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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 201, de 24/09/2024
cve: BOCG-15-D-201
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de septiembre de 2024
Núm. 201
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad urgente de reforzar la protección de la comunidad judía en España frente al auge del antisemitismo en todas sus formas ...
(Página8)
161/001185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para condenar los ultrajes y ofensas a la bandera de España, la Comunitat Valenciana y su Presidente por parte del independentismo catalán ...
161/001209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para recordar a las víctimas del atentado terrorista de la calle del Correo de Madrid ... (Página12)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la condena de los crímenes internacionales cometidos por Israel contra las personas detenidas desde octubre de 2023 y contra la escalada
de violencia y la aplicación de medidas de castigo colectivo contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este ... (Página15)
161/001204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la utilización de Cuba por parte de Rusia para socavar las democracias ... (Página18)
161/001207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la recuperación de las relaciones diplomáticas plenas y normalizadas con la República de Argentina. ....
Comisión de Defensa
161/001176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la industria de Defensa israelí en España y al comercio de armas ... (Página23)
161/001187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para el reconocimiento de la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo ... (Página24)
161/001188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la participación de empresas israelíes en ferias de Defensa organizadas o celebradas en España ... (Página26)
161/001194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reafirmar el compromiso de continuar apoyando a Ucrania. ... (Página27)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la elaboración de un programa plurianual para la atracción del talento en la función pública española. ...
Comisión de Interior
161/001202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno garantice la seguridad en Moratalla (Región de Murcia) y paralice el desmantelamiento del cuartel de la Guardia Civil del
municipio ... (Página31)
161/001205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el mantenimiento de los cuarteles y puestos de la Guardia Civil en Lugo ... (Página32)
161/001210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los problemas de seguridad que conlleva el fenómeno creciente de la ocupación ilegal de viviendas ... (Página35)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a los tramos pendientes de la autovía A-21 (autovía de los Pirineos) ... (Página36)
161/001171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al tramo pendiente de la autovía A-22 Siétamo-Huesca ... (Página37)
161/001172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a los tramos pendientes de la autovía A-68 en las provincias de Zaragoza y Teruel ... (Página37)
161/001173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat ... (Página38)
161/001174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de las obras y tramitación de la autovía A-76 en Valdeorras ... (Página40)
161/001198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la planificación, ejecución y desarrollo de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza ...
161/001200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el robo de cobre en infraestructuras ferroviarias ... (Página45)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la lucha contra la violencia contra las mujeres a través del deporte ... (Página46)
161/001191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso del deporte en el medio rural ... (Página47)
161/001193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reclamación de la medalla de bronce para la atleta Elena Congost y su guía Mia Caron, en los Juegos Paralímpicos de París 2024 ...
(Página49)
Comisión de Industria y Turismo
161/001178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre impulso y gobernanza de la política industrial en España en un marco de condiciones laborales justas ... (Página50)
161/001181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción turística y al apoyo a la consideración de la celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia como
'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' ... (Página53)
161/001199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso y la formulación de un Plan Nacional de Formación y Reciclaje Profesional de calidad en el ámbito turístico ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de la flota gallega del cerco y de artes menores ante la falta de cuota de sardina ... (Página58)
161/001192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para la obligatoriedad de la emisión de certificación por parte de las comunidades de regantes del estado de las deudas de las fincas de regadío en
el momento de la transmisión ... (Página63)
161/001195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ordenación sostenible de las especies sujetas a los TAC y cuotas ... (Página66)
161/001196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para afrontar la negociación del futuro Marco Financiero Plurianual con los recursos financieros adecuados a la Política Agraria Común en España
... (Página67)
161/001203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de mejoras relacionadas con la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) ... (Página69)
161/001211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de regulación de las denominaciones de productos cárnicos en España ... (Página70)
161/001212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de reducción de cuotas de pesca de la anchoa o boquerón por la Unión Europea ... (Página72)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regresión de las playas del Garraf (Barcelona) ... (Página73)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas contra la turistificación y su impacto en la emergencia habitacional ... (Página75)
161/001206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de nuevas alternativas habitacionales para jóvenes ... (Página77)
161/001208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de reformas legislativas que favorezcan el acceso a la vivienda en España ... (Página78)
Comisión de Sanidad
161/001177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía ... (Página81)
Comisión de Igualdad
161/001175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para garantizar el uso del catalán en las campañas institucionales en Cataluña del Ministerio de Igualdad ... (Página84)
161/001179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el sistema VioGen ... (Página86)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la regulación y control de los sellos de accesibilidad ... (Página89)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000494 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre planificación que tiene ADIF-AV para realizar en la línea de Alta Velocidad Ourense-Santiago la migración del ancho ibérico al ancho de vía estándar (UIC) ...
(Página91)
181/000495 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre medidas de ADIF-AV para solucionar las reiteradas incidencias que se producen en el cambiador de ancho de Taboadela y que afectan de modo sostenible a la
correcta circulación de los trenes entre Galicia y Madrid ... (Página91)
181/000496 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre motivos por los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está retrasando los proyectos y las obras de la Red de Carreteras del Estado en la
provincia de Ourense ... (Página91)
181/000497 Pregunta formulada por la Diputada Inés Granollers Cunillera (GR), sobre opinión que le merece la liberalización del transporte ferroviario de Alta Velocidad en el Estado español ... (Página92)
181/000498 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre posición del Gobierno en relación con la activación de la transferencia de la titularidad y gestión a la Comunidad Autónoma de Galicia de la autopista del
Atlántico AP-9, así como sobre el cumplimiento de los compromisos que adquirió sobre la implantación de nuevas bonificaciones a los usuarios y el de la gratuidad de la autopista expresada en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas ...
181/000499 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Fabra Part (GP), sobre motivo por el que no es prioritario para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el mantenimiento y ejecución de las conexiones de la AP-7 con los
municipios de la Comunitat Valenciana ... (Página93)
181/000500 Pregunta formulada por la Diputada María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre mejoras previstas en el aeropuerto de Sevilla para suplir los agravios de inversión en dicha infraestructura de movilidad en comparación con el resto
de los aeropuertos de España ... (Página93)
181/000501 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), Martínez Labella, Ana (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre fecha de finalización y entrega de obra que figura en el documento contractual suscrito
con la empresa adjudicataria para la ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería tramo Los Arejos-Níjar ... (Página93)
181/000502 Pregunta formulada por el Diputado Tomás Cabezón Casas (GP), sobre número de años que necesita el Gobierno para presentar y aprobar el estudio de viabilidad del corredor ferroviario Soria-Castejón y atender de una vez a las
necesidades de conectividad en la provincia de Soria ... (Página94)
181/000503 Pregunta formulada por los Diputados Ferran Verdejo Vicente (GS) y Ramos Esteban, César Joaquín (GS), sobre consideración por el Gobierno de la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat como un proyecto clave
para el desarrollo económico de Cataluña ... (Página94)
181/000504 Pregunta formulada por los Diputados Ferran Verdejo Vicente (GS) y Ramos Esteban, César Joaquín (GS), sobre actuaciones que está desarrollando y tiene previsto desarrollar el Gobierno en Rodalies de Cataluña ...
181/000505 Pregunta formulada por los Diputados Herminio Rufino Sancho Íñiguez (GS) y Ramos Esteban, César Joaquín (GS), sobre avances que se están realizando en las inversiones que está impulsando el Gobierno en la línea
Sagunto-Teruel-Zaragoza ... (Página94)
181/000506 Pregunta formulada por los Diputados Cristina López Zamora (GS) y Ramos Esteban, César Joaquín (GS), sobre avances y previsiones de las obras de la red ferroviaria Madrid-Ciudad Real-Puertollano ...
181/000507 Pregunta formulada por los Diputados Milena Herrera García (GS) y Ramos Esteban, César Joaquín (GS), sobre actuaciones que lleva a cabo el Gobierno para garantizar la movilidad de las personas residentes en las islas en igualdad
de condiciones con las del resto de la ciudadanía española ... (Página95)
181/000508 Pregunta formulada por los Diputados Álvaro Morales Álvarez (GS) y Ramos Esteban, César Joaquín (GS), sobre previsión de actuaciones, como nuevos enlaces y tercer carril, en el corredor AP-1 Burgos-Miranda de Ebro ...
181/000509 Pregunta formulada por la Diputada Maribel Vaquero Montero (GV-EAJ-PNV), sobre plan de medidas adoptado por el Gobierno para paliar las graves consecuencias que están causando las diferentes obras en el tramo Irun-Brinkola ...
181/000510 Pregunta formulada por el Diputado Isidre Gavin i Valls (GJxCAT), sobre número de incidencias producidas en los últimos meses en el servicio de Alta Velocidad con salida o destino a Cataluña y motivos de las mismas ...
181/000511 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre grado de desarrollo del compromiso de implantar el servicio de Cercanías ferroviarias en Galicia en la XV legislatura ... (Página96)
181/000512 Pregunta formulada por los Diputados Héctor Palencia Rubio (GP) y Rodríguez Calleja, Patricia (GP), sobre situación actual y cronograma de los trámites que maneja el Gobierno para seguir dando pasos para la ejecución de la A-40, a
su paso por las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, tanto en su tramo Ávila-A-6 como en el tramo Ávila-Maqueda ... (Página97)
181/000513 Pregunta formulada por los Diputados Héctor Palencia Rubio (GP) y Llamazares Domingo, Esther (GP), sobre razón por la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible insiste en construir el vial de Jove de Gijón en
superficie y descartó el proyecto de un túnel soterrado ... (Página97)
181/000514 Pregunta formulada por el Diputado Javier Merino Martínez (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si en la Comunidad Autónoma de La Rioja es digno el actual sistema ferroviario ... (Página97)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000515 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP),
Alfonso Silvestre, Alma (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), sobre fecha prevista para que el Gobierno cumpla el compromiso asumido por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, en enero del 2024, de
publicar la cifra con el desglose de los trabajadores fijos discontinuos inactivos de forma periódica y en fuentes oficiales ... (Página98)
181/000516 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP),
Alfonso Silvestre, Alma (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), sobre medidas previstas para solucionar los problemas de falta de personal en el SEPE, teniendo en cuenta el incremento de las cargas de trabajo que se va a producir con la
tramitación del ingreso mínimo vital, a los efectos de garantizar una prestación del servicio público de calidad ... (Página98)
181/000517 Pregunta formulada por los Diputados María Isabel Prieto Serrano (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP),
Alfonso Silvestre, Alma (GP) y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), sobre medidas previstas que puedan solucionar el aumento de absentismo laboral, que está afectando a la productividad de las empresas ... (Página99)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página99)
184/012963 Autor: Boada Danés, Júlia Alonso Cantorné, Fèlix
Uso de armas para la prestación de servicio de vigilancia de la finca de Can Juncadella en Lloret de Mar (Girona) ... (Página99)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/001184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad urgente de
reforzar la protección de la comunidad judía en España frente al auge del antisemitismo en todas sus formas, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El establecimiento de comunidades judías en la península ibérica se remonta a un período muy antiguo que, según muchos historiadores, podría retrotraerse incluso a una etapa anterior a la conquista romana. En 1492 esta presencia secular se
vio abruptamente cortada por la orden de expulsión de los reinos de Castilla y Aragón, por el Edicto de Granada, promulgado por los Reyes Católicos Isabel y Fernando. A pesar de los desafíos y persecuciones a lo largo de los siglos, los judíos han
mantenido unos vínculos sentimentales y culturales muy estrechos con España, preservando su identidad y tradiciones a lo largo de generaciones. En la actualidad, la población judía en España está formada por aproximadamente 45.000 personas, cuya
actividad económica y profesional está absolutamente imbricada en el tejido social español; son empresarios, emprendedores, comerciantes, autónomos, dueños de instituciones educativas, etc. En nuestro país existen 30 sinagogas para su culto,
algunas con capacidad de hasta 800 personas, y cementerios judíos.
A raíz del ataque del grupo terrorista Hamás al estado de Israel el pasado 7 de octubre de 2023 durante la celebración del Festival Tribe Nova, y la posterior respuesta israelí en territorio gazatí, la comunidad judía asentada en España está
viéndose afectada por crecientes ataques, amenazas y discursos de odio. Esta oleada de agresiones está directamente vinculada al conflicto bélico desarrollado en Gaza a partir del ataque original de Hamás y las represalias israelíes que continúan
hoy. A pesar de que compartan la preocupación por lo que ocurre en Israel la comunidad judía en España, no participa en las decisiones tomadas por el Estado de Israel. Es crucial evitar generalizaciones o suposiciones sobre su alineación política
y, mucho menos aún, asignarles una responsabilidad en las acciones que compete exclusivamente al gobierno de Israel.
Los datos sobre el auge del antisemitismo en estos dos últimos años son muy alarmantes:
Según el Informe de Delitos de Odio de 2023 del Ministerio del Interior los hechos antisemitas registrados en España se incrementaron un 76,92% respecto al año anterior, y el discurso de odio antisemita se disparó un 133%.
Paralelamente, la encuesta de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) publicada en el mes de julio de 2024, aunque realizada con anterioridad al ataque referido de fecha 7 de octubre de 2023, recoge un alarmante sentimiento
de inseguridad por parte de las personas encuestadas de origen judío. En España, el 96% aseguró enfrentarse a todo tipo de estereotipos y haber experimentado alguna forma de antisemitismo.
Así mismo, tal y como recoge el Informe sobre Ataques Judíos desde el 7 de octubre, realizado por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, publicado el 24 de abril de 2024, los ataques sufridos a la comunidad judía
española se pueden agrupar en 4 tipologías: violencia física, ataques a lugares de culto, vejaciones a creyentes y escarnio a la religión. Entre ellos se encuentran actos violentos, como tirar una piedra a una pareja judía por la ventana de su
casa, incitación a levantarse en armas contra los judíos, boicots contra sus negocios, múltiples pintadas y ataques en las sinagogas, viviendas, negocios y colegios que frecuentan judíos, como por ejemplo, la pintada en una escuela pública de
Barcelona que decía 'Hitler tenía razón' o la estrella de David colgada de una horca en un muro en Madrid, varias viñetas burlescas en medios de comunicación, infinidad de publicaciones en redes sociales con burlas y mensajes de odio, entre otras,
siendo las regiones más afectadas Madrid, Cataluña y Melilla.
Estos datos no constituyen casos aislados, sino que se encuentran en absoluta concordancia con los recientes acontecimientos ocurridos en la Unión Europea:
Según el Informe sobre Experiencias y Percepciones del Antisemitismo por parte de los Judíos elaborado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, en todos los países se produjo un marcado aumento de los incidentes antisemitas en los
meses posteriores al 7 de octubre de 2023. Algunas organizaciones informan de aumentos en torno al 400 %. Este mismo estudio resalta que un 96% de los judíos europeos manifestaron haber experimentado antisemitismo en su vida cotidiana o en
internet en los últimos 12 meses.
En consecuencia, resulta imperativo responder de manera firme y enérgica a esta oleada antisemita, que comience por reconocer la gravedad del problema y siga por combatir todas sus manifestaciones, ya sean de naturaleza política, cultural,
étnica, religiosa o social, en sintonía con el marco jurídico de la Unión Europea.
La Comisión Europea presentó en fecha 5 de octubre de 2021 la primera Estrategia de la Unión Europea para Luchar contra el Antisemitismo y Apoyo a la Vida Judía (2021-2030) con el objetivo de alcanzar una 'UE libre de antisemitismo'.
Textualmente dicho texto expresa que 'la comunidad judía constituye un elemento inextricable de la identidad europea', que 'el antisemitismo no se agotó con el Holocausto, sino que varias generaciones después del final de la Shoá, se observa un
inquietante resurgir de antisemitismo tanto en Europa como en el resto del mundo', y que 'el antisemitismo es incompatible con los valores esenciales de Europa'. En esta misma sintonía, y más recientemente, el pasado 27 de junio de 2024 el Consejo
Europeo reiteró en su documento de conclusiones escritas 'su condena más enérgica de todas las formas de antisemitismo'.
En concordancia con estas directrices, el pasado 31 de enero de 2023 el Gobierno de España elaboró el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea contra el Antisemitismo (2023-2030) basado en 4 ejes: a) Prevención y lucha
contra toda forma de antisemitismo, b) Promoción de las condiciones para el ejercicio del derecho de las personas y las comunidades judías a vivir de acuerdo a sus creencias y tradiciones, c) Pedagogía, investigación y memoria y d) Gobernanza,
seguimiento y evaluación del plan.
No obstante, dada la gravedad y el aumento preocupante de hechos de carácter antisemita en nuestro país, es crucial reforzar nuestro marco legislativo y brindar un mayor
respaldo a la comunidad judía frente a los numerosos y crecientes ataques antisemitas. El antisemitismo constituye una violación de los derechos humanos y una amenaza para la convivencia pacífica y democrática. La historia de Europa del
siglo XX nos ha dado muestras de la más espantosa crueldad contra un grupo que se pretendió exterminar. Toda nuestra historia posterior debe leerse como un compromiso común para que hechos tan aborrecibles no puedan nunca repetirse. Es
responsabilidad del Congreso de los Diputados tomar medidas efectivas para combatir este fenómeno y garantizar la seguridad y dignidad de todos los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Reforzar las medidas de seguridad en edificios y locales judíos: garantizar la protección de sinagogas, centros comunitarios y cualquier espacio de relevancia judía, siguiendo las directrices y herramientas proporcionadas por la Unión
Europea sobre la protección de lugares de culto.
2. Promover la denuncia y la acción judicial contra delitos de odio: facilitar y proteger la denuncia de incidentes antisemitas, asegurando que las víctimas reciban el apoyo necesario y que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
3. Revisar y fortalecer el marco legislativo: evaluar y, en su caso, reformar la legislación vigente para asegurar que se aborde adecuadamente el antisemitismo y se apliquen sanciones efectivas contra los actos de odio y discriminación.
4 Eliminar expresiones antisemitas en el espacio público: intensificar las acciones de limpieza y vigilancia para la eliminación de grafitis, pegatinas, carteles y cualquier otra forma de expresión antisemita en las calles y otros espacios
públicos.
5. Establecer protocolos de actuación rápida ante incidentes antisemitas: desarrollar protocolos claros y eficientes para que las autoridades locales, autonómicas y nacionales respondan de manera rápida y adecuada a los incidentes de
antisemitismo, asegurando la protección de las víctimas y la detención de los agresores.
6. Colaborar con plataformas de redes sociales para combatir el antisemitismo online: trabajar con empresas de tecnología y redes sociales para desarrollar y aplicar mecanismos de detección y eliminación de contenido antisemita en
internet.
7. Impulsar campañas públicas de concienciación: realizar campañas de comunicación para sensibilizar a la población sobre el antisemitismo y sus efectos, promoviendo una cultura de tolerancia y respeto.
8. Promover la conmemoración del 27 de enero, Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en un mayor número de instituciones y administraciones públicas.
9. Reforzar los contenidos para la lucha contra el antisemitismo en el currículo educativo en todas sus etapas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Marta González Vázquez, Nacho Martín Blanco, Isabel María Borrego Cortés, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Pedro Muñoz Abrines, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Manuel
Cobo Vega, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, María del Mar González Bella, Rafael Antonio Hernando Fraile, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba, Jaime Eduardo de Olano Vela, Pedro Puy Fraga y
Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para condenar los ultrajes y ofensas a
la bandera de España, la Comunitat Valenciana y su President por parte del independentismo catalán, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado 21 de agosto, durante un acto organizado por el colectivo Arran, una organización juvenil de izquierda independentista catalana vinculada a la CUP, se llevó a cabo la quema de una imagen del President de la Generalitat Valenciana,
D. Carlos Mazón, así como de una bandera de España, en las fiestas del barrio de Vila de Grácia en Barcelona. Este acto fue acompañado por una pancarta que decía: 'De Salses a Guardamar y de Fraga a Maó, som Pai'sos Catalans, t'agradi o no, Carlos
Mazón'.
Ante estos ataques al President de la Generalitat Valenciana, a la propia Comunitat Valenciana y a la bandera de España, el President Mazón expresó en redes sociales su rechazo, afirmando: 'Podéis quemar mi cara un millón de veces y hacerme
lo que queráis. A la Comunitat Valenciana se le respeta y quien no lo haga me tendrá enfrente con todas las consecuencias. La patochada soberanista toca a su fin'.
Los pactos con el independentismo catalán y la búsqueda de un concierto económico en detrimento de otras Comunidades Autónomas han favorecido la reaparición de un discurso soberanista que busca resucitar el conflicto político entre Cataluña
y España.
Tanto la Comunitat Valenciana como Cataluña cuentan con sus respectivos Estatutos de Autonomía, que las constituyen como Comunidades Autónomas dentro de la unidad de la Nación española, en ejercicio del derecho de autogobierno que la
Constitución española les reconoce. Asimismo, la Constitución establece el principio de solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas, asegurando un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.
Por lo tanto, este acto no solo es una ofensa institucional hacia quien representa a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, sino una agresión directa contra su Estatuto de Autonomía, la identidad y la integridad de la Comunitat
Valenciana y de España en su conjunto. Los intentos del independentismo catalán por integrar a la Comunitat Valenciana en una entelequia denominada Països Catalans representan un ataque a la identidad de los 542 municipios de la Comunitat
Valenciana y a sus más de cinco millones de habitantes.
Desde el Partido Popular, manifestamos que la violencia y el odio del separatismo catalán no nos desviarán de nuestro compromiso con la defensa de los derechos e intereses de la Comunitat Valenciana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar de manera explícita la quema de la bandera de España, símbolo de la Nación española; los ataques a la identidad y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y contra el representante de sus ciudadanos, el President D.
Carlos Mazón.
2. Interesar del Ministerio Fiscal la investigación de los hechos del pasado 21 de agosto en Barcelona por parte del colectivo Arran, al poder ser constitutivos de un delito de
los previstos en el Código Penal por las ofensas o ultrajes a España, a sus Comunidades Autónomas y a sus símbolos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Julia Parra Aparicio, Macarena Montesinos de Miguel, Pedro Muñoz Abrines, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Sandra Pascual Rocamora, Alma Alfonso Silvestre,
Fernando Rosa Torner, Carlos Gil Santiago, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Óscar Clavell López, Alberto Fabra Part y Cristina Moreno Borrás, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para recordar a las víctimas del atentado terrorista de la calle del Correo de Madrid,
para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El primer atentado indiscriminado de la banda asesina ETA
El 13 de septiembre de 2024 se cumple el quincuagésimo aniversario del atentado más sangriento de los perpetrados en Madrid por la banda criminal ETA, y el segundo de toda su historia tras la matanza de Hipercor en Barcelona en 1987.
El acto criminal cometido aquel día 13 de septiembre de 1974 constituyó el primer atentado indiscriminado contra civiles de la banda terrorista ETA. Ese día, a las 14.30 horas, en la cafetería Rolando de la calle del Correo, los terroristas
Bernard Oyarzábal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorga dejaron un bulto que contenía 30 kilos de explosivos y 1.000 tuercas de 2 centímetros de diámetro; tal cantidad de objetos con función de metralla pretendía provocar el mayor número
posible de víctimas mortales a la hora de la comida y, en su defecto, que los heridos sufrieran los peores daños posibles. Así se recogía en la agenda del terrorista José María Arruabarrena, alias 'Tanque', en la que constaba la anotación 'Rolando
2:15-2:45', 'lo que permitió revelar la autoría de ETA', según se ha publicado 1.
Murieron trece personas, once en el acto y dos en fechas posteriores, y resultaron heridas setenta y una personas. La elección de la cafetería Rolando obedece a su proximidad a la Dirección General de Seguridad, ubicada en el edificio de la
Real Casa de Correos. Pese a la ubicación, el único agente de policía asesinado fue Félix Ayuso Pinel (inspector jefe, Cuerpo General) 2, que falleció dos años y medio después como consecuencia de las heridas del atentado. El resto de asesinados
no pertenecían a ningún cuerpo armado.
En documentación publicada por el Ministerio del Interior 3 aparecen los nombres y circunstancias de las víctimas mortales: 'Antonio Alonso Palacín era natural de Alhama de Aragón. Seis días antes se había casado con María Jesús Arcos, de
veintiocho años. Su matrimonio se vio truncado de forma trágica esa tarde en la cafetería Rolando. Similar fin tuvieron Baldomero Barral y su esposa, María Josefina Pérez, de veinticuatro y veintiún años respectivamente, naturales de A Coruña y de
visita en Madrid. Lo mismo le ocurrió a la
1 https://www.abc.es/espana/pais-vasco/primera-matanza-indiscriminada-eta-olvido-tras-mentiras-20240704142720-nt.html
2 https://www.policia.es/_es/tupolicia_memorial_timeline_victimas.php#
3 https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-victimas-de-actos-terroristas/unidades-didacticas-en-castellano/UD2_Terrorismo_en_España_PROFESORES.pdf
profesora Francisca Baeza, hija única, que era la cuidadora de sus ancianos padres; al policía Félix Ayuso; al camarero, y padre de tres hijos, Gerardo García, y a su compañero Manuel Llanos; al cocinero Francisco Gómez; al ferroviario,
de la localidad sevillana de Villanueva del Río, Antonio Lobo; al comercial Luis Martínez, a la administrativa, próxima a la jubilación, Concepción Pérez Paino, y la joven estudiante María Ángeles Rey. Todos, ellos y ellas, eran personas con
familia, amistades, con una vida llena de ilusiones y proyectos que se vieron cercenados por aquella bomba. (...) María Ángeles Rey Martínez, asesinada en ese atentado, de veinte años y natural de Burgos, se había trasladado a Madrid por unos
exámenes'.
Segundo. Medio siglo de impunidad
Según diversas informaciones 4, 'Los autores materiales, Bemard Oyarzabal y María Lourdes Cristóbal, nunca fueron detenidos dada la negativa de Francia a extraditarlos. Sí su conseguidora logística en Madrid, la activista Eva Forest, puesta
en libertad en 1977 y a quien pudo verse junto a Arnaldo Otegi en actos de Herri Batasuna, el entonces brazo político de ETA'.
En el año 2018, se publicó 5 un reportaje de los terroristas María Lourdes Cristóbal Elhorga y su marido, Bernard Oyárzabal. Vivían plácidamente en Herauritz. Ella jubilada, tras haber sido 'durante décadas funcionaría administrativa de
asuntos sociales al servicio del Estado francés'. Mientras que él 'estudió Lengua en la Universidad de Vincens de París, se doctoró en Burdeos en filología vasca. Trabajó con Chomsky en el MIT de Massachussetts, fue vicepresidente de la Real
Academia de la Lengua Vasca hasta 2012 y director del Centro de investigación lingüística IKER adscrito a la Universidad de Pau'. Y la impunidad de estos autores materiales continúa a día de hoy 6.
No fue hasta 2018 cuando ETA reivindicó el atentado de la cafetería Rolando. Hasta esa fecha ETA negó la autoría del atentado y, mediante sus comunicados, intentó sembrar dudas sobre la misma. Según se ha publicado 7, 'ETA tardó más de 40
años en reconocer su responsabilidad. Lo hizo en el último número de 'Zutabe1, el boletín interno de la banda, en abril de 2018. La organización admitió la autoría de 758 muertes y 2.606 acciones, incluidos dos atentados que nunca había
reivindicado: el asesinato de tres personas en Tolosa (Guipúzcoa), en 1981, tras confundirlas con policías, y el de la cafetería Rolando'.
Ni estos asesinos que ejecutaron directamente el hecho criminal, ni los dirigentes de la banda terrorista que decidieron que el atentando se cometiera, ni los activistas de extrema izquierda que realizaron actos de complicidad y de
cooperación necesaria con los referidos autores materiales fueron nunca juzgados por estos crímenes. Es más, la aludida extremista Genoveva Forest fue excarcelada en 1977. Esta persona, junto con otras que habían estado vinculadas en el pasado al
Partido Comunista, habían prestado una colaboración indispensable para que la ejecución de la matanza y la huida de sus perpetradores directos fuesen posibles.
Tercero. La memoria necesaria
El desconocimiento de estos asesinatos por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada 'Ley de Memoria Democrática' que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley 'consagra como portaestandartes de la memoria democrática no sólo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas,
4 https://www.abc.es/espana/pais-vasco/primera-matanza-indiscriminada-eta-olvido-tras-mentiras-20240704142720-nt.html
5 https://www.elmundo.es/cronica/2018/11/25/5bf83b15468aeb945c8b4650.html
6 https://www.abc.es/historia/placida-vida-autores-segunda-mayor-matanza-historia-20240910141350-nt.html
7 https://www.abc.es/historia/placida-vida-autores-segunda-mayor-matanza-historia-20240910141350-nt.html
con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras organizaciones separatistas violentas.
Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo' 8.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas a veces indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las
armas y el uniforme, han jurado defender esa unidad; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad a la Patria común.
ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas del terrorismo de ETA fueron asesinadas por el simple hecho de ser españoles y defender una España unida y en paz. La
memoria de estas víctimas y la dignidad de estas y sus familias no pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de memoria y de dignidad nacional. Se hace preciso, por tanto, recordar los crímenes de ETA -muchos de
ellos impunes a día de hoy- dar un cumplido homenaje a quienes fueron asesinados por estos asesinos. Por ello, cuando se cumplen cincuenta años de una de las peores matanzas perpetradas por la banda ETA, la matanza de la calle del Correo de Madrid,
se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA y sus cómplices, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones
y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra defensa inquebrantable de la unidad y de la soberanía de España como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir asesinando a cientos de españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su consideración y su respeto por la memoria de las víctimas del atentado de la calle del Correo ocurrido el 13 de septiembre de 1974.
2. Manifiesta su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar esa memoria, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por las víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del
Grupo Parlamentario VOX.
8 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley de condena de los crímenes internacionales cometidos por Israel contra las personas detenidas
desde octubre de 2023 y contra la escalada de violencia y la aplicación de medidas de castigo colectivo contra de la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Palestina lleva 11 meses asediada por una operación militar de castigo colectivo que ha generado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Todo esto ocurre en un contexto marcado por la ocupación ilegal prolongada por 76 años y
caracterizada por la imposición de un régimen de ocupación y apartheid, que representa una violación sistemática del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de las Resoluciones de Naciones Unidas.
La ofensiva militar del ejército israelí sobre Gaza, con incesantes bombardeos, ha destruido la Franja y ha provocado la muerte de, al menos, 39.677 personas (más varios miles más cuyos restos presumiblemente están bajo los escombros) y
otras 91.645 han resultado heridas (datos recogidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios a fecha 10 de septiembre). El 90% de la población gazatí se encuentra en situación de hambre y 495.000 personas
se encuentran en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, incluyendo el mayor número de niños y niñas reportadas en situación de guerra, en medio del sistemático bloqueo de los corredores humanitarios, la destrucción indiscriminada de
escuelas, refugios, hospitales y de las llamadas zonas humanitarias.
Nada justifica la devastadora acción militar israelí que ha tomado a la población palestina como auténtico objetivo militar.
Es importante señalar que esta situación de guerra se extiende a todos los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y afecta a la totalidad de la población palestina. Concretamente, Cisjordania es testigo de lo que está siendo, según Naciones
Unidas, una escalada 'alarmante y urgente' de violencia y de la aplicación de medidas de castigo colectivo por parte del Estado de Israel, resultando en una grave violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional, el Derecho Internacional
Humanitario, en concreto del Cuarto Convenio de Ginebra, que regula la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y en territorios ocupados.
Estas prácticas de castigo colectivo se reflejan a través de acciones concretas, como el endurecimiento de las restricciones de movimiento, incursiones militares casi diarias, detenciones masivas de civiles, incluidos menores, anexión de
tierras palestinas y la expansión de asentamientos ilegales que tiene como consecuencia añadida el incremento de agresiones de colonos israelís sobre la población palestina en un contexto de impunidad.
Los informes y reportes remitidos por las organizaciones palestinas defensoras de los derechos humanos revelan que la ocupación israelí sobre los Territorios Palestinos Ocupados se sustenta sobre dos pilares fundamentales e
interrelacionados: (1) Control territorial, y (2) la limpieza étnica. Las consecuencias de su puesta en práctica, como parte de una estrategia de ocupación, recientemente tipificada por la Corte Internacional de Justicia como 'ilegal', se agrava
en tiempos de guerra.
