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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 148, de 28/05/2024
cve: BOCG-15-D-148
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de mayo de 2024
Núm. 148
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la preservación de la memoria democrática en todo el territorio del Estado ante las iniciativas autonómicas conocidas como leyes de 'concordia' que la
pretenden derogar ... (Página8)
Comisión de Justicia
161/000809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la asunción por parte de la Iglesia católica de las indemnizaciones para las víctimas de abusos de la Iglesia católica ...
161/000816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para garantizar la independencia del Poder Judicial ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/000825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a los manifiestos y misivas de carácter político franquista y ultra impulsados por miembros de las Fuerzas Armadas ...
161/000834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación y apoyo a la movilidad geográfica del personal de las Fuerzas Armadas y mejora del bienestar familiar ...
161/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la mejora de la transición profesional del personal militar y la revisión del Sistema de Tropa Permanente ...
161/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de efectivos militares ... (Página20)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para el establecimiento de una deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ... (Página22)
161/000841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para aliviar a las familias de los efectos de la inflación ... (Página24)
161/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a cubrir los puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear incentivos que favorezcan la
cobertura y la permanencia de funcionarios en la citada Comunidad Autónoma ... (Página25)
161/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a que establezca un fiscalidad diferenciada para la provincia de Zamora ... (Página27)
Comisión de Interior
161/000812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la existencia de connivencia y tolerancia para con la ideología y comportamientos ultra en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
(Página29)
161/000823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la coordinación entre administraciones como respuesta al aumento de la criminalidad en España ... (Página33)
161/000827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a los casos de infiltración policial en asociaciones ... (Página34)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la exención de peajes para vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida ... (Página37)
161/000810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la mejora de las conexiones ferroviarias y aéreas de la provincia de Granada ... (Página39)
161/000830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la recuperación y el impulso de los trenes nocturnos ... (Página40)
161/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para recuperar Atocha como estación operativa del tráfico ferroviario de Alta Velocidad entre Albacete y Madrid ...
161/000838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la inmediata adecuación del eje viario de acceso a Alicante desde el centro de España (A-31) ... (Página45)
161/000848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera ... (Página46)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la adaptación de la nueva normativa sobre Formación Profesional ... (Página48)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a considerar los ERTE motivados por la sequía como de fuerza mayor y a la homogeneización de criterios para su apreciación ...
Comisión de Industria y Turismo
161/000818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la ejecución del proyecto de hidrógeno circular de ArcelorMittal en Asturias ... (Página53)
161/000819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para evitar la deslocalización de la empresa Saint-Gobain en Avilés (Asturias) y apoyar a los trabajadores de Sekurit, división de automóvil de la
empresa, que ya ha anunciado su cierre inminente ... (Página54)
161/000826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección y fomento de la industria textil de España ... (Página56)
Comisión de Política Territorial
161/000803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la protección de la toponimia tradicional en español ... (Página58)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al apoyo del veto al Reglamento de Restauración de la Naturaleza propuesto por varias naciones europeas ... (Página61)
161/000850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en defensa del Movimiento Ecologista ... (Página64)
Comisión de Cultura
161/000799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a los actos conmemorativos del centenario de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 ... (Página65)
161/000800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de una agenda de actos para la conmemoración del centenario del fallecimiento de Gaudí ...
161/000828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a conmemorar el bicentenario del fusilamiento de Agustín Agualongo y honrar a quienes defendieron la integridad de España en los procesos de secesión
americanos ... (Página69)
161/000839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación y puesta en valor de las baterías defensivas de la Costa de Cartagena ... (Página71)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el fomento de las vocaciones STEM y la eliminación de la brecha de género ... (Página73)
161/000845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la resolución, de manera urgente, del retraso de los despliegues de banda ancha en la España rural ...
Comisión de Sanidad
161/000807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para garantizar el efectivo funcionamiento a nivel nacional de la tarjeta sanitaria individual ... (Página77)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el fomento de las vocaciones STEM y la eliminación de la brecha de género ... (Página79)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación del Gobierno de España en la financiación del programa de cooperación internacional 'Tierra Firme' ... (Página81)
161/000821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas para reforzar la cooperación con el pueblo saharaui ... (Página83)
161/000849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el derecho de asilo ... (Página84)
Comisión de Igualdad
161/000802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al análisis de la perspectiva de familia en la tramitación de todas las iniciativas normativas provenientes del Gobierno ...
