Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 163, de 18/06/2024
cve: BOCG-15-D-163
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de junio de 2024
Núm. 163
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000936 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre transparencia en las cuentas de la Casa Real y la manutención del rey emérito en los Emiratos Árabes ... (Página6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para el reconocimiento de la República de Kosovo como Estado soberano por parte del Estado español ... (Página9)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para solicitar medidas para perseguir el fraude y luchar contra la corrupción ... (Página11)
161/000948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la adopción de medidas para garantizar una contratación pública libre de corrupción, de calidad y socialmente responsable ...
161/000949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para una tributación más justa y equitativa ... (Página19)
161/000960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas de política fiscal para mejorar la situación económica de las familias... (Página21)
Comisión de Interior
161/000952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de las condiciones de la prisión provincial de Almería-El Acebuche... (Página25)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar al Gobierno que apueste de forma urgente por las mejoras necesarias en la línea de Alta Velocidad Huesca-Madrid ...
161/000958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para la ejecución del desdoblamiento y mejoras del tramo de la N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques... (Página29)
161/000970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al mantenimiento del Centro de Coordinación de Salvamento en Tarifa, de la EPE Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)...
161/000971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la ampliación del Puerto de Palma de Mallorca... (Página33)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas urgentes contra el desempleo de larga duración y la exclusión social... (Página34)
161/000961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la aprobación del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa (Estatuto del Becario)...
161/000969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un plan específico sobre el uso de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo... (Página39)
161/000977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al sistema de acogida... (Página42)
Comisión de Industria y Turismo
161/000939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre propuestas para el fortalecimiento de la política industrial y autonomía estratégica en España... (Página45)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento de la crisis demográfica de España y a la necesidad de su reversión mediante un decidido apoyo a la familia...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre las inversiones necesarias para afrontar los desafíos climático y social en nuestro país... (Página51)
161/000946 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a las balsas de regulación de la cuenca del río Matarraña ... (Página54)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a favorecer los convenios entre las Administraciones públicas y en especial los ayuntamientos y los colegios de arquitectos para potenciar y agilizar
la promoción de vivienda pública ... (Página55)
161/000962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción de medidas urgentes para declaración de zonas de mercado residencial tensionado y aplicación del Índice de Precios de Referencia, tras el
refrendo del Tribunal Constitucional del contenido, entre otros, del artículo 18 de la Ley de Vivienda... (Página57)
Comisión de Cultura
161/000959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la recuperación del honor y la memoria de los combatientes realistas en las guerras de separación hispanoamericanas...
161/000972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la rehabilitación de la Basílica de Santa María de Elche (Alicante)... (Página64)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre plataformas digitales de trabajo, relaciones laborales y traducción del algoritmo... (Página66)
161/000950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la adopción de medidas para simplificar los trámites relacionados con la novación y subrogación de préstamos hipotecarios ...
161/000963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la atracción y fabricación de transformadores... (Página71)
161/000964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre información de la sostenibilidad en las empresas... (Página72)
Comisión de Sanidad
161/000945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la adopción de medidas para garantizar la atención primaria a toda la ciudadanía del medio rural... (Página74)
161/000947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al reconocimiento y atención de las personas que padecen COVID persistente... (Página76)
161/000974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución urgente de soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de atención primaria en el conjunto del Sistema
Nacional de Salud este verano... (Página79)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la creación, reconocimiento y control de universidades privadas... (Página80)
161/000976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre formación dual universitaria ... (Página84)
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/000937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de las mujeres frente a la inmigración legal ... (Página86)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000367 Pregunta formulada por los Diputados Javier Merino Martínez (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre motivos por los que la Comunidad Autónoma de La Rioja está abandonada en materia de infraestructuras...
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/000364 Pregunta formulada por los Diputados Beatriz Jiménez Linuesa (GP), Clavell López, Óscar (GP) y Martín Blanco, Nacho (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si la Formación Profesional Dual se implantará con éxito en el curso
2024-2025... (Página89)
181/000365 Pregunta formulada por los Diputados Beatriz Jiménez Linuesa (GP), Clavell López, Óscar (GP) y Martín Blanco, Nacho (GP), sobre solicitud por el Gobierno de información de las Comunidades Autónomas sobre la implementación de la
obligación de cotización a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas formativas, número y porcentaje de alumnos por los que se ha cotizado y el coste asumido... (Página90)
181/000366 Pregunta formulada por los Diputados Beatriz Jiménez Linuesa (GP), Clavell López, Óscar (GP) y Martín Blanco, Nacho (GP), sobre balance de la implementación de la obligación de la disposición adicional quincuagésima segunda del
texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, que establece la obligación de cotización a la Seguridad Social de todo el alumnado que realiza prácticas formativas... (Página90)
181/000373 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre evidencias científicas y pedagógicas que
tiene el Gobierno para promover la retirada de los conciertos educativos a los centros docentes de educación diferenciada... (Página90)
Comisión de Política Territorial
181/000368 Pregunta formulada por los Diputados Elías Bendodo Benasayag (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP) y Abades Martínez, Cristina (GP), sobre motivos por los que no se
ha convocado la Conferencia de Presidentes... (Página91)
181/000369 Pregunta formulada por los Diputados Elías Bendodo Benasayag (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP) y Martín Blanco, Nacho (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si la
cesión indiscriminada de competencias es positiva para la equidad entre territorios... (Página91)
181/000370 Pregunta formulada por los Diputados Elías Bendodo Benasayag (GP), Román Jasanada, Antonio (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Martín García, Pedro Samuel (GP) y Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora (GP), sobre medidas para promover la
cooperación interregional y la solidaridad entre las diferentes regiones... (Página91)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000361 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Melgarejo Moreno (GP) y Sánchez Pérez, César (GP), sobre cumplimiento por el Gobierno de los compromisos de aportación de aguas a la Albufera de Valencia que establece el Plan
Hidrológico del Júcar... (Página92)
181/000362 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Melgarejo Moreno (GP) y Sánchez Pérez, César (GP), sobre medidas para solucionar los problemas de eutrofización de la Albufera de Valencia, así como volumen de agua que efectivamente ha
llegado a la Albufera en el periodo que va de octubre de 2023 a mayo de 2024... (Página92)
181/000375 Pregunta formulada por el Diputado Jorge Pueyo Sanz (GSUMAR), sobre medidas adoptadas o plazo en el que van a adoptarse para garantizar que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un
proceso de concertación participativo, y para crear un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico ... (Página92)
Comisión de Sanidad
181/000371 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria e
impulsar alguna medida con la que posibilitar que los contratos públicos puedan tener en cuenta la inflación y el incremento de costes productivos con el que conviven nuestras empresas, e incluir cláusulas de indexación que garanticen el equilibrio
económico-financiero ... (Página93)
181/000372 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), García Gomis, David (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre preparación de nuestro Sistema Nacional de Salud para
enfrentarse a una potencial epidemia de dengue... (Página93)
181/000374 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria y materializar la indexación de contratos, un IVA reducido en productos sanitarios y la compra pública basada en valor como medidas con las que mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del sistema sanitario ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000936
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre transparencia en las cuentas de la Casa Real y la manutención del rey emérito en los Emiratos Árabes.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo la previsión contenida en el punto 3, se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados don Gabriel Rufián Romero y don Francesc-Marc Álvaro, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre transparencia en las cuentas de la Casa Real y la manutención del Rey Emérito en los Emiratos Árabes, para su debate en instancia en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Este fin de semana se cumplieron diez años de la abdicación de Juan Carlos I de Borbón como jefe del Estado. Durante esta década han surgido numerosas noticias que cuestionan la integridad del rey emérito, acusándolo de presuntas
corruptelas y abuso de posición. La presión lo llevó a trasladarse a los Emiratos Árabes en agosto de 2020. Se especula sobre su posible regreso a territorio del Estado, desde entonces y hay razonables dudas sobre los gastos relacionados con su
manutención, residencia y seguridad, aspectos nunca fiscalizados ni publicados por los poderes públicos.
Las noticias sobre las regularizaciones fiscales de Juan Carlos I por millones de euros causaron gran inquietud entre la opinión pública, a pesar del archivo de las causas judiciales. Estos pagos se realizaron meses después de su traslado a
Abu Dabi. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que no hubo trato de favor, pero según el Sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA, siempre hubo posibilidad de inspección tributaria.
Este presunto trato de favor ha minado la confianza en las altas instituciones del Estado. En 2022 se reveló que personal financiado por el erario atendía al rey emérito, a pesar de su abdicación en 2014 y la negación oficial de gastos
públicos para su manutención. Investigaciones periodísticas pusieron de relieve que la Casa Real destina parte de su presupuesto a 'pluses' para personal de varios ministerios que trabajan para la Familia Real. Además, se asignan 2,5 millones de
euros de los Presupuestos Generales a estos complementos retributivos, lo que dificulta conocer el gasto público real destinado a la Monarquía.
A pesar de la partida destinada a la Casa Real en los Presupuestos Generales y cierta transparencia, es imposible conocer todos los gastos públicos relacionados con la Familia Real. Es crucial clarificar todas las cuentas y gastos públicos
destinados a la Casa Real para disipar las dudas sobre la más alta magistratura del Estado.
Por todo lo expuesto se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en el plazo de tres meses, una auditoría de todos los gastos atribuibles a cualesquiera de los departamentos del Gobierno y/o instituciones y que son destinados a los miembros de la Casa Real y de la Familia Real. El resultado
de esta se plasmará en un informe desglosado por departamentos y atribuciones.
2. Elaborar, en el plazo de tres meses, un informe con todos los gastos atribuibles a cualesquiera de los departamentos del Gobierno destinados a la manutención, seguridad y representación del rey emérito durante su estancia en los Emiratos
Árabes Unidos desde su huida en agosto de 2020. El resultado de esta se plasmará en un informe desglosado por departamentos y atribuciones.
3. Presentar, por parte del Ministro de la Presidencia, los informes previstos en los apartados anteriores en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados como paso previo a su publicación en el Portal de la Transparencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congres dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc-Marc Álvaro, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
Transparència en els comptes de la Casa Reial i en la manutenció del Rei Emèrit als Emirats Àrabs per al seu debat en instància a la Comissió Constitucional.
Exposició de motius
Aquest cap de setmana es compleixen deu anys de l'abdicació de Joan Carles I de Borbó com a cap d'Estat. Durant aquesta dècada han sorgit nombroses notícies que qüestionen la integritat del rei emèrit, acusant-lo de presumptes corrupteles i
abús de posició. La pressió el va portar a traslladar-se als Emirats Àrabs a l'agost de 2020. S'especula sobre el seu possible retorn a territori de l'Estat des d'aleshores i existeixen dubtes raonables sobre les despeses relacionades amb la seva
manutenció, residència i seguretat, aspectes mai fiscalitzats ni publicats pels poders públics.
Les notícies sobre les regularitzacions fiscals de Joan Carles I per milions d'euros van causar gran inquietud entre la ciutadania, tot i l'arxivament de les causes judicials. Aquests pagaments es van realitzar mesos després del seu
trasllat a Abu Dabi. La ministra d'Hisenda,
María Jesús Montero, va afirmar que no hi va haver tracte de favor, però segons el Sindicat de Tècnics d'Hisenda GESTHA, sempre hi va haver possibilitat d'inspecció tributària.
Aquest presumpte tracte de favor ha minvat la confiança en les altes institucions de l'Estat. El 2022 es va revelar que personal finançat per l'erari atenia el rei emèrit, tot i la seva abdicació el 2014 i la negació oficial de despeses
públiques per a la seva manutenció. Investigacions periodístiques van evidenciar que la Casa Reial destina part del seu pressupost a 'plusos' per a personal de diversos ministeris que treballen per a la Família Reial. A més, s'assignen 2,5 milions
d'euros dels Pressupostos Generals a aquests complements retributius, cosa que dificulta conèixer la despesa pública real destinada a la Monarquia.
Tot i la partida destinada a la Casa Reial en els Pressupostos Generals i certa transparència, és impossible conèixer totes les despeses públiques relacionades amb la Família Reial. És crucial clarificar tots els comptes i despeses
públiques destinades a la Casa Reial per dissipar els dubtes sobre la més alta magistratura de l'Estat.
Per tot l'exposat es planteja la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Elaborar, en el termini de tres mesos, una auditoria de totes les despeses atribuïbles a qualsevol dels departaments del Govern i/o institucions i que són destinades als membres de la Casa Reial i de la Família Reial. El resultat de
l'auditoria es plasmarà en un informe desglossat per departaments i atribucions.
2. Elaborar, en el termini de tres mesos, un informe amb totes les despeses atribuïbles a qualsevol dels departaments del Govern destinades a la manutenció, seguretat i representació del rei emèrit durant la seva estada als Emirats Àrabs
Units des de la seva fugida el 2020. El resultat de l'auditoria es plasmarà en un informe desglossat per departaments i atribucions.
3. Presentar, per part del Ministre de la Presidència, els informes previstos als apartats anteriors a la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats com a pas previ a la seva publicació al Portal de la Transparència.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de juny de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias de la Diputada doña Míriam Nogueras i Camero, y la Diputada doña Marta Madreñas i Mir, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley para el reconocimiento de la República de Kosovo como Estado soberano por parte del Estado
Español.
Exposición de motivos
Kosovo es un estado de los Balcanes occidentales, de mayoría albanesa musulmana sufí. Es un estado de Derecho y democrático con aproximadamente 1,7 millones de habitantes, que declaró su independencia de Serbia en 2008, y que ha sido
reconocido como estado independiente por 104 países de 193. Veintidós de los Estados miembros de la Unión Europea han reconocido Kosovo y solo cinco continúan sin hacerlo, entre los que se encuentra el Estado español, junto a Chipre, Grecia,
Rumania y Eslovaquia.
El Tribunal Internacional de Justicia sentenció, en julio de 2010, que la declaración de independencia de Kosovo no vulneró el derecho internacional, y confirmaba que no hay ninguna norma de derecho internacional que prohibiera aquella
declaración.
No obstante, el mes de octubre de 2021, en una respuesta a este Grupo Parlamentario, el Gobierno aseguraba que: 'España mantiene una posición de no reconocimiento de la declaración unilateral de independencia adoptada por Prístina en 2008,
por ser un acto unilateral. No obstante, desde un planteamiento constructivo, considera que es el momento de hacer un esfuerzo significativo para solucionar la cuestión del territorio de Kosovo en el marco del diálogo entre Belgrado y Prístina con
un acuerdo respetuoso con el Derecho Internacional'.
La negativa española a reconocer un Estado que hizo uso de su legítimo derecho a la autodeterminación es un obstáculo a la política europea de incorporación de los Balcanes Occidentales a la UE, y este es un factor de desestabilización de la
zona en un contexto marcado por la guerra de Ucrania que esta parte de Europa vive con especial angustia. En este sentido, no es aceptable que el Estado español comparta la misma estrategia de Rusia, China o Bielorrusia de negarse a reconocer
Kosovo.
El Estado español, desde el mes de enero de 2024, se ha visto obligado a reconocer los pasaportes de Kosovo después que el país balcánico se incorporó al régimen de excepción de visado de corta duración en el espacio Schengen; en caso de no
hacerlo, España se hubiera convertido en el único país del espacio Schengen que no habría aplicado el Reglamento. El Derecho de la Unión tiene primacía sobre el derecho español, y por tanto el Estado español debe aplicar el Reglamento 2023/850,
permitiendo que los nacionales kosovares puedan entrar en territorio español porque forma parte del espacio Schengen para un máximo de noventa días sin necesidad de visado.
España ya tiene relaciones de forma indirecta con Kosovo, la Unión Europea ha firmado un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo que conlleva relaciones de todo tipo con los Estados miembros, comprometiéndose, entre otros aspectos,
al desarrollo de relaciones políticas y económicas entre la UE y Kosovo.
Desde Junts per Catalunya, hemos manifestado nuestro pronunciamiento favorable y necesario del reconocimiento de Kosovo como Estado soberano. Así como hemos mostrado nuestro apoyo a las resoluciones del Parlamento Europeo, y concretamente
las dos últimas de 2023, en las que se solicita a los cinco Estados miembros de la Unión Europea que reconozcan a Kosovo, y que permitan avanzar sin más demora el camino europeo de Kosovo en igualdad de condiciones que los otros países candidatos.
Y mostrando la preocupación por el hecho de que algunos Estados miembros están utilizando herramientas institucionales para complicar el proceso de integración a la región, incluso el de Kosovo.
Por estos motivos, y en apoyo a los esfuerzos que están realizando las instituciones y el pueblo de Kosovo en defensa de su derecho a existir como Estado independiente, el Estado español ha de abandonar su negativa y debe proceder al
reconocimiento inmediato de la República de Kosovo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer la República de Kosovo como Estado soberano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies de la diputada Míriam Nogueras i Camero, i la diputada Marta Madrenas i Mir, a l'empara del que estableix l'article 193 i s del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la
Comissió d'Assumptes Exteriors, una Proposició no de Llei per al Reconeixement de la República de Kosovo com a Estat sobirà per part de l'Estat espanyol.
Exposició de motius
Kosovo és un estat dels Balcans Occidentals, de majoria albanesa musulmana sufí. És un estat de Dret i democràtic amb uns 1,7 milions d'habitants, que va a declarar la seva independència de Sèrbia al 2008, i que ha estat reconegut com estat
independent per 104 països de 193. Vint-i-dos dels estats membres de la Unió Europea han reconegut Kosovo i només cinc continuen sense fer-ho, entre els quals es troba l'Estat espanyol, al costat de Xipre, Grècia, Romania i Eslovàquia.
El Tribunal Internacional de Justícia va sentenciar, el juliol de 2010, que la declaració d'independència de Kosovo no va vulnerar el dret internacional, i confirmava que no hi ha cap norma en el dret internacional que prohibís aquella
declaració.
No obstant i això, el mes d'octubre de 2021, en una resposta a aquest Grup Parlamentari, el Gobierno assegurava que: 'España mantiene una posición de no reconocimiento de la declaración unilateral de independencia adoptada por Prístina en
2008, por ser un acto unilateral. No obstante, des de un planteamiento constructivo, considera que es el momento de hacer un esfuerzo significativo para solucionar la cuestión del territorio de Kosovo en el marco del dialogo entre Belgrado y
Prístina con un acuerdo respetuoso con el Derecho Internacional'.
La negativa espanyola a reconèixer un Estat que va fer ús del seu legítim dret a l'autodeterminació és un obstacle a la política europea d'incorporació dels Balcans Occidentals a la UE, i aquest fet és un factor de desestabilització de la
zona en un context marcat per la guerra d'Ucraïna que aquesta part d'Europa viu amb especial angoixa. En aquest sentit, no és acceptable que l'Estat espanyol comparteixi la mateixa estratègia de Rússia, la Xina o Bielorússia de negar-se a
reconèixer Kosovo.
L'Estat espanyol, des del mes de gener de 2024, s'ha vist abocat a reconèixer els passaports de Kosovo després que el país balcànic s'incorporés al règim d'exempció de visat de curta durada a l'espai Schengen; en cas de no fer-ho, Espanya
s'hauria convertit en l'únic país de l'espai de Schengen que no hauria aplicat el Reglament. El Dret de la Unió té primacia sobre el dret espanyol, i per tant l'Estat espanyol ha d'aplicar el Reglament 2023/850, permetent que els nacionals kosovar
puguin entrar al territori espanyol perquè forma part de l'espai Schengen per un màxim de 90 dies sense necessitat de visat.
Espanya ja té relacions de forma indirecta amb Kosovo, la Unió Europea ha signat un Acord d'Estabilització i Associació amb Kosovo que comporta relacions de tot tipus amb els Estats membres, comprometent-se entre d'altres aspectes, el
desenvolupament de relacions polítiques i econòmiques entre la UE i Kosovo.
Des de Junts per Catalunya, hem manifestat el nostre posicionament favorable i necessari del reconeixement de Kosovo com a Estat sobirà. Així com hem mostrat el
nostre suport a les darreres resolucions del Parlament Europeu, i concretament les dues darreres de 2023, en les que es demana als cinc estats membres de la Unió Europea que reconeguin ja a Kosovo, i permetin avançar sense més demora el camí
europeu de Kosovo en igualtat de condicions que els altres països candidats. I mostrant la preocupació pel fet que alguns estats membres, estan utilitzant eines institucionals per a complicar el procés d'integració a la regió, inclòs el de Kosovo.
Per això, i en suport també als esforços que estan fent les institucions i el poble de Kosovo en defensa del seu dret a existir com a Estat independent, l'estat espanyol ha d'abandonar la seva negativa i ha de procedir al reconeixement
immediat de la República de Kosovo.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Gobierno a reconèixer la República de Kosovo com a Estat sobirà.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de juny de 2024.-Marta Madrenas i Mir, Diputada.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para solicitar medidas para perseguir el fraude y luchar contra la corrupción, para su discusión en la
Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. En los últimos 40 años no han sido infrecuentes los casos de corrupción en España.
En los últimos 40 años han sido relativamente frecuentes los casos de corrupción ligados a los distintos gobiernos de España:
- El caso GAL: los gobiernos del Partido Socialista presididos por Felipe González organizaron y sufragaron con fondos públicos un grupo paramilitar cuyo objetivo debía ser el asesinato de personas vinculadas a la banda terrorista ETA.
Este grupo paramilitar actuaba al margen de la legalidad y sin respetar ningún principio básico de la justicia. Se abrió la correspondiente investigación que concluyó con detenciones y condenas de cargos intermedios y altos del Partido Socialista
que habían colaborado en la organización de la trama criminal. Además de los asesinatos cometidos, también se produjo el robo de dinero público para el enriquecimiento de algunos de los miembros de la trama. Nunca se pudo acreditar quién había
sido el responsable intelectual de la organización. Durante la investigación se le bautizó como Señor X.
- El caso Roldán: un director de la Guardia Civil, nombrado por el Partido Socialista Obrero Español y ligado a él robó fondos públicos del instituto armado. En concreto el robo
se vinculó a los fondos destinados a la caja de solidaridad para los huérfanos del Cuerpo. Los fondos robados no fueron restituidos.
- El caso ERE: sucesivos gobiernos de Andalucía, todos ellos del Partido Socialista Obrero Español, organizaron una trama para robar fondos públicos y construir una red clientelar que mantuviese a su partido en el poder. Se abrió un
proceso judicial que concluyó con la condena, entre otros, de dos ex presidentes del Gobierno de Andalucía, del Partido Socialista. Sin embargo, tras sucesivas vicisitudes procedimentales, ninguno de ellos ha cumplido su condena de privación de
libertad. El proceso judicial considera acreditado que se robaron 680 millones. No han sido restituidos.
- El caso Isofotón: ésta era una empresa que en un momento dado nombra como directora general a Dña. Teresa Ribera Rodríguez, que había sido secretaria de Estado de cambio climático y que habría de ser ministra de Transición Ecológica. En
relación con ese nombramiento la empresa recibe cuantiosas subvenciones desde el gobierno de Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español. Transcurridos los plazos para la devolución de esas ayudas o la jura de cuentas correspondientes una
importante fracción del importe percibido no puede ser justificado. En el caso se vieron involucradas María Jesús Montero, consejera del Gobierno de Andalucía, y otros cargos del Partido Socialista. El proceso judicial sufrió defectos formales que
conllevaron su archivo sin depurarse responsabilidades penales. El importe malversado no ha sido restituido.
Segundo. La corrupción está de nuevo en la actualidad política.
El actual Gobierno, mayoritariamente socialista, de nuevo se ve involucrado en un tremendo caso de corrupción.
Un asesor del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, en plena pandemia, se habría lucrado a través de comisiones, del tráfico de influencias y, en definitiva, del robo de millones de euros con los contratos de
emergencia 1 para la adquisición de equipos de protección individual.
A partir de ese momento, miembros del Gobierno 2 supuestamente comenzaron una escalada de operaciones de compra de mascarillas con la excusa de salvar vidas, mientras que éstas nunca llegarían a nadie por ser defectuosas o deficientes.
Existen muchos agentes externos que estarían implicados en estos sucesos, pero en lo que no hay ninguna duda es en el papel del Gobierno como actor principal de los supuestos casos de corrupción. Esta afirmación se desprende de lo siguiente:
1. Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio de Interior:
Informe del Tribunal de Cuentas N.º 1.481. 'En el contrato n.º 1 de suministro de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad tramitado por el Ministerio del Interior, de 20/04/2020 se concedieron
5.040.000 euros a justificar. El importe contratado ascendió a 3.479.355,00 pero en el expediente solamente figura un reintegro 142.167 euros por lo que ha quedado sin justificar el reintegro o aplicación de la cantidad de 1.418.478 euros'. 'No ha
existido la suficiente diligencia en documentar este aspecto. En 77 de las 100 contrataciones no se ha indicado la persona responsable del contrato en el expediente' 3. Etc.
2. Puertos del Estado, organismo dependiente del entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA): recientemente ha sido cesado su
1 Artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2 Y de administraciones regionales, concretamente de la actual presidente del Congreso de los Diputados, Francesca Lluc Armengol Socías,
https://gaceta.es/espana/armengol-tambien-cambio-los-contratos-de-las-mascarillas-del-caso-koldo-para-pagar-con-fondos-ue-aunque-sabia-que-eran-defectuosas-20240228-1035/ y del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel
Víctor Torres Pérez, https://www.canarias7.es/politica/tribunal-cuentas-investiga-20220525001300-nt.html
3 https://www.tcu.es/repositorio/73496282-e725-490b-93d9-d9ef7f67511e/I1481.pdf
secretario General por los contratos adjudicados, concretamente por el investigado por la Oficina Nacional de Investigación Tributaria 4.
Informe del Tribunal de Cuentas N.º 1.489. 'En la declaración se precisaba que la contratación se limitaba a lo estrictamente necesario para dar cumplimiento a las recomendaciones sanitarias, todo ello con la finalidad última de garantizar
el flujo de mercancías en el ámbito del transporte y con ello evitar el desabastecimiento de artículos de primera necesidad. En la declaración se determinó la adquisición de 8.000.000 de mascarillas y un presupuesto máximo de 20.000.000 euros' 5.
3. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (en adelante, 'SASEMAR'), adscrita al entonces MITMA:
Sobre la adquisición de mascarillas de SASEMAR a la empresa, investigada por la Fiscalía Anticorrupción, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., el Gobierno respondió a una pregunta de este Grupo Parlamentario que 'varias partidas de
mascarillas KN95 recibidas por SASEMAR, se detectaron defectos en una única partida, que constaba de 7.600 unidades'.
4. Administrador de Infraestructuras del Estado (ADIF), adscrita al entonces MITMA.
Según respuesta del Gobierno a este Grupo Parlamentario el 17 de junio de 2020, 'el MITMA ha encomendado a ADIF la adquisición de 5.000.000 de mascarillas FFP2 por un presupuesto estimado de 12.500.000 euros (IVA no incluido). El suministro
ha sido encargado a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.U' 6.
5. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ministerio de Sanidad:
Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas N.º 1.473, el INGESA llegó a celebrar el 4 de abril del año 2020 un contrato de 11.713.367,02 euros para la compra de 2,5 millones de mascarillas a un precio unitario de 4,69 euros
(IVA excluido), superior a lo estipulado en el Acuerdo Marco 2020/070. Cinco días antes, se realizó otra compra de mascarillas con precio unitario de 1,74 euros cuya cuantía ascendió a 2.923 euros 7.
Lo que se ha denominado periodísticamente el caso 'Koldo' es la punta del iceberg de lo que debería denominarse caso 'PSOE'. Esta afirmación la sustentan a diario todos los medios de comunicación que son la fuente pública de las
investigaciones y denuncias de la Fiscalía Anticorrupción. Pero también por noticias de años anteriores, denuncias de particulares 8, y de los servicios jurídicos de VOX 9.
Recientemente se han incluso elevado sospechas sobre el posible uso de información privilegiada que María Jesús Montero podría haber llevado a cabo. Supuestamente habría utilizado información del ministerio de Hacienda para tratar de
perjudicar a la oposición política, al desvelar datos confidenciales de una inspección en curso.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda emitió el 22 de febrero de 2022 la Guía de aplicación de medidas antifraude en la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia 10
del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que no ha servido tampoco para detectar todas las
4 Destituido el secretario general de Puertos del Estado tras mentir a los investigadores sobre los contactos con la 'trama Koldo'. 5 de marzo del año 2024. Diario El Mundo.
https://www.elmundo.es/espana/2024/03/05/65e710c4e9cf4a152f8b45b0.html
5 https://www.tcu.es/repositorio/3f24d147-4c63-4f15-a4de-29eb332655ca/I1488.pdf
6 https://www.congreso.es/entradap/l14p/e3/e_0039648_n_000.pdf
7 Página 53. https://www.tcu.es/repositorio/23eed211-dd33-46d4-8131-70e682996159/I1473.pdf
8 Amplían la denuncia contra el exministro Abalos sobre licitaciones de 53,6 millones de material Covid-19. 27 de septiembre del año 2022. Diario el Cierre Digital.
https://elcierredigital.com/investigacion/19594898/amplian-denuncia-contra-exministro-abalos-licitaciones-millonarias-material-covid.html
9 Los 'responsables' de las compras sanitarias en la pandemia declaran tras la querella de Vox.7 de abril del año 2022. Diario Vozpopuli, https://www.vozpopuli.com/espana/vox-contratos-pandemia.html ?Vox asegura que Sanidad sabía que se
estaban comprando mascarillas 'a una sociedad que no tenía solvencia'. 6 de marzo del año 2024. Diario La Vanguardia.
https://www.lavanguardia.com/nacional/20240306/9538814/vox-asegura-sanidad-sabia-estabancomprando-mascarillas-sociedad-tenia-solvencia-agenciaslv20240306.html#:~:test=La%20vicesecretaria%20
10 https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/20220224%20Gu%C3%ADa%20Medidas%20Antifraude.pdf
irregularidades que están siendo afloradas 11, en parte, por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
A todo ello se le añaden los escándalos de tráfico de influencias que están surgiendo a cuenta de las operaciones de asistencia financiera por parte del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado a través del artículo 2
del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cuya máxima responsable es la ministra de Hacienda 12. Caben destacar que el
Gobierno no ha respondido a decenas de preguntas y solicitudes de información de diputados de este Grupo Parlamentario en estos años acogiéndose al artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020 13 Según fuentes periodísticas, la ministra de Hacienda
habría conocido los informes que hoy están saliendo a la luz sin que diera ningún tipo de instrucción sobre sus conclusiones. 14
En definitiva, el Gobierno de España debe adoptar medidas realmente tajantes para poner fin a la corrupción política que parece campar a sus anchas.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Impulsar las medidas necesarias para recuperar y fortalecer la credibilidad de las administraciones públicas en aras de proteger a los españoles de más subidas de impuestos ante el derroche y la corrupción presente.
2) Promover el cese de la ministra de Hacienda, como máxima responsable de la contratación del Estado, por dejación de funciones en el control de los contratos públicos, con el resultado de millones de euros perdidos en comisiones y
suministros defectuosos que no han servido para proteger a los españoles.
3) Realizar, en coordinación de la IGAE con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), una auditoría de todos los contratos de emergencia celebrados durante los Estados de Alarma. En este sentido,
toda la información recabada por la IGAE y la DGRCC será remitida al Tribunal de Cuentas para un informe de fiscalización.
4) Realizar una revisión de la efectividad de la contratación centralizada como instrumento de ahorro para el erario, de tal forma que se consiga una mejora de la eficiencia para la racionalización del sector público y la reducción de la
presión fiscal que sufren los españoles.
5) Promover la derogación del artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo y que ha servido como el escudo del Gobierno para no dar cuenta de ninguna
información relativa al FASEE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
11 https://www.elconfidencial.com/espana/2024-03-04/fiscalia-europea-investigacion-contratos-canarias-baleares_3842493/
12 https://gaceta.es/espana/el-rescate-de-616-millones-a-air-europa-orquestado-por-abalos-implica-a-montero-calvino-y-ribera-20240229-1052/
13 Respuesta del Gobierno con número de entrada en el registro 131520 (https://www.congreso.es/entradap/l14p/e13/e_0131520_n_000.pdf) a la pregunta con número de expediente 184/050916
(https://www.congreso.es/entradap/l14p/e12/e_0124608_n_000.pdf)
14 https://www.libremercado.com/2024-03-07/montero-accedio-a-un-informe-de-la-aeat-de-julio-de-2022-que-detallaba-operaciones-de-la-trama-del-psoe-con-globalia-7104956/
161/000948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, sobre la
adopción de medidas para garantizar una contratación pública libre de corrupción, de calidad y socialmente responsable.