1. Control territorial: consiste en la ocupación militar y la posterior anexión de territorios, a través de la expulsión, la transferencia y el vaciamiento forzoso de las
poblaciones originarias y la construcción de asentamientos ilegales, reduce el espacio de vida de la población palestina, consolida el control israelí sobre el territorio palestino y contribuye a su fragmentación haciendo progresivamente
inalcanzable la visión de un Estado palestino. Los recientes datos publicados por Naciones Unidas son alarmantes y emplazan a los Estados y a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes. Concretamente, se mencionan algunas de las graves
violaciones cometidas por Israel en contra de la población palestina desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 15 de julio de 2024:
a) Autoridades israelíes demolieron, confiscaron o forzaron la demolición de 1.179 estructuras palestinas en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este, de las cuales el 40 por ciento (474 estructuras) eran viviendas habitadas. Como
resultado, 2.756 personas, entre ellas 1.113 niños, resultaron desplazadas de manera violenta.
b) Actualmente, están activas 829 barreras, puntos de control y bloqueos que restringen el acceso de la población palestina dentro de Cisjordania y hacia Jerusalén Este, incluidos hospitales y el recinto de la mezquita de Al Aqsa, el acceso
de trabajadores humanitarios nacionales y periodistas, el acceso de la población civil a servicios fundamentales como servicios médicos, medios de vida (empleos, plantaciones y rebaños).
c) Desde el 7 de octubre, el gobierno de Israel ha aprobado la mayor confiscación de tierras palestinas en la Cisjordania ocupada en más de tres décadas, 23,7 km2 de tierras privadas palestinas han sido declaradas 'tierra pública'.
Consecutivamente, el 27 de junio de 2024 las autoridades israelís aprobaron la legalización de 5 asentamientos previamente considerados ilegales en Cisjordania que ampliarán los 278 asentamientos ilegales existentes.
2. Limpieza étnica: Consiste en mantener el control demográfico mediante la violencia sistémica, la persecución de población palestina y su expulsión de los territorios ocupados. Es interés israelí el garantizar el cambio demográfico, de
una mayoría árabe, por una mayoría judía sólida y diferenciada que se corresponda con su planeamiento urbanístico y territorial. Actualmente, más de 478.600 colonos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Este, distribuidos en 278 asentamientos
ilegales. Los datos publicados por Naciones Unidas, respecto a los actos de violencia perpetrados en contra de la población palestina, son extremadamente preocupantes. Desde el 7 de octubre de 2023 al 15 de julio de 2024 se reportó lo siguiente:
a) 554 palestinos, incluidos 131 niños, fueron asesinados de manera violenta a manos de las fuerzas militares y colonos israelís en Cisjordania.
b) Se reportan 1.122 ataques de colonos israelíes contra palestinos, de los cuales 105 provocaron muertes y heridos palestinos, 898 provocaron daños a propiedades palestinas y 119 provocaron víctimas y daños a propiedades
c) Al menos 235 hogares palestinos integrados por 1.392 personas, incluidos 663 niños, han sido desplazados en 29 comunidades beduinas y de pastores, debido a la violencia de los colonos y las restricciones de acceso.
d) Al menos 9.750 personas palestinas de Cisjordania se encuentran detenidas como 'prisioneros de seguridad' en las prisiones israelís: 79 son mujeres, 250 menores, 62 periodistas y 3.380 detenidos administrativos sin cargo o perspectiva de
juicio, al menos 606 se encuentran incomunicados. Estas cifras no incluyen el número de detenidos extraídos de Gaza, ya que por el contexto especifico no hay una cifra exacta, sometiéndolos así a una situación de desaparición forzada. Se denuncia
que la población palestina en situación de encarcelamiento es víctima de tratos vejatorios y torturas, incluidos los menores de edad, que son expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad, especialmente durante el período de interrogatorio. Así
mismo, Israel mantiene secuestrados los cuerpos de los palestinos fallecidos en prisión y se niega a entregarlos a sus familiares, como parte del castigo colectivo en contra de la población palestina. En este sentido, el informe publicado por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 31 de julio pone de manifiesto que miles de palestinos/as fueron detenidos arbitrariamente por Israel desde el 7 de octubre, denunciando el abuso generalizado de
prisioneros recluidos de forma arbitraria y prolongada, en régimen de incomunicación y sin derecho a asistencia de abogado/a. Innumerables testimonios han corroborado la existencia de personas encerradas en jaulas, atadas a camas con los
ojos vendados y en pañales, desnudas, privadas de atención médica adecuada, comida, agua y sueño. Al menos 53 detenidos palestinos han muerto en centros de detención israelíes y se han detallado acusaciones de tortura y otras formas de trato cruel,
inhumano y degradante, incluido el abuso sexual de mujeres y hombres. Estos crímenes internacionales atroces están ejecutándose con la inexplicable pasividad de la comunidad internacional. Al igual que hemos exigido la liberación de los rehenes en
poder de Hamas, la comunidad internacional debe también exigir la inmediata puesta en libertad de los 'prisioneros de seguridad' y otras personas detenidas ilegalmente por Israel.
Con el gobierno de extrema derecha de Israel se ha incrementado tanto la anexión de tierras como la limpieza étnica. Los datos que reflejan la violencia contra la población palestina, recogidos en el mes de julio, dramáticamente se van
incrementando a diario, de forma incesante. La escalada de violencia contra de la población civil en Cisjordania, el alarmante aumento de los ataques de colonos, la destrucción de medios de vida, la demolición de viviendas, la persecución y
encarcelamiento, acompañados de la entrega de armas de fuego a los colonos israelíes y la anexión de tierras que viene padeciendo la población palestina se ha visto incrementada con la mayor ofensiva militar de los últimos 20 años en Cisjordania,
haciendo uso de aviones de combate y drones contra la población civil de las ciudades de Yenín, Tulkarem, Nablus y Tubas, ocasionando numerosas muertes y la destrucción de importantes infraestructuras en la zona.
Según Naciones Unidas, estas actuaciones revelan una deliberada y sistemática oposición a la solución pacífica y negociada de la crisis. Dichos actos no solamente violan el derecho internacional, sino que, además, reflejan una amenaza clara
de limpieza étnica. La Corte Internacional de Justicia insta a la comunidad internacional a abordar urgentemente estas violaciones, reafirmar la importancia del derecho internacional y abogar por una resolución que respete los derechos y la
dignidad de la población palestina garantizando su protección.
La prolongada anexión de territorios, la violencia organizada y la violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina se llevan a cabo desde la impunidad de las autoridades israelís. El pasado 19 de julio, la Corte
Internacional de Justicia emitió la Opinión Consultiva sobre las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, en la que dictamina que la ocupación prolongada
durante 57 años sobre los territorios palestinos es ilegal. A su vez, la Corte establece una serie de obligaciones del Estado de Israel y de los Estados.
'Todos los Estados deben cooperar con las Naciones Unidas para poner en práctica las modalidades necesarias para garantizar el fin de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado y la plena realización del derecho del
pueblo palestino a la libre autodeterminación. Todos los Estados están obligados a no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, así como la obligación de no prestar ayuda o
asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, y la obligación de distinguir en las relaciones con Israel entre el territorio de Israel y el Territorio Palestino Ocupado desde
1967.'
Por otro lado, Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Palestina, ha instado a todos los Estados a tomar medidas contra los abominables crímenes que está cometiendo contra civiles palestinos
secuestrados y detenidos desde el 7 de octubre.
En este sentido, es preciso reconocer los esfuerzos del Gobierno de España respecto al reconocimiento del Estado Palestino y su papel como Estado colaborador en el procedimiento contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de
Justicia, así como su participación en las fases escrita y oral del procedimiento consultivo. Sin embargo, ante
la extrema gravedad de la situación que atraviesa el pueblo palestino es imprescindible adoptar otras medidas para denunciar y prevenir que el genocidio y las violaciones de derechos humanos, la tortura y otras formas de trato cruel,
inhumano y degradante como el que sufren las personas detenidas por Israel. En todo caso, no es admisible que el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de
Justicia continúen siendo sistemáticamente vulneradas por el gobierno de extrema derecha de Israel con total impunidad.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados condena y repudia los crímenes internacionales atroces, como las torturas y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, que Israel está cometiendo contra las palestinas y palestinos secuestrados y
detenidos desde el pasado 7 de octubre de 2023.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Exigir, el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel ponga fin a todas las formas de castigo colectivo contra el pueblo palestino, reiterando el inmediato cese al fuego en la Franja de Gaza y frenando la violencia en
contra de la población civil palestina en Cisjordania y Jerusalén Este.
- Denunciar y condenar la escalada de la violencia, durante los últimos once meses, ejercida con total impunidad por parte de los colonos de los asentamientos ilegales contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este, con la
participación, colaboración o connivencia del ejército de Israel.
- Reconocer, de acuerdo con la Opinión Consultiva del TU emitida el pasado 19 de julio, la ilegalidad de la ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, denunciar la expansión de los asentamientos ilegales y apoyar los esfuerzos para
proteger los derechos de la población palestina.
- Exigir, el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel cumpla con sus obligaciones de desmantelar los asentamientos ilegales en los TPO, la reparación a las víctimas y a las personas palestinas afectadas por la
ocupación ilegal, la restitución de tierras y otros bienes muebles e inmuebles expropiadas ilegalmente, la compensación a las víctimas y que cumpla con todas sus obligaciones internacionales.
- Apoyar y continuar colaborando con el TU y la CPI parar que se pueda continuar investigando y juzgando a Israel como Estado agresor por sus continuas violaciones de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho internacional
humanitario contra el pueblo palestino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Engracia Rivera Arias, Agustín Santos Maraver, Fèlix Alonso Cantorné, Teslem Andala Ubbi y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Txema
Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la utilización de Cuba por
parte de Rusia para socavar las democracias, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En las últimas décadas, Rusia se ha ido consolidado como una de las mayores amenazas para la seguridad y la paz de España, de Europa y de todo el mundo occidental. El régimen de Putin -con una política imperialista- ha sido un constante
desafío para la integridad territorial de sus vecinos, tal es el caso de Ucrania, que está sufriendo una ilegal invasión por parte de Rusia desde 2014, año en el que se anexionó la península de Crimea y, recientemente, en 2022, cuatro regiones del
territorio ucraniano.
Conscientes del peligro que representa Vladimir Putin para la estabilidad en el mundo, la comunidad internacional ha redoblado esfuerzos para frenarle. Es por ello por lo que la OTAN, Naciones Unidas y la Unión Europea han mostrado su
inquebrantable apoyo a Ucrania, pero también han estado -aún más- alerta de las abiertas amenazas que Putin lanza a Occidente constantemente.
La ayuda de la comunidad internacional, en todos los ámbitos, ha sido determinante para que Ucrania continúe resistiendo. Rusia presuponía que su 'operación militar' sería una ofensiva relámpago, pero encontró la heroica respuesta del
pueblo ucraniano dispuesto a defender su derecho a existir como nación. Y se topó también con el cierre de filas de los aliados europeos.
Rusia ha utilizado, y continúa utilizando, diversas tácticas de desestabilización, a través de interferencia y propaganda. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución el pasado 8 de febrero, en la que condenó los continuos
esfuerzos de Rusia por socavar la democracia europea y aludía a la creciente injerencia rusa en distintos países europeos. En particular, la resolución recoge los nexos del Kremlin con los secesionistas catalanes y condena la injerencia en el
proceso secesionista catalán de 2017.
Fiel a su modelo, Rusia ha construido una red de aliados que le apoyan en el ámbito político, diplomático, propagandístico y militar. Entre sus aliados, están aquellos países que le apoyan abiertamente, jugando un rol muy activo en la
esfera internacional y, por otro lado, están los que juegan un rol secundario -no por ello menos importante-, entre estos últimos están los que se abstienen o votan en contra en resoluciones de Naciones Unidas, como Cuba.
Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa, lograda a través del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (en adelante ADPC UE-Cuba) firmado en 2016 y que se
aplica de manera provisional desde noviembre de 2017.
El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo,
ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano.
Actualmente, hay más de 1.000 presos políticos y presos de conciencia en Cuba, un número ocho veces mayor que en 2018, es decir, tan sólo un año después de la firma del ADPC UE-Cuba. Además, el régimen cubano excluye cualquier posibilidad
de cambio democrático, ya que el artículo 5 de la Constitución de Cuba establece que 'el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista [...] es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado' y los
artículos 4 y 229 establecen que el sistema político actual es irrevocable. Estos datos e información dejan de manifiesto que el ADPC UE-Cuba no ha conseguido su objetivo central, tal y como lo reconoce la Propuesta de Resolución Común del
Parlamento Europeo sobre la situación crítica en Cuba (2024/2584(RSP)) de 28 de febrero de 2024.
Los estrechos lazos diplomáticos entre Rusia y Cuba se remontan a los primeros años de la revolución cubana cuando, en plena Guerra Fría, hasta 40.000 soldados y técnicos soviéticos trabajaron en la isla para la construcción de bases
militares con rampas de lanzamiento capaces de disparar misiles nucleares contra Estados Unidos.
Durante tres décadas, el régimen de Fidel Castro recibió de la Unión Soviética más de 120.000 millones de dólares, una ayuda equivalente a nueve veces el Plan Marshall.
Por su parte, Cuba contribuyó a dar soporte a las aventuras soviéticas. De 1975 a 1991, el régimen castrista envió más de 50.000 soldados a luchar a Angola y a Etiopía.
La caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la antigua URSS dejó a Cuba sin el apoyo de ese cercano aliado estratégico durante una larga etapa, conocida en la isla como período especial, caracterizado por las enormes estrecheces
económicas y la búsqueda de otras fuentes para adquirir divisas.
Sin embargo, el ascenso al poder de Putin en el año 2000 marcó un nuevo punto de inflexión en las relaciones entre los dos países que han ido afianzándose durante los últimos 24 años. Durante estos años se han fortalecido las relaciones
económicas entre los dos países. En 2014 Rusia aprobó la condonación de 32.000 millones de dólares que La Habana adeudaba a Moscú. A cambio, Cuba ha intensificado su apoyo diplomático, propagandístico y militar en favor de Rusia.
Desde la invasión de Ucrania, Cuba y Rusia han mantenido una intensa agenda bilateral al máximo nivel para visibilizar la intensidad de las relaciones entre ambos países y profundizar en el apoyo mutuo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz
Canel, es de los pocos mandatarios internacionales que ha visitado Moscú desde que inició la invasión rusa a Ucrania, en esta visita -en noviembre de 2022- Díaz-Canel expresó el 'apoyo total' de Cuba a Putin y condenó las sanciones impuestas a
Moscú.
Las visitas diplomáticas al máximo nivel han sido mutuas, por ejemplo, en mayo de 2023, el viceprimer ministro ruso, Dmitri Chernishenko, visitó la Habana y mantuvo un encuentro con el presidente cubano, quien recordó 'el apoyo incondicional
de Cuba a la Federación Rusa en su confrontación con Occidente'.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también ha hecho lo propio. En abril de 2023, en el marco de una gira por Iberoamérica, visitó La Habana, donde fue recibido por todo lo alto y acordó reforzar la cooperación entre
ambos países. Recientemente, el pasado mes de febrero, Lavrov volvió a visitar la isla para reunirse, una vez más, con Díaz-Canel. También han viajado a La Habana el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev; el presidente
de la Duma Estatal Viacheslav Volodin; el asesor presidencial Maxim Oreshkin, el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko y el representante de los empresarios rusos ante el Kremlin, Boris Titov.
Por otro lado, Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de Putin defendiendo la versión del Kremlin y ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales. El
24 de febrero de 2022 tan sólo cuatro países -Cuba, Venezuela, Nicaragua y Siria- apoyaron el reconocimiento de la independencia de las regiones ocupadas de Lugansk y Donetsk para su posterior adhesión por parte de Rusia. El 2 de marzo de 2022,
Cuba y Nicaragua se abstuvieron en la votación de condena a la invasión rusa que tuvo lugar en Asamblea General de Naciones Unidas. En abril de 2022, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Siria o Vietnam estuvieron entre los países que votaron
en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 24 de mayo de 2023, votó en contra de una resolución de la OMS en la que se condenaban los ataques perpetrados por Rusia al sistema de salud ucraniano. El de
Cuba fue uno de los 9 votos en contra de una resolución apoyada por Europa.
El voto de varios países entre los que estaban Cuba, Venezuela y Nicaragua provocó que la presidencia del Consejo Europeo, que ostentaba España, decidiera no invitar al presidente ucraniano a la Cumbre UE-CELAC celebrada el 17 y 18 de julio
en Bruselas. El 15 de septiembre de 2022 el agente de propaganda ruso, Vladimir Solovyov, solicitó la creación de una coalición internacional de países de apoyo a la guerra contra Ucrania que incluía Cuba, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Siria,
Serbia y Venezuela. El 16 de septiembre de 2022, Cuba, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Corea del norte, Siria y Rusia formaron el bloque de siete países que votaron no en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese no era para silenciar al
presidente de Ucrania y evitar que enviara un mensaje grabado a la Asamblea General. El 12 de octubre de 2022, Cuba fue uno de los 35 países que se abstuvo -cinco, entre otros Nicaragua votaron no-en la resolución que condenaba la adhesión de las
cuatro regiones del este de Ucrania por parte de Rusia.
Finalmente, Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania. En 2022, Cuba participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de
50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú. El 18 de mayo de 2023, Valery Revenka, directora del Departamento de Cooperación Militar Internacional de Bielorrusia, desveló que personal militar cubano dirigiría formación
militar en la República de Bielorrusia. El 28 de junio de 2023, los ministros de defensa de Rusia y de Cuba se reunieron para discutir proyectos militares conjuntos.
En definitiva, Rusia ha ido ganando aliados en Iberoamérica, una región de países hermanos para España y no podemos olvidar que el apoyo a Ucrania es en todos los ámbitos, especialmente en el político y diplomático. Si hemos sido
conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las
democracias de Occidente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar los abusos y violaciones de derechos humanos que el régimen cubano lleva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
2. Exigir a Cuba que ponga fin a la sistemática represión en contra de su propio pueblo y libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y
el derecho de reunión pacífica.
3. Solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
4. Promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas.
5. Solicitar a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b) del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba hasta que Cuba ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la
invasión Rusa a Ucrania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación de las relaciones
diplomáticas plenas y normalizadas con la República de Argentina, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez ha conducido a nuestro país a una posición de irrelevancia internacional. Una de las regiones donde esta situación es más evidente es América Latina. La dejadez y el desinterés es tal que
el ministro de Asuntos Exteriores ha decidido renunciar a acompañar a Su Majestad el Rey Don Felipe VI en sus desplazamientos con ocasión de la toma de posesión de los mandatarios Iberoamericanos. A estos actos suelen acudir la mayor parte de los
dirigentes americanos. Con la ausencia del ministro, además de una descortesía, también con el país anfitrión, se pierde una ocasión de estrechar relaciones o abogar por los intereses de España y de sus empresas.
El Gobierno no solo no fortalece la posición de España, sino que además la debilita hasta límites insospechados e incluso, directamente, lleva a crisis diplomáticas sin precedentes con todo un catálogo de despropósitos que puede llegar hasta
la retirada de embajador. Eso sucedió con Argentina con la embajadora María Jesús Alonso Jiménez. Una crisis que, además, inició un ministro del Gobierno de España cuando injurió gravemente al Presidente de Argentina. Esa crisis fue un nuevo
ejemplo de amateurismo y falta de nivel con que se conduce la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez.
No olvidemos que Argentina se trata de una nación democrática, con la que España tiene unos poderosos vínculos históricos, que durante décadas fue tierra de acogida de la emigración española y que en nuestro país reside una pujante comunidad
argentina. España es el segundo mayor inversor en Argentina solo por detrás de Estados Unidos con cerca de 18.000 millones de euros y unas exportaciones superiores a los 1.200 millones de euros. Además, numerosas PYMES españolas se han instalado
allí y todo tipo de empresas compiten en los contratos que convoca el Gobierno argentino, más en un momento como el actual que está anunciado un empuje privatizador. No hay que olvidar, que la presencia económica refuerza la posición política de
nuestro país. Además, el sector agropecuario español, singularmente el pesquero, tiene grandes intereses en el país y puede verse afectado por las modificaciones legislativas que impulse el actual Gobierno.
Por tanto, la falta de representación diplomática al más alto nivel afecta a los intereses españoles, tanto los políticos como los económicos. Además, habida cuenta de que la próxima Cumbre Iberoamericana se celebrará en España, sería
importante recuperar esas relaciones con el país austral para lograr el éxito de la misma. Es por ello, urgente, que el ministro de Asuntos Exteriores rectifique los errores que cometió, y que llevaron a la referida ruptura institucional y solicite
el plácet para un nuevo embajador en Argentina.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar el plácet al Gobierno de la República de Argentina para un embajador o embajadora del reino de España.
2. Fortalecer la presencia española y apoyar la labor de las empresas de nuestro país para incrementar el volumen de sus inversiones y los intercambios comerciales entre ambas naciones.
3. Reconocer la importancia de las relaciones bilaterales entre España y Argentina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Belén Hoyo Juliá, Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la industria de Defensa israelí en España y al comercio de
armas, para su debate en la Comisión de defensa.
Exposición de motivos
Son incontables las resoluciones, acuerdos y llamados de instituciones internacionales y entidades de derechos denunciando la vulneración del derecho internacional por parte del estado de Israel sobre la población palestina, especialmente de
la Franja de Gaza, existiendo notorios indicios, amparados legalmente, de que sobre la población palestina se está cometiendo un genocidio, como así queda reflejado en las resoluciones de fecha 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo, todas de esta
año 2024, de la Corte Internacional de Justicia. Resulta por tanto necesario impedir que España envíe armas o material de guerra a Israel, así como la colaboración y comercialización, directa o indirecta, de materiales militares y el tránsito de
barcos con propósitos relacionados con la industria de la Defensa israelí.
Durante el último año los medios de comunicación se han hecho eco de numerosas ocasiones en las que existía la posibilidad de que barcos con mercancías y productos de dicha industria de Defensa israelí atracaran en España. Ante estas
situaciones se ha reaccionado de forma individual y sin una política, criterios o respuesta clara, surgiendo períodos de tiempo en los que parece inevitable el atraco de dichos barcos, a pesar de que se haya podido corregir esta decisión finalmente.
Un ejemplo de esto podría ser el hecho de que los buques 'Overseas Santorini' y 'Overseas Mykonos' llevaban más de 10 años entregando toneladas de combustible para reactores suministrados por el gobierno estadounidense a las fuerzas armadas
israelíes. Todo este combustible es usado para alimentar aviones de combate y vehículos militares usados en ataques e incursiones que cada vez causan más muertes y destrucción en la población civil en Palestina.
El tránsito de barcos con mercancías y productos de la industria de Defensa israelíes en España es un tema sin zanjar políticamente, que debe recibir una respuesta clara y que reafirme la postura del Gobierno con el pueblo de Palestina,
afirmando el rechazo ante la industria armamentística de Israel y sus aliados que la suministran y financian.
Además, si bien el MAEC y el presidente del Gobierno aseguran que no ha autorizado nuevas licencias de ventas de material militar a Israel desde octubre de 2023, no han revocado o suspendido las ya existentes, por lo que las exportaciones se
han mantenido durante varios meses más. Esa decisión de continuar con los envíos de armamento a Israel sitúa a España en el quinto país de la Unión Europea que más armas y municiones ha exportado a Tel Aviv desde el pasado 7 de octubre. 'El
comercio de armas entre España e Israel no cesa pese al genocidio en Gaza', indica el Centre Délas. El Gobierno tampoco ha establecido un embargo formal de armas sobre Israel, una medida solicitada por la relatora de Naciones Unidas para los
territorios palestinos, Francesca Albanese.
Es posible encontrar más adjudicaciones a empresas fuertemente involucradas en la operación militar en curso en Gaza, como señala el informe Délas. Destaca, entre ellas, Palantir Technologies Inc, cuya filial en España fue la adjudicataria
de un contrato, formalizado el 6 de noviembre de 2023, para 'una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas', con un presupuesto base de licitación de 20.013.400 euros y con un valor
estimado del contrato (sin impuestos) de 16.540.000 euros, según informa la Plataforma de Contratación del Sector Público. Palantir tiene capital israelí y relaciones 'especiales' con su aparato militar. Proporciona modelos de inteligencia
artificial
para aplicaciones militares, y firmó una 'asociación estratégica' con el Ministerio de Defensa de Israel para suministrar tecnología de apoyo en sus 'misiones de guerra'.
El hecho de que esas exportaciones estuviesen ya autorizadas antes del 7 de octubre no impide que se pudiera haber revocado el permiso, según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa. Dicha normativa señala que
las autorizaciones pueden cancelarse si existen 'indicios racionales' de que el material puede usarse en acciones 'que perturben la paz', que puedan 'exacerbar tensiones' o 'que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la
dignidad inherente al ser humano', entre otros preceptos.
En su informe titulado 'Anatomía de un genocidio', del pasado mes de marzo, la relatora Francesca Albanese, establece que existen 'motivos razonables para creer' que Israel ha cometido actos de genocidio contra palestinos en Gaza. Esto
debería ser motivo más que suficiente para cesar todo contacto armamentístico con el agresor, y ser consecuentes con las declaraciones y los posicionamientos del Gobierno al respecto.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas oportunas para interrumpir e imposibilitar la comercialización, tanto compra como venta, de productos relacionados con la industria de Defensa o Seguridad israelí en España, así como su transporte a través del
territorio nacional, incluido nuestro espacio aéreo y aguas territoriales.
2. Impedir eficazmente cualquier atraque, repostaje o tránsito por aguas territoriales o aeropuertos españoles de barcos o aviones que porten suministros de materiales, combustibles o cualquier recurso susceptible de ser utilizado para
continuar perpetrando el genocidio en Gaza o la ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Engracia Rivera Arias, Agustín Santos Maraver, Fèlix Alonso Cantorné y Teslem Andala Ubbi, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Txema Guijarro García, Portavoces del
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, José María Sánchez García y Jacobo González-Rob Atto Perote en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo, para su discusión en la Comisión
de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Las Fuerzas Armadas, una institución esencial para España
Pocas instituciones hay en España tan señeras como las Fuerzas Armadas ('FAS'). Son, para nuestro país, 'el elemento esencial de la defensa, y constituyen una entidad única que se Concibe como un conjunto integrador de las formas de acción
específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire' 9.
Los miembros de las FAS ponen sus vidas al servicio de España y de sus necesidades, de hecho, se les exige estar en 'disposición permanente para defender a España, incluso con
9 Artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
la entrega de la vida cuando fuera necesario' (artículo 6.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 'LO 9/2022'),
En tan insigne tarea arrastran, con no poca frecuencia, graves dificultades y peligros, hasta el punto de que este es el gremio de servidores públicos con mayor siniestralidad laboral. A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que
desempeñan su actividad: en el marco de una constante disciplina (regla octava) y obediencia (regla undécima), y teniendo una 'disponibilidad permanente para el servicio' (artículo 22.1 LO 9/2011). Se les exige además 'estar preparado(s) para
afrontar, con valor, abnegación y espíritu de servicio, situaciones de combate' (regla cuarta), así como 'preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos [...] en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas'
(regla tercera).
Con el fin de reconocer la excelsa labor que, para el bien común de España, llevan a cabo las FAS, y para posibilitar y procurar su continuación, es necesario revisar y adecuar las condiciones materiales en que se desempeña.
Segundo. Declaración de profesión de riesgo
Que la de los FAS es una profesión de riesgo es algo que, lamentablemente, se ha demostrado en múltiples ocasiones. Concretamente, desde el año 2011, 197 militares han muerto en acto de servicio y 2.312 han sido heridos 10. El último caso
ha tenido lugar el 22 de abril durante unas maniobras de la OTAN en Polonia 11.
Asimismo, conviene recordar el papel fundamental que desarrollan los militares ante cualquier catástrofe, ya sea una pandemia, una borrasca o la erupción de un volcán. En los momentos más críticos y peligrosos que afronta la sociedad
española, las Fuerzas Armadas siempre dan un paso al frente.
Sin embargo, a pesar de ser la de las FAS una profesión cuyo ejercicio lleva aparejado un gran riesgo real, esta no se encuentra incluida en el elenco de las profesiones catalogadas-como 'de riesgo' ('grupos o actividades profesionales,
cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad' 12). Es de justicia que los militares sean incluidos en ese listado por analogía con el riesgo que asumen
las otras profesiones que en él se contemplan.
Tercero. Conclusiones
Ante la difícil situación que viven nuestros militares, es necesario que desde el Gobierno se pongan en marcha todas las medidas necesarias para subsanar esta situación. Es de justicia que los hombres y mujeres que componen nuestras Fuerzas
Armadas, que empeñan su vida al servicio de España, reciban el agradecimiento de la sociedad a través del cumplimiento de las justas demandas que plantean.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reconocer la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote, José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
10 ALACUTÉN, Jacobo: 'Cada 22 días ha muerto un militar español en acto de servicio en la última década y cada dos días ha habido un herido o accidentado', 20 minutos, 20.02.24. Disponible [en línea]:
https://www.20minutos.es/noticia/5220343/0/cada-24-dias-muerto-militar-espanol-acto-servicio-ultima-decada-cada-dos-dias-herido-accidentado/
11 'Llegan a España los restos mortales del cabo Palacios fallecido en unas maniobras en Polonia', 25.04.24. Disponible [en línea]:
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4808807/llegan-espana-restos-mortales-cabo-palacios-fallecido-unas-maniobras-polonia
12 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2FPOIN_Contenidos_ca%2FInternet%2F4983%2F10935%2F10963%2F28393%2F28464%2F
161/001188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la participación de empresas israelíes en ferias de Defensa
organizadas o celebradas en España, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Existen notorios indicios, amparados legalmente, de que sobre la población palestina se está cometiendo un genocidio, como así queda reflejado en las resoluciones de fecha 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo, todas de este año 2024, de la
Corte Internacional de Justicia. Estas resoluciones, así como las vulneraciones constantes del derecho internacional por parte del estado de Israel sobre la población palestina y especialmente de la Franja de Gaza, hacen necesario que España actúe
e impida las colaboraciones y comercialización de productos relacionados con la Defensa, como podrían ser las ferias relacionadas con este sector. La participación del estado de Israel en estos eventos tiene consecuencias y efectos directos sobre
la población civil en tanto refuerza la brutal capacidad militar y destructiva del ejército de Israel y, por tanto, se debe interrumpir dicha complicidad.
La Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) es la única feria del sector apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa. Esta feria está organizada por la fundación Feindef, que fue fundada por el propio
Ministerio de Defensa y las asociaciones industriales TEDAE y AESMIDE en 2020. Su próxima edición se celebrará el 12, 13 y 14 de mayo de 2025 en Ifema (Madrid). Esta feria cuenta con 58 países representados por delegaciones y empresas
internacionales, entre las que se cuenta Israel, según expone su propio dosier comercial.
La presencia de Israel en Feindef no es algo nuevo, ya que en la anterior edición de 2023 participaron dos de sus principales empresas armamentísticas, Rafael Advanced Defense Systems LTD y Elbit Systems LTD. Además, Feindef también celebró
un evento en Córdoba en abril de este año, contradiciendo declaraciones institucionales del Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba en 2012, así como del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba que apoyaron el Tratado sobre el Comercio de
Armas. Este Tratado declara que un Estado parte en ningún caso autorizará cualquier transacción de armas 'si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de
lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea
parte'.
En otros países como Chile o Colombia, se ha vetado ya a las empresas de la industria armamentística israelí de sus respectivas ferias de defensa, concretamente Fidae en Chile y Expodefensa en el caso de Colombia. En Francia, se ha
prohibido a Israel participar en la Exposición Internacional de Defensa de París, Eurosatory 2024. El Tribunal del distrito francés de Bobigny declaró que la decisión se basaba en que las empresas israelíes y sus representantes podrían actuar 'como
intermediarios de empresas armamentísticas israelíes' en una de las mayores ferias de armas del mundo, en la que setenta y cuatro empresas israelíes iban a exponer material bélico.
El apoyo a la industria armamentística israelí a través de su inclusión en Ferias de Defensa en contribuyen a la consecución y a la normalización del genocidio que actualmente sigue llevándose a cabo contra la población de Gaza, y se deben
tomar posiciones firmes al respecto.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas oportunas para excluir a las empresas israelís o participadas por capital israelí que pretendieran participar en las ferias armamentísticas, de Defensa, de Seguridad o relacionadas con dichos sectores, tanto
privadas como con colaboración pública, que se organicen y/o celebren en España.
2. Impulsar ante la Unión Europea la elaboración de un marco normativo que permita evitar la participación de delegaciones gubernamentales y empresas del sector de Defensa o Seguridad, de países que pudieran estar cometiendo genocidio,
crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra personas o bienes de carácter civil u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales.
