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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 199, de 20/09/2024
cve: BOCG-15-D-199
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de septiembre de 2024
Núm. 199
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página4)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página4)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página5)
Declaración de intereses económicos ... (Página31)
PERSONAL
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados.
Cese ... (Página36)
Nombramiento ... (Página36)
299/000004 Personal eventual para la atención de los señores Presidentes de Comisión.
Ceses ... (Página36)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000234 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plurinacional SUMAR, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
Retirada de firma ... (Página37)
162/000284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de medidas para el control efectivo de flujos migratorios irregulares en España.
Retirada ... (Página37)
162/000304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela ... (Página38)
162/000305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat ... (Página40)
162/000306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre impulso y gobernanza de la política industrial en España en un marco de condiciones laborales justas ... (Página41)
162/000307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la condena de los crímenes internacionales cometidos por Israel contra las personas detenidas desde octubre de 2023 y contra la escalada
de violencia y la aplicación de medidas de castigo colectivo contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este ... (Página44)
162/000308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para proponer, tanto en el seno de las instituciones europeas como en el resto de la comunidad internacional, el embargo inmediato del patrimonio, cuentas bancarias,
tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano ... (Página48)
162/000310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2024-2025 ... (Página50)
Otros textos
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000006 Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto
no financiero del presupuesto del Estado para el año 2025 ... (Página52)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
ANTONA GÓMEZ, Asier 12-09-2024
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mercedes 17-09-2024
Alta:
MOLINA LEÓN, Ainhoa 17-09-2024
MONTÁVEZ AGUILLAMUE, Vicente 17-09-2024
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Madrid:
MONTÁVEZ AGUILLAMUE, Vicente PSOE
Santa Cruz de Tenerife:
MOLINA LEÓN, Ainhoa PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: MONTÁVEZ AGUILLAUME, Vicente
Circunscripción: Madrid
Número: 390
Fecha: 17 de septiembre de 2024
Formación electoral: PSOE
Nombre: MOLINA LEÓN, Ainhoa
Circunscripción: Santa Cruz de Tenerife
Número: 391
Fecha: 17 de septiembre de 2024
Formación electoral: PP
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Socialista
(061/000009)
Suplentes
Baja:
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mercedes 17-09-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(010/000001)
Número de miembros al 17 de septiembre de 2024: 137
Baja:
ANTONA GÓMEZ, Asier 12-09-2024
Alta:
MOLINA LEÓN, Ainhoa 17-09-2024
Grupo Parlamentario Socialista
(010/000005)
Número de miembros al 17 de septiembre de 2024: 120
Baja:
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mercedes 17-09-2024
Alta:
MONTÁVEZ AGUILLAMUE, Vicente 17-09-2024
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
ALMIRÓN RUIZ, Oriol (GS) (núm. expte. 005/000388/0000) 0 ... (Página21)
ANTONA GÓMEZ, Asier (GP) (núm. expte. 005/000255/0001) 2 ... (Página11)
CANELO MATITO, Andrea (GS) (núm. expte. 005/000387/0000) 0 ... (Página6)
IBÁÑEZ HERNANDO, Ángel (GP) (núm. expte. 005/000171/0001) 1 ... (Página16)
REY DE LAS HERAS, Luis Alfonso (GS) (núm. expte. 005/000010/0001) 1 ... (Página26)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
007 Declaración de intereses económicos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de intereses económicos presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
ALMIRÓN RUIZ, Oriol (GS) (núm. expte. 007/000388/0000) 1 ... (Página34)
CANELO MATITO, Andrea (GS) (núm. expte. 007/000387/0000) 1 ... (Página32)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
PERSONAL
299/000003
Cese
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de septiembre de 2024, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a
propuesta del Excmo. Sr. D. Jaime Eduardo de Olano Vela, con efectos de 15 de septiembre de 2024, de D. Álvaro Mateos López, como personal eventual en el cargo de Asistente técnico para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nombramiento
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de septiembre de 2024 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Olga Velázquez
Rodríguez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Montserrat Mínguez García, con efectos de 17 de septiembre de 2024 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
299/000004
Ceses
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de septiembre de 2024, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, con
efectos de 16 de septiembre de 2024, de D.ª Olga Velázquez Rodríguez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de septiembre de 2024, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a
propuesta de la Excma. Sra. D.ª Aina Vidal Sáez, con efectos de 15 de septiembre de 2024, de D.ª Marina Isun Blasi, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Economía Social,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000234
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 142, de 17 de mayo de 2024.
162/000284
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Retirada de su Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas para el control efectivo de flujos migratorios irregulares en España.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 189, de 30 de agosto de 2024.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, para su discusión en
Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Elecciones Presidenciales en Venezuela
El pasado 28 de julio se celebraron elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Con el fin de torpedearlas, el régimen encabezado por Nicolás Maduro impidió que la líder de la oposición, María Corina Machado, se
pudiese presentar como candidata.
El pueblo venezolano salió en masa para participar en las citadas elecciones con el fin de acabar con el régimen dictatorial que gobierna actualmente Venezuela. Sin embargo, y a pesar de la valentía demostrada por los venezolanos, el
régimen se niega a que los resultados electorales sean publicados y auditados, sabedor de que ha perdido las
elecciones. No obstante, la oposición ha logrado publicar 24.532 actas, que se corresponden con el 81,7 % del total. Los resultados obtenidos tras el cotejo de estas actas reflejan un rotundo triunfo del candidato Edmundo González Urrutia,
que habría obtenido el 67 % de los votos, frente al 30 % cosechado por el dictador Nicolás Maduro 1.
Segundo. La represión del régimen bolivariano
Tras la jomada electoral, Nicolás Maduro Moro fue proclamado por los organismos afines del régimen como vencedor de los comicios. Sin embargo, y como prueba de la voluntad de cambio que anhela el pueblo venezolano, éste se manifestó
masivamente contra el régimen y contra el fraude electoral que se había perpetrado.
Ante las innumerables muestras de rechazo de los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral ('CNE'), el régimen ha endurecido su represión contra el pueblo venezolano. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
('CIDH') y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ('RELE') condenaron la represión contra personas manifestantes en el contexto poselectoral 2. En total, se han contabilizado 1.581 arrestos con motivos políticos desde el 29 de julio
hasta el 27 de agosto de 2024 3.
