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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 178, de 09/07/2024
cve: BOCG-15-D-178
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de julio de 2024
Núm. 178
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno.
Altas y bajas... (Página5)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente.
Altas y bajas... (Página5)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios.
Altas y bajas... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la reconstrucción de Ucrania ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/001030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la reconstrucción de Ucrania.... (Página8)
Comisión de Interior
161/001036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la investigación de los hechos y la rendición de cuentas por la masacre de Melilla producida el 24 de junio de 2022...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para la conexión de Lleida al Corredor Mediterráneo de mercancías ... (Página12)
161/001039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre las condiciones de trabajo y acceso a jubilación de las personas trabajadoras del transporte en carretera y otras personas trabajadoras del
sector en carretera... (Página14)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito deportivo ... (Página16)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre lucha contra el racismo y la xenofobia ... (Página17)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa la aprobación de la retribución del permiso parental de 8 semanas ... (Página21)
161/001040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a implantar el 'índice de reparabilidad' en aparatos eléctricos y electrónicos ... (Página22)
161/001045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre cambio de método de cálculo de la asignación del 0,7% del IRPF ... (Página23)
Comisión de Política Territorial
161/001026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a extender el régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo aplicables a los residentes en los
territorios extrapeninsulares a los supuestos de separación o divorcio y situaciones de dependencia ... (Página25)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la regeneración de la costa de Balerma ... (Página28)
161/001042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el fomento y apoyo a la Economía Azul ... (Página30)
Comisión de Cultura
161/001033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a la cultura amateur ... (Página31)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la creación del Instituto Español de Seguridad en IA ... (Página36)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de la cultura de la innovación en la sociedad ... (Página37)
161/001049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la internacionalización de las empresas innovadoras ... (Página38)
161/001050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implementación de un formato único de curriculum vitae en las convocatorias de contratos y proyectos ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento e implantación de programas y misiones formativas, a través de la AECID, a nivel agronómico en países en vías de desarrollo
... (Página41)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para exigir al Ministerio del Interior la revisión y actualización de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000395 Pregunta formulada por el Diputado Carlos Javier Floriano Corrales (GP), sobre posición del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante la consideración del Gobierno de Hungría como de extrema derecha, dado
que priorizó una reunión con su homólogo húngaro el día 24/06/2024 en lugar de acompañar a Su Majestad el Rey Don Felipe VI a su gira por Estonia y Lituania... (Página45)
181/000396 Pregunta formulada por el Diputado Carlos Javier Floriano Corrales (GP), sobre motivos por los que los días 23 y 24/06/2024 el Gobierno no envió a un ministro a acompañar a Su Majestad el Rey Don Felipe VI a su gira por Estonia y
Lituania, respectivamente ... (Página45)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000394 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Melgarejo Moreno (GP) y Quintana Carballo, Rosa (GP), sobre motivo que obliga al Gobierno a guardar silencio sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña de aumentar las fronteras
marítimas catalanas en lo que respecta a sus aguas interiores ... (Página45)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000393 Pregunta formulada por la Diputada Cristina Teniente Sánchez (GP), sobre situación en la que se encuentra la ejecución de la inversión prevista en la presa de Alcollarín en la provincia de Cáceres (Fase II) que tuvo un presupuesto
de licitación de 1.790.667,02 euros y un plazo de ejecución de 48 meses ... (Página46)
Relación de preguntas para respuesta oral que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta escrita ... (Página46)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
GONZÁLEZ PONS, Esteban 01-07-2024
Alta:
MORENO BORRÁS, Cristina 04-07-2024
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Valencia:
MORENO BORRÁS, Cristina PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: MORENO BORRÁS, Cristina
Circunscripción: Valencia
Número: 385
Fecha: 4 de julio de 2024
Formación electoral: PP
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (061/000008)
Titular
Baja:
GONZÁLEZ PONS, Esteban 01-07-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (010/000001)
Número de miembros al 4 de julio de 2024: 137
Baja:
GONZÁLEZ PONS, Esteban 01-07-2024
Alta:
MORENO BORRÁS, Cristina 04-07-2024
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la reconstrucción
de Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero de 2022, se produjo una invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania, estos hechos han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional considerándolos como una violación flagrante del derecho internacional
y de la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Desde el comienzo de la invasión, según los datos de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, se han verificado más de 30.457 víctimas civiles, de las cuales 10.582 murieron y 19.875 resultaron heridas. Además,
más de 14
millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de la guerra.
Si las víctimas humanas ya suponen un terrible drama humanitario, esta guerra ha causado graves daños a la economía, asfixiando las finanzas de los ucranianos que continúan en el país, causando una contracción económica del 30% en 2022
debido al cierre de empresas y la destrucción de infraestructuras. Uno de los principales sectores que se ha visto afectado es la agricultura, Ucrania es uno de los mayores productores de cereal del mundo, llegando a los 86 millones de toneladas en
2021. La guerra ha destruido tierras de cultivo, infraestructuras agrícolas y ha interrumpido las cadenas de suministro. Las exportaciones de cereales y otros productos agrícolas se han reducido drásticamente, lo que no solo afecta a la economía
ucraniana, sino también a la seguridad alimentaria global.
Las ciudades ucranianas han sufrido graves daños. Los ataques aéreos y los bombardeos han destruido edificios residenciales, escuelas y otros edificios públicos. Se han atacado múltiples infraestructuras claves, Rusia ha atacado numerosas
centrales eléctricas y plantas de energía ucranianas, lo que ha dejado a millones de personas sin acceso a electricidad. Según el Ministerio de Energía de Ucrania, más del 50% de la infraestructura eléctrica ha sido dañada o destruida. Los ataques
a instalaciones de gas y petróleo han interrumpido el suministro de energía, tanto para uso doméstico como industrial, afectando gravemente la economía y las condiciones de vida de la población. Los bombardeos han destruido numerosas carreteras y
puentes, dificultando el transporte de bienes y personas. Esto ha afectado tanto a la logística militar como a la distribución de ayuda humanitaria. Los ataques a la red ferroviaria han interrumpido uno de los principales medios de transporte y
distribución de mercancías en el país. También más de 100 hospitales han sido destruidos o dañados, según el Ministerio de Salud de Ucrania. Esto ha afectado gravemente la capacidad del país para atender a los heridos y enfermos.
Múltiples organismos han adoptado medidas para tratar de frenar la invasión Rusa. La UE ha implementado una serie de sanciones económicas contra Rusia, incluyendo la congelación de activos personales y entidades vinculadas al Kremlin y la
prohibición de transacciones financieras con bancos rusos importantes. Se han prohibido las exportaciones a Rusia de tecnología avanzada, productos de doble uso y bienes que puedan fortalecer el sector militar ruso. La UE ha cerrado su espacio
aéreo a todas las aerolíneas rusas, así como a aeronaves registradas en Rusia. La UE ha movilizado fondos del Instrumento Europeo para la Paz (EPF) para proporcionar asistencia militar letal y no letal a Ucrania, valorado en aproximadamente 5.000
millones de euros. También, la UE ha proporcionado cientos de millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar a los desplazados internos y refugiados ucranianos, así como para financiar operaciones de emergencia en el país.
La ONU, por su parte, ha aprobado resoluciones condenando la invasión rusa y pidiendo la retirada inmediata de las fuerzas rusas de Ucrania, siendo la más significativa la resolución ES-11/1 adoptada en marzo de 2022. ACNUR ha desplegado
equipos y recursos para asistir a millones de refugiados y desplazados internos ucranianos, proporcionando refugio, alimentos, agua potable y asistencia médica. El Programa Mundial de Alimentos ha estado entregando suministros alimentarios y otros
recursos esenciales a las poblaciones afectadas dentro de Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha creado una comisión de investigación para documentar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante la invasión.
Dada la magnitud de la destrucción y la interrupción económica, el apoyo económico internacional es crucial para la recuperación de Ucrania. La asistencia económica puede ayudar a estabilizar la economía, reconstruir infraestructuras
críticas y proporcionar alivio a las poblaciones afectadas. El coste estimado para la reconstrucción de Ucrania asciende a 486.000 millones de dólares, según el Banco Mundial.
Los lideres del G7 recientemente han acordado de manera conjunta utilizar los activos rusos congelados para financiar un préstamo de 50.000 millones destinado a Ucrania,
utilizando como aval los intereses futuros de los 300.000 millones de activos estatales rusos congelados en países occidentales desde febrero de 2022. Esta cuantía es insuficiente, ya que, se necesitan al menos 3.000 millones de euros
mensuales en asistencia financiera externa sólo para evitar un colapso de la economía de Ucrania, según el FMI.
Necesitamos intensificar nuestro esfuerzo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra, tanto para el futuro democrático europeo de Ucrania como para nuestra propia seguridad. Para lograrlo, debemos estar preparados para tomar decisiones
importantes y audaces que sean proporcionales a la importancia histórica de nuestros tiempos. Si confiscamos la totalidad de los 300.000 millones de euros de conformidad con el derecho internacional, afirmamos el derecho legal a tomar contramedidas
cuando un Estado como Rusia viola flagrantemente el derecho internacional con su agresión. Confiscar la cantidad total indicará nuestra determinación, tanto a Putin como a otros autoritarios que puedan intentar atacar a sus vecinos, de que tal
agresión tiene graves consecuencias financieras. Confiscar la totalidad de los 300.000 millones de euros es una medida legal según el derecho internacional, económicamente factible y estratégicamente imperativo. Si decidimos no hacerlo, le
indicaríamos a Putin y a otros autoritarios que tenemos miedo de actuar con decisión mientras Putin se prepara para poner a prueba a la OTAN. Ahora es el momento de demostrar nuestra respuesta completa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en el seno de le Unión Europea, la confiscación de 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados para que sean utilizados en la reconstrucción de Ucrania.
2. Condenar la injustificada e ilegal guerra de agresión rusa a Ucrania, así como las deportaciones forzosas de la población civil ucraniana, especialmente las deportaciones de niños a Rusia y Bielorrusia.
3. Exigir al Gobierno de Putin el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania y la retirada del Ejército ruso del interior y de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania.
4. Reconocer el liderazgo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
5. Continuar apoyando militar, económica y políticamente a Ucrania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Carlos Rojas García, Esteban González Pons, Carlos Javier Floriano Corrales, Belén Hoyo Juliá, César Sánchez Pérez, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Esteban González Pons, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada, Ricardo Tarno Blanco y Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la reconstrucción
de Ucrania, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero de 2022, se produjo una invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania. Estos hechos han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional considerándolos como una violación flagrante del derecho
internacional y de la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Desde el comienzo de la invasión, según los datos de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, se han verificado más de 30.457 víctimas civiles, de las cuales 10.582 murieron y 19.875 resultaron heridas. Además,
más de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de la guerra.
Si las víctimas humanas ya suponen un terrible drama humanitario, esta guerra ha causado, además, graves daños a la economía, asfixiando las finanzas de los ucranianos que continúan en el país, causando una contracción económica del 30% en
2022 debido al cierre de empresas y la destrucción de infraestructuras. Uno de los principales sectores que se ha visto afectado es la agricultura; Ucrania es uno de los mayores productores de cereal del mundo, llegando a los 86 millones de
toneladas en 2021. La guerra ha destruido tierras de cultivo, infraestructuras agrícolas y ha interrumpido las cadenas de suministro. Las exportaciones de cereales y otros productos agrícolas se han reducido drásticamente, lo que no solo afecta a
la economía ucraniana, sino también a la seguridad alimentaria global.
Las ciudades ucranianas han sufrido graves daños. Los ataques aéreos y los bombardeos han destruido edificios residenciales, escuelas y otros edificios públicos. Se han atacado múltiples infraestructuras claves: Rusia ha atacado numerosas
centrales eléctricas y plantas de energía ucranianas, lo que ha dejado a millones de personas sin acceso a electricidad. Según el Ministerio de Energía de Ucrania, más del 50% de la infraestructura eléctrica ha sido dañada o destruida. Los ataques
a instalaciones de gas y petróleo han interrumpido el suministro de energía, tanto para uso doméstico como industrial, afectando gravemente la economía y las condiciones de vida de la población. Los bombardeos han destruido numerosas carreteras y
puentes, dificultando el transporte de bienes y personas. Esto ha afectado tanto a la logística militar como a la distribución de ayuda humanitaria. Los ataques a la red ferroviaria han interrumpido uno de los principales medios de transporte y
distribución de mercancías en el país. También más de cien hospitales han sido destruidos o dañados, según el Ministerio de Salud de Ucrania. Esto ha afectado gravemente la capacidad del país para atender a los heridos y enfermos.
Múltiples organismos han adoptado medidas para tratar de frenar la invasión Rusa. La UE ha implementado una serie de sanciones económicas contra Rusia, incluyendo la congelación de activos personales y entidades vinculadas al Kremlin y la
prohibición de transacciones financieras con bancos rusos importantes. Se han prohibido las exportaciones a Rusia de tecnología avanzada, productos de doble uso y bienes que puedan fortalecer el sector militar ruso. La UE ha cerrado su espacio
aéreo a todas las aerolíneas rusas, así como a aeronaves registradas en Rusia. La UE ha movilizado fondos del Instrumento Europeo para la Paz (EPF) para proporcionar asistencia militar letal y no letal a Ucrania, valorado en aproximadamente 5.000
millones de euros. También, la UE ha proporcionado cientos de millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar a los desplazados internos y refugiados ucranianos, así como para financiar operaciones de emergencia en el país.
La ONU, por su parte, ha aprobado resoluciones condenando la invasión rusa y pidiendo la retirada inmediata de las fuerzas rusas de Ucrania, siendo la más significativa la resolución ES-11/1 adoptada en marzo de 2022. ACNUR ha desplegado
equipos y recursos para asistir a millones de refugiados y desplazados internos ucranianos, proporcionando refugio, alimentos, agua potable y asistencia médica. El Programa Mundial de Alimentos ha estado entregando suministros alimentarios y otros
recursos esenciales a las poblaciones afectadas dentro de Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos de la
ONU ha creado una comisión de investigación para documentar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante la invasión.
Dada la magnitud de la destrucción y la interrupción económica, el apoyo económico internacional es crucial para la recuperación de Ucrania. La asistencia económica puede ayudar a estabilizar la economía, reconstruir infraestructuras
críticas y proporcionar alivio a las poblaciones afectadas. El coste estimado para la reconstrucción de Ucrania asciende a 486.000 millones de dólares, según el Banco Mundial.
Los lideres del G7 recientemente han acordado de manera conjunta utilizar los activos rusos congelados para financiar un préstamo de 50.000 millones destinado a Ucrania, utilizando como aval los intereses futuros de los 300.000 millones de
activos estatales rusos congelados en países occidentales desde febrero de 2022. Esta cuantía es insuficiente, ya que, se necesitan al menos 3.000 millones de euros mensuales en asistencia financiera externa sólo para evitar un colapso de la
economía de Ucrania, según el FMI.
