Región, para evitar llegar a juicio después de diez años de demora judicial, por el que asumen condenas de entre cinco meses y dos años de prisión e
indemnizaciones que apenas alcanzan los 3.000 euros por víctima. Resulta sorprendente que, habiendo transcurrido tantos años con la causa abierta sin llevar a juicio a los hoy autores confesos, arrastrando una demora injustificable, el CGPJ no haya
incoado al menos desde los últimos cinco años un procedimiento de investigación disciplinaria para depurar responsabilidades por la parálisis en la instrucción de este asunto concreto, siendo en todo caso necesario que el Poder Judicial aborde en
profundidad las causas y responsabilidades que provocan este tipo de retrasos que acaban abocando a la excarcelación o aminoración de las penas de peligrosos delincuentes.
En España, la mitad de las denuncias por violencia sexual tienen como víctima una persona menor de edad, en un 80 % niñas y adolescentes. Menores que tienen que construir su identidad hasta hacerse adultas enmarañadas en procesos judiciales
en los que tienen que revivir una y otra vez los abusos sufridos y que en demasiadas ocasiones comprueban cómo sus violadores no terminan en prisión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Instar, al amparo del artículo 8.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a la Fiscalía General del Estado a que incoe una investigación sobre los acuerdos de conformidad alcanzados por la Fiscalía Superior de Murcia con los siete
empresarios pederastas que por dilación indebida van a quedar impunes.
2. Dotar, dentro de su ámbito competencial, a los órganos judiciales en la Región de Murcia de los medios necesarios para poder llevar a cabo sus investigaciones de forma correcta y con la mayor celeridad posible, evitando los múltiples
casos de afectados por dilaciones indebidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Nahuel López González, Júlia Boada Danés, Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR.
Comisión de Defensa
161/001274
A La Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para celebrar un homenaje por los cincuenta años de la fundación de la Unión
Militar Democrática (UMD), para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Unión Militar Democrática (UMD) fue una organización clandestina de militares profesionales, constituida en agosto de 1974 y disuelta en junio de 1977, pues su compromiso fue luchar por la instauración de la democracia, sin visiones
partidistas; por lo que, una vez celebradas las elecciones generales del día 15, hicieron honor a sus planteamientos y disolvieron la UMD.
En sus tres años de existencia, desarrollaron una gran actividad en los cuarteles de apoyo a la reforma política en España, siendo fieles a su ideario, basado en cuatro pilares fundamentales: el respeto por los derechos humanos, la
convocatoria de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, la amnistía para todos los presos políticos y retorno de los exiliados y la lucha contra la corrupción.
Siete oficiales de la UMD fueron condenados en Consejo de Guerra y expulsados de las Fuerzas Armadas. Hasta 1986 no se produjo su rehabilitación profesional plena, aunque no se les concedió destino en activo a los que lo solicitaron.
Y es que el significado de la UMD en la transición política a la Democracia en España es un hito de un gran simbolismo e importancia, pues los militares integrantes en la UMD contribuyeron a que las Fuerzas Armadas sean hoy una institución
básica en el modelo de convivencia democrática.
En abril de 2009, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa donde se consideraba que las Fuerzas Armadas contribuyeron a prestar, a las órdenes del Gobierno, un inestimable servicio a España al colaborar en
el establecimiento de la normalidad institucional.
En este sentido, Fernando Reinlein, miembro represaliado de la UMD y presente en la Comisión gracias a su condición de periodista, afirmó que este homenaje debía dirigirse al más del centenar de miembros de la UMD que sufrieron persecuciones
y postergación con gobiernos democráticos y que, por supuesto, 'más vale tarde que nunca' en alusión a otras iniciativas que no prosperaron en el Congreso en los últimos treinta y un años.
Dicha iniciativa parlamentaria dio pie a que, en febrero de 2010, el Gobierno socialista, con Carmen Chacón como Ministra de Defensa, procediera a condecorar con las Cruces del Mérito Militar y Aeronáutico a 14 antiguos miembros de la Unión
Militar Democrática (UMD), que colaboraron decididamente en el proceso de transición hacia la instauración de la democracia en España.
Así, y de acuerdo con la Orden Ministerial publicada en el 'Boletín Oficial de Defensa' el pasado 3 de febrero, han sido condecorados con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco los siguientes militares:
- Luis Otero Fernández, coronel de Ingenieros (retirado).
- Enrique López Amor Ayensa, coronel de Artillería (retirado).
- Restituto Valero Ramos, coronel de Infantería (retirado).
- Jesús Martín-Consuegra y López de la Nieta, coronel de Infantería (retirado).
- José Fortes Bouzan, coronel de Infantería (retirado).
- Manuel Fernández Lago, coronel de Caballería (retirado).
- Arturo Luis Gurriarán Granados, coronel de Caballería (retirado).
- Juan Diego García, teniente coronel de Infantería (retirado).
- José Fernando Reinlein García-Miranda, teniente coronel de Infantería (reserva).
- Fermín Ibarra Renes, teniente coronel de Artillería (a título póstumo).
- Antonio García Márquez, teniente coronel de Artillería (a título póstumo).
- Antonio Herreros Robles, teniente coronel de Ingenieros (a título póstumo).
Asimismo, fueron condecorados con la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco:
- José Ignacio Domínguez Martín-Sánchez, teniente coronel de Aviación (reserva).
- Abel Jesús Ruiz Cillero, capitán de Aviación (retirado).
Dicho acto fue necesario tanto para quienes ese día recibieron el homenaje como para la sociedad en su conjunto.
Y es que como dijo en su momento la Ministra de Defensa, 'la creación de la UMD en 1974 fue la demostración de que en el seno de las Fuerzas Armadas existía un sentimiento compartido por gran parte de la sociedad, como era la convicción de
que España debía transitar hacia la libertad y el pluralismo'.
Y es que no hay que olvidar que la UMD contribuyó especialmente a que las Fuerzas Armadas sean, en la actualidad, una institución básica en el modelo de convivencia que define la Constitución, una garantía para el mantenimiento del sistema
de libertades y la institución más valorada por los españoles.
Este agosto de 2024 se hacen cincuenta años de la fundación de la UMD. Nuestra historia es algo que no hemos de olvidar y está en nuestras manos el hacer todo lo posible para que sea recordada. Es también nuestra responsabilidad que esta
nuestra historia de la transición de la Dictadura de Franco hacia la Democracia sea conocida por todos los españoles, siendo básica y fundamental su difusión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, en el menor tiempo posible, las actuaciones que se consideren necesarias para celebrar un homenaje por los cincuenta años de la fundación de la Unión Militar Democrática (UMD),
rindiendo homenaje a los militares que colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un régimen democrático en España, con especial reconocimiento y atención a aquellos que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera y promoción
profesional, incluso su libertad personal como miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), divulgando con precisión sus sacrificios personales y profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2024.-José Antonio Rodríguez Salas, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001295
A La Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la eficiencia energética en espacios dependientes del
Ministerio de Defensa y la aplicación del protocolo GEI, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), evaluado y aprobado por el Consejo en junio de ese mismo año. El PRTR consta de una decena de políticas, denominadas palanca, y
entre ellas se incluye el incremento de la productividad, eficiencia y eficacia de la Administración General del Estado (AGE). En su componente 11 desarrolla la modernización de las Administraciones Públicas, con reformas e inversiones destinadas a
la digitalización, reducción de temporalidad, la transición energética y la administración de la gestión pública. Concretamente, en la cuarta inversión se aduce a un Plan de transición energética en la AGE, dotada de un presupuesto de más de mil
millones de euros financiados por la UE a través de los Fondos Next Generation. Concretamente, con esta medida se busca fomentar la rehabilitación energética de los edificios, la mejora de la eficiencia energética
de las infraestructuras consumidoras de energía, la movilidad sostenible y el despliegue de energías renovables térmicas y eléctricas en la AGE.
Para la ejecución de este último plan se han ido suscribiendo diversos acuerdos Interdepartamentales entre la Secretaría de Estado de Energía y los diversos ministerios, entre los que se incluye el Ministerio de Defensa, que ya ha empezado
esta labor. En 2021 el Ministerio ya elaboró más de 150 proyectos de eficiencia energética, entre los que figuraban la mejora integral del hospital Gómez Ulla o la implantación de renovables en bases como Rota, Cuatro Vientos o Torrejón. También
se incluyen proyectos de movilidad dentro de las bases con vehículos eléctricos.
El objetivo del Gobierno es conseguir una reducción de la factura en 2032, en el que el 25 % de las necesidades energéticas deberán provenir de las renovables, reduciendo además el consumo y la dependencia de los sistemas convencionales en
un 40 %. En cuanto a los proyectos dedicados a la eficiencia energética de los edificios, se busca mejorar la certificación energética con la reducción del consumo de energías contaminantes en un 30 % y la implantación del autoconsumo en los
cuarteles donde sea posible, con la instalación de estaciones de energías renovables, como paneles, aerogeneradores o geotermia. Ya existen espacios de titularidad del Ministerio de Defensa en que se están acometiendo reformas para poner placas
solares, como en Almería, Ceuta o León, pero todavía quedan muchas bases, edificios y espacios de titularidad estatal que deben mejorar su eficiencia energética.
Además de la mejora de la eficiencia, uno de los objetivos es la reducción de la huella de carbono, y es que el grado de contaminación de la Armada y de la industria militar es abrumador. Según un informe del Centro Delàs de Estudios por la
Paz 'la seguridad militarizada tiene un papel esencial en el empeoramiento constante de la crisis ambiental a nivel planetario'. En concreto, 'las emisiones generadas por las Fuerzas Armadas españolas en 2019 alcanzaron el mismo nivel que las
provocadas por todos los coches de la ciudad de Madrid durante el mismo año', concluye el informe, es decir, que generó 'una huella de carbono de 2.754.000 toneladas de CO2'.
Es evidente que el Ministerio de Defensa debe seguir dando los pasos necesarios para conseguir abastecerse de energía renovable, tal y como ya se está impulsando desde dicho ministerio, así como desde otros ámbitos ministeriales. Y no solo
por aligerar el coste que supone en la factura de la luz, sino por convicción en la lucha contra el cambio climático. Además, se torna urgente establecer una mayor transparencia en los datos sobre la contaminación vertida tanto por los organismos y
espacios dependientes del Ministerio de Defensa como por la industria militar en general, con la finalidad de utilizar estándares internacionalmente asentados, como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI), para medir el alcance de
emisiones estableciendo una base científica con herramientas factuales que permitan hacer una lectura de la situación y establecer soluciones en consecuencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir trabajando en el desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia energética de los espacios y organismos dependientes del Ministerio de Defensa, con la finalidad de reducir el impacto ambiental, mediante el fomento de la
rehabilitación energética de sus instalaciones, la mejora de la eficiencia energética de sus infraestructuras y el impulso de la movilidad sostenible y el despliegue de energías renovables.
2. Impulsar el cumplimiento del protocolo de emisiones GEI en los organismos dependientes del Ministerio de Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné y Júlia Boada Danés, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001302
A La Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, don Alberto Teófilo Asarta Cuevas, don Jacobo González-Robatto Perote y don José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la repatriación de todos los civiles españoles residentes en el Líbano, así como para el inicio de los
procedimientos para la retirada de las tropas españolas desplegadas en la Operación 'Libre Hidalgo', en el marco de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La nefasta política exterior del Gobierno.
La política exterior del actual Gobierno está dañando enormemente el prestigio internacional de nuestro país. Especialmente, desde los atroces atentados llevados a cabo por la organización terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel,
que se cobraron la vida de más de 1.300 personas y concluyeron con la toma de centenares de rehenes.
Tras el terrible atentado terrorista de Hamás contra el Estado de Israel, el Ejecutivo premió a los terroristas con el reconocimiento del Estado palestino. No obstante, esto no fue suficiente para el propio Gobierno, pues la vicepresidente
segunda afirmó en un comunicado oficial lo siguiente: 'Palestina será libre desde el río hasta el mar' 7. Un conocido lema compartido por la izquierda globalista y antisemita, que implica la complicidad con la eliminación del Estado del Israel.
De esta forma, el Gobierno ha demostrado por enésima vez su extremismo en cuestiones internacionales, pues ha abandonado las posiciones que históricamente ha defendido nuestro país sobre cuestiones capitales en la materia. Acciones que no
debieran sorprender por el respaldo explícito que este Gobierno da a organizaciones como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, ambas entidades conocidas por su profundo antisemitismo y su apoyo a organizaciones terroristas como Hamás o
Hezbollah.
Segundo. El dudoso papel de Naciones Unidas en el conflicto.
Desde los atentados terroristas del 7 de octubre, la posición de las Naciones Unidas ha sido puesta en evidencia. En especial desde que Israel denunciase que algunos de los miembros de la Agencia de Naciones Unidas para la población
refugiada de Palestina en Oriente Próximo ('UNRWA') habían participado en los citados actos barbáricos. Finalmente, la investigación interna realizada por Naciones Unidas concluyó que, al menos, nueve miembros del personal de UNRWA pudieron estar
involucrados en los atentados 8.
A mayor abundamiento, durante la contienda en el Líbano, las FDI neutralizaron al líder de Hamás en el país, Fatá al Sharif, quien a su vez era un empleado de UNRWA, según ha comunicado la propia organización 9. Esta es la prueba palmaria
de la íntima relación existente entre miembros de UNRWA, Hamás y, finalmente Hezbolá, puesto que Sharif llevaba a cabo sus operaciones con elementos de la organización libanesa.
7 https://x.com/Yolanda_Diaz_/status/1793188996878586081
8 'La UNRWA despide a 9 trabajadores que 'podrían haber estado involucrados' en el ataque del 7 de octubre', Europa Press, 05.10.24. Disponible [en línea]:
https://www.europapress.es/internacional/noticia-unrwa-despide-nueve-trabaiadores-podrian-haber-estado-involucrados-ataque-octubre-20240805205740.html
9 'Hamás confirma la muerte de su líder en Líbano en un bombardeo de Israel contra su vivienda', Europa Press, 30.09.24. Disponible [en línea]:
https://www.europapress.es/internacional/noticia-hamas-confirma-muerte-lider-libano-bombardeo-israel-contra-vivienda-20240930095846.html
Por su parte, y a pesar de las pruebas fehacientes señaladas, el Gobierno español ha aumentado un 332 % las aportaciones a la citada agencia. Postura contraria a la que han tomado países como Holanda, Dinamarca, Noruega, Suiza o Italia 10.
En este mismo sentido, hay que señalar la equidistante respuesta que el Secretario General de Naciones Unidas dio al ataque de Irán sobre Israel que provocó su declaración como persona non grata por parte de Israel.
Tercero. Conclusión.
Teniendo en cuenta el fracaso a la hora de neutralizar el terror de Hezbollah, y a la vista de la evolución del conflicto, en la que los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá -agentes proxies de la República Islámica de Irán- aplauden la
política exterior del actual Ejecutivo 11, no cabe sino el mayor de los rechazos posibles a la postura del Gobierno, así como la retirada de las tropas españolas, toda vez que, entre otras consecuencias, se encuentra la puesta en peligro de los
centenares de militares que forman el contingente español en Líbano.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados,
1. Condena la política exterior del Gobierno, que rompe con la postura tradicional de España y la sitúa al lado de regímenes totalitarios y de grupos terroristas enemigos de Occidente.
2. Insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
a) Asegurar la repatriación de todos los civiles españoles residentes en el Líbano que deseen ser repatriados.
b) Iniciar los procedimientos pertinentes al objeto de retirar las tropas españolas desplegadas en la Operación 'Libre Hidalgo', en el marco de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (''FPNUL''), fuerzas en riesgo por la
insensata política exterior del Gobierno de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre fiscalidad de las ayudas a la rehabilitación de la vivienda, en la
Comisión de Hacienda y Función Pública.
10 LÓPEZ, Joan: 'Sánchez ha aumentado un 332 % las aportaciones a la UNRWA pese a las advertenciasde Bruselas', El Debate, 26.09.24. Disponible [en línea]:
https://www.eldebate.com/espana/cataluna/20240926/sanchez-aumentado-332-aportaciones-unrwa-pese-bruselas-colaboracion-terrorismo_230733.html
11 ALONSO, Mariano: 'Hamás elogia la 'postura clara y audaz' de Sánchez sobre Gaza y Feijóo le acusa de ir a Israel a 'sembrar la discordia'', ABC, 25.11.23. Disponible [en línea]:
https://www.abc.es/espana/hamas-agradece-postura-clara-audaz-sanchez-croo-20231125162509-nt.html
Exposición de motivos
La necesidad de combatir el cambio climático nos está llevando, en Europa y en España, a un replanteamiento integral de nuestras estructuras económicas y productivas. Se está avanzando a pasos acelerados en la producción de energías
limpias, de movilidad más sostenible, descarbonización de la producción, estudio de nuevos materiales, entre otros. En este cambio de paradigma también se encuentra el sector de la construcción y el de la rehabilitación de edificios con nuevos
planteamientos que nos permiten optimizar el consumo de energía, nuevos sistemas de captación de agua o el uso de materiales reciclados.
La Unión Europea y sus estados miembros han contribuido a ese impulso con diversos programas, entre ellos diversas subvenciones que provienen de los fondos europeos Next Generation y vehiculadas en España mediante el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Las Comunidades Autónomas también han lanzado programas de ayudas como el 'Plan Rehabilita' del Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, es necesario destacar que a menudo estas ayudas no llegan a las personas y las viviendas donde más se necesitan. Se han producido problemas de acceso a la información, cuestiones burocráticas e incidentes relacionados con la
fiscalidad de las ayudas que podrían disuadir en su solicitud a las personas y comunidades de vecinos con menos recursos. Respecto a la fiscalidad, en la página web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia leemos que:
'Las subvenciones de estas ayudas están exentas de tributación y no computan como ganancia patrimonial en el IRPF. Además, la parte no cubierta por las ayudas puede acogerse a deducciones fiscales de hasta el 60 % en la declaración de la
renta.'
La información en la web del Gobierno central es clara, las ayudas del mencionado plan de gobierno están exentas y no computarán como ganancia patrimonial. Algo que contrasta, claramente, con otras ayudas como las del Plan Rehabilita de la
Comunidad de Madrid que han producido situaciones de vulnerabilidad a ciertas familias, como, por ejemplo, en Orcasitas, ante reclamaciones de la Seguridad Social, según informa El Periódico de España.
Actualmente, recibir este tipo de subvención a nivel local o autonómico no está exento de impuestos y se considera un aumento patrimonial. La Seguridad Social ha reclamado los complementos a las pensiones de varias pensionistas considerando
que se ha disfrutado de un aumento patrimonial que les haría superar los umbrales para recibir dichos complementos. Por otra parte, la propia AEAT ha reclamado tributar a las pensionistas por la parte alícuota de las cantidades recibidas por las
comunidades en las ayudas para la rehabilitación y aislamiento de fachadas. Es necesario mencionar que esta casuística se podría estar reproduciendo con personas que actualmente reciben el Ingreso Mínimo Vital.
Ante situaciones como la de Orcasitas, la Seguridad Social ha afirmado que no siempre puede conocer de dónde vienen esos aumentos patrimoniales cuando cruza los datos con la AEAT. La propia administración tributaria ha reconocido que las
subvenciones de este tipo de acción no están exentas fiscalmente. En cualquier caso, el efecto es nocivo a dos niveles, por una parte, familias vulnerables estarían perdiendo parte de sus ingresos al rehabilitar su vivienda y, por otra parte, este
tipo de tributación tendría un claro efecto disuasorio sobre las familias de rentas bajas para rehabilitar su vivienda contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el régimen fiscal de las subvenciones para la rehabilitación de vivienda en el marco de ayudas para combatir el cambio climático de forma complementaria a la fiscalidad aplicada por
las comunidades autónomas y asegurando que estas no computen como ganancia patrimonial en el IRPF.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Júlia Boada Danés y Carlos Martín Urriza, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Interior
161/001262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una Fiscalía
Especial para la investigación de actos delictivos que tengan como objeto el menoscabo del principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, así como a los miembros de las policías locales, y proceder a
la reforma de los artículos 550 y 556 del Código Penal aumentando las penas de los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad o sus agentes, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las agresiones contra policías, policías autonómicas, guardias civiles y policías locales se han mantenido en ascenso en los últimos años. De las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, destaca que las agresiones y delitos
contra el principio de autoridad de estos agentes suponen una media de 1.400 mensuales.
Así pues, en 2020 se contabilizaron 13.671 hechos delictivos, en 2021, 15.360 y 16.651 en 2022. Las infracciones van en claro aumento, lo cual es muy preocupante para una sociedad que valora a sus fuerzas y cuerpos de seguridad por su
contribución a la seguridad ciudadana. Destacando estos hechos delictivos tanto en la Comunidad de Madrid con 2.191 hasta agosto de 2023, la provincia de Valencia con 752, Alicante con 626, Sevilla con 457, Málaga 426, Murcia con 390 y Cádiz con
320.
En esta última provincia cabe destacar la problemática específica de las agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad derivada de la lucha contra las mafias de la droga, que han causado un aumento significativo de estos delitos en el
Campo de Gibraltar, destacando los terribles asesinatos de dos guardias civiles en el puerto de Barbate.
Ya hace años que los sindicatos y asociaciones integradas por agentes policiales locales, autonómicos y del Estado reclaman reformas legislativas para buscar una mayor protección para los cuerpos policiales, principalmente a través del
aumento de las penas aplicadas en ilícitos penales de delito de atentado contra agente de la autoridad. Es fundamental que la actuación de los efectivos policiales se vea protegida en su labor de protección de la seguridad ciudadana.
Esta situación de aumento progresivo de delitos que tienen como objeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es preocupante, ya que, de las mismas, un 12 % provocan baja laboral según estadísticas oficiales, con la consiguiente
repercusión negativa, tanto personal como para la seguridad del colectivo.
Los poderes públicos deben velar para que los agentes que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto nacionales como locales o autonómicos, sean tratados con el máximo respeto y se asegure la tutela judicial efectiva de forma rápida
y eficaz.
Ello es una condición básica en toda democracia, pues son los poderes públicos los que deben garantizar, en el ámbito de sus competencias, que el principio de autoridad sea protegido de forma prioritaria.
En este contexto, varios grupos parlamentarios que sostienen al gobierno de Pedro Sánchez pretenden modificar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, con el objetivo de desproteger la labor de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nacionales, autonómicos y locales, cuyos efectivos se encuentran debilitados por el actual escenario de violencia agravada y pérdida del principio de autoridad policial.
Por lo tanto, no solo se debe evitar la modificación de la Ley Orgánica 4/2015 en los términos que proponen los socios del Gobierno, sino que el resto de los grupos parlamentarios que quieran abordar con garantías los nuevos desafíos
delictivos a los que nos enfrentamos, tienen la responsabilidad de ofrecer nuevas medidas que refuercen a todos los cuerpos policiales.
La presente iniciativa incide en la creación de una Fiscalía especializada en los delitos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad que abarque a la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales, de acuerdo con lo
establecido por la legislación penal, y con el objetivo de agilizar las investigaciones judiciales en relación con este tipo de delitos.
Dicha Fiscalía especial debe incardinarse en el compromiso con los valores democráticos y el derecho de aquellos que trabajan para la paz social y la seguridad pública, con la finalidad de poder proporcionar una respuesta ágil, eficaz y
eficiente en la persecución y enjuiciamiento de los delitos que menoscaban la función de los agentes policiales en sus atribuciones constitucionales para la protección de la seguridad ciudadana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Fiscalía Especial para la Investigación y Prevención de delitos que tengan como objeto el menoscabo del principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de
las policías autonómicas y locales. Igualmente, se insta la modificación de los artículos 550 y 556 del Código Penal a fin de aumentar las penas de los delitos de atentado, resistencia o desobediencia de la autoridad o sus agentes y reforzar el
principio de autoridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Fernando Rosa Torner y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a que la investigación de
actos que supongan enaltecimiento del terrorismo tenga un tratamiento prioritario en la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, en su artículo 28 crea una Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática que se concretó mediante el Real Decreto 311/2023, de 25 de abril, por el que se modifica y amplía la plantilla orgánica
del Ministerio Fiscal.
Así mismo, conforme a la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, el terrorismo es una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la
solidaridad, principios esenciales de todos los estados miembros que conforman la Unión Europea.
La normativa europea exige que los estados miembros adopten medidas de protección, apoyo y asistencia que respondan a las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo, de conformidad con la Directiva 2012/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo y con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2017/541.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 9.2, 10, 23.2 y 24 de la Constitución de 1978, así como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, las mismas constituyen una
referencia ética para nuestro sistema democrático, y también simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho.
Los poderes públicos deben garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y asegurar la tutela judicial efectiva. El respeto a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la
ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social según establece el artículo 10 de la Constitución Española, es exigencia básica en toda democracia, por lo que deben los poderes públicos garantizar, en el ámbito
de sus competencias, que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas.
Concretamente, deben trabajar para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velar para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal.
Igualmente, los poderes públicos deben trabajar para que la sociedad no caiga en el desconocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización, y contribuir a un relato de lo sucedido en nuestra sociedad por causa de los
actos terroristas.
Es imprescindible evitar falsas equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, y debe recogerse con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, quién ha sufrido el daño y quién lo ha causado. Es
necesario que se favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas.
El Defensor del Pueblo sostiene que una adecuada atención a las víctimas del terrorismo es un deber del Estado de Derecho. Nuestro país tiene una legislación de solidaridad y protección avanzada, pero esto no impide que existan problemas
normativos o de actuación en casos concretos.
Han sido objeto de atención por el Defensor del Pueblo cuestiones como las indemnizaciones, prestaciones sociales, reconocimiento de la condición de víctima, de derechos de los amenazados, o la colaboración con las asociaciones. De igual
manera, se ha hecho especial hincapié en la preservación de la memoria de lo sucedido en nuestro país y su conocimiento en los ámbitos nacional e internacional.
Son muchos los crímenes de terrorismo que todavía están siendo investigados o pendientes de investigación, y es preciso que, en todo momento, la legislación procesal penal tenga presente la necesaria protección de los derechos e intereses de
las víctimas.
La verdad, la memoria y la paz deben acompañar a la justicia al objeto de proteger la dignidad de las víctimas. Para cumplir con este principio democrático y objetivo compartido entre la Unión Europea y España, es conveniente la creación de
una Fiscalía Especial para la investigación de actos que representen nuevas modalidades de terrorismo y que supongan su enaltecimiento y en consecuencia la humillación de las víctimas del terrorismo.
Este tratamiento prioritario se incardina en el compromiso con los valores democráticos y el derecho de las víctimas a que se investiguen toda violación de los Derechos Humanos o la convocatoria de actos que inciten al desprecio o
humillación de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la investigación de actos que supongan enaltecimiento del terrorismo, la violación de los derechos de las víctimas o la convocatoria de actos que inciten a su desprecio o humillación
tengan un tratamiento prioritario en la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Fernando Rosa Torner y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de medios al Servicio
Marítimo de la Guardia Civil en Menorca, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La falta de control del litoral marítimo es una realidad evidente en las Islas Baleares, con más de 30.000 embarcaciones de recreo en verano para seis barcas de vigilancia. La isla de Menorca es la más afectada, ya que no cuenta con
efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, teniéndose que desplazar la embarcación desde Palma en días puntuales durante el verano.
Los 200 kilómetros de costa menorquina cuentan con cientos de calas, y en verano es habitual que se vivan situaciones peligrosas, ya sean en la navegación, en el fondeo en zonas de posidonia o en el acceso de embarcaciones en zonas
reservadas para bañistas.
Consecuentemente, accidentes, contaminación del agua, amenazas para bañistas y buceadores e impacto en la vida marina son las posibles contingencias del parque náutico. Tarde o temprano habrá que emprender acciones para reducir riesgos
implementando regulaciones que limiten el número de lanchas en áreas sensibles y promoviendo prácticas de navegación responsable.
Como todos recordarán, durante este pasado verano de 2024 se ha producido un accidente de extrema gravedad en la costa insular y desgraciadamente no es la primera vez que en Menorca sufrimos una desgracia fruto de la imprudencia de algún
navegante, de fallos mecánicos o por inclemencias meteorológicas.
En estos momentos se evidencia, aún más si cabe, la falta de efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado en reiteradas ocasiones la evidente falta de medios que sufren diariamente los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional cuya responsabilidad recae única y exclusivamente sobre el
Gobierno de España. Cabe recordar que las competencias marítimas del Govern de les Illes Balears se centran únicamente en el alquiler de embarcaciones y en el transporte de pasajeros.
El aumento de dotación de medios humanos, materiales y económicos al Servicio Marítimo de la Guardia Civil también es imprescindible para atajar y controlar la llegada de pateras a las costas de las Islas Baleares. Las mafias
internacionales operan a plena luz del día a sabiendas de la falta de medios. Este fenómeno preocupa y sorprende a propios y extraños y no ha existido ninguna respuesta a las muchas demandas de vecinos, ayuntamientos, organizaciones políticas y
profesionales que llevan meses alertando de tan grave situación.
Por último, queremos transmitir nuestro apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor ejemplar y el compromiso inquebrantable que muestran cada día, y así lo demostraron en su respuesta a los peores efectos
de la DANA vividos el pasado día 15 de agosto en Menorca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Menorca de una embarcación durante la época estival, con sus correspondientes efectivos, para aumentar la seguridad en el litoral marítimo.
2. Aumentar los medios humanos y materiales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Illes Balears, aumentando su plantilla y embarcaciones, conforme a las necesidades expresadas por los propios profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Joan Mesquida Mayans, José Vicente Marí Bosó y Sandra Fernández Herranz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las líneas ferroviarias en la provincia de
Sevilla, para su debate y aprobación en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El área metropolitana de Sevilla, con una población que supera el millón y medio de habitantes, se enfrenta a retos urgentes en materia de movilidad. La congestión del tráfico, la contaminación atmosférica y la necesidad de un transporte
público eficiente y sostenible son desafíos que exigen soluciones inmediatas. En este contexto, un servicio de Cercanías de calidad se erige como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los sevillanos y construir un futuro
más próspero y sostenible para la ciudad.
La situación actual refleja un estancamiento de las actualizaciones de las líneas que dura ya más de una década, mientras que algunas ciudades y zonas de la región han experimentado crecimientos poblacionales de hasta el 35 %, exponiendo la
necesidad de modernización y mejora de dichas líneas.
En muchas de estas líneas la frecuencia de los trenes es de hasta treinta minutos en horas punta, con los últimos llegando a salir tan pronto como las 22.30 en algunos casos en sus estaciones de cabecera. En lo relativo a estas
reclamaciones de mejora, varios ayuntamientos han aprobado mociones de apoyo por unanimidad (incluyendo algunos como el de Dos Hermanas).
Además, la sociedad civil se ha movilizado al respecto organizando actos informativos, recogiendo hasta 3300 firmas y colaborando activamente con el análisis de la situación y las propuestas de mejora.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes, a:
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el aumento de la frecuencia y ampliación de horarios. Para ello proponemos un aumento de la flota de trenes que permita elevar la frecuencia de paso y ampliar horarios en todas las líneas
para:
a) Adelantar las salidas de los primeros trenes de las estaciones de cabecera en cada línea a las 5.30 como mínimo.
b) Retrasar la última salida de las estaciones de cabecera de cada línea a la 1.00.
c) Mantener una frecuencia de paso máxima de quince minutos en la línea C-1 y C-5.
d) Eliminar el vacío de cuatro horas existente en la línea C-4, entre las 16 y las 20 horas, en el que no hay servicio.
e) Aumentar el número de trenes diarios en las líneas C-2 y C-3.
2. Actualizar y modernizar la infraestructura existente en el sentido de posibilitar la realización de los servicios de cercanías con material más adecuado para su ejercicio. Ello implica la electrificación de la totalidad de los tramos
por donde dichos trenes de cercanías deban efectuar sus servicios para posibilitar la tracción eléctrica, más eficiente, económica y ecológica en relación con la tracción diésel aún utilizada por algunos de los servicios de cercanías del núcleo de
cercanías de Sevilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las líneas ferroviarias en la provincia de
Sevilla, para su debate y aprobación en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
La reducción de casi un 50 % en los trenes de media distancia con los que se contaba, unido a la demanda en aumento, hace necesaria la adopción de un nuevo servicio de cercanías que cubra la zona Este de la provincia.
Dichas conexiones posibilitarían el acceso a la capital de un importantísimo caudal de viajeros procedente de los muchos e importantes núcleos de población situados en la zona.
El área metropolitana de Sevilla, con una población que supera el millón y medio de habitantes, se enfrenta a retos urgentes en materia de movilidad. La congestión del tráfico, la contaminación atmosférica y la necesidad de un transporte
público eficiente y sostenible son desafíos que exigen soluciones inmediatas. En este contexto, un servicio de Cercanías de calidad se erige como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los sevillanos y construir un futuro
más próspero y sostenible para la ciudad.
En muchas de estas líneas la frecuencia de los trenes es de hasta treinta minutos en horas punta, con los últimos llegando a salir tan pronto como las 22.30 en algunos casos en sus estaciones de cabecera. En lo relativo a estas
reclamaciones de mejora, varios ayuntamientos han aprobado mociones de apoyo por unanimidad (incluyendo algunos como el de Dos Hermanas).
Además, la sociedad civil se ha movilizado al respecto organizando actos informativos, recogiendo hasta 3300 firmas y colaborando activamente con el análisis de la situación y las propuestas de mejora.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
Único. Que, desde Dos Hermanas, y a través de la bifurcación de Utrera, se cree una nueva línea de cercanías que alcance poblaciones como Arahal, Paradas, Marchena, Osuna y, finalmente, la población de Pedrera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Engracia Rivera Arias y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de la contaminación acústica causada por trenes de
mercancías a su paso por el barrio del Serrallo (Tarragona), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Según la Autoridad Portuaria de Tarragona hace un año que se trabaja para acabar con las molestias que sufren los vecinos del barrio del Serrallo, en la ciudad de Tarragona, debido al ruido que produce el tren conocido como 'el carbonero',
aunque en realidad transporte mercancías, que opera a altas horas de la madrugada y con un nivel de ruido que, según un estudio de la Universitat Rovira i Virgili supera los 90 decibelios.
Es necesaria una mejor organización de las maniobras por parte de Adif, como establecer el traslado de la ruta del convoy, que podría pasar a circular por el lado opuesto del puerto y más alejada del núcleo habitado, de modo que los vecinos
del Serrallo podrían descansar en sus hogares sin el estruendo producido por 'el carbonero' a esas horas de la noche.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar de forma inmediata las actuaciones necesarias para resolver la elevada contaminación acústica causada por el tren de mercancías conocido como 'el carboner' a su paso por el barrio El Serrallo (Tarragona) a altas horas de la
madrugada.
2. Estudiar las posibles soluciones alternativas para garantizar el descanso del vecindario del Serrallo mediante un cambio de ruta de dicho tren en ese tramo o la asignación de una locomotora de hidrógeno.