Exposición de motivos
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), marcó un hito al transponer al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 y trajo consigo una serie de cambios significativos que marcarían un antes y un después en nuestro sistema de contratación pública. Se estableció un nuevo paradigma, pasando la contratación pública de ser un mero procedimiento
administrativo para adquirir bienes y servicios a convertirse en una herramienta de políticas públicas para la transformación de nuestra realidad socioeconómica. El hecho de que la contratación del conjunto de las Administraciones Públicas suponga
entre un 15 % y un 18 % del PIB del Estado español, es un dato suficiente para entender el impacto que tiene en nuestra economía y nuestro modelo como sociedad.
Aquellos cambios en la LCSP pivotaron esencialmente en base a tres ideas fundamentales: la incorporación del principio de integridad mediante el incremento de la transparencia y otras medidas dirigidas a luchar contra la corrupción, la
introducción de consideraciones sociales, ambientales, laborales y de protección de los derechos humanos como principios rectores de la contratación pública, y la preferencia de la calidad como criterio de adjudicación de los contratos mediante la
sustitución del concepto 'oferta económicamente más ventajosa' por el de 'mejor relación calidad-precio'.
Sin embargo, han pasado ya 10 años desde la aprobación de las directivas, 6 desde su transposición a nuestro ordenamiento jurídico, y el desarrollo de estas tres cuestiones fundamentales no se ha producido adecuadamente.
Respecto del principio de integridad, éste se ha incorporado de forma relativamente exitosa en las actuaciones de los entes del sector público que participan como órganos de contratación. Las medidas adoptadas en materia de conflictos de
interés o principalmente aquellas recogidas en el artículo 63 de la LCSP relacionadas con la transparencia han reforzado el acceso de la ciudadanía a la documentación de los distintos expedientes, y han permitido una mayor utilización y
fiscalización pública de la documentación. A pesar de ello, mejorar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Estado, lugar en el que se alojan la gran mayoría de los contratos de nuestras administraciones, y en concreto de la calidad
y cantidad de los datos que ofrecen, así como de sus buscadores de información, (que no ordenan, catalogan, filtran ni presentan la información con claridad), sigue siendo un reto importante en materia de transparencia. Especialmente cuando se
trata de realizar búsquedas de las empresas o entidades adjudicatarias para controlar su actividad, haciéndose patente una necesaria mejoría a ese respecto.
Es precisamente respecto de las entidades licitadoras (principalmente empresas) donde el principio de integridad no ha sido desarrollado de manera efectiva. Teóricamente, los artículos 71 y siguientes de la LCSP recogen una serie de
supuestos tasados que deberían excluir de la contratación pública a aquellas entidades que incurran en determinados delitos o infracciones administrativas. La lista es exhaustiva, incluyendo delitos como terrorismo, asociación ilícita, financiación
¡legal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación,
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. También lo es la de infracciones
administrativas. Sin embargo, hay una ausencia palmaria de entre todos ellos, y es la prohibición de contratación para aquellas empresas que hubieran participado, directa o indirectamente, en la comisión de graves vulneraciones del derecho
internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos. La que debería ser considerada como la falta de ética empresarial más grave de todas, no está recogida expresamente como un impedimento para contratar con las
administraciones y recibir fondos públicos.
En cualquier caso, la ausencia de este supuesto no es el principal problema de este sistema que pretende dotar de ética a la contratación pública desde el lado de los licitadores, sino el draconiano procedimiento establecido para su
aplicación, que ha resultado absolutamente inoperante en la práctica. La obligatoriedad de que las sanciones por dichos delitos o infracciones administrativas tengan que ser firmes, el hecho de que no tengan que venir expresamente contempladas en
las sentencias o resoluciones, la competencia para su determinación y los procedimientos de revisión arrojan un resultado evidente: la existencia de empresas en situación de prohibiciones de contratar es prácticamente nula.
En la mayoría de las ocasiones, cuando un organismo administrativo español impone una sanción recogida en el artículo 71.1 de la LCSP, no se está aplicando el procedimiento del artículo 72 que materializa la prohibición de contratar. Hasta
el momento, solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones administrativas por reparto de concursos públicos acompañadas de una prohibición de contratar a empresas involucradas en determinados cárteles. En
todos los casos (4 hasta el momento desde el 2018), la CNMC ha preferido no pronunciarse sobre la duración y el alcance de la prohibición de contratar, remitiendo a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la cuestión de conformidad
con lo previsto en el artículo 72.3 LCSP. Este organismo, a día de hoy, tampoco se ha pronunciado respecto de ninguna de las cuatro organizaciones criminales desmanteladas por la CNMC ni les ha impuesto ninguna prohibición de contratar.
Por tanto, se hace imprescindible reformar el sistema de prohibiciones de contratar, dotándolo de agilidad, eficiencia, transparencia y eficacia, para poder incorporar realmente el principio de integridad a las empresas que licitan con
nuestro sector público e introducir así una herramienta útil para luchar contra la corrupción.
Respecto de la incorporación de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de licitación pública, el artículo 18.2 de la Directiva 24/2014/UE establece que 'Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes
para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral Ese espíritu se recogió si cabe con mayor ambición en el artículo 1.3 de la LCSP, que indica claramente que 'En toda contratación pública se incorporarán de
manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como
una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos'.
A pesar de esa nitidez en la intención del legislador comunitario y estatal, la teoría se ha alejado de la práctica; todo ha quedado en una mera declaración de intenciones y la normativa flaquea a la hora de dotar un verdadero enfoque
social a la contratación. Las únicas disposiciones obligatorias que se fijan para los órganos de contratación residen en el artículo 202, que establece la inclusión de una condición especial de ejecución obligatoria en cada contrato público, y la
introducida por la Disposición Adicional Cuarta, relativa a la obligatoriedad de los entes del sector público de alcanzar el objetivo de que al menos un 7 % de un determinado tipo de contratos se adjudique a empresas de inserción o centros
especiales de empleo de iniciativa social. Pero ninguna de las dos está teniendo un impacto real en la práctica. La primera de ellas porque los órganos de
contratación optan habitualmente por introducir condiciones especiales que no son tales, sino que son obligaciones que ya establecen otras normas y que los adjudicatarios ya tienen la obligación de cumplir, con independencia de que figuren
en el pliego de contrato, lo que no añade ningún tipo de valor añadido de tipo social, ambiental o laboral a la ejecución de los servicios, los suministros o las obras. Además, en los escasos supuestos en los que se introducen condiciones que
realmente son especiales y obedecen al objetivo del artículo 202, no se supervisa su correcta aplicación ni se imponen sanciones en caso de incumplimiento. La segunda, relativa a la reserva de mercado para Empresas de inserción y centros especiales
de empleo, los porcentajes establecidos apenas se cumplen en las grandes administraciones públicas. Así lo constata el Informe especial de la OIReScon de 2023 relativo a la contratación estratégica, que concluye que '5 años después de la entrada en
vigor la LCSP, en materia de contratos reservados se constata un incumplimiento generalizado de la normativa puesto que ni el Estado ni las CC.AA. alcanzan el 100 % de los objetivos'. También están muy lejos de conseguir alcanzar esos objetivos
los Entes Locales, que precisamente son los que están más cerca de las entidades de la economía social y en cuyos concursos deberían, teóricamente, tener más facilidades para participar.
La otra gran posibilidad que recogía la Directiva en materia de contratación social o ambiental (artículo 67) consistía en que, para evaluar las ofertas presentadas a los distintos concursos, se usarán criterios que incluyeran 'aspectos
cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público'. La LCSP traspuso esta posibilidad en su artículo 145, incluyendo una lista muy exhaustiva de ejemplos de criterios de adjudicación sociales o ambientales. Sin
embargo, su puesta en marcha ha resultado ser un fracaso, por varios motivos. En primer lugar por su carácter, aparentemente, potestativo. En segundo lugar, porque los tribunales (administrativo-contractuales y judiciales) han venido realizando
una interpretación excesivamente estrecha sobre la relación del criterio de adjudicación con el objeto del contrato, y sin comprender realmente la dimensión holística de esta nueva contratación social y la verdadera obligación que supone su
inclusión en todos los contratos públicos. Ello ha provocado que, las administraciones valientes que han intentado incorporarlos en sus licitaciones, hayan visto que las mismas han sido suspendidas y posteriormente anuladas como consecuencia de la
interposición de recursos relativos a la oportunidad de dichos criterios. Eso ha creado una doctrina bastante dispar, y una consecuente enorme inseguridad jurídica, que ha provocado un efecto disuasorio en otras administraciones. Pero también
existen otros factores, como la escasa formación del personal de la administración encargado de elaborar pliegos de condiciones. En los casos en los que dichos criterios de adjudicación han sido incluidos en los pliegos de condiciones, y no han
sido recurridos y anulados, éstos reciben una puntuación tan baja que no son en ningún modo determinantes a la hora de adjudicar los contratos.
Las innumerables guías de cláusulas sociales publicadas por distintas entidades (comunidades autónomas, universidades, entidades sin ánimo de lucro...), las recomendaciones de la Comisión Europea o de otros organismos internacionales o la
existencia de comisiones específicas creadas por el gobierno apenas han dado resultados.
Tampoco están terminando de funcionar las medidas dirigidas a fomentar la participación de las entidades de la economía social en el mercado de la contratación. Las Disposiciones Adicionales 4a y 48a de la LCSP son insuficientes para
alcanzar ese objetivo. Los contratos que han sido seleccionados para limitar la participación a cooperativas y entidades similares son insuficientes, y no responden a la realidad del tejido cooperativo y de la economía social, que además encuentra
dificultades adicionales para introducirse en un mercado altamente competitivo y que establece demasiadas barreras burocráticas y administrativas.
En tercer lugar, en lo relativo a la adjudicación de contratos de calidad para nuestro sector público, las medidas legislativas introducidas no son suficientes y continuamos teniendo obras, suministros y servicios low-cost. A pesar de que
la Directiva y la LCSP han introducido la premisa de adjudicar los contratos a los licitadores que presenten las ofertas
con mejor relación calidad-precio, lo cierto es que una importante mayoría de los contratos adjudicados (tanto a nivel estatal, autonómico como municipal) lo son a las empresas que realizan las ofertas más baratas.
La consecuencia de este patrón a la hora de adjudicar los contratos es evidente. Los servicios públicos baratos son sinónimos de servicios de mala calidad, lo cual repercute directamente en la ciudadanía. También en el personal que presta
dichos servicios, que normalmente ve como estos bajos precios afectan de lleno a sus condiciones laborales y salariales.
La LCSP introdujo la innovadora fórmula de limitar la puntuación que recibe el precio de las ofertas que presentan los licitadores al 49 % del total, pero únicamente respecto de una determinada categoría muy limitada de contratos (contratos
de carácter intelectual y sociales, educativos o sanitarios). A pesar de esa limitación, la calidad sigue sin ser determinante, debido a las fórmulas polinómicas utilizadas por los órganos de contratación para determinar la ponderación del precio
de las diferentes ofertas. La LCSP no especifica una fórmula concreta, sólo exige justificar adecuadamente los criterios considerados para la adjudicación del contrato. La doctrina y la jurisprudencia han determinado que dichas fórmulas deben ser
proporcionales, lineales y directas, pero sigue sin ser suficiente porque en la práctica, aunque muchas fórmulas cumplen con esos requisitos, siguen otorgando una diferencia de puntuación entre los licitadores imposible de salvar con la evaluación
de criterios de calidad.
El precio final de los contratos y su rigidez a la hora de adaptarse a las distintas fluctuaciones que sufren los distintos elementos que lo componen están causando también un perjuicio muy importante a los entes del sector público. El
artículo 103 de la LCSP establece una serie de supuestos en los que es posible proceder a la revisión de los precios del contrato, pero no se contemplan algunos supuestos que tienen un impacto importante en el mismo. Factores como la inflación
acumulada, el incremento del SMI, incrementos salariales en convenios colectivos, implantación de nuevos permisos en el orden laboral, etc., están provocando que las empresas adjudicatarias no puedan mantener las ofertas que presentaron hace 2, 3 o
4 años cuando firmaron los contratos. El aporte intensivo de mano de obra que estas empresas deben realizar para garantizar la calidad de los servicios que prestan, está causando una elevación de los costes de personal que, necesariamente debe de
conllevar una revisión de los precios del contrato. Las administraciones no cuentan con herramientas legales para la revisión del precio en contratos de servicios y suministros y el resultado es, en cada vez más ocasiones que las empresas desistan
de su ejecución, dejando a la ciudadanía sin la prestación correspondiente, o en muchos otros casos, que directamente las empresas decidan no licitar. Ello está provocando que el número de contratos licitados que quedan desiertos sea cada vez más
alto.
Estas últimas cuestiones relacionadas con el precio, y otras de las mencionadas anteriormente, deberían ser objeto de aclaración y desarrollo reglamentario. Y aquí reside otra de las fallas que más problemas de aplicación están ocasionando
en el despliegue de las obligaciones marcadas por la LCSP. En su disposición final octava se establecía la obligación por parte del gobierno de realizar un aterrizaje reglamentario de muchas de las disposiciones de la norma. Seis años después de
la entrada en vigor de la ley, el reglamento de desarrollo brilla por su ausencia. El actual reglamento en vigor data del año 2001, habiéndose ya aprobado tres leyes de contratación desde entonces.
Por último, se ha constatado que las administraciones locales están encontrando enormes dificultades para poner en marcha muchas de las obligaciones que dimanan de la ley. La rigidez sin matizaciones ni adecuaciones según el tipo y
dimensión de la Administración pública de algunos procedimientos establecidos, las obligaciones en materia de transparencia, los plazos fijados, y la necesaria profesionalización del personal público para llevarlas a cabo, así como la escasez de
recursos materiales y humanos, son algunos de los problemas a los que se enfrentan los entes locales para poder desarrollar una política de contratación pública ágil y eficiente, que responda a las necesidades de la ciudadanía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Llevar a cabo las transformaciones legales necesarias para incorporar el control del principio de integridad en las empresas y entidades que participan en las licitaciones públicas, estableciendo un procedimiento de prohibiciones de
contratar efectivo, que impida realmente que las empresas condenadas por corrupción o que hayan cometido los delitos y las infracciones administrativas contempladas en la ley no puedan participar de la contratación pública.
2. Modificar la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para permitir una verdadera aplicación de criterios sociales, ambientales, laborales y de derechos humanos en la contratación pública, de modo que tengan un
verdadero impacto en la transformación de la realidad social y de nuestro tejido socioeconómico, así como ampliar los supuestos y mejorar las posibilidades para que las entidades de la economía social se incorporen al mercado de la contratación
pública.
3. Elaborar a la mayor brevedad el reglamento de desarrollo de la Ley 9/2017, que establezca criterios claros y objetivos para la valoración de las ofertas, de forma que no se distorsione la ponderación de los criterios de adjudicación,
asegurando que reflejen adecuadamente la relación calidad-precio en la adjudicación de los contratos y se obtengan cada vez servicios, obras y suministros de mayor calidad para la ciudadanía.
4. Incorporar las modificaciones oportunas para flexibilizar la revisión y actualización de los precios de los contratos, adaptando los mismos a las cada vez más frecuentes fluctuaciones que sufren como consecuencia de la inflación, la
subida del SMI o de otros factores derivados de una economía globalizada que inciden directamente en su configuración, al mismo tiempo que se garantiza la viabilidad económica de las empresas adjudicatarias considerando especialmente a las pequeñas
y medianas empresas.
5. Implementar las medidas legales o reglamentarias oportunas para adaptar la complejidad de la contratación pública actual a la realidad, a las necesidades y a los recursos de los entes locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-Carlos Martín Urriza, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública sobre la
modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para una tributación más justa y equitativa.
Exposición de motivos
Los gobiernos locales juegan un papel cada vez más relevante en el ámbito de las políticas del Estado del Bienestar, especialmente las relacionadas con los servicios sociales, la educación, el mercado laboral y la vivienda. Sin embargo, no
cuentan con los medios financieros suficientes para hacerse cargo de unas competencias locales cada vez mayores.
Según el Banco de España, la deuda de las Corporaciones Locales se situaba en 23.000 millones de euros en febrero de 2024, lo que supone un 0,7 % más que el saldo
registrado en febrero de 2023. Los ayuntamientos acumulan el grueso del pasivo total de las corporaciones locales. A ese respecto, el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado del país con una deuda viva, a 31 de diciembre de 2023, de
1.960 millones.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es el principal impuesto de la cesta tributaria de los ayuntamientos. De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública de octubre de 2023, el IBI supone el 61,1 % de los
ingresos por impuestos locales (directos e indirectos) y representa el 24,39 % de los ingresos totales municipales. Se trata de un impuesto local que grava una base inmóvil y fácilmente cuantificable (el valor catastral de los bienes inmuebles) lo
cual permite obtener una recaudación elevada y estable.
Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los consistorios, resulta oportuna una modificación del IBI que permita a los Ayuntamientos gozar de una mayor autonomía, entendiendo que el potencial recaudatorio
del IBI no está completamente explotado, y que dicho impuesto no se ha configurado de la manera más acorde con los principios de igualdad tributaria y capacidad económica.
En efecto, los principales problemas achacados al IBI están relacionados con su falta de equidad impositiva, y en particular con su carácter regresivo que perjudica a los ciudadanos con menos ingresos. A ese respecto, una diversificación de
tipos de gravamen ligada al valor del inmueble sería más acorde con el principio de capacidad económica, tal y como ocurre en países como Italia, Suecia y Polonia.
Actualmente, el Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el
máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos.
Los gobiernos locales tienen un margen relativamente amplio para establecer un tipo de gravamen u otro. Sin embargo, esta horquilla se podría ampliar a los efectos de gravar con un tipo incrementado y progresivo los bienes inmuebles urbanos
de mayor valor. Así, teniendo en cuenta que el valor catastral medio de los inmuebles urbanos es de 60.149 euros, se debería estudiar la posibilidad de establecer tipos de gravamen incrementados para aquellos bienes inmuebles urbanos que superen el
valor de 250.000 euros en adelante.
Por otro lado, la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda introdujo modificaciones sustanciales en el recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente. De acuerdo con las modificaciones introducidas, se
establece una definición de 'vivienda vacía' para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellas viviendas que lleven vacías más de 2 años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de 4 viviendas en esta situación. Además,
se modula el recargo del IBI (hasta entonces situado en el 50 % de la cuota líquida del IBI), que puede subir al 100 % y al 150 %, según el tiempo que los inmuebles permanezcan vacíos y de su ubicación.
Las modificaciones comentadas han supuesto una mejora indiscutible, tanto en la aplicación del principio de capacidad económica en la configuración del IBI, como a los efectos de implementar de manera efectiva el derecho a una vivienda digna
y adecuada, reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución. Sin embargo, el respeto a los principios de igualdad tributaria y capacidad económica exige dar un paso más en beneficio de la vivienda habitual, ya que la capacidad económica no es
la misma si la única propiedad es la vivienda habitual o si se trata de inmuebles adicionales, que además son destinados a pisos turísticos o para alquiler de temporada.
En ese sentido, se propone la creación de un recargo del 50 % en el IBI para aquellos inmuebles destinados a pisos turísticos y alquiler de temporada en zonas declaradas tensionadas. A ese respecto cabe señalar que un recargo en el IBI
equivalente al de los pisos vacíos ya se está aplicando en Bilbao desde el 1 de enero de 2024, conforme a normativa foral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la posibilidad de establecer tipos de gravamen diferenciados y progresivos en el IBI para los bienes inmuebles urbanos, de acuerdo con su mayor valor catastral, así como de ampliar la horquilla de tipos de gravamen establecida
para este tipo de inmuebles.
2. Modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004 para establecer un recargo del 50 % en el IBI a las viviendas y los alojamientos en habitaciones de vivienda particular destinadas a uso turístico y alquiler de temporada en zonas
tensionadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-Carlos Martín Urriza y Engracia Rivera Arias, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de política fiscal para mejorar la situación económica de las familias,
para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha subido los impuestos en 69 ocasiones en los últimos años 15. Desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno, la recaudación tributaria se ha incrementado 63.250 millones de euros, un 30,3 % más 16, hasta
los 271.935 millones de euros en el año 2023 17.
Este fuerte aumento de la recaudación ha superado en 9.154 millones de euros las previsiones del Gobierno recogidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 18.
Más de la mitad del aumento de la recaudación se ha debido al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se ha incrementado un 45 % en el periodo 2018-2023 19. Tan solo en el último año, los ingresos por IPRF aumentaron el
9,9 % con respecto al año anterior 20. Los ingresos públicos por el Impuesto sobre el Valor Añadido han aumentado un 19,6 % en el mismo periodo.
15 https://gaceta.es/economia/sanchez-ha-subido-69-veces-los-impuestos-cada-familia-paga-hoy-3-890-euros-mas-que-en-2018-20240403-1321/
16 Informe de recaudación tributaria del año 2018. Página 14. https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2018/IMR_18_12_es_es.pdf
17 Informe de recaudación tributaria del ciño 2023. Página 18. https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2023/IMR_23_12_es_es.pdf
18 Página 264, https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE/ProyectoPGE2023/Documents/LIBROAMARILLO2023.pdf
19 Ajustado al número de personas ocupadas, el aumento ha sido del 32%
20 Página 10 del documento. Cuadro R1. https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2023/IMR_23_12_es_es.pdf
La mayor recaudación se ha dado en un contexto de altos niveles de inflación, que ha supuesto una ganancia extraordinaria para las administraciones. Esto ha supuesto un perjuicio para los españoles, ya que el Gobierno no ha ajustado las
tarifas de los impuestos a este escenario.
En el plano internacional, España es el país de la Unión Europea que más ha incrementado su presión fiscal en el periodo 2018-2022 21, después de Chipre. Este aumento fue del 0,24 % en la Unión Europea mientras que en España fue del 10,69
%. Asimismo, el esfuerzo fiscal (presión fiscal calculada por el Producto Interior Bruto per cápita) ha sido 17,8 puntos superior al de la Unión Europea 22.
De hecho, el índice de competitividad fiscal del año 2023 sitúa a España en la posición 31 de los 38 países analizados 23.
Por su parte, la cuña fiscal media de España (suma de cotizaciones sociales e IRPF sobre el coste laboral total) es de las más altas de los países de la OCDE, alcanzando el 40,2 % del coste laboral en el año 2023, mientras que de media del
conjunto de los países de la Organización fue del 34,8 % 24.
A pesar de ello, el objetivo del Gobierno, de acuerdo con el Plan Presupuestario del 2024, es el de seguir elevando la presión fiscal a lo largo de los próximos años. El Ejecutivo apunta a un aumento de la presión fiscal del 0,5 % del PIB
para el año 2024 25.
Este objetivo es coherente con su política fiscal basada en el aumento continuado del gasto público que, si bien, debería estar enfocado a cubrir adecuadamente las necesidades de los españoles, los resultados no lo avalan. Según la
Intervención General de la Administración del Estado, el gasto de las administraciones públicas ha aumentado el 34,85 % en el periodo 2018-2023, siendo el de la Administración Central el 38,67 %.
El aumento de los gastos y de los ingresos por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nominal no se ha visto reflejado en la mejora de las condiciones de vida de las familias españolas. Los resultados de la política
fiscal, teniendo en cuenta el aumento del 45 % de los impuestos y del 35 % del gasto público han sido:
- Duplicar la tasa de paro de la Unión Europea 26 y registrar la más elevada de todos los países de la OCDE 27.
- Alcanzar uno de los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza y exclusión social de la Unión Europea 28.
- Experimentar una pérdida del poder adquisitivo del -2,2 % y estar 11 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea 29
- Que el consumo final de los hogares siga estancado en los niveles del año 2019.
- Registrar niveles de inflación por encima del conjunto de países de la Eurozona 30.
- Unas listas de espera que baten récord: 850.000 personas esperando a ser operadas 31; lo que confirma una inadecuada gestión en la sanidad pública.
21 Cálculo de las variaciones anuales de la presión fiscal de los países, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_taxag/default/table?lang=en
22 Pág. 17, https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-INFORMES-Abril-2024.-Competitividad-fiscal-2023.pdf?El esfuerzo fiscal es el resultado de dividir la presión fiscal entre el PIB per cápita.
23 Pág. 23, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dbcbac85-en.pdf?expires=1715009691&id=id&accname=ocid77013477&checksum=223C76380D2756702129F5E308C971D2
24 https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/taxing-wages/comparative-tables_data-00265-en
25 Pág. 27, https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2024/Plan-Presupuestario-2024-ES.pdf
26 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_a/default/table?lang=en&category=labour.employ.lfsi.une
27 https://www.oecd.org/employment/unemployment-rates-oecd-updated-february-2024.htm
28 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion
29 PIB real per capita en paridad de poder de compra, hhttps://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en&category=t_prc.t_prc_ppp
30 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-17042024-ap
31 https://www.rtve.es/noticias/20240416/listas-espera-baten-record-pacientes-operacion-quirurgica/16062730.shtml
- Tener los peores resultados del informe PISA, lo que demuestra la ineficiencia en el aumento del gasto en educación 32.
No obstante, la peor consecuencia de la política fiscal del Gobierno son los desequilibrios financieros. Y es el peor resultado por cuánto va a costar en añadido a las familias españolas, y lo que es más grave, a las generaciones futuras.
- Desde el año 2018, las administraciones públicas han generado saldos negativos en sus cuentas que ascienden a 381.696 millones de euros. Esta cuantía supone el 14,3 % del conjunto de déficits de la Unión Europea, casi el doble del peso de
la economía española sobre el conjunto de la Unión 33.
- El aumento de la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha sido de 393.801 millones de euros desde el año 2018, el 32,6 % más 34. Solo el aumento del deflactor del PIB ha conseguido maquillar las principales ratios
financieros del sector público. A pesar de ello, España tiene el cuarto mayor nivel de deuda de Europa. El pasado febrero, la deuda pública alcanzó el máximo nivel registrado antes, de 1.602.662 millones de euros, casi 20.000 millones más en un
solo mes 35.
No solo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha realizado las recomendaciones constantes al Gobierno sobre medidas de política fiscal 36, también el Banco de España lleva varios años advirtiendo sobre los riesgos del elevado
endeudamiento del sector público. Recientemente, ha vuelto a insistir en ello en su último Informe de Estabilidad Financiera: 'el endeudamiento público sigue siendo elevado, al igual que el nivel del déficit público estructural, y constituyen
elementos de vulnerabilidad en un contexto de presiones crecientes sobre el gasto público, procedentes no solo del entorno de mayores tipos de interés sino también de fenómenos estructurales cómo el envejecimiento de la población, el cambio
climático o los mayores gastos en defensa por las tensiones geopolíticas' 37.
Por tanto, si el Gobierno recauda y gasta como nunca, la situación de las familias es cada vez menos próspera y se registra el mayor nivel de deuda pública de la historia, se pueden obtener las siguientes conclusiones sobre su política
fiscal:
- El Gobierno gasta anualmente 30.000 millones de euros en subvenciones, muchas de ellas para gobiernos u ONGs extranjeras.
- Existen decenas de duplicidades políticas y administrativas ineficientes que cuestan 60.000 millones de euros a los españoles, según estudios de instituciones reconocidas.
- Solo la mitad de las transferencias a las comunidades autónomas, que ascienden a 66.000 millones de euros, son destinadas a financiar realmente las competencias que tienen.
- Como se puede observar en los medios de comunicación, son cientos de millones de euros los que están siendo investigados por casos de corrupción de políticos.
La política fiscal del Gobierno solo ha conseguido capilarizar a la economía con gasto ideológico e improductivo, restar competitividad a las empresas, mermar la capacidad adquisitiva de las familias y endeudar al conjunto de los españoles,
sin visos de conseguir un equilibrio financiero dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea.
32
https://www.libertaddigital.com/espana/2023-12-05/espana-se-hunde-en-el-informe-pisa-y-los-alumnos-obtienen-el-peor-resultado-de-la-historia-en-matematicas-7076886/?https://somosperiodismo.es/laboratorio/espana-obtiene-el-peor-resultado-jamas
-publicado-e n-el-informe-pisa/
33 https://www.ine.es/infografias/infografia_dia_estadistica_europa.pdf
34 https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/compartido/datos/pdf/a11b.pdf
35 https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/compartido/datos/pdf/a11b.pdf
36 'En el medio y largo plazo, la AIReF proyecta una evolución de la ratio de deuda sobre el PIB desfavorable' Página 149, https://www.airef.es/wp-content/uploads/2024/04/PRESUPUESTOS-INICIALES/Informe-Presupuestos-Iniciales-2024.pdf
37 https://www.bde.es/f/webbe/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformesEstabilidadFinancera/24/IEF_Primavera2024.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Cambiar su estrategia de política fiscal para devolver la esperanza de prosperidad a los españoles ante el despilfarro de su administración y el expolio tributario al que están sometidas las familias.
2) Impulsar la reducción de los actuales veintidós ministerios a doce: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior,
Ministerio de Fomento, Ministerio de Educación y , Cultura, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Ministerio de Presidencia y Administración Pública, Ministerio de Economía, Energía, Industria y
Transformación Digital, y Ministerio de Sanidad, Familia y Servicios Sociales.
3) Realizar una auditoría del gasto efectuado por AGE con el fin de mejorar la eficiencia del gasto público, y reducir gastos improductivos e innecesarios, poniendo fin al despilfarro político y a todo gasto público relacionado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
4) Revisar la política de subvenciones de la AGE, eliminando aquellas que se conceden bajo el paraguas de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática, aquellas que colaboren con la inmigración ilegal y las que se amparen en la defensa del denominado 'colectivo LGTBI+'.
5) Eliminar las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales y promover una auditoria de las ayudas públicas que reciben por parte de las administraciones regionales y locales.
6) Realizar una auditoría las entidades pertenecientes al sector público institucional de la AGE, de las administraciones regionales y locales, con el fin de identificar a las entidades que tengan funciones similares o que sean susceptibles
de generar sinergias con otras, de cara a plantear una racionalización y simplificación de su estructura, así como su posible fusión o absorción por otras entidades, con el fin de reducir costes que no generan valor añadido para los españoles.
7) En materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
- Aplicar como tramo exento del impuesto a las rentas inferiores a 22.000 euros.
- Establecer un tramo de 22.000 euros a 70.000 euros de base liquidable sujeto al 15 %
- Establecer un último tramo de rentas superiores a 70.000 euros de base liquidable con un tipo del 25 %.
- Reducir los tipos de ambos tramos en cuatro puntos por cada hijo, de tal forma que:
i. Las personas que paguen un 15 % verán reducido este porcentaje hasta el 7 % si tuvieran dos hijos, y no pagarían si tuvieran cuatro hijos.
ii. Las personas que paguen el 25 %, lo harán al 17 % si tuvieran dos hijos y el 9 % con cuatro hijos, hasta un mínimo del 0 %.
8) De manera transitoria y hasta logar la reducción de tramos previstos en el apartado anterior, se propone aumentar la deducción por nacimiento o adopción actual, de tal forma que sea de 1.200 por el primer hijo, 1.600 euros por el segundo,
2.500 por el tercero y 2.750 por el cuarto hijo en adelante.
9) De manera transitoria y hasta lograr la reducción de los tramos previstos en el apartado anterior, se propone recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual que fue suprimido por la Ley 16/ 2012, de 27 de diciembre, por la que
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
10) De manera transitoria y hasta lograr la reducción de los tramos previstos en el apartado anterior, se propone recuperar la deducción por alquiler de vivienda en el IRPF en todo el ámbito nacional para arrendatarios de vivienda habitual,
que fue suprimida por la Ley 26/ 2024, de 27 de noviembre.
11) En materia del Impuesto sobre Valor Añadido, en el marco de la Directiva 2006/112/ CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006:
- Reducir el tipo general del 21 % al 18 % y el reducido del 10 % al 8 %.
- Mantener la prórroga, hasta al menos finales de 2024, de la aplicación en el impuesto del valor añadido (IVA) del tipo impositivo del 0 % que recae sobre productos básicos de alimentación, extendiéndose a los aceites de oliva y de
semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados.
- Reducir al tipo superreducido los pañales infantiles y geriátricos; biberones y leches de formula pediátricas; servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial; y productos
farmacéuticos infantiles y geriátricos.
- Eliminar el IVA para la adquisición de primera vivienda habitual.
- Reducir de forma permanente los tipos de los suministros de los hogares, en concreto, el del gas, la electricidad y del agua al tipo superreducido.
- Adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a eliminar la doble imposición fiscal que se produce al incluir a los impuestos especiales como base imponible a efectos del IVA.
12) Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en todo el territorio nacional, por suponer confiscaciones injustas,
duplicadas o desproporcionadas del patrimonio de los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/000952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de las
condiciones de la prisión provincial de Almería-EI Acebuche, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La prisión provincial de Almería, también conocida como Centro Penitenciario de Almería-El Acebuche es una de las prisiones más antiguas de Andalucía y una de las peores del conjunto del país. Esta prisión aún en pleno siglo XXI sigue sin
ser un centro tipo y además es la única prisión de España con un sistema híbrido de apertura dónde aún existen celdas que no se abren de manera telemática y a todo ello, hay que añadir que cuenta con una plantilla envejecida, con una edad media de
54 años, que la convierte en una de las plantillas más envejecidas de toda España.
Todo esto unido al grave problema con el que cuenta la prisión de Almería por la masificación de internos y la falta de personal que sufre el centro penitenciario, origina en muchos casos graves situaciones de riesgo para todos los
profesionales que trabajan en la prisión provincial, como son las continuas peleas entre los presos, muchas de ellas originadas porque tampoco existe en esta prisión una clasificación efectiva de los internos, lo que lamentablemente facilita gran
parte de las agresiones que sufren los empleados públicos penitenciarios por parte de los presos. En lo que llevamos de año, ya han sido 8 los funcionarios de prisiones agredidos en la prisión almeriense.
Este centro penitenciario cuenta con la peculiaridad de ser una prisión preventiva y, además, hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha ido sobrecargando de internos sin ningún tipo de control y, aunque la prisión de Almería es
grande en cuanto capacidad, cuenta con cinco módulos cerrados, lo que sí tiene esta prisión es un grave problema de falta de Recursos Humanos que no permite abrir ninguno de estos espacios adicionales.
Hace unos años, existían módulos para los jóvenes entre 18 y 21 años, hoy ya no existen estos módulos y, por tanto, ya no se pueden separar estos jóvenes del resto de internos por la falta de espacios con empleados públicos penitenciarios
que sufre la prisión de Almería. Hace unos años también existía un módulo de reincidentes, hoy ya no existe este módulo por la falta de espacios con empleados públicos penitenciarios asignados.
Desde hace más de 3 años, los módulos abiertos y operativos del Centro Penitenciario de Almería se encuentran utilizados al máximo de su capacidad. Esto complica el trabajo de los funcionarios que realizan su labor en este centro, puesto
que incluso una simple desavenencia entre presos de celda tiene difícil solución. Los funcionarios que desarrollan su trabajo en los departamentos de interior tienen que enfrentarse todos los días a diferentes problemas que complican en gran medida
su trabajo. El principal es la saturación de los módulos, aunque no es el único, ya que a esto debemos añadir la inexistencia de una separación y clasificación interior de los internos, adecuada a los parámetros establecidos por el el equipo de
tratamiento de la prisión.
La saturación de los módulos provoca que se incumpla el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, sobre separación interior de los centros así como el artículo 62 en cuanto a que se impide la
individualización del tratamiento, vulnerando de esta manera el artículo 25.2 de la Constitución.
Esta saturación afecta también a la seguridad del centro. Además de las dificultades para controlar, con los mismos funcionarios, un número mayor de internos, también aumentan los conflictos entre internos dado que no es posible, ni
siquiera, cambiar de celda a internos que tienen problemas de convivencia. Estos conflictos también aumentan por no existir una adecuada separación interior.
Una masificación de internos que lamentablemente ha estado en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos por encima de los 900 internos, alcanzando una cifra récord de un total de 935 internos en el centro penitenciario de Almería, y para
hacernos una idea de este grado de saturación debemos tener en cuenta que solamente existen un total de 890 camas en este centro penitenciario.
A todo ello, cabe añadir el gravísimo problema que supone la sanidad penitenciara para el conjunto de las prisiones españolas, una sanidad penitenciaria que depende directamente del Ministerio del Interior y dónde solo están cubiertas
entorno al 40 % de las plazas de médicos en los centros penitenciarios. Pues en la prisión provincial de Almería esta problemática es aún mucho más sangrante ya que en las próximas semanas se jubilará uno de los médicos del centro penitenciario,
con lo que el centro se quedará con sólo 3 médicos para aproximadamente 800 internos, una situación que impedirá que se pueda desarrollar una mínima atención sanitaria de calidad y, además, implicará que solo se pueda desarrollar la 'Telemedicina'
como ya ha pasado en otras ocasiones en las que sólo han estado 3 médicos para todo el centro penitenciario de Almería. Esto supone que no se pueda dar una asistencia normal teniendo unos horarios de 'Telemedicina' de 9.00h a 15.00h y de 16.00h a
21.00h dejando la noche y un gran abanico de horarios sin poder
prestar una asistencia sanitaria normal a causa de no poder contar con un médico de manera presencial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Centro Penitenciario de Almería-EI Acebuche no pueda exceder de los 800 internos ya que con las características de esta prisión es inasumible poder trabajar en términos de seguridad para los propios empleados públicos
penitenciarios y a su vez, hace imposible trabajar en las medidas de inserción.
2. Actualizar la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la prisión provincial de Almería y, mientras se produce dicha actualización, cubrir las vacantes de la RPT actual de forma urgente.
3. Modernizar los módulos más antiguos, debido a que hay 8 módulos en esta prisión que están abiertos y sus condiciones son pésimas por el alto grado de deterioro de estos, entre ellos el módulo de enfermería que se encuentra en condiciones
deplorables y que requiere de una rehabilitación inmediata.
4. Garantizar un mínimo inexcusable de 5 profesionales médicos para este centro penitenciario.
5. Implantar una unidad canina en la prisión almeriense, ya que siendo el centro penitenciario que ostenta el segundo mayor número de incautaciones de droga a nivel nacional, sorprendentemente aún no cuenta con esta unidad canina.
6. Que el Centro de Inserción Social (CIS) 'Manuel Pérez Ortega' cuente con plazas singularizadas dentro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro penitenciario de Almería, tal y como tienen la gran mayoría de centros de estas
características en otras prisiones.
7. Insistir en la necesidad de agilizar la iniciativa legislativa para que los empleados públicos penitenciarios sean reconocidos como Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile, Ana Martínez Labella y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar al Gobierno que apueste
de forma urgente por las mejoras necesarias en la línea de alta velocidad Huesca-Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En 2003 se inauguró la llegada del tren de alta velocidad a Huesca con la línea entre Madrid y Huesca, por el entonces ministro de Fomento del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos. El AVE fue todo un hito para Huesca y su provincia, al
permitir mejorar la conectividad con la capital de España e impulsar el desarrollo socioeconómico del Alto Aragón. Especialmente importante en una provincia con un gran atractivo turístico con una
riqueza natural de enorme belleza, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, los valles pirenaicos, así como una relevante historia, cultura, tradición, patrimonio material e inmaterial, biodiversidad y gastronomía.
Desde entonces, la alta velocidad a nivel nacional ha experimentado avances y mejoras. Así, por ejemplo, se ha liberalizado el mercado con la entrada de nuevos competidores a precios más competitivos, se han incrementado las frecuencias, se
han reducido los tiempos de viaje con locomotoras más rápidas que superan los 300 km/h de velocidad comercial, los trenes son cada vez más avanzados y seguros, etc.
Sin embargo, la realidad en la provincia de Huesca es bien distinta. El AVE ha traído progreso, pero no todo el esperado por la falta de compromiso en los últimos años del Gobierno de España hacia esta provincia. Han pasado más de veinte
años desde la llegada del AVE a Huesca y, en la actualidad, viajar en el AVE Huesca-Madrid y regreso se ha convertido en una auténtica pesadilla para los usuarios, con reiteradas incidencias y múltiples retrasos, con unos tiempos de viaje ya de por
sí poco competitivos en el tramo Huesca-Zaragoza. A modo de repaso, y sin intención de ser exhaustivos, en el año 2023 se pueden contar los incidentes en el trayecto en más de 20 y en lo que va de año se podrían mencionar las siguientes
incidencias:
- El 10 de febrero de 2024, el AVE Madrid-Huesca circuló con un notable retraso por incidencias técnicas y una avería.
- El 26 de marzo, el AVE se averió a los cinco minutos de salir de Huesca y los viajeros fueron reubicados en un regional a Zaragoza con pasillos abarrotados de personas de pie.
- De nuevo, el 28 de abril, el AVE Huesca-Madrid se averió a un kilómetro de la salida, retornando a la estación y otra vez la solución ocasional fue llevar a los viajeros hasta Zaragoza con un convoy regional.
- Y, muy recientemente, el pasado 26 de mayo, un problema de falta de tensión en la catenaria entre Huesca y Villanueva provocó que los viajeros fueran desalojados del AVE para ser reubicados en un regional hasta Zaragoza, con nuevamente
pasillos repletos de personas de pie entre maletas, y desde allí en un tren no de alta velocidad a Madrid.
Además de los múltiples inconvenientes que generan estos contratiempos y las incomodidades ante los cambios de tren, especialmente para las personas mayores o para quienes viajan con niños, la reiterada acumulación de demoras de una, dos o
más horas, provoca que muchos viajeros pierdan sus vuelos, dificulta o impide otros enlaces, les obliga a llegar tarde a sus compromisos laborales o a consultas médicas...
En todos los casos, y en otros tantos que no han sido recogidos por la prensa local pero sí sufridos por los usuarios, los viajeros afectados se lamentan de la falta de información adecuada sobre las incidencias y retrasos, así como de la
descoordinación entre el personal a la hora de reubicar a los pasajeros en otros trenes o de la desinformación sobre los posibles enlaces perdidos en la estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes. En definitiva, sea cual sea la historia,
todos los usuarios sufren incomodidades por estos contratiempos ante tantas averías y demoras. Y de ninguna manera les reconforta la devolución del cien por cien del precio de los billetes cuando la aspiración de un usuario es llegar a su destino
en el horario establecido. La puntualidad era una seña de identidad de esta línea que daba fiabilidad y garantía a los usuarios que ahora se ha perdido. Esto puede hacer que finalmente deje de utilizarse, y la falta de demanda termine
convirtiéndose en la excusa para acabar con esta línea Huesca-Madrid.
Ante esta realidad, el tiempo pasa y los usuarios caen en la desesperación ante unos problemas reiterados que deben solventar con urgencia tanto Renfe como Adif. Además del deficiente estado de la infraestructura, los convoyes que
circulaban en esta línea desde su inicio, que eran nuevos, en estos últimos años de gobierno socialista, han sido sustituidos por trenes con una antigüedad de treinta años, ya que son los que circulaban en la inauguración de la primera línea de AVE
a Sevilla.
En otro orden de cosas, Huesca ha perdido frecuencias durante la pandemia, que no se han recuperado a diferencia de otras ciudades y, en la actualidad, solo cuenta con un
servicio diario por sentido: a las 8.10h en dirección Madrid y a las 19.05h en dirección Huesca, tras perderse el AVE que se implantó para atraer turistas de fin de semana a nuestra provincia, con llegada el viernes a Huesca sobre las
18.30h y regreso a Madrid el domingo con salida de Huesca a las 19.35h, siendo además esta última frecuencia la de mayor demanda. Esto ha provocado la pérdida de oportunidades de desarrollo turístico de nuestra ciudad y provincia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo de forma urgente las mejoras necesarias en la línea de alta velocidad Huesca-Madrid mediante la esencial mejora técnica de la infraestructura entre Huesca y Zaragoza, la
modernización de la unidad asignada a la capital oscense -una de las más antiguascon un tren más moderno, el incremento de servicios y la recuperación de la frecuencia de fin de semana, para dar servicio a la provincia de Huesca apostando por el
desarrollo socioeconómico de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alós López, Héctor Palencia Rubio, José Alberto Herrero Bono y Luis María Beamonte Mesa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancia del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para la ejecución del desdoblamiento y mejoras del tramo de la N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques.
Exposición de motivos
El tramo de Lleida a les Borges Blanques de la N-240 es el único tramo de la autovía Mediterráneo-Cantábrico pendiente de actuación, ha sido un punto negro de accidentes. Sobre este tramo, históricamente se han realizado distintos proyectos
de actuación y distintos anuncios de inicio de obras, todos ellos anuncios fallidos. Es un tramo, además, dónde en invierno la niebla hace que la visibilidad sea muy reducida y por tanto de potencial riesgo.
Desde que el peaje de la AP-2 ha finalizado, ha disminuido sustancialmente el tráfico de esta zona especialmente para el tráfico de paso, pero este eje sigue siendo un importante eje industrial y de actividad económica, con fuerte presencia
de vehículos pesados y lo será aún más con el desarrollo del polígono de Torreblanca-Quatre Pilans, sector de actividad económica que ya tiene aprobado inicialmente el Plan director y que es inminente la aprobación definitiva de este. Este sector
de actividad económica se sitúa y se conecta al eje de la N-240 precisamente entre Lleida y Juneda.
Recientemente, se han anunciado las mejoras de unas rotondas en Juneda, pequeñas actuaciones puntuales para mejorar la seguridad de unas intersecciones concretas, también desde hace muchos años anunciadas, pero esto no resuelve el aumento de
capacidad necesaria, la mejora de la seguridad y de la conexión también con la autopista AP-2 en el conjunto del eje y la preparación para el fuerte aumento de la movilidad a raíz del próximo desarrollo del polígono de Torreblanca.
El Ministerio ha realizado estudios informativos sobre este eje, ahora es preciso no perder más tiempo y pasar a la redacción del proyecto constructivo que define definitivamente la actuación más idónea para alcanzar los objetivos detallados
anteriormente.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya al Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a:
1. Una vez analizadas y anunciadas las diferentes alternativas de mejora del tramo de Lleida-Les Borges Blanques de la carretera N-240, siendo el único tramo de la autovía Mediterráneo-Cantábrico pendiente de actuación, delante del próximo
desarrollo del sector de actividad económica de Torreblanca-Quatre Pilans y de acuerdo con los estudios informativos ya realizados por parte del ministerio, se proceda al encargo para la redacción del Proyecto constructivo con el objetivo de:
- Realizar un proyecto de actuación del conjunto del tramo atendiendo a las necesidades de seguridad, mala visibilidad invernal y agmento de demanda previsto para el polígono de Torreblanca-Quatre Pilans.
- Que el proyecto contemple el desdoblamiento y agmento de la capacidad de la vía y la conectividad tanto al Polígono de Torreblanca, a las intersecciones existentes y a la autovía AP-2 del conjunto de poblaciones del área.
2. Que una vez finalizado y aprobado el proyecto constructivo se proceda de forma inmediata a la licitación de las obras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés Dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió de Transports i Mobilitat
Sostenible, una Proposició no de Llei per a L'execució del Desdoblament i Millores de Connexió del Tram de la N-240 entre Lleida i les Borges Blanques.
Exposició de motius
El tram de Lleida a Les Borges Blanques de la N-240 és l'únic tram de l'autovia Mediterrani-Cantàbric pendent d'actuació, ha estat també un punt negre d'accidents. Sobre aquest tram, històricament s'han fet diversos projectes d'actuació i
diferents anuncis d'inici d'obres tots ells anuncis fallits. És un tram a més on a l'hivern la boira fa que la visibilitat sigui molt reduïda i per tant de potencial risc.
Des de que el peatge de l'AP-2 ha finalitzat, ha disminuït substancialment el trànsit d'aquesta zona especialment per al trànsit de pas, però aquest eix segueix essent un important eix industrial i d'activitat econòmica, amb forta presència
de vehicles pesants i ho serà encara més amb el desenvolupament del polígon de Torreblanca-Quatre Pilans, sector d'activitat econòmica que ja té aprovat inicialment el Pla director i que és imminent l'aprovació definitiva del mateix. Aquest sector
d'activitat econòmica es situa i es connecta a l'eix de la N-240 precisament entre Lleida i Juneda.
Recentment han estat anunciades les millores d'unes rotondes a Juneda, petites actuacions puntuals per a millorar la seguretat d'unes interseccions concretes, també fa molts anys anunciades, però això no resol l'augment de capacitat
necessària, la millora de la seguretat i de la connexió també amb l'autopista AP-2 en el conjunt de l'eix i la preparació per al fort augment de la mobilitat fruit del proper desenvolupament del polígon de Torreblanca.
El ministeri ha fet estudis informatius sobre aquest eix, ara cal no perdre més temps i passar a la redacció del projecte constructiu que defineixi definitivament l'actuació més idònia per a assolir els objectius esmentats anteriorment.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats, insta al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a:
1. Una vegada analitzades i anunciades diferents alternatives de millora del tram de Lleida-Les Borges Blanques de la carretera N-240, essent l'únic tram de l'autovia Mediterrani-Cantàbric pendent d'actuació, davant del proper
desenvolupament del sector d'activitat econòmica de Torreblanca-quatre pilans i d'acord amb els estudis informatius ja realitzats per part del ministeri, es procedeixi a l'encàrrec per a la redacció del projecte constructiu amb l'objectiu de:
- Fer un projecte d'actuació del conjunt del tram atenent a les necessitats de seguretat, mala visibilitat hivernal i augment de demanda previst per al polígon de Torreblanca quatre pilans.
- Que el projecte prevegi el desdoblament i augment de capacitat de la via i la connectivitat tant al Polígon de Torreblanca, a les interseccions existents i a l'autovia AP-2 del conjunt de poblacions de l'àrea.
2.- Que un cop finalitzat i aprovat el projecte constructiu es procedeixi immediatament a la licitació de les obres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de juny de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
161/000970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Plurinacional SUMAR, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de ley relativa al mantenimiento del Centro de Coordinación
de Salvamento en Tarifa, de la EPE Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 otorga al Estado, en su artículo 149.1.20, competencia exclusiva sobre Marina Mercante. Al amparo de tal artículo, la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante considera el salvamento marítimo, materia
de este tenor en los términos previstos en su artículo 264.
En otro orden, España ha firmado su instrumento de adhesión al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo 1979, hecho en Hamburgo el 27 de abril de 1979,
y donde las Partes se obligan a tomar todas las medidas legislativas u otras medidas apropiadas que se precisen para dar plena efectividad al Convenio y a su anexo.
Con todo ello, son competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, entre otras muchas, las relativas a la seguridad y el salvamento de la vida humana en la mar, así como de la navegación y lucha contra la contaminación, en
aguas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y de acuerdo con el Derecho Internacional.
Para dar cumplimiento a este servicio público de salvamento, España cuenta con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes y movilidad Sostenible, en la que el
ministro fija las directrices de actuación de la Sociedad, aprueba el plan anual de objetivos, efectúa el seguimiento de su actividad y ejerce, sin perjuicio de otras competencias, el control de eficacia de acuerdo con la normativa vigente.
España es el país de la Unión Europea con mayor longitud de costa, que unido a su especial situación geográfica, próxima al eje de importantes rutas marítimas, lo convierte en un área de tráfico intenso que conlleva potenciales accidentes
marítimos como, por ejemplo, el sufrido por el Prestige en 2002, y sus posteriores consecuencias medioambientales. La importancia de nuestra flota pesquera, así como la de recreo, hacen que el tráfico marítimo requiera, como no puede ser de otra
manera, una atención constante. Además, la proximidad de la costa africana nos sitúa, por otro lado, en la realidad de la llegada de miles de hombres y mujeres a nuestras aguas, migración que llevan a cabo en embarcaciones precarias, con
organizaciones mafiosas que hacen que se contabilice en miles las personas que pierden su vida en el trayecto a esa Europa que anhelan los ciudadanos desde otros países. Miles de muertes, que serían muchas más, si no interviniesen en el rescate los
operativos de SASEMAR en nuestras aguas.
Durante años SASEMAR ha sido una organización marítima considerada ejemplar en toda Europa. Alrededor de 1.400 trabajadores, 20 Centros de Coordinación de Salvamento, 76 Unidades Marítimas, 6 Bases estratégicas para la lucha
anticontaminación y un Centro de Formación de Seguridad con alrededor de 50 trabajadores conforman este servicio público que permanece en alerta 24 horas al día los 365 días del año para cubrir una extensión equivalente a tres veces el territorio
nacional.
No obstante, hace ya unos meses, la Dirección de SASEMAR ha trasladado a las organizaciones sindicales y a los trabajadores y trabajadoras del Centro de Coordinación Salvamento de Tarifa su decisión de cerrar el centro y trasladar al
personal a Algeciras. El Centro de Tarifa está en un enclave geoestratégico que le dota de una visión privilegiada para llevar a cabo, con la dotación de dispositivos de vigilancia con los que cuenta, el control del tráfico marítimo, la lucha
contra la contaminación y el salvamento de vidas humanas en la zona del Estrecho de Gibraltar, la zona de mayor tráfico y necesidad de respuesta inmediata que necesita dar nuestra organización por su proximidad a la costa. De ahí su carácter
especial al estar bajo su responsabilidad el dispositivo de Separación de tráfico del Estrecho.
La aprobación por la Organización Marítima Internacional, en el año 1972, del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, 1972 (COLREG), que entró en vigor en 1977 conllevó una de las innovaciones más importantes de este
reglamento, la importancia que se reconocía a los dispositivos de separación del tráfico marítimo (DST). El establecimiento de los dispositivos de separación de tráfico ha reducido considerablemente el riesgo y el número de accidentes por
colisiones y varadas en el tráfico marítimo mundial.
Más de 100.000 buques transitan anualmente por el Estrecho de Gibraltar, buques con los que se mantiene una comunicación y vigilancia constante, ya que deben obligatoriamente notificar su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico. El
Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa ha realizado esta labor en solitario desde 1987 y en colaboración con el Centro de Tánger desde 2010, mejorando en la rapidez de respuesta, cuestión fundamental para prevenir los accidentes marítimos.
La justificación esgrimida por SASEMAR para llevar a cabo este cierre y el traslado de su personal al CCS de Algeciras se basa, entre otras, en 'la necesidad de ubicar este Centro en un puerto' (por ello Algeciras), 'estar en el mismo
edificio que la Capitanía Marítima 'y 'evitar los riesgos de la carretera de acceso al Centro'.
Motivaciones que contradicen a lo que ocurrió hace apenas dos años cuando se cerró el Centro de Coordinación de Salvamento de Gijón, ubicado en el puerto de Gijón encima de la Capitanía Marítima y dándole traslado al personal al Centro de
Formación de Jovellanos, situado a 12 kilómetros del puerto en pleno monte.
Además, cabe recordar también, que Tarifa es un nexo fundamental del anillo de comunicaciones VHF y radar en la zona del estrecho, lo que exigiría el mantenimiento de los equipos en su actual ubicación.
Por último, la decisión adoptada por la Dirección ha provocado la reacción contraria de los trabajadores y trabajadoras del Centro de Tarifa y del resto de Centros de la Empresa, así como la oposición de las Organizaciones Sindicales
representativas en SASEMAR. Por su parte, la Federación Europea de trabajadores del Transporte (ETF) durante su 6.º Congreso, del 24 al 27 de Mayo de 2022 en Budapest, adoptó una resolución en defensa del actual servicio de Salvamento Marítimo.
Así como el apoyo expresado en Pleno Ordinario del ayuntamiento de Tarifa por unanimidad de los Grupos Municipales el 24 de mayo de 2022, y en Pleno Ordinario de la Diputación de Cádiz, el 26 de julio de 2022.
Por todo ello, el Grupo Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar definitivamente el cierre y traslado de los trabajadores y las trabajadoras del Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa, garantizando el actual modelo de SASEMAR y la
ubicación de los enclaves actuales que han sido capaces, en más de 30 años de funcionamiento, de prestar un servicio de calidad salvaguardando la vida de miles y miles personas en la mar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación del Puerto de Palma de Mallorca, para su debate en la
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El pasado sábado 25 de mayo tuvo lugar una importante manifestación en Palma de Mallorca y otros municipios de las Islas Baleares denunciando la falta de vivienda asequible. Según el portal inmobiliario Fotocasa el precio de la vivienda en
las Islas Baleares ha aumentado un 158 % en los últimos 10 años. Un aumento que tiene que ver con un modelo turístico insostenible y que condena a miles de ciudadanos Baleares a bajos salarios que quedan totalmente diezmados por el aumento del
precio de la vivienda.
Un ingrediente esencial de la burbuja turística española y balear es el de las grandes obras para atraer turismo de lujo. Actualmente, está sobre la mesa la ampliación del Puerto de Palma. El presidente de la Autoridad Portuaria de
Baleares, el señor Javier Sanz, le ha dado una vuelta de tuerca más a la propuesta con una ampliación del Dique del Oeste que incluiría un nuevo dique especial para petroleros y buques de mercancías peligrosas. La
ampliación gana un espacio de 110.000 metros cuadrados. La novedad del plan es que pretende incluir una nueva marina para yates de grandes esloras de 35.000 metros cuadrados y una ampliación de la zona peatonal del Moll Vell.
En pleno debate sobre el modelo turístico en las Islas Baleares en el que incluso se ha planteado el decrecimiento del modelo turístico desde el Govern Balear y el Consell de Mallorca, no parece demasiado coherente que Puertos del Estado
haya dado luz verde a un proyecto de semejante envergadura e impacto ambiental. Un proyecto que no prevé la reducción del acceso de cruceros al Puerto de Palma, que provocaría un mayor impacto en el ya saturado turismo balear y que previsiblemente
aumentaría el precio de la vivienda. Además la Autoridad Portuaria no ha ofrecido detalle alguno de la redacción definitiva del proyecto ni de su presupuesto.
No es sostenible inflamar todavía más un modelo ya exitoso pero con riesgo de morir de su propio éxito. Los habitantes de las Baleares se han manifestado porque el precio de la vivienda ya es inasequible y más con los sueldos que ofrece el
actual modelo turístico. La obra faraónica prevista en el Puerto de Palma no es sostenible ni conveniente.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender de inmediato la implementación del plan de crecimiento y ampliación del Puerto de Palma considerando el alto impacto ambiental y turístico que conllevará y el más que previsible
impacto en los precios de la vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes
contra el desempleo de larga duración y la exclusión social para su debate en instancia en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El trabajo es uno de los grandes pilares para la plena autonomía de casi cualquier persona. Para todas aquellas personas que no han nacido con el privilegio de tener garantizadas sus necesidades materiales por la acumulación de capital
familiar, históricamente, tener o no tener trabajo ha marcado la diferencia entre poder acceder o no a una vida en sociedad. Para estas personas, que han constituido y constituyen una amplia mayoría de la sociedad, la posibilidad efectiva de vender
la fuerza de trabajo a cambio de un salario ha venido suponiendo la única forma legal de cubrir sus necesidades básicas. Así, el trabajo se revela como un derecho constitutivo de tantos otros, siendo condición necesaria para el acceso al derecho a
la salud, a la intimidad personal o a la seguridad, entre otros. Por desgracia, en la actualidad, debido a la devaluación de salarios reales, el trabajo no garantiza un nivel de vida digno, pero continúa configurándose como totalmente necesario
para el sostenimiento del coste de la vida de las clases populares.
Debido a ese papel absolutamente nuclear del trabajo y de la amenaza para la calidad de vida de las personas que supone el desempleo cronificado para los trabajadores de cualquier sociedad capitalista, hace años que se estudia el fenómeno de
los 'parados de larga duración'. Este indicador, que hace referencia a las personas en situación de desempleo durante 12 meses consecutivos, estuvo incluido en los Indicadores Estructurales de la Unión Europea para la evaluación de la Estrategia de
Lisboa (año 2000) en el apartado de cohesión social y actualmente forma parte de los Indicadores de Desarrollo Sostenible que publica Eurostat en el Objetivo 8: Trabajo digno y crecimiento económico.
El desempleo de larga duración es una amenaza para la cohesión y la desigualdad a nivel internacional. En este sentido, se aprecia como según los últimos datos oficiales disponibles (2022), la tasa de paro de larga duración en la Unión
Europea alcanzaba el 2,2 % de los hombres y el 2,5 % de las mujeres. Sin embargo, en el Estado español, este indicador de emergencia social y desigualdad resulta alarmantemente superior, llegando al 4,1 % de los hombres y el 6,1 % de las mujeres.
Se puede apreciar como, además de multiplicarse el número de personas afectadas hasta más del doble, se acrecienta la feminización de dicha problemática: el desempleo femenino de larga duración en el Estado español roza al 250 % del de la Unión
Europea y el 150 % del de los hombres del mismo estado. Resulta gráfico dar traslado de las cifras de paro de larga duración sobre el conjunto personas en situación de desempleo, resultando así que 44,4 % de las mujeres y el 38,5 % de los hombres
en paro en el Estado español, eran desempleados de larga duración en 2021.
En base a los datos del paro del mes de julio del 2022, las asociaciones y entidades de personas afectadas contabilizan la existencia de más de 1,4 millones de personas desempleadas de larga duración en el conjunto del estado. Aún más grave
resulta el cálculo de personas con 4 años en búsqueda de empleo, que asciende a 400.000. Sin embargo, la problemática no se limita a una cuestión cuantitativa, sino que muestra un drama social de difícil comparación: más del 60 % de las personas
en situación de desempleo de larga duración se encuentran en riesgo de pobreza severa.
Sabiendo de esta realidad, el Grupo Parlamentario proponente ha planteado en varias instancias dirigidas al ministerio de Trabajo y Economía Social la necesidad de vincular los fondos provenientes del instrumento excepcional de recuperación
temporal Next Generation EU de gestión estatal a iniciativas contra la cronificación del desempleo y el paro de larga duración. Este planteamiento sería totalmente complementario con la Ley de Empleo aprobada en el año 2023, requiriendo ésta la
incorporación de enmiendas que profundicen en su contenido y mejoren su efectividad.
Resulta urgente que el estado asuma la responsabilidad de dar respuesta política a toda una serie de colectivos que alcanzan los centenares de miles de personas que están, hoy por hoy, sin capacidad de acceso al mercado de trabajo o en una
situación de muy difícil empleabilidad. Esta realidad condena a miles de personas a una situación de extrema vulnerabilidad tanto en el presente como en el futuro y a un riesgo desmesurado de caer en situación de exclusión social.
En definitiva, esta iniciativa insta al gobierno a la lucha contra la desigualdad exigiendo el cumplimiento de lo que incluso su propia Constitución establece: el derecho al trabajo, a la igualdad de trato y a la no discriminación. El
referido precepto, estipula:
'Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.'
Asimismo, resulta especialmente pertinente, en conexión con el artículo citado, hacer referencia al derecho a la no discriminación. El mismo se encuentra consagrado en el Convenio de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) de
1958 y ratificado por el Estado español en 1967, en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo E de la Carta Social Europea y el artículo 14 del texto constitucional español. Ello por cuanto, el
paro de larga duración además de alcanzar
cifras alarmantes en todos los sectores de la sociedad se ve multiplicada por razón de sexo y de edad. De esta forma, cabe destacar que en 2022, el 57,1 % de las mujeres que se encontraban en situación de desempleo en el Estado español,
tenían ya la consideración de paradas de larga duración.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Incrementar la presencia de cláusulas sociales puntuables para al acceso de personas físicas o jurídicas a líneas de préstamo o ayudas directas gestionadas y propias de la Administración General del Estado provenientes del instrumento
excepcional de recuperación temporal Next Generation EU, ofreciendo prioridad a que hubieran empleado mediante contrato indefinido a tiempo completo en los 24 meses anteriores a la petición a personas desempleadas de larga duración, provenientes de
hogares sin ningún trabajador en activo o en situación de pobreza severa.
2. Creación de un fondo extraordinario con dotación económica suficiente de traspaso a las comunidades autónomas con competencia en el ámbito del trabajo y las relaciones laborales para poder desarrollar las acciones oportunas para combatir
el desempleo de larga duración, el desempleo en hogares sin ninguno de sus miembros en situación de prestación efectiva de servicios y el desempleo en personas en riesgo o situación de pobreza severa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre mesures urgents
contra l'atur de llarga durada i l'exclusió social per al seu debat a la Comissió de Treball, Economia Social, Seguretat Social i Migracions
Exposició de motius
El treball és un dels grans pilars per a la plena autonomia de gairebé qualsevol persona. Per a totes aquelles persones que no han nascut amb el privilegi de tenir garantides les seves necessitats materials per l'acumulació de capital
familiar, històricament, tenir o no tenir treball ha marcat la diferència entre poder accedir o no a una vida en societat. Per a aquestes persones, que han constituït i constitueixen una àmplia majoria de la societat, la possibilitat efectiva de
vendre la força de treball a canvi d'un salari ha vingut suposant l'única forma legal de cobrir les seves necessitats bàsiques. Així, el treball es revela com un dret constitutiu com tants altres, essent condició necessària per a l'accés al dret a
la salut, a la intimitat personal o a la seguretat, entre altres. Per desgràcia, actualment, a causa de la devaluació de salaris reals, el treball no garanteix un nivell de vida digne, però continua configurant-se com totalment necessari per al
sosteniment del cost de la vida de les classes populars.