3. Promover ante las administraciones autonómicas y municipales la elaboración de códigos éticos para regular la cesión de espacios públicos para la celebración de ferias, exposiciones y demás eventos del sector armamentístico o de
seguridad con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa estatal e internacional relacionada con el comercio de armas y los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Engracia Rivera Arias, Agustín Santos Maraver, Fèlix Alonso Cantorné, Teslem Andala Ubbi y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Txema
Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reafirmar el compromiso de
continuar apoyando a Ucrania, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una grave violación del derecho internacional. Este acto de agresión ha desencadenado una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas,
desestabilización geopolítica y una amenaza directa a los principios fundamentales que sostienen el orden internacional, como son la soberanía nacional, la integridad territorial y el respeto a los derechos humanos.
Esta agresión es una flagrante transgresión de las normas internacionales que rigen las relaciones entre los Estados. Además, contraviene los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Rusia, incluyendo el Memorándum de Budapest de
1994, en el que se comprometía a respetar la independencia y soberanía de Ucrania a cambio de que este país renunciara a su arsenal nuclear.
La invasión rusa de Ucrania ha tenido repercusiones geopolíticas significativas. No solo ha reavivado tensiones en Europa, sino que también ha puesto en riesgo la paz y la seguridad globales. La respuesta de la comunidad internacional,
mediante la imposición de sanciones económicas y la provisión de ayuda militara Ucrania, ha sido un intento de frenar la agresión rusa y de proteger los principios del orden internacional, pero requiere una mayor determinación al respecto.
Es imprescindible y determinante redoblar los esfuerzos para continuar defendiendo a Ucrania, ya que esta guerra está entrando en su tercer año y Rusia continúa lanzando ataques cada vez más insoportables. Muestra de ello es el reciente
ataque el 3 de septiembre con dos misiles balísticos Iskander-M contra el Instituto Militar de Comunicaciones de la ciudad de Poltava, en Ucrania central. Se trata de la mayor matanza del año en Ucrania, en la que hay -por lo menos- 51 muertos y
más de 200 heridos.
Es oportuno recordar que, en la Declaración de Granada, adoptada el 6 de octubre de 2023, durante una reunión informal del Consejo Europeo, los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea reafirmaron su compromiso con Ucrania en
el contexto de la guerra de agresión de Rusia. Se comprometieron a seguir brindando asistencia política, financiera, militar y humanitaria al país durante el tiempo que sea necesario.
Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Washington el pasado mes de julio, se reafirmó el apoyo a Ucrania en medio de la guerra y además, se anunció el envío a Kiev de los esperados sistemas antiaéreos Patriot. EE. UU., Alemania, Países
Bajos, Rumania e Italia proporcionarán a Ucrania cinco sistemas de defensa aérea Patriot en los próximos meses, haciendo realidad una de las principales peticiones que había hecho Kiev en los últimos meses. Además, la OTAN se comprometió a destinar
una ayuda militar a Ucrania como mínimo de 43.000, millones de dólares.
La UE, debido al veto de Hungría, no ha podido transferir los fondos ya asignados a Ucrania en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, la primera transferencia de este dinero por 1,4 mil millones de euros, según Josep Borrell, debía
haberse realizado a principios de agosto.
Desde el inicio de la guerra, Rusia ha desplegado al menos nueve nuevas familias de malware Wiper y dos tipos de ransomware contra más de 100 organizaciones gubernamentales y privadas de Ucrania. Los acuerdos de ciberdefensa entre los
sectores público y privado, además de la preparación y resiliencia ucraniana, han permitido defender con éxito la mayor parte de estos ataques, pero la actividad rusa continúa. En 2023, Rusia ha aumentado sus ataques de espionaje, tomando como
objetivo organizaciones de al menos 17 países europeos, en su mayor parte agencias gubernamentales. Además, los ataques con malware Wiper continúan en Ucrania. En los últimos meses, la guerra híbrida que Rusia está llevando a cabo contra Europa ha
intensificado sus esfuerzos, abarcando desde ciberataques hasta operaciones de desinformación y espionaje. Esta estrategia híbrida es un intento deliberado de desestabilizar a los países europeos y debilitar su apoyo a Ucrania.
En definitiva, Rusia seguirá atacando indiscriminadamente a Ucrania e intentando desestabilizar a las democracias Occidentales y por ello es necesario que el Gobierno no olvide sus compromisos con el pueblo ucraniano, con nuestros aliados de
la OTAN y con la defensa de los valores de Europa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar el apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.
2. Reconocer que Ucrania, como víctima de la agresión, tiene el derecho inmanente de legítima defensa, en consonancia con el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas.
3. Instar a Hungría a desbloquear la financiación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania, incluido el reembolso acordado a los Estados miembros por la asistencia militar ya prestada.
4. Condenar el terrible ataque ruso contra el Instituto Militar de Comunicaciones de la ciudad de Poltava del 3 de septiembre.
5. Condenar el creciente número de ataques híbridos perpetrados por Rusia contra la Unión Europea y sus Estados miembros con el objetivo de debilitar el apoyo europeo a
Ucrania mediante la manipulación de la información, los intentos encubiertos de desestabilización y la corrupción de personalidades políticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Alberto Fabra Part, Macarena Lorente Anaya, Carlos Rojas García, Agustín Conde Bajén, Javier Celaya Brey, Carlos García Adanero, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, José Enrique
Núñez Guijarro, Pablo Pérez Coronado, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, César Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un programa
plurianual para la atracción del talento en la función pública española, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La Administración General del Estado tiene la responsabilidad de proporcionar servicios de alta calidad a los ciudadanos y para cumplir con este mandato, es esencial que atraiga y retenga a los mejores profesionales.
Sin embargo, en la actualidad, la Administración se enfrenta a desafíos significativos para atraer y retener talento, que deben afrontarse a través de propuestas innovadoras y a la altura de dichos desafíos.
El sector privado a menudo ofrece mayores incentivos económicos, mejores beneficios y oportunidades de crecimiento más rápidas en comparación con la Administración Pública. Esto puede hacer que los profesionales altamente cualificados
prefieran trabajar en el ámbito privado.
Hay ciertos sectores profesionales fuera de la Administración Pública que generalmente ofrecen una mayor flexibilidad en términos de horarios, trabajo remoto y condiciones laborales. La Administración Pública, por su naturaleza, a menudo
tiene menos margen para implementar estas prácticas, lo que puede resultar menos atractivo para los trabajadores que valoran el equilibrio entre la vida laboral y personal.
La falta de dinamismo y de estímulos e incentivos puede extender la creencia de que trabajar en el sector público es menos estimulante y dinámico que en el sector privado. Este estigma puede disuadir a los jóvenes talentos y a los
profesionales innovadores de considerar una carrera en la Administración Pública.
Las oportunidades de formación y desarrollo profesional en la Administración Pública pueden ser limitadas o menos visibles en comparación con el sector privado. En estos casos concretos de estancamiento, los empleados públicos pueden sentir
que su crecimiento profesional se encuentra ralentizado, lo que lleva a una mayor rotación y dificultad para retener talento.
Muchas administraciones públicas enfrentan un envejecimiento de su plantilla, algo que unido a la falta de estrategias eficaces para la transferencia de conocimiento y la incorporación de nuevos talentos jóvenes puede crear vacíos de
habilidades y experiencias cruciales para la operación eficiente de los servicios públicos.
El sector público a menudo se queda rezagado a la hora de implementar nuevas tecnologías y prácticas innovadoras debido a restricciones presupuestarias y a la burocracia interna. En este sentido, los profesionales que buscan trabajar con
tecnologías innovadoras pueden sentirse frustrados y optar por el sector privado.
Por otra parte, la cultura organizacional en la Administración Pública puede ser percibida, en algunas ocasiones, como menos dinámica y orientada al desempeño que el sector privado. Esto puede desmotivar a aquellos empleados que persiguen
un entorno de trabajo más dinámico y flexible.
Por lo tanto, la creación de un programa plurianual de atracción del talento público sería una posible solución a estos desafíos. Este programa debería tener, como principal objetivo, atraer a los mejores profesionales al servicio público,
garantizando así que la Administración esté equipada para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva y eficiente, algo que depende en gran medida del enfoque correcto a los incentivos de sus profesionales, que deben orientarse a una mejora
de la calidad del servicio público de forma constante.
La elaboración de un programa plurianual de atracción del talento público podría abordar, además, varios problemas estructurales y coyunturales que actualmente afectan a la Administración General del Estado. En primer lugar, permitiría una
planificación a largo plazo que garantice la estabilidad y continuidad en la captación de profesionales altamente cualificados. En segundo lugar, a diferencia de los programas cortoplacistas, una estrategia plurianual podría adaptarse mejor a las
necesidades cambiantes del sector público, facilitando una alineación más efectiva entre los objetivos a largo plazo del Estado y las competencias requeridas en sus empleados.
Además, un enfoque plurianual fomentaría la implementación de políticas más robustas y sostenibles para atraer talento. Esto incluiría no solo mejores condiciones salariales, sino también la promoción de un entorno laboral innovador y
estimulante, con oportunidades claras para el desarrollo profesional y personal. La creación de trayectorias profesionales bien definidas y programas de formación continua podría hacer del sector público un destino más atractivo para los
profesionales que buscan no solo estabilidad, sino también crecimiento y reconocimiento.
Asimismo, este tipo de programa tendría una importancia fundamental para afrontar el reto demográfico de la función pública española. Un porcentaje reseñable de los empleados públicos actuales se encuentran cerca de la jubilación, y su
reemplazo requiere una estrategia de reclutamiento que no solo sea eficiente, sino también inclusiva y diversa. Atraer a jóvenes talentos con nuevas ideas y habilidades tecnológicas avanzadas será vital para la modernización del sector público y
para garantizar que las administraciones puedan responder eficazmente a los desafíos del siglo XXI.
Por otra parte, la creación de un programa plurianual también podría ayudar a mejorar la valoración del empleo público por parte de la ciudadanía. Corregir esta percepción requerirá esfuerzos concertados para comunicar las ventajas y las
oportunidades únicas que ofrece el servicio público, incluyendo el impacto positivo y directo en la sociedad que muchos profesionales valoran profundamente.
Un aspecto crucial de dicho programa sería la colaboración con instituciones educativas y de investigación. Establecer alianzas estratégicas con universidades y centros de formación profesional podría facilitar la identificación y captación
de talento desde etapas tempranas. Programas de pasantías, becas y prácticas profesionales permitirían a los estudiantes experimentar de primera mano las oportunidades en el sector público, facilitando su integración futura.
Por ello, la creación de un programa plurianual de atracción del talento público por parte de la Administración General del Estado no es solo deseable, sino necesaria. Un enfoque estructurado y sostenido en el tiempo puede garantizar que el
sector público cuente con los mejores profesionales, capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros con eficacia y compromiso. Esto, a su vez, fortalecería la capacidad del Estado para servir a sus ciudadanos de manera eficiente y equitativa,
contribuyendo al bienestar general y al progreso social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un programa plurianual de atracción del talento público para la Administración General del Estado, que incluya medidas incentivadoras respecto al desarrollo profesional, la creación de trayectorias profesionales bien definidas y
programas de formación continuas, entre otras medidas.
2. Desarrollar un plan estratégico para la implementación de este programa, que incluya objetivos claros, medidas específicas y un cronograma detallado.
3. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la efectividad del programa, así como posibles medidas correctoras que se deriven de su implementación.
4. Asegurar la asignación de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para la implementación exitosa del programa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-María del Mar González Bella, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, Santi Rodríguez Serra, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés,
Carlos Javier Floriano Corrales, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno garantice la
seguridad en Moratalla (Región de Murcia) y paralice el desmantelamiento del Cuartel de la Guardia Civil del municipio, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 10 de agosto el Gobierno de España hizo efectivo el desalojo del Cuartel de la Guardia Civil de Moratalla, comunicando esta situación con posterioridad al Ayuntamiento. Así, el 13 de agosto la Dirección Adjunta Operativa de la
Comandancia de Murcia comunica al Ayuntamiento el desalojo del Cuartel y su traslado al acuartelamiento de la Guardia Civil de Calasparra.
Desde el año 1926 hasta el pasado 10 de agosto la Guardia Civil presta sus servicios en el municipio de Moratalla. El municipio se encuentra situado en el Noroeste de la Región de Murcia y tiene una extensión de 961 km cuadrados siendo uno
de los municipios de mayor extensión de la Región. En la actualidad tiene 7500 habitantes y con una densidad de población de 8,61 habitantes km2, es uno de los municipios con mas riesgo de despoblación.
La seguridad pública es un elemento fundamental para reforzar la permanencia de la población en ellos territorios, y frente a esto el Ministerio del Interior hace lo contrario de lo que afirmo en el momento de la presentación de su famoso
plan de seguridad de las zonas rurales, desmantelando cuarteles de la guardia civil en zonas rurales como Moratalla.
Es imprescindible que el Gobierno colabore con los Ayuntamientos en el mantenimiento de la seguridad ciudadana ademas de cubrir las vacantes en las zonas rurales.
No solamente no se dotan de los medios materiales y humanos necesarios a los agentes de la Guardia Civil en toda España, sino que además se desmantelan esos cuarteles tan importantes para la vida en nuestras zonas rurales.
Con seguridad el Gobierno está recortando los gastos de seguridad desmantelando cuarteles. Es imposible desde Calasparra garantizar la seguridad en el municipio de Moratalla. Esta media atenta y desprecia un municipio como Moratalla y pone
en riesgo la seguridad de sus habitantes.
Y además todo ello se hace con nocturnidad, en este caso 'agosticidad' y falta de de lealtad institucional tanto con el Ayuntamiento como con el Gobierno Regional. Porque no se puede describir de otra manera que el sábado 10 de agosto se
realice la mudanza del Cuartel, y el 13 de agosto se notifique al Ayuntamiento el desmantelamiento, todo ello adornado con informes que se conocen a través de las redes sociales de los concejales socialistas del municipio, en una clara deslealtad
hacia la institución que representan.
El Alcalde de la localidad ha solicitado información a la Delegación del Gobierno lo lo único que se ha conseguido es una nota de prensa de la misma. Es imprescindible que el Gobierno ofrezca explicaciones al Alcalde y por tanto a los
vecinos de Moratalla.
Moratalla necesita que se garantice la seguridad de sus vecinos y de todos los que visitan el termino municipal, por ello es imprescindible que dote el Cuartel de los medios materiales y humanos para que los agentes puedan llevar a cabo sus
funciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar el desmantelamiento del Cuartel de la Guardia Civil en Moratalla, y que se dote el cuartel de los medios materiales y personales necesarios para que los agentes puedan llevar a cabo
sus funciones. Siempre actuando con la máxima transparencia y con lealtad institucional con el Ayuntamiento de Moratalla y con el Gobierno Regional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Sofía Acedo Reyes, Beatriz Álvarez Fanjul, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Félix de
las Cuevas Cortés, Llanos de Luna Tobarra, Fernando Rosa Torner, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Belén Vázquez Blanco, Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Samuel Martín
García, María Jesús Moro Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique, José Enrique Núñez Guijarro, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/001205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de los cuarteles
y puestos de la Guardia Civil en Lugo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El día 13 de mayo de 1844, por Real Decreto de S.M La Reina Isabel II, se fundó la Guardia Civil. En sus 180 años de historia han sido innumerables y extraordinarios los servicios prestados a nuestra sociedad. No en vano, gracias a la
entrega de los guardias civiles, mediante Real Decreto de 4 de octubre de 1929, se le concedió a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Beneficencia, consolidando el título de BENEMÉRITA, que desde su fundación se había ganado gracias a sus numerosos
servicios de auxilio y ayuda a la población en toda clase de catástrofes y desgracias.
Desde su creación, sus hombres, y desde hace más de treinta años sus mujeres, han sido garantes de la seguridad pública, protegiendo nuestros caminos y carreteras, pueblos y ciudades, permitiendo, en fin, que los ciudadanos podamos ejercer
nuestros derechos y libertades con paz y seguridad. Es por eso necesario dar reconocimiento desde las instituciones a la gran labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todo el territorio, exigiendo para ellos las
dotaciones y los medios que garanticen la eficacia de su labor. La Guardia Civil, los guardias civiles, son depositarios de valores que quizás en nuestros días podríamos pensar que están en retroceso e incluso en desuso pero que, sin embargo, ellos
cultivan cada día como una parte fundamental de su acervo: el honor, su principal divisa, que preservan como el mayor tesoro de su profesionalidad, porque una vez perdido, no se recupera jamás. La lealtad, la disciplina, la entrega y el
sacrificio, entregando si fuera necesario, hasta la última gota de su sangre por los demás, como han demostrado en miles de ocasiones a lo largo de su historia. Valores que han hecho que la Guardia Civil sea la Institución más valorada por el
conjunto de nuestra sociedad y un cuerpo policial eficaz y de referencia en todos los órdenes a nivel internacional.
Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra libertad, nuestra seguridad y el ejercicio de los derechos constitucionales que como ciudadanos nos corresponden. La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través
de diferentes Unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en armonía y colaboración con otros cuerpos policiales y el resto de Unidades de la Guardia Civil de España.
El Gobierno debe defender la presencia de la Guardia Civil, uno de los cuerpos policiales más preparados y modernos del mundo y que cumple con honor la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad en nuestras calles, carreteras, caminos, pueblos, de ahí la necesidad de apoyar su permanencia en todos los pueblos y regiones de España y especialmente en la España rural pues su conocimiento del terreno y de la sociedad de la que forman
parte es el mejor exponente para garantizar la seguridad en estas zonas despobladas.
La Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Galicia es responsable de la seguridad ciudadana de 300 de los 313 municipios de la provincia, un 95,54 % del total.
La Zona de la Guardia Civil de Galicia está formada por las Comandancias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con un total de 166 Puestos, de ellos 16 Principales, 142 ordinarios y 8 Auxiliares, distribuidos en: Comandancia de A Coruña
cuenta con 51 Puestos, la Comandancia de Lugo con 48, la Comandancia de Ourense con 33 y la Comandancia de Pontevedra con 33.
La Comandancia de Lugo se distribuye en 45 Puestos y cuenta con 975 efectivos distribuidos en 4 compañías territoriales,5 puestos auxiliares, 6 grupos del SEPRONA y 5 de Intervención de Armas y cuentan con las especialidades de Policía
Judicial, Información, Cinológico, Fronteras y Fiscal y Tráfico entre otras. De los 1.056 agentes de Guardia Civil en el catálogo para la provincia de Lugo solamente se encuentran ocupados 975, al igual que también está incompleto el catálogo de
efectivos en reserva.
Junto a las grandes ciudades, tenemos que trabajar para que las oportunidades lleguen también a aquellos lugares más apartados, a esos municipios más pequeños donde viven y quieren seguir viviendo muchos españoles, estamos convencidos de que
uno de los pilares básicos en los que deben sustentarse las medidas para frenar la
despoblación pasa por tener unos niveles de seguridad óptimos que garanticen la libertad de los ciudadanos así como el establecimiento de infraestructuras y desarrollo empresarial.
Es necesario poner de manifiesto el valor que aporta la Guardia Civil a las zonas rurales de la provincia de Lugo, pues de los 324.267 lucenses sólo el 30,8 % reside en la capital, estando el otro 69,2 % de lucenses bajo la demarcación de la
Guardia Civil, de ahí la necesidad de mantener un despliegue territorial adecuado que sea sensible a todas las demandas y que garantice la igualdad de oportunidades y derechos en cualquier parte del territorio.
Las Administraciones Locales están demandando más seguridad para sus pueblos y máxime cuando la mayoría de Ayuntamientos no cuentan con Policía Local propia.
Según los recientes datos publicados por el Ministerio del Interior el segundo trimestre del año 2024 cerró en la provincia de Lugo con un aumento de la criminalidad del 6,6 %, más del doble que la media nacional, llamando especialmente la
atención el aumento de los delitos contra la libertad sexual que aumentaron un 56 % y los robos con fuerza en domicilios un 39,2 %.
Desde el Gobierno de España se está produciendo un desmantelamiento de la seguridad en las zonas rurales y que afecta especialmente a nuestra provincia de Lugo. El propio Gobierno, en respuesta escrita del pasado mes de noviembre,
confirmaba que los Cuarteles de la provincia de Lugo sólo tendrán atención presencial al público de 9:00 a 14:30 h, y también que 'fuera de ese horario, la prestación del servicio se mantiene mediante internet, por vía telefónica o por la
aplicación AlerCorps'. Algo totalmente incomprensible en una provincia con población mayor y con una gran dispersión territorial.
Por otra parte, el Gobierno a través de la Orden General 25/2023 de 28 de diciembre, sobre las Compañías y Puestos territoriales de la Guardia Civil prevé el cierre de varios puestos auxiliares, algunos de manera inminente como los de Sober
y O Indo, dejando desprotegida una población cercana a los 4.000 habitantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar y reconocer la labor que realiza la Guardia Civil, comprometiéndose a mantener su presencia en todos los Cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Lugo, dotándola de más medios personales y materiales.
2. Colaborar con los Ayuntamientos de la provincia de Lugo en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
3. Proceder a la atención presencial de los lucenses en los Cuarteles de la provincia de Lugo las 24 horas del día.
4. No proceder al cierre de ningún puesto en la provincia de Lugo.
5. Reforzar de manera urgente los Puestos de la Guardia Civil en todas aquellas zonas que carecen de Policía Local.
6. Ocupar las plazas totales que aparecen en el catálogo de puestos de trabajo para la provincia de Lugo y que están libres en la actualidad.
7. Elaborar un plan de incentivo profesional y económico para que los agentes quieran ocupar los puestos de baja demanda del medio rural.
8. Utilizar urgentemente las vacantes del personal en reserva sin destino, para dotar de más agentes a la provincia de Lugo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, Ana Belén Vázquez Blanco y Cristina Abades Martínez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001210
A la Mesa de la Comisión de Interior
Alberto Catalán Higueras, Diputado por Navarra de Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de ley sobre los problemas de seguridad que conlleva el fenómeno creciente de la ocupación ilegal de viviendas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Al igual que existe una tendencia al alza en la comisión de delitos, el problema de la ocupación ilegal sigue creciendo en España. El año pasado se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles. Según datos aportados
por el ministerio de Interior, las denuncias han crecido un 60 por ciento desde el 2017. Actualmente, los propietarios de viviendas se hallan desprotegidos ante un fenómeno en constante expansión y sobre el que no se han producido cambios
legislativos de calado que aporten soluciones.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación estima que existen más de 100.000 viviendas usurpadas en todo el país, incluyendo a los denominados inquiocupas, arrendatarios en un principio cuyo verdadero objetivo es dejar de pagar para
quedarse gratis en el inmueble hasta que ejecuten su desalojo. Todas estas familias y propietarios afectados están en la más absoluta indefensión con la actual legislación en torno a estos delitos, viéndose obligados a sufrir un calvario tanto
judicial como económico y psicológico.
Por otro lado, está el deterioro de la convivencia al que se enfrentan los vecinos de una vivienda ocupada. Las relaciones vecinales se resienten notablemente cuando en una comunidad de propietarios aparece un grupo de okupas. Además, en
muchos casos, los okupas muestran comportamientos violentos y, en ocasiones, en las viviendas ocupadas se suelen producir peleas y actividades ilícitas, como es el tráfico y consumo de estupefacientes. Tampoco es extraño padecer comportamientos
incívicos en las propias viviendas, comunidades y alrededores de las viviendas ocupadas.
Cada vez son más los barrios y zonas de determinadas ciudades de nuestro país donde la gente tiene miedo por la inseguridad que genera, entre otras cuestiones, este fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas.
Las Policías Locales, las Autonómicas, la Foral y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen lo que pueden hasta donde les permite la actual legislación, pero necesitan también más apoyo y más medios. No sólo materiales y
personales, sino también normativos. A día de hoy, ya existen modelos como el francés, alemán e inglés que han encontrado opciones rápidas y eficaces para evitar la ocupación de viviendas. La policía está facultada para realizar un desalojo
inmediato, sin ser necesario judicializar la operación, evitando de esta forma la situación de inseguridad que generan los ocupas de viviendas, así como la degradación de los barrios y la convivencia vecinal.
La inseguridad que genera el fenómeno de la ocupación es una realidad, además de ser un problema creciente en cada vez más zonas de nuestro país. Los propietarios y vecinos necesitan de forma urgente que se dé una respuesta eficaz a esta
problemática por parte de las Administraciones Públicas.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'La Comisión de Interior insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias que permitan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acometer el desalojo de los 'okupas' en un plazo máximo de 24 horas desde la denuncia de la ocupación; aumentar las penas
correspondientes al delito de usurpación de vivienda; prohibir que un inmueble que ha sido ocupado pueda ser
considerado morada o domicilio; y crear un nuevo delito de instigación y apoyo a la ocupación de viviendas.
2. Aumentar los medios técnicos, personales y normativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que puedan garantizar de forma efectiva la seguridad y el cumplimiento de la ley en los pueblos y ciudades de nuestro país, especialmente en
aquellos afectados en gran medida por el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. Y realizar las modificaciones legislativas pertinentes que permitan a los Tribunales de Justicia combatir eficazmente la delincuencia y la ocupación.
3. Garantizar a través del impulso de una reforma legal, que las comunidades de propietarios puedan ejercer acciones legales directas contra los 'okupas', así como incrementar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias de la
ocupación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a los tramos pendientes de la autovía A-21
(autovía de los Pirineos), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autovía A-21 Jaca-Pamplona o autovía de los Pirineos está recogida en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), con el objetivo de comunicar transversalmente Navarra y Aragón creando un pasillo pirenaico que
recorra desde Euskadi hasta Cataluña, teniendo a la ciudad de Jaca (comarca de la Jacetania, provincia de Huesca) como punto de conexión con otros viales que conducen a Huesca o a Francia (A-23 o N-330).
En la actualidad la A-21 es una autovía intermitente, que se encuentra en servicio en unos tramos sí y en otros no. En concreto, quedan tres tramos pendientes de ejecutarse: el tramo entre Tiermas y Sigüés (6,6 km), el tramo entre Fago y
Puente la Reina de Jaca (11,6 km) y el tramo Jaca Oeste-Jaca Norte (4,9 km). Solo el primero se encuentra en obras, mientras los otros dos están pendientes de la licitación tras haber revisado y actualizado los proyectos.
Recordemos que esta autovía figura en los Presupuestos Generales del Estado desde 2005 y que ha ido acumulando sucesivos retrasos agotando la paciencia de los vecinos y usuarios de dicha carretera. Mientras que los seis tramos navarros,
ejecutados por la Comunidad Foral de Navarra, están en servicio desde 2012, en la comarca aragonesa de la Jacetania se continúa esperando una ejecución que es competencia del Ministerio. Y ya van a cumplirse 20 años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar sin más demora los tramos pendientes de la autovía A-21 Tiermas-Sigüés, Fago-Puente la Reina de Jaca y Jaca
Oeste-Jaca Norte, acelerando las licitaciones y la culminación de las obras para posibilitar su puesta en servicio cuanto antes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al tramo pendiente de la autovía A-22
Siétamo-Huesca, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autovía A-22 Huesca-Lleida está recogida en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), con el objetivo de comunicar el Alto Aragón y Cataluña. Esta autovía figura en los Presupuestos Generales del Estado desde
2005 y se han ido poniendo en servicio los diversos tramos a medida que se completaban, entre 2008 y 2012. En la actualidad el único tramo pendiente, de 12,8 km, es el que debe unir Siétamo con la ciudad de Huesca, donde se conectaría con la A-23
(autovía Mudéjar, que comunica las tres capitales de provincia aragonesas).
Con declaración de impacto ambiental favorable desde 2008, sucesivos gobiernos centrales tanto del PP como del PSOE han permitido la sucesión y acumulación de retrasos. La imagen de una autovía cuyo final son unos campos sembrados ha
trasladado a la sociedad oscense un mensaje de abandono y olvido al que debe ponerse fin cuanto antes. Y es que hablamos de una obra vital para la ciudad de Huesca y para todo el Alto Aragón, que permitirá mejorar la movilidad y la seguridad de los
numerosos vehículos que circulan entre la A-22 y la A-23, así como corregir el hándicap que supone para el desarrollo socioeconómico de este territorio el actual cuello de botella en el acceso a Huesca.
Adjudicada en junio de 2018 y con un plazo de ejecución de 36 meses, la obra debería haberse completado hace ya tres años; sin embargo, ha sufrido nuevos retrasos atribuibles a dos modificados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la ejecución del tramo pendiente de la autovía A-22 entre Siétamo y Huesca, sin más demora, para hacer posible su puesta en servicio cuanto antes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los tramos pendientes de la autovía A-68 en
las provincias
de Zaragoza y Teruel, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autovía A-68, denominada Autovía del Ebro, está recogida en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), con el objetivo de comunicar La Rioja, Navarra, Aragón y la Comunitat Valenciana, mediante el desdoblamiento
de la N-232. Salvo los tramos competencia de la Comunidad Foral de Navarra, ya finalizados y en servicio desde entre 2002 y 2008, los tramos restantes están teniendo una ejecución desigual y han presentado retrasos por diversas causas, incluso con
la intención reconocida de reducir el déficit público en tiempos del presidente Rajoy.
En el caso aragonés, la A-68 solo se encuentra en servicio desde Mallén Este a El Burgo de Ebro, lo que incluye localidades como Gallur, Figueruelas. Utebo y Zaragoza. En la actualidad se encuentran en obras el subtramo Mallén Este-Mallén
Oeste, de apenas 5 km, y el tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro, de 17,4 km (en los Presupuestos del Estado desde 2010), que no deberían acumular más demoras. Quedan pendientes y en distintas fases de tramitación los tramos entre Fuentes de
Ebro, Quinto, Azaila, Híjar, El Regallo, Alcañiz y Ventas de Valdealgorfa, de un total de 88 km, así como su prolongación hasta Vinarós en la costa mediterránea (110 km).
Esta autovía, una reivindicación histórica de la sociedad turolense, cuando esté completamente en servicio supondrá una mejora evidente de la seguridad vial y un impulso para las comunicaciones entre el Norte de la península, el Valle del
Ebro, el Bajo Aragón y la Comunitat Valenciana. No olvidemos que la N-232 sin desdoblar es la carretera con mayor siniestralidad de la provincia de Teruel. Además, la A-68 debe contribuir a crear un sistema mallado de infraestructuras, con el
objetivo de superar el tradicional sistema radial que tanto ha perjudicado a la estructura territorial de la periferia peninsular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar la ejecución del tramo pendiente de la autovía A-68 Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro y de la variante de Mallén, sin más demora, para hacer posible su puesta en servicio cuanto antes; e
2. impulsar la tramitación de los tramos entre Fuentes de Ebro y Ventas de Valdealgorfa para poder emprender su ejecución en el menor plazo posible y, en todo caso, antes de finalizar la presente legislatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión competente.
Exposición de motivos
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado como prioridad la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha anunciado el Govern volverá a convocar la mesa entre Generalitat y Gobierno para que en 'tres o cuatro meses' se
presenten las propuestas técnicas.
Este proyecto lleva bloqueado desde 2021, cuando se anunció un acuerdo entre los gobiernos español y de la Generalitat para dicha ampliación. Uno de los puntos de esa ampliación consiste en extender una de las pistas para que puedan
aterrizar grandes aeronaves.
En el momento en el que se planteó por primera vez aquel proyecto de ampliación, fueron muchos los informes científicos y las advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto ambiental. Esa extensión no solo invadirá una zona
de la Red Natura 2000, La Ricarda, sino que el incremento del tráfico aéreo conllevará un aumento de las emisiones de CO2.
Los últimos informes del Panel Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, no dejan lugar a duda: la temperatura global del planeta está aumentando y los cambios climáticos que genera se están acelerando,
como es más evidente cada día. Todo ello debido a la acción del hombre y concretamente al CO2 que emitimos. Si bien España ha experimentado reducciones sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero desde 2005 (en 2022, las emisiones
de gases de efecto invernadero fueron un 33 % más bajas que las emisiones en 2005), sus esfuerzos en comparación con 1990 se quedan cortos con respecto a la media de la Unión Europea. Históricamente, los sectores de la producción eléctrica e
industria han sido los principales emisores, pero desde 2010 las emisiones del transporte nacional los han superado.
Se calcula que, a nivel global, en 2050 un cuarto de las emisiones contaminantes procederá del tráfico aéreo. Las emisiones procedentes del sector aéreo no solamente no se han reducido, sino que ha aumentado un 75 % entre 1990 y 2012 13.
Cabe destacar que:
- El 34 % (51) de los 150 vuelos de corta distancia más concurridos de la UE tienen alternativas de tren de menos de seis horas.
- El 29 % (73) de los 250 vuelos de corta distancia más concurridos de Europa (UE, Noruega, Suiza y Reino Unido) tienen alternativas de tren de menos de seis horas
- Sólo el 27 % (41) de los 150 vuelos más concurridos de la UE tienen alternativas de trenes nocturnos directos en 2021.
Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que dañan el clima la vía es decrecer en la aviación y reducir los vuelos actuales, no ampliar las infraestructuras que aumentarían el tráfico aéreo generando más emisiones.
Por otro lado, la ampliación del aeropuerto del Prat tendría un impacto irreversible sobre los últimos ecosistemas naturales de la zona, por lo que su ampliación genera una amplía oposición en la zona afectada.
Con la información que tenemos sobre las causas y efectos del cambio climático en la actualidad, es evidente que un proyecto de extensión de una pista aeroportuaria para aumentar el tráfico aéreo no está en línea con las acciones que
recomienda el IPCC para hacer frente al cambio climático.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Descartar el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat.
2. Impulsar el ferrocarril como medio de transporte alternativo al transporte aéreo, limitando su coste y aumentando las frecuencias, y fomentando las líneas convencionales, no centralizadas y de media distancia.
13 https://davidsuzuki.org/living-green/air-travel-climate-change/
3. Recuperar y potenciar los trenes nocturnos y desarrollar una red ferroviaria no centralizada e interconectada con toda Europa.
4. Restringir los vuelos cortos (de menos de una hora de duración), impulsando alternativas de transporte limpio, preferentemente conexiones económicas y accesibles de ferrocarril.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la situación de las obras y tramitación de la autovía A-76 en Valdeorras, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La comarca de Valdeorras, conformada por los Concellos de A Rúa, A Veiga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras, es la segunda comarca más poblada de Ourense (a pesar de
haber perdido 1.924 habitantes en los últimos 10 años, pasando de los 27.000 en 2014 a 25.076 en 2023).
El dinamismo económico pivota sobre el sector vitivinícola y el de la pizarra, aunque sectores como la construcción y lo de los servicios tienen una gran relevancia. El aislamiento en las comunicaciones ha sido un lastre importante en el
despegue económico y social de las tierras de Valdeorras, ya que buena parte de los motores económicos dependen de la capacidad de desplazamiento viario de mercancías y bienes de consumo.
Así nos encontramos con problemas endémicos en las comunicaciones, tanto interiores cómo cara el resto de las comarcas gallegas e incluso en las comunicaciones con el resto de la península.
La A-76 es especialmente importante para las comunicaciones de la comarca de Valdeorras y su enlace con la meseta. Llevamos años esperando por una autovía con capacidad adecuada para lo transporte de mercancías. Al igual que en otras
infraestructuras viarias de titularidad del Estado en la Galicia, el proyecto de la Autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense lleva años de retrasos y tiempos en blanco sin que se produzca un impulso firme que demuestre un compromiso real de ejecutar
la construcción de esta infraestructura en un plazo de tiempo concreto.
El proyecto se dividió técnicamente en doce tramos, cada uno con su propio procedimiento de adjudicación y ejecución, de los cuales los más avanzados son los próximos a Ponferrada.
En 2018 se adjudicó la redacción del proyecto del tramo que va entre Requeixo y A Veiga de Cascallá (Rubiá), pero poco más se supo al respeto. El tramo entre A Veiga de Cascallá hasta el enlace este de O Barco tiene un proyecto de
construcción finalizado, pero igualmente carecemos de información concreta sobre su estado después del anuncio del Ministerio en 2020 indicando que se estaba abordando una modificación para incluir un enlace.
En abril del año 2023, el Ministerio sometía la información pública el proyecto de construcción de la 'Autovía A-76 Ponferrada-Requeixo' en la provincia de León, con un presupuesto aproximado de 126 millones de euros. El objetivo de esta
actuación es
convertir en autovía el tramo actual de la N-120 entre Villamartín de la Abadía y Requeixo, bajo el nombre de la futura autovía A-76.
Durante la presentación del Plan Director del Corredor Atlántico por parte del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible el 16 de mayo del 2024 en A Coruña se anunció una inversión en el territorio gallego de 4.561 millones hasta el año
2030.
En el ámbito de las infraestructuras viarias se prevé invertir 801 millones de euros hasta 2030 para autovías como la A-55, AC-11 y la AP-9. Se prevén 436 millones para las estaciones intermodales y estaciones de mercancías. Asimismo, se
planificó una partida para puertos de 293 millones. Y aunque los aeropuertos no están en la red básica, se planificaron 52 millones para los aeropuertos de Galiza. Sin embargo, en lo referido al apartado de carreteras se echa en falta a inclusión
de la A-76 Ourense-Ponferrada.
En junio del 2024 el Ministerio de Transportes respondió a preguntas hechas por el diputado del BNG, Néstor Rego, en el Congreso de los Diputados que, en relación a las inversiones a ejecutar en la A-76, los tramos que se tienen en fase de
redacción son:
- Tramo Villamartín de la Abadía - Requeixo: consiste en la conversión en autovía del tramo actual de la N-120 entre ambas poblaciones leonesas, con un trazado de 6,2 km de largo, que va a través de los términos municipales de Carracedelo,
Toral de los Vados, Corullón y Sobrado.
- Tramo Requeixo - A Veiga de Cascallá.
- Tramo A Veiga de Cascallá - O Barco de Valdeorras.
El BNG lleva reclamando reiteradamente la materialización de esta infraestructura durante los últimos años y trabajando conjuntamente con el vecindario de Valdeorras para evitar que la A-76 quede en el olvido.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Establecer un calendario de previsiones ágil en relación a la A-76 que permita avanzar en la ejecución de las obras de esta infraestructura viaria fundamental para as comunicación da comarca de Valdeorras.
2. Agilizar todos los trámites necesarios para la ejecución de los tramos de la A76 en Ourense a la mayor brevedad.
3. Destinar fondos del Plan Director del Corredor Atlántico por parte del Ministerio de Transportes a la autovía A-76.
4. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 partidas específicas con fondos suficientes para seguir con las actuaciones referidas a la A-76.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á situación das obras e tramitación da autovía A-76 en Valdeorras, para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A comarca de Valdeorras, conformada polos concellos da Rúa, A Veiga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras, é a segunda comarca máis poboada de Ourense (a pesar de ter
perdido 1.924 habitantes nos últimos 10 anos, pasando dos 27.000 en 2014 a 25.076 en 2023).
O dinamismo económico pivota sobre o sector vitivinícola e o da lousa, aínda que sectores como a construción e o dos servizos teñen unha grande relevancia. O illamento nas comunicacións ten sido un lastre importante no despegue económico e
social das terras de Valdeorras, xa que boa parte dos motores económicos dependen da capacidade de desprazamento viario de mercadorías e bens de consumo.
Así atopámonos con problemas endémicos nas comunicacións, tanto interiores como cara o resto das comarcas galegas e mesmo nas comunicacións co resto da península.
A A-76 é especialmente importante para as comunicacións da comarca de Valdeorras e o seu enlace coa meseta. Levamos anos esperando por unha autovía con capacidade adecuada para o transporte de mercadorías. Ao igual que noutras
infraestruturas viarias de titularidade do Estado na Galiza, o proxecto da Autovía A-76 entre Ponferrada e Ourense leva anos de atrasos e tempos en branco sen que se produza un impulso firme que demostre un compromiso real de executar a construción
desta infraestrutura nun prazo de tempo concreto.
O proxecto dividiuse tecnicamente en doce tramos, cada un co seu propio procedemento de adxudicación e execución, dos cales os máis avanzados son os próximos a Ponferrada.
En 2018 adxudicouse a redacción do proxecto do tramo que vai entre Requeixo e A Veiga de Cascallá (Rubiá), pero pouco más se soubo ao respecto. O tramo entre A Veiga de Cascallá até o enlace leste de O Barco ten un proxecto de construción
rematado, pero igualmente carecemos de información concreta sobre o seu estado despois do anuncio do Ministerio en 2020 indicando que se estaba abordando unha modificación para incluír un enlace.
En abril do ano 2023, o Ministerio sometía a información pública o proxecto de construción da 'Autovía A-76 Ponferrada-Requeixo' na provincia de León, cun orzamento aproximado de 126 millóns de euros. O obxectivo desta actuación é converter
en autovía o tramo actual da N-120 entre Villamartín de la Abadía e Requeixo, baixo o nome da futura autovía A-76.
Durante a presentación do Plan Director do Corredor Atlántico por parte do Ministro de Transportes e Mobilidade Sustentábel o 16 de maio do 2024 na Coruña anunciouse un investimento no territorio galego de 4.561 millóns até o ano 2030.
No ámbito das infraestruturas viarias, prevese investir 801 millóns de euros ata 2030 para autovías como a A-55, AC-11 e a AP-9. Prevense 436 millóns para as estacións intermodais e estacións de mercadorías. Así mesmo, planificouse unha
partida para portos de 293 millóns. E aínda que os aeroportos non están na rede básica, planificáronse 52 millóns para os aeroportos da Galiza. Con todo, no referido ao apartado de estradas bótase en falta a inclusión da A-76 Ourense-Ponferrada.
En xuño do 2024 o Ministerio de Transportes respondeu a preguntas feitas polo deputado do BNG, Néstor Rego, no Congreso dos Deputados que, en relación aos investimentos a executar na A-76, os tramos que se teñen en fase de redacción son:
- Tramo Villamartín de la Abadía - Requeixo: consiste na conversión en autovía do tramo actual da N-120 entre ambas poboacións leonesas, cun trazado de 6,2 km de longo, que vai a través dos termos municipais de Carracedelo, Toral de los
Vados, Corullón e Sobrado.
- Tramo Requeixo - A Veiga de Cascallá.
- Tramo A Veiga de Cascallá - O Barco de Valdeorras.
O BNG leva reclamando reiteradamente a materialización desta infraestrutura durante os últimos anos e traballando conxuntamente coa veciñanza de Valdeorras para evitar que a A-76 quede no esquecemento.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Estabelecer un calendario de previsións áxil en relación á A-76 que permita avanzar na execución das obras desta infraestrutura viaria fundamental para as comunicacións da comarca de Valdeorras.
2. Axilizar todos os trámites necesarios para a execución dos tramos da A-76 en Ourense á maior brevidade.
3. Destinar fondos do Plan Director do Corredor Atlántico por parte do Ministerio de Transportes á autovía A-76.
4. Incluír nos Orzamentos Xerais do Estado de 2025 partidas específicas con fondos suficientes para seguir coas actuacións referidas á A-76.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de setembro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la planificación,
ejecución y desarrollo de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las autopistas ferroviarias son sistemas de transporte intermodal que consisten en lanzaderas de ferrocarril destinados a transporte de camiones, remolques y semirremolques. El funcionamiento es el siguiente: los camiones recorren por
carretera el trayecto hasta el inicio de la autopista ferroviaria; una vez allí, se montan en vagones especiales y se descargan en la estación correspondiente más cercana a su destino.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible propone en sus líneas de actuación relativas al 'incremento efectivo del transporte ferroviario de mercancías' el impulso específico de las autopistas ferroviarias en España, mencionando
acciones concretas como la 'definición de corredores para servicios de autopistas ferroviarias'.
Este tipo de sistemas de transporte intermodal permite, además de agilizar conexiones entre puntos del mapa nacional y crear centros logísticos de mayor potencialidad, reducir el tráfico de camiones por carreteras, autovías y autopistas,
aumentando la seguridad y fluidez de las mismas. Por otra parte, también, contribuyen a la protección del medioambiente reduciendo emisiones. Se cifra en que las emisiones de la carretera con respecto al ferrocarril son 4,7 veces superiores, lo
que supone un ahorro anual de 620.000 toneladas de CO2.
La autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza cumple con esas características:
- Por un lado, es fundamental para mejorar nuestra competitividad y optimizar el tráfico de mercancías con el continente africano. Tanto de ida, como de vuelta. En esta estrategia logística, el Puerto de Algeciras es el más importante de
Europa, y el 'Corredor
Central' (trazado ferroviario donde se apoyaría la autopista) esencial para la vertebración norte-sur de España.
- Por otro, esta autopista sirve también para ese propósito de descongestionar de tráfico pesado nuestras carreteras, y reducir emisiones. Un problema, el del colapso del tráfico, que provincias como la de Cádiz sufren en muchas de sus
infraestructuras, como, por ejemplo, también, en la conexión entre la provincia y Sevilla por la AP-4. Este proyecto de la autopista ferroviaria, por tanto, aborda una realidad inmediata, ya que se prevé que en el año 2025 crucen el Estrecho de
Gibraltar entre los puertos de Algeciras y Tánger 600.000 camiones anuales (unos 1.600 diarios).
Con todos estos antecedentes y tras distintas reclamaciones por parte de las administraciones regionales, el Gobierno de España anunció el pasado mes de marzo un 'Plan de Inversión para el desarrollo de la autopista ferroviaria entre
Algeciras y Zaragoza'. Para ello, se licitaban las actuaciones de adecuación del gálibo ferroviario en 26 túneles y 40 pasos superiores del trayecto Madrid-Zaragoza con una inversión de 110 millones de euros. Un plan que contemplaba también la
modernización de la señalización y la ampliación de vías en estaciones hasta 750 metros, así como la mejora de la infraestructura en puntos clave.
Sin embargo, aunque el propósito de este plan, de fondo, sea interesante, quedan muchos aspectos sin resolver y, como es habitual, se presenta como algo incompleto. Por el momento, el plan solo afecta a los gálibos del tramo Madrid-Zaragoza
y, parcialmente, a trabajos de consolidación de la ladera de Almargen (Málaga), donde se renovará plataforma y vía en 7 km; una actuación que mejorará la operatividad de la infraestructura para todos los tráficos del tramo Bobadilla-Algeciras. Por
otro lado, el Ministerio no informa de cuál es la alternativa que se plantea al posible cierre de la línea durante el tiempo que duren las obras. Además, muchos tramos de doble vía pasarán a ser de vía única, por una cuestión de ahorro. Por este
motivo tampoco habrá cambios en los trazados y las pendientes seguirán siendo una importante limitación, dificultando la competitividad del ferrocarril.
La complejidad técnica y territorial de este asunto requiere de mayor coordinación e información entre el Gobierno central y el resto de las administraciones afectadas. Las noticias y la información sobre el proyecto publicadas desde marzo
hasta ahora han sido muy escasas. Algunas Comunidades Autónomas están pidiendo, por este motivo participar más activamente del proceso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar punto por punto, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la planificación prevista para la autopista ferroviaria Algeciras- Zaragoza y acelerar la licitación de las obras incluyendo las actuaciones
necesarias en todos los gálibos y pasos elevados entre Zaragoza y Algeciras, no de manera parcial solo en el tramo Zaragoza-Madrid.
2. Garantizar que las obras que se lleven a cabo no produzcan un colapso en la infraestructura ferroviaria que conecta actualmente ambos puntos de la península.
3. Realizar la inversión necesaria para que la autopista funcione como tal, con doble vía y no con tramos de vía única, así como para que se revisen los trazados que sean pertinentes, de tal forma que las pendientes no resten competitividad
al sistema.
4. Crear un grupo de trabajo entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las Comunidades Autónomas que coordine las acciones necesarias para cada tramo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Pedro Navarro López, María del Mar González Bella, Juan Bravo
Baena, José Vicente Marí Bosó, Sergio Sayas López, Héctor Palencia Rubio, Cristina Teniente Sánchez y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el robo de cobre en
infraestructuras ferroviarias, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Una parte de las incidencias en la red ferroviaria se debe a los robos de cobre que se producen en instalaciones de la infraestructura ferroviaria.
El alto precio del cobre en el mercado, debido a la alta demanda del mismo, es la razón principal del incremento de estos robos.
Según Adif, la comunidad autónoma de Cataluña es una de las más afectadas por estas prácticas, ya que desde 2019 concentra el 52,1 % de los actos vandálicos en la infraestructura ferroviaria: 72 robos en 2022, 151 en 2023 y 52 hasta el mes
de mayo de 2024. Las sustracciones en instalaciones de cercanías y regionales son las principales, pero también las hay en instalaciones de alta velocidad.
El robo que tuvo lugar el pasado 12 de mayo (día de las elecciones al Parlamento de Cataluña) en Monteada i Reixac (Barcelona), provocó una de las mayores afectaciones de la infraestructura ferroviaria de los últimos tiempos, afectando a la
movilidad de millones de pasajeros. Se tardaron dos meses en reparar los desperfectos causados y en recuperar la normalidad de la circulación en las líneas de cercanías.
Si bien el robo de cobre se produce en distintas infraestructuras, como telefonía o tendido eléctrico, es más numeroso en instalaciones ferroviarias, en las que el acceso debería ser limitado y, por lo tanto, deberían ser instalaciones de
más fácil protección. Sin perjuicio de la vigilancia de las instalaciones y la persecución de los delitos que suponen estos robos (no solo el robo, sino también su comercialización ¡legal) por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resulta
imprescindible adoptar medidas de protección de las instalaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio de la infraestructura ferroviaria que plantee la adopción de las medidas de seguridad oportunas para evitar y reducir los actos vandálicos, especialmente el robo de materiales de cobre, en dicha infraestructura.
2. Identificar los puntos críticos de la infraestructura, cuyo fallo pueda suponer una grave afectación a la seguridad y a la operatividad de la red ferroviaria, e implementar a la mayor brevedad posible las medidas de protección
necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Santiago Rodríguez Serra, Ignacio Martín Blanco, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Agustín Parra Gallego, María Elisa Vedrina Conesa y Héctor Palencia Rubio,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la lucha contra la violencia contra las mujeres a través del
deporte, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La violencia machista es la forma más brutal de discriminación por razón de sexo, porque, además de atentar a la dignidad de las mujeres, vulnera su derecho a la integridad física y moral y, en último término, a su derecho a la vida, ambos
recogidos en el artículo 15 de la Constitución. Se trata de un instrumento que afianza y reproduce la concepción patriarcal de la relación entre los hombres y las mujeres, contra el que los poderes públicos deben desplegar todos los instrumentos
que estén a su alcance.
España es uno de los países en los que de manera más temprana se afrontó este problema de forma integral, a través del despliegue de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Desde la aprobación de esta ley, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las distintas administraciones públicas están impelidas a desplegar medidas, en todos los ámbitos, encaminadas a prevenir y erradicar este tipo de violencia,
medidas que no solo implican respuestas penales más eficaces una vez la violencia ya se ha desatado, sino también medidas de prevención que fomenten una sociedad en la que este tipo de intolerables comportamientos sean definitivamente desterrados.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en 2017 por los distintos Grupos Parlamentarios representados en las Cortes Generales, las Comunidades Autónomas y los entes locales que forman la Federación Española de Municipios y
Provincias, supuso un compromiso renovado de todas las instituciones democráticas en la consecución de este objetivo.
A la lucha contra la violencia de género, en los términos establecidos en la ley de 2004, como violencia en el seno de una relación de pareja, se ha añadido en los últimos años el compromiso del Estado contra cualquier otro tipo de violencia
machista, como la violencia sexual. Así se deriva de la ratificación por parte de España del Convenio de Estambul, en 2014, que define como violencia contra las mujeres a 'todos los actos de violencia basados en el género que implican o puedan
implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica'. En esta línea, el Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022 aprobó la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025,
cuyo objetivo principal es la prevención, sensibilización, atención y reparación integral de todas las violencias machistas.
El deporte es un fenómeno de masas en un doble sentido. Por un lado, millones de personas lo practican, a través de estructuras federadas y no federadas. Por otro, el deporte profesional es uno de los espectáculos más seguidos por el
conjunto de la ciudadanía. En este sentido, las acciones contra la violencia machista en el ámbito deportivo deben tener un doble objetivo: prevenir y combatir que esta surja en el ámbito del deporte y utilizar el mismo para concienciar al
conjunto de la sociedad de la necesidad de erradicar este mal.
La Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 prevé la necesidad de afrontar el primer objetivo, al establecer la necesidad de impulsar medidas para prevenir, detectar y erradicar la violencia contra las mujeres en
el ámbito del deporte. A este, sería conveniente añadir un segundo: utilizar los eventos deportivos como caja de resonancia para sensibilizar a la sociedad contra este tipo de violencia.
El deporte por el que debemos trabajar desde los poderes públicos es un deporte que promueva los mejores valores de un país democrático tanto en su seno como en el conjunto de la sociedad, valores entre los que se sitúa la igualdad -uno de
los valores superiores del ordenamiento jurídico, según el art. 1.1 de la Constitución-.
Que la creciente presencia femenina en el deporte vaya acompañada de un mayor compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres es, por tanto, un objetivo al que tenemos obligatoriamente que tender, con toda la determinación que
seamos capaces de desplegar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha todo tipo de acciones que contribuyan a la mejora de la sensibilización, prevención, concienciación y detección de la violencia contra las mujeres en el ámbito deportivo.
2. Colaborar con el conjunto de las administraciones públicas y federaciones deportivas en la planificación, organización y ejecución de actuaciones especializadas de formación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del
deporte.
3. Impulsar la difusión de campañas de sensibilización y prevención en materia de violencia contra las mujeres en eventos deportivos.
4. Garantizar que las Federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales cuenten con planes de igualdad, así como con protocolos de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual y acoso Por razón
de sexo o autoridad tal y como lo indican la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-María Luisa García Gurrutxaga, Roberto García Morís, Mercedes González Fernández, Víctor Gutiérrez Santiago, José Losada Fernández, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez
Seijo, Alberto Mayoral de Lamo, Valle Mellado Sierra, M.ª Isabel Moreno Fernández y Ada Santana Aguilera, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impulso del deporte en el medio rural, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
En las zonas rurales de España siempre se ha practicado el deporte y la actividad física, a través de los juegos tradicionales integrados en la vida de la comunidad (frontón, arrastres, carreras de caballos, etc.) o, fuera del ámbito lúdico,
a través de un estilo de vida de sacrificio, esfuerzo y obligada movilidad física, relacionada con la actividad ganadera y agrícola. Sin embargo, la despoblación y los cambios de hábitos relacionados con la modernidad han rediseñado la realidad del
deporte en el ámbito rural.
La práctica deportiva en el medio rural refleja, en la actualidad, una combinación de obstáculos y oportunidades. Por un lado, existen numerosas iniciativas que promueven la actividad física y el deporte; por otro, estas se enfrentan a
obstáculos como la escasez de instalaciones adecuadas, la limitada accesibilidad a programas deportivos o la dispersión geográfica.
De entre todos ellos, podemos identificar dos retos en torno a las cuales es posible impulsar la realidad del deporte en el ámbito rural.
Por un lado, el turismo deportivo en el medio rural, basado en la difusión de nuevos deportes de naturaleza o aventura, ha emergido como un catalizador clave para la revitalización y diversificación económica de estas áreas. Este tipo de
turismo, bien orientado, no solo reactiva la economía rural, sino que también fomenta la preservación del patrimonio natural y cultural. Para lograr este equilibrio óptimo, es necesario, desde los poderes públicos, asegurar que este se desarrolla
de manera sostenible, garantizando que no exista ni masificación ni malas prácticas que puedan desembocar en serios impactos ambientales, y procurando que sea la población autóctona la principal beneficiaria económica de este tipo de turismo.
Por otro lado, promover la educación en la práctica deportiva es crucial en el desarrollo integral de los niños y las niñas que viven en el medio rural. Más allá de la enseñanza de habilidades físicas, la educación deportiva promueve
valores fundamentales, como el trabajo en equipo o el respeto al adversario. En entornos rurales, donde la conexión con la naturaleza es parte esencial de la vida, la educación deportiva se convierte en una herramienta fundamental para inculcar un
estilo de vida activo y saludable desde la infancia. Además, proporciona oportunidades de participación y competición, fomentando el espíritu de pertenencia a una comunidad. La educación deportiva en el medio rural no solo contribuye al bienestar
físico; también fortalece el tejido social.
En suma, como refleja la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, el deporte es un instrumento para facilitar la cohesión social y territorial del país, que supone un valor añadido en las zonas más despobladas del medio rural, con
mayores dificultades para establecer y reforzar vínculos sociales y de proximidad. Por eso, en su artículo 8.2, establece que 'la Administración General del Estado promoverá, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas
competentes, el fomento de la práctica del deporte en el medio rural, con vistas a la mejora de las condiciones físicas de las personas, su calidad de vida y el bienestar individual y la socialización entre ellas, facilitando los desplazamientos de
los practicantes y apoyando de forma especial la práctica del deporte en equipo'.
En este sentido, el Consejo Superior de Deportes plantea el programa RETO DE, que tiene como objetivo el desarrollo de actuaciones dirigidas a promocionar la actividad deportiva en los entornos rurales, haciendo del deporte un elemento
dinamizador del territorio, a través de la organización de eventos deportivos que impliquen un desarrollo socioeconómico y de promoción turística para el territorio; la realización de actividad deportiva que dinamice socialmente dentro del ámbito
de actuación, los municipios, comarcas, provincias o comunidades autónomas donde se lleve a cabo; la promoción de iniciativas deportivas vinculadas a potenciar los recursos naturales, patrimoniales, culturales y turísticos del territorio y, el
apoyo a proyectos, programas y actividades
deportivas que sean innovadoras y permitan aportar valor al ecosistema deportivo, empresarial y social del territorio, generando nuevos aprovechamientos de los recursos existentes.
La práctica del deporte es una experiencia enriquecedora que debería estar al alcance de toda la ciudadanía, con independencia del medio en el que habiten. El deporte es salud física, pero también mental. Además, fortalece valores como la
disciplina, la perseverancia y la autoconfianza. Seguramente por ello, el Poder Constituyente estableció como obligación de los poderes públicos (art. 43.3 CE) el fomento de la educación física y el deporte. En todos los ámbitos, también en el
rural.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los entes locales, la práctica del deporte en el medio rural, a través, entre otras iniciativas, del desarrollo de un turismo
deportivo sostenible y de la promoción de una red de educadores deportivos en zonas rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-María Luisa García Gurrutxaga, Roberto García Morís, Mercedes González Fernández, Víctor Gutiérrez Santiago, José Losada Fernández, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez
Seijo, Alberto Mayoral de Lamo, Valle Mellado Sierra, M.ª Isabel Moreno Fernández y Ada Santana Aguilera, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reclamación de la
medalla de bronce para la atleta Elena Congost y su guía Mia Carol, en los Juegos Paralímpicos de París 2024, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El Comité Paralímpico Español ha anunciado su apelación a la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico (World Para Athletics) para solicitar la medalla de bronce para Elena Congost y su guía Mia Carol, descalificados en la última
jornada de la maratón T12 de los Juegos de París. Elena Congost ya ganó la medalla de oro en el maratón T12 en Río de Janeiro en 2016.
Los hechos que provocaron su descalificación se basan en que la cuerda se le escapó por un segundo a Elena Congost, en un acto reflejo de apoyo a su guía, Mia Carol Bruguera, para que no se cayera. Un hecho que ocurrió a tan sólo diez
metros de la línea de meta, tras recorrer 42,195 kilómetros y encontrarse a más de tres minutos y medio del rival que marchaba en cuarta posición. Un hecho que, por tanto, no influyó en el resultado.
La autoridad disciplinaria, en aplicación del artículo 7.9.5, que establece que 'el atleta y su corredor guía acompañante deben mantener la cuerda de sujeción desde el comienzo de la carrera hasta el final de la carrera', la descalificó por
entender que esa suelta de la correa antes de la meta está dentro del contenido en el referido artículo, cuando debe atenderse a que no hubo ánimo de soltar la cuerda, que la cuerda de sujeción se escapó al dar apoyo a su guía. En definitiva,
constituyen unos hechos de los que no obtenía ventaja alguna, y que no se escapan del juego limpio.
El olimpismo en la Carta Olímpica se expresa como 'una filosofía de la vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el
Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales'.
Uno de los ejes centrales del olimpismo es el respeto; 'el respeto por uno mismo, por el cuerpo propio, por los otros, por las reglas y regulaciones, por el deporte y el ambiente. En relación con el deporte, el respeto se refiere al juego
limpio y a la lucha contra el doping y todas las conductas poco éticas'.
Ante tales hechos no solo se puede estar orgulloso de la actuación de Elena Congost como persona y deportista, sino que resulta exigióle, por ser de justicia, que la descalificación sea revisada y reconocida la medalla de bronce.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar de manera incondicional la apelación del Comité Paralímpico español para reclamar la medalla de bronce para Elena Congost y su guía Mia Carol, descalificados de la maratón T12 de los
Juegos Paralímpicos de París 2024 y a la concesión de la beca en cualquier caso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Borja Sémper Pascual y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/001178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso y gobernanza de la política industrial en España en un marco
de condiciones laborales justas, en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Durante la crisis de la COVID se pudo apreciar la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundial. Sólo la paralización del puerto de la ciudad china de Shenzen en 2021 supuso el retraso de centenares de miles de containers y un impacto
mayor en el comercio mundial. Por su parte, la guerra de Ucrania ha mostrado las consecuencias económicas que ha tenido para Europa y su industria una excesiva dependencia del gas ruso. La necesidad de cierta autonomía industrial se puso sobre la
mesa.
Después de varias décadas de casi total ausencia de política industrial, la mejor es la que no se hace, decían algunos, se ha probado necesario repensar cómo se direcciona la industria en un contexto de altos costes energéticos,
inestabilidad geopolítica y creciente presión a causa del cambio climático.
En ese sentido, una política industrial activa y condicionada se ha mostrado más eficiente que su ausencia, como muestra el caso de Corea del Sur. Según Future Policy Lab partiendo de datos de la OCDE, con un tamaño similar á España, el
país asiático ha aumentado su productividad un 190 % desde 1995 mientras en España la productividad se ha mantenido estable los últimos 25 años. Dicho aumento también ha supuesto que los
salarios en Corea del Sur superaran en un 15 % a los salarios españoles en el año 2020, mientras 20 años antes eran los salarios españoles los que superaban en un 25 % a los coreanos. Finalmente, el saldo comercial de bienes es claramente
positivo en Corea del Sur, mientras que España presenta saldos negativos.
En consecuencia, la política industrial se considera clave para afrontar varios de los problemas de los que España adolece: una balanza comercial deficitaria, una productividad del capital que ha caído un 1,2 % anual entre 2000 y 2022,
según un informe del IVIE (2024), o unos salarios estancados desde los años 90 con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. No todos los sectores económicos son iguales, la industria supone más productividad y mejores salarios.
La política industrial en nuestro país debe ir más allá de la figura de catalizador de iniciativas para dirigir, impulsar y formar nuevos sectores estratégicos. El mercado no siempre se muestra eficiente en la asignación de recursos. En
este sentido, los trabajos de la economista Mariana Mazzucato han probado los desajustes de algunas fórmulas de colaboración entre el estado y el sector privado que no estarían promoviendo políticas públicas óptimas. Hemos visto casos claros de
captación del estado por parte de grandes empresas en asociaciones público-privadas o la absorción total de beneficios de empresas privadas que han basado sus innovaciones en l+D pública sin recibir el estado una contraprestación justa.
Un nuevo estado emprendedor, en términos de la propia Mazzucato, debe ser capaz de imponer cierta condicionalidad para dirigir su política industrial. La lógica de la condicionalidad ha estado presente en otras políticas, recordemos que
algunos países de renta media o baja para obtener financiación del FMI se veían obligados a aplicar draconianos programas de austeridad. Lejos de esta lógica, la condicionalidad de la política industrial es expansiva puesto que busca la generación
de riqueza beneficiosa para el sector privado, pero también para el público; debe haber reciprocidad entre los actores.
La condicionalidad debe concretarse en un marco regulatorio que sea suficientemente específico con los compromisos de los actores, sus responsabilidades y las acciones que se esperan de cada cuál. El Gobierno puede ofrecer beneficios a
determinados sectores productivos y sus empresas como subvenciones, préstamos blandos, incentivos fiscales, apoyo tecnológico o incluso cierta indulgencia en la regulación pero todo ello a cambio de determinados comportamientos empresariales e
inversiones que respondan a un fin público. Esa condicionalidad puede dirigirse por ejemplo a incentivar mejoras en el empleo, contrataciones o en mejorar los procesos empresariales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un
buen sistema de condiciones también supone que el receptor de una ayuda se vea obligada a devolverla en caso de incumplimiento, como podría ser el caso de empresas que deslocalicen su actividad tras haber recibido ayudas. En definitiva, una buena
política industrial debe generar un cambio conductual en las empresas que en último término suponga impactos directos en la economía y bienestar públicos.
Como apunta el Future Policy Lab en su informe 'El retorno de la política industrial', para llevar a cabo una política de este tipo debemos considerar criterios para seleccionar los sectores a los que incentivar y en los que invertir en
nuestra política. Criterios como la competitividad, la creación de empleo, la productividad o la lucha contra el cambio climático. Paralelamente hay que asegurar la coherencia de las políticas y una buena gobernanza de los actores.
