Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 194, de 13/09/2024
cve: BOCG-15-D-194
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de septiembre de 2024
Núm. 194
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página4)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página5)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000234 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plurinacional SUMAR, Republicano, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
Retirada de firma ... (Página16)
162/000237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la concentración bancaria.
Retirada ... (Página16)
162/000282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para revertir el empeoramiento del compromiso de puntualidad de Renfe ... (Página17)
162/000283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para acometer un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado ... (Página18)
162/000287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la declaración de un parque nacional marino en las aguas del Mar de las Calmas, en el entorno de la isla de El Hierro ...
162/000288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de medidas para el control efectivo de flujos migratorios irregulares en España ... (Página22)
162/000289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre protección a los ciudadanos venezolanos ... (Página25)
162/000290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo de la población refugiada saharaui en Tinduf ... (Página26)
162/000292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y
otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ... (Página27)
162/000293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización definitiva de la privatización de las torres de control de Aena y la eliminación del Sistema AFIS en los aeropuertos de Aena de El Hierro y
La Gomera ... (Página30)
162/000294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la IV Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo que se llevará a cabo en Sevilla en 2025 ...
162/000295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de un Plan de Refuerzo Consular ... (Página37)
162/000296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la regularización de personas migrantes ... (Página38)
162/000297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el confort climático como derecho social ... (Página40)
162/000298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la recuperación y el impulso de los trenes nocturnos ... (Página43)
162/000299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la prohibición del glifosato ... (Página44)
162/000301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para acabar con las prácticas de greenwashing o blanqueo ecológico ... (Página46)
162/000302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la publicidad de productos derivados de los combustibles fósiles ... (Página48)
162/000303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a abaratar el acceso a la vivienda ... (Página49)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
GUERRA LÓPEZ, Sonia 27-08-2024
Altas:
ALMIRÓN RUIZ, Oriol 10-09-2024
CANELO MATITO, Andrea 10-09-2024
PAGÈS I MASSÓ, Josep 10-09-2024
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Barcelona:
ALMIRÓN RUIZ, Oriol PSC-PSOE
CANELO MATITO, Andrea PSC-PSOE
PAGÈS I MASSÓ, Josep JxCAT
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: ALMIRÓN RUIZ, Oriol
Circunscripción: Barcelona
Número: 387
Fecha: 10 de septiembre de 2024
Formación electoral: PSC- PSOE
Nombre: CANELO MATITO, Andrea
Circunscripción: Barcelona
Número: 388
Fecha: 10 de septiembre de 2024
Formación electoral: PSC-PSOE
Nombre: PAGÈS I MASSÓ, Josep
Circunscripción: Barcelona
Número: 389
Fecha: 10 de septiembre de 2024
Formación electoral: JxCAT
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (061/000008)
Titular
Altas:
NÚÑEZ GONZÁLEZ, Noelia 23-08-2024
Suplentes
Altas:
MUÑOZ DE LA IGLESIA, Ester 23-08-2024
Grupo Parlamentario Socialista (061/000009)
Suplentes
Bajas:
GUERRA LÓPEZ, Sonia 27-08-2024
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (061/000001)
Titular
Altas:
SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia 26-08-2024
Bajas:
ESTEBAN BRAVO, Aitor 26-08-2024
Titular
Altas:
ESTEBAN BRAVO, Aitor 10-09-2024
Bajas:
SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia 10-09-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Socialista (010/000005)
Número de miembros al 10 de septiembre de 2024: 120
Baja:
GUERRA LÓPEZ, Sonia 27-08-2024
Altas:
ALMIRÓN RUIZ, Oriol 10-09-2024
CANELO MATITO, Andrea 10-09-2024
Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (010/000006)
Número de miembros al 10 de septiembre de 2024: 7
Alta:
PAGÈS I MASSÓ, Josep 10-09-2024
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
BORREGO CORTÉS, Isabel María (GP) (núm. expte. 005/000136/0001) 1 ... (Página6)
REDONDO CÁRDENAS, Gonzalo (GS) (núm. expte. 005/000089/0001) 1 ... (Página11)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000234
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 142, de 17 de mayo de 2024.
162/000237
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la concentración bancaria.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 151, de 31 de mayo de 2024.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para revertir el empeoramiento del
compromiso de puntualidad de Renfe, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los españoles ven con preocupación el deterioro de la calidad de los servicios ferroviarios que se viene produciendo desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Son demasiado habituales los retrasos, las averías o la falta de
frecuencias, mientras el Gobierno está más preocupado en buscar culpables que en buscar soluciones.
En este sentido, Renfe ha modificado las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en la mayoría de sus servicios ferroviarios, estableciendo que por un retraso igual o superior a 60 minutos se devolverá el 50
% del billete y si la demora supera los 90 minutos, la devolución será del 100 % del importe del billete.
Es decir, se trata de un empeoramiento del compromiso de puntualidad de Renfe, pues para el reintegro del 50 % del importe, el tiempo necesario de demora pasa de los 15 o 30 minutos -dependiendo del servicio ferroviario de que se trate- a
los 60; y para la devolución del importe íntegro del billete se pasa de los 30 o 60 minutos a tener que superar los 90 minutos.
El perjuicio a los usuarios de los servicios ferroviarios es evidente. Así, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha señalado que la 'actualización de las compensaciones de Renfe implica una reducción en sus compromisos de
puntualidad, lo que va en detrimento de un servicio de calidad'. Según CECU, 'la calidad y el rendimiento social deberían estar por encima de la rentabilidad económica'.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha calificado como 'inaceptable que Renfe reduzca su compromiso de puntualidad para dejar de indemnizar los retrasos en alta velocidad a partir de 15 minutos'. Señalan que esta actualización del
compromiso de puntualidad de Renfe 'supone una merma importante en los derechos de los usuarios ante la impuntualidad o retrasos importantes que puedan sufrir en sus viajes'. Además, 'esta modificación se produce justo en un momento donde ha
aumentado notablemente el número de trenes que llegan a su destino con retrasos significativos'. De hecho, solo en el año 2023, esta compañía pública abonó 42 millones de euros a sus usuarios en compensaciones por retrasos.
De esta forma, la competencia traída por la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, en lugar de suponer un motivo para que Renfe mejorara sus servicios, ha supuesto lo contrario, un deterioro de los mismos que, como siempre,
sufren los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir de forma inmediata los actuales compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe, restableciendo los existentes antes del pasado 1 de julio, pues ha supuesto un empeoramiento para los usuarios de los servicios públicos
ferroviarios.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para mejorar los servicios públicos ferroviarios de su competencia, actuando tanto sobre las infraestructuras como sobre los trenes, con el fin de reducir drásticamente las numerosas incidencias que
se vienen produciendo.
3. Exigir inmediatamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que comience a gestionar de manera real y efectiva los servicios e infraestructuras públicas ferroviarias de su competencia en beneficio de los usuarios, que sufren
un permanente caos ferroviario por la gravedad de las incidencias y por el talante del ministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2024.-Héctor Palencia Rubio, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella, Cristina Teniente Sánchez, Luis María Beamonte Mesa, Tomás
Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alberto Fabra Part, Esther Llamazares Domingo, Javier Merino Martínez, Juan Antonio Rojas Manrique y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
162/000283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus
respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para acometer un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
1. El déficit público.
Desde la instauración del estado de las autonomías han proliferado nuevos impuestos y tributos para poder financiar la macroestructura de las administraciones central y territoriales. Sin embargo, los ciudadanos no perciben mejoras en los
servicios a pesar del incremento de los impuestos 1.
El déficit público ha sido la regla presupuestaria seguida por todos los gobiernos. El sector público español ha carecido de pruebas de eficiencia y de una asignación adecuada de recursos que se ajusten a la racionalidad económica y al
control presupuestario 2. A pesar de la Reforma de la Constitución Española en 2011 y su desarrollo en la Ley Orgánica 2/2012, que establecían límites al déficit y niveles de deuda de las
1 https://www.lavanguardia.com/economia/20230907/9212121/encuesta-cis-pagar-impuestos.html.
2 Así lo hacen constar los sucesivos informes de fiscalización y las declaraciones de la Cuenta General del Tribunal de Cuentas del Reino.
administraciones públicas, España aún arrastra un déficit público persistente que supera el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) 3.
Este panorama ha llevado a niveles de deuda pública que rozan la insostenibilidad 4. Desde 1995, el nivel de deuda de las administraciones públicas se ha multiplicado por 5,3, mientras que el PIB nominal ha crecido solo 2,2 veces 5.
Este desequilibrio entre el aumento de la deuda y el ritmo de crecimiento económico refleja la ineficacia de gran parte del gasto público.
La carga de los intereses de la deuda en los presupuestos públicos es alarmante. En el año 2022 ascendió a 31.809 millones de euros, en el 2023 a 35.967 millones 6, y se espera un aumento de hasta los 38.000 millones en el año 2024 7. Esta
partida presupuestaria está absorbiendo una parte significativa de los fondos que deberían destinarse a proteger a los españoles o a reducir la carga impositiva.
2. Elevada presión fiscal y gasto político ineficaz.
A pesar del incremento del 56 % en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el periodo 2017-2023 8, sobre todo a expensas de las clases medias y populares, el Gobierno planea implementar más medidas de
aumento de impuestos. Esta situación fiscal, en la que el margen recaudatorio se está agotando, es un grave riesgo para afrontar nuevos impactos negativos sobre la economía española.
La realidad de esta vorágine fiscal tiene su esencia en el incontrolado despliegue de gasto ideológico y político que, además de improductivo, es pernicioso para los contribuyentes y para los sectores económicos.
España cuenta con una abultada estructura ministerial, llegando a los 22 departamentos de los que dependen 77 organismos autónomos y otras entidades que suponen un gasto de 55.373,82 millones de euros. Esta complejidad se incrementa con la
existencia de 35 entidades del sector público administrativo, 20 fondos públicos, 66 sociedades mercantiles públicas y entes empresariales, junto con 31 fundaciones públicas. Y todo esto sin considerar las diecisiete administraciones regionales
existentes, que siguen una configuración similar.
La Administración General de Estado, con la gestión de Pedro Sánchez ha reunido a más de 1.000 asesores eventuales y a más de 330 altos cargos, convirtiéndola en la más cara de la historia con un gasto cercano a los 160 millones de euros
solamente en el año 2022. Una administración que destina 189 millones de euros anuales al alquiler de oficinas de terceros, a pesar de es uno de los mayores tenedores de inmuebles en España. Además, gasta 84 millones de euros anuales en concepto
de publicidad y propaganda 9, sin olvidar los 440 millones de euros del Acuerdo Marco para la Difusión de Campañas de Publicidad Institucional 10.
El Gobierno ha capitalizado el gasto público para promover su agenda ideológica, liberando cuantiosos fondos para aquellos sectores que respalden su ideología, sin
3 A excepción del año 2018, que fue del 2,6 %, saliendo del Procedimiento de Déficit Excesivo.
4 https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/notas-banco-espana/la-deuda-de-las-admdeuda-aapp.html.
5 Si atendemos al crecimiento del PIB nominal por habitante (per cápita), tan solo se ha multiplicado por 1,58. (Datos de PIB nominal acumulado de cuatro trimestres: comparación del dato acumulado hasta el primer trimestre de 2024 con el
dato acumulado de 1995).
6 Página 154. https://www.airef.es/wp-content/uploads/2024/04/PRESUPUESTOS-INICIALES/Informe-Presupuestos-Iniciales-2024.pdf.
7 Plan Presupuestario 2024. Ministerio de Hacienda y Función Pública. https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2024/Plan-Presupuestario-2024-ES.pdf.
8 2017: 77.038 millones de euros. 2023: 120.280 millones de euros. Fuente AEAT. 2023:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2023/IMR_23_12_es_es.pdf. 2017:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2017/IMR_17_12_es_es.pdf.
9 Información de secciones, organismos autónomos y resto de entidades, recogida en la ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado y en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
10 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230529.aspx#publicidad.
necesariamente responder a una demanda social o a las reales necesidades de los españoles. Esta estrategia ha generado una importante fuente de ingresos para sectores y medios de comunicación, empresas y supuestas ONG a través de
subvenciones y de la contratación pública. Para ello, uno de los principales instrumentos del Gobierno ha sido el Ministerio de Igualdad, dotado de media con 550 millones de euros anuales con resultados nefastos para la sociedad.
Con el propósito de agradar a países extranjeros y cosechar un granero de votos, el Gobierno destina 750 millones de euros a acciones en favor de los inmigrantes y 150 millones de euros anuales para acogimiento de menores extranjeros no
acompañados. Estos recursos podrían haber sido empleados para fortalecer la protección de nuestras fronteras y para potenciar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, demandas prioritarias para los españoles.
Mientras el Gobierno rechaza el trámite de la proposición de Ley de ayuda de afectados por la esclerosis lateral amiotrófica, argumentando un coste de 38 millones, concede subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos de 147
millones de euros, a los que se deberían sumar los millones de euros que obtienen estas organizaciones de las diecisiete administraciones regionales. Esta política ha permitido mantener un silencio generalizado frente a la precariedad laboral, la
mayor tasa de paro de la Unión Europea, y la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia.
Asimismo, el Gobierno destina en concepto de 'derechos de los animales' 7,48 millones de euros, en la llamada 'memoria democrática' 13,95 millones de euros, en hacer publicidad de la Agenda 2030, al menos, 24,98 millones de euros, en
'Proyectos piloto de innovación en servicios sociales' destina 43,77 millones de euros, y ha creado nuevos programas de gasto denominados 'Proyectos de experimentación social' en el ámbito infantil.
3. Conclusión.
En un momento en el que los españoles se enfrentan a una presión fiscal insostenible para familias y empresas, es fundamental abordar con urgencia el desequilibrio existente entre la excesiva recaudación de recursos públicos y su ineficiente
gestión por parte del gobierno. Este desequilibrio ha llevado a una situación donde los impuestos asfixian a la población y a las empresas, y los fondos se desvían hacia propósitos no fundamentales, tales como la propagación de una agenda
ideológica, el adoctrinamiento, la financiación de organismos redundantes e ineficientes, así como un gasto exorbitante en sindicatos de clase y patronales que no representan los verdaderos intereses de los ciudadanos.
Resulta evidente que el actual sistema político-administrativo adolece de graves deficiencias en la gestión de los recursos públicos, lo cual se refleja en la falta de eficacia, transparencia y en la ausencia de resultados tangibles que
impacten positivamente en la vida de los españoles.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar y ejecutar un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado a través de auditoria integral de todas las partidas.
2. Eliminar todos los gastos que pueden ser reemplazados por los propios recursos de la administración pública, como son los alquileres de oficinas.
3. Suprimir el gasto político e ideológico destinado a la propaganda y el adoctrinamiento.
4. Impulsar el cierre de los ministerios, secretarias de Estado y direcciones generales que hayan demostrado su ineficacia para proteger los intereses nacionales, como los Ministerios de Igualdad o Memoria Democrática.
5. Auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
6. Impulsar la optimización de la estructura de los organismos que presenten ineficiencias y duplicidades entre las administraciones.
7. Reorientar la política económica hacia las necesidades reales de los españoles, ya sean por el lado de la reasignación de gastos, como por el lado de la reducción de las cargas tributarias que soportan.
8. Eliminar las subvenciones que reciben asociaciones empresariales y sindicatos, de tal forma que se financien con las aportaciones de sus propios afiliados y respondan de forma fehaciente a las demandas de ellos mismo, sin interferencias
políticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-María José
Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
declaración de un parque nacional marino en las aguas del Mar de las Calmas, en el entorno de la isla de El Hierro, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Siendo conocedores de la consulta pública en base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, para un periodo de consulta a interesados, a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para promover la participación pública de manera previa al inicio de los trámites para la
declaración de un parque nacional marino en las aguas del Mar de las Calmas, en el entorno de la isla de El Hierro, y teniendo en cuenta de que el trámite para el cual se solicita la consulta pública genera una relevancia socio-económica,
medioambiental, de usos tradicionales sobre nuestro mar, así como otras cuestiones transversales, parece oportuno generar un necesario debate y reflexión.
Con todo ello, se debe tener en cuenta que, en base al documento que se encuentra en exposición pública, se hace una breve descripción de los valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación
merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado, teniendo en cuenta que el Mar de Las Calmas cumple con estos requisitos. De hecho, se hace un repaso sobre las composiciones geológicas, biodiversidad marina y estado de
conservación que existe actualmente gracias a la Reserva Marina y su zonificación, que gracias al esfuerzo colectivo de la isla de El Hierro y los pescadores profesionales y recreativos, así como demás usos como el buceo, han logrado un mar con una
conservación y biodiversidad que lo hacen ejemplo de buenas prácticas a nivel mundial.
Con ello, por su relevancia en el resto del proceso que ahora se inicia por parte del Gobierno de España, parece conveniente aclarar que declarar un Parque Marino no responde a una necesidad ambiental. Siendo claros, responde a una
necesidad política del Estado por cumplir con los compromisos que tiene España con la Unión Europea en materia de superficie protegida mediante este instrumento específico.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a que en el proceso de redacción del Proyecto de declaración de un parque nacional marino en las aguas del Mar de las Calmas, se adopten las siguientes premisas:
- Es muy importante para la ciudadanía herreña en su conjunto que la existencia de cualquier figura de protección entronque y no limite los usos y costumbres que engrandecen nuestra relación con nuestro medio marino y que conforman la
idiosincrasia herreña.
- Un parque nacional marino no puede utilizarse como un instrumento de protección limitante o restrictivo de lo que ha sido un caso de éxito de uso y gestión del medio marino, por cuanto esto implicaría un rechazo frontal por parte de la
ciudadanía herreña.
- Cualquier propuesta legislativa o de plan rector deberían valorarse previamente por los principales sectores socioeconómicos afectados, al objeto de que en el trámite parlamentario al menos los grupos conozcan claramente cuál es el parecer
de la ciudadanía sobre la que van a legislar.
- Trasparentar y abrir un proceso de participación y consulta a la ciudadanía herreña sobre las directrices y zonificación que podrían regir el potencial parque nacional, con las consecuencias medioambientales, sociales, económicas y de
gestión propia que ello acarrearía, para que sea esta ciudadanía herreña y sus instituciones quienes decidan finalmente la conveniencia y características de dicho parque.
- La creación de los órgano/s de gestión deberán realizarse dando una correlación de fuerzas que impidan una clara mayoría de la Administración del Estado con respecto a la isla de El Hierro y la Comunidad Autónoma, tal y como afirma el
artículo 21.1 de la Ley de Parques, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del citado artículo y el cual entendemos que debería modificarse. Con ello, ahondar en una mayor implicación en la toma de decisiones trascendentales a la
Comunidad Autónoma, Cabildo Insular, Ayuntamientos de la isla, así como a los principales sectores afectados, pues teniendo en cuenta la naturaleza archipelágica y el reconocimiento como Archipiélago que realiza el Estatuto de Autonomía de Canarias,
entendemos que la administración del parque nacional marino no podría estar únicamente bajo la tutela del Estado.
2. Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección insular de la Administración General del Estado en El Hierro, así como al Ministerio competente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas para el
control efectivo de flujos migratorios irregulares en España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La entrada de inmigración a España por vías irregulares se ha convertido en la dinámica habitual de acceso a Europa desde África en los últimos años, ya sea por la ruta mediterránea, especialmente Islas Baleares; por la atlántica, más
conocida como la 'ruta canaria'; a través de las fronteras terrestres o del mar en Ceuta y Melilla, o por el aeropuerto de Barajas.
La ausencia de política migratoria del Gobierno ha desencadenado en un descontrol de los flujos migratorios que no tiene precedentes en España.
Así, el número de entradas irregulares a nuestro país en el año 2023 superaron las 56.000 personas y, en lo que llevamos de año 2024, hasta el 15 de agosto, ya han llegado más de 31.000 personas, 12.410 personas más que en el mismo periodo
de 2023, aumentándose las llegadas en un 66 %, con respecto al mismo periodo que en el año anterior.
La mayoría de los inmigrantes llegados por vía marítima lo han hecho a través de las Islas Canarias, que ha visto cómo se aumentaba su presión migratoria en un 126 % respecto al mismo periodo del año anterior, pero también a la península y
Baleares. Por vía terrestre, a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, se han incrementado las llegadas en un 131,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo más dramático es que estas cifras cuentan las personas que consiguen
llegar, pero no las que se están quedando por el camino, las que han perdido la vida en el mar, según informe de 'Caminando Fronteras' más de 6.000 personas el pasado año, más de 300 menores.
Con los datos referidos, extraídos de los balances mensuales del Ministerio del Interior, se pone de manifiesto la intensidad que están adquiriendo los flujos migratorios irregulares en la frontera sur de nuestro país y de la Unión Europea.
Flujos que, lejos de cesar, seguirán incrementándose durante este año, especialmente en los meses de verano y buen tiempo, si no se adoptan las medidas necesarias, por parte del Gobierno de España ,que es quien cuenta con la competencia exclusiva en
la materia, para evitar las llegadas por vías irregulares.
La política migratoria es una política de Estado que requiere de una visión y un abordaje integral, desde todas sus vertientes y dimensiones, que permita compaginar el obligatorio y necesario control y protección de nuestras fronteras
terrestres y marítimas, así como el respeto a los Derechos Humanos y la atención e inclusión de las personas migrantes que llegan a nuestro país y quieren desarrollar su proyecto de vida con todas las garantías.
Por ello, no se puede hablar de habilitar, mejorar e impulsar las vías regulares de migración, ordenadas y vinculadas al mercado laboral, si el Gobierno continua favoreciendo, con la ausencia de políticas nacionales para el control y
ordenación de flujos migratorios irregulares, las vías no habilitadas de llegadas a España que no solo ponen en riesgo la vida de las personas que migran, sino que también alimentan a las mafias que trafican con seres humanos lucrándose de la
necesidad y la pobreza.
En este contexto, trabajar en el control y la ordenación de flujos, así como en la protección de nuestras fronteras, se ha convertido en una necesidad de primer orden para nuestro país, utilizando para ello los recursos adecuados, necesarios
y los mecanismos nacionales y europeos a tal efecto.
Renunciar a abordar el fenómeno de la inmigración desde esta dimensión, de manera consciente por parte del Gobierno de España, que además es la más dramática y peligrosa no solo es irresponsable, sino que comporta un incumplimiento reiterado
de las obligaciones legales de un país responsable que debe promover la migración regular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Mejorar el control y protección de las fronteras españolas, especialmente en Canarias, Ceuta, Melilla e Islas Baleares, dotando de los recursos necesarios a las FCSE, incrementando el número de agentes encargados de su custodia, para que
puedan realizar sus funciones en condiciones de seguridad y con garantías, reforzando los efectivos especialistas en Extranjería y Fronteras, de Científica, así como personal sanitario. También refuerzo de los Grupos de Reserva y Seguridad de la
Guardia Civil.
- Aumentar el personal administrativo para la tramitación de los expedientes en las oficinas de asilo, para agilizar los procedimientos de solicitud de información a consulados y embajadas de origen, así como para la tramitación de los
expedientes de devolución.
- Dotar de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.
- Solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, para ayudar a las FCSE españolas en la vigilancia de nuestras costas y, especialmente ahora, en la peligrosa ruta atlántica de la inmigración
irregular hacia Canarias, mejorando la dotación a los Servicios Marítimos y Aéreos de la Guardia Civil, incluyendo drones, así como resolver las deficiencias que existen actualmente en los equipos del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE)
y en los medios técnicos instalados en las fronteras terrestres y la valla perimetral de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Habilitar y poner a disposición de las autoridades competentes, en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, las infraestructuras que el Estado tiene en desuso y cerradas, con los recursos necesarios para su adecuación, al objeto de
poder alojar y atender a los inmigrantes que lleguen por vías irregulares a España, hasta en tanto se resuelva su situación administrativa. O cuando sea necesario como residencia temporal de los agentes de las FCSE.
- Reforzar la coordinación interministerial en esta materia, implicando a todas las áreas competentes, para armonizar y hacer integral la política migratoria del país.
- Estudiar e impulsar las medidas normativas, operativas y estructurales que sean precisas para que la política migratoria española esté adaptada a la realidad de un fenómeno dinámico y cambiante como es el migratorio, teniendo en cuenta las
singularidades geográficas de nuestro país, todo ello con el fin de articular, de la forma más eficaz, la lucha contra las organizaciones criminales que trafican con seres humanos, la protección de nuestras fronteras y el pleno respeto a los
derechos de los inmigrantes, así como la protección de su vida y su integridad.
- Revisión y mejora, para su efectividad, de los Acuerdos de Cooperación con terceros países, especialmente con Marruecos, Senegal y Mauritania, para la colaboración en el control de los flujos migratorios irregulares con la garantía de
respuesta de estos en la ejecución de los expedientes de devolución que tramitan las autoridades españolas, mejorando los recursos humanos y personal administrativo para ello.
- Siempre respetando la soberanía nacional de cada país, desplegar a los agentes de las FCSE españolas en estos países de origen y tránsito para colaborar y cooperar con las autoridades policiales locales en la desarticulación de las mafias
y organizaciones de tráfico de inmigrantes.
- Desarrollar un modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo, para ello es necesario habilitar más medios técnicos y humanos a disposición de las oficinas de extranjería para que dejen de estar en precario.
- Dotar de un fondo de contingencia suficiente para financiar a las Comunidades Autónomas la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España y están acogidos por las mismas, de tal forma que dote de recursos desde su
acogida hasta su emancipación.
- Declarar la emergencia migratoria en el ámbito nacional para las competencias ejercidas por las Comunidades Autónomas en la acogida de personas extranjeras de forma que puedan hacerse con los recursos necesarios por procedimiento de
urgencia.
- Solicitar a la UE la activación de los mecanismos existentes para ayudar a los Estados miembros que sufren de forma masiva la entrada de flujos migratorios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2024.-Sofía Acedo Reyes, Ana Isabel Alós López, Ana Belén Vázquez Blanco, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
protección a los ciudadanos venezolanos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Venezuela durante los ocho últimos años consecutivos es el país de procedencia de la mayoría de las personas que solicitan protección internacional en España. Solo en el año 2023 se formularon por personas procedentes del país venezolano
más de 60.000 solicitudes, frente a las cerca de 46.000 formalizadas en el año anterior, lo que supone un incremento superior al 32 % en el último año.
La crisis migratoria que vive Venezuela constituye el mayor éxodo masivo con desplazamientos forzados sin precedentes en las últimas décadas.
El aumento del coste de la vida, la falta de empleo, los despidos, la falta de alimentos, la escasez de medicamentos, la inseguridad y la inestabilidad social, entre otras causas, convierten a miles de venezolanos en personas vulnerables
merecedoras de protección humanitaria. Por todas estas razones continúan incrementándose por miles los desplazados del país venezolano que traspasan las fronteras de los países vecinos o se cruzan al continente europeo, particularmente a España y,
dentro de este país, a la Comunidad Autónoma Canaria por las razones históricas, culturales y sociales que nos unen con Venezuela.
Sin embargo, la protección por razones humanitarias que demandan los ciudadanos procedentes de Venezuela no está teniendo una respuesta ágil por parte del Gobierno de España, que acumula retrasos en la resolución de los procedimientos y
solicitudes pendientes de resolución, amén del alto número de denegaciones de protección.
La Unión Europea, a través de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, establece las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Esta Directiva se
incorporó al ordenamiento jurídico español a través del Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, que tiene por objeto regular el
régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país y
que puedan eventualmente caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.A de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, u otros instrumentos internacionales o nacionales de protección internacional.
Según el mismo, cuando el Consejo de Ministros declare la protección temporal, esta tendrá una duración de un año, automáticamente prorrogable por otro periodo anual. Una vez agotada dicha prórroga, y si persistieran los motivos que dieron
lugar a su adopción, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá prorrogar dicha protección temporal durante un año más como máximo.
Asimismo, en cualquier momento el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá dar por finalizada la protección temporal cuando se resuelva el conflicto que la motivó y
existan condiciones favorables al retorno.
Como consecuencia de la declaración de protección temporal los ciudadanos venezolanos podrían disfrutar de derechos en España como libertad de circulación y de residencia, permiso de residencia, título de viaje, acogida en territorio
nacional, autorización para trabajar o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.
En España existen antecedentes en la implementación de estas medidas para proteger a personas que no califican como refugiadas, pero que aún necesitan protección debido a riesgos significativos en sus países de origen, tal es el caso de las
personas procedentes de Ucrania.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Formular, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, una Declaración General de Protección Temporal y urgente para los ciudadanos desplazados venezolanos mientras se encuentren en España y en tanto persistan los motivos sociales y
económicos que están dando lugar al éxodo de los ciudadanos venezolanos.
2. Que la declaración de la protección temporal incluya un conjunto de medidas que reflejen el compromiso del Estado español con la acogida y protección de los ciudadanos venezolanos, incluyendo los permisos de residencia y trabajo, de
manera inmediata, permitiendo a los desplazados vivir y trabajar en España, sin necesidad de solicitar asilo.
3. Permitir que la protección temporal garantice a los desplazados el acceso a los servicios de salud, educación y asistencia social en caso de no disponer de recursos suficientes.
4. Simplificar los trámites para la prórroga de documentación, permitiendo que las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) expedidas a los desplazados beneficiarios de protección temporal sean prorrogadas, para facilitar la permanencia
legal en España sin necesidad de renovar documentos frecuentemente.
5. Agilizar los procesos de homologación de los títulos universitarios, la acreditación de experiencia laboral, el canje del carnet de conducir, entre otros, de modo que se facilite el acceso al empleo de los desplazados venezolanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo de la población
refugiada saharaui en Tinduf, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Tras la comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados celebrada el día 11 de julio del año 2024 por parte del Presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el
Sáhara (FEDISSAH), así como del Coordinador General de la Fundación MUNDUBAT, ha quedado meridianamente claro el absoluto deterioro de las condiciones de vida que afectan a los casi 180.000 refugiados saharauis que residen en los Campamentos de
Tinduf (Argelia) y la emergencia alimenticia que les afecta y que ya no admite demora en la respuesta.
Desde el mes de noviembre del año 2023 el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha reducido las raciones alimenticias de emergencia un 30 % y la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y el resto de los conflictos bélicos
existentes en el mundo han causado una inflación desmedida de los alimentos en el mercado internacional, así como una reducción importante en la financiación de los programas humanitarios por parte de las agencias internacionales.
Todo ello, ha provocado un ostensible empeoramiento de los indicadores nutricionales, en particular las tasas de anemia entre el 75 % de las mujeres embarazadas y los lactantes, así como la desnutrición y el retraso del crecimiento entre el
50 % de la población infantil menor de cinco años.
Por otro lado, casi el 90 % de la población saharaui que reside en los Campamentos de Refugiados de Tinduf padece inseguridad alimenticia o está en riesgo de caer en ella, según informa el Plan de Respuesta 2024-2025 consensuado para esta
emergencia humanitaria por un consorcio de 28 entidades de la ONU y ONG que trabajan en la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar con urgencia un fondo extraordinario de ayuda humanitaria para paliar la actual situación de extrema gravedad que padece la población saharaui refugiada en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).
2. Incluir, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida destinada a garantizar la suficiencia alimentaria y de productos de primera necesidad para la población saharaui de los campamentos de refugiados de Tinduf
(Argelia).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Raquel Clemente Muñoz, Carmelo Barrio Baroja, Silvia Franco González,
Macarena Lorente Anaya, Javier José Folch Blanc, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000292
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que España respalde la
investigación de la Fiscalía del TPI y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde hace más de dos décadas, en España hemos recibido información sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, situación que se ha deteriorado exponencialmente en la última década bajo el régimen de Nicolás Maduro. Este
régimen se ha caracterizado, entre otras lamentables circunstancias, por la instauración de un régimen de terror como política de Estado, atacando de manera sistemática y generalizada a la población civil. Las acciones y consecuencias de estas
agresiones han sido ejecutadas por militares, policías, grupos armados e integrantes del sistema de justicia, afectando a miles de víctimas, no solo venezolanas, sino también extranjeras, incluyendo múltiples europeos.
Desde 2014, los principales organismos internacionales de protección de los derechos humanos han emitido informes y exigencias al gobierno venezolano para que cesen las olas de violencia represiva. Sin embargo, la situación ha empeorado en
cuanto al número de víctimas y al modus operandi, manteniéndose la impunidad del régimen.
Diversas ONG venezolanas e internacionales, así como grupos de víctimas con sus abogados, han reportado desde 2015 la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentando casos y transmitiéndolos a la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional (TPI). Consecuentemente, la Fiscalía del TPI ordenó motu proprio en febrero de 2018 iniciar un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, considerando que la información obtenida aporta fundamentos razonables para creer
que se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017.
La OEA constituyó un panel de expertos independientes que presentaron un contundente informe certificando la perpetración de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Nicolás Maduro. Este informe fue transmitido a la Fiscalía del TPI por
un grupo de seis países del continente americano mediante una remisión de Estados Parte del Estatuto de Roma, ampliando el ámbito temporal de los hechos sometidos al examen preliminar desde el 12 de febrero de 2014.
En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, junto con diversas relatorías temáticas y grupos de trabajo en ejercicio de su mandato, continuó documentando y revelando las atrocidades cometidas en Venezuela.
Como resultado de estas investigaciones y a petición de varios países, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó la creación de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Esta misión ha documentado múltiples casos, identificando a las víctimas y a los posibles perpetradores mediante informes periódicos desde 2024, revelando de manera rigurosa y objetiva la cruenta realidad de las atrocidades cometidas por el régimen
de Nicolás Maduro.
Como resultado, el 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía del TPI informó la conclusión del examen preliminar, el cual ratificó la base probatoria que provee fundamentos razonables para considerar la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía del TPI celebró con el gobierno venezolano memorándums de entendimiento para la instalación de una oficina de la Fiscalía en Venezuela.
A pesar de esto, el régimen de Maduro, a través de sus abogados, ha intentado frenar los efectos de la orden de inicio de la investigación mediante recursos judiciales ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la Cámara de Apelaciones del
TPI. Sin embargo, estos recursos fueron rechazados el 1 de marzo de 2024 por la Cámara de Apelaciones,
consolidando así la investigación por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución de un grupo
identificable por motivos políticos y desaparición forzada de personas. Actualmente, esta investigación de la Fiscalía del TPI es inexpugnable.
El 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, y el órgano responsable de la elección declaró ganador a Nicolás Maduro para la legislatura 2025-2031, sin publicar las actas electorales que respaldaran tal
decisión. Al mismo tiempo, el grupo político del candidato opositor Edmundo González Urrutia difundió públicamente copias de actas electorales cuyo cómputo le confiere la victoria electoral con amplia ventaja. Seguidamente, Nicolás Maduro acudió
al Tribunal Supremo Venezolano y solicitó la certificación de su victoria, la cual fue otorgada mediante un procedimiento sumario.
Esta situación, claramente irregular y antidemocrática, generó el rechazo de los votantes venezolanos y de la comunidad internacional, que han exigido la publicación de las actas electorales y la realización de una auditoría independiente
con expertos internacionales. Además, los venezolanos han ejercido su derecho a la protesta pública.
Nicolás Maduro, quien había anunciado públicamente un 'baño de sangre' si no ganaba las elecciones, ha ordenado directamente la persecución de cualquier factor de oposición en el país, confesando haber encarcelado a más de 2,500 personas.
ONG venezolanas reportan la existencia de 1,780 presos políticos, entre los cuales hay 114 adolescentes, 230 mujeres, 156 militares y 1,550 hombres. Las cifras son alarmantes, destacándose el arresto de personas con discapacidad, personas de la
tercera edad, políticos opositores, defensores de derechos humanos, abogados y fiscales que se han negado a cumplir órdenes de procesar a personas inocentes. Además, se han denunciado desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, así como la existencia de 25 personas asesinadas durante las protestas. También se han reportado amenazas contra Edmundo González Urrutia, cuyas evidencias documentales indican que es el candidato ganador, y contra María Corina
Machado, líder política opositora, cuya integridad y libertad personal están en grave riesgo.
El Tribunal Penal Internacional tiene el mandato de prevenir, enjuiciar y castigar a los responsables de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, y de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no
repetición. Como parlamentarios de España, Estado Parte de este instrumento internacional, asumimos el ineludible compromiso de respaldar la investigación que realiza la Fiscalía del TPI y de exigir rendición de cuentas a los máximos responsables,
encabezados directamente por Nicolás Maduro Moros. En este sentido, consideramos que, después de más de 10 años de crímenes cometidos impunemente y especialmente bajo la situación actual, solicitamos al Gobierno de España que se dirija a la
Fiscalía del TPI para solicitar que se avance en las investigaciones y, en efecto, se requiera ante la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI la orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos
en la situación Venezuela 1, en cumplimiento del artículo 58 del Estatuto de Roma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas.
2. Adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y requerir avances en la Situación Venezuela 1, y solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto
contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
3. Respaldar los informes de Naciones Unidas en los que se recogen las graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela.
4. Presentar al Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes, un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes
de lesa humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2024.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Macarena Montesinos de Miguel, Belén Hoyo Juliá, Álvaro Pérez López, Carlos Javier Floriano Corrales y
Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la Diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
paralización definitiva de la privatización de las Torres de Control de AENA y eliminación del Sistema AFIS en los Aeropuertos de AENA de El Hierro y La Gomera, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Privatización de las torres de control de AENA en perjuicio de ENAIRE.
El 9 de febrero de 2023 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sometió el Proyecto de Orden Ministerial por el que se determinan los aeropuertos gestionados por AENA S.M.E, S.A., para la selección de nuevos proveedores
civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo al trámite de información pública.
Por parte de APROCTA (Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo), de USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos), SPICA (Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos), ENAIRE Entidad Pública Empresarial,
Gobierno de Canarias, etc., se presentaron alegaciones contra ese proyecto que, al no contar con el apoyo de los socios del Gobierno, ha sido paralizado, que no desechado para siempre tal como responden a una pregunta de esta Diputada de Coalición
Canaria por la provincia de Tenerife, en concreto el Gobierno dice: 'en la actualidad, tras recabar las alegaciones de todos los interesados y haber procedido a su análisis, se ha abierto un periodo de reflexión sobre el procedimiento' (sic).
Entre las razones que alegaban los actores antes indicados se señalan las siguientes de APROCTA (Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo) que es un excelente resumen de todas ellas y que deseamos transcribir en esta
Proposición no de Ley para que pueda ser aprobada por el Congreso de los Diputados.
Con relación a las alegaciones jurídicas: una falta de acceso al expediente que impide las pruebas e informes que sirven de fundamente al Proyecto de Orden Ministerial lo cual genera indefensión a los actores respecto de sus derechos e
intereses legítimos. Este proyecto además no está motivado de modo suficiente como legalmente se exigen a los actos administrativos por los que se limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Entre las alegaciones relativas al interés general se destaca las siguientes:
1. Es importante que el controlador aéreo disponga de una independencia suficiente para tomar, sin miedo a represalias injustificadas, aquellas decisiones necesarias para
la seguridad aérea, aunque sean contrarias a las instrucciones empresariales o a las peticiones del cliente.
Conocemos casos, incluso en Canarias, en los que controladores aéreos han sufrido persecuciones inaceptables, llegando a ser despedidos improcedentemente por primar la seguridad frente a criterios económicos. No es suficiente con que los
juzgados les den la razón a posteriori, sino que debe garantizarse su independencia en el momento en que la seguridad está en riesgo. En este sentido, la condición de empleado público de los profesionales de ENAIRE, Entidad Pública Empresarial
garantiza su necesaria independencia y asegura la primacía del interés general en la prestación del servicio.
2. La aviación y el turismo son sectores esenciales para nuestro país y para las Islas Canarias en particular, por lo que debería contar, al igual que otros Estados de nuestro entorno, con una estrategia de aviación que guíe a las
administraciones a la hora de desarrollar el modelo de gestión de los servicios de navegación aérea. La estrategia debería abordar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro sector y fijar sus retos globales a medio y largo
plazo, poniendo en valor la importante red de instalaciones y servicios de Navegación Aérea y todo el personal ATC y de Mantenimiento de ENAIRE. Los Técnicos de Mantenimiento de ENAIRE contando las posiciones de control de los Centros de Control
del Tránsito Aéreo y Torres y sin incluir los sistemas de Energía controlan unos 1400 equipos/sistemas de unos 305 modelos distintos. No hay empresa en España que pueda competir técnicamente con la experiencia de los trabajadores de Mantenimiento
de la empresa Estatal ENAIRE.