No obstante, conviene recordar que la represión es una herramienta que vienen utilizando el régimen dictatorial desde hace años. Prueba de ello es la denuncia que presentaron seis países 4 ante la Corte Penal Internacional ('CPI') -en
noviembre de 2021-, contra el régimen bolivariano, por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Como muestra de la solidez de la denuncia, los jueces de la CPI rechazaron por unanimidad la impugnación presentada por la dictadura.
Esta denuncia está respaldada por un informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ('OEA'), de 2 de diciembre de 2020, que relataba los siguientes datos 5:
- 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
- 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.
- 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014 hasta 2020.
- La violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante las protestas de 2017 se
documentaron más de 90 casos de detenciones arbitrarias y que incluían 'violaciones y otras formas de violencia sexual' 6.
- 653 casos documentados de tortura entre 2014 y 2020.
Por todo ello, nuestro país no puede permanecer indiferente frente al fraude electoral que ha realizado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Asimismo, el Gobierno español debe romper todos sus lazos con un régimen que reprime y realiza
los peores crímenes posibles contra su propio pueblo. Y con más motivo si cabe, por tratarse de un pueblo hermano con el que compartimos una arraigada herencia cultural y al que no se puede dejar abandonado al albur a los desconocidos intereses del
actual Gobierno de España.
1 'Cuáles son los resultados de las elecciones en Venezuela según las actas publicadas por la oposición', BBC News Mundo, 06.08.24. Disponible [en línea]: https://www.bbc.com/mundo/articles/cj088ml6z08o
2 'Venezuela: CIDH y RELE condenan graves violaciones a derechos humanos denunciadas durante la represión en las protestas poselectorales', Organización de Estados Americanos, 31.07.24. Disponible [en línea]:
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/174.asp&utm_content=country-ven&utm_term=class-mon
3 https://foropenal.com/presos-politicos/
4 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
5 Informe de la Secretaría General de la OEA reafirma crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Organización de Estados Americanos, 02.12.20. Disponible [en línea]:
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-122/20
6 Ibidem. p. 134.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador y, por ende, presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como promover
su reconocimiento a nivel internacional y por parte de las instituciones europeas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El president de la Generalitat, Salvador lila, ha situado como prioridad la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha anunciado el Govern volverá a convocar la mesa entre Generalitat y Gobierno para que en 'tres o cuatro meses' se
presenten las propuestas técnicas.
Este proyecto lleva bloqueado desde 2021, cuando se anunció un acuerdo entre los gobiernos español y de la Generalitat para dicha ampliación. Uno de los puntos de esa ampliación consiste en extender una de las pistas para que puedan
aterrizar grandes aeronaves.
En el momento en el que se planteó por primera vez aquel proyecto de ampliación, fueron muchos los informes científicos y las advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto ambiental. Esa extensión no solo invadirá una zona
de la Red Natura 2000, La Ricarda, sino que el incremento del tráfico aéreo conllevará un aumento de las emisiones de CO2.
Los últimos informes del Panel Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, no dejan lugar a duda: la temperatura global del planeta está aumentando y los cambios climáticos que genera se están acelerando,
como es más evidente cada día. Todo ello debido a la acción del hombre y concretamente al CO2 que emitimos. Si bien España ha experimentado reducciones sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero desde 2005 (en 2022, las emisiones
de gases de efecto invernadero fueron un 33 % más bajas que las emisiones en 2005), sus esfuerzos en comparación con 1990 se quedan cortos con respecto a la media de la Unión Europea. Históricamente, los sectores de la producción eléctrica e
industria han sido los principales emisores, pero desde 2010 las emisiones del transporte nacional los han superado.
Se calcula que, a nivel global, en 2050 un cuarto de las emisiones contaminantes procederá del tráfico aéreo. Las emisiones procedentes del sector aéreo no solamente no se han reducido, sino que ha aumentado un 75 % entre 1990 y 2012 7.
Cabe destacar que:
- El 34 % (51) de los 150 vuelos de corta distancia más concurridos de la UE tienen alternativas de tren de menos de seis horas.
7 https://davidsuzuki.org/living-green/air-travel-climate-change/
- El 29 % (73) de los 250 vuelos de corta distancia más concurridos de Europa (UE, Noruega, Suiza y Reino Unido) tienen alternativas de tren de menos de seis horas.
- Sólo el 27 % (41) de los 150 vuelos más concurridos de la UE tienen alternativas de trenes nocturnos directos en 2021.
Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que dañan el clima la vía es decrecer en la aviación y reducir los vuelos actuales, no ampliar las infraestructuras que aumentarían el tráfico aéreo generando más emisiones.
Por otro lado, la ampliación del aeropuerto del Prat tendría un impacto irreversible sobre los últimos ecosistemas naturales de la zona, por lo que su ampliación genera una amplía oposición en la zona afectada.
Con la información que tenemos sobre las causas y efectos del cambio climático en la actualidad, es evidente que un proyecto de extensión de una pista aeroportuaria para aumentar el tráfico aéreo no está en línea con las acciones que
recomienda el IPCC para hacer frente al cambio climático.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Descartar el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat.
2. Impulsar el ferrocarril como medio de transporte alternativo al transporte aéreo, limitando su coste y aumentando las frecuencias, y fomentando las líneas convencionales, no centralizadas y de media distancia.
3. Recuperar y potenciar los trenes nocturnos y desarrollar una red ferroviaria no centralizada e interconectada con toda Europa.
4. Restringir los vuelos cortos (de menos de una hora de duración), impulsando alternativas de transporte limpio, preferentemente conexiones económicas y accesibles de ferrocarril.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso y gobernanza de la política industrial en España en un marco
de condiciones laborales justas, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Durante la crisis de la COVID se pudo apreciar la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundial. Sólo la paralización del puerto de la ciudad china de Shenzen en 2021 supuso el retraso de centenares de miles de containers y un impacto
mayor en el comercio mundial. Por su parte, la guerra de Ucrania ha mostrado las consecuencias económicas que ha tenido para Europa y su industria una excesiva dependencia del gas ruso. La necesidad de cierta autonomía industrial se puso sobre la
mesa.