Necesitamos intensificar nuestro esfuerzo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra, tanto para el futuro democrático europeo de Ucrania como para nuestra propia seguridad. Para lograrlo, debemos estar preparados para tomar decisiones
importantes y audaces que sean proporcionales a la importancia histórica de nuestros tiempos. Si confiscamos la totalidad de los 300.000 millones de euros de conformidad con el derecho internacional, afirmamos el derecho legal a tomar contramedidas
cuando un Estado como Rusia viola flagrantemente el derecho internacional con su agresión. Confiscar la cantidad total indicará nuestra determinación, tanto a Putin como a otros autoritarios que puedan intentar atacar a sus vecinos, de que tal
agresión tiene graves consecuencias financieras. Confiscar la totalidad de los 300.000 millones de euros es una medida legal según el derecho internacional, económicamente factible y estratégicamente imperativo. Si decidimos no hacerlo, le
indicaríamos a Putin y a otros autoritarios que tenemos miedo de actuar con decisión mientras Putin se prepara para poner a prueba a la OTAN. Ahora es el momento de demostrar nuestra respuesta completa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en el seno de le Unión Europea, la confiscación de 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados para que sean utilizados en la reconstrucción de Ucrania.
2. Condenar la injustificada e ilegal guerra de agresión rusa a Ucrania, así como las deportaciones forzosas de la población civil ucraniana, especialmente las deportaciones de niños a Rusia y Bielorrusia.
3. Exigir al Gobierno de Putin el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania y la retirada del Ejército ruso del interior y de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania.
4. Reconocer el liderazgo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
5. Continuar apoyando militar, económica y políticamente a Ucrania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Carlos Rojas García, Esteban González Pons, Agustín Conde Bajén, Alberto Fabra Part, Macarena Lorente Anaya, Javier Celaya Brey, Carlos García Adanero, Pablo Hispán Iglesias de
Ussel, José Enrique Núñez Guijarro, Pablo Pérez Coronado, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, César Sánchez Pérez, Ricardo Tarno Blanco y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Interior
161/001036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, lone Belarra y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la investigación
de los hechos y la rendición de cuentas por la masacre de Melilla producida el 24 de junio de 2022, para su debate la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron dé cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Barrio Chino. A ambos lados de la frontera, las fuerzas policiales y de
seguridad reprimieron y golpearon a las personas migrantes. Dicha intervención policial provocó, según organizaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la muerte de -al menos- 27 personas y la desaparición de otras 70.
Por su parte, Amnistía Internacional sostiene que la masacre de Melilla podría haber causado más de 100 fallecidos. Según la organización, la policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos.
Durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria. Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde fueron
despojadas de sus posesiones y abandonadas al borde de la carretera sin atención médica.
Dos años después de aquello, ni Marruecos ni España han realizado una investigación adecuada y efectiva de lo ocurrido, por lo que, lejos de depurar responsabilidades, se han perpetuado la impunidad y el oscurantismo. En España, el ministro
del Interior Fernando Grande-Marlaska afirmó en noviembre de 2022 que 'no hubo ningún hecho trágico en territorio español' y, un mes después, en diciembre, la Fiscalía archivó la investigación sobre los hechos. En Marruecos, el ministerio público
ha hecho lo propio al no ver, según las informaciones públicas disponibles, 'indicios de delito'. Con ello, ambos gobiernos han eludido su responsabilidad sobre los hechos mientras las víctimas y sus familias continúan desamparadas. Asimismo, las
fronteras de Melilla y Ceuta se mantienen a día de hoy blindadas.
En este contexto, el pasado 18 de junio el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia, Border Forensics y la AMDH publicaron una investigación titulada 'La trampa de la frontera entre Nador y Melilla', en la que aseguran que el
Gobierno de Marruecos orquestó el episodio. La investigación se llevó a cabo desde el terreno y con fuentes abiertas durante un año y medio, y ha contado con el asesoramiento del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR).
Los datos recabados apuntan a un 'cierto grado de preparación, e incluso premeditación, de la represión ejercida contra las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes antes del 24 de junio'. La investigación relata
que, en la antesala de la tragedia, las fuerzas marroquíes asediaron el monte de Seluan, desplazando progresivamente a los migrantes hasta el monte Gurugú. Una vez allí, algunos de los supervivientes que han aportado sus testimonios a la
investigación relatan que las fuerzas marroquíes dejaron que 1.600 personas salieran del campamento del Gurugú, hasta avanzar más de seis kilómetros hasta el paso fronterizo.
Además de la acusación sobre Marruecos, el informe también señala que las autoridades españolas, concretamente la Guardia Civil, no evitaron las agresiones y que, además de su participación en la violencia directa y el trato inhumano y
degradante, también contribuyeron a la violencia de las fuerzas marroquíes contra las personas migrantes al hacerlas retroceder indiscriminadamente -y efectuar las devoluciones en caliente-.
Esta masacre es un episodio más de los innumerables crímenes cometidos en las fronteras europeas por parte de las autoridades nacionales u organismos como Frontex. No se trata de un hecho aislado, sino que se deriva de una política
migratoria inhumana y cruel, con efectos letales, basada en la contención, la devolución masiva, el incumplimiento sistemático de los derechos de las personas que migran y la total deshumanización de las mismas, particularmente las racializadas.
Personas que huyen de la persecución, la violencia, la desigualdad o los conflictos en sus países, a menudo provocados por la acción de las multinacionales o los propios gobiernos occidentales.
En este sentido, numerosas organizaciones de la sociedad civil organizada en toda Europa vienen desde hace tiempo exigiendo y trabajando por la reorientación de la actual política migratoria europea, mostrándose contrarias al Pacto de
Migración y Asilo adoptado este año por parte de la UE, tras años de intensos debates. Estas organizaciones piden el diseño e implementación de una política migratoria humana, justa y eficaz, que actúe directamente sobre las causas que obligan a
las personas a migrar, garantice vías legales y seguras, y asegure el estricto cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos por parte de los gobiernos y autoridades implicadas.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Emprender las medidas oportunas para asegurar la realización de una investigación independiente, adecuada y efectiva para esclarecer los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera sur con Marruecos;
2. Asegurar el acceso de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación por los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera sur con Marruecos;
3. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos gravísimos episodios no vuelvan a repetirse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para la conexión de Lleida al Corredor Mediterráneo de Mercancías.
Exposición de motivos
El sector de actividad económica de Torreblanca, el que puede ser el más grande de Catalunya, como no podría ser de otra forma, tanto por la dimensión como por la necesidad de reducir las emisiones del transporte de mercancías, lleva
asociada una terminal ferroviaria intermodal diseñada por graneles agroalimentarios, mercancías en general, contenedor refrigerado y convencional, y también autopista ferroviaria.
Es un diseño pensado para prestar servicio a las empresas que se sitúen al polígono de Torreblanca y también a toda la actividad económica de la Plana de Lleida con una especial mirada a la industria agroalimentaria.
También tiene como una de sus funciones sustituir el papel de la terminal de Vilanoveta hoy obsoleta pues tiende dos vías cortes y poco espacio para actividades logísticas.
El contexto es claro, el estado español se sitúa a la cola de Europa en mercancías por ferrocarril, un 4-5%, cuando en Europa se mueve entre el 18-20%. Por tanto, es imposible hablar de la descarbonización de la movilidad si no se potencia
el rol de modo ferroviario como sistema de transporte de mercancías.
De forma paralela, la visión de la terminal como infraestructura de servicio al conjunto de la economía pero con mirada especifica en el sector agroalimentario, tiene dos componentes: la importancia de la conexión con los puertos, y el
valor añadido que el ferrocarril sea una herramienta valida para la exportación de los productos agroalimentarios de la zona hacia Europa y Asia, principalmente fruta y productos cárnicos, por eso es importante la habilitación de la terminal para la
gestión de contenedores refrigerados.
Esta logística incorpora la vertiente de la autopista ferroviaria, que es tendencia en la exportación, pero para que sea posible es necesario que la terminal ferroviaria de Torreblanca este conectada al ancho internacional. Este hecho
dotaría por tanto a toda la economía de la Plana de Lleida de una conexión al corredor mediterráneo de mercancías.
El corredor mediterráneo de mercancías en relación con su conexión con Zaragoza y Madrid pasa por Flix-Mora dejando todas las Terres de Lleida desconectadas del mismo. Esta anomalía debe corregirse, esta petición ha estado, además,
largamente reiterada por todas las administraciones territoriales y económicas.
La conexión es a la vez una obra de complejidad baja y coste contenido,pues, en una primera fase se consigue llevando el tercer hilo desde Sant Viceng de Calders hasta Torreblanca.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a:
1. Al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ADIF a la colaboración con la Generalitat de Catalunya para dotar a la terminal ferroviaria de Torreblanca de la necesaria conexión a la REFIG y que se realice con la máxima agilidad
posible.
2. Que paralelamente, ADIF redacte el Proyecto de implantación del tercer hilo desde Sant Viceng de Calders hasta la terminal de Torreblanca para dotarla de la conexión al ancho internacional, y programe las obras de este para el bienio
2025-2026.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió de Transports i Mobilitat
Sostenible, una Proposició no de Llei per a la connexió de Lleida al Corredor Mediterrani de Mercaderies.
Exposició de motius
El sector d'activitat econòmica de Torreblanca, el que pot ser el més gran de Catalunya, com no pot ser d'altra manera, tant per la dimensió com per la necessitat de reduir les emissions del transport de mercaderies, porta associada una
terminal ferroviària intermodal dissenyada per granels agroalimentaris, mercaderia general, contenidor refrigerat i convencional, i també autopista ferroviària.
És un disseny pensat per a donar servei a les empreses que es situïn al polígon de Torreblanca i també a tota l'activitat econòmica de la plana de Lleida amb una especial mirada a la indústria agroalimentària.
També té com a una de les seves funcions substituir el paper de la terminal de Vilanoveta avui obsoleta ja que té vies curtes i poc espai per a activitats logístiques.
El context és clar, l'estat espanyol es situa a la cua d'Europa en mercaderies per ferrocarril, un 4-5%, quan a Europa es mou entre el 18-20%. Per tant, és impossible parlar de la descarbonització de la mobilitat si no es potencia el rol de
mode ferroviari com a sistema de transport de mercaderies.
Paral·lelament, la visió de la terminal com a infraestructura de servei al conjunt de l'economia però amb mirada específica amb el sector agroalimentari té dos components: la importància de la connexió amb els ports, i el valor afegit que
el ferrocarril sigui una eina vàlida per a l'exportació del productes agroalimentaris de la zona cap a Europa i Àsia, principalment fruita i productes càrnics, per això és important l'habilitació de la terminal per a la gestió de contenidors
refrigerats.
Aquesta logística incorpora la vessant de l'autopista ferroviària, que és tendència en l'exportació, però perquè sigui possible cal que la terminal ferroviària de Torreblanca estigui connectada a l'ample internacional. Aquest fet dotaria,
per tant, a tota l'economia de la Plana de Lleida d'una connexió al corredor mediterrani de mercaderies.
El corredor mediterrani de mercaderies pel que fa a la seva connexió amb Saragossa i Madrid passa per Flix-Mora, deixant totes les Terres de Lleida desconnectades del mateix. Aquesta anomalia s'ha de corregir, aquesta petició ha estat, a
més, llargament reiterada per totes les administracions territorial i econòmiques.
La connexió és alhora una obra de baixa complexitat i cost contingut,doncs, en una primera fase s'aconsegueix portant el tercer fil des de Sant Vicenç de Calders fins a Torreblanca.
Per tot això, el Grup Parlamentari Junts per Catalunya presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta:
1. Al Ministeri de Transports i ADIF a que col·laborin amb la Generalitat de Catalunya per a dotar a la terminal ferroviària de Torreblanca de la necessària connexió a la REFIG i que es faci amb la màxima agilitat possible.
2. Que paral·lelament ADIF redacti el projecte d'implantació del tercer fil des de Sant Vicenç de Calders fins a la terminal de Torreblanca per dotar-la de connexió a l'ample internacional, i programi les obres del mateix pel bienni
2025-2026.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de juny de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
161/001039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las condiciones de trabajo y acceso a jubilación de las personas
trabajadoras del transporte en carretera y otras personas trabajadoras del sector en carretera, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El sector del transporte en carretera en nuestro país presenta en los últimos años ciertas dificultades para el reclutamiento de nuevas personas trabajadoras tanto asalariadas como autónomas. La dureza de las condiciones laborales así como
posibles incumplimientos de la normativa por parte de algunos empleadores podrían darnos una explicación clara de las dificultades que enfrenta el sector para la contratación de nuevos profesionales.
Siendo normal la optimización de recursos por parte de la empresa, lo cierto es que la búsqueda de eficiencia ha sobrepasado en varios casos los límites del fraude laboral. A pesar de las limitaciones horarias establecidas por ley, algunos
profesionales relatan que el trabajo de hasta 15 horas laborales diarias no es una anomalía en el sector. En ese sentido, determinados empresarios remuneran el trabajo por kilómetro en lugar de por horas trabajadas excluyendo, en consecuencia, las
horas de espera durante la estiba de los vehículos o las necesarias pausas en la conducción. Algo que podría ser fácilmente controlable puesto que la jornada queda registrada en una tarjeta que marca el inicio y final de la misma. Además, a menudo
las jornadas mínimas de descanso establecidas por ley no se cumplen.
A los fraudes horarios denunciados se suma la dureza de la profesión que comprende otro tipo de abusos. Algunos profesionales de la carretera se ven forzados a realizar tareas fuera de su contrato y para las que en ocasiones no están
preparados como la carga y descarga de sus vehículos. La dureza de las condiciones y la exigencia física de las tareas, sin olvidar el estrés mental de la atención que requiere estar muchas horas al volante, se manifiesta en la salud de muchos
transportistas. Son normales las enfermedades del sistema musculoesquelético como la artrosis, la lumbalgia y diversos dolores crónicos, así como problemas de obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad y
estrés.
No está de más recordar que el fraude laboral del sector tiene un impacto directo tanto en las arcas de la Seguridad Social como en el de la Hacienda Pública. Es necesario investigar las condiciones laborales de las personas transportistas,
conductoras de autobús y otras trabajadoras de servicio en carretera para evitar cualquier competencia desleal dentro del mercado y por una razón esencial de justicia con las personas trabajadoras del sector. En el mismo sentido, la dureza de las
condiciones laborales y la merma de las condiciones físicas de las personas trabajadoras del sector debido a la naturaleza penosa de su trabajo merecen ser estudiadas por si fuera de aplicación el artículo 206 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una auditoría de la situación laboral de las transportistas y otras personas trabajadoras del sector en carretera a través de las Inspección de Trabajo para garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, asegurar la
continuidad del sector ante sus dificultades de reclutamiento y comprobar que la competencia en el sector se rige con el debido respeto a la ley evitando todo dumping social.
2. Seguir avanzando, en el marco del diálogo social, en la adaptación del marco regulador establecido en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y los procedimientos para establecer
coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el Sistema de la Seguridad Social, de aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la igualdad de
oportunidades de las mujeres en el ámbito deportivo, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte afirma en su Exposición de Motivos que la ley recoge medidas de fomento con el firme propósito de avanzar en materia de inclusión y de igualdad y, que, en su búsqueda de esa igualdad real y
efectiva, atiende como un criterio esencial lograr que la práctica deportiva se pueda realizar de forma segura con pleno respeto al principio de igualdad constitucional, con independencia de su orientación o identidad sexual,
En su tramitación parlamentaria el Grupo socialista rechazó la enmienda del Grupo Popular que proponía garantizar el citado principio de igualdad impidiendo la discriminación de las mujeres deportistas por razón de las diferentes condiciones
físicas de las mujeres y las mujeres trans.
Asimismo, el Grupo socialista rechazó otra enmienda de este Grupo al articulado que proponía que en la expedición de licencias se garantizara la no discriminación y la igualdad de trato, en consonancia con las federaciones deportivas
internacionales. Esta enmienda se orientaba a evitar una ventaja competitiva derivada de la identidad sexual y el consiguiente perjuicio real o potencial para el resto de las participantes.
De otro lado, el artículo 26 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley Trans) establece que las Administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, promoverán que la práctica deportiva y la actividad física se realicen con pleno respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y
características sexuales.
El Gobierno ha afirmado que ambas leyes no suponen un riesgo para el desarrollo y evolución del deporte femenino. Sin embargo, plataformas como la 'Alianza contra el borrado de las mujeres' ha subrayado que la participación de la mujer en
el deporte es un logro de valor incalculable. Se ha luchado incesantemente para que pudieran tener un acceso igualitario y sin discriminación al ámbito deportivo, reconocido como un derecho de toda la sociedad española.
Esta Plataforma advierte que, a los obstáculos de discriminación y desigualdad existentes en el deporte femenino, se ha sumado la incorporación de personas con fisionomía masculina en el deporte femenino y, por tanto, con una ventaja
significativa con respecto al resto de competidoras.
Este hecho amenaza frontalmente la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva en el deporte femenino. La sociedad ha sido testigo de casos, tanto a nivel nacional como internacional, donde se ha llegado a imposibilitar a las
mujeres ganar en sus categorías o aspirar a una carrera deportiva o becas por la participación de mujeres trans. Y esto contribuye peligrosamente al borrado de la mujer en el deporte.
Los deportistas trans que han nacido hombres tienen una ventaja física competitiva sobre las mujeres debido a las diferencias anatómicas, entendido el término en sentido estrictamente biológico. Unas ventajas traducidas en una mayor
densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular y mayor tamaño/altura promedio. Condiciones físicas que no desparecen ni siquiera tras años de tratamiento hormonal.
En definitiva, como realidad biológica, los hombres son un entre un 10 y un 15% más rápidos que las mujeres y un 50/100% más fuertes. Por ello, existen categorías deportivas
en base al sexo: para garantizar la competición justa de personas de iguales condiciones, es decir, el juego limpio.
Sin embargo, a pesar de las evidencias científicas, algunas federaciones deportivas han adoptado criterios de participación en las competiciones femeninas que no se basan exclusivamente en el sexo biológico, sino también en la identidad de
género o la expresión de género, gracias a la cobertura jurídica establecida por la Ley Trans y vulnerando los principios de la Ley del Deporte. La difuminación del sexo como categoría jurídica agrava las condiciones de desigualdad estructural
entre mujeres y hombres.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate y aprobación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar, mediante la aprobación de cuantas medidas y modificaciones legislativas sean necesarias, que el único criterio determinante para la asignación de las categorías deportivas sea el sexo biológico como mejor criterio de garantía
de la igualdad de oportunidades, no discriminación y de justicia competitiva;
2. Realizar un estudio del impacto en las competiciones deportivas regionales, nacionales e internacionales, donde España sea parte, de la participación de personas trans para cuantificar, entre otros, los deportes más afectados, los
resultados clasificatorios o la inclusión en selecciones nacionales;
3. Promover, en el seno del Consejo de la Unión Europea, una posición común de los Estado Miembros para asegurar la igualdad en el deporte, donde el sexo biológico sea el criterio de participación preferente;
4. Coordinar una posición homogénea entre las entidades deportivas nacionales e internacionales, así como las administraciones públicas españolas, para lograr la igualdad de oportunidades de las mujeres en toda categoría deportiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre lucha contra el racismo y la xenofobia, para su debate en la Comisión de
Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los delitos de odio se han incrementado en nuestro país en los últimos años, siendo actualmente la xenofobia y el racismo la primera motivación.
En el año 2022, según datos del Ministerio de Interior, por racismo y xenofobia se registraron 755 delitos de odio, un 4,18% más que el año anterior; a lo que debemos unir los hechos que tienen como causa el antigitanismo -22 hechos
registrados, un 22,22% más que en 2021-, y por antisemitismo -13 hechos registrados, un 18,18% más que en 2021.
Estos datos podrían no estar reflejando del todo la realidad, ya que existe infradenuncia, como reconoce la 'Encuesta sobre delitos de odio' del Ministerio del Interior del año 2021, dónde se estima que sólo una de cada diez personas
víctimas de delitos de odio había denunciado.
La preminencia de este tipo de hechos y actitudes discriminatorias no es exclusiva de nuestro país. El Eurobarómetro de la Unión Europea sobre discriminación de 2019 reconoce que las tres principales razones para la discriminación están
relacionadas con el origen racial o étnico. Asimismo, según afirma el 'Informe sobre los derechos fundamentales - 2023. Dictámenes de la FRA', en Europa 'la discriminación por motivos de origen racial o étnico, los delitos motivados por prejuicios
y los discursos racistas siguieron siendo generalizados en 2022. Los datos disponibles muestran indicios de racismo sistémico, (...)'.
Por tanto, el racismo y la xenofobia se siguen manifestando de formas complejas en las sociedades europeas, y afectando al día a día de las personas en todos los aspectos de su vida, como son la educación, la sanidad, el empleo o el acceso a
una vivienda.
Según el 'Informe Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020' elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), los motivos principales
por los que las personas explican las conductas discriminatorias sufridas son los rasgos físicos y el color de piel, y después los elementos culturales, y las creencias y prácticas religiosas.
Además, hay que tener en cuenta otros factores como son el sexo, el género, la edad o la discapacidad. Hay algunos grupos con mayor riesgo de ser víctimas de actitudes discriminatorias y de delitos de odio con motivación racial, como son
las mujeres extranjeras, las personas solicitantes de asilo, las niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados.
La discriminación racial ataca directamente a los cimientos sobre los que se construyen los países democráticos, afectando a la dignidad de las personas y perjudicando gravemente la convivencia, la paz y la cohesión social, el respeto y la
tolerancia entre ciudadanos y ciudadanas.
La España del siglo XXI necesita seguir avanzando dentro del marco democrático porque el progreso de una sociedad depende del talento de los hombres y de las mujeres sin importar su lugar de nacimiento, el color de su piel, sus creencias o
la persona a la que amen, por lo que la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas se constituyen como los elementos clave sobre los que seguir fortaleciendo nuestro Estado de Derecho.
La Constitución Española así lo demuestra cuando configura el derecho a la igualdad real y efectiva, y a la no discriminación (artículos 9.2, 11 y 14 CE), como las bases para el disfrute y el ejercicio del resto de nuestros Derechos
Fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución bajo la rúbrica 'Derechos y deberes fundamentales', y en el artículo 10 especifica en su apartado 1o que 'La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social' y en el apartado 2.o del mismo artículo, establece que 'Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España'.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, se articula que 'todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos ()', y se establece que: 'toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición' ( artículos 1 y 2), de
esta manera el derecho a la protección contra el racismo y la discriminación racial se considera un derecho fundamental de todos los seres humanos.
Asimismo, el Protocolo n.o 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 establece en su
artículo 1.1 que 'el goce de todos los derechos reconocidos por la Ley han de ser asegurados sin discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional
o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación'.
En relación con el acervo comunitario, cabe mencionar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2007 que dedica su primer artículo a proclamar que: 'La dignidad humana es inviolable. Será respetada y
protegida', mientras que el principio de igualdad ante la Ley es reconocido en el artículo 20, para continuar declarando en el artículo 21.1 que 'se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual', así como, varias
Directivas: la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y
manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal.
En este sentido, en nuestro país hay que citar la reforma del Código Penal (CP) operada por la LO 1/2015, que en la nueva redacción del artículo 510 da una mayor protección penal a conductas racistas, xenófobas, homófobas, discriminación por
razón de ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia a una etnia o raza, o nación, por razón de sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad, transformando los comportamientos de discurso de odio en figuras punibles y por
lo tanto, constituyentes de delito. Asimismo, se ha de destacar la reforma del CP llevada a cabo por la LO 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que ha
permito incluir los delitos cometidos por motivos antigitanos.
Con el objetivo de avanzar en la integración, participación y lucha contra los delitos e incidentes relacionado con el odio y la discriminación, se han ido constituyendo diversos organismos públicos dentro de la Administración General del
Estado como son:
- El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (Real Decreto 490/1995, de 7 de abril) cuya finalidad es promover la participación e integración social de estos en la sociedad española.
- El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico (artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden de lo Social) que
impulsa el cumplimiento de la Directiva 2000/43/CE, anteriormente mencionada.
- El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (artículo 71 de la LO 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) que, entre sus funciones se encuentra la recopilación y
análisis de información sobre racismo y xenofobia (Real Decreto 903/2018, de 20 de julio).
- El Consejo Estatal del Pueblo Gitano (Real Decreto 891/2005, de 22 de julio) órgano colegiado y consultivo, que formaliza la participación y colaboración de las organizaciones relacionadas con la población gitana en el área de bienestar
social.
- La Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio (Instrucción núm. 1 /2018, de la Secretaría de Estado de seguridad, por la que se crea la Oficina nacional de lucha contra los delitos de odio, Real Decreto 770/2017, de 28 de
julio).
Además, en el contexto de desarrollo del marco normativo del derecho antidiscriminatorio en nuestro país, se aprobó la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que avanza en la protección del
derecho a la igualdad en nuestro país.
Asimismo, dentro de los hitos estratégicos desarrollados la pasada legislatura, tenemos la aprobación por el Consejo de ministros el 4 de julio de 2023 del Marco Estratégico de Ciudadanía
e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027), que tiene como objetivo dar cumplimiento al compromiso europeo sobre desarrollar acciones o planes de prevención del racismo y de la xenofobia en España, tanto en el ámbito
autonómico, como municipal.
En muchas circunstancias, el racismo y la xenofobia ahondan en el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas y de determinados grupos de población. Un estudio temático del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo de
Naciones Unidas de 2022 relacionaba el racismo, entre otras cuestiones, con la falta de oportunidades económicas, la pobreza y otras desigualdades que pueden vulnerar el derecho al desarrollo.
Por todo ello, la igualdad de oportunidades es el principio número 3 del Pilar Europeo de Derechos Sociales para combatir la exclusión social y la discriminación, y fomentar la justicia y la protección sociales.
Estos retos se deben abordar con políticas públicas que garanticen: -la cohesión social; -el fomento de la cultura de paz y- el impulso de la diversidad cultural. Siendo estos tres factores determinantes los que deben guiar nuestras
políticas con la finalidad de integrarlos en nuestra sociedad, ya que la actualidad y realidad de España, demuestra que vivimos en un Estado multicultural y diverso como siempre lo fue y lo será.
Por lo tanto, la lucha contra el racismo y la xenofobia debe seguir avanzando en nuestro país mediante un gran consenso social y político con el objetivo de contar con una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando medidas para luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, así como actuaciones que promuevan la cohesión social y la igualdad de trato
mediante:
1. La mejora de los sistemas de recogida de datos y principales indicadores para prevenir y combatir el racismo.
2. La puesta en marcha de medidas que refuercen la respuesta institucional frente a la discriminación racial.
3. El desarrollo de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, mediante la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de trato y la No discriminación.
4. La mayor visibilización de la diversidad étnica, racial y cultural, existente en España, con especial atención al ámbito laboral, educativo y cultural, poniendo en valor la aportación de la convivencia de identidades y culturas diversas.
5. La promoción de campañas informativas sobre la existencia del teléfono gratuito 021 para la atención a las víctimas de discriminación racial o étnica.
6. El impulso de campañas de sensibilización y formación dirigidas al fomento de la solidaridad, cohesión social y en contra de la proliferación de los discursos de odio xenófobos y racistas.
7. Acciones e iniciativas que vayan dirigidas especialmente a colectivos que sufran discriminaciones múltiples.
8. Acciones e iniciativas que vayan dirigidas a colectivos con mayor riesgo de exclusión social y con especial atención a mujeres refugiadas y migrantes, menores no acompañados o víctimas de trata y explotación sexual.
9. El fomento de la participación de las personas de origen extranjero en la vida pública e institucional, poniendo especial atención a las jóvenes y las niñas, niños y adolescentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2024.-Luc Andre Diouf Dioh, Elisa Garrido Jiménez, Esther Peña Camarero, Marta Trenzano Rubio, María Luisa García Gurrutxaga, Luis Alfonso Rey de las Heras, Blanca Cercas Mena, Ada
Santana Aguilera, María Carmen Castilla Álvarez, Noelia Cobo Pérez, Valle Mellado Sierra y María Mercè Perea i Conillas, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, lone Belarra y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa la aprobación de
la retribución del permiso parental de 8 semanas, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El permiso parental de cuidados de 8 semanas es un permiso que busca blindar el derecho al cuidado y conciliación de los padres y madres trabajadores para que puedan dedicar tiempo a la crianza y cuidado de sus hijos e hijas menores de 8
años. Este permiso, que puede ser utilizado en cualquier momento hasta que el niño cumpla los 8 años, actualmente, y a pesar de las demandas de la sociedad civil, organizaciones expertas en derechos de la infancia, y grupos políticos como Podemos,
no está remunerado, lo que supone una barrera económica insalvable para que muchas familias puedan hacer efectivo este derecho.
En este sentido hemos escuchado en los últimos meses múltiples declaraciones, sin propuestas concretas sobre la remuneración de este permiso. El artículo 8.3 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio
de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de la que deriva la creación de este permiso, establece la obligación de
los estados miembros de la Unión Europea de establecer la remuneración del permiso parental. También esta directiva establece que los Estados miembros pondrán en vigor disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir
la presente Directiva a más tardar el 2 de agosto de 2024.
Ante la inacción y falta de propuestas del Gobierno, la Comisión Europea decidió el pasado noviembre llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado las medidas nacionales de plena transposición de
los derechos de la UE en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, recogidos en la directiva mencionada, entre los que se encontraba la no remuneración del permiso parental.
A pesar de que la fecha límite marcada por la Comisión Europea es el 2 de agosto, a día de hoy no se conoce una propuesta clara y detallada sobre la implementación de esta medida. Por las declaraciones realizadas por el ejecutivo durante
estos últimos meses parece que la propuesta de remuneración solo contemplará la remuneración de 4 semanas, no garantizar la remuneración total del permiso parental podría impedir el disfrute de este derecho en igualdad de condiciones para todas las
familias.
Por todo ello, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno aprobar con carácter de urgencia la remuneración de la totalidad del permiso parental de cuidados de 8 semanas por hijo hasta los 8 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a implantar el 'índice de reparabilidad' en
aparatos eléctricos y electrónicos, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El índice de reparabilidad es un indicador que muestra de manera sencilla y visual en qué grado es posible o no la reparación del aparato eléctrico o electrónico (AEE), permitiendo a las personas consumidoras adoptar su decisión de compra
hacia productos más fácilmente reparables, sensibilizarlos sobre la posibilidad de prolongar la vida útil y el uso de sus dispositivos y animándolos a recurrir más a las reparaciones en caso de avería. Constituye una herramienta para combatir la
obsolescencia, para evitar la eliminación prematura de los productos y preservar los recursos naturales necesarios para su producción.