3. Los Servicios de Tránsito Aéreo (los 'STA') son actividades críticas, realizadas desde infraestructuras críticas, mediante tecnologías críticas y utilizando información sensible,especialmente en lo que se refiere al transporte, la
industria aeroespacial y la defensa nacional. Por ello, son varias las cautelas que la administración debería tomar al proponer su liberalización, especialmente en los cinco aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto
(Gran Canaria, Málaga, Santiago, Palma y Tenerife Norte).
4. Los Estados de nuestro entorno reservan para su sector púbico nacional la prestación de los STA de aeródromo en los aeropuertos de cierta entidad, debido a su criticidad, continuidad y a la afectación a la seguridad. Los aeropuertos de
las Islas Canarias deben ser para el sector Estatal por medio de ENAIRE Entidad Pública Empresarial. Por otra parte, tampoco parecería sensato aplicar un modelo no recíproco en el que los proveedores extranjeros pudiesen prestar STA en aeropuertos
españoles mientras que a los proveedores españoles no se les permite prestar servicios en el extranjero.
Alegaciones relativas a aspectos económicos:
5. Los STA de aeródromo no son servicios aeroportuarios auxiliares, sino que forman parte del núcleo del negocio aeroportuario y están intensamente relacionados con la seguridad aérea. A pesar de lo que pudiera parecer, no suponen una
cantidad importante en la partida de costes regulados de AENA, S.A. pues en 2022 ascendieron al 6,7 %, cantidad semejante a los gastos de limpieza y conservación (5,4 %), tributos (4,8 %) o seguridad física (4,3 %) y muy inferiores a los costes
previstos de los servicios de pasajeros (39,7 %),aterrizaje (18,6 %) o seguridad física (14,8 %).
6. A modo de ejemplo, una hipotética reducción de los costes por la prestación de STA de aeródromo en un 10 %: (i) influiría únicamente en una rebaja teórica del 0,67 % de las tarifas aeroportuarias (10 % del 6,7 %); (ii) tardaría tres
años en repercutirse en la tarifa aeroportuaria, ya que el mecanismo requiere disponer de las cuentas de los dos ejercicios anteriores; (iii) esa reducción de coste sería una variable más en una serie de ecuaciones en las que se tienen en cuenta
otros muchos factores que pueden rebajar o incluso elevar la tarifa, como ha sucedido en las ocasiones anteriores; y (iv) esa influencia teórica, no significativa y demorada ligada al abaratamiento en un servicio esencial
relacionado con la seguridad aérea llegaría al operador aéreo (la compañía aérea) pero no necesariamente al usuario final (el pasajero).
7. La liberalización de los STA en los aeropuertos con más tráfico e ingresos de la red de ENAIRE determinaría el aumento del coste unitario en los aeropuertos restantes, lo que desencadenaría el deterioro de la calidad (en un intento de
reducir el coste) o el incremento de las tarifas aeroportuarias, que serían soportadas por las compañías aéreas, cuyos billetes pagan los pasajeros. En efecto, se propone la privatización de los STA en varios de los aeropuertos más rentables y el
mantenimiento de la red pública en los aeropuertos deficitarios.
8. La liberalización ocasionaría ineficiencias derivadas de las duplicidades generadas al vaciar parcialmente la actividad en las dependencias donde se prestan STA de aeródromo y de aproximación (Málaga, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao
y Santiago), cuyos costes soportarían las compañías aéreas, cuyos billetes pagan los pasajeros.
9. La liberalización de los STA ocasionaría unos importantes costes adicionales relacionados con la segregación de las dependencias, la construcción de infraestructuras, la formación de los profesionales, la elaboración de documentos y un
importante excedente de personal que generaría ENAIRE Entidad Pública Empresarial en las Islas Canarias.
10. La modificación o extinción anticipada del contrato de servicios celebrado entre AENA, S.A. y ENAIRE Entidad Pública Empresarial para llevar a cabo la liberalización de los STA podría plantear dificultades jurídicas, así como gastos no
previstos.
Alegaciones relativas a aspectos sociales:
11. Sin perjuicio de los importantes avances tecnológicos, el profesional sigue ocupando un lugar central en el sector de la aviación, particularmente en lo que se refiere a la prestación de los STA. El éxito a la hora de alcanzar y
mantener unos niveles de seguridad adecuados pasa por que los profesionales sean idóneos, estén suficientemente preparados y se encuentren en condiciones óptimas para el desempeño de su profesión.
Por ello resulta clave que las profesiones aeronáuticas, y entre ellas la de controlador de tránsito aéreo, sean puestas en valor y se asegure la existencia de condiciones de ejercicio profesional adecuadas que favorezcan una aviación segura
y el bienestar social. Por otra parte, la existencia de dichas condiciones propiciará el desarrollo de las vocaciones aeronáuticas necesarias para asegurar el relevo generacional.
12. La liberalización podría suponer una carga desproporcionada para los profesionales que podrían verse abocados a abandonar sus centros de trabajo y lugares de residencia, arrastrando a sus familias, para poder continuar su relación
laboral, llegando incluso a abandonar su región o su isla, al no tener ENAIRE más centros de trabajo en dichos lugares. También podría afectar severamente a los futuros profesionales ya seleccionados, pero todavía no contratados, así como a los que
se encuentran finalizando el proceso de selección.
Eliminación definitiva del Sistema AFIS en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (El Hierro y La Gomera).
En el Aeropuerto de El Hierro (AENA) existe una combinación de Servicio de Tránsito Aéreo que combina el servicio de información de Aeródromo (AFIS) y el Servicio de Control de Aeródromo (TWR ATC).
Respecto al horario, aunque inicialmente el Servicio de Control de Tránsito Aéreo se iba a facilitar entre las 8:00 y las 18:30, de lunes a viernes bajo el sistema AFIS, como consecuencia de las quejas y presiones de los habitantes de la
isla de El Hierro, sus instituciones y representantes políticos, el servicio se modificó. En la actualidad este se presta únicamente dos días a la semana, sábados y domingos. Esto representa menos de un 25 % del horario total de operación del
aeropuerto; precisamente los días con más tránsito en el aeropuerto de la isla de El Hierro.
Según las normas internacionales, el AFIS únicamente puede implantarse en aeropuertos de baja densidad de tráfico. El Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de información de vuelo de
aeródromos (AFIS), establece que los ATC tienen por objetivo prevenir colisiones entre aeronaves y obstáculos, así como acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. Por su parte el AFIS tiene por finalidad aconsejar y
facilitar información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos.
En el año 2012, el aeropuerto de El Hierro contabilizó un tráfico de 170.968 pasajeros y unas 4.200 operaciones. Entonces se impuso el sistema AFIS entendiéndolo, como marcan las normas internacionales, un aeropuerto de baja intensidad.
Ese mismo año, el aeropuerto de Logroño movió 24.527 pasajeros y 3.600 operaciones y contaba con servicio de ATC.
En el año 2023, el aeropuerto de El Hierro duplicó el número de pasajeros con respecto a 2012: de 152.726 ha pasado a 301.241 y de unas 4.000 operaciones anuales ha pasado a más de 6.000.
El pasado 4 de febrero del 2024, por parte de la compañía aérea Binter Canarias se solicitó el establecimiento del servicio de control ATC, ya que el servicio de AFIS iba a ralentizar las operaciones planificadas para ese día. Según la
compañía aérea que opera en El Hierro, ese día tenía planificadas 28 operaciones, con el servicio AFIS no se garantizaba la operatividad en el funcionamiento pleno del aeropuerto.
Con el crecimiento expuesto según los datos de AENA, en los años que se estableció el AFIS en el aeropuerto de El Hierro, los domingos se realizaban 10 operaciones de media. En los últimos años, la media de un domingo ha pasado a 22
operaciones y se prevé que las operaciones puedan incrementarse. Tal y como ha planteado la compañía Binter Canarias, el aeropuerto de El Hierro sufriría problemas de operatividad porque el aeropuerto dejaría de ser considerado como de baja
intensidad.
El acuerdo de Gobierno del Estado español establece en uno de sus puntos principales la reducción de la contaminación por parte de las compañías aéreas y la reducción de los vuelos de corto recorrido dentro de España, algo que se contradice
con la operatividad actual. El servicio AFIS en la isla de El Hierro obliga a los pilotos a dar un rodeo sobre el aeropuerto que extiende el vuelo en alrededor de 10 minutos por aproximación. Toda vez durante los fines de semana el aeropuerto de
El Hierro cuenta con una media de 20 vuelos diarios. Si multiplicamos esos 10 minutos de incremento de vuelos por cada aproximación, podemos concluir que cada fin de semana los aviones que cubren el servicio con El Hierro vuelan 200 minutos porque
su aeropuerto dispone de un servicio AFIS en lugar de ATC. Al año contaminamos 10.400 minutos más. El AFIS perjudica mucho a Binter Canarias y a CanaryFly.
En el caso del Aeropuerto de AENA La Gomera dispone de un sistema AFIS todos los días de la semana y no dispone de aproximación instrumental, todo el tráfico llega a la vista.
Según fuentes del sector, el AFIS tiene muchas limitaciones operacionales y complica la operativa ya que esta aumenta la carga de trabajo de los controladores de la dependencia colateral (Tenerife Sur para La Gomera), produce demoras al
tráfico aéreo, aumenta el consumo de combustible y el correspondiente CO2 y los costes operativos principalmente de Binter Canarias la principal aerolínea que usa el Aeropuerto. Sin contar los helicópteros de evacuación médica, de la Policía,
Guardia Civil entre otros.
Las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (recogidas como tal en el Tratado de la UE y de las que forma parte el archipiélago canario) deberían tener un trato preferencial que garantice su integración en el desarrollo económico y
social del continente. Al elegir Canarias como banco de pruebas de la implantación del AFIS las autoridades políticas y aeronáuticas españolas de 2010 consideraron a los canarios como ciudadanos de segunda.
Básicamente la única ventaja del AFIS frente al ATC es económica debido a gastos de personal controlador, sin olvidar que su formación y responsabilidad están muy limitadas en el AFIS.
El Servicio ATC en La Gomera lo prestaba AENA Navegación Aérea que hoy se llama ENAIRE y que en su nuevo convenio tiene la posibilidad la empresa pública de optar por dar servicio ATC en La Gomera de modo competitivo si le dejan competir
quedando esto en manos del sector público evitando problemas laborales como las huelgas del personal controlador privado de Canarias.
Si bien en el Aeropuerto de La Gomera la presencia de AFIS no tiene ningún efecto sobre la maniobra de aproximación porque La Gomera es un Aeropuerto sin maniobra de aproximación instrumental y la operación es similar a la actual, lo único
que cambiaría siendo ATC es en algo muy importante, que el Controlador daría instrucciones para separar posibles conflictos entre tráficos en La Gomera, mientras que ahora solo da información a las tripulaciones cuando coinciden dos vuelos. En el
año 2010 el Ministerio de Fomento convenció a los ciudadanos de La Gomera y sus representantes políticos que el AFIS no afectaría en nada y se comprometían a que si el Aeropuerto de La Gomera tenía más tráficos y pasajeros se volvería a un sistema
de control aéreo tradiciones ATC. El futuro ya está aquí, no es que vamos a tener más tráfico y pasajeros, sino que salvo en pandemia, estos son los datos que no puede negar AENA pues es la fuente:
La Gomera:
En 2023 hubo 113.318 pasajeros y 3.946 operaciones.
En 2010 hubo 32.488 pasajeros y 1.776 operaciones.
Un incremento entre 2010-2023 de 248,8 % pasajeros y de 122,18 % operaciones
Como es posible que Logroño tenga control aéreo ATC y no AFIS como La Gomera cuando es evidente que tiene muchos menos pasajeros y operaciones en 2023.
Logroño:
En 2023 hubo 16.728 pasajeros y 1.984 operaciones.
En 2010 hubo 24.527 pasajeros y 3.638 operaciones.
El sistema AFIS limita mucho las operaciones y debe desaparecer de La Gomera, haciendo un cambio de procedimientos ENAIRE en el AIP y la empresa que da el servicio habilitar a su personal en el sistema ATC que no costaría nada o muy poco.
Con relación a lo anterior, recordar que AENA S.M.E., S.A debería respetar que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias referido a las infraestructuras del transporte prevé que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la
participación en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general en los términos que determine la normativa estatal, por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como región
ultraperiférica.
Además, según nuestro Estatuto los puertos y aeropuertos radicados en Canarias calificados de interés general que no sean de competencia autonómica por ser gestionados directamente por el Estado tienen un régimen especial de funcionamiento
establecido en una ley en que participarán las administraciones públicas canarias debido al carácter archipelágico y ultraperiférico.
Y finalmente, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá participar, en los términos establecidos en la legislación estatal, en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios púbicos o prestaciones públicas
patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios.
Estas competencias, avaladas por la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, no han sido desarrolladas aún ni tampoco ha sido aprobada la legislación estatal que en cada caso ha de garantizar su ejercicio efectivo.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1.º Rechazar la propuesta de la sociedad mercantil AENA S.M.E., S.A. sobre la privatización de más Torres de Control en detrimento de ENAIRE Entidad Pública Empresarial y que quede cerrado este tema para siempre.
2.º Solicitar que se convoque a todas las organizaciones y personas participantes en el sector de la aviación a una verdadera consulta pública para la elaboración de un plan estratégico de Estado claro, coherente, enfocado a crear valor,
preparado para la adversidad, que proporcione resultados alcanzables y medibles y, sobre todo, orientado al interés general que nuestro país merece.
3.º Solicitar a la sociedad mercantil AENA S.M.E., S.A. ampliar el servicio ATC en el Aeropuerto de El Hierro a todos los días de la semana eliminando el servicio AFIS en fin de semana para aumentar y mejorar el nivel del servicio de
control aéreo.
4.º Solicitar a la sociedad mercantil AENA S.M.E., S.A. eliminar el servicio AFIS para aumentar y mejorar el nivel del servicio de control aéreo en el Aeropuerto de La Gomera sustituyendo por Servicio de Control ATC.
5.º Iniciar las negociaciones con el Gobierno de Canarias, en el seno de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, a fin de consensuar los términos e impulsar la aprobación de la legislación estatal que permita a la Comunidad Autónoma de
Canarias el ejercicio efectivo de las competencias establecidas en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, garantizando:
- La plena participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general dentro de AENA (art. 161.2 EA).
- La participación en las administraciones públicas canarias en el régimen especial de funcionamiento de los puertos y aeropuertos radicados en Canarias calificados de interés general que no sean de competencia autonómica por ser gestionados
directamente por el Estado (art. 161.3 EA).
- La participación de Canarias en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios (art. 161.4 EA).
6.º Solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la convocatoria urgente y extraordinaria del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, como órgano de coordinación aeroportuaria que facilita la participación en la
gestión aeroportuaria de las administraciones públicas y de los principales agentes económicos y sociales, para manifestar el rechazo de Canarias a que se sigan privatizando Torres de Control de ENAIRE en las Islas Canarias y en ningún lugar del
Estado así como la especial consideración a los Aeropuertos de El Hierro y La Gomera para que elimine el AFIS.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la IV Conferencia
Internacional de Financiación al Desarrollo que se llevará a cabo en Sevilla en 2025, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Se ha elegido Sevilla como sede de la 'IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU' (en adelante la Conferencia), que se celebrará entre el 30 de junio y 3 de julio de 2025. Supondrá un impulso a la
movilización de políticas y recursos para el desarrollo por parte de la comunidad internacional, con el objetivo de implementar las iniciativas y la financiación necesaria para la consecución de la Agenda 2030 y sus ODS a nivel internacional.
El origen de esta Conferencia se remonta al 2002, siendo la primera en Monterrey (México). En ella los gobiernos aprobaron el 'Consenso de Monterrey' y establecieron las medidas para aumentar la movilización de recursos económicos, así como
mejorar la cuantía de la Ayuda Oficial para el Desarrollo.
En la segunda conferencia del año 2008, en Doha (Catar), se analizó la implementación del 'Consenso de Monterrey' y seguir avanzando en nuevos compromisos. Si bien se reconoció el avance en ciertos ámbitos, se subrayó que la desigualdad
había aumentado y que las amenazas globales también se habían incrementado. Entre ellas destacan: la inseguridad alimentaria, la volatilidad de los precios en productos básicos y energía, la crisis financiera, la falta de resultados de las
negociaciones comerciales y la pérdida de confianza en el sistema económico.
En base a esto, se acordó celebrar en el seno de Naciones Unidas la Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica Global y sus impactos en el Desarrollo, y en ella se reconoció que las principales causas de la crisis tenían que ver con
los desequilibrios sistémicos que contribuyen al funcionamiento inadecuado de la economía mundial y que los países en desarrollo se ven afectadas gravemente por ella, sin ser causantes de la crisis económica y financiera mundial.
En el 2015, año de la última Conferencia, se aprobó el 'Plan de Acción de Addis Abeba de Financiación para el Desarrollo', un documento que marcó los instrumentos a los que deberán recurrir tanto los países en desarrollo como los países
donantes para financiar el desarrollo en los próximos quince años.
Por tanto, la IV Conferencia que se celebrará después de diez años de la última, es una oportunidad para realizar balance para poder marcar una nueva hoja de ruta de la Cooperación.
En ese sentido, el VI Plan Director afirma que el proceso de preparación de la próxima IV Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo constituye una buena oportunidad para madurar consensos y líneas de trabajo. En este sentido,
el papel de las Cortes Generales, a través de la Comisión de Cooperación al Desarrollo es imprescindible para realizarlo y que se pueda llevar a cabo la Conferencia Internacional como una política de Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Involucrar a las Cortes Generales, a través de la comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo que se llevará a cabo en Sevilla en 2025.
2. Establecer y presentar antes de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo un marco presupuestario que haga viable los objetivos contemplados en el VI Plan Director.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Javier Noriega Gómez, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Raquel Clemente Muñoz, Carmelo Barrio Baroja, Silvia Franco
González, Macarena Lorente Anaya, Javier José Folch Blanc, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de un Plan de
Refuerzo Consular, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Una de las prioridades de la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (en adelante el Ministerio) es ofrecer asistencia y protección a los más de 3 millones de ciudadanos españoles que viven en el exterior y a
los millones que se desplazan cada año por motivos de turismo o negocios.
Actualmente, la red consular española está compuesta por 178 Oficinas Consulares de carrera (86 Consulados Generales, 2 Consulados y 90 Secciones Consulares de Embajadas) y 516 Oficinas Consulares honorarias (estas repartidas en 145 países).
El último balance de actividad consular de 2023 (en adelante el balance), publicado por el Ministerio en mayo de 2024, subraya la importancia del servicio consular que se presta alrededor del mundo a través de nuestra red consular. En los
últimos años, han acontecido múltiples crisis internacionales que han evidenciado la necesidad de modernizar y reforzar el Servicio de Acción Exterior español. Tan solo desde 2019, hemos enfrentado la pandemia de la COVID-19, la crisis de
Afganistán, la injusta e injustificada guerra de agresión rusa en Ucrania, el estallido de una guerra civil en Sudán, el golpe de Estado en Níger y la escalada de tensiones en Oriente Medio, derivada del ataque terrorista de Hamás contra Israel. A
todos estos desafíos, se ha tenido que hacer frente con recursos humanos y financieros insuficientes para abordar la alta demanda de los servicios consulares.
Como bien reconoce el balance, la colectividad española en el exterior ha duplicado su población, pasando de 1,5 millones en 2009 a 3 millones en 2023. Asimismo, la mayoría de ciudadanos españoles en el exterior se concentra
mayoritariamente en América, región donde tiene fijada su residencia casi un 60 % de esos 3 millones de españoles. Si a este elemento añadimos que en 2022 se aprobó la Ley 20/2022, de 19 de noviembre, de Memoria Democrática, que permite obtener la
nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles, la demanda en los consulados se ha incrementado exponencialmente. Tan solo de 2022 a 2023, se recibieron en la red consular 226.354 solicitudes de nacionalidad, principalmente en países como
Cuba, México, Venezuela y Argentina, cuyos consulados presentaron dificultades para hacer frente a la alta demanda de solicitudes de nacionalidad española.
A esta demanda de nacionalizaciones y a la insuficiencia de personal, se suma la falta de material en los consulados, que cuentan con equipos y programas informáticos anticuados, que complican la eficiencia y la eficacia de nuestro servicio
en el exterior. Además, cabe destacar que, a través de nuestra red consular, se presta también servicios como: expedición de pasaportes, inscripción en los Registros Civiles consulares, autorización de instrumentos notariales, intervención en
casos de sustracción de menores, legalizaciones de documentos, repatriación de nacionales, asistencia y protección consular a ciudadanos detenidos en el exterior, etc., sin olvidar que, durante los procesos electorales, las Oficinas Consulares se
encargan de informar y atender a los interesados en ejercer el derecho al voto.
El Plan de Digitalización Consular (PDC) es un proyecto del Ministerio y se encuentra identificado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dentro del Componente 11 (Modernización de las Administraciones Públicas de la
política palanca IV. Una Administración para el siglo XXI), en la Inversión 2 (Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado). La dotación presupuestaria total para el PDC es de 110.00.000 euros para el período
2021-2023 y está repartida en tres
anualidades. Sin embargo, pese a todo ello, a día de hoy el Plan de Digitalización no ha sido implementado y la situación en las Oficinas Consulares sigue siendo la misma, insuficiente para ofrecer un servicio de calidad en un mundo
globalizado, en el que los desplazamientos y las crisis internacionales son cada vez más frecuentes.
En definitiva, nuestros servicios consulares soportan hoy un altísimo volumen de trabajo que requiere urgentemente la modernización de un servicio digitalizado, con más recursos humanos y materiales que puedan ofrecer un servicio de calidad
a todos los españoles que se encuentran en el exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de Refuerzo Consular que pueda hacer frente a la alta demanda de solicitudes de trámites consulares, que esté vigente hasta la puesta en marcha -en su totalidad- del Plan de Digitalización Consular.
2. Incrementar el número de personal que presta servicio en las Oficinas Consulares de Buenos Aires, La Habana, Ciudad de México y Caracas.
3. Crear un centro de atención telefónica 24h con un número único, para reforzar la Unidad de Emergencia Consular.
4. Acelerar los trabajos del Plan de Digitalización Consular para facilitar una prestación de servicio más eficaz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix y Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Las Diputada de Podemos y Portavoz Adjunta del G.P Mixto, Doña Ione Belarra, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regularización
de personas migrantes, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
En los últimos meses, la sociedad española ha estado inmersa en un intenso debate sobre la llegada de personas migrantes a nuestro país. Sin embargo, este debate no se está enfocando en la perspectiva que debería ser fundamental en esta
cuestión: la de los Derechos Humanos, que son inherentes a cualquier persona, sin importar su estatus administrativo. En su lugar, se está abordando desde una falsa perspectiva de seguridad y orden público, lo que acaba presentando a las personas
migrantes en el imaginario social como una potencial amenaza para nuestra sociedad y seguridad, en lugar de reconocerlos como lo que realmente son: seres humanos que han decidido abandonar su país, ya sea por falta de expectativas de futuro, por la
pobreza, por la guerra, o por cualquier otra razón legítima en busca de una vida mejor en otro lugar. Además, el debate está siendo distorsionado por campañas de desinformación y noticias falsas que se difunden a diario en redes sociales y algunos
medios de comunicación. Todo esto está provocando una criminalización y deshumanización de las personas migrantes, algo que no corresponde con los valores de una sociedad democrática.
Preocupantemente, no solo son los grupos políticos con una ideología más conservadora o de carácter más reaccionario presentes en las Cortes los que están impulsando esta perspectiva degradante para los seres humanos que deciden migrar en
busca de un mejor futuro, sino que es el propio Gobierno del Estado, con el propio Presidente del Gobierno a la cabeza, el que la está alimentando con sus declaraciones y anuncios al respecto.
Durante su reciente gira por países como Mauritania, Gambia o Senegal, llevado a cabo en la última semana de agosto, el Presidente Sánchez ha endurecido su discurso respecto de la migración considerada como 'irregular', y, entre otras
cuestiones, ha abogado por llevar a cabo el retorno de las personas que se encuentren en nuestro país en una situación administrativa irregular, es decir, por llevar a cabo deportaciones masivas de estas personas a sus países de origen. Una
perspectiva que es contraria a lo que se espera de un Gobierno que se califica a sí mismo como de izquierdas y progresista, y que, por supuesto, no fue lo que los partidos actualmente en el Gobierno expusieron y prometieron a sus electores durante
la pasada campaña electoral previa a las elecciones del 23 de julio de 2023.
Con ello, nuestro Gobierno se está situando ahora en el mismo plano político e ideológico que otros Gobiernos de la Unión Europea que llevan tiempo realizando este tipo de prácticas contrarias a los Derechos Humanos, como son los de Italia,
Grecia, Hungría, etc., así como lo que están igualmente intentando hacer en la actualidad otros Gobiernos como el de Dinamarca o el de Alemania. Unas prácticas, en línea con el pacto sobre migración y asilo firmado por el conjunto de los países de
la Unión Europea durante la Presidencia española de la misma, que están reforzando y alentando a la extrema derecha en todo el continente, normalizando sus relatos y situando la política migratoria de la Unión Europea en un marco de racismo
institucional permanente.
Frente a ello, asociaciones de Derechos Humanos y la sociedad civil organizada de nuestro país están exigiendo un cambio de paradigma y están impulsando soluciones diferentes que pasen exclusivamente por el respeto pleno y total a los
Derechos Humanos de todas las personas. Buen ejemplo de ello es la ILP, ya convertida en Proposición de Ley y actualmente en tramitación en este Congreso tras haber contando con la mayoría necesaria para su toma en consideración, para una
regularización extraordinaria para personas extranjeras en España que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021, que, firmada en su origen por más de 700.000 personas, propone la regularización de las personas en
situación administrativa irregular que viven en nuestro país en la actualidad.
Una regularización que, según los cálculos que se plantean en la propia Proposición de Ley en tramitación, afecta actualmente a un mínimo de medio millón de personas, y que serviría para dotar de plenos derechos ciudadanos a las mismas,
acabando así con, según se argumenta acertadamente en su exposición de motivos, 'la condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como
la educación y la sanidad', que la situación de irregularidad provoca sobre ellas, así como para aportar grandes beneficios tanto económicos como fiscales al estado español y al conjunto de su sociedad.