A causa d'aquest paper absolutament nuclear del treball i de l'amenaça per a la qualitat de vida de les persones que suposa la desocupació cronificada per als treballadors de qualsevol societat capitalista, fa anys que s'estudia el fenomen
dels 'aturats de llarga durada'. Aquest indicador, que fa referència a les persones en situació de desocupació durant 12 mesos consecutius, va estar inclosa en els Indicadors Estructurals de la Unió Europea per a l'avaluació de l'Estratègia de
Lisboa (any 2000) en l'apartat de cohesió social, i actualment forma part dels Indicadors de
Desenvolupament Sostenible que publica Eurostat en l'Objectiu 8: Treball digne i creixement econòmic.
La desocupació de llarga durada és una amenaça per a la cohesió i la desigualtat a nivell internacional. En aquest sentit, s'aprecia com segons les últimes dades oficials disponibles (2022), la taxa d'atur de llarga durada a la Unió Europea
arribava al 2,2 % dels homes i el 2,5 % de les dones. No obstant això, a l'Estat espanyol, aquest indicador d'emergència social i desigualtat resulta alarmantment superior, arribant al 4,1 % dels homes i el 6,1 % de les dones. Es pot apreciar com,
a més de multiplicar-se el nombre de persones afectades fins a més del doble, augmenta la feminització d'aquesta problemàtica: la desocupació femenina de llarga durada a l'Estat espanyol frega el 250 % del de la Unió Europea i el 150 % del dels
homes del mateix estat. Resulta gràfic donar trasllat de les xifres d'atur de llarga durada sobre el conjunt persones en situació de desocupació, resultant així que 44,4 % de les dones i el 38,5 % dels homes aturats de l'Estat espanyol, eren
desocupats de llarga durada el 2022.
Sobre la base de les dades de l'atur del mes de juliol del 2022, les associacions i entitats de persones afectades comptabilitzen l'existència de més de 1,4 milions de persones desocupades de llarga durada al conjunt de l'estat. Encara més
greu resulta el càlcul de persones amb 4 anys en cerca d'ocupació, que ascendeix a 400.000. No obstant això, la problemàtica no es limita a una qüestió quantitativa, sinó que mostra un drama social de difícil comparació: més del 60 % de les
persones en situació de desocupació de llarga durada es troben en risc de pobresa severa.
Sabent d'aquesta realitat, el Grup Parlamentari proponent ha plantejat en diverses instàncies dirigides al ministeri de Treball i Economia Social la necessitat de vincular els fons provinents de l'instrument excepcional de recuperació
temporal Next Generation EU de gestió estatal a iniciatives contra la cronificació de la desocupació i l'atur de llarga durada. Aquest plantejament seria totalment complementari a la Ley de Empleo aprovada l'any 2023, requerint aquesta la
incorporació d'esmenes que aprofundeixin en el seu contingut i en millorin l'efectivitat.
Resulta urgent que l'estat assumeixi la responsabilitat de donar resposta política a tota una sèrie de col·lectius que arriba als centenars de milers de persones que estan, ara com ara, sense capacitat d'accés al mercat de treball o en una
situació de molt difícil ocupabilitat. Aquesta realitat condemna a milers de persones a una situació d'extrema vulnerabilitat tant en el present com en el futur i a un risc desmesurat de caure en situació d'exclusió social.
En definitiva, aquesta iniciativa insta el govern a la lluita contra la desigualtat exigint el compliment del que fins i tot la seva pròpia Constitució estableix: el dret al treball, a la igualtat de tracte i a la no discriminació. El
referit precepte, estipula:
'Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de la seva professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per a satisfer les seves necessitats i les de la seva
família, sense que en cap cas pugui fer-se discriminació per raó de sexe'.
Així mateix, resulta especialment pertinent, en connexió amb l'article citat, fer referència al dret a la no discriminació. El mateix es troba consagrat en el Conveni de l'OIT sobre la discriminació de 1958 i ratificat per l'Estat espanyol
l'any 1967, a l'article 21 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l'article E de la Carta Social Europea i l'article 14 del text constitucional espanyol. Això quan l'atur de llarga durada a més d'aconseguir xifres alarmants en
tots els sectors de la societat es veu multiplicada per raó de sexe i d'edat.
D'aquesta manera, cal destacar que el 2022, el 57,1 % de les dones que es trobaven en situació de desocupació de l'Estat espanyol, tenien ja la consideració de aturades de llarga durada.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Incrementar la presència de clàusules socials puntuables per a l'accés de persones físiques o jurídiques a línies de préstec o ajudes directes gestionades i pròpies de l'Administració General de l'Estat provinents de l'instrument
excepcional de recuperació temporal Next Generation EU, oferint prioritat al fet que haguessin emprat mitjançant contracte indefinit a temps complet en els 24 mesos anteriors a la petició a persones desocupades de llarga durada, provinents de llars
sense cap treballador en actiu o en situació de pobresa severa.
2. Creació d'un fons extraordinari amb dotació econòmica suficient de traspàs a les comunitats autònomes amb competència en l'àmbit del treball i les relacions laborals per a poder desenvolupar les accions oportunes per a combatre la
desocupació de llarga durada, la desocupació en llars sense cap dels seus membres en situació de prestació efectiva de serveis i la desocupació en persones en risc o situació de pobresa severa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de juny de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, relativa a la aprobación del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa (Estatuto del Becario).
Exposición de motivos
La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo instó al Gobierno a
'abordar el Estatuto del Becario'. De este modo, consagraba legalmente la previsión de aprobar un Estatuto del personal becario contenida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de abril de 2021.
Tras 14 meses de negociación en el ámbito del diálogo social tripartito, en junio del 2023 el Ministerio de Trabajo y Economía alcanzaba un acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, Comisiones Obreras
(CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), sobre el texto del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa (Estatuto del Becario).
La importancia de la norma estriba, por un lado, en sus potenciales efectos para corregir el recurso fraudulento a personas en formación para cubrir puestos de trabajo en las empresas y otras instituciones. Esta práctica no solo juega en
contra de la generación de empleo en nuestro país y supone un perjuicio patrimonial para las arcas públicas ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de las empresas, sino que desincentiva la futura
incorporación al trabajo de la persona estudiante, cuya experiencia resulta en una prestación de servicios idéntica a la de cualquier trabajador por cuenta ajena, pero sin el reconocimiento de los derechos que le corresponderían como tal. De
acuerdo con la última memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social disponible, en 2021 se detectaron 1.038 falsos becarios y becarias en las 1.880 actuaciones en esta materia, lo que pone de relieve que estos comportamientos fraudulentos son una práctica extendida.
Además, el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa reconoce a las personas que realicen estos periodos de prácticas formativas un amplio elenco de derechos, pudiendo destacar los relativos a la
compensación de gastos, al descanso, a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a las personas trabajadoras o el derecho a la protección frente a la violencia y el acoso, cumpliendo así con lo exigido por el artículo 2 del Convenio 190 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con la aprobación del Estatuto del Becario quedará por fin regulado el contenido las dos formas complementarias de formación en la empresa: las prácticas no laborales, por un lado, y la contratación formativa, prevista en el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores, por otro.
En conclusión, se trata de una norma fundamental, fruto del diálogo social, que permitirá dotar a las personas estudiantes y a las empresas de un régimen jurídico que proporciona seguridad jurídica y cierra en nuestro país el modelo de
empleo-formación, delimitándolo claramente.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la tramitación, con carácter urgente, del Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa en la redacción dada por el acuerdo
bipartito alcanzado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Verónica Martínez Barbero, Júlia Boada Danés, Jorge Pueyo Sanz, Nahuel González López, Vicenç Vidal Matas, Francisco Sierra Caballero y Àgueda Micó Micó, Diputados.-Aina Vidal Sáez,
Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un plan específico sobre el uso de la inteligencia
artificial en el mercado de trabajo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Según el Informe sobre los avances en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, publicado en mayo de 2023, la ENIA 'nació como respuesta a una necesidad de definir las líneas estratégicas que permitiesen aprovechar la revolución
económica, social y tecnológica que está suponiendo la inteligencia artificial'. Objetivos que se comparten en la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, presentada recientemente, y que pretende reforzar y acelerar a la IA como palanca de
transformación económica. Asimismo, en contestaciones del Gobierno a preguntas realizadas sobre esta materia en la XIV Legislatura, se ha indicado como uno de los objetivos de la ENIA el 'Promover la creación de empleo cualificado, impulsando la
formación y educación, estimulando el talento español y atrayendo el talento global' y se ha señalado como un desafío transversal 'la
reducción de la brecha de género en el ámbito de la IA en empleo y liderazgo'. Por otra parte, la Unión Europea y los Estados miembros ya han acordado un texto pionero en materia de inteligencia artificial que aspira a combinar la
innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales.
El informe de Accenture de mayo de 2023, Reinventando las operaciones empresariales (Reinventing Enterprise Operations), indica que el 90 % de los directivos de todo el mundo están aplicando IA y, en el caso de España, se están centrando las
inversiones en 'cadena de suministro (24 %), estrategia de negocio y experiencia de cliente (17 %) y en finanzas (10 %)'. Además, se señala que el '10 % de los encuestados en España también cree que la tecnología es clave para la transformación
verde de sus empresas y alcanzar los objetivos de sostenibilidad establecidos'.
A lo largo de los últimos siglos, los avances tecnológicos han repercutido en el mercado de trabajo de manera significativa: han desaparecido puestos de trabajo y se han generado nuevos empleos ligados a las nuevas formas de producción; y
se ha producido un cambio de las relaciones laborales, produciéndose más y más rápidamente, lo que precisado de la revisión de la protección de los derechos de las personas trabajadoras. Resulta evidente que el uso de la inteligencia artificial,
algoritmos y big data va a traer consigo una importante revolución en muchos campos, y particularmente en lo que respecta al trabajo y los derechos laborales. Por esta razón, será necesario un abordaje riguroso acerca de cómo va a afectar a las
personas trabajadoras y a las empresas, todo ello con el fin de aplicar políticas públicas que hagan frente a los posibles perjuicios derivados de un cambio tecnológico tan profundo, que avanza a mucha velocidad y que precisa de una adaptación
rápida, eficiente y justa.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la necesidad de llevar a cabo un trabajo específico en materia laboral que, en todo caso, debe estar en consonancia con la legislación europea y contar con la participación de los agentes
sociales y personas expertas que aporten una visión basada en el conocimiento científico específico y en las consecuencias del uso de esta tecnología; considerando, además, que se trata de una materia en continua evolución y que la normativa que la
regule ha de prever esta circunstancia, de igual manera que debe ser una prioridad la defensa de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras que puedan resultar afectados por estos nuevos procesos. Asimismo, como en toda gran
reconversión del mercado de trabajo, es necesario hacer un análisis de los sectores más sensibles, tanto en su tejido empresarial como en lo que respecta a la fuerza de trabajo. En virtud de ello, es preciso estudiar mecanismos de adaptación y
reconversión de puestos de trabajo, especialmente a través de formación específica en la materia para facilitar a empresas y personas trabajadoras una transición hacia este nuevo modelo tecnológico que sea justa, eficiente, equitativa y, sobre todo,
que vele por mantener el modelo de protección social del trabajo que ha imperado en las más recientes reformas de la legislación laboral española. Precisamente el informe del Banco de España publicado el 22 de agosto de 2023, New technologies and
jobs in Europe, revela que la aplicación de la IA afecta más negativamente a los trabajos de menor cualificación y a las personas trabajadoras menos formadas en competencias digitales. Por ello, el 'derecho al aprendizaje permanente', que figura
entre los estándares marcados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de 2019 titulado Trabajar para un futuro más prometedor, elaborado por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, cobra todavía mayor importancia.
Uno de los aspectos para tener en cuenta es cómo afecta el uso de big data, algoritmos e IA a las relaciones laborales desde su inicio, desarrollo y final. En ningún caso el uso de estas tecnologías ha de quedar al margen de controles
humanos, dado que, por ejemplo, la experiencia y el aprendizaje que adquiere la IA obedece a algoritmos previamente diseñados que toman datos de multitud de fuentes y que pueden contener sesgos de todo tipo que se potencian conforme se incrementa el
aprendizaje de la IA. La sustitución de la intervención humana o la potencial eliminación del factor humano de los procesos laborales podría concluir en la vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras y en situaciones
discriminatorias. Para evitarlo es preciso establecer protocolos que contengan mecanismos y herramientas que velen por el respeto de los derechos laborales
y que impliquen siempre un control humano sobre los procesos automatizados, así como seguir incidiendo en un marco regulatorio como el que ya plantea el art. 23 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, y que ha de implementarse con mayor intensidad.
En esta línea, las personas trabajadoras han de poder acceder al conocimiento sobre el funcionamiento de los algoritmos y cualquier otra tecnología que opere en el seno de sus organizaciones para, en caso necesario, poder ejercer su derecho
de defensa de la manera más eficaz posible.
Al respecto, es importante la labor que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se lleva realizando desde la anterior legislatura, destacando la aprobación de la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, de un lado
modificando el artículo 64, relativo a los derechos de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras, añadiendo un nuevo párrafo d) a su apartado 4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser
informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y
mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles; y de otro, introduciendo una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía,
cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.
Igualmente, en esta línea resulta preciso mencionar la elaboración, en mayo de 2022, de una Guía práctica y herramienta sobre la obligación empresarial de información sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral, que reúne en un único
documento las obligaciones y derechos existentes en materia de información algorítmica en el ordenamiento jurídico-laboral español.
Asimismo, no es menor el impulso y compromiso del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la reciente aprobación de la Directiva europea sobre la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas, cuyo fin es establecer
nuevas normas para las personas trabajadoras que prestan sus servicios en la economía por encargo.
Finalmente, hay que mencionar el acierto de la reforma laboral del 2021 al introducir una fórmula de flexibilidad como son el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo y un nuevo artículo 47 bis, donde se regula un nuevo y
específico sistema de ERTES para afrontar crisis cíclicas o necesidades de reestructuración de sectores, evitando la destrucción de empleos y contribuyendo eficazmente a la preservación del empleo ante las situaciones de crisis o ante requerimientos
de determinados sectores productivos o nuevas formas de empleo.
Todo lo establecido en los párrafos precedentes lleva a concluir que, como medida anticipatoria y respuesta a los cambios que ya se están produciendo y van a ir en aumento como consecuencia del uso de la inteligencia artificial en los
procesos laborales, debe desarrollarse un plan estratégico específico sobre esta tecnología y el mercado de trabajo en relación con lo ya avanzando a través de la ENIA, con la Carta de Derechos Digitales y con la legislación europea que se está
desarrollando, así como contando con la participación de los agentes sociales y de personas expertas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del diálogo social y teniendo en cuenta la ENIA 2024 y la legislación europea, se elabore y desarrolle un plan estratégico específico sobre inteligencia artificial y mercado
de trabajo a través del cual:
1. Se intensifique el trabajo de determinación y priorización de los sectores y los puestos de trabajo más sensibles a las modificaciones derivadas del uso de la inteligencia artificial.
2. Se continúe con la implementación de la estrategia formativa en esta materia que permita la adaptación y reconversión de las empresas y las personas trabajadoras, particularmente centrando la actuación en aquellos sectores productivos
que por sus características concretas precisen de ajustes más profundos.
3. Se profundice en el establecimiento de normas y protocolos que incluyan mecanismos y herramientas de control humano sobre los procesos automatizados a través de algoritmos, big data e inteligencia artificial para evitar situaciones
discriminatorias y, en general, la vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Un trabajo que debe alinearse con la guía de buenas prácticas que proporcione la Al Office a nivel europeo.
4. Se apliquen los protocolos basados en el principio de transparencia algorítmica que establezca la Al Office para que las personas trabajadoras tengan el conocimiento necesario acerca de su funcionamiento y aplicación en las
organizaciones empresariales y puedan ejercer, en caso de ser necesario, su derecho a la tutela judicial efectiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Esther Peña Camarero, Elisa Garrido Jiménez, Alberto Mayoral de Lamo, Marta Trenzano Rubio y Luc Andre Diouf Dioh, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al sistema de acogida, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía
Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En estos últimos años, la Unión Europea (UE) ha tenido que hacer frente a diversas crisis humanitarias, siendo una de las más importantes la derivada de la invasión rusa en Ucrania.
Esta crisis no ha tenido precedentes en la Europa actual, tanto por el número de personas desplazadas un total de 6,3 millones de personas refugiadas registradas en todo el mundo según datos de ACNUR- como por la brevedad del periodo en el
que se produjo.
En febrero de 2022, el Consejo de la UE aprobó la Decisión por la que entró en aplicación la Directiva 2001/55/CE del Consejo, sobre protección de personas desplazadas, que permitió de manera automática a las personas desplazadas residir,
trabajar o estudiar durante un periodo de tiempo prorrogable, sin tener que solicitar asilo en la UE.
Desde el primer momento España mostró una gran solidaridad con Ucrania, y reaccionó situándose como un referente para el conjunto de la UE en la gestión de acogida. Así, se ha garantizado que las personas procedentes de Ucrania obtuvieran
los
derechos que les otorga la directiva de manera rápida y sencilla, a través del trabajo conjunto de todas las administraciones públicas.
Según el informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 'Balance Ucrania', 200.620 personas han recibido Protección Temporal en España desde el inicio de la guerra. Lo que nos sitúa como el quinto país de la UE por
número de concesiones de protección temporal a personas procedentes de Ucrania. Cerca del 98 % de los desplazados y desplazadas son nacionales ucranianos y el 31,33 % son menores de edad.
Tal y como señala UNICEF en su informe 'La Respuesta de España a la Crisis de Ucrania: ¿Un Punto de Inflexión en la protección de la Infancia en Contexto de Contingencias Humanitarias Migratorias?', las medidas impulsadas han permitido dar
la respuesta más rápida, completa, y coordinada en una contingencia humanitaria migratoria hasta la fecha en nuestro país.
Hay que destacar el impulso a la coordinación interinstitucional a través de la creación de un grupo de trabajo interministerial que lideró la respuesta a la crisis, y que ha sido el antecedente inmediato de la reciente creada Comisión
Interministerial de Inmigración, mediante el Real Decreto 48/2024, de 16 de enero.
Se aprobaron varias órdenes ministeriales que permitieron la atención inmediata y documentación de las cerca de 8.000 personas que llegaban a nuestro país cada semana. Como es la Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla
el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania.
La creación de los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) permitió duplicar la capacidad del sistema de acogida en poco tiempo (hasta 11.000 plazas más en las semanas siguientes a que comenzase la emergencia). Estos
espacios han dado una atención integral, en lugares donde ya residía la población ucraniana en España, como son las ciudades de Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.
El hecho de que se abrieran en diferentes territorios supone, además, un avance con relación a la gestión de otras contingencias humanitarias migratorias, basado en la responsabilidad solidaria.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha atendido a un total de 176.357 personas y se ha documentado a 108.130 personas.
Estos centros ofrecen y han ofrecido protección temporal, acogida, tramitación de la tarjeta sanitaria y del número de la Seguridad Social, orientación laboral, asesoramiento jurídico, etc.
También hay que destacar los servicios y recursos prestados por otras administraciones públicas, como Comunidades Autónomas y entidades locales, así como entidades sociales y actores privados, cuya acción tampoco tiene precedentes en el
país, y que vino a complementar la estatal.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, se ha avanzado en la adopción de protocolos para clarificar cómo debe ser, por ejemplo, el acogimiento familiar de quienes llegan solos y solas; y se ha escolarizado a un total de 37.011
estudiantes.
Asimismo, con la aprobación del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, se está haciendo frente con carácter general al
aumento exponencial de las solicitudes de protección internacional en nuestro país, que actualmente sitúa a España como el tercer país receptor de protección internacional en la UE según datos del Ministerio del Interior.
Esta norma incluye también a los solicitantes de protección temporal, garantizando el acceso a las personas desplazadas procedentes de Ucrania a las mismas condiciones de acogida que las personas solicitantes de protección internacional,
siempre que hayan carecido de recursos económicos y que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la norma.
Para España, la protección temporal de las personas huidas a raíz de la guerra en Ucrania ha sido una prioridad desde el principio, y sigue siéndolo. De hecho, durante la presidencia
española del Consejo de la UE, España impulsó no sólo la prórroga de la protección temporal, sino el debate sobre el futuro de la protección temporal más allá de 2025.
Uno de los logros de dicho debate, y de la Presidencia Española, fue el acuerdo entre los servicios jurídicos del Consejo y de la Comisión de que la prórroga de la protección temporal puede realizarse a través del artículo 4.2 de la
Directiva de Protección Temporal sin modificar dicha directiva, siempre y cuando el conflicto se mantenga.
En ese sentido, España, es partidaria y, así lo ha trasladado en los distintos ámbitos de las instituciones europeas, a mantener el ámbito de aplicación de la decisión.
En lo que al sistema de acogida se refiere, el Gobierno de España viene desarrollando medidas para reforzarlo, mediante un nuevo modelo de colaboración con entidades, de acción concertada, que se une a los servicios de acogida gestionados
por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya sea de manera directa o indirecta, y de aquellos que se establecen con carácter excepcional para la atención a situaciones urgentes y de vulnerabilidad.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario abundar en las reformas emprendidas.
La gestión española de la contingencia humanitaria de refugiados asociada a la guerra de Ucrania ha supuesto un antes y un después en la gestión de la acogida de las personas que llegan a nuestro país, que puede servir de ejemplo a la hora
de seguir reforzando el sistema y la mejora de la coordinación interinstitucional e interterritorial.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar incrementando las capacidades del sistema de acogida por todo el territorio, con especial atención a los territorios de primera llegada, como la Comunidad Autónoma de Canarias, y la gestión pública, solidaria y estable de la
misma.
2. Reforzar la perspectiva de género en la política de acogida, la protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, y de las víctimas de trata y explotación sexual.
3. Avanzar y potenciar la atención específica a colectivos de especial vulnerabilidad como personas con discapacidad, y en la de personas solicitantes de protección internacional por razones de LGTBIfobia.
4. Estudiar la creación de un grupo permanente sobre infancia en el seno de la Comisión Interministerial de Inmigración, que permita responder con enfoque de derechos de infancia.
5. Reiterar a las instituciones europeas la necesidad de prorrogar la protección temporal de las personas desplazadas de Ucrania, y de no modificar el ámbito subjetivo de aplicación de esta'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Luc Andre Diouf Dioh, Elisa Garrido Jiménez, María Luisa García Gurrutxaga, Luis Alfonso Rey de las Heras, Marta Trenzano Rubio, Alberto Mayoral de Lamo, Blanca Cercas Mena, Ada
Santana Aguilera, María Carmen Castilla Álvarez, Noelia Cobo Pérez, Valle Mellado Sierra, María Mercè Perea i Conillas, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria y Turismo
161/000939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de propuestas para el fortalecimiento de la política industrial y autonomía
estratégica en España, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
En 1986 nuestro país se incorporaba a la Comunidad Económica Europea, lo que ayudó a la consolidación de nuestra democracia, a superar el aislamiento internacional de las últimas décadas y, por ende, al fortalecimiento de nuestra economía.
Ese mismo año, los países que en ese momento conformaban la CEE firmaron el Acta Única Europea, que estableció un mercado interior, de libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, y sentó las bases de la futura unión económica y
monetaria. La entrada de España en la CEE dejaba atrás una década de recesión mundial, derivada del encarecimiento de la energía, cuyas consecuencias afectaron notablemente a nuestra economía y el empleo. Ello dio paso a un proceso de reconversión
y reindustrialización industrial que buscaba modernizar y mejorar la competitividad de nuestra actividad para poder competir en mercados internacionales, alejándose del modelo anterior de escasa especialización, de insuficiente modernización
tecnológica y de alta dependencia exterior de capitales y energía.
La integración en el marco comunitario supuso un hito histórico que puso fin a un largo aislamiento comercial tras décadas de una política industrial proteccionista. Con el objetivo de adaptar nuestra regulación al objetivo de libre
competencia y circulación de mercancías del Acta Única Europea y modernizar nuestra estructura industrial, nuestro país aprobó en el año 1992 la Ley de Industria. Una nueva ordenación que permitía compatibilizar nuestros instrumentos de política
industrial con los del marco comunitario.
Esta Ley, que aún se encuentra en vigor, estableció las bases de ordenación del sector industrial y criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas, concretada en la consecución de los fines de: garantía y
protección del ejercicio de libertad de prensa industrial; modernización, promoción industrial y tecnológica, innovación y mejora de la competitividad seguridad y calidad industriales; y responsabilidad industrial. Todo ello compatibilizado con
la protección del medio ambiente. En definitiva, un marco regulatorio que configuraría la actividad industrial de nuestro país durante las siguientes décadas hasta hoy.
Los años 80 se caracterizaron por un fuerte dinamismo de nuestra economía, interrumpida en los primeros años de los 90 por la coyuntura internacional de recesión originada por la burbuja financiera e inmobiliaria en Japón y las tensiones del
precio del petróleo derivadas de la Guerra del Golfo. Desde entonces, el peso económico de la industria en España ha ido disminuyendo, del mismo modo que evolucionaron los países de la Unión Europea. Según la Contabilidad nacional anual de España
del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB a precios de mercado de la industria manufacturera del año 1995 era del 16,3 % frente al 11,4 % del último disponible de 2022. Esta pérdida del peso en el conjunto de la economía española obedeció
a diferentes obstáculos como la deslocalización de determinadas industrias, la fragmentación de los procesos productivos, la terciarización de la economía y a las consecuencias derivadas de la crisis económica del año 2008.
Este declive de la industria llevó a la UE a plantear nuevas políticas que permitieran una mejora de la competitividad, como fue la 'Estrategia Europa 2020' que aspiraba a construir unas bases sólidas para el crecimiento y la creación de
trabajo teniendo en
cuenta la globalización o la presión sobre los recursos. Más tarde, en el año 2014, la Comisión Europea presentó la comunicación 'Por un renacimiento industrial europeo' donde establecía el interés de alcanzar el objetivo del 20 % del PIB
para las actividades manufactureras para el año 2020. Posición reiterada en siguientes comunicaciones y que sirvieron como punto de partida del actual Plan Industrial del Pacto Verde Europeo.
De la preocupación en nuestro país con la consecución de los objetivos europeos y la búsqueda de políticas sostenidas y estables, los agentes sociales instaron, a través de la 'Declaración por la Industria', a la aprobación de un Pacto, que
pilotaba en torno a nueve elementos clave: la política energética, las infraestructuras logísticas y de transporte, la l+D+l y el desarrollo tecnológico y digital, la formación y el empleo, una política de regulación inteligente, una ordenación y
control de medidas de carácter fiscal, la internacionalización, la financiación y potenciación del tejido industrial, y la sostenibilidad industrial.
En 2019, el Gobierno de España publicaba las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 con el objetivo de proponer una política industrial activa que mejorara su competitividad en el largo plazo y teniendo en cuenta
la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador, descarbonizado, digitalizado y en línea con las políticas impulsadas por la UE.
Sin embargo, el desarrollo de esta nueva política industrial se interrumpió en el año 2020 con la llegada de la crisis sanitaria de la COVID-19 que desencadenó la mayor crisis en más de un Siglo y cambió el contexto económico y social
global. Superada la pandemia y y a consecuencia de la posterior reactivación de la demanda mundial, se produjo una disrupción en las cadenas globales de suministros de determinadas materias primas y bienes intermedios, dificultando el comercio
internacional y obligando a los países a disminuir o paralizar su actividad productiva. Una situación que se intensificó por el inicio de la Guerra de Ucrania, cuyas consecuencias han tenido graves repercusiones sobre la economía y el bienestar de
la sociedad. Esta coyuntura provocó un aumento de las tasas de inflación y una escalada de precios de la energía y de determinadas materias primas debido, principalmente, por la alta dependencia de la UE de terceros países. Una situación que ha
afectado de manera intensa a la industria de nuestro país, especialmente a aquella de uso intensivo de energía.
Ante esta situación, en 2021, la Unión Europea puso en marcha el instrumento de financiación NextGenerationEU que permitiría a los países miembros realizar reformas e inversiones para lograr incrementar la capacidad de crecimiento y hacer
frente a las consecuencias de la crisis. El objetivo: crear una Europa más ecológica, digital y resiliente.
El Gobierno de España, a través de su propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), está llevando a cabo las necesarias transformaciones para hacer frente a los retos más importantes a los que se enfrenta nuestro país y
el resto de Europa. En el PRTR, su componente 12 de 'Política Industrial España 2030', con una inversión total estimada de 8.356,5 millones de euros, pretende que nuestro sector productivo sea capaz de hacer frente al reto de la transformación
digital basada en los datos en el ámbito de la industria y los servicios; el refuerzo de su peso en la economía española y el aumento de la dimensión de las empresas industriales; y la mejora de la eficiencia en la gestión del agua, los residuos,
la energía y de los recursos, emisiones y energías renovables en el marco de la economía circular. Para ello, el PRTR propone la formulación de la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030 que partirá de la futura reforma de la Ley de
Industria de 1992.
No obstante, los esfuerzos de la UE no solo han estado centrados en la recuperación de la pandemia, sino que también en hacer frente a las consecuencias del actual contexto geopolítico derivadas de la Guerra de Ucrania y el conflicto en
Oriente Próximo. Esta situación, que está poniendo en riesgo la estabilidad global, ha abierto el debate en la UE del impacto sobre nuestras capacidades de producción, poniendo en evidencia nuestra alta dependencia de determinadas materias primas
críticas, componentes, equipamientos y de energía, esenciales para nuestra industria y, más concretamente, aquellas que resultan estratégicas. Ello ha propiciado la necesidad de avanzar hacia un modelo de autonomía estratégica abierta. Un concepto
acuñado por la Comisión Europea y reforzado por España en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión que pretende reducir
nuestra alta dependencia del abastecimiento de terceros países y así evitar posibles irrupciones del flujo comercial internacional ante posibles futuras perturbaciones externas. Para ello, ya ha puesto en marcha iniciativas como el
Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales o el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas.
Una política industrial, alineada con las propuestas de la UE, que deberá ser coordinada y a través de mecanismos de gobernanza interna con las comunidades y ciudades autónomas, en el respeto de sus competencias, así como con los agentes
industriales, imprescindibles en la formulación de nuevos instrumentos, adaptados a la nueva realidad, que mejoren la competitividad y modernización de nuestra economía y avanzar hacia los objetivos de una industria más verde, digital y
descarbonizada.
Por todo ello, y ante la necesidad de articular políticas industriales a largo plazo que refuercen el peso de la industria en la economía española y generen un ecosistema industrial competitivo, moderno y que avance en el concepto de
autonomía estratégica de la Unión Europea, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir adaptando la política industrial de nuestro país a la realidad del sector, en línea con las propuestas de la UE, teniendo en cuenta el actual contexto internacional, con el objetivo de generar un ecosistema favorable a la
innovación, la sostenibilidad, la digitalización y la descarbonización, lo que permitirá garantizar la modernización y competitividad de nuestra industria y contribuir a la reindustrialización y la autonomía estratégica abierta.
2. Involucrar activamente en la formulación de nuevas políticas al sector industrial a través del Foro de Alto Nivel de la Industria Española, compuesto por las principales organizaciones empresariales y sindicales, y a la Conferencia
Sectorial de Industria y Pyme, órgano de representación de las comunidades y ciudades autónomas.
3. Fortalecer la coordinación y gobernanza interna del ecosistema industrial con las comunidades y ciudades autónomas, a través de los mecanismos que se determinen para ello, con el propósito de generar un entorno favorable para nuestra
industria, de plena colaboración mutua y con respeto a las respectivas competencias atribuidas. Que dicha colaboración sirva para favorecer la atracción de nuevas inversiones, la innovación, la mejora del nivel tecnológico de nuestro tejido
empresarial y el garantizar la sostenibilidad medioambiental y social de la actividad industrial.
4. Desarrollar mecanismos que permitan la resolución de posibles conflictos industriales, en coordinación con las comunidades y ciudades autónomas y con respeto de sus competencias, permitiendo así el mantenimiento de las capacidades
productivas y el empleo.
5. Apostar por instrumentos que garanticen el mantenimiento de las capacidades industriales con el objetivo de mantener la actividad y el empleo industrial, especialmente en aquellas zonas donde este sector tiene un mayor peso.
6. Impulsar políticas que contribuyan a la autonomía estratégica abierta, en coordinación con los países miembros de la Unión Europea, especialmente en aquellos sectores que son esenciales para el bienestar y funcionamiento de la economía,
y a la reducción de la dependencia energética de terceros países, en línea con la política industrial europea. Para ello, articular una Reserva Estratégica de Capacidades Industriales que tenga como fin la identificación de los recursos de carácter
estratégico, así como garantizar su producción y suministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, María Carmen Castilla Álvarez, César Joaquín Ramos Esteban, Cristina López Zamora, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Jesús Mayoral Pérez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la crisis demográfica de España y a la necesidad de su reversión mediante un decidido apoyo a la familia, para su discusión en la
Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Radiografía de la natalidad en España.