Francia ha sido el primer país europeo en implantar el índice de reparabilidad (Décret no 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif á l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques) Desde el 1 de enero de 2021 se aplica en
cinco categorías de productos: teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, televisores, cortadoras de césped y lavadoras de carga frontal. Desde el 4 de noviembre de 2022, otras cuatro categorías de productos se han visto afectadas:
lavadoras superiores, lavavajillas, aspiradoras y limpiadoras de alta presión. A partir de 2025, el índice de sostenibilidad sustituirá al índice de reparabilidad para determinadas categorías de productos, empezando por los televisores y las
lavadoras incluyendo nuevos criterios, particularmente relacionados con la fiabilidad del producto.
La pasada legislatura, el Ministerio de Consumo, con el objetivo de desarrollar el eje de actuación 'consumo' incluido en el Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023, inició una consulta pública sobre la regulación del índice de
reparabilidad de aparatos eléctricos y electrónicos en España. Como se señala en el texto con el que se inició dicho trámite, (...) la triple emergencia (crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación) encuentra su causa principal en el
actual modelo de economía lineal basado en la fórmula de extraer-producir-transportar-consumir-tirar, en el que además una gran cantidad de productos se tornan en obsoletos a una velocidad cada vez mayor. Es, por tanto, inaplazable el tránsito de
un modelo económico lineal a un modelo de economía circular que minimice los residuos y el consumo de recursos, manteniendo el mayor tiempo posible la utilidad y el valor de los productos, sus componentes y materiales, extendiendo su vida útil a
través de la reutilización y el reciclaje, pero también la remanufactura, el reacondicionamiento y la reparación de productos, es decir, promoviendo medidas encaminadas a combatir la obsolescencia. Una obsolescencia que atañe primordialmente a los
aparatos eléctricos o electrónicos (AEE).
Tanto las empresas fabricantes como las personas consumidoras tienen un papel fundamental en el cambio de modelo económico hacia un modelo más sostenible. El establecimiento de un índice de reparabilidad puede ser una herramienta importante
para conseguirlo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar, previa valoración de su impacto en el mercado interior, el 'índice de reparabilidad' en aparatos eléctricos y electrónicos mediante un etiquetado frontal que muestra de manera
sencilla y visual en qué grado es posible o no la reparación, permitiendo a las personas consumidoras contar con esta información a la hora de contrastar diferentes opciones de compra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2024.-Noelia Cobo Pérez, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cambio de método
de cálculo de la asignación del 0,7% del IRPF, para su debate en instancia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Las subvenciones de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades están destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas
en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
Actualmente, en el Estado español, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (At Risk of Poverty or Exclusion, en inglés) se sitúa en el 26,5% de la población, unos 12,7 millones de personas. Este porcentaje ha aumentado
respecto al año 2022 exclusivamente debido al incremento de la privación material y social severa. Nos referimos a retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, no poder mantener la vivienda a una
temperatura adecuada, no poder ir de vacaciones fuera del hogar, al menos una semana al año, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos o no poder permitirse
un coche o un ordenador.
El crecimiento económico por sí solo no es suficiente para luchar y poner fin a la pobreza y la exclusión social. Ni el aumento de las rentas medias, ni la creación de empleo, ni el aumento del PIB per cápita se traducen automáticamente en
una reducción proporcional de la pobreza y la exclusión social. Hay factores que influyen directamente en la generación y mantenimiento de la pobreza, como son el precio de la vivienda, la discriminación de género, la precariedad laboral, la
discapacidad y las condiciones económicas y sociales de la familia de origen, que determinan el bienestar de las generaciones futuras.
El tramo estatal de la recaudación del IRPF, equivalente al 20%, es gestionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y subvenciona a las entidades del Tercer Sector de Acción Social del ámbito estatal. Es importante
recordar que las competencias de servicios sociales son exclusivas de las Comunidades Autónomas, lo que hace bastante cuestionable la existencia del tramo estatal.
Por otro lado, los criterios de reparto del tramo autonómico (del 80%) son una combinación de criterios poblacionales ajustados por las características socioeconómicas del territorio y de la tasa AROPE. Estos criterios, y sobre todo la tasa
AROPE, no consideran la variación entre el coste de vida y sus repercusiones en las condiciones de pobreza y exclusión social. Catalunya cuenta con un 13,5% de personas en riesgo de exclusión social según la tasa AROPE, pero del 16,9% si se
considera la cuota de personas en situación de carencia material y social severa.
Estos criterios tampoco recogen el esfuerzo diferencial de los contribuyentes. En Catalunya, solo 1 de cada 2 euros asignados por los donantes catalanes del IRPF se reinvierte en subvencionar las entidades del Tercer Sector Social que
actúan en Catalunya.
Para corregir la desigualdad territorial generada por el reparto inequitativo de los recursos y que no tiene en cuenta de manera proporcionada ni el esfuerzo de los contribuyentes, ni el coste de vida ni las situaciones de pobreza objetiva,
se propone sustituir el criterio de la tasa AROPE por el criterio de cuota de población con carencia material y social severa de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Substituir el criterio de la tasa AROPE por el criterio de la cuota de población con carencia material y social severa de la ECV.
2. Asignar los fondos del 0,7% del IRPF y las herencias intestadas a las Comunidades Autónomas en proporción a la población.
3. Eliminar el tramo estatal de recaudación del 0,7% del IRPF, equivalente al 20%.
4. Incrementar la asignación para fines sociales del 0.7% al 1% como medida para intentar acabar con el enquistamiento de la situación de pobreza, la mayor complejidad social y revertir el efecto de la inflación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre el canvi de mètode
de càlcul per l'assignació del 0,7% de l'IRPF, per al seu debat a la Comissió de Drets Socials i Consum.
Exposició de motius
Les subvencions de l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost de Societats van destinades a cobrir les necessitats específiques d'assistència social dirigides a l'atenció de les persones en
situació de pobresa i exclusió social o que es trobin en altres situacions d'especial vulnerabilitat.
Actualment, a l'Estat espanyol, la taxa de risc de pobresa o exclusió social AROPE (At Risk of Poverty or Exclusion, en anglès) es situa al 26,5% de la població, uns 12,7 milions de persones. Aquest percentatge s'incrementa respecte de
l'any 2022 exclusivament a causa de l'augment de la privació material i social severa. Ens referim a retards en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal o en compres a terminis, no poder mantenir l'habitatge a una temperatura
adequada, no poder anar de vacances fora de l'habitatge, almenys una setmana a l'any, no poder permetre's un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, no tenir capacitat per afrontar despeses imprevistes o no poder permetre's un cotxe o
un ordinador.
El creixement econòmic per si sol no és suficient per lluitar i posar fi amb la pobresa i l'exclusió social. Ni l'increment de les rendes mitjanes, ni la creació de feina, ni l'augment del PIB per càpita es tradueixen de manera automàtica
en una reducció proporcional de la pobresa i l'exclusió social. Hi ha factors que influeixen directament en la generació i manteniment de la pobresa, com són el preu de l'habitatge, la discriminació de gènere, la precarietat laboral, la
discapacitat i les condicions econòmiques i socials de la família d'origen, que determinen el benestar de les generacions futures.
El tram estatal de la recaptació de l'IRPF, equivalent al 20%, és gestionada pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i subvenciona a les entitats del Tercer Sector d'Acció Social de l'àmbit estatal. Cal recordar que les
competències de serveis socials són exclusives de les Comunitats Autònomes, fet que fa bastant incomprensible l'existència del tram estatal.
D'altra banda, els criteris de repartiment del tram autonòmic (del 80%) són una combinació de criteris poblacionals ajustat per les característiques socioeconòmiques del territori i de la taxa AROPE. Aquests criteris, i sobretot la taxa
AROPE, no consideren la variació entre el cost de vida i les seves repercussions en les condicions de pobresa i exclusió social. Catalunya compta amb un 13,5% de persones en risc d'exclusió social segons la taxa AROPE, però del 16,9% si es
considera la quota de persones en situació de carència material i social severa.
Aquests criteris tampoc recullen l'esforç diferencial dels contribuents. A Catalunya, només 1 de cada 2 euros assignats pels donants catalans de l'IRPF es reinverteix en subvencionar les entitats del Tercer Sector Social que actuen a
Catalunya.
Per corregir la desigualtat territorial generada pel repartiment inequitatiu dels recursos i que no té en compte de manera proporcionada ni l'esforç dels contribuents, ni el cost de vida ni les situacions de pobresa objectiva es proposa
substituir el criteri de la taxa AROPE pel criteri de quota de població amb carència material i social severa de l'enquesta de condicions de vida (ECV) de l'INE.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Substituir el criteri de la taxa AROPE pel criteri de la quota de població amb carència material i social severa de la ECV.
2. Els fons assignats al 0,7% de l'IRPF i les herències intestades s'han d'assignar a les Comunitats Autònomes en proporció a la població.
3. Eliminar el tram estatal de recaptació del 0,7% de l'IRPF, equivalent al 20%.
4. Incrementar l'assignació per a fins socials del 0,7% a l'1% com a mesura per intentar acabar amb l'enquistament de la situació de pobresa, la major complexitat social i per revertir l'efecte de la inflació.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de juny de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Política Territorial
161/001026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a extender el régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo aplicables a los residentes
en los territorios extrapeninsulares a los supuestos de separación o divorcio y situaciones de dependencia, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Primero. El tradicional régimen de subvenciones al transporte de los españoles en los territorios extra peninsulares.
Consecuencia directa de la especial condición extra peninsular de los territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, desde mediados del siglo pasado se ha venido configurando un régimen de subvenciones al transporte de los españoles
residentes en dichos territorios 1.
1 Véanse como antecedentes de la legislación actual el Decreto-ley 22/1962, de 14 de junio, sobre subvención a los enlaces aéreos con las provincias de Canarias, Ifni y Sahara Español (BOE núm. 143, de 15 de junio de 1962), el Real Decreto
3269/1982, de 12 de noviembre, regulador de las certificaciones de residencia y liquidaciones para subvenciones al tráfico regular entre la Península, Canarias y Baleares (BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 1982) -actualizado por el Real Decreto
1291/1999, de 23 de julio (BOE núm. 190, de 10 de agosto de 1999) y el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre (BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 2001)- y la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 (BOE
núm. 307, de 24 de diciembre de 1987).
Segundo. Actual régimen jurídico.
Así, fruto de la evolución normativa, el régimen actual de bonificaciones a residentes en las regiones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla queda articulado de la siguiente manera:
1.o Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Islas Baleares y
en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2.o Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.o Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
4.o Resolución del Director General de Aviación Civil, de 30 de julio de 2014, por la que se establecen criterios para la aprobación de los contratos, convenios o acuerdos de cualquier tipo, con sus anexos, adendas o modificaciones,
susceptibles de generar la emisión de billetes subvencionados prevista en la disposición adicional 13.a de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 2.
5.o Resolución del Director General de Aviación Civil, de 26 de septiembre de 2014, por la que se establecen los precios de mercado aplicables en las liquidaciones de los billetes emitidos bajo contratos comerciales de venta directa o líneas
de crédito (a empresas, asociaciones, entidades del sector público, etc.) con tour-operadores, y se detalla el tratamiento aplicable a las reservas de grupos 3.
6o Resolución del Director General de Aviación Civil, de 24 de marzo de 2017, por la que se pospone el establecimiento de los precios medios de mercado al que se hace referencia en la Resolución de 30 de julio de 2014 que establece los
criterios para la aprobación de los contratos, convenios o acuerdos susceptibles de generar la emisión de billetes subvencionados al transporte aéreo de pasajeros 4.
7o Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
8.o Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los territorios no peninsulares con el resto del territorio nacional, de conformidad
con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
9o Real Decreto 332/2023, de 3 de mayo, por el que se regula la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Ceuta y Melilla.
Tercero. Condición legal para obtener el derecho.
En este sentido, cabe señalar que 'en estas bonificaciones el beneficiario es el residente en los indicados territorios no peninsulares' 5, siendo fundamental para obtener el derecho a bonificación el cumplir 'con la condición legal de ser
residente (...) mediante su inscripción en el padrón municipal' 6.
Cuarto. Supuestos particulares en los que no se aplica el régimen de bonificaciones.
Llegados a este punto, resulta necesario abordar una serie de supuestos particulares que repercuten directamente en el bienestar de las familias españolas. Son casos en los
2 https://www.transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/normativaresolucion.htm?id=NORMAT_7209&fcAct=Tue%20Aug%2003%2013:26:02%20CEST%202021&lang=gl
3 https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/pdf/E30E9184-80A4-40F8-9C46-34C894476AE4/144040/20140926Resoluci%C3%B3nDGACpreciosdemercado.pdf
4 https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/pdf/36D46AB1-D6D0-49D3-8910-ED59BC7FF767/144039/20170324Resolucionprorroga.pdf
5 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 807/2022, de 12 de junio de 2022.
6 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1153/2021, de 13 de diciembre de 2021.
que, aunque sería necesario, el referido régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo no se aplica, a saber:
1. Supuestos de separación o divorcio (artículos 90 y siguientes del Código Civil) en los que hay hijos menores de edad y/o en situación de dependencia, cuando:
a) El padre no custodio haya fijado su residencia fuera de los mencionados territorios no peninsulares, en los momentos en los que tenga reconocido el derecho de visitas según el régimen que, en sede judicial, se haya establecido.
b) El padre tenga atribuida la custodia compartida y, durante los periodos de no convivencia con los hijos menores, resida en lugar distinto al de los mismos.
c) El menor no emancipado que resida con uno de los padres (o tutor o guardador) quiera visitar al otro padre no residente en territorio peninsular.
En este sentido, cabe recordar que el Código Civil establece en su artículo 92.1 que la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos. Y, a este respecto, el Tribunal Supremo ha recalcado
la necesidad de que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea 7.
2. Supuestos en los que haya un ascendiente en primer grado en situación de dependencia residente en territorio no peninsular.
Quinto. La existencia de agravios comparativos.
La exclusión del régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo en los supuestos mencionados supra evidencia la existencia de un agravio comparativo entre las familias españolas con
miembros residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y aquellas que no los tienen.
Sexto. Conclusión
Así pues, resulta necesario que el Estado adopte las medidas necesarias para impedir que las familias españolas se vean directamente perjudicadas por razón del lugar de residencia de alguno de sus miembros, en los casos anteriormente
expuestos. En definitiva, todas las políticas públicas deben adoptarse con una perspectiva de familia, de forma que se atiendan las necesidades y problemas de estas. El Estado debe aumentar la inversión en las familias, fomentar las condiciones
para el fortalecimiento de los hogares y proteger las relaciones paternofiliales.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas pertinentes a efectos de extender el régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo a los siguientes
supuestos:
1.o Padre no custodio con derecho de visitas o que tenga atribuida la custodia compartida de un hijo menor no emancipado y/o en situación de dependencia, y no sea residente en Canarias y Baleares, Ceuta o Melilla, en aplicación de un régimen
de visitas o de custodia establecido judicialmente que le exija viajar a dichos territorios extrapeninsulares.