3. Crear una oficina técnica cuyo objetivo sea elaborar una propuesta de una nueva ruta para 'el carboner', que evite las maniobras cerca de los núcleos urbanos habitados, como es el caso del Serrallo (Tarragona).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'eliminació de la contaminació acústica causada per trens de mercaderies al
seu pas pel barri del Serrallo (Tarragona), per al seu debat en la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible.
Exposició de motius
Segons l'Autoritat Portuária de Tarragona fa un any que es treballa per a acabar amb les molesties que sofreixen els vei'ns del barri del Serrallo, a la ciutat de Tarragona, a causa del soroll que produeix el tren conegut com 'el carboner',
encara que en realitat transporti mercaderies, que opera a altes hores de la matinada i amb un nivell de soroll que, segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili supera els 90 decibels.
És necessária una millor organització de les maniobres per part d'Adif, com establir el trasllat de la ruta del comboi, que podria passar a circular pel costat oposat del port i més allunyada del nucli habitat, de manera que els veins del
Serrallo podrien descansar en les seves llars sense el baluern produit per 'el carboner' a aquestes hores de la nit.
Per tot aixo el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
'1. Realitzar de manera immediata les actuacions necessáries per a resoldre l'elevada contaminació acústica causada pel tren de mercaderies conegut com 'el carboner' al seu pas pel barri El Serrallo (Tarragona) a altes hores de la matinada.
2. Estudiar les possibles solucions alternatives per a garantir el descans del veinat del Serrallo mitjangant un canvi de ruta d'aquest tren en aquest tram o l'assignació d'una locomotora d'hidrogen.
3. Crear una oficina técnica l'objectiu de la qual sigui elaborar una proposta d'una nova ruta per a 'el carboner', que eviti les maniobres prop dels nuclis urbans habitats, com és el cas del Serrallo (Tarragona).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de setembre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de aprobar Planes de Acción contra el Ruido para reducir el impacto acústico de las infraestructuras viarias de titularidad estatal, AP9 y VG-20, a su paso por Vigo, para su debate en la Comisión de
Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Directiva Europea 2002/49/CE estableció la definición de Mapas Estratégicos de Ruido para analizar la exposición al ruido en determinadas zonas donde confluyen diversas infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y focos
industriales. Estos mapas deben ser revisados cada cinco años.
En la actualización del mapa de ruidos realizada por el Ayuntamiento de Vigo y aprobada por el Ministerio de Transportes, se extrae la importante conclusión de que es imprescindible que se adopten determinadas medidas desde el Gobierno del
Estado en esta materia y que vienen siendo demandadas desde hace tiempo en el ámbito local.
Según el citado informe la principal fuente de ruido de Vigo 'radica en el tráfico viario, muy por delante de los focos de ruido industrial y del tráfico ferroviario'. Las mediciones realizadas en franjas horarias diurnas y nocturnas,
siguiendo el método CNOSSOS-IU, el recomendado por la UE y por la Universidad de Vigo, detectan que la principal fuente de ruido ambiental en Vigo es la 'formada por la red de infraestructuras de transportes, tanto urbano cómo interurbano, con mayor
influencia de las carreteras por delante de las vías férreas'.
Así, en aquellas zonas afectadas por ejes viarios y ferroviarios que son competencia de las distintas administraciones públicas, 'será necesaria la colaboración entre sus respectivos órganos gestores (Junta, Ministerio de Transportes y
Ministerio para la Transición Ecológica) por medio de planes de acción específicos, para consensuar las actuaciones a llevar a cabo en la zona'.
Los datos destacan el impacto acústico que tiene el tráfico viario en Vigo. De los cálculos realizados se concluye que cerca del 9 % del suelo municipal está expuesto a niveles de ruido en periodo de día, Ld, y en periodo de tarde, Lee,
'superiores a 65 dBA, porcentaje que sube hasta el 12 % para el periodo 24h, Lden'. En lo referido a la noche, el porcentaje de suelo municipal expuesto a niveles de ruido Ln superiores a 55 dBA se sitúa ligeramente por encima del 12 % de la
superficie total.
Se señala que en torno a un 20 % de la población viguesa está expuesta a niveles de ruido día Lk y tarde Lee superiores a 65 dBA, alcanzando el 28,3 % en el índice Lden. De noche, el porcentaje de población expuesta a niveles de ruido
superiores a 55 dBA está en torno a un 26 %. Se estima que aproximadamente un 6 % del suelo de Vigo está afectado por niveles de ruido Ld y Lee superiores a 65 dBA por el tráfico que circula en los cuatro ejes, llegando al 8 % en el periodo de 24h
(Lden).
Se analizaron los cuatro ejes viarios que atraviesan el ayuntamiento, tres de ellos competencia del Ministerio de Transportes -a AP-9, la autovía VG-20, la La-55-, así como la AG-57, que es competencia de la Xunta de Galiza.
La AP-9 es la vía de mayor impacto en cuanto a superficie expuesta porque recorre el ayuntamiento de norte a sur, siendo su tramo urbano el de mayor contaminación acústica del conjunto de la autopista. Sin embargo, esta infraestructura no
cuenta aún, a esta altura, con medidas efectivas para amortiguar los ruidos, como demuestra que esté pendiente la instalación de pantallas acústicas en muchos puntos. La VG-20 es la responsable de la mayor incidencia sobre la población,
especialmente a su paso por el barrio de Navia en la que existe una histórica reivindicación del vecindario afectado para que se proceda a su soterramiento, actuación que, según se trasladó en declaraciones públicas, parece ser descartada sin
explicación por parte del Ministerio de Transportes.
Precisamente en julio de este año, el Ministerio de Transportes aprobó un proyecto de actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la fase II, en las autovías A-2 (Sant Andreu de la Barca), en la B-10 (Bellvitge) y en
la B-30 (Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallés) por un presupuesto de 15,1 millones de euros. Un proyecto que contempla soluciones como pavimentos fonoabsorbentes o pantallas acústicas, mas no se prevé ninguna actuación semejante, a pesar
de la urgente necesidad, en el ayuntamiento de Vigo.
Es preciso que el Ministerio incorpore medidas como la renovación de los pavimentos con materiales especialmente indicados para rebajar el ruido, los llamados pavimentos fonorreductores, que favorecen la merma del ruido de rodadura en la
interfaz neumático/carretera. De hecho, los nuevos pavimentos están fabricándose con polvo de neumáticos en desuso que reducen el ruido. También sería deseable que se estudiaran otras soluciones más complejas como son las semicubiertas o la
modificación de la infraestructura consistente en soterramientos o variantes, para solucionar el impacto acústico de las zonas y barrios especialmente afectados. Sin olvidar que todo eso debe ir acompañado de una política de transporte que promueva
la intermodalidad y el transporte colectivo para reducir, también así, la huella sonora de la circulación.
Este tipo de actuaciones pueden financiarse con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una inversión de 302 millones de los fondos Next Generation. Es la Dirección General de Carreteras del Ministerio la
responsable de la elaboración del Plan de Acción.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Aprobar, en el marco del desarrollo de los Planes de Acción contra el Ruido, proyectos de actuación para reducir el impacto acústico de las infraestructuras viarias de titularidad estatal, AP-9 y VG-20, a su paso por Vigo, por ser la
principal fuente de ruido en el municipio vigués, tal y como se recoge en el último Mapa Estratégico del Ruido.
2. Acordar los Planes de Acción en coordinación con el Concello de Vigo donde se determinen las actuaciones a realizar en las áreas que superan los niveles de ruido superiores
a 55-65 dBA, habilitando medidas correctoras del impacto acústico como la instalación de pantallas acústicas, pavimentos fonoabsorbentes, medidas de calmado de tráfico, soterramiento de vías o de aislamiento de las fachadas de edificios de
viviendas próximos, entre otras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de aprobar Plans de Acción contra o Ruído para reducir o impacto acústico das infraestruturas viarias estatais, AP-9 e VG-20, ao seu paso por Vigo para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A Directiva Europea 2002/49/CE estabeleceu a definición de Mapas Estratéxicos de Ruído para analizar a exposición ao ruído en determinadas zonas onde conflúen diversas infraestruturas viarias, ferroviarias, aeroportuarias e focos
industriais. Estes mapas deben ser revisados cada cinco anos.
Na actualización do mapa de ruídos realizada polo Concello de Vigo e aprobada polo Ministerio de Transportes, tírase a importante conclusión de que é imprescindíbel que se adopten determinadas medidas desde o Goberno do Estado nesta materia
e que veñen sendo demandadas desde hai tempo no ámbito local.
Segundo o citado informe a principal fonte de ruído de Vigo 'radica no tráfico viario, moi por diante dos focos de ruído industrial e do tráfico ferroviario'. As medicións realizadas en franxas horarias diúrnas e nocturnas, seguindo o
método CNOSSOS-EU, o recomendado pola UE e pola Universidade de Vigo, detectan que a principal fonte de ruído ambiental en Vigo é a 'formada pola rede de infraestruturas de transportes, tanto urbano como interurbano, con maior influencia das
estradas por diante das vías férreas'.
Así, naquelas zonas afectadas por eixos viarios e ferroviarios que son competencia das distintas administracións públicas, 'será necesaria a colaboración entre os seus respectivos órganos xestores (Xunta, Ministerio de Transportes e
Ministerio para a Transición Ecolóxica) por medio de plans de acción específicos, para consensuar as actuacións a levar a cabo na zona'.
Os datos destacan o impacto acústico que ten o tráfico viario en Vigo. Dos cálculos realizados conclúese que preto do 9 % do solo municipal está exposto a niveis de ruído en período de día, Ld, e en período de tarde, Le, 'superiores a 65
dBA, porcentaxe que sobe ate o 12 % para o período 24h, Lden'. No que atinxe á noite, a porcentaxe de solo municipal exposto a niveis de ruído Ln superiores a 55 dBA sitúase lixeiramente por riba do 12 % da superficie total.
Sinálase que en torno a un 20 % da poboación viguesa está exposta a niveis de ruído día Lk e tarde Le superiores a 65 dBA, alcanzando o 28,3 % no índice Lden. De noite, a porcentaxe de poboación exposta a niveis de ruído superiores a 55 dBA
está en torno a un 26 %. Estímase que aproximadamente un 6 % do solo de Vigo está afectado por niveis de ruído Ld e Le superiores a 65 dBA polo tráfico que circula nos catro eixos, chegando ao 8 % no período de 24h (Lden).
Analizáronse os catro eixos viarios que atravesan o concello, tres deles competencia do Ministerio de Transportes -a AP-9, a autovía VG-20, a A-55- así como a AG-57 que é competencia da Xunta de Galiza.
A AP-9 é a vía de maior impacto en canto a superficie exposta porque percorre o concello de norte a sur, sendo o seu treito urbano o de maior contaminación acústica do
conxunto da autoestrada. Porén esta infraestrutura non conta aínda nesta altura con medidas efectivas para amortecer os ruídos, como demostra que estea pendente a instalación de pantallas acústicas en moitos puntos. A VG-20 é a responsábel
da maior incidencia sobre a poboación, especialmente ao seu paso polo barrio de Navia na que existe unha histórica reivindicación da veciñanza afectada para que se proceda ao seu soterramento, actuación que, segundo se trasladou en declaracións
públicas, parece ser descartada sen explicación por parte do Ministerio de Transportes.
Precisamente en xullo deste ano, o Ministerio de Transportes aprobou un proxecto de actuacións para o desenvolvemento do Plan de Acción contra o Ruído da fase II, nas autovías A-2 (Sant Andreu de la Barca), na B-10 (Bellvitge) e na B-30
(Cerdanyola del Vallés e Sant Cugat del Vallés) por un orzamento de 15,1 millóns de euros. Un proxecto que contempla solucións como pavimentos fonoabsorbentes ou pantallas acústicas, mais non se prevé ningunha actuación semellante, a pesar da
urxente necesidade, no concello de Vigo.
É preciso que o Ministerio incorpore medidas como a renovación dos pavimentos con materiais especialmente indicados para rebaixar o ruído, os chamados pavimentos fonorreductores, que favorecen a diminución do ruído de rodadura na interface
pneumático/estrada. De feito, os novos pavimentos están a fabricarse con po de pneumáticos en desuso que reducen o ruído. Tamén sería desexábel que se estudasen outras solucións máis complexas como son as semi cubertas ou a modificación da
infraestrutura consistente en soterramentos ou variantes, para solucionar o impacto acústico das zonas e barrios especialmente afectados. Sen esquecer, que todo iso debe ir acompañado dunha política de transporte que promova a intermodalidade e o
transporte colectivo para reducir, tamén así, a pegada sonora da circulación.
Este tipo de actuacións poden financiarse con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que contempla un investimento de 302 millóns dos fondos Next Generation. É a Dirección Xeral de Estradas do Ministerio a responsábel
da elaboración do Plan de Acción.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Aprobar, no marco do desenvolvemento dos Plans de Acción contra o Ruído, proxectos de actuación para reducir o impacto acústico das infraestruturas viarias de titularidade estatal, AP-9 e VG-20, ao seu paso por Vigo, por seren a
principal fonte de ruído no concello vigués, tal e como se recolle no último Mapa Estratéxico do Ruído.
2. Acordar os Plans de Acción en coordinación co Concello de Vigo en que se determinen as actuacións a realizar nas áreas que superan os niveis de ruído superiores a 55-65 dBA, habilitando medidas correctoras do impacto acústico como a
instalación de pantallas acústicas, pavimentos fonoabsorbentes, medidas de calmado de tráfico, soterramento de vías ou de illamento das fachadas de edificios de vivendas próximas, entre outras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la mejora de la accesibilidad y seguridad viaria en la N-120 a su paso por Quintela de Canedo en el Concello de Ourense, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El vecindario de Quintela de Canedo lleva años reclamando la mejora de la seguridad viaria en el tramo urbano de la N-120 a su paso por este núcleo de población. Se trata de una carretera que acumula una gran densidad de tráfico y en la
que, debido al desarrollo urbanístico de los últimos años, se fueron instalando grandes almacenes y naves con distintos usos que convirtieron la zona casi en una zona industrial.
Sin embargo, a pesar de ese crecimiento urbanístico, Quintela de Canedo es un núcleo de población en que la mayor parte del vecindario es de avanzada edad, circunstancia que dificulta su movilidad y seguridad, necesitándose la adaptación del
entorno para facilitar sus desplazamientos a pie.
Según se recoge en la documentación facilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la carretera N-120 Zamora-Santiago de Compostela está clasificada como carretera convencional. Se trata de una vía con un único carril
en cada sentido de circulación de 3,5 metros de ancho cada uno de ellos, a los que se suma, en este punto, un carril de deceleración de entrada a la autovía de otros 3,5 metros. Los arcenes añaden al total de ancho de la carretera un metro por la
parte izquierda y 1,30 metros en la parte derecha.
Asimismo, debe tenerse en consideración que la zona de Quintela de Canedo ocupa la categoría de suelo urbano consolidado dentro del PXOM de 1986 actualmente en vigor.
Desde hace años, desde diferentes colectivos y concretamente desde la Asociación de vecinas y vecinos San Miguel de Canedo, se vienen reclamando una serie de actuaciones en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 572,9 y 573,7 y
que tendrían como finalidad mejorar la accesibilidad y la seguridad de todas las personas que transitan por la zona.
Una de las demandas vecinales pasa por la instalación de un mayor número de pasos de cebra en el tramo para permitir que el vecindario pueda atravesar la carretera de manera segura y mucho más cómoda, pues, en la actualidad, no existe ningún
punto para pasar de una margen a otra, situándose el paso de cebra más próximo a 700 metros de distancia.
Otro de los problemas existentes es que tampoco existe la posibilidad de atravesar la carretera entre los tramos que discurren por la zona residencial ni en la N-120 ni en la OU-520, ya que en ambos casos ni tan siquiera existe paso peatonal
habilitado.
A lo largo de los últimos años y a consecuencia de la apertura de nuevos establecimientos en la zona, el vecindario reclamó en varias ocasiones al Ministerio de Transportes, titular de la carretera, la mejora de la seguridad viaria en la
zona y la instalación de nuevos pasos de cebra e incluso de nuevos sistemas semafóricos que contribuyan a mejorar la seguridad y calmar el tráfico, pero estas reclamaciones no fueron atendidas hasta el momento alegando el Gobierno del Estado que el
tramo entre los puntos kilométricos 572,9 y 573,7 no está considerado como tramo urbano.
Según se define en el artículo 47 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, los tramos urbanos son aquellos tramos de las carreteras del Estado que discurren por suelo clasificado como tal en el correspondiente instrumento de
planificación urbanística y que se reconozcan como urbanos en un estudio de delimitación de tramos urbanos aprobado por el Ministerio mediante expediente tramitado bien de oficio o a instancia del concello interesado.
Otra figura a la que debemos prestar atención y definida igualmente en la Ley 37/2015 en el artículo 46 es la de travesía, esto es, 'la parte de la carretera en la que existen edificaciones consolidadas por lo menos en dos terceras partes de
la longitud de ambos márgenes y un sistema de calles conectadas con ella en, cuando menos, una de las márgenes'.
El tramo de la N-120 que pasa por Quintela de Canedo cumple con los requisitos que fija la Ley para ser considerado tanto tramo urbano como travesía, por lo que es preciso que el Ministerio, tal y como establece la normativa, de oficio,
declare esta condición y permitir así, a continuación, la implementación de las mejoras en la
seguridad viaria del núcleo para dar solución a las reivindicaciones históricas y más que justificadas del vecindario.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Iniciar los trámites necesarios por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al objeto de establecer la delimitación como tramo urbano del trayecto de la N-120 comprendido entre los puntos quilométricos 572,9 y 573,7 a
su paso por Quintela de Canedo y para que sea reconocido como tal en el estudio de delimitación de tramos urbanos.
2. Realizar por parte del Ministerio las mejoras necesarias en el tramo de la N-120 entre los puntos quilométricos 572,9 y 572,7 a su paso por Quintela de Canedo dirigidas a incrementar la accesibilidad y la seguridad vial en la zona
incorporando nuevos pasos de peatones, así como sistemas semafóricos que contribuyan a calmar el tráfico tal y como reclaman los vecinos y vecinas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á mellora da accesibilidade e seguridade viaria na N-120 ao seu paso por Quintela de Canedo no Concello de Ourense para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A veciñanza de Quintela de Canedo leva anos reclamando a mellora da seguridade viaria no treito urbano da N-120 ao seu paso por este núcleo de poboación. Trátase dunha estrada que acumula unha grande densidade de tráfico e na que, debido ao
desenvolvemento urbanístico dos últimos anos, fóronse instalando grandes almacéns e naves con distintos usos que converteron a zona case que nunha zona industrial.
Porén, a pesar dese medre urbanístico, Quintela de Canedo é un núcleo de poboación en que a maior parte da veciñanza ten unha avanzada idade, circunstancia que dificulta a súa mobilidade e seguridade, precisándose a adaptación do entorno
para facilitar os seus desprazamentos a pé.
Segundo se recolle na documentación facilitada polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel a estrada N-120 Zamora-Santiago de Compostela, está clasificada como estrada convencional. Trátase dunha vía cun único carril en cada
sentido de circulación de 3,5 metros de ancho cada un deles, aos que se suma, neste punto, un carril de deceleración de entrada á autovía con outros 3,5 metros. As beiravías engaden ao total de ancho da estrada 1 metro pola parte esquerda e 1,30
metros na parte dereita.
Así mesmo, debe terse en consideración que a zona de Quintela de Canedo ocupa a categoría de solo urbano consolidado dentro do PXOM de 1986 actualmente en vigor.
Desde hai anos, desde diferentes colectivos e nomeadamente desde a Asociación de veciñas e veciños San Miguel de Canedo, véñense reclamando unha serie de actuacións no treito comprendido entre os puntos quilométricos 572,9 e 573,7 e que
terían como finalidade mellorar a accesibilidade e a seguridade de todas as persoas que transitan pola zona.
Unha das demandas veciñais pasa pola instalación dun maior número de pasos de peóns no tramo para permitir que a veciñanza poida atravesar a estrada de xeito seguro e
moito máis cómodo pois, na actualidade, non existe ningún punto para pasar dunha marxe a outra, situándose o paso de peóns máis próximo a 700 metros de distancia.
Outro dos problemas existentes é que tampouco existe a posibilidade de atravesar a estrada entre os tramos que discorren pola zona residencial nin na N-120 nin na OU-520, xa que en ambos casos nin tan sequera existe paso peonil habilitado.
Ao longo dos últimos anos e como consecuencia da apertura de novos establecementos na zona, a veciñanza reclamou en varias ocasións ao Ministerio de Transportes, titular da estrada, a mellora da seguridade viaria na zona e a instalación de
novos pasos de peóns e mesmo de novos sistemas semafóricos que contribúan a mellorar a seguridade e calmar o tráfico, mais estas reclamacións non foron atendidas até o momento alegando o Goberno do Estado que o tramo entre os puntos quilométricos
572,9 e 573,7 non está considerado como 'tramo urbano'.
Segundo se define no artigo 47 da Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas, os tramos urbanos son aqueles tramos das estradas do Estado que discorren por solo clasificado como tal no correspondente instrumento de planificación urbanística
e que se recoñezan como urbanos nun estudo de delimitación de tramos urbanos aprobado polo Ministerio mediante expediente tramitado ben de oficio ou a instancia do concello interesado.
Outra figura á que debemos prestar atención e definida igualmente na Lei 37/2015 no artigo 46 é a de travesía, isto é, 'a parte da estrada na que existen edificacións consolidadas polo menos en dúas terceiras partes da lonxitude de ámbalas
marxes e un sistema de rúas conectadas con ela en, cando menos, unha das marxes'.
O tramo da N-120 que pasa por Quintela de Canedo cumpre cos requisitos que fixa a Lei para ser considerado tanto tramo urbano como travesía, polo que é preciso que o Ministerio, tal e como establece a normativa, de oficio, declare esta
condición e permitir así, a continuación, a implementación das melloras na seguridade viaria do núcleo para dar solución ás reivindicacións históricas e máis que xustificadas da veciñanza.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Iniciar os trámites precisos por parte do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel ao obxecto de estabelecer a delimitación como tramo urbano do treito da N-120 comprendido entre os puntos quilométricos 572,9 e 573,7 ao seu
paso por Quintela de Canedo e para que sexa recoñecido como tal no estudo de delimitación de tramos urbanos.
2. Realizar por parte do Ministerio as melloras precisas no tramo da N-120 entre os puntos quilométricos 572,9 e 572,7 ao seu paso por Quintela de Canedo dirixidas a incrementar a accesibilidade e a seguridade viaria na zona incorporando
novos pasos de peóns, así como sistemas semafóricos que contribúan a calmar o tráfico tal e como reclama a veciñanza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de outubro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, doña Lourdes Méndez Monasterio, don Joaquín Robles López, doña Carina Mejías Sánchez, don Carlos Flores Juberías y doña Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento del acuerdo para la financiación de la ejecución de la autovía Alquerías-Santomera RM-1, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, como
prolongación necesaria para la Autovía del Reguerón, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes.
La RM-1 o Autovía Santomera-San Javier es una carretera autonómica de la Región de Murcia que, una vez terminada, conectará Santomera con San Javier. Su trazado aprovecha principalmente la antigua carretera RM-301. Se espera que sea un
corredor viario clave, ya que formará parte del eje Almansa-Yecla-San Javier, que responde a la necesidad de descongestionar las autovías A-30 y A-31. Además, integrará el nuevo anillo de circunvalación de Murcia, junto con la MU-30 y los Arcos
Norte y Noroeste.
Actualmente, el desarrollo de esta autovía finaliza a la altura de Alquerías, quedando pendiente la ejecución del último tramo, el cual conectará desde este punto la autovía del Reguerón con la autovía estatal A-7 a la altura de Santomera.
Segundo. Declaración de interés general de la futura autovía de conexión de la A-7 con la autovía del Reguerón entre Santomera y Alquerías.
El 22 de junio de 2006, se firmó el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de diversas actuaciones en sus respectivas redes de carreteras y para el cambio de
titularidad de algunos tramos de esas redes 12, por el cual acordó que el tramo de la MU-303 que conectaría las autovías del Reguerón, a la altura de Alquerías y la A-7 a la altura de Santomera cumplía los requisitos para ser declarado de interés
general. De este modo, se considera integrada en un itinerario de interés general por concurrir las circunstancias que se establecían en el artículo 4.3 de la entonces vigente Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, en cuanto da continuidad a
un itinerario estatal por la zona Oeste de Murcia, y sirve, además, para mejorar la situación de congestión de la A-7 y la A-30 en la zona Este de Murcia 13.
Para dar cumplimiento al referido Protocolo, el Gobierno promulgó el Real Decreto 1307/ 2007, de 28 de septiembre, por el que se declara de interés general el itinerario de la autovía de conexión de la A-7 con la autovía del Reguerón a lo
largo del corredor de la MU-303, entre Santomera y Alquerías, pasando esta autovía de conexión a formar parte de la Red de Carreteras del Estado.
Tercero. Adenda al protocolo y protocolo de intenciones.
Sin embargo, después de la firma del citado Protocolo y tras la publicación del Real Decreto 1307/2007, las partes consideraron conveniente que las actuaciones a desarrollar en dicho tramo de la autovía RM-1, que enlazará la autovía del
Reguerón a la altura de Alquerías, y la autovía A-7 en Santomera, correspondiesen a la Región de Murcia 14. Ello fue argumentado sobre la base de la importancia y funcionalidad que esta infraestructura tiene para esta región. Por ello, el 20 de
diciembre de 2010 se rubricó una Adenda al Protocolo de colaboración, ratificándose en 2017 un segundo protocolo, el Protocolo de intenciones entre el Ministerio de Fomento y la Región de Murcia para la financiación de actuaciones en materia de
carreteras (Tramo: Alquerías-Santomera de la Autovía RM-1) 15. De este modo, dicho Ministerio se obligó a transferir a la Región de Murcia 110 millones de euros para que la administración territorial
12 Cfr. Preámbulo del Real Decreto 1307/2007, de 28 de septiembre, por el que se declara de interés general el itinerario de la autovía de conexión de la A-7 con la autovía del Reguerón a lo largo del corredor de la MU-303, entre Santomera
y Alquerías.
13 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-17931
14 https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/Consejo_Gobierno/2017-11-06/punto_unico_protocolo %20de %20intenciones.pdf
15 Ibidem.
ejecutara las obras y realizase las expropiaciones necesarias a tal efecto. Este importe debía distribuirse conforme a las siguientes dotaciones anuales: 11,3 millones en el ejercicio 2018; 48,7 millones de euros en el 2019; y 50
millones en el 2020. Asimismo, se acordó que serían por cuenta de la Comunidad Autónoma los eventuales costes de ejecución que superasen el importe de los 110 millones transferidos por el Ministerio 16.
Cuarto. Licitaciones y adjudicaciones de la redacción de los proyectos de construcción.
Para La ejecución de la autovía se distinguieron tres tramos:
- El Tramo I, 'Enlace de Zeneta con RM-330', adjudicándose el contrato de servicios para la redacción de su proyecto de construcción el 29 de diciembre de 2021 a la UTE Técnica y Proyectos, SA-GETNISA Ingeniería Civil SLP-Edinart Consulting
SLP, por un importe de 538.897,7 euros 17.
- El Tramo II, 'Enlace con la RM-330 a enlace con la RM-303 Santomera sur', adjudicándose el contrato de servicios para la redacción de su proyecto de construcción el 16 de mayo de 2022 a la UTE Grusamar Ingeniería y Consulting SLU-Inestec
Ingeniería SL-Coltec Ingeniería y Proyectos SL por un importe de 499.808,9 euros 18.
- El Tramo III, 'Enlace RM-303 Santomera sur a Enlace con la A-7', cuya licitación para la redacción del proyecto de construcción se encuentra pendiente, pero respecto del cual ya se han adjudicado dos contratos de servicio para la
'publicación en prensa regional de la citación a las actas previas de los proyectos de trazado', por valor de 1.524,6 euros 19 y de 1.270,5 euros 20. Asimismo, se han adjudicado dos contratos de servicio de publicidad para informar a los afectados
por expropiación forzosa, por valor de 6.077,99 euros 21 y de 4.537,5 euros 22. También se ha realizado la campaña geotécnica necesaria para la redacción del proyecto.
Quinto. Incumplimiento por parte del Gobierno en la transferencia de las subvenciones comprometidas.
De los 110 millones de euros que se comprometieron por parte del Ministerio para financiar la autovía, el Gobierno ha transferido a la Región de Murcia tan solo 15,3 millones de euros a través de dos subvenciones, siendo la primera de 11,3
millones de euros -en diciembre de 2018- y la segunda de 4 millones de euros -en diciembre de 2022 23-.
Después de justificar los ingresos recibidos, la Región de Murcia culminó la redacción de los proyectos de construcción de los Tramos I y II, así como las expropiaciones correspondientes a dichos tramos.
Por último, en 2023 el Gobierno concedió una nueva subvención directa para financiar las obras. A tal efecto, el 23 de noviembre, la dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible envió un requerimiento
a la Región de Murcia para que indicara si acepta la subvención. Sin embargo, la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región la rechazó, ya que resultaba insuficiente. En este sentido, la Consejería indicó que la cantidad que el
Ministerio 'debe transferir para la realización de las obras mencionadas asciende a 94 millones' 24. Además, la Consejería puso de
16 Ibidem.
17 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4439588b-f241-49fb-97b3-358c1a335abf/DOC_CAN_ADJ2021-281232.html?MOD=AJPERES
18 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0271f497-e315-4137-8053-f0c1cdb5402c/DOC_CAN_ADJ2022-763971.html?MOD=AJPERES
19 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/722f3705-cf6a-4c56-92a9-53d354fe73a0/DOC_CAN_ADJ2022-542844.html?MOD=AJPERES
20 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/edd92379-f419-410d-9afc-4034eed7c83d/DOC_CAN_ADJ2022-542884.html?MOD=AJPERES
21 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/5c696d7b-9ca6-4717-9f35-d49111dd69f0/DOC_CAN_ADJ2022-483383.html?MOD=AJPERES
22 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/912a688b-ba88-42f4-bd13-4247315f0453/DOC_CAN_ADJ2022-483305.html?MOD=AJPERES
23 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=118735&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
24 https://www.laverdad.es/murcia/pancorbo-rechaza-dos-subvenciones-estado-autovia-bancal-20231214010041-nt.html?En el mismo
sentido,?https://murciaplaza.com/la-region-exige-al-ministro-puente-los-fondos-para-la-autovia-del-bancal-o-devolvera-sus-competencias
manifiesto la necesidad de firmar con el Ministerio un nuevo protocolo actualizado que cubra la totalidad de la inversión, debido a que, teniendo en cuenta los dos proyectos de construcción ya redactados y la estimación realizada para el
tercer tramo, el resultado es un aumento del coste, se prevé un importe total de 315 millones de euros 25. A modo de justificación de este aumento, desde la Consejería se ha recordado que el tramo de la autovía del Reguerón (próxima al tramo que
nos ocupa), de menor longitud y con menos estructuras, precisó una inversión de 216 millones de euros 26.
Sexto. Conclusiones.
Después de casi quince años de incumplimiento por parte del Gobierno en la transferencia de las cantidades comprometidas para financiar las obras, es necesario revisar el importe que actualmente se precisa para culminarlas, suscribiéndose a
tal efecto un nuevo Protocolo entre las partes.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar con la Región de Murcia un nuevo Protocolo en el que se revise el importe necesario para ejecutar las obras de desarrollo de la Autovía Alquerías-Santomera RM-1.
2. Transferir dicho importe sin demora, para que la Región de Murcia pueda desarrollar las obras necesarias al respecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló, Lourdes Méndez Monasterio y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/001298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos y Portavoz Adjunta del GP Mixto presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre salvamento marítimo en
Cantabria, para su debate en la Comisión correspondiente.
Exposición de motivos
El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Santander, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante, coordinó el año 2023 el rescate, asistencia o búsqueda de
214 personas, lo que supone un 34 % más que el año anterior, en las 159 actuaciones marítimas atendidas. También se atendieron ocho actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.
En 2023, se vieron implicados en incidentes marítimos en aguas cántabras 51 embarcaciones de recreo, nueve buques mercantes y 12 pesqueros.
Especialmente reseñable fue el naufragio frente a la costa de Santander del pesquero Vilaboa 1, en el que fallecieron dos marineros por hipotermia y un tercero desapareció. Durante las labores de rescate de los marineros, el pesquero
'Siempre Nécora' fue de los
25 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=118735&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
26 Ibidem.
primeros en acudir tras el naufragio media hora después de que este naufragara, logrando rescatar con su ayuda seis personas. Minutos después llegaban el resto de barcos. A pesar de que el rescate se efectúo vía marítima, profesionales de
medios aéreos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) alertaban que, de haber tenido una guardia presencial en el mismo aeródromo, el tiempo de rescate se hubiera reducido a tan solo quince minutos. No podemos saber qué hubiera
pasado si el helicóptero hubiera podido responder en quince minutos. Lo que sí sabemos son los hechos que son ciertos, las condiciones de rescate eran buenísimas, la mar estaba a 11 grados pero al tardar más de treinta minutos los fallecidos
murieron por hipotermia.
La base del helicóptero Helimer en Cantabria está localizada en el aeropuerto Severiano Ballesteros, presta servicio a la costa cántabra y vasca realizando actuaciones desde la frontera entre Cantabria y Asturias hasta Irún. La base está
considerada como base de guardia localizada, es decir, se cubren las veinticuatro horas con una única tripulación, las tripulaciones no están en la base, sino en sus casas u hoteles, por lo que requieren de cuarenta y cinco minutos para poner en
marcha el helicóptero: llegar al aeropuerto, pasar el control, entrar, vestirse y arrancar, cosa que no sucede en otras bases del Cantábrico en las que los efectivos se encuentran junto al helicóptero las veinticuatro horas, en turnos de doce
horas, por lo que ante una llamada de emergencia están en vuelo entre en diez y quince minutos.
Ante una evacuación que no corra riesgo de vida puede ser comprensible restarle importancia al factor tiempo, pero con una flota pesquera tan grande como la existente en Cantabria y Euskadi, con posibilidades de hundimiento y riesgo de
muerte por ahogamiento e hipotermia, es vital cambiar la consideración de esta base y dotarla de los recursos suficientes para salvar el mayor número de vidas posible.
En la base cántabra tienen los medios, pero no el personal suficiente para poder actuar con la celeridad necesaria en un rescate en la costa, son necesarias inversiones que transformen la base de guardia localizada actual en base de
respuesta inmediata en Santander reduciendo los tiempos de respuesta de cuarenta y cinco a diez-quince minutos. Las inversiones se centrarían en la contratación de personal para hacer posible que la base cuente con efectivos las veinticuatro horas
del día.