161/000840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que abarque el periodo 2024-2028 ...
161/000847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la tipificación en el Código Penal de las llamadas 'terapias de conversión' ... (Página90)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el diagnóstico temprano de las patologías con la prueba de cribado neonatal ... (Página92)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a enviar un Proyecto de Ley por el que se modifique el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a fin de sancionar a quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor del control de los incumplimientos de las normas de
circulación ... (Página94)
161/000832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de incrementar las campañas de concienciación sobre los riesgos de somnolencia en la conducción ... (Página95)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000266 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Puy Fraga (GP), González Bella, María del Mar (GP) y De Luna Tobarra, Llanos (GP), sobre forma en que plantea el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública atraer
talento a la Administración General del Estado ... (Página96)
181/000267 Pregunta formulada por las Diputada María del Mar González Bella (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP) y Alía Aguado, María Pilar (GP), sobre papel que va a jugar la inteligencia artificial en el desarrollo de pilotos de 'hubs'
de prestación de servicios de atención a la ciudadanía ... (Página96)
181/000268 Pregunta formulada por los Diputados Félix De las Cuevas Cortés (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP) y González Bella, María del Mar (GP), sobre forma en que tiene previsto el Gobierno avanzar en el uso del lenguaje
administrativo claro y fácil ... (Página97)
181/000269 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Gil Santiago (GP), Macías Gata, Alfonso Carlos (GP) y González Bella, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar la regulación de las actividades de los grupos de interés,
tal y como afirmó el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ... (Página97)
181/000270 Pregunta formulada por los Diputados José Vicente Marí Bosó (GP), Muñoz Abrines, Pedro (GP) y González Bella, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de plantear algún cambio en las herramientas de participación ciudadana
utilizadas para adoptar decisiones sobre políticas públicas ... (Página97)
181/000271 Pregunta formulada por los Diputados José Enrique Núñez Guijarro (GP), Pérez López, Álvaro (GP) y González Bella, María del Mar (GP), sobre planteamiento que tiene el Gobierno sobre la actual Oficina de Conflictos de Interés ...
(Página98)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000272 Pregunta formulada por el Diputado Isidre Gavin i Valls (GJxCAT), sobre calendario de ejecución de cada una de las actuaciones pendientes para el Corredor Mediterráneo ... (Página98)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000273 Pregunta formulada por las Diputadas Irene Garrido Valenzuela (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre valoración del impacto de la medida de compatibilidad de
ingresos procedentes de rentas, de trabajo o de actividad económica por cuenta propia con la percepción del ingreso mínimo vital ... (Página98)
181/000274 Pregunta formulada por las Diputadas Irene Garrido Valenzuela (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre medidas para impulsar y generalizar desde el Ministerio de
Inclusión Seguridad Social y Migraciones, nuevas actuaciones que refuercen los itinerarios de inclusión social vinculados al ingreso mínimo vital ... (Página99)
Comisión de Sanidad
181/000253 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de poner en marcha alguna medida para materializar las propuestas planteadas por el Consejo
Económico y Social (CES) en el informe 'El sistema sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro' ... (Página99)
181/000254 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones del Ministerio de Sanidad acerca de impulsar alguna medida con la que dar cumplimiento efectivo a la
solicitud de establecer un buen sistema de garantía de la calidad de la formación MIR, que se ha planteado desde la Organización Médica Colegial ... (Página99)
181/000255 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre propuestas previstas desde la Secretaría General de Salud Digital del Ministerio de Sanidad en la Comisión
Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, creada el 09/04/2024, para promover una cultura innovadora en la gestión de la contratación pública en todo el Sistema Nacional de Salud ...
181/000256 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para materializar el sistema de vigilancia epidemiológica que registrará todo el sufrimiento
psíquico derivado de la actividad laboral comprometido por la Directora del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad el 17/04/2024 ... (Página100)
181/000257 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para implementar adecuadamente la 'Guía de Evaluación Económica
del Medicamento' elaborada por el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud ... (Página100)
181/000258 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre situación en que se encuentra el Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la Alianza de la
Sanidad Privada Española, para la colaboración técnica, científica y docente en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos y tejidos, suscrito en febrero de 2019, así como planes de desarrollo previstos desde el Ministerio de Sanidad en
relación con el referido convenio ... (Página101)
181/000259 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre principales líneas de trabajo y objetivos del Real Decreto de centros sanitarios en el que está trabajando el
Director General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad ... (Página101)
181/000260 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas desde el Ministerio de Sanidad para dar cumplimiento al anuncio realizado por el Secretario de
Estado de Sanidad de retomar las auditorías de las condiciones de formación de los MIR este año ... (Página101)
181/000261 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para materializar la propuesta de la Ministra de Sanidad de poner
las políticas de vivienda, las políticas sociales, las políticas medioambientales, todas aquellas políticas que trascienden al Ministerio de Sanidad, en el centro de las políticas de salud ... (Página102)
181/000262 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de priorizar el bienestar en todas las políticas adoptando medidas concretas para mejorar no
solamente la salud, sino todo aquello que impacta en ella ... (Página102)
181/000263 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre actividades que está desarrollando el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad
... (Página102)
181/000264 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para hacer tangibles la estrategia de lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito
sanitario y el impulso continuado de mecanismos de prevención, el sistema de alertas y la colaboración con otros organismos y entidades para los que el Ministerio de Sanidad constituyó el Observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria el
26/04/2024 ... (Página102)
181/000265 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre líneas estratégicas y principales objetivos del Plan de Actuación 2024 de la Fundación CSAI, presentado a la
Ministra de Sanidad el 29/02/2024 ... (Página103)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/008489 Autor: Noriega Gómez, Javier De las Cuevas Cortés, Félix De los Santos González, Jaime Miguel.
Previsiones acerca de la modificación de la ley trans española tras la publicación en el Reino Unido del Informe Cass y sus conclusiones sobre las consecuencias de la medicación de menores con disforia de género, para evitar los efectos
perniciosos que indica el citado informe ... (Página103)
184/008492 Autor: Marí Bosó, José Vicente Fernández Herranz, Sandra Mesquida Mayans, Joan Vázquez Blanco, Ana Belén.
Previsiones acerca de cubrir las vacantes existentes para los agentes de la Guardia Civil destinados en las Illes Balears, así como medidas previstas para atender las reivindicaciones de las asociaciones profesionales de guardias civiles
para revertir la situación de precariedad de los agentes en el archipiélago balear ... (Página104)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la preservación de la memoria democrática en todo el territorio del Estado
ante las iniciativas autonómicas conocidas como leyes de 'concordia' que la pretenden derogar, para su debate en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
78 años después de la primera declaración de la ONU sobre 'la cuestión española', ésta ha vuelto a pronunciarse en el mismo sentido en que lo ha hecho siempre: los Estados han de promocionar leyes de memoria para impedir el olvido y borrado
de las graves violaciones de los Derechos Humanos en los países como garantía primera de no repetición. Ya en la Resolución 39 de su Consejo de Seguridad de 1946 tildaba al régimen de Franco como fascista y asentado en España gracias a Hitler y
Mussolini. También en 2006 su Asamblea General estipulaba las directrices básicas que debían operar en España para garantizar el derecho de las víctimas del franquismo a obtener reparación.
Sin embargo, los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en un primer momento, y posteriormente Islas Baleares han sido los primeros en transitar por el camino inverso al señalado por la ONU, siendo 'pioneros' en poner
en marcha y/o aprobar iniciativas legislativas para derogar su normativa autonómica en materia de memoria democrática, usando para ello el término 'concordia', que en verdad esconde una manipulación evidente y un eufemismo vergonzante para eliminar
la referencia a la dictadura y al golpe de Estado de 1936, equiparando el periodo democrático de la República al dictatorial franquista o eliminando los órganos de co-gobernanza creados para la reparación de la violación de los Derechos Humanos
cometidos en estos territorios de nuestro país.
El Gobierno de España elevó a instancias internacionales para su examen este movimiento derogatorio que supone un nuevo atentado contra la honra y dignidad de todos aquellos españoles que perdieron su vida, libertad o que sufrieron un daño
de difícil o imposible reparación por defender la Democracia en nuestro país. El pasado 30 de abril, los mandatos de la ONU del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias han instado al Estado español a preservar
las políticas de memoria en nuestro país, lo que obviamente incluye a todas las Comunidades Autónomas al ser parte fundamental de nuestra Constitución (art. 2CE) y organización territorial de nuestro Estado (art. 137CE). Tan es así, que en su
reciente comunicación la organización internacional pide información sobre 'cómo esos proyectos de ley de 'concordia' son compatibles con las obligaciones del Estado español, incluidos sus tres poderes y sus entidades nacionales y/o locales, en
materia de derechos humanos y de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos, así como del derecho a la verdad'.
Esto no es nuevo; de hecho, ya en su misión a España de 2014 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias constató 'la diferencia en el apoyo que se brinda a las víctimas en las distintas comunidades
autónomas', recomendando al Gobierno de España 'asumir sus obligaciones internacionales, ejercerlas mediante un claro liderazgo y comprometerse de forma más activa y urgente'.
De hecho, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática vino a dar respuesta a cuestiones pendientes que habían sido puestas de manifiesto por distintos organismos internacionales en el ámbito de los derechos humanos. Entre otras
recomendaciones, tuvieron una influencia fundamental las derivadas de las visitas impulsadas por las Naciones Unidas en 2014, tanto del mencionado Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias como del Relator especial para la
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
De este modo, recoge y garantiza estos principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y con ello la dignidad de las víctimas y la preservación de la Memoria democrática como instrumento idóneo a ese fin: un Deber de Memoria,
como garantía de no repetición, que conforme a las normas internacionales de derechos humanos y la propia Ley de Memoria Democrática, afecta a todas las Administraciones Públicas. Una ley que se dicta además en base la competencia exclusiva del
Estado para dictar la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Muestra su absoluto rechazo a la derogación de toda normativa en nuestro país conducente a la aplicabilidad de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, oponiéndose frontalmente al empleo del término
'concordia' como eufemismo para que desaparezca la condena del golpe de Estado de 1936, se equipare un régimen democrático con el dictatorial franquista o se eliminen los mapas de fosas en territorios de nuestro país.
2. Insta al Gobierno de España a la preservación de la memoria democrática en todo el territorio del Estado ante las iniciativas autonómicas conocidas como leyes de 'concordia' que la pretenden derogar.
3. Reitera el compromiso de España con los mandatos otorgados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acatando la obligación del Estado español en su conjunto, lo que incluye a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y a
todas las entidades de Gobierno (nacional, regional o local), de garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra
civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas y de las garantías de no repetición de la violencia pasada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2024.-Raúl Díaz Marín y Teresa Llorens Carbonell, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/000809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzalluz, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Bel Pozueta Fernández, Diputada del mismo Grupo Parlamentario, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la asunción por parte de la Iglesia católica de las indemnizaciones para las víctimas de abusos de la Iglesia católica para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La realidad de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica ha sido durante años una realidad silenciada, negada, infravalorada y no reconocida, pese a las constataciones existentes y las numerosas peticiones de víctimas y
asociaciones para abordar esta realidad.
Gracias a la lucha y trabajo encomiable de las víctimas y asociaciones creadas por ellas mismas durante años, finalmente se ha comenzado a abordar y reconocer la verdad de lo que vivieron, y el reconocimiento por una gran parte de la
sociedad.
Por desgracia, la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, sigue siendo insuficiente y obstruccionista a la hora de abordar lo ocurrido en todas sus dimensiones. La actitud de la iglesia católica ha estado caracterizada
durante mucho tiempo, incluso actualmente, por la negación y la minimización del problema.
Además, la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado tampoco una respuesta suficiente y clara por parte del sistema judicial.
En enero de 2022, diversas fuerzas políticas, respondiendo a las peticiones de las víctimas y las asociaciones, presentamos en el Congreso de los Diputados una petición para la creación de una Comisión de Investigación de la pederastia en la
Iglesia católica española. Finalmente, junto a la mayoría de la Cámara baja, el de 10 de marzo de ese mismo año se aprobó una iniciativa en la que se instaba al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a investigar los abusos sexuales para investigar
los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia mediante la creación y coordinación de un comité de expertos y, además, se recogía que las víctimas que así lo desearan podrían comparecer en el Congreso para hacer escuchar su voz y relatar su
historia y vivencia.
Era el 27 de octubre del 2023 cuando el Defensor del Pueblo entregaba a la Presidenta del Congreso de los Diputados el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', dando cumplimiento
a la encomienda recibida antes mencionada.
El Informe proponía una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentra la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de
inactividad, en particular entre 1970 y 2020. También la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de
reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. Así como diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares.
Finalmente el Consejo de Ministros aprobó el 23 de abril el 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', con el ánimo
de saldar una deuda con las víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas, reparar su daño e iniciar las acciones políticas públicas pertinentes para ello.
Entre las medidas se incluye la organización de un acto público con las víctimas y sus familiares, similar al realizado en Navarra en junio de 2022, y la adopción de las medidas legales y administrativas para aquellos casos en los que no
hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial (por ejemplo, ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban).
El Gobierno español insta a que la Iglesia católica sufrague las indemnizaciones a las víctimas, pero, a la vez, también plantea la opción de asumir estas indemnizaciones frente a la negativa de la iglesia católica. Efectivamente, como era
de esperar, la iglesia católica sigue en actitud obstruccionista y ya trasladan que no colaborarán en la reparación mediante indemnizaciones.
La postura planteada por el Gobierno respecto a la responsabilidad del pago de indemnizaciones ha provocado el enfado de numerosas asociaciones de víctimas ante lo que consideran que debe ser la propia Iglesia católica quién debe responder
sobre las indemnizaciones como parte de la asunción de responsabilidades directas sobre estos casos y critican que puedan ser las administraciones públicas las que acaben asumiendo estas cuantías.
Estas demandas de las propias víctimas deben ser atendidas y, por tanto, es necesario aclarar y asegurar que ni el Estado ni las Comunidades Autónomas pueden ser responsables civiles subsidiarios de la Iglesia. Debe ser la iglesia católica,
con su más que suficiente capacidad económica, quien haga frente a estas indemnizaciones, asegurando que asuma la responsabilidad del daño generado y evitando así que sea la ciudadanía quien acabe asumiendo la responsabilidad de la iglesia.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer en el 'Plan de respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica' la exigencia a la Iglesia católica de hacerse cargo íntegramente de la totalidad de las
indemnizaciones y compensaciones económicas que deriven de los procesos de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, utilizando todas las herramientas que el Gobierno tenga a su alcance para
hacerlo cumplir.
2. En caso de negativa por parte de la Iglesia católica para asumir estas reparaciones económicas, el Gobierno procederá a realizar los cambios normativos, fiscales y tributarios necesarios para que la Iglesia católica compense mediante
otras vías las cuantías satisfechas por las administraciones públicas y sufrague así las indemnizaciones y compensaciones económicas a las víctimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Isabel Pozueta Fernández, Diputada.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/000816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la independencia del Poder Judicial, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. La actual crisis institucional.
El Gobierno de España bajo la presidencia de Pedro Sánchez se ha revelado como una gravísima amenaza contra el Estado de Derecho y contra la propia vigencia del orden constitucional. Esta amenaza se ha manifestado principalmente en sus
pactos con fuerzas separatistas, que tienen como principal designio la destrucción de la unidad nacional, y cuyos dirigentes han sido responsables en el pasado de distintos delitos de extrema gravedad, incluida la implicación en actividades
terroristas y golpistas. En la medida en que esos pactos han consistido en proporcionar impunidad a criminales, a cambio de votos parlamentarios para la investidura del propio Gobierno y para la aprobación de sus propuestas, la misma dirección del
Estado se ha visto envuelta en una espiral de ilegalidad y de deterioro institucional.
Se puede afirmar que la situación provocada por el actual Gobierno y sus socios constituye la peor crisis del sistema constitucional en sus más de cuarenta años de existencia. Sin embargo, esta situación no ha surgido de modo repentino.
Décadas de pasividad, y de activa complicidad de los principales partidos de ámbito nacional con el separatismo y con sus políticas nos han traído a la dramática coyuntura actual.
También hay factores de esta crisis que afectan específicamente a la propia configuración del Estado constitucional de 1978 como Estado de Derecho. El más destacado de ellos es el ataque a la independencia del Poder Judicial en que se ha
embarcado el actual Gobierno. Siendo la expresión más desvergonzada y brutal de dicho ataque la pretensión de amnistiar los crímenes del separatismo catalán, expropiando así a los jueces y tribunales de su función constitucional de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado.
Segundo. