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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 175, de 04/07/2024
cve: BOCG-15-D-175
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de julio de 2024
Núm. 175
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
042/000012 Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades.
Aprobación por el Pleno ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para el reconocimiento de la República de Kosovo como Estado soberano por parte del Estado español.
Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página9)
162/000258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución urgente de soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de atención primaria en el conjunto del Sistema
Nacional de Salud este verano.
Enmiendas ... (Página9)
Aprobación ... (Página11)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000047 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la necesidad de reducir el tiempo de trabajo durante toda la vida laboral ... (Página11)
172/000048 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda para que dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación
autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles ... (Página12)
172/000049 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Sanidad sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses ... (Página12)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000035 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema
alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país.
Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página13)
Aprobación con modificaciones ... (Página16)
173/000036 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Texto de la moción ... (Página17)
Aprobación con modificaciones ... (Página19)
173/000037 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página19)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
042/000012
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 27 de junio de 2024, aprobó el Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades con el texto que se inserta a continuación.
Se ordena la publicación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
La Comisión del Estatuto de los Diputados, en su sesión del día de la fecha, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Manuel Cobo Vega (GP) y con la asistencia de los Excmos. Sres. Diputados D.ª Maribel García López (GS) y D.ª Pilar
Vallugera Balañà (GR), vistas las declaraciones de actividades que pueden constituir causa de incompatibilidad y de otras actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, formuladas por los Excmos. Sres. Diputados que más
adelante se mencionan, ha acordado por unanimidad elevar al Pleno de la Cámara el siguiente
DICTAMEN
Primero.
La Comisión ha tomado en consideración para emitir su Dictamen las previsiones de la LOREG y los criterios fijados en anteriores dictámenes y ratificados por el Pleno de la Cámara en los siguientes términos:
a) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.1.b) de la Constitución, la Comisión ha venido declarando compatible la condición de Diputado con la de miembro del Gobierno, así como de los cargos de la Administración General del Estado
que ostentan los miembros del Gobierno en su condición de tales. Igualmente, la Comisión, siguiendo el criterio ya sentado en anteriores Legislaturas y aceptado por el Pleno de la Cámara, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.1.b) de la
Constitución en relación con lo dispuesto por los artículos 6.1, f) y 155.1 de la LOREG, ha declarado compatible la condición de Diputado con la de Secretario de Estado.
b) En relación con el desempeño de cargos representativos locales la Comisión, siguiendo el criterio ya sentado en anteriores Legislaturas y aceptado por el Pleno de la Cámara, entiende que los cargos locales no son incompatibles con el de
Diputado (no se encuentran comprendidos en los artículos 155 a 159 de la LOREG), siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1 de la LOREG. Por esta razón,
así como la previsión del artículo 158.1, no se podrán desempeñar los cargos locales en régimen de dedicación absoluta, ni percibir retribución, sino únicamente dietas por asistencia a las reuniones de los órganos de la Corporación. Igualmente es
criterio reiterado de la Comisión que deben comprenderse incluidos en el desempeño de las funciones representativas locales, la participación en otros entes locales como mancomunidades y consorcios, en los organismos públicos locales y en otros
entes públicos, en su condición de representantes locales, sin que tal posibilidad pueda comprender la pertenencia a empresas con participación pública, mayoritaria, directa o indirecta, cualquiera que sea su forma,
prohibida por los artículos 155.2.e) y 156.1 de la LOREG. En este último caso, la Comisión ha admitido la pertenencia de los cargos locales a la Junta General de dichas empresas cuando sus estatutos así lo prevén expresamente, pero nunca a
los Consejos de Administración, requiriendo en su caso, bien la modificación estatutaria, o la delegación de dicho cargo en otro representante local.
c) El desempeño de la función pública (salvedad hecha de las funciones docentes extraordinarias a que se refiere el artículo 157.4 de la LOREG y del desempeño de cargos representativos locales), resulta incompatible con la condición
parlamentaria (artículo 157.1). Por eso se hace constar que el funcionario pasa a la situación de servicios especiales y tiene incompatibilidad de retribuciones, sin perjuicio de la percepción de los correspondientes complementos por antigüedad.
La situación equivalente en el ámbito privado (trabajo por cuenta ajena a tiempo completo) determina la excedencia con reserva a puesto de trabajo en los términos previstos por la normativa que resulte de aplicación.
d) En relación con la actividad de impartición de cursos e intervención en actividades docentes en centros universitarios, es criterio de la Comisión, aceptado por el Pleno de la Cámara, que se trata de actividades compatibles cuando son
actividades docentes o de investigación, a tiempo parcial, de carácter extraordinario, que no afecten a la dirección y control de los servicios, pudiendo percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas, en los términos
del artículo 157.4 de la LOREG. En particular, entiende la Comisión que la realización de dicha actividad como compatible puede llevarse a cabo en calidad de profesor asociado y percibiendo la correspondiente indemnización reglamentaria, a cuyo
respecto, la condición de profesor asociado a tiempo parcial es una de las formas de prestación de los servicios docentes extraordinarios, declarados compatibles con el cargo de Diputado por el artículo 157.4 de la LOREG, con la posibilidad legal de
percibir en dicha condición las indemnizaciones reglamentarias establecidas al respecto.
e) En relación con el cargo de Consejero General de la Caja de Ahorros, vino entendiendo la Comisión, de acuerdo con el criterio reiteradamente fijado por la misma y aceptado por el Pleno de la Cámara, que no se trataba de cargo comprendido
como incompatible en los artículos 155.2.e) (miembro del Consejo de Administración de Caja de Ahorros de fundación pública) y 156.1 (miembros de órganos colegiados de dirección o Consejos de Administración de organismos, entes públicos, o empresas
con participación pública mayoritaria), ambos de la LOREG, sino actividad susceptible de autorización conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG, con la limitación de no poder realizar en su ejercicio actividades comprendidas en el artículo 159.2 y
de no poder invocar o hacer uso de la condición de parlamentario para el ejercicio de dicha actividad y siempre que el ejercicio de las mismas no suponga menoscabo de la dedicación absoluta a la actividad parlamentaria establecida en el artículo
157.1.