Llegamos tarde para salvar las vidas de Gogfrey Kofi Buabeng y Francisco San Pedro 'Paco', marineros del Vilaboa 1, pero la tragedia nos tiene que servir para aprender de los errores y para evitar que las tragedias se repitan.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Establecer las medidas oportunas para que la base de salvamento marítimo de Santander que presta servicio a Cantabria y Euskadi deje de ser una base de guardia localizada y se trasforme en una base de respuesta inmediata reduciendo así
sus tiempos de respuesta de cuarenta y cinco a diez-quince minutos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa la bonificación al transporte y los abonos únicos, para su debate
en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El transporte público es una necesidad y un derecho fundamental para la ciudadanía española, al cual tienen acceso en mayor o menor medida prácticamente la totalidad de la población. A pesar de su importancia, los precios para acceder al
mismo varían en gran medida dependiendo del territorio o la disponibilidad de la infraestructura concreta.
En 2022 se aprobó por parte del Consejo de Ministros una batería de ayudas para promover el uso de transportes alternativos al coche, concretamente el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, con un gran éxito en ese año y en sus sucesivas prórrogas. Estas
medidas ofrecen viajes gratuitos con los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia de Renfe, así como una reducción del 50 % de los precios del servicio Avant (media distancia). También en el transporte regular de viajeros por carretera
ofrece abonos gratuitos en los trayectos en autobús de las líneas de titularidad estatal para los viajeros recurrentes. Así como en el transporte colectivo urbano e interurbano, en el que existe una financiación del 30 % de descuento a las CCAA y
entidades locales que eleven el descuento hasta el 50 %. Esta medida ha tenido un gran efecto y ahorro sobre las personas usuarias del servicio y goza de una gran popularidad, sin embargo, existen dudas de su renovación para el próximo 2025.
El éxito de personas usuarias desde la implantación es innegable. Los españoles y españolas usan el transporte público más que nunca y así lo reflejan los datos. Impulsados por las bonificaciones que el Gobierno promovió junto a las
comunidades para contrarrestar el aumento de los precios a raíz de la invasión de Ucrania, el transporte urbano incrementó en 2023 su uso en un 20,9 % en tasa interanual y el interurbano, un 18,9 % según datos del INE. En el año 2023 marcó, por
primera vez, una cifra superior a los 5.100 millones de viajeros en el cómputo anual, lo que supone un 18,2 % más que en 2022.
Hay ejemplos muy significativos como podría ser el caso de Palencia, que ha pasado de 343.000 viajeros anuales en 2019 a 836.000 en 2023 (los datos de 2024 se presuponen todavía mayores), suponiendo un incontestable aliado contra la
despoblación y en favor de la transición ecológica, reduciendo las emisiones derivadas de los transportes privados.
En términos de reducción de emisiones según las estimaciones de la organización Greenpeace, 'se puede llegar a observar una reducción de CO2 por disminución de usos de automóvil entre unas 160.21 y 320.42 toneladas por día, que, en términos
económicos, en función del precio de la tn de CO2 del mercado supondría un ahorro de entre 13.803,83 euros por día y 27.626,51 por día'.
Según Greenpeace la implementación y mantenimiento de este tipo de bonificaciones 'tiene un gran potencial para aumentar la utilización del transporte público entre aquellos que actualmente no son usuarios habituales'. Para lograr este
objetivo estas medidas, encaminadas a bonificar el transporte o el establecimiento de un abono único de transporte que aúne a distintos modos de transporte, deben buscar atraer a un número significativo de potenciales usuarios y convertirlos en
usuarios habituales. Algunas de estas, como la suscripción, pueden ser incentivadoras.
Es muy destacable y significativa la dimensión social, ya que los actuales descuentos y bonificaciones vigentes en España han servido para aliviar la economía de las familias en un contexto de inflación y convirtiéndose en usuarios
habituales. Si bien, por todo lo expuesto, asegurar la continuidad de la bonificación es imprescindible en el corto plazo, ya que los derechos adquiridos impiden una vuelta sin matices a un modelo anterior que era especialmente perverso para los
que más utilizaban el transporte público, en especial el tren. Además, deben abordarse mejoras y establecer reformas a medio y largo plazo para asegurar el acceso de toda la ciudadanía al transporte público, la mejoría de la calidad de los
servicios y la profundización de sus efectos de tipo redistributivo y ecológico.
Algunas de las propuestas más prometedoras son las relativas a la implantación de modelos 'únicos' o 'unificados' de tarifas y medios de transporte público a nivel nacional.
Existen numerosas propuestas, basadas en modelos ya exitosamente implantados en otros países (Alemania, Austria...) que combinan en una tarifa plana, con un precio asequible, la entera variedad de opciones de transporte público al alcance de
la ciudadanía. Esta medida tendría un efecto directo sobre la ciudadanía, ya que no solo abarataría el coste de sus desplazamientos, sino que simplificaría la burocracia y los trámites que requiere su movilidad.
De acuerdo con informes de Greenpeace, esta medida contemplaría un ahorro en cuanto a contaminación de entre '110 tn/día y 5.876 tn/día, dependiendo del precio que se establezca para el abono único y de los diferentes tipos de transporte que
se incluyan como beneficiarios del abono'. Adicionalmente, se conseguirán ahorros en gastos de combustible, mejoras de la calidad del aire y de la seguridad vial, así como una recuperación del espacio público de las ciudades que vienen unidas a la
disminución del uso del vehículo privado.
No debe obviarse en ningún caso tampoco el componente redistributivo de las medidas enfocadas al cuidado de los servicios públicos, ya que mejorar el acceso a los mismos garantiza la igualdad y equidad de la ciudadanía. La función del
transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva, de la renta, edad o género.
La movilidad constituye el tercer mayor gasto de los hogares y supone el 13 % de todos ellos, los usuarios y usuarias deben poder conocer el precio de antemano y que este sea permanente, porque es necesario que haya un precio garantizado
para proporcionar seguridad a las personas, así como capacidad de planificación en la economía familiar.
Un precio asequible del transporte público es una ayuda para el problema de la vivienda, que obliga al desplazamiento de miles de personas hacia las periferias, al tiempo que acentúa las desigualdades. Se debe invertir en el transporte como
medio de vertebración del territorio y como medida para sacar del aislamiento a una gran parte de la población, especialmente la del mundo rural y la de las islas Canarias y Baleares, así como Ceuta y Melilla, que merecen ser dotadas de una mayor
calidad de vida y accesibilidad.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Asegurar la continuidad de las bonificaciones al transporte público durante el año 2025, y con una confirmación y comunicación pública a la mayor brevedad. Las personas usuarias del transporte público necesitan conocer de antemano, y
con tiempo suficiente, el precio del transporte con el fin de generar seguridad en su economía doméstica.
2. Comenzar a estudiar, lo antes posible, modelos de abono único, o unificación de tarifas, que puedan mejorar la conectividad y eficiencia y reducir la burocracia de las diferencias tarifarias actualmente existentes, así como su futura
implementación. Un sistema de tarjeta única, con tarifa plana y asequible, expedida por cada CCAA, pero que permita a las personas usuarias desplazarse por todo el territorio y todos los medios de transporte, teniendo en cuenta y respetando las
competencias de las diferentes administraciones en materia de transporte.
3. Comprometerse a tener los resultados de dicha investigación antes de la finalización de la prórroga de las bonificaciones, con efectos de implementar las medidas inmediatamente después de comprobarse en el estudio su potencial
viabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Júlia Boada Danés y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación de la edad
máxima de permanencia en las unidades o centros de educación especial, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), mantuvo sin variaciones el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), que establece el límite de edad para la escolarización en Centros de Educación Especial hasta los
veintiún años.
No obstante, la ley establece que las Administraciones educativas pueden regular otras alternativas para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda obtener una titulación o continuar el proceso formativo, para lo que
fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades específicas (artículo 75.3 LOE); y, además, establece una reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad (artículo 75.4 LOE). Solo para la
formación profesional de grado básico establece la LOMLOE una limitación de permanencia de, al menos, hasta los veintiún años (artículo 42).
La ampliación de la edad máxima de escolarización del alumno con necesidades educativas especiales en Centros de Educación Especial está contemplada en la LOMLOE como una medida excepcional, cuando las necesidades no puedan ser atendidas en
el marco de atención a la diversidad en centros ordinarios e indica que al final de cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos, lo que permitirá modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de
escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo (art. 74.3 LOE).
Por su parte, en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, se establece, por la incorporación en el trámite parlamentario de una enmienda transaccional a la enmienda número 345 del Grupo
Popular, permitir que, en el caso de las ofertas de formación profesional del sistema educativo, las personas estudiantes escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer escolarizadas, al menos, hasta los
veintiún años.
Algunas Comunidades Autónomas han aprobado en su normativa la ampliación de este límite de edad hasta los veintiún años, es el caso de Galicia que lo ha incrementado hasta los veintiséis años, el de Madrid hasta los veintidós años, Castilla
y León hasta los veintitrés años, la Comunidad Valenciana hasta los veintidós, o Canarias que ha aprobado un proyecto piloto 'NEAE+21' para su ingreso a la vida adulta a los veinticinco años, para ampliar las oportunidades de estos alumnos,
incrementado la edad de permanencia.
Por todo ello, se propone que para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos con independencia del lugar en que residan y dar seguridad a las familias y alumnos que encuentran limitadas sus opciones de seguir formándose
educativa y profesionalmente y evitar agravar su vulnerabilidad, se propone adecuar la normativa por una regulación más precisa y un desarrollo legislativo y de oferta consiguiente, que se adapte a las necesidades de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
En base a lo expuesto, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la normativa legal vigente para ampliar la edad de permanencia de los alumnos en unidades o centros de educación especial, al menos, hasta los 21 años de edad, con la finalidad de atender las necesidades formativas y de
inserción laboral, la igualdad de oportunidades de los alumnos con independencia del lugar en que residan, y dar seguridad jurídica a las familias en todos los cursos escolares.
2. Derogar la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Óscar Clavell López, Beatriz Jiménez Linuesa y Ester Muñoz de la Iglesia, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la transición ecológica en el sector del deporte, para su debate
en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El deporte es un potente instrumento de cohesión social, de salud y bienestar físico y emocional. Por eso adquiere cada vez mayor relevancia en la sociedad a través del incremento de su práctica entre la población. En este sentido, la Ley
39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, establece el deporte como un derecho y una actividad esencial que los poderes públicos deben promover.
A su vez, el deporte está fuertemente vinculado con las políticas de desarrollo integral, dada su interacción con el entorno natural a través de numerosas modalidades y su impacto medioambiental a través del uso de la red de instalaciones
destinadas a la práctica deportiva y física.
Por eso, es fundamental que, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (de salud, bienestar, integración social, paz, igualdad, educación, consumo responsable y comunidades sostenibles) en la mejora de la calidad de
vida de individuos y comunidades, se impulsen políticas sostenibles dentro del ecosistema y la industria deportivos que permitan desplegar la transición ecológica, políticas que al tiempo que garantizan una prosperidad justa, protejan el capital
natural, contribuyan a la lucha contra la contaminación y aborden la adaptación al cambio climático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un plan específico a través del Consejo Superior de Deportes, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias que informe sobre las posibilidades de ahorro de recursos y energías en la gestión de
instalaciones para informar y mentalizar sobre estos asuntos a los responsables locales
del deporte, políticos y técnicos, y activar un programa de cursos itinerante de información y concienciación por las diferentes regiones y autonomías.
2. Impulsar líneas de investigación sobre cómo realizar la gestión viable de piscinas cubiertas y actualizar la política de actuación sobre las hierbas artificiales, entre otros temas importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad
de las instalaciones comunitarias.
3. Redactar un Código de Buenas Prácticas para compartir y coordinar información y orientaciones a fin de garantizar el desarrollo del deporte con el mínimo impacto ambiental, con la colaboración de la administración pública y las entidades
de la sociedad civil en la observación y seguimiento de eventos y empresas de la industria deportiva y de gestión pública de instalaciones a fin de evitar malas prácticas e incentivar y divulgar las buenas.
4. Fomentar a través de las federaciones, los clubs y el COE la eficiencia energética y el uso de energías renovables en las instalaciones y operaciones internas de estas entidades, con vistas a reducir la huella de carbono generada, con
especial énfasis en la movilidad, dado que el proceso que más huella de carbono genera en el sector del deporte es en este ámbito, tanto de las operaciones y miembros de las entidades deportivas como de los espectadores de los eventos deportivos.
5. Apostar por un modelo de eventos deportivos sostenibles y asumibles para la salvaguarda de los valores sociales, territoriales y la contribución al desarrollo local, regional y nacional con el mínimo impacto ambiental.
6. Promover programas de formación para educar a las personas deportistas, empresarias y gestoras de eventos deportivos acerca de la naturaleza, la sostenibilidad ambiental, la biodiversidad como un activo de desarrollo empresarial y
generación de riqueza, y la aplicación de la economía circular en los procesos de compra y contracción tanto de materiales y ropa deportiva como de servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-María Luisa García Gurrutxaga, Roberto García Morís, Víctor Gutiérrez Santiago, Guillermo Hita Téllez, José Losada Fernández, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez Seijo, Alberto
Mayoral de Lamo, Valle Mellado Sierra, M.ª Isabel Moreno Fernández y Ada Santana Aguilera, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente Proposición no de Ley relativa a la subida de pensiones 2024, para su debate en la
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El sistema público de pensiones constituye uno de los instrumentos fundamentales de nuestro Estado de Bienestar. No es una política social más, es un derecho básico y constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y
reducción de las desigualdades.
Para ello es imprescindible que dicho sistema garantice unas pensiones dignas para todas las personas, que dé seguridad y confianza en el futuro.
La revalorización de las pensiones es un tema crucial que afecta a millones de personas en nuestro país. El Pacto de Toledo es un acuerdo político que busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y asegurar unas prestaciones
dignas a las personas jubiladas.
El Consejo de Ministros aprobó, a finales de 2023, el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo,
así como para paliar los efectos de la sequía, que incluía en sus artículos 78 y 80.2 la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2024. La subida, efectiva desde el
1 de enero, supone un incremento del 3,8 % con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. Y fija un incremento mayor, del 6,9 %, para las pensiones mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo
Vital.
Más de once millones de pensionistas han visto revalorizadas sus pensiones conforme al coste de la vida gracias a la aprobación en el Congreso de los Diputados de la propuesta del Gobierno de España, pese al voto en contra del Partido
Popular junto a la ultraderecha VOX.
Este aumento del 3,8 % para 2024 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, según la fórmula establecida en la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones,
aprobada y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la Recomendación 2.a del Pacto de Toledo, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.
Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación, de 1.386 euros al mes, es de 734 euros al año, o 52 euros al mes. La pensión media del sistema, de 1.200 euros, aumentará 638 euros al año en 2024, que suponen 46 euros al mes.
En los dos últimos años, la subida de esta pensión media ha sido de unos 2.230 euros.
Esta aprobación incluía también el incremento de las pensiones mínimas y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, que será mayor, del 6,9 %, como anteriormente señalábamos, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional
Quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada a la misma por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de
género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que recoge la Recomendación 15a del Pacto de Toledo.
En el caso de la pensión mínima de viudedad, con cargas familiares, en cumplimiento del mandato del mencionado RD-ley 2/2023, se equipara su cuantía a la de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, lo que supone un incremento del
14,1 %.
Las pensiones no contributivas de vejez e invalidez (SOVI) se han revalorizado también en un 6,9 % para 2024, lo que supone alcanzar los 517,9 euros mensuales, que equivalen a 7.250,6 euros anuales.
La pensión mínima para los hogares unipersonales se fija en 11.552,8 euros anuales (frente a los 10.963,4 euros de 2023) y de 14.466,2 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2023, era de 13.526,80 euros).
En total, casi 11,8 millones de pensiones y prestaciones en 2024 han sido actualizadas, entre pensiones contributivas y no contributivas, ios de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el IMV y las prestaciones por hijo a cargo con
discapacidad.
Esta medida beneficia a uno de cada cuatro españoles, los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y tienen menos capacidad de ajustar sus ingresos frente a situaciones económicas cambiantes. Además, su poder adquisitivo
se ve asegurado mientras el Gobierno de España toma otras medidas de protección para diferentes colectivos.
Estas cifras demuestran el compromiso unívoco del Gobierno de España con las personas pensionistas, especialmente con aquellas más vulnerables.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reconocer el compromiso del Gobierno de España por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones mediante su vinculación al IPC, así como el establecimiento de garantías que aseguran el futuro del sistema público de pensiones.
- Seguir garantizando el poder adquisitivo de las pensiones con su vinculación al IPC, a través de tres ejes fundamentales: la equidad, la suficiencia y la sostenibilidad del sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-María Luisa García Gurrutxaga, Luis Alfonso Rey de las Heras, Luc Andre Diouf Dioh, Marta Trenzano Rubio, Elisa Garrido Jiménez, María Carmen Castilla Álvarez, Noelia Cobo Pérez,
Alberto Mayoral de Lamo, Valle Mellado Sierra, Blanca Cercas Mena, Ada Santana Aguilera y María Mercè Perea i Conillas, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 de Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente Proposición no de Ley relativa a seguir incrementando la cifra de personas afiliadas a la
Seguridad Social, compatibilizando este crecimiento con la calidad en el empleo, avanzando especialmente en el incremento de la cotización y cobertura social de las mujeres, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La Seguridad Social registró 21.168.490 afiliados en julio de 2024, lo que representa un incremento de 485.580 afiliados en comparación con el mismo mes del año anterior. La afiliación ha aumentado en 325.554 personas en lo que va del año,
manteniendo una racha de 51 meses consecutivos de crecimiento del empleo.
La cifra de afiliación media ha marcado un récord al acercarse a los 21,4 millones de personas afiliadas. En julio de 2024, hubo 1.335 más afiliados que en el mes anterior.
Desde diciembre de 2019, la afiliación a la Seguridad Social en España ha crecido en aproximadamente 1,9 millones de personas en términos desestacionalizados hasta julio de 2024, lo que refleja una recuperación significativa del mercado
laboral postpandemia. En cuanto a la creación de empleo, España ha registrado un crecimiento del 9,4 % desde los niveles prepandemia, superando a otros grandes países europeos. Francia ha visto un incremento del 5,2 %, Italia del 3,2 %, y Alemania
del 1,7 % en el mismo período. Estos datos destacan la fortaleza de la recuperación económica española en comparación con otras economías europeas.
El aumento del empleo es más destacado que en estos países también desde el inicio de la guerra de Ucrania. En España, ha crecido un 7,4 %, frente al 2,3 % registrado en Francia o el 1,9 % en Alemania.
La buena marcha del empleo es más acusada entre las mujeres, que son quienes más abandonaron las listas del paro en julio de 2024 (6.459). De hecho, las afiliadas ya representan el 47 % del total de ocupados. El crecimiento del empleo
femenino es del 11,8 % desde el año previo a la pandemia y supera en 4 puntos al incremento producido entre hombres, que es del 7,8 %. En términos interanuales, también crece más la afiliación de las mujeres (2,7 %) que la de los hombres (2 %).
Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se sitúa también en máximos históricos con cifras similares a las de 2008. En julio, el número de trabajadores por cuenta propia se situó en 3.381.485 afiliados, lo que
refleja un aumento en términos absolutos de cerca de 37.000 personas afiliadas más que en julio de 2023, mostrando la estabilidad y crecimiento continuado en el número de trabajadores autónomos en España. De estos afiliados, aproximadamente el 36,5
% eran mujeres, lo que también indica una participación femenina significativa dentro del sector autónomo.
Es necesario remarcar que el incremento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es especialmente intenso en sectores de alto valor añadido, como Información y Comunicación y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.
Estos sectores arrojan crecimientos superiores al 17 % frente a la situación prepandemia. De hecho, más de 1 de cada 5 afiliados se incorpora a estos dos sectores desde entonces.
Dos años después de la entrada en vigor de la reforma laboral, se acentúan sus efectos positivos en la estabilización del empleo y la mejora de su calidad. Desde diciembre de 2021 hasta julio de 2024, el mercado laboral en España ha
experimentado cambios significativos debido a la reforma laboral. En julio de 2024, había 3,5 millones más de personas afiliadas con contrato indefinido en comparación con diciembre de 2021, lo que refleja el éxito de la reforma en reducir la
temporalidad. Esto llevó a que en julio de 2024 se alcanzara la cifra histórica de 14 millones de personas ocupadas con contrato indefinido, de las cuales 9,6 millones son a tiempo completo.
En julio de 2024, el porcentaje de personas afiliadas con contrato indefinido en España alcanzó el 77 %, lo que representa un incremento de 13,1 puntos porcentuales desde la entrada en vigor de la reforma laboral en diciembre de 2021. Este
aumento refleja una mejora continua en la estabilidad laboral, reduciendo la temporalidad a un nivel histórico del 15,95 %, según la EPA del 2o Tr. 2024. Además, en el grupo de menores de 30 años, la temporalidad ha disminuido de manera
significativa. Según el informe del INJUVE sobre la EPA del 1er. Tr. 2024, en abril el 43,6 % de los contratos a personas jóvenes de 16 a 29 años fueron indefinidos, frente al 8,7 de diciembre de 2021. O dicho de otra forma, si la contratación
temporal de estos jóvenes se situó en abril de 2024 en el 56,4 %, en diciembre de 2021 fue del 91,3 %, con una bajada de 35 puntos porcentuales desde la entrada en vigor de la reforma laboral, lo que pone de manifiesto su impacto positivo en la
reducción de la precariedad entre las y los jóvenes.
La buena marcha del mercado de trabajo y la afiliación de la Seguridad Social, demuestra el esfuerzo colectivo de la sociedad española, de sus empresas, de sus trabajadores y trabajadoras, y también de la apuesta firme del Gobierno de España
en la consolidación de unas políticas que apuestan claramente por un mercado de trabajo de calidad, inclusivo y con derechos, compatible con un crecimiento sostenible.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insta al Gobierno a:
1. Seguir trabajando, en el marco del diálogo social, en políticas dirigidas a continuar incrementando el número de personas afiliadas y mejorando la calidad en el empleo, tal y como muestran los actuales datos estadísticos.
2. Continuar impulsando medidas dirigidas a conseguir la igualdad real en materia de empleo y, por tanto, de cotización a la Seguridad Social, aumentando la protección social de las mujeres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-María Luisa García Gurrutxaga, Luis Alfonso Rey de las Heras, Luc Andre Diouf Dioh, Marta Trenzano Rubio, Elisa Garrido Jiménez, María Carmen Castilla Álvarez, Alberto Mayoral de
Lamo, Noelia Cobo Pérez, Valle Mellado Sierra, Blanca Cercas Mena, Ada Santana Aguilera y María Mercè Perea i Conillas, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cotización de los trabajadores por cuenta propia al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos según sus ingresos reales, en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.
Exposición de motivos
Este pasado mes de junio se registró un récord en el número de personas afiliadas por cuenta propia a la Seguridad Social, nuestro país cuenta con unos 3.386.432 de personas trabajadoras autónomas. Aproximadamente, dos tercios de ellas no
cuentan con otras trabajadoras a cargo.
En el anterior sistema de cotización basado en la libre elección, muchas personas trabajadoras autónomas decidían cotizar mediante la base mínima de cotización al margen de sus ingresos, se estima que más de un 80 % en muchos momentos. Esta
situación generaba un déficit de financiación del sistema cuyas consecuencias son, entre otras, la infraprotección en términos de pensiones que sufre el colectivo y que en algunos casos le ha abocado a una jubilación pobre. Hoy, la pensión media
por jubilación de las personas trabajadoras por cuenta propia es de 962,78 euros, siendo muy inferior a la pensión media de aquellas por cuenta ajena que alcanza los 1.600,85 euros, un 66,27 por ciento más. Asimismo, en el Informe Adecuación de las
pensiones en la Unión Europea 2010-2050, la Comisión y el Comité de Protección social reconocieron que una importante dimensión del reto de la suficiencia de las pensiones está ligada al género.
Merece la pena reparar en la situación especialmente delicada de la mujer trabajadora autónoma jubilada, que a las diferencias negativas en términos de prestación que sufre como parte del colectivo de autónomos, suma las diferencias
negativas en relación a los varones autónomos jubilados, siendo su pensión media por jubilación un 26,9 por ciento inferior a la de los hombres autónomos y un 56 % inferior a la de las personas trabajadoras por cuenta ajena.
Por ello, en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo en su quinta recomendación se señalaba 'necesario ajustar, con más precisión, la relación entre el salario real y las bases de cotización'. Asimismo, se apuntaba la
necesidad de 'elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima'. En definitiva, la propuesta se centraba en acompasar mejor los ingresos de la persona trabajadora autónoma con su cotización para, en consecuencia, ofrecer unas prestaciones
suficientes y adecuadas para los cotizantes del RETA.
Tras el Informe del Pacto de Toledo los agentes sociales y el Gobierno recogen el testigo y en la Mesa de Diálogo Social el mes de julio de 2021 Gobierno y agentes sociales llegan a un acuerdo sobre la sostenibilidad del sistema público de
pensiones. Finalmente, el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
Entre otros aspectos el RDL modifica el sistema de cotización de los trabajadores autónomos en la línea propuesta en la mencionada quinta recomendación del Pacto de Toledo y en su artículo 308 se dice que 'Las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas incluidas en este régimen especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 305, cotizarán en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales [...]'. La Ley
de Presupuestos Generales determinará anualmente una tabla general y una tabla reducida de bases de cotización al RETA.
El artículo 308 encuentra continuidad en la Disposición Transitoria Primera que establece un periodo transitorio de 9 años, hasta 2031, para desarrollar 'un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente'. Un
sistema que se revisará cada 3 años hasta 2031. A su vez, la Disposición Adicional Primera del RDL da continuidad al espíritu de esta reforma y establece que las bases de cotización 'se fijarán en función de los rendimientos netos obtenidos
anualmente por los trabajadores por cuenta propia o autónomos por su actividad económica o profesional, dentro de los límites de las bases de cotización máxima y mínima que se determinen en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del
Estado'.
Todas las asociaciones representativas del trabajo autónomo a nivel nacional (UATAE, ATA y UPTA), que participaron y firmaron el acuerdo de 2021, consideraban obsoleto y perjudicial el modelo anterior y están de acuerdo en la necesidad de
implementar un sistema de cotización por ingresos reales. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 25 de junio de 2024, el Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Sr. Lorenzo Amor, se mostró conforme con la reforma del
sistema de cotización aunque declaró que era necesario seguir haciendo seguimiento sobre el impacto del mismo en el sistema.
Partiendo de los principios de solidaridad y garantía de suficiencia, troncales en el Pacto de Toledo, y las tensiones financieras que algunos pronostican en las cuentas de la Seguridad Social los próximos años, es necesario seguir
profundizando en la cotización según ingresos reales de la persona trabajadora autónoma. Suponiendo un avance el nuevo sistema de cotización para las trabajadoras autónomas en aplicación desde el 1 de enero de 2023, consideramos que hay que
profundizar en el principio de solidaridad y proponemos equiparar las bases de cotización de los tramos más altos a sus ingresos reales, extender la cuota de solidaridad al RETA y reducir el periodo transitorio de aplicación de cotización por
ingresos reales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir profundizando en la reforma del sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para continuar en la senda de correspondencia y correlación entre los ingresos
reales de las personas trabajadoras autónomas, sus cotizaciones y en consecuencia las prestaciones y pensiones que reciban en el futuro, siguiendo los siguientes parámetros:
1. Equiparar las bases de cotización de los tramos más altos a sus ingresos reales, sin agotar el periodo transitorio previsto para estos tramos de ingresos con capacidad económica suficiente, garantizando así la equidad y el principio de
solidaridad en las contribuciones de las personas trabajadoras autónomas con mayores ingresos, contribuyendo a su vez a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
2. Extender la cuota de solidaridad, que entrará en vigor para el Régimen General el 1 de enero de 2025, al RETA de forma que las personas trabajadoras autónomas que obtengan rendimientos netos superiores a la base máxima deban contribuir
con la cuota de solidaridad en idénticos términos que las trabajadoras por cuenta ajena.
3. Reducir en la medida de lo posible el periodo de transición para la implementación de un sistema de cotización en base a los ingresos reales de los y las trabajadoras autónomas, en especial en aquellos tramos con rendimientos netos
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/001285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación
de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a
motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, impone nuevas obligaciones de registro documental e información a las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Si bien es cierto que es
voluntad de los diferentes subsectores de la industria turística de colaborar en el mantenimiento de la seguridad de nuestro país. Su aprobación y posible entrada en vigor, en este momento pospuesta, supone graves inconvenientes para todos ellos en
términos de cumplimiento. En los términos que está establecido, y, según han informado los propios sectores obligados, su cumplimiento es inviable y supone una gran desventaja competitiva para el sector turístico español.
Esta norma pretende dotar de un nuevo contenido a lo dispuesto en el artículo 25 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana según el cual 'Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades
relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público comercio o reparación de objetos usados,
alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o
productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a particulares, quedaran sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables', que venía siendo regulado por
una disposición preconstitutional, el Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, y la normativa de desarrollo, entre la que destaca la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entradas de viajeros en establecimientos de
hostelería y otros análogos.
En relación con esta última orden cabe destacar la reciente modificación que se produjo en marzo de 2021 con la Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, y en la que se habilitó la firma de los partes de entrada de viajeros en soporte digital y
que los libros-registro sean conservados en ese formato con la finalidad de adecuar este procedimiento a las medidas de seguridad de los usuarios frente al COVID19.
Por lo que se refiere al RD 933/2021, y en referencia a la actividad de hospedaje, el mismo tiene por objeto amplificar las personas obligadas a cumplir con las regulaciones contenidas en este, mediante una definición de dicha actividad en
la que se incluyen los intermediarios y operadores turísticos que realizan la actividad de interceder para la contratación de este tipo de servicio, así como las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares,
directamente, o a través de centrales de reservas, así como el contenido de los datos a comunicar.
En vísperas de su entrada en vigor el pasado 1 de octubre de 2023, las principales asociaciones del sector turístico, como CEHAT, CEAV, ASOTUR, ACAVE, FENEVAL,
FETAVE, UNAV e incluso las organizaciones europeas como HOTREC y ECTAA, han advertido sobre el caos operativo que supondrá para los alojamientos turísticos y las agencias de viajes la implementación de esta medida.
La imposición de recabar y comunicar datos personales sensibles, incluidos los de pago, podría contravenir, a pesar de que su recogida fuera por motivos de seguridad la normativa europea de protección de datos (Directiva PSD2 y el Reglamento
(UE) 2018/389), que garantiza la seguridad y confidencialidad de los medios de pago electrónicos mediante el cifrado de datos, dejando a las empresas con alta seguridad jurídica al respecto de este.
Además, se ha señalado que las pequeñas y medianas empresas turísticas no disponen de la infraestructura tecnológica ni de los recursos humanos para cumplir con estas nuevas obligaciones de manera eficiente. Por lo que, de forma reiterada
se ha solicitado el desarrollo normativo al que hace referencia el propio Real Decreto para ajustar los flujos de información y los mecanismos de captura y transmisión a la realidad operativa facilitando siempre la colaboración para mantener la
seguridad como factor competitivo diferencial en nuestro país.
Según información reciente, aún no se ha concretado una Orden Ministerial que limite el impacto del Real Decreto 933/2021, lo que ha generado contradicciones entre los Ministerios implicados. Las asociaciones del sector turístico han
solicitado una exclusión específica para los viajes corporativos y eventos de gran escala (MICE), que no podrían cumplir con las exigencias del decreto.
Además, la plataforma tecnológica necesaria para la implementación de este sistema de registro requiere mejoras tecnológicas para que la transmisión de datos se haga de forma segura y eficiente, son detrimento de la competitividad ni la
productividad de las empresas del sector.
La recolección de ciertos datos, como los relativos a las transacciones de pago, también es considerada 'inviable' presentando ademas dudas legales de poderse trasmitir, ya que los establecimientos no tienen acceso a la información
financiera completa de los clientes, la cual es manejada únicamente por los proveedores de servicios de pago, como estipula la normativa europea. Esto genera riesgos no solo en términos de cumplimiento, sino también de responsabilidad legal,
protección de datos personales y riesgo de fraude.
El Real Decreto 933/2021, en su forma actual, plantea graves problemas operativos y legales para el sector turístico español, que no cuenta con los recursos ni las herramientas necesarias para cumplir con estas nuevas obligaciones.
Además, el posible incumplimiento de las normativas europeas de protección de datos y servicios de pago puede generar un impacto negativo en la competitividad del turismo en España. Es crucial que se tomen medidas, que favorezcan su entrada
en vigor de forma eficiente y ajustada a la realidad de la operativa y funcionamiento del sector turístico, para ello, y tal como acordado con los sectores, debería realizarse el desarrollo normativo que lo garantice.
Para cumplir con la obligación los sujetos obligados tendrían que modificar su relación contractual con el proveedor de servicios de pago para permitirle acceder a este dato (lo que no va a ocurrir, dado que en ese caso el proveedor de
servicios de pago se expone a una sanción por infracción en materia de seguridad relacionada con pagos electrónicos) o a recabar directamente ese dato del propio cliente en su interacción con él, el cual podría negarse entendiendo que el dato
proporcionado es excesivo para la finalidad por la cual se recaba. Es la propia DG de la policia la que ha emitido comunicados anunciando qué datos son susceptibles de ser solicitados en el proceso de check-in de un establecimiento de alojamiento,
uno de los sujetos obligados.
Por tanto, tomando todo ello en consideración, la recogida de datos relativos a la transacción de la operación resulta inviable por parte de los sujetos obligados, cabe recordar que un 90 % son individuales y con pequeñas instalaciones. No
es posible cambiar sus sistemas informáticos o la toma de datos en este tiempo directamente, al existir numerosas plataformas tecnológicas proveídas por distintos proveedores sin APIs definidas
para poder conectar con los servicios del Ministerio del Interior. Proceso que podría ser infinito en términos de desarrollo por su complejidad, tras ver salidas y amplitud.
Es necesario, además, poner de manifiesto la falta de voluntad, inflexibilidad e incomprensión del Gobierno encabezado por Sánchez para con una industria turística que emplea prácticamente a 3 millones de afiliados en nuestro país
actualmente, se hace preciso subrayar que su nivel de excesivo unilateralismo ha trascendido incluso más allá de nuestras propias fronteras, derivando incluso en una ola de respaldo y solidaridad por parte de las asociaciones turísticas de ámbito
europeo (Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores-ECTAA; Asociación de Turismo Europea-ETOA; Federación Europea de Turismo Rural-RURALTOUR; asociación europea representante de hoteles, restaurantes, bares y cafés-HOTREC, etc.), que
han tenido a bien adherirse a los operadores españoles a la hora de continuar advirtiendo y apremiando al Ejecutivo español sobre las consecuencias negativas que esta normativa sobre registro documental podría acarrear para la actividad diaria de
las empresas turísticas españolas, no hay que olvidar, inmensamente constituidas por pymes y micropymes (más del 95 % del total de las mismas), y por tanto, dotadas de una estructura de medios técnicos y humanos de tamaño muy limitado.