Para el desarrollo de una buena política industrial debe garantizarse un sistema de gobernanza que facilite el intercambio de información entre actores públicos y privados, que sea transparente evitando la captura de lo público, pero permita
también la información adecuada para la toma de decisiones por parte de todos los actores. Debe ser un sistema que incluya al menos al estado, empresa privada, entidades financieras y a los trabajadores. Una política industrial, en definitiva,
debe reproducir el diálogo social invitando a la participación adecuada de las organizaciones sindicales y empresariales más significativas de nuestro país.
En el mismo sentido, la buena gobernanza debe incluir a entidades públicas que pueden ser determinantes para el éxito de la política industrial. Por una parte, debe garantizarse la participación del Servicio Público de Empleo Estatal y de
los servicios de empleo autonómicos para garantizar las políticas activas y formativas de empleo y el reclutamiento ágil de trabajadores para los sectores industriales que se pretendan incentivar y que lo necesiten. Por otra parte, la participación
de entidades como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con participaciones importantes en empresas privadas estratégicas, pueden aportar una visión global muy beneficiosa para la coordinación entre los diversos actores. Otras
entidades públicas con las que se podría contar son el ICO o el CDTI, entre otras.
Una política industrial activa supone riesgos, no obstante, la inacción ante el cambio climático es mucho más peligrosa. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) nos ha informado en sucesivas ocasiones que el
área mediterránea y en concreto nuestro país se van a ver especialmente afectados por fenómenos extremos y que los modos de producción y consumo deben cambiar. Para combatir este fenómeno es necesario tomar medidas también desde la industria, no
sólo por justicia climática y social, sino porque nuestro país cuenta con un incipiente sector en la economía 'verde' que puede suponer un gran impulso económico.
En definitiva, debemos avanzar hacia una política industrial que respete los principios de reciprocidad, visión a largo plazo, condicionalidad y rendición de cuentas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Incorporar los siguientes planteamientos de política industrial en el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica:
1. La priorización de la creación y el mantenimiento del empleo de calidad, así como la formación, cualificación y recualificación de personas trabajadoras en las nuevas necesidades industriales.
2. La centralidad de la transición ecológica en la política industrial, de manera que España pueda aprovechar la ventaja competitiva que aporta la energía renovable en el contexto de relocalización productiva a nivel global.
3. El refuerzo de la participación del Estado en empresas y sectores estratégicos a través de los instrumentos financieros y empresas públicas de las que dispone, promoviendo la creación una agencia industrial pública y un banco público de
inversión con recursos suficientes a partir de los fondos públicos de apoyo a la empresa dependientes de los diferentes ministerios, así como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el resto de instituciones financieras públicas.
4. El planteamiento de la estrategia política industrial desde la condicionalidad en la colaboración público-privada, definiendo, junto a las empresas beneficiarías de las actuaciones, objetivos a medio y largo plazo para maximizar su valor
para las empresas, el Estado y la sociedad. Se establecerán también cláusulas de condicionalidad en las ayudas e inversiones para condicionar las mismas al impulso de un tejido productivo social, fiscal y medioambientalmente responsables.
5. El establecimiento de las siguientes medidas para evitar las deslocalizaciones:
a. La prohibición de que las empresas deslocalizadas puedan realizar despidos colectivos, extinciones de contratos por causas objetivas y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
b. La obligatoriedad de devolver la totalidad del importe de cualquier tipo de ayuda pública recibida en los años previos en caso de deslocalización de la actividad productiva o del empleo, incluidas las propias del ámbito laboral como los
ERTE o el mecanismo RED.
c. La exigencia de que en la transmisión de empresas siempre se realice y se presente a la autoridad laboral un plan de viabilidad cuyo objetivo será el mantenimiento de la actividad productiva y de los puestos de trabajo.
6. Asegurar la participación de los agentes sociales en todo organismo, foro o espacio de coordinación implicado en el diseño de la política industrial en España para su gobernanza óptima.
7. Contar con la participación de la actual Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con cualquier otro organismo financiero
público en el diseño de la política industrial.
8. Incluir en la concepción, diseño y gobernanza de la política industrial a los servicios públicos de empleo, tanto los autonómicos como el SEPE, para facilitar las políticas activas y formativas que favorezcan la inclusión de trabajadores
en los nuevos sectores industriales a incentivar.
9. El impulso de la participación de las personas trabajadoras en las empresas industriales y, en particular, en las cooperativas industriales. Para ello se tendrá en cuenta en el diseño de la política industrial el impulso del tejido
empresarial de la Economía Social y se planteará la transformación en cooperativa o sociedad laboral como alternativa en los procesos de reindustrialización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Manuel Lago Peñas y Carlos Martín Urriza, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción turística y al
apoyo a la consideración de la celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público', para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El próximo año 2025, la ciudad de Murcia cumplirá 1200 años de historia, y aunque sus orígenes se remontan a mucho antes, de manera oficial se tiene constancia desde aquel 25 de junio del año 825, cuando Abderramán II fundó Madina Mursiya a
orillas del río Segura tras la conquista de este territorio por su general Muawiyya: durante la Edad Media fue capital de distintos reinos de taifas de creciente importancia y entre 1243-1266 se incorporó a la Corona de Castilla como capital del
Reino de Murcia, siendo además ciudad con voto en Cortes y sede episcopal desde 1291. Tras la profunda crisis vivida en el siglo XIV, posteriormente en el siglo XVI creció económica y poblacionalmente. En el siglo XVIII la ciudad disfrutó de una
importante expansión que se reflejó en las artes y el urbanismo, hasta el punto de que puede hablarse de un Siglo de Oro murciano, con figuras tan destacadas como Francisco Salzillo y el Conde de Floridablanca.
Posteriormente, Murcia se convirtió en capital de la nueva Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ha vivido un gran auge económico y demográfico que la ha situado como el séptimo municipio español por población. En este sentido, los
siglos de historia, el crisol de culturas y su riqueza patrimonial, histórica y cultural, etc, hacen que el aniversario de su creación como ciudad merezca una celebración conmemorativa en torno a un
proyecto de ciudad que ha sido impulsado a través de Murcia 1200. Un proyecto ambicioso que sin ninguna duda merecería ser reconocido y declarado como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público'.
Así, este proyecto propone una iniciativa trascendental para el año 2025: convertirlo en el periodo de 'Proyección de Murcia' y afianzar la marca 'Murcia'. Esta ambiciosa propuesta busca conmemorar los 1200 años desde la fundación de la
ciudad por el emir Abderramán II. La propuesta engloba una extensa programación de eventos, festividades y actividades diarias a lo largo de todo el año, con el propósito claro de celebrar el rico legado histórico de Murcia y proyectarla de manera
destacada tanto a nivel nacional como internacional. La conmemoración del aniversario se presenta como una valiosa oportunidad para realzar la identidad de la ciudad y fortalecer su posición como un destino cultural y turístico de renombre. Esta
iniciativa reflejaría la importancia de fusionar la historia de Murcia con su visión de futuro, construyendo así un puente entre el pasado y el presente para consolidar a Murcia como un lugar único y vibrante en el escenario global siempre mirando a
la Murcia que queremos ser.
La celebración de los 1200 años de la ciudad de Murcia debe ser un momento de celebración. Efectivamente, esta efeméride también es un momento para ser conscientes del legado cultural del que somos herederos, de mirar con orgullo nuestra
historia y ser capaces de mostrarnos hacia fuera con la cabeza bien alta. Conscientes de ser habitantes de la tierra descrita por José Zorrilla, esbozada por Ramón Gaya o hecha como suya por el rey Alfonso X el Sabio, que quiso dejar constancia su
amor a la ciudad haciendo descansar su corazón entre sus muros; la misma tierra del Conde de Floridablanca, del Rey Lobo o de Juan de la Cierva. Este próximo año 2025 se pretende que sea un punto de inflexión, siendo el momento adecuado para
entender su extensa historia y reflexionar sobre el futuro que vendrá, dando paso a un nuevo impulso de un proyecto de ciudad común para todos los murcianos.
El aniversario de la ciudad también será el momento de impulsar el modelo de ciudad puesto en marcha, siempre en constante evolución, y permitirá seguir proyectando Murcia hacia el exterior como una gran urbe a la altura de las más
importantes de Europa por su historia, pero también por su presente atractivo e innovador, acompañada de una excepcional calidad de vida.
En este contexto, la finalidad de este proyecto es definir la marca 'Murcia' al integrar la historia del territorio con una visión de futuro centrada en el e territorio y las personas. El proyecto resaltará los atractivos turísticos,
culturales, patrimoniales e identitarios para posicionar a Murcia como un destino atractivo y único. A través de la participación comunitaria y estrategias de colaboración, se construirá una marca que celebre la conexión única entre el territorio y
las personas, proyectando una narrativa prometedora impulsada por el talento e innovación locales.
El equilibrio entre la historia y una Murcia innovadora proyectada al futuro darán como resultado un nuevo modelo para impulsar un territorio repleto de grandes lugares y paisajes entremezclados con la identidad y el talento de los
habitantes de la ciudad. El proyecto Murcia 1200 pretende ensalzar la Murcia de siempre desde una perspectiva innovadora, proyectando sus valores a través del orgullo de sentirse parte de un territorio único, poniendo en escena su potencia como una
de las grandes ciudades del Estado español. Y esta importancia no solo es por la gran población que atesora en sus barrios y pedanías, constituida como la séptima ciudad española en número de habitantes, sino por la singularidad de sus paisajes y
personalidad, contando con elementos únicos que cualquier otra ciudad querría poseer, pero que no solo se pueden encontrar en el municipio de Murcia.
La ciudad de Murcia además es el resultado de la confluencia de su territorio, representado a través de su paisaje, y de aquellas personas que lo han ido construyendo a lo largo de la historia. Esta hermosa ciudad del sureste de España ha
evolucionado a lo largo de los siglos, integrando tanto sus recursos naturales como el trabajo y la cultura de sus habitantes. Los valles fértiles del río Segura, las huertas exuberantes y las montañas circundantes han proporcionado un entorno rico
y diverso que ha sostenido a la población
y ha permitido el desarrollo de una comunidad vibrante y dinámica. La historia de Murcia no solo se encuentra en su patrimonio paisajístico y material, sino también en las personas que la han habitado. Los murcianos, con su carácter
abierto y acogedor, han sido los verdaderos artífices del crecimiento y la prosperidad de la ciudad. A lo largo de los años, han surgido figuras notables en diversos campos, desde el arte y la literatura hasta la ciencia y el deporte, que han
llevado el nombre de Murcia más allá de sus fronteras. Estas personalidades han contribuido a construir una identidad murciana rica y variada, basada en el esfuerzo, la creatividad, la innovación y el talento. El aniversario de la ciudad no es
solo una fecha más marcada en el calendario; es una celebración de todo lo que Murcia representa. Es un momento para que los murcianos, tanto los que residen en la ciudad como los que viven en otros territorios, se reúnan y honren su herencia
común. En este evento confluirán el lugar y los murcianos, creando una conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Los grandes talentos del municipio murciano ya sean artistas, científicos, deportistas o ciudadanos anónimos que contribuyen
diariamente al bienestar de la comunidad, serán el hilo conductor de esta celebración. A través de sus logros y esfuerzos, demuestran que Murcia es una ciudad viva y en constante evolución, siempre mirando hacia adelante sin olvidar su rica
historia.
Así, el aniversario de Murcia será una oportunidad para reflexionar sobre lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser. Será una ocasión para apreciar el paisaje que ha dado forma a la ciudad y para reconocer el valor de las
personas que la han construido y continúan haciéndolo. Celebrar Murcia es celebrar la confluencia de territorio y humanidad, un encuentro que sigue dando frutos y proyectando la ciudad hacia un futuro prometedor.
Desde la llegada de Abderramán II y su entrada en la ciudad fundado 'Madinat Mursiya' la ciudad ha visto todo un crecimiento económico, urbano y social. Una historia presente en su trama urbana, en sus calles y plazas y en el carácter de
todos los murcianos. Pasear 'intramuros' por los barrios de Santa Eulalia y San Nicolás' o llegar hasta el primer jardín público nacional como es 'Floridablanca', mientras la fachada de la Catedral se levanta a pocos metros, son partes latentes de
un territorio excepcional. La ciudad contiene un paisaje único con su próspera huerta y su borde fluvial como protagonistas de su día a día. Unas acequias que bañan la naturaleza de la huerta murciana donde el agua relata un pasado bañado de
atardeceres de un color difícil de describir con palabras. Un paisaje que se permeabiliza con el encuentro del gran río Segura que fluye por pedanías y barrios de la ciudad como El Carmen, Llano de Brujas o la Albatalía y que se permeabiliza con la
ciudad, penetrando cada vez en ella con mayor fuerza, entendiéndose ambas como partes indisolubles de un mismo lugar.
En definitiva, ser murciano significa exprimir todo el talento en cada reto propuesto con un carácter alegre y abierto que muestra la mejor versión de su ciudad. Una ciudad con un talento emergente que nace desde espacios como el CREA
MURCIA que ha visto nacer a grandes protagonistas del ámbito de la cultura, la gastronomía o la música. Un momento de efervescencia con importantes murcianos ilustres con proyección internacional que emergen en un mapa reservado para los grandes
nombres de la historia. La 'murcianía' brota por la piel de todos los murcianos, el principal patrimonio de un municipio que cuida del mismo modo a sus ciudadanos como a aquellos que vienen de visita o a quedarse prendados de una ciudad diferente y
atractiva.
Una Murcia que es Europa, proyectada a brillar con luz propia como una de las grandes ciudades con mayor calidad de vida. La huerta de Europa la llaman, pero es mucho más que eso. Es una ciudad proyectada hacia los nuevos objetivos de la
Europa innovadora y concienciada, estableciéndose como un claro referente dentro de la red de ciudades europeas, generando grandes proyectos transformadores de ciudad a diferentes escalas, enfocados en la salud, la naturaleza, la igualdad y la
economía.
Por todo lo anteriormente expuesto, con el objetivo de fomentar el diseño y la programación de actividades de mecenazgo en la celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, contribuyendo a incentivar la
participación de la iniciativa
privada, así como a favorecer la difusión de este acontecimiento, y su puesta en valor turística, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Impulsar la declaración y consideración de la celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público', a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
- Promover desde el punto de vista turístico y desarrollar en colaboración con las Administraciones territoriales de la Región de Murcia todas aquellas actuaciones que resulten necesarias de cara a conseguir que Murcia 1200 sea un indudable
ejemplo de buen hacer y éxito, ampliando su difusión y alcance a nivel nacional e internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Violante Tomás Olivares, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera
Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José
Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y la formulación
de un Plan Nacional de Formación y Reciclaje Profesional de calidad en el ámbito turístico, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La escasez de trabajadores cualificados dentro del sector turístico español es un hecho incuestionable y además, resulta una circunstancia que se ha agravado a lo largo de los últimos años, tal como pone de manifiesto todo el sector en todos
los puntos de la geografía española. Hace falta personal cualificado, especialmente en la hostelería y restauración y de manera urgente además, en las categorías de cocineros, camareros y otros profesionales de sala fundamentalmente.
Lo cierto es que durante la pandemia se produjo un trasvase de trabajadores del sector turístico hacia otros ámbitos productivos y tras la vuelta a la normalidad, estos no han retornado suficientemente para cubrir todas las vacantes
existentes. La falta de personal formado en adecuadas condiciones y motivado, y por ende la alta tasa de rotación existente en este sector, junto a las dificultades para encontrar alojamiento por parte de estos trabajadores en las zonas costeras
son factores que vienen afectando de manera persistente a las empresas y principales destinos turísticos de nuestro país. Resulta sin duda una asignatura pendiente que debemos resolver si queremos conservar el liderazgo turístico de la Marca España
en el medio y largo plazo.
En efecto, la carencia de profesionales con la cualificación y aptitudes requeridas es un problema acuciante que no solo se ha agravado en los últimos años, sino que está comprometiendo nuestra capacidad de crecimiento y calidad de servicio.
En la actual coyuntura, la demanda es robusta, pero sin embargo no contamos con suficientes profesionales cualificados, lo que afecta de lleno a nuestra competitividad, productividad e imagen como destino mundial.
Así, el sector turístico lleva sufriendo una falta de profesionales que suponen un serio problema para la viabilidad operativa de muchas empresas desde la reactivación turística después de la pandemia. En este sentido, el sector debería
asumir unos mejores niveles de cualificación, y condiciones laborales globales más atractivas que durante las décadas anteriores.
Las últimas cifras sobre empleabilidad turística que hemos conocido del mes de junio, demuestran que los afiliados en actividades turísticas representan el 13,6 % del total de afiliados en la economía nacional hasta alcanzar los 2.903.571
trabajadores vinculados a las diferentes ramas.
No obstante, según las últimas estimaciones por parte de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, la mitad de los puestos de trabajo en hostelería permanecerán sin cubrir de nuevo a lo largo de esta campaña de verano como ya
ocurrió durante la pasada temporada estival de 2023, lastrando el crecimiento del sector.
Considerando lo anterior, urgiría la articulación de medidas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que permitan seguir generando condiciones para incrementar las cifras de afiliación turística y poder así estar en disposición de hacer
frente a la falta de capital humano en las diferentes familias profesionales turísticas y que se ha convertido a lo largo de estos últimos años en un verdadero problema de carácter estructural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la adopción inmediata de las siguientes medidas:
1. Diseño, dotación y elaboración de un Plan Nacional para la formación y reciclaje profesional de calidad para el sector turístico español en coordinación con las Comunidades Autónomas, contemplando aspectos y habilidades claves, tales
como el dominio de lenguas extranjeras, digitalización, orientación al cliente, conocimientos culinarios de las diferentes regiones, control de gestión de la actividad hostelera mediante el uso de herramientas de inteligencia de mercado,
sostenibilidad, etc., garantizando que en todo caso el mismo se acompase a las necesidades reales que demandan los subsectores y empresas turísticas, así como favoreciendo optimizar la capacidad de aportar valor a la cadena de valor turística por
parte de las plantillas, contribuyendo por consiguiente a generar servicios y productos turísticos más diferenciales, innovadores y de mayor calidad dentro de la oferta española.
2. Articular mecanismos de cara a reforzar de manera particular la formación dirigida a la rama profesional de la hostelería y restauración, especialmente en sala y cocina.
3. Garantizar la implementación de programas ambiciosos de reciclaje en el sector turístico al objeto de posibilitar al máximo el desarrollo de carreras profesionales en dicho sector.
4. Integrar a los colectivos de jóvenes y desempleados de larga duración dentro de los destinatarios preferentes de este Plan Nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima
García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la situación de la flota gallega del cerco y de artes menores ante la falta de cuota de sardina, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El cerco gallego ha vivido graves crisis en las últimas décadas, pero la situación que sufre actualmente no es de menor gravedad y la flota está en un punto muy comprometido, arrastrando la escasez de las principales especies pelágicas en
los últimos años, enfrentando costes imposibles de cubrir a causa de las cada vez menores cuotas asignadas y aguantando precios en origen a la baja en muchas ocasiones.
A lo anterior hay que añadir la errática actuación de las administraciones que muestran, por acción o por omisión, un desinterés inconcebible de cara al sector primario y a la pesca como suministradora de alimentos y como sostén de la
economía de comarcas enteras de nuestro país.
Así, por ejemplo, después de que el año 2022 hubiese registrado la cifra más baja de ventas de jurel de la última década (solo 15.800 Tn.), en el 2023 el Ministerio y Pesca estableció un paro biológico que dejó fuera a los arrastreros y a
las artes menores y que aplicó unas condiciones totalmente cicateras para el cerco más dependiente del jurel. Pero ni aun así, el MAPA fue quien de abonar, a día de hoy, las cantidades que le correspondían a los afectados, según ellos mismos
denuncian.
Las distintas administraciones tampoco tienen en cuenta los principios generales por los que se rige la actividad pesquera, entre los que figuran la sostenibilidad económica y el fomento del empleo, o la función social de la pesca, dictando
medidas para apoyar su importancia en la sostenibilidad ambiental, económica y social y su contribución a la soberanía alimentaria. O, por ejemplo, considerando lo establecido por la sentencia de 11 de enero de este año, del Tribunal de Justicia de
la UE, que reconoce claramente la importancia de atender las cuestiones sociales y económicas y no solo las medioambientales a la hora de la fijación de las cuotas en las distintas especies porque, de lo contrario, se estaría contribuyendo a la
paralización de la flota.
Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en el caso del cerco gallego. En el año 2023 hubo un brutal recorte del jurel del Cantábrico y Noroeste (un 95 % respeto al año anterior, pasando de 70.000 Tn, en el 2022 a 3.200 en 2023 y
únicamente para la pesca accidental). Es evidente que, además del cerco, las artes menores vieron también
muy mermada su actividad y solo pudieron desembarcar 30 kilos de jurel por barco a la semana.
Sobre el impacto de los millones de euros que tuvieron esas limitaciones, en este 2024, y también para el 2025 según lo pronostico del ICES, se mantiene el TAC de apenas 2.000 Tn, en la zona 8c.
Por otra parte, las capturas de caballa continúan en descenso desde hace tres años y la campaña del bocarte ya cerró en agosto de Fisterra para el norte, todos ellos motivos decisivos para una dependencia mucho mayor de la sardina, tanto en
el caso del cerco como de las artes menores.
Una especie, la sardina, que, a pesar de recuperación de la biomasa, que está por encima del límite recomendado para asegurar su supervivencia, solo garantiza en el 2024 en el Cantábrico y Noroeste un total de 8.317 Tn., 11.000 menos que en
el 2023 y que, después del malogrado intento de intercambio de cuota con Portugal, está poniendo en una situación muy delicada a la flota, que ya había agotado su cuota en agosto.
Delante de esta coyuntura, en las últimas semanas se hizo más evidente que nunca la urgencia de que se lleven a cabo estudios que muestren la verdadera situación no solo de los stocks de sardina, sino también del jurel, de la caballa y del
bocarte para uno riguroso establecimiento del TAC en cada caso y, como consecuencia, para una mayor planificación del sector que permita su viabilidad a largo plazo
Asimismo, quedó patente el desigual reparto de cuota de sardina entre el Estado español y Portugal, que asigna 33 % al primero con un total de más de 300 cerqueros (unos 150 en Galiza) y 67 % al segundo, con 110 barcos censados en el 2022.
También es preciso de forma imperiosa acometer la revisión de la regla de explotación incorporada en el plan de gestión de la sardina elaborada entre los dos Estados, tal y como ya fue hecho público por las autoridades del MAPA en el mes de
abril, que permitiría poder aumentar las posibilidades de pesca en 2025.
Por último, debe tenerse en cuenta que la desequilibrada e injusta distribución que hace el Estado entre las distintas zonas obliga sistemáticamente al cerco gallego a comprar cuota en la zona 9.ª, de Fisterra al Golfo de Cádiz, y deja a la
flota de artes menores sin posibilidades de pesca.
Toda vez que en este año al Cantábrico y Noroeste le correspondieron 8.130 Tn, de sardina para más de 200 cerqueros de Galiza (150), Asturias, Cantabria y Euskadi y al Golfo de Cádiz, con 76 barcos, 6.340 Tn., el Estado debería hacer otro
tipo de reparto y aumentar la cuota de quien tiene más flota, más tripulantes y quien más pesca.
En este momento, de querer seguir pescando sardina, los barcos gallegos del cerco tienen, necesariamente, que comprar cuota a los armadores del Golfo de Cádiz que, la diferencia de Galiza o de Euskadi, gestionan de manera individual y pueden
transferirla (en la práctica, venderla) a otras flotas, lo que abre la puerta a la especulación de un bien público por parte de particulares.
Según ACERGA, la asociación mayoritaria del cerco gallego, solo su entidad compra cada año 4.000 Tn, de cuota del Golfo de Cádiz.
Las últimas campañas demostraron la ineficacia de la 'bolsa común' que, existiendo ya para la caballa o el jurel, se puso por primera vez en funcionamiento para la sardina en el 2023 para optimizar su gestión. Sin embargo, las cuotas que se
venden ya no pasan a formar parte de este mecanismo que se convoca en el mes de octubre y, por lo tanto, solo se podría repartir el excedente del sur que no se haya consumido por la propia flota del Golfo de Cádiz y que tampoco se hubiese vendido al
Cantábrico y Noroeste.
En el caso de este año, donde la flota gallega agotó su cuota en agosto, con más antelación que en otros años, se podría dar el caso de que al llegar octubre no haya sardina que incorporar a la bolsa común. Es decir, podrían comprar toda la
cuota sobrante del Golfo de Cádiz antes de tener acceso a ella en el reparto gratuito del MAPA con la agravante, además, de que quedarían excluidos de la bolsa todos aquellos buques más pequeños que no hubiesen tenido posibilidad de compra.
En definitiva, una gestión manifiestamente mejorable por parte de las administraciones competentes que deberían tener como objetivo el impulso, no la destrucción, de una flota sostenible y que genera miles de puestos de trabajo directos e
indirectos.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Desplegar todas las acciones precisas ante la UE para evitar el amarre de la flota del cerco gallego y el impacto negativo en la flota de artes menores ante la falta de cuota de sardina.
2. Realizar los estudios necesarios para determinar la situación real de los stocks de sardina, jurel, caballa y bocarte para un establecimiento acorde de los TAC en cada caso y que permitan la planificación del sector y su viabilidad a
largo plazo.
3. Desarrollar, de acuerdo con el sector y con la Xunta de Galiza, medidas que pongan en valor a calidad de los productos pesqueros gallegos y permitan mantener unos precios rentables en origen a sus productores.
4. Acometer el pago inmediato de las ayudas del 2023 a los afectados por el paro biológico del jurel.
5. Intensificar las negociaciones con el Estado portugués con el objetivo de conseguir cuota mediante intercambios, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.
6. Acometer un reparto equitativo de la cuota de la sardina entre los Estados portugués y español, teniendo en cuenta de cara al nuevo acuerdo bilateral el número de buques y de tripulantes de cada uno de ellos.
7. Revisar la regla de explotación del plan de gestión de la sardina, de manera que permita aumentar las posibilidades de pesca para 2025.
8. Establecer una nueva distribución de la cuota de sardina, equilibrada y justa entre las distintas zonas, teniendo en cuenta el número de barcos y de tripulantes en cada caso y que permita eliminar el perverso sistema de
transferencia/venta del bien público que constituyen los recursos pesqueros entre ellas.
9. Convocar de inmediato la bolsa común de la sardina, de manera que se evite la especulación a través de la venta de cuotas y se facilite la llegada del excedente a todos los buques que la necesiten.
10. Demandar de la UE, de cara a la negociación de cuotas para 2025 en el próximo mes de diciembre, el cumplimiento de la sentencia de 11 de enero del 2024, del Tribunal de Justicia de la UE, para que se tengan en consideración, además de
las consecuencias medioambientales, las afectaciones sociales y económicas a la hora de la fijación de las cuotas de las distintas especies.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á situación da frota galega do cerco e de artes menores diante da falta de cota de sardiña para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
O cerco galego ten vivido graves crises nas últimas décadas, mais a situación que sufre actualmente tampouco é de menor gravidade e a frota está nun punto moi
comprometido, arrastrando a escaseza das principais especies peláxicas nos últimos anos, enfrontando custos imposíbeis de cubrir por mor das cada vez menores cotas asignadas e aturando prezos en orixe á baixa en moitas ocasións.
Ao anterior hai que engadir a errática actuación das administracións que amosan, por acción ou por omisión, un desinterese inconcibíbel de cara ao sector primario e á pesca como subministradora de alimentos e como sostén da economía de
comarcas enteiras do noso país.
Así, por exemplo, despois de que o ano 2022 tivese a cifra máis baixa de vendas de xurelo da última década (só 15.800 Tn.), no 2023 o Ministerio e Pesca estabeleceu un paro biolóxico que deixou fóra aos arrastreiros e ás artes menores e que
aplicou unhas condicións totalmente ruíns para o cerco máis dependente do xurelo. Mais nin así, o MAPA foi quen de aboar, a día de hoxe, as cantidades que lle correspondían aos afectados, segundo eles mesmos denuncian.
As distintas administración tampouco teñen en conta os principios xerais polos que se rexe a actividade pesqueira, entre os que figuran a sustentabilidade económica e o fomento do emprego, ou a función social da pesca, ditando medidas para
apoiar a súa importancia na sustentabilidade ambiental, económica e social e a súa contribución á soberanía alimentaria. Ou, por exemplo, considerando o estabelecido pola sentenza de 11 de xaneiro deste ano, do Tribunal de Xustiza da UE, que
recoñece claramente a importancia de atender as cuestións sociais e económicas e non só as medioambientais á hora da fixación das cotas nas distintas especies porque, do contrario, estaríase a contribuír á paralización da frota.
E isto é precisamente o que está a ocorrer no caso do cerco galego. No ano 2023 houbo un brutal recorte do xurelo do Cantábrico e Noroeste (un 95 % respecto ao ano anterior, pasando de 70.000 Tn, no 2022 a 3.200 en 2023 e unicamente para a
pesca accidental). É evidente que, ademais do cerco, as artes menores viron tamén moi minguada a súa actividade e só puideron desembarcar 30 quilos de xurelo por barco á semana.
Sobre o impacto dos millóns de euros que tiveron esas limitacións, neste 2024, e tamén para o 2025 segundo o prognostico do ICES, mantense o TAC de apenas 2.000 Tn, na zona 8c.
Por outra parte, as capturas de xarda continúan en descenso desde hai tres anos e a campaña do bocarte xa pechou en agosto de Fisterra para o norte, todos eles motivos decisivos para unha dependencia moito maior da sardiña, tanto no caso do
cerco como das artes menores.
Unha especie, a sardiña, que, malia recuperación da biomasa, que está por enriba do límite recomendado para garantir a súa supervivencia, só garante no 2024 no Cantábrico e Noroeste un total de 8.317 Tn., 11.000 menos que no 2023 e que, após
o malogrado intento de intercambio de cota con Portugal, está a pór nunha situación moi delicada á frota, que xa tiña esgotado a súa cota en agosto.
Diante desta conxuntura, nas últimas semanas fíxose máis evidente que nunca a urxencia de que se leven a cabo estudos que amosen a verdadeira situación non só dos stocks de sardiña, senón tamén do xurelo, da xarda e do bocarte para un
rigoroso estabelecemento do TAC en cada caso e, como consecuencia, para unha maior planificación do sector que permita a súa viabilidade a longo prazo
Así mesmo, quedou patente o desigual reparto de cota de sardiña entre o Estado español e Portugal, que asigna 33 % ao primeiro cun total de máis de 300 cerqueiros (uns 150 na Galiza) e 67 % ao segundo, con 110 barcos censados no 2022
Tamén é preciso de forma imperiosa acometer a revisión da regra de explotación incorporada no plan de xestión da sardiña elaborada entre os dous Estados, tal e como xa foi feito público polas autoridades do MAPA no mes de abril, que
permitiría poder aumentar as posibilidades de pesca en 2025
Por último, debe terse en conta que a desequilibrada e inxusta distribución que fai o Estado entre as distintas zonas obriga sistematicamente ao cerco galego a mercar cota na
zona 9.ª, de Fisterra ao Golfo de Cádiz, e deixa á frota de artes menores sen posibilidades de pesca.
Tendo en conta que neste ano ao Cantábrico e Noroeste correspondéronlle 8.130 Tn, de sardiña para máis de 200 cerqueiros da Galiza (150), Asturias, Cantabria e Euskadi e ao Golfo de Cádiz, con 76 barcos, 6.340 Tn., o Estado debería facer
outro tipo de reparto e aumentar a cota de quen ten máis frota, máis tripulantes e quen máis pesca.
Neste momento, de querer seguir pescando sardiña, os barcos galegos do cerco teñen, necesariamente, que mercar cota aos armadores do Golfo de Cádiz que, a diferenza da Galiza ou de Euskadi, xestionan de xeito individual e poden transferila
(na práctica, vendela) a outras frotas, o que abre a porta á especulación dun ben público por parte de particulares.
Segundo ACERGA, a asociación maioritaria do cerco galego, só a súa entidade merca cada ano 4.000 Tn, de cota do Golfo de Cádiz.
As últimas campañas demostraron a ineficacia da 'bolsa común' que, existindo xa para a xarda ou o xurelo, púxose por primeira vez en funcionamento para a sardiña no 2023 para optimizar a súa xestión. Mais, as cotas que se venden xa non
pasan a formar parte deste mecanismo que se convoca no mes de outubro e, polo tanto, só se podería repartir o excedente do sur que non se teña consumido pola propia frota do Golfo de Cádiz e que tampouco se vendese ao Cantábrico e Noroeste.