El Real Decreto Ley 11/2010 de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, dispuso (artículo 1.tres), que el ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de una Caja de
Ahorros (entendiendo por tales la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control sería incompatible con el de todo cargo político electo. A tal efecto la Disposición Transitoria Sexta de dicha norma dispuso que 'Los
miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el Apartado tres, del artículo 3 de este Real Decreto Ley lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del
presente Real Decreto Ley y, en todo caso, antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su renovación'. Cumplido ya ese plazo, la pertenencia a dichos órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro,
resulta hoy ya, en todo caso, incompatible con la condición de Diputado.
f) En relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios, es criterio constante de la Comisión, aceptado por el Pleno de la Cámara, su consideración de actividad compatible con la condición de Diputado,
dada la relación íntima entre el desempeño de unas y otras funciones.
g) En relación con la actividad de producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas, es criterio de la Comisión que se trata de una actividad compatible, conforme al artículo
159.3.b) de la LOREG, siempre que mediante la misma no se desempeñe, por sí o mediante sustitución, cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel,
honorarios o cualquier otra forma de retribución, y que no se incurra en ninguno de los supuestos de actividades privadas declaradas expresamente como incompatibles en el artículo 159.2 de la LOREG.
h) En relación con las actividades de conferenciante, de participación en coloquios, mesas redondas y tertulias en medios de comunicación, es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la Cámara, que se trata de una
actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en actividades comprendidas en
el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad, tal como
dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG.
i) En relación con la pertenencia a asociaciones de utilidad pública o de fundaciones privadas, dado que esa forma jurídica no permite entender comprendidas a dichas entidades en la noción de compañías o empresas que se dediquen a contratar
con el sector público a que se refiere el artículo 159.2 b) de la LOREG, es criterio de la Comisión que se trata de actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3 c) de la LOREG. Por ello la Comisión podrá otorgar
autorización para el ejercicio de la actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en actividades comprendidas en el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal,
autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer
menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG.
j) En relación con el ejercicio libre y por cuenta propia de actividades profesionales (abogados, economistas, médicos, farmaceúticos, veterinarios, etc.), es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la Cámara que se
trata de actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3 c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en las
comprendidas en el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la
actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la
LOREG.
k) En relación con la pertenencia a cargos representativos en Corporaciones de derecho público de defensa de intereses profesionales, es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la Cámara, que no resulta incompatible con
la condición de Diputado, siempre que en el ejercicio de dicho cargo no se incurra en las actividades prohibidas por el artículo 159.2 a) de la LOREG, no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el
artículo 157.1 de la LOREG y que, en las actividades que se realicen en el desempeño del cargo, no se ejerzan funciones públicas, sino únicamente de representación y defensa de los intereses de los colegiados y de la profesión, de naturaleza
privada.
l) En relación con la pertenencia a órganos de representación y dirección de empresas privadas, es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la
Cámara, que se trata de actividades privadas susceptibles de autorización conforme al artículo 159.3 c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada actividad, siempre que no se incurra en
ninguna de las actividades prohibidas expresamente en el artículo 159.2 de la LOREG, especialmente las de contratar con el sector público estatal, autonómico o local, no se invoque o haga uso de la condición parlamentaria para el ejercicio de la
actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la
LOREG.
m) En relación con la pertenencia a Comisiones Mixtas designadas por las Comunidades Autónomas (Comisiones Bilaterales y Comisiones Mixtas de Transferencias), tiene reiteradamente declarado la Comisión, siguiendo el criterio fijado por la
Junta Electoral Central en cuanto a la elegibilidad de quienes los ostentan, que no se trata de cargos públicos en el sentido del artículo 154.2 de la LOREG, por lo que no están comprendidos en la causa de incompatibilidad prevista en el artículo
155.1, ni tampoco en el 157.2 y 3, de modo que, si el Sr. Diputado no percibe remuneración del sector público, no está incurso en incompatibilidad por razón de la mencionada actividad.
n) El cargo de miembro del Consejo de Administración de Ente Público de Radio Televisión de una Comunidad Autónoma, cuando es designado por la Asamblea Parlamentaria y no percibe retribución sino únicamente dietas por asistencia a las
sesiones, se considera compatible conforme a lo previsto en el artículo 156.1 de la LOREG.
ñ) La percepción de ayudas públicas, en sus diferentes formas, vinculadas a la tenencia o explotación de fincas de uso agrario, es considerada compatible con la condición de Diputado en la medida de que se trata de ayudas regladas, que se
otorgan a través de un procedimiento objetivo y cuya recepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios. Se trata, además, del ejercicio de la administración del patrimonio personal reconocida en el artículo 159.3
a) de la LOREG.
o) La percepción de ayudas por maternidad o paternidad, en sus diferentes formas, es considerada compatible con la condición de Diputado en la medida de que se trata de ayudas regladas, que se otorgan a través de un procedimiento objetivo y
cuya recepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios.
p) La percepción de ayudas, en sus diferentes formas, vinculadas a la situación de dependencia, viudedad o que traen causa por haber sido víctima del terrorismo son consideradas compatibles con la condición de Diputado en la medida de que se
trata de ayudas regladas, que se otorgan a través de un procedimiento objetivo y cuya recepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios.
Segundo.
La Comisión, atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, acuerda declarar la compatibilidad de actividades, o tomar conocimiento de las declaraciones, sin que sea necesario realizar ningún otro pronunciamiento, de los Excmos/as.
Sres, y Sras. Diputados/as que se detallan:
D. Pedro Fernández Hernández (expte. núm. 004/013/3).
- Abogacía. Sin vinculación con ninguna Administración Pública. Sin percibir renumeración de ninguna Administración Pública. Se autoriza en los términos del artículo 159.3, c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del
sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
Dña. Ester Muñoz de la Iglesia (expte. núm. 004/028/2).
- Vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, percibiendo gastos de representación. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos
parlamentarios.
D. Emilio Sáez Cruz (expte. núm. 004/136/4) (expte. núm. 004/136/5).
- Participación en cursos con ponencias en el ámbito universitario. Actividad compatible en los términos del artículo 157.4, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, según lo
establecido en el artículo 157.1, ambos de la LOREG.
- Presidente de la Asociación AMIAB (Atención Integral a personas con discapacidad) desde el 8 de abril de 2024, sin remuneración. Se autoriza en los términos del artículo 159.3, c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración
del sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
Dña. Ana Isabel Alós López (expte. núm. 004/336/2).
- Vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del Partido Popular, percibiendo importe de gastos de representación. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos
políticos y grupos parlamentarios.
Dña. Noelia Núñez González (expte. núm. 004/341/2).
- Vicesecretaria Nacional de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, percibiendo gastos de representación. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos
parlamentarios.
D. Carmelo Barrio Baroja (expte. núm. 004/378/0).
- Miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular del País Vasco. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios.
- Miembro del Eurobasque (Consejo Vasco del Movimiento Europeo). Tratándose de entidades públicas asimilables a asociaciones de utilidad pública, se autoriza en los términos del artículo 159.3, c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir
remuneración del sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
Dña. Paula Fernández Pena (expte. núm. 004/379/0).
- Alcaldesa de Silleda (Pontevedra), sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo dietas correspondientes por la asistencia a los órganos colegiados a los que pertenece. Actividad compatible, conforme al artículo 157.1 de la LOREG,
siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.
- Vicesecretaria Xeral del PSdG PSOE de la provincia de Pontevedra. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios.
- Secretaria Xeral de la Agrupación Socialista de Silleda (Pontevedra). Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios.
Dña. María Montserrat García Chavarría (expte. núm. 004/380/0).
- Miembro de la Ejecutiva Nacional Gallega del PSdeG, sin remuneración. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios.
D. Guillermo Hita Téllez (expte. núm. 004/381/0).
- Concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo dietas correspondientes por la asistencia a los órganos colegiados a los que pertenece.
Actividad compatible, conforme al art. 157.1 de la LOREG, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.
- Funcionario de Carrera en el Ministerio de Hacienda, cobrando los correspondientes complementos por antigüedad. Solicitado el pase a la situación de servicios especiales. La Comisión toma conocimiento.
- Secretario General del PSOE de Arganda del Rey, sin remuneración. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios.
- Miembro del Comité Federal del PSOE, sin remuneración. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios.
- Miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid, sin remuneración. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios.
D. Juan Andrés Bayón Rolo (expte. núm. 004/382/0).
- Concejal del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo indemnización por asistencia a órganos de la Corporación. Actividad compatible, conforme al art. 157.1 de la LOREG, siempre
que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.
- Vicepresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Pontevedra, sin percibir ningún tipo de retribución ni dietas. Actividad compatible según criterio reiterado en relación con los cargos y actividades en los
partidos políticos y grupos parlamentarios.
- Abogado en ejercicio. Se autoriza en los términos del artículo 159.3, c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de
dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
Dña. María Elisa Vedrina Conesa (expte. núm. 004/383/0) (expte. núm. 004/383/1).
- Concejal del Ayuntamiento de Tarragona y Portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular solicitado el cambio al régimen de asistencias a órganos con efectos del día 10 de junio de 2024, sin percibir ningún tipo de remuneración,
salvo indemnización por asistencia a órganos de la Corporación. Actividad compatible, conforme al art. 157.1 de la LOREG, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.
- Consejera del Consell Comarcal del Tarragonès, sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo indemnización por asistencia a órganos de la Corporación. Función pública aneja a dicho cargo electivo local, según criterio reiterado de la
Comisión. Actividad compatible, conforme al art. 157.1 de la LOREG, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.
- Miembro de la Junta General de la Mancomunitat per a la Gestió Integral de Residus Urbanus, sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo indemnización por
asistencia a órganos de la Corporación. Función pública aneja a dicho cargo electivo local, según criterio reiterado de la Comisión. Actividad compatible, conforme al art. 157.1 de la LOREG, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.
- Renuncia al cargo de Consejera del Consejo de Administración de las siguientes empresas de capital 100% municipal del Ayuntamiento de Tarragona: SMHAUSA, EMDET, EMT, EMMCT. La Comisión toma conocimiento.
- Miembro asesor de la Comisión Directiva del Consell Esportiu del Tarragonès, recibiendo dietas por asistencia. Actividad compatible al no tratarse de un órgano ejecutivo o con potestades de dirección que se encuentre comprendido dentro
del artículo 156.1 de la LOREG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2024.-El Presidente de la Comisión, Manuel Cobo Vega.-El Secretario de la Comisión, José María Sánchez García.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000257
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para el reconocimiento de la República de Kosovo como Estado soberano por parte
del Estado español, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 161, de 14 de junio de 2024.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000258
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución urgente de soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de atención primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud este verano, publicada en el 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, núm. 161, de 14 de junio de 2024.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancias de la diputada de Podemos y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, lone Belarra, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la
consecución urgente de soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de Atención Primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud este.
Enmienda
Se propone añadir un nuevo punto:
'[...]
Hasta que no se planifique adecuadamente las necesidades de recursos humanos del Sistema Sanitario Público y siga habiendo déficit, se retirará la nota de corte del examen MIR.'
Enmienda
Se propone añadir un nuevo punto:
'[...]
