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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 184, de 24/07/2024
cve: BOCG-15-D-184
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de julio de 2024
Núm. 184
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página8)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas... (Página8)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página8)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al establecimiento de un embargo total y efectivo de armas a Israel por parte del Gobierno de España ... (Página9)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre fiscalidad de viviendas de uso turístico ... (Página12)
Comisión de Interior
161/001062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la prevención de ataques terroristas en los pueblos y ciudades de España durante el verano de 2024 ... (Página15)
161/001063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para evitar la distribución de menores extranjeros no acompañados por las regiones de España ... (Página18)
161/001078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de las medidas necesarias para otorgar la condición de crímenes de lesa humanidad a los delitos de terrorismo ...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la renovación del convenio de la Vía Verde de la Terra Alta.
Retirada... (Página23)
161/001053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la conexión peatonal y ciclista entre los municipios de Cádiz y Puerto Real ... (Página23)
161/001054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al incremento de las frecuencias y plazas en los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico y MD en Galicia para atender la elevada demanda ...
161/001057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a los helicópteros Kamov ... (Página28)
161/001077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la recuperación y mejora de los servicios de ferrocarril de largo recorrido desde Barcelona ... (Página30)
161/001079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la línea de Alta Velocidad ferroviaria Vigo-Porto-Lisboa ... (Página31)
161/001080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la renovación del convenio de la Vía Verde de la Terra Alta ... (Página33)
161/001082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para tramitar el cambio de nombre de la estación de tren 'Alicante Terminal' por 'Alicante Eusebio Sempere' ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la situación de las personas temporeras en España ... (Página35)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre cambio de método de cálculo de la asignación del 0,7% del IRPF.
Retirada... (Página37)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el control de las redes a la deriva y prácticas ilegales de pesca en el Estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno ejecute de manera urgente el Colector Interceptor Perimetral Oeste, conocido como Colector Norte, en la ciudad de Murcia ...
(Página39)
161/001055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de una ley para la adaptación y mitigación del cambio climático en las ciudades ... (Página41)
161/001056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la regeneración de la playa de Laxe ... (Página42)
161/001058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de medidas que aborden la problemática de los vertidos de pélets en las costas españolas ... (Página44)
161/001074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención del aislamiento tecnológico en el medio rural español y la necesidad urgente de agilizar el despliegue de banda ancha en
las zonas rurales ... (Página46)
Comisión de Cultura
161/001072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar actuaciones de consolidación y restauración del Acueducto Romano de Albarracín-Gea de Albarracín-Cella, así como su promoción cultural y
turística ... (Página48)
161/001081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para que se inicie el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural del espigón sur de la Dársena de Molnedo (Puertochico) en Santander ...
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implementación urgente del Sandbox de IA en España ... (Página52)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a la Capacidad Técnica de los Organismos Públicos Inversores para Proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI) ...
Comisión de Igualdad
161/001059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la seguridad y la salud de las personas que trabajan en el ámbito del empleo doméstico ... (Página55)
161/001064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a ajustar el lenguaje inclusivo a las recomendaciones de la Real Academia Española ... (Página56)
Comisión de Juventud e Infancia
161/001067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Pacto de Estado contra la pobreza infantil ... (Página58)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/001061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la publicación detallada de los gastos protocolarios y representativos de los departamentos ministeriales y sus titulares ...
161/001070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la regulación de la publicidad institucional ... (Página66)
161/001071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación ... (Página68)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000407 Pregunta formulada por el Diputado Carlos Javier Floriano Corrales (GP), sobre asistencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el 23/06/2024, a la celebración que organizó el Conde de Godó con motivo de
la fiesta de San Juan ... (Página70)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000417 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre valoración del estado y desarrollo del ferrocarril en la provincia de Tarragona ... (Página70)
181/000418 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre valoración del estado y desarrollo del ferrocarril en la provincia de Sevilla ... (Página70)
181/000419 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre previsiones acerca de eliminar en el corto plazo las categorías de ingreso en Renfe ... (Página71)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000400 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX), Hernández Quero, Carlos (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre sostén económico y social de España ante la
previsión de que la población con 65 o más años alcance el 30,5% del total en el año 2055 ... (Página71)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000397 Pregunta formulada por las Diputadas Cristina Narbona Ruiz (GS) y Pérez Ortiz, Isabel María (GS), sobre medidas previstas para fomentar la cadena de valor industrial en la transición energética ...
181/000398 Pregunta formulada por las Diputadas Cristina Narbona Ruiz (GS) y Pérez Ortiz, Isabel María (GS), sobre medidas previstas para seguir apoyando el desarrollo del hidrógeno renovable en nuestro país ...
Comisión de Sanidad
181/000399 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), García Gomis, David (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si es un éxito social
que desde que se legalizó la eutanasia en el año 2021 cada año aumente en España el número de personas que la solicitan y la reciben ... (Página72)
181/000401 Pregunta formulada por las Diputadas Elvira Velasco Morillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre diferencia o mejora real que existe entre el 'Comité de Cuidados en Salud' presentado por el Ministerio de Sanidad el
07/05/2024 y la 'Iniciativa Marco en Cuidados para el Sistema Nacional de Salud' (SNS) aprobada por el Consejo Interterritorial del propio SNS el 25/05/2022 ... (Página72)
181/000403 Pregunta formulada por las Diputadas Elvira Velasco Morillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre criterio y objetivos priorizados del Gobierno para retirar del Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo
2024-2027 la subida del precio del tabaco propuesta previamente desde el Ministerio de Sanidad ... (Página73)
181/000404 Pregunta formulada por las Diputadas Elvira Velasco Morillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones del Ministerio de Sanidad de atender la solicitud realizada por trece consejeros autonómicos de Sanidad y
abordar las acciones que son de su competencia para que, en todo el territorio nacional, se disponga de médicos de familia en un número suficiente para abordar las jubilaciones o las ausencias prolongadas ... (Página73)
181/000405 Pregunta formulada por las Diputadas Elvira Velasco Morillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para adaptar el reglamento vigente del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud a lo dispuesto en el Real Decreto 440/2024, de 30 de abril, sobre criterios de funcionamiento de las Conferencias Sectoriales con respecto a la concreción de las decisiones adoptadas y reflejadas mediante actas y certificaciones
que se regula en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ... (Página73)
181/000408 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas ante la idea planteada por la Ministra de Sanidad de que no se puede fortalecer nuestra
atención primaria hasta que todas las piezas vayan encajando en un solo puzle: situación profesional, formación, infraestructuras ... (Página74)
181/000409 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para saber, según ha planteado la Ministra de Sanidad, hacia dónde dirigir los recursos
económicos del sistema sanitario para que sean más efectivos en términos de salud ... (Página74)
181/000410 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas ante el hecho reconocido por la Ministra de Sanidad de que el Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios está al 70% y que sin este registro es muy difícil hacer un diagnóstico de la situación real de la ordenación profesional en el Sistema Nacional de Salud ... (Página74)
181/000411 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para organizar cosas alrededor del modelo de acceso a las innovaciones terapéuticas en todo el
Sistema Nacional de Salud (SNS), así como para mejorarlo tal y como ha planteado el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad ... (Página74)
181/000412 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas ante el hecho planteado desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de que
8.119 enfermeras dejaron su provincia en el año 2023 para trasladarse bien a otra provincia o Comunidad Autónoma (6.646), bien a otro país (1.473), siendo la precariedad laboral la razón principal para esta elevada movilidad ...
181/000413 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante la solicitud planteada por el Secretario General de la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria de un marco normativo más flexible que facilite la innovación y agilice el proceso de adquisición de tecnología de calidad ... (Página75)
181/000414 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante la idea planteada por la Ministra de Sanidad de que no nos
podemos permitir cada año un aumento de 1.000 millones de euros en el gasto farmacéutico ... (Página75)
181/000415 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para convertir en avances tangibles la idea de hacer un gran
esfuerzo con los medicamentos genéricos y los biosimilares que ha planteado la Ministra de Sanidad ... (Página76)
181/000416 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de adoptar alguna medida para materializar el plan industrial planteado por la Ministra de
Sanidad, junto con los Ministerios de Industria y Turismo y de Ciencia, Innovación y Universidades, para tener un seguimiento de toda la vida del medicamento, desde la investigación hasta su comercialización ... (Página76)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/010356 Autor: Muñoz de la Iglesia, Ester
Vázquez Jiménez, María del Mar
Velasco Morillo, Elvira
Román Jasanada, Antonio
Belmonte Gómez, Rafael Benigno
Cavacasillas Rodríguez, Antonio
Madrid Olmo, Bartolomé
Navarro Lacoba, Carmen
Reynal Reillo, Esperanza
Sánchez Torregrosa, Maribel
Previsiones acerca de mostrar públicamente un rechazo a la adjudicación realizada por el Ministerio de Defensa de parte de un hospital situado en la ciudad de Madrid al Grupo Hospitalario Quirónsalud para el año 2099.
Retirada ... (Página76)
184/010932 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Alonso Cantorné, Fèlix
Valoración de las declaraciones que ha realizado Su Majestad el Rey Don Felipe VI en su visita a los países del Báltico acerca del despliegue de una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir del próximo septiembre, así
como razones por las que ningún ministro o ministra acompañó a Don Felipe VI hasta el último día de la gira ... (Página77)
184/010974 Autor: Muñoz de la Iglesia, Ester
Vázquez Jiménez, María del Mar
Velasco Morillo, Elvira
Román Jasanada, Antonio
Belmonte Gómez, Rafael Benigno
Cavacasillas Rodríguez, Antonio
Madrid Olmo, Bartolomé
Navarro Lacoba, Carmen
Reynal Reillo, Esperanza
Sánchez Torregrosa, Maribel
Compatibilidad de la adjudicación realizada por el Ministerio de Defensa de parte de un hospital en Madrid al Grupo Hospitalario Quirónsalud hasta el año 2099, a pesar del rechazo mostrado desde el Ministerio de Sanidad.
Retirada ... (Página78)
184/011643 Autor: Micó Micó, Àgueda
Previsiones acerca de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la doble tarificación de riego ... (Página79)
184/011644 Autor: Micó Micó, Àgueda
Acciones previstas ante la escalada de acciones violentas y la amplificación de los discursos de odio por parte de la extrema derecha ... (Página81)
184/011646 Autor: Micó Micó, Àgueda
Estado de tramitación de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto de regeneración de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa ... (Página82)
184/011649 Autor: Guijarro García, Txema
Martínez Barbero, Verónica
Estado del expediente de la isla de Toralla en la Dirección General de la Costa y el Mar ... (Página83)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana 16-07-2024
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Socialista (061/000009)
Titular
Baja:
LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana 16-07-2024
Alta:
CRESPÍN RUBIO, Rafaela 17-07-2024
Suplente
Baja:
CRESPÍN RUBIO, Rafaela 17-07-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Socialista (010/000005)
Número de miembros al 16 de julio de 2024: 119
Baja:
LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana 16-07-2024
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Las Diputada de Podemos y Portavoz Adjunta del G.P Mixto, Doña lone Belarra, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento
de un embargo total y efectivo de armas a Israel por parte del Gobierno de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Durante la semana del 8 de julio el Centre Dèlas de Estudis per la Pau dio a conocer su informe titulado 'Business as usual' sobre el comercio de armas español de 2022-2023. En él se detalla que, desde el inicio del genocidio en Gaza el
pasado mes de octubre, España ha continuado importando armamento de Israel y adjudicando contratos públicos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales en España. Los investigadores señalan que el valor de estos contratos públicos
es de 1.027 millones de euros desde octubre.
Entre dichas empresas figuran la primera y la tercera del sector en Israel: Elbit Systems y Rafael (PAP Tecnos es su filial en España). Rafael es una compañía pública israelí, mientras que Elbit Systems es privada, pero tiene un vínculo
muy estrecho y altamente estratégico con las Fuerzas Armadas de Israel. Ambas empresas son, según el Centre Dèlas, 'las más lucradas por las operaciones militares en la Franja de Gaza, donde han probado y utilizado frecuentemente los mismos
productos que ofrecen a las fuerzas armadas españolas'. Entre los contratos concedidos por España a empresas militares israelíes -o a sus filiales en territorio español- destacan la adquisición del sistema de lanzacohetes SILAM (consorcio con
Elbit) o los misiles SPIKE (PAP Tecnos, filial de Rafael), ambos publicitados como 'probados en combate', es decir en los territorios palestinos.
El informe Delàs señala que también hay adjudicaciones a otras empresas fuertemente involucradas en la operación militar en curso en Gaza, entre ellas la estadounidense Palantir Technologies Inc. Esta empresa tiene una filial en España que
fue la adjudicataria de un contrato, formalizado el 6 de noviembre de 2023, para 'una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas', con un presupuesto base de licitación de 20.013.400
euros y con un valor estimado del contrato (sin impuestos) de 16.540.000 euros, según informa la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por otro lado, en el informe del Centre Dèlas se detalla que España también ha seguido exportando armamento a Israel tras el 7 de octubre. Si bien el Gobierno ha asegurado varias veces durante los últimos meses que no ha autorizado nuevas
licencias de ventas de material militar a Israel desde octubre, lo cierto es que no se han revocado o suspendido las ya existentes, por lo que las exportaciones se han mantenido durante vahos meses más. Esa decisión de continuar con los envíos de
armamento a Israel sitúa a España en el quinto país de la Unión Europea que más armas y municiones -categoría 93- ha exportado a Tel Aviv desde el pasado 7 de octubre.
Según los datos en noviembre de 2023 se exportaron desde España 987.000 euros en municiones a Israel. Lo hizo Nammo Palencia, la filial de la multinacional noruego-finlandesa Nammo. La empresa israelí receptora de esas municiones fue Elbit
Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí. En diciembre, España exportó a Israel más municiones y/o proyectiles, para ser reexportadas a Filipinas. También ha enviado a Israel material relacionado con vehículos blindados en
octubre, noviembre, enero y febrero. En el caso de esos dos últimos meses, a falta de que se publiquen las estadísticas oficiales, el destino último de esas exportaciones sería Filipinas.
Estos datos evidencian que, como concluyen los investigadores del Centre Delàs, 'a pesar de la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares de España con Israel no se han alterado de manera
sustancial a partir del 7 de octubre'. Es decir, el comercio de armas entre España e Israel no ha cesado a pesar del genocidio cometido por Israel en Gaza. Este hecho contrasta profundamente con las declaraciones y actos simbólicos de apoyo por
parte del Gobierno al pueblo palestino; así como con el paso dado en este sentido el pasado mes de mayo, cuando España se sumó a los 143 países que reconocen el Estado de Palestina.
A pesar de dichos actos, de importancia relativa pero nula efectividad para frenar el genocidio, el Gobierno no ha establecido un embargo formal de armas sobre Israel, una medida solicitada por la relatora de Naciones Unidas para los
territorios palestinos, Francesca Albanese, y por amplios sectores de la ciudadanía y la sociedad civil española. Además, España ha mantenido 'la colaboración bilateral entre los dos países en materia de inteligencia y seguridad, y en un marco más
amplio de la UE y la OTAN' y 'permite, salvo una excepción, que se use territorio español para transferir armas de otros países', según los investigadores autores del informe, en el que se analizan las bases de datos de comercio exterior
(DataComex).
España está sujeta por una serie de obligaciones y compromisos con la legalidad nacional e internacional en relación al comercio de armas con países que pudieran utilizarlas para la vulneración de derechos humanos o contra población civil en
ofensivas militares y conflictos armados. El artículo 8, apartado a), de la ley española sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso (53/2007), sobre denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y
revocación de autorizaciones, establece que:
'1. Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, a las que se refiere el artículo 4, suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o
regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan
como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre
transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la
información facilitada por organizaciones y centros de investigación
de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de
armas.'
Por otro lado, el artículo 2 del Tratado sobre el Comercio de Armas define las transferencias de armas como las actividades de comercio internacional que abarcan desde 'la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el
corretaje'. Sobre prohibiciones de transferencias de armas convencionales, el artículo 6, apartado 3) del Tratado establece que:
'Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de
que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales,
u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.'
El artículo 7 del Tratado prevé que los Estados podrán no conceder licencias de exportación si las armas pudiesen servir para 'cometer o facilitar una violación grave del Derecho internacional humanitario' o para 'cometer o facilitar una
violación grave del Derecho internacional de los derechos humanos'. El apartado 7), además, establece que: 'Si, después de concedida una autorización, un Estado parte exportador tiene conocimiento de nuevos datos que sean pertinentes, se alienta a
dicho Estado a que reexamine la autorización'.
Por su parte, la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, después de aludir en la exposición de motivos a la resolución de los Estados de 'evitar la exportación de tecnología y equipos militares que pudieran utilizarse para la
represión interna o la agresión internacional o contribuir a la inestabilidad regional', fija ocho criterios que deben tener en cuenta los Estados a la hora de aprobar las solicitudes de licencias de exportación de armas. El segundo criterio se
refiere al 'respeto de los derechos humanos en el país de destino final [de la tecnología y equipos militares] y respeto del Derecho internacional humanitario por parte de dicho país'. En dos supuestos se establece la obligación de los Estados de
denegar las licencias de exportación (en caso de que las armas pudiesen ser utilizadas con fines de represión interna o si existía riesgo manifiesto de que la tecnología y equipos militares pudiese usarse para cometer violaciones graves del DIH).
Por último, también la Convención sobre el Genocidio obliga a los Estados firmantes -incluyendo España- a actuar para prevenir y detener el genocidio en Palestina, esto es, la comisión de dicho crimen por parte del gobierno de Israel,
especialmente teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia y la investigación en curso. De hecho, los gobiernos de los países que estuvieran respaldando la ejecución del genocidio de la población palestina, bien con
apoyo político, económico, militar, logístico o de cualquier otra índole, podrían tener que responder y enfrentar consecuencias ante la justicia internacional por complicidad con el gobierno de Israel. Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
Por la que se insta al Gobierno a:
'1. Proceder a la suspensión inmediata, formal y efectiva de la compra, venta y tránsito de cualquier tipo de material militar desde España hacia Israel, dando estricto cumplimiento a la ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del
comercio exterior de material de defensa y de doble uso; a la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, y al Tratado sobre Comercio de Armas;
2. Proceder a la revocación de todas las autorizaciones de contratos de importación y exportación de material militar vigentes con el gobierno y cualquier empresa israelí, incluidas sus filiales;
3. Detener e inspeccionar los cargueros con material militar sospechoso de poder acabar en Israel que entren en aguas españolas, con el objetivo de prevenir que dicho material sea utilizado por Israel para cometer el genocidio contra el
pueblo palestino;
Impulsar el establecimiento a nivel europeo de un embargo total de armas a Israel, de acuerdo con los criterios de la Posición Común.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre fiscalidad de Viviendas de Uso Turístico, en la Comisión de Hacienda
y Función Pública.
Exposición de motivos
El turismo es uno de los principales sectores económicos de nuestro país. Su crecimiento actual y durante los últimos años ha sido muy importante y su recuperación tras la pandemia rápida y exitosa. Además, es un sector que se ha
diversificado estacional y geográficamente expandiéndose a ciudades y zonas de España, pero también a actividades, en las que antes no tenía un impacto como el actual.
Sin embargo, de su alto nivel alcanzado y crecimiento contínuo también se derivan inconvenientes. El epítome de todos estos problemas en nuestro país se encuentra en la ciudad de Barcelona, en la que la pérdida de población autóctona en el
distrito de Ciutat Vella ha sido notable los últimos 20 años. Gran parte de la pérdida de esa población se debe al aumento del coste del alquiler de vivienda y a la creciente oferta de vivienda turística en la ciudad. Se trata de problemas en
expansión como muestran las imágenes de la ciudad de Málaga en las que cuelgan llaves de candados de las rejas de apartamentos turísticos, antes dedicados a la vivienda de residentes permanentes y que suponen ya el 2,7% de las viviendas de la
capital de la Costa del Sol. Málaga ha pasado de disponer de 846 viviendas turísticas en 2016 a más de 12.000 en la actualidad. Por su parte, Madrid no es ajena a este fenómeno y se calcula que en el distrito centro uno de cada diez pisos se
dedica al alquiler turístico con el agravante que, según el propio Ayuntamiento de Madrid, el 92% carecerían de la correspondiente licencia. Asimismo, algunos opositores que aprueban una plaza en Baleares renuncian a ella porque saben que el precio
prohibitivo de la vivienda en las islas menguará de manera insostenible el poder de compra de su salario de funcionario.
En su libro, 'El malestar en las ciudades', Jorge Dioni López nos ofrecía una serie de datos sobre la forma en que se expande el actual modelo turístico y quién se beneficia. Jorge Dioni informa que 'Un total de 11.252 viviendas para
alquiler vacacional en Madrid y Barcelona están en manos de 431 gran tenedores' o que los centros de las 8 capitales andaluzas han perdido población los últimos 10 años citando un estudio de la Universidad de Sevilla.
A la expulsión de la población autóctona por el turismo excesivo se suma su impacto medioambiental. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha desarrollado una serie de indicadores sobre el 'turismo sostenible' entre los
que se cuentan las variables ambientales que incluyen factores como el consumo de agua, la generación de residuos o la emisión de gases de efecto invernadero. El impacto del
cambio climático en el Mediterráneo y especialmente en nuestro país es uno de los más pronunciados y las externalidades negativas generadas por el turismo deben ser consideradas seriamente y tratadas adecuadamente.
Entre los indicadores de turismo sostenible de la OMT también se incluyen variables de otra índole como la preservación y promoción del patrimonio cultural. Recientemente, el centro de investigación PEGASO de la Universidad Politécnica de
Valencia alertaba del fuerte impacto del turismo en el patrimonio arquitectónico del centro histórico de Valencia debido a las aglomeraciones turísticas. En otros casos, edificios históricos como 'La Mundial' o 'Villa la Atalaya' en Málaga son
directamente demolidos.
Es llamativo que incluso profesionales relevantes del sector como el señor Antonio Catalán, Presidente de AC Hotels by Marriott, alerten de que 'España no puede aguantar 15 millones de turistas más' y que 'es un disparate el crecimiento de
los pisos turísticos' según declaraba en entrevista al diario El País.
Las competencias sobre turismo son exclusivas de las Comunidades Autónomas tal y como establece el artículo 148.1.18.a de la Constitución Española y como se han atribuido todas las Comunidades en sus respectivos Estatutos de Autonomía como
es el caso del Estatuto de Catalunya en su artículo 171 o el de la Comunidad de Madrid en su artículo 26.1.21, por poner dos ejemplos. También son exclusivas de las Comunidades Autónomas las competencias de urbanismo y ordenación del territorio.
Sin embargo, y a la vista de las tensiones que suponen sobre los precios de la vivienda diversos factores, entre ellos el de la vivienda turística, no todas las Comunidades han emprendido políticas para tratar de paliar los impactos del fenómeno de
la vivienda turística en sus territorios. Parece necesario poner sobre la mesa qué medidas pueden adoptar las administraciones autonómicas en la Conferencia Sectorial de Vivienda para resolver este problema.
El Estado dispone también de algunas herramientas dentro de su marco competencial para reorientar el uso de la vivienda allí donde los costes sociales están superando a los beneficios económicos. Una de las herramientas disponibles es la
fiscalidad estatal, a través de ella se pueden cambiar los precios relativos y las rentabilidades en el uso de la vivienda, pudiendo incentivarse su empleo como residencia permanente y desincentivarse el uso como vivienda turística. En esta línea,
actualmente la mitad de los rendimientos netos procedentes del alquiler para residencia permanente no tributan en el IRPF. Adicionalmente, se puede elevar la fiscalidad de los alquileres turísticos o de temporada para reducir su rentabilidad y
hacer más atractivo su alquiler como residencia habitual. Con este fin, se podría incluir a las viviendas de uso turístico en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que actualmente están sujetas al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales Onerosas (ITPO) que varía, dependiendo de la Comunidad Autónoma, entre el 6% (Madrid) y el 11,5 % (Baleares).
De acuerdo con la interpretación de la Dirección General de Tributos en diversas contestaciones a consultas vinculantes, una persona física que destina una vivienda situada en la península de la que es propietaria, a arrendarla con fines
turísticos, no presta -con carácter general- servicios complementarios propios de la industria hotelera. Por ese motivo, las personas que arriendan pisos o habitaciones para uso turístico se benefician de una exención en el IVA, conforme a lo
dispuesto en el artículo 20, número 23 de la Ley 37/1992 del IVA. Sin embargo, la realidad es que las personas que ofrecen servicios de alquiler de pisos o habitaciones turísticos proporcionan en todo caso un servicio de limpieza, y otros servicios
de hospedaje, como el servicio de recepción, de atención a los huéspedes, etc, aunque no tengan ninguna persona contratada para realizar estos servicios.
Por tanto, la exención en el IVA del arrendamiento de viviendas y habitaciones turísticas resulta arbitraria, y alimenta una competencia desleal con los establecimientos hoteleros. Adicionalmente, la Directiva 2006/112/CE reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido establece, en su artículo 135.1.1), que los Estados miembros eximirán el arrendamiento y el alquiler de bienes inmuebles para proteger el acceso a la vivienda. Pero el artículo 135.2 establece un listado de
exclusiones de esta exención. El primer elemento de esa lista dice que no estarán exentas las operaciones de alojamiento, tal v
como se definan en las legislaciones de los Estados miembros, que se efectúen en el marco del sector hotelero o en sectores que tengan una función similar.