2.o Menor no emancipado no residente en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla que quiera visitar al padre no custodio o que tenga atribuido sobre él un régimen de custodia compartida, siempre que el padre sea residente en dichos territorios
extrapeninsulares.
7 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 3217/2015, de 15 de julio, fundamento jurídico tercero. También como se indicaba en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres núm. 185/2014, de 12 de septiembre de 2014, el derecho de visitas
'es una obligación o función social derivada la paternidad y, sobre todo ello, un derecho del hijo a relacionarse con su padre'.
3.o No residente en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla con un ascendiente en primer grado en situación de dependencia residente en dichos territorios extrapeninsulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2024.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jorge Campos Asensi y Carina Mejías Sánchez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Rocío de Meer Méndez, Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regeneración de la costa de Balerma, para su discusión en la Comisión de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Balerma, pedanía del municipio de El Ejido (Almería), con una población superior a 4.000 personas 8, se ha destacado tradicionalmente por su actividad pesquera y, actualmente, por su agricultura intensiva bajo plástico 9. Cuenta con una
playa urbana de fácil acceso, que se extiende desde el límite de Guardias Viejas hasta Balanegra, con una longitud total de 2.090 metros 10. La playa está constituida por piedras de pequeño tamaño y origen volcánico, caracterizadas por su color
oscuro 11.
Esta playa era una de las 32 playas almerienses galardonadas con la Bandera Azul 12, otorgada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que certifica el cumplimiento de estrictos requisitos de información y educación
ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, además de la marca de garantía 'Q de Calidad Turística', concedida por el Instituto de Calidad Turística Española. Sin embargo, durante el verano de 2022 ante el estado de
deterioro progresivo de la playa de Balerma y la falta de medidas efectivas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, varios vecinos de la localidad izaron una bandera negra en señal de luto 13. Esta acción
simbólica refleja la profunda preocupación de la comunidad por la continua degradación de su playa y la aparente inacción gubernamental para abordar y solucionar esta problemática de manera adecuada y definitiva.
Debido a sus aguas tranquilas, su accesibilidad y la amplia gama de servicios que ofrece es una playa de gran atractivo turístico que tiene una ocupación alta y una gran afluencia de turistas en los meses de verano. Cuenta con paseo
marítimo y gran variedad de servicios como club náutico, chiringuitos a pie de playa, instalaciones deportivas o áreas infantiles 14.
El deterioro progresivo de la playa de Balerma conlleva serias implicaciones para la seguridad de los vecinos. La erosión y la pérdida de arena han permitido que el mar impacte directamente contra el paseo marítimo, provocando su
destrucción parcial, como
8 https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos.htm?CodMuni=04902
9 https://www.escapadarural.com/que-hacer/balerma#:~:text=En%20la%20actualidad%2C%20la%20actividad,industrial%20relacionada%20con%20el%20mar
10 https://playasalmeria.es/playa-de-balerma/
11 https://bicheandoalmeria.com/playas/playa-de-balerma
12 https://www.banderaazul.org/index.php/criterios-playas
13 https://elejido.ideal.es/elejido/bandera-negra-ondea-senal-luto-puertas-junta-20230912224648-nt.html
14 https://turismo.elejido.es/?p=7516
ocurrió en el último temporal 15. Esta situación no solo compromete la integridad de la infraestructura pública, sino que también pone en grave peligro las viviendas situadas en primera línea de costa. La falta de una solución definitiva
para estabilizar y regenerar la playa aumenta el riesgo de daños significativos a la propiedad privada y la seguridad de los residentes en cada episodio de temporal, subrayando la necesidad urgente de intervención por parte de las autoridades
competentes.
La playa de Balerma presenta una problemática particular: durante los temporales, el mar invade la zona seca de la playa, provocando un deterioro progresivo que no ha sido abordado con responsabilidad por la Administración, la cual ha
aplicado soluciones transitorias que no resuelven de manera definitiva esta cuestión. En respuesta a esta problemática, se han elaborado numerosos informes, destacando entre ellos el 'Análisis del tramo de costa occidental del campo de Dalias,
entre las playas de Balanegra y la Punta del Moro' realizado en 2019 por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 16.
En junio de 2022 se publicó el pliego de bases para la contratación de asistencia técnica para la redacción del 'estudio de soluciones y proyecto de recuperación ambiental desde la rambla de Balanegra hasta el espigón de Peña del Moro' 17,
siendo adjudicado a la empresa ACADAR, Ingeniería y Consultoría, S.L. por 82.000,00 euros 18. Dicho pliego de bases manifiesta que, a lo largo de los años, se han producido erosiones sucesivas en este tramo debido principalmente a la ocupación
urbanística de la trasplaya y la playa, la falta de material, y la proximidad del muro del paseo marítimo a la orilla, lo que expone al muro de defensa al impacto directo del oleaje y provoca el desplazamiento de la arena. Como respuesta a estas
dificultades, el documento indica que se han ejecutado medidas como la construcción de un muro de defensa y un paseo marítimo en 1986, junto con la aportación de 130.000 metros cúbicos de arena para el recrecimiento de la playa, así como
aportaciones periódicas de arena para regenerar la playa. Paralelamente, se adjudicó a la sociedad Tecnoambiente, S.L. el 'Estudio de caracterización sedimentológica y bionómica de zonas en aguas profundas de Almería. Tramo: Rambla de
Balanegra-Espigón Peña del Moro' por un importe de 688.690,50 euros 19.
A la fecha, ninguno de los estudios finales referidos se ha publicado, y no se han ejecutado medidas definitivas. La Dirección General de Costas sigue recurriendo a aportaciones periódicas de arena para ensanchar la playa 20, las cuales se
disipan debido a los temporales, como se ha evidenciado en la pérdida de 23.500 metros cúbicos de arena en un mes y medio 21.
Por otro lado, la 'Mesa de Trabajo por la recuperación del litoral balermero', constituida en 2021 por el Club Náutico de Balerma e integrada por representantes de intereses civiles y empresariales, ha señalado que el informe de alternativas
del proyecto para la solución definitiva lleva meses de retraso, alegando la necesidad de elaborar estudios adicionales sobre los lechos marinos para tomar un millón de metros cúbicos de arena 22. Las prórrogas solicitadas por Costas se han
cumplido sin reducción de los plazos 23. Asimismo, los vecinos de la zona, que llevan años observando la regresión de su playa y la amenaza a sus explotaciones agrarias y casco urbano, se han manifestado en numerosas ocasiones. Ejemplos de estas
manifestaciones son las realizadas el 14 de abril y el 10 de mayo, bajo
15 https://elejido.ideal.es/elejido/ultimo-temporal-viento-20190728181359-nt.html
16 https://balerma.es/estaticos/2019/05/190529_informe_CEDEX.pdf
17 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/5155d5e9-4936-4faf-8092-0291e7d4936a/DOC2022070512540000+04-0369+PPT.pdf?MOD=AJPERES
18 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjPU1ywnIMs92DfFMjAsMMwl3NcyIDym1t9Qtycx0BrPmevg!!/
19 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjy90iwry8TVyTTZ3KIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAQ4hwIg!/
20 https://www.diariodealmeria.es/provincia/el_ejido/estudio-yacimientos-marinos-Balerma-finalizacion_0_1875713590.html
21 https://elejido.ideal.es/elejido/deterioro-playa-balerma-foco-politico-20240406230814-nt.html
22 https://elejido.ideal.es/elejido/club-nautico-balerma-20210602185524-nt.html
23 https://www.larazon.es/andalucia/almeria/balerma-moviliza-recuperar-playa_202404086613867c5e1b1f0001345978.html
el lema 'la mar se traga Balerma', denunciando la falta de una solución definitiva y la previsión de nuevas descargas de arena que obstaculizarán el acceso a la playa 24.
En definitiva, la playa de Balerma está desapareciendo; mientras, los sucesivos Gobiernos no han implementado una solución estructural y definitiva. El trasvase continuado de arena y la aportación de sacos geotextiles de contención no son
más que parches costosos que evidencian el abandono y desinterés hacia la costa almeriense. Esta regresión está afectando negativamente al turismo, empleo, economía e imagen de esta pedanía.
Desde el Grupo Parlamentario VOX se considera urgente que la Dirección General de la Costa y el Mar y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asuman su responsabilidad y ejecuten un proyecto urgente para la
regeneración y estabilización de la costa de Balerma.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las medidas necesarias para ejecutar con urgencia un proyecto de regeneración y estabilización de la costa de Balerma.
2. Desarrollar los planes e infraestructuras necesarias para garantizar una solución definitiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001042
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento y apoyo a la Economía Azul, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 97% del agua del planeta está en los océanos. Aunque la mayoría de los seres vivos estemos en tierra, necesitamos ese agua para sobrevivir. El ciclo del agua es el motor de vida del planeta.
Para los humanos, los océanos son clave. El 40% de la población global vive cerca de las costas, un porcentaje que se estima irá en aumento en las próximas décadas.
Y el pescado es una de las fuentes de alimento más importantes (suma el 17% de todas las proteínas ingeridas en el mundo y más del 50% en los países en vías de desarrollo). De hecho, más de 260 millones de personas trabajan directamente en
la pesca y la acuicultura y la ONU estima que las actividades económicas ligadas a los océanos generan entre tres y seis billones de dólares al año.
Los océanos se acidifican hoy en día a un ritmo sin precedentes y es prácticamente seguro que la principal causa es la captación de CO2 de origen antropogénico, dado que el océano ha capturado aproximadamente una cuarta parte de las
emisiones de CO2 desde el comienzo de la era industrial.
Por ello, debemos apostar por la conservación, restauración y adaptación de nuestros mares, por el valor que tienen como reguladores del clima, del mantenimiento de nuestro bienestar y por la fuente de riqueza que presentan para muchos
sectores de nuestra
24 https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/274079/la-ola-de-protesta-por-el-estado-de-la-playa-de-balerma-vuelve-a-costas
economía, como es el sector pesquero, cumpliendo así con los ODS 8, ODS 9,ODS10, ODS12, ODS13 y ODS14.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:
1. A seguir con las medidas de fomento y apoyo a la Economía Azul en nuestro país como sector estratégico a nivel social, económico y medio ambiental.
2. Asimismo, en colaboración con todas las instituciones competentes, prestar apoyo y las ayudas necesarias para seguir fomentando el desarrollo de los sectores de la Economía Azul en nuestro país, como elemento tractor de desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-Daniel Senderos Oraá, Ana Cobo Carmona, María Luisa García Gurrutxaga, Andreu Martín Martínez, Carmen Martínez Ramírez, Álvaro Morales Álvarez y Gonzalo Redondo Cárdenas,
Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/001033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la cultura amateur, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Teatro no profesional, en adelante teatro asociativo, es un complejo y extenso sector dentro de las Artes Escénicas. Es difícil cuantificar, hoy en día, el número de colectivos que se dedican anualmente a esta práctica. Según los
últimos trabajos de las entidades del sector, se ha llegado a la conclusión de que pueden existir, aproximadamente, unos 2.500 grupos que se dedican a las artes escénicas de forma asociativa y no profesional.
Este acceso a la cultura global pasa necesariamente por fomentar la experiencia creadora e incluir a los ciudadanos como agentes transformadores. También buscan potenciar las capacidades creativas de los contribuyentes, como ocurre en otros
países de nuestro entorno. En Italia y Francia el tejido amateur de las Artes Escénicas alcanza los 10.000 y 12.500 colectivos respectivamente. Muy lejos de los 2.500 con los que contamos en nuestro país.
Desde el punto de vista político, en el año 2015, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley de fomento del Teatro Amateur (PNL 161/003634). En esta proposición, la Administración General del Estado reconoce al teatro
amateur, su aportación al teatro en su dimensión social, educativa y anhelo de favorecer el derecho de acceso a la cultura. También el Plan General del Teatro, primero en 2007 y posteriormente en su revisión de 2011, incluye entre otras medidas
'fomentar el teatro no profesional especialmente desde las administraciones locales, potenciando la formación, facilitando espacios de exhibición para las compañías no profesionales y promoviendo intercambios y encuentros a todos los niveles'.
Además, el teatro amateur se encuentra representado en el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, órgano de participación y asesoramiento del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM),
donde están las asociaciones más importantes del sector, las comunidades autónomas, la FEMP y expertos de reconocido prestigio.
En el año 2019, el Consejo Estatal aprobó la creación de una Mesa sobre el Teatro Amateur, en la que fueron representados los agentes más relevantes respecto al sector, como la Confederación Española de Teatro Amateur (ESCENAMATEUR), la
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) o la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública (REDESCENA), entre otros. Uno de los objetivos de la citada mesa fue la búsqueda de
una definición un poco más esclarecedora acerca de lo que se entiende por teatro aficionado, comunitario y no profesional. Esta mesa de trabajo acordó que es más adecuado hablar de teatro 'asociativo' que aficionado, amateur o no profesional, ya
que se define como aquel teatro realizado dentro del sector cultural terciario, del ámbito sociocultural y educativo, no profesional ni lucrativo, diferente del teatro gremial o de especialistas, que se realiza de forma desinteresada, con la
intención de comunicar y manifestarse a través del teatro, para el desarrollo personal dentro de un grupo, en el marco del ocio y el tiempo libre, la educación o los servicios sociales, y donde prima el proceso para producir o construir en
colectividad.
El teatro popular se refiere a la práctica teatral forjada por gente con vocación dramática (aficionados), que espera dar curso a lo mágico y lúdico del ser humano desde sus propias vivencias; la otra es la presencia de dramaturgos
contemporáneos que recogen los acontecimientos que el pueblo vive en los respectivos períodos.
De acuerdo con esta definición, se distinguen hasta tres manifestaciones teatrales que se dan en el seno del sector; el aficionado (teatro asociativo con fines lúdicos que crea lazos de comunidad y que se desarrolla en el marco del ocio y
el tiempo libre), el formativo o pedagógico (teatro asociativo que utiliza las artes escénicas como medio para formar o perfeccionar habilidades, así como el desarrollado desde la perspectiva del ocio, dentro de los Centros Educativos -secundarios,
universitarios y de otras enseñanzas superiores, y donde, generalmente, prima un componente pedagógico ligado a lo artístico) y el social o comunitario (teatro asociativo que utiliza las artes escénicas como medio para concienciar, empoderar o
tratar un hecho traumático, y que se enmarcaría en el Tercer Sector).
Dado lo heterogéneo del sector, existen muchos y muy variados tipos de agentes intervinientes necesarios para la práctica asociativa. Entre los agentes directos se podrían aglutinar los grupos de teatro -efímeros o consolidados-, los
universitarios de escuelas superiores de Arte Dramático o los aficionados, constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro; los agentes directos circunstanciales, como proyectos lectivos, culturales o los desarrollados en el seno de asociaciones
sociales o religiosas; así como los agentes indirectos o de respaldo, donde se enmarcan las administraciones públicas, fundamentalmente de proximidad, aulas culturales, asociaciones de estudiantes, federaciones teatrales, espacios culturales de
proximidad, los centros educativos, entre otros; sin olvidar, los relacionados con la exhibición, como ayuntamientos, diputaciones, teatros de titularidad pública, circuitos alternativos o privados, las Entidades de Gestión de Derechos, otras
asociaciones profesionales del sector, como las de autores (ATT) o la de directores de escena (ADE), así como pequeñas y medianas empresas del sector (iluminadores, escenógrafos, utileros, transporte, comunicación) que son proveedores directos del
sector. Es por ello por lo que, aunque en estas actividades no existe una repercusión en el empleo de forma directa, hay una importante aportación al sistema productivo de las artes en vivo.