Garantizar la calidad docente de los residentes mediante la instauración de las Auditorías de las Unidades Docentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2024.-lone Belarra Urtaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
EL Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la consecución urgente de
soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de Atención Primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud este Verano, que se debatirá como punto cuarto del orden de día en la sesión n.º 50 del Pleno del Congreso de los
Diputados del día 25 de junio de 2024.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -al Ministerio de Sanidad- a trabajar, desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto compctcncial vigentes; y desde el consenso real con las Comunidades Autónomas en
colaboración con las administraciones competentes y desde la coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios, para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los citados
profesionales sanitarios que existe en la Atención Primaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud de cara a los meses del presente verano.
Garantizando siempre los más altos estándares en la calidad y la seguridad formativas y asistenciales, desde el Gobierno se dará prioridad a buscará solucionar los problemas existentes en la homologación de títulos universitarios y
especialidades extracomunitarios y, en particular, se dará prioridad a los de los españoles que han cursado en el extranjero estudios relacionados con profesiones sanitarias, así como a posibilitar que los Médicos Internos Residentes de cuarto año
que iniciaron su formación en 2020 puedan atender este verano -con la supervisión y los apoyos pertinentes- a los pacientes que acuden a los centros de Atención Primaria.
Asimismo, se insta al Gobierno a promover el incremento dé los límites máximos de las plazas en los grados de la rama de Ciencias de la Salud que se imparten en las Universidades públicas, así como a mejorar las condiciones laborales de los
profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución urgente de soluciones a la necesidad extrema de profesionales
sanitarios de atención primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud este verano, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 161, de 14 de junio de 2024, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -al Ministerio de Sanidad- a trabajar, desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto competencial vigentes, y desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la
coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios, para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los citados profesionales sanitarios que existe en la Atención Primaria del
conjunto del Sistema Nacional de Salud de cara a los meses del presente verano.
Garantizando siempre la calidad y la seguridad formativas y asistenciales, desde el Gobierno se dará prioridad a solucionar los problemas existentes en la homologación de títulos universitarios y especialidades extracomunitarios, así como a
posibilitar que los Médicos Internos Residentes de cuarto año que iniciaron su formación en 2020 puedan atender este verano -con la supervisión y los apoyos pertinentes- a los pacientes que acuden a los centros de Atención Primaria.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000047
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la necesidad de reducir el tiempo de trabajo durante toda la vida laboral, cuyo texto se inserta
a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la necesidad de
reducir el tiempo de trabajo durante toda la vida laboral para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grupo Parlamentari Republicano, a instància de la Diputado Jordi Salvador i Duch, en virtut de l'establert a l'article 180 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Interpel·lació urgent sobre la necessitat de reduir el
temps de treball durant tota la vida laboral per al seu debat en Ple.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
172/000048
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda para que dé cuenta de las
previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente a la Vicepresidenta Primera y Ministra
de Hacienda, para que dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000049
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Sanidad sobre los planes del Gobierno para la sanidad española en los próximos meses, cuyo
texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente a la Ministra de Sanidad sobre los planes del Gobierno para la
sanidad española en los próximos meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000035
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país y de la
enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre las
políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país.
Exposición de motivos
El Ministerio para la Transición Ecológica fue creado en el primer gobierno de Sánchez, como continuación de los Ministerios de Medio ambiente, pero la propia denominación albergaba la declaración de intenciones de una transformación
acelerada del modelo económico y social. Desde su inicio, al frente ha estado la Sra. Ribera que, tras asumir las competencias de lucha contra la despoblación y para equilibrar el poder dentro del gobierno de coalición, se convertía en
Vicepresidenta. La actuación de la ministra no ha pasado desapercibida durante todo este periodo, tanto en el ámbito propio de los temas de su competencia como fuera del mismo. En su afán por acaparar protagonismo se recuerda las improvisaciones
como portavoz del gobierno en el denominado 'Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad' de la pandemia, cuando aseguraba la existencia de un comité de expertos que había elaborado el plan, pero cuya existencia se puso en duda dado que el
ministerio se negó a facilitar el nombre de los componentes del comité. Este modo de actuar se ha reproducido a lo largo de todo su periodo como ministra, intentando
que sus decisiones, de marcado carácter ideológico, parecieran solventes al estar avaladas por información científica y la opinión de expertos, aunque no lo fueran.
El reparto de los fondos Next Generation EU ha sido una oportunidad desaprovechada. El Ministerio ha contado con uno de los mayores presupuestos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para hacer políticas tanto en materia
energética como medioambiental, pero el balance está siendo decepcionante. El sector primario, menos favorecido por el reparto de los Fondos, ha tenido que sufrir las repercusiones y señalamiento de las políticas de la Ministra Ribera, sin el
amparo de los responsables ministeriales que deberían defender a agricultores y ganaderos. Por ejemplo, la decisión arbitraria de incluir al Lobo en el LESPRES sin escuchar a las Comunidades Autónomas que aglutinan las mayores poblaciones, la
opinión del mundo rural, en general, y especialmente de los ganaderos. Del mismo modo, el diseño de mayor presión fiscal, con un nuevo impuesto al plástico cuya aplicación ha sido caótica, o el modelo de gestión en materia de residuos que ha
obligado a la industria agroalimentaria a realizar grandes inversiones. Ahora, tras la aprobación del Reglamento de Envases EU, es necesario disponer de un marco armonizado y acompasar el calendario entre la normativa nacional y europea.
El mundo rural, especialmente el sector primario, se ha visto señalado cada vez que la ministra afloraba un problema. Así ha sucedido en el ámbito del Mar Menor y en los cultivos del entorno de Doñana. Tampoco el sector pesquero se ha
librado de este mareaje, con decisiones como la prohibición de comercializar marrajo ya capturado o la aprobación de los planes de ordenación del espacio marítimo sin el dialogo con el sector y totalmente de espaldas a los pescadores afectados.
En materia de política de agua, el gobierno acumuló un retraso de un año en la aprobación de tercer ciclo de planificación hidrológica, que vino acompañada de un incremento de los caudales ecológicos y una eliminación de obras existentes en
los planes anteriores, lo que supone una seria amenaza para la satisfacción de la demanda de agua para el regadío y la producción de alimentos.