No caso deste ano, onde a frota galega esgotou a súa cota en agosto, con máis antelación que noutros anos, puidérase dar o caso de que ao chegar outubro non haxa sardiña que incorporar á bolsa común. É dicir, poderían mercar toda a cota
sobrante do Golfo de Cádiz antes de ter acceso a ela no reparto gratuíto do MAPA coa agravante, ademais, de que quedarían excluídos da bolsa todos aqueles buques máis pequenos que non tiveran posibilidade de compra.
En definitiva, unha xestión manifestamente mellorábel por parte das administracións competentes que deberían ter como obxectivo o impulso, e non a destrución, dunha frota sustentábel e que xera miles de postos de traballo directos e
indirectos.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Despregar todas as accións precisas diante da UE para evitar o amarre da frota do cerco galego e o impacto negativo na frota de artes menores diante da falta de cota de sardiña.
2. Realizar os estudos necesarios para determinar a situación real dos stocks de sardiña, xurelo, xarda e bocarte para un establecemento acorde dos TAC en cada caso e que permitan a planificación do sector e a súa viabilidade a longo prazo.
3. Desenvolver, de acordo co sector e coa Xunta de Galiza, medidas que poñan en valor a calidade dos produtos pesqueiros galegos e permitan manter uns prezos rendíbeis en orixe aos seus produtores.
4. Acometer o pagamento inmediato das axudas do 2023 aos afectados polo paro biolóxico do xurelo.
5. Intensificar as negociacións co Estado portugués co obxectivo de conseguir cota mediante intercambios, tal e como viña ocorrendo até o de agora.
6. Acometer un reparto equitativo da cota da sardiña entre os Estados portugués e español, tendo en conta de cara ao novo acordo bilateral o número de buques e de tripulantes de cada un deles.
7. Revisar a regra de explotación do plan de xestión da sardiña, de xeito que permita aumentar as posibilidades de pesca para 2025.
8. Estabelecer unha nova distribución da cota de sardiña, equilibrada e xusta entre as distintas zonas, tendo en conta o número de barcos e de tripulantes en cada caso e que permita eliminar o perverso sistema de transferencia/venta do ben
público que constitúen os recursos pesqueiros entre elas.
9. Convocar de inmediato a bolsa común da sardiña, de xeito que se evite a especulación a través da venda de cotas e se facilite a chegada do excedente a todos os buques que a necesiten.
10. Demandar da UE, de cara á negociación de cotas para 2025 no vindeiro mes de decembro, o cumprimento da sentenza do 11 de xaneiro do 2024, do Tribunal de Xustiza da UE, para que se teñan en consideración, ademais das consecuencias
medioambientais, as afectacións sociais e económicas á hora da fixación das cotas das distintas especies.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de setembro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo que establece el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación, una Proposición no de Ley para la obligatoriedad de la emisión de certificación por parte de las comunidades de regantes del estado de las deudas de las fincas de regadío en el momento de la transmisión.
Exposición de motivos
Cuando se produce la transmisión de una finca de regadío, actualmente, no es obligatoria la emisión de un certificado de deudas por parte de la comunidad de regantes. En algunas ocasiones, una vez finalizada la operación de compraventa de
la finca afloran gastos vinculados al mantenimiento, conservación, mejoras o cualquier otro pendiente de satisfacer por parte del vendedor. Esta situación genera perjuicios, incertidumbre y, a veces, conflictividad tanto por el comprador como para
la misma comunidad de regantes.
En el caso de la transmisión de la propiedad horizontal, la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, prevé en el artículo 9.1.e (párrafo cuarto) que este certificado sea obligatorio.
La propuesta de Junts per Catalunya es que se modifique el marco legal actual para que, igual que pasa con la transmisión de una vivienda de una comunidad de propietarios, el propietario de una finca de riego deba presentar en el momento de
la transmisión obligatoriamente un certificado de deudas con la comunidad de regantes
El artículo 212 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, establece:
'Artículo 212.
1. Las deudas a la Comunidad de Usuarios por gastos de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravaran la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo
la Comunidad de Usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño.
2. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multes e indemnizaciones impuestas por los Tribunales o Jurados de riego (art. 75.4 de la LA).
3. En las concesiones de aprovechamientos colectivos para riegos, todos los terrenos comprendidos en el plano general aprobado quedaran sujetos al pago de las obligaciones aunque los propietarios rehúsen el agua.
4. Los gastos de construcción de presas, sistemas de captación y conducción, así como los de explotación y conservación, serán sufragados por los beneficiarios en la proporción que determinen los Estatutos u Ordenanzas.
5. Ningún miembro de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones que con la misma hubieran contraído.'
Se propone añadir el siguiente apartado equivalente a la normativa vigente de la propiedad horizontal:
'6. El instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título una finca rústica de regadío con los consiguientes derechos de riego asociados, el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos
generales de la comunidad de regantes o expresar que los adeude. El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el
otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquiriente. La certificación será emitida en el plazo máximo de diez días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de
secretaría, con el visto bueno de la presidencia, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la mismo y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión.'
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, y concretamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con los otros Ministerios afectados a:
Impulsar la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y concretamente incorporando un nuevo apartado al artículo 212 que establezca la obligatoriedad de la emisión de certificación por parte de la comunidad de regantes del
estado de deudas de las fincas de regadío en el momento de la trasmisión, equivalente a la normativa que regula la transmisión de la propiedad horizontal, para que la emisión de un certificado de deudas con la comunidad de regantes sea obligatoria
en el caso de transmisión de una finca de regadío con los consecuentes derechos de regadío asociados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
una Proposició no de Llei per a l'obligatorietat de l'emissió de certificació per part de les comunitats de regants de l'estat de deutes de les finques de regadiu en el moment de la transmissió.
Exposició de motius
Quan es produeix la transmissió d'una finca de regadiu, en aquests moments, no és obligatòria l'emissió d'un certificat de deutes per part de la comunitat de regants. En algunes ocasions, un cop finalitzada l'operació de compravenda de la
finca afloren despeses vinculades a manteniment, conservació, millores o qualsevol altra pendent de
satisfer pel venedor. Aquesta situació genera perjudicis, incertesa i de vegades conflictivitat tant pel comprador com per la mateixa comunitat de regants.
En el cas de la transmissió de la propietat horitzontal, la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal, preveu a l'article 9.1.e (quart paràgraf) que aquest certificat sigui obligatori.
La proposta de Junts per Catalunya és que es modifiqui el marc legal actual perquè igual que passa amb la transmissió d'un habitatge d'una comunitat de propietaris, el propietari d'una finca de reg hagi de presentar en el moment de la
transmissió obligatòriament un certificat de deutes amb la comunitat de regants.
L'article 212 del Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, estableix:
'Artículo 212.
1. Las deudas a la Comunidad de Usuarios por gastos de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravaran la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo
la Comunidad de Usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño.
2. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multes e indemnizaciones impuestas por los Tribunales o Jurados de riego (art. 75.4 de la LA).
3. En las concesiones de aprovechamientos colectivos para riegos, todos los terrenos comprendidos en el plano general aprobado quedaran sujetos al pago de las obligaciones aunque los propietarios rehúsen el agua.
4. Los gastos de construcción de presas, sistemas de captación y conducción, así como los de explotación y conservación, serán sufragados por los beneficiarios en la proporción que determinen los Estatutos u Ordenanzas-
5. Ningún miembro de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones que con la misma hubieran contraído.'
Caldria afegir doncs el següent apartat equivalen a la normativa vigent de la propietat horitzontal:
'6. El instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título una finca rústica de regadío con los consiguientes derechos de riego asociados, el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos
generales de la comunidad de regantes o expresar que los adeude. El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el
otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquiriente. La certificación será emitida en el plazo máximo de diez días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de
secretaría, con el visto bueno de la presidencia, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la mismo y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión.'
Proposició no de Lei
'El Congrés dels Diputats insta al Gobierno, i concretament al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en col·laboració amb els altres Ministeris afectats a:
Impulsar la modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic, i concretament incorporant un nou apartat a l'article 212 que estableixi l'obligatorietat de l'emissió de certificació per part de les comunitats de regants de l'estat de
deutes de les finques de regadiu en el moment de la transmissió, equivalent a la normativa que regula la transmissió de la propietat horitzontal, per tal que l'emissió d'un certificat de deutes amb la comunitat
de regants sigui obligatòria en el cas de transmissió d'una finca de reg amb els conseqüents drets de reg associats.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de setembre de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
161/001195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ordenación sostenible de las
especies sujetas a TACs y cuotas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El concepto de sostenibilidad ha impregnado, desde hace años, toda la política pesquera, con resultados positivos, en la mayoría de las ocasiones, y decepcionantes en algunas ocasiones.
Se han asimilado ideas y conceptos, como la regulación del esfuerzo pesquero, los planes plurianuales y la gestión de la pesca a largo plazo, la obligación de desembarque, rendimiento máximo sostenible, etc, con el objetivo de garantizar que
la pesca sea sostenible desde el punto de vista medioambiental a largo plazo y que su gestión sea coherente con la consecución de beneficios económicos, sociales y de empleo.
En esta evolución, la política pesquera ha demostrado flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades, la evolución tecnológica y los conocimientos científicos. Aun así, es necesario profundizar en la dimensión social y el
conocimiento de los ecosistemas para el establecimiento de TAC más ajustados a la realidad y los modelos para la asignación de cuotas.
En la actualidad, las medidas de gestión correcta de los recursos pesqueros adquieren una importancia mayor sobre el resto de los aspectos de la política pesquera. Entre los instrumentos centrales de la política pesquera, los planes de
gestión plurianuales de pesca, que cubren las poblaciones de peces y pesquerías más importantes comercialmente y que establecen objetivos específicos para gestionar cada población, medidas de conservación y mayor estabilidad y previsibilidad a largo
plazo, tienen como objetivo gestionar las pesquerías para garantizar que la explotación de las poblaciones de peces sea sostenible.
Sin embargo, la realidad está demostrando que la relación entre la dimensión de la flota y los TAC y cuotas asignadas esta desequilibrada y esto tiene consecuencias no deseadas. En algunas ocasiones, las flotas consumen su asignación en
pocos meses y están obligadas al cese de actividad, optar a topes de capturas que no son rentables o a buscar recursos en otras pesquerías. En todo caso, el coste tiene repercusiones sociales, en el empleo y económicas de las zonas pesqueras.
Así está sucediendo, este año, con las pesquerías de abadejo, rayas y las especies capturadas con el arte de cerco.
La Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera contempla la posibilidad de adoptar medidas de gestión de los recursos pesqueros para racionalizar y ordenar la explotación de los recursos, y a equilibrar el
esfuerzo pesquero y el desarrollo del sector con base en la mejor información científica disponible. El mecanismo es el desarrollo de planes de gestión de pesca para determinadas zonas o pesquerías, previa consulta al sector afectado y a las
comunidades autónomas, que
podrán incluir reglas especiales de actuación atendiendo a las peculiaridades de cada pesquería.
En consecuencia, se hace necesario profundizar en un uso racional, eficiente y óptimo de los recursos pesqueros y deben ser las administraciones públicas quien ejerzan esa función, salvo que la propia flota autorregule los consumos de cuota.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar los planes de gestión y ordenación de las especies sujetas a TACs y cuotas, que deben estar aprobados en los primeros meses del año, para establecer uso racional y eficiente de los
recursos y evitar el consumo apresurado de toda la cuota.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José
Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para afrontar la negociación del
futuro Marco Financiero Plurianual con los recursos financieros adecuados a la Política Agraria Común en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Europa comienza una legislatura en la que tendrá lugar un nuevo proceso de negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea, que será de aplicación a partir de 2027 y durante un periodo de siete años, y la
implementación, con reforma o no, de la futura Política Agraria Común.
El MFP es el presupuesto a través del cual se priorizan y articulan acciones de política económica y social de la UE. Con su aprobación se establecen los importes máximos para el gasto de la UE en su conjunto y para las principales
categorías de gasto o rúbricas.
La historia de la Política Agrícola Común (PAC), es parte de la historia de la Unión Europea. La financiación de la PAC, que se articulaba en sus orígenes (1962) a través del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),
desdoblado en dos fondos independientes dos años después, se integró en la disciplina presupuestaria que establecía las perspectivas financieras para el período 1988-1992, que es considerado el primer MFP de la UE.
Desde el 1 de enero de 2007, la financiación de la política agrícola común se ha canalizado a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Aunque la política agrícola común y la política ha recibido una financiación significativa dentro de este MFP y para el periodo posterior a 2020 se anunciaba un incremento del techo de gasto en casi todas sus rúbricas, respecto al MFP
2014-2020, el resultado no cubrió las expectativas del sector agrario. En esta ocasión, el MFP no se centraba
solamente en las políticas redistributivas clásicas, sino que se convertía en un instrumento financiero para que la UE consiguiera sus objetivos.
En febrero de 2018 la comisión presentaba una Comunicación, 'Un nuevo, moderno Marco Financiero Plurianual para una Unión Europea que cumple de manera eficaz sus prioridades post 2020', con recortes para la PAC del 15 y del 30 %.
Pocos días después, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE-27 acordaban durante una reunión informal, abrir el debate del MFP y que la UE aumentase el gasto otras políticas, como la contención de la inmigración ilegal, defensa y
seguridad, etc.
En mayo de ese mismo año, la Comisión Europea presentaba su propuesta sobre el MFP para 2021-2027, con una reducción global del presupuesto de la PAC para la Unión Europea del 5,2 %, con una reducción del 1,9 % para el FEAGA y un 15,4 % para
el FEADER, mejoraba la propuesta inicial de la Comisión, pero seguía siendo insuficiente. De la misma manera, los fondos de Cohesión se reducían alrededor del 7 %.
Con ello se inician oficialmente las negociaciones sobre el MFP que finalizó en diciembre de 2020, cuando los colegisladores aprobaron el Reglamento (UE, Euratom)2020/2093 por el que se establecía el marco financiero plurianual para el
período 2021-2027.
Como consecuencia de ello, a partir del 1 de enero de 2021 se pusieron a disposición de la PAC una cantidad de 378.532,3 millones de euros para la Europa de los 27, lo que representaba el 31 % del presupuesto total de la Unión. De esta
cantidad, según fuentes ministeriales, España podía disponer de 47.724 millones de euros en precios corrientes para todo el periodo.
Sin embargo, según cálculos de las organizaciones agrarias, el presupuesto significaba un recorte de casi 35.000 millones de euros en las ayudas durante el período, de aproximadamente un 9 % respecto al actual Marco Financiero 2014-20,
concentrado en el primer pilar de la PAC (con un recorte de casi un 10 %) y de un 6 % en Desarrollo Rural.
El impacto sobre el sector agrario de la nefasta negociación desarrollada por los representantes del gobierno español, enmascarado con un cambio de modelo de gestión nacional mediante los Planes estratégicos de la PAC y dos años considerados
de transición por el retraso en un acuerdo, a los que se ha unido una crisis inflacionista, ha sido patente en 2023. Además, hay que recordar y aprender del pasado ya que el documento del Plan Estratégico de la PAC elaborado por el Ministerio de
Agricultura se remitió a Bruselas sin el consenso del sector, sin contar con las organizaciones agrarias, las cooperativas y las Comunidades Autónomas.
En consecuencia, afrontamos un nuevo periodo de negociación del MFP que debe abrirse en breve y debemos estar preparados. Por otra parte, frente a los nuevos retos ambientales causados por el cambio climático y otras amenazas y desafíos
económicos, es necesario un presupuesto adicional en la PAC para poder garantizar la soberanía alimentaria nacional y de los europeos en general.
En consecuencia, si se quieren garantizar suficientes recursos financieros para el sector agrícola español es conveniente iniciar los trabajos con antelación y desplegar en Europa toda la influencia y capacidad de convicción durante el
proceso de elaboración del Marco Financiero Plurianual, pues tiene amplias repercusiones, especialmente para el sector agrario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los preparativos para la negociación del Marco Financiero Plurianual para el siguiente periodo presupuestario de la UE que, en materia agropecuaria, recoja todas las necesidades de
los agricultores y ganaderos ante una nueva Política Agrícola Común.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de mejoras
relacionadas con la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Sector Agroalimentario es estratégico para España, y es el Gobierno de nuestra nación el que negocia con la UE y el que legisla y gestiona la normativa básica.
Europa habilitó la Política Agraria Común (PAC) como mecanismo para habilitar ayudar a los agricultores y ganaderos con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria de nuestro continente y al mismo tiempo garantizar la fijación de
población en los entornos rurales y unos niveles de rentas coherentes para el sector.
Los datos muestran la ineficaz gestión que el Gobierno de España en la negociación de la PAC 2023-2027. España tiene que demostrar su importancia y peso dentro de la U.E.
La PAC es una de las políticas más importantes y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la UE. Y la reforma de la PAC debe ser una de las grandes prioridades del Parlamento Europeo.
La futura PAC debe centrarse en el mantenimiento del nivel de renta del sector agrario y para ello son indispensables las ayudas directas del primer pilar, que contribuyen a garantizar la viabilidad económica de las explotaciones, a producir
en cantidad y calidad suficiente alimentos y al mantenimiento de la población en el medio rural.
Una de las principales novedades de la Política Agrícola Común (PAC) que entró en vigor en la campaña 2023, son los regímenes en favor del clima y el medio ambiente, o más conocidos como 'ecorregímenes'. Se trata de regímenes voluntarios
para el agricultor, consistentes en prácticas en favor del clima y el medio ambiente, las cuales van más allá de la línea de base (condicionalidad reforzada).
Si tomamos como referencia los pagos de la PAC del año 2023, tras el pago del anticipo de hasta el 70 % de las ayudas de la PAC, los agricultores y ganaderos que recibieron el anticipo han constatado una reducción de sus ayudas que oscila,
con carácter general, entre el 20 y el 40 % respecto a las que venían percibiendo en la anterior PAC, lo que eleva hasta los 5.000 millones de euros las pérdidas que están sufriendo los agricultores y ganaderos españoles en el periodo 2023-2027.
Sólo en Andalucía se han perdido más de 500 millones de euros.
La nueva PAC está provocando que 750.000 ha, de secano, pierdan el 30 % de sus ayudas, que 7.000.000 ha, de olivar sufran una merma de PAC de 25 % de las ayudas percibidas hasta el pasado ejercicio, y que, en muchas autonomías, como
Andalucía, todos los agricultores del regadío vean reducidas, de media, sus ayudas entre un 30 % y un 40 %.
En este contexto tan negativo, la gestión actual del pago de los anticipos en muchas Comunidades Autónomas está generando además incertidumbre e inquietud a miles de agricultores y ganaderos. El principal problema viene derivado por el
procedimiento de control y verificación de la compleja y nueva definición de agricultor activo, que fue impuesta en contra de todo el sector por el Ministerio de Agricultura. También están surgiendo problemas en el procedimiento del control y
verificación de los nuevos ecorregímenes.
Todo ello provoca que muchos agricultores y ganaderos no perciban los anticipos en estos años especialmente duros, donde la sequía, la inflación y los altos costes de las materias primas han hecho mella en todas las explotaciones, con una
necesidad importante de contar con liquidez.
De hecho, hay que destacar que el Ministerio de Agricultura, no siendo el gestor final de los fondos, ha impuesto requisitos que son muy complejos de verificar y en algunos casos generan errores.
El reciente informe 'Una perspectiva común sobre la agricultura y la alimentación en Europa', resultado inicial del Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en la Unión Europea para alcanzar un consenso estratégico en torno a la
cadena agroalimentaria europea, pone de manifiesto la posibilidad un sistema agroalimentario más competitivo, a la vez que sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un grupo de trabajo con las Comunidades Autónomas para evaluar el impacto de la nueva PAC en la agricultura y ganadería de nuestro país,
2. Aumentar la partida presupuestaria en el marco de la UE.
3. Implantar una verdadera simplificación administrativa en la gestión de la PAC y reducción en la carga burocrática, para facilitar el trabajo al sector y mejorar la eficiencia de la propia administración.
4. Modificar los ecorregímenes adaptándolos a las diferentes regiones productivas dependiendo de su suelo y clima y flexibilizando sus exigencias ambientales.
5. Impulsar, en seno de la Comisión Europea, que existan mecanismos de financiación de las políticas ambientales europeas que no recaigan en exclusiva sobre los recursos de la PAC.
6. Crear un nuevo plan estratégico nacional consensuado con todas las CCAA.
7. Implementar, en paralelo a la PAC, medidas para mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas, garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, especialmente en momentos de crisis.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo
Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de regulación de las denominaciones de productos cárnicos en España, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos años se ha producido un notable crecimiento en el mercado nacional y comunitario, de productos considerados veganos y/o vegetarianos. En concreto, el aumento del consumo de productos de origen vegetal ha sido del 48 % en
España en términos de valor de ventas en los últimos dos años, mientras que el volumen de ventas aumentó un 20 %.
En el marco de esta tendencia, ha ganado popularidad una tipología de producto que mantiene una apariencia similar a aquella de productos y derivados cárnicos y para los cuales, se hace uso de denominaciones de venta propias del sector
cárnico ('hamburguesas' 'salchichas').
Este tipo de prácticas son susceptibles de sugerir semejanzas entre ambas tipologías de productos, ya que los productos veganos y vegetarianos poseen unas características y valores nutricionales muy diferentes a los de origen cárnico. Todo
ello a riesgo de inducir a error a los consumidores acerca de la verdadera naturaleza y composición de los productos en el mercado.
En España, la normativa de aplicación es actualmente una normativa clara y precisa. El Real Decreto 474/2014, porol que se aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos (BOE n° 147, de 18 de junio de 2014), establece que las
denominaciones de venta que se utilizan para la carne y sus derivados se reservan exclusivamente para aquellos productos que contengan carne u otro producto de origen animal como ingrediente principal. Además, esto ha sido ratificado por la Mesa de
Coordinación de la Calidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en la que participa el propio Ministerio y las autoridades competentes de las CC.AA.
Dicha mesa, en fecha 26 de octubre 2016, ya se pronunció sobre el uso indebido de denominaciones de venta propias de los productos cárnicos, estableciendo lo siguiente:
'Los productos cuya denominación de venta sea una denominación legal de las recogidas a lo largo del texto del Real Decreto 474/2014, deben tener como ingrediente esencial alguno de los siguientes: carne, tocino o grasa, sangre o sus
componentes o ambos, menudencias o tripas naturales.
Los productos cuya denominación de venta sea una denominación consagrada por el uso o denominación habitual, incluidas en el anexo II, además de cumplir la condición anterior, deberán respetar las condiciones específicas de composición o de
elaboración descritas para ellos.
Por consiguiente, los productos que no respeten las condiciones mínimas antedichas, no podrán utilizar las denominaciones de venta (legales y consagradas o habituales) recogidas en el Real Decreto 474/2014.'
A ello deben añadirse las disposiciones comunitarias que ya rigen la materia. El Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor recoge, en su artículo 9, las menciones que deben figurar en el etiquetado
de los productos alimenticios, entre las que se encuentra 'la denominación del alimento'. Por otra parte, en el artículo 17 del mencionado reglamento se especifica que 'La denominación del alimento será su denominación legal. A falta de tal
denominación, la denominación del alimento será la habitual, o, en caso de que esta no exista o no se use, se facilitará una denominación descriptiva del alimento'. Finalmente, el artículo 7 del mencionado reglamento se indica que 'La información
alimentaria no inducirá a error, en particular: sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia, y modo de fabricación o de
obtención'.
A pesar de todo ello, se sigue observando en el mercado una proliferación de productos veganos y/o vegetarianos que utilizan denominaciones de venta propias del sector cárnico.
Ante esta situación, algunos países ya han desarrollado o están elaborando su propia legislación con el objetivo de prohibir que se utilicen las denominaciones propias del sector ganadero-cárnico en productos veganos y/o vegetarianos y, en
consecuencia, acabar con prácticas comerciales que pueden inducir a error a los consumidores.
Un caso relevante es el de Francia, que el 1 de octubre de 2021 remitió a la Comisión Europea, a través del procedimiento TRIS (proceso de consulta en la UE), su proyecto de Decreto sobre el uso de ciertas denominaciones utilizadas para
describir alimentos que contienen proteínas vegetales. El gobierno francés, además, oficializó el pasado febrero de 2024 a través de un decreto, la prohibición de utilizar determinados sustantivos, como 'filete', 'escalope' o 'jamón' para los
productos que sean de origen vegetal. La norma
fija una lista de términos que no podrán utilizarse para designar alimentos que contengan proteínas vegetales y otra de denominaciones para llamar a los de origen animal 'que pueden contener proteínas vegetales' como complemento,
estableciendo la proporción máxima de componentes de esa última clase que pueden incluir.
Otro ejemplo es el caso de Finlandia, cuya Administración Nacional de Alimentos (Ruokaviraston) publicó en 2019 una Guía titulada 'Guía de información alimentaria para las industrias alimentarias' que recoge que las denominaciones de los
productos de origen animal se reservan sólo para los productos de origen animal. Además, cita textualmente que están prohibidos términos como 'bacon vegano' o 'filete vegano', entre otros.
El caso más significativo, no obstante, es el de Italia, que el pasado 16 de noviembre de 2023 aprobó definitivamente una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, como la carne cultivada, convirtiendo a Italia en el
primer país europeo que introduce esta medida. Todo ello sumado a una nota, presentada en enero del presente año 2024 y dirigida al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que avisa a la Comisión Europea de que este tipo de
carne supondría una amenaza para la producción alimentaria. El documento fue además suscrito por Austria, Francia, República Checa, Chipre, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Lituania, Malta, Rumania y Eslovaquia.
Así las cosas, resulta necesario y urgente que España se sume a la tendencia de los países europeos consistente en proteger al consumidor ante la posible confusión que pueda generar este tipo de productos y adoptar las medidas que resulten
necesarias a tal efecto.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando de forma coordinada con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas en la aplicación de la normativa que regula el uso de términos y denominaciones para
carne y derivados cárnicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-María Luisa Faneca López, Sergio Carlos Matos Castro, Patricia Otero Rodríguez, Trinidad Carmen Argota Castro, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, José Luis Aceves Galindo, Amador
Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Inés Plaza García, María Araceli Poblador Pacheco, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reducción de cuotas de pesca de la anchoa o boquerón por la Unión Europea, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La flota pesquera de cerco en el Golfo de Cádiz juega un papel crucial en la pesca de especies como la anchoa o boquerón, se trata de una de las principales pesquerías de la zona y del país en términos de capturas de anchoa y sardina.
Actualmente, esta flota está compuesta por 78 buques, de los cuales 67 disponen de posibilidades de pesca de anchoa (stock ANE/9/3411).
Este tipo de flota utiliza redes de cerco, una técnica en la que las redes rodean bancos de peces, cercándolos antes de capturarlos.
En la pesca de la anchoa, esta técnica es especialmente útil por la naturaleza de los cardúmenes de esta especie.
Para los pescadores del Golfo de Cádiz, la pesca del boquerón es vital porque no solo representa una de las principales fuentes de ingresos, sino que genera empleo directo e indirecto en la provincia de Cádiz y en la de Huelva especialmente
de los puertos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina y Punta Umbría.
Además de los pescadores, otros sectores como la industria de transformación y los mercados locales dependen de esta pesquería.
Es conocida la propuesta de la Comisión Europea de la UE para este año, que establece una reducción de cuota del 54 % del TAC con respecto al de la campaña anterior, en base a la recomendación de ICES del pasado 21 de junio. El TAC
definitivo propuesto asigna a España un total de 4.519 toneladas. Además, se aplica una condición especial mediante la cual se limitan lsantiagoas capturas en la zona de la componente sur, que afecta principalmente al Golfo de Cádiz, y prohíbe el
intercambio de cuota de esta componente entre Estados Miembros.
A pesar de ello, el Gobierno de España, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Luis Planas Puchades, ha introducido un punto en el orden del día para debatir en el próximo consejo de ministros de la UE del día 23 de
septiembre del corriente, en el que se solicita la paralización de esta medida de reducción de cuotas para este año para que los científicos informen de la situación de los caladeros sobre esta especie, tras la revisión (benchmark) del stock de la
anchoa 9 que ICES llevará a cabo a finales de Septiembre. Hasta este año la Comisión, para el establecimiento del TAC definitivo, siempre ha considerado las recomendaciones dadas a nivel subcomponente como suma de las limitaciones máximas de
capturas. Respetando la delicada situación de la componente sur de la anchoa 9, y en base a la mejor información científica disponible tras la revisión del stock, es posible que se adopte el TAC para que vuelva a coincidir con el año natural y es
de esperar que la Comisión retire la condición especial de la propuesta para el TAC definitivo. De esta forma, el aplazar la toma de decisiones, hasta que se disponga de la mejor información científica disponible, podría minimizar el impacto
socioeconómico negativo que la limitación de capturas de la componente sur tiene sobre la flota de cerco en el Golfo de Cádiz, ya que ésta presenta una dependencia de este stock de más del 70 % con respecto al de la sardina ibérica.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar cuantas gestiones sean necesarias para favorecer, apoyar y proteger a nuestros pescadores y los empleos directos e indirectos que generan estas pesquerías en nuestros pueblos del
Golfo de Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-María Luisa Faneca López, Diputada.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regresión de las playas del
Garraf (Barcelona), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El sistema costero y, particularmente sus playas, constituyen uno de los valores más importantes de nuestro país. No solo desde el punto de vista medioambiental o paisajístico, sino también desde el punto de vista económico, turístico,
demográfico, social y cultural.
Este es el caso de la comarca del Garraf, la más pequeña de Cataluña, que se encuentra al sur de la provincia de Barcelona, lindante con la de Tarragona. Está compuesta por seis municipios, cuatro de los cuales son costeros y entre ellos,
tres, Sitges, Vilanova i la Geltrú y Cubelles tienen en sus playas un importante capital económico y turístico.
Las playas de los tres municipios sufren constantemente de regresión, ya sea debido a temporales o a la propia dinámica litoral, alcanzando situaciones límite como tener que cerrar playas por ausencia de arena. Habitualmente se llevan a
cabo actuaciones de reposición de arenas, lo cual, cuando llega, es una solución a corto plazo, pero ni mucho menos definitiva.
La situación es tan preocupante, que desde hace algunos años se constituyó una plataforma ciudadana sin ánimo de lucro, 'Salvem les platges de Sitges' ('Salvemos las playas de Sitges') con la única finalidad de promover la recuperación y
estabilización definitiva del litoral, del paseo y de las playas de Sitges, y también el propio Ayuntamiento de Sitges en noviembre pasado, constituyó 'la Taula del litoral per a la gestió de sorra' ('Mesa del litoral para la gestión de arena') con
el objetivo de valorar soluciones al problema de las playas del municipio.
También recientemente los ayuntamientos de los tres municipios, Vilanova i la Geltrú, Sitges y Cubelles se han dirigido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, exigiendo una solución definitiva que frene la regresión de las
playas.
Sin duda, resulta imprescindible un plan para la estabilización de las playas en el litoral de la comarca del Garraf, como en España, porque de lo contrario, de forma recurrente se invierten millones de euros para reponer playas, cuando lo
que se requieren son medidas estructurales que permitan proteger nuestro patrimonio natural de forma más estable a lo largo del tiempo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar y adoptar las medidas necesarias de carácter definitivo que contribuyan a estabilizar las playas de los municipios de Vilanova i la Geltrú, Sitges y Cubelles de la comarca del Garraf (Barcelona).
2. Ante el deterioro progresivo de la costa en estos municipios, se agilicen los plazos a la mayor brevedad y se lleven a cabo las urgentes y necesarias actuaciones estructurales y definitivas de estabilización de las playas mencionadas,
que no requieran mantenimiento ni nuevas aportaciones de arena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Santiago Rodríguez Serra, Ignacio Martín Blanco, Cristina Agüera Gago, María de los Llanos de Luna Tobarra, Agustín Parra Gallego y María Elisa Vedrina, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos Ione Belarra y Portavoz Adjunta del G.P Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la presente Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión
de Vivienda y Agenda Urbana relativa a medidas contra la turistificación y su impacto en la emergencia habitacional.
Exposición de motivos
La depredación económica, ecológica y social que generan los crecientes procesos de turistificación sobre cada vez más territorios del estado son ya ampliamente reconocidas por la ciudadanía como una de las causas más importantes de la
crisis de vivienda. Los datos, informes e informaciones publicadas en numerosos medios de comunicación son claros: la turistificación y la crisis de vivienda son dos caras de la misma moneda. Así lo corroboran, por ejemplo, los datos publicados
por el medio Infobae en un artículo titulado 'La especulación y el turismo disparan el precio del alquiler hasta un 70 % en cinco años' en el que el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, aseguraba que 'el turismo y la especulación han
tenido un impacto devastador en el precio de los alquileres'. En esta misma línea, el periódico Cinco Días en un artículo del 2 de agosto titulado 'Morir de éxito: el turismo y el capital extranjero dislocan el precio de la vivienda' publicaba que
'el 14 % de las compraventas de casas en España en 2022 las realizaron no residentes, aunque en Baleares alcanzaron el 34 % y el 42 % en la provincia de Alicante'.