En 2023 hubo 26.000 representaciones, reuniendo cada año en las salas a casi 4.000.000 de espectadores según el primer gran estudio sobre teatro amateur en España.
El conjunto de la facturación de estas asociaciones teatrales se situaría en el 7.º puesto del ranking de facturación de las artes escénicas del Estado. Unos ingresos que en su inmensa totalidad van a parar a la contratación de servicios
profesionales escénicos, ya que el 89% de las compañías contratan al menos uno de ellos (iluminación, dirección, diseño, escenografía o vestuario).
Estos datos ponen de manifiesto que es a todas luces estéril e inexistente buscar una confrontación o competencia entre el teatro asociativo y el profesional, ya que ambos, pueden y deben convivir, coexistir y desarrollarse con todas las
garantías y el apoyo institucional que sea posible, como sectores que se retroalimentan dentro del mismo ecosistema cultural. Por ello, es importante que el teatro asociativo, amateur, se diferencie en objeto y metodología del teatro profesional
para evitar que existan prácticas perjudiciales a ambos sectores. Entre los objetivos diferenciadores del teatro asociativo es importante reseñar que este favorece el derecho de acceso a la cultura, especialmente en lugares con recursos muy
limitados; acerca la manifestación teatral a pequeñas localidades donde no existe la posibilidad de que lleguen grupos profesionales de manera continua (tanto por cuestiones económicas como de inexistencia de infraestructuras); constituye una
auténtica escuela de teatro en muchos territorios y ámbitos, en especial, en el mundo rural; impulsa la creación, la exhibición, la diversidad de géneros artísticos y el conocimiento de autores dramáticos, sin la investigación del rendimiento
económico; contribuye a la difusión y animación sociocultural del teatro, así como a la generación de nuevos públicos, suponiendo, en su mayoría, un primer estadio de acercamiento a las artes escénicas para los futuros profesionales; es una
actividad sin ánimo de lucro, ya que, según la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en su artículo 12.2 indica que 'los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga
relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo'.
El Teatro Asociativo es 'una casa de vida' como indica el teórico estadounidense Percy MacKaye: una casa en la que desarrollar un repertorio ligado a la identidad de los colectivos, alimentado de obras de autores consagrados y noveles, pero
también para impulsar otras experiencias, desde el Teatro infantil al Teatro Social. Un sector desde el que profundizar en la mejora de conceptos tan importantes como progreso, ocio, democracia o ciudadanía.
A este ecosistema, se le une nuestra gran tradición literaria en la obra teatral, que nos ha dejado referentes mundiales que siguen representándose en la actualidad.
Destacamos:
- La Vida es Sueño. El escritor Pedro Calderón de la Barca dio a conocer esta obra en 1635, la cual habla sobre un príncipe desterrado de su reino por su propio padre, debido a una profecía fatal. Lo que vuelve tan interesante a esta
puesta en escena, son los temas filosóficos y religiosos que componen su trama, abarcando tópicos de religiones tan variadas como el hinduismo, el budismo y las tradiciones judeocristianas, entre otros.
- Fuenteovejuna. El dramaturgo Lope de Vega escribió esta obra teatral durante el llamado Siglo de Oro Español. Está protagonizada no por un personaje principal, sino por todos los habitantes de un pueblo de nombre Fuenteovejuna. La
acción se desarrolla cuando, cansados de los abusos de su señor, deciden rebelarse y buscar venganza.
- La primera edición de este clásico del teatro, es celosamente conservado dentro de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y hoy es uno de los guiones en español con más representaciones.
- La Celestina. Publicada originalmente con el nombre de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, es una obra que escribió Fernando de Rojas mezclando los géneros de drama y novela.
- La Casa de Bernarda Alba. Esta obra teatral de tres actos fue escrita por Federico García Lorca en 1936 y publicada nueve años después, convirtiéndose en un gran éxito. En ella conocemos a doña Bernarda Alba, rigurosa mujer que después
de la muerte de su esposo, amarga la vida de sus cuatro hijas al obligarlas a guardar luto por ocho años.
- Don Juan Tenorio. Se trata de una de las obras más representativas del siglo XIX, escrita por José Zorrilla. Cuenta la historia de don Juan, hombre libertino y seductor que hace una apuesta con su amigo Luis Mejía, provocando el
escándalo de la sociedad.
Sin embargo, el desarrollo de la actividad asociativa tiene un desarrollo desigual en el territorio nacional. Hay un amplio número de representaciones de teatro popular en Navidad y en Semana Santa, o que se realizan anualmente en fechas
muy determinadas (El Tenorio Mendocino de Guadalajara; el Tenorio de Sevilla, El alcalde de Zalamea en Zalamea; Fuenteovejuna en Fuente Obejuna; El águila blanca en Alburquerque; los espectáculos de Pastorets en Cataluña; El desembarco viquingo
de Catoira, etc.). Sin embargo, en relación con las programaciones estables de teatro asociativo, su implantación es bastante irregular; existen, al menos, 150 programaciones específicas de carácter nacional, donde tan solo, la suma de los eventos
realizados en Extremadura, Asturias, Cataluña y Comunidad Valenciana, representan dos tercios del total. Esto ofrece una idea de la desigualdad con relación a las programaciones de Teatro Asociativo en el conjunto del Estado. Si tenemos en cuenta
los datos ofrecidos por la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, a través de una encuesta realizada a sus socios, arroja datos sobre las programaciones de teatro asociativo en los teatros públicos. De esta
manera, de los datos recogidos se constata que prácticamente todos, con un 98% de respuestas afirmativas de los encuestados, programan este tipo de teatro dentro de eventos específicos sobre teatro aficionado, como pueden ser certámenes o muestras
locales y/o autonómicas, y, además, estas funciones no superan el 20% del total de su programación anual.
A nivel internacional, sin embargo, el sector ofrece datos de una mayor implantación e integración en las políticas públicas de los distintos Estados de la Unión Europea. Sirva como ejemplo, el de Alemania o el de Italia, con sendas
organizaciones independientes pero que trabajan directamente con los Ministerios de Cultura y Educación, el de Familia y Servicios Sociales o el Trabajo, en proyectos de integración del teatro en las escuelas, en sus valores sociales, pedagógicos o
como alternativa laboral, así como para reducir las desigualdades sociales y territoriales, con cerca de 3000 colectivos formales en cada uno de estos países. Del mismo modo, la Confederación ESCENAMATEUR ha desarrollado una Red Europea de Teatro
Aficionado en Español, en colaboración con distintos colectivos universitarios europeos, para difundir la autoría española en el ámbito académico de la Unión Europea.
Por ello, y con el análisis pormenorizado de la realidad estatal e internacional, podemos identificar distintas problemáticas que atraviesan estos colectivos en la actualidad: la falta de planes estratégicos a nivel autonómico y nacional
para visibilizar y promocionar la actividad teatral que desarrollan; la falta de financiación y ayudas para el desarrollo de su actividad, las dificultades para el acceso a espacios de ensayo, almacenamiento, equipamientos técnicos y lugares de
encuentro o la falta de acceso a las programaciones de los teatros públicos. En definitiva, estas problemáticas ponen de relieve la inexistencia de una planificación armonizada del sector asociativo dentro de las distintas políticas públicas que
invisibilizan una actividad de amplia implantación en el Estado.
De acuerdo con la anterior Exposición de motivos, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las medidas de apoyo y fomento del teatro amateur a través del desarrollo de las medidas ya contempladas en el Plan General del Teatro 2007 para el Teatro Amateur:
a) Diseñar y poner en marcha medidas específicas de fomento y ayuda al teatro asociativo, con una partida económica incluida en los Presupuesto Generales del Estado, para:
i. Organizar jornadas, encuentros, debates y otros eventos que faciliten un intercambio enriquecedor entre las distintas organizaciones regionales, nacionales o de la Unión Europea de teatro asociativo.
ii. Promover la colaboración del teatro asociativo en la difusión de los autores teatrales y sus obras, estableciendo relaciones de cooperación mutua con los autores y las entidades que los representan o gestionan sus derechos de propiedad
intelectual.
iii. Elaborar distinciones específicas que faciliten la labor de los programadores de eventos de teatro asociativo.
iv. Facilitar la creación de programas nacionales de residencias para jóvenes artistas y profesionales egresados de las Escuelas Superiores de Arte Dramático, en áreas rurales o con alto grado de despoblación, con el doble objeto de la
creación y la dinamización comunitaria.
2. Elaborar un código de buenas prácticas, avalado por el INAEM y dirigido, fundamentalmente, a las administraciones de proximidad (locales, diputaciones autonómicas) que son las que tienen las competencias, por lo general, sobre el teatro
asociativo para:
a) Facilitar espacios públicos e infraestructuras adecuadamente dotadas (locales equipados: escenarios, cámara negra, camerinos, equipos de sonido e iluminación, etc.) en los que se puedan presentar los trabajos de los grupos y artistas
aficionados, así como convertir los centros culturales, recreativos o asociativos en lugares de creación y difusión cultural, dotándolos de los recursos necesarios para el desarrollo de todo tipo de programas y actividades, de forma análoga en el
conjunto del Estado.
b) Coordinar y articular las manifestaciones teatrales realizadas por compañías aficionadas en el territorio español.
c) Potenciar mediante medidas concretas la colaboración de los colectivos en la difusión del teatro en el ámbito de su entorno geográfico.
d) Crear canales de comunicación fluidos y puntos de encuentro entre las diferentes Federaciones de Teatro Asociativo y el sector profesional a través de sus respectivas Asociaciones de forma periódica con la interlocución del Ministerio de
Cultura o de las áreas responsables en cada Comunidad Autónoma.
e) Organizar cursos y seminarios para el desarrollo y adquisición de técnicas teatrales por parte de los integrantes de estos grupos.
f) Desarrollar políticas de visibilización del teatro asociativo para fortalecer su impacto social y difusión cultural, a través de circuitos y programaciones estables de carácter autonómico.
g) Impulsar a través de la FEMP la difusión y comunicación del referido código de buenas prácticas.
h) Crear un catálogo en línea nacional para la selección de salas de teatro en función de las necesidades técnicas y de aforo de la obra proyectada.
3. Realizar un estudio actualizado y pormenorizado, en colaboración con entidades del sector e Instituto Nacional de Estadística, que sirva para conocer en cifras y porcentajes el impacto social y económico del teatro asociativo en España,
atendiendo al número de implicados en su actividad.
4. Proponer la definición de un marco jurídico acorde a la actualidad del Teatro Asociativo.
5. Realizar las medidas de apoyo y fomento de las artes escénicas en los ámbitos educativo y social:
a) Coordinar con las administraciones educativas el diseño y puesta en marcha de medidas específicas de fomento y ayuda a colectivos y centros educativos para la integración de las Artes Escénicas como complemento al currículo formativo, con
una partida económica incluida en los Presupuesto Generales del Estado.
b) Incluir módulos o especialidades formativas en los Programas de Cualificación Profesional, dedicadas al teatro asociativo, previa modificación del Catálogo de Cualificaciones Profesionales (CNCP), así como en la interrelación con el
ámbito universitario y de las Enseñanzas Superiores Artísticas de Arte Dramático.
c) Elaborar distinciones específicas que reconozcan la labor de los Centros Educativos en su fomento de las Artes Escénicas, así como la colaboración de estos con el tejido profesional y/o asociativo de la comunidad de referencia.
d) Contemplar la figura del 'voluntario teatral' amparado legalmente para favorecer la organización de las artes escénicas amateur y la dinamización de las áreas rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Jaime Miguel de los Santos González, José
Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Manuel García Félix y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación del Instituto Español
de Seguridad en IA, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las tecnologías más prometedoras y transformadoras de nuestro tiempo. Sin embargo, su rápido desarrollo y adopción plantean desafíos significativos en términos de seguridad, ética y
responsabilidad. La colaboración internacional es esencial para garantizar que la IA se desarrolle de manera segura y beneficiosa para toda la humanidad.
En este sentido, el 21 de mayo de 2024, líderes globales acordaron la creación de la primera red internacional de Institutos de Seguridad en IA, bajo el amparo de la Declaración de Seúl. La declaración firmada en la Cumbre de IA de Seúl
subraya la importancia de una cooperación internacional reforzada para desarrollar una IA centrada en el ser humano y digna de confianza. Además, permitirá compartir información sobre modelos de IA, sus limitaciones, capacidades y riesgos, así como
monitorear incidentes de seguridad específicos. Entre los firmantes de esta nueva red de Institutos de Seguridad de la IA figuran Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Japón, Corea del Sur, Australia y Canadá.
El Reino Unido ha sido pionero en este campo al lanzar el primer Instituto de Seguridad en IA del mundo durante la Cumbre de Seguridad en IA en Bletchley Park. El Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y la Secretaria de Estado de
Ciencia, Innovación y Tecnología, Michelle Donelan, han destacado la importancia de esta iniciativa para asegurar que la IA pueda desarrollarse de manera segura y responsable. Han subrayado que la colaboración internacional es fundamental para
abordar los riesgos y aprovechar las oportunidades que presenta la IA.
La UE, una vez aprobada la Ley de Inteligencia Artificial (Al Act), puso en marcha su Oficina de IA. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en la
Cumbre sobre seguridad de la IA del año pasado, que la Oficina de IA tendría y debería tener una 'vocación global' para poder 'cooperar con entidades similares de todo el mundo'.
Esta cooperación internacional es fundamental para abordar los grandes desafíos globales y proteger los derechos humanos, además de cerrar las brechas digitales a nivel mundial. España debe unirse a esta iniciativa y jugar un papel activo
en la red internacional de Institutos de Seguridad en IA, que permitirá a nuestro país estar a la vanguardia de la innovación tecnológica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adherirse a la Red Internacional de Institutos de Seguridad en IA establecida bajo la Declaración de Seúl, colaborando activamente con los demás países y la Unión Europea en la investigación, desarrollo y establecimiento de estándares de
seguridad en IA.
2. Crear un Instituto de Seguridad en IA en España, siguiendo el modelo del Reino Unido, con el objetivo de coordinar los esfuerzos nacionales e internacionales en la seguridad de la inteligencia artificial, contando con financiación
pública adecuada.
3. Fomentar la cooperación y el intercambio de información entre el Instituto de Seguridad en IA español y los institutos internacionales, compartiendo conocimientos sobre modelos de IA, sus limitaciones, capacidades, riesgos y monitoreando
incidentes de seguridad.
4. Promover un enfoque basado en el riesgo en la gobernanza de la IA, asegurando que su diseño, desarrollo, despliegue y uso sean seguros y confiables, protegiendo los derechos humanos.
5. Desarrollar programas de formación y capacitación en seguridad en IA para investigadores, desarrolladores y profesionales del sector, asegurando que España cuente con el talento y las competencias necesarias para liderar en el ámbito de
la seguridad en IA'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2024.-Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Jaime Eduardo de Olano Vela, Laura María Lima García, José Enrique Núñez Guijarro, Pedro Puy Fraga, Jimena Delgado-Taramona
Hernández, Tristana Moraleja Gómez, María Pilar Alía Aguado, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Francisco José Conde López, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela, Cristina Teniente Sánchez y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción de la cultura de la
innovación en la sociedad, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Fomentar una cultura de la innovación es fundamental para el desarrollo sostenible y el progreso social de cualquier país. En España, la promoción de la cultura de la innovación debe ser una prioridad para asegurar que la sociedad en su
conjunto adopte una
mentalidad proactiva hacia la innovación y el emprendimiento. Esto implica no solo el fortalecimiento del sistema educativo y la capacitación continua, sino también la sensibilización y el compromiso de todos los sectores de la sociedad.
Una cultura de la innovación se caracteriza por la apertura al cambio, la valoración de la creatividad y el espíritu emprendedor. Para cultivarla, es esencial que desde una edad temprana se promuevan habilidades como el pensamiento crítico,
la resolución de problemas y la colaboración. Los sistemas educativos deben adaptarse para incluir métodos de enseñanza que incentiven la curiosidad y la experimentación, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. Además,
es importante que el sector empresarial, las instituciones públicas y la sociedad civil trabajen conjuntamente para crear un entorno favorable a la innovación. Esto incluye la creación de redes de colaboración, el apoyo a iniciativas emprendedoras
y la difusión de buenas prácticas y casos de éxito. La visibilidad de los logros en innovación puede inspirar a más personas a participar activamente en el desarrollo de nuevas ideas y proyectos.
España tan sólo ha alcanzado un gasto en l+D del 1,44%, lejos del objetivo del 2% y de los países que dedican más recursos dedican a investigación y desarrollo y lejos de la media de la UE (2,24%). Invertimos la mitad que Bélgica,
Finlandia, Alemania, Dinamarca, tres veces y media menos que Korea del Sur, dos veces y media menos que Japón y EEUU.
Además, el 56,25% de la inversión en l+D de España en 2022, procedía del sector empresarial, muy lejos del 80% de Irlanda, el 73% de Suecia o Bélgica o el 67% de la UE
La promoción de la cultura de la innovación también requiere el compromiso de los medios de comunicación y las plataformas digitales, que tienen un papel clave en la difusión de información y en la sensibilización de la población. Es
necesario que se destaque la importancia de la innovación en el desarrollo económico y social, y que se visibilicen las oportunidades y los recursos disponibles para los innovadores y emprendedores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar campañas de sensibilización y programas educativos que destaquen la importancia de la innovación y el emprendimiento.
2. Fortalecer los currículos escolares, incentivando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
3. Promover la creación de redes de colaboración entre el sector empresarial de innovación, las instituciones públicas y la sociedad civil.
4. Involucrar a los medios de comunicación y plataformas digitales en la difusión de información y la sensibilización sobre la importancia de la innovación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2024.-Juan Bravo Baena, Jaime Eduardo de Olano Vela, Pablo Pérez Coronado, Pedro Navarro López, María Sandra Moneo Díez, Mario Cortés Carballo, María Torres Tejada, Francisco José Conde
López, Juan Luis Pedreño Molina, Irene Garrido Valenzuela, María Jesús Moro Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique, Miguel Ángel Sastre Uyá y Rosa Quintana Carballo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la Internacionalización de las empresas innovadoras, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La internacionalización de las empresas innovadoras es un factor clave para el crecimiento económico y la competitividad de un país en el mercado global. En España, apoyar a las empresas innovadoras en su expansión internacional es
fundamental para aprovechar nuevas oportunidades de negocio, diversificar mercados y fortalecer el posicionamiento de nuestro país como un referente en innovación y tecnología.
Las empresas que logran internacionalizarse no solo incrementan su volumen de negocio, sino que también adquieren conocimientos y experiencias valiosas que contribuyen a su crecimiento y desarrollo. La internacionalización permite acceder a
nuevos clientes, establecer alianzas estratégicas, y obtener financiamiento y recursos en mercados más amplios. Además, fomenta la transferencia de tecnología y el intercambio de buenas prácticas, beneficiando a todo el ecosistema de innovación.
Sin embargo, el proceso de internacionalización presenta diversos desafíos, como el acceso a información sobre mercados extranjeros, la adaptación a normativas y regulaciones internacionales, y la competencia con empresas locales. Para
superar estos obstáculos, es esencial que las empresas cuenten con el apoyo y el asesoramiento adecuado por parte de las instituciones públicas y privadas.
La creación de programas de apoyo a la internacionalización, que incluyan asesoramiento, formación y facilidades para acceder a mercados extranjeros, es una medida necesaria para impulsar la presencia de las empresas españolas en el
exterior. Estos programas deben estar diseñados para atender las necesidades específicas de las pymes y de las empresas emergentes, que suelen enfrentar mayores dificultades en el proceso de internacionalización.
Asimismo, es importante fomentar la participación de las empresas innovadoras en ferias, misiones comerciales y eventos internacionales, donde puedan presentar sus productos y servicios, establecer contactos y explorar oportunidades de
negocio. La colaboración con organismos internacionales y la pertenencia a redes globales de innovación también son estrategias efectivas para potenciar la internacionalización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear programas de apoyo a la internacionalización que incluyan asesoramiento, formación y facilidades para acceder a mercados extranjeros a empresas innovadoras.
2. Diseñar estos programas para atenderlas necesidades específicas de las pymes y de las empresas emergentes.
3. Fomentar la participación de las empresas innovadoras en ferias, misiones comerciales y eventos internacionales.
4. Promover la colaboración con organismos internacionales y la pertenencia a redes globales de innovación para potenciarla internacionalización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2024.-Pablo Pérez Coronado, Juan Bravo Baena, Pedro Navarro López, María Sandra Moneo Díez, Mario Cortés Carballo, María Torres Tejada, Juan Luis Pedreño Molina, Irene Garrido Valenzuela,
María Jesús Moro Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique y Miguel Ángel Sastre Uyá, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación de un formato
único de curriculum vitae en las convocatorias de contratos y proyectos, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En el ámbito de la ciencia y la innovación, los investigadores, académicos y profesionales enfrentan una multiplicidad de formatos de curriculum vitae (CV) requeridos por diversas convocatorias de contratos y proyectos. Esta situación
genera una carga administrativa considerable, pues obliga a los candidatos a adaptar repetidamente su CV para cumplir con las especificaciones particulares de cada convocatoria. Esta adaptación constante no solo consume tiempo y recursos valiosos,
sino que también puede dar lugar a errores formales que, en última instancia, podrían excluir a candidatos altamente cualificados.
El proceso actual, caracterizado por la falta de uniformidad en los formatos de CV, introduce ineficiencias tanto para los solicitantes como para los evaluadores. Los solicitantes deben dedicar una cantidad significativa de tiempo y
esfuerzo para preparar sus CV de acuerdo con los diversos formatos, en lugar de concentrarse en su trabajo y en la preparación del contenido sustantivo de sus propuestas. Por otro lado, los evaluadores se enfrentan a la ardua tarea de revisar
currículos que varían ampliamente en estructura y presentación, lo que dificulta la comparación objetiva y equitativa de los candidatos.
Además, la heterogeneidad de los formatos puede llevar a la omisión de información relevante o a la presentación de datos de manera confusa, afectando negativamente la percepción del perfil del candidato. La implementación de un formato
único de CV contribuiría a solucionar estos problemas, al proporcionar un estándar claro y uniforme que todos los solicitantes deben seguir. Este formato único facilitaría la labor de los evaluadores, permitiéndoles concentrarse en el contenido y
los méritos de los candidatos, en lugar de en la forma de presentación de los datos.
Es importante reconocer que, debido a la diversidad de experiencias y perfiles profesionales, no siempre es posible que un único formato de CV capture con exactitud toda la información relevante para cada convocatoria. Por ello, es crucial
que el formato único sea lo suficientemente flexible y adaptable para permitir la inclusión de secciones adicionales o especificidades propias de cada ámbito profesional, sin perder la uniformidad básica que facilite su revisión y comparación.
La adopción de un formato estándar de CV también tiene el potencial de mejorar la transparencia y la equidad en el proceso de selección. Al asegurar que todos los candidatos presenten su información de manera uniforme, se minimizan los
sesgos derivados de las diferencias en la presentación y se promueve una evaluación basada en criterios objetivos. Esta medida, por tanto, no solo optimiza el uso de recursos, sino que también fortalece la confianza en el sistema de selección de
contratos y proyectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar y aprobar un formato único de curriculum vitae, flexible y adaptable, que sea de uso obligatorio en todas las convocatorias de contratos y proyectos financiados con fondos públicos, especialmente en el ámbito científico y
tecnológico.
2. Implementar una plataforma digital centralizada donde los profesionales puedan cargar y actualizar su CV, garantizando la accesibilidad y facilitando la verificación de la información por parte de las entidades evaluadoras'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2024.-Juan Bravo Baena, Jaime Eduardo de Olano Vela, Pablo Pérez Coronado, Pedro Navarro López, María Sandra Moneo Díez, Mario Cortés Carballo, María Torres Tejada, Francisco José Conde
López, Juan Luis Pedreño Molina, Irene Garrido Valenzuela, María Jesús Moro Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique, Miguel Ángel Sastre Uyá y Rosa Quintana Carballo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento e implantación de
programas y misiones formativas, a través de la AECID, a nivel agronómico en países en vías de desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de Motivos
El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, dado que favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, y por ello se promoverá el desarrollo de
tales actividades dentro de la ONU para contribuir al mantenimiento de la paz.
Además, se deben tener en cuenta algunos de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS's) necesarios para alcanzar un mundo mejor y más justo como:
- Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo.
- Objetivo 2: poner fin al hambre.
- Objetivo 8: promover el crecimiento económico y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países.
En ese sentido, España ha demostrado, a lo largo de su historia reciente, su compromiso y apuesta por la cooperación internacional con programas ambiciosos con el objetivo claro de alcanzar un futuro mejor para los países en vías de
desarrollo en los que nuestra cooperación está presente.
El acceso a la educación y a programas de prácticas sobre el terreno, adquiere una dimensión mayor y otorga un impacto importante y positivo sobre los territorios dónde se aplica. El knowhow que tenemos en el mundo occidental y los países
desarrollados debe continuar exportándose de forma altruista y con gran generosidad por parte de los países que tenemos el privilegio de contar con ciencia, tecnología y universidades de primer orden.
La Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, es el resultado de un trabajo conjunto para favorecer la cooperación, promocionando el apoyo a la educación como vector significativo para
el desarrollo del país receptor y como elemento fundamental para lograr que dichos países avancen de forma significativa hacia un futuro de paz, más digno y poder superar los umbrales de pobreza de sus sociedades.
Aun así, el último informe publicado por la UNESCO sitúa, en el año 2021, la cifra 250 millones de niños sin escolarizar en el mundo, siendo la mayor incidencia en los países del sur global.
Si nos fijamos en América Latina, el último informe de la OCDE, titulado 'Perspectivas económicas de América Latina', advierte de la importancia de la educación en el desarrollo económico de la zona, señalando que los países de esa región
deben invertir más en educación y competencias para crear mejores empleos y de mayor cualificación. Cerca del 43% de los hogares en América Latina tienen a todos sus miembros trabajando de manera informal y sin las necesarias garantías laborales.
Está claro que tenemos que asumir, aún más si cabe, esos compromisos desde los países desarrollados, de favorecer y ayudar, dentro del marco de la cooperación internacional, a que los países en vías de desarrollo, tengan mejor acceso a
programas educativos, formaciones prácticas y profesionales que les ayuden a impulsar unos mejores niveles de cualificación laboral e impulsen un desarrollo económico más esperanzador en cada zona, ayudando todo lo anterior a favorecer la
erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo. Es necesario e imperioso, vistos los datos de crecimiento de la población mundial, dónde pasaremos de 7.550 millones de habitantes en el mundo en 2017 a 11.184 millones en 2100, y más
concretamente en África, de 1.246 millones de personas en 2017 a 4.468 Millones en el año 2100 (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population División / 2017).
Por tanto, estos países, en vías de desarrollo, deben mejorar su productividad en aquellos sectores que pueden ofrecer crecimientos económicos que resulten dinamizadores de los territorios, tales como el sector agrícola con sus nuevas
técnicas hacia una transición verde, con el desarrollo de la biotecnología, la sanidad vegetal y las nuevas formas y técnicas de aprovechamiento eficiente del agua de riego, y del micro-riego.
Nuestra Cooperación Española es ejemplar, por ello, hemos de ser ambiciosos y proponer, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la inclusión de programas que conlleven misiones formativas a
nivel agronómico con ingenieros y técnicos agrónomos españoles para transmitir todo el conocimiento a estudiantes de escuelas agrarias y/o trabajadores del sector primario de países en vías de desarrollo de África Subsahariana y de países de América
Latina. De esta forma, se podrá transmitir todo el conocimiento y los avances que se han desarrollado en Europa, en el sector agrícola, de cara a producir de forma más responsable y con mejores garantías sanitarias productos de calidad para el
consumo interior y también de cara a la exportación. Esa transferencia del conocimiento generará un incremento en la cualificación de los estudiantes de agronomía y de los trabajadores del sector primario en esos países.
Todo ello redunda en productos más competitivos y atractivos para potenciar las economías locales y generar un incremento en la calidad de vida de sus habitantes. En definitiva, una ayuda importante para poder salir de los umbrales de
pobreza en los que se encuentran muchos países en pleno siglo XXI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar un programa, a través de la AECID, que conlleve la dotación presupuestaría, fomento e implantación de misiones formativas a nivel agronómico, en el que participen ingenieros agrónomos españoles y profesionales implicados en el
sector, para implementarlo en países en vías de desarrollo en los que nuestra cooperación está presente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2024.-Javier José Folch Blanc, Esperanza Reynal Reillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier Noriega Gómez, Carmelo Barrio Baroja, Raquel Clemente Muñoz,
Silvia Franco González, Macarena Lorente Anaya, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir al Ministerio del Interior
la revisión y actualización de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La Estrategia de Seguridad Vial 2030 es el marco nacional de referencia en materia de seguridad vial en España en el horizonte 2030. Dicha Estrategia es el resultado de un análisis de los principales indicadores de siniestralidad en las
carreteras y de las nuevas tendencias en materia de movilidad que están inmersas en un proceso de cambios continuos como consecuencia de la aplicación de los avances tecnológicos. Además, este marco de referencia debe dar cuenta del impacto real
que tienen las distintas medidas y políticas de movilidad puestas en marcha por la Dirección General de Tráfico en los últimos años, así como profundizar en su evaluación.
Analizando el balance de los siniestros registrados en las carreteras españolas durante el año pasado en el que fallecieron 1.145 personas, se puede comprobar que la cifra de siniestros mortales se mantiene igual que en 2022. Ello indica
que los objetivos que perseguía la DGT en cuanto a reducción drástica de los siniestros mortales no se ha producido, pues, tal y como se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, el promedio diario de fallecidos en carretera
en 2023 fue de 3,1 personas.
La Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 se comprometía a unos objetivos de reducción en un 50% del número de víctimas mortales y de lesionados graves por siniestros viales en nuestro país, sin embargo, los datos que se conocen distan mucho
de alcanzar tales propósitos. En el primer trimestre del año 2024 han fallecido en vías interurbanas 261 personas, 31 personas más que en el mismo periodo del año anterior, un dato que supone un incremento de un 16% en unas estadísticas en las que
la variación normal de la siniestralidad vial oscila aproximadamente en un 5%. En cuanto a personas heridas hospitalizadas durante este periodo como consecuencia de los siniestros han sido un total de 908 personas.
En este contexto, todo parece apuntar que las medidas del Plan de Actuación 2022- 2023 no están respondiendo a las expectativas o retos marcados por el Gobierno a la vista de unas cifras tras las cuales hay tragedias humanas. El Ministerio
del Interior, a través de la DGT, ha anunciado nueve medidas como reacción al repunte en el número de víctimas de accidentes de tráfico, sin que se conozca -al menos públicamente-, la evaluación de las posibles causas y sin anticipar cual podría ser
el impacto de estas nuevas medidas que se centran de modo principal en acciones de vigilancia, control y represión, pero no en el ámbito de la formación, información o concienciación. Así las cosas, parece que la intensificación de la vigilancia y
controles en autovías y autopistas o el aumento de controles de velocidad, de alcohol y de drogas es la única reacción por la que apuesta el Gobierno para contrarrestar las deficiencias que tiene su estrategia en la mejora de la seguridad vial.
El grado de cumplimiento del Gobierno con la Estrategia de Seguridad Vial 2030 es de aproximadamente un 30,77% -en base al informe de evaluación sobre la propia estrategia realizado por la DGT-. Ante esta situación y teniendo en cuenta que
no se han extraído conclusiones de utilidad para reducir considerablemente la siniestralidad vial, es imprescindible que el Gobierno elabore un nuevo Plan de Actuaciones para 2024-2025 en el que justifique la implantación de las nuevas medidas, así
como hacer públicos los estudios previos que las refrendan.
Por tanto, parece lógico que el Gobierno, no solo debe poner en marcha más medidas restrictivas y de control o de amenaza a la libertad de comportamiento de los conductores, sino que se debe hacer un análisis exhaustivo de aquello que sí ha
funcionado en la anterior Estrategia de Seguridad Vial 2011-2021 y qué no está funcionando en la actual Estrategia 2030 para que, mediante una actualización de esta, pueda identificar el paquete de medidas más eficiente y eficaz contra las conductas
viarias más peligrosas.
Además, los datos oficiales demuestran que la evolución de los ingresos totales por sanciones de tráfico va en aumento todos los años. Y sin embargo, no hay correlación con los datos de siniestralidad.
En este sentido, sorprende que, con una mayor recaudación para el erario, las infraestructuras para el transporte en carretera sean cada vez más deficientes, pues éstas tienen un impacto directo en la vida y bienestar de millones de
personas. Un reciente estudio de la Fundación CEA señala que más del 75% de los conductores considera que el estado del pavimiento de las carreteras es regular o malo, mientras que el 77% valora como deficiente la iluminación de las carreteras.
Todas estas cifras y consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de revisar los objetivos del decenio en materia de seguridad vial. El Gobierno, mediante un nuevo Plan de Actuación y la revisión de la Estrategia, tiene que hacer un
análisis profundo de las causas y el impacto en cuanto a los datos de siniestralidad. También, para implementar correcta y eficazmente las medidas, debe dedicar más esfuerzos a la gobernanza de la seguridad vial y contar con el conocimiento de los
sectores implicados, de la sociedad civil y si cabe, valorar los resultados de las estrategias de otros países vecinos europeos que puedan ser relevantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y actualizar de modo inmediato la Estrategia de Seguridad Vial 2030, contando con la participación de todos los agentes que participaron en el diseño de la misma.
2. Presentar la evaluación del cumplimiento de la Estrategia en relación con el bienio 2022-2023.
3. A la vista de lo anterior, elaborar a la mayor brevedad posible, un nuevo plan de actuaciones de Seguridad Vial para 2024-2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Ángel Ibáñez Hernando, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000395
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Carlos Floriano Corrales.
Texto:
¿El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dejado de considerar al gobierno de Hungría de extrema derecha, dado que priorizó una reunión con su homólogo húngaro el día 24 de junio en lugar de acompañar a S.M. el Rey Don
Felipe VI a su gira por Estonia y Lituania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.
181/000396
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: Carlos Floriano Corrales.
Texto:
¿Motivos por los que los días 23 y 24 de junio, el Gobierno no envió a un ministro a acompañar a S.M. el Rey Don Felipe VI a su gira por Estonia y Lituania, respectivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000394
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Joaquín Melgarejo Moreno y Rosa Quintana Carballo.
Texto:
¿Qué motivo obliga al Gobierno a guardar silencio sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña de aumentar las fronteras marítimas catalanas en lo que respecta a sus aguas interiores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno y Rosa Quintana Carballo, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000393
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada: Cristina Teniente Sánchez.
Texto:
¿En qué situación se encuentra la ejecución de la inversión prevista en la presa de Alcollarín en la provincia de Cáceres (Fase II) que tuvo un presupuesto de licitación de 1.790.667,02 euros y un plazo de ejecución de 48 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-Cristina Teniente Sánchez, Diputada.
Por acuerdo de la Mesa, adoptado en su reunión del día 25 junio de 2024, en aplicación de lo establecido en el artículo 189.3 del Reglamento de la Cámara, las iniciativas que se indican en relación aparte (preguntas con respuesta oral en
Comisión) pasan a tramitarse como preguntas con respuesta por escrito.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Núm. expte.: 181/000016
Núm. registro: 7229
Autor iniciativa: Argüelles García, Silverio (GP); Fernández González, María Mercedes (GP); Llamazares Domingo, Esther (GP).
Objeto iniciativa: Gestiones que ha impulsado el Gobierno para reanudar la autopista del Mar Gijón-Nantes.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 65, de 16 de enero de 2024, pág. 126.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011423.
Núm. expte.: 181/000077
Núm. registro: 16623
Autor iniciativa: Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP); Vázquez Jiménez, María del Mar (GP).
Objeto iniciativa: Medidas que va a diseñar e implementar el Ministerio de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al compromiso adquirido por la Ministra el 04 de marzo de 2024 de hacer que el Sistema Nacional de Salud esté 'plenamente
descarbonizado' de cara al 2050.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 113, de 26 de marzo de 2024, pág. 89.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011424.
Núm. expte.: 181/000078
Núm. registro: 16624
Autor iniciativa: Reynal Reillo, Esperanza (GP); Vázquez Jiménez, María del Mar (GP).
Objeto iniciativa: Redacción, recursos, plazos de presentación y otros elementos de los 'libros de buenas prácticas de gestión' o 'libros blancos de gestión', comprometidos el 01 de marzo de 2024 por el Secretario de Estado de Sanidad para
reducir las listas de espera en todo el Sistema Nacional de Salud.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 113, de 26 de marzo de 2024, pág. 90.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011425.
Núm. expte.: 181/000081
Núm. registro: 17193
Autor iniciativa: Velasco Morillo, Elvira (GP); Vázquez Jiménez, María del Mar (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones del Ministerio de Sanidad acerca de impulsar en algún momento alguna medida de utilidad real para 'que se llegue hasta el final y caiga del primero al último' en relación con 'el negocio obsceno con las
mascarillas de la trama socialista del caso Delorme, en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando todos los españoles estábamos con un nudo en la garaganta y los profesionales sanitarios dejándose la piel y la vida', tal y como ha planteado la
Ministra de Sanidad.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 113, de 26 de marzo de 2024, pág. 90.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011426.
Núm. expte.: 181/000086
Núm. registro: 17894
Autor iniciativa: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Planes del Ministerio de Sanidad en relación con la tramitación del uso de cannabis terapéutico.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 120, de 10 de abril de 2024, pág. 119.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011427.
Núm. expte.: 181/000087
Núm. registro: 17895
Autor iniciativa: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Planes del Ministerio de Sanidad en relación con el nuevo Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 120, de 10 de abril de 2024, pág. 119.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011428.
Núm. expte.: 181/000088
Núm. registro: 17896
Autor iniciativa: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Planes del Ministerio de Sanidad para garantizar la plena universalidad de la atención sanitaria.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 120, de 10 de abril de 2024, pág. 119.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011429.
Núm. expte.: 181/000089
Núm. registro: 17897
Autor iniciativa: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Planes del Ministerio de Sanidad en relación con las medidas de prevención y control del tabaquismo.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 120, de 10 de abril de 2024, pág. 120.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011430.
Núm. expte.: 181/000090
Núm. registro: 17898
Autor iniciativa: Cofiño Fernández, Rafael (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Planes del Ministerio de Sanidad en relación con la evaluación de tecnologías sanitarias.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 120, de 10 de abril de 2024, pág. 120.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011431.
Núm. expte.: 181/000110
Núm. registro: 18703
Autor iniciativa: Conde López, Francisco José (GP); Romaní Cantera, José Ignacio (GP).
Objeto iniciativa: Desglose de partidas e importes a las que se han destinado los ingresos del mecanismo de compensación de CO2 entre los años 2021 y 2023, así como motivo por el que no se alcanza el límite fijado en la propia normativa
estatal para las ayudas del mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero para industria en riesgo real de fuga de carbono.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 120, de 10 de abril de 2024, pág. 117.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011432.
Núm. expte.: 181/000132
Núm. registro: 22745
Autor iniciativa: Belarra Urteaga, Ione (GMx).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para afrontar la problemática del alquiler turístico.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 138, de 9 de mayo de 2024, pág. 78.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011433.
Núm. expte.: 181/000133
Núm. registro: 22746
Autor iniciativa: Belarra Urteaga, Ione (GMx).
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si la vivienda es un derecho al que debe acceder toda la ciudadanía, tal y como recoge el artículo 47 de nuestro Constitución, o es un bien con el que hacer negocio.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 138, de 9 de mayo de 2024, pág. 78.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011434.
Núm. expte.: 181/000142
Núm. registro: 22923
Autor iniciativa: Rodríguez de Millán Parro, María José (GVOX); Hernández Quero, Carlos (GVOX); Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX); Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX).
Objeto iniciativa: Número de viviendas que se han entregado, de las 184.000 prometidas por el Gobierno, para alquiler social y asequible.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 138, de 9 de mayo de 2024, pág. 79.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011435.
Núm. expte.: 181/000144
Núm. registro: 22925
Autor iniciativa: Rodríguez de Millán Parro, María José (GVOX); Hernández Quero, Carlos (GVOX); Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX); Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de edificar obra nueva y conseguir que salgan al mercado las viviendas vacías.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 138, de 9 de mayo de 2024, pág. 79.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011436.
Núm. expte.: 181/000275
Núm. registro: 26053
Autor iniciativa: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para evitar el estrangulamiento al que Marruecos somete a las dos Ciudades Autónomas.
Public. 'BOCG': BOCG. Sección Cortes Generales Núm. A-62, de 28 de mayo de 2024, pág. 20.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011438.
Núm. expte.: 181/000278
Núm. registro: 26231
Autor iniciativa: Vaquero Montero, Maribel (GV (EAJ-PNV)).
Objeto iniciativa: Plan de medidas adoptado por el Gobierno para paliar las graves consecuencias que están causando las diferentes obras en el tramo Irún-Brinkola.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 153, de 4 de junio de 2024, pág. 56.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011439.
Núm. expte.: 181/000283
Núm. registro: 27021
Autor iniciativa: Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si es coherente destinar recursos públicos a la promoción turística, cuya patronal reconoce beneficios históricos, con la acción de un gobierno socialdemócrata.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 159, de 12 de junio de 2024, pág. 101.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011440.
Núm. expte.: 181/000284
Núm. registro: 27022
Autor iniciativa: Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para frenar la especulación inmobiliaria y la acumulación de activos inmuebles.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 159, de 12 de junio de 2024, pág. 104.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011441.
Núm. expte.: 181/000285
Núm. registro: 27023
Autor iniciativa: Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de realizar una segunda descentralización que fomente el municipalismo como administración de proximidad.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 159, de 12 de junio de 2024, pág. 101.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011442.
Núm. expte.: 181/000286
Núm. registro: 27024
Autor iniciativa: Ibáñez Mezquita, Alberto (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Medidas que tiene planificadas el Gobierno para descarbonizar el transporte.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 159, de 12 de junio de 2024, pág. 100.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011443.
Núm. expte.: 181/000354
Núm. registro: 28249
Autor iniciativa: Rodríguez de Millán Parro, María José (GVOX); Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX); Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX); Hernández Quero, Carlos (GVOX).
Objeto iniciativa: Motivos por los que el Gobierno no promueve la exención del pago del ITP en los casos de adquisición de vivienda habitual para facilitar la compra de vivienda a los españoles.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 159, de 12 de junio de 2024, pág. 104.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011444.
Núm. expte.: 181/000356
Núm. registro: 28251
Autor iniciativa: Rodríguez de Millán Parro, María José (GVOX); Hernández Quero, Carlos (GVOX); Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX); Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX).
Objeto iniciativa: Motivos por los que el Gobierno no promueve la reforma de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que la adquisición de la vivienda habitual de nueva construcción esté exenta de IVA,
medida que favorecerá sobre todo a las familias jóvenes.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 159, de 12 de junio de 2024, pág. 105.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011445.
Núm. expte.: 181/000375
Núm. registro: 29016
Autor iniciativa: Pueyo Sanz, Jorge (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Medidas adoptadas o plazo en el que van a adoptarse para garantizar que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo, y para crear un mapa
nacional de instalación preferente de energías renovables, que respete la biodiversidad y las zonas de alta valor agroecológico.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 163, de 18 de junio de 2024, pág. 92.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011446.
Núm. expte.: 181/000380
Núm. registro: 30577
Autor iniciativa: Pueyo Sanz, Jorge (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Previsiones, de cara a la revisión del sistema de financiación autonómica, acerca de dar cumplimiento a los preceptos en materia económico-financiera recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón y, en especial, el
acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 173, de 2 de julio de 2024, pág. 37.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011447.
Núm. expte.: 181/000381
Núm. registro: 30580
Autor iniciativa: Vidal Matas, Vicenç (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Situación en que se encuentra el impulso definitivo del tren de Llevant (Mallorca, Illes Balears).
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 173, de 2 de julio de 2024, pág. 37.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011448.
Núm. expte.: 181/000382
Núm. registro: 30581
Autor iniciativa: Vidal Matas, Vicenç (GSUMAR).
Objeto iniciativa: Situación en que se encuentra la tramitación de la Reserva Marina de la Serra de Tramuntana (Mallorca, Illes Balears).
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 173, de 2 de julio de 2024, pág. 39.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011449.
Núm. expte.: 181/000385
Núm. registro: 30972
Autor iniciativa: Rodríguez de Millán Parro, María José (GVOX); Hernández Quero, Carlos (GVOX); Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX); Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX).
Objeto iniciativa: Motivo por el que no se trabaja por alcanzar un Pacto de Estado por el acceso a la vivienda entre los distintos niveles de la Administración pública, los actores políticos y el sector privado.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 173, de 2 de julio de 2024, pág. 40.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 184/011450.