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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 153, de 04/06/2024
cve: BOCG-15-D-153-C1
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de junio de 2024
Núm. 153
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al tránsito por territorio español de armamento con destino a Israel o fabricado por empresas israelíes ... (Página5)
161/000856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania ... (Página7)
161/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la restricción de las libertades políticas y civiles en Bolivia ... (Página9)
161/000885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para recuperar una política de Estado con relación a Guinea Ecuatorial ... (Página12)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al copago farmacéutico ... (Página13)
161/000881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la realización de una evaluación del Sector Público Estatal que permita la elaboración de un Plan Nacional de Reforma de la Administración
Pública ... (Página15)
161/000887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar todos los procesos selectivos relacionados con los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter
nacional ... (Página17)
Comisión de Interior
161/000882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el mantenimiento de las unidades del SEPRONA y sus efectivos ... (Página18)
161/000886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el mantenimiento de las unidades del SEPRONA y sus efectivos en la Región de Murcia ... (Página19)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora en la línea ferroviaria Salamanca-Madrid a través de Medina del Campo ... (Página21)
161/000872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para una solución y calendario definitivo para el transporte de mercancías por ferrocarril en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido entre
Alicante, Elche, la Vega Baja y Murcia ... (Página22)
161/000873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso en la modernización de la línea de Cercanías C1 Alicante-Elche-Murcia ... (Página23)
161/000883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para establecer obligaciones de servicio público en las rutas aéreas entre Melilla y las ciudades de Málaga y Madrid ...
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el plazo de homologación y convalidación de las titulaciones no universitarias ... (Página27)
161/000864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acoso escolar al alumnado con discapacidad y, particularmente, la discapacidad intelectual ... (Página29)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las medidas para el respeto a la cultura, historia y tradición del toro bravo ... (Página30)
Comisión de Política Territorial
161/000868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a avanzar en la mejora de los servicios de inspección fronteriza vinculados al tráfico internacional de mercancías ...
161/000874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reconocimiento y defensa del sistema de gobiernos provinciales e insulares como garantía de cohesión territorial y social ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar diversas acciones para garantizar el agua potable en la zona norte de Córdoba ...
161/000878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuación de urgencia en las infraestructuras comprendidas en el proyecto sistema de regulación
lateral del río Órbigo: presa sobre el arroyo de la Rial y sobre el arroyo de los Morales ... (Página38)
161/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para afrontar el déficit hídrico de los municipios de Yecla, Jumilla, Fortuna y Abanilla (Región de Murcia) ...
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la concentración bancaria ... (Página40)
161/000854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales ... (Página43)
Comisión de Sanidad
161/000729 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al copago farmacéutico.
Retirada ... (Página47)
161/000863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para actualizar el Plan de Acción de Atención Primaria ... (Página47)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la rebaja de la edad de derecho a voto a los 16 años ... (Página49)
161/000875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para fomentar la conciliación de las familias en el mundo rural ... (Página50)
161/000877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de medidas de reconocimiento de aquellas familias que, entre sus miembros, cuentan con un menor y/o joven con discapacidad ...
161/000880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al conocimiento en finanzas personales de los jóvenes ... (Página53)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar las carreteras de titularidad estatal y la iluminación de acceso a la ciudad de Lugo ... (Página55)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000278 Pregunta formulada por la Diputada Maribel Vaquero Montero [GV (EAJ-PNV)], sobre plan de medidas adoptado por el Gobierno para paliar las graves consecuencias que están causando las diferentes obras en el tramo Irún-Brinkola ...
(Página56)
181/000281 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX), Flores
Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre responsabilidad política que va a asumir el Gobierno por la supuesta trama de adjudicación de contratos que, según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
remitido a la Audiencia Nacional, tenía establecida el exasesor Koldo García en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ... (Página56)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000282 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y Chamorro
Delmo, Ricardo (GVOX), sobre motivos técnicos que han determinado el rechazo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de los proyectos de ampliación del puerto de Cartagena de El Gorguel y Barlomar ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/008809 Autor: Navarro López, Pedro Pérez López, Álvaro Vázquez Blanco, Ana Belén Muñoz Abrines, Pedro Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de si va a colaborar el Gobierno con la UCO para aclarar la posible relación entre las empresas domiciliadas en Elvas del investigado por la justicia española Víctor de Aldama y el hecho de que en ese mismo municipio
resida una persona del entorno familiar del Presidente del Gobierno, así como número de procedimientos de inspección que ha iniciado de oficio la Administración tributaria en los ejercicios 2021 y 2022 frente a contribuyentes que percibiendo sus
ingresos en España residen en otro país ... (Página57)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página58)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos lone Belarra y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al tránsito por
territorio español de armamento con destino a Israel o fabricado por empresas israelíes, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Un carguero con unas 35 toneladas de material militar hizo escala el pasado 10 de mayo en Las Palmas y tenía prevista su llegada entre el día 16 y el 17 de mayo al puerto de Cartagena. El barco, que recibe el nombre de Borkum, había salido
de Chennai (India) y dado la vuelta a África por el Cabo de Buena Esperanza. Según los documentos filtrados a los que tuvo acceso la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (Rescop), la siguiente escala sería en el puerto de Cartagena.
Después, el barco se dirigiría a un puerto de Eslovenia, donde el armamento sería descargado. Tras una escala más -no definida en los documentos filtrados-, el material militar acabaría en el puerto de Ashdod, Israel, a 30 kilómetros de la Franja
de Gaza.
La noticia de la escala del Borkum en puertos españoles hizo saltar la polémica, que rápidamente trascendió del ámbito social al político. Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Rescop, y organizaciones políticas, así
como la ciudadanía movilizada, emprendieron en la semana del 13 de mayo una serie de acciones legales, políticas y de protesta para exigir al gobierno la detención del barco en Cartagena y la inspección de su cargamento. El objetivo era, y es,
prevenir que cualquier tipo de material militar termine en manos del gobierno de Israel a la luz del genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino.
En contexto de la polémica, el 15 de mayo el ministro de Transportes Oscar Puente publicó un documento a través de su cuenta de la red X (antes Twitter) en el que se reflejaba cuál, era el cargamento -24 contenedores de cargadores para armas
con carga explosiva y 8 contenedores de cartuchos de Trinitrotolueno (TNT)- y exponía la autorización de tránsito en Las Palmas concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. El ministro de Transportes defendió que las armas del
Borkum se dirigen a
República Checa a través del puerto de Koper, en Eslovenia, y negó categóricamente que tuvieran como destino Israel.
En la mañana del viernes 17 la Rescop daba a conocer la información de que el buque, que tenía prevista su llegada a Cartagena ese mismo día, había virado su rumbo la noche del jueves y se había alejado de la costa, sin atracar en el puerto
español. La decisión del armador del barco pareció confirmar que se intentaba evitar una inspección de la carga. Asimismo, el comunicado de la Rescop denunciaba que 'En 48 horas se han detectado dos barcos con armas con la misma escala prevista,
lo que hace temer que sea una ruta habitual' y pedía al gobierno que 'ponga fin al comercio de armas con Israel e imponga un embargo formal para que no se repita un episodio similar'. El segundo barco detectado era el Marianne Danica, otro carguero
con material militar con destino a Israel, cuyo permiso de escala en Cartagena fue denegado por el gobierno español, según se conoció ese mismo día.
España está sujeta por una serie de obligaciones y compromisos con la legalidad nacional e internacional en relación al comercio de armas con países que pudieran utilizarlas para la vulneración de derechos humanos o contra población civil en
ofensivas militares y conflictos armados. El artículo 8, apartado a), de la ley española sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso (53/2007), sobre denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y
revocación de autorizaciones, establece que:
'1. Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, a las que se refiere el artículo 4, suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o
regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan
como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre
transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la
información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código
de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.'
Por otro lado, el artículo 2 del Tratado sobre el Comercio de Armas define las transferencias de armas como las actividades de comercio internacional que abarcan desde 'la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el
corretaje'. Sobre prohibiciones de transferencias de armas convencionales, el artículo 6, apartado 3) del Tratado establece que:
'Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 0 el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de
que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales,
u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.'
El artículo 7 del Tratado prevé que los Estados podrán no conceder licencias de exportación si las armas pudiesen servir para 'cometer o facilitar una violación grave del
Derecho internacional humanitario' o para 'cometer o facilitar una violación grave del Derecho internacional de los derechos humanos'. El apartado 7), además, establece que: 'Si, después de concedida una autorización, un Estado parte
exportador tiene conocimiento de nuevos datos que sean pertinentes, se alienta a dicho Estado a que reexamine la autorización'.
Por su parte, la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, después de aludir en la exposición de motivos a la resolución de los Estados de 'evitar la exportación de tecnología y equipos militares que pudieran utilizarse para la
represión interna o la agresión internacional o contribuir a la inestabilidad regional', fija ocho criterios que deben tener en cuenta los Estados a la hora de aprobar las solicitudes de licencias de exportación de armas. El segundo criterio se
refiere al 'respeto de los derechos humanos en el país de destino final [de la tecnología y equipos militares] y respeto del Derecho internacional humanitario por parte de dicho país'. En dos supuestos se establece la obligación de los Estados de
denegar las licencias de exportación (en caso de que las armas pudiesen ser utilizadas con fines de represión interna o si existía riesgo manifiesto de que la tecnología y equipos militares pudiese usarse para cometer violaciones graves del DIH).
Por último, cabe también señalar que los Estados firmantes de la Convención sobre el Genocidio -incluyendo España- tienen la obligación de actuar para prevenir y detener el genocidio en Palestina, esto es, la comisión de dicho crimen por
parte del gobierno de Israel, especialmente teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia y la investigación en curso. De hecho, los gobiernos de los países que estuvieran respaldando la ejecución del genocidio de la
población palestina, bien con apoyo político, económico, militar, logístico o de cualquier otra índole, podrían tener que responder y enfrentar consecuencias ante la justicia internacional por complicidad con el gobierno de Israel.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno a:
1. Detener los cargueros con material militar cuyo destino final sea Israel que entren en aguas españolas o hagan escala en puertos españoles;
2. Inspeccionar su cargamento con el objetivo de prevenir que dicho material termine en Israel y sea utilizado para cometer un genocidio, en cumplimiento a la normativa internacional y el fallo de la Corte Internacional de Justicia a este
respecto;
3. Bloquear el tránsito por aguas españolas a las embarcaciones que porten armamento fabricado por empresas israelíes;
4. Suspender la compraventa de armas con Israel y proceder a un embargo total, formal y efectivo de armas al país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000856
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa al acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 1 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos lone Belarra y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acuerdo bilateral
de seguridad entre España y Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Según las informaciones públicas disponibles, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski tenía previsto visitar Madrid el pasado 17 de mayo para firmar un acuerdo de seguridad entre España y Ucrania, similar a los que ya ha firmado con otros
países como el Reino Unido, Alemania y Francia. A pesar de no haber clarificado los motivos de dicha cancelación, se entiende que la situación en el frente lo llevó a suspender todos sus viajes internacionales.
A falta de aclaraciones por parte del Gobierno sobre el contenido de dicho acuerdo, las informaciones señalan que el objetivo sería garantizar un apoyo militar sostenido de España a Ucrania a largo plazo y servir de puente hasta que pueda
convertirse en miembro de pleno derecho de la OTAN y la UE. Una decisión de especial trascendencia -en el contexto de guerra y escalada bélica con Rusia, así como de crisis económica y ecosocial en Europa- que merece poder ser debatida públicamente
y también ser sometida a votación parlamentaria.
Se trata de un acuerdo de seguridad que ahonda en la vía militar y viene precedido por el apoyo que España ya viene brindando a Kiev a través de la entrega de armamento o la instrucción de más de 4.000 combatientes por el Toledo Training
Coordination Center (TTCC). También al suministro de media decena de misiles Patriot para reforzar la defensa antiaérea de Kiev. El Ministerio de Defensa, además, está ultimando un nuevo paquete de ayuda militar con munición de artillería de
grueso calibre, ametralladoras ligeras y pesadas, vehículos logísticos protegidos sobre ruedas, vehículos acorazados de infantería, armamento antitanques y obuses de artillería de campaña, junto con los 10 primeros carros de combate de un lote de 19
Leopard 2 A4 que están siendo rehabilitados. Este acopio de armamento para su envío a una zona de guerra, así como la ausencia de una hoja de ruta clara en favor de la desescalada y la terminación del conflicto, contrasta con las declaraciones de
las autoridades del gobierno -y del propio presidente- de España que afirman defender y trabajar en favor de la paz.
Desde que comenzó la guerra el Gobierno de España ha pasado de enviar únicamente material de defensa a Ucrania a sumarse a la respuesta belicista europea con el envío de material militar. Además de ello, España se ha implicado con la
provisión de asistencia sobre el terreno. De firmarse este acuerdo, el gobierno podría comprometer a España a prestar a largo plazo asistencia militar, suministrar armamento, colaborar en el
adiestramiento de sus Fuerzas Armadas o colaborar al desarrollo de la industria de defensa ucraniana. Aunque la cantidad concreta deberá plasmarse cada ejercicio en los presupuestos generales del Estado, este acuerdo probablemente
cuantificará el monto de la ayuda militar que el Gobierno español prestará a Kiev en los próximos años.
Por otro lado, en la cumbre de la OTAN prevista del 9 al 11 de julio en Washington se aprobarán nuevos mecanismos para vehicular en el futuro la ayuda militar a Ucrania. En la práctica, se prevé que sea la propia OTAN la que coordine las
entregas de los distintos países, sustituyendo al llamado Grupo de Contacto para Ucrania o Grupo de Ramstein (Alemania), por la base estadounidense donde se reúne. La OTAN ya está haciendo los planes para asumir esta tarea y los primeros cálculos
apuntan a que España podría tener que aportar unos 1.000 millones anuales al fondo coordinado por la Alianza. 1.000 millones que no irán destinados a atajar la crisis climática, los problemas del sector agrícola y ganadero, el problema de la
vivienda y su acceso por parte de los y las jóvenes, o el refuerzo de los servicios públicos como la sanidad y el sistema de cuidados, entre otros.
Más de dos años tras la invasión ilegal de Rusia y el estallido de la guerra en Ucrania, la apuesta por la escalada bélica, la confrontación directa y la búsqueda de una victoria militar en el campo de batalla se han demostrado fracasadas.
Cada vez se hace más evidente que la vía de la diplomacia y la negociación son las únicas vías posibles para lograr un alto el fuego y poder avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a esta guerra que se está librando en territorio europeo, que ya se
ha saldado con decenas de miles de vidas y que podría seguir arrastrando a Europa al desastre.
Está previsto que este acuerdo sea aprobado por el Consejo de Ministros pero no se someta a ratificación del Congreso. Nada impide al gobierno, sin embargo, llevar el asunto al Congreso de los diputados para dar explicaciones sobre el
detalle de las negociaciones y el acuerdo y para someterlo a votación parlamentaria.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno a:
1. Comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar todas las implicaciones del acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania, y someterlo a votación parlamentaria antes de su firma;
2. Abandonar la vía belicista y militar, y apostar por potenciar todos los recursos y herramientas políticas y diplomáticas a su alcance con el objetivo de contribuir al establecimiento de un alto el fuego y una mesa de negociación entre
las partes con mediación internacional;
3. Mantener el apoyo y la solidaridad de España con el pueblo ucraniano al tiempo que reduce -y optimiza- el presupuesto actual dirigido al gasto militar;
4. Fortalecer una economía de paz a nivel nacional y europeo que permita el desarrollo de políticas dirigidas a atajar la crisis climática y a fortalecer los servicios públicos y sistemas de protección social de nuestra ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la restricción de las libertades
políticas y civiles en Bolivia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde que Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia en 2006, la calidad institucional y democrática del país ha disminuido de forma considerable. Las actuaciones del presidente Luis Arce, que pertenece al mismo partido de su antecesor
-el Movimiento al Socialismo (MAS)-, contra la oposición refuerzan el argumento de que el Estado boliviano se encuentra en una deriva autoritaria sin precedentes desde el periodo de transición democrática del año 1982.
La oposición política de Bolivia ha denunciado en reiteradas ocasiones, tanto a nivel interno como a través de organismos internacionales, la ruptura del orden constitucional y el evidente debilitamiento de la democracia en el país. El
escenario de persecución política y arbitrariedad emanada desde los propios órganos de poder como el Ejecutivo y Judicial constatan el carácter autoritario y represivo del actual gobierno de Bolivia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, que fue publicado el pasado mes de marzo, establece que todavía están pendientes cuestiones elementales para
el fortalecimiento democrático y la cohesión social, como un sistema de justicia independiente, la separación de los poderes del Estado o el refuerzo de la libertad de expresión y de prensa.
Esta última cuestión queda evidenciada, entre otros documentos, en el Informe del Observatorio de Transparencia Legislativa en Bolivia, que realiza un recorrido exhaustivo por las actuaciones que atentan contra la libertad de prensa en
Bolivia, que van desde agresiones verbales y ataques físicos a periodistas hasta la adopción de medidas judiciales y legislativas que impiden a los medios de comunicación trabajar libremente y restringen la libertad de expresión de los periodistas.
Una prueba más del deterioro del sistema democrático en Bolivia, y las actuaciones autoritarias del Gobierno de Luis Arce, son las denuncias de presos políticos y exiliados.
En octubre de 2023, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de Bolivia, Fernando Hamdan, denunció el número alarmante de presos políticos y se refirió a los 'presos de conciencia' a quienes, una vez puestos en libertad, se les impone
la condición de que se alejen de toda actividad de protesta y manifestación política, coartando así su derecho fundamental a la libertad de expresión.
El Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia ha cuantificado en 254 el número de presos políticos, de los cuales la mayoría carece de garantías constitucionales, tanto en el momento de su detención como en el transcurso del
proceso judicial, existiendo denuncias sobre irregularidades y falta de independencia para defenderse dentro del marco jurídico vigente.
Entre los presos políticos en Bolivia se encuentra la expresidenta Jeanine Áñez, que fue condenada en junio de 2022 por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, tras un proceso judicial carente de garantías y después de que la
expresidenta asumiera la primera magistratura del Estado a través de la sucesión constitucional, tras la renuncia y posterior huida del expresidente Evo Morales,
El 28 de diciembre de 2022 fue detenido arbitrariamente y de forma violenta el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por acusaciones como terrorismo e instigación pública, siendo privado de libertad en la cárcel
de Chonchocoro, la prisión de máxima seguridad de Bolivia ubicada en el departamento de La Paz. Recientemente, el expresidente de centroizquierda, Carlos Mesa, calificó la detención del gobernador de 'arbitraria e ilegal', cuestionando las
motivaciones políticas del gobierno nacional de continuar postergando el traslado de Camacho a la ciudad de Santa Cruz.
De igual manera, el líder indígena y expresidente del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), Marco Antonio Pumari, fue detenido en diciembre de 2021 por supuestos delitos electorales cometidos durante el mismo periodo de 2019, los cuales no han
sido probados hasta hoy. En noviembre de 2023, fue incluido dentro del caso 'Golpe de
Estado l', el mismo proceso por el que, entre otros, el Gobierno acusa a Jeanine Áñez y a Luis Fernando Camacho.
Tanto la expresidenta Áñez como el gobernador Camacho han denunciado ante la comunidad internacional la falta de atención médica que sufren, la violencia psicológica que padecen durante su reclusión y la ausencia de garantías en cada uno de
los procesos judiciales que se les ha impuesto.
La Unión Europea, a través de sus organismos, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones por estas actuaciones. En abril de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución común sobre Bolivia, en particular respecto de la detención de la
expresidenta Jeanine Áñez y otros altos cargos, denunciando la vulneración de los Derechos Humanos de los presos políticos en Bolivia. Asimismo, en 2022, la Unión Europea consideró que los procedimientos seguidos contra la exmandataria 'no
respetaron plenamente el derecho al debido proceso'
América Latina es una región hermana y una prioridad en la Acción Exterior de nuestro país, por lo que el gobierno de España no puede permanecer inmóvil ante el deterioro democrático que vive Bolivia y que sigue los pasos de los regímenes
más autoritarios de la región, como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
España es un país promotor y defensor de los Derechos Humanos y contrario a la persecución política. Ante la importancia que representa la región en la política exterior española, el Ministerio de Asuntos Exteriores debe ser un actor activo
en esta materia y pronunciarse al respecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar el compromiso de España con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos de las personas que sufren persecución política.
2. Pronunciarse públicamente sobre los más de 250 presos políticos en Bolivia, la mayoría de ellos como consecuencia de los hechos ocurridos entre 2019 y 2021, tras la renuncia del expresidente Evo Morales.
3. Defender la libertad de prensa y de expresión en Bolivia, vulnerada sistemáticamente por los diferentes gobierno de Evo Morales y Luis Arce.
4. Instar al Gobierno boliviano a respetar y cumplir el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni preso, así como el artículo 11, que invoca el principio de
presunción de inocencia y el derecho al debido proceso con todas las garantías necesarias.
5. Condenar la detención violenta y arbitraria de la expresidenta Jeanine Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y del líder indígena, Maro Antonio Pumari, así como los padecimientos que sufren en su detención.
6. Solicitar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el seguimiento de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y exigir una revisión de las causas que se han impulsado en su contra, para observar que se haya cumplido con
todas las garantías constitucionales en sus respectivos procesos judiciales.
7. Iniciar los contactos diplomáticos correspondientes para apelar, ante las autoridades judiciales competentes, la excarcelación del líder opositor, Luis Fernando Camacho, ante las escasas garantías judiciales que han precedido su arresto
preventivo, así como proveer al gobernador de la adecuada asistencia médica y legal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons y Carlos Javier Floriano Corrales, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para recuperar una política de Estado
con relación a Guinea Ecuatorial, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Guinea Ecuatorial es el país de África Subsahariana de mayor relación con España. Nuestros vínculos históricos, culturales y humanos siguen vigentes a pesar de las contingencias políticas.
Desde 1968 Guinea Ecuatorial es un país independiente que ha estado sometido a dos dictaduras. En la actualidad, su Presidente, Teodoro Obiang Nguem, es el dictador más longevo en el poder. Desde hace 45 años Obiang Nguem lleva a cabo una
política de terror que viola los derechos humanos, asesina y persigue a opositores políticos, defensores de los derechos humanos y al conjunto de la población guineana.
Una de las víctimas más recientes de este terrible régimen ha sido el ciudadano español, Julio Obama, torturado y supuestamente encontrado muerto en una cárcel de Guinea Ecuatorial en enero de 2023. El Parlamento Europeo responsabilizó al
régimen dictatorial ecuatoguineano de su fallecimiento y en España se abrió una investigación judicial por parte de la Audiencia Nacional. En circunstancias que no han sido aclaradas y con argumentos que han causado extrañeza y perplejidad ya que
reconocían a Guinea Ecuatorial como un Estado de Derecho, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, permitió la huida del hijo de Obiang, Carmelo Ovono, responsable del secuestro y traslado forzoso de
Obama y otros tres disidentes más. De hecho, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional instó, el pasado 22 de febrero, a dicho responsable del Juzgado antes citado, a revocar aquella decisión y que se dicten órdenes de detención en contra de
Carmelo Ovono. Evidentemente los efectos de fa primera decisión son irremediables, al menos de momento.
Informes de distintas ONGs, como Human Right Watch, nos recuerdan periódicamente la dramática situación en la que vive el pueblo ecuatoguineano. Todo ello acentúa la enorme corrupción imperante, un elemento negativo en el precario clima de
negocios en el que se encuentra sumida Guinea Ecuatorial. Si en el pasado gozó de recursos como el cacao, en la actualidad, el petróleo se ha convertido en una fuente de riqueza para el dictador y su familia sin que se beneficie al pueblo
ecuatoguineano.
El Gobierno de Sánchez ha olvidado a Guinea Ecuatorial, no tiene una política hacia el régimen de Malabo, ni siquiera condena de manera sistemática las violaciones de derechos humanos. Paralelo a este olvido, el país africano se ha
convertido en un lugar donde algunos exdirigentes españoles hacen negocios, una situación inaceptable y vergonzosa de todo país democrático y comprometido con los derechos humanos como es España. Uno de ellos es el exministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, que incluso ha llegado a avalar unas presuntas elecciones celebradas en dicho país.
Por todo lo expuesto, es necesario y urgente impulsar una política de Estado para coordinar una acción en nuestro país y en el resto de los foros internacionales que favorezca una transición a la democracia, el respeto de los derechos
humanos y el control y la gestión de los recursos económicos y energéticos por parte del pueblo ecuatoguineano.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha establecido ejes rectores de nuestra política exterior muy claros y contundentes: respeto a los derechos humanos, a la democracia y al Estado de derecho. Ejes que
deben ser reivindicados en cualquier país, más aún con todos aquellos con los que mantenemos relaciones y donde, además, nuestra Cooperación española tiene un papel destacado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar a la oposición democrática ecuatoguineana, Organizaciones No Gubernamentales, intelectuales y personalidades de la sociedad civil, visibilizando su existencia y estableciendo programas de colaboración, a través de la AECID, que
promuevan la democracia, las libertades y los derechos humanos.
2. Promover la condena al régimen de Guinea Ecuatorial en los diferentes foros internacionales en lo que participa España.
3. Incluir un capítulo dentro de la Estrategia de Acción Exterior con las líneas básicas que debe tener una política de Estado con relación a Guinea Ecuatorial.
4. Poner en marcha sanciones en el seno de la UE para empresas que colaboren en la corrupción del régimen.
5. Elaborar un listado de bienes inmuebles en la Unión Europea con titularidad de miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial y familiares de Teodoro Obiang.
6. Informar sobre las circunstancias de la muerte en una cárcel de Guinea Ecuatorial, del ciudadano español, Julio Obama, dirigirse a las autoridades de dicho país para solicitar la entrega de los restos a los familiares y apoyar todas las
iniciativas judiciales para que los responsables de su muerte sean juzgados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Esteban González Pons, Carlos Javier Floriano Corrales, Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Manuel García Félix, José Manuel
Velasco Retamosa, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Ana María Pastor Julián, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000866
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa al copago farmacéutico.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al copago farmacéutico, para su debate en la Comisión de Hacienda
y Función Pública.
Exposición de motivos
En el año 2012 el Gobierno del Estado español del Partido Popular impuso, mediante el Real Decreto-ley 16/2012, el copago farmacéutico para la totalidad de la población sin hacer ningún tipo de distinciones por motivos de capacidad económica
ni situación de vulnerabilidad. Un copago que, en realidad, es un repago. Con esta medida se abrió la puerta a la pobreza farmacológica, generando que las personas o familias con dificultades económicas tengan problemas para acceder a productos
farmacéuticos necesarios para su salud.
Con la llegada del Gobierno del Botànic en 2015 -compuesto por Compromís y el PSPV- se implementaron medidas para conseguir reducir el impacto del copago farmacéutico sobre diferentes colectivos, en especial por aquellos con rentas más
bajas. Así, el Botànic desarrolló sucesivos decretos a lo largo de las dos legislaturas para recuperar y ampliar los derechos en materia sanitaria, y ofrecer apoyo económico a las personas afectadas por una medida que el Partido Popular implementó
en 2012, estando además en uno de los momentos más críticos de la crisis económica de 2008.
Una de las primeras medidas implementadas por el Botànic fue el establecimiento de la compensación del copago farmacéutico de manera progresiva a todas las personas que se encuentran por debajo del índice de calidad de vida.
De este modo, siguiendo una constante ampliación de los colectivos beneficiarios, hoy en día se pueden beneficiar de estas ayudas todas las personas que disponen de unos ingresos inferiores al salario mínimo, los pensionistas con ingresos
bajos, las familias con menores con rentas bajas, las personas desocupadas con rentas inferiores a los 18.000 en el año, las familias monomarentales con rentas bajas y las personas con diversidad funcional. Además, donante especial apoyo a los
pensionistas: algunos de ellos ahora, con la revalorización de las pensiones, han tenido que hacer frente a un mayor gasto en productos farmacéuticos; esto ha ocasionado que la revalorización de las pensiones en vez de ofrecerles un incremento de
la capacidad económica, haya acontecido en un mayor gasto en medicamentos.
En definitiva, más de 1.200.000 personas beneficiarias de estas ayudas y de la ampliación de sus derechos al País Valenciano. Unas ayudas que, además, suponen un coste de casi 50 millones de euros al año para la Generalitat Valenciana,
haciendo que además de ser la comunidad peor financiada, tenga que hacer frente a gastos que tendrían que ser soportados por el estado español.
El objetivo de esta medida de Compromís, al frente de las políticas sociales en la Generalitat Valenciana durante las dos pasadas legislaturas, era avanzar para que ninguna persona se quede sin poder hacer frente al copago farmacéutico y,
por lo tanto, con dificultades para seguir un tratamiento que mejora su salud. A consecuencia de estas medidas, se consiguió que además haya mejorado la adherencia al tratamiento de las personas beneficiarias, pues ha disminuido el número de
tratamientos abandonados y la cantidad de tratamientos no iniciados.
Sin embargo, no tenemos que perder la perspectiva que la medida que implementó la Generalitat Valenciana es para paliar los efectos que el Real Decreto-Ley 16/2012 generó implantando el repago y teniendo como efectos el incremento de
personas con condiciones de la pobreza farmacológica; medidas que no se pueden eliminar hasta la derogación del repago farmacéutico.
Por todo lo expuesto, vemos imprescindible la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 y, a la vez, la implementación de políticas que amplían el número de colectivos beneficiarios hasta que la derogación de este Real decreto ley sea
efectiva.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar en el Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Implementar los cambios normativos necesarios para erradicar la pobreza farmacológica en todo el Estado español, y recuperar derechos en materia sanitaria eliminando la adopción de medidas que implican un copago de los productos
farmacológicos, derivados del Real Decreto-ley 16/2012. Mientras tanto, implementar medidas que amplíen la cobertura, especialmente entre las personas potencialmente beneficiarias de las ayudas a compensar el copago farmacéutico, como ha estado
haciendo la Generalitat Valenciana y otras comunidades autónomas, con el fin de seguir reduciendo los posibles casos de pobreza farmacológica que dificultan el acceso a productos farmacéuticos perjudicando su salud.
2. Estudiar la compensación a la Generalitat Valenciana, y al resto de comunidades autónomas que han implementado medidas en este sentido, el coste que el Real decreto ley 16/2012 ha supuesto para proteger farmacologicamente los grupos de
población que la referida medida ha abandonado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la realización de una evaluación
del Sector Público Estatal que permita la elaboración de un Plan Nacional de Reforma de la Administración Pública, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La Administración Pública constituye el motor que impulsa el funcionamiento de un Estado, y su eficiencia y eficacia son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, para mejorar su funcionamiento, resulta necesario entender
su estructura y dimensiones. Esto implica no solo conocer cuántos organismos existen y cuál es su función, sino también cómo se interrelacionan entre sí y cómo se distribuyen los recursos entre ellos.
Las políticas públicas en materia de gestión de la Administración Pública en España forman uno de los pilares básicos que explican la actual estructura administrativa de nuestro país. Estas políticas, que abarcan desde la organización de la
Administración del Estado, la selección y formación de los empleados públicos o la definición de sus responsabilidades y derechos, buscan garantizar una administración pública eficiente, transparente, objetiva y al servicio de los ciudadanos. En
este sentido, la revisión y mejora de su gestión e implementación debe ser constante. Por ello, cualquier reforma que afecte a la Administración Pública debe ser cuidadosamente estudiada, evaluada, consensuada y ejecutada.
Desarrollar una política pública efectiva en esta materia representa un verdadero desafío, dados los numerosos factores técnicos, sociales, económicos y de recursos que intervienen. Cuestiones como la necesidad de la adaptación al cambio,
la renovación de plantillas o la transformación digital hacen necesario impulsar un cambio hacia la mejora de los procesos de toma de decisiones que permitan responder a esta situación, con más
y mejores datos, la simplificación de normas, estructuras y procedimientos o la evaluación de las políticas, con el consiguiente ejercicio de una mayor transparencia.
En este contexto, la realización de una evaluación del sector público se presenta como una herramienta clave que facilita la toma de decisiones con el objetivo de definir posibles cambios de futuro, a través del análisis de las estructuras
organizacionales y de sus mecanismos de control, además de sus recursos humanos y materiales.
Estas evaluaciones, que consisten en analizar en profundidad el funcionamiento de la administración pública, permiten identificar áreas de mejora y proponer cambios que contribuyan a optimizar el servicio público. Por tanto, no solo la
Administración resulta beneficiada, sino también la ciudadanía, que recibe un servicio más eficaz y de mayor calidad.
En el caso de la Administración Pública española, el proceso debe ser exhaustivo y cubrir todas las áreas, incluyendo una evaluación de los procesos actuales y el estudio de la eficiencia y la eficacia con la que se están logrando los
objetivos, así como la identificación de cualquier problema o área de mejora. Especialmente, el proceso de evaluación debe centrarse en el fomento de la transparencia y la responsabilidad pública, elementos esenciales para el buen funcionamiento de
la Administración, lo cual facilita tener una visión clara de cómo se están utilizando los recursos públicos y si se están logrando los objetivos establecidos: entender cómo se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos públicos y qué
resultados se están logrando, así como rendir cuentas por sus acciones y decisiones.
Esta evaluación también facilita la obtención de una base sólida para cualquier reforma futura y asegura que las reformas se dirijan a las áreas que más lo necesitan, incluyendo problemas con los procesos actuales, ineficiencias o falta de
cumplimiento de los objetivos, entre otros.
La realización de un proceso de evaluación independiente contribuye a aumentar la confianza ciudadana en la Administración -algo esencial para el buen funcionamiento de cualquier sistema democrático-, así como a garantizar el cumplimiento de
los objetivos de las políticas públicas, demostrar que la gestión de los recursos en la Administración es rigurosa y valorar su estado actual, con el objetivo de planificar eficazmente cualquier reordenación futura.
En definitiva, la evaluación del sector público es un paso de vital importancia para mejorar la Administración Pública, tomar conciencia de sus dimensiones y poder así plantear una reforma de su configuración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a una entidad independiente, reconocida y con experiencia en la evaluación de las administraciones públicas la realización de una auditoría administrativa antes de implementar cualquier reforma que afecte a la Administración
Pública, con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:
a) Proporcionar un servicio eficaz a nuestra sociedad.
b) Simplificar la burocracia administrativa.
c) Desarrollar y fomentar la digitalización.
d) Fomentar la transparencia y el buen gobierno.
e) Garantizar procesos de selección transparentes y abiertos.
f) Reformar el régimen de incompatibilidades de responsables políticos y de los altos cargos de la Administración.
2. Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la Administración Pública, así como identificar posibles áreas de mejora en la organización interna, de recursos humanos y en la prestación de servicios públicos.
3. Elaborar un mapa de la situación actual de la Administración Pública, incluyendo un análisis de las jubilaciones previstas y su impacto en la estructura y funcionamiento de la Administración.
4. Facilitar el acceso a los resultados de la auditoría, a través de los mecanismos correspondientes de transparencia, garantizando la rendición de cuentas y su accesibilidad
5. Tomar en cuenta los resultados de la evaluación en la elaboración de reformas, con el objetivo de garantizar la elaboración de un plan de reforma de la Administración Pública española que incluya medidas concretas, plazos de ejecución y
mecanismos de seguimiento y evaluación de este.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-María del Mar González Bella, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, Santi Rodríguez Serra, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Carlos
Javier Floriano Corrales, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar todos los procesos
selectivos relacionados con los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Los funcionarios de administración local de habilitación nacional son un cuerpo de profesionales que prestan un servicio imprescindible y que toma mayor importancia, si cabe, en todos aquellos pequeños municipios, de menos de 5.000
habitantes donde es, en buena medida, gracias a su labor, que dichos municipios pueden desarrollar adecuadamente su gestión y atender las necesidades de un mundo rural que, ahora más que nunca, demanda de la atención de todas las administraciones
públicas.
Sin embargo, se comprueba como, a pesar de ser conscientes de la importancia de impulsar la adecuada provisión de estos puestos, no se están cumpliendo los objetivos necesarios para, de una parte, cubrir la alta demanda de estos
profesionales en las administraciones locales y, de otra parte, reducir los altos niveles de interinidad que existen en este cuerpo de funcionarios.
Y todo ello a pesar de haberse fijado un objetivo de interinidad del 8 % en el componente 11 relativo a la Modernización de las Administraciones Públicas y que se contempla en la reforma para la reducción de temporalidad en el empleo público
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la gestión de los fondos Next Generation, presentado por el Reino de España ante la Unión Europea.
Y es que, en mayo de 2022 se publicó el Real Decreto 408/2022 que aprobaba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado; y en estos momentos dichos procesos de estabilización
sufren un retraso notable, con las consecuencias que ello supone para los cuerpos antes mencionados y las entidades locales donde prestan sus servicios.
Asimismo, en diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto-ley 20/2022 que, entre otras medidas, recoge una oferta extraordinaria en la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, con un plazo de
ejecución improrrogable de un año. Y a ello se añade la publicación en julio de 2023 la oferta de
empleo público de 2023 que incluía, en su anexo IV, la referente a las escalas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
En este contexto, los procesos selectivos de ambas ofertas, de la oferta de empleo adicional de 2022 y de la oferta de empleo de 2023 sufren a esta fecha un considerable retraso no justificado, cuestión que es especialmente preocupante en
las subescalas de secretaría-intervención, que concentran el mayor número de plazas ofertadas y vacantes reales, plazas todas ellas para municipios de menos de 5.000 habitantes.
Por todo lo expuesto el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas necesarias para acelerar los procesos selectivos de estabilización, de funcionarios de administración local de habilitación nacional en sus diferentes subescalas que están pendientes de resolución.
2. Acelerar los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Públicos, adicional de 2022 y ordinaria de 2023 de funcionarios de administración local de habilitación nacional en sus diferentes subescalas que están pendiente de convocatoria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis Beamonte Mesa, Antonio
Cavacasillas Rodríguez, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Interior
161/000882
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de las unidades
del SEPRONA y sus efectivos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Guardia Civil es la institución más valorada por el conjunto de la sociedad española y es un cuerpo eficaz y de referencia en todos los órdenes a nivel internacional. Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra
libertad, seguridad y el ejercicio de nuestros derechos constitucionales.
La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través de diferentes Unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en colaboración con otros cuerpos policiales.
El Gobierno debe trabajar para garantizar la presencia de la Guardia Civil en todos los pueblos y regiones de España.
En las últimas fechas hemos conocido a través de medios de comunicación y sin dialogo con los municipios afectados, el proyecto de supresión de diversas patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y con ello la reducción
de los efectivos dedicados a la vigilancia del medio ambiente en diversas provincias.
Desde hace años se viene denunciando la escasez de efectivos de la Guardia Civil y ahora vemos como varias regiones pierden unos efectivos muy valiosos y necesarios para reforzar la vigilancia y seguridad de las zonas rurales y el litoral.
Según hemos podido conocer por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el Gobierno tiene previsto reorganizar las patrullas del SEPRONA, y reducir efectivos, como paso previo a su supresión.
Ya en 2022 se inició por parte de la Dirección General de la Guardia Civil una operación de desmantelamiento de las unidades el SEPRONA de características similares, que fue denunciada por el Partido Popular y finalmente se paralizó.
No sólo no se fomentan las patrullas del SEPRONA reforzándolas con más agentes, sino que se reducen las plantillas provocando así que con menos profesionales se tenga que abarcar más extensión y carga de trabajo y, por tanto, su rendimiento
y capacidad operativa es mucho menor, generando un déficit de vigilancia del medio ambiente y la persecución de los delitos e infracciones medioambientales.
Resulta imposible abarcar las extensas áreas asignadas y consecuentemente existirá menos control y vigilancia sobre las mismas.
Además, en caso de aceptar la reubicación, se verían perjudicados al tener que cambiar de domicilio o desplazarse distancias largas en su nuevo puesto de trabajo.
Por último, es inaceptable que se realicen este tipo de proyectos o propuestas sin contar con los agentes afectados y sus representantes, y sin transparencia en un ejercicio de opacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar el desmantelamiento de los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
2. Mantener el actual número de agentes del SEPRONA, y que progresivamente estos vayan en aumento.
3 Reforzar los medios materiales de la Guardia Civil para garantizarla seguridad de los ciudadanos y la vigilancia y protección del medio ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Sofía Acedo Reyes, Beatriz Álvarez Fanjul, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Elías Bendodo Benasayag, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel
Cobo Vega, Félix de las Cuevas Cortés, Llanos de Luna Tobarra, José Ignacio Romaní Cantera, Fernando de Rosa Torner, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Belén Vázquez Blanco, Elvira Velasco Morillo,
Pedro Luis Huguet Tous, Pedro Samuel Martín García, María Jesús Moro Almaraz y Juan Antonio Rojas Manrique, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000886
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de las unidades
de Seprona y sus efectivos en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Guardia Civil es la institución más valorada por el conjunto de la sociedad española y es un cuerpo eficaz y de referencia en todos los órdenes a nivel internacional. Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra
libertad, seguridad y el ejercicio de nuestros derechos constitucionales.
La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través de diferentes Unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en colaboración con otros cuerpos policiales.
El Gobierno debe trabajar para garantizar la presencia de la Guardia Civil en todos los pueblos y regiones de España.
En las últimas fechas hemos conocido a través de medios de comunicación y sin dialogo con los municipios afectados, el proyecto de supresión de diversas patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y con ello la reducción
de los efectivos dedicados a la vigilancia del medio ambiente de la Región de Murcia.
Desde hace años se viene denunciando la escasez de efectivos de la Guardia Civil y ahora vemos como la Región de Murcia pierde unos efectivos muy valiosos y necesarios para reforzar la vigilancia y seguridad de las zonas rurales y el
litoral.
Según hemos podido conocer por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el Gobierno tiene previsto reorganizar las patrullas de Águilas, Abarán; Alhama de Murcia y Torre Pacheco, y reducir efectivos, como paso previo a su supresión.
Ya en 2022 se inició por parte de la Dirección General de la Guardia Civil una operación de desmantelamiento de las unidades del SEPRONA de características similares, que fue denunciada por el Partido Popular y finalmente se paralizó.
No sólo no se fomentan las patrullas de SEPRONA reforzándolas con más agentes, sino que se reducen las plantillas, provocando así que con menos profesionales se tenga que abarcar más extensión y carga de trabajo y, por tanto, el rendimiento
de los agentes y su capacidad operativa es mucho menor, generando un déficit de vigilancia del medio ambiente y de la persecución de los delitos e infracciones medioambientales,
Resulta imposible abarcar las extensas áreas asignadas y consecuentemente existirá menos control y vigilancia sobre las mismas.
Como denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el mejor ejemplo lo tenemos en la localidad de Águilas donde la patrulla del SEPRONA realiza sus funciones en una gran extensión de 1.318.7 km cuadrados y 55 km de litoral, abarcando
diversas localidades y sus pedanías, Dentro de la demarcación de la Patrulla de Águilas se encuentran los siguientes espacios protegidos, que verán reducida su vigilancia:
- Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre, que se encuentra encuadrado dentro de RED NATURA 2000 y es zona LIC.
- Sierra de Almenara, encuadrada dentro de RED NATURA2000, zona ZEPA.LIC y APF. Encuadra dos zonas de máxima densidad de tortuga mora en las sierras de Almenara y la Torrecilla.
- Paisaje protegido de la sierra de las Moreras, encuadrada en la RED NATURA 2000, zona ZEPA y LIC.
- Isla Cueva de Lobos, encuadrada en la RED NATURA y zona ZEPA.
- Cuatro Calas, encuadrado en la RED NATURA 2000, paisaje protegido y zona LIC.
- Sierra de Muela-Cabo Tiñoso, otro espacio encuadrado dentro de las RED NATURA 2000, ZEPA, LIC y APF; comprendiendo además la reserva marina de Interés de Pesquero de Cabo Tiñoso.
Además, de forma inminente, se va a declarar la Reserva Marina integral de Cabo Cope.
En cuanto a la patrulla de Abarán ocurre algo similar con la vigilancia de la Sierra de Pila o a la patrulla de Alhama de Murcia con el parque natural de Sierra de Espuña. A los perjuicios que se ocasionarían a la vigilancia medioambiental
hay que añadir los perjuicios personales de cada uno de los guardias civiles afectados.
También, en caso de aceptar la reubicación, se verían perjudicados al tener que cambiar de domicilio o desplazarse distancias largas en su nuevo puesto de trabajo.
Por último, es inaceptable que se realicen este tipo de proyectos o propuestas sin contar con los agentes o colectivos afectados y sus representantes, y sin transparencia en un ejercicio de opacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar el desmantelamiento de los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en los municipios de Águilas, Abarán, Alhama de Murcia y Torre Pacheco.
2. Mantener el actual número de agentes del SEPRONA en la Región de Murcia y en el resto de España, así como fomentar el incremento de sus plantillas.
3. Reforzar los medios materiales de la Guardia Civil en la Región de Murcia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la vigilancia y protección del medio ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón, Juan Luis Pedreño Molina y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora en la línea
ferroviaria Salamanca-Madrid a través de Medina del Campo, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El 26 de octubre de 2015, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, realizó un viaje a bordo de un tren de pruebas para supervisar la puesta en servicio de la línea Salamanca-Medina del Campo, que iba a permitir, en pocos meses, conectar
la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Medina del Campo con la nueva línea electrificada hasta la capital salmantina. La puesta en servicio tuvo lugar el 16 de diciembre de 2015.
En dicho viaje, la ministra expuso públicamente los avances de tales actuaciones, realizadas sobre 76,9 km de infraestructura y que comprendían todos los aspectos relacionados con la electrificación y adecuación de la línea, con una
inversión de 53,1 millones de euros, y anunció que con la culminación de todos los trabajos se mejorarían las prestaciones de las circulaciones que cubren esta conexión y el incremento de la calidad en los servicios ferroviarios, al objeto de que el
tiempo de viaje en dicho trayecto pudiera realizarse en aproximadamente hora y media.
Para ello, avanzó que tras la puesta en servicio se realizarían nuevas actuaciones ya previstas entonces por el Ministerio de Fomento, tales como el cerramiento total de la vía y la supresión de los pasos a nivel de Gomecello y de Carpio,
tan necesarios para incrementar las condiciones de seguridad de la infraestructura, tanto para el tráfico viario como el ferroviario y también para mantener la velocidad de crucero hasta Medina del Campo y así incrementar el ahorro del tiempo de
viaje.
Pues bien, nueve años después aún no se ha eliminado el paso a nivel de Carpio, al quedar desierta la licitación en 2021, ni el Gobierno tiene intención de ejecutar el cerramiento total de la línea, según se desprende de la respuesta que ha
dado a una pregunta parlamentaria recientemente planteada por estos diputados.
Por otro lado, Salamanca ha quedado relegada, por parte de este Gobierno socialista, del plan de modernización de los trenes que, recordemos, impulsó también el Gobierno del Partido Popular con la licitación para la compra y mejora de nuevos
trenes por parte de RENFE.
Los trenes AVRIL de la compañía Talgo, de ancho variable y diseñados para circular a 300 km por hora no podrán ser utilizados en la línea Madrid-Salamanca por Medina del Campo porque el intercambiador de ancho de Arroyo de la Golosa (en las
cercanías de Medina del Campo) no admite esa adaptación, al no ser de ancho dual de plataforma única, a diferencia de otros cambiadores. Algo inexplicable puesto que se trata de una línea ferroviaria electrificada que conectará con Portugal a
través de Fuentes de Oñoro, en desarrollo del Corredor Atlántico.
Y, por último, en relación con las frecuencias de la línea Madrid-Salamanca por Medina del Campo, hay que recordar que en abril de 2016 RENFE reforzó la línea con un cuarto tren Alvia por sentido al día, frecuencias que fueron suspendidas
durante la pandemia y que, a pesar de las constantes promesas del Gobierno socialista de recuperarlas todas en junio de 2022, la cuarta frecuencia no se restablecerá hasta julio de 2024, según ha anunciado recientemente el ministro de Transportes.
Una cuarta frecuencia insuficiente, ya que desde 2018, a petición de las instituciones y la sociedad civil salmantina, ya se venía estudiando por parte del Ministerio de Fomento del Partido Popular la ampliación de una quinta frecuencia en
ambos sentidos. Una reclamación que se ha venido manteniendo hasta la fecha.
Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que el ferrocarril tiene que seguir siendo un modo de transporte fundamental para la vertebración territorial y el desarrollo socioeconómico de nuestro país, pero esto no se puede producir si no
se modernizan y mejoran las infraestructuras de manera progresiva a lo largo de los años, de forma equitativa e igualitaria entre las distintas Comunidades Autónomas de España, sin marginar a unas por privilegiar a otras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar urgentemente, con precios actualizados, la supresión del paso a nivel de Carpio.
2. Ejecutar con carácter inmediato el cerramiento total de la línea ferroviaria Medina del Campo-Salamanca.
3. Sustituir o adaptar el intercambiador de ancho de Arroyo de la Golosa (en las cercanías de Medina del Campo) por uno de ancho dual, de plataforma única, que permita el paso de los trenes Talgo y CAF.
4. Incrementar una quinta frecuencia por sentido en el trayecto del Alvia Madrid-Salamanca, a través de Medina del Campo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz y Pedro Samuel Martín García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una solución y calendario definitivo para el
transporte de
mercancías por ferrocarril en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido entre Alicante, Elche, la Vega Baja y Murcia, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En estos momentos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue sin ni siquiera haber decidido una solución para el transporte ferroviario de mercancías en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido entre Alicante, Elche, la
Vega Baja y Murcia.
La falta de solución a esta cuestión implica que la única alternativa viable para la exportación a Europa de los productos de la zona y, especialmente, de los agrícolas sea el transporte por carretera, con el consiguiente sobrecoste, huella
de emisiones y falta de alternativas cuando por cualquier cuestión dicho tipo de transporte se ve alterado.
Debemos reclamar que se decida la solución a este tramo del Corredor, no solamente en lo referente al trazado de la línea, sino también a la ubicación y características de las estaciones multimodales necesarias.
Una solución que no sólo debe estar adaptada a las necesidades actuales, sino a la vida útil de las obras necesarias, esto es, al escenario 2045 teniendo en cuenta el gran potencial de este eje. Y que a partir de este momento se elaboren
los proyectos y las obras necesarias.
En este aspecto han de quedar garantizados tanto servicios eficientes de cercanías, como los propios de mercancías, de modo que la infraestructura permita que estos últimos no se vean lastrados por los primeros por una capacidad insuficiente
de las vías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en el plazo de 12 meses una solución y calendario definitivo para el transporte ferroviario de mercancías en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido entre Alicante, Elche, la
Vega Baja y Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Sandra Pascual Rocamora y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso en la modernización de la Línea de
Cercanías C1 Alicante-Elche-Murcia, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Ante la necesidad de mitigar las externalidades de la movilidad privada, a saber, emisiones de gases de efecto invernadero, congestión, ruido y accidentalidad, los servicios de Cercanías se presentan como cruciales para avanzar hacia la
movilidad sostenible.
En este marco, en las principales áreas metropolitanas del país, el vehículo privado sigue siendo claramente dominante sin que disminuya la problemática anterior. Esto es especialmente preocupante en las áreas metropolitanas de Murcia y
Alicante-Elche y la Vega Baja como uno de los espacios más poblados y con mayores dinámicas de desarrollo y crecimiento de toda España.
En la actualidad, sus conexiones internas están confiadas fundamentalmente al vehículo privado, dado que el servicio ferroviario de Cercanías es completamente insuficiente. Hablamos de un trazado no electrificado, en una parte de vía única,
en la que los trenes tienen que hacer una inversión del sentido de marcha a su llegada de Alicante. Se trata de la última línea de Cercanías de tracción diésel, lo que crea no solo serios problemas de eficiencia, sino también peligrosas molestias
para los usuarios en las estaciones subterráneas de Elche-Parque y Carrús.
Es imprescindible acometer de manera inmediata un proceso de modernización de la línea y, en especial, la denominada variante de Torrellano, con una nueva estación en el Aeropuerto de Alicante y la eliminación de la inversión de sentido de
marcha de San Gabriel (eliminación de las vías), sin que se aborden actuaciones provisionales de electrificación.
Y todo ello en un marco en el que desde la Unión Europea se ha incluido como prioritario en su red transeuropea de transporte el eje ferroviario entre Alicante y Elche pasando por el Aeropuerto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar a los presupuestos para 2025 una partida específica para la modernización de la Línea de Cercanías C1 Alicante-Elche-Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Sandra Pascual Rocamora y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer Obligaciones de
Servicio Público en las rutas aéreas entre Melilla y las ciudades de Málaga y Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, en su artículo 16.1, admite la posibilidad de que todo Estado
miembro pueda 'imponer la obligación de servicio público, en relación con los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto situado en la Comunidad y un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo de su territorio o en una ruta de
baja densidad de tráfico que sirva a un aeropuerto de su territorio, cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región servida por el aeropuerto. Dicha obligación se impondrá solamente en la medida necesaria
para garantizar en dicha ruta una prestación mínima de servicios aéreos regulares que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, precios o capacidad mínima que las compañías aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en
cuenta su interés comercial'.
En el contexto europeo, la existencia de Obligaciones de Servicio Público (OSP) en las rutas aéreas ha tenido y tiene una crucial importancia en el desarrollo de la aviación
regional como fórmula para impulsar la movilidad de los ciudadanos de aquellas rutas, que podrían considerarse estratégicas, a las que no llega la iniciativa privada.
En el año 2017, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla se dirigió al Gobierno de España solicitando la declaración de OSP las rutas aéreas entre esta Ciudad y los aeropuertos de Almería, Granada y Sevilla. Dichas rutas, existentes en
años anteriores, habían dejado de prestarse paulatinamente por la operadora de estas debido a la ausencia de interés comercial de las mismas.
Las gestiones realizadas durante más de un año dieron sus frutos, de manera que el Consejo de Ministros, en su sesión de 5 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo de declarar obligaciones de servicio público de las rutas aéreas citadas entre
Melilla y Almería-Granada-Sevilla, según Resolución de 15 de octubre de 2018 de la Secretaría General de Transporte (BOE número 255, de 22 de octubre de 2018).
Desde entonces, se han producido distintas circunstancias que han provocado una importante crisis económica en la Ciudad: la desaparición prácticamente total de los intercambios comerciales entre Marruecos y Melilla, derivados del cierre
por decisión unilateral de este país de la Aduana Comercial que funcionó durante decenios; el cierre total como consecuencia de la pandemia de Covid-19 que ha conllevado la inexistencia de tráfico comercial entre Melilla y el territorio marroquí,
puesto que ni siquiera se permite el denominado régimen de viajeros en sentido Marruecos; y ello al margen de otros factores generales que nos afectan igual que al resto del territorio nacional.
Todo ello nos plantea una necesidad vital de reorientar de manera urgente el modelo económico para hacer posible nuestra supervivencia, siendo uno de los pilares del mismo el desarrollo turístico de la ciudad, para lo cual la existencia de
unos transportes aéreos de calidad y a precios asequibles es esencial.
Las dos principales rutas aéreas que conectan Melilla con la península son las de Málaga y Madrid, que no tienen el carácter de OSP. Según la información oficial suministrada por AENA, durante el año 2023 el aeropuerto de Melilla tuvo un
total de 498.524 pasajeros que viajaron en conexiones comerciales. De ellos, casi fa mitad (229.271) se trasladó en vuelos con origen o destino al aeropuerto de Málaga, la ruta más demandada, seguida de los enlaces con el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, que usaron más de 134.580 pasajeros.
Por tanto, dichas conexiones son, obviamente, la vía de comunicación más importante tanto para pasajeros residentes como no residentes, al mismo tiempo que conectan a Melilla con dos de los aeropuertos más importantes de nuestro país.
Al no estar declaradas dichas rutas como OSP, el problema fundamental que presentan es la carestía de las tarifas aplicadas por la única compañía aérea que cubre dichas conexiones, dado que las mismas se fijan por esta con criterios
exclusivamente comerciales. Al margen de las promociones y ofertas en determinados momentos del año, lo habitual es que las tarifas sean muy elevadas, si estas no son adquiridas con bastante tiempo de antelación, incluso para el residente, que
cuenta con el 75 % de bonificación, pero, mucho más, para el no residente, que estará pagando una media de 300 euros por uno sólo de los trayectos.
Sin duda, a la hora de valorar la pertinencia o necesidad del establecimiento de Obligaciones de Servicio Público en distintas rutas aéreas entre Melilla y el resto de España, no pueden obviarse las especiales características de la Ciudad de
Melilla, con un territorio de reducida superficie (aproximadamente unos 13 kilómetros cuadrados), con una de las mayores densidades de población de España y Europa, separada del resto del territorio nacional por el mar de Alborán y con una de las
dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con Marruecos, que se caracteriza por el gran diferencial de renta entre ambos lados de la misma y por su enorme conflictividad derivada de la inmigración ilegal, lo cual añade un carácter cuasi
estratégico a la existencia de una comunicación aérea fluida con el resto del territorio nacional.
Uno de los requisitos que se precisa para su consideración como obligación de servicio público, previsto en las Directrices interpretativas sobre el Reglamento (CE) n.º 1008/2008, cit., punto 20.a), p. 5, es que la región o territorio tenga
un PIB per cápita menor al 75 % de
la media de la UE. Así, Melilla tuvo un PIB per cápita de 20.698 euros en el año 2022, la menor incluyendo Comunidades Autónomas, y notablemente inferior a la media europea (37.432,6 euros, según datos del Banco Mundial).
Cabe destacar el principio de cohesión territorial entre las regiones de Europa, al señalar que 'a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión
económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará
especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa
densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña'.
Por otra parte, hay que destacar el derecho de los ciudadanos de la UE a la libre circulación y residencia en los territorios de los Estados miembros, en la medida que la movilidad de los ciudadanos deberá garantizarse por las instituciones
europeas, salvando las dificultades añadidas en el caso de regiones mal comunicadas por razones geográficas, entre otras. Tampoco puede obviarse, desde el punto de vista del derecho interno, la obligación constitucional de garantizar y facilitar el
desplazamiento de los ciudadanos por todo el territorio nacional, que no debería verse dificultado por el sometimiento de la viabilidad de una ruta aérea a simples razones de carácter económico o comercial, lo que obliga necesariamente al
establecimiento de fórmulas como las OSP para posibilitar estas vías de comunicación. Igualmente, la existencia de unos medios de transporte modernos, de calidad y a precios asequibles se constituye en un requisito esencial para plantear cualquier
desarrollo económico de la Ciudad, que sea independiente de las decisiones que pudiera adoptar el vecino país,
A todo lo anterior hay que añadir las especiales condiciones de operatividad del aeropuerto de Melilla, con una pista de 1.428 metros de longitud y una ubicación geográfica que dificulta la ampliación de la misma y la instalación de
determinados equipos de ayuda a la navegación, lo cual reduce considerablemente el tipo de aeronaves que pueden operar en él (fundamentalmente tipo turbo-hélices) y, por tanto, limita el establecimiento de distintos operadores que deben contar con
este tipo de aeronaves u otras que se adapten a estas especiales características.
Señalado lo anterior, se dan los requisitos exigidos por el citado Reglamento (CE) n.º 1008/2008, en su artículo 16, en cuanto que se requiere que se implanten sobre líneas o servicios aéreos regulares, como así ocurre; se implantaría entre
el aeropuerto de Melilla (como región necesitada de desarrollo y periférica) y los de Málaga y Madrid, todos dentro de la UE; resultaría esencial para el desarrollo social y económico de Melilla; y también se considera necesaria y proporcional la
medida para garantizar una prestación mínima de servicios aéreos regulares, pues los elevadísimos precios actuales, con un solo operador en este mercado (por las dificultades técnicas tanto del propio aeropuerto como de los aviones), están afectando
de forma determinante a la libre circulación de los españoles y al desarrollo económico y social de la región, justificando la intervención de las instituciones europeas y nacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para el establecimiento de Obligaciones de Servicio Público en las rutas aéreas entre Melilla y las ciudades de Málaga y Madrid, fijando el período de
operación, la frecuencia mínima, los horarios, la capacidad ofrecida y unas tarifas máximas asequibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Sofía Acedo Reyes y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el plazo de
homologación y convalidación de las titulaciones no universitarias, para su debate en instancia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Una de las consecuencias de la globalización actual es la movilidad de las personas, ya sea por motivos laborales, educativos o de subsistencia.
Esta nueva realidad conlleva que uno de los procedimientos necesarios para tener una vida digna sea el incremento de las homologaciones, convalidaciones o equivalencias de titulaciones académicas universitarias y no universitarias.
En esta situación se encuentran personas inmigrantes que necesitan obtener reconocimiento de los estudios que han realizado en su país de origen, así como personas que, cada vez más, optan por realizar parte de su ciclo educativo en otros
países.
La normativa básica que regula la homologación de títulos no universitarios es el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios. Este Real Decreto no ha sido
objeto de actualización desde su publicación.
Esta falta de actualización ha provocado que el trámite de homologación de títulos no universitarios no se haya adaptado a la realidad actual del sistema educativo ni a aspectos tan importantes como la educación a distancia, la movilidad del
alumnado o el Espacio Europeo de Educación.
El artículo 11 del Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios, establece que la resolución de los expedientes se producirá en el plazo máximo de tres meses.
En pleno siglo XXI, con un mundo con herramientas digitales que son la expresión de la capacidad de agilizar la información y los procedimientos, no se entiende que uno no pueda conseguir la resolución de un expediente de homologación o
convalidación de sus títulos académicos antes de tres meses.
No obstante, este plazo no se cumple en muchos casos y el mismo Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes advierte y recuerda que transcurrido este plazo la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo.
En la práctica, esto implica que mucha gente se ve obligada a reiniciar los procedimientos, pagar más tasas y en algunos casos encontrarse con problemas derivados del incumplimiento de la Administración.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Actualizar y adaptar al modelo educativo del siglo XXI el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios, simplificando los requisitos, la documentación
académica necesaria y eliminando el silencio administrativo negativo.
2. Dictar instrucciones y criterios interpretativos para asegurar una actuación más eficiente de las Administraciones con competencia en materia de homologación y convalidación de títulos no universitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés Dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputado Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre el termini
d'homologació i convalidació de les titulacions no universitàries pel seu debat a la Comissió d'Educació, Formació Professional i Esports.
Exposició de motius
Una de les conseqüències de la globalització actual és la mobilitat de les persones, sigui per motius laborals, educatius o de subsistència.
Aquesta nova realitat comporta que un dels procediments necessaris per a tenir una vida digna sigui l'increment de les homologacions, convalidacions o equivalències de titulacions acadèmiques universitàries i no universitàries.
En aquesta situació s'hi troben persones immigrades que necessiten obtenir reconeixement dels estudis que han realitzat al seu país d'origen, com també s'hi troben persones que, cada vegada més, opten per realitzar part del seu cicle
educatiu en altres països.
La normativa bàsica que regula l'homologació de títols no universitaris és el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris. Aquest Reial Decret no ha estat objecte
d'actualització des de la seva publicació.
Aquesta falta d'actualització ha provocat que el tràmit d'homologació de títols no universitaris no s'hagi adaptat a la realitat actual del sistema educatiu ni a aspectes tan importants com l'educació a distància, la mobilitat de l'alumnat o
l'Espai Europeu d'Educació.
L'article 11 del Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris, estableix que la resolució dels expedients es produirà en el termini màxim de tres mesos.
En ple segle XXI, amb un món amb eines digitals que són l'expressió de la capacitat d'agilitzar la informació i els procediments, no s'entén que hom no pugui aconseguir la resolució d'un expedient d'homologació o convalidació dels seus
títols acadèmics abans de tres mesos.
No obstant això, aquest termini no es compleix en molts casos i el mateix Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports adverteix i recorda que transcorregut aquest termini la petició s'entendrà desestimada per silenci administratiu.
A la pràctica, això implica que molta gent es veu obligada a reiniciar els procediments, pagar més taxes i en alguns casos trobar-se amb problemes derivats de l'incompliment de l'Administració.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Actualitzar i adaptar al model educatiu del segle XXI el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris, simplificant els requisits, la documentació acadèmica
necessària i eliminant el silenci administratiu negatiu.
2. Dictar instruccions i criteris interpretatius per assegurar una actuació més eficient de les Administracions amb competència en matèria d'homologació i convalidació de títols acadèmics no universitaris.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de maig de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acoso escolar al alumnado con discapacidad y, particularmente, la
discapacidad intelectual, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
El acoso escolar o bullying es un problema grave que puede afectar a personas con discapacidad de manera desproporcionada debido a su vulnerabilidad. De hecho, las cifras indican que 8 de cada 10 estudiantes con discapacidad intelectual son
víctimas de bullying. Los problemas para comunicarse, pero sobre todo las dificultades que suelen tener en el aprendizaje por requerir una atención educativa diferente a la ordinaria son los principales factores que están detrás del bullying
ejercido sobre los estudiantes con discapacidad intelectual. Muchos de ellos cursan sus estudios de educación primaria en una escuela ordinaria, pero su paso por la educación secundaria se suele complicar, sufriendo en ocasiones un trato vejatorio
y humillante.
Las personas con discapacidad pueden enfrentarse a diversas formas de acoso, que van desde burlas y exclusiones hasta agresiones físicas o verbales. Algunas de las características que pueden hacer a las personas con discapacidad más
propensas al acoso incluyen la diferencia en habilidades sociales, comunicativas o físicas, así como la percepción de ser diferentes por parte de sus compañeros.
Es importante abordar el acoso escolar en personas con discapacidad de manera específica y sensible, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada persona. Porque, además, la mayoría de ellos y ellas sufren el acoso en silencio,
debido a sus dificultades para comunicarse y expresar sus sentimientos, no verbalizan sus experiencias, en parte porque desconocen si esos comportamientos son lo 'normal' o por no poder explicarlos. Como consecuencia, el impacto es doble. A ello
hay que añadir que, en ocasiones, dependen de sus propios compañeros para formular las denuncias de los casos de acoso,
Ante las intolerables cifras que el acoso escolar registra entre la población con discapacidad intelectual, es preciso implementar una campaña de sensibilización y concienciación al respecto. Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir y
abordar el acoso incluyen:
1. Sensibilización y educación: Es fundamental concienciar al alumnado, profesorado y a toda la comunidad educativa sobre la discapacidad y fomentar la empatía y el respeto hacia las personas con discapacidad.
2. Políticas y protocolos claros: Las escuelas deben tener políticas claras contra el acoso escolar que incluyan medidas específicas para abordar el acoso hacia personas con discapacidad. Esto puede incluir procedimientos de denuncia,
intervención temprana y consecuencias para los acosadores.
3. Apoyo individualizado: Las personas con discapacidad pueden necesitar apoyo adicional para enfrentar situaciones de acoso. Esto puede incluir la participación de personal especializado, como profesionales del trabajo social, de la
psicología, alumnos y alumnas ayudantes, así como adaptaciones en el entorno escolar para garantizar su seguridad y bienestar.
4. Promoción de la inclusión: Fomentar un ambiente escolar inclusivo donde todas las personas se sientan valoradas y aceptadas puede ayudar a prevenir el acoso. Esto puede implicar actividades que promuevan la interacción entre
estudiantes con y sin discapacidad, así como la celebración de la diversidad en todas sus formas.
5. Participación de la comunidad: La prevención del acoso escolar en personas con discapacidad requiere un esfuerzo conjunto de la comunidad escolar, las familias y otros
actores relevantes. La colaboración entre estos grupos puede ayudar a identificar y abordar el acoso de manera más efectiva.
En resumen, el acoso escolar en personas con discapacidad es un problema serio que requiere una atención especializada y medidas específicas para prevenirlo y abordarlo de manera efectiva. Es fundamental trabajar en conjunto para crear
entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos para todas las personas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, a:
1. Promover actuaciones de sensibilización de la población en general y de la comunidad educativa en particular, sobre la importancia de convivir en la diversidad,
2. Adoptar medidas para luchar contra el fenómeno del bullying, sobre todo el que sufre la infancia con discapacidad, particularmente la discapacidad intelectual, para lo que es necesario que las Administraciones educativas refuercen y
adapten, cuando sea necesario, los protocolos de acción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Mercedes González Fernández, Ada Santana Aguilera, Amador Marqués Atés, Valle Mellado Sierra, María Luisa García Gurrutxaga, Víctor Gutiérrez Santiago,
María Isabel Moreno Fernández, Roberto García Morís, José Losada Fernández y Alberto Mayoral de Lamo, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus condiciones respectivas de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas para el respeto a la cultura, historia y tradición del toro bravo, para su discusión
en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El toro bravo, en su estado actual, es fruto del arduo trabajo de los ganaderos de reses bravas, quienes históricamente han desempeñado una labor encomiable para preservar las características inherentes a la especie, destacando su bravura y
su nobleza en el comportamiento. En este proceso, cobra vital importancia la meticulosa selección genética llevada a cabo por los ganaderos, que abarca la selección ascendente (a partir de progenitores destacados), la selección individual
(evaluación de la bravura en la tienta) y la selección descendente (transmisión de rasgos a la descendencia) 1. Este esfuerzo se ve respaldado por una rigurosa trazabilidad que facilita la inscripción de las reses en el Libro Genealógico de la Raza
Bovina de Lidia.
1 https://institutojuanbelmonte.com/el-toro-bravo-y-su-ecosistema/
El sistema de crianza del toro bravo se basa en la ganadería extensiva, con un total de 840 explotaciones ganaderas, según los datos censales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2, caracterizadas especialmente por su respeto
al medio natural 3, con una extensión media de aproximadamente 2 hectáreas por cabeza 4. Muchas de estas explotaciones se localizan en áreas designadas como Parques Naturales o Nacionales, contribuyendo así a la conservación de estos ecosistemas
protegidos. Dentro de los hábitats mediterráneos, dos ecosistemas de gran importancia ecológica para las reses bravas son la Dehesa y la Marisma.
La Dehesa, un ecosistema rural de elevado valor medioambiental, es resultado de la intervención humana. En este entorno, que se caracteriza por la presencia de encinas y alcornoques dispersos en un bosque aclarado, conviven numerosas
especies animales y vegetales, con una abundante producción de hierba, especialmente en condiciones climáticas favorables. Destaca el hecho de que la cría del toro bravo ocupa una séptima parte de la superficie de la Dehesa ibérica 5 ejerciendo así
un impacto beneficioso en su conservación.
Los ganaderos de toro bravo siguen un modelo de gestión arraigado en la tradición, combinado con un enfoque moderno y sostenible de la explotación agraria, y con un profundo respeto por el medio ambiente. Además de preservar el entorno
natural, evitando la deforestación indiscriminada y fomentando la biodiversidad de la flora y la fauna autóctonas, incorporan nuevas técnicas en la producción animal, tales como la alimentación, la reproducción, la profilaxis y la sanidad, lo que
convierte la cría del toro bravo en una tarea apasionante, transmitida de generación en generación.
Durante la última reforma de la Política Agraria Común ('PAC') en el seno del Parlamento Europeo, diversas asociaciones ganaderas de lidia de España, Portugal y Francia lograron preservar las subvenciones a las hembras de bravo destinadas a
la lidia en plazas, así como la posibilidad de combinar la crianza de lidia con actividades agrícolas 6. Dadas las implicaciones económicas de una medida de tal calado, solo es posible entender esta discriminación desde el prisma del ataque
constante que el Gobierno está ejerciendo para con un sector tan ligado a la Tauromaquia.
En relación con esto último, la reciente supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Gobierno representa un ataque directo a una expresión cultural profundamente arraigada en la historia española. Esta acción se suma a otras
medidas legislativas, como la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que han sido utilizadas para hostigar al mundo rural, que desempeña un papel fundamental en el cuidado y bienestar de los
animales. Por tanto, la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia es la enésima embestida contra el festejo que, pese a estos ataques, ha aumentado su popularidad ha aumentado en los últimos años 7.
Esta postura adoptada por el Gobierno, impulsada por la extrema izquierda que lo conforma, carece de fundamento si se considera el impacto económico significativo de la Tauromaquia sobre la economía española. Finalmente, también resulta
necesario analizar el régimen impositivo aplicado a esta actividad, como la diferencia en el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido entre un toro destinado a la lidia (21 %) y uno destinado a la producción de carne (10 %) 8.
2 https://servicio.mapa.gob.es/arca/flujos.html?_flowId=datosCensalesRaza-flow&tipoOperacion=CONSULTA&formatoPagina=0&id=50100.
3 Bonet, R. C. (2017). La cultura del toro. Revista de Estudios Taurinos, (40), 297-298. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/85953/CULTURA_TORO.pdf;sequence=l.
4 https://torosbravos.es/wp-content/uploads/2016/07/Dossier-Carne-de-bravo-el-valor-de-la-sostenibilidad.pdf
5 https://torosbravos.es/wp-content/uploads/2016/07/Dossier-Carne-de-bravo-el-valor-de-la-sostenibilidad.pdf
6 https://www.larazon.es/cultura/toros/20211126/7a7vzy6jlvfoxhl3ttqzfjamai.html.
7 https://www.libremercado.com/2024-01-05/numero-entradas-vendidas-plazas-de-toros- espana-temporada-2023-la-economia-del-toro-sube-mas-corridas-que-antes-pandemia-7083772/.
8 https://www.animanaturalis.org/alertas/los-ganaderos-de-lidia-solicitan-10-ayudas-en-tiempos-de-covid-19.
Así, la actividad relacionada con la cría del toro bravo conlleva la generación de riqueza mediante el sistema de producción ganadera en entornos rurales, que implica el consumo de diversos recursos y la creación de empleo en el sector. Sin
embargo, esta industria ha sido objeto de estigmatización por cuestiones ideológicas. Se ha observado una oposición hacia la Tauromaquia y sus industrias asociadas, posiblemente debido a que el toro bravo se ha erigido como un símbolo distintivo de
la identidad nacional española. A pesar de ello, dadas las múltiples implicaciones sociales, económicas, turísticas y culturales de la Tauromaquia, es crucial proteger los intereses vinculados a esta actividad.
El Grupo Parlamentario VOX sostiene la necesidad de implementar medidas que salvaguarden la cultura, historia y tradición del toro bravo, reconocido como parte integral del patrimonio cultural español. Además, se destaca su papel
fundamental en la preservación de la población en las áreas rurales, su contribución económica y su impacto en la conservación del entorno natural.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Desarrollar medidas para la conservación y custodia de material genético del toro de lidia en centros oficiales, así como para la conservación de un censo mínimo de reproductoras/es que garanticen la biodiversidad genética de la raza.
2. Asegurar las ayudas contempladas en los planes anuales de la Política Agraria Comunitaria a la raza de lidia. Asimismo, considerar la cría del toro como ingreso agrario respecto a los requisitos de la Política Agraria Comunitaria.
3. Derogar la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales y promover la adaptación de la legislación nacional y autonómica sobre bienestar animal respetando las tradiciones, la cultura y el
manejo tan específico que tradicionalmente se realiza en esta raza, tanto en las fincas ganaderas como con las reses destinadas a espectáculos taurinos y festejos populares.
4. Respetar la experiencia y el trabajo de selección de los ganaderos de toro bravo.
5. Rediseñar el sistema de reconocimientos veterinarios en las plazas de toros de forma que se garantice la seguridad.
6. Garantizar la libre competencia entre los ganaderos de forma que la redacción de los pliegos de condiciones de las plazas de toros a instancias de los ayuntamientos no condicione la participación de una u otra ganadería.
7. Considerar la venta del toro bravo como parte del espectáculo cultural, al objeto de ser incluido dentro del tipo impositivo del 10 % en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
8. Impulsar el desarrollo de un Plan Nacional e Internacional de Turismo del Toro Bravo que permita el conocimiento del toro en su entorno de crianza y los valores de su mantenimiento y conservación. Asimismo, incluir al turismo de
ganaderías de toro bravo en los Planes Estratégicos Nacionales, promoviendo la actividad turística, especialmente en aquellas zonas más deprimidas.
9. Incluir el programa sobre el conocimiento del hábitat y crianza del toro bravo en los planes educativos y de concienciación medioambiental de la enseñanza obligatoria, incluyendo visitas de alumnos a ganaderías de toro bravo.
10. Impulsar la promoción de los valores de conservación del toro bravo y del hombre de campo a través de campañas institucionales en medios de comunicación.
11. Promover la carne de bravo como un producto de valor singular dentro de nuestra gastronomía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Política Territorial
161/000868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a avanzar en la mejora de los servicios de inspección fronteriza
vinculados al tráfico internacional de mercancías, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
En el año 2006, el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo por el que establecía un Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior. Dicho Plan tenía como objetivo la mejora de los servicios prestados por la
Administración General del Estado (AGE) en materia de control sanitario exterior y, en particular, potenciar los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF), para asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados (a nivel nacional, comunitario e
internacional) y mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades y demandas de las empresas cuyas mercancías son objeto de inspección sanitaria.
En ese Plan se diseñaron una serie de medidas de carácter organizativo y de mejora de la coordinación, así como medidas para el desarrollo de nuevas actividades relacionadas con los procedimientos de inspección. Asimismo, el Plan contiene
otras medidas sobre la atención al tránsito internacional de viajeros y la mejora de los servicios de vacunación internacional prestados por la AGE y el refuerzo de los controles de animales de compañía y productos de origen animal incluidos en el
equipaje personal, obligatorios en cumplimiento de la legislación comunitaria.
En general, el proceso básico del paso de mercancías por un recinto portuario o aeroportuario es común para ambos. A la llegada al recinto se realizan distintas operaciones, unas sobre el medio de transporte y otras sobre las mercancías que
transporta, en las que intervienen distintos agentes especializados. Todas estas operaciones permiten la transferencia de las mercancías desde el transporte marítimo o aéreo al terrestre y viceversa, o el transbordo a otro medio de transporte del
mismo tipo y, finalmente, la salida del puerto o aeropuerto hacia su destino final. La importancia del proceso, su efectividad, radica en el papel relevante que desempeñan los puertos y los aeropuertos en el comercio internacional y en general en
la economía española.
Las circunstancias que condicionan hoy la actividad inspectora son muy diferentes de las que se contemplaron en 2006 cuando el Consejo de Ministros aprobó el vigente Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior.
El actual Gobierno de España ha mostrado sensibilidad para revisar la viabilidad del Plan aprobado en 2006 y proceder, tras 18 años de vigencia, a su adaptación a las necesidades y oportunidades del tráfico internacional de mercancías en un
contexto de permanente cambio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior aprobado en 2006, con la participación de todos los actores involucrados en el control de mercancías en frontera, para adaptarlo a las necesidades y
oportunidades del tráfico internacional de mercancías y avanzar en la mejora de los servicios de inspección.
2. Establecer un marco de actuación integral y coordinado de las actividades de control en frontera, con el objetivo de dinamizar el tráfico internacional de mercancías con la calidad y eficiencia necesarias, desde el máximo respeto a las
garantías sanitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reconocimiento y defensa del
sistema de gobiernos provinciales e insulares como garantía de cohesión territorial y social, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares son instituciones de gobierno local que desempeñan un papel crucial en la administración y gestión de los territorios, especialmente en las áreas rurales y menos pobladas. Su
labor es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia conforme a los principios establecidos en la Constitución de 1978.
Las Diputaciones Provinciales son una pieza clave en nuestro sistema de gobierno local. Es fundamental que el Gobierno reconozca su valor, defienda su papel y tome medidas concretas para fortalecerlas y promover la colaboración
interterritorial. Solo así podremos garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible de los diferentes territorios de nuestro país.
El papel de las Diputaciones Provinciales es fundamental para dotar de voz a las provincias, islas y municipios más pequeños, que de otro modo podrían pasar desapercibidos en el ámbito nacional. Además, desempeñan funciones básicas para la
prestación de servicios públicos esenciales, como la educación, la salud, el transporte y las infraestructuras. Sin su apoyo, la mayoría de los municipios españoles se verían en claras dificultades para cumplir con las competencias que tienen
otorgadas.
Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares también juegan un papel importante en el desarrollo económico. Prestan asistencia a las entidades locales ayudándolas, entre otras cuestiones, a atraer inversiones, promover el
turismo, mejorar infraestructuras o apoyar a las empresas locales, lo cual es especialmente importante para los pequeños municipios que pueden carecer de los recursos para hacerlo por sí mismos.
Cerca del 85 % de los municipios españoles son menores de 5.000 habitantes y, gracias a estas instituciones, en un ejercicio de liderazgo y gobernanza, se asegura que los recursos y servicios lleguen de manera equitativa a todos los rincones
de nuestro país. A través de una política de cooperación económica, la planificación de infraestructuras y la promoción de políticas inclusivas, los gobiernos provinciales e insulares trabajan para garantizar el equilibrio y la cohesión territorial
y que todos los ciudadanos tengan acceso a unos servicios públicos esenciales de calidad, independientemente del lugar en el que residan.
Es importante defender la labor de estas instituciones y hacerlo desde los principios de solidaridad e igualdad interterritorial, así como el trabajo que realizan para lograr una sociedad más cohesionada y justa donde se respeten los
derechos y oportunidades de todos los ciudadanos, sin importar donde residan. España se ha caracterizado siempre por ser un país con alma municipalista, que persigue la igualdad entre territorios y entre
ciudadanos. Justo lo contrario de lo que, desde hace seis años, está provocando el actual Gobierno, que lleva generando las mayores diferencias entre ciudadanos conocidas a lo largo de la historia de la España democrática. Es inaceptable
que el presidente Sánchez tome medidas que crean ciudadanos de primera, que gozan de impunidad jurídica y de privilegios económicos y competenciales, mientras el resto se convierten en ciudadanos de segunda. Enfrente de estas decisiones siempre
estarán las Diputaciones, Cabildos y Consells que se encargarán de velar por los intereses de los españoles, sin distinciones.
A pesar de los esfuerzos realizados, muchas Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares se enfrentan a desafíos significativos, como la falta de fondos, la excesiva burocracia o la necesidad inaplazable de modernización
administrativa y de gestión. Es tarea del Gobierno apoyar a estas instituciones proporcionando financiación adecuada, reduciendo la burocracia y ayudando a modernizar la implementación de las políticas públicas que tengan delegadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer y defender el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares como instituciones esenciales en la estructura administrativa del Estado, y su contribución a la cohesión territorial y social.
2. Tomar medidas en defensa del modelo de gobiernos provinciales e insulares cuyos fines últimos sean la vertebración del territorio, el desarrollo sostenible del medio rural, incentivar el arraigo al territorio e implementar políticas que
aborden el desafío demográfico con una amplia visión estratégica de futuro.
3. Fomentar la cooperación entre municipios y la coordinación de políticas intermunicipales para evitar así duplicidades, así como la cooperación con gobiernos autonómicos y la Administración General del Estado, con el objetivo de mejorar
la eficacia y eficiencia en la gestión.
4. Promover la colaboración interterritorial entre las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares fomentando el intercambio de buenas prácticas para mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión.
5. Establecer medidas concretas para fortalecer a estas Entidades Locales incluyendo la asignación de recursos financieros suficientes para que puedan cumplir eficazmente sus funciones.
6. Impulsar la modernización y digitalización de las Diputaciones Provinciales, para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que prestan a los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis Beamonte Mesa, Antonio
Cavacasillas Rodríguez, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a realizar diversas acciones para garantizar el agua potable en la zona norte de Córdoba, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las comarcas cordobesas de Los Pedroches y Alto Guadiato ocupan una extensión de 6105 km2 (44 % de la provincia) y tiene una población de 80.000 habitantes (poco más del 10 % provincial), habiendo perdido en los últimos veinte años en torno
al 12 % de su población. En este amplio territorio de la provincia de Córdoba, la ciudadanía lleva demostrando desde hace décadas una resiliencia fuera de lo normal apostando, con esfuerzo y mucho sacrificio, por el mantenimiento de un territorio
vivo y dinámico que pueda revertir en el futuro inmediato la lacra de una despoblación iniciada en los años cincuenta del pasado siglo, cuando la población de las dos comarcas superaba los 180.000 habitantes, cien mil más que en el momento actual.
Cuando en el objetivo 6 de la Agenda 2030 se expone que miles de personas siguen sin tener acceso a agua potable, nuestra mente enfoca su atención rápidamente en países de otros continentes y de diferente nivel de desarrollo que el de
nuestro país, pero en ningún momento pensamos que existen territorios en España en los que el agua potable no llega a los grifos.
Esto es lo que precisamente les ocurre a los ochenta mil cordobeses de las comarcas de Los Pedroches y Guadiato, que llevan un año sin que el agua potable salga por los grifos de sus viviendas, con lo que ello conlleva para su calidad de
vida y para los diferentes sectores económicos del territorio (industria agroalimentaria, hostelería, turismo, etc).
En este amplio territorio existen cuatro embalses -dos pertenecientes a la cuenca del Guadalquivir (Puente Nuevo y Sierra Boyera) y dos a la cuenca del Guadiana (La Colada y Buenas Hierbas)-, abasteciéndose el mismo de agua para consumo
humano desde la planta potabilizadora ubicada en Sierra Boyera. Este embalse agotó sus reservas hídricas en abril de 2023, al igual que ya ocurrió en los años noventa del pasado siglo, y el Gobierno de España optó por hacer una conexión de
emergencia desde el embalse de La Colada (Cuenca del Guadiana) al de Sierra Boyera (cuenca del Guadalquivir) para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, cuestión de su competencia al ser la cuenca del Guadalquivir una cuenca
intercomunitaria. Esta controvertida decisión se tomó con el conocimiento de la mala calidad del agua del embalse de La Colada, ya que, en el verano de 2022, tras el control analítico realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la
que se detectaron cianobacterias y altas concentraciones de diversas sustancias, se prohibió el baño en dicho embalse. La consecuencia de esta decisión es que a los grifos de los 24 municipios y 19 aldeas afectados llega agua imposible de
potabilizar por las altas cantidades de Carbono Orgánico Total (COT) en la misma.
Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo autónomo de la administración del estado encargado de la gestión de la cuenca, con anterioridad a la decisión adoptada solicitó que el Gobierno de España incluyese
en el Decreto de Sequía una conexión de emergencia entre el embalse de Puente Nuevo y el de Sierra Boyera, ya que según palabras de sus técnicos, expresadas a los alcaldes de las dos comarcas reunidos en la Mancomunidad de Los Pedroches en abril de
2022, era la solución más favorable para garantizar un agua de calidad en el embalse de Sierra Boyera donde se ubica la planta potabilizadora desde la que se abastece al territorio.
Efectivamente, con fecha de 15 de febrero de 2022, se envió un escrito desde la CHG a la empresa provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa) en el que literalmente se recoge: 'Es completamente necesario reforzar las garantías a este
abastecimiento que es muy insuficiente con la capacidad que tiene el embalse de Sierra Boyera. Con el fin de solucionar estos problemas y garantizar el abastecimiento de toda la zona norte de la provincia es necesario conectar mediante una
emergencia el embalse de Puente Nuevo con el de Sierra Boyera. Más concretamente, conectada a la ETAP de Sierra Boyera,
ubicada a los pies de esta. Ante la inminente llegada de los fondos para acometer esta emergencia por parte del ministerio, que va a incluir estas obras dentro del Real Decreto Ley para la sequía, por el que se adoptarán medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por las sequías en las poblaciones, este Servicio, encargado de la dirección de esta obra de emergencia necesitamos la redacción de un anteproyecto de la misma por parte de la empresa Aguas de Córdoba (Emproacsa)'.
Este escrito lo firmaba la jefa del Servicio de Proyectos y Obras de la CHG. A pesar de esta petición, las obras no se incluyeron en el Real Decreto-ley de Sequía, el anteproyecto que se solicitaba a Emproacsa no se redactó y la conexión de
emergencia realizada desde el embalse de La Colada mantiene a Pedroches y Guadiato sin agua potable desde hace un año.
Tras las lluvias del mes de marzo el embalse de Sierra Boyera ha acumulado 29 hm3 de agua, lo que supone el 74% de su capacidad (39 hm3), lo que hace prever que el suministro de agua potable a este territorio será inminente por parte de la
empresa provincial de aguas dependiente de la Diputación de Córdoba.
Sin embargo, y aunque el futuro inmediato parece resuelto, dado que se han producido en pocos años dos periodos de sequía que han provocado el desabastecimiento desde el embalse de Sierra Boyera, se hace necesario llevar acciones con visión
de futuro que garanticen a este territorio un recurso hídrico de calidad y que ofrezca la tranquilidad necesaria para impulsar proyectos de desarrollo que permitan revertir el proceso de despoblación generando oportunidades, reteniendo talento y
siendo foco de atracción para nuevos pobladores. De esta forma se estará en la senda de la cohesión territorial que se propugna y de todos los objetivos que tan bien quedan sobre el papel, pero que necesitan de una traducción práctica para no caer
en situaciones tan anacrónicas como la que se vive en las comarcas de Los Pedroches y Alto Guadiato.
Por otra parte, por mucho esfuerzo que se realice en el impulso de la transición ecológica, la transición digital y plena conectividad territorial, el desarrollo e innovación en el territorio, el impulso del turismo sostenible, la igualdad
de derechos y oportunidades de las mujeres y los jóvenes, el fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial, el refuerzo de los servicios públicos, el bienestar social y la economía de los cuidados, la promoción de la cultura, etc, poco
conseguiremos para poner en valor los territorios de despoblación si no se cumple por parte de las diferentes administraciones con las competencias que les corresponden para garantizar con solvencia los servicios básicos, como es garantizar el
abastecimiento de agua para estas comarcas cordobesas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo una conexión definitiva entre los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera, ya que la mayor capacidad de Puente Nuevo (281 hm3) y la calidad de sus aguas serán una garantía para que no se repita el desabastecimiento de agua
potable que sufre la zona norte de Córdoba.
2. Dotar de financiación a la Diputación de Córdoba para la modernización y mejora de la ETAP de Sierra Boyera, tal y como se propugna en las medidas frente al reto demográfico en el Plan de Recuperación y tal y como se han comprometido
diversos responsables del Ministerio de Transición Ecológica en diversos momentos de este periodo lamentable para las dos comarcas afectadas.
3. Actuar sobre el embalse de La Colada y sus afluentes para mejorar las características físico-químicas del agua que permitan su potabilización y un uso seguro para otros usos (como el ganadero) en periodos de necesidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2024.-Bartolomé Madrid Olmo, María Isabel Prieto Serrano, Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuación de urgencia en las
infraestructuras comprendidas en el proyecto sistema de regulación lateral del rio Órbigo: presa sobre el arroyo de la Rial y sobre el arroyo de los Morales, para su debate en la de Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Desde hace tiempo, diferentes informes han dejado de manifiesto que la actual regulación en la cuenca del río Órbigo resulta insuficiente para paliar los déficits producidos, especialmente durante los años de fuerte sequía. Esto es debido,
principalmente, a que no existe una infraestructura de almacenamiento que acumule los excedentes de agua en los periodos más húmedos, ya que sólo el embalse de Barrios de Luna, por su volumen de almacenamiento (308 hm3), ejerce la función reguladora
en el sistema del río Órbigo y debe suministrar agua para el riego del Páramo Leonés, además del abastecimiento de las localidades de León y La Bañeza.
La Dirección General del Agua del entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino licitó en el año 2009 un 'Estudio de Alternativas a la Regulación Adicional del Río Órbigo y sus afluentes'. Dicho estudio fue adjudicado 16 de
diciembre de 2009, publicado en el BOE núm. 312 de 28 de diciembre de 2009, optando, finalmente, el promotor del estudio por la alternativa de la regulación lateral del río Órbigo mediante las presas de La Rial y de Los Morales.
Por este motivo, se planteó el proyecto de regulación lateral del río Órbigo, mediante las Presa de La Rial y Los Morales, que fue incorporado en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica
del Duero 2013-2015, aprobado por Real Decreto 478/2013 de 21 de junio de 2013, así como en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero 2015-2021, aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero 2015-2021, este último informado
favorablemente por el 91,18 % de los 68 votos emitidos en el Consejo del Agua de la Cuenca del Duero.
A continuación, por Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, publicada en el BOE núm. 132 de 31 de mayo de 2023, se formuló la declaración de impacto ambiental (DIA) del
proyecto Sistema de regulación lateral del rio Órbigo: presa sobre el arroyo de La Rial. Presa sobre el arroyo de Los Morales (León). Una DIA que, como dispone el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tiene
una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros dos en los términos dispuestos en el mismo.
Con posterioridad y sobre la base de la citada DIA, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico licitó el 10 de enero de 2023 la 'Contratación de servicios para la redacción del proyecto de
construcción de las presas sobre los arroyos de la Rial y Morales en la provincia de León'. Proceso que culminaría con la publicación en el BOE núm. 306 de 23 de diciembre de 2023 de la formalización de la contratación a la adjudicataria,
estableciendo un plazo de ejecución de 12 meses. Prácticamente tres meses después de la formalización del mencionado contrato, el 31 de marzo de 2003, la Dirección General del Agua licitó un nuevo 'Contrato de servicios para la redacción de la
ampliación y actualización del estudio de regulación de la cuenca del rio Órbigo y afluentes (León)', que fue adjudicado con un plazo de ejecución de 18 meses (publicado en el BOE núm. 275 de 17 de noviembre de 2023).
En la revisión de tercer ciclo de planificación del Duero (2022-2027) se mantienen el compromiso de ejecución de ambas actuaciones, estableciendo el horizonte de realización en 2027 y considerando que ambas se encuentran en estado de
ejecución.
Debemos lamentar la sequía de los últimos años que obligaba a declarar, en octubre de 2022, la situación excepcional por sequía extraordinaria en la totalidad de la unidad territorial de escasez Órbigo.
En todo caso, el 31 de mayo de 2024, antes de que finalice el plazo de ejecución del contrato de servicios para la redacción del proyecto de construcción de las presas, caducará la prórroga concedida de la DIA y transcurrido este plazo sin
que haya comenzado la ejecución del proyecto, como dispone el citado artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las actuaciones necesarias para evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Sistema de regulación lateral del rio Órbigo: presa sobre el arroyo de La
Rial. Presa sobre el arroyo de Los Morales (León).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Silvia Franco González, Milagros Marcos Ortega y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/000879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para afrontar el déficit hídrico de
los Municipios de Yecla, Jumilla, Fortuna y Abanilla (Región de Murcia), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los municipios de Yecla y Jumilla, y parte de Fortuna y Abanilla a corto, medio y largo plazo, es el de abastecimiento de aguas, tanto para consumo humano como para regadío, que hasta la
fecha se realiza mediante la utilización en exclusiva de aguas subterráneas procedentes fundamentalmente de tres masas de agua sobreexplotadas: la de Cingla en un 185 %, la de Cuchillos-Cabras en un 51 % y la de Jumilla-Villena-Segura, en un 80 %.
La dependencia en exclusiva del agua disponible en los acuíferos de la Comarca y de los procedentes de acuíferos compartidos con la demarcación del Vinalopó-L'Alicanti, hace que exista una especial vulnerabilidad a la hora de garantizar su
abastecimiento, tanto para el consumo humano como para el para el desarrollo de las actividades socioeconómicas, como la agricultura, la ganadería o la industria.
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, horizonte 2027, constata la evidente sobreexplotación de los acuíferos de la zona, con unas demandas tanto urbanas como agrícolas que no se pueden atender de modo sostenible con
las aportaciones medias que reciben. Así, las posibilidades de desarrollar un crecimiento urbano o la implantación de industrias y servicios de cualquier tipo, que requieran la aportación de recursos que superen las actuales dotaciones de agua para
uso urbano, están en este momento limitadas. En lo que al sector agrícola se refiere, el problema de escasez y limitación de los recursos existentes estrangula e impide el desarrollo de un sector fuertemente implantado en la comarca, generador de
empleo y actividad económica y que resulta básico para fijar población en la comarca como parte del reto demográfico.
Adicionalmente, cabe recordar que la Unión Europea ha establecido la fecha de 2027 como el año que debe haberse corregido la sobreexplotación de los acuíferos adecuando las extracciones a la recarga natural, lo que supone un margen estrecho
de tiempo para afrontar ésta problemática con soluciones reales, factibles y económica y medioambientalmente viables, antes de que se deba proceder al cierre de las masas de agua subterráneas de esta demarcación y también de las compartidas con la
del Vinalopó-L'Alicanti.
No podemos olvidar que, además de esta limitación y agotamiento de los acuíferos, la comarca del Altiplano (Yecla y Jumilla) se encuentra desconectada de otras redes de suministro de agua y que el necesario equilibrio de estos acuíferos,
cuya estimación sería del entorno de 29 hm3/año, solo podrían venir de recursos no convencionales como la desalación, inviable económicamente dada la distancia y la altitud a la que se sitúa la mayor parte del territorio respecto al mar, la
depuración, de la que ya consumimos la práctica totalidad de la que disponemos, y/o, siguiendo las premisas que marcó el Plan Hidrológico Nacional, de transferencias de otras cuencas excedentarias como opciones inmediatas y realistas.
Dentro de la problemática de la sobreexplotación de estos acuíferos se encuadra la más grave si cabe todavía, la de asegurar el abastecimiento a poblaciones. Garantizar el consumo humano tanto cuantitativa, como cualitativamente, es decir
garantizar tanto la cantidad necesaria de recursos, como su calidad, es algo que preocupa sobremanera, siendo necesario afrontar esta problemática con soluciones reales, factibles y económica y medioambientalmente viables.
En este escenario, ante el hecho de que antes de 2027 se debe restituir el agua extraída de acuíferos sobreexplotados, como establece la Normativa, cabe recordar que la financiación de las infraestructuras hidráulicas citadas anteriormente
es competencia en exclusiva del gobierno de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar las infraestructuras necesarias para que los vecinos, así como para las actividades económicas, de los municipios de Yecla, Jumilla, Fortuna y Abanilla (Región de Murcia) puedan
disponer de los recursos hídricos necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000811
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre la concentración bancaria.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
concentración bancaria para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Desde 2008 se ha vivido en Catalunya y en el conjunto del Estado Español un proceso de reestructuración bancaria que se ha convertido en un proceso de consolidación y concentración del sector. Las principales entidades se han reducido de 45
a 10 y los cinco bancos más grandes del Estado: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja, concentran casi el 70% de los activos bancarios del Estado Español.
Este proceso de consolidación y concentración desde su inicio ha tenido una naturaleza política y no habría sido posible sin los más de 64.000 M del Fondo de Garantía de Depósitos que el Estado Español solicitó en préstamo a fin de evitar
la intervención directa de las instituciones europeas. Un rescate que sufragamos entre todas y todos y por el cual todavía no se ha recibido ningún tipo de contraprestación.
Esta concentración ha servido para aumentar los beneficios de las instituciones bancarias, trasladando los costes del proceso a usuarios y personas trabajadoras. Según datos del Banco de España, en el período 2010-2019 el número de oficinas
se redujo en un 40 % y el de empleados del sector bancario en un 30 %. Según datos del Institut Valencia, solo en Catalunya de 2008 a 2021 cerraron 5.840 oficinas que representan un descenso del 71 %.
Esta situación perjudica al conjunto de usuarios. Mientras el sector financiero ha estado rápido en aumentar los tipos de interés después de las subidas del Banco Central Europeo, se demora a la hora de revertir a los depósitos esta mayor
rendibilidad. Según datos del Banco Central Europeo, el Estado Español está en la cola en términos de remuneración bancaria, mientras en Francia los depósitos con vencimiento superior a 2 años tienen una remuneración superior al 3% en el Estado
Español se aproxima al 1,5 %, prácticamente la mitad.
Y es que un sector financiero donde las entidades tienen un menor poder de mercado es imprescindible para garantizar su buen funcionamiento. Tal como la Autoritat Catalana de la Competencia denuncio en el año 2022, en Catalunya el grado de
concentración bancaria es 'elevado'. De hecho, en las demarcaciones de Barcelona, Tarragona y Girona solo cuatro entidades concentraban el 90% del total de cuota de mercado en términos de oficinas bancarias.
El último desarrollo de este proceso de consolidación es la OPA hostil que el BBVA ha presentado para adquirir el Banc Sabadell. De integrarse con éxito, Catalunya se convertiría en el país de la Unión Europea con un nivel más elevado de
concentración bancaria. Con esta nueva operación, el 80 % estaría en manos de solo dos entidades.
Como expone la asociación ASUFIN, nos encontramos en una etapa de masivas extinciones contractuales en el sector bancario en el Estado Español. Estas, se concretan
en la pérdida del 42 % de los puestos de trabajo en los últimos 15 años: de 270.855 trabajadores en 2008 a 157.000, en 2023. Y estos datos coinciden con unos beneficios empresariales históricos en el sector, que se han duplicado en tan
solo 5 años: de 13.000 millones de euros de beneficio el 2019 a 26.000, el 2023. Queda evidenciado así que los despidos en el sector financiero del Estado español no guardan una relación directa con ninguna necesidad de amortización de puestos de
trabajo para hacer frente a dificultades económicas. Justo al contrario, suponen medidas aplicadas para maximizar unas ganancias empresariales ya al alza a cargo del sufrimiento de las personas trabajadoras despedidas y en perjuicio de la calidad
del servicio ofrecido a las personas usuarias. Más concretamente, la historia reciente nos ha mostrado una secuencia de hechos que suceden toda gran fusión bancaria: cierre de oficinas y despidos colectivos.
Por los motivos expuestos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Apoyar la iniciativa de la Consellera d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Honorable Sra. Natàlia Mas i Guix, alertando a las instituciones europees de los efectos nocivos sobre la competencia que implicaría, en caso de
producirse, el proceso de integración entre el BBVA y el Banc Sabadell.
2. Apostar por la concesión por parte del Banco de España de la ficha bancaria al l'lnstitut Català de Finances con el fin que este pueda operar en Catalunya como banco público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la
concentració bancària per al seu debat en la Comissió d Economia, Comerç i Transformació Digital.
Exposició de motius
Des de 2008 s'ha viscut a Catalunya i al Conjunt de l'Estat espanyol un procés de re-estructuració bancària que s'ha convertit en un procés de consolidació i concentració del sector. Les principals entitats s'han reduït de 45 a 10 i els
cinc bancs més grans de l'Estat: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Unicaja, concentren gairebé el 70% d'actius bancaris de l'Estat Espanyol.
Aquest procés de consolidació i concentració des del seu inici ha tingut una naturalesa política i no hauria estat possible sense els més de 64.000 M del Fons de Garantia de Depòsits que l'Estat espanyol va demanar en préstec per a tal
d'evitar la intervenció directe de les institucions europees. Un rescat que vam sufragar entre totes i tots i pel qual encara no s'ha rebut cap tipus de contraprestació.
Aquesta concentració ha servit per augmentar els beneficis de les institucions bancàries, traslladant els costos del procés a usuaris i persones treballadores. Segons dades del Banc d'Espanya, en el període 2010-2019 el nombre d'oficines es
va reduir en un 40% i el d'empleats del sector bancari en un 30%. Segons dades de l'Institut Valencià només a Catalunya de 2008 a 2021 es van tancar 5.840 oficines que representen un descens del 71%.
Aquesta situació perjudica al conjunt d'usuaris. Mentre que el sector financer ha estat ben ràpid en augmentar els tipus d'interès desprès de les pujades del Banc Central Europeu, es demora a l'hora de revertir als dipòsits aquesta major
rendibilitat. Segons dades del Banc Central Europeu, l'Estat Espanyol està a la cua en termes de remuneració bancària, mentre a França els dipòsits amb venciment superior a 2 anys tenen una remuneració superior al 3% a l'Estat espanyol s'aproxima a
l'1,5%, pràcticament la meitat.
I és que un sector financer on les entitats tenen un menor poder de mercat és imprescindible per a garantir-ne el seu bon funcionament. Tal com l'Autoritat Catalana de la Competència va denunciar l'any 2022, a Catalunya el grau de
concentració bancària és 'elevat'. De fet, a les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona només quatre entitats concentraven el 90% del total de quota de mercat en termes d'oficines bancàries.
L'últim desenvolupament d'aquest procés de consolidació és l'OPA hostil que el BBVA ha presentat per adquirir el Banc Sabadell. D'integrar-se amb èxit, Catalunya es convertiria en el país de la Unió Europea amb un nivell més elevat de
concentració bancària. Amb aquesta nova operació, el 80% estaria en mans de només dues entitats.
Com exposa l'associació ASUFIN, ens trobem en una etapa de massives extincions contractuals en el sector bancari a l'Estat espanyol. Aquestes, es concreten en la pèrdua del 42% dels llocs de treball en els darrers 15 anys: de 270.855
treballadors el 2008 a 157.000, el 2023. I aquestes dades coincideixen amb uns beneficis empresarials històrics en el sector, que s'han duplicat en tan sols 5 anys: de 13.000 milions d'euros de benefici el 2019 a 26.000, el 2023. Queda palès així
que els acomiadaments en el sector financer de l'Estat espanyol no guarden una relació directa amb cap necessitat d'amortització de llocs de treball per fer front a dificultats econòmiques. Ben al contrari, suposen mesures aplicades per maximitzar
uns guanys empresarials ja a l'alça a càrrec del patiment de les persones treballadores acomiadades i en perjudici de la qualitat del servei ofert a les persones usuàries. Més concretament, la història recent ens ha mostrat una seqüència de fets
que succeeix tota gran fusió bancària: tancaments d'oficines i acomiadaments col·lectius.
Per tot això es presenta la següent:
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Recolzar la iniciativa de la Consellera d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Honorable Sra. Natàlia Mas i Guix, alertant a les institucions Europees dels efectes nocius sobre la competència que implicaria, en cas de produir-se, el
procés d'integració entre el BBVA i el Banc Sabadell.
2. Apostar per la concessió per part del Banc d'Espanya de la fitxa bancària a l'Institut Català de Finances per tal que aquest pugui operar a Catalunya com a banc públic.'
Congrés dels Diputats, 22 de maig de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.
161/000854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al uso de la Inteligencia Artificial en los procesos electorales, para su debate y
aprobación en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En 2024 van a acudir a las urnas ciudadanos de más de 70 países y es probable que vayamos a ser testigos del mayor uso fraudulento de la IA hasta la fecha. Las campañas de desinformación basadas en IA ya están desafiando la integridad de la
democracia. Desde deepfakes que suplantan la identidad de candidatos y decisores, hasta bots que difunden información falsa o engañosa a los votantes, estamos presenciando un proceso muy dañino para nuestras instituciones, precisamente en un
momento en el que la confianza en ellas se encuentra en mínimos históricos.
El uso de imágenes falsas generadas por inteligencia artificial (IA) con el propósito de influir en el voto de la comunidad afroamericana en las elecciones estadounidenses es una preocupación creciente. La BBC ha descubierto varios
'deepfakes' en los que personas de raza negra aparecen junto al expresidente Trump, con la intención de cortejar su voto para los republicanos. Aunque no hay pruebas directas que vinculen estas imágenes con la campaña de Trump, su difusión refleja
una tendencia preocupante.
En el pasado, la comunidad afroamericana ha sido blanco de desinformación diseñada para desalentar su participación electoral. Esta táctica podría intensificarse en 2024, según expertos. La capacidad de la IA para crear contenido
convincente plantea desafíos significativos para combatir la propaganda y la desinformación en las próximas elecciones presidenciales.
El uso de tecnología para manipular imágenes también se ha extendido a otros ámbitos, como la creación de contenido humillante o sexualizado sobre figuras políticas. Esto ha llevado a los legisladores estadounidenses a tomar medidas, como
la prohibición de llamadas automáticas generadas con IA. Sin embargo, el desafío de regular eficazmente el uso de 'deepfakes' sigue siendo una preocupación importante en el ámbito político y social.
El candidato presidencial, Yoon Suk-yeol, en Corea del Sur utilizó tecnología deepfake para crear un avatar digital llamado 'IA Yoon'. Este avatar se basaba diseñado para atraer a votantes más jóvenes utilizando un lenguaje y expresiones
populares. A pesar de algunas críticas sobre la degradación del decoro político, esta estrategia ha tenido éxito en generar interés en la campaña electoral. Los creadores consideran que IA Yoon es el primer candidato oficialmente deepfake del
mundo y creen que la inteligencia artificial es el futuro de las campañas políticas.
El uso engañoso de la inteligencia artificial (IA) representa una amenaza, especialmente durante los procesos electorales donde la difusión de información falsa puede ser perjudicial y difícil de contrastar. Un ejemplo destacado ocurrió en
Eslovaquia en 2023, cuando grabaciones falsas circularon antes de las elecciones parlamentarias, afectando al resultado y suscitando preocupaciones sobre la manipulación electoral mediante contenido falso generado por IA.
Una encuesta del Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University reveló que solo el 27 % de los europeos confía en su capacidad para detectar materiales generados por IA, lo que indica la creciente dificultad para discernir la
veracidad de contenidos generados por esta tecnología.
Para abordar esta problemática, se requiere un marco de gobernanza y legislación que supervise de cerca el uso de la IA. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han iniciado procesos regulatorios al respecto. La UE ha aprobado un
reglamento que clasifica como de alto riesgo los sistemas que pueden influir en resultados electorales, imponiendo obligaciones específicas a sus productores. En Estados Unidos, se han implementado medidas para etiquetar claramente el contenido
generado por IA y se están tramitando proyectos de ley para abordar la desinformación en las elecciones federales.
Sin embargo, algunos argumentan que estas medidas podrían ser insuficientes, ya que solo responsabiliza al productor del contenido y no al distribuidor, lo que podría no detener su propagación una vez creado.
Por tanto, se necesita una acción conjunta de empresas, partidos políticos y la sociedad en general. Las empresas tecnológicas deben implementar mecanismos para
detectar y denunciar contenidos engañosos generados por IA, mientras que las plataformas de redes sociales deberían considerar limitar su proliferación. Los partidos políticos también deben establecer medidas para evitar que sus candidatos
difundan contenido falso generado por IA.
En el ámbito ciudadano, es crucial ser conscientes de los riesgos asociados con la exposición en línea y considerar reducir la huella digital para mitigar el riesgo de manipulación.
Marco regulatorio de la Unión Europea y España.
Los principios fundamentales sobre los que se basa la Unión Europea, como el respeto a la dignidad humana, la libertad y la democracia, destacan los derechos electorales y la participación ciudadana en el proceso democrático, tal como se
establece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Como recoge precisamente el Tratado de Lisboa.
La UE ha liderado la creación de un marco legal para abordar los desafíos que plantea la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito político. Este enfoque busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos
fundamentales y los valores democráticos, centrándose en la protección de datos, la transparencia y la responsabilidad, así como en garantizar la equidad en el uso de la IA. La estrategia de la UE se basa en tres pilares principales: la protección
de datos, la transparencia y la responsabilidad, y la equidad en el uso de la IA.
El RGPD establece normas estrictas para el tratamiento de datos personales, incluidos aquellos utilizados para alimentar sistemas de IA. Estas normas incluyen el derecho al consentimiento, el derecho a acceder a los propios datos y el
derecho a ser olvidado. Este enfoque garantiza que la recolección y el uso de datos en aplicaciones de IA se realicen de manera ética y transparente.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea han expresado preocupaciones sobre el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data y el microtargeting en procesos electorales. Advierten que estas
tecnologías pueden conducir a la manipulación de las personas a través de perfiles detallados y la propagación de desinformación en línea.
Estas preocupaciones se centran en varios aspectos:
1. Impacto en las libertades fundamentales: Las tecnologías de manipulación en línea pueden afectar las libertades de pensamiento, expresión, información, reunión y asociación al permitir que plataformas en línea controlen y manipulen la
difusión de información. Algoritmos que privilegian ciertos contenidos pueden afectar el pluralismo y la diversidad de opiniones, fundamentales para una sociedad democrática.
2. Concentración de poder en plataformas en línea: La concentración de poder en grandes conglomerados de medios y plataformas en línea amenaza el pluralismo y la diversidad de opiniones en el espacio público. Esto se refleja en la
disminución del periodismo local y el aumento de la desinformación. La influencia de los intermediarios en línea en el proceso político plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y la equidad en la presentación de información política.
3. Impacto en la equidad y transparencia electoral: La manipulación en línea y el microtargeting en las elecciones comprometen principios clave como la libertad, la equidad y la transparencia electoral. Estas tecnologías tienen la
capacidad de influir en las decisiones políticas de los votantes, lo que plantea interrogantes sobre la igualdad de condiciones en las carreras electorales. Además, la transparencia electoral se ve comprometida cuando los votantes no tienen acceso
libre a información diversa y fiable sobre los procesos y candidatos electorales.
La aplicación de la normativa de competencia de la UE para proteger el pluralismo mediático y las propuestas de reforma en este ámbito, especialmente en respuesta a la influencia de las plataformas en línea, reflejan la necesidad de adaptar
las políticas y
legislaciones a las realidades emergentes. El Paquete de la Ley de Servicios Digitales, que incluye la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), es una respuesta concreta a estos desafíos.
El DSA busca aumentar la transparencia en la publicidad en línea, incluyendo la publicidad política, lo que permite a los votantes comprender quién está tratando de influir en ellos y cómo. Además, establece normas más estrictas para
abordar la desinformación digital, lo que protege la integridad de los procesos electorales al requerir que las plataformas enfrenten activamente la propagación de contenido falso o engañoso.
El DMA se enfoca en prevenir prácticas comerciales desleales de las grandes empresas tecnológicas, reduciendo así su influencia desproporcionada en la opinión pública, especialmente durante las elecciones. También busca garantizar la
accesibilidad equitativa a los servicios y plataformas digitales, evitando que ciertos actores políticos sean injustamente limitados en su visibilidad.
En cuanto a la inteligencia artificial (IA), la UE ha aprobado la Ley de Inteligencia Artificial (Al Act), que regula el uso de sistemas de IA de alto riesgo, incluidos aquellos utilizados en la toma de decisiones políticas y electorales.
La ley promueve la transparencia y la responsabilidad al exigir que los desarrolladores y usuarios de IA proporcionen información clara sobre su funcionamiento y responsabilidad en caso de errores.
Además, la UE está abordando el riesgo de sesgo y discriminación en los sistemas de IA, con disposiciones para garantizar la equidad y la no discriminación. Sin embargo, el marco legal y regulatorlo de la UE para la IA enfrenta desafíos,
como mantenerse al día con los avances tecnológicos y asegurar una implementación coherente entre los Estados miembros para garantizar su efectividad en todo el bloque.
A nivel nacional, el pluralismo político se considera un valor fundamental del ordenamiento jurídico, permitiendo diversas soluciones legales dentro del marco constitucional. Esto se refleja en decisiones judiciales que reconocen la
libertad del legislador para modificar normativas y la diversidad de expresiones políticas dentro de una misma corriente ideológica. Además, se establece que la adscripción política de los representantes debe considerarse en la configuración de los
órganos en los que participan.
El artículo 23.1 de la Constitución exige elecciones periódicas y libres, pero el uso de la inteligencia artificial (IA) en campañas de desinformación presenta riesgos significativos. La generación de noticias falsas, la difusión de
información sesgada y la creación de perfiles falsos en redes sociales pueden manipular la percepción de los electores y comprometer la libertad y autenticidad del voto. Los algoritmos que personalizan el contenido también pueden crear burbujas de
filtro que limitan la exposición de los usuarios a diversas perspectivas, lo que afecta la libre formación de opiniones sobre temas políticos y sociales.
La preocupación europea por el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos fundamentales en materia electoral se reflejó en una modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a través de la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Se introdujo el artículo 58 bis para regular la recopilación y tratamiento de opiniones políticas por parte de los partidos políticos, así como el envío de propaganda electoral.
La Agencia Española de Protección de Datos aprobó la Circular 1/2019 sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral. Se recuerda que el tratamiento de datos personales por parte de
los partidos políticos queda sujeto a la normativa general sobre protección de datos personales.
La Agencia adoptó una interpretación restrictiva del artículo 58 bis para garantizar que no conculque derechos fundamentales como el derecho a la protección de datos, la libertad ideológica, la libertad de expresión e información, y el
derecho a la participación política. Se establecieron medidas para proteger los intereses y derechos fundamentales de los afectados, incluyendo la evaluación de impacto, la consulta previa a la Agencia y la adopción de medidas de seguridad
adecuadas.
El artículo 9.2.g del RGPD establece la necesidad de establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales de las personas. Ante
la falta de un marco jurídico adecuado por parte del legislador para abordar este riesgo, la Agencia se vio obligada a identificar medidas para proteger los derechos afectados. Estas medidas incluyen la evaluación de impacto, la consulta
previa a la Agencia y la implementación de medidas de seguridad adecuadas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la alfabetización mediática y digital para que la ciudadanía pueda identificar y discernir información falsa de la verdadera.
2. Regular la recopilación y el uso de datos personales para evitar el microtargeting y la manipulación de votantes.
3. Impulsar protocolos de actuación rápidos y específicos durante las campañas electorales para combatir la desinformación electoral a través del uso de la IA Generativa.
4. Impulsar un pacto colaborativo entre gobiernos, empresas tecnológicas, partidos políticos y organizaciones de sociedad civil para combatir efectivamente los deepfakes.
5. Impulsar una modificación de la Ley Orgánica 5/1985 de régimen electoral, que incluya un nuevo delito de distribución maliciosa de imágenes y voces generadas mediante inteligencia artificial, que castigue la difusión de forma maliciosa o
sin autorización previa de las personas candidatas, de imágenes o audios que estuviesen alterados o recreados mediante sistemas automatizados, software, algoritmos o mecanismos de inteligencia artificial de estas últimas desde la convocatoria del
proceso electoral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Sanidad
161/000729
Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2024 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR la Proposición no de Ley relativa al copago farmacéutico, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 138, de 9
de mayo de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
161/000863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para actualizar el Plan de Acción de Atención Primaria, para su debate en la
Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Atención Primaria en la España rural presenta grandes desafíos, con menos profesionales y especialistas, que se hace más acuciante en territorios con problemas de despoblación, donde la falta de incentivos para atraer a más personal
sanitario, se
convierte hoy en el gran problema para garantizar una atención sanitaria de calidad a las personas.
La falta de especialistas y de recursos sanitarios para cubrir las necesidades de poblaciones dispersas, mal comunicadas y en edades avanzadas, con especial necesidad de atención domiciliaria, no hacen más que alentar la huida de población a
lugares con más y mejores servicios públicos.
No garantizar una atención sanitaria adecuada en el mundo rural, constituye una amenaza para los pueblos más pequeños, ya que contribuye a incrementar la despoblación e impide garantizar a un alto porcentaje de vecinos y vecinas de avanzada
edad, una atención más personalizada por las numerosas patologías que padecen.
La Atención Primaria ha sufrido especialmente el impacto de las políticas de austeridad a partir de la crisis financiera de 2008, y posteriormente la situación derivada de la pandemia de COVID-19. Si bien el gasto de las Comunidades
Autónomas en servicios primarios de salud ha aumentado desde el año 2018, se mantiene estancado en valores inferiores al 15 % respecto al gasto sanitario total, actualmente 14,1 %, según datos del Ministerio de Sanidad. En el año 2022, se
incrementó un 4% respecto al año anterior.
Con el objetivo de reforzar la Atención Primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud se han impulsado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria
(MAPyC) en 2019 y el Plan de Acción de AP 2021-2023, cuyo objetivo ha sido implantar de forma efectiva las acciones prioritarias contenidas en el MAPyC, debido a la necesidad de movilizar recursos económicos.
Además, este plan establecía entre sus objetivos medidas respecto a los puestos de difícil cobertura, como el establecimiento de criterios para su identificación, que ya han sido establecidos en el marco del CISNS. Se tratan de 13
criterios, de los que deben cumplirse al menos 5, como es la distancia o tiempo de desplazamiento desde el centro de salud al centro hospitalario de referencia; el número de pacientes, la densidad de población o el índice de envejecimiento de la
zona donde se preste el servicio, etc.
En este contexto, consideramos que todas las administraciones deben comprometerse con mejorar los servicios de atención primaria en el medio rural, con objetivos ambiciosos, que den seguridad a la ciudadanía y contribuyan a la atracción de
nuevos profesionales sanitarios que decidan formar parte de la Atención Primaria en los pueblos más pequeños.
En unas Comunidades Autónomas la situación es más preocupante que en otras. Según una encuesta realizada por Facua, el 40,8 % de los andaluces y andaluzas tienen que esperar más de una semana para ser atendido por su médico de familia. En
cuanto a las condiciones laborales de los profesionales, los contratos de los sanitarios representan una gran precariedad. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha señalado la inestabilidad de la plantilla y la sucesión de las contrataciones.
La falta de sensibilidad y apuesta por los profesionales sanitarios en Andalucía hace que; aunque el Ministerio de Sanidad esté aumentando convocatoria tras convocatoria el número de plazas MIR, especialmente en medicina de familia, las
condiciones laborales hacen que emigren a otros países o Comunidades Autónomas donde hay mayores incentivos profesionales.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos fundamental seguir desarrollando las medidas necesarias para actualizar y reforzar la Atención Primaria, como imprescindible vertebrador del sistema público y garante de la equidad en
salud.
Por ello, es necesario atender a las necesidades de la Atención Primaria en el medio rural, para seguir prestado una atención sanitaria de calidad y accesible a los vecinos y vecinas del mundo, rural.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y en el marco de la Comisión de Atención Primaria y del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud,
a actualizar el Plan de Acción de Atención Primaria con un nuevo horizonte temporal, que entre otras medidas tenga en cuenta las necesidades de las zonas rurales y en declive demográfico, y que permitan:
- Apostar por medidas de desburocratización, para contar con una atención accesible y personalizada.
- Promover la planificación sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria, tras la identificación de los puestos de difícil cobertura.
- Dotar de infraestructuras adecuadas para ofrecer una atención sanitaria de calidad.
- Establecer mecanismos de incentivos económicos y no económicos para los profesionales sanitarios en el mundo rural para la atracción y retención del talento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Modesto Pose Mesura, Carmen Martínez Ramírez, María Carmen Castilla Álvarez, Emilia Almodóvar Sánchez, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, María Isabel Moreno
Fernández, Caridad Rives Arcayna, Luis Carlos Sahuquillo García, Alba Soldevilla Novials, Víctor Camino Miñana y Víctor Gutiérrez Santiago, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la rebaja de la edad de derecho a voto a los 16
años, para su debate en la Comisión de Infancia y Juventud.
Exposición de motivos
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990, expresa el compromiso de los Estados parte con el impulso de la participación de los niños y niñas en todos los asuntos que le afecten (art. 12), así como reconoce
otros derechos de primera generación, como son el derecho a la libertad de expresión (art 13), libertad de pensamiento (art. 14) y libertad de asociación (art. 15).
Las instituciones europeas también han emitido pronunciamientos a este respecto, como la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2015, sobre la reforma de la ley electoral de la Unión Europea [2015/2035(INL)] donde se
'Recomienda a los Estados miembros que, como medida para el futuro, estudien maneras para que la edad mínima armonizada para ejercer el voto sea de 16 años, a fin de seguir mejorando la igualdad electoral entre los ciudadanos de la Unión'.
Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó en 2011 la Resolución 1826 sobre el fortalecimiento de la democracia mediante la reducción de la edad para votar a los 16 años, en la que se instaba a los Estados miembro del
Consejo de Europa a permitir el derecho al voto a partir de esa edad. La Resolución vincula los principios de la democracia, que exigen la participación del mayor número posible de personas en el proceso político y en la toma de decisiones, con la
necesidad de ampliar el derecho a votar a los 16 años; y señala que la evolución demográfica en Europa podría llevar a la creciente marginación de la juventud en el proceso político, que corre el riesgo de ser dominado por cuestiones principalmente
de interés para personas de mayor edad.
En 2007, Austria se convirtió en el primer miembro de la Unión Europea en establecer el voto a los 16 años. Asimismo, actualmente ya son diversos los Estados que reconocen el derecho a votar a las y los jóvenes a partir de los 16 años,
entre otros: Brasil, Ecuador,
Hungría, Eslovenia, Noruega, Argentina, algunos estados de Alemania o el cantón suizo de Glaris. Además, el asunto es objeto de debate en los parlamentos de varios Estados miembros de la Unión Europea.
En este sentido, en el marco de la Semana Europea de la Juventud 2024, un acto organizado por la Comisión Europea cada dos años para celebrar y promover el compromiso, la participación y la ciudadanía activa de los jóvenes en toda Europa y
fuera de ella, se han celebrado cientos de eventos en toda Europa bajo el lema 'Dale voz a tu visión', con asuntos centrales como la democracia y elecciones europeas. Existe un amplio consenso en la necesidad de trabajar para regenerar la
participación en los procesos electorales europeos.
En España se ha debatido en algunas ocasiones esta reivindicación histórica del Consejo de la Juventud de España, que argumenta que ampliar el voto a las personas de 16 y 17 años supone una equiparación de derechos y deberes, ya que, en
España, las personas jóvenes son responsables penalmente desde los 14 años. Al cumplir los 16 años ya pueden trabajar, casarse, emanciparse, abortar, conducir algunos vehículos, someterse a operaciones quirúrgicas, etc. Pero no pueden votar.
Por lo tanto, ampliar el voto a las personas de 16 y 17 años significaría reconocer por completo sus derechos políticos, alineándose con los compromisos ya adquiridos por España con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño y en línea con otros derechos civiles reconocidos en nuestro sistema político.
El ordenamiento jurídico español reconoce estos derechos a las personas menores de edad, como por ejemplo el derecho de asociación, que se puede ejercer desde los 14 años, tal y como recoge la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación. Mientras que, en el caso de la libertad de expresión o reunión, no se limita por razón de edad el ejercicio de estos derechos en nuestro sistema legal. Sin embargo, el derecho a la participación política, cuya máxima
expresión es el derecho al sufragio activo, no está reconocido para la infancia y adolescencia.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a presentar en las Cortes Generales una reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para ampliar el derecho de sufragio activo a las personas que cumplan la edad de
16 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2024.-Nahuel González López, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar la conciliación de las
familias en el mundo rural, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La conciliación familiar y laboral en el medio rural es un tema crucial para abordar el descenso demográfico y garantizar un futuro sostenible en las zonas rurales.
Los jóvenes españoles valoran positivamente vivir en el medio rural, pero sus expectativas de vivir en un pueblo chocan con la realidad, por los límites que el entorno rural plantea en el ámbito de la conciliación y por la dificultad de
acceder a servicios básicos.
El apoyo de la maternidad y de la conciliación son ejes prioritarios para el Partido Popular. En España, la fertilidad deseada, es decir, los hijos que se desean tener, está por encima de los hijos que se tienen realmente, tal y como
recogen estudios como 'el Consenso sobre natalidad y salud reproductiva de la Sociedad Española de Fertilidad' (Promedio de hijos deseado entre las mujeres 1,96 y entre los hombres 1,86 y promedio de hijo por mujer 1,19). Hay que lograr que ninguna
mujer tenga que elegir entre vida profesional o la maternidad.
Por ello, es necesario poner en marcha todos los medios y recursos que faciliten el día a día de las madres, de los padres, de las familias, y que impulsen la natalidad y la conciliación en nuestro país.
Los estudios más recientes muestran tendencias francamente preocupantes en el mundo rural, como son la masculinización, el envejecimiento, la escasa natalidad o el éxodo rural femenino. Teniendo en cuenta que el 95 % del territorio del país
es rural, la lucha contra la despoblación debería ser el problema prioritario de España.
Es necesario pues, facilitar la conciliación y es que, para que una familia pueda trabajar tiene que dejar al niño o a la niña en un lugar donde le cuiden y muchas veces el pueblo es lo suficientemente pequeño para no tener una guardería o
escuela infantil que sean viables. En este sentido, las casas nido podrían jugar un papel fundamental (la Comunidad Autónoma de Galicia ha sido pionera en la implantación de las mismas).
Estos centros son un modelo de atención a la infancia de cero a tres años en los pueblos que no tienen la suficiente población como para tener una guardería, en las que profesionales cuidan de hasta cinco niños.
Lo mismo ocurre con la implantación de las casas del mayor. Este tipo de recurso ofrece atención a los mayores al tiempo que se mejora la vida de pequeños municipios y aldeas del rural. De este modo, se garantiza que puedan seguir viviendo
en sus casas al tiempo que están bien atendidos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la conciliación de las familias que elijan vivir en el mundo rural, facilitando el cuidado de niños y mayores con la apertura de casas nido y/o casas de mayores en aquellos
municipios con menos población.
2. Para ello el Gobierno dotará presupuestariamente de forma suficiente a las Comunidades Autónomas para que puedan atender adecuadamente las necesidades en la conciliación de las familias en el mundo rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Ana Isabel Alós López, Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Beatriz Álvarez Fanjul,
Ana Belén Vázquez Blanco, Bartolomé Madrid Olmo, Beatriz Jiménez Linuesa, Esperanza Reynal Reillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, María del Mar Vázquez Jiménez, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz y Pablo Pérez Coronado, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de reconocimiento de
aquellas familias que, entre sus miembros, cuentan con un/a menor y/o joven con discapacidad, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Las familias, cualquiera que sea su tipología, juegan un papel fundamental en la evolución de los miembros que la componen. Asimismo, al tratarse de un marco de desarrollo del individuo a todos los niveles, la familia acaba por convertirse
en el elemento socializador básico del ser humano.
Cabe destacar que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el valor de las familias y las define como 'el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado'. En el plano nacional, la Constitución en su artículo 39 establece que los poderes públicos deben asegurar 'la protección social, económica y jurídica de la familia'.
Es decir, los poderes públicos y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de idear instrumentos y ejecutar políticas que persigan garantizar el bienestar de los diferentes modelos de familia, al mismo tiempo que reconozcan la labor
fundamental que éstas desempeñan en el mundo.
Por otro lado, es conveniente destacar que cuando una familia cuenta entre sus miembros con un/a menor y/o joven con discapacidad, a las funciones que debe desarrollar como cualquier otra familia se le suma un reto mayor; el de atender al
hijo o hija con discapacidad.
Estas familias invierten una media de 6.000 euros anuales en terapias y tratamientos específicos para mejorar el desarrollo y calidad de vida de su hijo con discapacidad. Las terapias son de muy diversa índole: cognitivas, conductuales,
fisioterapias, logopedas, ocupacionales, en las que el elemento central es muy variado, pudiendo ser el deporte, la equinoterapia, el ocio o los tratamientos farmacológicos.
Sin embargo, se trata de una media y en ciertas discapacidades, sobre todo de tipo intelectual, la inversión acostumbra a ser mucho mayor. Así, según el informe de PLENA INCLUSIÓN 'El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual
ocasiona en la familia en España', presentado en 2014, tener un hijo con este tipo de discapacidad supone para las familias una inversión de 24.237 euros anuales.
A pesar de las mejoras introducidas en la salud, en el acceso a la información y la democratización del saber, la juventud con discapacidad de 16 a 35 años, en España y gran parte del mundo, soporta graves carencias y omisiones que afectan a
su desarrollo integral, al ver limitados derechos tan básicos como: la igualdad de acceso a la educación, al empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política, la toma de decisiones, la tutela efectiva, la
información, la familia, la vivienda, el deporte y la cultura en general.
Según el Estudio sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad del Instituto Nacional de Estadística, lo más destacable del colectivo de personas con discapacidad es su baja participación en el mercado laboral. En 2022 su tasa de
actividad se situó en el 35,3 %; sin embargo, fue 42,7 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
La tasa de empleo fue del 27,8 %, más de 40,3 puntos menor que la de las personas sin discapacidad.
Por su parte, la tasa de paro superó en 8,6 puntos a la de la población sin discapacidad (21,4 %, frente a 12,8 %).
Los jóvenes con discapacidad precisan de políticas públicas vigorosas, eficaces y eficientes para garantizar su igualdad de oportunidades y eliminar o atenuar las desventajas objetivas que puedan impedir o dificultar su plena participación
en la comunidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas precisas para actuar sobre el necesario y especial reconocimiento que merecen aquellas familias que, entre sus miembros, cuentan con un/a
menor y/o joven con discapacidad, poniendo en marcha medidas que permitan sensibilizara los ciudadanos de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas familias.
2. Desarrollar medidas dirigidas específicamente a familias con un/a menor y/o joven con discapacidad, a nivel económico, psicológico y social que contribuyan a mejorar la vida de éstas.
3. Implementar las iniciativas necesarias que eliminen las barreras que los/las jóvenes con discapacidad tienen para acceder al mundo laboral.
4. Promover políticas que fomenten la formación en competencias digitales especialmente diseñadas para personas con discapacidad, asegurando que estas habilidades les capaciten para competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral.
5. Facilitar que los/las menores y jóvenes con discapacidad puedan acceder al ocio, a la cultura y actividades de tiempo libre, en igualdad de condiciones que los/las menores y jóvenes sin discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Ana Isabel Alós López, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Belén Vázquez Blanco, Beatriz Álvarez Fanjul, Beatriz Jiménez Linuesa, Esperanza Reynal Reillo, Isabel
Gema Pérez Recuerda, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Pablo Pérez Coronado, Sandra Fernández Herranz, Óscar Clavell López, Noelia Núñez González y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al conocimiento en finanzas
personales de los jóvenes, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La situación económica actual, caracterizada por una pérdida de capacidad adquisitiva y un aumento de la incertidumbre financiera, pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la educación financiera de los ciudadanos, especialmente
entre los jóvenes. Las personas necesitan tomar decisiones financieras importantes a lo largo de su vida. Sin embargo, no encontramos en el sistema educativo español ninguna materia que permita a todos los estudiantes adquirir conocimientos
financieros a lo largo de las etapas de educación obligatoria. Esto hace que nuestros jóvenes se sitúen por debajo de la media en términos de alfabetización financiera respecto a países de nuestro entorno, colocándolos en desventaja frente a los
jóvenes alemanes o franceses, por ejemplo.
El pasado 14 de noviembre de 2023, el Banco de España publicó los resultados de la 2.a Encuesta de Competencias Financieras (ECF), que busca conocer y comparar el nivel de conocimientos financieros de la población en hasta 30 países de la
Red Internacional de Educación Financiera. Dicha Encuesta pone de manifiesto la reducida cultura de los españoles en este relevante ámbito. Entre otras cuestiones, revela que el 81 % de la población española no sabe responder correctamente a tres
preguntas básicas sobre finanzas. Este déficit de conocimientos es particularmente preocupante entre los jóvenes, quienes enfrentan desafíos significativos para gestionar sus finanzas personales y planificar su futuro económico.
Los datos más recientes de la Comisión Europea señalan que, solo el 19 % de la población española tiene un nivel de conocimiento financiero elevado, situándose por debajo del promedio de la Unión Europea, que es del 26 %. Somos el cuarto
país europeo con menor porcentaje de población con niveles de educación financiera elevados. Esta falta de alfabetización financiera se traduce en una menor capacidad para tomar decisiones
informadas, lo que puede llevar a errores costosos, endeudamiento excesivo y falta de preparación para imprevistos financieros.
Resulta fundamental pues que los ciudadanos aprendan conceptos importantes como, por ejemplo: la planificación financiera, la importancia del tipo de interés compuesto a la hora de ahorrar, la gestión de los riesgos o cómo afecta la
inflación al día a día de las personas, para que, cuando llegue el momento de tomar una decisión, puedan valorar de mejor manera los condicionantes a los que se enfrentan. Además, una vez se incorporan al mundo laboral, necesitan saber cómo leer
una nómina, los pasos que deben seguir si quieren crear una empresa o ser autónomos, con las características propias de cada opción, para que puedan elegir libremente qué camino quieren seguir.
Además, otro factor a tener en cuenta es la digitalización del sistema financiero, que lo hace más accesible a una ciudadanía que no siempre tiene los conocimientos adecuados en materia de digitalización y/o en materia financiera.
La reducción de la riqueza neta mediana de los menores de 35 años en un 25 % entre 2020 y 2022, y el colapso de la capacidad de ahorro, reflejan una realidad alarmante: los jóvenes españoles no están equipados con las herramientas
necesarias para enfrentar la realidad financiera actual. La edad media de emancipación en España es de 30,3 años, significativamente por encima de la media europea, y solo el 31 % de los menores de 35 años posee una vivienda en propiedad, en
comparación con el 70 % hace una década. En este contexto, la educación financiera no solo es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también un elemento clave para el crecimiento económico del país. El
Plan de Educación Financiera, en el que participan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, propone una serie de actuaciones destinadas a incrementar la cultura financiera de la
población y a mejorar sus hábitos y comportamientos financieros. Sin embargo, a la luz de los datos más recientes, estos cursos (aunque gratuitos) no llegan al conocimiento de los ciudadanos, por lo que parece necesario reforzar estas iniciativas y
garantizar su implementación efectiva.
Este esfuerzo debe incluir la creación de recursos didácticos adaptados a sus necesidades y realidades, y la promoción de programas interactivos y accesibles que aborden temas clave como el ahorro, la inversión, el crédito, y la
planificación financiera a largo plazo. Además, se solicita al Gobierno que evalúe y reporte anualmente los progresos de estos programas para asegurar su efectividad y ajustarlos según sea necesario. Adicionalmente, se propone la implementación de
estos cursos de educación financiera no solo en colegios sino también en las empresas, aprovechando la posición de los empleadores como puntos clave para la educación continua de los trabajadores jóvenes. Esto incluiría colaboraciones con cámaras
de comercio y asociaciones empresariales para integrar programas de educación financiera que sean relevantes y aplicables al entorno laboral, promoviendo así una cultura de estabilidad y bienestar financiero en todo el espectro laboral y educativo.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el Plan de Educación Financiera.
2. Promover y elaborar la formación financiera didáctica dirigidas a jóvenes, así como estudiar su implementación efectiva tanto en las aulas como en las empresas.
3. Implementar campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes fuera del ámbito escolar, utilizando medios digitales y redes sociales para llegar a un público más amplio.
4. Evaluar y reportar anualmente el impacto de estos programas con la suficiente transparencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Noelia Núñez González, Ana Isabel Alós López, Mirian Guardiola Salmerón, Beatriz Jiménez Linuesa, Cristina Abades Martínez, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Violante Tomás Olivares, Beatriz Álvarez Fanjul, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Esperanza Reynal Reillo, Ana Belén Vázquez Blanco, María del Mar Vázquez Jiménez y Daniel
Pérez Osma, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para mejorar las carreteras de
titularidad estatal y la iluminación de acceso a la ciudad de Lugo, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La iluminación es uno de los elementos más importantes para garantizar la seguridad de los peatones y conductores. Numerosos estudios demuestran que la ausencia de luz en espacios públicos hace que aumente la sensación de seguridad en la
población.
La falta de iluminación en los accesos a Lugo es un problema que afecta a diferentes zonas de la ciudad.
Este problema influye en la seguridad vial durante todo el año, pero especialmente en las épocas en las que el período nocturno es más amplio y la climatología más adversa, donde la falta de iluminación puede convertirse en un riesgo para
los conductores, generar problemas para la visibilidad de las señalizaciones o provocar situaciones de peligro para los peatones que circulen por los diferentes puntos donde hace falta iluminación.
Además de la iluminación, los accesos a la ciudad de Lugo, en la actualidad, están en estado de abandono y de profundo deterioro en su mayoría. Da igual la zona por la que entremos en la ciudad de Lugo, vemos como hay varias vías de
titularidad estatal absolutamente abandonadas.
Si hacemos un breve análisis, lo primero que se encuentra un turista que procede de la Meseta y entra por Nadela, son las luces apagadas lo que deja una imagen 'mejorable' de la ciudad.
Si decide entrar por la ronda Norte, una de las principales vías de intensidad de tráfico, vemos como se encuentra, en la actualidad, sin desdoblar y sin iluminación; convirtiéndose esta vía por la noche en una verdadera trampa al carecer
de cualquier tipo de iluminación y tener varias rotondas en su trazado.
Si el visitante opta por incorporarse a la ciudad por la carretera de Portomarín o desde la autovía A-54, accederá al mal llamado 'Puente Blanco' porque a día de hoy es más un puente verde ya que carece de cualquier tipo de limpieza o
mantenimiento y sobre el que están comprometidos desde hace varios años ramales de acceso directos a la ciudad que siguen sin concretarse.
Si accedes por la N-540 llegas a Lugo por una de las vías más peligrosas de la provincia, por el estado de abandono en todo su trazado pero especialmente en el acceso a Lugo, ya que carece de iluminación, tiene el pavimento deteriorado y
necesita una mejora importante de mantenimiento. Todo esto a pesar de tratarse de una de las entradas más bonitas desde el punto de vista paisajístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la iluminación y el pavimento de los accesos a la ciudad de Lugo, así como las rotondas y demás puntos de titularidad estatal para garantizar la seguridad vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2024.-Cristina Abades Martínez, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Ángel Ibáñez Hernando y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000278
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Diputada: Maribel Vaquero Montero.
Dirigida al Gobierno.
Texto:
¿Cuál es el plan de medidas adoptado por el Gobierno para paliar las graves consecuencias que están causando las diferentes obras en el tramo Irun-Brinkola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Maribel Vaquero Montero, Diputada.
181/000281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
DIrigida a: Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Qué responsabilidad política va a asumir el Gobierno por la supuesta trama de adjudicación de contratos que, según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional 9, tenía establecida el
exasesor Koldo García en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Patricia Rueda Perelló y Carlos Flores Juberías, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Lourdes Méndez Monasterio, Joaquín Robles López y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Cuáles son los motivos técnicos que han determinado el rechazo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de los proyectos de ampliación del Puerto de Cartagena de El Gorguel y Barlomar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Ricardo Chamorro Delmo, Lourdes Méndez Monasterio y Joaquín Robles López, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/008809
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Navarro López, Pedro (GP) Pérez López, Álvaro (GP) Vázquez Blanco, Ana Belén (GP) Muñoz Abrines, Pedro (GP) Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
Previsiones acerca de si va a colaborar el Gobierno con la UCO para aclarar la posible relación entre las empresas domiciliadas en Elvas del investigado por la justicia española Víctor de Aldama y el hecho de que en ese mismo municipio
resida una persona del entorno
9 https://www.elespanol.com/espana/20240520/uco-situa-presidente-adif-amano-adjudicacion-koldo-intermediario/856664781_0.html
familiar del Presidente del Gobierno, así como número de procedimientos de inspección que ha iniciado de oficio la Administración tributaria en los ejercicios 2021 y 2022 frente a contribuyentes que percibiendo sus ingresos en España residen
en otro país.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto los guiones segundo a cuarto, teniendo en cuenta la prohibición
contenida en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Navarro López, Álvaro Pérez López, Ana Belén Vázquez Blanco, Pedro Muñoz Abrines y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados y Diputadas pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
- ¿Va a colaborar el Gobierno con la UCO para aclarar la posible relación entre las empresas domiciliadas en Elvas del investigado por la justicia española Víctor de Aldama y el hecho de que en ese mismo municipio resida una persona del
entorno familiar del presidente del Gobierno?
- [...]
- [...]
- [...]
- ¿Considera el Gobierno que el hecho de que una persona del entorno familiar del Presidente del Gobierno declare un patrimonio de al menos dos millones de euros con un sueldo anual en la Diputación Provincial de Badajoz de 55.000 ,
destacando tres pisos en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal) y 1,4 millones de euros en acciones no merece iniciar un procedimiento de comprobación e investigación del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias?
- ¿Cuántos procedimientos de inspección ha iniciado de oficio la Administración tributaria en los ejercicios 2021 y 2022 frente a contribuyentes que percibiendo sus ingresos en España residen en otro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Pedro Navarro López, Álvaro Pérez López, Ana Belén Vázquez Blanco, Pedro Muñoz Abrines y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Cultura, la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Núm. expte.: 184/005285/0000
Núm. registro: 15260
Autor iniciativa: Pascual Rocamora, Sandra (GP); Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP); Carazo Hermoso, Eduardo (GP); Sémper Pascual, Borja (GP); González Vázquez, Marta (GP); Aragonés Mendiguchía, Carlos (GP); Carballedo Berlanga,
María Eugenia (GP); De los Santos González, Jaime Miguel (GP); Herrero Bono, José Alberto (GP); Palencia Rubio, Héctor (GP); Parra Aparicio, Julia (GP); Martín Blanco, Nacho (GP); Clavell López, Óscar (GP).
Objeto iniciativa: Número de jóvenes que han solicitado el bono cultural en los municipios de más de 50.000 habitantes, así como de los que han resultado beneficiados e importe que han gastado en artes vivas, productos físicos y productos
digitales.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 107 de 18 de marzo de 2024.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000313/0000.
Nota:
Advertido error en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 153, de 4 de junio de 2024, el ejemplar con cve: BOCG-15-D-153 se ha sustituido por el presente con cve: BOCG-15-D-153-C1.