En consecuencia, el IVA aplicable a los apartamentos turísticos podría ser -dentro de la normativa europea-, del 21% por encima del IVA del 10% que actualmente abonan los clientes que se alojan en un hotel o equivalente. La justificación
para esta mayor tributación reside en las externalidades positivas que devienen de un establecimiento hotelero frente a un apartamento turísticos (mayor creación de empleo, cumplimiento de una estricta normativa de turismo, de seguridad e higiene,
atención permanente personalizada, etc.), así como de las externalidades negativas que se derivan de los apartamentos turísticos (expulsión de la población autóctona del centro de las ciudades, gentrificación, molestias para los vecinos, etc.).
Como excepción, el 10% de IVA se podría establecer para aquellas viviendas turísticas que sí son residencia habitual y donde el propietario comparte temporalmente la vivienda. La justificación de esta menor tributación es que, en este caso,
no se produce expulsión de la población autóctona.
La sustitución del ITPO por el IVA, asimismo, no disminuiría los ingresos de las comunidades autónomas que participan al 50% en la recaudación del IVA y les ahorraría los costes de la recaudación del ITPO. Además, sus ingresos mejorarían
gracias al incremento en el IRPF que también se incluye en esta PNL y de cuya recaudación participan al 50%.
En concreto, en el IRPF se propone eliminar la deducibilidad de algunos gastos en el cálculo de los rendimientos provenientes de la actividad económica del alquiler de viviendas y habitaciones para uso turístico ubicadas en ciudades de más
de 200.000 habitantes, en poblaciones con una masificación turística superior a 10 turistas por habitante, en Baleares y en Canarias. En concreto, se propone suprimir la deducibilidad de los gastos financieros incurridos en la compra del inmueble,
los gastos de amortización y los gastos de mejora del inmueble.
Adicionalmente, en los periodos en que la vivienda para uso turístico no se encuentre arrendada, el propietario habrá de imputar la renta inmobiliaria prevista en el artículo 85 de la Ley del IRPF. A este respecto, se propone elevar la
imputación de rentas inmobiliarias del 2% sobre el valor catastral actual, al 20% en el caso de aquellas viviendas destinadas en algún momento del año al alquiler turístico y ubicadas en ciudades de más de 200.000 habitantes, en poblaciones con una
masificación turística superior a 10 turistas por habitante, en Baleares y en Canarias.
Paralelamente, en el Impuesto sobre Sociedades se propone también la eliminación de la deducibilidad de los gastos de financiación (principalmente, intereses) incurridos en la compra del inmueble, los gastos de amortización y los gastos de
mejora en aquellas viviendas destinadas al alquiler turístico ubicadas en ciudades de más de 200.000 habitantes, en poblaciones con una masificación turística superior a 10 turistas por habitante, en Baleares y en Canarias.
Por último, se propone que las Sociedades Anónimas-cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) que tributan en el régimen fiscal especial de SOCIMI de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre estén
sometidas a un gravamen especial del 25% sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio, en el caso de que la SOCIMI haya realizado en algún momento del periodo impositivo actividades de arrendamiento de vivienda con fines turísticos.
Adicionalmente, cuando se trate de viviendas para fines turísticos ubicadas en ciudades de más de 200.000 habitantes, en poblaciones con una masificación turística superior a 10 turistas por habitante, en Baleares y en Canarias, tampoco serán
deducibles los gastos financieros para la compra del inmueble, los gastos de amortización contable y los de mejora de la vivienda.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno ante la emergencia habitacional a fomentar la transformación de viviendas destinadas a alquiler turísticos en alquiler permanente elevando su fiscalidad. Con este fin, se solicita al Gobierno
a:
1. Convocar la Conferencia Sectorial de Vivienda para alentar a las Comunidades Autónomas que carezcan de un marco regulatorio referente a la vivienda turística, a que desplieguen una regulación adecuada para afrontar el problema, así como
de los precios de la vivienda, especialmente en zonas tensionadas.
2. Adoptar las modificaciones legales oportunas en la Ley del IVA para que el alquiler de viviendas para uso turístico esté sujeto y no exento de IVA, así como para que el tipo aplicable sea del 21%, exceptuando el caso de que el
propietario viva habitualmente en la vivienda alquilada a turistas en cuyo caso el IVA será del 10%.
3. Adoptar las modificaciones legales oportunas en la Ley del IRPF para, en el caso de viviendas o habitaciones destinadas a uso turístico y ubicadas en ciudades de más de 200.000 habitantes, en poblaciones con una masificación turística
superior a 10 turistas por habitante, en Baleares y en Canarias: (i) suprimir la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización, y de mejora de la vivienda en el cálculo de los rendimientos del IRPF, y (ii) elevar la imputación de rentas
inmobiliarias al 20% en los períodos de no ocupación.
4. Adoptar las modificaciones legales oportunas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para suprimir la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda destinada a alquiler para fines turísticos y
ubicadas en ciudades de más de 200.000 habitantes, en poblaciones con una masificación turística superior a 10 turistas por habitante, en Baleares y en Canarias.
5. Adoptar las modificaciones legales oportunas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, que regula la SOCIMI para establecer un gravamen especial del 25% sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio, en el caso de que la SOCIMI
haya realizado en algún momento del periodo impositivo actividades de arrendamiento de vivienda con fines turísticos.
Además, en el caso de viviendas con uso turístico que estén ubicadas en ciudades de más de 200.000 habitantes, en poblaciones con una masificación turística superior a 10 turistas por habitante, en Baleares y en Canarias, tampoco serán
deducibles los gastos de financiación, de amortización y de mejora de la misma. Por último, se insta al Gobierno a estudiar otras medidas normativas oportunas a efectos de desincentivar el uso de las SOCIMIs para el arrendamiento de viviendas con
fines turísticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2024.-Carlos Martín Urriza, Gala Pin Ferrando, Alberto Ibáñez Mezquita y Teslem Andala Ubbi, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Interior
161/001062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención de ataques terroristas en los pueblos y ciudades de España durante el verano de 2024 para su discusión en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
Primero. Alerta de amenaza terrorista en España.
La posibilidad de que se lleve a cabo uno o varios ataques terroristas en España es real, como también lo es la presión que tienen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para evitar estos posibles ataques. El
Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, elaborado por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado mantiene el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) en 4; es decir, un nivel alto, siendo el nivel 5 el nivel más
alto de alerta antiterrorista 1. Este nivel de amenaza fue reforzado por el ministro del Interior el 26 de junio de 2015 por recomendación del informe de valoración de la amenaza, lo que significa que España se encuentra en un nivel 4 reforzado de
amenaza terrorista 2.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en su Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, el terrorismo y la radicalización violenta ocupan el quinto lugar dentro de las principales amenazas para la seguridad nacional en
2024, por debajo de los flujos migratorios irregulares y la tensión estratégica y regional, que ocupan los puestos tercero y cuarto respectivamente. También explica el informe que las causas para que el nivel de alerta antiterrorista sea alto se
debe a múltiples razones, entre las que se pueden destacar los ataques terroristas cometidos por Flamas el 7 de octubre de 2023 que suponen un incremento de la amenaza global, lo mismo que la guerra en Ucrania que, además de los riesgos que implica
como tal, conlleva el riesgo del tráfico de armas de guerra a países no involucrados directamente en el conflicto. El informe asegura que el terrorismo yihadista es el más relevante y el que ha consumido más capacidades durante 2023 3.
Segundo. Desplazamientos en España por vacaciones de verano.
De acuerdo con las estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante el verano de 2024 se realizarán más de 94 millones de desplazamientos de largo recorrido a través del territorio español, de los cuales 45,7 millones se
realizarán durante el mes de julio y 48,3 millones de desplazamientos se llevarán a cabo en agosto, un 0,4% más que en 2023 4.
La DGT informa de que entre los desplazamientos de largo recorrido dentro de nuestro territorio se encuentran los relacionados con la Operación Paso del Estrecho (OPE), que comenzó el 13 de junio y finalizará el 15 de septiembre. Se espera
que se desplacen en este operativo 780.000 vehículos magrebíes por nuestras carreteras desde sus países europeos de procedencia hasta sus países de origen, en África. De acuerdo con datos de la DGT, en este operativo trabajarán 27.000 personas de
forma directa e indirecta 5. Sin embargo, Diputados del Grupo Parlamentario VOX preguntaron al Gobierno a través de la iniciativa n.º reg. 31193 sobre la denuncia hecha por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) de que casi el 80% de las
plazas para la OPE de este año se quedaron sin cubrir, destacando el caso de las ciudades de Melilla, Algeciras, Tarifa y Málaga 6.
1 Prensa: 'Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA)' Secretaría de Estado de Seguridad-Ministerio del Interior. Disponible [En linea]: https://www.interior.gob.es/opencms/es/prensa/nivel-alerta-terrorista/
2 Dirección General de Coordinación y Estudios: 'Cronología del Nivel de Alerta Antiterrorista En España' Secretaría de Estado de Seguridad-Ministerio del Interior. Disponible [En línea]: Chrome-extension
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/nivel-de-alerta-antiterrorista/Cronologia-NAA-en-Espana.pdf
3 Gobierno de España: 'Informe Anual de Seguridad Nacional 2023' Gabinete de la Presidencia del Gobierno-Departamento de Seguridad Nacional. Disponible [En línea]: https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2023
4 Redacción: 'Todo preparado para dar cobertura a los más de 94 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera previstos para este verano' 27/06/2024 Dirección General de Tráfico. Disponible [En línea]:
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/20240627-todo-preparado-para-dar-cobertura-a-los-mas-de-94-millones-de-desplazamientos-de-largo-recorrido-por-carretera-previstos-para-este-verano/#:~:text=La%20distribuci%C3%B3n%20por%20meses%2
0prevista,48 %2C3%20millones%20en%20agosto.
5 Ibídem.
6 GPVOX: 'Pregunta escrita al Gobierno' 20/06/2024 Grupo Parlamentario VOX-Comisión de Interior. Disponible [En línea]: Chrome-extension https://www.congreso.es/entradap/l15p/e3/e_0031193_n_000.pdf
Tercero. Atentados yihadistas en España en verano.
De acuerdo con información publicada en medios de comunicación, un 76% de los españoles tiene pensado viajar este verano, de ellos, el 65% prefiere destinos nacionales, siendo los destinos preferidos aquellos que incluyen sol y playa 7.
Como se puede comprobar, los desplazamientos de personas en España durante los meses de verano son masivos y se dan de forma significativa hacia los pueblos y las ciudades que se encuentran en las costas o cerca de ellas, así como hacia las
islas.
Esto provoca una aglomeración de personas en espacios relativamente reducidos que no se da en ningún otro momento del año y que representa una 'potencial oportunidad' para todas aquellos que buscan causar daños personales y materiales; un
ejemplo de ello, son los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, en el que murieron 16 personas y más de 100 resultaron heridas 8.
La Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 21 de enero de 2019, estipula en su Capítulo IV que los pilares de dicha estrategia
son: prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta.
Dentro de los cuatro pilares, el de la prevención es fundamental, ya que permite evitar ataques y salvar el mayor número de vidas posibles, así como la protección y salvaguarda de estructuras vitales para el correcto funcionamiento de
nuestro día a día. El objetivo principal de este pilar es 'Detectar e impedir la aparición, desarrollo y expansión del terrorismo y de los extremismos violentos abordando sus causas y apoyando y protegiendo a las personas y colectivos más
vulnerables' 9.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velarán por la seguridad de los españoles durante el periodo estival, en especial, en aquellos trayectos y zonas en las que los desplazamientos y la
población crecen de forma exponencial.
2. Dotar a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales necesarios para garantizar la seguridad de los efectivos y permitir el ejercicio cabal de sus funciones ante una posible amenaza de ataque
terrorista.
3. Garantizar un número suficiente de agentes destinados a la seguridad de los ciudadanos durante la Operación Paso del Estrecho. Asimismo, garantizar que los miembros de las FCSE reciban las dietas y los complementos retributivos
necesarios en el desempeño de sus cometidos.
4. Poner fin a las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal.
5. Tramitar la inmediata expulsión de aquellos inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal en España y, especialmente, de aquellos que hayan cometido delitos graves.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2024.-Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
7 FORBES/EP: '¿Cuántos españoles tienen previsto viajar este verano? (y cuál va a ser su gasto medio)' 25/05/2024 Forbes. Disponible [En línea]:
https://forbes.es/forbestravel/467569/el-70-de-los-espanoles-tiene-previsto-viajar-este-verano-con-un-gasto-medio-de-1-100-euros-por-persona/
8 LGI: 'Se eleva a 16 el número de víctimas en los ataques islamistas de Barcelona y Cambrils' 27/08/2017 La Gaceta de la Iberosfera. Disponible [En línea]:
https://gaceta.es/espana/ultima-hora-fallece-una-mujer-alemana-estaba-estado-critico-tras-atentado-islamista-barcelona-20170827-1219/
9 Gobierno de España: 'Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019' Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Disponible [En línea]:
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia%20contra%20Terrorismo_SP.pdf.pdf
161/001063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para evitar la distribución de menores extranjeros no acompañados por las regiones de España, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero.
La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el Gobierno de España va a presentar, tal como ya ha anunciado, su propuesta de reforma legal de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de menores
no acompañados (MENA) entre las comunidades autónomas, se celebrará el 18 de julio en Tenerife.
El número de MENA inscritos en España ha aumentado en ocho años un 221,4% y más de 3.000% los registrados en Canarias. Por comunidades, destaca el dato de Canarias, que desde el 2015 (93) hasta octubre de 2023 (3.030) ha visto aumentar las
inscripciones de los inmigrantes menores no acompañados un 3.000%. A Canarias, que se encuentra a la cabeza de las CCAA, le siguen, según datos de 2023, Andalucía, con 1.707 inscripciones; Cataluña, con 1.337; y la Comunidad Valenciana, con
1.016.
Además, y a pesar del silencio mediático respecto de la nacionalidad de los delincuentes, van conociéndose cada vez más casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados en España. Es inconcebible
que los mismos políticos que llaman irresponsablemente a la inmigración ilegal masiva, se esfuercen luego en ocultar la nacionalidad de los culpables de la devastación que ellos mismos han provocado. Por si fuese poco, en lugar de defender los
intereses y necesidades de los españoles y de proteger el interés superior de los menores, que no es otro que volver con sus padres a su hogar, en su país de origen; han optado por utilizar a menores sin sus padres para implantar una agenda de
multiculturalidad dictada más allá de nuestras fronteras y han decidido entregar nuestra soberanía, libertad y seguridad al mejor postor.
Los españoles se merecen una política inmigratoria que garantice un control estricto de nuestras fronteras y priorice su seguridad por encima de todo. No se puede ignorar el hecho de que muchos de estos menores se ven frecuentemente
involucrados en actividades delictivas o pueden ser explotados por redes criminales. El reparto obligatorio e indiscriminado no hace más que agravar un problema crónico que los políticos de turno se niegan a atajar de raíz por mandato de las élites
de la Agenda 2030. No podemos permitir que nuestras regiones, comarcas, barrios y pueblos se conviertan en los laboratorios multiculturales de Bruselas. Como tampoco podemos tolerar que haya menores extranjeros sin la compañía de sus padres en una
nación que no es la suya.
De ahí la necesidad de combatir las políticas de efecto llamada que solo están trayendo problemas, precariedad, degradación y delincuencia. Los españoles que viven en barrios más humildes lo saben, y cada día más españoles se ven obligados
a convivir con inmigrantes ilegales que rompen sistemáticamente todas las normas sociales, rompen los vínculos comunitarios y acaban expulsando a nuestros vecinos de sus barrios de toda la vida, haciendo de nuestros entornos de vida y relaciones
lugares cada día más irreconocibles.
Segundo.
Desde el Grupo Parlamentario VOX, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la reciente propuesta del Gobierno de España, en el marco de la Conferencia Sectorial del 18 de julio, de repartir a los menores extranjeros no acompañados
(MENAs) entre las diferentes comunidades autónomas, y a sus respectivos municipios. Esta medida representa
un gravísimo peligro para la seguridad de nuestros vecinos españoles y una vulneración del interés superior del menor, que debe ser entregado a sus padres en su país de origen.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Acometer las medidas oportunas para que se revoque la propuesta de reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAs) promovida en el marco de la Conferencia Sectorial del 18 de julio. Asimismo, impulsar medidas alternativas que
prioricen la seguridad ciudadana y la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen.
2. Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de
vida.
3. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
4. Trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.
5. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de
origen.
6. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENA que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus
países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, promover que se adopten las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de
los vecindarios aledaños.
7. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la
emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
8. Promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación
con sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.
9. No habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales en distintas regiones de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2024.-Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/001078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parrro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de las medidas necesarias para otorgar la condición de crímenes de lesa humanidad a los delitos de terrorismo para su discusión en
la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero.
El 21 de abril de 2022 la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) aprobó el Informe de Misión derivado de la visita de información efectuada del 3 al 5 de noviembre de 2021 por una comitiva de miembros del Parlamento Europeo a
España, en relación con los 379 asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA que siguen hoy sin resolver en España.
Dicha misión de información se produjo a raíz de la petición número 1525/2021, presentada ante el Parlamento Europeo por la asociación 'Dignidad y Justicia', cuyo fin es la protección y defensa de los derechos e intereses de las víctimas del
terrorismo. En ella se denunciaba la inactividad o dejadez por parte de las autoridades españolas para investigar casi la mitad (el 44%) de los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA en sus más de cincuenta años de sangrienta
historia.
El objetivo de la misión consistió, por tanto, en obtener información de las autoridades españolas competentes en la lucha contra el terrorismo, de los peticionarios y las víctimas del terrorismo sobre la situación en la que se encontraban
los citados 379 casos de asesinato sin esclarecer cometidos por ETA. Con tal fin, la delegación de eurodiputados visitó el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (Vitoria) y mantuvo reuniones con la asociación peticionaria, con
representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, de la Judicatura (en concreto, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional), con miembros del Ministerio Fiscal, del Defensor del Pueblo y, finalmente,
con representantes de las víctimas del terrorismo y con víctimas del terrorismo.
El Informe de misión, resultado de la petición ante la referida Comisión de Peticiones interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia, fue aprobado el 21 de abril de 2022 con 27 votos a favor, 3 abstenciones y 3 votos en contra. En este
se contienen 15 recomendaciones de actuación en el ámbito nacional a las autoridades españolas, 14 recomendaciones de actuación a las instituciones europeas en el marco de las Directivas, y tres recomendaciones en el ámbito internacional, entre
ellas, el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como de lesa humanidad.
Segundo.
Esta consideración jurídica para los crímenes de ETA no es novedosa. En este sentido, ya el Parlamento Europeo, en su Resolución de 12 de diciembre de 2018 sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo
[2018/2044 (INI)], solicitó la clasificación explícita del terrorismo como 'crimen de lesa humanidad'. Por su parte, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla que los asesinatos, las desapariciones forzadas y
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física han de ser catalogados como 'crímenes de lesa humanidad'.
En el ordenamiento jurídico español, el delito de lesa humanidad fue tipificado en el ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal. Actualmente, el artículo 607 bis CP dispone lo siguiente:
'1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.
En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:
1.º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo
al derecho internacional.
2.º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. [...]'.
Tercero.
Desde el primer asesinato perpetrado por la organización terrorista ETA en 1968, hasta su comunicado de disolución el 3 de mayo de 2018, España ha tenido que convivir con el terror y la barbarie durante más de cinco décadas. Cincuenta años
de incertidumbre y cobardes y viles asesinatos sistemáticos cometidos sobre quienes no compartían los fines de los criminales.
No en vano, ETA no se limitó a atentar contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que perpetró ataques sistemáticos contra la población civil. Los casos son abundantes, entre los que pueden destacarse el atentado de Hipercor de
Barcelona o el secuestro durante 532 días del funcionario de prisiones don José Antonio Ortega Lara.
Tal y como se recoge en el Informe de Misión, el Auto de 9 de julio de 2015, dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional (en el marco de las diligencias previas de Procedimiento Abreviado 89/2013), afirma
que los atentados de la organización terrorista ETA cumplen, prima facie, con los elementos necesarios para su calificación como delitos de lesa humanidad. En la misma línea, el Auto de 27 de octubre de 2015, dictado en la misma causa, por el que
se acordó el procesamiento de cinco dirigentes de la cúpula de ETA, señala que 'con la eliminación física de las personas que se oponían a sus objetivos, o la intimidación o coacción ejercida contra las mismas, en razón de su pertenencia a un grupo
o colectivo perseguido, lo que buscaba ETA era crear un clima de temor e inseguridad que anulara política y socialmente a los [movimientos] que estas personas pertenecían. Fuera de las víctimas indiscriminadas, es claro que la inmensa mayoría de
las personas asesinadas por ETA pertenecían a los colectivos amenazados y precisamente por esa razón de pertenencia es por la que fueron asesinados'.
Es decir, los hechos delictivos perpetrados por la organización terrorista se cometieron como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil constituida por grupos perseguidos exclusivamente por razones políticas e
ideológicas, cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror fueron considerados por los terroristas como estratégicamente necesarios para la consecución de sus objetivos políticos.
Cuarto.
A partir de la celebración de la Mesa de Alsasua el 18 de agosto de 1976, los sangrientos crímenes de la banda terrorista ETA formaron parte de una estrategia armada cuya finalidad era alcanzar las cinco prerrogativas de la denominada
'Alternativa KAS', marco político de la Koordinadora Abertzale Sozialista, acordada en esa fecha: (i) la amnistía total para los presos e impunidad para los exiliados; (ii) la expulsión del País Vasco de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado; (iii) la adopción de medidas sociales para la mejora de la clase obrera; (iv) el reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi; y (v) la transmisión de competencias al pueblo vasco con la finalidad de que este pudiera dotarse de
estructuras sociales, políticas y económicas propias al margen de España.
Para ello, los ataques sistemáticos contra la población civil y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indujeron al miedo generalizado, el arma más potente con la que contaba ETA. De esta manera, las constantes amenazas y
coacciones que las poblaciones vascas y navarras recibían, además de con el asesinato, mediante la exigencia del impuesto revolucionario, por ejemplo, supuso que muchas personas
abandonasen sus hogares y tuvieran que trasladarse forzadamente a otros territorios para proteger sus vidas y las de quienes les rodeaban. Se cumple, así, el requisito de 'traslado forzoso' que define el citado artículo 7 del Estatuto de
Roma.
En este sentido, el 'Proyecto Retorno', elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, estimó que cerca de 200.000 vascos (aproximadamente, el 10 por ciento de la población) se vieron obligados a abandonar forzosamente su tierra como
consecuencia de la violencia ejercida por ETA.
Quinto.
El tiempo transcurrido sin resolución de los crímenes de la banda terrorista ETA es superior a cinco años, plazo que requiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para considerar que existe tortura o sufrimiento inhumano para las
víctimas al no haber obtenido respuestas ante tales crímenes. En el caso de los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA, se ha señalado que el 44% de ellos se encuentran aún sin esclarecer.
En atención al deber no solo moral, sino también jurídico, existente por parte del Estado de reconocimiento para con las mismas, como máximo exponente y referente ético de nuestro sistema democrático y de derecho, las instituciones públicas
deben procurar una defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, en especial los derechos a la verdad, a la memoria, a la dignidad y justicia.
En consecuencia, es necesario que, por parte de los poderes públicos, en cumplimiento de las recomendaciones hechas a España por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en él Informe de misión aprobado el 21 de abril de 2022, se
promueva la adopción de todas las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA.
Asimismo, es necesario recordar que la responsabilidad criminal se extingue, entre otras causas, por la prescripción del delito o de la pena, según establece el artículo 130 CP.
En el caso de los delitos de lesa humanidad, el artículo 131.3 CP dispone que no prescriban nunca. Sin embargo, el 131.4 establece que, en los de terrorismo, la imprescriptibilidad solo tendrá lugar en caso de resultado de muerte. Por lo
tanto, en el caso de los actos de terrorismo, tanto de ETA como de otras bandas criminales, solo los que tuvieran resultado de muerte podrían calificarse como imprescriptibles, no así el resto. La imprescriptibilidad, recordemos, implica que la
acción penal pueda seguir ejerciéndose sin limitación de tiempo por parte de quien esté legitimado activamente para ello. Es decir: la imprescriptibilidad implica un reconocimiento mayor del derecho de reparación de las víctimas.
Por lo tanto, declarar como delitos de lesa humanidad los delitos de terrorismo supondría que todos estos actos, tanto los que tuvieron resultado de muerte como los que no, se calificasen igualmente como imprescriptibles, en atención a la
gravedad de los hechos y en pro de una mayor justicia para las víctimas y sus familias.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA.
2. Promover la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000918
Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2024 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR la Proposición no de Ley para la renovación del convenio de la Vía Verde de la Terra Alta, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 159, de 12 de junio de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
161/001053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conexión peatonal y ciclista entre los municipios de Cádiz y
Puerto Real, para su debate en Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La apertura del tercer acceso a Cádiz supuso en 2015 casi duplicar la capacidad viaria de acceso a la ciudad, que pasó, considerando los tres accesos, de siete carriles a trece, destinados en exclusiva al tráfico motorizado.
Cabe recordar que el proyecto original del puente José León de Carranza, que data de 1959, incluía andenes para peatones y ciclistas, una calzada de tres carriles y una plataforma para el ferrocarril. La reducción presupuestaria no permitió
realizar el proyecto original, ejecutándose tan solo una calzada de dos carriles exclusivos para automóviles. En cambio, en la construcción del nuevo acceso no ha existido ni siquiera la intención de realizar un reparto de la sección viaria entre
los diferentes modos de movilidad.