Después de varias décadas de casi total ausencia de política industrial, la mejor es la que no se hace, decían algunos, se ha probado necesario repensar cómo se direcciona la industria en un contexto de altos costes energéticos,
inestabilidad geopolítica y creciente presión a causa del cambio climático.
En ese sentido, una política industrial activa y condicionada se ha mostrado más eficiente que su ausencia, como muestra el caso de Corea del Sur. Según Future Policy Lab partiendo de datos de la OCDE, con un tamaño similar a España, el
país asiático ha aumentado su productividad un 190 % desde 1995 mientras en España la productividad se ha mantenido estable los últimos 25 años. Dicho aumento también ha supuesto que los salarios en Corea del Sur superaran en un 15 % a los salarios
españoles en el año 2020, mientras 20 años antes eran los salarios españoles los que superaban en un 25 % a los coreanos. Finalmente, el saldo comercial de bienes es claramente positivo en Corea del Sur, mientras que España presenta saldos
negativos.
En consecuencia, la política industrial se considera clave para afrontar varios de los problemas de los que España adolece: una balanza comercial deficitaria, una productividad del capital que ha caído un 1,2 % anual entre 2000 y 2022,
según un informe del IVIE (2024), o unos salarios estancados desde los años 90 con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. No todos los sectores económicos son iguales, la industria supone más productividad y mejores salarios.
La política industrial en nuestro país debe ir más allá de la figura de catalizador de iniciativas para dirigir, impulsar y formar nuevos sectores estratégicos. El mercado no siempre se muestra eficiente en la asignación de recursos. En
este sentido, los trabajos de la economista Mariana Mazzucato han probado los desajustes de algunas fórmulas de colaboración entre el estado y el sector privado que no estarían promoviendo políticas públicas óptimas. Hemos visto casos claros de
captación del estado por parte de grandes empresas en asociaciones público-privadas o la absorción total de beneficios de empresas privadas que han basado sus innovaciones en I+D pública sin recibir el estado una contraprestación justa.
Un nuevo estado emprendedor, en términos de la propia Mazzucato, debe ser capaz de imponer cierta condicionalidad para dirigir su política industrial. La lógica de la condicionalidad ha estado presente en otras políticas, recordemos que
algunos países de renta media o baja para obtener financiación del FMI se veían obligados a aplicar draconianos programas de austeridad. Lejos de esta lógica, la condicionalidad de la política industrial es expansiva puesto que busca la generación
de riqueza beneficiosa para el sector privado, pero también para el público; debe haber reciprocidad entre los actores.
La condicionalidad debe concretarse en un marco regulatorio que sea suficientemente específico con los compromisos de los actores, sus responsabilidades y las acciones que se esperan de cada cuál. El Gobierno puede ofrecer beneficios a
determinados sectores productivos y sus empresas como subvenciones, préstamos blandos, incentivos fiscales, apoyo tecnológico o incluso cierta indulgencia en la regulación pero todo ello a cambio de determinados comportamientos empresariales e
inversiones que respondan a un fin público. Esa condicionalidad puede dirigirse por ejemplo a incentivar mejoras en el empleo, contrataciones o en mejorar los procesos empresariales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un
buen sistema de condiciones también supone que el receptor de una ayuda se vea obligada a devolverla en caso de incumplimiento, como podría ser el caso de empresas que deslocalicen su actividad tras haber recibido ayudas. En definitiva, una buena
política industrial debe generar un cambio conductual en las empresas que en último término suponga impactos directos en la economía y bienestar públicos.
Como apunta el Future Policy Lab en su informe 'El retorno de la política industrial', para llevar a cabo una política de este tipo debemos considerar criterios para seleccionar los sectores a los que incentivar y en los que invertir en
nuestra política. Criterios como la competitividad, la creación de empleo, la productividad o la lucha contra el cambio climático. Paralelamente hay que asegurar la coherencia de las políticas y una buena gobernanza de los actores.
Para el desarrollo de una buena política industrial debe garantizarse un sistema de gobernanza que facilite el intercambio de información entre actores públicos y privados, que sea transparente evitando la captura de lo público, pero permita
también la información
adecuada para la toma de decisiones por parte de todos los actores. Debe ser un sistema que incluya al menos al estado, empresa privada, entidades financieras y a los trabajadores. Una política industrial, en definitiva, debe reproducir el
diálogo social invitando a la participación adecuada de las organizaciones sindicales y empresariales más significativas de nuestro país.
En el mismo sentido, la buena gobernanza debe incluir a entidades públicas que pueden ser determinantes para el éxito de la política industrial. Por una parte, debe garantizarse la participación del Servicio Público de Empleo Estatal y de
los servicios de empleo autonómicos para garantizar las políticas activas y formativas de empleo y el reclutamiento ágil de trabajadores para los sectores industriales que se pretendan incentivar y que lo necesiten. Por otra parte, la participación
de entidades como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con participaciones importantes en empresas privadas estratégicas, pueden aportar una visión global muy beneficiosa para la coordinación entre los diversos actores. Otras
entidades públicas con las que se podría contar son el ICO o el CDTI, entre otras.
Una política industrial activa supone riesgos, no obstante, la inacción ante el cambio climático es mucho más peligrosa. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) nos ha informado en sucesivas ocasiones que el
área mediterránea y en concreto nuestro país se van a ver especialmente afectados por fenómenos extremos y que los modos de producción y consumo deben cambiar. Para combatir este fenómeno es necesario tomar medidas también desde la industria, no
sólo por justicia climática y social, sino porque nuestro país cuenta con un incipiente sector en la economía 'verde' que puede suponer un gran impulso económico.
En definitiva, debemos avanzar hacia una política industrial que respete los principios de reciprocidad, visión a largo plazo, condicionalidad y rendición de cuentas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Incorporar los siguientes planteamientos de política industrial en el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica:
1. La priorización de la creación y el mantenimiento del empleo de calidad, así como la formación, cualificación y recualificación de personas trabajadoras en las nuevas necesidades industriales.