La expresión 'invierno demográfico' se acuñó por primera vez por el filósofo belga Michel Schooyans en el año 1969, para referirse a la creciente y pronunciada disminución de la natalidad a nivel mundial. Desde aquel momento hasta ahora los
datos no han hecho más que empeorar pues, mientras que en el año 1963 el número de hijos por mujer se situaba en 5,3, en 2021 esta cifra ha disminuido hasta ubicarse en 2,3 38.
En el caso concreto de España, en 2023 se registró la cifra más baja de nacimientos en términos absolutos desde 1941, fecha de las primeras recopilaciones de datos fiables en la historia reciente de nuestro país 39. Así, según los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), en 2023 nacieron un total de 322.075 niños, lo que supone una reducción de un 2 % respecto de 2022 y de un 24,1 % respecto de 2013 40. Además, la tasa de natalidad 41 en España es una de
las más bajas de Europa. En 2022, esta se situaba en el 6,88 %, mientras que en países vecinos como Portugal, Alemania o Francia se encontraba en el 8 %, 8,8 % y 10,7 %, respectivamente 42.
Por otra parte, el índice de fecundidad 43 no ha dejado tampoco de menguar en las últimas décadas, hasta situarse hoy en un 1,16 44. De nuevo, España se sitúa a la cola de Europa también en este ámbito, sólo por detrás de Malta. Así,
haciendo la misma comparativa que para la tasa de natalidad, el índice de fecundidad en Portugal, Alemania o Francia se sitúa respectivamente en el 1,43 45, 1,46 46 y 1,79 47.
En definitiva, la evidencia respalda de manera contundente la existencia de un invierno demográfico en España, una realidad que se expresa en la persistente disminución de la tasa de natalidad y del índice de fecundidad y que plantea muchos
interrogantes respecto de cómo se configurará la sociedad española del futuro.
Segundo. Aumento de la población e inmigración.
Las preocupantes cifras expuestas supra contrastan sorprendentemente con los datos sobre la evolución de la población española en los últimos años. Los últimos datos del INE
38 https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
39 https://fsspx.news/es/news/espana-la-tasa-natalidad-su-nivel-mas-bajo-desde-1941-42615
40 https://ine.es/dyngs/Prensa/es/EDES_EMN2023.htm
41 La tasa de natalidad se define como el número de nacimientos por cada mil habitantes en un año.
42 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad
43 El índice de fecundidad se define como el número medio de hijos por mujer.
44 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IDB72160&c=2&
45 https://datosmacro.expansion.com/demografía/natalidad/portugal#:~:text=La%20tasa%20de %20natalidad %20en,mujer)%20de%201%2C43.
46 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/alemania
47 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/francia
muestran que la población residente en España creció en 82.346 personas en el primer trimestre de 2024, por lo que la población total se sitúa hoy en 48.692.804 personas 48.
La razón que subyace a este fenómeno la población llega a máximos históricos mientras que la natalidad cae en picado es el aumento en la llegada de extranjeros, especialmente de países como Marruecos, Colombia o Rumania 49.
Así, mientras que el número de personas nacidas en otros países ascendió en 85.684 personas en el primer trimestre de este año -alcanzando la cifra total de 6.581.028 personas-, la población de nacionalidad española menguó en 3.338 personas
50. Por expresarlo de otra manera: mientras que la población de personas nacidas en España ha disminuido, de media, 200 habitantes al día, los nacidos en el extranjero han aumentado cerca de 1.500 habitantes diarios 51.
Además, estos datos deben completarse con otros relacionados e igualmente ilustrativos: si bien el número medio de hijos por mujer pasó de 1,15 en 2021 a 1,12 en 2022, el de mujeres extranjeras se mantuvo en 1,35 52. De esta manera, del
total de los nacimientos que tuvieron lugar en España en 2022, un 23,04 % fueron de madre extranjera, subiendo casi un 2 % respecto del año anterior 53.
Tercero. Causas de la situación demográfica española.
La coyuntura en la que se encuentra España a nivel demográfico viene determinada por una serie de causas y traerá consigo, si no se remedia, nefastas consecuencias para la vida y bienestar de los españoles.
Por un lado, la bajísima natalidad es resultado de la conjunción de factores de diversa índole entre los que cabe destacar: las dificultades en el acceso a la primera vivienda de los jóvenes, el estancamiento de los salarios, el alto coste
de vida, los problemas de conciliación familiar, la promoción de ideologías que denigran y tratan de deconstruir a la familia o que alientan una batalla entre sexos sin ninguna razón de ser o los constantes ataques del entorno mediático a la familia
y a los compromisos que de ella se derivan. No es cierto que la disminución de la natalidad se deba sobre todo a la negativa de los jóvenes a formar su propia familia. Son muchos los que quieren tenerla y, sin embargo, no pueden, por los motivos
que acaban de exponerse.
Además, el aumento de la población extranjera viene auspiciado por poderes políticos que han claudicado en su deber de promover un sano crecimiento demográfico y de proteger los valores y la identidad española y han optado, sin embargo, por
recurrir a la inmigración como remedio para resolver las propias carencias; lo que, dicho sea de paso, es una forma evidente de cosificación de los inmigrantes para servir a los propios intereses.
Como no podía ser de otra manera, el actual Gobierno de España no hace más que promover políticas que buscan aumentar la población extranjera. Estas políticas, al contrario de las razones que arguyen en medios de comunicación haciendo gala
de un buenismo deplorable, tienen fines que distan mucho de querer proteger la dignidad y mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes.
Cuarto. Consecuencias de la situación demográfica española.
El aumento de población extranjera viene acompañado de un cambio cultural que amenaza nuestros valores y tradiciones y, con ello, pone en riesgo la preservación de la identidad española. Si bien existe un porcentaje de inmigrantes que
tienen una manifiesta voluntad de integrarse en la sociedad española, hay un número elevado de estos que en absoluto están dispuestos a ello. Esto se pone de manifiesto con el hecho
48 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177095&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
49 https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=56937#!tabs-grafico
50 https://www.abc.es/sociedad/poblacion-espanola-crece-900-personas-dia-alcanza-20240509105343-nt.html
51 https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/macroeconomia/cambio-demografico-espana-pierde-200-nacidos-pais-cada-dia-gana-1500-extranjeros.html
52 https://www.ine.es/prensa/mnp_2022.pdf
53 Ídem.
de que existan barrios en ciudades españolas como El Príncipe en Ceuta, la Cañada de Hidum -Melilla-, la Cañada Real Galiana en Madrid o La Mina en Sant Adriá del Besosen los que apenas se habla el español y en los que la mayoría de la
población vive según las costumbres y tradiciones islámicas 54.
Además, a diferencia de la falacia repetida por medios de comunicación y fuerzas políticas de distinto signo en los últimos años, el aumento de la población inmigrante no impulsa necesariamente el crecimiento económico de España ni pone
solución al problema estructural que lleva aparejado el actual sistema de pensiones. Por un lado, la contribución de los inmigrantes a las arcas públicas está muy por debajo de la que hace la población española debido, entre otras cosas, a la baja
cualificación laboral de una buena parte de la población extranjera que emigra a España y a su elevada tasa de paro. Por otro, tal y como se ha demostrado ya en países cercanos a España, las elevadas cifras de inmigración están contribuyendo a
colapsar los servicios públicos nacionales y, lo que es peor, están empeorando la crisis inmobiliaria que, para mayor agravio, es una de las razones que dificultan a los jóvenes españoles independizarse y formar su propia familia 55.
Por último, cabe destacar asimismo el nexo existente entre el aumento de inmigración procedente de países con culturas diametralmente opuestas a la occidental y el aumento de la violencia, la radicalización y el desorden público. Así, por
ejemplo, en el año 2023, las operaciones de detención de terroristas islámicos crecieron un 60 % en España 56, lo que ocurría después de que FRONTEX advirtiera, ya en 2021, de que estaba permitiéndose la entrada de terroristas en Europa a través de
la inmigración ilegal que cruzaba las fronteras españolas 57.
Asimismo, la Guardia Urbana de Barcelona denunciaba que hasta un 80 % de los delitos que se cometen en la ciudad condal proceden de Menores No Acompañados ('MENA') de origen magrebí 58. Además, existen multitud de ejemplos particulares de
crímenes cometidos por extranjeros dentro de las fronteras españolas 59.
Quinto. Necesidad de impulsar la familia y los valores españoles.
Los datos relativos al número de nacimientos en España expuestos en el primer expositivo son, sin duda alguna, preocupantes. Además, si no se quiere generar un problema adicional, el aumento de la población inmigrante no debe promoverse
como solución a esta nefasta situación demográfica.
Es más necesario que nunca que los poderes públicos desarrollen medidas de promoción de la familia y de la natalidad, que reviertan la situación descrita al tiempo que protejan y consoliden nuestras costumbres y tradiciones.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Tomar conciencia del relevante papel social que desempeñan las familias españolas al servicio de nuestro país y del bien común, así como de su importancia central en nuestro futuro como sociedad, actuando de modo consecuente en todas las
políticas que impulse.
54 https://gaceta.es/espana/la-policia-califica-cuatro-barrios-espanoles-no-go-zones-20171227-0629/
55 https://www.telegraph.co.uk/business/2024/05/08/migration-failed-economic-growth-made-housing-crisis-worse/
56 https://gaceta.es/espana/las-detenciones-de-terroristas-islamistas-aumentaron-mas-de-un-60-en-espana-el-ano-pasado-20240107-0824/
57 https://gaceta.es/actualidad/frontex-advierte-de-la-entrada-de-terroristas-yihadistas-en-espana-a-traves-de-la-inmigracion-ilegal-20210922-1344/
58 https://www.larazon.es/cataluna/20220928/ifindlnalrgrrdek4bjqc5f2cm.html
59 https://www.libertaddigital.com/canarias/2023-01-09/triple-violacion-y-la-cara-desfigurada-las-atrocidades-por-las-que-ha-sido-detenido-un-inmigrante-irregular-en-tenerife-6973904/
2. Incorporar la perspectiva de familia en la elaboración de todas las normas procedentes de la iniciativa del Gobierno y en todas las políticas públicas que se acometan.
3. Promover la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuatro puntos por cada hijo, de modo que una familia con cuatro hijos no tribute en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas si las rentas son
inferiores a 70.000 euros y pague solo un 9 % si sus rentas son superiores a 70.000 euros.
4. Impulsar las modificaciones normativas necesarias para que los costes laborales derivados de la contratación de asistencia en el hogar y de personal sanitario de ayuda a las familias, así como los gastos escolares, sean gastos
fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. Promover la modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, dé 5 de marzo, para bonificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el caso de las familias en
las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus hijos.
6. Favorecer la reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas.
7. Establecer la prioridad nacional en las ayudas sociales y en los programas de acceso a la vivienda.
8. Promover una adecuada inmigración que sea legal, ordenada, acorde con los intereses socioeconómicos de España y siempre con voluntad de integración, atendiendo prioritariamente a los ciudadanos procedentes de naciones que comparten
idioma y lazos históricos y culturales con España.
9. Poner fin a las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales y a las políticas de fronteras abiertas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las inversiones necesarias para afrontar los desafíos climático y
social en nuestro país, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Durante la crisis económica surgida en 2008, se publicó un artículo de los economistas Carmen Reinhadt y Kenneth Rogoff titulado 'Growth in a time of debt' (2010). A partir de una amplia muestra de más de 50 años en varios países, los
economistas concluían que cualquier país con una deuda pública superior al 90 % de su PIB no podía crecer. Se deducía en consecuencia que la prioridad para la recuperación económica era eliminar los déficits públicos para evitar engrosar la deuda
y, por lo tanto, introducir recortes en el gasto público.
Aquel artículo fue utilizado por varios políticos de primer nivel para justificar sus recortes de gasto público, a menudo con importantes recortes en el gasto social. Uno de esos políticos fue el ministro de Hacienda de España del momento,
el señor Cristóbal Montoro. Tres años después de la publicación del artículo, los economistas Herdon, Ash y Pollin encontraron graves deficiencias en los datos de base del artículo y su metodología.
No había evidencia alguna para las conclusiones de Reinhardt y Rogoff, es más, los datos de algunos países, bien analizados, mostraban el efecto contrario.
Como en el caso del artículo, se comprobó que las políticas de austeridad fiscal y recortes del ministro Montoro tampoco estaban completamente fundamentadas. España fue de los últimos países de la zona euro en recuperar su nivel de PIB
previo a la crisis económica, hasta el año 2016 no se recuperó el nivel de PIB del que gozaba España en 2008. Más allá del sufrimiento social producido, los recortes supusieron importantes retrasos en inversiones en todas las administraciones
públicas.
La política de austeridad fue también una imposición exterior que, aunque contraria a los intereses del país, el ministro Montoro abrazó porque le venía bien a los intereses de su partido para conseguir el mayor poder posible durante el
período más largo posible. La gestión de la crisis del euro se gestionó de manera diametralmente opuesta a la recesión provocada por la pandemia, durante la que se suspendieron las reglas fiscales. El motivo es que la primera se atribuye a una
causa endógena (el haber vivido por encima de nuestras posibilidades) y el segundo a una causa exógena (un virus zoonótico). Pero la crisis del euro tuvo su origen en el exceso de liquidez generado por el BCE con la entrada en circulación del euro
para sacar a la economía alemana de la recesión que sufrió a principios de siglo (un virus monetario) y los bancos centro europeos que habían proporcionado liquidez a las cajas y bancos españoles para financiar la burbuja no asumieron ningún coste
por su riesgo de crédito, a pesar de que estuvieron entre sus principales beneficiarios.
El cambio de políticas que ha realizado la UE para enfrentar la crisis debida a la situación excepcional de la pandemia de la COVID ha mostrado un camino más efectivo en la recuperación de Europa y de nuestro país. Una recuperación con
importantes instrumentos de inversión pública como los fondos Next Generation y su concreción en el Mecanismo de Recuperación y Resilencia, financiados mediante deuda mutualizada de la UE y créditos en condiciones ventajosa que España ha solicitado
a través de una Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una senda que se ha mostrado más efectiva evitando el ahondamiento en las divergencias económicas que pondrían en peligro el mercado interior y la cohesión territorial.
Asimismo, la crisis climática ha puesto sobre la mesa que no basta con las viejas recetas centradas únicamente en el aumento del crecimiento o la contención del déficit, es necesario crecer hallando equilibrios con otros criterios como el de la
sostenibilidad climática y medioambiental.
Recientemente, un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, siglas en inglés), 'Navigating Constraints for Progress: Examining the Impact of EU Fiscal Rules on Social and Green Investments', nos alertaba de que sólo tres
países de la Unión Europea podrían hacer frente a las inversiones necesarias para poder tratar con eficacia la crisis climática y la social y cumplir, simultáneamente, con las nuevas normas fiscales que empezarán a operar en 2025. Incluso el FMI,
en su 'World Economic Outlook' de abril de 2023, dudaba que esas viejas recetas centradas en reglas numéricas estrictas de ratio déficit/PIB o deuda/PIB fueran la respuesta adecuada a las crisis que se avecinan. Hace años que instituciones como el
think tank europeo Bruegel ya alertaban de que Europa no podría llegar al objetivo de neutralidad climática si no destinaba las inversiones públicas necesarias para hacerlo. Uno de los motivos por los que Alemania ha entrado en recesión es por sus
bajos niveles de inversiones, entre ellos el de inversión pública, algo que ya señalaba la OCDE hace años. La falta de inversiones industriales puede suponer que la UE no esté en disposición de contrarrestar su desindustrialización, es necesaria
inversión estratégica a este nivel y bien dirigida porque otros competidores internacionales como EEUU o China ya la están haciendo.
Ante tamaño desafío climático, pero también social, es necesario un cambio en las normas fiscales europeas que contemple la creación de una capacidad fiscal europea permanente, suficiente y mutualizada, que actúe como estabilizador de la
demanda durante las crisis (por ejemplo, mediante una prestación por desempleo supranacional) e impulse el desarrollo, con el fin de igualar los espacios fiscales entre los países miembros y de financiar bienes públicos europeos (transición verde,
revolución digital, cohesión...)
para no perder el tren del progreso, recortar las divergencias entre países y detener la radicalización que padecemos.
Además, es conveniente la revisión de la ejecución de algunas políticas públicas llevadas a cabo hasta ahora y pensar en diseños diferentes de inversión. El uso de las Asociaciones Público-Privadas pueden no haber generado inversiones con
un buen coste-efectividad, al contrario pueden haber tenido costes superiores al equivalente endeudamiento público y dejado costes para el sector público. Otros planes europeos como el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, conocido como Plan
Juncker, pueden no haber tenido los efectos esperados desviando algunos fondos ya previstos como si fueran nuevas inversiones e invirtiendo en sectores que no contribuyen a la reducción de emisiones en Europa y no son sostenibles a medio plazo.
Recientemente se ha publicado el informe, 'Much more tan a market', encargado por el Consejo Europeo al ex primer ministro de Italia, Enrico Letta. El informe apunta algunas propuestas interesantes como ampliar el porcentaje de eurobonos verdes,
pero también apunta a la creación de bonos mutualizados mencionando sectores como el de la defensa, algo cuanto menos controvertido, y olvidando el sector social.
Por otra parte, la evolución de mercados como el de la energía con el crecimiento de las renovables es improbable que ofrezca unos beneficios para los productores comparables a los márgenes de beneficios que daban los combustibles fósiles.
Son mercados con un potencial enorme y que se pueden proveer en gran medida desde el sector público. Mercados que también generarán empleo y son eficientes en la lucha contra el cambio climático. Otros mercados como el de la vivienda sufren
enormes presiones impidiendo el acceso a un bien esencial a miles de familias. Su precio sólo puede ser reducido invirtiendo en vivienda pública de alquiler asequible no descalificable y tomando otra serie de medidas regulatorias. Después de 2024
no habrá fondos europeos para financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas de alquiler a cargo de fondos europeos. Sin embargo, es un mercado que necesita de una fuerte inversión y que es fácil financiar en el largo plazo; la deuda
permitiría a los gobiernos extender el coste de la inversión a lo largo del tiempo.
Como menciona el citado informe de la ETUC, al invertir en bienes, servicios e infraestructuras a largo plazo como las mejoras del transporte sostenible, la educación, la sanidad o las energías renovables, el endeudamiento se acaba
financiando solo. Una inversión pública gestionada por las instituciones europeas similar a las empleadas para hacer frente a la crisis de la COVID 19 es el camino para hacer frente a la crisis climática y a la crisis social a la que Europa y
España se enfrentan. Es por todo ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar en el empeño de ejecutar la totalidad de los fondos europeos Next Generation asegurando las inversiones climáticas necesarias en nuestro país en lo inmediato. En particular, con respecto a los créditos de la Adenda cuya
ejecución tiene una importante demora en comparación con otros países.
2. Establecer un plan de inversión y planificación en relación al Fondo Social para el Clima para garantizar las transformaciones estructurales e inversiones para renovar edificios para garantizar la eficiencia energética, las calefacciones
y refrigeraciones limpias e la integración de energías renovables, especialmente para las familias más vulnerables.
3. Emprender todas las acciones necesarias en el marco del Consejo Europeo y del resto de las instituciones europeas, para prolongar programas de inversión comunitaria pública para la financiación de todas las iniciativas necesarias para el
crecimiento de una auténtica industria verde en Europa que permita contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. EL BCE debe establecer una financiación bonificada para la descarbonización de la economía europea.
4. Situar el debate de la estabilidad presupuestaria en el seno del Consejo Europeo, no únicamente en los déficits públicos sino también en los superávits comerciales excesivos que presentan algunos países y que han supuesto por parte de
algunos países una infra inversión, en particular, en la transición verde, así como una gestión poco responsable de los riesgos de abastecimiento energético.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2024.-Júlia Boada Danés y Carlos Martín Urriza, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las balsas de regulación de la cuenca del río
Matarraña, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El río Matarraña no solo está considerado como el río mediterráneo mejor conservado del Estado español, sino que su modelo de gestión del agua, basado en el acuerdo entre organizaciones agrarias, medioambientales y sociales y las
administraciones y en el respeto a las condiciones ecológicas del río y a la compatibilidad de los usos del agua, se ha convertido en pionero y en exportable. Frente a la vieja política de sacrificar los intereses de la montaña para beneficiar al
llano, en la comarca aragonesa del Matarraña/Matarranya (provincia de Teruel) se ha buscado evitar el enfrentamiento y buscar soluciones de consenso como las balsas laterales, esto es, embalsar en el llano para garantizar los regadíos sin anegar
tierras ni cascos urbanos en las cabeceras de los ríos. Así, en 1999 en los acuerdos de Fabara se optó en el bajo Matarraña por las balsas laterales de Valcomuna (2,2 hm³) y de La Trapa (1 hm³), que hoy en día permiten regular prácticamente el
doble de su capacidad.
Asimismo, en 2005 se alcanzó el Acuerdo de la Fresneda entre todos los agentes implicados para impulsar un proyecto de microrregulación en la cuenca media del río Matarraña mediante tres balsas laterales que permitirían garantizar el agua
para diferentes usos (abastecimiento, regadíos, turismo, reserva para incendios...): la Balsa de Planserrats (1 hm³), que regulará el río Algás y asegurará el abastecimiento de agua de boca de la localidad de Cretas; la Balsa deis Comellars (2,64
hm³), que regulará el río Tastavins y se destinará a regadío; y la Balsa de Val de la Figuera (3 hm³) en el río Matarraña. Sin embargo, estas obras no fueron incluidas en el vigente Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027 y, dos décadas después, estos
proyectos continúan olvidados por la administración competente.
A la irregularidad inherente a los ríos mediterráneos se une ahora la sequía, agudizada por los efectos de la emergencia climática, lo que amenaza el abastecimiento de los habitantes de la comarca del Matarraña y pone en riesgo el desarrollo
de las actividades económicas tanto agrarias como turísticas e industriales, e incluso la reserva para la extinción de incendios (cuya utilidad se ha demostrado recientemente en el incendio de Lledó). En este sentido, resulta imprescindible
acelerar en la planificación y ejecución de estas obras, que presentan un coste muy asumible y que tendrán un efecto muy importante en beneficio del territorio afectado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentarlo Plurlnacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las actuaciones de regulación de la cuenca del río Matarraña no incluidas en el Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027, y en concreto a incluir en la próxima planificación hidrológica
de la demarcación hidrográfica del Ebro la construcción de la Balsa de Val de La Figuera, la Balsa deis Comellars y la Balsa de Planserrats, así como a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado la consignación presupuestaria suficiente
para su ejecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a favorecer los convenios entre las administraciones públicas y en
especial los ayuntamientos y los Colegios de Arquitectos para potenciar y agilizar la promoción de vivienda pública, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El problema de la vivienda es algo que hay que acometer desde todas las administraciones, en especial desde las Comunidades Autónomas, competentes en materia de vivienda y de ordenación del territorio y también desde los ayuntamientos, como
administraciones más cercanas a los ciudadanos y como competentes en tomar las decisiones sobre su término municipal a través de los planeamientos urbanísticos y sus patrimonios municipales de suelo.
Los ayuntamientos son competentes en el urbanismo de sus municipios, y también gestionan su patrimonio municipal de suelo, cuya principal finalidad es dedicarlo a vivienda pública.
La idea de disponer de un Patrimonio municipal de suelo nació en el 1956, en la Ley del Suelo, denominándose Patrimonio público de suelo. La idea ya era tener en las Corporaciones Locales un conjunto de bienes para regular el mercado de
suelos.
Esta idea pasa también a la Texto Refundido de la Ley del suelo de 1976, donde se introduce la cesión del 10 % del aprovechamiento medio en los desarrollos de suelo (urbanizable en su momento), Además se amplía el destino del Patrimonio
municipal de suelo, poder financiar dotaciones públicas e infraestructuras y también para la construcción de viviendas con alguna protección.
En el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal 7/2015, el destino de los bienes que integran dichos patrimonios deberá ser el de la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y otros
usos de interés social, y que los ingresos obtenidos mediante su enajenación se destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo.
En definitiva, el PMS, patrimonio público de suelo y sobre todo el patrimonio municipal de suelo de los ayuntamientos ha tenido y debe tener como filosofía que se revierta en las ciudades en forma de vivienda pública. En los últimos 40 años
esta filosofía se ha visto
vulnerada por el proceso privatizador del suelo público y de las propias viviendas de propiedad pública en alquiler ya existentes, que ha llevado a una pérdida importante del poder de las administraciones públicas para regular el mercado del
suelo y sobre todo de los alquileres. El incremento del precio del dinero y del suelo, la inflación general, la aparición en nuestro país de nuevos agentes como los fondos de inversión, plataformas de viviendas turísticas, grandes inversores, etc.
han alterado completamente el mercado de la vivienda incrementando su precio exponencialmente. Las familias de clase media y sobre los jóvenes no tienen acceso a las hipotecas y los alquileres superan en la mayoría de los casos el 50 % de la renta
disponible.
Se está produciendo la imposibilidad de la emancipación juvenil y la expulsión de los vecinos de menor renta de las ciudades hacia la periferia u otros municipios, alejándoles de los servicios públicos, cuando son el sector de población que
más los necesita y utiliza. La dificultad para organizar la vida familiar, la conciliación, la sostenibilidad de las ciudades y medioambiente con los desplazamientos que se provocan, etc. son ya graves problemas opuestos a los objetivos de la
Agenda 2030.
La Agenda Urbana Española, tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, es la hoja de ruta destinada a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades
ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados. Constituye un verdadero 'menú a la carta' para que todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y
sostenible desde sus distintos campos de actuación, puedan elaborar sus propios Planes de Acción.
El objetivo específico 10.1 recogido en la Agenda Urbana Española contempla la mejora de la Gobernanza y de los instrumentos de intervención para lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, riguroso y simplificado.
Dentro de los agentes necesarios para la creación de vivienda o rehabilitación se encuentran los arquitectos, cuya visión y preparación los posiciona como agentes imprescindibles, por sus conocimientos urbanísticos, edificatorios, de
estudios y criterios tipológicos.
La tipología edificatoria de las viviendas públicas siempre han sido un elemento imprescindible que diferencia la forma de vivir, y su elección depende de condicionantes como la localización, la situación y el programa necesario a
desarrollar.
Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, los Colegios de Arquitectos se crearon en 1929, sobre la base y por iniciativa de las Sociedades de Arquitectos entonces existentes y quedaron constituidos en el año 1931 en
virtud de los Estatutos aprobados por Decreto del Gobierno provisional de la República de 13 de junio, ratificado por las Cortes Constituyentes mediante Ley de 4 de noviembre siguiente.
Durante estos años, los seis Colegios iniciales han dado lugar a los actuales, existen colegios de arquitectos repartidos por todo el territorio español.
En algunas administraciones existen equipos de técnicos, de arquitectos, que trabajan para crear vivienda pública desde esos lugares, ya sea desde la labor municipal o desde empresas públicas de suelo. Pero esto no ocurre en la mayoría de
los municipios, donde los arquitectos que trabajan en esas administraciones realizan una labor de control normativa y urbanística, pero no de estudio y creación de vivienda pública.
Las administraciones públicas y en especial los ayuntamientos que no poseen equipos de técnicos y arquitectos para trabajar la vivienda pública podrían en colaboración con los colegios de arquitectos, firmar convenios para trabajar sobre
parcelas de patrimonio público de suelo, estudiando las posibles subvenciones y proponiendo soluciones al problema de la de vivienda en los municipios. Si bien es cierto que ambas partes pueden ya establecer convenios de colaboración, el interés de
esta Proposición No de Ley es activar esos acuerdos para potenciar la promoción de vivienda pública desde todas las administraciones.
Ello permitirá agilizar los procedimientos para que las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de construcción de vivienda social en alquiler sigan avanzando para proteger las ciudades, favorecer el acceso a la vivienda o mejorar los
entornos rurales, contribuyendo así a seguir cumpliendo los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, en colaboración con el Consejo Superior de Arquitectos de España, a favorecer que los ayuntamientos y los Colegios de Arquitectos celebren convenios con el objetivo de estudiar
posibles propuestas que permitan agilizar y potenciar la construcción de vivienda pública en sus territorios, de conformidad con la legislación aplicable y sin perjuicio de las competencias de los arquitectos municipales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Ignasi Conesa Coma, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Alba Soldevilla Novials, Víctor Camino Miñana, Gabriel Cruz
Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre adopción de medidas urgentes para declaración de zonas de mercado residencial
tensionado y aplicación del índice de Precios de Referencia, tras el refrendo del Tribunal Constitucional del contenido, entre otros, del artículo 18 de la Ley de Vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, mandatado a todos los poderes públicos en la obligación constitucional de dar contenido a ese derecho. Uno de los instrumentos más
eficaces es la promoción del parque de vivienda social, para responder, además especialmente, a los colectivos de personas vulnerables que tienen muy difícil el acceso a una vivienda por este y otros motivos.
El Gobierno de España abordó este problema en la anterior legislatura, con relevantes medidas, entre las que destaca la aprobación de la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; ley pensada para garantizar el acceso a la
vivienda e imponer su consecución como una obligación de los poderes públicos. En la presente legislatura ha incrementado de forma exponencial las actuaciones políticas y recursos económicos para la consecución de los objetivos previstos en la Ley.
En particular, la ley por el derecho a la vivienda subraya la competencia del Gobierno de España para la regulación de esta materia conferida por el artículo 149.1.1 de la CE que habilita al Estado para regular las condiciones básicas que
garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Así mismo, en virtud de esa competencia, la referida ley de vivienda regula, en su artículo 18 una importante actuación para la contención de los precios de alquiler en el mercado libre, como es la declaración de zonas de mercado residencial
tensionado, permitiendo a las CC. AA. declarar zonas de mercado residencial tensionado a aquellas zonas en las que el esfuerzo financiero del pago de la hipoteca o alquiler supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media. También
permite declarar zona tensionada si el precio de compra o alquiler de la vivienda ha experimentado un porcentaje de
crecimiento acumulado al menos de tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios al consumo de la comunidad autónoma correspondiente.
En cumplimiento de este artículo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aprobó el TI de febrero el índice de precios de referencia, un instrumento que tiene como objetivo el controlar el incremento de los precios de alquiler en zonas
donde los precios de los alquileres están claramente tensionados. Este instrumento permite una aplicación para poner al servicio del interés general los datos públicos permitiendo conocer el rango de los valores de alquiler de una vivienda en una
zona determinada como referencia para la fijación de los precios en los nuevos contratos de arrendamiento.
Este importante instrumento para el control de los precios de alquiler en la vivienda libre, y, por tanto, para la garantía del derecho constitucional al acceso a una vivienda asequible, ha sido combatido políticamente, pero también
jurídicamente, mediante el recurso de constitucionalidad por partidos políticos conservadores y algunas CC. AA. que han argumentado la inconstitucionalidad del artículo 18 por invasión de las competencias de las CC. AA. en la materia. En ese
sentido, cabe señalar la utilización de los recursos judiciales contra la ley de vivienda -interpuestos por las CC. AA. de Andalucía, País Vasco y Madrid, entre otros- facilitando o entorpeciendo el cumplimiento de lo previsto en dicho artículo.
En ese combate desde el ámbito constitucional contra el cumplimiento de los objetivos de la ley se encuentra también la falta de colaboración imprescindible de otras administraciones públicas, como las Haciendas Forales en el País Vasco, que no han
facilitado los datos obrantes en su poder para dar cumplimiento a la publicación de los índices de precios en el menor plazo de tiempo posible.
Sólo en Cataluña se ha desarrollado lo previsto en el artículo 18 para el cumplimiento de lo previsto en ese artículo, señalándose la solicitud de la Generalitat de Cataluña al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la primera realizada
para poder regular y limitar las rentas en 140 municipios en los que habitan el 80 % de los catalanes. Entre estos municipios encontramos las capitales de provincia y la mayor parte del área metropolitana de Barcelona.
Las fuerzas políticas conservadoras -por sí mismas o u gobiernos autonómicos- por tanto, se han negado, por activa y por pasiva, a contribuir desde el acuerdo y consenso institucional al cumplimiento de los derechos constitucionales
recogidos en la Ley de Vivienda, en cuanto al acceso a una vivienda asequible, usando los recursos constitucionales para no cumplir o dilatar con sus obligaciones legales establecidas, entre otros en el artículo 18 de la Ley de Vivienda. Y han
usado los recursos interpuestos frente a la Ley de Vivienda para argumentar políticamente el rechazo a las iniciativas parlamentarias y gubernamentales que persiguen el cumplimiento de este y otros artículos de la Ley de Vivienda. Entre otras
muchas, las que el grupo parlamentario socialista presentó para su aprobación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana el pasado 19 de marzo.
Estos argumentos han sido anulados por la Sentencia, dictada la semana pasada por el pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad, promovido por Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contra los
artículos 3 f), g) y k); 8 a) y c); 9 e); 11.1 e); 15.1 e); 16; 18 apartados 2, 3 y 4; 19 apartado 1, inciso segundo, y apartado 3; 27 apartado 1, párrafo tres, y apartado 3; 28; 29; 32; 33; 34; 35 y 36; disposición adicional tercera;
disposición transitoria primera; disposición final primera, apartados uno, tres y seis; y disposición final cuarta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
El Tribunal Constitucional avala en la Sentencia dictada el ejercicio por el Estado de la potestad que le confiere el art. 149.1.1 de la CE para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El fallo, partiendo del reconocimiento como derecho constitucional del derecho a la vivienda, y de la competencia del Estado para establecer las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de los ciudadanos en su ejercicio ex art. 149.1.1 CE desestima la mayor parte de las quejas sobre invasión competencial de las CC. AA., y la falta de competencia del Estado, declarando sólo la inconstitucionalidad del
art. 16, sobre el régimen de la vivienda protegida, extendiéndose la declaración de inconstitucionalidad también a la disposición transitoria primera (relativa al régimen las viviendas que ya estuvieran calificadas definitivamente como
protegidas a la entrada en vigor de la ley); el art. 19.3, segundo inciso, que establece la información que deben suministrar los grandes tenedores; y los apartados 1.3 y 3 del art. 27, regulador del concepto, finalidad y financiación de los
parques públicos de vivienda. La mayoría de preceptos impugnados, entre ellos el artículo 18 de la Ley de vivienda, sobre declaración de zonas tensionadas, son avalados en su legalidad constitucional por no apreciarse vulneración competencial en la
materia de las competencias de las CC. AA.
Por tanto, la sentencia es trascendental, puesto que refrenda la competencia del Estado a la hora de garantizar una vivienda asequible y digna, así como en determinar que la Ley de Vivienda es como una normativa legal no sólo necesaria sino
imprescindible; y que el estado, en este caso, debe reservarse un papel relevante a la hora de regular el acceso a la vivienda.
Esto es, confirma la constitucionalidad y la adecuación al marco competencial de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, poniendo fin al debate jurídico sobre la competencia del Gobierno de España consignadas en la ley
de vivienda para la regulación las condiciones básicas para la igualdad en el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, así como avalando la constitucionalidad del artículo 18 para declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
La relevancia del fallo judicial antedicho interpela al Congreso de los Diputados para adoptar, a la mayor brevedad posible, los acuerdos necesarios para la implementación de lo previsto en el artículo 18 de la ley de vivienda, avalada su
adecuación al marco competencial, haciendo decaer los impedimentos jurídicos para la adopción de acuerdos en desarrollo de lo previsto en el artículo 18.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Solicita al conjunto de administraciones públicas e instituciones, en ejecución y con respeto a sus competencias, a tomar el derecho a la vivienda como eje prioritario de las políticas públicas, desarrollando para ello las normas y
planes específicos de vivienda que contemplen, en los diferentes ámbitos y escalas institucionales, las medida eficaces y ambiciosas que hagan frente a la situación de emergencia social que sufren muchas personas, especialmente aquellas con mayores
necesidades económicas, asegurándose el derecho subjetivo de acceso a una vivienda asequible y digna.
2. Tras la reciente Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional avalando el grueso del articulado de la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, especialmente lo estipulado en su artículo 18, insta al conjunto de
Administraciones Públicas competentes a, adoptar medidas urgentes para declarar, sin más dilación, las correspondientes zonas de mercado residencial tensionados en sus respectivos ámbitos territoriales a fin de que los y las ciudadanos de nuestro
país puedan beneficiarse de la aplicación del índice de Precios de Referencia en los precios de alquiler.
3. Insta al Gobierno de España a intensificar el trabajo conjunto con la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco para que se atienda por las Haciendas Forales a la petición de los datos obrantes en su poder para dar cumplimiento a la
publicación de los índices de precios en el menor plazo de tiempo posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Ignasi Conesa Coma, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Alba Soldevilla Novials, Víctor Camino Miñana, Gabriel Cruz
Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación del honor y la memoria de los combatientes realistas en las guerras de separación hispanoamericanas, para su discusión en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. Resistencia y lealtad en la América española.
Las llamadas guerras de independencia de los territorios españoles de América, que tuvieron lugar en el período 1810-1826, supusieron la separación entre España y las Indias, tras tres siglos de unión política en el primer gran imperio
transoceánico de la Historia. La presencia de España en América no había sido una colonización epidérmica de carácter preferentemente mercantil, sino que, a través de la unidad de lengua, religión y sangre, había forjado una nueva sociedad que era
trasunto de la española. En consecuencia, esa separación no pudo ser fácil, sino profundamente traumática, y solamente pudo tener lugar tras muchos años de feroz enfrentamiento en los campos de batalla.
A los que lucharon en estas guerras defendiendo la unión política de América con España se les ha llamado 'realistas'. Esta denominación tiene sentido, ya que la lealtad a la Corona española era su forma de expresar políticamente esos
vínculos. Y, como se podrá ver, sus filas estuvieron compuestas mayoritariamente por hispanoamericanos que, de la mano de pequeños contingentes de oficiales y soldados regulares procedentes de la Península, defendieron la continuidad de la
presencia de España en América. Fueron, por tanto, guerras civiles en las que los realistas americanos, hombres de todas las razas, orígenes y estratos sociales, lucharon por España junto a sus compañeros de las reducidas fuerzas que se enviaron
desde Europa.
Además, en las guerras conocidas como de independencia, hay que diferenciar los casos del virreinato de Nueva España (actuales México y Centroamérica) y de América del Sur. En México se dieron varias sublevaciones que competentes oficiales
españoles como el virrey Félix María Calleja del Rey acertaron a sofocar.
La separación vendría a través de complicadas maniobras políticas, en el ambiguo contexto del Trienio Liberal de 1820-23 en España, en que las clases dirigentes mexicanas pretendieron inicialmente la formación de un reino vinculado a la
Corona española, para después erigir una monarquía imperial de inspiración napoleónica con Agustín de Iturbide. Fue este efímero 'primer imperio mexicano' el que efectivamente implicó la ruptura de los lazos políticos con España, antes de ser
desbordado a su vez por sucesivos regímenes revolucionarios con etiqueta republicana.
En América del Sur es donde mayor intensidad revistieron las contiendas por la llamada 'emancipación'. Y dentro del subcontinente, hubo dos focos principales en el movimiento que desembocaría en las independencias, a saber, el de Caracas y
el de Buenos Aires, que se originaron en las respectivas revoluciones de abril y mayo de 1810. En realidad, esas revoluciones fueron poco más que golpes palaciegos, cuyo efecto fue la deposición de las autoridades virreinales y el establecimiento
de 'juntas'. Estos movimientos deben situarse en el contexto de la Guerra de la Independencia Española, ya que su pretexto era la afirmación de la lealtad al rey Fernando VII frente a la usurpación de José Bonaparte, sostenida a su vez en las
fuerzas francesas que habían invadido el
territorio europeo de la propia España. Sin embargo, ello fue el punto de arranque de los procesos revolucionarios que se sucedieron, en los que a la rebeldía contra las autoridades seguiría la proclamación de la independencia, y que
llevarían a la guerra entre los partidarios de esa independencia y los que defendían la lealtad a la Corona y a España.
El foco independentista surgido a partir de la Junta de Caracas, en el que pronto destacó como líder Simón Bolívar, fue el que condujo al nacimiento de las naciones de la Sudamérica septentrional como Venezuela, Colombia y Ecuador.
Por su parte, las juntas revolucionarias de Buenos Aires, consideradas el hito fundacional de la actual República Argentina, encabezarían el proceso en el Cono Sur. Solamente el vacío de poder provocado en España por la invasión francesa
permitió que el desarrollo de estos movimientos rebeldes no contara con resistencias significativas desde la propia metrópoli.
Pero la resistencia sí existió, y desde los primeros tiempos, en la propia América. En la actual Venezuela hay que destacar a las fuerzas españolas de Domingo Monteverde y a los llaneros mestizos dirigidos por José Tomás Boves; y, en lo
que hoy es Colombia, la resistencia de los indios pastusos, con el general indígena Agustín Agualongo a su cabeza. Por su parte, la defensa de la presencia española contra el separatismo de las juntas bonaerenses tuvo su paladín en el gran marino
Santiago de Liniers, que pocos años antes se había distinguido heroicamente en la defensa victoriosa de Buenos Aires contra los británicos, y que en 1810 pagó su lealtad a España con la muerte ante el pelotón de fusilamiento.
Finalmente, hay que destacar que Perú, con el virrey José Fernando Abascal al frente, se convirtió desde los años iniciales del Conflicto en la gran ciudadela de la resistencia española de América del Sur. No solamente el ejército realista
del general criollo José Manuel de Goyeneche aplastó a los invasores rebeldes argentinos en la batalla de Guaqui en 1811, sino que, en 1814, con la victoriosa batalla de Rancagua a cargo del brigadier Mariano Osorio, se consiguió devolver Chile a la
soberanía española.
Libre al fin la metrópoli de los franceses, se produjo el mayor esfuerzo que desde España se hizo para ayudar a quienes en América defendían su causa sobre el terreno. Se trata de la expedición acaudillada por el general Pablo Morillo, que
junto con las fuerzas realistas americanas logró el restablecimiento del gobierno español en las actuales Venezuela y Colombia. Por un tiempo, la conjunción de los esfuerzos de los realistas españoles e hispanoamericanos consiguió restablecer la
soberanía de España en todos los antiguos territorios hispanos de Sudamérica, con la excepción de la actual Argentina.
A partir de 1817-18 las fuerzas separatistas terminarían por prevalecer en todos los frentes, con Bolívar y Sucre desde el norte del subcontinente, y San Martín desde el Cono Sur, convergiendo todos ellos en 1821-22 sobre el Perú, que fue el
último gran reducto realista en América del Sur. A este predominio de las fuerzas de la separación contribuyeron decisivas ayudas exteriores, así como la frustración de la expedición final de socorro desde la Península a causa del pronunciamiento
de Riego en 1820. Sin embargo, en su bastión terminal del Perú, aun expulsados los realistas de las principales zonas costeras y urbanas, se refugiaron en la cordillera de los Andes, desde donde, al mando de oficiales como José Canterac, todavía
fueron capaces de reconquistar Lima en dos ocasiones, antes de ser definitivamente vencidos en Ayacucho en diciembre de 1824.
Aunque esta batalla es habitualmente calificada como el final de la presencia de España en la América continental, lo cierto es que la epopeya de los realistas de Hispanoamérica no había terminado, y aún le quedaban algunas de sus páginas
más heroicas. Entre ellas deben mencionarse la resistencia en el Alto Perú, actual Bolivia, por parte de Pedro Antonio de Olañeta, y en Méjico la de la fortaleza de San Juan de Ulúa, ambas en 1825; y, hasta enero de 1826, el desconcertante
heroísmo de las defensas en el litoral pacífico de Sudamérica de la isla de Chiloé y del puerto de El Callao. Los respectivos comandantes de la defensa, Antonio Quintanilla y José Ramón Rodil, junto con sus hombres, americanos de origen en su gran
mayoría, deben figurar con letras de oro en los anales de las armas españolas.
Segundo. Los realistas hispanoamericanos.
Para determinar qué papel han desempeñado los realistas en la Historia, es necesario tener al menos una idea básica de lo que fue la América española. Recuérdese que las Indias no eran consideradas propiamente colonias. Bajo los Austrias,
la Monarquía hispánica constituía una unión de reinos bajo la persona de un rey, y los territorios americanos son los reinos ultramarinos de la Corona de Castilla, gobernados por virreyes, y con una legislación y jurisprudencia específicas. El
proceso de uniformización impulsado por los Borbones en el siglo XVIII se centró en los reinos de la Corona de Aragón, y no afectó como tal de forma relevante a las Indias.
El gran geógrafo Alexander Von Humboldt podrá afirmar, tras visitar la América española pocos años antes de su separación, que 'Los reyes de España, tomando el título de Reyes de Indias, han considerado estas posesiones más bien como partes
integrantes de su monarquía que como colonias en el sentido dado a esta palabra desde el siglo XVI por los pueblos comerciantes de Europa' 60. Por su parte, uno de los más conspicuos apologistas de la independencia reconoce que 'Así los Reyes,
llamando siempre a las Indias 'estos nuestros reynos', no establecieron allí un gobierno de Consulados o Factorías, sino de Virreyes, Chancellerías, Audiencias y un Supremo Consejo de Indias, con los mismos honores y distinciones que el de Castilla;
iguales establecimientos dé Cabildos, Tribunales, Universidades, Mitras; un Código de leyes particulares [...]' 61.
Los tres siglos de gobierno español en América se caracterizaron por la estabilidad, con poquísimas rebeliones dignas de mención, tal y como señala Julián Marías 62.
Como ya se ha apuntado, las primeras sublevaciones hispanoamericanas en 1810 no se dirigen contra la Monarquía hispánica, sino contra el ocupante francés de la Península y contra un eventual intento de este último de extender -por medio del
reconocimiento al rey intruso José Bonaparte- su poder a los territorios de ultramar. En todas partes, los americanos protestan su lealtad al rey Fernando VII (del que ignoran que ha abdicado la corona) y proclaman su desobediencia a la autoridad
impuesta por los invasores galos. Se ha llegado a calificar a las rebeliones hispanoamericanas en sus inicios como 'revoluciones conservadoras', equiparables incluso al levantamiento español del 2 de Mayo 63. Lo cierto es que los procesos
revolucionarios, por diversas razones, pronto derivan en una actitud francamente separatista, siendo la independencia el objetivo central de tales movimientos. Y es entonces cuando muchísimos habitantes de las Indias, al ver peligrar los vínculos
entre España y América, van a tomar conciencia de la necesidad de luchar para preservarlos. Va a ser el comienzo de las llamadas guerras de independencia de Hispanoamérica. Contiendas que, en realidad, fueron guerras civiles: no se trató de
guerras de descolonización ni de guerras de liberación nacional, ya que, como se ha indicado, las Indias no eran colonias españolas, sino territorios integrantes de una monarquía que gobernaba el conjunto de los reinos hispánicos. Y, sobre todo,
porque fue una guerra que se dio principalísimamente entre españoles americanos, partidarios unos
60 Alexander Von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de Nueva España, V, 12.
61 Fray Servando de Teresa y Mier, Historia de la revolución de Nueva España, 1813 (citado por Frangois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias: Ensayo sobre las revoluciones hispánicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 82).
62 Julián Marías, España inteligible, Alianza, Madrid, 1985, p. 277: 'Cuando ha terminado la época dramática llena de pasión y aventura, de los descubrimientos, las exploraciones, las luchas por asegurar el dominio español y las no menos
duras de los conquistadores entre sí, la situación se estabiliza, se fundan ciudades, se organizan los virreinatos, capitanías generales, audiencias, se difunde la lengua española, se intensifica el mestizaje, se hace normal el comercio, no sólo de
mercancías, sino de ideas, formas literarias y artísticas, modas. Los países de América entran en un larguísimo período de normalidad'.
63 Frangois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, cit., p. 120.: 'La exaltación patriótica que se desprende de todos los impresos peninsulares y americanos y de las ceremonias cívicas está fundamentada esencialmente en valores
antiguos: fidelidad al rey, defensa de la religión, de las costumbres, de la patria. Es verdad que existen entonces, como se verá pronto en la prensa, hombres que se inspiran en la Revolución Francesa, como existen en América algunos que desean la
Independencia, pero ni unos ni otros, en esta primera época, pueden manifestar abiertamente sus aspiraciones; tan fuerte es el tradicionalismo de la sociedad'.
de la independencia, y leales otros a la Corona y a la unión con España 64. Estos últimos fueron los realistas.
En ambas facciones de esta guerra civil, estuvieron representados los españoles de la Península y sobre todo de la propia América y, dentro de estos últimos, hubo en los dos lados blancos criollos, indios, mestizos y negros. Es más, no deja
de ser significativo que, mientras los más destacados cabecillas del sector de la independencia, como Bolívar y San Martín, son personajes blancos de alta sociedad que incluso se han educado en España, los indios, negros, mulatos y mestizos tienden
mayoritariamente a alinearse con la causa realista, como Agustín Agualongo o Antonio Huachaca 65.
Tercero. Una conmemoración obligada.
En una de las escasas obras que se ha dedicado a los realistas de Hispanoamérica, Julio Albi dice de ellos que 'ha sido un ejército maldito, como casi todos los derrotados. Por lo que se refiere a sus componentes europeos, España prefirió
perder la memoria de sus fracasos, olvidando al tiempo sus sacrificios y sus triunfos. Por lo que respecta a los americanos que lo integraron, fueron inevitablemente considerados en sus propios países como traidores, indignos de ser recordados' 66.
Esta memoria oscila hoy entre el olvido y el desprecio, y ha llegado el momento de que esto cambie drásticamente. Los americanos que lucharon por España, fuesen criollos, indios o mestizos, lo hicieron movidos en parte por la seguridad
clarividente de que una independencia auspiciada por unas elites minoritarias, y patrocinada por las grandes potencias comerciales de Europa 67, no redundaría precisamente en el bienestar de la población de América. Pero no fue ése el único, ni
siquiera el principal de sus motivos. Había también algo llamado lealtad, virtud fundamental en cualquier comunidad política.
Muchos son los vínculos que nos unen con las naciones hermanas de Hispanoamérica. La tradición cristiana común, una base cultural grecorromana que compartimos, una lengua española que es el lazo más visible a los ojos del mundo. España,
Portugal y los países iberoamericanos integran un espacio con una prometedora proyección mundial, la Iberosfera. A los lazos espirituales, culturales y de sangre que ya existen, se unen las relaciones políticas y económicas que también son
relevantes, pero que en buena medida están todavía por construir.
En este contexto, el recuerdo de unos hombres que combatieron por ser españoles en las Indias, por unir su condición de habitantes del continente americano, y a la vez súbditos leales de los reyes de España, puede desempeñar una preciosa
función de cara al futuro. Estos americanos fieles a España no pueden seguir siendo vistos en América como ingenuos combatientes por la causa equivocada p, lo que es mucho peor, como renegados o como traidores a sus propios conciudadanos. Debemos
trabajar por que sean considerados como lo que de verdad fueron: hombres leales de todo tipo de orígenes y razas que combatieron por poder seguir siendo ellos mismos, a través del vínculo que unían las tierras de América y de España.
Ya es hora de que España haga justicia a estos héroes. Las virtudes no solamente las practican los individuos, sino también los pueblos. Reconocer la deuda que España tiene con estos héroes es algo más que mera gratitud, es una
manifestación de la más elemental virtud de la justicia. Es momento de que el pueblo español, través de las más altas instituciones del Estado, realice el acto de justicia que supone declarar su reconocimiento y su gratitud para sus heroicos
defensores en las guerras que terminaron en la separación de nuestros territorios americanos.
64 Tomás Pérez Vejo, Elegía criolla: Una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, Crítica, México DF, 2019, p. 18.
65 Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Hispanoamericana, Dirección de Publicaciones del Senado, Buenos Aires, 2006, p. 127: 'En los llanos venezolanos o en Colombia, los españoles contaban con el apoyo de los más humildes, llamados
castas, hombres de color, y que eran combatientes y jinetes de primera categoría'.
66 Julio Albi, Banderas olvidadas: El ejército realista en América, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1990, p. 15.
67 La conocida y un tanto pretenciosa frase del estadista británico George Canning: 'Yo di vida al Nuevo Mundo para restablecer el equilibrio en el Viejo'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer públicamente, a través de los medios pertinentes, a todos aquellos que lucharon por seguir siendo españoles en las guerras que llevaron a la separación de la América española.
2. Promover la inclusión en los planes de estudio de los hechos de armas de las tropas realistas, de modo qüe los alumnos puedan conocer una de las páginas más decisivas de nuestra Historia, tomando conciencia de la terrible dureza de esas
guerras y de sus consecuencias, así como de los grandes servicios de aquellos combatientes a la comunidad política a la que todos pertenecemos.
3. Elaborar un catálogo completo de los diferentes cementerios o lugares de enterramiento, situados en Iberoamérica, en los que reposen los restos de combatientes realistas, con la identificación más detallada posible de los mismos.
Igualmente, dotar de los recursos necesarios al Ministerio de Defensa para que, a través de la red de Agregadurías de Defensa en las diferentes Embajadas de España en los países hispanoamericanos, se dispense la atención necesaria para mantenimiento
de las tumbas de dichos combatientes.
4. Fomentar en los países hermanos de Iberoamérica la memoria de los combatientes de la causa realista, con énfasis especial en su condición de americanos movidos por singulares virtudes de valor y de lealtad, y en su calidad de verdaderos
precursores de una relación cada vez más estrecha entre dichas naciones y la Madre Patria.
5. Promover, en necesaria colaboración con las entidades locales, el recuerdo permanente de los combatientes realistas en las calles de las ciudades y los pueblos de España, de manera que, por medio de símbolos tales cómo estatuas o nombres
de vías públicas, dicha memoria reciba la difusión que merece'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la rehabilitación de la
Basílica de Santa María de Elche (Alicante), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Basílica de Santa María de la ciudad de Elche es el escenario principal de las representaciones del Misteri d'Elx, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001.
Este edificio supone un patrimonio de gran valor histórico y cultural para la ciudad, no solo por representarse en su interior las representaciones del Misteri d'Elx, sino también por ser, y haber sido a lo largo de los tiempos, el templo de
culto principal de la ciudad.
La actual basílica se emplaza en el solar que ocupó la mezquita principal de la ciudad en la época musulmana, hasta que fue consagrada en el año 1265 tras la entrada en la ciudad del rey Jaime I de Aragón, momento en el que se eligió para
ella la advocación de Santa María. La antigua mezquita, convertida en iglesia cristiana, estuvo en pie hasta el
año 1334, cuando fue derruida por su mal estado y se volvió a alzar un templo que se bendijo en el año 1566.
A causa de las fuertes tormentas que cayeron a principios del año 1672, el templo se vio gravemente afectado, y el 30 de mayo de ese mismo año, se derrumbaron varias partes importantes de la estructura, decidiéndose así construir un edificio
nuevo debido a lo costoso de la reparación del maltrecho edificio.
En julio de 1673 se colocó la primera piedra de la iglesia actual, que se consagró en el año 1784. En 1902 se procedió a la primera gran reforma del templo, debido a los terremotos que sacudieron la ciudad y los efectos del paso del tiempo.
El 20 de febrero de 1936, al igual que otras iglesias de la ciudad, el templo sufrió un asalto y posterior incendio que la destruyó, llevándose con él la mayor parte de los elementos culturales y ornamentales.
En 1939, una vez finalizada la guerra civil, se procedió a su restauración por parte de la denominada Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche. Se repararon las partes estructurales dañadas por el incendio, así como los principales
elementos de su interior.
A partir del año 1971 se han llevado a cabo diversos trabajos de restauración menores de diferentes partes de la basílica. Sin embargo, un edificio de tal envergadura necesita restaurar elementos como la ornamentación de la Puerta Mayor,
que recientemente ha sufrido la caída de cascotes a la vía.
Por ello, es necesario crear una línea de colaboración entre el Gobierno y las administraciones competentes para llevar a cabo la restauración completa de la Basílica, y que de esta manera se pueda proteger el templo que acoge un Patrimonio
de la Humanidad de la importancia del Misteri d'Elx, ejemplo del paisaje cultural común de España, y que es además una de las principales muestras del Barroco español propio de la Reforma.
Es preciso recordar, en este sentido, que es un deber de la Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias de otros poderes públicos, la conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, a tenor de lo
dispuesto por el artículo 2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar, junto con el Ayuntamiento de Elche y el resto de las entidades competentes, la viabilidad para la rehabilitación integral de la Basílica de Santa María de Elche y su financiación, de acuerdo con el Plan Director.
2. Impulsar, en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico Español, la aprobación de un Plan de Arte Sacro entre las administraciones responsables de la conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles religiosos de titularidad de
personas físicas privadas o jurídicas y sin fines de lucro como la Iglesia Católica u otras confesiones y comunidades religiosas.
3. Destinar una línea de financiación a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España para asegurar el buen estado de conservación de los edificios históricos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Sandra Pascual Rocamora, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, María Soledad Cruz-Guzmán García, Borja Sémper Pascual y
Eduardo Carazo Hermoso, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre Plataformas digitales de trabajo, relaciones laborales y traducción del
algoritmo, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La cuarta revolución industrial derivada de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial cambia las vidas, las economías y fundamentalmente los mercados laborales de todo el mundo. Los algoritmos aplicados al trabajo han
revolucionado la forma en que se trabaja, se prestan los servicios y se optimizan los recursos, así como las condiciones en que ese trabajo se ejerce, lo que plantea retos importantes en relación con las condiciones de vida y trabajo y con los
resultados de pobreza y desigualdad en todos los países.
Hay que ser conscientes de la aportación económica de las plataformas digitales a la riqueza de los países, y precisamente por eso, para generar seguridad jurídica y económica en los Estados y en las economías, es necesario conocer y regular
el trabajo en plataformas, y garantizar la protección social de sus trabajadores y trabajadoras, para evitar en el futuro tener que afrontar posibles conflictos laborales exclusivamente a través de la vía judicial, tal y como ha venido pasando hasta
ahora.
Estos algoritmos han introducido novedades en las relaciones laborales y, por ende, en la negociación colectiva que, frente a la desigualdad, debe seguir siendo el primer distribuidor de rentas, además de un elemento clave para equilibrar
los intereses de las empresas y los y las trabajadoras, porque el impacto en el bienestar derivado de estas tecnologías se trasmite a través de los mercados laborales nacionales, de su implantación en la creación de empleo y la determinación de
salarios y condiciones de trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el uso de algoritmos puede alterar muchos de los planteamientos normativos existentes, lo que podría crear posibles lagunas jurídicas en términos de
responsabilidad, protección del consumidor y protección de los derechos fundamentales.
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en febrero de 2022, en un estudio de caso sobre la Ley Rider de España, relativa al trabajo en plataformas digitales afirmaba lo siguiente: 'La situación laboral de los
trabajadores de las plataformas digitales suele ser ambigua, y, como tal, los derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo, jornada de trabajo y remuneración de estos trabajadores no están claramente establecidos en la legislación vigente.
Esta situación se agrava aún más con la gestión algorítmica de los trabajadores de plataformas digitales, que influye en sus condiciones laborales y en la asignación del trabajo'.
Este estudio de caso pone de relieve la importancia de la Ley Rider de España, que ha sido pionera en Europa gracias a la cual se han garantizado los derechos de los y las trabajadoras de las plataformas digitales en el sector de servicios
de entrega a domicilio y la necesidad de transparencia algorítmica de todas las plataformas digitales. En la ley se reconoce el derecho de los representantes de los trabajadores a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e
instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de información artificial que implican a las decisiones que afectan a las condiciones de trabajo, el acceso al empleo y el mantenimiento del empleo.
Pero no basta con ser informado. Los procesos de información no pueden dar lugar a decisiones sesgadas o discriminatorias, derivadas de algoritmos que además ejercen controles sobre los y las trabajadoras con procesos poco o nada
democráticos. Por eso, los representantes de los trabajadores deben conocer en igualdad de condiciones, de
primera mano y de forma completa y veraz las consecuencias del algoritmo, para ser capaz de supervisar y evaluar las decisiones del algoritmo en las condiciones de trabajo, y, en su caso, poder negociar los cambios o las mejoras que
consideren oportunos.
Cabe destacar que el pasado mes de diciembre, la presidencia española del Consejo de la UE consiguió un acuerdo con el Parlamento Europeo para, mediante una futura Directiva de personas trabajadoras en plataformas digitales, mejorar sus
condiciones laborales y su protección social en todos los Estados de la Unión Europea, en el contexto de la reconfiguración de las economías y los mercados laborales derivada de la transición digital, contexto en el que las plataformas digitales de
trabajo se han convertido en un elemento fundamental. Según datos de la propia Comisión Europea, a día de hoy 'más de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de plataformas digitales de trabajo y se prevé que, en 2025, esa cifra alcance
los 43 millones', plataformas que han visto incrementados sus ingresos un 500 por cien en los últimos cinco años.
En este sentido, merece la pena detenerse en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre Mejores condiciones de trabajo para una Europa social más
fuerte: aprovechar todas las ventajas de la digitalización para el futuro del trabajo, del pasado mes de diciembre de 2021. Dicha comunicación establece que la gestión algorítmica en plataformas laborales digitales tiene desafíos específicos,
desafíos que van mucho más allá de la economía de plataforma, dado que estos sistemas automatizados se utilizan en un número cada vez mayor de formas en el mercado laboral más amplio y complejo. Destaca que 'los problemas relacionados con la
aplicación, la trazabilidad y la transparencia pueden contribuir a las malas condiciones de trabajo y al acceso inadecuado a la protección social'. Y, por último, recuerda que la negociación colectiva y los convenios colectivos son fundamentales
para mejorar las condiciones de trabajo. Ahora bien, la realidad actual es que, en el contexto de las plataformas de trabajo, el diálogo social sigue siendo muy limitado, porque la forma en que se lleva a cabo el trabajo limita las oportunidades
prácticas para la representación y organización colectiva.
En este sentido dictaminó el Consejo Económico y Social Europeo en febrero de 2020, señalando que hay riesgos derivados de las plataformas que no pueden minimizarse. En relación con el trabajo, destacó la posibilidad de denegar derechos
básicos, incluidos los derechos de organización y negociación colectiva, entre otros. Pero también advirtió que estos riesgos son extensibles a toda la sociedad a través de una competencia basada en recortar las normas sociales, con las
consiguientes consecuencias perjudiciales, tanto para los empleadores, sujetos a una presión competitiva insostenible, como para los Estados miembros, que se privan de ingresos fiscales y cotizaciones a la seguridad social.
Por otro lado, a nivel bilateral, el pasado mes de febrero el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmó con la Secretaría de Trabajo del gobierno de Estados Unidos una Declaración conjunta sobre sesgo algorítmico en el mundo del trabajo,
haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para una economía de plataformas compatible con los derechos de las personas trabajadoras.
Conviene recordar que estas plataformas digitales no se circunscriben a las actividades de delivery o reparto, sino que se extienden cada vez a más sectores, implicando por tanto a más trabajadores y trabajadoras, muchas cubiertas por
procesos de negociación colectiva sectorial o empresarial, procesos que deben protegerse, tal y como establece la Constitución Española en su artículo 7. Garantizar y promocionar los intereses económicos de los y las trabajadoras hoy supone
entender y participar de la gestión algorítmica que afecta al trabajo y que, además de tener implicaciones directas sobre los ingresos y las condiciones de trabajo, puede ocultar la existencia de subordinación y control de las personas trabajadoras.
El Gobierno de España es muy consciente de la realidad del trabajo en todas las plataformas y de la necesidad de actuar para seguir avanzando hacia una economía social de mercado altamente competitiva, pero garantizando un trato justo y
digno en el trabajo y
promoviendo el bienestar de toda la población. Por eso es momento de afrontar las nuevas necesidades. En relación con el derecho de información y consulta, no solo basta con que la empresa ofrezca información y consulte a los
representantes de los y las trabajadoras, sino que es necesario establecer una figura que explique debidamente el algoritmo y sus implicaciones, para que todas las partes puedan actuar en consecuencia con pleno conocimiento.
Es la regulación laboral la que ofrece mecanismos colectivos, como los que se establecen a través de los comités de empresa, para que la digitalización genere incrementos de productividad y mejoras de las condiciones laborales. Porque las
ventajas de la digitalización, la irrupción de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial solo puede resultar positivas cuando se respeten los derechos laborales y se avance hacia el trabajo digno, también en las plataformas.
Por eso, tal y como señala la OIT, la aplicación de sus convenios fundamentales requiere una regulación que exija que las plataformas digitales de trabajo actúen de una manera determinada. Y recuerda que 'dado que los Estados son
responsables de la aplicación de las normas internacionales del trabajo ratificadas, pueden, a través de su legislación nacional y sus mecanismos de aplicación, garantizar que las plataformas digitales de trabajo cumplan con las leyes que se ajustan
a las normas internacionales del trabajo'.
En este sentido, y tal y como dictaminó el Consejo Económico y Social Europeo, el desequilibrio de poder entre las plataformas y los trabajadores debe abordarse a través del diálogo social y la negociación colectiva. Deben contrarrestarse
las prácticas abusivas en el mercado y debe mejorarse la transparencia de las remuneraciones, la información, los derechos, las obligaciones y las responsabilidades. Este debe ser así por dos motivos clave: el primero, porque debe garantizarse
que, conforme a los regímenes y prácticas nacionales, todos los trabajadores tengan acceso a un conjunto de derechos y protecciones, independientemente del estatuto de empleo o del tipo de contrato; el segundo, porque debe garantizarse que la
ventaja competitiva de algunos operadores no pueda lograrse mediante el incumplimiento de obligaciones y responsabilidades.