En este punto, a propósito del Real Decreto 933/2021 y dado el papel desempeñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a lo largo de estos tres últimos años, convendría poner en valor la ofensiva desplegada hasta ahora por parte de las
principales organizaciones del ecosistema turístico español, donde se han implicado desde la propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a través de su Consejo de Turismo hasta la Mesa del Turismo; la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT): las organizaciones Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de
Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) o la Unión Empresarial de Agencias de Viajes (UNAV) por cuenta del sector de la intermediación y la distribución; empresas de alquiler de vehículos; segmento del turismo rural y campings, etc., la mayoría de
ellas exigiendo retrasar la aplicación del citado Real Decreto hasta que se aprobase por parte del Ministerio de Interior las disposiciones normativas para desarrollar y ejecutar el contenido del Real Decreto, sin olvidar las deficiencias técnicas
suscitadas con la infraestructura tecnológica a través de la cual debe gestionarse toda la operativa de comunicación de datos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y
alquiler de vehículos a motor, hasta tanto en cuanto se aborde una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de esta normativa en compañía de los subsectores turísticos más afectados por la misma, considerando su falta de viabilidad y
potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de nuestras empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en
vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre.
- Elaborar el desarrollo normativo mencionado en el punto uno considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación (desde 2021 a la actualidad) con los sujetos obligados. En este sentido especial mención a la
exclusión de los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector.
- Revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan
el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente.
- Apoyar en todo caso las reivindicaciones que viene planteando de manera unánime desde 2021 el sector turístico español en su conjunto, -habiéndose obtenido igualmente el respaldo de las asociaciones turísticas de la Unión Europea-, acerca
de los efectos perniciosos del alcance y contenido del Real Decreto 933/2021 para el funcionamiento de la actividad turística, contemplada la insensibilidad sistemática del Gobierno de coalición para con el primer sector productivo de la economía
española.
- Abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como CEHAT, CEAV, ACAVE, FETAVE, UNAV o FENEVAL, para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial señalado y conseguir una
mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector. Proceso durante el cual, y, hasta no alcanzar el consenso, el régimen sancionador no debería tener efecto.
- Intensificar los vínculos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todos los aspectos que puedan contribuir a reforzar los parámetros de seguridad y estándares de calidad de los destinos españoles.
- Desplegar e implementar dentro de la acción del Gobierno como principio rector medidas favorables a la mejora de la capacidad competitiva de la marca España y que no se traduzcan finalmente en una pérdida de competitividad ni lastre para
la cadena de valor turística española dentro del mercado turístico mundial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Cristina Moreno Borrás, Francisco José Conde López, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García,
Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo del talento e impulso de la formación en la industria, para su
debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
En los últimos años, y particularmente después de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 y posterior recuperación, estamos asistiendo a una profunda transformación de nuestra industria sobre las bases de un modelo más verde y digital.
Una transformación que está siendo posible, en parte, gracias a los instrumentos de estímulo industrial puestos en marcha en la Unión Europea y canalizados a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España. Un nuevo modelo que permite dar respuesta a los desafíos de futuro y que permitirá a nuestro tejido productivo ser más competitivo, innovador y resiliente.
Esta transformación ya está teniendo efectos positivos sobre la economía y el empleo de nuestro país: Según la Contabilidad Nacional anual de España del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB a precios de mercado de la industria
manufacturera del último año
disponible de 2022 era del 11,4 %, por encima de la contribución a la economía del año 2019, antes de la pandemia. Además, los últimos datos de afiliados medios a la Seguridad Social también muestran un comportamiento positivo en el empleo
industrial durante estos últimos años. Esto supone una gran noticia para nuestro país y una declaración de que las políticas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer el ecosistema industrial están funcionando. No obstante, las
administraciones públicas, en colaboración con las empresas, han de seguir involucrándose en esta necesaria transformación que deberá estar alineada con las políticas industriales europeas, el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Uno de los aspectos imprescindibles para poder seguir avanzando en la modernización de nuestra economía es el desarrollo del talento y la formación. La fuerza laboral de nuestro tejido empresarial es pieza clave e indispensable para
alcanzar una industria moderna y competitiva que sea capaz de liderar la transformación de la economía hacia un modelo más sostenible, innovador, digital y que apueste por la transición verde y energética.
Nuestro país ha de hacer frente al reto de atraer talento especializado, impulsarlo en aquellos sectores que son considerados como estratégicos y, además, retenerlo. Una formación y un desarrollo del talento que han de estar orientados
hacia la Industria 4.0 y en la mejora de las competencias en nuevas tecnologías como es el internet de las cosas (loT), los macrodatos o la inteligencia artificial. Pero, además, una formación orientada hacia la transición verde y energética que
permita adaptar nuestro mercado laboral al nuevo contexto económico y social y, de este modo, apoyar a la industria a disponer de personal capacitado.
En este sentido, también es importante destacar la necesidad de seguir impulsando la formación dual, permitiendo a los y las jóvenes obtener competencias profesionales directamente en el entorno industrial y, así, adquirir competencias y
habilidades específicas que son necesarias en el actual y futuro contexto.
Además, la formación contribuye a reducir las brechas presentes en el sector industrial como, entre otros, es la desigualdad territorial y la baja representación de mujeres en áreas STEM (siglas que identifican las disciplinas Science,
Technology, Engineering y Mathematics). Según datos de afiliación a la Seguridad Social, el último dato de 2023 muestra que tan solo el 28 % de la industria manufacturera eran mujeres. Esto resalta la necesidad de incrementar la participación
femenina en los sectores industriales y tecnológicos a través del desarrollo del talento y la formación.
Por todo ello y con el ánimo de generar un ecosistema industrial competitivo y de alta capacidad de innovación que permita mantener y mejorar sus procesos y tecnologías, en el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Identificar las habilidades y conocimientos actuales y futuros, así como de las posibles brechas existentes, que permitan asegurar que la fuerza laboral industrial cuenta con la formación y capacitación necesaria para que nuestro país
pueda enfrentarse a los desafíos de futuro en un entorno en constante cambio, cada vez más complejo, competitivo y tecnológico.
2. Generar un ecosistema industrial más competitivo, sostenible e innovador a través del impulso de programas para la formación, cualificación, y el desarrollo de capacitaciones de trabajadores y trabajadoras industriales, adaptado a los
nuevos modelos productivos en materia de transición ecológica, transición energética, innovación y digitalización.
3. Abordar la retención y atracción de talento industrial, así como el fomento de las profesiones STEM y el emprendimiento, especialmente entre aquellas personas mayores de 55 y los y las jóvenes.
4. Avanzar en la puesta en marcha de programas de formación y desarrollo que permitan abordar las brechas de género existentes en la industria, así como el fomento de una cultura industrial más igualitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, Obdulia Taboadela Álvarez, César Joaquín Ramos Esteban, Cristina López Zamora, María Dolores Corujo Berriel,
María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Jesús Mayoral Pérez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al papel esencial de las mujeres rurales para la vertebración territorial
y social y como vector para la innovación y el emprendimiento, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las mujeres representan en España a más del 50 % de la población, de 48 millones de habitantes, más de 24,5 millones son mujeres. Además, representan el 48,8 % de la población de los municipios de menos de 5.000 habitantes en nuestro país,
siendo las mujeres de zonas rurales el 12 % de las mujeres de España.
La labor que desempeñan no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, contribuye al desarrollo económico y social de la economía. Un rol que deja constancia de lo esencial de su trabajo en la productividad agrícola y rural, la seguridad
alimentaria y como elemento destacable para la reducción de la pobreza, en definitiva, contribuyen al desarrollo social y sostenible de España.
El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, un día que pone de relieve su labor, dignifica su figura y nos recuerda la necesidad de seguir desarrollando políticas que refuercen su posición en el ámbito laboral y
asegurando la plena igualdad entre hombres y mujeres rurales.
En esta línea, el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Mundo Rural, muestra el perfil que existe de la población rural en relación con el empleo, poniendo de manifiesto una
vulnerabilidad mayor en las mujeres rurales. Demuestra que las zonas rurales cuentan con menor tasa de inserción femenina. A todo esto, se le debe añadir que las personas con peores sueldos, son principalmente las mujeres. Un 77,4 % de personas
que ganan menos de 400 al mes son mujeres y un 55,6 % de personas ganan entre 401 y 600 son mujeres también.
En cuanto al tipo de trabajo que realizan las mujeres en el ámbito rural, según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 50 % de las mujeres trabajan en el sector de servicios, seguido del sector industrial (19,2 %)
y el sector agrario (18,8 %). En cuanto a las funciones a desempeñar en cada uno de estos sectores, las mujeres continúan realizando los trabajos tradicionalmente más feminizados, por ejemplo, dentro del sector industrial, el 72,3 % de las mujeres
se dedican a la rama textil y de confección. A pesar de tener condiciones menos favorables, las mujeres en el medio rural contribuyen de una manera muy importante al mercado laboral.
El Gobierno de España ha demostrado su concienciación impulsando subvenciones desde el ámbito estatal y la PAC hacia las mujeres del ámbito rural, demostrando, de nuevo, su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres.
Se debe seguir en esta línea, porque el futuro del medio rural pasa por la presencia y participación de las mujeres rurales en las decisiones que se toman sobre el mismo, pasa por su involucración en la actividad económica y el tejido
social, por su acceso a los eventos culturales, los servicios, la digitalización, todo ello en condiciones de igualdad real y efectiva.
Pasa también por el impulso de la agricultura familiar, que es fundamental para asegurar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, promover el relevo generacional con la incorporación de jóvenes, y visibilizar y valorar
el imprescindible papel de las mujeres en el ámbito rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reforzar las políticas públicas para que ampliar y hacer efectiva la titularidad compartida de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
2. Fomentar y respaldar la agricultura familiar en nuestro país, reconociéndola como un sector clave para el desarrollo socioeconómico y medioambiental del medio rural.
3. Apoyar las iniciativas que favorezcan el emprendimiento de las mujeres en el medio rural, fomentando y apoyando proyectos empresariales liderados por mujeres rurales en el sector agrícola, ganadero, pesquero, agroalimentario, artesanal y
otros.
4. Favorecer la cultura de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y combatir la brecha salarial en el medio rural.
5. Respetando el marco competencial vigente, asegurar la participación paritaria de las mujeres del medio rural en los órganos de decisión, negociación y representación.
6. Seguir impulsando subvenciones, ayudas y otros apoyos a las organizaciones y asociaciones de mujeres rurales en torno a los programas de alfabetización digital de las mujeres en el medio rural.
7. Continuar favoreciendo, de acuerdo con las gobernanzas específicas de cada comunidad, la red de participación y la interlocución en los territorios de las mujeres rurales.
8. Fomentar las actividades culturales que tengan como protagonistas a las mujeres rurales.
9. Avanzar en la lucha contra la violencia de género en el medio rural, desplegando mayor asistencia y apoyo, así como espacios de protección y asistencia para favorecer la recuperación y el desarrollo del proyecto vital de las víctimas y
sus hijas e hijos.
10. Seguir invirtiendo en los programas dirigidos a mujeres de mayor edad, para favorecer su participación social, el acceso a actividades relacionadas con la salud, las nuevas tecnologías y otras actuaciones encaminadas hacia el bienestar
social de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2024.-Patricia Otero Rodríguez, María Luisa Faneca López y Sergio Carlos Matos Castro, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/001292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley relativa a la industria cárnica, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El consumo exacerbado de carne y otros derivados animales procedentes de la ganadería industrial es una de las cuestiones alimentarias más importantes de nuestros tiempos. Su consumo en los países desarrollados ha alcanzado niveles
totalmente insostenibles.
En cuanto a su consumo en España, los datos varían según la fuente. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España comemos casi 50 kilos de carne por persona al año, mientras que la FAO, organismo dependiente de
Naciones Unidas, explica que esta cifra se eleva a los 100 kilos. En cualquier caso, este número está muy lejos de las recomendaciones de la OMS que debería ser de 21 kilos y supone el doble de lo que según la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aesan) se debe comer. De esta manera, España se convierte en el séptimo país del mundo y el primero de Europa en consumo de carne, según la FAO.
El sector ganadero tiene un alto impacto en el medio ambiente, incidiendo así en el cambio climático. La FAO estima que emite entre 7,1 y 8,1 gigatoneladas de CO2 al año, lo que representa el 14,5 % de todas las emisiones inducidas por el
ser humano. En España, las actividades ganaderas son responsables del 67 % de las emisiones del sector, y aumentaron en un 1,4 % en 2020, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre los gases emitidos se
encuentran el CO2, pero especialmente el metano y el óxido nitroso, dos gases de efecto invernadero mucho más potentes que el CO2. Estos gases provienen de las emisiones directas, pero también de las indirectas derivadas de un modelo de agricultura
dependiente del petróleo y de los plaguicidas y fertilizantes químicos que sustentan a la ganadería industrial.
En España, las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en 2022 aumentaron un 2 % respecto a las emisiones de 2021. Y el sector agroganadero fue responsable del 11,9 % del total. Este sector experimentó un ligero aumento de
las emisiones de GEI en comparación con el año anterior (+0,5 %). En particular, las prácticas ganaderas, responsables del 75,3 % de las emisiones de este sector, aumentaron ligeramente sus emisiones (un +0,9 %), debido principalmente al aumento
del número de cabezas en la ganadería industrial. El metano es el segundo gas que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, con un 14,4 % del total, sólo por detrás del dióxido de carbono.
Asimismo, un reciente informe de la organización ambientalista internacional Mighty Earth señala a España como una fuerza dominante en la producción de carne dentro de la UE-27, con una cuota de mercado del 18 % y una producción total de
7,55 millones de toneladas en 2023. La soja es hoy en día una materia prima imprescindible para responder a las necesidades de ganadería intensiva en España. La base de datos de las Naciones Unidas, Comtrade, señala que España importó en 2023 un
total de 5.049.168 toneladas de soja de las cuales el 72 % eran haba de soja, y el 27,6 % torta de soja. Brasil fue el mayor exportador de haba de soja a España (75 %), seguido por Estados Unidos(22 %).
El origen de la soja que se importa a España procede principalmente de dos biomas: la Amazonia y el Cerrado, que son zonas con alto riesgo de deforestación.
Los siete supermercados españoles más importantes (Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Grupo Dia y Aldi), a fecha de hoy, carecen de políticas robustas y planes de acción sólidos para acabar con la
deforestación y conversión
vinculada a sus cadenas de aprovisionamiento de soja directa o indirecta a través de la carne que comercializan. Aquellos que se han comprometido a paliar el problema no están tomando las medidas adecuadas, ni trabajándolas con sus
proveedores de carne. Las cuatro empresas cárnicas investigadas como proveedoras de la marca Carrefour (ElPozo, Campofrío, Vall Companys y Costa Food, todas ellas con facturaciones cercanas o superiores a los 2.000 millones de euros), se abastecen
de soja brasileña, principalmente, en las instalaciones de Bunge y Cargill en los puertos de Barcelona y Cartagena; estas dos multinacionales representan, por sí solas, el 65 % de la exposición de España al riesgo de deforestación en Brasil. El
informe señala que el puerto de Barcelona importó 1.370.821 toneladas de soja y el puerto de Cartagena 895.641 toneladas en 2022.
Dado el alto riesgo de que la soja importada por España proceda de deforestación o conversión de biomas como el Cerrado o la Amazonia, la conclusión de los y las expertas de la organización Mighty Earth es que la distribución alimentaria no
cuenta con la trazabilidad necesaria para garantizar carne libre de deforestación y conversión a través de la soja en la alimentación animal.
El Reglamento europeo de deforestación (EUDR) es la primera norma mundial por la que sólo se podrán importar o exportar desde la UE aquellos productos cuyo proveedor haya emitido una declaración de 'diligencia debida' que confirme que el
producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado la degradación de los bosques, incluidos los bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020. Los productos cubiertos por la nueva legislación son: ganado vacuno,
cacao, café, aceite de palma, caucho, soja y madera, incluidos los productos que contengan, se hayan alimentado o se hayan fabricado con estos productos (como cuero, chocolate y muebles). Las empresas también tendrán que verificar que estas
materias primas cumplen con la legislación nacional del país de producción, y algunos aspectos relativos a los derechos humanos reconocidos en el país, así como el consentimiento, libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.
La norma, aprobada el 31 de mayo, se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2024, salvo para las microempresas o pequeñas empresas que lo harán 6 meses después. Durante 2024, el Gobierno español trabajará en la Ley de lucha contra la
deforestación asociada a la comercialización de materias primas y sus productos. Esta ley adaptará las sanciones establecidas por el EUDR al ordenamiento jurídico nacional y garantizará su aplicación efectiva y homogénea en todo el territorio,
incluyendo medidas de coordinación y colaboración en todo el Estado y la designación de las autoridades competentes, según el régimen de competencias establecidos en la Constitución Española.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Aprobar, antes de finalizar el año, el anteproyecto de ley de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) de comercialización de productos libres de deforestación y del Reglamento (CE) nº 2173/2005 (FLEGT).
2. Garantizar la adecuada implementación del EUDR para su aplicación efectiva y rigurosa a partir del 30 de diciembre de 2024 y apoyar la ampliación del alcance del EUDR para incluir 'Otras tierras boscosas' y otros biomas amenazados.
3. Promover entre los sectores involucrados un acuerdo estatal en la lucha contra la deforestación importada, más allá de la legislación aplicable, instando a las cadenas de supermercados españolas y la industria cárnica a:
- Excluir de sus cadenas de suministro a los actores que contribuyan a la deforestación y destrucción de ecosistemas naturales como la Amazonia y el Cerrado.
- Cesar el abastecimiento directo e indirecto de soja a través de operadores y empresas de productos cárnicos que no cumplan con una fecha límite de deforestación de 2020.
- Desarrollar una política de productos a base de proteína vegetal para promover una dieta alternativa a las proteínas animales con objetivos definidos hasta el 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del Segundo Registro
para la flota pesquera, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La flota pesquera española está sufriendo una constante pérdida de unidades. Solo en el caso de la comunidad autónoma gallega, en la última década el número de barcos se redujo en un 7 %, con más de 300 embarcaciones que dejaron de tener
bandera española y base en algunos de los puertos gallegos, bien sea por exportación, pérdida por hundimiento o desguace.
A eso se suma la difícil tarea de encontrar tripulantes, cada vez más acuciada, o la constante caída del consumo de pescado, con un descenso del 38 % en la última década.
Como consecuencia, muchos armadores no ven otra salida que abandonar el sector y así las peticiones de paralizaciones definitivas se acumulan en la Secretaría General de Pesca.
Con el fin de frenar esta tendencia los armadores reclaman la creación de un registro especial para la flota de altura, análoga a la de los mercantes con la que podrían acceder a ventajas fiscales y sociales.
El Consejo de Ministros aprobó a finales de julio de 2024 el proyecto de Ley que reformará la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ley de Navegación Marítima.
La medida propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en principio, supondría actualizar las dos normas principales del derecho marítimo español, buscando supuestamente, proporcionar seguridad jurídica y mejorar la
competitividad de los puertos y las navieras españolas.
Entre los puntos para actualizar figura la reforma de los registros, incluido el Registro Especial de Canarias, creado en su momento para mejorar la competitividad de las navieras y que incluye esos incentivos fiscales y sociales.
La creación de un registro especial para la flota de altura supondría un revulsivo para la flota pesquera española que sufre las mismas penurias que la marina mercante, en especial la del sector del palangre de superficie, que en julio
alertó al unísono a través de FipBlues de no recordar 'una situación como la actual' en cuanto a la caída de consumos y de precios de sus especies objetivo, pescado espada y tiburón (tintorera y marrajo).
Esta reforma, estamos convencidos que ayudará a retener tripulantes o a acercar a nuevos trabajadores al sector pesquero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las medidas necesarias para que se pueda activar un mecanismo de Segundo Registro para la flota pesquera de bandera española que opera fuera de las aguas del caladero nacional,
para frenar la
pérdida de unidades, retener tripulantes y mejorar su competitividad afianzando las expectativas de futuro del sector pesquero español y la soberanía alimentaria que representa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch
Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para orientar las recomendaciones del
Gobierno en apoyo al consumo de pescado, especialmente en la población juvenil e infantil, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Habitualmente se achaca la reducción del consumo de pescado de los últimos años al aumento de precio, al recorte de los gastos y a los cambios de los hábitos cotidianos, con mayores horas fuera de casa y una vida urbanita a la carrera.
Según la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) el consumo de pescado se ha reducido un 30 % en los últimos 10 años y, al cierre del ejercicio 2023, se ha alcanzado el dato más bajo de volumen consumido en toda la serie histórica.
Sin embargo, según ha reclamado el propio sector pesquero, no existe una estrategia pública para promocionarlo con justificaciones sobradamente conocidas: es saludable, imprescindible para completar la dieta equilibrada, y que se trata de
un producto obtenido con sostenibilidad si garantizamos su trazabilidad y procedencia, forma parte de nuestro acervo cultural y gastronómico o tiene un trasfondo social y económico para muchas poblaciones de nuestro país.
Son múltiples las iniciativas que desde el sector pesquero se están llevando a cabo para que el Gobierno tome verdadera conciencia de los terribles problemas que el descenso del consumo de la ingesta de pescado tiene para el presente y el
futuro de la pesca.
Este grupo parlamentario se siente plenamente identificado con el sector en la defensa de la necesidad de abordar medidas que permitan incrementar la ingesta de pescado, medidas que debieran empezar porque el Gobierno cumpliese con el
mandato de esta Cámara reduciendo el IVA que se aplica a los productos del mar, incluso antes de la crisis inflacionista, y desarrollar acciones que incentiven el consumo de pescado, dirigidas sobre todo a la población infantil y juvenil.
El Gobierno lejos de tomarse en serio esta problemática parece empeñado en seguir el camino contrario al que sería deseable. La última de las propuestas en las que trabaja el Gobierno así lo confirma y vuelve a suponer un mazazo para un
sector, que no da crédito a las informaciones públicas, es que de que, desde Consumo, cuyas competencias se encuentran actualmente integradas en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se está trabajando en un Real decreto que
aconseja como pauta de alimentación en los colegios de una a tres raciones de pescado a la semana y una al mes si se trata de rebozados.
Consumo empezó a trabajar en esta medida al mismo tiempo que la Agencia Española Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitía un informe de su Comité Científico con un planteamiento completamente opuesto, ya que se recomendaba tres o más raciones
semanales.
La propuesta del Gobierno choca, igualmente, con los estándares de la OMS, por lo que no logramos entender porque el Gobierno se empecina en no buscar soluciones al descenso del consumo de pescado y toma el camino erróneo, en contra de
cualquier razón y del beneficio que para la población significaría aumentar la ingesta de pescado.
La educación alimentaria que proporcionemos a nuestros jóvenes forma parte de nuestro crecimiento como personas y creará hábitos que permanecerán en el futuro. Si ahora sacamos el pescado de su dieta habitual, muy seguramente se pierda el
consumidor del futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a oponerse a cualquier medida aplicable en los colegios que se aparte de las recomendaciones de la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria y Nutrición y se implique activamente en las
campañas que incentiven el consumo de pescado con especial incidencia en la población juvenil e infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch
Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/001268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa a potenciar medidas destinadas a garantizar el uso de las lenguas oficiales del
Estado en los servicios de las Delegaciones del Gobierno, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El artículo 3 de la Constitución Española reconoce que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, a la vez que establece que el castellano o
español es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.
Por otro lado, este mismo artículo indica que las demás lenguas españolas podrán también ser oficiales en las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Se trata de una previsión constitucional que se ha asumido en el
Estatuto del País Vasco, respecto del euskera; en Cataluña, respecto del catalán y del aranés; en Galicia, respecto de gallego; en la Comunidad Valenciana, respecto del valenciano; en
Navarra, respecto del euskera en la zona geográfica delimitada en la correspondiente Ley; y en Illes Balears, respecto de catalán.
Desde el momento en que la Constitución proclama esto en su artículo 3.3, el Estado español ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso en este sentido.
Destacar que la pluralidad lingüística y cultural forma parte de la identidad de España como nación y las Administraciones Públicas tienen el deber de respetar y de proteger las lenguas oficiales.
El reconocimiento de la existencia de lenguas cooficiales en España y su consiguiente protección y promoción por los poderes públicos no es un impedimento ni obstáculo a la igualdad: el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la
Ley recogido en el artículo 14 de la Constitución impide la discriminación por razón de nacimiento, raza, religión, etc. Es precisamente en la obligación de salvaguardar la igualdad que los poderes públicos deben garantizar el libre ejercicio de
los derechos, también lingüísticos, de los ciudadanos que viven en Comunidades con más de una lengua oficial, de tal manera que puedan libremente ejercer los derechos de opción lingüística en los términos previstos por el ordenamiento jurídico.
Tanto las Comunidades Autónomas como la Administración general del Estado desarrollan su actividad de acuerdo con las prescripciones de la Constitución, fomentando el respeto y protección de la pluralidad lingüística española y garantizando
los derechos de sus hablantes, y ello como un elemento generador de riqueza cultural, social y económica.
Además, España tiene asumidos compromisos internacionales en relación con la protección de las lenguas regionales y minoritarias mediante la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias hecha en Estrasburgo el 5
de noviembre de 1992 (instrumento de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de septiembre de 2001).
El Tribunal Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia que en los territorios dotados de un régimen de cooficialidad lingüística, ambas lenguas oficiales son de uso 'normal' y producen plenos efectos jurídicos: el uso por los
particulares de cualquier lengua oficial tiene plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la
Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía.
Es necesario seguir garantizando el uso de las lenguas oficiales del Estado, mediante la formación del personal que presta servicios en las Delegaciones del Gobierno, en aquellos territorios con lengua específica, así como focalizar y
centrar esfuerzos especialmente en los puestos de atención al público.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar medidas destinadas a garantizar el uso de las lenguas oficiales del Estado en los servicios de las Delegaciones del Gobierno, a través de:
- Seguir mejorando la formación del personal de las Delegaciones en aquellos territorios con lengua especifica.
- Seguir focalizando el esfuerzo en los puestos de atención al público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones en aquellos
municipios que sufren brecha digital, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
A lo largo de las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando programas para el avance digital, alineados con las agendas digitales europeas, que han servido de marco para impulsar un proceso de despliegue de
infraestructuras y desarrollo de un ecosistema empresarial y tecnológico en un ámbito clave para la productividad económica, la vertebración territorial y el progreso social. Así, se han puesto en marcha diversos programas como el Plan Inflo XXI,
el Programa España.es, el Plan Avanza y, por último, la Agenda Digital para España de febrero de 2013 que han permitido una aproximación estratégica a la nueva agenda digital.
Fruto de estos programas, España cuenta con una posición muy favorable para abordar el proceso de Transformación Digital del país, con una red de infraestructuras digitales de las mejores del mundo.
La situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas y también las carencias tanto desde el punto de vista económico como social y territorial.
Estos procesos han puesto sobre la mesa la necesidad de abordar urgentemente los retos pendientes para reforzar la vertebración social, territorial y ecológica de nuestro país, garantizando la accesibilidad del conjunto de la sociedad a las
oportunidades que proporciona la nueva economía digital.
El Gobierno de España ha querido afrontar este reto desde hace tiempo, y por ello está invirtiendo recursos como nunca antes se había hecho. Así, se han movilizado 2.600 millones de euros en el despliegue de redes de banda ancha fija, redes
por satélite y redes móviles, logrando cerrar la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, permitiendo que el 100 % de los ciudadanos tenga conectividad fija de banda ancha ultrarrápida (200 Mbps).
En este sentido, es relevante destacar que el programa UNICO Demanda Rural, a través del proyecto Conéctate 35 encargado a Hispasat, ofrece conexión de 200 Mbps por 35 euros al mes en aquellas zonas donde no hay oferta comercial disponible
de alta velocidad.
Además, adicionalmente a este programa, hay otros dos planes en marcha para ampliar la cobertura de las redes de fibra óptica y redes móviles 5G, que pueden tener un gran impacto en la mejora de la conectividad de los municipios de menos de
10.000 habitantes.
Con datos de 2023, el 90 % de los hogares y empresas de España ya tenía acceso a redes de banda ancha fija de al menos 100 Mbps (200 Mbps desde enero de 2024), siendo del 80 % en el ámbito rural. Estos datos consolidados suponen que la
conectividad en el ámbito rural ha pasado del 38 % de la población que representaba en el año 2018 a alcanzar el 90 % en 2024 gracias a las inversiones previstas y la inversión ya en marcha para el despliegue de la fibra.
El compromiso del Gobierno de España con la digitalización tanto del medio rural como urbano es claro y muestra de ello es que ha escalado dos puestos en el último índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) elaborado por la
Comisión Europea, situándose en la séptima posición de los 27 Estados miembros de la UE y consolidándose como el país de gran tamaño más digitalizado de la UE.
Igualmente, es necesario contar con la implicación y la colaboración de todas las administraciones públicas en este compromiso, facilitando el despliegue de todas las infraestructuras necesarias para garantizar una verdadera cohesión social
y territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir favoreciendo, en colaboración con las demás administraciones públicas, el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones en aquellos municipios que lo necesiten ofreciendo el
apoyo necesario para lograr que los beneficios de estas infraestructuras lleguen a toda la ciudadanía y garantizar con ello la cohesión social y territorial abordando así la lucha contra la brecha digital en las zonas más despobladas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2024.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reconocer y valorar el importante trabajo desempeñado por el Gobierno de
España en la gestión de los Fondos Next Generation en los municipios menores de 5.000 habitantes, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía y la vida social de los ciudadanos, especialmente en los municipios más pequeños y menos poblados. En respuesta a esta situación, el Presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez fue a Bruselas, trabajo, gestionó y consiguió que Unión Europea pusiera en marcha el plan de recuperación 'Next Generation EU', un instrumento temporal diseñado para impulsar la recuperación y resiliencia de nuestro país.
El Gobierno de España ha desempeñado un papel crucial en la gestión y distribución de estos fondos, asegurando que lleguen a todos los rincones del país, incluidos los municipios menores de 5.000 habitantes. Estos municipios, que
representan una parte importante del tejido social y cultural de España, han recibido apoyo para proyectos que fomentan la sostenibilidad, digitalización, empleo y cohesión social.
La gestión de los Fondos Next Generation por parte del Gobierno de España ha sido un esfuerzo destacadle que merece ser reconocido. Este trabajo ha sido esencial para impulsar la recuperación y resiliencia de los municipios menores de 5.000
habitantes, asegurando que las oportunidades de desarrollo lleguen a todos los rincones del país. Agradecemos y valoramos profundamente este compromiso, y animamos a continuar con estas iniciativas que son fundamentales para el bienestar y el
futuro de nuestros municipios más pequeños.
Con esta iniciativa se busca resaltar y agradecer el esfuerzo del Gobierno de España en la gestión de los Fondos Next Generation, poniendo en valor el impacto positivo que esta gestión ha tenido en los municipios más pequeños del país, así
como fomentar la continuidad de este esfuerzo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados,
1. Reconoce y valora el trabajo del Gobierno de España en la gestión de los Fondos Next Generation, destacando su esfuerzo por incluir y beneficiar a los municipios menores de 5.000 habitantes.
2. Agradece y reconoce públicamente a todas las entidades y personal involucrados en la planificación, gestión y ejecución de estos fondos, cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de proyectos en pequeños municipios.
3. Destaca los impactos positivos de los proyectos financiados por los Fondos Next Generation en los municipios menores de 5.000 habitantes, tales como la mejora de infraestructuras, promoción de la sostenibilidad, impulso de la
digitalización y creación de empleo.
Así mismo, insta al Gobierno a,
1. Fomentar la continuidad de este esfuerzo y seguir apoyando a los municipios pequeños en futuros programas y fondos de recuperación, asegurando una distribución equitativa y efectiva de los recursos.
2. Promover la comunicación y transparencia sobre los proyectos y avances logrados gracias a los Fondos Next Generation, facilitando el acceso a la información para todos los ciudadanos y fomentando su participación en las iniciativas
locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2024.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001252
A la Mesa del Congreso
Las Diputada de Podemos y Portavoz Adjunta del G.P Mixto, Doña Ione Belarra, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción del
Clúster del Maestrazgo, para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado martes, 23 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la construcción del conocido como Clúster Maestrazgo. Uno de los mayores parques eólicos de España, que supondrá la instalación de 125 aerogeneradores, con una potencia instalada
que ronda los 800 megavatios.
El proyecto consiste en 20 parques eólicos (en un inicio se plantearon 22), que se construirán en la provincia de Teruel. La gran mayoría en la Comarca del Maestrazgo (donde hay un geoparque mundial de la Unesco, con 67 Lugares de Interés
Geológico y dos entornos geológicos de Relevancia Internacional), aunque los molinos también hollarán la de Gúdar-Javalambre. Además, la infraestructura de evacuación llegará hasta Morella (en la provincia de Castellón).
La poligonal envolvente de los parques y sus infraestructuras de evacuación abarcan 71.500 hectáreas; sus extremos norte-sur distan unos 45 km y sus extremos este-oeste unos 30 km. La superficie total ocupada por los parques es de 340
hectáreas.
Durante la pasada legislatura, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, y la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, emitieron sendos informes negativos debido a que 'gran parte de
la actuación se ubica en una zona categorizada como de máximo riesgo (no recomendado) en relación a la instalación de energía eólica, para el valor del índice de sensibilidad ambiental, definido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico en relación a los proyectos eólicos y fotovoltaicos y su impacto sobre el medio natural (Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica. Sensibilidad ambiental y clasificación del
territorio, diciembre 2020, documento1memoria_tcm30-518028.pdf (mitecogob.gob.es). El propio MITERD define este índice como una 'herramienta que permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes ambientales
para la implantación de estos proyectos, mediante un modelo territorial que agrupe los principales factores ambientales'.
[...]
El área donde se ubicarán las actuaciones se corresponde con una zona relevante para la supervivencia de determinadas especies de fauna incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. [...] El propio Estudio de Impacto Ambiental
destaca, entre otras, la presencia en la zona afectada por el Clúster, de especias como el águila calzada, culebrera europea, alimoche común y buitre leonado. A ello se suma la cada vez más frecuente presencia de quebrantahuesos, no detectado en el
EsIA pero de presencia comprobada en base a los datos de radiomarcaje de ejemplares. Algunas de estas especies mantienen puntos de nidificación dentro o muy cerca de los recintos ocupados por las infraestructuras.
Además, el informe de la Dirección de Medio Natural y Gestión Forestal referido, destaca que 'además de la afección indirecta más que probable a los objetivos de conservación de la ZEPA Río Guadaope - Maestrazgo, la actuación afectará
directamente a los objetivos de conservación de los ZEC Muelas y Estrechos del río Guadalope, Rambla de las Truchas y Maestrazgo y Sierra de Gúdar. Tanto las obras como las instalaciones finales afectarán a hábitats de interés comunitario objeto de
protección de las figuras referidas, viéndose también afectadas especies objeto de conservación de los distintos espacios. [...] De forma indirecta se pueden ver afectados los objetivos de conservación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) Sierra de Gúdar (Decreto 233/1999)'.
Como consideración adicional que destaca el informe de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, cabe destacar que, según el Decreto 13/2021 del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación en
Aragón, y se aprueban los planes básicos de gestión y conservación de las Zonas de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, los espacios ZEC afectados directamente por la actuación
serían ES2420124 Muelas y Estrechos del Río Guadalope, ES2420125 Rambla de las Truchas y ES2420126 Maestrazgo y Sierra de Gúdar; y, en cuanto a espacios ZEPA, el ES0000306 Río Guadalope - Maestrazgo. 'El fuerte impacto sinérgico de la puesta en
marcha de un gran proyecto que engloba 22 parques eólicos sobre la comunidad faunística el entorno supondrá, por otra parte, una grave afección al mantenimiento del adecuado estado de conservación para los valores naturales que han llevado a la
designación de los espacios de la Red Natura 2000 ubicados en el entorno inmediato, y tanto en la Comunidad Autónoma de Aragón (los citados anteriormente), como en las más próximas de la Comunidad Valenciana'.
Por el contrario, sí hubo un informe positivo, emitido el 29 de junio de 2021 por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). En él destacan 'la contribución de la iniciativa al desarrollo y afianzamiento de la economía local y la
generación de empleo
resultante de la construcción de los parques eólicos', como los 'impactos positivos más relevantes'.
Cabe destacar, teniendo en cuenta el argumento esgrimido por el INAGA, que el clúster fue impulsado por Forestalia y ahora es propiedad del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
Asimismo, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece en el apartado 2. de su Artículo 21. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial y urbanística, así como en las
intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte, que 'Para garantizar que las nuevas instalaciones de producción energética a partir de las fuentes de energía renovable no producen un impacto severo
sobre la biodiversidad y otros valores naturales, se establecerá una zonificación que identifique zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros
valores ambientales. A tal fin el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará y actualizará periódicamente una herramienta cartográfica que refleje esa zonificación, y velará, en coordinación con las Comunidades
Autónomas, para que el despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, preferentemente, en emplazamientos con menor impacto'.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Dejar en suspenso los efectos de concesión de Utilidad Pública y la autorización de Construcción del Clúster del Maestrazgo.
2. Realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, evaluando todos los informes citados y no sólo los favorables, y primando exclusivamente los criterios de protección ambiental y la conservación de la Red Natura 2000, tal como exige la
Directiva Hábitats.
3. Desarrollar lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley de Cambio Climático, estableciendo una zonificación que identifique zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios
ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales, para que el despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, preferentemente, en emplazamientos con menor impacto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Programa Campus Rural, para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La despoblación se erige como uno de los desafíos más acuciantes que enfrenta España en la actualidad. Las estadísticas revelan una realidad preocupante: España experimenta un progresivo proceso de vaciamiento demográfico, con un éxodo de
población desde las zonas rurales y las ciudades del interior hacia las grandes ciudades que no cesa. Este fenómeno, que afecta a todas las provincias en distinta medida, acarrea
graves consecuencias como el debilitamiento del tejido económico local, el deterioro de los servicios públicos, el envejecimiento de la población, con el consiguiente incremento de la presión sobre los sistemas de asistencia social y
sanitario en un determinado territorio, y la pérdida de patrimonio cultural y natural.
Consciente de ello, desde 2018 el Gobierno viene dando forma a una agenda específicamente orientada a combatir la despoblación en sus múltiples facetas y causas. Y a pesar de la complejidad del fenómeno, los esfuerzos realizados comienzan a
traducirse en cambios en la tendencia demográfica de las áreas rurales y los pequeños municipios. Lo más significativo es la llegada de nuevos pobladores al medio rural, que ha recibido cerca de 300.000 personas desde 2018, destacando el hecho de
que tres de cada cuatro pequeños municipios están teniendo un saldo migratorio positivo y que los municipios de menos de 5000 habitantes han sumado más de 100.000 habitantes. Debemos ahora asegurar que las políticas en materia de reto demográfico
tengan un mayor impacto en el medio rural y en la cohesión territorial.
Abordar este desafío de manera efectiva requiere de un enfoque integral y multidimensional que involucre a todos los actores relevantes de la comunidad. Solo a través de una estrecha colaboración entre los distintos niveles de gestión,
junto a las comunidades locales, se podrá articular una estrategia eficaz que detenga y revierta la tendencia de la pérdida de población en las zonas rurales. La cooperación interadministrativa no solo optimiza el uso de los recursos disponibles,
sino que también permite compartir experiencias, buenas prácticas y conocimiento especializado, de modo que puedan diseñarse estrategias y acciones holísticas y apegadas a la particular idiosincrasia de cada territorio. Esta sinergia es esencial
para desarrollar soluciones innovadoras y adaptables a la diversidad territorial de España.
Al aunar esfuerzos, las administraciones públicas pueden mejorar la prestación de servicios públicos esenciales en las zonas rurales, promover el desarrollo económico local mediante la creación de oportunidades de empleo, el apoyo a las
pymes y el fomento del emprendimiento; incentivar la fijación de población joven mediante la oferta de vivienda asequible y oportunidades de ocio y cultura; y preservar el patrimonio cultural y natural de las zonas rurales, impulsando el turismo
sostenible. Y en esta imagen de cooperación a todos los niveles no puede faltar la participación activa de la sociedad civil. La colaboración con entidades locales, asociaciones de vecinos, agentes económicos y otros actores sociales es esencial
para garantizar que las políticas públicas respondan a las demandas y expectativas de la población afectada por la despoblación.
El programa Campus Rural, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y CRUE Universidades Españolas, ha demostrado que, a través de la
cooperación con el tejido socioeconómico local, es posible insuflar vida a nuestros pueblos. Campus Rural permite a los estudiantes de Grado o Máster de cualquier disciplina completar su formación con el desarrollo de prácticas académicas,
curriculares y extracurriculares, al tiempo que realizan una inmersión total en la vida cotidiana de núcleos rurales con menos de 5.000 habitantes durante varios meses. En 2023, 585 estudiantes pertenecientes á 39 centros universitarios fueron
acogidos en 400 localidades de menos de 5000 habitantes, gracias a la colaboración de más de 300 entidades participantes. Unas cifras que aumentan año a año y que en 2024 van a ser aún más altas hasta alcanzar los 750 alumnos de 42 universidades
diferentes.
Este programa demuestra año a año su éxito, sumando a universidades, ayuntamientos, cooperativas, pequeños empresarios, cámaras de comercio, etc. en un esfuerzo común para atraer jóvenes a las zonas rurales e impulsar la diversificación
económica de estas. Asimismo, el programa Campus Rural, al promover la inmersión en la vida diaria de los pueblos, ayuda a promover el conocimiento de su realidad entre nuestros jóvenes y una mejor comprensión de las necesidades de la España rural.
No en vano, el reciente Estudio sobre la 'Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural en el año 2023-2024' mostraba que el 93 % de los encuestados cree que la España urbana no reconoce el esfuerzo de la España rural.
Los más de 6.800 municipios rurales existentes en España muestran que todavía tenemos margen para que el programa Campus Rural pueda seguir creciendo, y aunque la demanda de los estudiantes y de las universidades no deja de crecer, es
importante redoblar esfuerzos para dar a conocer esta iniciativa. Escalar programas a nivel provincial, autonómico y nacional puede abrir la puerta al desarrollo de sinergias entre administraciones y con la sociedad civil, facilitar la conexión
entre iniciativas de emprendimiento innovador de diferentes territorios y el aprendizaje de experiencias de éxito.
La lucha contra la despoblación no es solo un desafío sino también una oportunidad para construir un futuro más sostenible e inclusivo para España. Unidas, las administraciones públicas pueden revitalizar las zonas rurales, generar nuevas
oportunidades para sus habitantes y garantizar un desarrollo equilibrado del territorio nacional. Solo a través del trabajo conjunto y coordinado de todos los niveles de la administración pública se podrá revertir este fenómeno y construir un
futuro próspero para las zonas rurales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Continuar impulsando el programa Campus Rural para lograr sumar al mismo a la totalidad de universidades públicas y privadas españolas, así como a los centros de formación profesional públicos y privados.
2. Promover mecanismos de cooperación institucional horizontal entre administraciones territoriales, universidades y tejido socioeconómico a través de la organización de foros de buenas prácticas, grupos de trabajo, ferias sectoriales u
otro tipo de iniciativas que favorezcan la comunicación directa entre las entidades participantes en el programa Campus Rural.
3. Colaborar con las administraciones territoriales competentes, así como con asociaciones empresariales, cámaras de comercio y comunidades locales, para promover el conocimiento de la iniciativa Campus Rural entre el conjunto de la
ciudadanía española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2024.-Luis Alfonso Rey de las Heras, Arnau Ramírez Carner, Isabel María Pérez Ortiz, María de las Nieves Ramírez Moreno y María Araceli Poblador Pacheco, Diputados.-Javier Alfonso
Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación del Mecanismo Rural de Garantía en la actividad regulatoria
y el desarrollo de políticas de las administraciones públicas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Constitución Española proclama en su art. 14 la igualdad de los españoles ante la ley, y señala en su art. 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Sin embargo, en ocasiones que la ley sea igual para todos no es una garantía de justicia. El tratamiento bajo un mismo prisma de situaciones diferentes puede entrañar en sí mismo una merma del principio de igualdad que la carta magna
contiene como garantía del desarrollo equitativo de nuestro país. Es el caso de la España rural.
Las iniciativas legislativas tienden a diseñarse a menudo desde un prisma común para todos aquellos que se verán vinculados por sus disposiciones. Pero una legislación puede ser lesiva al aplicarse en los territorios rurales y,
especialmente, en los poco poblados, al contemplar previsiones que no se ajustan a la realidad de la España rural o que imponen obligaciones de muy difícil cumplimiento en dichos entornos. Existe por ello la necesidad de ruralizar las leyes,
incorporando en su elaboración una perspectiva que tenga en cuenta las particularidades de los entornos rurales a la hora de legislar e implementar políticas públicas. Las áreas rurales presentan desafíos y necesidades únicas que requieren una
atención específica y diferenciada.
Este diagnóstico es compartido por numerosos países de nuestro entorno, motivo por el cual desde hace años en el seno de la Unión Europea se trabaja en lo que ha dado por denominarse 'rural proofing', o Mecanismo Rural de Garantía. Este
mecanismo parte de una idea muy clara: es absolutamente necesario evaluar el impacto que pueda tener en el medio rural las leyes o planes que aprueben los Estados miembro, en especial aquellos en los que el problema de la despoblación sea más
acuciante.
La implementación del rural proofing fue uno de los puntos fundamentales recogidos en la Declaración de Cork 2.0 en 2016. Veinte años después de la primera Conferencia europea sobre desarrollo rural celebrada en Cork en 1996, que sentó las
bases para la política comunitaria de desarrollo rural, la UE comenzaba a trabajar en la implementación de este necesario salto adelante en la gestión de políticas públicas.
En julio de 2023, la Comisión Europea publicó la 'Better Regulation Toolbox' que, desarrollando sus directrices para una mejor regulación en el seno de la UE, incluía el punto 'Territorial impacts'. En esta nueva directriz, la Comisión
Europea reconoce que el impacto de la legislación de la Unión puede ser diferente entre los diferentes niveles territoriales y sus administraciones. Por un lado, porque los impactos asociados a un problema suelen distribuirse de diferente forma en
las distintas partes del territorio; por otro, porque una opción de política pública puede llegar a actuar de forma desigual y producir impactos territoriales diversos (tanto en costes como en beneficios) en función de su lugar de aplicación. En
paralelo a los trabajos de impulso del Mecanismo de Garantía Rural por parte de la Comisión Europea en la implementación de sus propias políticas, cabe destacar el informe del grupo de trabajo que la European Network for rural development (ENRD)
creó en 2022 como forma de compartir experiencias entre los países más avanzados en la implantación del rural proofing y que dio lugar a un breve documento de trabajo que trata de sentar las líneas maestras a seguir.
Una evaluación correcta de la dimensión territorial del problema ayudará siempre a configurar opciones políticas bien orientadas; así como a evitar la aplicación de políticas en zonas en las que no es necesaria ninguna respuesta, o a
prevenir aspectos dañinos para el medio y la sociedad rurales de políticas de carácter general o sectorial, evitando con ello costes directos o indirectos. Dichas evaluaciones deberían incluir particularmente lo relativo a condiciones de vida,
servicios públicos esenciales, actividades económicas, infraestructuras y ordenación del territorio, todos ellos aspectos fundamentales de la vida en sociedad en cualquier lugar.
Instrumentos como el Mecanismo Rural de Garantía puede ofrecer esta clase de soluciones basadas en la evidencia que consideren potenciales impactos territoriales cuando haya indicios de que serán significativos, en particular zonas rurales o
con hándicaps geográficos o demográficos estructurales, incluida la insularidad. Gracias al Mecanismo Rural de Garantía las necesidades y especificidades de los distintos territorios pueden tenerse más en cuenta.
Debe destacarse que la creación de un mecanismo para la revisión de la legislación, las políticas sectoriales, sociales y económicas desde una sensibilidad rural ya está en la agenda del Gobierno progresista y de las Cortes Generales. Así,
la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración
General del Estado, en su disposición adicional sexta, contempla el impulso del Mecanismo Rural de Garantía, asegurando la participación de los actores interesados en su diseño y aplicación, para incorporar la evaluación de los efectos
territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas y elaborar una metodología de evaluación específica en este ámbito siguiendo las directrices europeas.
Debemos continuar y profundizar el camino iniciado para integrar una perspectiva rural en la legislación y las políticas públicas en España, tanto de la Administración General del Estado como de las diferentes administraciones territoriales,
dentro de un conjunto institucional de normas, directrices y buenas prácticas comunes que aseguren una evaluación que siga parámetros similares en aquellas políticas públicas que, por su configuración constitucional, deban ser objeto de desarrollo
por dichas administraciones.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el desarrollo y la implantación del Mecanismo Rural de Garantía para la incorporación de la evaluación de los efectos territoriales de las políticas públicas.
2. Elaborar una metodología de evaluación específica de dichos impactos territoriales que sea compartida por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y, en su caso, por sus homologas autonómicas, así como por otros organismos
evaluadores a nivel estatal.
3. Incorporar parámetros de perspectiva territorial al Sistema de Indicadores Comunes previsto en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.
4. Incorporar la perspectiva de impacto territorial en las Memorias de Análisis de Impacto Normativo previstas en la Ley 50/1997, del Gobierno, junto a los ya existentes parámetros de impacto económico, impacto por razón de género e impacto
por razón de cambio climático, tal y como ya están llevando a cabo algunas comunidades autónomas.
5. Implementar acciones de formación específica en las administraciones públicas para la evaluación del impacto sobre el medio rural de las políticas; de aprendizaje, intercambio e incorporación de buenas prácticas europeas e
internacionales; y todas aquellas otras actuaciones de introducción y consolidación de la perspectiva territorial en la actividad evaluadora del Estado que se consideren necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2024.-Luis Alfonso Rey de las Heras, Arnau Ramírez Carner, Isabel María Pérez Ortiz, María de las Nieves Ramírez Moreno y María Araceli Poblador Pacheco, Diputados.-Javier Alfonso
Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la interconexión y mejora de la
red de transporte y distribución de energía eléctrica para la integración renovable del norte de la provincia de Granada con la de Jaén, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Granada es, tras Sevilla y Cádiz, la provincia con más potencia eléctrica renovable instalada a 31 de diciembre de 2023 (1.268 MW, el 10,7 % del total andaluz, que
sumaba 11.810 MW renovables). Se caracteriza por tener un parque de producción de energía eléctrica basada en las energías renovables, que suponen el 90,2 % de la potencia eléctrica provincial.
El desarrollo de la tecnología termosolar ha sido muy importante en la provincia con una potencia de 150 MW que representa el 15 % del total de potencia termosolar de Andalucía. En 2008 se puso en funcionamiento la primera planta comercial
en el mundo con almacenamiento térmico.
Destaca también la hidráulica, ya que Granada cuenta con el mayor número de centrales hidroeléctricas, con una potencia total de 96MW, lo que supone el 15,4 % de la potencia hidroeléctrica sin bombeo de Andalucía y el 7,8 % del total
hidroeléctrico andaluz, incluyendo la turbinación con bombeo.
Según el estudio realizado por la Agencia Andaluza de la Energía, el potencial eléctrico renovable de la provincia asciende a 37.966 MW, un 21 % del potencial bruto eléctrico renovable identificado en Andalucía, siendo la cuarta provincia
andaluza con mayor potencial renovable, después de Sevilla.
Actualmente se encuentra en construcción el primer tramo (Caparacena-Baza) del eje de 400 km Caparacena - Baza - Antas, y se encuentra en tramitación su segundo tramo (Baza-Antas) que unirá las provincias de Granada y Almería, con la
construcción de la subestación Antas 400kV. Este eje eléctrico tiene como objetivo el refuerzo de la red de transporte en ambas provincias, además de incrementar la seguridad y calidad del suministro eléctrico en una zona tradicionalmente aislada y
considerada una de las menos malladas desde el punto de vista eléctrico de todo el país. También permitirá integrar en el sistema nueva generación renovable.
No obstante, ni en la vigente Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026, ni en las modificaciones puntuales que posibilitó el Real Decreto-ley 20/2022, ni en la nueva Planificación de la red de transporte de
energía eléctrica para el periodo 2025-2030 está contemplada la construcción de la línea 220kV que conecte con la línea eléctrica de 400kV Caparacena - Baza - La Ribina y dé cobertura a los municipios del norte de la Comarca de Baza y de la Comarca
de Huéscar llegando hasta Puebla de Don Fabrique, lo que supondrá continuar con el aislamiento eléctrico y, por ende, la imposibilidad de desarrollo en esta zona de proyectos empresariales que requieran de un mayor suministro eléctrico o la
implantación de manera sostenible de plantas de energías renovables que requieren de dicha infraestructura para la evacuación de energía generada.
Así, para garantizar que el aislamiento eléctrico de Granada se termine definitivamente y permita interconectar Granada con Jaén, se hace necesario igualmente incluir en la planificación de la red eléctrica de transporte la conexión y línea
Úbeda - Baza, de forma que se permita un mallado completo y una conexión e infraestructura eléctrica que permita no solo la integración de renovables sino también el acceso a la demanda tanto industrial como la mejora de la distribución.
Esta falta de planificación y de sensibilidad por parte del Gobierno de España hacia este territorio hace que lo condene al abismo, a la despoblación y al subdesarrollo de sus pueblos, además de privar a las familias y empresas asentadas en
la zona de un servicio de suministro eléctrico de calidad acorde al S. XXI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico:
1. Asegure la interconexión y mejora de la red de transporte de energía eléctrica e integración de la evacuación renovable del norte de la provincia de Granada con la de Jaén.
2. A los efectos anteriores, incluya en la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2025-2030:
a) La construcción de la línea 220 kV que conecte con la línea 400 kV Caparacena - Baza - La Ribina y se despliegue hasta el norte de la provincia de Granada llegando hasta Puebla de Don Fabrique dando cobertura a los municipios de las
Comarcas de Baza y Huáscar.
b) La construcción de la línea Úbeda - Baza.
3. Mejore los límites legales, la metodología de retribución y los incentivos a la inversión en distribución eléctrica, de manera que pueda desarrollarse la red de distribución que aproveche las construcciones de Alta Tensión del apartado
anterior para atender no sólo a la nueva generación renovable, sino también a la nueva demanda industrial de Granada y Jaén.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Juan Diego Requena Ruiz y María Torres Tejada, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los expedientes de renovación de
las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre en la costa de Cantabria, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Reglamento General de Costas de 2014 que la desarrolla, permitieron la concesión de prórrogas
extraordinarias de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre otorgadas antes de la Ley de Costas de 1988.
Desde la llegada al Gobierno de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha intentado paralizar la concesión de las prórrogas extraordinarias, primero a través de la ley de cambio climático y transición energética y,
después, con el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, de modificación del Reglamento General de Costas.
Como consecuencia de este planeamiento se llevaron a los tribunales algunas concesiones ya otorgadas. La importante Sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 6 de marzo del año 2023, que adquirió firmeza y, por tanto, sienta
jurisprudencia tras ser inadmitido el recurso de amparo interpuesto por la Abogacía del Estado, validó la prórroga de la concesión administrativa en dominio público marítimo-terrestre a favor de la papelera ENCE por un plazo de 60 años, por lo que
abrió la puerta para retomar los expedientes de prórroga existentes en la Demarcación de Costas en Cantabria y que, por decisión puramente política, se encuentran paralizados y no han querido ser renovados por el Ministerio de Transición Ecológica y
Reto Demográfico, provocando un tremendo perjuicio a los titulares de explotaciones ganaderas, pequeños talleres, conserveras, almacenes, etc... ubicados en determinados estuarios del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y cuya
continuidad, en el desarrollo de su actividad, no se encuentra asegurada.
En referida sentencia, el Tribunal Supremo ratifica la prórroga de la concesión, por lo que decae el argumento del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que siempre ha mantenido que la concesión administrativa en dominio
público marítimo-terrestre, en ningún caso, podrá superar los 75 años de vigencia, incluyendo el plazo original y todas sus prórrogas.
De conformidad con la doctrina del más alto tribunal español, es posible renovar las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre anteriores a la Ley General de Costas de 1988, con independencia del transcurso o no de
los 75 años que indica el Ministerio, siempre que se cumpla la finalidad de la concesión y los informes medioambientales sigan siendo favorables.
Por otra parte, debemos añadir que el Reglamento de Costas de 2022, motivo de múltiples recursos, fue anulado por el Tribunal Supremo por un defecto de forma en la tramitación.
Los pequeños negocios instalados en los estuarios o marismas de la Comunidad Autónoma de Cantabria desempeñan un papel crucial en el desarrollo social y económico de la región, por lo que, contando con informe medioambiental favorable, debe
avalarse su continuidad con prórrogas amplias de la concesión y no solo con prórrogas de cinco años, tal y como ha venido haciendo, en una interpretación absolutamente restrictiva del Ministerio dirigido por Doña Teresa Ribera y que no hace más que
incrementar la incertidumbre de los pequeños empresarios, al poner en peligro referidas actividades que constituyen un importante valor para la riqueza local, siendo completamente sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a terminar de resolver, de manera urgente, todos los Expedientes de Renovación de Concesiones Administrativas en Dominio Público Marítimo Terrestre anteriores a la ley de costas de 1988 que se
encuentren pendientes de resolución, según los criterios expresados por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de marzo del año 2023, de forma tal que se haga compatible la protección del medio ambiente y los valores naturales de la costa, con el
mantenimiento de usos y actividades socioeconómicas, dotando de seguridad jurídica a sus titulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Javier Noriega Gómez y Félix de las Cuevas Cortés, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de la infancia en las políticas de vivienda, para su debate en
la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y mandata a todos los poderes públicos en la obligación constitucional de dar contenido a dicho derecho. Todos
los expertos y agentes
sociales especializados en materia de vivienda, todas las fuerzas políticas y todas las Administraciones coinciden en que uno de los instrumentos más eficaces para caminar en esta dirección es el de la promoción de un parque de vivienda
social.
El crecimiento de los precios, la inexistencia de un parque suficiente de vivienda en alquiler, la baja inversión en protección social de la vivienda o la escasez de vivienda pública, especialmente en alquiler, ha supuesto que el acceso a
una vivienda se haya convertido en un bien cada menos accesible para una parte importante de la población de nuestro país.
Son muchos los colectivos de personas vulnerables que tienen muy difícil el acceso a una vivienda por este y otros motivos, es el caso de los niños, niñas y adolescentes, que son uno de los colectivos más vulnerables.
La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.
Según el último informe de UNICEF 'Yo también vivo aquí', la vivienda se está convirtiendo para los niños y niñas y sus familias en un factor importante de incremento de la pobreza infantil. La tasa de pobreza infantil en España es del 28,9
%, es decir 2,3 millones de niños y niñas viven en esta situación.
Los hogares con niños y niñas están sobrerrepresentados en el alquiler: los hogares con niños son el 33,5 % del total de hogares en España, pero el 59 % de los que están en alquiler. Si están por debajo del umbral de pobreza la
sobrerrepresentación se acentúa: los hogares con niños suponen el 72 % de todos los hogares en pobreza que están en alquiler en España.
Esta situación hace que la infancia sufra consecuencias por no poder ejercitar el derecho a una vivienda digna, tanto en su vida y la de sus familias, como en el ejercicio de otros derechos. La exclusión residencial tiene efectos sobre la
salud física y mental y la educación de niños y niñas, pero también en el acceso al ocio y actividades de tiempo libre aparte de los impactos que pueda tener en sus oportunidades de futuro.
El Gobierno de España se ha tomado muy en serio este problema desde la pasada legislatura, asumiendo el compromiso firme de buscar soluciones al problema de la vivienda apostando firmemente por las políticas públicas en beneficio de la
mayoría social y de los colectivos más vulnerables y apostando por que la vivienda se convierta en el quinto pilar del estado de bienestar.
Además de aprobar medidas coyunturales para dar respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia y de la guerra de Ucrania, se han aprobado instrumentos normativos como Plan Estatal de Vivienda o el Bono alquiler joven, que aportan
recursos para el pago del alquiler y benefician a jóvenes, pero también a personas, familias y unidades de convivencia con menores niveles de ingresos, o que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, ha asumido el
compromiso de habilitar más de 180.000 viviendas en los próximos años para que puedan ser ofrecidas en régimen de alquiler social o asequible.
Uno de los logros de la pasada legislatura fue la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda. Una ley pensada para garantizar el acceso a la vivienda e imponer su consecución como una obligación a los poderes
públicos. Una ley que supone un avance en el derecho a la vivienda de niños, niñas y adolescentes. Así se recoge la incorporación de la perspectiva de infancia en la norma, priorizando a las familias con hijos e hijas a cargo en el acceso a
vivienda protegida.
Pero queda mucho por avanzar y es primordial que el Gobierno y el resto de administraciones públicas sigan profundizando en estas políticas y apostando por medidas que contribuyan a proteger a los ciudadanos que se encuentran una situación
de mayor vulnerabilidad, poniendo especial atención a la infancia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a las administraciones competentes a poner en marcha políticas de vivienda que aumenten la visibilidad de los niños, niñas y adolescentes y que permitan garantizar el derecho de la infancia a una vivienda
digna con medidas como:
- Aumentar la visibilidad de los niños, niñas y adolescentes en las políticas de vivienda.
- Incrementar la relevancia de la infancia en políticas de vivienda prestando especial atención a los niños y niñas.
- Seguir impulsando el desarrollo y aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda en relación con la infancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Paula Fernández Pena, Víctor Camino Miñana, Gabriel
Cruz Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar la rectificación de las
declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y abordar con consenso el nuevo Plan Estatal de Vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, ha supuesto una reducción de la oferta del 36 % y un incremento de los precios del 13 %. Una norma que ha conseguido todo lo contrario de lo que había anunciado el Gobierno,
consecuencias de las que ya había advertido el Grupo Parlamentario Popular reiteradamente, tanto en el momento de su tramitación como posteriormente.
Estamos ante un fracaso anunciado, provocado entre otras cuestiones por la inseguridad jurídica y el intervencionismo de las políticas del Gobierno. Todo ello, además, vulnerando competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.
Y el Gobierno no solo se niega a reconocer esta situación y su fracaso, sino que chantajea a las Comunidades Autónomas, como hizo la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, el pasado 26 de septiembre de 2024, en sus declaraciones en RTVE
afirmando que condicionará la financiación estatal de las políticas de vivienda de las Comunidades Autónomas a que cumplan la Ley de Vivienda.
¿A qué se refería la ministra? Porque la Ley de Vivienda se cumple tanto si se declaran zonas de mercado tensionado como si no se declaran. La propia norma señala que ello es potestativo, no preceptivo, para las Comunidades Autónomas.
De hecho, de momento solo Cataluña ha solicitado dicha declaración, es decir, hay incluso Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE que no lo han hecho, no solo las gobernadas por el PP, porque saben que la Ley y la declaración de zonas
de mercado tensionado está destruyendo el mercado del alquiler.
Esta deriva autoritaria de la titular del Ministerio no soluciona los problemas de acceso a la vivienda que están teniendo los españoles y sigue en esa deriva del Gobierno de tomar decisiones de manera unilateral, sin consenso.
El 3 de octubre se celebra la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, donde el Ministerio va a abordar con las Comunidades Autónomas el próximo Plan Estatal de Vivienda. Es imprescindible que, para abordar el citado
nuevo Plan, se haga con consenso y sin autoritarismo ni imposiciones basadas en falsos apriorismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana a rectificar de manera inmediata sus declaraciones del pasado 26 de septiembre y a abordar con consenso todas las negociaciones del nuevo Plan Estatal de
Vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Alberto Fabra Part,
Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/001250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implicación de la juventud en la conservación de la cultura y patrimonio
en zonas rurales, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El patrimonio cultural de España es uno de los más amplios del mundo. Es el cuarto país con mayor número de bienes materiales e inmateriales reconocidos por la Unesco y cuenta con la consideración de la cultura como bien público esencial.
Este patrimonio tiene una importante representación en el entorno rural y está compuesto por bienes culturales (tangibles e intangibles) y el patrimonio natural de las zonas rurales. Estos incluyen, entre otros: las edificaciones que
conforman la arquitectura y hábitat, así como las técnicas, herramientas y conocimientos de los que proceden; los paisajes que las poblaciones rurales han moldeado a lo largo de los siglos; las diversas formas de expresión artística local, las
artesanías, tradiciones y productos.
Para millones de europeos, la cultura y el patrimonio vernáculos son un elemento esencial, un componente de nuestra identidad y definen nuestro hábitat y 'modo de vida'.
Sin embargo, existen amenazas muy reales que ponen en peligro y erosionan gradualmente esta inestimable riqueza, incluida la despoblación del campo, la irrazonable explotación de la tierra para lograr una mayor productividad y mayores
beneficios, el abandono y el olvido de las tradiciones y del saber hacer entre las nuevas generaciones, la contaminación y los efectos nocivos del cambio climático.
La Convención Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (la Convención Faro) propone un nuevo concepto de patrimonio
cultural en el que las personas y los valores humanos ocupan un lugar central; subraya el valor y el potencial del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida de las personas y defiende
el derecho de todas las personas a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección, respetando los derechos y libertades de los demás. Además, insiste en la necesidad de que toda la sociedad participe en el proceso de definición y
gestión del patrimonio cultural y destaca la importancia de la educación patrimonial para promover el diálogo entre culturas y religiones.
Siendo España un Estado tan rico en patrimonio y con un vasto territorio rural, se debería promover el desarrollo de una estrategia para la protección de la cultura y patrimonio rural, sobre la base de los principios del Convenio de Faro,
con el objetivo de integrar mejor esta cuestión en las políticas públicas: una estrategia holística que asocie y movilice a todos los actores interesados, diseñada para mejorar y difundir el conocimiento de la cultura y el patrimonio rural y
establecer las medidas necesarias y métodos de intervención para asegurar su conservación. Y esta estrategia en la zona rural requiere una implicación intergeneracional, para atraer a la juventud y hacerla partícipe de su herencia cultural e
involucrara los jóvenes en su difusión y conservación. Este objetivo, debe abordarse desde las edades más tempranas, desde los centros escolares, con una perspectiva de cercanía al contexto, a su patrimonio, a su cultura, a sus tradiciones e
historia. Y es que una singularidad que caracteriza una buena parte de nuestro sistema educativo es el modelo y organización en torno a la escuela rural. La escuela rural es un servicio esencial para las personas que viven en el entorno no urbano;
es un servicio básico para fijar población y fortalecer un vínculo con el territorio.
Pero este objetivo debe ir más allá de la escolarización obligatoria; debe lograr atraer a los jóvenes a establecerse en el territorio y fijar población. Porque una de las grandes apuestas de España es abordar la gestión sostenible de la
cultura como eje vertebrador del territorio.
La protección del patrimonio cultural es uno de los objetivos de esta comisión, más aun, teniendo en cuenta nuestra inmensa riqueza patrimonial dispersa por todo el territorio español. Precisamente, esta dispersión de nuestro patrimonio es
una de las grandezas de la España más rural, la España despoblada.
El patrimonio cultural en la zona rural y la escuela rural son dos maneras diferentes pero complementarias de fijar población, de poder conservar la cultura, el patrimonio, las tradiciones y el arraigo a los distintos territorios.
Sin embargo, y aunque la educación formal se centra más en los conocimientos teóricos, la educación no formal es más flexible, útil para promover las habilidades prácticas, por lo que puede ser más especializada y resultar más atractiva para
los jóvenes. Por tanto, ambos tipos de educación deben complementarse. Esta combinación permite abordar la educación desde diferentes perspectivas y estrategias.
Esta formación es esencial para un campo laboral, como es la promoción cultural, que tiende a extenderse y que genera nuevos puestos de trabajo. Además, es un elemento dinamizador de las zonas rurales ricas en patrimonio, ayudando a crear
nuevas actividades a través de sus vínculos con las instituciones. En resumen, la prevención y protección del patrimonio será una forma de desarrollo en las zonas rurales. Existen organizaciones y actores con experiencia en la promoción del
desarrollo rural que cuentan con recursos para ayudar a los jóvenes a emprender en este campo. Porque hoy en día, un número cada vez mayor de jóvenes que viven en zonas rurales de Europa se encuentran social y cívicamente marginados. Esto se debe
a varias razones, como el aislamiento geográfico, una creciente pobreza rural, el difícil acceso al empleo o los bajos niveles de participación en proyectos nacionales e internacionales.
El patrimonio cultural, sea material o inmaterial, es clave en la identidad de los territorios rurales y, sin embargo, corre el riesgo de desaparecer sin un esfuerzo por transmitirlo y 'recuperarlo' desde el punto de vista de los más
jóvenes. Sin embargo, este patrimonio representa un conducto legítimo para promover la ciudadanía europea activa, así como una fuente de empleo para jóvenes de diferente titulación académica.
Finalmente, entendemos que es necesario que los jóvenes del mundo rural partan de su propia realidad para lograr su implicación real y favorecer la intervención activa en su territorio, promoviendo la creación de asociaciones juveniles o
redes, hoy en día apenas existentes en estas zonas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar la cooperación transversal de los sectores de la cultura, el patrimonio, la educación y la juventud e impulsar un programa de promoción del patrimonio cultural en el ámbito rural
destinado a niños y jóvenes y que:
1. Continuar promoviendo el acercamiento y conocimiento del patrimonio cultural local en áreas rurales desde los centros educativos e institutos.