2. La centralidad de la transición ecológica en la política industrial, de manera que España pueda aprovechar la ventaja competitiva que aporta la energía renovable en el contexto de relocalización productiva a nivel global.
3. El refuerzo de la participación del Estado en empresas y sectores estratégicos a través de los instrumentos financieros y empresas públicas de las que dispone, promoviendo la creación una agencia industrial pública y un banco público de
inversión con recursos suficientes a partir de los fondos públicos de apoyo a la empresa dependientes de los diferentes ministerios, así como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el resto de instituciones financieras públicas.
4. El planteamiento de la estrategia política industrial desde la condicionalidad en la colaboración público-privada, definiendo, junto a las empresas beneficiarias de las actuaciones, objetivos a medio y largo plazo para maximizar su valor
para las empresas, el Estado y la sociedad. Se establecerán también cláusulas de condicionalidad en las ayudas e inversiones para condicionar las mismas al impulso de un tejido productivo social, fiscal y medioambientalmente responsables.
5. El establecimiento de las siguientes medidas para evitar las deslocalizaciones:
a. La prohibición de que las empresas deslocalizadas puedan realizar despidos colectivos, extinciones de contratos por causas objetivas y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
b. La obligatoriedad de devolver la totalidad del importe de cualquier tipo de ayuda pública recibida en los años previos en caso de deslocalización de la actividad productiva o del empleo, incluidas las propias del ámbito laboral como los
ERTE o el mecanismo RED.
c. La exigencia de que en la transmisión de empresas siempre se realice y se presente a la autoridad laboral un plan de viabilidad cuyo objetivo será el mantenimiento de la actividad productiva y de los puestos de trabajo.
6. Asegurar la participación de los agentes sociales en todo organismo, foro o espacio de coordinación implicado en el diseño de la política industrial en España para su gobernanza óptima.
7. Contar con la participación de la actual Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con cualquier otro organismo financiero
público en el diseño de la política industrial.
8. Incluir en la concepción, diseño y gobernanza de la política industrial a los servicios públicos de empleo, tanto los autonómicos como el SEPE, para facilitar las políticas activas y formativas que favorezcan la inclusión de trabajadores
en los nuevos sectores industriales a incentivar.
9. El impulso de la participación de las personas trabajadoras en las empresas industriales y, en particular, en las cooperativas industriales. Para ello se tendrá en cuenta en el diseño de la política industrial el impulso del tejido
empresarial de la Economía Social y se planteará la transformación en cooperativa o sociedad laboral como alternativa en los procesos de reindustrialización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2024.-Manuel Lago Peñas y Carlos Martín Urriza, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley de condena de los crímenes internacionales cometidos por Israel contra las personas detenidas
desde octubre de 2023 y contra la escalada de violencia y la aplicación de medidas de castigo colectivo contra de la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Palestina lleva 11 meses asediada por una operación militar de castigo colectivo que ha generado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Todo esto ocurre en un contexto marcado por la ocupación ilegal prolongada por 76 años y
caracterizada por la imposición de un régimen de ocupación y apartheid, que representa una violación sistemática del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de las Resoluciones de Naciones Unidas.
La ofensiva militar del ejército israelí sobre Gaza, con incesantes bombardeos, ha destruido la Franja y ha provocado la muerte de, al menos, 39.677 personas (más varios miles más cuyos restos presumiblemente están bajo los escombros) y
otras 91.645
han resultado heridas (datos recogidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios a fecha 10 de septiembre). El 90 % de la población gazatí se encuentra en situación de hambre y 495.000 personas se
encuentran en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, incluyendo el mayor número de niños y niñas reportadas en situación de guerra, en medio del sistemático bloqueo de los corredores humanitarios, la destrucción indiscriminada de
escuelas, refugios, hospitales y de las llamadas zonas humanitarias.
Nada justifica la devastadora acción militar israelí que ha tomado a la población palestina como auténtico objetivo militar.
Es importante señalar que esta situación de guerra se extiende a todos los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y afecta a la totalidad de la población palestina. Concretamente, Cisjordania es testigo de lo que está siendo, según Naciones
Unidas, una escalada 'alarmante y urgente' de violencia y de la aplicación de medidas de castigo colectivo por parte del Estado de Israel, resultando en una grave violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional, el Derecho Internacional
Humanitario, en concreto del Cuarto Convenio de Ginebra, que regula la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y en territorios ocupados.
Estas prácticas de castigo colectivo se reflejan a través de acciones concretas, como el endurecimiento de las restricciones de movimiento, incursiones militares casi diarias, detenciones masivas de civiles, incluidos menores, anexión de
tierras palestinas y la expansión de asentamientos ilegales que tiene como consecuencia añadida el incremento de agresiones de colonos israelís sobre la población palestina en un contexto de impunidad.
Los informes y reportes remitidos por las organizaciones palestinas defensoras de los derechos humanos revelan que la ocupación israelí sobre los Territorios Palestinos Ocupados se sustenta sobre dos pilares fundamentales e
interrelacionados: (1) Control territorial, y (2) la limpieza étnica. Las consecuencias de su puesta en práctica, como parte de una estrategia de ocupación, recientemente tipificada por la Corte Internacional de Justicia como 'ilegal', se agrava
en tiempos de guerra.