No es cierto, además, que España no esté preparada para llevar a cabo esta regularización o para dar acogida legal a las personas que a día de hoy siguen llegando a nuestro país por cualquiera de las diferentes vías, marítimas, terrestres o
aeroportuarias, existentes. España ha recibido solo en los cinco primeros meses de 2024, 33 millones de turistas extranjeros, una de las principales causas -junto con el capital extranjero como BlackRock- de la situación de turistificación, del
aumento del precio de la vivienda y del alquiler, de la destrucción de zonas protegidas, que vive nuestro país. En estos años también, tras el comienzo de la guerra en Ucrania, han llegado a España más de 200.000 ucranianos y ucranianas con estatus
de refugiado y que han contado con el apoyo y la cobertura de las instituciones. Nadie ha considerado esto un problema de orden público ni que nuestro país no tenga la suficiente capacidad económica o estructural para darles cabida. En cambio,
según los planteamientos
impulsados tanto por partidos como Vox o PP y sus representantes en las instituciones, como por el propio Gobierno del estado, sí pareciera que quieren hacer creer que las poco más de 50.000 personas en situación administrativa irregular que
llegaron a España en 2023, o el hecho de dar plenos derechos a las personas que ya viven en nuestro país, lo suponen. Una contradicción más que evidente.
No obstante, lo único que podemos constatar con plena certeza a día de hoy es que las políticas migratorias impulsadas de la mano por los dos grandes partidos del estado, en esta cuestión más indistinguibles entre sí que, posiblemente, en
ninguna otra, han sido un absoluto fracaso en términos de derechos humanos y de respeto por la vida y los derechos de las personas migrantes. La falta de vías seguras y legales para migrar provoca que cada año miles de personas mueran intentando
entrar de manera irregular en nuestro país y en otros países de la UE, en una auténtica matanza de seres humanos que es directamente provocada por las políticas migratorias de nuestros países. Igualmente, las dificultades existentes para que las
personas que sí han logrado llegar a nuestro país puedan regularizar su situación, solo sirven para fomentar la explotación laboral y el abuso cotidiano hacia estas personas por parte de empresarios y otras personas sin escrúpulos, pese a que estas
personas, desde el mismo momento en que ya residen en el país, aportan con su fuerza de trabajo y con sus impuestos en materia como el IVA y otras similares, al conjunto de la sociedad. España no puede seguir fomentando estas prácticas abusivas, ni
este irrespeto permanente a los DDHH. Es una obligación ética, política y democrática, que nos daría una gran dignidad como país ante el mundo entero, la regularización de todas estas personas actualmente en situación irregular, así como la
apertura de vías legales y seguras para que las que así lo quieran puedan migrar desde su países sin arriesgar su vida en ello.
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno a:
- Aprobar de forma inmediata, en un plazo máximo de 2 meses, la regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el confort climático como derecho social, para su debate en el Pleno
de la Cámara.
Exposición de motivos
Un informe de la Organización Meteorológica Mundial y del Servicio de Cambio Climático Copernicus, apunta que 'las perturbaciones provocadas por el cambio climático causaron niveles récord de trastorno y miseria a millones de personas en
Europa en 2023, con inundaciones generalizadas y graves olas de calor, una nueva normalidad a la que los países deben adaptarse con carácter prioritario'. Ello condujo a un número récord de días con 'estrés térmico extremo' en toda Europa, con una
tendencia creciente, y a un verano prolongado marcado por olas de calor, incendios forestales, sequías e inundaciones. Según este estudio, 'la mortalidad relacionada con el calor ha aumentado alrededor de un 30 % en los últimos 20 años y se estima
que las muertes relacionadas con el calor han
aumentado en el 94 % de las regiones europeas monitoreadas'. Otro estudio elaborado por la revista médica The Lancet y elaborado por 114 investigadores de 50 países de finales de 2023 asegura que el cambio climático puedo multiplicar por
cinco las muertes por olas de calor, que ya se calculan en medio millón al año en el mundo. La ciudadanía sufre 86 días de calor extremo de medio, y las muertes han aumentado un 85 % por golpes de calor entre los mayores de 65 años en 2013-2022 en
comparación con 1991-2000.
La fundación Salud por Derecho, en su informe de hace pocos días titulado El impacto del cambio climático en la salud de las personas: de lo global a la experiencia en España explica que 'el impacto que las altas temperaturas tiene en la
salud se relaciona con el agravamiento de las enfermedades de pacientes crónicos, especialmente cardiacas, pulmonares o renales. Ciertos grupos de edad son especialmente vulnerables debido a deficiencias fisiológicas en la regulación de la
temperatura corporal en condiciones de calor'. Los datos son demoledores: 'Entre 2000 y 2019, se estima que hubo aproximadamente 489.000 muertes debidas al calor al año, con una carga especialmente elevada en Asia (45 %) y Europa (36 %), siendo
especialmente duros los últimos 8 años.
Entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022, se estima que hubo 61.672 muertes relacionadas con el calor en Europa. Los países más afectados fueron: Italia con 18.010, España con 11.324 y Alemania con 8.173. Solo en España, entre
junio y agosto de 2023, las muertes atribuibles al calor extremo fueron 5.028 y al calor excesivo 2.155'.
Según los expertos, la mortalidad por ola de calor tiende a aumentar y este fenómeno es atribuible al cambio climático. Según explica el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPPC), organismo perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas, la crisis climática se está generando en todas las regiones del planeta, en donde el efecto de la climatología extrema se está extendiendo de manera rápida e intensa. El documento muestra evidencias de la crisis
climática originada por los gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles. La temperatura del planeta lleva más de un año por encima del límite de seguridad fijado por los científicos. El termómetro planetario rebasa
desde el verano pasado en 1,63° la era preindustrial. El acuerdo de París puso el límite en +1,5° para finales del siglo XXI. El secretario General de la ONU, António Gueterres resumió la acción destructiva que está llevando a cabo la humanidad
hacia su propio entorno: 'Así como el meteorito que extinguió a los dinosaurios, nosotros también estamos teniendo un impacto desmesurado. En el caso del clima, no somos los dinosaurios, somos el meteorito. No solo estamos en peligro. Somos el
peligro'.
Una de las soluciones que se están llevando a cabo desde los municipios es el impulso de los refugios climáticos. En el informe de Salut por Derecho citado anteriormente se define el refugio climático como zonas naturales o urbanas que
mantienen condiciones ambientales adecuadas para proteger a las personas de un evento térmico desfavorable, como pueden ser la solas de calor o de frío. Los datos que ofrece este estudio son similares a los anteriormente citados. Esto está
relacionado con el confort climático, que debería transformarse en un derecho social básico para alcanzar la garantía del desarrollo de los refugios climáticos cercanos, sombras y zonas verdes, impulsando y regulando la climatización sostenible de
recintos que concentren a población especialmente sensibles, como pueden ser los centros educativos o las residencias de personas mayores y hospitales. Conviene además identificar a los grupos en situaciones de vulnerabilidad y desarrollar sistemas
de alerta temprana.
Algunos ayuntamientos ya han puesto en marcha medidas para aumentar los refugios climáticos en las ciudades. Barcelona, con el gobierno de Barcelona en Comú, lideró esta iniciativa y desplegó para 2022 casi 200 refugios climáticos para
hacer frente a las diferentes olas de calor en la ciudad, ofreciendo confort térmico a las personas usuarias y a las personas vulnerables al calor. Entre los equipamientos municipales habilitados se incluyeron bibliotecas, equipamientos de
proximidad en los barrios y distritos de la ciudad, centros deportivos municipales, parques y jardines, escuelas y museos. Se recomienda mantener una temperatura de consigna de 26ºC -en concordancia con lo recomendado
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía- y se dirigen sobre todo a personas vulnerables al calor, como bebés, personas mayores de 75 años, enfermos crónicos o personas con pocos recursos. Tienen buena accesibilidad,
áreas de descanso y agua, y son seguros. En definitiva, en 2022 el 95 % de la ciudadanía de Barcelona tuvo un refugio climático a menos de diez minutos de casa.
Esta solución, formulada desde una perspectiva colectiva, debe unirse a la renaturalización del espacio público, y no a su destrucción, como ha pasado en algunas ciudades y comunidades autónomas. Aumentar la vegetación y las superficies
permeables supone la mejor forma de reducir el efecto isla de calor y baja la temperatura de las calles; contar con vegetación, arbolado y agua en el espacio público mejora el confort ambiental exterior, pero también contribuye a mejorar el confort
en las viviendas, aportando un sombreado natural. A esto se pueden sumar soluciones como las cubiertas verdes, que mejoran el aislamiento térmico de los edificios.
En definitiva, las evidencias científicas son claras. A falta de una reacción global para revertir los efectos que causamos en nuestro entorno mediante políticas que hagan disminuir la contaminación, y más allá de los compromisos adoptados
en las cumbres climáticas, hacen falta medidas concretas para paliar las consecuencias del cambio climático que ya sufrimos hoy y que seguirán aumentando en el futuro próximo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convertir, con las medidas legislativas pertinentes, el confort climático en derecho social básico, con la finalidad de garantizar refugios climáticos naturales y urbanos, así como la climatización sostenible de recintos que concentran
población, como los centros educativos o las residencias para personas mayores, dotando todo ello de recursos para las diferentes administraciones competentes.
2. Crear un fondo específico para las administraciones competentes, acordado con los ayuntamientos y la FEMP, para impulsar una red de refugios climáticos, especialmente adaptados para las olas de calor y que aseguren el confort térmico y
el acceso a agua de manera gratuita, así como la garantía de acceso a toda la ciudadanía a menos de diez minutos de su vivienda.
3. Proponer, en el marco de la Conferencia Sectorial correspondiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la creación de una red de expertos en las comunidades autónomas especializados en urbanismo, arquitectura, medio
ambiente y sociología para proveer de herramientas y propuestas a los municipios con el fin desarrollar políticas de adaptación al cambio climático haciéndolos más resilientes, dotadas de los recursos necesarios por parte del Estado.
4. Transferir los recursos necesarios hacia las administraciones competentes para la adaptación de las ciudades al aumento de las temperaturas, marcando objetivos de confort climático.
5. Poner en marcha programas de preparación, protección y educación de la población en riesgo, en colaboración con las administraciones autonómicas y municipales, que permitan identificar a los grupos en situaciones de vulnerabilidad de
cada comunidad y desarrollar sistemas de alerta temprana, planificación y coordinación ante las emergencias climáticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación y el impulso de los trenes nocturnos, para su debate
en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Aprovechando la pandemia de la COVID-19, en 2020 la operadora Renfe suspendió los servicios nocturnos de los trenes que operaban entre Barcelona y Galicia, Madrid y Lisboa, Lisboa y Hendaya, y Madrid y Galicia como parte de las medidas
adoptadas para contener la pandemia. Una vez superada esa fase de contención y confinamiento, la operadora ya ha manifestado que no entra en sus planes el restablecimiento de este servicio, suponiendo el entierro final del ferrocarril nocturno en
España. Una excepción, por cierto, en el marco europeo.
Los motivos que aduce la operadora Renfe son 'estrictos criterios de rentabilidad comercial', puesto que los trenes nocturnos registraron pérdidas de '25 millones de euros en el último ejercicio', según la operadora. Sin embargo, en julio
de 2020 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sentenció en un estudio, previo a la liberalización de la alta velocidad, que 'la operación global de las líneas de alta velocidad ferroviaria es rentable en España, aunque sin
recuperar la inversión', y que 'los resultados globales muestran rentabilidades socioeconómicas entre nulas y mínimas en todos los corredores'. Es decir, según los últimos datos, la alta velocidad también es deficitaria. Otro de los argumentos
para desechar la vía del tren nocturno es que ya se da este servicio de manera diurna y con mayor rapidez mediante la línea estándar de AVE. Esta premisa es cierta en bastantes ocasiones, pero no con carácter general. Además, ignora que la alta
velocidad no cubre buena parte del territorio nacional.
De igual forma existe una competencia directa al tren nocturno: los vuelos low-cost, que ofrecen precios muy bajos y un trayecto mucho más corto en tiempo. Todos los vuelos, convencionales y de low-cost, están fuertemente subvencionados.
El coste de operación de la aviación sería mucho mayor si no gozara de las ventajas regulatorias, como exenciones fiscales: el queroseno es de los pocos combustibles fósiles que no está gravado; los billetes de avión internacionales están exentos
del impuesto del valor añadido (aunque los vuelos domésticos sí que tributan al 10 % de IVA); y las autoridades territoriales proporcionan grandes subvenciones en el uso de las compañías aéreas de los aeropuertos de menor tamaño. Estas ventajas,
de las que no goza el transporte ferroviario, entran en clara contradicción con la necesidad de hacer frente a la emergencia climática, la apuesta por la transición ecológica y el compromiso de reducir en 2030 las emisiones netas de gases de efecto
invernadero en un 55 % respecto a niveles de 1990. La Ley Europea del Clima propone la neutralidad climática de la UE en 2050. Y las cifras, en cuanto a contaminación, se balancean a favor de la alternativa ferroviaria de forma muy clara. En
España todos los ferrocarriles se suministran con energía eléctrica 100 % renovable certificada, por lo que la contaminación desprendida de cualquier persona que en España se suba a un tren, un metro o un tranvía es cero.
Por su parte, Ecologistas en Acción elaboró un estudio titulado Eliminación de vuelos cortos en España que determinaba que 'en lo que se refiere a los impactos en emisiones de las operaciones aéreas prescindibles por disponer de alternativa
ferroviaria, el estudio los cifra en 389.700 toneladas de CO2 en 2019, último año prepandémico con un tráfico aéreo normalizado. Asumiendo que el 100 % de la demanda de estos viajes aéreos se trasladara al tren, el ahorro neto de emisiones se
situaría en 306.125 toneladas de CO2 o, lo que es lo mismo, una reducción de entre el 30 % y el 40 % de las emisiones de todo el tráfico aéreo peninsular'. Existe el compromiso político, rubricado en el actual pacto de
Gobierno y aprobado en el Congreso a través de una Proposición no de Ley sobre la sustitución de vuelos de recorrido corto.
Así pues, para descarbonizar el sector del transporte es imperativo el uso del ferrocarril. Una encuesta realizada por Europe on Rail en 2021 muestra que el 70 % de la ciudadanía europea estaría dispuesta a elegir un tren nocturno si la
oferta fuera 'razonable'. Por lo tanto, existe una clara demanda que en España no se ve en ningún caso satisfecha por la negativa de Renfe a satisfacerla, aislando la península ibérica del resto del continente. Mientras tanto, en Europa no solo
circulan trenes nocturnos con normalidad, sino que diferentes países de la UE están apostando por este modelo, más ecológico y con buenos resultados. El más destacado es la oferta que proporcionan los ferrocarriles austriacos ÖBB con servicio por
toda Europa. ÖBB anunció un servicio nocturno entre Zúrich y Barcelona para finales de este año. Comboios de Portugal ha solicitado licencia de circulación a ADIF para hacer el servicio de noche entre Lisboa y Madrid. En el caso de Francia, los
nocturnos unen las ciudades de París con Niza, Cerbère, la Tor de Querol y Hendaya. Pero hay también casos novedosos como el proyecto de European Sleeper, una cooperativa belgo-holandesa que conecta múltiples ciudades europeas
(Bruselas-Ámsterdam-Berlín-Praga) y que prevé llegar a Barcelona en 2025 desde Ámsterdam con paso por Bruselas.
España está totalmente al margen de esta apuesta europea para el impulso del transporte ferroviario nocturno de pasajeros, porque además en España hay varios trayectos en ferrocarril entre 800 y 1.200 km que pueden ser servidos con trenes
nocturnos. La demanda existe. Las ventajas del tren nocturno, como se dice, es que el viaje dura solo una hora, treinta minutos para dormirse y treinta más para despertarse, permite ahorrar dos noches de hotel, el 15 % de la población europea
tiene miedo a volar, el viaje en tren es infinitamente más confortable que en avión y sus emisiones son cero. En definitiva, España tiene una asignatura pendiente con el tren nocturno, tanto en las relaciones en su interior como en las conexiones
internacionales con Lisboa, París, Bruselas, Milán, Zúrich, Frankfurt y Ámsterdam.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Declarar la Obligación de Servicio Público para los trayectos de ferrocarril nocturnos con el objetivo que la operadora Renfe o cualquier otra pueda realizar estos servicios.
2. Realizar un plan de recuperación de los trayectos nocturnos en ferrocarril que conectarían con Portugal y con Francia, a través de Hendaya/Irún y a través de El Pertús en la línea de alta velocidad. Si llega el caso, el gobierno podrá
convocar un concurso internacional para llevar a cabo dicho plan.
3. Inventariar la reducción de emisiones que supondría la estimulación de los trayectos nocturnos de larga distancia respecto a los vuelos nacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Júlia Boada Danés y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición del glifosato, para su debate en el Pleno de la
Cámara.
Exposición de motivos
En 2017 se presentó ante la Comisión Europea una Iniciativa Ciudadana Europea para la Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos, que reunió más de un millón de firmas en tan
solo cinco meses, siendo el España unos de los países miembro con mayor aportación de firmantes. En diciembre de ese mismo año, la Comisión aprobó el Reglamento de ejecución 2017/2324 de la Comisión que renovaba la aprobación del uso del glifosato
por cinco años más (hasta diciembre del 2023) y no por diez, considerando que 'al decidir la amplitud del período de aprobación del glifosato, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que en el futuro se produzcan rápidamente cambios de carácter
científico y tecnológico', teniendo a su vez presente que 'el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en la Unión'. El 20 de septiembre de 2023, la Comisión Europea publicó su propuesta de renovar la autorización del uso del glifosato por
10 años más. El Consejo de la Unión Europea tiene que votar en los próximos días sobre esta propuesta de prolongación.
En 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como 'probablemente cancerígeno para los humanos'. Recientemente una investigación ha
demostrado un vínculo entre la exposición al glifosato y un marcador biológico de daño neurológico con una muestra representativa de la población general de adultos estadounidenses expuestos al glifosato a través de su dieta.
Existen múltiples estudios que afirman que el glifosato no es una sustancia benigna, y conlleva además consecuencias ecológicas extremadamente significativas. El informe Alternativas a los herbicidas: agricultura sin glifosato, elaborado
por la Pesticide Action Network, afirma que el glifosato tiene 'consecuencias directas porque ataca a la vía metabólica presente no solo en las plantas, sino también en las bacterias y los hongos', y añade que 'tiene consecuencias indirectas debido
a su aplicación excesiva con un enfoque de 'tolerancia cero' que mata a plantas que alimentan otras formas de vida'. Los daños colaterales del uso del glifosato están provocando una caída de la biodiversidad, 'tanto en la tierra como por encima del
suelo, con repercusiones en organismos beneficiosos que, por el contrario, son necesarios para garantizar la fertilidad y la productividad. Algunos ejemplos de ello son los polinizadores, los depredadores de plagas de insectos, los organismos que
crean y mantienen la capa superficial del suelo y los hongos micorrízicos simbiontes que protegen y alimentan directamente los cultivos'. En cambio, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha evaluado el impacto del glifosato y 'no ha
identificado áreas de preocupación críticas' aunque reconoce 'algunas lagunas de datos'.
Las evidencias científicas también afirman que la concentración de plaguicidas como el glifosato repercute negativamente en la calidad de nuestros recursos hídricos y pone en peligro los ecosistemas acuáticos. De hecho, el informe Glifosato
y AMPA en aguas continentales, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y publicado en julio del 2023, establece en sus conclusiones que 'para aguas superficiales, los últimos años ya cuentan con un número de
puntos y mediciones de muestreo aceptables, y presentan porcentajes superiores al 30 % de puntos que superan el valor de referencia, de 0,1 µg/l para glifosato, lo cual supone una proporción muy elevada. La cifra se ha mantenido estable entre los
años 2020 y 2022 (cerca del 35 %) bajando ligeramente a 31 % en 2021'. En dicho informe se añade que 'dadas las grandes cantidades vertidas de esta sustancia como los resultados de los muestreos indican que el glifosato puede suponer un riesgo
tanto en aguas superficiales como subterráneas, por lo que es preciso garantizar el control de este herbicida en toda España'.
Los datos disponibles confirman que no se está cumpliendo con el objeto del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, 'mediante la reducción de los
riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativas,
tales como los métodos no químicos'. De hecho, hay una amplia gama de métodos no químicos de gestión de malas hierbas (preventivos, culturales o mecánicos) que, con el conocimiento de características biológicas y ecológicas de las malas
hierbas y los cultivos, hace posible gestionar de manera adecuada las malas hierbas sin herbicidas protegiendo así la biodiversidad, reduciendo la erosión del suelo y evitando impacto en la salud humana.
Así lo han hecho centenares de municipios del Estado Español al aprobar desde los plenos de los ayuntamientos la prohibición del uso del glifosato para el mantenimiento de espacios de uso público (parques, jardines, carreteras, etc.) y poner
en práctica alternativas menos tóxicas promoviendo la jardinería ecológica.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. No dar su apoyo a la recomendación de la Comisión Europea en el Consejo Europeo sobre la renovación de la autorización del uso de glifosato durante diez años más, teniendo en cuenta los diversos estudios publicados sobre su afectación en
la biodiversidad y la salud humana, así como el informe Glifosato y Ampa, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que se señala el riesgo que supone en aguas superficiales y subterráneas.
2. Garantizar los mecanismos para el cumplimento de la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente tal y como establece el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
3. Impulsar las medidas necesarias para la prohibición total de la utilización del glifosato en el Estado Español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con las prácticas de greenwashing o blanqueo ecológico, para
su debate en Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El greenwashing o blanqueo ecológico se ha convertido en una mala praxis habitual de muchas empresas que buscan vender sus productos o servicios a través de mensajes exagerados o falsos sobre los beneficios medioambientales. Esta táctica
comercial se utiliza precisamente por el progresivo aumento social en cuanto a la preocupación por el cambio climático. Entre otras prácticas, se considera greenwashing la ambigüedad en las afirmaciones, sin especificar por qué es respetuoso con el
medio ambiente o sostenible; el uso excesivo de palabras, como puede ser 'natural'; la introducción de información que es irrelevante porque todos los productos de esas características ya lo conllevan, como decir que el envase de vidrio es
reciclable; o la compensación oculta, destacando una ventaja medioambiental, pero ocultando otras que sí son perjudiciales.
Esto no solo resulta engañoso para el consumidor, sino que perjudica a otras empresas que sí cumplen con la sostenibilidad ambiental, produciendo así una práctica desleal y una desconfianza que va en aumento en cuanto a las comunicaciones
sobre medio ambiente en los productos.
Hace pocas semanas, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció la elaboración de una nueva Ley de Consumo Sostenible. El objetivo es la lucha firme contra el greenwashing, protegiendo aquellas empresas que sí cumplen
con los estándares de sostenibilidad y que sufren competencia desleal, así como potenciando el desarrollo del índice de reparabilidad para comparar la circularidad de productos en su propio etiquetado, y la inclusión del derecho a reparar como
principio básico.
El desarrollo de esta norma irá en coherencia con las directivas de la Unión Europea dirigidas a la protección de los consumidores frente al blanqueo ecológico. El Parlamento europeo trabaja así en una actualización de la normativa vigente
sobre prácticas comerciales y protección al consumidor, que incluye la prohibición del greenwashing y la promoción de la durabilidad de los productos. Entre otras medidas, la Unión Europea prohibirá las declaraciones medioambientales genéricas
sobre productos sin pruebas, las afirmaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente porque el productor compensa las emisiones, y las etiquetas de sostenibilidad que no se basen en sistemas de
certificación aprobados o establecidos por las autoridades públicas. Antes de utilizar tales afirmaciones para sus productos, las empresas tendrán que presentar pruebas de ellas y obtener la aprobación previa de los verificadores asignados por los
países de la UE.
Las alegaciones medioambientales son informaciones que la empresa proporciona a través del producto o mediante campañas sobre su impacto, positivo o neutro, en el medio ambiente. Dentro de estas, y según la Guía de Comunicación Sostenible
elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, hay dos categorías: por un lado, las alegaciones medioambientales explícitas, que pueden ser o bien genéricas o bien específicas, y las alegaciones medioambientales
implícitas. Según datos de la Comisión Europea en 2020, el 80 % de las páginas web, tiendas online o anuncios analizados contenían alguna alegación medioambiental. Otro estudio realizado ese mismo año por la Red de Cooperación para la Protección
al Consumidor en el que se analizaron 344 alegaciones medioambientales concluyó que prácticamente la mitad tenía una duda razonable sobre si estas eran falsas o engañosas. En más de la mitad de los casos las empresas no proporcionaban suficiente
información para permitir una evaluación sobre la exactitud de su mensaje. Esto, como se decía antes, induce a la persona consumidora a no confiar en los mensajes. El mismo estudio apuntaba que el 72 % de la población española afirmaba que los
certificados ecológicos y sociales influían positivamente en sus compras. Siendo el etiquetado la principal fuente de información para las personas consumidoras, en 2023 solo el 56 % de la ciudadanía europea confía en las alegaciones
medioambientales que aparecen en los productos que compran, un porcentaje inferior en relación a 2020, según las cifras aportadas por Consumer Conditions Scoreboard de la Comisión Europea.
Está claro que el greenwashing es una práctica que debe ser regulada, y ya que en primer lugar, perjudica a las personas consumidoras porque sus decisiones están basadas en información engaños y en segundo lugar, es fuente de competencia
desleal y mina la credibilidad al aprovecharse de la sensibilidad ambiental de las personas, que a su vez, puede llevar a desincentivar los esfuerzos de las personas consumidoras sensibilizadas con empresas comprometidas con el medio ambiente.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer, a través de la nueva normativa impulsada, un método ágil, efectivo y con respuesta rápida para que las empresas puedan comprobar, a través de los
verificadores asignados, si su alegación medioambiental se ajusta a los parámetros establecidos por la normativa, especialmente para que las pequeñas empresas puedan resultar beneficiadas en la correcta información que dan a través del
etiquetado de sus productos.
2. Impulsar un régimen sancionador en la nueva Ley de Consumo Sostenible que sea eficiente en cuanto a la disuasión para las prácticas de greenwashing, con la finalidad que a las grandes empresas no les compense esta práctica desleal en
cuanto a beneficios en relación a la multa impuesta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicidad de productos derivados de los combustibles
fósiles, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Abordar la emergencia climática es urgente y reducir drásticamente las emisiones de efecto invernadero una de las principales prioridades. Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más peligroso y
prevalente, no paran de crecer en todo el mundo debido a la quema de combustibles fósiles. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, las empresas del carbón, el petróleo y el gas son los 'padrinos del caos
climático'. Estas, 'han distorsionado la verdad y engañado al público durante décadas'.
En España, diez empresas son responsables del 59'9 % de las emisiones sujetas a los mercados de carbono y el 19'1 % de las totales del país según el Informe Descarbonización 2023 del Observatorio de Sostenibilidad. La petrolera Repsol es la
que lidera el ranking de los top10 'big polluters' con 11,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) seguida de las tres grandes eléctricas: Endesa (10,5 millones de tCO2eq); EDP (5,6 millones de tCO2eq) y Naturgy (4,8
millones de tCO2eq). Las siguen la siderúrgica ArcelorMittal (4,3 millones de tCO2eq) y la petrolera Cepsa (3,8 millones de tCO2eq). Iberdrola, otra eléctrica, estaría en séptimo lugar (3,5 millones de tCO2eq) y cierran el ranking de las compañías
españolas que más calentaron la atmósfera el año pasado la compañía aérea Iberia (3,6 millones de tCO2eq); la constructora FCC (2,9 millones de tCO2eq) y la cementera LafargeHolcim (1,9. Millones de rCO2eq).
Según el informe 'El impacto del cambio climático en la salud de las personas: de lo global a la experiencia en España' de Salud por Derecho, la contaminación atmosférica, causada por las emisiones procedentes de la quema de los
combustibles fósiles, 'es responsable de aproximadamente 21.000 muertes anuales en España y 300.000 en Europa. Por ello, representan un grave riesgo para la salud, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias y cardiopatías, así como
en niños y mujeres embarazadas'.
Los padrinos del caos climático no pueden seguir anunciándose mientras niegan su responsabilidad sobre el cambio climático, se presentan ante la opinión pública como compañías verdes con un descarado greenwashing, y sobre todo, retardan la
acción climática para eliminar los combustibles fósiles. Tal y como recoge la George Mason University Center for Climate Change Communication 'al igual que la industria del tabaco,
la industria de los combustibles fósiles ha creado deliberadamente desinformación y confusión en torno a los perjudiciales impactos sociales y ecológicos que causan sus productos, bloqueando la conciencia popular sobre los peligrosos efectos
de la industria en la salud mundial'. Tanto el IPCC como los científicos de Postdam (que definieron los 9 principales parámetros que marcan los límites planetarios) consideran que regular la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles es
un requisito indispensable para producir un cambio masivo de comportamiento y de punto de inflexión social, para reducir las emisiones y mantener el calentamiento global por debajo de 1'5 °C.
Por tanto, parece claro que permitir la publicidad por parte de estas empresas de los productos derivados de combustibles fósiles, en especial de los refinados que son causa probada y directa de las emisiones de gases de efecto invernadero,
genera una evidente contradicción con los principales objetivos comprometidos tanto por el Estado con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y las posteriores actualizaciones de los objetivos de reducción
vinculantes, como por la Unión Europea, con lo establecido en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030, el Acuerdo de París y la Ley Europea del Clima, con el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de CO2 en un 55 %
como mínimo de aquí a 2030.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar los cambios normativos necesarios para eliminar la publicidad de productos refinados derivados de los combustibles fósiles, así como de los servicios de transporte aéreo, por carretera y por vías navegables (exceptuando los
servicios de transporte de interés económico general) que utilicen combustibles fósiles.
2. Establecer nuevos límites en la publicidad y el patrocinio de eventos (culturales, deportivos, de ocio ...) de empresas cuya principal línea de negocio sea la extracción, producción o suministro de combustibles fósiles, en coherencia con
los objetivos de reducción de emisiones comprometidos por España y las políticas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a abaratar el acceso a la vivienda, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La crisis de vivienda en España en datos.
La realidad de la vivienda en España es crítica. Todas las informaciones coinciden en el gran problema al que se enfrentan los españoles a la hora de buscar una vivienda, ya sea para alquilar o para compraventa. Algunos datos dan
evidencias de la gravedad del
asunto y la magnitud de la crisis habitacional que vivimos en España. Entre ellos se destacan los siguientes:
1. Los españoles destinaron de media el 43 % de su salario bruto al pago de la renta del alquiler en 2023, el valor más alto de los últimos 17 años, llegando en algunas provincias a superar el 50 % (en Barcelona fue el 65 %, en Baleares el
63 % y en Madrid el 62 %) 11. A mayor abundamiento, en las grandes urbes españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia, la oferta de pisos compartidos de alquiler ha superado a la de pisos completos: de los 2.551 pisos compartidos al cierre de 2020
a un total de 21.818 en abril de 2024. La edad media del arrendatario de los pisos compartidos ha pasado de los 32 años en 2022 a los 34 en 2024 y la mayoría, el 60 %, son mujeres 12.
2. La proporción de hogares en alquiler en España que se encontraban en una situación de sobresfuerzo, esto es, que dedicaban el 40 % o más de la renta bruta del hogar al pago del alquiler y otros gastos básicos relacionados con la vivienda
(agua, luz, gas, internet ...), se situaba en torno al 40 % en 2022, 20 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE 13.
3. En 2022, el 45 % de aquellas familias españolas que residían en una vivienda alquilada se encontraba en situación de vulnerabilidad social, es decir, en riesgo de pobreza o de exclusión social. Este es el porcentaje más elevado de toda
la UE (el promedio de la UE es el 31 %) 14.
4. Los españoles menores de 35 años tienen menos vivienda en propiedad que nunca: en apenas 20 años, se ha reducido del 70 % al 35 % la proporción de jóvenes con vivienda en propiedad 15.
5. El difícil acceso a la vivienda está incrementando el retraso de la edad de emancipación de los jóvenes, ya de por sí elevada en España (30,3 años según Eurostat, la cuarta más elevada de la Unión Europea) 16 y, por consiguiente, está
obstaculizando la formación de familias jóvenes con la consecuente caída de la tasa de fertilidad (1,16, la segunda más baja de la Unión Europea) 17 y natalidad (España registró en 2023 la cifra más baja de nacimientos en términos absolutos desde
1941, año de inicio de la serie histórica) 18.
6. Los españoles deben destinar de media 7,3 años de salario bruto anual para la adquisición de una vivienda, el doble que en el periodo 1987-2000, si bien ello depende igualmente del factor geográfico: en los centros urbanos (8,1 años) es
superior a las periferias (6,8) y a las zonas rurales (5,6), y en las zonas urbanas de los principales polos económicos de España es significativamente superior (en Baleares, Madrid y Barcelona supera los 10 años) 19.
7. Según el Consejo Económico y Social, en su Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral en España en 2023, publicada el 30 de mayo de 2024, la crisis de vivienda puede llegar a 'estrangular' el crecimiento económico de España 20.
8. Existe una gran descompensación entre la creación de nuevos hogares y el parque de viviendas disponibles, que no crece al mismo ritmo. Ello genera grandes tensiones en
11 https://www.fotocasa.es/fotocasa-life/alquiler/los-espanoles-destinaron-casi-la-mitad-de-su-salario-al-pago-del-alquiler-en-2023/
12 https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2024/06/05/666052f0e85ece8e158b45df.html
13 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
14 Ibid.
15 https://www.funcas.es/articulos/renta-ahorro-y-riqueza-de-los-hogares-espanoles-un-cuarto-de-siglo-de-transformacion/
16 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230904-1#:~:text=The%20highest%20average%20ages%2C%20at,)%20and%20Italy%20(30.0)
17 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics
18 https://elpais.com/sociedad/2024-02-21/nueva-caida-de-los-nacimientos-en-2023-que-han-bajado-un-24-en-10-anos.html
19 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
20 https://theobjective.com/actualidad/2024-05-31/ces-deficiti-vivienda-estrangular-economia-espana/
el mercado inmobiliario, que adolece de falta de oferta de vivienda, provocando un aumento significativo de los precios del alquiler y compraventa 21.
9. El tamaño de los hogares es cada vez más pequeño: si en 1981 de media vivían 3,59 personas, en 2023 son 2,5. Las consecuencias de este fenómeno son evidentes: mayor probabilidad de sufrir soledad no deseada, mayor probabilidad de
hogares con un hijo único, mayor necesidad de nuevas viviendas ante la atomización de la sociedad, mayores complicaciones de acceso a la vivienda a las familias con 5 o más miembros, etc. 22
10. Los propietarios carecen de seguridad jurídica e instrumentos legales eficaces y ágiles ante los fenómenos de la okupación y la inquiokupación.
11. Durante 2023 se han vendido 586.000 viviendas, lo que supone un 9,9 % menos que en el ejercicio anterior, y las hipotecas para compra de vivienda se redujeron un 17,9 % en términos interanuales, mientras que la proporción de inmuebles
adquiridos al contado supera el 50 % 23. Asimismo, el precio de la vivienda no deja de crecer: según el índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de 2024 se incrementó un 7,8 % en
términos interanuales y por tipo de vivienda aumentó un 11,2 % para la nueva y un 7,3 % para la de segunda mano 24. Además, respecto al primer trimestre de 2024, los precios de la vivienda, en general, se incrementaron en un 3,6 % 25. El precio
medio de la vivienda en España en euros por metro cuadrado supera ya los niveles de 2007-2008 (un 2,9 % más) y los expertos vaticinan que continuará subiendo 26.
12. Únicamente el 2,5 % del parque de viviendas principales en España es vivienda social, sustancialmente por debajo de la media de la Unión Europea (9,3 %) 27.
13. La ciudad de Barcelona, uno de los municipios catalanes que se ha declarado zona de mercado residencial tensionado de conformidad con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, ha experimentado un gran descenso del
parque inmobiliario de alquiler en los últimos seis meses: hasta la mitad de las viviendas habrían salido del mercado, lo que ha incrementado aún más los precios del alquiler 28.
14. La escasez de suelo urbanizable para la edificación de viviendas, el incremento de los costes de construcción por el encarecimiento de las materias primas, la escasez de mano de obra cualificada, así como la ralentización de los
trámites administrativos en la concesión de licencias de obra, dificultan considerablemente la promoción de vivienda nueva en España 29.
15. En 2021, un 61 % de los hogares que residían de alquiler o en una vivienda cedida no disponían de ahorros suficientes, consecuencia de la baja renta disponible de los arrendatarios, para hacer frente a los costes asociados a la
adquisición de una vivienda (entrada y demás gastos como impuestos y tasas) en su municipio de residencia 30.
Segundo. La necesidad de tomar las medidas necesarias para abaratar el acceso a la vivienda en España.
A la vista de los datos señalados en el expositivo anterior, cabe concluir que el escenario español relativo a la vivienda es preocupante y realmente grave, en especial para los más jóvenes y aquellas familias con rentas más bajas.
21 https://www.ces.es/documents/10180/5311931/Memoria_2023_APROBADA.pdf
22 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
23 https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B8351d53f-7d79-48f2-b29e-b1fbfa4f760e%7D
24 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/IPV2T24.htm
25 Ibid.
26 https://amp.expansion.com/economía/2024/09/04/66d74e96e5fdea1c458b458f.html
27 https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/observatorio-de-vivienda-y-suelo
28 https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20240515/oferta-pisos-alquiler-cae-picado-precios-disparados-barcelona-102374234
29 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
30 Ibid.
El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un infierno para una mayoría amplia de españoles, especialmente para aquellos que viven en las grandes urbes. Este fenómeno, además, tiene consecuencias sobre otros ámbitos sociales. Por
ejemplo, si alguien no puede acceder a un inmueble, no podrá formar una familia y, por ende, no podrá tener descendencia, con lo que se perpetuará el invierno demográfico en el que está sumido España desde hace décadas. Este aspecto lo sufren
especialmente los menores de 35 años, que ven cómo cada vez es más difícil emanciparse y tienen que retrasar con ello su paternidad.
En el mercado del alquiler de larga duración, tanto al propietario como al inquilino hay que ofrecerles garantías: '[ ...] todo arrendatario busca estabilidad, flexibilidad y asequibilidad; y todo arrendador, certeza en el cobro,
posibilidades de rehabilitación y eficiencia en la recuperación en caso de incumplimiento' 31. De no cumplirse estos condicionantes, los propietarios retirarán su vivienda del mercado del alquiler, mientras que los arrendatarios deberán recurrir a
otras alternativas habitacionales, como los pisos compartidos en el caso de los jóvenes, o buscar vivienda en el extrarradio de las ciudades, algo cada vez más habitual. La crisis de la vivienda está provocando también la desaparición paulatina de
la clase media española, antaño numerosa y hoy cada vez más menguante. La vivienda es uno de los elementos constitutivos y cohesionadores de las personas y las familias. Sin ella se pierde no solo patrimonio, sino también certidumbre, estabilidad
y solidez vital. Por ello es importante abaratar el acceso a la vivienda. Este escenario hace urgente y necesario tomar cuantas medidas sean necesarias para hacer accesible la vivienda a la mayoría social de los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar todas las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones competentes, para abaratar el acceso a la vivienda.
2. Fomentar un cambio en la política fiscal para facilitar el acceso a la vivienda y reducir el porcentaje de población que sufre sobreesfuerzo económico por el pago de esta, a través de exenciones en IVA e ITP para compra de vivienda
habitual, entre otras.
3. Favorecer el incremento del parque de vivienda social.
4. Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado, que haga viable la permanencia en las ciudades medias y pequeñas, así como en las áreas rurales.
5. Llevar a cabo una evaluación de los efectos de las políticas públicas en materia de vivienda para apostar por las efectivas y desechar las perjudiciales.
6. Impulsar una legislación nacional en materia de vivienda que no provoque desigualdad entre españoles según la región en la que residan.
7. Reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria para todos los actores implicados en la vivienda (promotores, constructores, propietarios, arrendatarios ...).
8. Agilizar los trámites administrativos relacionados con las licencias de obras y el desarrollo de suelos urbanizables.
9. Aumentar la frecuencia de los transportes públicos urbano e interurbano en las áreas metropolitanas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2024.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
31 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2023/01/20221115_FINAL_PoliticaDeVivienda_1_WEB-1.pdf