El grave efecto que tiene la turistificación y la especulación inmobiliaria que la caracteriza en el precio de la vivienda es aún más evidente cuando se analizan los datos de los territorios con procesos de turistificación más avanzados,
como Baleares, Canarias o la Costa del Sol. Así, la provincia de Málaga ha registrado la mayor subida de los precios de la vivienda desde la pandemia. En esta misma línea, en Canarias durante el año 2023 la oferta vacacional se disparó un 40 % en
tan sólo 10 meses. En Baleares, especialmente en Ibiza y ciertas zonas de Mallorca la emergencia habitacional se ha convertido en un problema incluso para los servicios públicos que son incapaces de encontrar personal que pueda debido a los altos
costes de la vivienda. Así se recoge, por ejemplo, un artículo del país titulado 'El infierno de vivir en Ibiza: trabajadores en caravanas y habitaciones a 1.000 euros' donde se afirma que 'la especulación rampante y un turismo cada vez más masivo
y caro disparan el precio de la vivienda a límites inviables: los funcionarios huyen y los hospitales transforman alas para habilitar habitaciones a fin de retener a los médicos'.
En esta línea, los territorios turistificados lideran el ranking de comunidades autónomas con mayor número de apartamentos turísticos con licencia. Andalucía, encabeza la lista con 82.454 y el 17,5 % del total, seguida de la Comunidad
Valenciana, con 59.413 y el 19 %. En Málaga y Alicante, 7.000 y 3.500 viviendas respectivamente ya se destinan al alquiler turístico, según las estimaciones del INE. Ambas ciudades han visto cómo los precios del alquiler han crecido un 40 % desde
2015. El mismo fenómeno se repite en Canarias. Allí los alquileres se disparaban en los principales núcleos turísticos (sur de Tenerife y Gran Canaria o en las islas de Fuerteventura y Lanzarote) mientras alrededor del 10 % del parque de viviendas
se destina al alquiler turístico.
Sin embargo, la turistificación no está afectando solo a estos territorios donde el modelo económico es fuertemente dependiente de un monocultivo turístico depredador del territorio y los derechos laborales. En ciudades como Madrid y
Barcelona, donde la dependencia económica del turismo es menor, los estragos de la turistificación también afectan al precio de la vivienda. Así, a pesar de la reciente aplicación del tope a los precios del alquiler que permite la Ley de Vivienda
en Catalunya, que ha conseguido frenar las
subidas exponenciales de los precios, Barcelona continúa situándose como la ciudad con el alquiler medio más caro del territorio nacional, 2.388 euros mensuales y Cataluña cuenta con 52.598 pisos turísticos registrados, el 15 % del total
nacional. Mención aparte merece Madrid, donde décadas de políticas neoliberales han detonado una situación sin precedentes: en la capital hay unas 16.000 viviendas turísticas funcionando pero solo 941 tienen licencia, según datos del área de
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Así, mientras que el 93 % de los pisos turísticos ofertados en Madrid lo hacen de manera ilegal, la capital del estado encabeza el ranking europeo de encarecimiento de la vivienda, mientras el gobierno
autonómico continúa en rebeldía contra la aplicación de la Ley de Vivienda.
Los graves efectos de la turistificación en el acceso a una vivienda digna están comenzando a notarse incluso en territorios que tradicionalmente no han sufrido apenas presión turística. La turistificación no es más que la enésima
estrategia del gran capital para continuar el proceso de acumulación que lo define y la concentración de la producción y la riqueza en cada vez menos manos. Así, este modelo de negocio depredador y especulativo de las multinacionales del turismo,
fondos buitre y de inversión y grandes capitales inmobiliarios trata continuamente de expandirse a nuevos territorios y mercados. Ejemplo de ello son por ejemplo, ciudades cómo Cáceres, dónde se concentran el 70 % de los pisos turísticos de
Extremadura y donde, por consiguiente, se registran las mayores subidas de los precios del alquiler, que se han disparado un 19 % en los primeros seis meses de 2024. Este es el caso también de la costa norte, dónde el número de viviendas turísticas
se incrementa a un ritmo mayor que la costa mediterránea o las islas. Entre febrero de 2021 y febrero de 2024, Asturias pasó de tener un porcentaje de viviendas turísticas sobre viviendas totales del 0,71 % al 1,07 %, un incremento del 50,7 % en
tres años. En Cantabria el aumento de los pisos turísticos ha sido del 49,59 % en este periodo y en Galicia de un 43,66 %. Así, en un artículo de El Salto, Paulu Lobete, de Cantabristas, alerta de 'una segunda burbuja del ladrillo en Cantabria'
que está provocando un 'proceso de transformación de los pueblos por la construcción de vivienda turística o de segunda residencia que está expulsando a muchos vecinos de sus pueblos hacia el interior menos turístico de la comunidad'. De hecho, en
Cantabria durante este 2024 el porcentaje de compras de viviendas realizadas por no residentes se ha situado al nivel de Baleares: una de cada tres mientras que el precio de la vivienda aumentó un 32,6 %.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno a:
1. Establecer una moratoria a viviendas turísticas que implique que no se conceda ninguna nueva licencia hasta el 1 de enero de 2028.
2. Limitar la oferta de pisos turísticos a un 2 % del total.
3. Prohibir los pisos turísticos en viviendas plurifamiliares en zonas donde se haya declarado la emergencia habitacional.
4. Impulsar una reforma legislativa que limite la adquisición de viviendas por parte de no residentes.
5. Impulsar una legislación que prohíba la compra de vivienda para uso no residencial.
6. La expropiación del uso de las viviendas vacías propiedad de grandes tenedores para su puesta a disposición para alquiler social.
7. Sancionar la publicidad de alojamientos turísticos ilegales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de nuevas alternativas
habitacionales para jóvenes, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El reto de la vivienda en España afecta en la actualidad a todas las capas de edad de nuestra población. Sin embargo, es a la generación joven a la que afecta de una manera más directa, frenando en muchas ocasiones su proyecto de vida.
Dentro de este grupo poblacional, el reto afecta de manera transversal a la juventud sin importar el momento vital en el que se encuentren: desde jóvenes que buscan asentarse en un determinado lugar para poder formar una familia, hasta
otros que deciden emanciparse simplemente por dar un cambio de rumbo en su vida, incluso dentro de su propio municipio de origen, pasando por quienes, por motivos laborales o académicos, tienen que residir, de manera acotada en el tiempo, por unos
meses o unos años, en otro municipio distinto al suyo. Este último grupo lo integran jóvenes, en muchas ocasiones, aún no emancipados, es decir, sin ingresos propios y que aún dependen del apoyo económico de sus familias. Es por esto que el hecho
de que estudien fuera puede provocar una sobrecarga al bolsillo de las mismas.
Actualmente, estos jóvenes que estudian o que trabajan en un determinado lugar por un tiempo concreto, tienen que enfrentarse frecuentemente a la búsqueda de un alquiler asequible para vivir, en medio de una situación límite con los precios
a niveles nunca vistos y con una falta evidente de oferta frente a la demanda existente. Unos precios que suben sin freno y una oferta que cae cada vez más debido a medidas y políticas que desincentivan a los propietarios a optar por el alquiler
tradicional como opción para sus viviendas. Estos jóvenes, a la hora de intentar encontrar una vivienda en alquiler se encuentran, además, los siguientes problemas añadidos:
- Por un lado, su escasa solvencia económica, así como el hecho de ser jóvenes, les cierra muchas posibilidades de alquiler, ya que hay propietarios que no quieren arriesgar su patrimonio frente a posibles impagos o frente a la errónea
asociación del concepto 'juventud' a mayor deterioro del inmueble.
- Por otro lado, normalmente son jóvenes que, de manera individual, se trasladan a una ciudad, por lo que, al hecho de buscar una vivienda adecuada, en un parque de alquiler, en ocasiones, rígido y obsoleto, se suma la tarea y la dificultad
de encontrar con quien compartirla.
En resumen, en el epicentro de una situación límite para el alquiler en España, donde la demanda sobrepasa a la oferta existente, estos jóvenes encuentran dificultades, como vemos, añadidas a las del resto.
A lo largo de la historia, se han dado momentos en los que ciertos núcleos de población han soportado una tensión añadida y la demanda de vivienda ha sido urgente. En esas ocasiones, la arquitectura y el urbanismo han sido las disciplinas
del conocimiento que han ayudado a intentar resolver ese reto, desarrollando nuevas e innovadoras alternativas habitacionales.
Actualmente, también, son la arquitectura y el urbanismo los que ya las están poniendo en marcha. En diferentes lugares, también en España, existen alternativas al alquiler tradicional que van desde el modelo clásico de residencias de
estudiantes y colegios mayores basados en habitaciones individuales y servicios comunes ofrecidos por quien los gestiona, hasta nuevas fórmulas más innovadoras con tipologías de viviendas más flexibles y con programas pensados para residir en esos
espacios de manera no
permanente y específicamente en esos tramos de edad. Programas que permiten compartir ciertos servicios entre todos los residentes o un grupo reducido de ellos e, incluso, que personas no residentes puedan también utilizarlos, de tal forma
que contribuyan a sostenerlos. Soluciones que evocan, a veces, en su esencia a proyectos arquitectónicos tan emblemáticos como la 'Unidad de Habitación' del célebre arquitecto Le Corbusier o que tienen el espíritu de la imprescindible hibridación
de usos para la revitalización de los núcleos urbanos que defiende Steven Holl en sus escritos.
Sin embargo, en la actualidad, aunque existan este tipo de soluciones, son insuficientes y representan un porcentaje mínimo en la oferta habitacional de las ciudades y pueblos españoles. Para la creación de nuevos complejos de estas
características, se añaden, además, las dificultades que encontramos, frecuentemente, en el rígido planeamiento lleno de obstáculos para encajar estas tipologías edificatorias.
El aumento de estas alternativas ayudaría a facilitar la descongestión del mercado del alquiler, cuya solución pasa por tener un amplio abanico de soluciones, cuantas más mejor. También, aliviaría el bolsillo de muchas familias ya que, en
ocasiones, funcionan mediante convenios de colaboración entre el sector público y privado, de tal forma que los precios son más asequibles que la media si contamos todos los servicios que ofrecen.
Son fundamentales, por tanto, en el tiempo que vivimos y desde las administraciones públicas hay que contribuir a su impulso facilitando líneas de financiación para su construcción, pero también para el desarrollo del ingenio entre los
profesionales de la arquitectura y el urbanismo para que las soluciones propuestas sean cada vez más eficaces. Así mismo, hay que garantizar la seguridad jurídica y la flexibilidad necesaria del planeamiento para que estos proyectos no caigan en
saco roto por excesivas dificultades.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con otras administraciones, nuevas alternativas habitacionales para jóvenes a través de:
1. Un programa de financiación que llegue a todos los niveles de la administración (Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos) para el impulso de concursos de ideas y posterior construcción de las propuestas ganadoras viables de
este tipo de alternativas, tanto para edificios de nueva planta como aquellas enfocadas a la rehabilitación de otros ya existentes y sin uso.
2. Medidas para garantizar la seguridad jurídica en las normas que afectan al planeamiento, incorporando, además, en su actualización la flexibilidad necesaria para contemplar estas tipologías habitacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López,
Ana Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, Laura María Lima García y Javier Noriega Gómez,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de reformas
legislativas que favorezcan
el acceso a la vivienda en España, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Banco de España introdujo por primera vez en su informe -profesional, transparente, independiente y solvente del año 2023, un apartado específico sobre el problema de la vivienda en España. Su capítulo 4 desgrana la problemática de la
vivienda, segunda preocupación de los españoles según el CIS, así como las posibles líneas de actuación para solventar la situación, para poder paliar el impacto, muchas veces negativo, que han tenido las políticas del Gobierno en el ámbito de la
vivienda.
Unas soluciones que solo se harán realidad si pensamos en el medio y largo plazo, y se desarrollan como actuaciones estructurales, coordinadas y consensuadas con las administraciones autonómicas, locales y provinciales, así como contando con
la experiencia e intenso trabajo de las asociaciones, patronales y colegios profesionales que día a día intentan aportar soluciones a un problema de vital importancia para los españoles.
La economía española sufre un déficit de unas 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, según cálculos del Banco de España, en los que cruza los datos de oferta y de demanda. La producción de viviendas nuevas se encuentra muy por debajo de las
dinámicas demográficas y de los nuevos cambios de modelos de familias, con lo que la brecha entre la oferta y la demanda continua en aumento, agravando la problemática del acceso a la vivienda.
El supervisor bancario señala que 'el diferencial acumulado en 2022 y 2023 entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva alcanza unas 375.000 unidades. Además, en 2024 y 2025, las proyecciones de creación neta de
hogares, junto con el volumen de viviendas actualmente iniciadas que se terminarán en este período, implicarían un déficit adicional superior a las 225.000 viviendas'.
Del citado informe podemos remarcar un análisis de la situación actual en cuanto a la 'rigidez de la oferta de vivienda: El escaso dinamismo de la oferta de vivienda en el período reciente, en comparación con la robustez de la demanda, ha
supuesto un importante soporte al crecimiento de los precios de compraventa y de alquiler'. Algunas de las causas que señala el informe son la falta de suelo disponible, la falta de mano de obra, el aumento de los costes de construcción, la
financiación de la actividad inmobiliaria residencial o el déficit de vivienda nueva, entre otras.
Esta situación tiene unas trágicas consecuencias, sociales y económicas, en los ciudadanos. Detallamos algunas de las que se recogen en el informe:
- La sobrecarga que supone el gasto en vivienda se concentra en el mercado del alquiler, donde destaca la peor situación de España en el conjunto de las grandes economías europeas.
- El retraso en la emancipación de las cohortes nacidas a partir de 1980 sugiere un incremento de los problemas de accesibilidad a la vivienda, tanto de compra como de alquiler, por parte de los jóvenes.
- El acceso a la vivienda en propiedad se deteriora por un crecimiento de los precios mayor que la dinámica de las rentas y la subida de los costes de financiación.
- España destaca entre las economías avanzadas por la escasa disponibilidad de vivienda de alquiler social.
- España presenta, entre el conjunto de economías de la UE-27, la mayor proporción de personas en el mercado del alquiler que se encuentran en una situación de pobreza o de exclusión social.
Y es que el esfuerzo de los hogares para la compra de vivienda alcanza máximos desde 2011, y los más afectados son las familias más vulnerables. Las medidas que ha
desarrollado el Gobierno no han venido a solucionar el problema, sino más bien a agravarlo, y así se recoge en varios apartados del citado informe del Banco de España:
Los controles sobre los precios del alquiler se han justificado por su efecto inmediato para reducir los problemas de sobresfuerzo de los hogares vulnerables, pero su anuncio y aplicación sostenida en el tiempo pueden generar nuevos
problemas de accesibilidad a la vivienda.
La literatura económica ha documentado a escala internacional la aparición de efectos adversos, que podrían ser especialmente relevantes en caso de que no se apliquen medidas estructurales que aumenten la oferta de vivienda.
Entre los posibles efectos identificados a nivel empírico, cabe destacar los siguientes: una contracción de la oferta de vivienda de alquiler en las áreas reguladas, el desplazamiento del uso de las viviendas a otros mercados alternativos
(por ejemplo, al alquiler de temporada o a la vivienda turística) y un descenso de la calidad de la vivienda por un menor mantenimiento.
La fijación de precios máximos en el mercado del alquiler podría, además, generar efectos distributivos regresivos y aumentos en el sobresfuerzo entre el segmento de hogares con menor renta. En particular, la fijación de un precio máximo
podría reducir los alquileres de los inquilinos que se sitúan por encima del máximo regulatorio, pero incrementar los precios situados por debajo del nivel de referencia, segmento este último en el que se encuentran los hogares con menores ingresos.
Pero no solo organismos oficiales públicos como el Banco de España han esgrimido estas conclusiones, sino también el observatorio de emancipación de la juventud, del consejo de la juventud, que sitúa la edad de emancipación de los jóvenes
entre las más altas de Europa, unos 30 años, o las entidades sectoriales coinciden en este mismo análisis. El supervisor bancario añade que 'el diagnóstico del mercado de la vivienda presentado en este capítulo muestra cómo la combinación de
elevadas presiones por el lado de la demanda y de una cierta rigidez relativa por el lado de la oferta -tanto en el segmento de compraventa como en el de alquiler- está generando problemas de acceso a la vivienda. Estos problemas se concentran en
los colectivos con menor renta, entre los que se incluyen los jóvenes y la nueva población residente de origen extranjero. Asimismo, por zonas geográficas, estas dificultades son más acusadas en las grandes áreas urbanas'.
Entre las medidas para comenzar a caminar en la senda de las soluciones, el Banco de España señala que 'en particular, sería deseable que las medidas adoptadas:
- contemplaran un horizonte temporal amplio en términos de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas,
- involucraran a las distintas AAPP con responsabilidades en materia de vivienda, de forma coordinada y en colaboración con la iniciativa privada,
- pusieran un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda, especialmente en el caso del mercado del alquiler y el alquiler social, priorizando la asignación de los recursos disponibles entre los colectivos más vulnerables,
- prestaran atención, además, a otros aspectos estructurales más allá de la política de vivienda que también condicionan sensiblemente la evolución del mercado de la vivienda, como son las actuaciones que inciden en el funcionamiento del
mercado de trabajo y en la productividad de la economía -determinantes fundamentales del poder adquisitivo de los hogares-, así como los efectos de las políticas en materia tributaria y de transporte.'
Tenemos que destacar al mismo tiempo que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, ha supuesto una confrontación entre Gobierno central y comunidades autónomas. Muchos gobiernos autonómicos no creen positivas las medidas
que se desarrollan en ella, alineando sus conclusiones, en gran medida, con el informe del Banco de España.
A ello se suma la debilidad del Gobierno multicoalición en el ámbito legislativo, que nos ha llevado a ver acciones inéditas en la Cámara Baja, como la retirada de su proyecto de ley de reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
minutos antes de su debate en el Congreso, o la retirada de la firma del PSOE de la proposición de ley que presentó posteriormente junto al PNV sobre el mismo asunto. Es una nueva constatación del fracaso de las políticas del Gobierno en materia de
vivienda.
La crisis legislativa del Gobierno agrava la situación de la vivienda en España, creando un clima de incertidumbre para inversores, empresas, propietarios e inquilinos. Los desencuentros de posiciones entre los propios socios del Gobierno
producen unas nefastas consecuencias en un sector donde la estabilidad y seguridad es primordial.
A esta situación se le unen las palabras del propio presidente del Gobierno, afirmando que gobernará sin tener en cuenta al órgano legislativo. Estamos viendo cómo un sector tan importante en el ámbito social y económico se ve lastrado por
la falta de reformas legislativas que diferentes administraciones públicas y entidades privadas llevan años solicitando. Gobernar sin el trabajo de las Cortes Generales es gobernar en contra de los españoles y de sus necesidades, y rompiendo el
sistema que nos dimos los españoles en nuestra Constitución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un grupo de trabajo que cuente con la participación de las comunidades autónomas, las administraciones locales y provinciales, la FEMP, los colegios profesionales afectados y
las asociaciones del sector para que de manera urgente se impulsen las reformas legislativas necesarias para favorecer el acceso a la vivienda en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Miguel Ángel Sastre Uyá,
Ana Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Benigno Belmonte y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/001177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía, para su debate en la
Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Enfermedad Celiaca (EC) es una patología multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y otras proteínas relacionadas, en personas genéticamente susceptibles.
Aunque no se puede predecir la transmisión, en general, las personas con un pariente de primer grado celíaco tienen una probabilidad de entre un 1 y un 10 % de padecerla.
Esta enfermedad se caracteriza por una combinación variable de manifestaciones clínicas, afectando no únicamente al aparato digestivo.
En la infancia los síntomas digestivos y el retraso del crecimiento son los más frecuentes, y en adultos se manifiesta de manera heterogénea.
La prevalencia de EC estimada en Europa es de un 1 %.
En nuestro país, según datos reflejados por el 'Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca' la prevalencia estimada es de 1/71 en la infancia y de 1/357 en población adulta.
Hay que señalar que, a pesar de los avances en el conocimiento de la enfermedad, hay infradiagnóstico. Según las asociaciones de pacientes, más de 360.000 personas en España no han sido diagnosticadas.
Se desconoce hasta la fecha la existencia de tratamiento más allá del seguimiento de una dieta estricta sin gluten.
El establecimiento de la dieta de manera indefinida previene complicaciones y reduce la morbimortalidad asociada. La dieta consigue de forma progresiva reparar las lesiones producidas en el sistema digestivo, siendo fundamental no exponerlo
a nuevos contactos con el gluten para garantizar una verdadera recuperación.
Los expertos y expertas consideran que garantizar un diagnóstico precoz ayuda, junto a medidas de apoyo, a la instauración de la dieta sin gluten a lo largo de la vida, fundamental para normalizar el estado de salud de los y las pacientes y
mejorar su calidad de vida.
Anemia, osteoporosis o infertilidad, son algunas de las complicaciones derivadas del no seguimiento correcto de la dieta, junto a una mayor predisposición a padecer linfoma y otros cánceres gastrointestinales.
Hay consenso científico sobre que el seguimiento de una dieta adecuada hace de las personas con enfermedad celíaca personas sanas.
Con el objetivo de mejorar el diagnóstico en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad en el año 2008 público el primer documento de 'Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Celíaca', que fue actualizado en el año 2018,
tras la publicación un año antes por parte del Defensor del Pueblo del 'Estudio sobre la situación de las personas con enfermedad celiaca en España'.
El 'Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca', es un documento de carácter asistencial que tiene como finalidad favorecer un diagnóstico temprano, mejorar y homogeneizar el abordaje de la EC y fomentar una atención
integral e integrada, desde una perspectiva multidisciplinar.
En el estudio del Defensor del Pueblo antes mencionado, se plantean importantes conclusiones que hoy siguen de actualidad, como son: la necesaria investigación y actualización de las evidencias, la persistencia de un alto grado de
infradiagnóstico, el precio más alto de estos productos con respecto a los productos que sustituyen, o que el consumo de alimentos fuera de casa supone un alto riesgo de contaminación cruzada por gluten.
Las asociaciones de pacientes denuncian que muchos establecimientos que ofrecen alternativas sin gluten no cumplen con el Reglamento de Ejecución (Ue) No 828/2014 de la Comisión de 30 de julio de 2014 relativo a los requisitos para la
transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos, donde se establece que 'la declaración 'sin gluten' solamente podrá utilizarse cuando los alimentos, tal como se venden al consumidor
final, no contengan más de 20 mg/kg de gluten'.
Esta situación perjudica la salud de las personas celiacas, siendo especialmente preocupante en el caso de los servicios de restauración colectiva, donde las personas comen casi diariamente, como comedores de centros educativos (incluyendo
centros de enseñanza obligatoria, escuelas infantiles, centros universitarios y colegios mayores), centros de atención para menores, residencias de estudiantes, centros de personas mayores, centros penitenciarios, etc.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que es necesario continuar mejorando la atención a estas personas, y actualizar el abordaje de la enfermedad en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, resulta imprescindible eliminar
las barreras y trabas que los y las celiacas se encuentran a la hora de poder seguir de manera correcta e indefinida la dieta sin gluten que necesitan para tener un buen estado de salud.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco de sus competencias:
1. Promover la elaboración de un estudio epidemiológico para identificar el número de personas con EC en España.
2. En colaboración con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, actualizar el Protocolo para el diagnóstico precoz de la Enfermedad Celíaca en consonancia con las nuevas evidencias disponibles, y establecer criterios comunes
para el conjunto del SNS en el marco del Consejo Interterritorial y en colaboración con las Comunidades Autónomas, estudiando medidas como el establecimiento de alertas de posibles afectados y afectadas en los sistemas informáticos de Atención
Primaria y la creación de unidades especializadas en celiaquía.
3. En colaboración con las Comunidades Autónomas, difundir el Protocolo para el diagnóstico precoz de la Enfermedad Celíaca entre los profesionales sanitarios, con el objetivo de mejorar la información y formación en el diagnóstico precoz,
la atención integral y el seguimiento de los pacientes en tratamiento, para garantizar la adherencia a las recomendaciones dietéticas y trasladar a los y las pacientes la importancia de su cumplimiento.
4. En colaboración con las Comunidades Autónomas, favorecer que las Administraciones educativas promuevan medidas de sensibilización y de información en los centros educativos sobre las complicaciones derivadas de la EC, y la importancia de
seguir adecuadamente una dieta libre de gluten para las niñas, niños y adolescentes celíacos.
5. Estudiar el establecimiento de ayudas para la compra de productos específicos sin gluten para las personas con EC.
6. Promover, junto con las administraciones autonómicas competentes, las medidas necesarias dirigidas a garantizar la oferta de un menú sin gluten seguro y al establecimiento de requisitos y criterios nutricionales y de sostenibilidad para
la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en comedores colectivos que rijan la contratación pública y la adquisición de menús y/o catering en comedores colectivos de centros dependientes de las Administraciones Públicas, tales
como centros sanitarios, docentes, universitarios, sociosanitarios, residencias de personas mayores, cafeterías de las administraciones públicas, centros deportivos, ejército e instituciones penitenciarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Víctor Camino Miñana, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Carmen Martínez Ramírez, M.ª Isabel Moreno Fernández,
Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, María Sainz Martín y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el
uso del catalán en las campañas institucionales en Catalunya del Ministerio de Igualdad, para su debate en instancia en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La lengua propia de Catalunya es el catalán. Como tal, el catalán es el idioma de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Catalunya.
La publicidad institucional es un elemento más de la comunicación pública que sirve para intercambiar y compartir información de utilidad para la ciudadanía. En el Estado español, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional, regula las campañas institucionales de publicidad y comunicación promovidas y contratadas por la Administración General del Estado. En cuanto a la lengua en la que se deben llevar a cabo estas campañas, el artículo 9 de
la mencionada ley establece que en las campañas institucionales se respetará la legislación de la respectiva comunidad autónoma sobre el uso de lenguas oficiales. La normativa catalana, concretamente, el artículo 2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero,
de Política Lingüística, establece que el catalán es la lengua preferentemente empleada por la Administración del Estado en Catalunya. Además, el artículo 35.1 de la norma establece que la publicidad de la administración local y autonómica debe
ser, como mínimo, en catalán.
Recientemente, el Ministerio de Igualdad ha llevado a cabo la campaña institucional ConSentido de concienciación social para combatir y concienciar sobre la violencia sexual durante los meses de verano. Hemos observado que los anuncios
publicados en algunos medios en lengua catalana, como el caso de El Segre, usan la lengua castellana de manera exclusiva. Esta decisión no respeta la normativa lingüística catalana. Y, por otro lado, es aún más grave teniendo en cuenta que la
campaña de prevención y concienciación de la campaña institucional se dirige de manera prioritaria a los jóvenes.
Por todo lo expuesto, proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Exigir al Ministerio de Igualdad la corrección inmediata de la campaña institucional ConSentido de concienciación social para combatir y concienciar sobre la violencia sexual, asegurando que todos los materiales de comunicación y
publicidad sean al menos en catalán, en cumplimiento con la normativa vigente en Catalunya.
2. Instar al Ministerio de Igualdad a establecer un protocolo que garantice el uso del catalán en todas las futuras campañas institucionales que se desarrollen en Catalunya, asegurando el respeto por la lengua propia de la comunidad.
3. Solicitar un informe detallado al Ministerio de Cultura sobre los criterios lingüísticos empleados en la planificación y ejecución de la campaña institucional ConSentido de concienciación social para combatir y concienciar sobre la
violencia sexual durante los
meses de verano, con el fin de evaluar el cumplimiento de la normativa catalana y española en materia de política lingüística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a garantir l'ús del
català en les campanyes institucionals a Catalunya del Ministeri d'Igualtat per al seu debat en instància a la Comissió d'Igualtat.
Exposició de motius
La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és l'idioma d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
La publicitat institucional és un element més de la comunicació pública que serveix per a intercanviar i compartir informació d'utilitat per a la ciutadania. En l'Estat espanyol, la Llei 29/2005, de 29 de desembre, de Publicitat i
Comunicació Institucional, regula les campanyes institucionals de publicitat i comunicació promogudes i contractades per l'Administració General de l'Estat. Quant a la llengua en la qual s'han de dur a terme aquestes campanyes, l'article 9 de
l'esmentada llei estableix que en les campanyes institucionals es respectarà la legislació de la respectiva comunitat autònoma sobre l'ús de llengües oficials. La normativa catalana, concretament, l'article 2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
Política Lingüística, estableix que el català és la llengua preferentment emprada per l'Administració de l'Estat a Catalunya. A més, l'article 35.1 de la norma estableix que la publicitat de l'administració local i autonòmica ha de ser, com a
mínim, en català.
Recentment, el Ministeri d'Igualtat ha dut a terme la campanya institucional ConSentido de conscienciació social per a combatre i conscienciar sobre la violència sexual durant els mesos d'estiu. Hem observat que els anuncis publicats en
alguns mitjans en llengua catalana, com el cas del Segre, usen la llengua castellana de manera exclusiva. Aquesta decisió no respecta la normativa lingüística catalana. I, d'altra banda, és encara més greu tenint en compte que la campanya de
prevenció i conscienciació de la campanya institucional es dirigeix de manera prioritària als joves.
Per tot l'exposat, proposem la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Exigir al Ministeri d'Igualtat la correcció immediata de la campanya institucional ConSentido de conscienciació social per a combatre i conscienciar sobre la violència sexual, assegurant que tots els materials de comunicació i publicitat
siguin almenys en català, en compliment amb la normativa vigent a Catalunya.
2. Instar el Ministeri d'Igualtat a establir un protocol que garanteixi l'ús del català en totes les futures campanyes institucionals que es desenvolupin a Catalunya, assegurant el respecte per la llengua pròpia de la comunitat.
3. Sol·licitar un informe detallat al Ministeri de Cultura sobre els criteris lingüístics emprats en la planificació i execució de la campanya institucional ConSentido de conscienciació social per a combatre i conscienciar sobre la
violència sexual durant els
mesos d'estiu, amb la finalitat d'avaluar el compliment de la normativa catalana espanyola en matèria de política lingüística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de setembre de 2024.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad sobre el sistema VioGen.
Exposición de motivos
En España, la violencia machista constituye un problema social grave y persistente que afecta a mujeres de todas las edades, clases sociales, niveles educativos, orígenes o regiones del país. Este tipo de violencia se define como cualquier
acto basado en el género que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
A pesar de los esfuerzos realizados para combatirlas, las violencias de género continúan siendo un problema significativo en España. Este fenómeno delictivo debe abordarse desde una perspectiva holística, interseccional, con una
intervención periódica y subsecuente basada en la complejidad de la realidad que nos atañe y los datos proporcionados por instituciones públicas y privadas, para asegurar una correcta prevención, protección, atención y reparación.
Desde un punto de vista preventivo, las cifras recientes no indican una mejora en la victimización objetiva. A los datos sobre mujeres asesinadas (los cuales continúan con tasas preocupantemente altas) hemos de añadir los datos de la última
Macroencuesta sobre Violencia de Género realizada en 2019, en la que se señala que el 11,4 % de las mujeres de 16 años o más que tienen o han tenido pareja han sufrido violencia física, un aumento con respecto al 10,7 % registrado en 2015. Las
formas más prevalentes de esta violencia incluyen bofetadas, empujones y tirones de pelo, mientras que la asfixia, las palizas y las amenazas con armas son menos comunes.
El 9,2 % de las mujeres de 16 años o más han sufrido violencia sexual, en comparación con el 8,4 % de la Macroencuesta de 2015. La forma más prevalente de esta violencia es obligar a la mujer a mantener relaciones sexuales cuando no quería,
una agresión tipificada además como violación.
La violencia económica también ha aumentado, con un 12 % de las mujeres reportando haberla sufrido en comparación con el 11,2 % en 2015. La violencia psicológica es la más prevalente, afectando al 24,2 % de las mujeres según la última
encuesta, un aumento respecto al 22,8 % de 2015. Este tipo de violencia incluye insultos, humillaciones delante de otras personas y amenazas verbales con infligir daño.
Esta Macroencuesta nos reveló que el 28,7 % de las mujeres que han tenido pareja han sido víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física (incluyendo amenazas) y/o sexual. La violencia psicológica es la más común, afectando al 27,8
% de las mujeres. El grupo de edad con mayor incidencia de violencia física (incluyendo amenazas) y/o sexual es el de mujeres entre 18 y 29 años, con un 18,3 %.