2. Fomente una estrategia holística que asocie y movilice a los actores interesados, diseñada para mejorar y difundir el conocimiento de la cultura y el patrimonio rural y establecer las medidas necesarias y métodos de intervención para
asegurar su conservación.
3. Impulse una red de defensa del patrimonio entre municipios rurales destinada a organizaciones o asociaciones juveniles.
4. Promueva la organización de eventos, talleres y proyectos para jóvenes con el objetivo de profundizar en el conocimiento y las posibilidades de sostenibilidad y de utilización de recursos modernos y desarrollados que las acciones locales
tienen sobre el patrimonio rural.
5. Fomente modelos de gobernanza participativa para involucrar especialmente a los jóvenes en el monitoreo y registro del patrimonio en riesgo (fotogrametría, inventarios digitales e iniciativas cartográficas) para crear conciencia y
recopilar conocimientos.
6. Impulse la figura de Asesor/a para la promoción del patrimonio cultural en zonas rurales, promoviendo la formación necesaria, formal o no formal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Roberto García Morís, Caridad Rives Arcayna, José Losada Fernández, Amador Marqués Atés, Marc Lamuà Estañol, Alberto Mayoral de Lamo, Josep Paré
Aregall, Isabel María Pérez Ortiz y Artemi Rallo Lombarte, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de la escritora Luisa Carnés y la divulgación de su obra,
para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Luisa Carnés está reconocida como una de las principales y mejores novelistas de Las Sinsombrero y de la Generación del 27. Su fallecimiento con tan solo 59 años, y del que se ha cumplido el 60° aniversario en 2024, truncó una muy prolífica
carrera como autora, parte de la cual tuvo que desarrollar exiliada en México.
La aportación literaria de Luisa Carnés ha sido olvidada hasta hace muy poco tiempo. La recuperación y la publicación de sus obras ha contribuido a visibilizarla dentro de un ámbito en el que predominan los varones. Cuando se piensa en la
Generación del 27, los grandes nombres que se mencionan y estudian son los de ellos, pero Carnés representa algo más que una excepción dentro de este grupo literario: además de reflejar la realidad española de su tiempo mediante su narrativa, fue
una defensora incansable por los derechos de las mujeres. Su obra Tea Rooms. Mujeres obreras (1934) refleja la situación de las mujeres trabajadoras, especialmente las jóvenes, haciendo hincapié en las diferencias de clase, la discriminación
machista y la doble carga de tareas a las que estaban sometidas en su vida laboral y doméstica. Carnés conocía perfectamente el mundo sobre el que escribía, pues ella misma trabajó como camarera y dependienta en un local similar al que se describe
en la novela. La lucha por la emancipación femenina es otra de las claves de esta obra, como lo fue también en la vida de la propia Carnés. Su adaptación al teatro y a la televisión en forma de serie diaria ha contribuido a que se haya extendido
el conocimiento de la obra y de su autora.
Carnés también destacó como periodista, particularmente desde finales de los años veinte y durante la Segunda República y la Guerra Civil. En sus artículos y crónicas destacó siempre una visión social.
La Guerra Civil forzó el exilio de la autora como el de tantos otros intelectuales republicanos de izquierdas. En México siguió dedicándose a la escritura y trabajando como periodista, además de mantener su activismo feminista.
El conjunto de la obra de Luisa Carnés ofrece una visión certera de la vida en España y México durante primera mitad del siglo XX. Es imprescindible seguir recuperando su memoria, sus escritos, sus novelas, relatos, artículos... para
darlos a conocer, pero también para reconocer la figura de una autora sobresaliente que ha pasado demasiado tiempo olvidada. Se trata de una referente indiscutible en el campo de la literatura y debe ser reconocida y tratada como tal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer a Luisa Carnés como una escritora referencial en la literatura española del siglo XX cuando se ha cumplido el 60° aniversario de su muerte.
2. Colaborar con administraciones y entidades en la difusión de su obra, especialmente mediante el Instituto Cervantes y las ferias del libro en las que participe España.
3. Estudiar la creación de un premio o distinción que lleve el nombre de Luisa Carnés y se dirija a reconocer la labor de mujeres periodistas y escritoras noveles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2024.-Marc Lamuà Estañol, José Losada Fernández, Roberto García Morís, Alberto Mayoral de Lamo, Josep Paré Aregall, Isabel Iniesta Egido, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez
Seijo, Isabel María Pérez Ortiz, Artemi Rallo Lombarte y Caridad Rives Arcayna, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Plan Director de las obras de consolidación y restauración de la Casa-
Hospital de San Millán en Torrelapaja (Zaragoza), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La denominada Casa-Hospital de San Millán, ubicada en la localidad de Torrelapaja (Zaragoza) fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón mediante Resolución de fecha 6/11/2001 (B.O. de Aragón de fecha 21/11/2001. Por
su rica historia y características constructivas, se trata de un ejemplar único y singular en toda la Comarca de Calatayud, en la Provincia de Zaragoza. Su construcción data del año 1544 para albergar a los peregrinos y devotos que acudían a
venerar las reliquias de San Millán conservadas en la contigua iglesia parroquial.
La casa pertenecía por igual a Berdejo y Torrelapaja, ya que hasta 1601 fueron un solo concejo. La regía una Junta compuesta por los párrocos, alcaldes y jurados de ambos lugares, y por su carácter religioso estaba sujeta a la jurisdicción
de los obispos diocesanos quienes controlaban su administración y daban normas para su gobierno. Tras las desamortizaciones del siglo XIX fue perdiendo su carácter religioso y quedó casi exclusivamente como hospital de beneficencia y, más tarde,
fue convertida en viviendas.
Según se señala por el propio Gobierno de Aragón en sus documentos sobre Patrimonio Histórico, 'se trata de una edificación civil construida en mampostería combinada con piedra sillar en los ángulos y la portada, abierta en arco de medio
punto y rematada por una imagen del santo cobijada por una hornacina'. La construcción es de estilo renacentista y consta de un patio central cuadrado en torno al cual se distribuyen várias estancias, transformadas con el paso del tiempo para
adaptarse a sus distintos usos, aunque originalmente fue la casa de beneficencia donde se acogía a los peregrinos que acudían a venerar las reliquias de San Millán, conservadas en la iglesia situada enfrente. En altura se observan tres pisos,
aunque el último realizado en ladrillo es fruto de una reforma posterior. Este es el único cerrado al patio, ya que los dos primeros se abren a él mediante arcos rebajados apoyados en columnas de piedra en el primer piso y de yeso en el segundo.
En la actualidad, el estado de conservación del edificio es muy deficiente, de modo que diversos medios de comunicación se han hecho eco de esta situación. Pese a todo, el conjunto tiene un indudable interés, al margen de su reconocido valor como
Bien de Interés Cultural.
A lo largo de los últimos años se han realizado pequeñas actuaciones para evitar la ruina definitiva del conjunto monumental. Así, la Diputación Provincial de Zaragoza llevó a cabo en el año 2014 trabajos de apuntalamiento del edificio y
reparación de parte del tejado, pero el deterioro del edificio sigue siendo considerable y el riesgo de desprendimientos es cada día mayor. Ante esta situación, se considera imprescindible impulsar aquellas actuaciones que permitan, a través de la
actuación coordinada de las diversas Administraciones Públicas con competencias en la materia, la redacción de un Plan Director de las actuaciones de consolidación y rehabilitación de la Casa-Hospital de San Millán en Torrelapaja (Zaragoza), para
evitar su deterioro, y ponerlo en valor como reclamo turístico.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a coadyuvar, junto a las diferentes administraciones competentes, a promover la consolidación y restauración de la Casa-Hospital de San Millán en Torrelapaja (Zaragoza).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2024.-Víctor Javier Ruiz de Diego, Diputado.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad
161/001312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la equidad en
el cribado de cáncer de mama en España, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Se estima que en 2024 haya 286.664 nuevos casos de cáncer en España, un 2,6 % más que en 2023, según recoge la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en su informe Las cifras del
cáncer en España 2024.
El cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado en mujeres en nuestro país. En 2024 habrá 36.395 casos más. En una década, de 115 casos por cada 100.000 mujeres se ha pasado a 130. También es el tumor con mayor mortalidad en
términos absolutos, con más de 6.677 mujeres fallecidas en 2022.
Los programas de cribado de cáncer de mama, en marcha en España desde la década de los 90, han logrado mejoras notables en la detección temprana y las tasas de supervivencia. Han llegado a reducir hasta un 20 % la tasa de mortalidad por
dicha enfermedad, tal como se recoge en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobada en 2021.
Se han hecho grandes esfuerzos logísticos y profesionales para asegurar una cobertura de estos programas de detección precoz, cada vez más cercana al 100 % de la población diana, en todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.). Se trata del
programa de cribado más extendido y asentado.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado cierto retroceso, debido a la paralización que supuso la pandemia de COVID-19, los retrasos acumulados desde entonces, las pruebas oportunistas y la falta de infraestructuras y profesionales
para atender todas las necesidades. Todo ello, además, ha alimentado una dificultad que venía arrastrando desde un inicio, la inequidad existente entre CC.AA. tanto en el acceso al propio programa como en la atención asistencial posterior.
De la mano de la Alianza por la detección temprana del cáncer en mujeres, formada por expertos y pacientes de sociedades científicas como la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de
la Mama (SEDIM), y de asociaciones de pacientes como el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), se invita a prestar atención a las consecuencias que esta inequidad supone, a considerar sus principales causas y a homogeneizar la práctica
clínica en base a la evidencia.
Dicha Alianza está liderando encuentros con las autoridades sanitarias a nivel nacional y autonómico, así como organizando foros y encuentros informativos, con el fin de transmitir la importancia de estos programas y de implementar las
recomendaciones para mejorar la detección precoz del cáncer.
Además de la sostenibilidad del propio programa de cribado, resulta de gran importancia el cumplimiento y mantenimiento de unos criterios de calidad. Por ejemplo, asegurar el sistema de doble lectura de las mamografías, abordar la escasez
de radiólogos o estudiar la introducción de innovaciones tecnológicas.
Para poder abordar esta cuestión, todas las CC.AA., a cargo de su programa de cribado, deben comprometerse a recopilar los datos (método de cribado, tasa de cobertura, de participación o de resultados positivos y negativos), medirlos de
forma homogénea, analizarlos y compartirlos. Es imprescindible para saber dónde estamos y dónde podemos mejorar.
La concienciación sobre el cáncer influye en el acceso a programas de detección y diagnóstico temprano, tal como nos recuerda la OECD en Beating Cáncer Inequalities in the EU 2024.
En este sentido, los grupos socioeconómicos más bajos en España tienen una menor concienciación sobre el cáncer, reconocen menos síntomas de esta enfermedad y, en consecuencia, tardan más en buscar ayuda. En este sentido, pese a los avances
en mejorar la cobertura del programa de cribado de cáncer de mama, la participación resulta todavía un reto y cuenta con grandes variaciones entre CC.AA., desde aquellas cercanas al 50 % hasta unas pocas que superan el 80 %, quedando lejos la media
de 70 % que marca como objetivo la Estrategia en Cáncer del SNS.
Otra cuestión heterogénea entre CC.AA. resulta la población diana a la que se dirige el programa de cribado. Las recomendaciones europeas, publicadas en noviembre de 2022, promueven que la recomendación actual, de 50 a 69 años, se amplíe
de los 45 a los 74 años. Sin embargo, solo algunas CC.AA. lo han aplicado y no se ha promovido a nivel nacional un criterio común para que no se ahonde en la inequidad.
Por otro lado, las CC.AA. se encuentran actualmente inmersas en un proceso de implantación progresiva del programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix, tras su inclusión en la cartera común de servicios del SNS en 2019. Se trata de
un cáncer prevenible, pero las mujeres siguen muriendo a causa de él. Más de 655 en España en 2022, según los datos de la REDECAN y la SEOM. Y se diagnosticarán más de 2.250 durante 2024.
La puesta en marcha de este nuevo cribado poblacional puede ser una oportunidad para aprender de las buenas prácticas llevadas a cabo en programas de detección precoz más asentados y asegurar, desde un inicio, que se contribuya a la equidad
de acceso entre regiones. Es ya observable como, en algunas CC.AA., este programa lleva activo algunos 3 años mientras, en otras regiones, aún no se ha puesto en marcha o solo se ha llevado a cabo una prueba piloto. Es imprescindible informar y
educar a las mujeres sobre la prueba, su impacto emocional, así como las ventajas y desventajas de realizarlo mediante un profesional de la salud o a través del método de autotoma.
El Ministerio de Sanidad debe marcar las líneas generales de actuación, velar por ellas y promover la recogida de datos comunes, mientras que las CC.AA. tienen la tarea de implementarlo, mantenerlo y monitorizarlo con los criterios de
calidad requeridos. Solo así podremos asegurar una gestión eficiente y seguir salvando vidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración y consenso con las Comunidades Autónomas, las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas, a:
1. Asegurar el cumplimiento y mantenimiento de los criterios de calidad y equidad entre Comunidades Autónomas en el acceso al programa de cribado de cáncer de mama, que desplegado de forma organizada y eficiente ha demostrado que aporta la
disminución de la mortalidad en las mujeres.
2. Promover la homogeneización de la práctica clínica en los programas de cribado de cáncer de mama y basar en evidencia científica cualquier discusión o cambio en dichos programas, de la mano de sociedades científicas y asociaciones de
pacientes.
3. Liderar que las Comunidades Autónomas homogeneicen la recogida y el tratamiento de datos comunes relativos al programa de cribado de cáncer de mama, para poder tener actualizada la situación de nuestro país en este aspecto.
4. Fomentar la participación en el programa de cribado de cáncer de mama, mediante campañas de concienciación, así como el análisis de las causas que llevan a las mujeres a no participar, para mejorar la información transmitida, la
accesibilidad y la gestión de sus expectativas.
5. Garantizar la superación de las necesidades en infraestructuras, profesionales sanitarios e innovaciones tecnológicas, como la Inteligencia Artificial o la 'tomosíntesis'
mamaria, o 'mamografía 3D', para mejorar la eficiencia del programa de cribado de cáncer de mama.
6. Impulsar el despliegue del nuevo cribado poblacional de cáncer de cérvix en todas las Comunidades Autónomas, siguiendo los criterios de calidad, equidad y sostenibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención, el
diagnóstico precoz y el abordaje asistencial temprano e integral del cáncer de mama en España, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El cáncer representa, en todas sus variables y junto con las enfermedades cardiovasculares y las patologías neurodegenerativas, una de las principales causas de mortalidad, morbilidad y pérdida de bienestar y de calidad de vida en nuestra
sociedad.
Junto con el envejecimiento progresivo de los ciudadanos y los condicionantes genéticos, la exposición a factores de riesgo como el tabaco, las bebidas alcohólicas, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo... siguen suponiendo las
causas principales de padecer cáncer.
En su informe 'Las cifras del cáncer en 2024', la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) contempla datos provenientes de la International Agency for Research on Cáncer, según los cuales 'en 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1
millones de casos nuevos en el mundo' y en 2040 'el número de nuevos diagnósticos aumentará a 28 millones de casos nuevos al año'.
Entre los tumores diagnosticados con mayor frecuencia a nivel mundial según la propia SEOM, destacan los de mama con 2,26 millones de casos, seguidos por los de pulmón con 2,2 millones, colon y recto con 1,9 millones, próstata con 1,4
millones y estómago con 1,1 millones.
Ya en España, y tomando de igual modo la información facilitada desde la citada SEOM, se estima que cuando haya concluido el año se habrán diagnosticado en total 286.664 casos nuevos, correspondiendo principalmente a tumores de colon y recto
(44.294 nuevos casos), mama (36.395) y próstata (30.316).
En hombres, los diagnósticos más frecuentes serán los de próstata, colon y recto y pulmón, mientras que en mujeres tendrán mayor impacto los tumores de mama, colon y recto y pulmón.
Es en este marco en el que cada 19 de octubre se celebra anualmente el 'Día Mundial del Cáncer de Mama', que, como se plantea desde la Organización Mundial de la Salud, es diagnosticado a nivel mundial cada 30 segundos, es el tumor maligno
más frecuente en la mujer tanto a nivel mundial como europeo y en los países occidentales, y afectará a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida.
Según la información ofrecida desde el Centro Nacional de Epidemiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, el cáncer de mama es el tipo de cáncer que mayor número de defunciones provoca entre las mujeres en nuestro país,
concretamente 6.658 en el año 2022. No obstante, y de acuerdo con la 'Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud', cuya última actualización fue aprobada por el Consejo Interterritorial del propio Sistema Nacional de Salud en febrero de
2021, España presenta una tasa inferior a la media de la UE-27 en cuanto a los tumores de mama con respecto a la media
europea (123,5 casos por 100.000 mujeres y año frente a los 142,8 casos de media en la Unión), con una tendencia descendente desde 1992 -'bajada media anual del 1,3 % entre 2009 y 2018'- y con tasas de supervivencia neta a cinco años del
85,5 %.
Por todo lo anterior, y tomando en consideración las reivindicaciones planteadas desde las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a materializar con inmediatez, y desde la total convergencia con lo dispuesto en el 'Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer', cuantas medidas sean necesarias para mejorar la prevención del
cáncer de mama en España, así como su diagnóstico precoz y un abordaje asistencial temprano, integral, multidisciplinar, humanizado y personalizado/de precisión en condiciones de calidad, equidad y seguridad en todo el país.
El Gobierno consensuará las inversiones y las medidas que impulse para ampliar las prestaciones y los servicios existentes con las Comunidades Autónomas y los coordinará con los representantes de los pacientes y de los profesionales
sanitarios, dando prioridad a la consecución de avances desde la l+D+i para agilizar tanto como sea posible el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas y tecnológicas.
Además, el Gobierno liderará las acciones necesarias para desarrollar la atención social, psicológica y de acompañamiento tanto para los pacientes con cáncer de mama como para sus familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al aumento de la
supervivencia y la mejora del bienestar y la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama metastásico, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La 'Sociedad Española de Oncología Médica' (SEOM) ofrece en su informe 'Las cifras del cáncer en 2024' datos provenientes de la 'International Agency for Research on Cáncer' según los cuales entre los tumores diagnosticados con mayor
frecuencia en la actualidad a nivel mundial destacan los de mama con 2,26 millones de casos.
Ya en España, la citada SEOM estima que cuando haya concluido el presente año se habrán diagnosticado en total 36.395 casos nuevos de cáncer de mama, que será el que mayor impacto tendrá en mujeres -aunque también afecta a los hombres- y que
únicamente será superado en términos de incidencia poblacional por los tumores de colon y recto (44.294 nuevos casos).
Se trata de una estimación alineada con las realizadas desde entidades como la 'Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología', la 'Asociación Española Contra el Cáncer' y, entre otras, la 'Asociación Española de Cáncer de Mama
Metastásico', que cuantifica en una de cada ocho las mujeres que padecerán cáncer de mama a lo largo de su vida.
La misma 'Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico' explica que la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años del diagnóstico se sitúa en torno al 80 %, aunque también que 'entre un 5 y un 6 % en el [mismo] momento de
diagnóstico y alrededor del 20-30 % de las pacientes desarrollará con el tiempo cáncer de mama metastásico, incluso transcurridos años después de haber terminado el tratamiento'.
El referido cáncer de mama metastásico afecta a mujeres con una edad media de 56 años, conlleva la extensión de la enfermedad a otras partes del cuerpo -en mayor medida los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro- y reduce al 25 % la
mencionada supervivencia a 5 años de las pacientes.
Desde ámbitos como la genómica y la biología molecular, en los últimos años se han producido avances considerables en variables concretas como la identificación de la patología, la precisión de factores pronósticos y la consecución de
mejores dianas terapéuticas.
No obstante, a pesar de dichas mejoras y de los numerosos ensayos clínicos desarrollados, el cáncer de mama metastásico sigue siendo incurable en la actualidad.
Ante este hecho, desde la referida 'Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico' consideran imprescindible agilizar la materialización de nuevos progresos relacionados con la oncología personalizada y de precisión que posibiliten el
ajuste individualizado y adaptado de los tratamientos a las características genómicas de cada paciente y cada tumor, y que deriven en una supervivencia más elevada y en un bienestar y una calidad de vida mayores.
También ven esencial que se dé mayor prioridad a la l+D+i, que se produzcan mejoras relacionadas con la nutrición, el cuidado personal, el ejercicio físico o el apoyo psicológico y social puesto a disposición tanto de las pacientes como de
sus familias, y que se incremente y agilice en nuestro país la financiación pública de las innovaciones terapéuticas -especialmente si han sido validadas desde la Agencia Europea de Medicamentos-, así como su puesta a disposición efectiva para las
propias pacientes.
Por todo ello, en consonancia con lo dispuesto en el 'Plan Europeo del Lucha contra el Cáncer', en el marco de actuación que establezca la próxima 'Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud', y en el contexto del Día Mundial del
Cáncer de Mama Metastásico que se celebra anualmente cada 13 de octubre, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a la práctica cuantas medidas sean necesarias para incrementar la supervivencia y mejorar el bienestar y la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama metastásico.
Desde la inversión de todos los recursos que se requieran, el consenso con las Comunidades Autónomas y la coordinación con los representantes de los pacientes, de los profesionales sanitarios, de la industria farmacéutica y de las empresas
de biotecnología y tecnología sanitaria, el Gobierno priorizará la consecución de avances en términos de l+D+i, diagnóstico precoz y tratamiento temprano, integral y personalizado que incluya el apoyo social y psicológico a las pacientes y sus
familias, y que agilice la financiación pública de innovaciones terapéuticas y su puesta a disposición en todo el Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a favorecer la formación
universitaria online reduciendo la presencialidad, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas impide de facto a la mayoría de universidades españolas ofrecer el Máster del Profesorado Online (antiguo CAP) u otros títulos habilitantes al establecer en su apartado 5 que
'...con carácter general, han de ser presenciales, al menos, en el 80 % de los créditos totales del Máster, incluido necesariamente el Practicum. Las Universidades que por su especificidad diseñan, programan y desarrollan las enseñanzas
exclusivamente a distancia, han de garantizar que el Practicum tenga carácter presencial. El Practicum se realizará en colaboración con las instituciones educativas establecidas mediante convenios entre Universidades y Administraciones Educativas.
Las instituciones educativas participantes en la realización del Practicum habrán de estar reconocidas como centros de prácticas, así como los tutores encargados de la orientación y tutela de los estudiantes'.
La demanda para el citado máster viene desbordando en los últimos años la oferta de nuestras universidades a lo que se debe añadir además las reiteradas peticiones de colectivos de alumnos y profesores de cambios en el mismo. Un estudio de
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU) sobre la satisfacción de los estudiantes con este máster indicó en 2021 que 'la satisfacción global con el MUPF se sitúa dos puntos por debajo de la alcanzada por los másters de
Ciencias Sociales y del Sistema Universitario', según la opinión de los egresados entre 2017 y 2019.
Según el Informe Especial 'Formación a Distancia' elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el sector de la educación a distancia en España registró una facturación de 2.465 millones de euros en el año 2022, lo que supone un
incremento del 10,3 % respecto al año anterior. Este notable crecimiento, que se suma al 12,1 % de 2021 se debe al incremento de la demanda de formación online por parte de los particulares y las empresas, favorecido por la situación de pandemia y
el proceso de digitalización que se ha acelerado en los últimos tiempos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de
las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas reduciendo los criterios de presencialidad, adaptando de esta forma la oferta a la demanda y facilitando el acceso a los
mismos de un mayor número de estudiantes garantizando la calidad de la formación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Pedro Navarro López, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar la posición de España en el próximo Programa Marco de Investigación e
Innovación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La inversión en l+D+l es el mejor instrumento que tenemos como sociedad para promover el progreso, impulsar el crecimiento económico y la competitividad, generar empleos de calidad y mejorar el bienestar social, permitiendo, además, poder
hacer frente a los desafíos globales presentes y futuros. Y es que, durante estos últimos años, hemos podido comprobar cómo la Ciencia ha sido la única respuesta para afrontar situaciones como una pandemia, la erupción de un volcán, crisis
energéticas o incluso para anticiparnos a aquellas posibles consecuencias del cambio climático mediante soluciones tecnológicas transformadoras.
Nuestro país tiene un alto compromiso con seguir mejorando los recursos que se destinan a la l+D+l y de seguir promoviendo la colaboración entre administraciones públicas, empresas y ciudadanía. Debemos aspirar a crear un entorno favorable
fortaleciendo nuestra ciencia y tecnología, así como fomentar la innovación.
Por parte del Gobierno de España, desde la llegada de Pedro Sánchez, el presupuesto destinado a la l+D+l y Digitalización no ha hecho más que crecer, siendo el último el mayor de su historia con una dotación de 16.328M. Un presupuesto muy
superior al de los últimos años de gobierno del Partido Popular que, recordemos, recortó el presupuesto en l+D+l entre los años 2011 y 2013 un 34 % respecto a la anterior etapa socialista. Esto no hizo más que mermar los derechos y oportunidades de
nuestros investigadores e investigadoras, limitar el desarrollo tecnológico y provocar una pérdida de competitividad, lo que afectó a nuestra economía y bienestar social.
Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha distintas medidas que están contribuyendo a que nuestro país esté atravesando una etapa muy favorable para la l+D+l. Se han mejorado las condiciones del
personal investigador, técnico y de gestión a través de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; reforzado los programas de formación; puesto a disposición de sectores estratégicos las ayudas de los fondos Next Generation EU;
aprobado un Plan de Atracción y Retención de Talento, así como un Plan de Transferencia y Colaboración; impulsado iniciativas para promover la igualdad; y aprobados Planes Complementarios con las comunidades autónomas, entre otros.
Por todo ello, hoy nuestro país se encuentra una situación más favorable respecto a aquellos años perdidos del Partido Popular. Según la Estadística sobre actividades de l+D del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en l+D
interna aumentó un 12,0 % en 2022 y alcanzó los 19.325 millones de euros, el 1,44 % del PIB. Además, estamos atrayendo talento investigador y técnico a nuestro país, corrigiendo la fuga de cerebros de años anteriores. Las últimas Encuestas de
Población Activa (EPA) muestran un fuerte crecimiento del empleo en sectores de alto valor añadido, como la ciencia o la innovación. Además, hemos mejorado nuestro perfil innovador tal y como señala el último European Innovation Scoreboard, que
publica anualmente la Comisión Europea, aumentando nuestro índice en 9,4 puntos respecto a 2017. En definitiva, nuestro país está logrando revertir años de ausencia de políticas, de retroceso en la inversión y pérdida de derechos de nuestro
personal científico e innovador.
Ello también está siendo posible gracias a los instrumentos de financiación de iniciativas y proyectos de investigación puestos en marcha a nivel europeo como es Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea (UE). Siendo el actual para el período 2021-2027. Este tiene como objetivo general 'alcanzar un impacto científico,
tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en /+/, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la competitividad de todos los Estados Miembros (EEMM)'. Diseñado con una estructura basada
en tres pilares: Ciencia Excelente; Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea; y Europa Innovadora, está permitiendo desarrollar todo el potencial de investigación e innovación en la UE.
Recientemente, en mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de conclusiones como consecuencia de la evaluación de Horizonte 2020 realizada en el mes de enero. El éxito del programa se refleja en los 35.000 proyectos
financiados en diferentes ámbitos donde han participado alrededor de 40.000 organizaciones y que ha tenido una gran repercusión científica, social y económica. No obstante, el Programa es mejorable y señala, también, la necesidad de avanzar en la
mejora de la participación de la ciudadanía, la reducción de cargas administrativas y en una mejor transferencia de resultados, así como la optimización de su seguimiento. Unas conclusiones que, según expone el propio Consejo, permitirá preparar el
futuro 10.º Programa Marco de Investigación e Innovación 2028-2034.
Una propuesta de Programa que tiene prevista su presentación por parte de la Comisión en 2025 y que, posteriormente, requerirá de la negociación entre los Estados Miembros para su futura aprobación y puesta en marcha en 2028. En este
sentido, nuestro país ha de liderar que el 10PM sea ambicioso, cuente con una financiación superior al actual programa y promueva objetivos claros que impulsen la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en la Unión como pilares
básicos de nuestra competitividad y soberanía en los próximos años y la mejora del Estado de Bienestar.
Por todo ello y con el ánimo de que nuestro país y el conjunto de la Unión Europea pueda seguir avanzando hacia un futuro próspero y sostenible, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la posición de España en la preparación del futuro 10.º Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (2028-2034) con el ánimo de poder desarrollar todo nuestro potencial nacional de investigación e innovación
y que este sirva como instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas necesarias para impulsar la generación de conocimiento y su transferencia, el desarrollo tecnológico, la innovación y el crecimiento sostenido y sostenible en sectores
estratégicos.
2. Defender, en la Unión Europea, un incremento significativo del presupuesto de l+D+l dentro del siguiente Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 para que el próximo Programa Marco sea el de mayor presupuesto hasta la fecha y siga
aportando significativos beneficios en los ámbitos económico, social y científico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2024.-Andreu Martín Martínez, Isabel Iniesta Egido, Luisa Sanz Martínez, Obdulia Taboadela Álvarez, Arnau Ramírez Carner, Roberto García Moris, Víctor Camino Miñana, María Luisa
García Gurrutxaga, Marta Gracia Blanco, Jesús Mayoral Pérez e Isabel María Pérez Ortiz, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, al amparo del vigente reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación y mejora de la carrera profesional del personal técnico y
de gestión de los
Organismos Públicos de Investigación (OPIs), para su inclusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El 12 de marzo de 2024 (161/000396), fue aprobada por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades una Proposición No de Ley instando al gobierno a diseñar una carrera profesional en el plazo de seis meses.
En esa misma proposición no de Ley se aprobó garantizar la participación efectiva del personal técnico y de gestión en la gobernanza de los Organismos Públicos de Investigación, asegurando su representación en los órganos de decisión y en la
formulación de políticas institucionales. Además, se aprobaron otras medidas orientadas a la eliminación del trato injusto y desigual con motivo de la adscripción por escala, entre personas de similares, iguales o superiores credenciales y grados
académicos, así como similar, igual o superior grado de responsabilidad.
El necesario reconocimiento al mérito de todo el personal de investigación, como ya tiene una parte de este colectivo, es mucho más que un compromiso de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2022 y de la PNL referida, ambas
aprobadas sin un solo voto en contra. Se trata de un deber para promover una sociedad realmente igualitaria, libre de prejuicios que debilitan la raíz de los productores de conocimiento y de las infraestructuras científico-técnicas que dan soporte
al gobierno y a toda la sociedad en su conjunto.
Es un deber hacia todos los trabajadores de la Ciencia, un estandarte que se luce con orgullo, pero que no puede sostenerse en las condiciones actuales. En este sentido, son muchas las reclamaciones del personal técnico de los OPIs, todas
con un sustento claro en su razón de identidad con la ciencia y sólidamente argumentadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La implementación y aplicación urgente de complementos retributivos consolidables por méritos evaluables cada cinco y cada seis años para todo el personal de investigación y no sólo para una de sus partes, como medida para comenzar a dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para dar cumplimiento con la PNL de 12/04/2024 y para el impulso de la carrera profesional de todo el personal de investigación.
2. La creación de una comisión técnica evaluadora de los méritos técnicos para el personal técnico de la ciencia, diferenciada de la comisión para la evaluación de méritos investigadores para adecuar los criterios a las singularidades del
personal técnico.
3. La implementación de un sistema real y efectivo de elección democrática de los equipos de dirección de los OPIs y de todos sus centros, mediante sufragio universal y sin restricción por grados académicos para su acceso.
4. A que las plazas a convocar para todo el personal de investigación, tengan destino consignado a nivel de municipio y centro de trabajo, con indicación clara del grupo de funcionario, nivel y complementos o retribuciones para el caso de
personal laboral, en el mismo Boletín Oficial del Estado que las convoque.
5. A que los procesos selectivos para personal de investigación no se demoren más de tres meses desde la celebración del primer ejercicio al último.
6. A que las plazas que se convoquen para el personal de investigación tengan temarios adecuados a los puestos considerando su alta especialización.
7. A que los nombramientos y las consiguientes tomas de posesión del personal de investigación no se produzcan más tarde de tres meses desde la finalización de las pruebas selectivas.
8. A que los tribunales de los procesos selectivos estén formados por personal con la capacidad técnica y científica experta en la materia para poder evaluarlos.
9. A que se actualicen las Relaciones de Puestos de Trabajo para adaptarlas a los nuevos tiempos de modo que en ellas se reflejen las posibilidades de promoción del personal técnico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/001319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación y aprobación
urgente del Real Decreto para el desarrollo de los sexenios de transferencia y su convocatoria inmediata, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En 2010, en su Resolución de 23 de noviembre, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, establecía una nueva herramienta para impulsar, en las universidades y centros de investigación en España, la transferencia de
conocimiento y la innovación.
Dicha resolución tenía como uno de sus objetivos, la incorporación de un nuevo campo de evaluación de la capacidad investigadora, en las convocatorias de sexenios para el profesorado universitario y para el personal investigador. Este Campo
0, incluía las actividades de intercambio y transferencia de conocimiento del personal docente e investigador, con la idea de incentivar una de las actividades menos reconocidas y de mayor importancia en España, como es la Transferencia tecnológica
y de conocimiento. Sin embargo, en dicha iniciativa, el Gobierno establecía claramente que, la solicitud de un sexenio con las aportaciones de transferencia tecnológica no podía ser adicional a la de Investigación, por lo que ambas eran
excluyentes. De esta forma, en cada periodo sólo podían computarse aportaciones de Investigación o actuaciones de Transferencia.
En 2018, el Ministerio de Ciencia e Innovación publicó una convocatoria de sexenios de Transferencia del Conocimiento e Innovación como un incentivo, no excluyente, de las aportaciones para los sexenios de investigación y para un mismo
periodo, con la idea de incentivar, aún más, la actividad de transferencia, tal y como se recogía en la Resolución del 14 de noviembre de 2018 (BOE 285, del 26 de Noviembre). A dicha convocatoria se presentaron 16.316 solicitudes, con un porcentaje
de concesión del 43 %, lo que ponía de manifiesto el interés y la implicación de los investigadores y del profesorado universitario en la transferencia tecnológica y social.
Aquella medida, impulsada por el Gobierno, fue una iniciativa piloto atemporal que contemplaba el compromiso de publicar las posteriores convocatorias anuales de 'Sexenios de Transferencia de Conocimiento', sin ser excluyente de los
'Sexenios de Investigación'. En dicha convocatoria se valoraban, entre otras, la creación de empleos con cargo a proyectos l+D+i, la creación de SpinOffs, la pertenencia a comisiones especiales, las patentes en explotación, los contratos l+D+i con
empresas y entidades sin ánimo de lucro o la difusión de investigación en medios de comunicación.