En definitiva, urgen respuestas políticas a la tecnología porque urge aumentar la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial ligados al trabajo, facilitar su comprensión y determinar las responsabilidades que conlleva su uso. Y,
porque tal y como establece Comunicación de la Comisión sobre Mejores condiciones de trabajo para una Europa social más fuerte: aprovechar todas las ventajas de la digitalización para el futuro del trabajo, 'la estrecha conexión entre la gestión
algorítmica y las condiciones de trabajo en el trabajo de plataforma exige una respuesta política inmediata', dada la velocidad de los cambios y de la extensión de estas plataformas a todos los sectores de la economía, lo que requiere de avances
inmediatos para poder avanzar ya hacia el trabajo digno en las plataformas digitales y garantizar el derecho a la negociación colectiva, incluido el derecho de información y consulta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Avanzar en la protección de los derechos de las personas que trabajan en plataformas digitales en el marco del desarrollo de un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que articule una red básica de derechos laborales ligados a la transición
digital, incluido el gobierno de los algoritmos, teniendo presente la Directiva europea para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales.
2. Establecer, en el marco del Diálogo Social, las bases que garanticen que los representantes de las personas trabajadoras conozcan en igualdad de condiciones, de primera mano y de forma completa y veraz, las consecuencias del algoritmo,
para ser capaces de supervisar y evaluar las decisiones del algoritmo en las condiciones de
trabajo, y, en su caso, poder negociar los cambios o las mejoras que consideren oportunos.
3. Garantizar asimismo y en el ámbito del Diálogo Social, y en el marco del derecho de información y consulta de los representantes de los y las trabajadoras establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, la necesidad de disponer, siempre
y cuando así lo requieran, de un experto de su elección que explique tanto la lógica del algoritmo como la gestión algorítmica que derive efectos sobre el trabajo en las plataformas y las condiciones laborales en las que ese trabajo se desarrolla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-Pedro Casares Hontañón, Elisa Garrido Jiménez, Esther Peña Camarero, Alberto Rojo Blas, Alicia Álvarez González, Gonzalo Redondo Cárdenas, Adriana Maldonado López, Joaquín Martínez
Salmerón, Luisa Sanz Martínez, Valle Mellado Sierra, Trinidad Carmen Argota Castro, Ferran Verdejo Vicente y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación
Digital sobre la adopción de medidas para simplificar los trámites relacionados con la novación y subrogación de préstamos hipotecarios.
Exposición de motivos
Desde la crisis financiera de 2008, el sector bancario de nuestro país ha experimentado un proceso de concentración rápido e ininterrumpido en el que se han visto involucradas más de cincuenta entidades, entre bancos y cajas de ahorros. En
esta reestructuración del sector, el dinero de los contribuyentes ha jugado un papel determinante, evitando la quiebra de las entidades más expuestas al sector inmobiliario y facilitando su adquisición por parte de los principales bancos. La cifra
del rescate, según el informe del Tribunal de Cuentas de 2022, supera los 71.000 millones de euros, sin contar la deuda derivada de la Sareb y los créditos fiscales de la banca que socavan la recaudación del Impuesto de Sociedades.
Lamentablemente, las consecuencias del proceso de concentración del sector bancario no se ciñen exclusivamente al dinero público inyectado y no recuperado. Éste ha traído consigo otros impactos socioeconómicos a tener muy en cuenta, entre
los que destacan: la destrucción de empleo, la cual no sólo repercute al empleado que pasa a engrosar las listas del paro y a estar en una situación de vulnerabilidad social y económica, sino que también afecta de manera directa a los clientes, que
ven como la calidad del servicio va mermando continuamente (aumento de los tiempos de espera, aumento del número de servicios que solo se pueden realizar a través de cajero automático, etc.); la reducción de la capacidad instalada, agravando la
situación de exclusión financiera de la población residente en zonas rurales y; la deriva a un modelo de oligopolio bancario donde las cinco principales entidades financieras (BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell y Bankinter) copan más del 75 % del
mercado, lo que se traduce en restricción del crédito, una remuneración del ahorro muy inferior a la ofrecida en los mercados de las principales economías europeas, falta de transparencia y en el establecimiento de elevadas comisiones y condiciones
que, en algunos casos, llegan a ser abusivas.
A los efectos del proceso de concentración bancaria se añade el rápido endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, que implica que las entidades financieras, sin necesidad de hacer nada, ven como su cifra de negocios
aumenta extraordinariamente a costa, entre otros, de los prestatarios con hipotecas de tipo de interés variable.
Según los datos del Banco de España y la Asociación Hipotecaria Española, en junio de 2022, justo antes del inicio de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, el saldo de la cartera hipotecaria ascendía a 626.680
millones de euros (cerca del 50 % del PIB), de los que más del 70 % estaban sujetos a un tipo de interés variable.
Ante esta situación, el Gobierno de España puso en marcha una serie de medidas con el objetivo de aliviar la subida de tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual a través de la aprobación del Real Decreto-ley 19/2022,
de 22 de noviembre, recientemente reformado por el Real Decreto-ley 8/2023. Una de ellas fue la modificación legal de índole fiscal para eximir de la cuota gradual de documentos notariales las escrituras de formalización de las operaciones de
novación (cambio de. condiciones de la hipoteca) que tuviesen por objeto la aplicación durante el resto de vigencia del contrato de un tipo de interés fijo o con un primer periodo fijo de, al menos, 3 años, en sustitución de otro variable, siempre
y cuando no se produjera amortización anticipada de capital en dicha operación.
Sin embargo, la eficacia de estas medidas ha sido muy baja como demuestran los datos. En el caso concreto de las novaciones y subrogaciones (cambio de entidad financiera acreedora), las cifras publicadas por el INE muestran como el número
promedio de este tipo de operaciones durante los diecisiete meses siguientes al inicio de la política monetaria restrictiva es un 61 % inferior en comparación con los primeros meses de la pasada crisis financiera, y a pesar del considerable
incremento de la cuota mensual a la que se han visto obligados a afrontar los clientes con hipoteca a tipo variable.
Estas cifras indican que la mayoría de bancos retiraron la posibilidad de novar o subrogar las hipotecas de tipo variable a fijo cuando los tipos de interés empezaron a subir atrapando a los hogares hipotecados en un 'corralito' del que no
han podido escapar.
Esta mala práctica se ampara en la opacidad que existe sobre los criterios aplicados por los bancos para conceder créditos hipotecarios. La falta de transparencia sobre estos criterios limita la capacidad de los consumidores para conseguir
las mejores condiciones hipotecarias, lo cual, además de limitar las posibilidades de acceso a la vivienda, conforma un mercado hipotecario insuficientemente competitivo.
Desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR consideramos que es necesario poner en marcha los mecanismos normativos necesarios para garantizar la máxima transparencia en toda la operativa bancaria y convertir la novación o
subrogación de préstamos hipotecarios en una posibilidad real a la que puedan acudir los hogares para aliviar su carga hipotecaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que lleve a cabo los cambios normativos necesarios para que las entidades de crédito estén obligadas a publicar en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados en Competencia sus
ofertas de crédito hipotecario junto a las condiciones que deben cumplir los clientes para acceder a las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-Carlos Martín Urriza, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la atracción y fabricación de transformadores, para su debate en la Comisión
de Economía, Comercio y Transformación digital.
Exposición de motivos
El Pacto Verde Europeo establece nuestras ambiciones en materia de transición ecológica, incluidos nuestros objetivos climáticos de cero emisiones netas de aquí a 2050. España está cumpliendo con sus compromisos en materia de instalación de
energías renovables, somos líderes mundiales en producción de energía renovable y otros países toman ejemplo de lo logrado en esta materia por nuestro país.
Uno de los pilares del Pacto verde es el Plan industrial, que persigue impulsar la competitividad y la fabricación en suelo europeo, aunando las fuerzas de los reguladores, los interlocutores sociales, los inversores y los consumidores.
En este contexto, se han destacado componentes y equipos relativamente sofisticados como aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, baterías o electrolizadores, sin embargo, uno de los mayores cuellos de botella de la transición energética es
la disponibilidad de transformadores para subestaciones de la red eléctrica, para las plantas de generación renovable y de producción de hidrógeno, y para los proyectos industriales de electrificación.
La escasez de transformadores podría poner en riesgo el desarrollo de la red eléctrica europea, para la que la Comisión Europea proyecta 584 mil millones de euros de inversión hasta 2030.
La patronal europea de las empresas eléctricas, estima (no hay estadísticas oficiales que lo confirmen) que en la Unión Europea y Noruega hay instalados unos 4,5 millones de transformadores.
La importancia crítica de los transformadores está quedando patente en Ucrania: Rusia ataca incesantemente a estos dispositivos, al tratarse de elementos críticos para la seguridad de suministro eléctrico, y Europa ha enviado ya más de
2.700 transformadores de repuesto a Ucrania, agravando aún más la escasez en la Unión.
Los plazos de entrega, que antes eran de 9 a 12 meses, ahora pueden ser superiores a los 2 años, lo que lleva a realizar reservas con años de antelación. Los retrasos son mayores a medida que aumenta la potencia, ya que los diseños son
personalizados, y esto implica plazos de entrega que pueden superar los dos años para los grandes proyectos eléctricos.
En este contexto, debemos destacar que la industria de bienes de equipo eléctrico realiza un importante aporte a la economía española. Este sector tiene un relevante efecto económico, genera empleo de calidad e invierte en innovación. El
mercado de equipos eléctricos en España está basado fundamentalmente en proveedores nacionales en prácticamente todas las categorías, aunque tenemos una producción inferior a la deseable de transformadores de alta potencia, tan solo podemos cubrir
el 30 % de nuestra demanda con producción nacional (en el caso de los transformadores de baja potencia alcanzamos una cobertura del 80 %).
Es relevante destacar que el proceso de fabricación de transformadores tiene una demanda de mano de obra mayor a la de otros componentes debido a que el proceso de fabricación tiene un grado de automatización muy bajo y que además disminuye
a medida que aumenta la potencia de los equipos, ya que son encargados para proyectos a medida.
Los fabricantes españoles tienen unas ventas anuales cercanas a los 3.000 millones de euros, la industria española de transformadores destaca por su productividad y creación de valor añadido, cuenta con fortalezas diferenciales como las
elevadas inversiones en l+D.
Aprovechar estas fortalezas y todas las potencialidades de una industria ya consolidada en diferentes zonas de nuestro país está en línea con los intereses nacionales y con el Plan Industrial del Pacto Verde que abandera la Comisión Europea.
En este contexto, debemos recordar que el cuarto pilar del Plan industrial del Pacto Verde reclama la coordinación de medidas para alcanzar los objetivos de inversión y fabricación industrial, el fomento de contactos y la cooperación mundial
para lograr que el comercio funcione para la transición a una economía descarbonizada.
España y el conjunto de la Unión Europea debemos aprovechar esta oportunidad de negocio y dedicar esfuerzos a reforzar las capacidades de producción existentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar los contactos y gestiones que estimen convenientes y necesarias a través de la división ejecutiva del ICEX, Invest in Spain, para atraer empresas internacionales fabricantes de transformadores para que se instalen en nuestro
país.
2. Estudiar la posibilidad de atraer mayores inversiones de empresas ya instaladas en España pero que tengan necesidad o ambición de ganar capacidades de producción.
3. Planificar coordinadamente las medidas que se deben tomar para garantizar la formación de los trabajadores de forma que se puedan atender las necesidades del sector a medio y largo plazo.
4. Promover la internacionalización de empresas de fabricación de transformadores españolas tanto para exportar sus bienes como para instalarse en otros territorios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Pedro Casares Hontañón, José Antonio Rodríguez Salas, Ferran Verdejo Vicente, Alberto Rojo Blas, Alicia Álvarez González, Gonzalo Redondo Cárdenas, Adriana Maldonado López, Joaquín
Martínez Salmerón, Luisa Sanz Martínez, Valle Mellado Sierra y Trinidad Carmen Argota Castro, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre información de la sostenibilidad en las empresas, para su debate en la
Comisión de Economía, Comercio y Transformación digital.
Exposición de motivos
La sensibilización en lo referente a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra un cambio climático cada vez más evidente en nuestras vidas se ha trasladado también al mundo empresarial y, con éste, también la demanda de información sobre
sostenibilidad ecológica de las empresas no financieras, especialmente por parte de inversores.
Esta demanda tiene una doble motivación. De un lado, una concienciación creciente ante la amenaza palpable que supone el cambio climático y la necesidad de adaptar la actividad económica a los recursos limitados del planeta. De otra, los
propios riesgos financieros que enfrentan las empresas, relacionados con el clima. Y, con ellas, también sus inversores. Una concienciación y unos riesgos que se vieron acentuados con la
reciente pandemia por COVID-19, evidenciando entonces las múltiples vulnerabilidades sobre las que se asienta la actividad humana.
Pero dicha demanda de información sobre sostenibilidad también está vinculada al auge de productos de inversión que incorporan en su gestión un compromiso de coherencia con los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de
2015 en virtud de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y, en el caso de la Unión Europea, también en coherencia con la nueva estrategia para el crecimiento que supuso el Pacto Verde Europeo, a partir de la Comunicación
de la Comisión Europea del 11 de diciembre de 2019 por la que planteaba transformar la economía de la UE en términos de eficiencia en el uso de los recursos, competitiva y sin emisiones netas de gases con efecto invernadero para el año 2050.
El aumento de la demanda de información y de una mayor disponibilidad de datos al respecto hace necesarias medidas para homogeneizar dicha información, y con ello la comparabilidad de los datos, así como la armonización de normas que
garanticen una mejor actividad de terceros como proveedores de toda esa información.
Esta provisión de datos plantea indudables beneficios a las empresas, en tanto puedan evidenciar con hechos y datos su compromiso, si se da el caso, con la sostenibilidad, aportando con ello no sólo un beneficio para la sociedad en su
conjunto, sino también para sí misma en términos de valor añadido en imagen de marca. Pero también la especialización en este sector plantea interesantes posibilidades en términos de creación de empleo. A su vez, una adecuada regulación de la
información al respecto permitirá luchar mejor contra las malas prácticas conocidas como 'green washing' o 'lavado verde', que hacen referencia a actuaciones para autopromocionar un supuesto compromiso ambiental que en la práctica no es tal. Unas
prácticas que suponen un fraude para clientes e inversores, y que plantean además un agravio comparativo con aquellas otras empresas que sí están realmente comprometidas en hacer compatible su negocio con criterios de sostenibilidad.
Esta necesidad de mayor transparencia y homogeneidad en la información en términos de sostenibilidad en la actividad de las empresas motivó la aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Directiva (UE) 2022/2464, de 14 de
diciembre. Una regulación para una mayor transparencia en la información relativa a la sostenibilidad, que permita así reorientar los flujos de capitales hacia inversiones sustentables para un crecimiento igualmente sostenible e integrador. Que
permita gestionar mejor los riesgos financieros derivados del cambio climático, de la acción humana sobre el medio y de los impactos sociales, para dotar a la actividad tanto financiera como económica en general de una perspectiva de más largo
plazo. Y que permita regular a su vez una actividad económica en expansión, como es la provisión de información sobre sostenibilidad, garantizando una información de mayor calidad y credibilidad.
Una regulación para una mayor transparencia en esta información sobre sostenibilidad de las empresas que se hace necesaria también en la economía española, no sólo como compromiso legal, sino también como oportunidad económica.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasponer la Directiva 2022/2464, de 14 de diciembre de 2022 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por
lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
2. Trasponer asimismo la Directiva Delegada UE 2023/2775 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de
las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande.
3. Implementar medidas para impedir prácticas engañosas conocidas como 'greenwashing' o de 'lavado verde' por las que se presentan compromisos con la sostenibilidad ambiental que no son tales en la realidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Pedro Casares Hontañón, José Antonio Rodríguez Salas, Ferran Verdejo Vicente, Alberto Rojo Blas, Alicia Álvarez González, Gonzalo Redondo Cárdenas, Adriana Maldonado López, Joaquín
Martínez Salmerón, Luisa Sanz Martínez, Valle Mellado Sierra y Trinidad Carmen Argota Castro, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad
161/000945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Sanidad, relativa a la adopción de medidas para garantizar la Atención Primaria a toda la ciudadanía del medio rural.
Exposición de motivos
La Constitución española, en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, en su artículo 43 'reconoce el derecho a la protección de la salud' y establece que 'Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto'.
Por consiguiente, las Administraciones Públicas tienen la obligación de prestar los Servicios Públicos en todo el territorio, a toda la ciudadanía, con la calidad necesaria, en condiciones de equidad... Sin embargo, no está siendo así, al
menos en las zonas de salud rurales, y por eso se está denunciando desde diferentes plataformas ciudadanas tales como las Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, Mareas Blancas, Movimiento de Acción Rural de la comarca de Cuencas Mineras en
la provincia de Teruel o las diferentes plataformas vecinales de Asturias, entre otras.
Los habitantes del medio rural no pueden comprender que otros Servicios Públicos básicos, como la Educación, se presten en el medio rural con calidad, con obligatoriedad, adaptados al medio rural, con el personal y los medios necesarios, en
todos los rincones del territorio, y que no resulte posible hacerlo con la Sanidad rural.
La escasez de personal sanitario motivado por las deficientes políticas de recursos humanos llevadas a cabo en los últimos años, lo que ha supuesto la migración a otros estados europeos de profesionales formados en las universidades
españolas en busca de mejores condiciones laborales y salariales; la falta de reconocimiento del trabajo en Atención Primaria, priorizando modelos más hospitalocentristas que no han fortalecido una red de centros de salud y profesionales
especialmente en zonas con más necesidades como son las zonas rurales. Todo ello se percibe con especial gravedad en el medio rural, donde existen numerosas plazas vacantes, porque no hay profesionales que quieran ocuparlas, pues no existen
incentivos suficientes ni la obligatoriedad de cubrir las plazas adjudicadas como sí sucede en otros servicios públicos.
Por ello, la cartera de servicios que se ofertan en las zonas de salud rurales se va recortando, concentrándose los servicios en unos centros ubicados en municipios de mayor tamaño, e incluso en la capital provincial, en detrimento de otros
más pequeños,
obligando a sus habitantes a trasladarse (y en muchas ocasiones por sus propios medios) a distancias superiores a los '30 minutos', distancia de referencia promovida desde el Gobierno de coalición progresista en su política de reto
demográfico.
La singularidad rural viene a agravar el déficit presupuestario de la Atención Primaria en nuestro sistema público de salud, tal como quedó de manifiesto durante el desafío de la pandemia de COVID-19.
Para responder a esta situación, hay que implementar medidas presupuestarias, de mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios en especial en el medio rural, pero también administrativas para ampliar el
número de profesionales y corregir el déficit asistencial que padecen los usuarios de la sanidad pública en el medio rural.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Siguiendo las propuestas señaladas en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, incluir en la Estrategia de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad:
a) El objetivo de dedicar el 25-30 % de los recursos sanitarios a Atención Primaria con carácter finalista.
b) Medidas que permitan limitar las consultas telefónicas y telemáticas a una actividad asistencial complementaria (prescripciones, bajas, etc.) evitando así la discriminación de las personas mayores con dificultades para acceder a las
nuevas tecnologías.
c) Medidas para evitar que los centros de atención primaria en el medio rural puedan quedar desatendidos por falta de personal. Se plantean, entre otras medidas: garantizar la cobertura de forma estable (longitudinalidad) de dichas plazas
mejorando las condiciones laborales para la fijación de personal en dichos equipos de atención primaria.
d) Medidas para acabar con la precariedad laboral y para redimensionar los equipos multidisciplinares con el objetivo de cubrir las necesidades de salud de la población.
e) Trabajar el desarrollo de procesos de desarrollo y de acción comunitaria en el medio rural, estableciendo procesos de participación entre ciudadanía e instituciones para mejorar los determinantes de la salud y con una base municipal.
f) El establecimiento de un plazo máximo para atender desde la Atención Primaria la petición de cita de un paciente.
2. Solicitar a las Comunidades Autónomas y a las Universidades, en sus respectivos ámbitos competenciales:
a) que se impulse la formación de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en medicina y enfermería rural, así como que se aumenten los períodos de rotación de residentes de Medicina y Enfermería, durante sus años de formación, en los
equipos de Atención Primaria rural.
b) que se adecúen las plazas de diferentes formaciones universitarias de Ciencias de la Salud a las estimaciones de las necesidades de personal necesario en nuestro sistema sanitario, atendiendo no sólo al número de plazas sino a una
formación pregrado que incluya formación específica en Atención Primaria, Medicina y Enfermería en el ámbito rural y salud comunitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Rafael Cofiño Fernández y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, ai amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y atención de
las personas que padecen COVID persistente, para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el COVID Persistente el 6 de octubre de 2021 como 'la afección que ocurre en pacientes con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, que generalmente se desarrolla 3
meses después del inicio de los síntomas, persiste durante al menos 2 meses y no puede explicarse mediante diagnósticos alternativos. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción cognitiva, pero también se
pueden dar otros síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano del enfermo. Los síntomas pueden ser de nueva aparición, tras la enfermedad. Los síntomas también pueden fluctuar o puede haber recaídas con el tiempo. Para los niños,
puede ser aplicable otra definición'.
El 15 de enero de 2021, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ya incluyó esta afectación en su documento científico-técnico 'Información clínica COVID-19', documento que se actualizó durante casi dos años con regularidad. No
obstante, su definición, que acuña el término elegido por los pacientes 'COVID Persistente', aunque parecida a la de la OMS, es más restrictiva, puesto que excluye a los pacientes sin prueba positiva (y tengamos en cuenta que muchos pacientes de la
primera ola no tuvieron la oportunidad de realizar una prueba microbiológica porque solo se destinaban a sanitarios o personal imprescindible). Dicha definición arranca de un proyecto de elaboración a través del estudio CIBERPOSTCOVID, llevado a
cabo por el Gobierno de España entre 2021 y 2022 mediante el método Delphi, en el que participaron médicos, expertos y algunos pacientes, pero que quedó incompleto al cancelarse sin explicación una segunda fase que debería haberse hecho mediante un
estudio con pacientes en el Instituto Carlos III de Madrid a partir de septiembre de 2022.
A pesar de la dificultad para aportar datos sobre la incidencia y prevalencia del COVID Persistente, las referencias de la OMS son las siguientes: 1) entre un 10 y un 20 % de los infectados desarrollarán COVID Persistente, y 2) los casos
confirmados por infección SARS-COV- 2 a 28 de enero de 2024 son 774.469.939. Recordemos que los datos de infección no recogen los casos asintomáticos, ni los casos leves que no pasan por atención sanitaria, y que muchos países no realizan pruebas
de confirmación de la infección y sus datos reportados no cuantifican la realidad. Con estas premisas base sobre la cuantificación real de los casos de infección, y aplicando las referencias de la OMS, estamos hablando a nivel mundial de un rango
entre 77 millones y 144 millones de enfermos de COVID Persistente. Aplicando la misma lógica, y partiendo del dato reportado de España por la OMS de 13.980.340 casos confirmados de infección, estaríamos hablando de unos rangos de prevalencia de
entre 1,4 millones y 2,4 millones de enfermos (unos 2,1 millones de enfermos en España en su dato medio).
Esas cifras presentan una incidencia de género: En un gran estudio de 3.972 participantes, Robineau et al. demostró que, de 861 pacientes con síntomas persistentes, el 75,4 % eran mujeres, y el sexo femenino también se asoció con una
resolución más lenta de la anosmia, ageusia y astenia. A esta mayor incidencia entre las mujeres, habría que añadir el sesgo de género y la estigmatización consiguiente.
El COVID Persistente representa la constelación de efectos en la salud a largo plazo de la infección por SARS-COV-2, con más de 200 síntomas asociados. Por tanto, es un trastorno multisistémico que afecta a prácticamente todos los sistemas
orgánicos, incluyendo el corazón, el cerebro, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema gastrointestinal. La variabilidad en la agrupación de los síntomas, las fluctuaciones
en el curso temporal de la enfermedad y la gravedad e intensidad que puede alcanzar, sugiere una condición biológica compleja y heterogénea. Los síntomas más habituales son la fatiga y los problemas respiratorios y cardiovasculares, así
como neurológicos y neurocognitivos. Los trastornos psicológicos que persisten o se desarrollan tres meses después del inicio de la COVID-19 suelen ser adaptativos o del sueño. Su prevalencia aumenta significativamente con el tiempo y se
relacionaría con factores exógenos como la complejidad de la enfermedad, la sintomatología incapacitante sin reconocimiento y la estigmatización que conlleva, la incertidumbre en la evolución o las dificultades del itinerario terapéutico que sufren
los pacientes.
Según los últimos estudios se estima que de los casos de COVID Persistente: a) 31,75 % son severos; por severo, se entiende que no puede salir de casa o está encamado; b) 55,60 % son moderados; por moderado, se entiende que se ha
reducido en un 50 % o más su capacidad previa y que tiene problemas para hacer las tareas de la vida diaria; y c) 12,65 % son leves; pueden seguir trabajando, aunque su vida se ha visto afectada. Si tomamos que en España puede haber un término
medio de 2,1 millones de enfermos, estaríamos ante una situación crítica de más de medio millón de enfermos graves o severos, que viven confinados en su hogar y en muchos casos no pueden salir de la cama; y una situación preocupante de 1,1 millones
de personas con problemas para seguir con su vida diaria y/o profesional en España.
Ya estamos entrando en el cuarto año de la pandemia, y sigue sin existir ninguna cura ni acceso a tratamientos sintomáticos que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Las pruebas diagnósticas básicas no son útiles para
identificar las causas de la enfermedad. La evolución de los pacientes de la primera ola tras cuatro años, nos alertan de los riesgos de desarrollar secuelas crónicas si no se ponen medios para frenar esta evolución.
Con todos esos datos podemos apuntar que el COVID Persistente es un problema de salud pública transgeneracional que no se está teniendo en cuenta en la actualidad. Tampoco se están teniendo en cuenta los números de Incapacidades temporales
en personas en edad productiva y en niños y adolescentes en edad de formarse, la baja productividad, etc., así como el impacto que puede tener en la economía a corto plazo si no se empiezan a poner medidas al respecto. Según diversas fuentes, las
personas de baja por incapacidad temporal han aumentado desde 2,6 % en 2019 al 4,1 % en 2022 aproximadamente. Al mismo tiempo, un 1,5 % de los trabajadores reportaron síntomas de COVID Persistente discapacitantes (según el estudio y extrapolando).
Además, la productividad por horas trabajadas también está disminuyendo desde el año 2022 con respecto a los niveles de prepandemia.
A partir de los datos de una encuesta llevada a cabo por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Generales (SEMG) entre octubre de 2022 y febrero de 2023, y realizada a 942 pacientes, se puede extrapolar que, tomando la estimación media
de 2,1 millones de enfermos de COVID Persistente en España, 966.000 pacientes estarían de baja o llevarían a cabo su trabajo con muchas dificultades, 199.500 habrían perdido su trabajo por culpa de la enfermedad, 60.900 contaría con una Incapacidad
Permanente y solo 327.600 habrían podido volver a su trabajo sin muchos problemas.
Tal como se desprende del Análisis de situación, pronóstico y propuesta de acciones para el cuidado del paciente con COVID Persistente, de las Asociaciones de Pacientes con COVID Persistente de España, de fecha 15 de febrero de 2024, nos
encontramos en un escenario de infradiagnóstico, pues solo se trata la forma aguda, como si solo existiera la muerte o la recuperación como resultados tras un contagio, obviando la fase prolongada de la enfermedad. Además, la falta de registro y de
codificación de la enfermedad en la historia clínica de los pacientes los aboca a la invisibilidad. Tal como denuncian las asociaciones y los colectivos de pacientes, sin una dimensión realista de la prevalencia, no se podrán tomar medidas a ia
altura del problema. Por tanto, reclaman la creación de un registro nacional de pacientes afectados de COVID persistente, así como la necesidad urgente de formación a los facultativos, tanto de la sanidad pública como del INSS y organismos por los
que deben pasar los afectados, para poder ofrecer una asistencia
sanitaria adecuada y homogénea a los pacientes, diagnosticarlos y codificarlos de manera correcta en sus sistemas.
La principal conclusión del análisis elaborado por las mencionadas asociaciones es que la incidencia, severidad y complejidad de la enfermedad hacen necesaria una intervención y atención coordinadas en unidades multidisciplinares. El caso
que, a su juicio, más se adapta y que sirve de referencia es el ejemplo de la Unidad de COVID Persistente del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona y el programa piloto previsto para la zona Metropolitana-Nord en
Barcelona.
Por todo ello, atendiendo las propuestas de las Asociaciones de Pacientes con COVID Persistente de España, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Se trabajará en la homogeneización de guías clínicas y procesos asistenciales integrados de coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, a nivel estatal y autonómico, facilitando la coordinación entre diferentes
profesionales y servicios clínicos para la correcta atención de las personas afectadas por COVID persistente. Se impulsará la creación de Unidades Multidisciplinares o los mecanismos de coordinación asistencial multidisciplinar que fueran
necesarios para ello.
2. Establecer campañas de sensibilización y de comunicación destinadas a la ciudadanía en general con carácter preventivo, de sensibilización y con recomendaciones específicas para la población afectada y los profesionales de la salud.
3. Trabajar en la homogenización de los códigos diagnósticos en los sistemas de información sanitaria -en Atención Primaria y Hospitalaria- para tener una información detallada del número de personas con diagnóstico de COVID persistente
evitando el infradiagnóstico y la subestimación de personas afectadas, estableciendo, de esta forma, un registro adecuado de personas afectadas en nuestro país.
4. Establecer una línea de investigación, liderada desde las instituciones públicas, con participación de las sociedades académicas y de los pacientes, para profundizar en el conocimiento de la enfermedad, sus causas y su evolución. Es
necesario avanzar en ensayos clínicos y poder disponer de alternativas terapéuticas. Esta línea de investigación profundizará también en el impacto social y económico de la enfermedad tanto en términos individuales a los pacientes como a la
sociedad.
5. Trabajar en el reconocimiento oficial de la enfermedad y su identificación como enfermedad profesional en aquellas personas afectadas por el COVID persistente en las primeras olas de la pandemia en determinados puestos de trabajo.
6. Establecer medidas de protección de la salud laboral y que los itinerarios laborales de las personas afectadas se adapten a su situación funcional: en puestos de trabajo, en procesos de incapacidad temporal o permanente o en sus
procesos de reincorporación laboral.
7. Se estudiarán casos de colectivos afectados por patologías similares donde exista afectación multisistémica e imprecisión en sus diagnósticos, reconocimiento de enfermedad y procesos laborales para valorar, en cada caso concreto, la
idoneidad de adoptar medidas en el sentido expuesto en los apartados anteriores'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Rafael Cofiño Fernández y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución urgente de
soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de Atención Primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud este verano, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La necesidad de profesionales sanitarios en Atención Primaria representa uno de los problemas más ingentes de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) en los últimos años.
Una muestra reciente y más que representativa de ello, al margen de las 246 plazas de Medicina de Familia y Comunitaria que quedaron vacantes en la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada 2023/2024 -incluso después de un
llamamiento extraordinario de elección y adjudicación-, es la escasez con la que se afronta este verano en el conjunto del SNS.
Al problema estructural se suma este año el hecho de que en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, los Médicos Internos Residentes (MIR) se incorporaron en el mes de septiembre en lugar de en mayo, como es habitual. Este hecho ha provocado
que 2.224 MIR de Medicina de Familia y Comunitaria de cuarto año no hayan acabado aún su formación.
Ante esta realidad, y dada la falta de liderazgo y soluciones a la situación por parte de los cuatro ministros de Sanidad nombrados desde 2020, el pasado 23 de mayo de 2024 los trece consejeros autonómicos de Sanidad de las Comunidades
Autónomas (CC. AA.) en las que gobierna el Partido Popular solicitaron al Ministerio de Sanidad la convocatoria urgente de un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del SNS para, precisamente, 'abordar de manera monográfica la necesidad
de cubrir la falta de profesionales sanitario de Atención primaria para este verano'.
La reacción inicial a este anuncio desde el referido Ministerio de Sanidad fue decir que el problema en cuestión ya se había tratado en la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, así como en el pleno del propio
Interterritorial celebrado el 9 de febrero. No obstante, dicha postura fue rectificada y Sanidad accedió a convocar el pleno extraordinario solicitado por la mayoría de las CC. AA., fijando el 5 de junio como fecha para el encuentro.