El resultado final es que los modos no motorizados, el peatón y el ciclista, no tienen posibilidad alguna de circular entre Cádiz y Puerto Real, a pesar de que ambos municipios están separados por menos de un kilómetro y medio de distancia y
conectados por dos infraestructuras viarias de gran envergadura.
Cualquier estrategia de movilidad debe tomar en cuenta a todos los agentes sociales involucrados sin discriminación, no solo a los vehículos motorizados, sino también a todas las personas con movilidad reducida o sin permiso de conducir que
no pueden, no quieren conducir o no disponen de un automóvil, o bien eligen medios de transporte alternativos como la bicicleta o los patines.
La configuración actual del tercer acceso a Cádiz no ha tomado en cuenta la variable de sostenibilidad ambiental que busca conjugar la reducción del consumo de combustibles fósiles y el incentivo de nuevos y más ecológicos medios de
movilidad en entornos urbanos o metropolitanos. Sobre todo, es necesario garantizar los derechos de movilidad y libre acceso de todos los usuarios con especial énfasis en la bicicleta como medio más relevante de transporte de los últimos años.
Asimismo, el escenario actual de exclusividad de acceso a Cádiz para vehículos motorizados choca con los principios y objetivos de las estrategias y planes en materia de transportes, movilidad o cambio climático formulados por las
administraciones estatal y autonómica. En este sentido, el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento se propone como objetivo promover una movilidad sostenible, tanto desde un punto de vista
ambiental como social, 'evitando
efectos regresivos en detrimento de las capas más desfavorecidas de la sociedad, o procesos de exclusión para determinados grupos de población', lo que claramente no se está cumpliendo en el caso que nos ocupa.
Las relaciones de dependencia funcional entre los municipios de Cádiz y Puerto Real son relevantes, más allá del carácter polinuclear de la aglomeración urbana de la bahía de Cádiz. Esto ha dado lugar a una movilidad creciente en los
últimos años, especialmente por motivos de trabajo, estudios y ocio.
Además, es justamente en la zona de Puerto Real más próxima a Cádiz, el ámbito Matagorda-Río San Pedro, donde se localizan algunos de los principales usos generadores de movilidad de carácter metropolitano de la bahía de Cádiz: Campus
Universitario de Puerto Real, Astillero, polígonos portuarios e industriales de Bajo de la Cabezuela y Trocadero.
No obstante, el considerable aumento de la capacidad viaria de acceso a la ciudad que supuso la apertura al tráfico del nuevo acceso ha conllevado a una distribución de los flujos de entrada y salida entre los dos puentes.
Así, la disminución de los flujos de tráfico en el puente José León de Carranza permite reconsiderar desde entonces el reparto actual de su sección y la continuidad del carril reversible que entró en funcionamiento en 2007. La eliminación
de dicho carril reversible permitiría incluir en la sección del puente vías reservadas para ciclistas y peatones, conservando las actuales dimensiones de los carriles de circulación motorizada. Aun así, existen documentos, como el borrador del Plan
de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz, que recogían otras propuestas tendentes a la construcción de una pasarela lateral en la cara norte del puente en la que ubicar la conexión peatonal y ciclista.
Es preciso recordar que esta iniciativa, la creación de una vía ciclista en el puente José León de Carranza, ha sido una reivindicación de colectivos ciclistas y universitarios desde hace años, y cuenta con el apoyo de la Universidad de
Cádiz y los Ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real.
Sin embargo, las actuaciones que ha dirigido el Ministerio de Transporte relativas al Puente José León de Carranza no han recogido esta demanda, obviándola en todo momento. Ejemplo de ello son las obras de mantenimiento y rehabilitación que
se han ejecutado en el Puente José León de Carranza, que han omitido en todo caso contemplar o adecuar la infraestructura al paso ciclista y/o peatonal.
Precisamente, estas obras de seguridad y que mantienen cortada la circulación en esta vía de acceso están demostrando que es residual la afección al tráfico motorizado, de modo que cualquier intervención en la infraestructura que afectase al
uso anterior, incorporación de voladizo, tercer carril para uso ciclista..., no afectaría al tráfico motorizado.
En base a lo anterior, se precisa una reorientación estratégica respecto a estas actuaciones, puesto que además difieren de las líneas maestras que están guiando la acción del Ministerio, teniendo en cuenta la Estrategia Estatal por la
Bicicleta, aprobada por Consejo de Ministros el 8 de junio de 2021, y que tiene como propósito avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta. Así mismo, hay que tomar en cuenta los objetivos del propio Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que entre sus estrategias propone como eje vertebrador una movilidad sostenible, segura y que conecte entornos urbanos y metropolitanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar un proyecto que garantice la conexión peatonal y ciclista entre los municipios de Cádiz y Puerto Real, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
conforme a la Estrategia Estatal por la Bicicleta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2024.-Juan Antonio Valero Morales y Esther Gil de Reboleño Lastortres, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al incremento de las frecuencias y plazas en los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico y MD en Galiza para atender la elevada demanda, para su debate en la Comisión de Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
Exposición de motivos
La movilidad ferroviaria en Galiza arrastra un gran déficit en infraestructuras y modernización, así como en el diseño de los servicios de conexión entre las distintas vilas y ciudades gallegas que favorezcan la necesaria cohesión
territorial y social. En este sentido, cabe destacar que Galiza es uno de los pocos países dentro del Estado español que no cuenta con transporte ferroviario de proximidad, una materia incorporada como prioridad en el Acuerdo de Investidura firmado
por el BNG y que en la que el Ministerio se comprometió a avanzar en esta legislatura.
En la actual situación, los servicios del Eje Atlántico, los MD y Avant son las únicas alternativas para la movilidad ferroviaria. La línea ferroviaria del Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña es una de las que experimentó una mayor
transformación y modernización en los últimos años, convirtiéndose en uno de los trayectos de media distancia con más usuarios del Estado. En el año 2023 superó los 5,3 millones de usuarios, una demanda que sigue creciendo. Con todo, el Ministerio
sigue sin optar por reforzar sus frecuencias y el número de plazas.
Atendiendo al actual número de personas usuarias, los servicios ofertados son claramente insuficientes, por lo que resulta urgente y necesario incrementar los servicios del Eje Atlántico, especialmente, en las franjas horarias de máxima
demanda, reforzando las frecuencias de primera hora de la mañana, del mediodía y de última hora de la tarde noche. Muchos días el tráfico de pasajeros y pasajeras entre Vigo- Santiago, Vigo-Pontevedra, Santiago-A Coruña o Vigo-A Coruña llega a
situaciones de auténtica masificación, registrándose una ocupación total gran parte de los días.
En una respuesta al BNG en la que solicitábamos la reposición de todos los servicios ferroviarios existentes antes de la pandemia, además de un incremento de los servicios del Eje Atlántico, el Ministerio indica que 'los servicios
Vigo-Pontevedra y Ferrol-A Coruña cuentan con una tasa de reposición del 100% de los servicios previos a la pandemia'. Añade que desde el 16 de octubre incorporó una nueva frecuencia diaria entre Vigo-Guíxar y Santiago, con paradas en Redondela,
Pontevedra, Vilagarcía, Pontecesures y Padrón. Sin embargo, esta afirmación es falsa, pues, cuando menos, faltan por recuperar los seis trenes lanzadera que existían entre Vigo-Guixar y Pontevedra (tres por sentido).
Asimismo, en relación al Eje Atlántico el Ministerio afirma que 'son servicios comerciales que operan en régimen de libre competencia', que son servicios que 'no reciben ninguna aportación pública y tienen que ser sostenibles por sí mismos'.
En este caso, esta excusa tampoco tiene sentido, pues obvia que estamos hablando de una de las líneas más rentables de todo Estado y, en consecuencia, apostar por dotarla de más frecuencias y plazas solo redundará en el incremento de los beneficios,
más si se acompañan de una adecuada planificación que facilite la movilidad en los horarios punta y en los días con un mayor registro de pasajeros.
Es preciso abordar una planificación rigurosa de los servicios de media distancia y del Eje Atlántico que facilite la movilidad diaria de las personas, que permita la intermodalidade y propicie los desplazamientos. Sin embargo, en la
actualidad las plazas siguen siendo insuficientes, especialmente los viernes y los domingos en el Eje Atlántico cuando cientos de personas son incapaces de encontrar billete para ir de Santiago a Vigo o A Coruña.
Sucede lo mismo el resto de los días de la semana en las franjas horarias de mayor demanda para acudir a trabajar, estudiar o a citas hospitalarias.
Precisamente una de las críticas más reiteradas desde las asociaciones y plataformas de defensa del tren es la falta de previsión de Renfe y una programación basada en los análisis de las necesidades de Galiza.
Si es verdad que el Gobierno apuesta por el impulso del transporte ferroviario cómo medio de comunicación menos contaminante y básico para la descarbonización del transporte y la lucha contra el Cambio Climático, debe favorecer y facilitar
su utilización apostando por el refuerzo de los trenes y de las plazas disponibles para ofrecer una suficiente oferta que cubra, cuando menos, la actual demanda existente, además de seguir potenciando esta opción de transporte para el futuro, con
una política y planificación que permita seguir incrementando el número de personas usuarias.
Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar una planificación de los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico y de los servicios MD que atienda a la elevada demanda existente, que permita la cohesión territorial y social de Galiza y que facilite la movilidad diaria de
los gallegos y gallegas.
2. Incrementar las frecuencias y las plazas en el Eixo Atlántico para dar cobertura a la actual demanda existente de uso del ferrocarril.
3. Adecuar y reorganizar los horarios de la conexión Vigo-A Coruña atendiendo a las necesidades de las personas usuarias, procediendo a reforzar los servicios en las franjas de mayor demanda como son la de primera hora de la mañana,
mediodía y tarde-noche.
4. Recuperar el 100% de los servicios existentes antes de la pandemia, incluyendo los seis servicios lanzadera entre Vigo-Guixar y Pontevedra.
5. Avanzar en el estudio para la implantación del tren de proximidad en Galiza, teniendo en cuenta las necesidades de la infraestructura, el material móvil y la disponibilidad de personal, para que, antes del fin de la legislatura, los
gallegos y gallegas cuenten con un servicio de cercanías, a comenzar por las áreas de Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao incremento das frecuencias e prazas nos servizos ferroviarios do Eixo Atlántico e MD na Galiza para atender a elevada demanda, para o seu debate na Comisión de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana.
Exposición de motivos
A mobilidade ferroviaria na Galiza arrastra un grande déficit en infraestruturas e modernización, así como no deseño duns servizos de conexión entre as distintas vilas e cidades galegas que favorezan a necesaria cohesión territorial e
social. Neste sentido, cabe destacar que Galiza é un dos poucos países dentro do Estado español que non conta con transporte ferroviario de proximidade, una materia incorporada como prioridade no Acordo de Investidura asinado polo BNG e que na que
o Ministerio se comprometeu a avanzar nesta lexislatura.
Na actual situación, os servizos do Eixo Atlántico, os MD e Avant son as únicas alternativas para a mobilidade ferroviaria. A liña ferroviaria do Eixo Atlántico entre Vigo e A Coruña é unha das que experimentou unha maior transformación e
modernización nos últimos anos, converténdose nun dos traxectos de media distancia con máis usuarios do Estado. No ano 2023 superou os 5,3 millóns de usuarios, unha demanda que segue a medrar. Contodo, o Ministerio segue sen optar por reforzar as
súas frecuencias e o número de prazas.
Atendendo ao actual número de persoas usuarias, os servizos ofertados son claramente insuficientes, polo que resulta urxente e necesario incrementar os servizos do Eixo Atlántico, especialmente, nas franxas horarias de máxima demanda,
reforzando as frecuencias de primeira hora da mañá, do mediodía e de última hora da tarde noite. Moitos días o tráfico de pasaxeiros e pasaxeiras entre Vigo- Santiago, Vigo-Pontevedra, Santiago-A Coruña ou Vigo-A Coruña chega a situacións de
auténtica masificación, rexistrándose unha ocupación total grande parte dos días.
Nunha resposta ao BNG na que solicitabamos a reposición de todos os servizos ferroviarios existentes antes da pandemia, ademais dun incremento dos servizos do Eixo Atlántico, o Ministerio indica que 'os servizos Vigo- Pontevedra e Ferrol-A
Coruña contan cunha taxa de reposición do 100% dos servizos previos á pandemia'. Engade que desde o 16 de outubro incorporou unha nova frecuencia diaria entre Vigo-Guíxar e Santiago, con paradas en Redondela, Pontevedra, Vilagarcía, Pontecesures e
Padrón. Porén, esta afirmación é falsa, pois, cando menos, faltan por recuperar os seis trens lanzadeira que existían entre Vigo-Guixar e Pontevedra (tres por sentido).
Así mesmo, en relación ao Eixo Atlántico o Ministerio afirma que 'son servizos comerciais que operan en réxime de libre competencia', que son servizos que 'non reciben ningunha achega pública e teñen que ser sustentábeis por si mesmos'.
Neste caso, esta escusa tampouco fai sentido, pois obvia que estamos a falar dunha das liñas máis rendíbeis de todo Estado e, en consecuencia, apostar por dotala de máis frecuencias e prazas só redundará no incremento dos beneficios, máis se se
acompañan dunha adecuada planificación que facilite a mobilidade nos horarios punta e nos días cun maior rexistro de pasaxeiros.
É preciso abordar unha planificación rigorosa dos servizos de media distancia e do Eixo Atlántico que facilite a mobilidade diaria das persoas, que permita a intermodalidade e propicie os desprazamentos. Porén, na actualidade as prazas
seguen a ser insuficientes, especialmente os venres e os domingos no Eixo Atlántico cando centos de persoas son incapaces de atopar billete para ir de Santiago a Vigo ou A Coruña. Sucede o mesmo o resto dos días da semana nas franxas horarias de
maior demanda para acudir a traballar, estudiar ou a citas hospitalarias.
Precisamente una das críticas máis reiteradas desde as asociacións e plataformas de defensa do tren é a falta de previsión de Renfe e unha programación baseada nas análises das necesidades da Galiza.
Se é verdade que o Goberno aposta polo impulso do transporte ferroviario como medio de comunicación menos contaminante e básico para a descarbonización do transporte e a loita contra o Cambio Climático, debe favorecer e facilitar a súa
utilización apostando polo reforzo dos trens e das prazas dispoñíbeis para ofrecer unha suficiente oferta que cubra, cando menos, a actual demanda existente, ademais de seguir a potenciar esta opción de transporte para o futuro, cunha política e
planificación que permita seguir a incrementar o número de persoas usuarias.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Realizar unha planificación dos servizos ferroviarios do Eixo Atlántico e dos servizos MD que atenda a elevada demanda existente, que permita a cohesión territorial e social da Galiza e que facilite a mobilidade diaria dos galegos e
galegas.
2. Incrementar as frecuencias e as prazas no Eixo Atlántico para dar cobertura á actual demanda existente de uso do ferrocarril.
3. Adecuar e reorganizar os horarios da conexión Vigo-A Coruña atendendo ás necesidades das persoas usuarias, procedendo a reforzar os servizosnas franxas de maior demanda como son a de primeira hora da mañá, mediodía e tarde-noite.
4. Recuperar o 100% dos servizos existentes antes da pandemia, incluíndo os seis servizos lanzadeira entre Vigo-Guixar e Pontevedra.
5. Avanzar no estudo para a implantación do tren de proximidade na Galiza, tendo en conta as necesidades da infraestrutura, o material móbil e a dispoñibilidade de persoal, para que, antes do fin da lexislatura, os galegos e galegas conten
cun servizo de cercanías, a comezar polas áreas de Vigo-Pontevedra e A Coruña-Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de xullo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los Helicópteros Kamov, para su debate en la Comisión de
Transportes y movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La invasión rusa en Ucrania ha dejado muchos efectos colaterales en el resto de Europa y el mundo. En España, uno de los mayores impactos ha sido en la lucha contra los incendios forestales.
España dispone de una flota de helicópteros Kamov Ka32-11BC, de fabricación rusa y de extremada efectividad en el esfuerzo de extinción de incendios. Este helicóptero posee un depósito con una capacidad de más de 4500 litros, que puede
arrojar agua sola o mezclada con aditivos (espumas) ya que cuentan con un equipo de inyección y una capacidad de descarga próxima a 40.000 litros de agua por hora en las distancias cortas. Estas características lo hacen imprescindible para combatir
los terribles incendios que con cada vez más frecuencia asolan nuestros territorios. Normalmente, en campaña de verano estos helicópteros están operativos en las bases de Plasencia del Monte (Eluesca), Huelma (Jaén), y Plasencia (Cáceres).
El problema viene cuando a partir de las sanciones hacia Rusia desde la Unión Europea se imposibilita la llegada de piezas de repuesto y homologaciones por parte de Rusia, lo cual inhabilita en la práctica la capacidad de actuación de estas
aeronaves, descendiendo en 2023 hasta 3 las unidades disponibles, de las 8 inicialmente contratadas. El ministerio de Transición Ecológica ha afirmado recientemente que en 2024 no habrá ningún modelo Kamov operativo.
Si bien se han intentado sustituir estos helicópteros por el modelo Superpuma, ni su disponibilidad ni eficacia son rivales para la gran herramienta anti-incendios que suponen los Kamov.
Es conocido que España tiene limitado el uso de los Kamov porque la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha suspendido la licencia de actuación en la Unión Europea a la empresa fabricante de estos, sin embargo, varios países de nuestro entorno
ya han comenzado con las presiones a nivel europeo para que puedan levantarse parcialmente estas sanciones relativas a los Kamov. Respecto a esta medida, los estados miembros de la UE son soberanos para alegar intereses de seguridad nacional y
saltarse dicha suspensión.
Recientemente, en Grecia un ex ministro de Defensa solicitó al gobierno griego que pidiera ayuda a Rusia el verano pasado en el suministro de Hidroaviones Beriev200 que son capaces de lanzar 14 toneladas de agua por cada pasada, y que en el
2019 fueron capaces de apagar la mayoría de los incendios que asolaban Grecia. Por eso él considera que la Unión Europea debería levantar los vetos a los Kamov y Beriev 200 rusos 'por cuestiones vitales para España y Grecia, por ser necesarios en
la lucha contra los incendios pavorosos, o en su defecto que tanto España como Grecia antepongan su seguridad nacional e intereses humanitarios a estas medidas comunitarias tan restrictivas como injustificadas contra Rusia'.
Existe además la posibilidad de otorgar una exención para los pagos, que no corresponde al Gobierno de España sino a la Unión Europea, pero sobre la que haría falta ejercer presión, ademas de seguir a la misma vez en la búsqueda de
alternativas en el mercado internacional de los Kamov.
En 2022, por otro lado, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea afirmaba que las medidas restrictivas contenidas en el Reglamento (UE) n° 833/2014 no alcanzan a los servicios de mantenimiento que, en su caso, deba prestar el fabricante ruso de
los helicópteros KAMOV a estas aeronaves para permitir su aeronavegabilidad en territorio español.
Lo único que sabe hasta el momento es que en enero de este año se licitó un contrato para alquilar nuevos medios aéreos, 26 helicópteros y 18 aviones, que puedan estar operativos en las campañas antiincendios de 2024, 2025 y 2026. Todo por
un importe de 134 millones de euros. Seis meses después, la adjudicación sigue sin resolverse.
Todo esto se enmarca en un contexto de incendios forestales en los que cada vez más frecuentemente observamos incendios de quinta y sexta generación que han asolado los países europeos, especialmente de nuestro entorno. Este año, el
Gobierno decidió adelantar el inicio de la campaña estatal contra los incendios forestales por segundo año consecutivo y comenzó el 1 de junio debido a la situación actual que combina temperaturas significativamente altas y una sequía prolongada.
El año pasado se produjeron más de 7.700 incendios con una superficie total afectada de 89.068,33 hectáreas. El número total de siniestros fue un 22% inferior respecto al valor medio del último decenio y solo 19 fueron catalogados como grandes
incendios (quemaron una superficie superior a las 500 hectáreas). También sabemos que, en el año 2023, se han producido 70 incendios forestales con consecuencias de protección civil. La Unidad Militar de Emergencias ha sido movilizada en 11
ocasiones en 9 incendios y se han producido 10 grandes incendios con impacto en la población, siendo especialmente importante por segundo año consecutivo, el número de evacuados. España ocupa el tercer puesto en superficie forestal afectada, solo
precedida por Grecia e Italia.
Es tal el peligro que el 'Informe Anual de Seguridad Nacional' lo menciona en su edición más reciente de 2023, enunciando que 'El año 2023 ha sido el más cálido jamás registrado y ha estado marcado por fenómenos meteorológicos extremos, como
inundaciones y grandes incendios'. Además, recalca que 'La intensidad y frecuencia de la sequía y las olas de calor en la zona mediterránea y centro ibérica, ha sido especialmente severa en 2023. La sequía meteorológica prolongada se ha traducido
en sequías hidrológicas, agronómicas y operativas o de escasez, con bajos niveles de agua en embalses, pero también descensos notables en los niveles piezométricos en muchas masas de aguas subterránea'.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
A. Tomar las acciones oportunas en el marco de la UE para levantar parcialmente las sanciones relativas al mantenimiento y la operatividad de los helicópteros Kamov.
B. Acudir al mercado internacional y traer propuestas ejecutables en el corto, medio y largo plazo de alternativas tan efectivas como los helicópteros Kamov en la extinción de incendios.
C. Estudiar los pasos necesarios para que cese la dependencia externa en la extinción de incendios, especialmente durante las temporadas altas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación y mejora de los servicios de ferrocarril de largo
recorrido desde Barcelona, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad sostenible.
Exposición de motivos
Aprovechando la pandemia de la COVID-19, en 2020 la operadora Renfe redujo substancialmente los servicios de largo recorrido entre Barcelona y diversas áreas muy pobladas de la geografía española. Es el caso de los enlaces con la Comunitat
Valenciana y el eje del Ebro más allá de Zaragoza. Alguna reducción de servicio ya había tenido lugar antes de la pandemia.
Algunos ejemplos significativos de tal aseveración. Entre Barcelona y Valencia había en 1999 13 servicios diarios, de los cuales 5 Trenes Euromed. Estos Euromed empleaban 2 h 53' entre las dos ciudades. Incluso había un nocturno. Los
tiempos de viaje oscilaban entre los del Euromed y los 5 h 30' del tren nocturno Estrella, pasando por un intervalo habitual entre 3 h 10' y 3 h 30' para el resto de trenes intercity. Hoy en día hay sólo 11 servicios diarios, dos menos, entre estas
capitales, con 5 Euromed que emplean 3h 11' en el recorrido, 18' más que hace una década, a pesar de disponer de vía exclusiva de alta velocidad entre Barcelona y la provincia de Tarragona, y con incrementos de tiempo de viaje para el resto de
servicios. Reducción de servicio y de velocidad entre ambas capitales.
Otro ejemplo, entre Barcelona y Pamplona, Bilbao y Donostia/San Sebastián, antes de la pandemia había dos servicios diarios a Bilbao, dos a Donostia y cuatro a Pamplona (con un quinto servicio los viernes). Hoy hay, respectivamente, uno,
uno y tres servicios.
El inventario de reducción de servicios directo entre Barcelona y el resto de CCAA entre 1992 y hoy es el siguiente: Galicia, -2; Asturias, -2; la Rioja, -5; Castilla y León, -4; Castilla-La Mancha, -5; Extremadura, -2; Andalucía, -2.
Las cifras expresan la reducción de servicios. La planificación de servicios de Renfe, en lugar de buscar la vertebración interregional de España, está atendiendo con carácter prácticamente exclusivo los intereses de Madrid, proporcionándole a esta
ciudad una cantidad inimaginable de enlaces con cualquier punto de la geografía española, con un servicio que algunos han venido a llamar las cercanías de lujo de Madrid.
La situación exige una inmediata rectificación y mejorar, en primer lugar y con carácter de urgencia, el servicio entre Barcelona y la Comunitat Valenciana y, a continuación, entre Barcelona y el área de Euskadi-Navarra-Rioja.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a planificar una mejora del servicio de Larga Distancia que conecta Barcelona con destinos como Valencia, País Vasco y Andalucía, procurando la recuperación de servicios, entre ellos, la segunda relación San
Sebastián-Barcelona, y una mejora de los tiempos de viaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné y Júlia Boada Danés, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la línea de
alta velocidad ferroviaria Vigo-Porto-Lisboa, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El 2 de julio de 2024 en la localidad lusa de Valença do Minho fue suscrito por el presidente de la Xunta de Galicia y por el presidente de la 'Comisión de Coordenación e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal (CCDR-NORTE (IP)', en el
marco de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, un Manifiesto de clara defensa del impulso de la línea de alta velocidad ferroviaria Vigo-Porto-Lisboa como una infraestructura prioritaria y estratégica en virtud de los principios de vertebración
territorial y de desarrollo social y económico de España y de Portugal.
Del lado gallego, se adhirieron inicialmente al Manifiesto las confederaciones de empresarios de Galicia y de las cuatro provincias; las diputaciones de Lugo, Pontevedra y Ourense; la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp);
las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) Norte de Portugal, Río Miño y Chaves-Verín; las Universidades de Santiago y Coruña y los consejos sociales de las tres universidades; el Consejo Sindical Interrexional Galicia-Norte de
Portugal; y la Fundación de Centro de Estudios Eurorrexionais (FCEER).