Sin embargo, tras la publicación de dicha convocatoria y pese al compromiso adquirido por aquel Ministerio, no se volvió a publicar ninguna otra convocatoria de 'transferencia', mientras que la de 'investigación' se siguió publicando,
resolviendo y ejecutando. Todo ello provocó el correspondiente desincentivo de los investigadores, por la ausencia de las
retribuciones pactadas, al esfuerzo añadido a actividades de innovación y transferencia a los sectores productivos y a la sociedad, una de las prioridades en Europa.
Desde 2018, los investigadores y el profesorado universitario han seguido trabajando en actuaciones necesarias para la Transferencia y la Innovación, sin ningún incentivo para ello, a pesar del compromiso adquirido por el Gobierno.
Tras varios años sin ejecutar dichos compromisos, el nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, presentó a información pública, el proyecto de Real Decreto que desarrolla el sexenio de Transferencia. Se trata del Proyecto de
Real Decreto por el que se modifican varios reales decretos reguladores de las evaluaciones del personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación y del personal docente e investigador de las Universidades públicas.
Sin embargo, en este Real Decreto, se establece, en su artículo segundo, punto 4 de Modificación del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, que 'el profesorado universitario podrá someter
la actividad investigadora, así como la actividad de transferencia de conocimiento, realizada en periodos de seis años, a una evaluación en la que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora o de transferencia de conocimiento desarrolladas
durante dicho período'. De esta forma, el profesorado podrá optar por ser evaluado cada periodo de seis años por su actividad investigadora o por su actividad de transferencia de conocimiento, pero no por ambas de manera simultánea.
Obligar al profesorado a elegir entre la evaluación de sus méritos en investigación y los de transferencia puede desincentivar el desarrollo de actividades de transferencia en aquellos que opten por centrarse en la investigación, y fomentar
el abandono de la investigación en quienes prioricen la transferencia. Esto tendría como consecuencia un deterioro de la capacidad innovadora de nuestro país.
Además, el Real Decreto contradice el último borrador del Anteproyecto de Ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador, cuyo artículo 8 (apartado 1), en referencia a las actividades del personal docente, establece que 'la actividad
académica del personal docente e investigador de las universidades públicas comprende la realización de funciones docentes, de investigación, de transferencia e innovación del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Modificar, de manera urgente, y aprobar el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por el que se modifican varios reales decretos reguladores de las evaluaciones del personal investigador de los
Organismos Públicos de Investigación y del personal docente e investigador de las Universidades públicas, y que desarrolla el sexenio de Transferencia, de manera que:
a. La solicitud del sexenio de transferencia de conocimiento sea compatible con la solicitud del sexenio de investigación, en un mismo periodo.
b. Se elimine la condición de tener concedido un sexenio de investigación, para poder solicitar uno de transferencia, garantizando el pleno reconocimiento académico y salarial de todos los tramos.
c. La extensión de la solicitud de prórroga del sexenio en vigor a otras causas, que incluyan situaciones de baja por enfermedad común, profesional o por accidente.
2. Publicación inmediata de la convocatoria de Sexenios de Transferencia de Conocimiento, que incluya las modificaciones anteriores.
3. Establecer las medidas presupuestarias adecuadas para dotar a las universidades españolas de la capacidad económica para hacer frente a la retribución de los sexenios de transferencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Juan Luis Pedreño Molina, María Sandra Moneo Díez, María Torres Tejada, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Francisco José Conde López, Mario Cortés Carballo, Cristina
Moreno Borrás, María Jesús Moro Almaraz, José Enrique Núñez Guijarro, Rosa Quintana Carballo, Juan Antonio Rojas Manrique, Miguel Ángel Sastre Uyá y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/001320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a agilizar desde la calidad y
la seguridad la homologación de títulos universitarios extranjeros, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Boletín Oficial del Estado publicó el 19 de octubre de 2022 el 'Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de
enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales
pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores'.
El referido Real Decreto 889/2022, impulsado desde el extinto Ministerio de Universidades, fue validado por el Consejo de Ministros con el objeto de ordenar 'las condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de
títulos de educación superior obtenidos en sistemas educativos extranjeros con relación a los títulos universitarios oficiales correspondientes en España'.
Considerando como título extranjero 'cualquier título o diploma con validez oficial obtenido en el marco de sistemas de educación superior extranjeros, acreditativo de la completa superación del correspondiente ciclo de estudios superiores,
incluido, en su caso, el período de prácticas necesario para su obtención, prueba de aptitud o certificación habilitante, con carácter oficial en su país de origen y expedido en el extranjero por una universidad, institución de educación superior
reconocida oficialmente en el mismo o autoridad competente, de acuerdo con la normativa del país al que pertenezcan dichos estudios', el Real Decreto 889/2022 establece dos procedimiento específicos para dar cumplimiento efectivo a su razón de ser:
la 'homologación de títulos' y la 'declaración de equivalencia'.
El Real Decreto 889/2022 define la 'homologación de títulos' como el 'reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero, equiparable a la exigida para la obtención de un título español cuya obtención
se requiere para el ejercicio de una profesión regulada', y se refiere a la 'declaración de equivalencia' como el 'reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero, equiparable a la exigida para la obtención
de un nivel académico de Grado, Máster Universitario o Doctorado, con exclusión de los efectos profesionales respecto de aquellos títulos susceptibles de obtenerse por homologación'.
En la referencia del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022, publicada desde La Moncloa, se afirmó que el Real Decreto 889/2022 posibilitaría la 'simplificación de trámites' para 'actualizar y modernizar la ordenación de las
condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas educativos extranjeros', así como para ganar en 'eficiencia y agilidad'.
No obstante, esta pretensión, no se ha cumplido.
De acuerdo con los datos ofrecidos desde el actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desde la entrada en vigor del Real Decreto 889/2022 hasta finales del pasado mes de diciembre se han registrado 23.776 solicitudes de
homologación de títulos universitarios extranjeros solo en la especialidad de Medicina, de las que sólo el 15,6 % (3.702 solicitudes) han sido resueltas. De esta forma, el 84,4 % de las solitudes de esta titulación (20.074) aún están pendientes de
ser solventadas.
A esta realidad ha de sumarse las solicitudes de homologación de títulos extranjeros sujetos a la normativa anterior, es decir al 'Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco
español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado'.
Con estos antecedentes la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, celebrada el pasado 19 de marzo de 2024, aprobó iniciativas de distintos grupos políticos reconociendo el excesivo e injustificado retraso en la homologación o
equivalencia de los citados títulos, así como el significativo colapso en la gestión de títulos de ramas sanitarias y de aquellos procedentes de Venezuela y Cuba.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y a poner en práctica las medidas necesarias y adecuadas para agilizar el reconocimiento oficial de títulos universitarios extranjeros pendientes de resolución, cumpliendo con el
mandato legal de resolución en el plazo de seis meses.
Para ello, y desde la coordinación con los representantes de los profesionales, el Gobierno invertirá cuantos recursos humanos, tecnológicos, económicos y materiales sean necesarios, y garantizará seguridad y condiciones de calidad y
exigencias de formación y cualificación similares a las nacionales y vigentes en la Unión Europea'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Pedro Navarro López y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno denuncie ante la
Corte Penal Internacional la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, impuesta por el régimen talibán y de condena por la supresión sistemática de los derechos de la mujer en Afganistán, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional.
Exposición de motivos
Estados Unidos y los aliados de la OTAN comenzaron la retirada de sus tropas en Afganistán en mayo de 2021, dando fin a su retirada total el 30 agosto del mismo año. Días antes de finalizar la retirada total, el 15 de agosto de 2021, los
talibanes entraron en Kabul (Afganistán) y tomaron el control absoluto sobre el país. El mismo día, el entonces presidente, Ashraf Ghani, anunció su dimisión y así, se concretó la toma de Kabul por parte de los talibanes, quienes implantaron un
régimen fundamentalista que sigue dilapidando los derechos de las mujeres y niñas.
Desde que asumieron el poder del país, los talibanes han cerrado el Ministerio de Asuntos de la Mujer y han vuelto a crear el Ministerio del Vicio y la Virtud; han abolido todas las leyes aplicadas anteriormente, incluidas las que protegían
a las mujeres y han impuesto duras restricciones al derecho de reunión pacífica y libertad de expresión, al derecho de las mujeres al trabajo, a la educación y a la asistencia sanitaria. Algunas de las restricciones impuestas han provocado que, por
ejemplo, las niñas mayores de 12 años vieran pospuesto indefinidamente su derecho a ir a la escuela. Las mujeres, por su parte, tuvieron prohibido el acceso a la enseñanza superior y a trabajar fuera del hogar. Solo un número limitado de doctoras
y enfermeras tienen permitido trabajar en ciertos hospitales de Kabul para atender a mujeres y niñas, siempre y cuando no puedan ser reemplazadas por hombres. Además, tienen prohibido interactuar con sus compañeros. El código de vestimenta de las
mujeres ha sido sometido a una normativa extrema, las mujeres deben estar cubiertas desde la cabeza hasta los pies. Tampoco se les permite salir de sus hogares a menos que estén acompañadas por un mahram, un hombre de parentesco cercano como padre,
hermano o marido.
El retroceso en derechos de las mujeres en Afganistán llega hasta el punto en el que el Gobierno de facto ratificó -el pasado mes de agosto- una ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Esta ley socava los derechos de
niñas y mujeres y otorga funciones a los agentes encargados de supervisar su cumplimiento. La ley introduce el concepto de 'ocultamiento de la voz', que prohíbe a las mujeres cantar, dar discursos o incluso recitaren público, pues su voz es
considerada una 'awra' (algo que debe ser cubierto). La misma ley autoriza a los agentes encargados de supervisar su cumplimiento, a detener y castigar con azotes a cualquier niña o mujer que no la cumpla.
En ese sentido, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -del que Afganistán es Estado parte- establece en su artículo 7 que se entiende por crimen de lesa humanidad, entre otros, a 'la persecución de un grupo o colectividad con
identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género'. Por tanto, la citada ley representa un crimen de lesa humanidad y ante ello, España no puede limitarse a una condena, sino que debe
denunciar estos actos ante la Corte Penal Internacional.
En definitiva, a más de tres años de la toma de Afganistán por parte de los talibanes, la situación de las mujeres y niñas en ese país se ha deteriorado de manera constante y las protestas pacíficas en favor de sus derechos han sido blanco
de represión de las autoridades de facto. Por consiguiente, el Gobierno debe actuar en congruencia con nuestra política exterior y con los valores que promovemos en el mundo, lo que significa tomar todas medidas contundentes para salvaguardar los
derechos humanos, especialmente el de mujeres y niñas no solo en España, sino en todo el mundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Denunciar ante la Corte Penal Internacional, las medidas y prácticas represivas en contra de las mujeres en Afganistán, incluida la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.
2. Condenar al régimen talibán por sus prácticas opresivas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, particularmente en relación con las mujeres y las niñas en Afganistán.
3. Liderar en todos los foros internacionales el apoyo a iniciativas de cooperación que impulsen y promuevan los derechos de las niñas y las mujeres afganas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Carmelo Barrio Baroja, Raquel Clemente Muñoz, Javier José Folch
Blanc, Macarena Lorente Anaya, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar un fondo de ayuda humanitaria urgente para los campamentos de
refugiados saharauis, para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Las comparecencias ante esta Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, celebradas el pasado mes de julio, alertaron sobre el continuo deterioro de la situación humanitaria, que afecta directamente a más de 173.600 personas en
los campamentos de refugiados saharauis. La continua reducción de las ayudas alimentarias está afectando a decenas de miles de familias refugiadas que dependen casi exclusivamente de estas raciones para su subsistencia, ante la falta de
alternativas sostenibles en una zona árida y desértica con condiciones climáticas extremas.
Por otro lado, la inflación de los productos de alimentación en el mercado internacional también está afectando a la respuesta de los actores humanitarios ante las necesidades esenciales de los grupos más vulnerables. Las últimas encuestas
realizadas por el PMA y ACNUR sobre la situación nutricional en los campamentos han mostrado un empeoramiento de todos los indicadores nutricionales, en particular las tasas de anemia entre las mujeres embarazadas y lactantes y el retraso del
crecimiento entre la población infantil, menor de cinco años, amenazando los progresos realizados hasta 2020.
El representante del Consorcio de ONG que apoya a la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia) fue contundente cuando alertó, con abundantes datos, sobre la gravedad de la crisis alimentaria a partir del mes de
junio, debido a la incertidumbre de las ayudas y haciendo un llamamiento a aprobar un crédito extraordinario para hacer frente a esta situación de emergencia.
Los datos de principios de año del PMA señalaban que el 81 % de la población de los campamentos depende de la ayuda alimentaria (su principal fuente de ingesta de alimentos), el 96 % de los hogares reciben ayuda del PMA, la ayuda alimentaria
supone el 94 % de la ingesta básica de alimentos (no total), el 73 % de la población dedica un gasto muy alto a comida (88 % en total para adquirir sólo el 20 % de su ingesta).
Estos datos tienen un impacto directo en los niveles de inseguridad alimentaria que afecta a la población saharaui y, especialmente, a las niñas y niños saharauis de 6 a 23 meses, entre los que el 79 % no cumple los criterios de una Dieta
Mínima Aceptable.
Mientras la desnutrición aguda y la desnutrición crónica han ido creciendo al 100 % y al 50 % respectivamente, la ayuda alimentaria internacional se ha ido reduciendo. La AOD de países del Comité de Ayuda a! Desarrollo de la OCDE está por
debajo del porcentaje de 2013, las raciones alimentarias de emergencia distribuidas por el PMA se han reducido
un 30 % y la UE, igualmente, ha reducido más de un 30 % sus ayudas. En España, la AOD global (AGE, CCAA, municipios...) está en niveles de 2012 (pese a recuperación progresiva de últimos años).
El Plan de Respuesta para la población saharaui refugiada (2024-2025), coordinado por ACNUR y en el que han participado 28 actores internacionales, ha fijado las necesidades de financiación para los próximos dos años en 214.401.591 USD (69
millones para Seguridad Alimentaria).
A día de hoy, de los 92 millones de que se requieren para 2024, solo se ha garantizado el 31 %, no se espera ninguna donación significativa hasta finales de año (aunque están pendientes de desembolso aportaciones comprometidas) y el PMA
dispone de 19 millones para 2024, pero se necesitan 27 millones para alcanzar las ratios mínimas exigidas de ingesta de calorías.
Por último, los pasados 22 y 23 de septiembre, fuertes lluvias en los campamentos ocasionaron daños estructurales de importancia, afectando a instalaciones públicas y a numerosas casas, incluso teniendo que desplazar a zonas seguras, al
menos, a 350 familias de la Wilaya de Dajla. La Medialuna Saharaui ha realizado un llamamiento a los donantes y organizaciones humanitarias para proporcionar asistencia urgente y de emergencia a la población afectada.
En este contexto, por muchos motivos, el Gobierno de España no puede permanecer impasible ante esta situación de emergencia. El Gobierno debe actuar, con urgencia, habilitando una partida extraordinaria de ayuda humanitaria para cubrir, al
menos, la alimentación básica de la población de los campamentos de refugiados saharauis hasta el final de 2024, así como contribuir a paliar los daños derivados de las fuertes lluvias caídas en los campamento durante los últimos días.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Dotar, con carácter urgente, un fondo extraordinario de ayuda humanitaria de 10M euros para cubrir, al menos, la alimentación básica de la población de los campamentos de refugiados saharauis hasta el final de 2024, así como para
contribuir a paliar los daños derivados de las fuertes lluvias caídas en los campamento durante los últimos días.
2. Incrementar en los próximos Presupuestos Generales del Estado todas las partidas dedicadas a la cooperación internacional para el Desarrollo y la ayuda humanitaria con la población refugiada, así como reforzar las líneas de financiación
de las ONG españolas que trabajan en los campamentos de refugiados de Tindouf.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Francisco Sierra Caballero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo del eje transversal de Género y Desarrollo en la
Cooperación, para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La lucha de los movimientos feministas ha dado lugar a profundas transformaciones en la forma de concebir la realidad social, de promover los derechos de las mujeres y subrayar la centralidad de los cuidados en la promoción del bienestar de
la población destinataria de las ayudas en materia de cooperación al desarrollo. Desde el encuentro de
Beijing en 1995, y especialmente a lo largo de la última década, España viene liderando en su legislación las iniciativas de reconocimiento de la diversidad sexual y la igualdad de género, siendo un referente internacional de las políticas
más avanzadas en esta materia, pero aún es preciso materializar una mayor transversalidad explicitando, en lo concreto, medidas y compromisos institucionales siguiendo las Orientaciones para una Cooperación Feminista del Grupo de Trabajo de Género
del Consejo de Cooperación (2020).
Desde este punto de vista la Justicia de Género es un reto estratégico de la cooperación española al desarrollo. De acuerdo con los convenios internacionales suscritos por nuestro país, centrar la ayuda al desarrollo en un discurso y una
práctica de defensa activa de los Derechos Humanos pasa por defender a mujeres y niñas en la lucha contra la violencia de género, definiendo una política de cooperación de los cuidados. Por ello, es preciso impulsar una política de fortalecimiento
del compromiso institucional con los derechos sexuales y reproductivos y la intervención de ONGs de mujeres y feministas que trabajan en terreno desarrollando, como se contempla en el Plan Director, un enfoque de Cooperación Feminista.
Además, tenemos por delante la implementación de la Agenda 2030 en la que habrá que cumplir metas relacionadas con la política de cuidados, la igualdad, con revertir las desigualdades a nivel internacional, como consecuencia de un modelo
económico que propicia la desregulación de los mercados, la reducción de los derechos laborales, el ascendente protagonismo de los grupos privados internacionales y el debilitamiento de la capacidad correctora de los Estados. Las nuevas tecnologías
de la comunicación han tendido a acentuar esta tendencia, debilitando las instancias de intermediación que daban sentido a la acción colectiva (como partidos o sindicatos) en favor de la creciente desigualdad e individualización con el ascenso de
partidos de la extrema derecha que impugnan o invalidan políticas e iniciativas en favor de la igualdad de género. En ese contexto, se han incrementado las violencias machistas y las situaciones de exclusión y explotación económicas, así como de
retrocesos en materia de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. La política pública de cooperación internacional para el desarrollo también debe orientarse de tal forma que sea efectiva para combatir esas tendencias, actuando
sobre sus causas, fortaleciendo la sociedad civil y asumiendo que el desarrollo sostenible solo es posible en el seno de una sociedad que se contempla como más inclusiva, confiada y participativa.
Entre otros retos, y desde la Conferencia de Pekín, nuestro sistema de cooperación, la AECID, debe avanzar en el diseño y peso de la unidad de Género y Desarrollo, no solo por ser un eje transversal de la política de cooperación sino porque
el Plan Director lo define como una prioridad estratégica de la política de estado en esta materia. Defender la igualdad de género y los DD.HH. de las mujeres es atacar el núcleo mismo de la injusticia global, la desigualdad estructural y la
cultura de la violencia patriarcal. Es una demanda de la ciudadanía y un objetivo aprobado en el VI Plan Director que asume una perspectiva feminista de la cooperación.
Por justicia, equidad y reconocimiento, y conforme a las líneas directrices de la Ley de Cooperación, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Crear una Dirección de Género y Feminismos de la AECID, sustituyendo a la actual Unidad de Género, y dotándola de los recursos humanos, técnicos y financieros para la transversalización del enfoque de género en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de las acciones de esta agencia, y en coordinación interministerial con el Ministerio competente en la Agenda 2030.
2. Promover la perspectiva feminista en la acción humanitaria, garantizando la participación efectiva de las mujeres en todas las fases de la respuesta y en las operaciones y procesos de paz velando por su protección frente a todas las
formas de violencia.
3. Respaldar la inclusión efectiva de la diversidad (incluida la diversidad afectiva, sexual y de género), desde un enfoque de derechos, en todas las instituciones y políticas de cooperación y en los organismos multilaterales, promoviendo
la lucha contra la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género y de inclusión de las personas LGTBIQ+.
4. Apostar por una cooperación capaz de generar conocimiento sobre las causas estructurales de las vulneraciones de los derechos de las mujeres, en diálogo con las organizaciones feministas, como guía de sus intervenciones.
5. Impulsar un amplio programa de educación para la ciudadanía global en igualdad de género como parte central de la Ayuda Oficial al Desarrollo al ser este un eje estratégico de sensibilización de la ciudadanía en materia de cooperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Francisco Sierra Caballero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma de la arquitectura financiera de la cooperación española,
para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El VI Plan Director de Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global pone de manifiesto que es necesario que el gobierno de España promueva cambios profundos en nuestras prioridades, vindicando los derechos
humanos y la acción humanitaria desde nuevas visiones, poniendo a la vida, la dignidad y autonomía de las personas en el centro de los esfuerzos colectivos en cooperación. En un contexto geopolítico complejo y con la emergencia de actores
transnacionales como los BRICS, es preciso procurar, por lo mismo, medidas que contribuyan eficazmente al multilateralismo y a la cogestión de la cooperación al desarrollo, construyendo con las redes de ONG y movimientos sociales articulados un
modelo de convergencia real, de descolonización y construcción de un sistema internacional globalmente justo. Éste, sin duda, es el primer paso necesario para una acción colectiva concertada, con legitimidad, en defensa de los bienes públicos
globales, del patrimonio común y para la eliminación de las graves brechas y desigualdades en un mundo inhumano e inhabitable por la voracidad depredadora de los intereses financieros y corporativos transnacionales. Considerando las implicaciones y
alcance de los retos humanitarios del mundo actual y los propios objetivos del Plan Director de la Cooperación Española, es preciso romper con la inercia de las políticas de cooperación actuales y asumir un cambio radical para ejercer un liderazgo
en el plano global, movilizando los recursos necesarios a partir de una arquitectura de financiación adecuada.
Esta nueva arquitectura financiera pasa por fortalecer las agencias y organismos especializados, dotándolos de suficiente personal y recursos técnicos, con un respaldo presupuestario suficiente y orientada a un modelo de gobernanza
referenciado en los organismos multilaterales. Pero también, al mismo tiempo, es fundamental disponer de un ente específico que acometa los retos del mundo actual, cuya complejidad multidimensional, como el horizonte estratégico definido en la
Agenda 2030, requiere de la modernización de las actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional de nuestro país.
La apuesta por bancos públicos de desarrollo es una constante en nuestro espacio de integración de la UE, pero también en iniciativas de cooperación como los BRICS. Por otra parte, los retos de la cooperación marcados por el Plan Director
dejan en evidencia lo inadecuado de herramientas que, como FONPRODE, responden a visiones propios de la
cooperación vertical y eurocéntrica y no de un mundo complejo y multilateral que requiere respuestas creativas e innovadoras en lo económico para atender los retos humanitarios que se perfilan en el horizonte geopolítico internacional.
Desde el punto de vista interno, la materialización de una nueva política española de cooperación demanda una reforma institucional que supere las rigideces e insuficiencias actuales para abordar los retos de futuro. Estas limitaciones, que
se han visto agravadas por la crisis de la deuda y del mercado de futuros, afectan, sobremanera, a la capacidad de respuesta de la acción humanitaria ante crisis prolongadas que demandan un esfuerzo continuado, como se ha podido comprobar en los
campamentos de refugiados/as saharauis.
Si bien el Plan Director contempla una dotación anual de los PGE y la flexibilidad para su gestión, el impacto y alcance de los objetivos transversales y estratégicos de la cooperación requiere una reforma específica de los instrumentos con
los que el sistema opera sobre la realidad. En definitiva, a fin de garantizar la consecución de los objetivos del Plan Director, reforzar la consistencia de la política pública de cooperación y disponer de los recursos y capacidades de gestión
para la profundización de las alianzas estratégicas con países de nuestro entorno (como la Joint European Financiers por International Cooperation), es preciso dar cuerpo y forma a un organismo especializado que esté a la altura de los retos del
mundo actual.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio que permita diseñar la nueva arquitectura financiera de la cooperación española, constituyendo el grupo de expertos y expertas contemplado en la Ley 1/2023 y de manera coherente con los dictámenes del Consejo de
Cooperación, que señala la necesidad de que el Gobierno de España concrete la estrategia efectiva y el instrumento adecuado para garantizar el cumplimiento en el corto plazo de este objetivo de la cooperación española.
2. Constituir un banco público de desarrollo sostenible reformando el ICO y CORREOS para consolidar la cooperación financiera que garantice la robustez y estabilidad de la política de Estado de Cooperación y la ayuda de impacto en los
países del sur, estableciendo mecanismos que hagan posible que la gestión de FEDES sea diferente a la de FONPRODE, evitando la condicionalidad de la ayuda y su instrumentación por los actores privados.
3. Asegurar el cumplimiento del 0,7 % del PNB dedicado a la AOD como única forma de garantizar la previsibilidad de la ayuda y la acción humanitaria, más allá de las campañas puntuales que tienen lugar con motivo del estallido de crisis
provocadas por los conflictos armados o los desastres naturales.
4. Promover avances más firmes en la cooperación internacional para la eliminación de los paraísos fiscales, combatir la elusión y evasión fiscal y contener la carrera a la baja en la imposición a las empresas.
5. Promover que los acuerdos relacionados con la cooperación internacional en materia de tributación se trasladen al ámbito de Naciones Unidas e impulsar, entre otras medidas, sistemas de financiación que contemplen impuestos especiales de
naturaleza global (como el impuesto a las grandes fortunas y a las transacciones financieras especulativas) que se dirijan a la financiación de los objetivos de la Agenda 2030.
6. Apoyar la construcción de sistemas fiscales capaces, eficientes y progresivos en los países del Sur Global y dotar de suficientes recursos a sus gobiernos para el despliegue de políticas públicas sociales y redistributivas ambiciosas y
orientadas a alcanzar la justicia social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Francisco Sierra Caballero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Juventud e Infancia
161/001290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el acceso a jóvenes que quieran realizar voluntariado, especialmente
a nivel europeo o internacional, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
El voluntariado se puede definir como el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, con carácter solidario, libre y sin contraprestación económica o material, y su acción ya se desarrolle dentro o fuera de
España está regulada por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. La acción voluntaria es una manifestación más del derecho de las personas a la participación consagrado en el artículo 23 de la CE.
Los valores que inspiran la acción voluntaria son aquellos que promueven la convivencia y el respeto a los derechos humanos, contribuyen a la equidad, la justicia y la cohesión social, y fundamentan el despliegue solidario y participativo de
las capacidades humanas. Por tanto, hacerse voluntario favorece el desarrollo de las personas como individuos más respetuosos, responsables, tolerantes y solidarios. Además, contribuye a ampliar las redes sociales y proporciona bienestar personal.
Según datos de la Plataforma del Voluntariado de España, en 2022 4,5 millones de personas mayores de 14 años hicieron voluntariado en nuestro país. Si bien en términos generales se ha producido un aumento de las personas que son
voluntarias, se ha reducido el voluntariado entre la franja de edad de los 14 a los 24 años, representando el 7 % del total. En estas edades los ámbitos de acción voluntaria que resultan más interesantes son el voluntariado social, el educativo, el
de ocio y el de tiempo libre. Además, señalan que la principal causa por la cual las personas dicen no hacer voluntariado es la falta de tiempo.
La UE tiene como objetivo de sus estrategias promover la participación de los jóvenes en la vida democrática, y para ello apoyar el compromiso social y cívico para tratar de garantizar que los jóvenes cuenten con los recursos necesarios para
participar en sociedad. La Comisión Europea lleva a cabo la Nueva Estrategia de Juventud (2019- 2027) para empoderar a la juventud europea y dotarla de más peso en la elaboración de las políticas de la UE, facilitando la movilidad internacional,
promoviendo la participación en actividades que ayuden a prevenir la exclusión social e incluyendo tecnología para equipar a los jóvenes con habilidades digitales.
Para ello, quiere avanzar en tres áreas como son el compromiso de los jóvenes a participar en la democracia, conexión entre jóvenes de dentro y fuera de la UE y empoderamiento a través del trabajo y voluntariado. Concretamente sobre
voluntariado, hay que destacar diferentes programas como, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, EU Aid Volunteers o Interreg Volunteer Youth (IVY).
En España, la Estrategia de Juventud 2030 tiene como meta potenciar la participación de adolescentes y jóvenes en todos los ámbitos como agentes de transformación sociopolítica. Este documento señala que la participación y pertenencia a
voluntariado, grupos y/o asociaciones por parte de los jóvenes es baja, siendo el 18,5 % de los jóvenes los que pertenecen a organizaciones de voluntariado (Injuve: 2021), también destaca que a 4 de cada 10 les gustaría participar (FAD: 2019).
Respecto a los datos del voluntariado internacional, destaca que 23.000 jóvenes españoles se han registrado en la Plataforma de Juventud del Cuerpo Europeo de Solidaridad: (European Solidarity Corps Report, 2019), y que 1.182 personas de
entre 16
y 30 años salieron de España para participar en proyectos de voluntariado y/o solidaridad asociados al Cuerpo Europeo de Solidaridad (European Solidarity Corps Report, 2019).
Esta estrategia tiene entre sus desafíos promover la participación de las personas jóvenes en la transformación social a través del voluntariado, promoviendo sus valores de participación, y consolidar los programas internacionales de
voluntariado.
En este contexto, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos fundamental promover el voluntariado entre las personas jóvenes, especialmente el voluntariado internacional, que permite conocer nuevos países y culturas, compartir
experiencias con otras personas jóvenes y desarrollar proyectos que revierten en beneficio de la comunidad.
Queremos impulsar el desarrollo de herramientas que faciliten a la juventud comprometerse de manera efectiva con la reducción de las desigualdades sociales a nivel global, de manera que realicen una significativa contribución solidaria a la
sociedad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar una plataforma digital para facilitar el acceso a jóvenes que quieran realizar voluntariado europeo o internacional, a través de la web del Instituto de la Juventud de España (INJUVE). De manera que se reúna a jóvenes
voluntarios, organizaciones del tercer sector e instituciones para conectar las oportunidades de voluntariado a jóvenes interesados, e impulsar herramientas que permitan durante un periodo de tiempo determinado apoyar proyectos o programas de acción
solidaria a nivel europeo o internacional.
2. Desarrollar reglamentariamente la Ley de Voluntariado que tenga en cuenta un enfoque joven, con la participación de las entidades del tercer sector, juveniles y de la sociedad civil.
3. Promover campañas de información sobre cómo hacer voluntariado, especialmente el voluntariado europeo o internacional, sus asociaciones y su valor formativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2024.-Víctor Camino Miñana, Lázaro Azorín Salar, Emilia Almodóvar Sánchez, Esther Rodríguez Suárez, Blanca Cercas Mena, Ana Cobo Carmona, Paula Fernández Pena, Carmen Martínez
Ramírez, Pepe Mercadal Baquero, Inés Plaza García, Ada Santana Aguilera y Ferran Verdejo Vicente, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar la protección digital de la salud mental de la juventud a través de
las siguientes acciones, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como el estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a momentos de la vida, desarrollar habilidades o contribuir a la mejora de la comunidad. No hay salud sin
salud mental. En definitiva, la salud mental, según diferentes entidades, es más que la mera ausencia de trastornos mentales y sus problemas aparecen en un proceso complejo que cada persona experimenta de manera diferente.
Los trastornos mentales afectan a personas de todas las edades, géneros, niveles socioeconómicos y lugares del planeta, si bien más del 80 % de las personas con trastornos
mentales viven en países de ingresos bajos y medianos. Hay que señalar que la infancia y la adolescencia son edades de importante vulnerabilidad, pero también de oportunidades en materia de promoción de la salud mental.
Según la OMS, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su día a día, y se calcula que 1 de cada 8 personas tendrá un trastorno mental. Sin embargo, hablar de ello o
contar con ayuda profesional sigue siendo un tabú a pesar de los grandes avances durante la última década.
Las principales amenazas actuales a la salud mental en todo el mundo son las crisis económicas y la polarización social, las emergencias de salud pública, las emergencias humanitarias y la creciente crisis climática, pero existen otros
riesgos importantes.
Varios estudios alertan del riesgo que las redes sociales generan en la autoestima y el bienestar. El contenido publicado en las plataformas digitales tiene un impacto en cómo se ve la sociedad a sí misma y, además, la cantidad de tiempo en
los dispositivos y la frecuencia de su uso condiciona el impacto de las redes en la salud mental. Es innegable que este tipo de espacios ha modificado la forma en que la juventud interactúa, trabaja, estudia y obtiene información.
Las redes sociales no suelen mostrar la realidad e impactan de manera importante en la autopercepción generando graves perjuicios a los jóvenes que persiguen una forma de 'vida perfecta' o estereotipos imposibles de alcanzar. Entre las
mujeres más jóvenes y que dedican más de dos horas al día a una red social, detectan los niveles más altos de descontento con su imagen y corporalidad, además, durante los últimos años han crecido los problemas de baja autoestima, obsesiones
relacionadas con la autoimagen y complejos en más de un 500 %.
El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), órgano colegiado de carácter consultivo de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el programa Digital Future Society presentaron a finales del 2023 un informe sobre el Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes. Sus
conclusiones son interesantes para plantear medidas que atajen, ahora que estamos a tiempo, los retos relacionados con el uso de tecnologías y posibles trastornos.
Aunque la OMS no considera aún como trastorno la adicción a internet, al móvil o a las redes sociales, los datos demuestran que el mal uso de los dispositivos electrónicos perjudica el bienestar y, especialmente, la salud mental de los
jóvenes Según datos del Ministerio de Sanidad en 2022 el 10,8 % de la población entre los 15 y los 24 años decía hacer un uso problemático de internet, siendo el grupo de población más afectado.
Un mal uso de redes sociales se asocia a menor nivel de autoestima y más problemas de salud mental, como depresión o ansiedad, y es que un 26 % de los jóvenes afirma que pasa bastante o mucho tiempo solo desde que usa dispositivos
electrónicos, mientras que un 9,4 % sostiene que ha recortado el tiempo que pasa presencialmente con sus amigos. Lo más preocupante es que el 50 % de la población adolescente y juvenil tenía sensación de estar decaída tras la pandemia de 2020.
El auge de la digitalización en la forma de relacionarnos afecta al ámbito académico según diversos estudios según el informe del ONTSI. Un 44,6 % de los estudiantes asegura que el uso de las nuevas tecnologías les quita tiempo que podrían
emplear en el estudio y un 17 % utiliza dispositivos digitales para distraerse en clase. El fracaso y abandono escolar perjudica a la salud mental de los jóvenes, pudiendo derivar en problemas de baja autoestima o decepción. El trabajo del
organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital concluye que pasar más de 3 horas diarias en redes sociales duplica el riesgo de tener problemas de salud mental y, además, alerta de que el mal uso de las pantallas es directamente
proporcional a un menor tiempo de sueño y más riesgo de sufrir ansiedad o depresión.
Según un estudio de la Fundación ANAR entre el año 2019 y el 2022 ha aumentado la implicación de las tecnologías en las conductas suicidas (del 33,5 % al 51,5 %). En
ocasiones se usan como herramienta para provocar malestar o para ejercer violencia sobre otras personas (sextorsión, grooming o ciberacoso), también como medio para fomentar la ideación. Sin embargo, pueden resultar muy útiles como
instrumento de visibilización, permitiendo que los jóvenes y los adolescentes se sientan escuchados o como manera de buscar y pedir ayuda.
El uso indebido de los dispositivos electrónicos no deriva únicamente en problemas de salud mental, sino también fomenta hábitos de vida no saludables, y es que conforme aumentan las horas de uso de pantallas entre menores de 15 años,
aumentan las probabilidades de un mayor índice de masa corporal y de obesidad.
Aunque no se haya demostrado una relación causal que confirme que las redes sociales perjudican la salud mental, es necesario implementar ciertas reformas debido al aumento de la cantidad de horas que se invierten en internet por parte de
las personas jóvenes.
A lo largo de las dos últimas décadas, las grandes plataformas digitales han ido colonizando cada vez más el tiempo libre con el objetivo de mantener la atención a las pantallas para así extraer datos sobre nuestro comportamiento que después
les sirve para vendernos publicidad. Esta lógica se ha cimentado en productos adjetivos como las redes sociales. La regulación de cierta información y la lucha contra la publicidad encubierta detrás de algunos mensajes harían que el uso de
internet y de las redes sociales fuese más seguro. Abordar estas cuestiones requiere del trabajo y dedicación por parte de progenitores, personas cuidadoras, incluso de los propios niños y niñas, junto con muchos cambios por parte de las grandes
tecnológicas que ayuden a responsabilizar a todos.
Diferentes tipos de problemas psicológicos se pueden derivar del uso de las tecnologías digitales, como Internet y las redes sociales, según las conclusiones del II Congreso Internacional sobre tendencias educativas en enfermería y Ciencias
de la Salud. Estos riesgos son más susceptibles de afectar a la población adolescente y juvenil. Cabe insistir, sin embargo, en dos cuestiones previas: la primera, que los beneficios superan a los riesgos para la mayor parte de la población, y,
en segundo lugar, que algunos problemas detectados en menores y jóvenes se dan como consecuencia de patologías ya existentes. En definitiva, es fundamental la regulación de las externalidades negativas del uso de las plataformas digitales a través
de un marco regulatorio que proteja a los usuarios potencialmente vulnerables.
En este contexto, el Grupo Parlamentario Socialista tiene como objetivo reducir el impacto que el mal uso de las redes sociales tiene sobre la adolescencia y la juventud, ampliando el derecho digital a no ser molestado y así como asegurar
que estas plataformas desarrollan productos y servicios digitales éticos por defecto, de manera que no tengan patrones opacos ni diseños engañosos o adictivos, ni en definitiva, utilicen técnicas de manipulación que apelan al inconsciente del
usuario para tomar decisiones potencialmente perjudiciales para la protección de sus datos personales o para su salud mental.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reforzar la protección digital de la salud mental de la juventud a través de las siguientes acciones:
1. Programas de formación para las familias con el objetivo de ampliar sus capacidades en el conocimiento de los riesgos y la gestión del uso que hacen sus hijos e hijas de las redes sociales.
2. Detección y combate de las vulnerabilidades que emplean las plataformas para captar la atención de las personas jóvenes con el fin de monetizar sus datos.
3. Herramientas accesibles en las aplicaciones sobre desintoxicación digital en la que los usuarios puedan gestionar cuánto tiempo pasan en la aplicación y qué tipo de contenidos se muestran.
4. Prohibición de las características de diseño nocivas como el deslizamiento sin fin de contenido o 'scroll infinito', las notificaciones constantes en tiempo real o la reproducción automática de vídeos o juegos.
5. Fomento desde las administraciones públicas de buenas prácticas, como desactivar todas las notificaciones, el bloqueo automático de la pantalla, sistemas de recomendación cronológicos o móvil en escala de grises para reducir el tiempo de
consumo.
6. Promoción de normativa que garantice que los servicios de las redes sociales sean éticos por defecto y renuncien a adoptar patrones oscuros o técnicas de manipulación que apelan al inconsciente del usuario para que tome decisiones
potencialmente perjudiciales para la protección de sus datos personales.
7. Impulsar una recomendación de no uso de 'smartphones' hasta los 14 años y, postergar el acceso a acceso a internet y redes sociales hasta los 16.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2024.-Víctor Camino Miñana, Lázaro Azorín Salar, Emilia Almodóvar Sánchez, Esther Rodríguez Suárez, Blanca Cercas Mena, Ana Cobo Carmona, Paula Fernández Pena, Carmen Martínez Ramírez,
Pepe Mercadal Baquero, Inés Plaza García, Ada Santana Aguilera y Ferran Verdejo Vicente, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre apoyo a las personas con ostomía, para su debate en la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Se estima que en España viven más de 70.000 personas con ostomía. Cada año, 16.000 personas necesitan una de estas intervenciones, de las cuales 6.400 (40 %) son definitivas. En cuanto a la edad, con una ostomía conviven desde bebés hasta
ancianos, pasando por jóvenes y adolescentes, aunque la mayoría se encuentra entre los 45 y los 55 años.
La ostomía no es una enfermedad, sino una de las consecuencias de padecerla o haberla padecido. La ostomía consta de un orificio en el abdomen, realizado de forma quirúrgica, por el que se exterioriza un segmento de intestino llamado
estoma. A través del estoma se produce la evacuación desechos corporales, que se recolectan en una bolsa pegada al abdomen.
La ostomía es la solución para evitar la muerte de pacientes con hasta 31 patologías diferentes en estados graves, que van desde diferentes tipos de cánceres, como los de vejiga, colon, recto, ano, ovario, hasta las enfermedades
inflamatorias intestinales; enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, o colitis indeterminada, entre otras. Además, también se practican ostomías por traumatismo abdominal producido por accidentes o algunas complicaciones en el quirófano.
Estas personas carecen de esfínter en el estoma, por lo que la salida de desechos se produce de manera involuntaria en cualquier momento del día y de la noche. Por ello, tienen que vaciar o cambiar su bolsa cada vez que evacúan y esto, en
las ostomías de alto débito (la mayoría) puede llegar a ocurrir más de 10 veces en un solo día.
Las personas con ostomía se enfrentan a grandes obstáculos en su día a día. Entre ellos, están los derivados de posibles fugas y olores que se pueden producir; tener que realizar un cambio de bolsa en malas condiciones; o no disponer de
ayudas para afrontar
las necesidades cotidianas, como la adaptación de instalaciones o la adquisición de productos de cuidado diario.
Estas personas necesitan acceder a aseos o baños de forma rápida para vaciar o cambiar las bolsas. Pero ni los baños convencionales ni los adaptados a las personas con movilidad reducida son adecuados para las personas ostomizadas. La
acción que deben llevar a cabo cuando el baño no se adapta a sus necesidades es complicada y séptica, lo que puede provocar graves problemas por falta adecuación a sus necesidades higiénicas y posturales.
Además, la falta de aseos públicos adaptados a sus necesidades provoca que muchas personas con ostomía desistan de salir de sus casas y de tener una vida social activa.
Por otra parte, las asociaciones de personas con ostomía reivindican ayudas para aquellas familias que no pueden o tienen dificultad para adaptar los baños de sus domicilios, que deben usar varias veces a al día.
Reclaman también facilidades para estacionar, de manera urgente, durante un tiempo limitado de 60 minutos, así como una ampliación del catálogo de productos de ostomía y del cuidado de la misma en la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, en el marco de sus competencias, a desarrollar medidas encaminadas a apoyar a las personas con ostomía, que contemplen, entre
otras, las siguientes necesidades:
1. Incluir los aseos para personas con ostomía en el Código Técnico de la Edificación (CTE) para que, una vez aprobado, sea obligatorio que los edificios públicos, tanto de nueva creación como de rehabilitación, cuenten con este servicio.
2. Seguir mejorando la accesibilidad de los edificios, impulsando que se instalen aseos para personas con ostomía en lugares altamente frecuentados, tales como hospitales, centros de salud, residencias de ancianos, colegios, institutos,
universidades, cines, teatros, centros comerciales, playas, hoteles, campings, restaurantes, supermercados, aeropuertos, estaciones de tren y de autobuses, polideportivos, etc.
3. Poner en marcha ayudas para la realización de las obras necesarias para adaptar los baños de los domicilios.
4. Regular una tarjeta de estacionamiento urgente que permita, durante un tiempo limitado de 60 minutos, estacionar en zona azul o plazas reservadas a movilidad reducida.
5. Ampliar el catálogo de productos relacionados con la ostomía y sus cuidados en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
6. Promover medidas de sensibilización y concienciación social, en colaboración con las asociaciones de personas afectadas, para mejorar el conocimiento por parte de la sociedad en general y fomentar la normalización de esta circunstancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2024.-Emilio Sáez Cruz, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza García, Olvido de la Rosa Baena, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María
Mercè Perea i Conillas, Esther Rodríguez Suárez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar de modo decidido
las adecuadas acciones formativas y de sensibilización y concienciación -contando con la participación de expertos en seguridad vial y de las asociaciones de víctimas-, como herramientas necesarias para reducir la siniestralidad vial, para su debate
en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La estrategia de Seguridad Vial 2030 ha marcado el ambicioso y necesario objetivo de reducir en un 50 % el número de fallecidos por siniestralidad vial en el año 2030.
La propia estrategia define un importante número de medidas, que deben implicar a numerosos agentes, y donde no cabe duda de que abordan el importante reto de hacer frente a la multitud de factores que pueden condicionar las cifras de
siniestralidad vial en nuestro país.
Enfoques integrales que incluyan avances en relación con las vías y sus infraestructuras, con el parque de vehículos y los avances tecnológicos, y por supuesto con el hecho de que las personas afronten su responsabilidad como conductores en
las mejores condiciones posibles, no solo psicofísicas, sino también de conocimientos, formación y sensibilización de lo que representa la conducción.
Hay que congratularse del hecho cierto que indica que en los últimos años se había vivido una reducción notable de las víctimas mortales de la siniestralidad vial, con un dato innegable como es que en 2005 fueran 4.442 los fallecidos y en
2023 fueran 1.145.
Sin embargo, tras el análisis de la memoria del balance de actuaciones de la Estrategia de Seguridad Vial en el bienio 2022-2023, se puede apreciar como el número 'alcanzado' de fallecidos es superior en 230 personas -más de un 15 %- al
número 'esperado'. Asimismo, el número 'alcanzado' de personas gravemente heridas es superior en 1.064 personas -más de un 14 %- al número 'esperado'.
Esta cifra, sumada a otros datos, como por ejemplo el desprendido del balance de siniestralidad vial ofrecidas en relación con el verano de 2024, en el que se marca que han fallecido 241 personas en julio y agosto de 2024, 3 más que en ese
mismo período de 2023, deben llamar a la reflexión al respecto de poder implementar medidas adicionales a las que ya se están anunciando por el Gobierno.
En este sentido, los factores conocidos que están incidiendo en la evolución positiva de la reducción de la siniestralidad están relacionados con la situación de las infraestructuras o los avances en los mecanismos de ayuda a la conducción
que han derivado en una mejor seguridad para los vehículos. Pero hay otros factores cuya incidencia va mostrando su influencia, tales como el aumento del parque automovilístico, el incremento de los desplazamientos de la población, la variable
demográfica con el avance del envejecimiento de un porcentaje de la población, y por supuesto los elementos de comportamiento de los propios conductores.
Es en este punto, donde cabe reflexionar sobre el hecho cierto de que factores como el exceso de velocidad, las distracciones al conducir o el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes acaban apareciendo en más del 70 % de
los siniestros viales. A ello hay que añadir otros comportamientos como la no utilización del cinturón de seguridad, o la conducción bajo condiciones de cansancio que generan fatiga o somnolencia. Todos ellos, factores humanos sobre los que poder
incidir para mejorar las cifras de siniestralidad.
Y es en este punto donde una mejor formación y sensibilización puede resultar determinantes. De hecho, la propia Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, en una Disposición Adicional Tercera Ter incorporada en el año 2022 aporta en la legislación esta posibilidad, por cuanto indica: 'Para la obtención de un permiso o licencia de conducción se podrán establecer cursos de
concienciación y sensibilización, que podrán impartirse también online siempre que se asegure la interacción a través de un aula virtual. El contenido y forma de los mismos se determinará reglamentaria, previa consulta a los expertos de seguridad
vial, así como a las asociaciones de víctimas'.
Sin duda, esta modificación legislativa es acorde también con la enmienda 271 que se presentó en relación con la Directiva Europea sobre los permisos de conducción que, si bien en febrero de 2024 fue rechazada en el Parlamento Europeo por
293 votos en contra, frente a los 229 votos a favor y las 94 abstenciones, sí contó con el voto favorable unánime de las delegaciones españolas acreditando así el compromiso con el contenido de la enmienda que indicaba: 'Los Estados miembros
establecerán, sin perjuicio de las opciones ya existentes en sus sistemas nacionales para el resto del periodo de aprendizaje de la conducción, una cantidad mínima de horas de instrucción de conducción, tanto teórica como práctica, por parte de un
instructor profesional antes de las respectivas pruebas. Esta instrucción de conducción profesional incorporará los conceptos básicos de primeros auxilios en carretera, incluida la RCP, así como nociones adecuadas de conducción ecológica e
interacción segura con usuarios vulnerables [...]'
Así pues, parece razonable impulsar la voluntad expresada por la propia normativa legislativa en nuestro país, a la que se suma un claro posicionamiento en relación con la importancia de la formación y la sensibilización como herramienta
para la reducción de la siniestralidad vial, todo ello sin menoscabo de cuantas otras medidas puedan ir implementándose en paralelo y que coadyuven al cumplimiento de dicho objetivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar de modo decidido las adecuadas acciones formativas y de sensibilización y concienciación -contando con la participación de expertos en seguridad vial y de las asociaciones de
víctimas-, como herramientas necesarias para reducir la siniestralidad vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Ángel Ibáñez Hernando, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001286
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Proposición no de Ley para el pleno derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades para el alumnado en situación administrativa irregular.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al grupo
parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para el pleno derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades para
el alumnado en situación administrativa irregular, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La Fundación PorCausa y Save the Children publicaron el informe Crecer sin papeles en España en el que, con datos de 2021, hacían una radiografía muy completa sobre las consecuencias que acarrea la irregularidad en la infancia, desde el
acceso a la vivienda hasta el derecho a la salud, pasando por el ocio y la protección. También sobre el derecho a la educación. El informe apuntaba datos importantes, en 2021 había 147.000 niños y niñas menores de 19 años en situación irregular en
España, de los que la mitad eran de menos de 10 años, y unos 55.000 menores de cinco años. El Ministerio del Interior nos ofrecía datos actualizados en su informe quincenal sobre Inmigración irregular publicado en 2024 en los que, a la cifra
anterior, se sumaban los 2.375 menores llegados en 2022 y los 5151 llegados este pasado 2023, un aumento del 116 % entre 2022 y 2023.
El proceso para la escolarización de un menor en situación regular solo requiere rellenar un formulario y presentarlo bien telemáticamente o de manera presencial. El trámite es sumamente sencillo. La realidad es muy diferente para los
menores en situación irregular, y el informe de Crecer sin papeles en España lo relata bien: 'la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identidad de Extranjero (NIE) puede impedir su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o
ayudas públicas y becas'. El informe apunta varios ejemplos: no se puede reclamar la emisión del título de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en algunas comunidades autónomas se impide la matriculación en Bachillerato si no se aporta un NIE, se
dificulta participar en el sistema de educación no obligatoria debido a los requisitos de documentación en la inscripción, o el menor no puede completar sus estudios oficiales por no poder realizar las prácticas u otras actividades extracurriculares
obligatorias para completar el curso. Todo ello dificulta a su vez el pleno desarrollo social del menor, que se ve privado de la participación en excursiones o intercambios educativos por tener restringida su libertad de movimiento. También
significan un lastre para el aprendizaje los impedimentos para acceder al sistema de becas y ayudas, incluyendo aquellas relativas a los libros escolares, el acceso a internet (tan importante durante la pandemia) o la educación infantil.
Tanto es así que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el ámbito de sus competencias, modificó en febrero de 2022 los criterios para la tramitación de la escolarización en Ceuta y Melilla, tras muchas denuncias por parte de
entidades como PRODEIN (Promotora de Desarrollo Integral), informes del Defensor del Pueblo o una resolución del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Hasta entonces cientos de niños y niñas no podían escolarizarse al requerirse el empadronamiento
(muy restrictivo en estas dos ciudades transfronterizas) o un informe de los servicios sociales municipales. De hecho, PRODEIN calculó que había 243 niños y niñas a los que se había negado la
matrícula en 2019. Es por ello que se requería una flexibilización de estos criterios, permitiendo también 'otros medios de prueba admitidos en Derecho', tal y como establece la Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en las ciudades de Ceuta y Melilla, para el curso 2024-2025.
Esta acción del Ministerio demuestra que es posible el cambio de criterios para dejar de vulnerar el derecho a la educación, como sucedió con la flexibilización en la escolarización de los niños y niñas que vinieron a España huyendo de la
guerra de Ucrania. En marzo de 2022 el Gobierno puso en marcha el sistema de protección temporal para la población ucraniana, con mecanismos que agilizaron procesos y facilitaron el derecho a residir, trabajar y acceder a prestaciones sociales. Si
esto se pudo hacer para tal situación, no hay motivos para no hacerlo para el resto de personas que llegan al país en circunstancias adversas similares.
Cabe destacar que una solicitud de escolarización no solo puede acabar en su denegación -y por lo tanto en la vulneración del derecho a la educación de cualquier menor, sea cual sea su situación administrativa-, sino que puede desembocar en
la expulsión del país, como ocurrió con la incoación de expedientes sancionadores a varias madres extranjeras de niños españoles cuando habían acudido a tramitar el DNI de sus hijos en Valencia, o con las dos familias que se enfrentaron a ser
deportadas a Marruecos en Melilla.
No está de más recordar que todas estas situaciones son contrarias a los derechos humanos y a la propia legislación española. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la
educación, y que la instrucción elemental es obligatoria. El artículo 27 de la Constitución Española dicta que 'todos tienen derecho a la educación'. En cuanto a la legislación española, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social establece, en el artículo 2ter, que las Administraciones públicas 'incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, [...] Especialmente, procurarán,
mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la
igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el
acceso al empleo como factores esenciales de integración'. Más concretamente, en el artículo 9 se habla sobre el derecho a la educación, y especifica que 'los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que
incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria'. De hecho, para la solicitud de renovación de autorización o en la solicitud de
residencia de larga duración es requisito indispensable acreditar la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria.
En la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también se incluye el derecho a la educación de los menores extranjeros, 'en las
mismas condiciones que los menores españoles'. Cabe señalar la importancia que tiene la mención expresa de 'las mismas condiciones'.
Hablamos de derechos en la teoría que se ven sistemáticamente vulnerados en la práctica para ciertos colectivos, puesto que se necesita una voluntad conjunta de diferentes administraciones para que se vean cumplidos, y no solo unas líneas en
el articulado de las leyes. Por un lado, una regularización general para este colectivo a nivel nacional, que permita el acceso a los servicios básicos y públicos y a todos los derechos que los sostienen para el resto de la ciudadanía. Por otro,
una flexibilización por parte de todas las comunidades
autónomas, por ser las competentes, en el acceso al sistema escolar para los niños y niñas en situación administrativa irregular, que no conlleve una vulneración de sus derechos tanto en su escolarización como en el acceso a becas, a
prácticas o a la obtención del título.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con las administraciones educativas y de otros ámbitos en la detección de las barreras administrativas que impidan la igualdad de trato contemplada en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, de los menores de edad de origen extranjero con progenitores en situación administrativa irregular el relación al resto de niños y niñas en el acceso a becas y ayudas al estudio, a actividades extracurriculares obligatorias, a
formación en prácticas o cualquier otra forma de discriminación que se detectara, con el fin de lograr su eliminación para colectivos especialmente afectados como los y las estudiantes en situación administrativa irregular.
2. Garantizar, mediante las modificaciones normativas oportunas, el acceso al certificado del NIE a todos los menores de edad, independientemente de la situación administrativa de sus progenitores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2024.-Gala Pin Ferrando y Vicenç Vidal Matas, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Industria y Turismo
181/000600
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Francisco José Conde López
Texto:
¿Qué actuaciones y avances se han llevado a cabo por parte del Ministerio de Industria y Comercio ante la Comisión Europea para garantizar que el proyecto promovido por la empresa Altri en Galicia pueda acceder a líneas de financiación de
los Fondos Europeos Next Generation EU?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2024.-Francisco José Conde López, Diputado.
181/000601
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Francisco José Conde López
Texto:
¿Qué actuaciones y avances se han llevado a cabo dentro del Plan de Automoción aprobado por el Ministerio de Industria y Comercio en el año 2020, al margen de las inversiones financiadas con los fondos Next Generation, y que estaba dotado
con 3.750M?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2024.-Francisco José Conde López, Diputado.
181/000607
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Esther Llamazares Domingo y Francisco Conde López
Texto:
¿De rechazar Arcelor finalmente la subvención de 450 M procedentes de Fondos Europeos, está el Gobierno en condiciones de destinar esa ayuda a otra entidad para abordar el proyecto DRI en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López, Diputados.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000602
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Beatriz Jiménez Linuesa, Bartolomé Madrid Olmo, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Patricia Rodríguez Calleja, Pedro Samuel Martín García, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Antonio Martínez Gómez, Sandra
Fernández Herranz, Agustín Parra Gallego, Carmen Fúnez de Gregorio, María Sandra Moneo Díaz, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Tienen previsto poner en marcha el Plan integral de Alzheimer, que lleva más de 6 años sin ponerse en marcha, ni dotarse presupuestariamente, y cuál sería el plazo para hacerlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Beatriz Jiménez Linuesa, Bartolomé Madrid Olmo, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Patricia Rodríguez Calleja, Pedro Samuel Martín García, María del Socorro
Cuesta Rodríguez, Antonio Martínez Gómez, Sandra Fernández Herranz, Agustín Parra Gallego, Carmen Fúnez de Gregorio, María Sandra Moneo Díez, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000603
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Martínez Gómez, Ana Isabel Alós López, Bella Verano Domínguez, Pedro Samuel Martín García, Silverio Argüelles García, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo, Enrique Belda Pérez-Pedrero, María Socorro Cuesta
Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno introducir cambios para subsanar los importantes problemas de equidad que plantea el bono social energético?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Ana Isabel Alós López, Bella Verano Domínguez, Pedro Samuel Martín García, Silverio Argüelles García, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo,
Enrique Belda Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000612
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Silverio Argüelles García y Pedro Samuel Martín García
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida para dar cumplimiento real a la idea planteada por el ministro de Servicios Sociales, Consumo y Agenda 2030 de 'regular el alquiler, restringir el alquiler
turístico, movilizar vivienda vacía...' pues 'la vivienda tiene que dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Silverio Argüelles García y Pedro Samuel Martín García, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000606
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu
Diputado: Oskar Matute García de Jalón
Dirigida a: Ministerio de Vivienda
Texto:
¿Contempla el Gobierno revisar los mecanismos de planificación y ejecución de REE, así como los mecanismos de asignación de evacuación en las subestaciones para favorecer una transición energética ordenada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2024.-Oskar Matute García de Jalón, Diputado.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000613
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Isabel María Borrego Cortés; Cristóbal Garre Murcia; Joan Mesquida Mayans; Cristina Agüera Gago; María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá Alberto Fabra Part; Carlos Gil Santiago; Celso Luis Delgado Arce;
Daniel Pérez Osma; Mario Cortés Carballo; Rafael Belmonte Gómez; Silverio Argüelles García y Llanos de Luna Tobarra
Texto:
¿Qué ha querido decir la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana con las declaraciones realizadas el 26 de septiembre en RTVE diciendo que 'condicionará la financiación'; con qué criterios va a condicionar la financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Alberto Fabra Part,
Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/000596
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué 'tarea' en el ámbito de la Sanidad le queda al Gobierno para, como planteó el presidente del propio Gobierno el pasado 4 de septiembre de 2024, 'alcanzar la España que queremos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000597
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno traducir en medidas concretas, tangibles y de utilidad real en el ámbito de la Sanidad la idea planteada por el presidente del Gobierno el pasado 4 de septiembre de 2024 de priorizar el 'Estado del
bienestar' en el 'séptimo año del gobierno de coalición progresista' para 'hacer de España un país más próspero, justo y sostenible, en el que la gente viva mejor'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000598
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno atender la solicitud realizada desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria el pasado 5 de septiembre de 2024 e impulsar un 'marco regulatorio estable y flexible, que esté diseñado
pensando en las peculiaridades de nuestro sector'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000599
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad atender la crítica planteada desde Cemsatse el pasado 3 de septiembre de 2024 y materializar en algún momento alguna medida ante el 'incumplimiento' por parte del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria de las 'medidas de fidelización y captación de médicos en Ceuta, anunciadas en el Boletín Oficial del Estado' hace 'un año y medio'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000608
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Juan Andrés Bayón Rolo y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno atender la solicitud realizada desde la Asociación Española de Medicamentos Genéricos e impulsar en algún momento 'una legislación clara para diferenciar entre genéricos y marcas, destacando la
importancia de asegurar el suministro ante el aumento de costes de fabricación'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Juan Andrés Bayón Rolo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000609
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante la idea planteada por el secretario de Estado de Sanidad el 9 de septiembre de 2024 de que 'el sistema sanitario tiene mucho que decir en
el abordaje de
la violencia de género y mejorar nuestra participación en la detección y comunicación es una obligación y una necesidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000610
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Bartolomé Madrid Olmo y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el compromiso planteado por la ministra de Sanidad el 9 de septiembre de 2024 de trabajar 'por una sociedad que no esté dopada con cafeína
por las mañanas y ansiolíticos por las noches'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Bartolomé Madrid Olmo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000611
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Rafael Benigno Belmonte Gómez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida ante la necesidad de que las Comunidades Autónomas estén 'en las tomas de decisión y evaluación', según se planteó desde la Dirección General de Cartera Común
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad el pasado 5 de septiembre de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2024.-Rafael Benigno Belmonte Gómez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/014934
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Valoración por el Gobierno de la campaña de rezo iniciada por un grupo ultracatólico a las puertas de una clínica de aborto de Castelló de la Plana, así como medidas previstas para garantizar los derechos de las mujeres que deciden abortar
libremente y de forma totalmente legal.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
La actual legislación española reconoce la libertad de la mujer frente el aborto. Según esta, las mujeres pueden interrumpir libremente hasta la semana 14; en caso de patología fetal y por salud materna, hasta la semana 22. Está
contemplado en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 d.e febrero, por la cual se modifica la Ley Orgánica 2/2010.
Además, el pasado mes de junio, el Pleno del Tribunal Constitucional avaló la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin el consentimiento paterno, con los hospitales públicos como
centros de referencia. De este modo, se acaba el requisito introducido por el Partido Popular en 2015 del consentimiento paterno.
El día 25 de septiembre de 2024 ha empezado una campaña de rezo, por parte de un grupo ultracatólico, a las puertas de una clínica de aborto de Castelló de la Plana. La campaña cuenta con el apoyo del Obispado de Segorbe-Castelló, que ha
difundido la convocatoria y el enlace para suscribirse a las jornadas. Se trata de jornadas de 480 horas de rezo, con voluntarios por cada turno. La campaña estará activa hasta el 3 de noviembre de 2024.
Es por esto, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo valora el Gobierno del Estado español esta campaña de acoso por parte de grupos ultracatólicos a las mujeres que deciden libremente, y de forma totalmente legal, interrumpir su embarazo?
2. ¿Está de acuerdo el Gobierno del Estado con que esta campaña va en contra del Estado de Derecho?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno del Estado español tomar alguna medida para garantizar los derechos de las mujeres que deciden libremente, y de forma totalmente legal, abortar? ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para garantizar que el
derecho al aborto se pueda hacer con todas las garantías y sin campañas de acoso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/015365
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Recuperación de las frecuencias normales y los servicios de los trenes Intercity que circulan entre Barcelona-Castellón-Valencia-Alicante-Lorca/Cartagena, así como posibilidad de que sean las obras del Corredor Mediterráneo las causantes de
las modificaciones de estos servicios.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
Las obras de Adif que se iniciaron el pasado 27 de septiembre en el Corredor Mediterráneo, ha comportado cortes de vía y reducción de la capacidad de varias estaciones. Esto ha ocasionado que Rente reconfigure el servicio de los trenes
Intercity que circulan entre Barcelona-Castelló-València-Alicante. Los dos trenes diarios que circulan en sentido Barcelona-Lorca/Cartagena, se unificarán en uno, que circulará en doble composición para que hayan las mismas plazas que la compañía
ofrece entre Barcelona y Valencia.
Los viajes con origen y destino Alicante o Murcia, tendrán que hacer transbordo en València Norte. Esto afecta al funcionamiento de los viajes y a los pasajeros de municipios valencianos y ciudades medias que se conectan con Barcelona, como
el caso de los que viajan entre Barcelona y Xátiva, que antes tenían tres trenes diarios y a estas alturas solo tienen uno.
Es por eso que esta diputada desea formular las siguientes preguntas:
1. ¿Son las obras del Corredor Mediterráneo las causantes reales de las modificaciones de los servicios mencionados?
2. ¿Cuándo se recuperarán las frecuencias normales y los servicios que antes había en esta línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/015366
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Concesión, actualmente otorgada, de una plataforma marina frente a la costa a la empresa BP Oil de Castellón.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
La empresa BP Oil posee la concesión de una plataforma marina ante la costa de Castelló para descargar hidrocarburos. Dicha plataforma no opera desde 2012 y la previsión inicial de la empresa, según publicó en prensa, era desmantelarla en
2020. Finalmente, sin embargo, solicitó una prórroga de la concesión hasta 2027.
Es por esto, que esta diputada desea formular las siguientes preguntas:
1. ¿En qué fecha exacta vence la concesión actualmente otorgada?
2. ¿Hasta cuándo, como máximo, se podrían renovar concesiones?
3. ¿Cuál sería el plazo máximo, desde la finalización de la concesión, para el desmantelamiento de la plataforma?
4. ¿Qué criterios de regeneración ambiental y qué medidas de control ambiental existen para garantizar la recuperación ambiental de la zona?
5. ¿Dicho desmantelamiento incluye las canalizaciones subterráneas hasta la refinería?
6. ¿Cuál es el importe del aval, si existe, depositado, para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales del desmantelamiento?
7. Es requisito para mantener la concesión que dicha plataforma esté operativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/015367
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Nueva Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de construcción para la prolongación sur del dique de cierre de la dársena sur de Castellón.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
La Autoridad Portuaria de Castellón sacó en julio a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción para la prolongación sur del dique de cierre de la dársena sur. El valor estimado es de 314.874 euros más
IVA y un plazo de ejecución de 8 meses. Con la actuación se usurpará al mar un espacio de 110.110 metros cuadrados. La obra consiste en la construcción de 360 metros de longitud en la continuación al dique de cierre y 370 metros en la continuación
del contradique sur, creando un recinto que, tras su futuro relleno, permitirá la creación de nuevas parcelas. Dicha ampliación, supone incrementar la barrera a la aportación de sedimentos de Almassora.
Es por esto, que esta diputada desea formular las siguientes preguntas:
1. Siendo la última Declaración Ambiental de 2003, ¿precisa esta nueva ampliación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/015368
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Realización de un trasvase a la costa de Almassora de un volumen anual de 60.000 metros cúbicos de arena desde el año 2003 hasta 2024 para mitigar el impacto del proyecto de Dársena Sur del Puerto de Castellón.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
1. La resolución de 18 de marzo de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formuló declaración de impacto ambiental (DIA) sobre el proyecto de Dársena Sur del Puerto de Castelló contemplaba, en el anexo IV, un
contestación a una consulta realizada a la Dirección General de Costas que 'se informa favorablemente a la prolongación del dique de Levante del Puerto de Castelló y considera que como medida para evitar el posible daño a la pradera de posidonia
oceánica y la erosión adicional inducida en la costa sur, habría que trasvasar artificialmente a la costa de Almassora un volumen anual de 60.000 metros cúbicos de arena a confirmar previamente mediante un seguimiento batimétrico minucioso de la
zona de acumulación'.
Es por esto, que esta diputada desea formular las siguientes preguntas:
1. ¿Desde el año 2003 hasta 2024, ha cumplimentado la Dirección General de Costas, Puertos del Estado o algún departamento estatal las aportaciones de 60.000 euros anuales comprometidos en dicho documento de Declaración Ambiental?
2. ¿Cuántos metros cúbicos de arena se han aportado a Almassora desde los organismos estatales en estos 24 años?
3. ¿Ha previsto el Ejecutivo alguna medida de compensación para resarcir o minimizar los efectos de la erosión y la regresión en la costa de Almassora provocados por el Puerto de Castelló?
4. ¿Ha realizado el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica o a través de la Dirección General de Costas o de algún departamento el estudio de seguimiento batimétrico de la zona de la costa de Almassora comprometido en la
Declaración Ambiental de 2003? De ser así, solicitamos copia en formato digital.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/015371
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Recepción por el Gobierno de alguna solicitud de impulso de un parque eólico marino en el Puerto de Castellón en la zona de afección portuaria, tanto marítima como terrestre.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por
escrito.
El 4 de julio de 2024 la Autoridad Portuaria de Castellón publicó la resolución de inicio del 'Proyecto de ordenación de la zona del Muelle de Costa-Tramo Norte de la Dársena Sur del Puerto de Castellón para el desarrollo de un hub para la
industria eólica marina (offshore)'. El ámbito del proyecto se corresponde con la superficie de dominio público portuario disponible en la futura explanada del Muelle de Costa de la Dársena Sur del puerto de Castellón, con una extensión aproximada
de 50 Ha, con capacidad de ampliación. El objeto de las concesiones estará vinculado a la construcción y explotación de instalaciones destinadas a la energía eólica marina (offshore), prioritariamente flotante, para el desarrollo de actividades
relacionadas con la preparación, fabricación, montaje, mantenimiento y demás actividades complementarias o auxiliares, con el fin de desarrollar un hub para industria eólica marina (offshore), en el Muelle de Costa de la Dársena Sur del puerto de
Castellón.
Es por esto que esta diputada desea formular la siguiente pregunta:
1. Ante esta circunstancia y ante la posibilidad, ¿ha recibido el Gobierno alguna solicitud de impulso de un parque eólico marino en el Puerto de Castelló o en la zona de afección portuaria, tanto marítima como terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.