Una vez celebrado el pleno, Mónica García, ministra de Sanidad realizó públicamente distintas valoraciones a los medios de comunicación: 'Son las comunidades [autónomas] las que tienen que planificar su verano en base a sus recursos, sus
necesidades y a la demanda que vayan a tener, ya que esto varía en cada territorio'; 'Los planes no se hacen en verano, se hacen antes'; 'Dentro de la legalidad y las competencias autonómicas, avalaremos todo lo necesario en incentivos, movilidad
y mejora de las condiciones'... Fueron algunas de las manifestaciones realizadas por García.
Ante la ausencia de propuestas y soluciones concretas por parte de la ministra, los consejeros de Sanidad de las CC. AA. comentaron, también públicamente, la situación. Fue el caso de Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, quien afirmó ante la prensa que 'exigimos a la ministra de Sanidad que haga uso de sus competencias [...] y que proporcione el número de profesionales sanitarios para que el Sistema Nacional de Salud funcione del modo correcto'.
De igual forma, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, manifestó que 'necesitamos que [la ministra de Sanidad] gestione esa falta de recursos humanos, lo cual llevamos demandando desde el primero Consejo
Interterritorial en el que estuvo ella', es decir, desde diciembre de 2023.
En todo caso, tanto los mencionados Vázquez y Matute, como sus homólogos de CC. AA. como Aragón, Cantabria, Andalucía o La Rioja, han alzado la voz para pedir a Mónica García que asuma sus competencias y concrete medidas.
Es en este contexto, también denunciado desde hace meses por distintos actores del sector sanitario como, por ejemplo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos o el Sindicato de Enfermería Satse, en el que el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -al Ministerio de Sanidad- a trabajar, desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto competencial vigentes, y desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la
coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios, para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los citados profesionales sanitarios que existe en la Atención Primaria del
conjunto del Sistema Nacional de Salud de cara a los meses del presente verano.
Garantizando siempre la calidad y la seguridad formativas y asistenciales, desde el Gobierno se dará prioridad a solucionar los problemas existentes en la homologación de títulos universitarios y especialidades extracomunitarios, así como a
posibilitar que los Médicos Internos Residentes de cuarto año que iniciaron su formación en 2020 puedan atender este verano -con la supervisión y los apoyos pertinentes- a los pacientes que acuden a los centros de Atención Primaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, María del Mar Vázquez Jiménez, Antonio Cavacasillas Rodríguez y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la creación, reconocimiento y
control de universidades privadas, para su debate y aprobación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El derecho a la educación como principio constitucional exige garantías de acceso y calidad del servicio público acorde con las necesidades y desarrollo del Estado y las propias Comunidades Autónomas. Ello presupone medidas y políticas
públicas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia del contexto de la UE, en España las dos últimas
décadas ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio universal de la educación
de calidad.
El Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, tiene por objeto, atendiendo a su artículo 1:
'establecer los requisitos básicos para la creación de universidades públicas y el reconocimiento de universidades privadas, así como para la creación y reconocimiento de centros universitarios, cuya
finalidad sea la impartición de la docencia de títulos oficiales universitarios y la generación y transferencia del conocimiento científico, tecnológico y humanístico a través de las actividades de investigación, así como el desarrollo del
resto de funciones previstas en la normativa vigente'. De este modo, el citado real decreto se suma al conjunto de la legislación vigente en la tarea de regular el reconocimiento de las universidades privadas que pretendan constituirse en cualquier
parte del Estado, siendo normativa básica y de obligado cumplimiento, sin perjuicio de aquella aprobada por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en la materia. En los últimos años, se observa, no obstante, un proceso que
cuestiona el principio constitucional de reconocimiento del derecho a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente.
Todas las comunidades autónomas cuentan con, al menos, una universidad pública en su territorio. En el caso de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y las Islas Baleares, existe un único centro universitario. En el otro extremo se
sitúan Madrid y Barcelona, con 19 y 12 universidades entre públicas y privadas, respectivamente.
La Comunidad de Madrid, además de contar con sus propias universidades públicas dependientes del gobierno autonómico, acoge también la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), ambas dependientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, haciendo un total de 8 universidades públicas en el curso 2021-2022. Sin embargo, las universidades públicas son superadas por las privadas, que en el mismo curso
sumaron 11 centros.
La misma situación, una mayoría de universidades privadas sobre las públicas, se da también en Castilla y León, País Vasco y las Islas Canarias. En Aragón, Cantabria, Navarra y La Rioja conviven el mismo número de centros públicos y
privados.
Es significativo que, en los últimos años, el número de estudiantes matriculados en universidades públicas españolas desciende mientras aumenta el de las universidades privadas que numéricamente están a punto de alcanzar a las públicas. En
25 años se han creado en España veintisiete privadas, más de una al año, mientras que la última pública, la Politécnica de Cartagena, abrió sus puertas en 1998. El boom de los campus privados no parece que esté cerca de terminar porque el
ministerio de Universidades tiene siete peticiones más pendientes de resolver y hay otros tres proyectos barajándose en otras tantas comunidades.
El aumento de universidades privadas se ha visto favorecido especialmente por Gobiernos autonómicos del Partido Popular. Andalucía es un buen ejemplo, aunque la palma se la lleva Madrid, donde el PP gobierna desde 1995, que en 1998 tenía
seis universidades públicas y cinco privadas y hoy tiene seis universidades públicas y 13 privadas (y otras cuatro peticiones pendientes). Entre las universidades de nueva creación en estas dos comunidades hay dos, la Universidad de Diseño,
Innovación y Tecnología (UDIT) en Madrid y la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) en Andalucía que se han autorizado a pesar de tener informes en contra del Consejo de Política Universitaria, y de las propias agencias de
acreditación, por no cumplir los requisitos mínimos de calidad que establece la legislación.
El Ministerio de Universidades aprobó en 2021 justamente un nuevo decreto para evitar las 'universidades chiringuito' y endurecer los requisitos para autorizar los campus creados como iniciativa con ánimo de lucro. En efecto, el Real
Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de
investigación, como también de equipamientos y de organización, y que todos los centros universitarios del país deben cumplir. Todos, indistintamente de su naturaleza jurídica. Las universidades, así, deberán adaptarse y demostrar su cumplimiento
antes de 2026. Es responsabilidad de las CC. AA. supervisar que las universidades cumplen ese decreto que exige, por ejemplo, a los campus que destinen un 5 % de su presupuesto a investigación, les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de
tres de las cinco áreas de conocimiento o, para evitar que las universidades se especialicen en másteres, les obliga a tener un mínimo de 50 % de estudiantes de grado.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha manifestado públicamente que detrás del crecimiento de los másteres privados están 'las limitaciones presupuestarias y administrativas' que han sufrido las universidades públicas en
los últimos años. El gasto en instituciones de educación superior españolas es un 20,7 % inferior al promedio de la OCDE Un informe encargado por el Gobierno de Ayuso a la Fundación Europea Sociedad y Educación, publicado por El País, alerta de una
sobreoferta de más de 25.000 plazas de grado en la comunidad: 13.000 en la pública, inflada para atraer alumnos y contratar profesores, y 12.000 en la privada donde un 69 % de los grados tiene menos de 45 alumnos. Al tiempo la proliferación de
nuevas universidades privadas valida, de facto, un ecosistema con centros de baja calidad, informes desfavorables de las agencias, incumplimiento del marco normativo, falta de investigación, especialización en campos altamente rentables, como
medicina, con una oferta limitada que incumple el principio de universalidad de la educación superior y los saberes. Pese a estos datos constatados, el número de alumnos matriculados en los centros privados se ha triplicado en los últimos 20 años
(pasando de 115.000 a 345.000), y supone cerca del 30 % de los titulados del curso 2020-2021, según el análisis que recoge la monografía del Informe CYD 2021/2022. Y esto ocurre teniendo en cuenta que el coste medio de seguir un curso en una
universidad privada multiplica por 5 o 6 el de una universidad pública.
Como resultado, el volumen de negocio de las universidades privadas y escuelas de negocios se situó en 2.575 millones de euros en 2019, un 5,3 % más que en el ejercicio anterior según el último estudio del Observatorio Sectorial DBK. El
mayor incremento porcentual se produjo en las universidades no presenciales que crecieron alrededor de un 9 %, superando los 300 millones de euros. La ausencia de un sistema integrado y un mapa global de la educación superior con planificación del
Estado y las CC. AA. ha favorecido tales desequilibrios y es hora que los poderes públicos asuman la responsabilidad de equilibrar el sistema de formación superior, a fin de garantizar el principio de igualdad y calidad de la educación, con
medidas de ajuste y reequilibrio que contribuyan a cumplir de forma efectiva el derecho reconocido por la Constitución y contemplado en la LOSU.
En primer lugar, porque la evolución demográfica no justifica semejante incremento, pues la población de entre 18 y 25 años de edad no se ha visto incrementada, mientras que las cohortes de edad infantil y juvenil son progresivamente más
reducidas cada año, ya que baja desde una población de 526.664 personas de 13 años de edad hasta tan solo 340.664 de 1 año de edad, según los datos de población publicados por el INE. Esto significa que la población potencial en edad de acceder a
la universidad lleva años estabilizada y en poco tiempo va a empezar a decrecer. En este contexto, la proliferación de universidades puede conducir a un sistema universitario ineficiente y sobredimensionado.
En la última década, el número de estudiantes matriculados en universidades públicas se ha mantenido esencialmente estable, mientras que ha aumentado substancialmente el de las universidades privadas, todo ello coincidiendo con las políticas
de incremento de precios y de restricciones financieras aplicadas a las universidades públicas desde la crisis financiera. Ello induce a pensar que se viene produciendo una transferencia de parte del estudiantado universitario del sistema
universitario público al privado. Habida cuenta de la diferencia de precio entre universidades públicas y privadas, ello pone en peligro la equidad en el acceso a los estudios universitarios. Como consecuencia, se observan desajustes funcionales y
resultados contradictorios entre clases, territorios y ramas de conocimiento.
Si bien en el conjunto del Sistema Universitario Español (SUE) la ratio de población joven (de 18 a 25 años de edad) por universidad se sitúa en 42.122 jóvenes por universidad, la disparidad entre comunidades autónomas es muy remarcable, ya
que varía desde 12.461 jóvenes por universidad en La Rioja hasta 173.494 en Castilla-La Mancha. De mismo modo, la proporción de universidades privadas también es muy variable por comunidades autónomas: en el conjunto del SUE, constituyen el 48 %
del total de
universidades, pero alcanzan el 75 % en el País Vasco, superan el 71 % en Canarias, el 68 % en Madrid, y el 55 % en Castilla y León, mientras que no existe ninguna en Asturias, Extremadura, liles Balears y Castilla-La Mancha.
También resulta preocupante la baja calidad de numerosas universidades privadas, tal como han puesto de manifiesto no tan solo la opinión de numerosos rectores de universidades públicas que dudan de que cumplan los requisitos mínimos de
calidad, sino también las agencias que garantizan la calidad universitaria, que han emitido en muchos casos informes desfavorables, a pesar de los cuales se han autorizado nuevas universidades.
Al respecto, el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios es claro y tajante. Todas las universidades,
indistintamente de su naturaleza jurídica, han de garantizar unos estándares mínimos de calidad docente, investigación, número de profesorado, equipamientos y organización antes de 2026. Es responsabilidad de las CC. AA. supervisar que las
universidades cumplen ese decreto que exige, por ejemplo, a los campus que destinen un 5 % de su presupuesto a investigación, las obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento y las obliga a tener un mínimo
de 50 % de estudiantes de grado, exige que el personal docente e investigador (PDI) doctor, computado en equivalente a tiempo completo, sea al menos el 50 % en grado y máster, y el 100 % en doctorado y que, de éste, al menos el 60 % cuente con una o
más evaluaciones positivas de su actividad investigadora (sexenios).
A pesar de ello, se observa un incumplimiento sistemático de tales criterios mientras se siguen creando universidades privadas que no cumplen los requisitos previstos, incluso con informes desfavorables por parte de las agencias de calidad o
de la Conferencia General de Política Universitaria.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de forma inmediata, junto a las comunidades autónomas competentes, una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas hasta 2028, coincidiendo con el plazo de plena implantación de la LOSU.
2. Modificar el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios en el sentido de que, para la creación de
nuevas universidades, resulte vinculante el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria previsto en el Artículo 3 y, previamente, se requiera un informe preceptivo vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación o de la agencia de evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente, inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR).
3. Durante la moratoria, y en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria, establecer un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa universitaria y las carencias del sistema
público para garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita a partir de una planificación por parte de las Administraciones competentes de la oferta de plazas universitarias públicas, acorde con las necesidades sociales y no sólo
en función de la demanda voluble y temporal del mercado. La configuración de un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública es una exigencia
habitual en países de nuestro entorno.
4. Crear una unidad de fiscalización y establecer medidas sancionadoras, dentro de su ámbito competencial, en el caso de incumplimiento de los requerimientos para las universidades contemplados en la LOSU y en el RD 640/2021, estableciendo
desde el no reconocimiento de títulos expedidos por aquellas universidades que no cumplan con la norma hasta la supresión de la autorización para ejercer como Universidad. Reforzando,
en este sentido, las competencias de esa unidad de fiscalización para el control y evaluación de la continuidad de universidades privadas actuales en función del cumplimiento de los requerimientos establecidos: (a) por razón de demanda de
población universitaria que no tenga ninguna posibilidad de acceso a universidades públicas, (b) por desarrollo de nuevas ramas por avances científicos necesarios que no contemplen las públicas y (c) cobertura de nuevas necesidades profesionales que
no den respuesta las universidades públicas; así como que garanticen una formación completa de grados, equilibrada en todos los campos del conocimiento y con unas infraestructuras dignas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Gala Pin Ferrando, Teslem Andala Ubbi y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre formación dual universitaria, para su debate en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El tradicional debate sobre la mayor o menor lejanía existente entre la formación académica y el empleo se ha visto incrementado en la situación actual, en la que se constata que la inmensa transformación tecnológica que se está produciendo
en la actualidad va a conllevar una evolución de la economía hacia un sistema productivo más basado en el conocimiento. Se va a requerir de las personas mayores niveles de cualificación y competencias en las ocupaciones, porque los cambios no son
sólo de estructura sino también de las propias tareas a desarrollar, más sofisticadas y complejas. Para la adquisición de estas competencias, tan cambiantes y pegadas al mundo de la empresa, el ámbito puramente académico puede resultar
insuficiente.
En este contexto cobra especial relevancia la formación dual, en todos los niveles formativos, incluido el universitario. Se entiende por formación dual aquella que combina, con arreglo a diversos modelos, la formación académica teórica con
el aprendizaje práctico basado en el trabajo en un centro productivo. En definitiva, los modelos de formación dual responden a un esquema de formación impartida en empresa y en un centro educativo, en régimen de alternancia entre los dos ámbitos,
de forma complementaria, coordinada y corresponsable.
La formación dual se viene señalando, de forma reiterada, como una modalidad de formación que permite combatir eficazmente el desempleo, en especial el desempleo juvenil, facilitando las transiciones entre la formación y el mundo del
trabajo. Es, además, un instrumento para facilitar la transformación del modelo productivo, la innovación y el crecimiento empresarial.
La formación dual cuenta con un amplio desarrollo en el marco europeo, recogiendo previas experiencias de países como Austria, Países Bajos y, especialmente, Alemania, donde se ha venido desarrollando durante décadas un sistema
particularmente robusto y exitoso.
La implantación de la formación dual en España, como ocurrió en otros países europeos, es más reciente. La formación dual en el nivel educativo de la Formación Profesional se remonta, en su marco regulatorio, al año 2012, y se regula
actualmente por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LOIPF), norma que fija el marco estatal básico que posteriormente ha sido desarrollado y aplicado, de forma relativamente heterogénea,
por las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, puede afirmarse que, si bien cabe un amplio margen de mejora, la formación profesional dual en España cuenta ya con una trayectoria respaldada por un indudable crecimiento en el número de alumnado y
de centros que la ofertan.
Sin embargo, la Formación universitaria dual se encuentra en un estadio menor de desarrollo. Esto es así tanto en España como en otros Estados miembros de la Unión Europea. La propia Unión Europea ha puesto en marcha diversas iniciativas
que pretenden incentivar la formación dual en el sistema universitario.
Si bien en España se han venido desarrollando con éxito programas de educación superior dual en diversas universidades desde hace casi una década, no se contó con un marco regulatorio básico hasta que en el año 2021 se aprobaron dos normas.
Por un lado, el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, regulando por primera vez en España la mención dual. En
concreto, en su artículo 22, se establece que 'los títulos universitarios oficiales, ya sean de grado o de master, podrán incluir la mención dual siempre que exista un proyecto formativo común entre el centro universitario y la entidad colaboradora
(empresa, organizaciones sociales o sindicales, o instituciones y Administraciones), bajo la supervisión y el liderazgo formativo del centro universitario. En desarrollo de este Real Decreto, la REACU (Red Española de Agencias de Calidad
Universitaria) aprobó un protocolo de evaluación para la inclusión de la mención dual común para todo el Estado.
Por otro lado, la última reforma laboral configuró el marco contractual para la formación dual universitaria, a través del contrato de formación en alternancia (art. 11.2 del Estatuto de los Trabajadores).
Así, el informe del Consejo Económico y Social España 01/2023, 'La Formación Dual en España: situación y perspectivas' es meridianamente claro, afirmando, entre otoras cosa, que la existencia de dicho marco regulatorio termina con el vacío
jurídico y abre el camino hacia un deseable desarrollo de la formación dual en el ámbito universitario. Camino que, en buena parte, beberá de las mismas fuentes y podrá aprender de las mismas experiencias seguidas por la Formación Profesional Dual.
Sin embargo, al encontrarse en una fase más incipiente, parece necesario realizar un trabajo clarificador previo, que permita conocer con claridad cual es la situación actual de la Formación dual universitaria en todo el Estado español. Es éste un
diagnóstico imprescindible sin el que no será posible avanzar en políticas y estrategias de desarrollo de la formación universitaria con mención dual.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El lanzamiento por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad de una operación estadística sobre la formación dual universitaria en el conjunto del Estado español.
2. El apoyo a la creación de un sistema de monitoreo de la formación universitaria dual, similar al que ya existe para la Formación Profesional; pero específico de las enseñanzas universitarias (grados, másteres y doctorados industriales).
3. La elaboración de un mapa de las universidades españolas que ofertan estudios duales, en todos sus niveles.
4. La creación de una red de universidades con estudios duales, con funciones de estudio, difusión de buenas prácticas y apoyo a proyectos.
5. El impulso a la prospección de potenciales empresas formadoras, entre otras las ubicadas en parques tecnológicos, para grados, másteres y doctorados industriales.
6. La creación de mecanismos de evaluación específicos sobre el impacto de la formación universitaria dual en términos de generación y transmisión de conocimientos y competencias, así como de su contribución a la empleabilidad de las
personas y de la competitividad del Estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Marta Gracia Blanco, Diputada.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/000937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío Aguirre Gil de Biedma, María de los Reyes Romero Vilches y Blanca Armario González, en su condición respectiva de Portavoz y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de las mujeres frente a la inmigración ilegal, para su discusión en la Comisión de seguimiento y evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de género.
Exposición de motivos
Primero. Crece la inseguridad en España.
La seguridad es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho. De hecho, la Constitución Española tiene dos grandes referencias a este principio y derecho fundamental en su preámbulo ('La Nación española, deseando establecer la
justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran [...]') y en el artículo 17.1 ('Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad'). Los ciudadanos deben desempeñar sus quehaceres diarios sin exponerse a
grandes peligros, una Nación incumple uno de sus principales deberes para con sus nacionales cuando no es capaz de hacerlos sentirse protegidos dentro de sus fronteras.
Tan es así que uno de los fundamentos del Estado moderno es, precisamente, la cesión del monopolio de la violencia al Estado para que proteja y garantice la seguridad de sus ciudadanos en su día a día. De esta manera, encontrar el
equilibrio entre libertad y seguridad se juzga fundamental para que el desarrollo de la comunidad política sea óptimo y próspero para todos.
Así pues, la seguridad es uno de los elementos básicos de toda democracia avanzada. Su ausencia es propia de regímenes fallidos o de Estados donde domina la arbitrariedad del poder político y uno únicamente disfruta de esta seguridad cuando
no es un obstáculo para el gobierno de turno.
A pesar de lo anterior, España es hoy un país más inseguro que hace una década. Esto puede confirmarse analizando los Balances de Criminalidad del Ministerio del Interior: en 2013 se registraron 2.172.133 infracciones penales 68 mientras
que, en 2023 fueron 2.459.659, un 13,2 % más 69.
Además, crece igualmente la percepción de inseguridad entre los españoles: si en 2017 únicamente un 8,7 % manifestaban haber tenido algún problema de seguridad en su entorno, en 2020, último año con datos oficiales, tal porcentaje aumentó
hasta el 14,1 % 70.
Segundo. Cada vez más casos de violencia contra la mujer son cometidas por extranjeros.
Las mujeres sufren de manera significativa este incremento de la criminalidad. De hecho, algunos de los delitos que más han crecido en los últimos años son, precisamente,
68 https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2013/balance_2013_criminalidad.pdf
69 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Balance-de-Criminalidad-Cuarto-Trimestre-2023.pdf
70 https://theobjective.com/espana/2024-01-23/delincuencia-seguridad-espana/
contra la libertad sexual, en los que las mujeres son la inmensa mayoría de las víctimas: sólo entre 2022 y 2023, experimentaron un aumento del 15,1 % 71.
Estos datos se confirman, igualmente, en el último Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual, correspondiente a 2022, publicado por el Ministerio del Interior: entre 2016 y 2022 han crecido un 75,3 % los delitos sexuales registrados
72.
Las agresiones y abusos sexuales con penetración, dos subtipos penales englobados dentro de los delitos contra la libertad sexual (el último de los cuales fue suprimido por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de
la libertad sexual), también han crecido significativamente: un 138,1 % entre 2016 y 2022 73. Este mismo informe señala que hasta el 36 % de los detenidos por esta clase de delitos son inmigrantes, de lo que se deduce que el 13,4 %, porcentaje de
extranjeros residentes en España según el INE 74, comete casi el 40 % de los delitos de naturaleza sexual. Además, según los datos que proporciona el Ministerio del Interior en este informe, el 44 % de los agresores detenidos por esta clase de
delitos en la franja de edad de los 18 a los 30 años son extranjeros. Coincide que donde más delitos sexuales se registran son las provincias con mayor población inmigrante: Madrid, con 2.663 delitos registrados (14,03 % de población inmigrante);
Barcelona, con 2.654 (15,39 %); Valencia, con 1.132 (11,64 %); Alicante, con 991 (20,29 %); y Baleares, con 915 (18,84 %) 75.
Tal es el aumento exponencial en esta clase de infracciones penales que la Fiscalía General del Estado alertó sobre ello en su última Memoria anual: 'En 2022 las agresiones sexuales incoadas ascendieron a 974, lo que supone un notabilísimo
y preocupante ascenso del +45,80 % respecto del 2021 en se registraron 688 causas. Esa tónica ascendente viene evidenciándose desde el 2017 en que hubo 451 causas, 648 en el 2018, 564 en el 2019 y 544 en el 2020. Resulta alarmante que la cifra de
incoaciones por este tipo penal se haya incrementado en un +116 % desde el 2017' 76.
Asimismo, en los últimos tiempos vemos cómo llegan a España prácticas ajenas a las costumbres españolas -que, por tanto, son consecuencia de la llegada de población inmigrante de culturas muy distintas a la nuestra- en las que las mujeres
son las afectadas: la mutilación genital femenina 77 y los matrimonios forzosos, los cuales han aumentado un 60 % en España desde 2015 y, en lugares como Cataluña, una de las regiones con mayor cantidad de población extranjera, se han duplicado
desde 2017 78.
Por último, los casos de violencia contra la mujer, la mal denominada 'violencia de género', cometidos por extranjeros han aumentado considerablemente en los últimos años: mientras en 2008 eran un 36,8 %, un número ya elevadísimo si se
tiene en cuenta el porcentaje de población extranjera en España por aquel entonces (11,3 % 79), en lo que llevamos de 2024 es ya del 50 % 80. O, dicho de otro modo: el 13,4 % de la población en España ha cometido el 50 % de los casos de violencia
contra la mujer registrados en nuestro país en lo que llevamos de año.
71 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Balance-de-Criminalidad-Cuarto-Trimestre-2023.pdf
72
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-delitos-contra-la-libertad-e-indemnidad-sexual-en-Espana/Informe_delitos_contra_l
ibertad_sexu al_2022_126210034.pdf
73 Ibid.
74 https://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-bate-record-poblacion-2023-48592909-habitantes-134-extranjeros-porcentaje-mas-alto-20240215111946.html
75 Datos de población inmigrante sacados del INE:?https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu004.px
76 https://www.fiscal.es/memorias/memoria2023/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/MEMFIS23.pdf
77
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/crece-en-espana-el-numero-de-ninas-con-posible-riesgo-de-mutilacion-genital-femenina-1345830290069.html?detid=1345876611370#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20datos%20del%20Mapa,provienen%20princ
ipalmente%20 de%20Senegal%2C%20Nigeria%2C
78 https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2022/01/07/61cae9d7fdddfffeab8b45a7.html
79 https://www.ine.es/prensa/np503.pdf
80 https://theobjective.com/espana/politica/2024-04-09/asesinatos-mujeres-cometidos-extranjeros-50/
Tercero. La necesidad de dotar de seguridad a la población.
La realidad es tozuda: las mujeres están más inseguras hoy que hace un par de décadas. Es una afirmación que corroboran multitud de informes y estudios, así como el sentir general de los españoles.
Uno de ellos, la Encuesta Funcas sobre percepción y experiencias de violencia contra las mujeres 81, señala que la mitad de las mujeres de 20 a 39 años en España, el 52 % para ser más concretos, afirma haberse sentido alguna vez insegura en
la calle por la noche. Un tercio (33 %) declara haber experimentado esa sensación con frecuencia.
No es, por tanto, sorprendente que las mujeres españolas hayan pasado de disfrutar de la 5.ª posición de 170 naciones en 2018 en el índice de Mujeres, Paz y Seguridad realizado por la Universidad de Georgetown a la 27.ª en 2023. En 5 años
se ha producido un descenso de 22 posiciones 82. Este estudio mide la percepción de bienestar entre las mujeres y qué países del mundo son los más seguros y prósperos para el desarrollo personal de las mujeres. Por tanto, desde que gobierna Pedro
Sánchez las mujeres han visto deterioradas su seguridad y su bienestar.
La hipocresía de la izquierda es, por tanto, manifiesta: mientras se dedica a abrir las puertas de nuestras fronteras y a fomentar la inmigración ilegal, dice al mismo tiempo defender los derechos de las mujeres. La realidad es que los
casos de violencia contra la mujer son cometidos cada vez más por extranjeros, dada la diferencia de costumbres y cultura en aquellas personas que proceden fuera de nuestras fronteras. Si se importa población de países cuya concepción de la mujer
es diametralmente opuesta a la que tenemos en Occidente no debería extrañar que, igualmente, importemos delitos y fenómenos nunca vistos en España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la llegada a España de inmigración ilegal.
2. Garantizar toda la asistencia y apoyo posibles a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores.
3. Promover la derogación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, e identificar a los agresores sexuales que han sido excarcelados prematuramente merced a su entrada en vigor.
4. Promover el incremento de las penas privativas de libertad aparejadas a los delitos sexuales.
5. Promover la desaparición de nuestra sociedad de los mensajes y discursos que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.
6. Perseguir con absoluta contundencia la práctica de costumbres que, importadas a nuestro país como consecuencia de la inmigración ilegal, sean contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina (MGF)
o los matrimonios forzosos.
7. Articular las reformas necesarias para expulsar del territorio nacional a los inmigrantes que cometan los delitos contemplados en el apartado anterior, así como establecer una prohibición para su entrada.
8. Regular la pena de pérdida de la nacionalidad para el delincuente extranjero naturalizado en España que sea condenado a pena privativa de libertad igual o superior a cuatro años por cometer delitos de MGF o matrimonio forzoso.
81 https://www.funcas.es/prensa/nueve-de-cada-10-mujeres-de-20-a-39-anos-en-espana-afirman-haberse-sentido-inseguras-en-la-calle-de-noche/
82 https://www.larazon.es/espana/espana-pierde-22-puestos-ranking-mejores-paises-ser-mujer-que-pedro-sanchez-esta-gobierno_202310256538dae232dc750001428b0d.html
9. Impulsar la suspensión de las subvenciones públicas otorgadas a entidades que las destinan a colectivos de etnias que practican la MGF y que no difunden su prevención, o que fomentan o auspician la celebración de matrimonios forzosos.
10. Impulsar la suspensión de las ayudas a la cooperación al desarrollo a naciones que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2024.-María de los Reyes Romero Vilches, Blanca Armario González y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000367
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Javier Merino Martínez y Héctor Palencia Rubio.
Texto:
¿Por qué la Comunidad Autónoma de La Rioja está abandonada por el Gobierno de España en materia de infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-Javier Merino Martínez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/000364
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López y Nacho Martín Blanco.
Texto:
¿Considera el Gobierno que la Formación Profesional dual se implantará con éxito en el curso 2024-2025?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2024.-Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López y Nacho Martín Blanco, Diputados.
181/000365
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López y Nacho Martín Blanco.
Texto:
¿Ha recabado el Gobierno información de las Comunidades Autónomas sobre la implementación de la obligación de cotización a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas formativas, número y porcentaje de alumnos por los que se ha cotizado
y el coste asumido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2024.-Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López y Nacho Martín Blanco, Diputados.
181/000366
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López y Nacho Martín Blanco.
Texto:
¿Qué balance hace el Gobierno de la implementación de la obligación de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, que establece la obligación de cotización a la Seguridad Social de
todo el alumnado que realiza prácticas formativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Beatriz Jiménez Linuesa, Óscar Clavell López y Nacho Martín Blanco, Diputados.
181/000373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Joaquín Robles López y Jacobo González-Robatto Perote, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Texto:
¿Qué evidencias científicas y pedagógicas tiene el Gobierno para promover la retirada de los conciertos educativos a los centros docentes de educación diferenciada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.
Comisión de Política Territorial
181/000368
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Antonio Cavacasillas Rodríguez y Cristina Abades Martínez.
Texto:
¿Por qué el Gobierno no ha convocado la Conferencia de Presidentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2024.-Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Antonio Cavacasillas Rodríguez y Cristina Abades Martínez, Diputados.
181/000369
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Cristóbal Garre Murcia y Nacho Martín Blanco.
Texto:
¿Cree que la cesión indiscriminada de competencias es positiva para la equidad entre territorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2024.-Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Cristóbal Garre Murcia y Nacho Martín Blanco, Diputados.
181/000370
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Samuel Martín García y Aurora Nacarino-Brabo Jiménez.
Texto:
¿Qué medidas está tomando el Gobierno para promover la cooperación interregional y la solidaridad entre las diferentes regiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2024.-Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Ángel Ibáñez Hernando, Pedro Samuel Martín García y Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000361
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Joaquín Melgarejo Moreno y César Sánchez Pérez.
Texto:
¿Está cumpliendo el Gobierno los compromisos de aportación de aguas a la Albufera de Valencia que establece el Plan Hidrológico del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno y César Sánchez Pérez, Diputados.
181/000362
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Joaquín Melgarejo Moreno y César Sánchez Pérez.
Texto:
¿Ha tomado el Gobierno de España medidas para solucionar los problemas de eutrofización de la Albufera de Valencia; cuál es el volumen de agua que efectivamente ha llegado a la Albufera en el periodo que va de octubre de 2023 a mayo de
2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno y César Sánchez Pérez, Diputados.
181/000375
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Diputado: Jorge Pueyo Sanz.
Dirigida a la Secretaria de Estado de Energía.
Texto:
¿Qué medidas se están adoptando o en qué plazo van a adoptarse para garantizar que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo, y para crear un mapa nacional
de instalación preferente de energías renovables, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico, tal como se comprometió en el Acuerdo de Gobierno de coalición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.
Comisión de Sanidad
181/000371
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno atender la solicitud realizada desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria e impulsar alguna medida con la que posibilitar que los contratos públicos puedan tener en cuenta la
inflación y el incremento de costes productivos con el que conviven nuestras empresas, e incluir cláusulas de indexación que garanticen el equilibrio económico-financiero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Sanidad.
Texto:
¿Está nuestro Sistema Nacional de Salud preparado para enfrentarse a una potencial epidemia de dengue?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, David García Gomis y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/000374
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno atender la solicitud realizada desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y materializar la 'indexación de contratos', un 'IVA reducido en productos sanitarios' y la 'compra pública
basada en valor' como medidas con las que 'mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del sistema sanitario'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.