Estas son solo algunas cifras que reflejan un problema estructural. Lejos de conseguir una bajada en estos terribles números, las cifras se han mantenido y han sufrido aumentos, que aun pudiendo ser leves a nivel estadístico, no lo son
nunca a nivel humano. La realidad es que las mujeres siguen padeciendo violencia en los espacios en los que deberían
sentirse más seguras y protegidas. La última Macroencuesta ya introduce algunos datos relacionados con las violencias sufridas fuera del ámbito privado. Del total de mujeres residentes en España entre 16 y 74 años, se estima que el 20,2 %
han sido víctimas de algún tipo de violencia fuera de la pareja (física, incluyendo amenazas, y/o sexual) alguna vez desde los 15 años en adelante.
Toda la información recopilada señala la necesidad de actuar ante un problema que afecta a una gran parte de las mujeres de nuestro país. Sin embargo, para poder prevenir de forma real y efectiva, así como urgente, los datos no pueden
recopilarse de manera tan dilatada en el tiempo.
Para llevar a cabo un análisis efectivo debe realizarse un estudio longitudinal, con una periodicidad al menos anual, para entender las tendencias comportamentales y evaluar la eficacia de las políticas públicas implementadas. En una
sociedad tan voluble y diversas como la actual, cualquier cambio puede producir transformaciones transcendentales en fenómenos sociales como las violencias de género. De ahí que un seguimiento exhaustivo sea clave para garantizar la prevención,
puesto que sin análisis continuados y contrastados resulta complejo aproximarse a la realidad social. Desde una perspectiva criminológica, sin esos datos no sólo no podemos conocer lo que está ocurriendo, sino que difícilmente podremos anticiparnos
y evitar que ocurra cualquier tipo de violencia sobre las mujeres.
En cuanto a la búsqueda de apoyo y respuesta institucional, solo el 16,3 % de las mujeres que han sufrido violencias de género en la pareja han acudido a servicios especializados. Unas cifras preocupantes que demuestra un desconocimiento o,
en el peor de los casos, cierta desconfianza hacia las instituciones por parte de las mujeres afectadas. El factor principal de muchas mujeres a la hora de denunciar o pedir ayuda es el miedo que tiene la víctima respecto a la reacción del agresor
al conocer que ella ha acudido a interponer una denuncia o solicitar apoyo, la preocupación por los hijos en común, al abandono, la soledad y la falta de recursos, añadido a la normalización de la violencia por parte de la propia víctima, y las
actitudes posesivas y controladoras, que llevan a muchas mujeres a culpabilizarse de la situación generándose un fuerte desgaste emocional.
Los datos reflejan que algo en el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia de género está fallando: desde el propio hecho de poder poner una denuncia en condiciones seguras, procesos judiciales que finalizan en
absoluciones teniéndose que enfrentar la víctima de nuevo a su agresor, órdenes de protección inexistentes, o ineficaces, falta de formación del personal público implicado en la prevención y detección.... Todas estas situaciones ponen de manifiesto
una clara necesidad de mejorar y ampliar los mecanismos de intervención, incluyendo la necesidad de seguir insistiendo en la formación de los profesionales dedicados a la protección de las víctimas de violencia de género.
Para que las mujeres acudan a pedir ayuda o denunciar es necesario corregir los fallos y errores del sistema de protección de las víctimas de violencia de género. Para lograr que la prevención sea eficaz las mujeres deben sentirse
protegidas, apoyadas y seguras desde el inicio hasta el final del proceso.
Esto afecta directamente a la atención y a la protección. En nuestro país, la mayor referencia en cuanto a la protección de las mujeres víctimas es el Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que se
puso en marcha el 26 de julio de 2007 con el objetivo de predecir el riesgo para brindar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional. Este sistema utiliza un algoritmo activado cuando una mujer denuncia un caso de
violencia de género, evaluando el riesgo a través de un cuestionario cumplimentado por las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, según datos del Ministerio del Interior, el sistema VioGén con fecha de 30 de junio de 2024 ha identificado un riesgo extremo en el 0,02 % del total de los casos activos; los cuales son en términos absolutos 23 dentro de un
total de 92.134. Asimismo, el 1,62 % de los casos han sido calificado como graves. Esto sugiere que el sistema puede no estar recogiendo todos los ítems necesarios para calificar el riesgo adecuadamente, presentando dificultades en su utilización
o careciendo de una visión holística que incluya
otros tipos de violencia como la sexual o el acoso, las cuales pueden ser grandes predictores de la futura agresión o asesinato.
El año 2024 ha sido particularmente trágico en España, con cifras alarmantes de mujeres asesinadas durante los últimos meses. Estos datos subrayan la necesidad urgente de revisar y mejorar sistemas como VioGén, vitales para garantizar una
prevención real y efectiva de las violencias de género. Sin embargo, las cifras lamentables sobre la búsqueda de apoyo profesional y el dato de que 23 de las 27 mujeres asesinadas no habían denunciado nos reclaman una mejora inmediata respecto a la
confianza en las instituciones y la información de los recursos disponibles. La persistencia y, en algunos casos, el incremento de diversas formas de violencias de género subraya la necesidad de enfoques más rigurosos y basados en datos para su
comprensión y erradicación.
El Sistema VioGén, creado para seguir y proteger a las víctimas de violencias de género, necesita mejoras sustanciales. Aunque este sistema es un avance significativo, los datos indican que no siempre identifica adecuadamente los casos de
alto riesgo. Es necesario revisar y actualizar continuamente este sistema, integrando una visión más holística que contemple todas las formas de violencia, ajustando sus parámetros para reflejar mejor la realidad compleja de las víctimas. Así
mismo es necesario contar con perfiles profesionales o equipos multidisciplinares conformados por profesionales de la criminología, sociología, psicología y estadística, que permitan interpretar los datos de manera global.
Finalmente, la violencia vicaria debe ser reconocida y tratada con la misma seriedad que otras formas de violencia de género. Los estudios han demostrado que la violencia ejercida sobre los hijos con el fin de dañar a la madre tiene
consecuencias devastadoras, tanto inmediatas como a largo plazo. Implementar políticas específicas que protejan a las y los menores y brinden apoyo especializado a las madres es fundamental para romper el ciclo de violencia y asegurar un entorno
seguro y saludable para las futuras generaciones.
Abordar la violencia machista en España requiere una acción continua basada en análisis rigurosos y una toma de decisiones derivada de los datos. Sólo a través de un enfoque multidimensional de todas las formas de violencia, sus causas y
sus efectos, podremos diseñar estrategias efectivas de prevención, protección y apoyo. La mejora de sistemas como VioGén, la inclusión de la violencia vicaria y otras formas de violencia fuera de la pareja, y la eliminación de barreras para la
denuncia son pasos esenciales para construir una sociedad más justa y segura para todas las mujeres. Únicamente así podremos aspirar a erradicar verdaderamente la violencia de género y garantizar una vida libre de miedo y abuso para todas las
mujeres.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Evaluar el sistema VioGén para proponer más ítems que permitan una detección del riesgo más efectiva, así como aplicar las medidas de protección que corresponda.
2. Permitir auditorías algorítmicas externas e independientes del sistema VioGén.
3. Introducir procedimientos algorítmicos diseñados por un equipo pluridisciplinar y diverso (compuesto en su mayoría por mujeres, de origen diverso, del pueblo gitano, entre otras, con diferentes procedencias socio-económicas a su vez),
que permita al sistema VioGén sugerir probabilidades de sufrir violencia económica, sexual o psicológica, así como otros delitos como acoso.
4. Asegurar que la decisión final sobre cómo actuar respecto de estos indicadores será tomada por un ser humano.
5. Establecer una evaluación del riesgo del sistema VioGén dirigidos a hijos e hijas víctimas de violencia de género para la atención de la violencia vicaria.
6. Ofrecer formaciones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para erradicar cualquier tipo de dificultad en la cumplimentación del Sistema VioGén o para interpretar cualquier ítem previsto en el cuestionario.
7. Realizar investigaciones anuales para el desarrollo de estudios longitudinales que permitan evaluar la evolución de las violencias de género.
8. Introducir nuevos ítems en las investigaciones sobre las violencias de género para aproximarse al ámbito fuera de la pareja y/o expareja y conocer la etiología de la violencia vicaria.
9. Crear equipos multidisciplinares integrados por profesionales de la Criminología, Sociología, Psicología y Estadística, de diferentes procedencias, culturas y orígenes especializados en violencias de género para la adecuada
interpretación de los datos y la propuesta de políticas públicas conforme a la realidad estudiada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias, Gala Pin Ferrando, Teslem Andala Ubbi, Agustín Santos Maraver, Àgueda Micó Micó, Verónica Martínez Barbero, Francisco
Sierra Caballero, Rafael Cofiño Fernández, Jorge Pueyo Sanz y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa a la regulación y control de los sellos de accesibilidad, para su debate en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia 2020, elaborada por el INE en España, señala que hay 4,38 millones de personas que declaran tener alguna discapacidad.
Por otra parte, los cambios demográficos experimentados en las últimas décadas en nuestro país, han traído consigo un proceso de envejecimiento de la población y, como efecto, el aumento de las personas con discapacidad, ya que la edad es un
factor determinante en la aparición de este fenómeno.
Según la RAE, discapacidad es la 'situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentran dificultades para su participación e inclusión social'. Entre esas 'dificultades' para
la participación e inclusión social está la falta de accesibilidad.
La accesibilidad es uno de los principales objetivos que establece la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó el 13 de diciembre de 2006 por 1a Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social define la accesibilidad como 'la condición que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la
forma más autónoma y natural posible.
Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas, y se entienden sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse'.
La misma norma señala como exigencias de accesibilidad los 'requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los' principios de
accesibilidad universal y de diseño para todas las personas'.
La accesibilidad, además de una obligación legal, es un derecho que no sólo debe recogerse en la normativa, sino llevarlo a la práctica en los diferentes entornos, productos o servicios.
En este sentido, los organismos de estandarización europeos, nacionales e internacionales vienen desarrollado en colaboración público-privada un sólido catálogo de estándares voluntarios realizados con la participación de todos los grupos de
interés afectados, teniendo un rol destacado y en muchos casos de liderazgo las personas con discapacidad y sus representantes. Entre estos estándares o normas se encuentran, por ejemplo, las normas europeas EN 17210:2021 de accesibilidad del
entorno construido y EN 301549:2021 de accesibilidad de productos y servicios TIC, las españolas UNE 170001-2:2007 de sistema de gestión de la accesibilidad y UNE 153101:2018 EX de lectura fácil o la internacional ISO 21902:2021 de turismo
accesible. De hecho, la Comisión Europea está impulsando el desarrollo de una batería de estándares europeos para dar soporte a la Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios.
En la actualidad existen en nuestro país algunos sellos de accesibilidad que otorgan las administraciones públicas o el movimiento asociativo. Entre ellas, se puede citar el de la Diputación de Granada o el dé la Fundación Bequal, una
entidad sin ánimo de lucro promovida por el CERMI que, junto a la Fundación ONCE, se planteó en el año 2011 un sello que reconociera a las organizaciones socialmente responsables con las personas con discapacidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos de regulación y control necesarios para garantizar la calidad y rigurosidad de los sellos y certificaciones de accesibilidad a entornos, productos y servicios,
siguiendo los criterios y requisitos establecidos por los estándares publicados por los organismos de estandarización tanto nacionales como europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2024.-Emilio Sáez Cruz, Inés Plaza García, Olvido de la Rosa Baena, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María Mercè Perea i Conillas,
Esther Rodríguez Suárez, Carlos Sauquillo y Margarita Martín Rodríguez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000494
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Qué planificación tiene ADIF-AV para realizar en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago la migración del ancho ibérico al ancho de vía estándar (UIC)?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/000495
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado y adoptará ADIF-AV para solucionar las reiteradas incidencias que se producen en el cambiador de ancho de Taboadela y que afectan de modo sensible a la correcta circulación de los trenes entre Galicia y Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/000496
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Celso Delgado Arce.
Texto:
¿A qué obedece que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible esté retrasando los proyectos y las obras de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Ourense?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/000497
Grupo Parlamentario Republicano
Diputada: Inés Granollers Cunillera
Dirigida a: Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible
Texto:
¿Qué opinión le merece la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad en el Estado Español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.
Grup Parlamentari Republicà
Diputada: Inés Granollers Cunillera
Dirigida a: Secretari d'Estat de Transports i Movilitat Sostenible
Text:
Quina opinió li mereix la liberalització del transport ferroviari d'alta velocitat en l'Estat Espanyol?
Congrés dels Diputats, 11 setembre de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.
181/000498
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con la activación de la transferencia de la titularidad y gestión a la Comunidad Autónoma de Galicia de la autopista del Atlántico AP-9, así como sobre el cumplimiento de los compromisos que
adquirió sobre la implantación de nuevas bonificaciones a los usuarios y el de la gratuidad de la autopista expresada en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/000499
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Alberto Fabra Part.
Texto:
¿Por qué no es prioritario para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el mantenimiento y ejecución de las conexiones de la AP7 con los municipios de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Alberto Fabra Part, Diputado.
181/000500
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada: Soledad Cruz-Guzmán García.
Texto:
¿Qué mejoras tiene previstas el Gobierno en el aeropuerto de Sevilla para suplir los agravios de inversión en dicha infraestructura de movilidad en comparación con el resto de los aeropuertos de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Soledad Cruz-Guzmán García, Diputada.
181/000501
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Rafael Hernando Fraile, Ana Martínez Labella y Maribel Sánchez Torregrosa.
Texto:
¿Cuál es la fecha de finalización y entrega de obra que figura en el documento contractual suscrito con la empresa adjudicataria para la ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad
Murcía-Almería tramo Los Arejos-Níjar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Rafael Hernando Fraile, Ana Martínez Labella y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/000502
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Tomás Cabezón Casas
Texto:
¿Cuántos años necesita el Gobierno para presentar y aprobar el estudio de viabilidad del corredor ferroviario Soria-Castejón y atender de una vez a las necesidades de conectividad en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Tomás Cabezón Casa, Diputado.
181/000503
Grupo Parlamentario Socialista
Texto:
¿Sigue siendo, para el Gobierno, la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, un proyecto clave para el desarrollo económico de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Ferrán Verdejo Vicente y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.
181/000504
Grupo Parlamentario Socialista
Texto:
¿Que actuaciones está desarrollando y tiene previsto desarrollar en Rodalies de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Ferrán Verdejo Vicente y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.
181/000505
Grupo Parlamentario Socialista
Texto:
¿Puede informar de los avances que se están realizando en las inversiones que está impulsando el Gobierno en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Herminio Sancho Íñiguez y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.
181/000506
Grupo Parlamentario Socialista
Texto:
¿Podrían facilitarnos información sobre los avances y previsiones de las obras de la red ferroviaria Madrid-Ciudad Real-Puertollano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Cristina López Zamora y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.
181/000507
Grupo Parlamentario Socialista
Texto:
¿Qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno para garantizar la movilidad de las personas residentes en las islas en igualdad de condiciones con las del resto de la ciudadanía española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Milena Herrera García y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.
181/000508
Grupo Parlamentario Socialista
Texto:
¿Previsión de actuaciones (nuevos enlaces y tercer carril) en el corredor AP-1 Burgos- Miranda de Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Álvaro Morales Álvarez y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.
181/000509
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Diputada: Maribel Vaquero Montero
Dirigida: Al Gobierno
Texto:
¿Cuál es el plan de medidas adoptado por el Gobierno para paliar las graves consecuencias que están causando las diferentes obras en el tramo Irun-Brinkola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Maribel Vaquero Montero, Diputada.
181/000510
Grupo Parlamentario Junts per Catalunya
Autor: Isidre Gavin I Valls
Texto:
¿Cuántas incidencias se han producido en los últimos meses en el servicio de alta velocidad con salida o destino a Catalunya y cuáles han sido los motivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputado.
Grup Parlamentari Junts per Catalunya
Autor: Isidre Gavin I Valls
Text:
Quantes incidències s'han produït els últims mesos en els serveis d'alta velocitat amb sortida o destí a Catalunya i quins han estat els principals motius?
Congrés dels Diputats, 12 de setembre de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputat.
181/000511
El Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, plantea la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta oral en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Cuál es el grado de desarrollo del compromiso de implantar el servicio de cercanías ferroviarias en Galiza en esta legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Texto:
Cal é o grao de desenvolvemento do compromiso de implantar o servizo de cercanías ferroviarias na Galiza nesta lexislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, a 13 de setembro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Deputado.
181/000512
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja
Texto:
¿Cuál es la situación actual y cuál es el cronograma de los trámites siguientes que maneja el Gobierno de España para seguir dando pasos para la ejecución de la A40, a su paso por las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, tanto en su tramo
Ávila-A6 como en el tramo Ávila Maqueda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja, Diputados.
181/000513
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Héctor Palencia Rubio y Esther Llamazares Domingo
Texto:
¿Cuál es la verdadera razón por la que el Ministerio insiste en construir el Vial de Jove de Gijón en superficie y descartó el proyecto de un túnel soterrado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Héctor Palencia Rubio y Esther Llamazares Domingo, Diputados.
181/000514
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Javier Merino Martínez
Texto:
¿Cree el Gobierno de España que en la Comunidad Autónoma de La Rioja es digno el actual sistema ferroviario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Javier Merino Martínez, Diputado.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión. Seguridad Social y Migraciones
181/000515
Diputados: María Isabel Prieto Serrano, Cristóbal Garre Murcia, Irene Garrido Valenzuela, Gema Pérez Recuerda, Sofía Acedo Reyes, Maribel Sánchez Torregrosa, Alma Alfonso Silvestre y Rafael Belmonte Gómez
Texto:
¿Cuándo se va a cumplir por el Gobierno el compromiso asumido por la Ministra de Trabajo, en enero del 2024, de publicar la cifra con el desglose de los trabajadores fijos discontinuos inactivos de forma periódica y en fuentes oficiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Cristóbal Garre Murcia, Irene Garrido Valenzuela, Gema Pérez Recuerda, Sofía Acedo Reyes, Maribel Sánchez Torregrosa, Alma Alfonso Silvestre y
Rafael Belmonte Gómez, Diputados.
181/000516
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Isabel Prieto Serrano, Cristóbal Garre Murcia, Irene Garrido Valenzuela, Gema Pérez Recuerda, Sofía Acedo Reyes, Maribel Sánchez Torregrosa, Alma Alfonso Silvestre y Rafael Belmonte Gómez
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno, en concreto el Ministerio de Trabajo para solucionar los graves problemas de falta de personal en el SEPE, teniendo en cuenta el incremento de las cargas de trabajo, que se va a producir con la
tramitación del Ingreso Mínimo Vital, a los efectos de garantizar una prestación del servicio público de calidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Cristóbal Garre Murcia, Irene Garrido Valenzuela, Gema Pérez Recuerda, Sofía Acedo Reyes, Maribel Sánchez Torregrosa, Alma Alfonso Silvestre y
Rafael Belmonte Gómez, Diputados.
181/000517
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Isabel Prieto Serrano, Cristóbal Garre Murcia, Irene Garrido Valenzuela, Gema Pérez Recuerda, Sofía Acedo Reyes, Maribel Sánchez Torregrosa, Alma Alfonso Silvestre y Rafael Belmonte Gómez
Texto:
¿Tiene el Gobierno previsto adoptar medidas que puedan solucionar el aumento del absentismo laboral, que está afectando a la productividad de las empresas, y cuáles serían?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Cristóbal Garre Murcia, Irene Garrido Valenzuela, Gema Pérez Recuerda, Sofía Acedo Reyes, Maribel Sánchez Torregrosa, Alma Alfonso Silvestre y
Rafael Belmonte Gómez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transportes y Movilidad
Sostenible, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Núm, expte.: 184/009578
Núm, registro: 28587
Autor iniciativa: Franco González, Silvia (GP) Muñoz de la Iglesia, Ester (GP) Palencia Rubio, Héctor (GP)
Objeto iniciativa: Incidencias sufridas por FEVE en la provincia de León en el año 2024.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 162, de 17 de julio de 2024.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000518.
184/012963
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR) Boada Danés, Júlia (GSUMAR)
Uso de armas para la prestación de servicio de vigilancia de la finca de Can Juncadella en Lloret de Mar (Girona).
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, Júlia Boada Danés y Fèlix Alonso Cantorné, diputada adscrita y diputado adscrito respectivamente al grupo parlamentario Plurinacional
SUMAR, formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
En el año 2009 la propiedad de la Finca de Can Juncadella situada en el término de Lloret de Mar (Girona) firmó un convenio con el Ayuntamiento de dicho municipio para llevar a cabo una serie de mejoras en los accesos del camino de ronda,
que provocaron el cierre de esa parte del camino y que nunca se llegaron a ejecutar.
A partir de ese momento se inició un gran movimiento ciudadano, encabezado por l'Associació Ciutadana SOS Lloret y SOS Costa Brava, por el que se vinieron sucediendo diferentes acciones para reclamar la reapertura de este camino histórico y
de uso público, así como denunciar la fragmentación de los caminos de ronda de la Costa Brava, provocada por las prácticas abusivas de distintas propiedades de fincas en primera línea de mar que realizan un uso privativo, impidiendo su uso público.
El camino de Can Juncadella estuvo cerrado al público, judicializándose el conflicto, hasta que en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolvió que ese tramo del camino era de uso público, tal y como había sentenciado el
Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Girona. La propiedad, en una estrategia de desgaste que todavía hoy continúa, interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, quien en el año 2020 acabo ratificando la sentencia del TSJC.
Con la sentencia ya ratificada por el TS se han ido reproduciendo en los últimos años algunos intentos y acciones de la sociedad civil, tanto de forma organizada y masiva como en uso de ocio privado o familiar para intentar hacer uso
legítimo del tramo del camino de ronda de Can Juncadella, encontrándose continuamente con el impedimento del paso por parte de la seguridad privada de la finca, produciéndose además situaciones de mucha tensión, amenazas o exhibición de armas de
distinto calibre con intención disuasoria por parte de estos agentes privados, tal y como demuestran pruebas documentales recogidas por los caminantes, como fotografías y videos donde pueden observarse estas actitudes así como el armamento
utilizado.
Diariamente las personas que intentan hacer uso del camino de ronda a su paso por Can Juncadella se encuentran con avisos por megafonía, carteles intimidatorios y señales de prohibido el paso a peatones, contradiciendo lo resuelto sobre el
uso público del mismo,
por el TSJC i ratificado por el TS, y la presencia de este personal de seguridad privada armado es inminente si no se acatan las órdenes por parte de los caminantes.
En España la prestación de servicios con armas por parte de los vigilantes de seguridad está prevenida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, en desarrollo especial de la Ley de Seguridad
de Ciudadana.
Por lo que respecta a la prestación de servicios con armas en España, los/las vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego los siguientes servicios:
- Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y distribución de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos.
- Los de vigilancia y protección de:
Centros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes del Ministerio de Defensa, en los que presten servicios miembros de las Fuerzas Armadas que estén destinados al uso por el citado personal.
Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias peligrosas.
Industrias o establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la legislación de actividades clasificadas, por manipulación, utilización o producción de materias inflamables o explosivas que se encuentren en despoblado.
- En los establecimientos que a continuación se relacionan, entidades, organismos, inmuebles y buques, cuando así se disponga por la Dirección General de la Policía en los supuestos que afecten no circunscritos al ámbito provincial, o por
las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, valoradas circunstancias tales como la localización, el valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo o peligrosidad, la nocturnidad u otras de análoga significación:
Dependencias de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades de crédito.
Centros de producción, transformación y distribución de energía.
Centros y sedes de repetidores de comunicación.
Polígonos industriales y lugares donde se concentre almacenamiento de materias primas o mercancías.
Urbanizaciones aisladas.
Joyerías, platerías o lugares donde se fabriquen, almacenen o exhiban objetos preciosos.
Museos, salas de exposiciones o similares.
Los lugares de caja o donde se concentren fondos de grandes superficies comerciales o de casinos de juego.
Buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos.
Cuando las empresas, organismos o entidades titulares de los establecimientos o inmuebles entendiesen que, en supuestos no incluidos en el apartado anterior, el servicio debiera ser prestado con armas de fuego, teniendo en cuenta las
circunstancias que en el mismo se mencionan, solicitarán la correspondiente autorización a la Dirección General de la Policía, respecto a supuestos supraprovinciales o a las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.
Y sobre el modelo de armamento que puede ser utilizado en esta prestación de servicios, el arma reglamentaria de los/las vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, en los servicios que hayan de prestarse con
armas, será el revólver calibre 38 especial de cuatro pulgadas.
Cuando esté dispuesto el uso de armas largas, utilizarán la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidos en un taco contenedor.
Cuando en el servicio a prestar por los/las vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, concurran circunstancias extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de estas armas, podrá utilizarse el arma larga
rayada de repetición, concebida para usar con cartuchería metálica apta para su utilización con arma corta, de calibre 6'35, 7'65, 9 mm, corto, 9 mm, parabellum o 9 mm, largo, previa autorización de la Dirección General de la Policía, que resolverá
teniendo en cuenta el informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes.
Previa solicitud de la empresa de seguridad, la Dirección General de la Policía podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se ajusten a lo prevenido en el Reglamento de
Armas. De igual manera, podrá autorizar la utilización de otros elementos defensivos, para su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.
Ante esta situación,
¿Tiene el Gobierno conocimiento del uso de armas para la prestación de servicio de vigilancia de la finca de Can Juncadella en Lloret de Mar?
[...]
¿Ha autorizado la Dirección General de la Policía el uso de armas en las inmediaciones de la finca de Can Juncadella y en el camino de uso público?
¿Tiene el Gobierno censadas todas estas armas, sus propietarios y sus licencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Júlia Boada Danés y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
A l'empara del que s'estableix a l'article 185 i els següents del REglament del Congrés dels Diputats, Júlia Boada Danés i Fèlix Alonso Cantorné, diputada adscrita i diputat adscrit respectivament al grup parlamentari Plurinacional SUMAR,
formulen les següents preguntes al Govern per a la seva resposta per escrit.
L'any 2009 la propietat de la Finca de Can Juncadella situada en el terme de Lloret de Mar (Girona) va signar un conveni amb l'Ajuntament d'aquest municipi per a dur a terme una sèrie de millores en els accessos del camí de ronda, que van
provocar el tancament d'aquesta part del camí i que mai es van arribar a executar.
A partir d'aquest moment es va iniciar un gran moviment ciutadà, encapçalat per l'Associació Ciutadana SOS Lloret i SOS Costa Brava, pel qual es van venir succeint diferents accions per a reclamar la reobertura d'aquest camí històric i d'ús
públic, així com denunciar la fragmentació dels camins de ronda de la Costa Brava, provocada per les pràctiques abusives de distintes propietats de finques en primera línia de mar que realitzen un ús privatiu, impedint el seu ús públic.
El camí de Can Juncadella va estar tancat al públic, judicialitzant-se el conflicte, fins que en 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va resoldre que aquest tram del camí era d'ús públic, tal i com havia sentenciat el
Jutjat número 3 Contenciós-Administratiu de Girona. La propietat en una estratègia de desgast que encara contínua avui va interposar un nou recurs davant el Tribunal Suprem, qui l'any 2020 acabo ratificant la sentència del TSJC.
Amb la sentència ja ratificada pel TS s'han anat reproduint en els darrers anys alguns intents i accions de la societat civil, tant de forma organitzada i massiva com fent ús d'oci privat o familiar per a intentar fer ús legítim del tram del
camí de ronda de Can Juncadella, trobant-se contínuament amb l'impediment del pas per part de la seguretat privada de la finca, produint-se a més situacions de molta tensió, amenaces o exhibició d'armes de diferent calibre amb intenció dissuasiva
per part d'aquests agents privats, tal com
demostren proves documentals recollides pels caminants, com a fotografies i vídeos on es poden observar aquestes actituds així com l'armament utilitzat.
Diàriament les persones que intenten fer ús del camí de ronda al seu pas per Can Juncadella es troben amb avisos per megafonia, cartells intimidatoris i senyals de prohibit el pas a vianants, contradient el resolt sobre l'ús públic d'aquest,
pel Contenciós-Administratiu, el TSJC i ratificat pel TS, i la presència d'aquest personal de seguretat privada armat es fa imminent si no s'acaten les ordres per part dels caminants.
A Espanya la prestació de serveis amb armes per part dels vigilants de seguretat està previnguda en el Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes, en desenvolupament especial de la Llei de Seguretat de
Ciutadana.
Pel que respecta a la prestació de serveis amb armes a Espanya, els/les vigilants només exerciran amb armes de foc els següents serveis:
- Els de protecció de l'emmagatzematge, recompte, classificació, transport i distribució de diners, valors i objectes valuosos o perillosos.
- Els de vigilància i protecció de: Centres i establiments militars i aquells altres dependents del Ministeri de Defensa, en els quals prestin servei membres de les Forces Armades que estiguin destinats a l'ús pel citat personal.
Fàbriques, dipòsits i transport d'armes, explosius i substàncies perilloses
Indústries o establiments qualificats com a perillosos, conformement a la legislació d'activitats classificades, per manipulació, utilització o producció de matèries inflamables o explosives que es trobin en despoblat.
- En els establiments que a continuació es relacionen, entitats, organismes, immobles i vaixells, quan així es disposi per la Direcció General de la Policia en els supòsits que afectin no circumscrits a l'àmbit provincial, o per les
Delegacions o Subdelegacions del Govern, valorades circumstàncies com ara la localització, el valor dels objectes a protegir, la concentració del risc o perillositat, la nocturnitat o altres d'anàloga significació:
Dependències de Bancs, Caixes d'Estalvi i entitats de crèdit.
Centres de producció, transformació i distribució d'energia
Centres i seus de repetidors de comunicació. Polígons industrials i llocs on es concentri emmagatzematge de matèries primeres o mercaderies. Urbanitzacions aïllades.
Joieries, argenteries o llocs on es fabriquin, emmagatzemin o exhibeixin objectes preciosos. Museus, sales d'exposicions o similars.
Els llocs de caixa o on es concentrin fons de grans superfícies comercials o de casinos de joc. Vaixells mercants i vaixells pesquers que naveguin sota bandera espanyola en aigües en les quals existeixi greu risc per a la seguretat de les
persones o dels béns, o per a tots dos.
Quan les empreses, organismes o entitats titulars dels establiments o immobles entenguessin que, en supòsits no inclosos en l'apartat anterior, el servei hagués de ser prestat amb armes de foc, tenint en compte les circumstàncies que en el
mateix s'esmenten, sol·licitaran la corresponent autorització a la Direcció General de la Policia, respecte a supòsits supraprovincials o a les Delegacions o Subdelegacions del Govern.
I sobre el model d'armament que pot ser utilitzat en aquesta prestació de serveis, l'arma reglamentària d'els/les vigilants de seguretat i la seva especialitat de vigilants d'explosius, en els serveis que hagin de prestar-se amb armes, serà
el revòlver calibri 38 especial de quatre polzades.
Quan estigui disposat l'ús d'armes llargues, utilitzaran l'escopeta de repetició del calibre 12/70, amb cartutxos de 12 postes compresos en un tac contenidor.
Quan en el servei a prestar per els/les vigilants de seguretat i la seva especialitat de vigilants d'explosius, concorrin circumstàncies extraordinàries que impedeixin o desaconsellin l'ús d'aquestes armes, podrà utilitzar-se l'arma llarga
ratllada de repetició, concebuda per a usar amb cartutxera metàl·lica apta per a la seva utilització amb arma
curta, de calibre 6'35, 7'65, 9 mm, curt, 9 mm, parabellum o 9 mm, llarg, prèvia autorització de la Direcció General de la Policia, que resoldrà tenint en compte l'informe de la Comissió Inter ministerial Permanent d'Armes i Explosius, i
valorant les circumstàncies concurrents.
Prèvia sol·licitud de l'empresa de seguretat, la Direcció General de la Policia podrà autoritzar la substitució o complement de la defensa reglamentària per altres armes defensives, sempre que s'ajustin al previngut en el Reglament d'Armes.
D'igual manera, podrà autoritzar la utilització d'altres elements defensius, per al seu ús en esdeveniments o serveis que, per les seves condicions de desenvolupament, ho requereixin.
Davant aquesta situació,
Té el Govern coneixement de l'ús d'armes per a la prestació de servei de vigilància de la finca de Can Juncadella a Lloret de Mar?
[...]
Ha autoritzat la Direcció General de la Policia l'ús d'armes en els voltants de la finca de Can Juncadella i en el camí d'ús públic?
Té el Govern censades totes aquestes armes, els seus propietaris i les seves llicències?
Palau del Congrés dels Diputats Madrid, 10 de setembre de 2024.-Júlia Boada Danés y Fèlix Alonso Cantorné, Diputats.