1. Control territorial: consiste en la ocupación militar y la posterior anexión de territorios, a través de la expulsión, la transferencia y el vaciamiento forzoso de las poblaciones originarias y la construcción de asentamientos ilegales,
reduce el espacio de vida de la población palestina, consolida el control israelí sobre el territorio palestino y contribuye a su fragmentación haciendo progresivamente inalcanzable la visión de un Estado palestino. Los recientes datos publicados
por Naciones Unidas son alarmantes y emplazan a los Estados y a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes. Concretamente, se mencionan algunas de las graves violaciones cometidas por Israel en contra de la población palestina desde el 7
de octubre de 2023 hasta el 15 de julio de 2024:
a) Autoridades israelíes demolieron, confiscaron o forzaron la demolición de 1.179 estructuras palestinas en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este, de las cuales el 40 por ciento (474 estructuras) eran viviendas habitadas. Como
resultado, 2.756 personas, entre ellas 1.113 niños, resultaron desplazadas de manera violenta.
b) Actualmente, están activas 829 barreras, puntos de control y bloqueos que restringen el acceso de la población palestina dentro de Cisjordania y hacia Jerusalén Este, incluidos hospitales y el recinto de la mezquita de Al Aqsa, el acceso
de trabajadores humanitarios nacionales y periodistas, el acceso de la población civil a servicios fundamentales como servicios médicos, medios de vida (empleos, plantaciones y rebaños).
c) Desde el 7 de octubre, el gobierno de Israel ha aprobado la mayor confiscación de tierras palestinas en la Cisjordania ocupada en más de tres décadas, 23,7 km2 de tierras privadas palestinas han sido declaradas 'tierra pública'.
Consecutivamente, el 27 de junio de 2024 las autoridades israelís aprobaron la legalización de 5 asentamientos previamente considerados ilegales en Cisjordania que ampliarán los 278 asentamientos ilegales existentes.
2. Limpieza étnica: Consiste en mantener el control demográfico mediante la violencia sistémica, la persecución de población palestina y su expulsión de los territorios ocupados. Es interés israelí el garantizar el cambio demográfico, de
una mayoría árabe, por una mayoría judía sólida y diferenciada que se corresponda con su planeamiento urbanístico y territorial. Actualmente, más de 478.600 colonos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Este, distribuidos en 278 asentamientos
ilegales. Los datos publicados por Naciones Unidas, respecto a los actos de violencia perpetrados en contra de la población palestina, son extremadamente preocupantes. Desde el 7 de octubre de 2023 al 15 de julio de 2024 se reportó lo siguiente:
a) 554 palestinos/incluidos 131 niños, fueron asesinados de manera violenta a manos de las fuerzas militares y colonos israelís en Cisjordania.
b) Se reportan 1.122 ataques de colonos israelíes contra palestinos, de los cuales 105 provocaron muertes y heridos palestinos, 898 provocaron daños a propiedades palestinas y 119 provocaron víctimas y daños a propiedades.
c) Al menos 235 hogares palestinos integrados por 1.392 personas, incluidos 663 niños, han sido desplazados en 29 comunidades beduinas y de pastores, debido a la violencia de los colonos y las restricciones de acceso.
d) Al menos 9.750 personas palestinas de Cisjordania se encuentran detenidas como 'prisioneros de seguridad' en las prisiones israelís: 79 son mujeres, 250 menores, 62 periodistas y 3.380 detenidos administrativos sin cargo o perspectiva de
juicio, al menos 606 se encuentran incomunicados. Estas cifras no incluyen el número de detenidos extraídos de Gaza, ya que por el contexto especifico no hay una cifra exacta, sometiéndolos así a una situación de desaparición forzada. Se denuncia
que la población palestina en situación de encarcelamiento es víctima de tratos vejatorios y torturas, incluidos los menores de edad, que son expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad, especialmente durante el período de interrogatorio. Así
mismo, Israel mantiene secuestrados los cuerpos de los palestinos fallecidos en prisión y se niega a entregarlos a sus familiares, como parte del castigo colectivo en contra de la población palestina. En este sentido, el informe publicado por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 31 de julio pone de manifiesto que miles de palestinos/as fueron detenidos arbitrariamente por Israel desde el 7 de octubre, denunciando el abuso generalizado de
prisioneros recluidos de forma arbitraria y prolongada, en régimen de incomunicación y sin derecho a asistencia de abogado/a. Innumerables testimonios han corroborado la existencia de personas encerradas en jaulas, atadas a camas con los ojos
vendados y en pañales, desnudas, privadas de atención médica adecuada, comida, agua y sueño. Al menos 53 detenidos palestinos han muerto en centros de detención israelíes y se han detallado acusaciones de tortura y otras formas de trato cruel,
inhumano y degradante, incluido el abuso sexual de mujeres y hombres. Estos crímenes internacionales atroces están ejecutándose con la inexplicable pasividad de la comunidad internacional. Al igual que hemos exigido la liberación de los rehenes en
poder de Hamas, la comunidad internacional debe también exigir la inmediata puesta en libertad de los 'prisioneros de seguridad' y otras personas detenidas ilegalmente por Israel.
Con el Gobierno de extrema derecha de Israel se ha incrementado tanto la anexión de tierras como la limpieza étnica. Los datos que reflejan la violencia contra la población palestina, recogidos en el mes de julio, dramáticamente se van
incrementando a diario, de forma incesante. La escalada de violencia contra de la población civil en Cisjordania, el alarmante aumento de los ataques de colonos, la destrucción de medios de vida, la demolición de viviendas, la persecución y
encarcelamiento, acompañados de la entrega de armas de fuego a los colonos israelís y la anexión dé tierras que viene padeciendo la población palestina se ha visto incrementada con la mayor ofensiva militar de los últimos 20 años en Cisjordania,
haciendo uso de aviones de combate y drones contra la población civil de las ciudades de Yenín, Tulkarem, Nablus y Tubas, ocasionando numerosas muertes y la destrucción de importantes infraestructuras en la zona.
Según Naciones Unidas, estas actuaciones revelan una deliberada y sistemática oposición a la solución pacífica y negociada de la crisis. Dichos actos no solamente violan el derecho internacional, sino que, además, reflejan una amenaza clara
de limpieza étnica. La Corte Internacional de Justicia insta a la comunidad internacional a abordar urgentemente estas violaciones, reafirmar la importancia del derecho internacional y abogar por una resolución que respete los derechos y la
dignidad de la población palestina garantizando su protección.
La prolongada anexión de territorios, la violencia organizada y la violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina se llevan a cabo desde la impunidad de las autoridades israelís. El pasado 19 de julio, la Corte
Internacional de Justicia emitió la Opinión Consultiva sobre las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, en la que dictamina que la ocupación prolongada
durante 57 años sobre los territorios palestinos es ilegal. A su vez, la Corte establece una serie de obligaciones del Estado de Israel y de los Estados.
'Todos los Estados deben cooperar con las Naciones Unidas para poner en práctica las modalidades necesarias para garantizar el fin de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado y la plena realización del derecho del
pueblo palestino a la libre autodeterminación. Todos los Estados están obligados a no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, así como la obligación de no prestar ayuda o
asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, y la obligación de distinguir en las relaciones con Israel entre el territorio de Israel y el Territorio Palestino Ocupado desde
1967.'
Por otro lado, Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Palestina, ha instado a todos los Estados a tomar medidas contra los abominables crímenes que está cometiendo contra civiles palestinos
secuestrados y detenidos desde el 7 de octubre.
En este sentido, es preciso reconocer los esfuerzos del Gobierno de España respecto al reconocimiento del Estado Palestino y su papel como Estado colaborador en el procedimiento contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de
Justicia, así como su participación en las fases escrita y oral del procedimiento consultivo. Sin embargo, ante la extrema gravedad de la situación que atraviesa el pueblo palestino es imprescindible adoptar otras medidas para denunciar y prevenir
que el genocidio y las violaciones de derechos humanos, la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante como el que sufren las personas detenidas por Israel. En todo caso, no es admisible que el derecho internacional, el derecho
internacional humanitario, las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia continúen siendo sistemáticamente vulneradas por el gobierno de extrema derecha de Israel con total impunidad.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados condena y repudia los crímenes internacionales atroces, como las torturas y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, que Israel está cometiendo contra las palestinas y palestinos secuestrados y
detenidos desde el pasado 7 de octubre de 2023.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Exigir, el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel ponga fin a todas las formas de castigo colectivo contra el pueblo palestino, reiterando el inmediato cese al fuego en la Franja de Gaza y frenando la violencia en
contra de la población civil palestina en Cisjordania y Jerusalén Este.
- Denunciar y condenar la escalada de la violencia, durante los últimos once meses, ejercida con total impunidad por parte de los colonos de los asentamientos ilegales contra
la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este, con la participación, colaboración o connivencia del ejército de Israel.
- Reconocer, de acuerdo con la Opinión Consultiva del TU emitida el pasado 19 de julio, la ilegalidad de la ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, denunciar la expansión de los asentamientos ilegales y apoyar los esfuerzos para
proteger los derechos de la población palestina.
- Exigir, el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel cumpla con sus obligaciones de desmantelar los asentamientos ilegales en los TPO, la reparación a las víctimas y a las personas palestinas afectadas por la
ocupación ilegal, la restitución de tierras y otros bienes muebles e inmuebles expropiadas ilegalmente, la compensación a las víctimas y que cumpla con todas sus obligaciones internacionales.
- Apoyar y continuar colaborando con el TU y la CPI parar que se pueda continuar investigando y juzgando a Israel como Estado agresor por sus continuas violaciones de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho internacional
humanitario contra el pueblo palestino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Engracia Rivera Arias, Agustín Santos Maraver, Fèlix Alonso Cantorné, Teslem Andala Ubbi y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Txema
Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para proponer, tanto en el seno de las instituciones europeas como en el resto de la comunidad internacional, el embargo inmediato del
patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La ineficacia de las sanciones al régimen bolivariano de Venezuela
Tras el fraude electoral perpetrado en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros continúa con su política de represión y miedo contra el pueblo venezolano. Así, se han contabilizado
1.581 arrestos con motivos políticos desde el 29 de julio hasta el 27 de agosto de 2024 8. No obstante, la utilización del miedo y la violencia contra el pueblo no es una novedad en la estrategia del régimen venezolano. De hecho, la Secretaría
General de la Organización de Estados Americanos ('OEA') viene denunciando la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura. Miles de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones y torturas que
han conducido al régimen ante la Corte Penal Internacional ('CPI').
Sin embargo, ésta no ha sido la única medida internacional que se ha tomado para obligar al régimen de Maduro a que deponga sus políticas de represión. En el caso de la Unión Europea, se promulgó el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de
13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, que ha impuesto un paquete de sanciones contra el régimen. Entre éstas,
8 https://foropenal.com/presos-politicos/
cabe destacar 'la inmovilización de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en los anexos IV y V' 9. Concretamente, los
anexos incluirán aquellas personas -físicas y jurídicas-, entidades y organismos 'responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela' 10.
Sin embargo, estas actuaciones se han demostrado claramente insuficientes a la vista de la brutal represión que continúa realizando el régimen marxista venezolano.
Así las cosas, en el plano de las medidas contra las personas responsables de cometer estos execrables crímenes, han sido fútiles, puesto que gran parte de los jerarcas del régimen han podido sortear estas sanciones trasladando su patrimonio
personal fuera de Venezuela. Uno de los principales destinos de las inversiones de los chavistas es nuestro país, especialmente la ciudad de Madrid y, más concretamente, el barrio de Salamanca, donde el metro cuadrado asciende a más de 8.000 euros
11.
Segundo. Las declaraciones del parlamento de la república bolivariana de Venezuela
El 11 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitó a los diputados venezolanos que aprobasen una resolución para romper relaciones diplomáticas y comerciales con España 12.
Estas declaraciones no son sino un intento de desconcertar a la opinión pública, tratando de poner el foco en nuestro país, y no en la terrible situación que vive el pueblo hermano de Venezuela, brutalizado por un tirano y sus secuaces, que
no tienen otro objeto que perpetuarse en el poder, por encima de la voluntad soberana de su pueblo.
Tercero. La complacencia del Gobierno Español
En este sentido, deviene necesario recordar la postura ambigua que mantiene, tanto el Gobierno español, como la Unión Europea, ante el fraude electoral y la situación que se vive en Venezuela.