La situación de sequía y la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania ha perjudicado a los productores primarios que se han visto sometidos a un incremento de los costes de producción, especialmente de fertilizantes y energía, ha
sido sorteada por el gobierno con el anuncio de ayudas e inversiones que no han solucionado los problemas estructurales. Se ha puesto en evidencia el retraso en la ejecución de obras necesarias para garantizar el abastecimiento.
La asunción de las competencias sobre reto demográfico no ha conseguido revertir una situación preocupante para el mundo rural. La falta de oportunidades, de servicios públicos, el retraso de la conectividad o los problemas con la cobertura
del móvil o de Internet discriminan a la población o la vuelta a las zonas rurales. Con las 130 medidas planteadas por el gobierno no se ha revertido el riesgo de despoblación que ya afecta a municipios de mayor tamaño, como las capitales de
comarca. La transición justa prometida por el gobierno para los territorios desfavorecidos por la transición ecológica y energética está siendo lenta y desacompasada con las necesidades reales de estas zonas.
No es de extrañar que algunas organizaciones profesionales agrarias consideren que la actuación de la ministra durante este periodo ha sido perjudicial para el sector agrícola español, que se han sentido desamparados y tremendamente
afectados por las decisiones sin que hayan tenido la oportunidad de ser escuchados. El impacto sobre un sector estratégico que debe garantizar la independencia y seguridad alimentaria de nuestro país y del conjunto de los miembros de la Unión
Europea.
No cabe duda de que es necesario avanzar en la conservación de nuestro patrimonio y recursos naturales o de la necesidad de un replanteamiento de nuestro modelo energético partiendo de la neutralidad tecnológica, pero no se puede legislar,
sin analizar además de los criterios ambientales, el impacto económico y social de las leyes.
Por último, debemos recordar el desprecio de la ministra Ribera con el poder legislativo. Desde febrero ha faltado a casi la mitad de las sesiones de control del Congreso de los Diputados, en algunas ocasiones sin una agenda que lo
justificara, más allá de compromisos políticos o electorales.
Por todo ello,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que refuercen su carácter estratégico esencial, reforzar el futuro de la producción agraria y de la industria alimentaria, como forma de garantizar la seguridad
alimentaria, el suministro a los mercados y el acceso de la población a una alimentación suficiente, garantizada y de calidad.
2. Promocionar el papel de la agricultura como uno de los principales aliados, no enemigos, como parece indicar el gobierno, en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos, por su capacidad para absorber el carbono de
la atmósfera.
3. Iniciar las actuaciones para desarrollar un Pacto Nacional del Agua desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar soluciones en todo el territorio
nacional y asegurar la disponibilidad de agua para los cultivos y las industrias como garantía de seguridad alimentaria e incluya las inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas
temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar regadíos.
4. Disponer de recursos financieros suficientes para desarrollar las infraestructuras vinculadas con el mundo agrario y alimentario, como el uso de recursos de los fondos Next Generation EU.
5. Abrir el dialogo con el sector primario en el diseño de las políticas medioambientales y aplicar el denominado 'Mecanismo rural de garantía' o Rural Proofing para evaluar el impacto que puede tener en el medio rural las leyes antes de su
aprobación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184, 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente sobre las
políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país, que se debatirá como punto
quinto del orden de día en la sesión n.° 50 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 25 de junio de 2024.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar y denunciar ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y toda la normativa derivada de este, así como las graves consecuencias que ha tenido para el sector agrario, industrial y productivo en general. Revertir todas
las políticas implementadas como consecuencia de su aprobación por atentar directamente contra nuestra soberanía alimentaria, el empleo y el tejido empresarial.
2. 1. Dotar al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que refuercen su carácter estratégico esencial, reforzar el futuro de la producción agraria y de
la industria alimentaria, y salvaguardarlas frente a la competencia desleal de países extracomunitarios, como forma de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, el suministro a los mercados y el acceso de la población a una
alimentación suficiente, garantizada y de calidad.
3.
la mitigación de sus efectos, por su capacidad para absorber el carbono de la atmósfera.
suelos degradados, vertederos, canteras antiguas, minas a cielo abierto o terrenos industriales en desuso.
4.
y
inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como el impulso de un Plan Nacional de Regadíos ordenado a la finalización de la modernización
de los regadíos y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos naturales disponibles modernizar regadíos. Asimismo, desarrollar un Plan de Acción para el mantenimiento, conservación y modernización de las infraestructuras hidráulicas
existentes, que dan soporte a los servicios del agua y que tienen un carácter estratégico para garantizar la seguridad hídrica.
5.
caso, el criterio de la soberanía alimentaria y los intereses del sector primario español.
6.
el medio rural las leyes antes de su aprobación.
7. Promover en las instancias europeas la derogación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Restauración de la Naturaleza, por su perjuicio a los intereses del sector primario español.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas en materia de transición
ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos de nuestro país, ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que refuercen su carácter estratégico esencial, reforzar el futuro de la producción agraria y de la industria
alimentaria, como forma de garantizar la seguridad alimentaria, el suministro a los mercados y el acceso de la población a una alimentación suficiente, garantizada y de calidad.
2. Disponer de recursos financieros suficientes para desarrollar las infraestructuras vinculadas con el mundo agrario y alimentario, como el uso de recursos de los fondos Next Generation EU.
3. Abrir el dialogo con el sector primario en el diseño de las políticas medioambientales y aplicar el denominado 'Mecanismo rural de garantía' o Rural Proofing para evaluar el impacto que puede tener en el medio rural las leyes antes de su
aprobación.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000036
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales, en los términos de la reformulación presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el presente escrito, presenta reformulación de la moción, consecuencia de interpelación urgente al Gobierno, sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones
constitucionales, registrada en el día de hoy, 20 de junio de 2024, con número de entrada 31336, que queda redactada en los siguientes términos.
Exposición de motivos
La XV legislatura es la única legislatura de las Cortes Generales que ha comenzado con la investidura como Presidente del Gobierno de un candidato que no pertenecía a la fuerza más votada y con más escaños en el Congreso. Esta
excepcionalidad fue explicada por parte del candidato investido como el resultado de que su grupo, pese a no haber conseguido el mayor número de votos, sí había cosechado el suficiente número de apoyos en el Congreso como para conformar una mayoría
que le permitiese gobernar.
Más de seis meses después de aquella investidura, el Presidente investido con el argumento de tener tras de sí una mayoría de esta Cámara no ha logrado remitir a la misma un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que fije las
prioridades de su política económica y fiscal. En cambio, el grupo parlamentario con más escaños sí ha logrado apoyos suficientes en esta Cámara para orientar la política fiscal a través de iniciativas aprobadas por el Congreso y que están
pendientes todavía de ser ejecutadas por el Gobierno de España como es su obligación.
Más de seis meses después de aquella investidura, el Presidente del Gobierno que fue investido con el argumento de tener tras de sí una mayoría de esta Cámara se ve obligado a retirar proyectos de ley del trámite parlamentario para evitar su
rechazo por
parte del pleno del Congreso. En cambio, el grupo parlamentario con más escaños sí ha logrado la toma en consideración de 4 proposiciones de ley por el pleno del Congreso y de otras 11 por el pleno del Senado. Ninguna de ellas, sin
embargo, ha podido avanzar en su trámite dada la reiterada voluntad de determinados grupos de aceptar sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas que imposibilitan constituir una ponencia y permitir a los grupos parlamentarios negociar y votar los
textos. Además, el Gobierno está desplegando una política de veto de iniciativas legislativas de la oposición que desborda las facultades otorgadas por la Constitución y reiteradas por la doctrina del Tribunal Constitucional.
La política española, por tanto, se encuentra en medio de una situación paradójica en la cual ni el Gobierno logra apoyos para aprobar sus propuestas en materia fiscal y legislativa ni permite que se ejecuten las propuestas en materia fiscal
y legislativa que sí logran esos apoyos en las Cortes Generales.
Este bloqueo al ejercicio de las funciones legislativa y de orientación política de las Cortes se ha extendido recientemente también a su función de control al Gobierno. Los miembros del mismo no solo eluden, como era costumbre, responder a
las preguntas de la oposición en sus sesiones de control, sino que últimamente directamente eluden acudir a estas, incluso sin poder acreditar que existan motivos de agenda institucional que lo justifiquen.
Por todo ello,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rectificar y enmendar la actitud de la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de eludir sus obligaciones de control parlamentario de esta Cámara para dedicarse a actos electorales, sin contar con ningún
tipo de justificación en forma de agenda institucional.
2. Remitir a la Cámara, junto a la comunicación de miembros del Gobierno que van a ausentarse en cada sesión plenaria de control, las oportunas justificaciones suficientemente acreditadas en asuntos ineludibles e inaplazables relacionados
con el ejercicio de las competencias inherentes a sus cargos que vayan a motivar su ausencia.
3. Cumplir de forma efectiva y sin demora los mandatos emanados de la voluntad de la mayoría de la Cámara mediante iniciativas de orientación política.
4. Presentar, de acuerdo con el cumplimiento de los acuerdos adoptados por esta Cámara, un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 que incluya el mantenimiento de la reducción de IVA de productos básicos y su
ampliación, cuando menos, a carne, pescado y conservas junto con la deflactación del IRPF y las exenciones fiscales para jóvenes (de entre 18 y 34 años) en los primeros años de su vida laboral en los términos aprobados por la mayoría de este
Congreso.
5. Ejercer la facultad que le viene conferida por el artículo 134.6 de la Constitución, en relación con la emisión de disconformidad a las proposiciones de ley, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, refiriéndose
exclusivamente a la afectación al presupuesto en vigor en cada momento, en coherencia con el principio de anualidad presupuestaria y sin que pueda pretender extenderse a presupuestos futuros.
6. Remitir a las Cortes Generales proyectos de ley que cuenten con el respaldo, al menos, de los partidos que sustentan la coalición de gobierno y están representados en el propio Consejo de Ministros que acuerda su remisión.
7. Respetar la función legislativa que la Constitución encomienda al Congreso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respeto a las Cortes Generales y el
ejercicio de sus funciones constitucionales, ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rectificar y enmendar la actitud de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de eludir sus obligaciones de control parlamentario de esta Cámara para dedicarse a actos
electorales, sin contar con ningún tipo de justificación en forma de agenda institucional.
2. Remitir a la Cámara, junto a la comunicación de miembros del Gobierno que van a ausentarse en cada sesión plenaria de control, las oportunas justificaciones suficientemente acreditadas en asuntos ineludibles e inaplazables relacionados
con el ejercicio de las competencias inherentes a sus cargos que vayan a motivar su ausencia.
3. Cumplir de forma efectiva y sin demora los mandatos emanados de la voluntad de la mayoría de la Cámara mediante iniciativas de orientación política.
4. Presentar, de acuerdo con el cumplimiento de los acuerdos adoptados por esta Cámara, un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 que incluya el mantenimiento de la reducción del IVA de productos básicos y su
ampliación, cuando menos, a carne, pescado y conservas junto con la deflactación del IRPF y las exenciones fiscales para jóvenes (de entre 18 y 34 años) en los primeros años de su vida laboral en los términos aprobados por la mayoría de este
Congreso.
5. Ejercer la facultad que le viene conferida por el artículo 134.6 de la Constitución, en relación con la emisión de disconformidad a las proposiciones de ley, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, refiriéndose
exclusivamente a la afectación al presupuesto en vigor en cada momento, en coherencia con el principio de anualidad presupuestaria y sin que pueda pretender extenderse a presupuestos futuros.
6. Respetar la función legislativa que la Constitución encomienda al Congreso.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000037
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, acerca de cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial
para ocultar la corrupción del Gobierno, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente acerca de cuáles van a ser las líneas
principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno.
Exposición de motivos
I
La independencia del Poder Judicial como principio básico del Estado de Derecho.
La Constitución Española de 1978 establece en el artículo 117.1 que '(L)a justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley'. La independencia del Poder Judicial en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de interferencia de cualquier otro poder, constituye una de las piezas
básicas de un Estado de Derecho. Un buen funcionamiento del Poder Judicial exige el respeto a los principios de independencia e imparcialidad.
El principio de independencia judicial, consagrado en la Constitución, se ve reflejado, igualmente, en el artículo 104.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ('LOPJ') que dispone que 'el Poder Judicial se organiza y
ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia'.
El Poder Judicial es el único que viene como tal calificado en la Constitución, como recuerda el Tribunal Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio (FJ 6) cuando sostiene que 'constituye una pieza esencial de nuestro
ordenamiento jurídico, como del de todo Estado de Derecho'. No es casualidad, por tanto, la utilización del término 'poder', pues el legislador constituyente pretendía enfatizar la independencia de esta función frente a la ejecutiva y legislativa.
La legitimidad democrática del Poder Judicial no tiene su origen en ninguna elección parlamentaria de sus órganos de gobierno, ni menos aún en la imposición de pautas partidistas en la designación de jueces y magistrados, sino en el hecho de
que esos jueces y magistrados estén efectivamente sometidos al imperio de la ley, como marca el artículo 117 CE. Siendo la ley la manifestación de la voluntad de los órganos legislativos, que sí han sido elegidos por sufragio popular, es en la
aplicación profesional e imparcial de esa ley donde la jurisdicción tiene su fundamento en un Estado democrático.
II
La corrupción como seña de identidad de este Gobierno.
Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno tras un discurso en el debate de la Moción de Censura, el 31 de mayo de 2018, en el que aseguraba que '[l]a corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier
país' 1 y que '[l]a corrupción destruye la fe en las instituciones' 2. Seis años y dos gobiernos de coalición después, puede afirmarse que el actual Gobierno de España, junto con sus socios comunistas y separatistas, ha embarcado a nuestro país en
un proceso en que se dan la mano el ataque a la unidad nacional, el asalto a las instituciones, la sumisión a las agendas globalistas y, en definitiva, una permanente agresión al modo de vida de los españoles y a la unidad y a la soberanía de España
como cimientos de la convivencia.
Esta espiral de progresiva degradación institucional general proporciona el contexto para la comisión de los más graves actos de corrupción política que se recuerdan en España. Desde la concesión de los indultos a los condenados golpistas
por los sucesos separatistas de Cataluña, la supresión del delito de sedición y la modificación de la regulación del delito de malversación, pasando por los hechos -sujetos en la actualidad a investigación judicial- que involucran tanto al entorno
familiar más próximo al presidente del Gobierno, como a varios de sus ministros y exministros o a expresidentes regionales de su partido. Todo ello ha culminado en uno de los mayores actos de corrupción política posibles, amnistiar a otros
políticos condenados por crímenes gravísimos contra la misma
1 https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-126.PDF
2 Ídem.
existencia de nuestra comunidad política, a cambio de sus votos para mantenerse en el poder.
La actual situación que han provocado por el actual Gobierno y sus socios no se limita a posibles casos de corrupción económica, sino que se extiende a la corrupción política y moral, incluyendo la organización institucional y atacando los
cimientos más esenciales de la unidad nacional y la convivencia entre españoles. Pero no puede decirse que tal situación haya surgido de modo repentino. Décadas no ya de pasividad, sino de activa complicidad de los principales partidos de ámbito
nacional con el separatismo y con sus políticas son las que nos han traído a la dramática coyuntura en que vivimos.
La independencia del Poder Judicial, no obstante su deterioro en las últimas décadas, sigue siendo para este Gobierno un obstáculo para hacerse con todos los resortes del poder público. De ahí el feroz ataque lanzado a la Justicia por el
Gobierno y sus socios, como evidencian la importación del término lawfare, la amenaza de convocar en comisiones de investigación a jueces y magistrados en el Congreso, el señalamiento desde la tribuna de oradores de esta misma Cámara a jueces que
han instruido o enjuiciado conductas relacionadas con delitos perpetrados durante el golpe separatista de 2017, la intención de atribuirle a la fiscalía la función instructora, la completa politización de la Fiscalía General del Estado o la velada
amenaza (desvergonzadamente expresada por los socios más extremistas del Ejecutivo) de modificar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La lista de actos de este Gobierno que evidencian el desprecio por los principios de legalidad e imparcialidad del Poder Judicial es interminable. El principal síntoma de este desprecio se pudo comprobar con las declaraciones radiofónicas
de Pedro Sánchez en las que demostró su concepción de la dependencia de la Fiscalía, y así lo hizo saber en los años siguientes nombrando fiscal general del Estado a quien había sido su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Todavía más, su
sustituto y actual titular del cargo, Alvaro García Ortiz, promocionó a su propia antecesora como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, y este mismo Tribunal anuló esa promoción por 'desviación de poder'. El mismo nombramiento actual del Sr. García
Ortiz como fiscal general del Estado ha sido realizado, por primera vez, contra el criterio manifestado por el CGPJ. En definitiva, el fiscal general del Estado está al servicio de un partido y no del interés público tutelado por ley.
Los ataques directos del actual Gobierno y de sus secuaces al Poder Judicial son parte de un plan más amplio para lograr el control de todas las instituciones. Este designio no solamente obedece a un vulgar afán de poder de los dirigentes
del Partido Socialista, sino a una voluntad clara de hegemonía política, social y cultural por parte de la alianza que integran dicho partido y sus socios comunistas y separatistas, participando también del reparto el partido que ejerce una
oposición a tiempo parcial. En este sentido, el control obtenido en diciembre de 2022 del Tribunal Constitucional por parte de las fuerzas mencionadas ha constituido un golpe durísimo para el Estado de Derecho, ya que ha puesto en sus manos un
instrumento tan fundamental como el control de constitucionalidad de las leyes. El único poder del Estado que no ha quedado completamente sujeto a la acción de los partidos del Gobierno es el Judicial, y de ahí el propósito por controlar su citado
órgano de gobierno, el CGPJ.
Prueba inequívoca de este propósito fue la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, con la que se modificó la LOPJ, añadiendo un nuevo artículo 570 bis, a efectos de despojar al CGPJ en funciones de varias de sus más importantes atribuciones.
Con esto se quería presionar a dicho órgano, aun a costa de paralizar buena parte de la actividad de los órganos judiciales superiores, como herramienta para no tener que prescindir del sistema de elección por cuotas partidistas. El mismo Gobierno
impulsaba poco después la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, para devolver a ese mismo CGPJ en funciones la facultad de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, por la sencilla razón de que le convenía en ese momento con objeto de
obtener el control de este último órgano jurisdiccional. Con este acto de brutal cinismo el Ejecutivo manifestaba su propósito de no detenerse hasta acabar con la independencia de la última institución fuera de su control.
Por último, es también una prueba inequívoca del control que pretende ejercer este Gobierno sobre la Justicia que el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes sea también el de Justicia, es decir, las competencias
gubernamentales referidas a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo han sido colocadas bajo la responsabilidad de la misma persona. El propio presidente del Gobierno ha evidenciado la concepción que tiene de la soberanía nacional, al declarar
en entrevistas televisadas y en el Congreso de los Diputados que 'todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados'. Este aparente error (confundir la soberanía nacional, que constitucionalmente reside en el pueblo
español, representado por las Cortes Generales y no por una sola de sus Cámaras), obedece sin duda a una visión profundamente autocrática del poder político, identificando la soberanía con la Cámara parlamentaria en la que él tiene una precaria
mayoría.
III
Medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial para hacer frente a la corrupción.
Para combatir la corrupción es fundamental, en primer lugar, recuperar la independencia del Poder Judicial, pervertida durante décadas por los dos grandes partidos de ámbito nacional con el apoyo necesario de los que pretenden la destrucción
de la unidad nacional.
Por ello, VOX ha propuesto reiteradamente recuperar el sistema de elección del CGPJ por parte de los propios jueces y magistrados, en línea parecida a lo establecido en la reforma legislativa de 1980, que es el sistema más respetuoso con el
principio de independencia judicial y el único que respeta la previsión y el espíritu establecido en la Constitución.
Otra medida fundamental, en la que también VOX ha presentado iniciativas, es en el mantenimiento en los jueces de facultades de instrucción en el proceso penal. El diseño del ordenamiento jurídico español garantiza un modelo de
imparcialidad y objetividad del instructor y de garantías para el investigado que este Gobierno pretende subvertir atribuyéndole la función instructora al Ministerio Fiscal.
Además, es esencial que se garantice el respeto a la independencia del propio Ministerio Fiscal. A esta institución la Constitución le encomienda la defensa del interés público tutelado por la ley, debiendo estar sujeta a los principios de
legalidad e imparcialidad. Pero es precisamente de esos principios de los que pretende alejarse el Ejecutivo. La última noticia es el hecho de la que Junta de Fiscales de Sala, en la que fiscales de la misma asociación de la que el fiscal general
fue presidente tienen una participación absolutamente desproporcionada a su número en la carrera, ha respaldado, con mínima diferencia, la posición deseada por el Gobierno respecto a la aplicación de la ley de amnistía en relación con el delito de
malversación. Se trata de un hecho absolutamente lamentable que lo dice todo acerca del grado de politización a que se ha sometido al Ministerio Público.
En definitiva, si bien es cierto que el deterioro del Estado de Derecho es una responsabilidad compartida de los dos partidos de ámbito nacional, es este Gobierno el que pretende socavar cualquier atisbo de independencia del Poder Judicial,
mientras que legisla, con la coartada de una engañosa 'mayoría social de progreso', contra los intereses de todos los españoles.
El Gobierno, cuando emprende una supuesta lucha contra la 'desinformación' e impulsa una persecución mediática contra todo aquel que pretenda ejercer acciones ante la Justicia contra esta corrupción, en realidad se propone encubrir esos
casos que están siendo investigados judicialmente. Unos propósitos que es necesario desenmascarar, si queremos que el Estado de Derecho sea desarticulado por un poder tiránico sin ley ni moral.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cesar en su permanente ataque a la independencia del poder judicial y el sometimiento político de las instituciones e impulsar las reformas necesarias para garantizar la despolitización de la justicia y la neutralidad de las
instituciones.
2. Promover la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de modo que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que constitucionalmente deben elegirse entre jueces y magistrados lo sean
efectivamente por ellos, terminando con el sistema de cuotas partidistas.
3. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a efectos de suprimir su artículo 570 bis, dejando así sin efecto la reforma legal de 2021 cuya única finalidad era atacar la independencia judicial.
4. Respetar la independencia del Poder Judicial, asumiendo por ello el compromiso de que el proyecto de ley que vaya a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal continúe otorgando a los jueces la instrucción del proceso penal,
garantizando así la independencia de la investigación, la imparcialidad y objetividad del instructor y los derechos de los justiciables.
5. Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del fiscal general del Estado.
6. Destituir de forma inmediata, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a Alvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo.
7. Comprometerse decididamente en la lucha contra la corrupción, facilitando la acción de la Justicia sin interferir en la misma, sin permitir señalamientos a los jueces y magistrados por parte de aliados parlamentarios del propio
Ejecutivo, ni que estos sean obligados a comparecer en comisiones de investigación en las Cortes Generales por ejercer sus funciones constitucionalmente atribuidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.