Del lado portugués, suscribieron el documento: la Asociación Empresarial de Portugal (AEP); la Asociación de desarrollo rural integrado de A Lima; la Comunidad Intermunicipal del Cávado; las cámaras municipales de Valença, Chaves y Ponte
de Lima; la universidad de Tras-os-Montes y Alto Douro y el Instituto Politécnico de Viana del Castelo.
En el citado Manifiesto expresan el apoyo a la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y Lisboa, tal y como fuera aprobada en las Cumbres Ibéricas, por los siguientes motivos:
1. De acuerdo con la experiencia y con los estudios existentes en la materia, el desarrollo armónico de los territorios, con un trato igualitario y una actitud solidaria, ofrece las mejores perspectivas, las más sólidas y las más duraderas
para una evolución de la que se beneficien todas las partes. La riqueza compartida genera oportunidades y favorece sinergias de bienestar a través de la implicación colectiva. En lo que alcanza a las redes de comunicación, resulta especialmente
relevante esta perspectiva, dado que significa el aprovechamiento completo de los territorios y de sus capitales humanos.
2. En el caso concreto de la conexión a la que nos referimos, los estudios realizados ofrecen un resultado incuestionable: el potencial de uso y de rentabilidad de la línea Galicia- Portugal presenta unos datos incontestables que junto con
los estrechos vínculos culturales existentes, constituyen un capital valiosísimo para lograr avances significativos en la construcción de proyectos basados en la intercomunicación.
3. Debido a lo expuesto, y ya desde hace más de diez años tanto los representantes de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal como después las sucesivas Cumbres Ibéricas -reuniones anuales de máximo nivel gubernamental entre los gobiernos
español y portugués- reconocieron la prioridad de nuestra conexión, con los argumentos que aquí se citan, y que se reiteran en cada edición del encuentro internacional. Esto hace que las razones evidentes y los compromisos políticos adquiridos le
den una especial fuerza a nuestra reivindicación.
Así, por ejemplo, en la última Cumbre Ibérica, que tuvo lugar en Lanzarote, en marzo de 2023, los dos gobiernos se habían comprometido a 'impulsar las actuaciones de nueva infraestructura... en especial el Corredor Atlántico'. Y antes, la
Eurorregión Galicia- Norte de Portugal había reclamado a la Comisión Luso Española de Cooperación Transfronteriza, donde están las Comunidades Autónomas y Regiones de la frontera junto con los gobiernos español y portugués, que 'para la Xunta de
Galicia y la CCDR-N, la conexión en alta velocidad entre Vigo, Porto y Lisboa constituye una actuación prioritaria'.
Este mismo compromiso fue renovado por el gobierno portugués y el gallego, el 23 de mayo de 2024 en Lisboa, en la reunión celebrada entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el Ministro de Infraestructuras y Habitagao de
Portugal, Miguel Pinto Luz, en la que también participó el presidente de la CCDR-N, IP Antonio M. Cunha. En este encuentro quedó fijado el año 2032 como fecha de puesta en servicio de esta infraestructura estratégica.
También en este Manifiesto se afirma la necesidad de que estas conexiones ferroviarias, se acompañen de las necesarias disposiciones de un presupuesto y un calendario realista para acometerlas dentro de los plazos inicialmente comprometidos.
Reclamamos, así, el desarrollo de una programación completa de actuaciones, inversiones e hitos para el desarrollo de la conexión Vigo-Porto, con la prioridad de la Salida Sur de Vigo.
Igualmente, demandan el impulso del trabajo intergubernamental para la definición de la nueva conexión internacional sobre el río Miño al amparo de los programas de financiación europea para las actuaciones pertenecientes a la red TEN-T.
Además, recuerdan en el Manifiesto que la actual conexión, el denominado Tren Celta, entre Porto y Vigo, ronda las dos horas y media en la duración del trayecto, cuenta con material muy obsoleto y ofrece unas condiciones de servicio que hace
falta actualizar con urgencia mientras la conexión del Eje Atlántico no se materialice para hacer posible un viaje en un tiempo máximo de una hora.
Finalmente, los firmantes del Manifiesto dejan constancia de que otras conexiones pueden tener también su razón de ser, pero solamente si se afrontan con una visión amplia, integradora y de ánimo estructurado y coordinado para alcanzar los
mejores resultados, y respetando las prioridades que hasta ahora han sido manifestadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. A reconocer, como ya se hizo en reiteradas ocasiones en las Cumbres Hispano- Portuguesa, el potencial de uso y de rentabilidad de la línea de alta velocidad ferroviaria Vigo-Porto-Lisboa como una infraestructura prioritaria y estratégica
en virtud de los principios de vertebración territorial y de desarrollo social y económico de España e de Portugal.
2. A desarrollar una programación completa de las actuaciones, inversiones presupuestarias y calendario para el desarrollo de la conexión Vigo-Porto, con la príoridad de la Salida Sur de Vigo.
3. A impulsar el trabajo con el Gobierno de Portugal para la definición de la nueva conexión internacional sobre el río Miño al amparo de los programas de financiación europea para las actuaciones pertenecientes a la red TEN-T.
4. A que, en tanto no se materialice la citada conexión de alta velocidad, se modernice el material móvil y las condiciones de servicio del denominado Tren Celta, entre Porto y Vigo, para hacer posible este viaje en un tiempo máximo de una
hora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Celso Luis Delgado Arce, Álvaro Pérez López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, Marta González Vázquez, Pedro Puy Fraga, Ana Belén Vázquez Blanco, Rosa
Quintana Carballo, Irene Garrido Valenzuela, Tristana Moraleja Gómez, Cristina Abades Martínez y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la renovación del convenio de la Vía Verde de la Terra Alta, para su
debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Urbana.
Exposición de motivos
La vía verde de la Terra Alta, que se encuentra dentro de la ruta del Valle de Zafán, ha sido una apuesta turística, cultural, deportiva y ambiental del territorio desde hace varios años. Esta vía sigue el antiguo trazado del ferrocarril
que unió las poblaciones de la Puebla de Híjar y Tortosa. Se trata de un elemento indispensable de dinamización y reactivación territorial en La Terra Alta, cuyo objetivo es la revitalización de las áreas que han ido experimentando las
consecuencias de la despoblación. La Terra Alta, por ejemplo, ha perdido ya un 11% de sus habitantes en los últimos diez años. La Vía Verda es, al fin y al cabo, de un espacio donde convergen múltiples actividades lúdicas de la comarca, con
potencial turístico y con un componente ambiental importante.
Este terreno, como se ha dicho, es una antigua vía de tren cuyo trazado fue cerrado hace más de cincuenta años. En junio de 1994, RENFE (ahora ADIF) y el Consell Comarcal de la Terra Alta firmaron un convenio en el cual se establecían las
condiciones de cesión del terreno por una cuantía anual, en un periodo de treinta años. Durante todos estos años, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha ido invirtiendo recursos para acondicionar y mejorar el espacio, con el objetivo de que sea un
espacio adecuado para toda la ciudadanía. Año tras año han ido realizando actuaciones, desde solventar los desperfectos originados por el temporal Gloria hasta pavimentar, vallar, limpiar y acondicionar las diferentes zonas de la Vía Verde. El
Consell Comarcal de la Terra Alta calcula que, en los últimos años, el importe en gasto llega casi a los 400.000 euros, sin contar personal y vehículos. En los últimos cuatro años el ente calcula que, solo en mantenimiento, se han invertido 30.000
euros.
El próximo 17 de junio se extingue el convenio firmado entre ADIF y el Consell Comarcal de la Terra Alta, y desde éste último ya se ha solicitado la renovación del convenio con la finalidad de que la población siga pudiendo disfrutar de ese
enclave único. Por su parte, la entidad pública empresarial ADIF también se ha mostrado predispuesta, adquiriendo el compromiso para proceder a su renovación una vez finalice su vigencia,
destacando que, de forma ordinaria, este nuevo documento tendría una validez de 20 años.
El territorio apela al compromiso por parte de las Administraciones Públicas en el fomento de este tipo de espacios, que promueven nuevas y mejores dinámicas económicas y que brindan a la ciudadanía un espacio saludable, con actividades
deportivas y lúdicas en un entorno natural preservado para el disfrute de la población. Teniendo en cuenta la buena predisposición de las partes, es conveniente negociar y llegar a un acuerdo para el nuevo convenio, que permitirá que la Vía Verde
de la Terra Alta pueda seguir siendo un espacio para la ciudadanía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar un nuevo convenio entre ADIF y el Consell Comarcal de la Terra Alta para la cesión de la Vía Verde de la Terra Alta.
2. Promover un acuerdo de colaboración y cooperación entre las entidades públicas con la finalidad de mantener vivos los proyectos arraigados en la zona de la Vía Verde la Terra Alta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para tramitar el cambio de nombre de
la estación de tren 'Alicante Terminal' por 'Alicante Eusebio Sempere', para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En el año 2023 se conmemoró el centenario del nacimiento de Eusebio Sempere Juan (Onil, Alicante, 3 de abril de 1923-Onil, Alicante, 10 de abril de 1985), que ha sido el artista alicantino más conocido internacionalmente y uno de los
representantes españoles más indiscutibles de la abstracción geométrica y de las tendencias ópticas y cinéticas.
Eusebio Sempere donó a la ciudad de Alicante su colección particular de arte, la Colección Arte Siglo XX, compuesta por 177 piezas entre esculturas, pinturas, dibujos y obra gráfica, fechadas entre los años veinte hasta los primeros ochenta.
Es el fruto de una rigurosísima labor de selección y adquisición de obras de los más grandes artistas de la modernidad y las vanguardias del pasado siglo. Esta colección, que puede verse en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) del
Ayuntamiento de Alicante, atesora auténticas piezas maestras que representan los principales nombres y movimientos del arte español, donde alcanza sus más altas cimas.
La generosidad del artista de Onil, que contribuyó a crear uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España, debe ser recompensada.
Así pues, solicitamos al Gobierno que inicie la tramitación para que se cambie el nombre de la estación de tren de Alicante, la cual pasaría a denominarse 'Alicante Eusebio Sempere'; en la actualidad es 'Alicante Terminal'.
Esta reivindicación lleva realizándose desde hace años por parte del Ayuntamiento de Alicante y ahora, con motivo del centenario, vuelve a impulsarse desde la Generalitat
Valenciana, desde el Ayuntamiento de Alicante y desde el Grupo Popular del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites para realizar el cambio de nombre de la estación de tren 'Alicante Terminal' por 'Alicante Eusebio Sempere.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2024.-Julia Parra Aparicio, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez y Sandra Pascual Rocamora, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de las personas temporeras en España en la Comisión de
Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las personas trabajadoras temporeras que trabajan en España siguen rutas definidas según la temporada de las diversas cosechas y actividades agrícolas. En la actualidad, por ejemplo, están llegando a Lleida diferentes temporeros que han
hecho la temporada de la fresa en Huelva y Jaén o de la naranja provenientes de la Comunidad Valenciana, según informaba el diario Segre.
En la llegada de las personas trabajadoras temporeras se repite un mismo fenómeno año tras año, personas que pese a llegar y conseguir un trabajo, no disponen de alojamiento con todo lo que comporta no sólo para dormir sino para atender
otras necesidades psicológicas, sociales e incluso fisiológicas. Un alojamiento en condiciones y con una conexión adecuada de transporte público es clave para la salud mental, la sociabilidad y la integración social. Por otra parte, el acceso a
alimentos no siempre es sencillo y sus derechos laborales a menudo son infringidos.
En este contexto, el Grupo de investigación de cuidados de salud (GReCS) del 'Instituí de Recerca Biomédica' de Lleida (IRB) ha lanzado el estudio 'Water insecurity among seasonal agrículture workers: perspective from Spanish
professionals'. El estudio cuenta con la participación de profesionales de ONGs que han ofrecido apoyo a trabajadores temporeros. Así, además de la falta de alojamiento adecuado y grandes dificultades de acceso al suministro de agua, el estudio
destacaba una dieta con poca variedad de alimentos, contenido de proteína reducido y productos altos en grasas.
No es la primera vez que se señala las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras temporeras en nuestro país. En el informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas (2020) se advertía
que 'las trabajadoras agrícolas suelen ser engañadas en cuanto a las condiciones de su empleo y deben trabajar diez horas al día, pueden ser despedidas en cualquier momento, reciben salarios muy inferiores a los 40 euros diarios prometidos y no se
les paga con regularidad'. Por desgracia, el informe prosigue y apunta que 'En Huelva, el Relator Especial visitó un
asentamiento de trabajadoras y trabajadores migrantes cuyas condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a
la electricidad'. De hecho, a raíz de la visita del Relator se modificó el artículo 19 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, estableciendo que la Inspección de Trabajo también podrá
actuar 'en locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por
razón de su trabajo durante los períodos de descanso, y hayan sido puestos a disposición de los mismos por el empresario'.
Más allá del informe del Relator, las ONG llevan años denunciando incumplimientos del convenio colectivo y el convenio marco que regula contrataciones en origen. Se siguen detectando numerosos casos de trabajo irregular e incluso se
observan prácticas de 'fomento de la productividad' a través de la implantación de chips a los trabajadores penalizando a aquellos que no cumplen con los niveles esperados dejándolos sin trabajo la jornada siguiente. Los abusos se extienden a
elementos tan esenciales como la traducción del contrato de trabajo o la garantía de un mínimo de jornadas de trabajo mensuales para aquellas trabajadoras temporeras que se desplazan.
No es sorprendente que semejantes condiciones deriven en problemas de salud física y mental. Si bien en algún momento hubo servicios de salud específicos de atención a la población inmigrante temporera, en la actualidad no existen
provocando un aumento de la demanda en los servicios de urgencias e incluso la automedicación. Cabe señalar que los centros de salud a menudo carecen de servicios de traducción durante la campaña agrícola. Es frecuente que las patologías derivadas
de las condiciones de trabajo no sean reconocidas como enfermedades laborales.
Que estas condiciones perduren en el tiempo contrasta enormemente con los compromisos a los que se debe nuestro país, especialmente el debido cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 2014/36/UE de
trabajadores temporales, entre otros. En concreto, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculante desde la aprobación del Tratado de Lisboa, establece en su artículo 31 que 'Todo trabajador tiene derecho a trabajar en
condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad'.
El artículo 31 de la Carta se desarrolla en la Directiva 2014/36/UE sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros. Respecto al alojamiento, la directiva
determina en su preámbulo que 'todos los trabajadores temporeros deberían disfrutar de un alojamiento que les garantice un nivel de vida adecuado'. En su artículo 20, la directiva exige que los estados miembros cuenten con pruebas que los
trabajadores temporeros dispongan de un alojamiento que 'garantice unas condiciones de vida adecuadas'.
Respecto a otras condiciones, entre ellas la salud, la directiva normativiza en su artículo 23 el derecho a la igualdad de trato evitando toda discriminación en cuestiones como 'el salario y el despido, el horario de trabajo, los permisos y
las vacaciones, así como las exigencias sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo'. No está de más recordar que el mismo artículo aclara que las personas trabajadoras temporeras dispondrán de los mismos derechos en cuanto acción sindical,
huelgas, etc.
España también firmó la Carta Comunitaria de Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores y Trabajadoras. En ella se establece en su artículo 7 que 'la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones
de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea' sea cual sea la forma de trabajo y entre ellas cita específicamente 'el trabajo de temporada'.
Si las personas trabajadoras temporeras provienen de terceros países las vulneraciones de derechos laborales, las condiciones de infravivienda y el acceso a agua y alimentos adecuados se agravan. La igualdad de condiciones también se ve
afectada según refleja el estudio 'Esenciales pero invisibles y explotados', publicado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la
Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón. Es un problema importante puesto que al menos uno de cada cuatro trabajadores temporeros en Europa es migrante. El estudio muestra la violación sistemática de los derechos laborales de
estas personas agravadas, por su condición migrante. Denuncia situaciones de discriminación salarial por género destacando casos concretos como el de las mujeres migrantes trabajando en el campo de Huelva, la mitad de ellas denunciaba recibir menos
salario que el de sus compañeros varones. Asimismo, las personas trabajadoras migrantes temporeras sufren más accidentes laborales con casos incluso de intoxicación con productos fitosanitarios, apunta el mismo estudio, puesto que no se brinda da
la formación y protección adecuadas.
En definitiva, a pesar de la legislación europea y nacional, se siguen produciendo abusos por parte de ETT y mafias que condenan a las personas trabajadoras temporeras a malvivir en la extrema pobreza y en infraviviendas durante las
diferentes campañas agrícolas, algo que sucede en diversos territorios españoles como los analizados en el citado estudio del GRECS y el estudio del IUEM y Oxfam, y como los denunciados por el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos
humanos de Naciones Unidas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar reforzando la actuación de la inspección de trabajo y el control para enfrentar las posibles vulneraciones de la Directiva 2014/36/UE de trabajadores temporales y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y más
concretamente de los derechos proclamados en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores y Trabajadoras, para combatir la precariedad de los temporeros y aspirantes a temporeros.
2. Impulsar una mesa de diálogo que incluya a todas las administraciones autonómicas y locales para facilitar que cada administración, según sus competencias, tome las acciones ejecutivas pertinentes que aseguren los derechos de las
personas trabajadoras temporeras, tengan o no nacionalidad española, especialmente en lo que concierne a un alojamiento digno, a una atención sanitaria pública adecuada y a un transporte eficaz que conecte sus zonas de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2024.-Juan Antonio Valero Morales, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001045
Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2024 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Republicano la Proposición no de Ley sobre cambio de método de cálculo de la asignación del 0,7% del IRPF, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 178, de 9 de julio de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el control de las redes a la
deriva y prácticas ilegales de pesca en el Estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde hace tiempo, se viene analizando el impacto en el medio marino de ciertas artes de pesca, a nivel técnico-científico, y las solucione y políticas que se deben aplicar para hacer más sostenible el desarrollo de la actividad pesquera.
El Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, por el que se modifican diferentes
Reglamentos relacionados con la pesca, establece una serie de restricciones a la utilización de las diferentes modalidades de redes fijas o a la deriva según el impacto que realizan en determinadas zonas y a las capturas de especies sensibles.
En este sentido, dicho Reglamento, contempla aspectos específicos para determinados artes de pesca, como la longitud de las redes, tamaños de referencia de malla y, fundamentalmente a través de su anexo III, la lista de especies,
mayoritariamente migratorias, como diferentes especies de atunes, pez vela, pez espada, paparda o tiburones, que está prohibido capturar con redes de enmalle a la deriva. La normativa permitió exceptuar la captura artesanal de algunas especies con
este arte fundamental para el sector pesquero nacional, con el compromiso de realizar estudios de seguimiento del mismo.
Estas restricciones y condiciones de utilización establecidas en el Reglamento (UE) número 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, se transponen de forma directa por el Real Decreto 502/2022, de 27 de junio,
por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.
Pese a todo, en algunas regiones de nuestro litoral, siguen apareciendo algunos ejemplares de animales marinos con signos de mutilación o atrapados en redes de pesca a la deriva, asociadas a las épocas de migración de las especies cuya
captura está prohibida con redes de enmalle a la deriva.
La asociación ecologista CECAM (Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta) y plataforma local DAUBMA (Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente) denuncian que el inicio de la temporada de pesca
del pez espada conlleva cada año la aparición de redes de enmalle a la deriva en aguas del Estrecho de Gibraltar desde cabo Espartel a punta Almina, e incluso en el mar de Alborán.
Cabe recordar que el Estrecho de Gibraltar forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, declarada en 2006 por la UNESCO; que desde 2012 existe la Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 de la
región biogeográfica mediterránea, el LIC Estrecho Oriental; o que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó el pasado 30 de diciembre de 2023 una propuesta para la inclusión del Estrecho Occidental como espacio marino
protegido en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000.
Cabe señalar que, además de la normativa de la Unión Europea, Marruecos ha prohibido el uso de las redes de enmalle a la deriva debido a los impactos ambientales y a la sobreexplotación de los recursos marinos que genera.
La presencia de redes en general y especialmente enmalle a la deriva en el Estrecho de Gibraltar, que pueden llegar a alcanzar los 12 kilómetros de longitud, también representa un peligro para la navegación, puesto que pueden enredarse en
las hélices de los buques,
dejándolos sin gobierno; y especialmente para el buceo cuando este tipo de redes quedan abandonadas como redes fantasma.
En resumen, la pesca ilegal con redes de deriva en el estrecho de Gibraltar tiene consecuencias negativas tanto para la biodiversidad marina como para la seguridad de la navegación. Es fundamental asegurar que se acata la legislación
vigente y tomar medidas para proteger nuestros mares y garantizar prácticas pesqueras sostenibles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar el protocolo necesario para que buques de la Armada Española y las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) vigilen y eviten estas prácticas ilegales en el Estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán.
2. Exigir la colaboración del reino de Marruecos en el control de los pescadores marroquíes que siguen utilizando esta técnica de pesca ilegal y dañina para la biodiversidad y el medioambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2024.-Javier Celaya Brey, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno ejecute de manera
urgente el Colector Interceptor Perimetral Oeste, conocido como Colector Norte, en la ciudad de Murcia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La ciudad de Murcia sufre, cada vez que se produce un episodio de lluvias mínimamente intensa, una situación de sobresalto y constante alarma debido al desbordamiento de ramblas lo cual ocasiona daños personales en las viviendas, bajos
comerciales, sótanos, edificios públicos y paralización del tráfico rodado, colapso de importantes vías del municipio e inundaciones en campos y huertas con la consecuente pérdida económica. Y sin olvidar el alto riesgo que ello supone para toda la
población que habita en la zona.
Durante el pasado año esta situación se ha repetido en tres ocasiones, produciendo una serie de imágenes dantescas y carentes de explicación. Y el último episodio se produjo el pasado 12 de junio, donde se volvieron a sufrir innumerables
daños materiales y afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño humano.
La práctica totalidad del valle central del municipio aparece como inundable en la página web del Ministerio, del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables para un periodo de retorno de 100 años.
Las ramblas que están situadas en el término municipal de Murcia comienzan en los montes y cabezos de escasa vegetación y gran erosión y se produce la rápida acumulación y concentración de las aguas pluviales hacia los cauces debido a las
fuertes pendientes.
La escasez de pendiente del terreno en la ciudad y la pendiente negativa al acercarnos hacia el río hace que las escorrentías generadas por las lluvias no puedan ser evacuadas
por gravedad en éste, y sea la red del sistema unitario de alcantarillado y la red de azarbes, las que tengan que hacerse cargo de la evacuación de todas esas aguas.
Tanto la red unitaria de alcantarillado como la red de azarbes son actualmente insuficientes para evacuar la mayoría de los episodios de lluvias, por lo que se producen continuos e importantes encharcamientos en distintos puntos de Murcia.
La voluntad del Ayuntamiento de Murcia es la de acabar definitivamente con los problemas de inundaciones que periódicamente sufre Murcia cada vez que sucede un episodio de lluvias medianamente intenso.
El 16 de abril de 2004, después de un importante episodio de lluvias intensas el Ayuntamiento de Murcia elaboró el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para poner
remedio definitivo para el abastecimiento y saneamiento siendo competencia del Ministerio de Medio Ambiente la recogida de aguas pluviales que eviten las inundaciones.
Es necesario y urgente la construcción de un sistema de interceptor de pluviales que recoja el agua de las ramblas antes de que llegue a la ciudad y canalizarla hasta su evacuación en el río Segura.
El órgano competente para resolver esta situación, el Ministerio de Transición Ecológica, propuso como solución la construcción del Colector Interceptor Perimetral Oeste. Y esta infraestructura está declarada de interés general por el Plan
Hidrológico Nacional.
Este Colector está proyectado desde hace años por la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Transición Ecológica e incluso dispone de la Declaración de Impacto Ambiental favorable desde el 2018.
El Ministerio prevé que con ésta gran infraestructura de captación de aguas pluviales se pondría fin a las importantes inundaciones provocadas por el desbordamiento de las ramblas de Espinardo y Churra cada vez que (cada año con mayor
frecuencia), se producen precipitaciones torrenciales en la zona, causantes de innumerables perjuicios a miles de personas que viven en los barrios y pedanías de la zona noroeste del municipio de Murcia.
Está recogido en el Plan especial de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte (PEIH), cuenta con 7 Km de longitud, e interceptará las aguas pluviales de las ramblas de Churra, El Puntal, Espinardo y Guadalupe.
Actualmente hay dos tramos ejecutados, el primero a cargo de los promotores en la urbanización ZP-Ch3 en Churra (Ikea) y el segundo por parte del Ayuntamiento en un tramo del vial Costera Norte en la pedanía de El Puntal.
Estas obras son prioritarias para mitigar las perturbaciones producidas en la zona norte de la ciudad cuanto tengan lugar episodios puntuales de lluvias torrenciales y se deben de acometer de manera urgente y puntual.
Así se ha pronunciado el Pleno del Ayuntamiento de Murcia por unanimidad en diferentes ocasiones, tanto en mociones como en declaraciones institucionales como la que se produjo con ocasión de la DANA de 2019.
Y desde el Grupo Parlamentario Popular, se ha insistido reiteradamente en la necesidad imperiosa de que se construya esta infraestructura, presentando además enmiendas a la ley de presupuestos del Estado en diversos ejercicios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar de manera urgente el Colector Interceptor Perimetral Oeste, conocido como Colector Norte, en la ciudad de Murcia, recogido como actuación prioritaria y urgente en la Ley 10/2001, del
Plan Hidrológico Nacional, tras la modificación realizada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Joaquín Melgarejo Moreno, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos y Portavoz del G.P Mixto, Doña lone Belarra, y el Diputado de Podemos Don Javier Sánchez Serna, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la creación de una Ley para la adaptación y mitigación del cambio climático en las ciudades, para su debate en Comisión del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
Estamos ya inmersos en la década que debe ser clave para ganar la batalla al cambio climático. La ciencia estableció que para mantener la esperanza de un aumento de temperaturas globales por debajo de 1,5 grados es imprescindible reducir a
la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030. El reto es inmenso, y el esfuerzo debe ser compartido a todos los niveles.
Una gran parte de la batalla para reducir las emisiones debe librarse en las ciudades, en las que vive ya la mayor parte de la población mundial. Las recetas de lo que debe hacerse son bien conocidas: las políticas que las ciudades
desarrollen en lo que resta de década pueden marcar el éxito del reto en la lucha contra el cambio climático. O no. De momento en nuestras ciudades cobran ventaja las políticas negacionistas: somos testigos de como los gobiernos municipales del
PP, con el apoyo de VOX en algunos casos, están aplicando políticas contrarias a la sostenibilidad urbana. Afortunadamente una oleada ciudadana se está movilizando para frenar esas políticas,
Muchas de las políticas del PP son directamente negacionistas, ni siquiera ya pueden calificarse de retardistas. Así nos encontramos con que han elegido algunos elementos de políticas de movilidad urbana como iconos de lo que quieren hacer.
Entre ellos el desmantelamiento de los carriles bici, o el debilitamiento o directamente la eliminación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZEB). A pesar de la obligación que establece la ley de cambio climático, solo el 13% de las ciudades españolas
de más de 50.000 habitantes han establecido Zonas de Bajas Emisiones.
Otro elemento que parece común son las políticas arboricidas: en vez de cuidar y fomentar el arbolado urbano, este se elimina con la excusa de cualquier infraestructura.
El cambio climático es ya una evidencia y se manifiesta de forma especialmente intensa en las ciudades. Las olas de calor afectan con especial virulencia en los entornos urbanos, muy vulnerables a las llamadas islas de calor que provocan
temperaturas en las ciudades muy superiores a las de su entorno. Su impacto en la calidad de vida y la salud de las personas es ya evidente, de ahí que sea imprescindible en el actual contexto impulsar zonas de refugio climático que permitan un
respiro a las personas que viven en esos entornos. Se trata de impulsar una renaturalización en la cual los árboles deben jugar un papel esencial.
Son numerosos los estudios que muestran los beneficios que las zonas arboladas aportan a las gentes que viven en las ciudades: sombra, frescor, temperaturas más bajas, protección del sol... pero también mejora de la salud mental, reducción
de la mortalidad prematura o mejor desarrollo infantil. Por ello se ha propuesto la regla 3-30-300: que toda persona tenga una zona verde a menos de 300 metros de su hogar, que todo barrio tenga un 30% de vegetación y que podamos ver tres árboles
desde nuestra ventana. Este debe ser un objetivo en todas las políticas urbanas del siglo XXl.
Desgraciadamente los hechos van en dirección contraria. Los árboles se han convertido o para algunas autoridades municipales en un elemento molesto, pues se ven como obstáculos a la construcción de infraestructuras. Son numerosos ya los
casos de movilizaciones ciudadanas en defensa de los árboles. En Madrid el grito de 'No a la tala' se repite en distintos barrios que ven amenazadas sus arboledas, pero lo mismo ocurre en otras ciudades como Granada, Pamplona, Donostia, Logroño, y
tantas otras.
La defensa del arbolado se ha convertido en una trinchera en la lucha contra el cambio climático. Se trata de una lucha clave porque lo que está detrás de esa defensa de los árboles es qué debemos hacer en nuestras ciudades ante la
creciente crisis climáticas. Desgraciadamente algunos dirigentes políticos siguen sin entender que el cambio de condiciones ambientales derivado de la crisis ecológica es una grave amenaza para las personas.
En definitiva, para establecer políticas de mitigación y adaptación al cambio climático hacen falta nuevas herramientas legislativas que aboguen por mitigar el tráfico de vehículos urbanos, apoyen el transporte público, impulsen la
renaturalización de los entornos urbanos y establezcan las pautas para el establecimiento exitoso de las Zonas de Bajas Emisiones.
'Por todo ello, el Congreso insta al Gobierno a:
1. Presentar una Proyecto de ley de mitigación y adaptación de las ciudades ante el cambio climático.
2. Reconocer que las ciudades son espacios clave para combatir el cambio climático, y por tanto requieren de una regulación específica para asegurar la reducción de emisiones, y la adaptación al cambio climático.
3. Que la adaptación legislativa a estas realidades es imprescindible para garantizar unas condiciones de vida saludables para la población urbana.
4. La fijación por Ley de objetivos medibles que informen de los avances en la aplicación de las políticas urbanas sostenibles.
5. Considerar el transporte y la movilidad urbana como elementos fundamentales para una política de bajas emisiones, promoviendo el transporte público y la movilidad sin emisiones.
6. Establecer las reglas de cumplimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs) establecidas en la Ley de Cambio Climático.
7. Proteger el arbolado urbano, y garantizar su expansión y cuidado.
8. Promover la renaturalización de los espacios urbanos, a través del impulso a la creación de nuevas zonas verdes.
9. Mejorar y garantizar la calidad del aire en las ciudades a través de la eliminación progresiva de fuentes contaminantes
10. Apoyar la renaturalización de los tramos urbanos de los cauces de los ríos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Martina Velarde Gómez, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la regeneración de la playa de Laxe para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A comienzos de los años 90 del siglo pasado, las obras que se acometieron por el Gobierno gallego en el dique del puerto de Laxe cambiaron de manera radical la morfología urbana de la vila de Laxe, concretamente, la zona del paseo marítimo y
de la playa.
La remodelación del dique modificó artificialmente las corrientes, lo que, a su vez, provocó el arrastre de grandes cantidades de arena hacia la parte occidental del arenal. Fruto de ese 'efecto dominó', el arrastre de arena formó un nuevo
campo dunar no natural
en la parte occidental, que a día de hoy impide ver el mar desde el paseo, afectando especialmente a los establecimientos de hostelería, restauración y comercio local. La acumulación llega hasta el punto de que la arena rebasa el muro que
separa el paseo de la playa. La intensidad diera fenómeno producto de la intervención humana es tal que se acumulan grandes cantidades de arena en la parte terrestre, llegando al paseo marítimo y afectando al saneamiento y a las pluviales. Así, el
movimiento de esas masas de arena depositadas en la playa provoca atascos e inundaciones tanto en el paseo como en las calles principales de acceso a la vila de Laxe. Una situación que no se ha resuelto con el traslado de arena de esa zona del
puerto hacia el otro extremo, que se realiza periódicamente.
Ese arrastre de arena afectó también de manera importante a la seguridad y las maniobras de las embarcaciones en el interior de la dársena, al formarse bajíos de arena en el fondo que hicieron necesarias actuaciones de dragado como la
realizada recientemente (por fin, después de 20 años) por Portos para corregir el problema.
El BNG lleva años demandando de las distintas administraciones con competencias en este asunto una solución definitiva al problema de acumulación de arena, que está afectando a diversos sectores sociales de Laxe, pero, especialmente, al
relacionado con el turismo, para los cuales resulta imprescindible que la playa de Laxe recupere su perfil originario, transformado por las obras del dique.
La última iniciativa presentada por el BNG en este sentido en el Parlamento de Galicia fue aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas con representación parlamentar, que coincidieron en reclamar la colaboración de las distintas
administraciones implicadas, Estado, Xunta y Concello para posibilitar la regeneración del arenal de Laxe.
La actuación más apropiada en el momento actual sería distribuir por el resto del arenal la arena que conformó el nuevo campo dunar, por acumulación en la parte occidental. Concretamente, la intervención sería en la parte baja del paseo,
del número 1 de la Avenida de Rosalía de Castro hasta el Peirao Vello, zona en la que nunca (hasta las obras del dique) hubo dunas.
Se atenuarían así los problemas de inundaciones, además de permitir que el comercio, negocios de restauración y hostelería asentados en el paseo recuperen la vista del mar de Laxe. El que corresponde en el inmediato es estabilizar la playa
y proteger el ecosistema, garantizando así que la vila de Laxe recupere el increíble potencial comercial y turístico de su fachada marítima.
Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a aprobar, en coordinación con la Xunta de Galiza y el Concello, un Plan para la regeneración de la playa de Laxe, acordando una solución
técnica adecuada al problema de la acumulación de arena en la parte occidental del arenal, con el objetivo de devolverla a su perfil originario en la zona baja del paseo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei relativa
á rexeneración da praia de Laxe para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A comezos dos anos 90 do século pasado, as obras que se acometeron polo Goberno galego no dique do porto de Laxe mudaron de xeito radical a morfoloxía urbana da vila de Laxe, nomeadamente, a zona do paseo marítimo e da praia.
A remodelación do dique modificou artificialmente as correntes, o que, á súa vez, provocou o arrastre de grandes cantidades de area cara a parte occidental do areal. Froito dese 'efecto dominó', o arrastre de area formou un novo campo dunar
non natural na parte occidental, que a día de hoxe impide ver o mar desde o paseo, afectando especialmente aos estabelecementos de hostalaría, restauración e comercio local. A acumulación chega até o punto de que a area supera o muro que separa o
paseo da praia.
A intensidade dese fenómeno produto da intervención humana é tal que se acumulan grandes cantidades de area na parte terrestre, chegando ao paseo marítimo e afectando ao saneamento e ás pluviais. Así, o movemento desas masas de area
depositadas na praia provoca atascos e asolagamentos tanto no paseo como nas rúas principais de acceso á vila de Laxe. Unha situación quenon se resolveu co traslado de area desa zona do porto cara o outro extremo, que se realiza periodicamente.
Ese arrastre de area afectou tamén de xeito importante á seguridade e as manobras das embarcacións no interior da dársena, ao formárense baixíos de area no fondo que fixeron necesarias actuacións de dragaxe como a realizada recentemente (por
fin, despois de 20 anos) por Portos para corrixir o problema.
O BNG leva anos demandando das distintas administracións con competencias neste asunto unha solución definitiva ao problema de acumulación de area, que está a afectar a diversos sectores sociais de Laxe, mais, especialmente, ao relacionado
co turismo, para os cales resulta imprescindíbel que a praia de Laxe recupere o seu perfil orixinario, transformado polas obras do dique.
A última iniciativa rexistrada polo BNG neste sentido no Parlamento de Galiza foi aprobada por unanimidade das forzas políticas con representación parlamentar, que coincidiron en reclamar a colaboración das distintas administracións
implicadas, Estado, Xunta e Concello para posibilitar a rexeneración do areal de Laxe.
A actuación máis acaída no momento actual sería distribuír polo resto do areal a area que conformou o novo campo dunar, por acumulación na parte occidental. Concretamente, a intervención sería na parte baixa do paseo, do número 1 da Avenida
de Rosalía de Castro até o Peirao Vello, zona na que nunca (até as obras do dique) houbo dunas.
Atenuaríanse así os problemas de asolagamentos, ademais de permitir que o comercio, os negocios de restauración e hostalaría asentados no paseo recuperen a vista do mar de Laxe. O que corresponde no inmediato é estabilizar a praia e
protexer o ecosistema, garantindo así que a vila de Laxe recupere o incríbel potencial comercial e turístico da súa fachada marítima.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a aprobar, en coordinación coa Xunta de Galiza e o Concello, un Plan para a rexeneración da praia de Laxe, acordando unha solución técnica
adecuada ao problema da acumulación de area na parte occidental do areal, co obxectivo de devolvela ao seu perfil orixinario na zona baixa do paseo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de xullo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas que aborden la problemática de los vertidos de
pélets en las costas españolas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La dispersión de pélets por el litoral gallego debido a la pérdida incontrolada de contenedores de estos materiales ha visualizado a nivel nacional la problemática de los vertidos de estos materiales. De hecho, la UE calcula que se vierten
más de 150.000 toneladas de pélets plásticos en el territorio comunitario y que éstos acaban en nuestros ecosistemas acuáticos.
En el resto de España y, en concreto, en las costas del Mediterráneo no estamos exentos de esta problemática. En los últimos años, tanto los expertos como entidades que realizan un seguimiento del fenómeno han registrado un incremento
constante de la presencia de estos plásticos contaminantes y, actualmente, muchas playas de la demarcación marina levantina-balear presentan concentraciones significativas.
En el informe 'Perfil ambiental de España de 2020', publicado en 2021 por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se constata que la playa de La Pineda (Tarragona) recibe la mayor proporción de pélets de pre-producción de
las playas muestreadas a lo largo del año 2020. Pero no sólo esta playa, que se sitúa como el epicentro de la llegada de microplásticos industriales, sino que un mapa de la entidad Good Karma muestra cómo Tarragona es la provincia de España con
mayor litoral afectado. Al menos 12 de sus playas han sufrido la presencia de estos residuos en los últimos años.
En Baleares, concretamente en Menorca y Mallorca, también se ha registrado la presencia alarmante de pélets. Trabajos constantes de entidades implicadas en la protección del medio ambiente, como Per La Mar Viva, en Menorca, y Save the Med,
en Mallorca, han permitido documentar la presencia de pélets en nuestras playas y estudiar su trazabilidad y origen. Por poner un ejemplo, se encuentra ampliamente documentada por parte de la entidad Per La Mar Viva la llegada de estos plásticos a
la playa de Cavalleria (Menorca) durante el año 2020. También está documentada la presencia de estos microplásticos en diversas playas de la costa de Mallorca.
Según un estudio de Surfrider Foundation Europe y Good Karma Projects, la presencia de pélets en las costas de Baleares y el levante se debe a la fuga de residuos plásticos del complejo petroquímico de Tarragona, a través de fugas del
sistema de drenaje de pluviales. Lo adelantaba el informe del Ministerio de Transición Ecológica mencionado anteriormente, refiriéndose a la alta concentración de pélets en La Pineda, 'presumiblemente debido a su proximidad a una importante
concentración de industrias del sector de la fabricación y transformación de plásticos'.
En episodios de lluvias intensas, estos microplásticos migran desde el complejo hasta la cuenca del Río Francolí y parte de la cuenca de las rieras meridionales. Por la influencia de las corrientes marinas y del viento, los pélets se
reparten por el litoral y, mar adentro, acaban llegando a las Islas Baleares.
El estudio MedPélets en el Río Francolí de Tarragona (concretamente en el municipio de Vilaseca) llevado a cabo por GoodKarma, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a través del Programa Pleamar y cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), determina claramente que el origen de buena parte de la contaminación por pélets en Baleares proviene de vertidos incontrolados de estos
mircoplásticos en el río Francolí donde se concentran actividades industriales que utilizan estos materiales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar los microplásticos y, en particular, los pélets dentro de la problemática general de las aguas residuales y su incidencia en la contaminación del mar y las costas. Asimismo, mejorar la recopilación de información relativa a
los vertidos de tales residuos, en colaboración con el resto de AAPP competentes, para así seguir mitigando la mencionada contaminación de nuestras costas.
2. Impulsar, en colaboración con las AAPP públicas competentes, mecanismos para la eliminación de los pélets existentes en las costas españolas, especialmente en la demarcación marina levantino-balear, lugares donde su presencia
extraordinaria se debe a la mala gestión de residuos de la industria plástica que se concentra en el territorio peninsular, con el fin de restaurar el medio natural.
3. Colaborar con el resto de AAPP competentes para impulsar estudios científicos y de investigación, en colaboración con las entidades y organizaciones que ya están trabajando en ello, para detectar y documentar las zonas de acumulación y
contaminación con pélets y poner en marcha un muestreo de las dinámicas de acumulación con el objetivo de disponer de registros detallados de la llegada de estos materiales a las costas, su origen y su afectación en los ecosistemas naturales y las
personas.
4. Impulsar programas de concienciación y sensibilización con la mencionada problemática ambiental sobre pélets y poner en marcha líneas de divulgación y transferencia del conocimiento en esta materia, especialmente entre las empresas del
sector industrial del plástico en tanto que se adoptan a nivel comunitario las medidas obligatorias para reducir la liberación no intencionada de pélets de plástico.
5. Impulsar, en colaboración con las AAPP públicas competentes y la industria, medidas para evitar la pérdida de pélets por parte de la industria plástica en toda su cadena de valor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Pepe Mercadal Baquero, Milena Herrera García, Andreu Martín Martínez y Valle Mellado Sierra, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/001074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la prevención del
aislamiento tecnológico en el medio rural español y la necesidad urgente de agilizar el despliegue de banda ancha en las zonas rurales, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado en reiteradas ocasiones que las 8.526 centrales de cobre actualmente operativas, conocidas por ofrecer líneas de teléfono y acceso a internet por ADSL, cerrarán en el
año 2025.
Según distintas estimaciones publicadas, en Galicia siguen estando operativas más de 600 centrales de cobre y su cierre se encontraría previsto para este año, lo cual afectará a la conectividad de 104.100 familias, concretamente a:
- 39.400 hogares en A Coruña;
- 16.600 hogares en Lugo;
- 16.300 hogares en Ourense;
- Y 31.800 hogares en Pontevedra;
No obstante, los hogares gallegos no serían los únicos afectados, sino que, de acuerdo a las cifras reflejadas en el último informe elaborado por la empresa Eurona Telecom, el cierre del ADSL afectará gravemente a 7.440 municipios de toda
España, en su mayoría a pueblos y pequeños municipios rurales localizados en la llamada España despoblada. En estas regiones la tecnología de fibra óptica, que sustituye al ADSL por su mayor precisión y eficiencia, aún no se encuentra disponible,
ofreciéndose únicamente la posibilidad
alternativa de contratar una conexión a través del satélite de Hispasat en el marco del Programa UNICO Demanda Rural financiado con cargo al Plan de Recuperación europeo (PRTR), en tanto en cuanto en teoría se culmina el proceso de
implantación y despliegue de la fibra al 100 % de la población española el próximo año 2025, según lo comprometido por el Gobierno de Sánchez.
En este mismo sentido, debemos añadir que la alternativa aun cubriendo ciertos servicios 'Conéctate35.es' basada en tecnología satelital, resultando cierto que cubriría ciertos servicios digitales, sin embargo, supone una limitación
significativa para otros, debido a la elevada latencia, la baja velocidad de ascenso, la falta de robustez de la conexión y fundamentalmente, el límite de tráfico topado en 150GB.
Habría que subrayar por tanto que estas zonas ya de por sí marginadas en términos de conectividad, se enfrentan a un aislamiento aún mayor ante la inaccesibilidad de fibra óptica y el cierre del ADSL, sin perder de vista tampoco que las
personas censadas en la llamada España rural serían alrededor de 7,5 millones, suponiendo el 16 % del total de la población residente en nuestro país, si bien esta llamada España rural se extiende por cerca del 85 % de la superficie total del país y
englobaría al 82 % de los municipios. Básicamente, los principales perjuicios serían los que se relacionan a continuación:
1. Brecha digital: mientras que las zonas urbanas y grandes ciudades disfrutan de conexiones de alta velocidad, los habitantes de los municipios más alejados y aislados quedan rezagados. Con datos cerrados a 30 de junio de 2022, 9 de cada
10 hogares y empresas de España ya tenía acceso a redes de banda ancha fija de al menos 100 Mbps, y en cambio, en las zonas rurales, eran 7 de cada 10 hogares y empresas.
2. Limitaciones económicas: La ausencia de fibra óptica afecta negativamente a las empresas y emprendedores en estas zonas. La falta de una infraestructura adecuada dificulta el teletrabajo y la fijación de la población, la creación de
negocios de base digital y por ende, a la productividad y competitividad de la economía española. Todo ello, conduce al éxodo de jóvenes talentos hacia las ciudades, dejando atrás un tejido empresarial debilitado o la ausencia de todo tejido
empresarial.
3. Educación y formación: La conectividad es esencial para la educación en línea y la formación continua. Sin acceso a internet de calidad, los estudiantes y profesionales de estos municipios se ven privados de oportunidades de
aprendizaje, de desarrollo personal, así como de mejorar y progresar dentro del mercado laboral, perpetuando un modelo productivo y laboral vinculado prácticamente en exclusiva a la actividad agraria y ganadera.
4. Servicios de salud y bienestar: La telemedicina y la atención médica en línea son cada vez más importantes. Sin una conexión adecuada, los residentes de estas áreas se enfrentan a dificultades para acceder a servicios médicos,
seguimiento de enfermedades crónicas y asesoramiento especializado. Esto repercute en su calidad de vida y bienestar general, máxime cuando la media de edad de la mayoría de la población de los municipios rurales es elevada, y requiere de mayor
atención médica y cuidados.
5. Despoblación y éxodo rural: La falta de infraestructura tecnológica es un factor clave en el éxodo rural. Cada vez más jóvenes y adultos buscan oportunidades en las ciudades, o municipios próximos mejor dotados de comunicaciones e
infraestructuras, dejando atrás una población envejecida y cada vez más vulnerable y comunidades más empobrecidas. Es conveniente recordar en este punto que el Informe Anual del Banco de España 2020 estima en más de un 40 % los municipios españoles
en riesgo de quedar despoblados.
En consecuencia, la falta de acceso a la fibra óptica, y el inminente cierre de centrales de cobre (ADSL) afectaría gravemente a miles de municipios españoles. No sólo perjudica a la calidad de vida de sus habitantes, sino que también
compromete el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la vertebración territorial en nuestro país.
Por todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta la falta de ambición y diligencia demostradas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, así como el enorme retraso acumulado al respecto imputable al Ejecutivo (según fuentes contrastadas
del sector, a día
de hoy podría haber alrededor de 20.000 expedientes de despliegue de redes en trámite de aprobación) y dada la creciente inquietud existente en numerosas zonas rurales de España afectadas por esta problemática, urge tomar medidas de carácter
inmediato para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica y lugar de residencia, tengan acceso a una conexión de internet rápida y fiable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Proceder urgentemente a la creación de una Comisión Interministerial con el objetivo de desbloquear y acelerar los permisos de despliegue de banda ancha especialmente en los núcleos rurales, como uno de los mecanismos clave que puedan
contribuir a revertir la despoblación de los municipios de la España interior y con problemas de despoblación.
2. Crear un servicio de intermediación con la finalidad de dar solución a las controversias y conflictos que puedan eventualmente suscitarse relacionados con los proyectos de despliegue entre las Administraciones Públicas, tejido
empresarial y comunidades de propietarios, apostando por la reducción de burocracia y la simplificación de trabas administrativas.
3. Tramitar con la máxima diligencia y eficiencia el Plan 5G de despliegue rural, Único Redes Activas.
4. Informar de manera exhaustiva y con absoluta transparencia a las poblaciones del medio rural español afectadas por esta problemática.
5. Implementar actuaciones encaminadas a la mejora de las competencias y capacidades digitales de los residentes en entornos rurales y con problemas de despoblación, intensificando los recursos destinados al ámbito de la digitalización con
el objetivo de reducir la brecha digital en el mundo rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Marta González Vázquez, Raquel Clemente Muñoz, Mario Cortés Carballo, Cristina Abades Martínez, Francisco José Conde López, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela,
Tristana Moraleja Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López, Pedro Puy Fraga, Rosa Quintana Carballo y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/001072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar actuaciones de consolidación y restauración del Acueducto Romano de
Albarracín-Gea de Albarracín-Cella, así como de su promoción cultural y turística, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Acueducto Romano de Albarracín-Gea de Albarracín-Cella, se encuentra situado en tres términos municipales: Albarracín, Gea de Albarracín y Celia (Teruel), que se levantó
para trasladar agua desde el río Guadalaviar. Su construcción se fecha en época imperial, en el siglo I, a juicio de los restos arqueológicos encontrados en la zona como fragmentos de lucernas de fines del siglo I y vasos de térra sigillata
del siglo II. Además, la necesidad de abastecer de agua esta zona en época imperial hace pensar en la existencia de un importante centro militar e industrial.
Esta obra de ingeniería hidráulica romana no solamente buscó soluciones coherentes a la escasez de agua entre dos comarcas, sino que su trascendencia aun es mayor, si cabe, dado que fue el primer trasvase realizado en la historia de España
entre dos cuencas: desde la del Júcar a la del Ebro. Es por ello que debemos poner en valor un hito histórico en nuestra nación que fue el pionero y el antecesor de tantos proyectos que, posteriormente y hasta la misma actualidad, se han
desarrollado o lo están haciendo, siempre rodeados de un tinte de cierto enfrentamiento y que hace dos mil años fue considerado como una solución pacífica en el contexto de un aprovechamiento de los recursos hidrológicos existentes.
El conjunto se considera un gran ejemplo de la ingeniería romana en Aragón. Su estructura original se componía de arquerías y canales abiertos, así como de galerías subterráneas y pozos verticales. Fue fabricado en mampostería y argamasa.
Como consecuencia de algunas catas y excavaciones realizadas en varios tramos del acueducto se ha podido identificar una buena parte del trazado que hoy se conoce y que podemos dividir en seis tramos:
1. Captación de agua.
2. Primer tramo, excavado en la roca.
3. Galería, junto al azud de Gea.
4. Barranco de Los Burros.
5. La Cañada de Monterde.
6. Canal a cielo abierto de Los Llanos de Celia.
Cesó su funcionamiento en el siglo XII, tras el descubrimiento de una fuente natural en Celia. En la actualidad se conservan importantes restos del acueducto, grandes arcadas y galerías excavadas en la roca, así como un gran número de
pozos.
En el Boletín Oficial de Aragón del día 16 de septiembre de 2002 se publicó el Decreto 286/2002, de 3 de septiembre, el Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento el denominado Acueducto
Romano de Albarracín-Gea de Albarracín-Cella (Teruel). En el año 2004 se suscribió un Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, la entidad Ibercaja y los Ayuntamientos de Albarracín, Gea de Albarracín
y Celia, por un importe total de 315.657,11 euros, para llevar a cabo diversas actuaciones con el fin de recuperar este acueducto. En el mes de mayo del año 2007 se abrió parte del acueducto al público tras haber acondicionado para la visita
aproximadamente 1.200 metros de la infraestructura hidráulica.
Finalmente, en 2023, el Gobierno de Aragón, y ante la insistencia del Ayuntamiento de Gea de Albarracín y su alcalde, denunciando el estado de deterioro del Monumento, se llevaron a cabo actuaciones de emergencia en el tramo de La Cañada de
Monterde por un importe limitado a 40.000,00 , cantidad que no permitió nada más que acometer pequeñas mejoras relacionadas con la seguridad de los visitantes en uno de los 6 tramos señalados anteriormente. Actualmente se han habilitado siete
tramos distintos, que suman un total de dos kilómetros, con el objeto de facilitar la accesibilidad al público. Sin embargo, este interesante conjunto monumental precisa de nuevas actuaciones de consolidación y restauración que permitan ponerlo en
valor y habilitar nuevas zonas para acceso del público. La importancia de las actuaciones a desarrollar precisa la colaboración de las distintas Administraciones Públicas con competencias en la materia, sin descartar la colaboración de otro tipo de
entidades del sector privado.
El mantenimiento y la promoción de un monumento como el descrito es de vital importancia para municipios que pelean día tras día por su futuro con una visión clara y contundente de las políticas que desde el Gobierno de España se están
desarrollando en
materia de Reto Demográfico, y que están totalmente alineadas con las planteadas desde los respectivos consistorios. Por ello, que puedan contar con un referente histórico y patrimonial que dinamice el sector económico en general y el
cultural y turístico en particular adquiere una especial relevancia para estas zonas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a colaborar con las Administraciones autonómicas, regionales y municipales de Aragón competentes en la materia para impulsar actuaciones de consolidación y restauración del Acueducto
Romano de Albarracín-Gea de Albarracín-Cella que sean necesarias, así como para su promoción cultural y turística, estudiando la viabilidad de firmar un protocolo o convenio de colaboración a tal efecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2024.-Víctor Javier Ruiz de Diego, Marta Gracia Blanco y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva, Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/001081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para que se inicie el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural del espigón sur de la Dársena de Molnedo
(Puertochico) en Santander, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. Conservación del patrimonio santanderino.
Tras el devastador incendio de Santander el 15 de febrero de 1941, gran parte de su memoria urbanística y arquitectónica desapareció en un instante sin haber tenido la oportunidad de proteger el patrimonio urbano y cotidiano del Santander de
la época, lo que posteriormente resultó en una pérdida de identidad y de conocimiento de cómo era el Santander de finales de siglo XIX y principios del XX. Poco queda de esa época que hoy se pueda disfrutar, recordar y comprender. Así, de lo poco
tangible y cotidiano de aquellos años que pertenece hoy a los santanderinos queda el dique de Molnedo, cotidianamente conocido como 'Puertochico'.
Hoy se puede ver todavía la pátina de desgaste que rememora el bullicio y la actividad de la zona durante siglos, con sus 'venas color óxido' que representan sus vías de tren, con sus piedras centenarias desgastadas por el acarreo constante
de barcos de pesca, del olor a salitre y grasa de motor. Todavía se puede rememorar, escuchando el sonido de los obenques de los barcos deportivos actuales, los tiempos en los que las rederas arreglaban, en el murete de la dársena, los aparejos de
pesca y se recogía el fruto de la pesca para venderlo en las lonjas de Santander.
Todo eso, toda esa memoria y actividad, toda nuestra historia cotidiana de Puertochico está en riesgo por el proyecto actual de reforma que plantea el Ayuntamiento de Santander y la Autoridad Portuaria para la zona y que, de lo poco que se
conoce del mismo, pretender enterrar bajo losas de granito la esencia y la memoria de una época de Santander que
debe conservarse para las futuras generaciones como elemento fundamental del acervo cultural e histórico santanderino.
Segunda. Inactividad de la administración.
En el Pleno del Ayuntamiento de Santander de noviembre de 2020 salió adelante una moción de VOX para que se preservase la actual configuración marítima del espigón Sur de la dársena Molnedo 'con objeto de evitar cualquier actuación en ese
espacio que destruya sus valores históricos y culturales'.
Ante la inactividad de las Administraciones Públicas, en febrero de 2024 el Grupo Municipal VOX volvió a instar al Ayuntamiento de Santander, previa acreditación de los valores culturales e históricos del referido emplazamiento, a iniciar el
procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural y/o Bien de Interés Local o Catalogado en el Plan General, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 g) de Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cantabria, del espigón sur de la dársena de Molnedo ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria.
A continuación, en el mes de abril, el Pleno del Parlamento de Cantabria, aprobó una Proposición No de Ley en la que se instaba al Gobierno de Cantabria a:
'Primero. Instar a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, previa acreditación de los valores culturales e históricos, a iniciar el procedimiento de declaración de Bien de
Interés Cultural y/o Bien de Interés Local o Catalogado en el Plan General, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 g) de Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, del espigón sur de la dársena de
Molnedo.
Segundo. Promover la preservación de la actual configuración del espigón sur de la dársena de Molnedo, de modo que cualquier actuación sobre el mismo se lleva a cabo con asesoramiento de historiadores y conocedores de nuestro patrimonio,
que velen por preservar sus valores históricos y culturales desde el conocimiento y el respeto de este enclave, que conforma la historia viva de cuantos cántabros lo identifican como un espacio singular en sus propias trayectorias.'
La Consejería de Cultura ha analizado esta reclamación y ha respondido de forma negativa ya que alega que no puede ser el Gobierno de Cantabria quien inicie el expediente. Así, el departamento en su respuesta al Parlamento de Cantabria
señalaba que '[d]ichas estructuras, para las cuales se solicita protección, están adscritas a un servicio público de titularidad y gestión estatal, motivo por el cual será la Administración General del Estado la competente para tramitar dicho
procedimiento'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural del espigón sur de la Dársena de Molnedo (Puertochico) en Santander.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación urgente
del Sandbox de IA en España, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El término 'Sandbox' surgió en los años 70, en el campo de la informática y la seguridad, aunque su uso se generalizó en los años 90. El concepto de Sandbox hace referencia a la creación de un entorno controlado y aislado donde se puedan
desarrollar diferentes proyectos en sectores que están regulados. El 'Sandbox Regulatorio' conecta a desarrolladores, con los Ministerios correspondientes y los entornos regulados.
En España, ya existe un Sandbox, aprobado en noviembre de 2022, con la Ley 7/2020, para la transformación digital del sistema financiero. Se trata de un espacio regulado en el que las empresas y las startups, con proyectos para el sector
financiero, puedan probar sus productos o servicios, de forma controlada y autorizada, para comprobar la viabilidad de los mismos, previamente a su lanzamiento y con la capacidad de aportar, como consecuencia del éxito de su implantación en el
mercado, mejoras regulatorias en entornos financieros.
En general, esta herramienta permite simular un entorno de producción a pequeña escala para probar la escalabilidad y la interoperabilidad de una aplicación.
En el marco de la innovación y el progreso tecnológico, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. En noviembre de 2023, se publicó el Real Decreto 817/2023, de 8 de
noviembre, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.
Este Real Decreto introduce un marco normativo controlado o Sandbox que ofrezca seguridad jurídica a los proyectos basados en IA que puedan implicar riesgos para la seguridad, la salud y los derechos fundamentales de las personas. Este
Sandbox pretendía ser una herramienta para evaluar y mitigar los posibles impactos negativos de la IA antes de su implementación generalizada.
Sin embargo, este Real Decreto ha suscitado controversias debido a la ambigüedad en los criterios de valoración de las solicitudes, generando dudas sobre la transparencia y la eficacia de este marco regulatorio. Por ejemplo, la falta de
claridad del artículo 8.2.c) en cuanto al 'grado de explicabilidad y transparencia del algoritmo' de IA añade un nivel de incertidumbre que puede dificultar la implementación efectiva de estos proyectos. La ambigüedad sobre si estos criterios son
técnicos o relacionados con el impacto social del algoritmo debe ser resuelta para proporcionar un marco regulatorio robusto y predecible. Por otro lado, el artículo 8.2.d) del Real Decreto incluye un criterio de valoración del proyecto alineado
con la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España -un documento sin carácter normativo-, que puede introducir un elemento de subjetividad en la evaluación de las solicitudes.
Lo más perjudicial es que, desde noviembre de 2023, no ha habido ninguna convocatoria de Sandbox para la implementación y desarrollo de la IA, en el momento en el que España necesita no quedarse atrás en la incorporación de la IA en las
empresas y en las administraciones. Este hecho supone un retraso inexplicable e innecesario y que no ayuda al impulso de la IA en España, teniendo en cuenta que el
texto del Reglamento europeo es ya una guía de funcionamiento obligada para todos los países comunitarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha de manera inmediata las convocatorias necesarias para la implementación del Sandbox de IA, conforme a lo establecido en el Real Decreto 817/2023.
2. Revisar y clarificar la selección de los órganos de supervisión para garantizar transparencia y eficiencia en la implementación del Sandbox de IA.
3. Definir de manera precisa y técnica los criterios de valoración de las solicitudes para reducir la ambigüedad y asegurar una evaluación justa y objetiva.
4. Establecer mecanismos claros para la integración de la Carta de Derechos Digitales en la evaluación de proyectos, evitando subjetividades y garantizando una aplicación consistente y predecible.
5. Revisar la temporalidad del Sandbox para proporcionar un margen adecuado a las empresas para beneficiarse de este marco regulatorio'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Jaime Eduardo de Olano Vela, Laura María Lima García, José Enrique Núñez Guijarro, Pedro Puy Fraga, Jimena Delgado-Taramona
Hernández, Tristana Moraleja Gómez, María Pilar Alía Aguado, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Francisco José Conde López, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la Capacidad Técnica de los
Organismos Públicos Inversores para Proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI), para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Compra Pública de Innovación (CPI) es una herramienta estratégica esencial para las administraciones públicas, ya que facilita el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas que pueden mejorar significativamente la
eficiencia y la calidad de los servicios públicos.
Sin embargo, en España, la percepción generalizada es que los procedimientos de CPI son excesivamente complejos y burocráticos, lo que limita su adopción y expansión. Los instrumentos nacionales actuales, como la 'línea FID' del Ministerio
de Ciencia e Innovación y el programa de 'Compra Pública Precomercial' del CDTI, están diseñados de manera que solo un número reducido de entidades, aquellas con experiencia previa y capacidad técnica considerable, pueden acceder y beneficiarse de
ellos.
Lamentablemente, esta situación refleja una falta de visión y voluntad política por parte del gobierno actual para democratizar el acceso a la CPI. A pesar de las repetidas promesas de fomentar la innovación y modernizar la administración
pública, los avances
han sido lentos y los obstáculos burocráticos persisten, impidiendo que muchas entidades públicas puedan participar activamente en estos procesos innovadores. La inacción del Gobierno en este ámbito no solo frena el progreso tecnológico,
sino que también pone en riesgo la competitividad de nuestro país en el contexto europeo.
Para superar estas barreras y democratizar el acceso a la CPI, es crucial llevar a cabo una serie de reformas que simplifiquen los procedimientos administrativos y fortalezcan las capacidades técnicas de los organismos públicos interesados
en participar en estos procesos.
En particular, se propone una revisión y simplificación de los requisitos previos para acceder a la línea FID, eliminando barreras como la necesidad de evaluaciones previas de innovación o análisis coste-beneficio exhaustivos desde las fases
iniciales. La implementación de un sistema de acceso en fases permitiría a las entidades comprobar su aptitud y potencial para desarrollar proyectos innovadores antes de invertir recursos significativos en el cumplimiento de todos los requisitos.
Además, es fundamental implementar una iniciativa integral de acompañamiento para el fortalecimiento y desarrollo de las entidades públicas en materia de CPI. Esta iniciativa debe incluir programas de formación y capacitación continua, así
como la creación de un acervo jurídico y administrativo que se ajuste a las necesidades específicas de los proyectos de innovación.
Igualmente, es importante considerar la financiación de proyectos de CPI con presupuestos más modestos y enfocados en retos específicos y acotados, lo que permitirá la participación de una mayor diversidad de entidades, incluidas aquellas
con menor capacidad técnica y financiera.
La mejora de la capacidad técnica de los organismos públicos inversores mediante la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de las entidades participantes es esencial para que la CPI se convierta en una
herramienta verdaderamente efectiva. Esto no solo beneficiará a las administraciones públicas, que podrán acceder a soluciones tecnológicas avanzadas y eficientes, sino también al tejido empresarial, al fomentar un entorno más innovador y
competitivo en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Simplificar los procedimientos de acceso a las líneas de trabajo de Compra Publica Innovadora, reduciendo las obligaciones administrativas y permitiendo un acceso en fases, lo cual facilitará la evaluación inicial de la innovación y el
potencial del proyecto.
2. Impulsar una iniciativa integral de acompañamiento para el fortalecimiento y desarrollo de las entidades participantes en Compra Publica Innovadora que incluya programas de formación continua, creación de guías y servicios de asesoría
legal, además de una red de mentores y plataformas de colaboración.
3. Diseñar medidas de apoyo que permitan financiar proyectos de Compra Publica Innovadora con presupuestos más modestos y enfocados en resolver retos específicos y acotados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Pablo Pérez Coronado, Juan Bravo Baena, Pedro Navarro López, María Sandra Moneo Díez, Mario Cortés Carballo, María Torres Tejada, Juan Luis Pedreño Molina, Irene Garrido Valenzuela,
María Jesús Moro Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique y Miguel Ángel Sastre Uyá, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/001059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad, sobre la seguridad y la salud
de las personas que trabajan en el ámbito del empleo doméstico.
Exposición de motivos
El 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) con el fin de garantizar condiciones
laborales dignas y seguridad en el trabajo a las personas trabajadoras del ámbito doméstico mediante la adopción de todas las medidas necesarias.
El Convenio establece, en primer término, los derechos básicos de las personas que desempeñan su trabajo en este ámbito, relativos a la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación
de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Dispone, asimismo la protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia, y establece condiciones justas para el empleo decente en este ámbito, incluyendo por supuesto lo relativo a la jornada y la remuneración.
Pero este instrumento establece también obligaciones concretas en relación con la seguridad y la salud en el trabajo; y el derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable supone poner en marcha medidas concretas que garanticen
la salud y seguridad ocupacional de las personas trabajadoras del ámbito doméstico.
Éste es el marco en el que se desarrolla el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. El objeto de esta norma es,
precisamente, 'equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones
justificadas, sino que además sitúan a este colectivo de personas trabajadoras en una situación de desventaja particular y que, por tanto, pueden resultar discriminatorias'.
Así, si históricamente el trabajo doméstico ha sido desvalorizado e incluso invisibilizado, recientemente se vienen dando pasos decisivos para homologarlo al nivel alcanzado en otros ámbitos en cuanto al reconocimiento y la protección de
derechos, y el aseguramiento de condiciones laborales dignas. La singularidad de esta actividad, que efectivamente involucra una relación laboral de carácter especial, exige atender sus peculiaridades, pero en ningún caso puede ser razón para
mantener un tratamiento diferenciado 'a la baja' respecto al resto de actividades laborales.
Es decir, ciertamente la prestación de servicios en el hogar familiar presenta peculiaridades relevantes derivadas sobre todo del hecho de que la persona empleadora no tiene entidad empresarial, de que la prestación de servicios se produce
en un ámbito privado, de la alta variabilidad en las jornadas o de la pluralidad de personas empleadoras.
Además, en el trabajo doméstico la cuestión de género constituye un factor determinante, si se tiene en cuenta que se trata de un trabajo esencialmente feminizado. Tampoco puede perderse de vista que un alto porcentaje de las personas que
desarrollan en nuestro país esta actividad laboral no son españolas.
Teniendo en cuenta estas circunstancias específicas, es necesario seguir avanzando en la configuración de la normativa aplicable a esta actividad para asegurar a las personas que la desempeñan el goce de los derechos fundamentales del ámbito
del trabajo, así
como una protección social y laboral adecuadas. En ningún caso, estas personas pueden verse expuestas a un nivel de protección inferior ni un trato menos favorable que el resto de las personas trabajadoras. Por tanto, sin perder de vista
las exigencias específicas de su actividad laboral, es urgente continuar avanzando para evitar que respecto de este colectivo se mantengan diferencias de trato carentes de justificación, con especial énfasis en la perspectiva de género.
La prevención de riesgos laborales constituye un elemento fundamental de esta protección. Garantizar a todas las personas trabajadoras del ámbito doméstico condiciones laborales saludables y los derechos relativos a la evaluación de
riesgos, el acceso a información, formación específica sobre esta cuestión, y su protección frente a riesgos graves o situaciones de acoso o violencia es por tanto un compromiso impostergable. Y en la garantía de entornos de trabajo seguros y
saludables, y concretamente en relación con las actuaciones preventivas y las acciones sobre los riesgos específicos para el colectivo, es necesario incorporar también y de manera decidida el enfoque de género.
En definitiva, hay que seguir avanzando para hacer plenamente efectivo, en los términos de lo dispuesto por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su disposición adicional decimoctava, el derecho de las
personas trabajadoras del ámbito doméstico a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta las características específicas de
su actividad laboral.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar avanzando, de acuerdo con lo previsto por la disposición adicional decimoctava de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la regulación de la protección eficaz de la seguridad y salud de las
personas trabajadoras que prestan servicios en el ámbito del empleo doméstico.
2. Seguir trabajando para garantizar a todas las personas trabajadoras del ámbito doméstico mejores condiciones laborales saludables y dignas.
3. Ampliar el reconocimiento de derechos a este colectivo que incluyan, en todo caso, la evaluación de riesgos, el acceso a información, formación específica sobre esta cuestión y protección frente a riesgos graves o situaciones de acoso o
violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias y Júlia Boada Danés, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a ajustar el lenguaje inclusivo recomendaciones de la Real Academia Española, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. El informe de la real academia española sobre el lenguaje inclusivo.
En el año 2018, los medios de comunicación se hicieron eco de una solicitud a la RAE de la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad, la señora Calvo Poyato. Esta encargó a la academia un estudio sobre 'la adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y
mujeres' 10.
La RAE presentó el informe el 20 de enero de 2020. En un prolijo texto de más de 150 páginas repasó la polémica suscitada a raíz del uso del lenguaje inclusivo. En términos generales y a la luz de los argumentos expuestos, la RAE parece
decantarse por la evolución natural de la lengua española sin necesidad de recurrir a imposiciones ni recomendaciones con base en razones ideológicas. Así, sobre el denostado uso del masculino genérico por parte de ciertos sectores de la clase
política alega su necesidad conceptual, señalando lo siguiente: 'Un tratamiento equilibrado del problema pasa por reconocer al masculino genérico el gran servicio que aporta a la organización semántica de los contenidos. Anularlo en el uso
implicaría borrar una casilla de enorme utilidad en el sistema de la lengua. Hacerlo desaparecer sería una empresa difícil y casi imposible, pues el género es un arquetipo conceptual, lógico, necesario en todas las estructuras mentales. La causa
de tal condena, su relación directa con el androcentrismo cultural, no es cierta' 11.
De igual modo, invoca el principio de economía lingüística, expresándose en los siguientes términos: 'A la velocidad de la luz circulan por Internet textos como algunos capítulos de la Constitución bolivariana de Venezuela o circulares de
algunas asociaciones escolares. La aplicación rígida de las duplicidades llevaría a extremos que harían extraña una sola frase y, mucho más, un discurso. Basta comparar estas secuencias:
- Asistieron todos los vecinos afectados. Asistieron todos los vecinos y todas las vecinas afectados o afectadas.
- Los profesores premiados están convocados. Los profesores y las profesoras premiados y premiadas están convocados y convocadas [...].
Por el contrario, un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen' 12.
Por último, cabe destacar lo que refiere en su apartado 'Ni condenar ni exigir': 'Negar que el masculino genérico incluye en su significado y en su referencia a ambos sexos es chocar contra una evidencia secular, constatada por una
abrumadora presencia en los corpus textuales. Vetar su uso es criminalizar una estructura gramatical inocua que ha representado todo un hallazgo de las lenguas romances y que ha venido funcionando como expresión aséptica durante siglos en su
aplicación a personas y a animales. [...] Pero eliminar por decreto el masculino genérico e imponer su sustitución obligatoria por dobletes es una empresa de 'despotismo cultural' (en su sentido dieciochesco) y seguramente abocada a la frustración'
13.
Por tanto, la RAE se opone a la imposición arbitraria del lenguaje inclusivo entendido según la primera de las interpretaciones expuestas, dirigida desde instancias alejadas del hablante común cuyas motivaciones son de tipo más bien
ideológico: grupos de presión, instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, etc. Transformar los usos y costumbres lingüísticos habituales de los hispanohablantes, asentados tras centurias de crecimiento,
desarrollo y consolidación natural del idioma, está fuera de los fines de la RAE: 'Entre las tareas de la Academia relativas al buen uso del español está la de recomendar y desestimar opciones existentes en virtud de su prestigio o su desprestigio
entre los hablantes escolarizados' 14.
10 https://www.lavanguardia.com/politica/20180710/45813756416/gobierno-rae-informe-adecuar-constitucion-lenguaje-inclusivo.html
11 https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf
12 Ibid.
13 Ibid.
14 https://revistas.rae.es/bilrae/article/view/397/879
Segundo. Conclusión.
Desgraciadamente, en los últimos años estamos viviendo una intromisión desde las 'instancias superiores' en el uso del lenguaje. Son numerosos los ejemplos en los que las Administraciones Públicas u organismos o instituciones de ellas
dependientes imparten instrucciones o 'recomendaciones' sobre el correcto uso del mal denominado 'lenguaje inclusivo' que, en definitiva, pretenden imponer una nueva forma de comunicarse, deparando, en ocasiones, ejemplos o situaciones absurdas. El
último ejemplo ha sido el impulso de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para adaptarlo a esta clase de lenguaje, generando ejemplos absurdos y confusos como que ya no se hable de 'Congreso de los Diputados' sino de 'Congreso'
porque, según los defensores del lenguaje inclusivo, las diputadas no se encuentran incluidas.
Eludir el valor genérico del masculino gramatical supone un retroceso en el uso correcto de la lengua española. El lenguaje inclusivo es un fenómeno lingüístico deliberado proveniente de instancias ajenas al uso diario del español por parte
de los hispanohablantes. Como se ha visto, obedece a fines de tipo ideológico. No responde a los usos y costumbres habituales de los mismos, sino que pretende imponer de forma forzosa y arbitraria unos hábitos ortográficos y gramaticales
alternativos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente
1. Promover la derogación de todas las normas que obligan al uso del mal llamado lenguaje inclusivo.
2. Promover que las normas se elaboren de acuerdo con las reglas generales y recomendaciones de uso de la lengua española emitidas por la RAE.
3. Garantizar en el ámbito de la Administración General del Estado y promover en los restantes ámbitos públicos que los escritos y publicaciones oficiales emanados por todas las administraciones respetan las reglas y recomendaciones
antedichas.
4. Impulsar todas las medidas necesarias para proteger y promocionar la riqueza de la lengua española, dentro y fuera de nuestras fronteras, lejos de imposiciones ideológicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2024.-María de los Reyes Romero Vilches, Rocío de Meer Méndez y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Juventud e Infancia
161/001067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Pacto de Estado contra la pobreza infantil, para su debate en la
Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
España tiene unos niveles de pobreza infantil altos para la cuarta economía más grande de la UE. Durante muchos años España ha estado a la cola en gasto en protección social a la infancia y la familia, al tiempo que era uno de los países de
la UE con mayores tasas de pobreza infantil y adolescente.
Los datos de pobreza infantil vienen siendo siempre superiores a los del resto de la población, lo que muestra un problema estructural en nuestro país.
Desde el año 2018 el Gobierno de España ha trabajado para avanzar en la protección y promoción de los derechos de la infancia. Se situó la reducción de la pobreza infantil como una prioridad, que llegaba tras años de negacionismo político y
de congelación de las ayudas destinadas a la infancia y la adolescencia más vulnerable.
La crisis financiera de 2008 impactó en los hogares, y las niñas, niños y adolescentes se convirtieron en uno de los grupos de edad más perjudicados. Según datos del INE, en el año 2014 la tasa AROPE alcanzó su máximo con un 36,3 % para la
población de menos de 16 años, encontrándose el 30,1 % en riesgo de pobreza.
El deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchos hogares vulnerables como consecuencia de la COVID-19, y posteriormente las consecuencias derivadas de la Guerra en Ucrania hicieron que las circunstancias fuesen aún más delicadas
para un gran número de niños, niñas y adolescentes.
Los datos disponibles permiten medir y comprender la magnitud en intensidad de los efectos de la pandemia del COVID-19, especialmente a las personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables. En 2020, España era el tercer país con
mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) infantil de la Unión Europea y el sexto con mayor desigualdad infantil de la OCDE.
En ese contexto de crisis sanitaria, social y económica, el gobierno de España impulsó un conjunto de medidas denominado 'escudo social' que ha logrado evitar la pobreza de un millón y medio de personas según el estudio realizado por la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) en el 2023. A pesar de ello, y del progreso en materia de redistribución y protección social, España sigue enfrentando niveles de pobreza y desigualdad muy por
encima de los estándares europeos, sin conseguir reducciones significativas en la pobreza y exclusión social de la infancia y adolescencia.
Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2023, del Instituto Nacional de Estadística, muestran lo siguiente:
- La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en la infancia se ha incrementado en 1,7 puntos: pasa del 32,2 % en 2022 a un 33,9 % en 2023.
- El 28,9 % de las personas menores de edad se encuentran bajo el umbral de la pobreza moderada (2.320.975 de niños y niñas), un punto más que en el 2022 (27,8 %), volviendo a los niveles del año 2021. Sin embargo, para el conjunto de la
población la tasa de pobreza se mantiene en un 20,2 %: 8,7 puntos menos que la de la población infantil.
- Existe un incremento en la población infantil que sufre carencia material severa llegando al 10,8 % de la población menor de edad (979.493 niños, niñas y adolescentes).
- Un 19,9 % de niños y niñas viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada: supone un aumento de 3,81 puntos porcentuales (16,1 % en 2022).
Asimismo, el estudio 'La transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad de oportunidades en España' 15 realizado en el 2022 por la Universidad de Gerona y apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, visibiliza
las dificultades para romper los ciclos y el traspaso de la pobreza de una generación a otra.
A continuación, se presentan algunas de las conclusiones del estudio:
- El 35 % de las personas nacidas en hogares con una mala o muy mala situación económica son pobres en la edad adulta. Esta probabilidad es 20 puntos porcentuales superior a la de aquellas personas que manifiestan haber vivido durante su
infancia en un hogar con una buena o muy buena situación económica.
- Una de cada cinco personas que se criaron con dificultades económicas vive hoy en la pobreza extrema y una de cada tres sufre privación material. La incidencia de estas
15 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/inclusion/contenido-actual-web/transmision_intergeneracional_pobreza.pdf
problemáticas en el colectivo que desarrolló su infancia en condiciones económicas buenas o muy buenas es tres y cinco veces inferior, respectivamente.
- El 60 % de las personas adultas que tuvieron una infancia económicamente difícil solamente han completado la formación obligatoria. Este mismo porcentaje es del 20 % para los que crecieron en una buena o muy buena situación económica.
- Más del 20 % de las personas nacidas en hogares donde ambos padres tenían un bajo nivel de estudios se encuentra como persona adulta en riesgo de pobreza, casi el 10 % de estas personas se encuentra en situación de pobreza extrema y el 14
% sufren privación material.
- El 45 % de las personas adultas que fueron criadas por familias con un bajo nivel educativo adquirieron como máximo estudios obligatorios.
- Cerca del 45 % de las personas adultas que vivieron dificultades económicas durante su infancia tienen hoy un trabajo poco cualificado. Esta misma cifra es del 15 % entre los adultos que pasaron su infancia en buenas condiciones
económicas.
Los resultados de este estudio y los datos muestran que la pobreza en España se hereda, que los niveles de pobreza infantil son extraordinariamente altos v apenas varían con los años, y siempre son notablemente superiores a los del resto de
población adulta, lo que evidencia un problema estructural que requiere de medidas transformadoras que brinden una igualdad real a todos los niños, niñas v adolescentes.
La Unión Europea y todos sus estados miembros tienen el compromiso de aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos prioritarios se encuentra la reducción de la pobreza y la
erradicación de la pobreza extrema. Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, España debe implementar programas y medidas que permitan alcanzar los compromisos de la Agenda 2030.
A nivel de los compromisos de la Unión Europea (UE) asumidos por España para luchar contra la exclusión social y la pobreza infantil, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron en noviembre de 2017 el pilar europeo de
derechos sociales, cuyo principio 11 establece que los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos de la pobreza con medidas específicas para mejorar la igualdad de oportunidades. Para la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales,
en 2020 se aprueba el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, cuyo tercer objetivo persigue reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE en al menos 15 millones hasta 2030, de las que al menos 5
millones deben ser personas menores de edad.
Por su parte, la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo de 14 de junio de 2021 por la que se establece una Garantía Infantil Europea ('DOUE' núm. 223, de 22 de junio de 2021), que se enmarca dentro de la Estrategia Europea para los
Derechos de la Infancia 2021-2024 y del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, tiene por objetivo prevenir y combatir la exclusión social garantizando el acceso de los niños y niñas necesitados a un conjunto de servicios clave,
contribuyendo también de este modo a defender los derechos de la infancia y de la adolescencia a través de la lucha contra la pobreza infantil y el fomento de la igualdad de oportunidades. El objetivo de la Garantía Infantil Europea (GIE) es
garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de la Unión Europea tengan un acceso gratuito y en igualdad a derechos básicos como la educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día
lectivo y salud, y acceso a vivienda adecuada y nutrición saludable.
En consecuencia, todos los Estados miembros de la UE han establecido objetivos nacionales de reducción de la pobreza y la exclusión social para 2030, y 19 de ellos han definido también objetivos complementarios de reducción de la pobreza y
la exclusión social infantil. En España, el compromiso es reducir la población infantil en riesgo de pobreza v exclusión social en 713.000 menores de edad para el año 2030.
Para lograr esos objetivos, España cuenta con el 'Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030)' y con una partida específica del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Los fondos europeos desempeñan
un papel importante a la hora de impulsar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del
Plan de Acción Estatal. Estos recursos deben desplegarse eficazmente para promover soluciones innovadoras y eficaces que respondan a las necesidades actuales y emergentes de los niños, niñas y adolescentes.
El Plan de Acción Estatal para la implementación de la GIE fue aprobado en julio del 2022 y es la hoja de ruta para que todas las administraciones públicas trabajen en un marco y objetivos comunes para lograr el refuerzo de la protección
social y el acceso universal de los servicios esenciales en entornos protectores, inclusivos, igualitarios y participativos en equidad de condiciones en todos los territorios del país. Cuenta con 25 objetivos y 88 medidas que tienen que ser
implementadas hasta el 2030.
La Garantía Infantil Europea está dirigida a los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y exclusión social, pero insta a los estados miembro de la UE a mirar con un enfoque de equidad y actuar en las barreras de exclusión que
afectan a grupos específicos de niños y niñas para asegurar la igualdad de oportunidades. Los grupos identificados con mayor necesidad en España son: niños y niñas con discapacidad, en hogares monomarentales/monoparentales, de origen migrante, de
etnia gitana, que viven en residencias del sistema de protección, extranjeros sin referentes familiares, con privaciones graves de vivienda, con progenitores en situación administrativa irregular, en conflicto con la ley, solicitantes de asilo o
protección internacional y temporal, víctimas de trata o explotación sexual.
La GIE es una oportunidad para poder abordar la lucha contra la pobreza infantil con un nuevo enfoque y con colaboración de todas las administraciones implicadas (europea, estatal, autonómica y local) para aplicar medidas de apoyo realmente
efectivas para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de pobreza o riesgo de exclusión social.
Aún con todo, ha llegado el momento de elevar las políticas de infancia a la primera línea política hecho que se constata con la creación del Ministerio de Juventud e Infancia, y, en concreto las políticas de lucha contra la erradicación de
la pobreza infantil. Se hace necesario una política de inversión pública más intensiva, una acción concertada y coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad civil, así como el blindaje de los servicios públicos esenciales
amenazados por políticas de recorte y de ausencia de inversión.
Invertir en la infancia v adolescencia es la mejor inversión que puede ser España para construir un país justo, resiliente, equitativo v más democrático.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a promover un pacto social, político e institucional para acabar con la pobreza infantil en nuestro país. Un pacto que eleve el conjunto de políticas públicas destinadas a la lucha contra la pobreza infantil a
política de Estado vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado, comunidades autónomas, municipios y sociedad civil en un compromiso firme con la erradicación de la pobreza infantil.
El Pacto se realizará con los siguientes objetivos a consensuar con el conjunto de fuerzas políticas, instituciones y sociedad civil:
a) El Objetivo del Pacto de Estado debe ser el de reducir la pobreza infantil en al menos 713.000 niños y niñas en el 2030, garantizando el acceso a servicios esenciales que promuevan el pleno desarrollo, con especial énfasis en la pobreza
infantil extrema y en la carencia material severa.
b) Para conseguir dicho objetivo el conjunto de instituciones públicas deberá adoptar medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la
exclusión y la desventaja social.
c) Para conseguir dicho objetivo el conjunto de instituciones públicas deberá apoyar las inversiones sociales que garanticen los derechos humanos y la igualdad de oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes para que puedan
desarrollar todo
su potencial y prosperar blindando los servicios públicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
d) Se promoverá un mecanismo de gobernanza y monitoreo conformado tanto por el Ministerio de Juventud e Infancia, los partidos políticos firmantes, las instituciones competentes, así como la sociedad civil para evaluar el presente Pacto de
Estado una vez finalice su primer horizonte temporal de 2030, para analizar su renovación y continuidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2024.-Inés Plaza García, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Nahuel González López, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/001061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodriguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación detallada de los gastos protocolarios y representativos de los departamentos ministeriales y sus titulares, para su
discusión en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
Primero. Fundamentos jurídicos de la obligación de transparencia.
La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ('Ley 3/2015') tiene por finalidad fijar el régimen jurídico aplicable a aquellos representantes públicos que ejercen un alto
cargo en la Administración General del Estado y en las entidades del sector público estatal. Dicha norma contempla además una breve referencia a los gastos de índole protocolaria y representativa de los altos cargos derivados del ejercicio de sus
funciones:
'El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias sólo podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones del alto cargo, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Administración y no existan para ellos créditos específicos en otros conceptos. No podrá abonarse con cargo a ellos ningún tipo de retribución, en metálico o en especie,
para el alto cargo. Cuando se incurra en los gastos mencionados en el párrafo anterior, deberá atenderse a los límites que se hayan fijado, que en ningún caso podrán ser objeto de ampliación. Asimismo, deberán ser debidamente justificados y
acreditar su necesidad para el desempeño de las funciones inherentes al ejercicio del alto cargo.'
Por otra parte, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ('LTAIBG') tiene por objeto facilitar herramientas a la ciudadanía para fiscalizar la gestión de la cosa pública por parte de los responsables
públicos:
'Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se
manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente, y que demanda participación
de los poderes públicos.'
La LTAIBG regula la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas. Concretamente, recaen en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG, entre otros, la
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
La transparencia se concibe en la LTAIGB desde una doble perspectiva de derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública y de publicidad activa de las entidades públicas obligadas, sin que se requiera para ello solicitud concreta
de los administrados. Así, habrán de hacerse públicos todos los datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística, conforme a los criterios que la
propia ley enuncia:
- Que se trate de información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad, relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
- Que dicha información se haga pública de forma periódica y actualizada, en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de una manera clara, estructurada, entendible y gratuita para los interesados.
Sin embargo, esta obligación de transparencia a que obliga la legislación vigente es, con mucha frecuencia, incumplida por los entes públicos obligados. Así consta en el propio sitio web del Consejo de Transparencia:
Cuadro del cumplimiento de las resoluciones de ámbito estatal actualizado a 31 de marzo de 2024
Estado;2023;%;2022;%;2021;%;2020;%
Cumplidas;594;85,96;506;85,50%;405;91,60%;316;80,82%
No consta cumplimiento;55;7,96;61;10,07%;26;5,90%;43;11,00%
Contencioso;41;5,93;30;4,95%;5;1,10%;2 ¡;0,51%
Sentencia;1;0,14%;9;1,49%;6;1,40%;30;7,67%
Total;691;100,0%;606;100,0%;442;100,0%;391;100,0%
Fuente: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones
Segundo. La Resolución 494/2021, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Un ejemplo elocuente de la falta de transparencia antecitada es el proceso que ha culminado en la Resolución 494/2021, de 15 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El 7 de abril de 2021, un ciudadano solicitó al entonces Ministerio de Hacienda, al amparo de lo dispuesto en la LTAIBG, una relación detallada de los gastos protocolarios y representativos derivados del desempeño de las funciones de la
titular de dicho departamento ministerial, a quien, como a sus homólogos altos cargos, les es de aplicación expresa la referida norma (artículo 25).
Información que, además, ya debía haberse hecho pública en atención a los preceptos transcritos en el expositivo precedente. En concreto, el reclamante solicitó:
'Relación detallada de los 19.453,09 euros gastados durante 2020 por la ministra de Hacienda en atenciones protocolarias y representativas. Ruego que se detalle fecha del gasto, en qué consistió dicha atención y persona física o jurídica
que lo facturara' 16.
El Ministerio requerido respondió a la solicitud por medio de Resolución de 20 de mayo de 2021, en términos muy alejados de la petición del interesado. Esgrimió, como argumento para no facilitar la información solicitada, la dificultad
técnica de desglosar los gastos de la ministra, que suponía una 'reelaboración' de datos:
'Una vez analizada la solicitud, debe indicarse que la cantidad de 19.453,09 euros refleja los gastos globales del concepto 226.01 Atenciones protocolarias, no siendo posible determinar con el grado de precisión solicitado la información
individualizada y particular correspondiente a la ministra de Hacienda. Hay que tener en cuenta que el gasto ejecutado en esta partida comprende gastos protocolarios del Ministerio de Hacienda, pero los sistemas y medios disponibles no permiten
discriminar los datos correspondientes a la titular del departamento sin realizar una labor previa de reelaboración. La obtención de la información solicitada exigiría usar distintas fuentes de información, analizando expediente por expediente para
comprobar que gastos derivan de actividades en las que la ministra efectivamente participó' 17.
Posteriormente, el 24 de mayo de 2021, el interesado presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG') siguiendo el cauce legal establecido en el artículo 24.2 LTAIBG. Ante la negativa del Ministerio de
Hacienda, recordó al CTBG en su texto un hecho de evidente interés para la resolución del procedimiento:
'No estando de acuerdo con la razón esgrimida, formulo la presente reclamación al objeto de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) analice el caso y dicte resolución estimatoria. Hay un dato que avala mi postura y
desacredita la opacidad de Hacienda: he formulado idéntica petición a otros cuatro ministerios y los cuatro me han proporcionado los datos, como pueden comprobar si revisan los expedientes 001-054948, 001-054949, 001-055670 y 001-055672. Dice
Hacienda que los gastos correspondientes a esa partida se contabilizan genéricamente en el concepto 226.01 y que habría que analizarlos uno a uno para poder determinar cuáles corresponden exactamente a la ministra y cuáles no ¿Hacienda no puede y sí
los ministerios de Cultura y Deporte; Presidencia; Inclusión Social y Sanidad? ¿Hacienda tiene unos aplicativos diferentes al resto de departamentos? Sin duda, mi petición entronca directamente con el espíritu de la Ley de transparencia, como
implícitamente han reconocido otros cuatro ministerios proporcionándome idéntica información' 18.
El CTBG estimó la reclamación, por medio de la Resolución 494/2021 de fecha 15 de noviembre de 2021 ('Resolución'), entendiendo ajustada a derecho y proporcionada la solicitud del interesado:
'Parece razonable considerar que, si se dispone del dato correspondiente a la cuantía ejecutada en 2020 por 'Asuntos Protocolarios', también se ha de disponer de la información contable referida a la fecha del gasto, el concepto y la persona
física o jurídica que lo factura.
Para justificar la necesidad de reelaboración el Ministerio se ha limitado a indicar que no puede obtener la información por no estar automatizado el proceso. Sin embargo, aun dándose esta circunstancia, para conceder el acceso a la
información solicitada no sería
16 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones-AGE/AGE-2021/ll.html
17 Ibid., pág. 6.
18 Ibid., pág. 6.
necesaria una labor de reelaboración en el sentido estricto con el que se ha de entender el enunciado del artículo 18.1.c) de la LTAIBG,. sino que bastaría con llevar a cabo una mera labor de recopilación de los datos disponibles. Por lo
demás, el hecho de que según señala el Ministerio en sus alegaciones estaríamos ante aproximadamente un centenar de expedientes no puede considerarse suficiente para justificar la concurrencia de la causa de reelaboración sino, a lo sumo, como un
supuesto en el que cabría proceder a la ampliación del plazo para resolver según el artículo 20.1 de la LTAIBG. A cuanto se acaba de exponer hay que añadir que el acceso a la información solicitada guarda una estrecha relación con la finalidad de
la LTAIBG de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, permitiendo que los ciudadanos puedan conocer cómo se manejan los fondos públicos' 19.
Habiéndose, por tanto, estimado la reclamación del interesado, se apremió al Ministerio de Hacienda y Función Pública el 15 de noviembre de 2021 a presentar la información solicitada en el plazo máximo de diez días hábiles. Sin embargo, tal
y como informaron algunos medios de comunicación, el departamento ministerial inicialmente hizo caso omiso al requerimiento 20, si bien, con posterioridad, procedió a hacer pública dicha información 21.
Este ejemplo pone de manifiesto que es necesario mejorar la transparencia de las instituciones públicas en los términos en que, por ley, están obligadas, pues de ello depende que los españoles puedan también conocer de forma sencilla los
gastos realizados por los gestores públicos en nuestros Estado de Derecho.
En conclusión, es necesario actuar en materia de publicidad activa, así como promover aquellas prácticas que permitan un mejor escrutinio del destino del erario que, a la postre, redundaría positivamente en pro de la credibilidad de las
instituciones.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Cumplir con las obligaciones de publicidad activa comprendidas en el Capítulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno sin que sea necesario un pronunciamiento por parte
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o judicial.
2. Publicar, de manera sencilla y accesible, la relación detallada de todos los gastos protocolarios y representativos derivados del desempeño de las funciones que, como titulares de los departamentos ministeriales, ejercen los altos cargos
de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Dicha información habrá de ser publicada en el Portal de Transparencia, así como en las páginas web del respectivo ministerio, en atención a los principios de
accesibilidad e interoperabilidad contemplados en el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
19 Sentencia n.º 5/2020, de 8 de enero, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 12, la Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo n.º 1 y la Sentencia 47/2020, de 13 de
mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, entre otras.
20 https://www.elindependiente.com/espana/2021/12/01/la-ministra-de-hacienda-se-resiste-a-detallar-sus-gastos-protocolarios-en-2020/
21
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/buscar.htm?pag=l&categoria=retribuciones&categoriasPadre=altcar&ente=I00000179,EA0008567,E04921701,E04990301,E05024401,E04585801,E05023901,E05025101,E05071301,E05073401,E05236301,E05024801,E0523
4201,E000033 01,E05072201,E05070401,E05235701,E05024901,E 05068901,E04921801,E04990501,E05234801,E05024101,E04921401,E05230301,E04921301,E04990101,E05024001,E05188501,E05250001,E05071601,E05072501,E00003801,E04921601,E04990201,E0502
4301,E05231501,E05237801,E05189101,E05024601,E05232701,E00004101,E04990401,E05024501,E0 5067101,E00003901,E05228601,E04921901,E05025001,E05070101,E04921501,E05024201,E05066501
,E05236901,E05251701,E05024701,E05068001,E00003601/E05065601,E05229701/E05233601&anyo= 2020&lane=es&termino=YXNlbnRvcyBwcm90b2NvbGFyaW9z
161/001070
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación de la publicidad institucional, para su debate en
la Comisión de Calidad Democrática.
Exposición de motivos
La adaptación a España del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (en adelante el Reglamento europeo) exige la reforma de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, actualmente
vigente que garantice poner fin a 'la opacidad y falta de equidad en la asignación de los recursos públicos o privados' a los medios, armonizar la regulación de la publicidad institucional de las distintas administraciones (la Central, las
autonómicas y las locales) conforme a los estándares de calidad de nuestro entorno europeo y dar respuesta a las necesidades derivadas de la digitalización y la aparición de nuevos medios con el dominio de las plataformas en línea. El Reglamento
Europeo es a este respecto taxativo como requisito para proteger 'la libertad y el pluralismo [...], dos de los pilares principales de la democracia y del Estado de Derecho'.
La Ley 29/2005 vigente ya señala en la exposición de motivos que 'la publicidad y la comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos [...] y
no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos'. Por ello, prohíbe expresamente campañas institucionales que tengan como 'finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados en lugar de servir a 'sus
destinatarios legítimos, que son los ciudadanos', por lo que se establece que los criterios de adjudicación de las campañas a los medios deben ser 'la eficiencia, la difusión y audiencia, el alcance territorial, la implantación social, la
rentabilidad, el uso de soportes respetuosos con el medio ambiente o a la adecuación al público objetivo'.
Pese a ello, la realidad de la deficitaria financiación de los medios y la gestión de la publicidad institucional desde la Administración dejan en evidencia la necesidad de un nuevo marco normativo, respetuoso con los intereses y necesidades
de la ciudadanía, y con el pluralismo, que haga efectivas las condiciones de transparencia, eficacia, veracidad, objetividad, concurrencia y utilidad pública de la publicidad y la comunicación de la Administración Pública.
Según el Media Pluralism Monitor Report, financiado por la UE, España es el Estado europeo en el que los medios son menos transparentes, solo por delante de Chipre y Hungría. Aunque la ley vigente establece que la contratación de espacios
en medios debe atender 'a criterios objetivos', la actual norma no detalla cómo debe realizarse, ni impide malas prácticas, como el pacto previo con las agencias que ganan los concursos de las campañas institucionales.
En pocas palabras, el panorama general muestra una falta generalizada de criterios objetivos a la hora de invertir tanto en publicidad institucional como, sobre todo, en publicidad comercial de las empresas públicas. La opacidad se extiende
por todo el proceso de contratación de los servicios y todos los estudios revelan un altísimo nivel de arbitrariedad. La falta de transparencia y de criterio común impide evaluar con detalle el gasto publicitario de las distintas administraciones,
lo que constituye una forma encubierta de ayudas a medios afines al poder de turno. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo encargado de vigilar la publicidad institucional de la Administración General del Estado
apenas tiene medios materiales y humanos para ello, por lo que su labor resulta claramente insuficiente y parcial, igual que los organismos de las comunidades autónomas que deberían velar por el control y la fiscalización del empleo de los recursos
públicos.
La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tampoco ha servido de instrumento contra la opacidad y la arbitrariedad en el reparto de los recursos a los medios porque, aunque en su artículo 8 obliga a las
administraciones a informar sobre las contrataciones que realicen, a diferencia de otras normas autonómicas, como la andaluza, no recoge de manera específica la publicidad institucional. La Ley 29/2005 es, pues, una norma obsoleta, que no garantiza
las condiciones imprescindibles para el respeto al derecho a la información de la ciudadanía y que no responde a las necesidades de armonización de las normas relativas a la publicidad institucional ni a la transformación social, tecnológica y
económica que se ha producido en los últimos años en el sistema mediático.
La preservación de la buena salud del sistema democrático exige, en consecuencia, una nueva regulación de la publicidad institucional, de modo que, lejos de un instrumento arbitrario en manos de las distintas administraciones, contribuya al
pluralismo informativo y a la libertad de empresa y que, como exige el Reglamento europeo de reciente aprobación, establezca 'procedimientos de financiación transparentes y objetivos' y mecanismos de rendición de cuentas. Un marco de regulación
equilibrado y conocido por todos que resuelva lo que el Reglamento europeo llama 'fallos de mercado', agravados por la digitalización y sus consecuencias, entre ellas la pujanza de las plataformas en línea, 'con modelos de negocio que tienden a
eliminar la intermediación [...] y amplificar los contenidos polarizadores', que compiten con la prensa y los medios tradicionales, debilitando sus ingresos publicitarios.
De acuerdo con la Constitución española y el Reglamento europeo, la aprobación de un nuevo marco normativo es una exigencia previa para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información contrastada y veraz que proteja la libertad de
expresión y el pluralismo de los medios, evitando su excesiva concentración y garantizando los estándares y la protección de la profesión periodística. Considerando que a partir de agosto de 2025 será obligatorio en todos los Estados de la UE,
entre otras cosas, aclarar quiénes son los titulares directos o indirectos de los medios, con paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégica, y declarar la publicidad
institucional que perciban. Y no es menor la obligación, exigida por el propio Reglamento europeo, de que en los Estados exista un censo de medios establecido y controlado por un organismo independiente n primer paso es regular la publicidad
institucional y la asignación de recursos públicos a los medios atendiendo el espíritu del Reglamento y los principios de transparencia, libre concurrencia, rendición de cuentas y fiscalización del dinero público para salvaguarda de la autonomía
editorial y su conocimiento por la ciudadanía.
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar una nueva ley de regulación de la publicidad institucional y financiación de los medios con recursos públicos garantizando la proporcionalidad, equidad en el reparto de los contratos publicitarios entre distintos medios,
respetando la diversidad, el pluralismo y la calidad de la información de los medios beneficiarios de dinero público.
2. Definir indicadores y criterios objetivos, plurales y ponderados de asignación de recursos públicos a los medios para eliminar todo sesgo o discrecionalidad en las ayudas.
3. Regular el procedimiento de asignación con transparencia, así como los medios para su consulta y conocimiento público por la ciudadanía y organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores, así como de otras organizaciones de la
sociedad civil.
4. Constituir organismos de autoregulación y corregulación de fiscalización del reparto publicitario a nivel estatal y autonómico siguiendo modelosarmonizados, medibles y contrastables equiparables a otros países de nuestro entorno
comunitario.
5. Evaluar el control efectivo de los datos reales de los medios y sistemas de investigación de impacto y contraste de dominio público para verificar los datos de
operadores del mercado y plataformas que hoy tienen el oligopolio del control de audiencias en materia publicitaria.
6. Crear una unidad de monitoreo y control del cumplimiento de los medios en relación con la publicidad institucional en el seno de la autoridad independiente encargada de velar por los derechos de acceso, independencia editorial y
pluralismo que establece el Reglamento Europeo en materia de libertad de medios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Francisco Sierra Caballero, Gala Pin Ferrando y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación, para
su debate en la Comisión de Calidad Democrática.
Exposición de motivos
Las políticas de Estado en materia de comunicación en España son una asignatura pendiente de nuestro sistema democrático. En la cámara legislativa no existe una comisión que aborde cuestiones sustantivas para la democracia en nuestro país
en la materia y a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad específica que garantice el espíritu de la ley y la Constitución en su artículo 20. La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA)
contemplaba inicialmente la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero posteriores reformas de la norma no acometieron la creación de este organismo, hoy demandado por el actual Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Mientras
tanto, el Media Pluralism Monitor de 2024 concluye de forma taxativa que el pluralismo de mercado 'sigue siendo la mayor preocupación, con un nivel de riesgo que aumenta al 75% desde el 69% del año anterior. Este aumento se debe en gran medida a la
falta de avances en la mejora de la transparencia en la propiedad de los medios, a pesar de los esfuerzos legislativos. Cabe destacar que se han introducido nuevos registros destinados a mejorar la transparencia, pero han sido criticados por su
acceso público limitado y por no exigir la declaración de la propiedad última, lo que afecta particularmente al sector audiovisual, así como al ámbito digital, entre el duopolio y el oligopolio informativo. El país continúa enfrentando desafíos en
el acceso a información económica confiable sobre las empresas de medios y en lo relativo a la concentración de la cuota de mercado, así como en el aumento del desempleo de periodistas y el empeoramiento de las condiciones, afectando particularmente
a los periodistas 'falsos autónomos'. La independencia editorial muestra una ligera mejora, pasando a un riesgo medio del 65%, aunque este cambio refleja la adición de nuevas variables más que un cambio significativo en las protecciones
periodísticas contra presiones externas'. La falta de confianza de la audiencia y el deterioro del sistema informativo son preocupaciones que emplazan a España como país a avanzar reformas democráticas en el espíritu del Reglamento Europeo de
Libertad de Medios recientemente aprobado empezando por constituir una autoridad independiente a nivel estatal que acometa medidas de mejora y cualificación del ecosistema mediático.
En el Estado español, por lo que se refiere al sistema audiovisual, existen cuatro organismos o autoridades reguladoras facultadas, en distinto grado, para ese cometido: los tres Consejos Audiovisuales de ámbito autonómico; catalán,
andaluz y valenciano y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de ámbito estatal. Ni las
competencias ni los procedimientos de elección son los mismos en uno y otro caso. Son los Parlamentos autonómicos los que eligen, por mayorías cualificadas, a los miembros de sus respectivos Consejos Audiovisuales (si bien a través de unos
procedimientos mejorables, ya que fácilmente degeneran en reparto de cuotas de signo partidista), en cambio, en el caso del CNMC, es el Gobierno quien directamente los elije, a través del Ministerio de Economía.
Las competencias de la CNMC con relación a los medios audiovisuales no corresponden a las funciones de lo que debería ser una autoridad reguladora independiente, ya que la designación de sus miembros por parte del Ministerio vulnera
radicalmente el principio de independencia exigido. La transposición del nuevo Reglamento a la legislación española debería implicar la mudanza de las competencias sobre el audiovisual, hoy en manos de la CNMC y del Ministerio de Economía, a un
nuevo Comité Estatal de Servicios de Medios incluyendo en sus atribuciones la tutela de la calidad informativa en su vertiente deontológica; la gestión de la normativa que deba desarrollarse en relación a la publicidad y las subvenciones
institucionales así como las garantías necesarias para la transparencia sobre las participaciones societarias y la propiedad de los medios y el desarrollo de medidas para la limitación de la concentración en el mercado de la comunicación-extendiendo
el ámbito de las competencias de este organismo a la prensa escrita en cualquier soporte, tal y como esboza el Reglamento. La derogada Ley del Audiovisual de 2010 ya apuntaba, en alguna medida, en la dirección señalada: tanto hacia la creación de
una autoridad reguladora elegida en el Parlamento por mayorías reforzadas como en la de un Consejo Consultivo participado por empresarios, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones de consumidores y de todos aquellos actores que
participan de uno u otro modo en el ecosistema de la comunicación y el derecho a la información.
Siguiendo las directrices del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios y retomando las exigencias comunitarias que equiparen nuestro país a estándares europeos en la protección del derecho a la información, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Presentar, durante el próximo periodo de sesiones, un Proyecto de Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Sección 2 del Reglamento Europeo sobre la libertad de los
Medios de Comunicación, en el que se regulen, entre otras, las siguientes cuestiones:
- Creación, composición y normas de funcionamiento del Consejo estatal como autoridad decisoria independiente e imparcial.
- Coordinación con el Comité Europeo contemplado en el propio Reglamento,
- Regulación del marco competencial del Consejo Estatal, entre otras, asumiendo las competencias en materia audiovisual hoy atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y ampliando su ámbito competencial a la prensa
escrita en cualquier soporte.
- Incluir entre sus obligaciones la protección del derecho de los ciudadanos -recogido por la Constitución Española en su artículo 20- a recibir información veraz y establecerá las garantías necesarias para el cumplimiento de los principios
deontológicos en los medios de comunicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Francisco Sierra Caballero, Gala Pin Ferrando y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000407
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Carlos Floriano Corrales
Texto:
¿Es cierto que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación asistió, el pasado 23 de junio, a la celebración que organizó el conde de Godo con motivo de la fiesta de San Juan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000417
Grupo Parlamentario: Grupo Plurinacional SUMAR
Pregunta con respuesta oral en la comisión de: Transportes y movilidad sostenible
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno del estado y desarrollo del ferrocarril en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/000418
Grupo Parlamentario: Grupo Plurinacional SUMAR
Pregunta con respuesta oral en la comisión de: Transportes y movilidad sostenible
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno del estado y desarrollo del ferrocarril en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
181/000419
Grupo Parlamentario: Grupo Plurinacional SUMAR
Pregunta con respuesta oral en la comisión de: Transportes y movilidad sostenible
Texto:
¿Planea el Gobierno en el corto plazo eliminar las categorías de ingreso en RENFE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/000400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Carlos Hernández Quero y Tomás Fernández Ríos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Texto:
¿Cómo se sostendrá económica y socialmente España si la tendencia del envejecimiento de la población es constante, de manera que se prevé que la población con 65 o más años alcance el 30,5% del total en 2055?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000397
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
¿Cómo va el Gobierno de España a fomentar la cadena de valor industrial en la transición energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-Cristina Narbona Ruiz, Isabel María Pérez Ortiz y Javier Alfonso Cendón, Diputados.
181/000398
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
¿Cómo va a seguir el Gobierno de España apoyando el desarrollo del hidrógeno renovable en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-Cristina Narbona Ruiz, Isabel María Pérez Ortiz y Javier Alfonso Cendón, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/000399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Sanidad.
Texto:
¿Considera un éxito social que desde que se legalizó la eutanasia en 2021 cada año aumente en España el número de personas que la solicitan y la reciben?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, David García Gomis y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/000401
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Hay alguna diferencia y/o mejora real entre el 'Comité de Cuidados en Salud' presentado por el Ministerio de Sanidad el pasado 7 de mayo de 2024 y la 'Iniciativa Marco en Cuidados para el Sistema Nacional de Salud' (SNS) aprobada por el
Consejo Interterritorial del propio SNS el 25 de mayo de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000403
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Cuáles fueron el criterio y los objetivos priorizados desde el Gobierno para retirar del 'Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027' aprobado por el Consejo de Ministros la subida del precio del tabaco propuesta
previamente desde el Ministerio de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000404
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad atender la solicitud realizada por trece consejeros autonómicos de Sanidad y abordar 'las acciones que son de su competencia para que, en todo el territorio nacional, incluido aquellos donde
la gestión sanitaria le corresponde como las ciudades autónomas o la sanidad penitenciaria, se disponga de médicos de familia en un número suficiente para abordar las jubilaciones o las ausencias prolongadas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000405
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad impulsar en algún momento alguna medida para adaptar el reglamento vigente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a lo dispuesto en el 'Real Decreto 440/2024, de 30 de
abril, sobre criterios de funcionamiento de las Conferencias Sectoriales' con respecto a 'la concreción de las decisiones adoptadas y reflejadas mediante actas y certificaciones' que se regula en la 'Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000408
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante la idea planteada por la ministra de Sanidad de que 'no podemos fortalecer nuestra atención primaria hasta que todas las piezas vayan
encajando en un solo puzle: situación profesional, formación, infraestructuras...'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000409
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida para 'saber', según ha planteado la ministra de Sanidad, 'hacia dónde' dirigir los 'recursos económicos' que 'hay' en el sistema sanitario para que sean 'más
efectivos en términos de salud'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000410
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho reconocido por la ministra de Sanidad de que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios 'está al 70%' y que 'sin él es muy
difícil hacer un diagnóstico' de la situación real de la ordenación profesional en el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000411
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida con la que 'organizar cosas alrededor' del modelo de acceso a las innovaciones terapéuticas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) 'para mejorarlo y buscar
una forma en la que todo sea más ligero y ágil', tal y como ha planteado el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000412
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho planteado desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España de que '8.119 enfermeras dejaron su provincia en 2023 para
trasladarse bien a otra provincia/comunidad autónoma (6.646), bien a otro país (1.473)', siendo 'la precariedad laboral' la 'razón principal para esta elevada movilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000413
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar alguna medida ante la solicitud planteada por el secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria de 'un marco normativo más flexible que facilite la
innovación y agilice el proceso de adquisición de tecnología de calidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000414
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real ante la idea planteada por la ministra de Sanidad de que 'no nos podemos permitir cada año un aumento de 1.000 millones [de euros] en el gasto
farmacéutico'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000415
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad materializar en algún momento alguna medida de utilidad real para convertir en avances tangibles la idea de hacer 'un gran esfuerzo con los medicamentos genéricos y los biosimilares' que ha
planteado la ministra de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000416
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad materializar en algún momento alguna medida de utilidad real para materializar el 'plan industrial junto con los ministerios de Industria y Ciencia para tener un seguimiento de toda la vida
del medicamento, desde la investigación hasta su comercialización', que ha planteado la ministra de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/010356
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Muñoz de la Iglesia, Ester (GP) Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) Velasco Morillo, Elvira (GP) Román Jasanada, Antonio (GP) Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP) Madrid Olmo, Bartolomé (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP) Reynal Reillo, Esperanza (GP) Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de mostrar públicamente un rechazo a la adjudicación realizada por el Ministerio de Defensa de parte de un hospital situado en la ciudad de Madrid al Grupo Hospitalario Quirónsalud para el año
2099.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 172, de 1 de julio de 2024.
184/010932
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR) Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR)
Valoración de las declaraciones que ha realizado Su Majestad el Rey Don Felipe VI en su visita a los países del Báltico acerca del despliegue de una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir del próximo septiembre, así
como razones por las que ningún ministro o ministra acompañó a Don Felipe VI hasta el último día de la gira.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la Cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
El rey Felipe VI ha viajado recientemente a algunos de los países del Báltico sin el acompañamiento de ningún miembro del Gobierno. Es el tercer viaje que realiza para visitar a las tropas españolas desplegadas en el extranjero de su
reinado, tras la efectuada en 2015 al Líbano y la de 2019 a Irak. El protocolo exige que en los viajes oficiales el rey vaya acompañado por el 'ministro de jornada'. Además, el artículo 64.1 de la Constitución establece que 'los actos del Rey
serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes'.
Finalmente, en el último día de estas visitas, la ministra titular de defensa, Margarita Robles se unirá a Felipe VI en Letonia. A pesar de esta adición de última hora, sigue siendo un hecho muy remarcable y singular que ningún ministro o
ministra haya acompañado durante la mayoría de su gira al monarca.
Por otro lado, Felipe VI ha hecho una serie de declaraciones que afirmaban el apoyo de España 'como amigo, como socio en la UE y como aliado en la OTAN'. El rey ha reclamado en Lituania una Europa 'libre y unida' para 'promover estabilidad
y prosperidad' frente a la amenaza rusa, y subraya que la 'cooperación' militar es 'imperativa' en el contexto de 'incertidumbre global'.
'Nuestro compromiso con nuestros aliados es firme y decidido', ha recalcado el rey, tras poner de relieve que actualmente España cuenta con 'más de 4.000' efectivos desplegados o que se dedican activamente 'a reforzar la seguridad y la
disuasión en el Flanco Este de la OTAN'. En concreto, actualmente hay tropas españolas en Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia.
En Letonia, Felipe VI ha remarcado que 'Nuestros países son miembros de la OTAN y es en ese marco donde muchos hombres y mujeres del Ejército español forman parte del esfuerzo conjunto para proteger Letonia y las fronteras comunes de
agresiones externas'.
En esta visita, el Rey ha confirmado el despliegue de una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir del próximo septiembre, por un periodo de cuatro meses y apoyada por un centenar de militares, con el fin de repeler un
eventual ataque de Rusia contra el país báltico. La previsión es que el escudo modelo Nasams (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) comience a desplegarse en 'pocas semanas', según el rey, para que esté operativa desde septiembre a
diciembre en la estructura del sistema de defensa de la Alianza.
España ya desplegó una batería antiaérea en Estonia en abril de 2023, también para un plazo de cuatro meses, que se prorrogó hasta final de año. Concretamente, en Letonia, España cuenta con 650 soldados del Ejército de Tierra, con tanques
Leopard y blindados tipo Pizarro, así como un contingente de 190 militares en Lituania, con ocho cazas F-18 y un avión de transporte A400M en el marco de la llamada Policía Aérea del Báltico (BAP).
En un momento en el que los responsables institucionales deben hacer llamados a la distensión y la desescalada armamentística, debiendo ser su prioridad la salvaguarda de la paz y la estabilidad regional, las declaraciones del monarca no
ayudan para alcanzar esos objetivos de paz y distensión.
¿Cuál es la razón por la que ningún ministro o ministra acompañara a Felipe VI hasta el último día de la gira, a pesar de Margarita Robles no tener actividad oficial el domingo?
¿Comparte y suscribe el Gobierno las declaraciones belicistas y Pro-Refuerzo de la OTAN que ha realizado el Rey en esta visita?
Sobre su anuncio de despliegue de batería antimisiles en Estonia a partir de septiembre ¿Dónde se ha acordado esta medida? ¿Cuál será su coste?
¿Tiene el Gobierno conocimiento de alguna información que pueda dar a entender que existe un riesgo de ataque militar a las repúblicas bálticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2024.- Fèlix Alonso Cantorné, Diputado, Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
184/010974
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Muñoz de la Iglesia, Ester (GP) Vázquez Jiménez, María del Mar (GP) Velasco Morillo, Elvira (GP) Román Jasanada, Antonio (GP) Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP) Madrid Olmo, Bartolomé (GP)
Navarro Lacoba, Carmen (GP) Reynal Reillo, Esperanza (GP) Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Retirada de su pregunta sobre compatibilidad de la adjudicación realizada por el Ministerio de Defensa de parte de un hospital en Madrid al Grupo Hospitalario Quirónsalud hasta el año 2099, a pesar del rechazo mostrado desde el Ministerio de
Sanidad.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referenciade referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 177, de 8 de julio de 2024.
184/011643
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Previsiones acerca de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la doble tarificación de riego.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
La Unió Llauradora i Ramadera ha solicitado, recientemente, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que establezca de forma excepcional la doble tarificación eléctrica del regadío, ante la situación por sequía
extraordinaria en diferentes Demarcaciones Hidrográficas. Las tarifas tienen que reflejar las necesidades específicas de riego y considerar tanto la disponibilidad de agua como la operación de pozos. Así pues, como reivindica la Unión Llauradora i
Ramadera, la tarifa más económica debería aplicarse durante los horarios nocturnos y los fines de semana, mientras que la tarifa más cara se tiene que aplicar fuera de estos periodos, eliminando en este caso las tarifas de las potencias P1 a P4,
quedando exclusivamente las P5 y P6 que son las más baratas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de hecho, estimó el recurso presentado por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, donde está integrada la Unión Llauradora i Ramadera. En la sentencia se explícita que
la inactividad reglamentaria en materia de regulación de la doble tarificación en la potencia de la energía para el regio era contraría al Derecho y condenó a la Administración a elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria correspondiente,
con la regulación de una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplara la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo del año. Sin embargo, la sentencia no se ha ejecutado y los regantes no pueden beneficiarse de
la doble potencia eléctrica con gastos energéticos significativos.
El problema va más allá, y es que ahora los regantes cuando utilizan los pozos para el riego agrícola tienen aplicadas seis tarifas diferentes según el mes y la hora. La tarifa P6, que es la más económica se aplica los sábados, domingos,
festivos y en horario nocturno; no obstante, en algunas Comunidades de Regantes ya no hay suficiente dotación de aguas superficiales y se ven obligadas a poner en marcha los pozos también de día, lo que implica pagar la electricidad mucho más cara.
Todo por la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
Esta situación implica una sobrecarga en la red, por la concentración de la operación de todos los pozos al mismo tiempo para aprovechar la tarifa nocturna, aumentando el riesgo de averías y quiebras en la infraestructura.
En el País Valenciano es de capital importancia poner solución a esta situación, por la sequía que se está sufriendo.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas al Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico:
1. ¿Cuándo piensa el Ministerio ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo y elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria para la doble tarificación de riego?
2. Mientras no ejecuta la sentencia, ¿tiene previsto el Ministerio la creación de una línea específica de ayudas que compensen el incremento de los costes energéticos para el regadío?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
184/011644
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Acciones previstas ante la escalada de acciones violentas y la amplificación de los discursos de odio por parte de la extrema derecha.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
El sábado 22 de junio murió un vecino de Gata de Gorgos, como consecuencia de una agresión. El Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia se encuentra investigando el caso; por el momento se ha acordado la prisión provisional, comunicada y
sin fianza para el supuesto autor material, y otro detenido. Una tercera persona, finalmente, quedó en libertad sin medidas cautelares. A estas alturas la causa está abierta por un delito de homicidio.
Después del trágico incidente, el Ayuntamiento de Gata publicó un comunicado de toda la corporación municipal de condolencias por la muerte violenta del vecino, decretándose tres días de luto con la suspensión de los actos programados.
Los días posteriores, en el municipio hubo una escalada de tensión por parte de grupos relacionados con la extrema derecha, utilizando las redes sociales como medio de difusión de mensajes con un marcado componente racista, haciendo
referencia explícita de su origen de las personas detenidas y enviando un mensaje al Juez Instructor.
Además, la extrema derecha ha hecho una fehaciente tarea de señalamiento al alcalde de Gata, a partir de bulos y generando confusión con información falsa entre los vecinos y vecinas del municipio. En el comunicado que hacen señalando al
alcalde, utilizan como argumento su afiliación política. De este modo queda patente que el objetivo de estos grupúsculos es emplear la muerte de una persona y el luto de la familia y del vecindario, para posicionar sus discursos de odio hacia
minorías étnicas y para llevar a cabo estrategias de acoso contra representantes políticos contrarios a su ideología.
Ante el clima de odio, totalmente ajeno al vecindario del municipio, el pasado jueves la familia de la víctima publicó en una red social del Ayuntamiento un comunicado condenando la utilización del asesinato del vecino de Gata por parte de
la extrema derecha para difundir discursos de odio y de violencia.
Si bien, los ataques hacia el alcalde continuaron con publicaciones de estos miembros ultra, con mensajes de odio, señalando directamente en su persona, con un contenido
extremadamente violento y peligroso. La situación ha llegado hasta tal nivel de gravedad que, incluso, el alcalde de Gata ha tenido que soportar concentraciones a la puerta de su casa por parte de los grupos violentos de extrema derecha.
Estos grupos de la extrema derecha están aprovechando cualquier excusa para romper con el sistema democrático, instaurando el miedo y procurando acabar con todos los representantes políticos de una ideología contraria a la suya.
Desgraciadamente no es el primero ni el último caso en que la extrema derecha lleva a cabo estrategias de desacreditación y acoso a representantes políticos e institucionales de la izquierda.
Es por eso que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Gobierno ante la escalada de acciones violentas y la amplificación de los discursos de odio por parte de la extrema derecha?
2. ¿Dado el preocupante contexto político en que nos encontramos por esta escalada de acciones, y con la reciente aprobación de la monitorización de los discursos de odio dentro del 'Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia',
dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, tiene previsto el gobierno alguna acción complementaria más allá de la recaudación de información y la publicación de datos cada dos meses?
3. ¿Cómo valora el Gobierno las acciones violentas de la extrema derecha hacia el alcalde de Gata y, por extensión, hacia el resto de miembros del gobierno municipal?
4. ¿Es consciente el Gobierno de la necesidad urgente de aplicación de medidas para permitir el libre desarrollo de la tarea política por parte de los representantes políticos elegidos democráticamente? ¿Y para la preservación de las
garantías democráticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
184/011646
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Estado de tramitación de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto de regeneración de las playas de Canet, Almardá, Corinto y Malvarrosa.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
En relación al proyecto, con código de expediente 46-0348, de regeneración de las playas de Canet, Almardá, Corinto y Malvarrosa del TT.MM de Canet d'en Berenguer y Sagunto, este fue informado favorablemente, junto con su estudio de impacto
ambiental, por la Subdirección General para la Protección de la Costa de la Dirección General de la Costa y el Mar, con fecha de 1 de febrero de 2021. Además fue sometido a información pública en 2021 por la Demarcación de Costas.
A fecha de junio de 2024, el proyecto se encuentra a la espera de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La Demarcación de Costas ya había remitido toda la documentación requerida para la aprobación de la DIA. Sin
embargo, tenemos constancia que el proceso estaba pendiente de que la Generalitat Valenciana entregara dos informes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿En qué punto se encuentra actualmente la tramitación de la DÍA?
2. ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio para la ejecución del proyecto?
3. ¿Qué obras se han licitado, complementarias al proyecto? ¿Cuáles se han ejecutado?
4. ¿Qué presupuesto ha destinado y qué son las partidas presupuestarias para los siguientes ejercicios para la regeneración de las playas de Canet, *Almardá, *Corinto y Malvarrosa de los términos municipales de Canet d'en Berenguer y
Sagunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
184/011649
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Guijarro García, Txema (GSUMAR) Martínez Barbero, Verónica (GSUMAR)
Estado del expediente de la isla de Toralla en la Dirección General de la Costa y el Mar.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta las siguientes preguntas relativas al estado del expediente de la isla de Toralla en la Dirección General de la Costa y el Mar
dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Exposición de motivos
La isla de Toralla está situada en la Ría de Vigo y separada de tierra fírme por una distancia de algo más de 500 metros. Posee una extensión de 45.000 m2 de propiedad privada y 24.400 m2 de terreno de dominio público cedidos en concesión a
la Universidad de Vigo.
En ella se sitúa la sede de la Estación de Ciencias Maridas (ECIMAT), perteneciente a la Universidad de Vigo, y una Estación de Salvamento Marítimo, perteneciente a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, organismo
dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de lana Marina Mercante.
Diez años después de que el entonces Ministerio de Medio Ambiente aprobara el proyecto de 'Recuperación del DPMT y apertura al tránsito en la isla de Toralla', sus preceptos no se cumplen.
Una barrera y un vigilante impiden el acceso de vehículos y peatones al interior. La decisión parte de los propietarios que residen en la isla y que no superan los 170 vecinos y vecinas. La prohibición no tiene sustento legal. Además, las
ampliaciones realizadas por algunos de sus habitantes nos sus terrenos y propiedades, ocupando parte del borde litoral, impide el paso de personas.
Esta isla incumplía ya los límites que marcaba la Ley de Costas 22/1988, de 26 de julio. Misma suerte corre la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, al seguir la Isla de Toralla restringida al paso público.
Además, existen varios pronunciamientos por parte de la Justicia sobre lo cierre de la Isla de Toralla. En octubre de 1997, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por los residentes particulares de la isla que pedían la
exclusividad del uso y disfrute del puente y sus playas. La Justicia apoyaba el uso público de la isla. Entonces quedó claro que el puente era para uso público de todo el mundo. La sentencia dejaba claro que en base a la Ley de espaldas los
propietarios deberían ceder para dominio público seis metros de terreno a partir de la máxima pleamar inscrita.
Ante esta situación, se pregunta: ¿Qué medidas ha previsto adoptar el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para hacer cumplir la Ley 2/2013, de 29 mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 julio, de Costas, en la Isla de Toralla (Vigo) y por fin abrirla al tránsito público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-Verónica Martínez Barbero, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
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