Si bien la Unión Europea ha propuesto una serie de sanciones, éstas se han mostrado insuficientes e ineficaces, y ahora las instituciones comunitarias se muestran reticentes a la ampliación temporal y subjetiva de las mismas. Por su parte,
el Ejecutivo español propuso incluso el levantamiento de dichas medidas restrictivas, a pesar de encontrarse el régimen enjuiciado ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. A mayor abundamiento, ha sido notorio el papel fundamental de
blanqueamiento internacional que ha realizado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha impulsado la agenda del régimen bolivariano por todo el mundo. Asimismo, miembros del Gobierno español ha participado en reiteradas
ocasiones en las reuniones e iniciativas del conocido Grupo de Puebla. La última de éstas, la firma de Pilar Cancela -actual secretaria de Estado de Migraciones-, de un manifiesto en el que se exige al presidente de los Estados Unidos que 'ejerza
sus facultades para eliminar a Cuba de la lista Estados de patrocinadores del terrorismo' 13.
9 Artículo 8.1. del Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. Disponible [en linea]: https://www.boe.es/doue/2017/295/L00021-00037.pdf
10 Artículo 8.3.a) del Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/doue/2017/295/L00021-00037.pdf
11 https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/madrid-comunidad/madrid-provincia/madrid/salamanca/
12 'El presidente del Parlamento de Venezuela amenaza con la ruptura de relaciones con España', La Gaceta de la Iberosfera, 11.09.24. Disponible [en línea]:
https://gaceta.es/iberosfera/edmundo-gonzalez-se-refugio-en-la-embajada-de-paises-bajos-por-su-desconfianza-hacia-sanchez-20240911-1043/?scroll-event=true
13 El Grupo de Puebla solicita sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo por considerarla una medida unilateral ilegal e inmoral. 23.05.24. Disponible [en línea]:
https://www.grupodepuebla.org/el-grupo-de-puebla-solicita-sacar-a-cuba-de-la-lista-de-paises-patrocinadores-del-terrorismo-por-considerarla-una-medida-unilateral-ilegal-e-inmoral/
Otra prueba de la connivencia del Gobierno español con el régimen marxista de Venezuela es la negativa del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de calificar a dicho régimen como una dictadura 14.
Cuarto. Conclusiones
Por todo ello, nuestro país no puede permanecer inánime y abúlico frente ante las declaraciones que ha realizado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Asimismo, el Gobierno español debe romper todos sus lazos con un régimen
que reprime y realiza los peores crímenes posibles contra su propio pueblo, así como promover las medidas oportunas que conduzcan al fin de la dictadura criminal dirigida por Nicolás Maduro Moros. Y con más motivo, si cabe, cuando dicho pueblo es
hermano del nuestro, con el que compartimos una arraigada herencia cultural.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Mostrar su apoyo inequívoco al pueblo venezolano, que expresó su voluntad en las urnas el 28 de julio de 2024, y que exija al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros que cese la represión.
2. Localizar todos los bienes pertenecientes a familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano ubicados en territorio español.
3. Impulsar todas las medidas necesarias para el embargo inmediato del patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del régimen dictatorial venezolano que se encuentren en España.
4. Promover, en el seno de las instituciones comunitarias, la ampliación temporal y subjetiva de las medidas restrictivas existentes, adoptadas por el Reglamento del Consejo 2017/2063, de 13 de noviembre de 2017, a todos los miembros de la
dirección del régimen y funcionarios que colaboren en la represión a la oposición ganadora de las elecciones acaecidas el pasado 28 de julio de 2024.
5. Remitir al Fiscal de la Corte Penal Internacional la situación que está padeciendo el pueblo venezolano, a manos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros, al objeto de que se incoe una investigación y que la Sala de Cuestiones
Preliminares (art. 58 del Estatuto de Roma) dicte una orden de detención contra éste y el resto de los dirigentes y funcionarios del régimen que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la igualdad de
los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2024-2025, para su debate en Pleno.
14 'Albares rehúsa calificar a Venezuela como una dictadura: 'No estamos aquí para hacer de politólogos'', El Debate, 27.08.24. Disponible [en línea]: https://www.eldebate.com/espana
/20240827/albares-rehusa-calificar-venezuela-como-dictadura-no-estamos-aqui-hacer-politologos_222621.html
Exposición de motivos
Comienza el curso escolar 2024-2025 para más de ocho millones de alumnos la segunda semana de septiembre. El 90 % de estas familias afronta con preocupación el coste de una vuelta escolar en el curso que se ha calificado como el más caro de
la historia.
El Gobierno de Sánchez, ocupado en negociar la independencia fiscal de Cataluña, que se calcula que podrá detraer aproximadamente unos 13.000 millones de euros al resto de Comunidades Autónomas, principalmente en educación y sanidad, se
desentiende de las preocupaciones de las familias en el ámbito educativo, a costa de la igualdad entre los españoles.
Un curso escolar que comienza con unos presupuestos prorrogados del ejercicio 2023, por lo que no se ha incrementado el programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a CCAA, cuyo coste se incrementa para este curso 2024/2025
un 10 %, pero que tampoco ha adoptado ninguna medida extraordinaria de urgente necesidad de las que el Gobierno aprueba para otros menesteres.
La vuelta al colé del curso 2024-2025 será la más cara de la historia, con un desembolso aproximado de 491,9 euros por niño, 42,67 euros más que hace un año y 66,89 euros más que hace dos años. El presupuesto medio se incrementa al alza de
casi un 10 %.
A los libros de texto, con un coste medio de 341,99 euros, le suman la mochila (29,85 euros), el chándal (35,37 euros), gastos en papelería (47,32 euros) y calzado deportivo (37,37 euros).
Por su parte, el gasto medio para una vuelta al colé digital es de 331,91 euros (182 euros corresponden a los libros digitales), frente a los 297,89 euros en 2023 y 275,66 euros en 2022.
El incremento experimentado en los últimos dos años del libro digital ha sido del 28 %, mientras que los libros convencionales han aumentado un 17 %.
De otro lado, el Presidente del Gobierno anunció en enero de 2024, en campaña electoral gallega, unos programas de refuerzo en comprensión lectora y matemáticas por 500 millones de euros, de los que no se ha vuelto a saber ni se ha
consultado a las Comunidades Autónomas.
Una propuesta electoral anunciada en campaña electoral, traída a consecuencia de los resultados obtenidos en PISA 2022, que constató la pérdida de aprendizaje en los resultados en Lectura, Matemáticas y Ciencias entre 11 y 14 puntos desde
2012. Aumentó la proporción de estudiantes rezagados en España entre 2012 y 2022 en Matemáticas (+3,7 pp), Lectura (+6,1 pp) y Ciencias (+5,6 pp) y se redujo en 2,1 pp la proporción de estudiantes excelentes en España en Matemáticas entre 2012 y
2022.
Ya la prueba de PIRLS 2021, evaluación de comprensión lectora de alumnos de 4.º Primaria, alertó de una regresión de 7 puntos respecto a la última prueba de 2016. Sólo un 6 % de alumnos se sitúa en el nivel avanzado frente al 8 % de la UE y
del 11 % de la OCDE.
Asimismo, otro objetivo educativo es reducir la alta tasa de abandono educativo temprano, de la que España tiene la tasa más alta de la UE, después de Rumania. Se incrementó hasta un 13,7 %, en 2023, lejos de la media de la UE en 2022 (9,5
%) y del objetivo UE2030 de alcanzar un 9 %. La OCDE ha recomendado revertir la jornada intensiva como fórmula efectiva para reducir el abandono educativo temprano.
Se inicia, por tanto, un curso escolar plagado de retos que deberían adoptarse para mejorar la calidad del sistema educativo, y entre otros las condiciones de la profesión más importante del mundo, como ha reconocido la ministra, pero
olvidada por Pedro Sánchez que lleva en el Gobierno más de 6 años.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, a adoptar un plan de choque para afrontar el inicio del curso escolar 2024-2025, que incluya entre otras medidas:
1. Incrementar la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a Comunidades Autónomas hasta al menos 100 millones de euros.
2. Aprobar con carácter urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo (comedores escolares, transporte escolar, etc.).
3. Aprobar un programa de cooperación para el refuerzo de comprensión lectora y matemáticas desde este curso 2024-2025, conforme al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
4. Asumir desde el curso 2024-2025 el 5 % del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos de las prácticas formativas no universitarias.
5. Financiar el sobrecoste que supone para las administraciones educativas incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para la escolarización de los alumnos migrantes en la educación obligatoria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2024.-Óscar Clavell López, Eduardo Carazo Hermoso, Javier Celaya Brey, Jaime Miguel de los Santos González, Beatriz Jiménez Linuesa, Nacho Martín Blanco, Ana Martínez Labella, María
Sandra Moneo Díez, Ester Muñoz de la Iglesia, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Óscar Ramajo Prada y Antonio Román Jasanada, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
OTROS TEXTOS
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000006
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.
Autor: Gobierno
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2025.
Acuerdo:
Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2025-2027 PARA SU REMISIÓN A
LAS CORTES GENERALES, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2025
Exposición:
El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al 'Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas' señala en su apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones
públicas como para cada uno de sus subsectores. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en su artículo 12, que articula como referencia a
tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.
En cumplimiento de este mandato, el Gobierno aprobó el 16 de julio el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores
para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero para 2025.
Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de Comunidades Autónomas, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos para el periodo 2025-2027 al
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 15 de julio 2024, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, habiéndose remitido, también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 15 de julio de 2024.
En la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido, conforme el artículo 15.3 de la citada Ley Orgánica.
Por su parte, el artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, señala que el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de
las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de dicho artículo 15. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los
objetivos propuestos por el Gobierno. Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso,
aprobándose si este los ratifica por mayoría simple. Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.
El Gobierno aprobó el 16 de julio de 2024 el Acuerdo de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2025-2027, y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para 2025, que fue objeto de remisión a las Cortes Generales, siendo rechazado por el Congreso de los Diputados en sesión de 23 de julio de 2024.
En cumplimiento del citado artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, el Gobierno presenta este nuevo Acuerdo sobre la base de la senda de estabilidad y deuda del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2024.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2012, este Acuerdo del Consejo de Ministros incluye asimismo el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2025 que ascenderá a 199.171 millones de
euros.
Al Acuerdo se acompaña el informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como las recomendaciones y opiniones emitidas por las
instituciones de la Unión Europea, tal como establece el artículo 15 de la citada Ley.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día XX de septiembre,
ACUERDA
1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2025, 2026 y 2027 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo I que se acompaña.
2. El objetivo de deuda pública de los ejercicios 2025, 2026 y 2027 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo II que se acompaña.
3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española que se recoge en el Anexo III.
4. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo, tal y como se establece en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
5. Este acuerdo de Consejo de Ministros se acompaña de un informe en el que se evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.
6. El límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2025 se fija en 199.171 millones de euros.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre
el límite máximo de gasto no financiero del Estado de 2025.
ANEXO I
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2025-2027
Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010 (En porcentaje del PIB)
;2025;2026;2027
Administración Central;-2,2;-1,8;-1,5
Comunidades Autónomas;-0,1;-0,1;-0,1
Entidades Locales;0,0;0,0;0,0
Seguridad Social;-0,2;-0,2;-0,2
Total Administraciones Públicas;-2,5;-2,1;-1,8
ANEXO II
OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA EL PERIODO 2025-2027
(Deuda PDE en porcentaje del PIB)
;2025;2026;2027
Administración Central y Seguridad Social;81,5;80,5;79,1
Comunidades Autónomas (*);20,8;20,0;19,4
Entidades Locales;1,3;1,3;1,2
Total Administraciones Públicas;103,6;101,8;99,7
(*) Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe el efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante cada uno de los ejercicios, siempre que no se destine a financiar
vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo y por el endeudamiento que se autorice para financiar desviaciones de déficit de ejercicios anteriores. Asimismo, se podrán rectificar por la reducción del nivel de endeudamiento neto por
aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en relación con el superávit presupuestario.
Los objetivos de endeudamiento se podrán rectificar por los importes de amortización parcial o total de préstamos de ejercicios anteriores del compartimento Fondo de Liquidez REACT UE y podrá tenerse en cuenta la concurrencia de cualesquiera
circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad
con el Ministerio de Hacienda.
ANEXO III
REGLA DE GASTO PARA EL PERIODO 2025-2027
Tasa de referencia nominal (Porcentaje variación anual)
2025;2026;2027
3,2;3,3;3,4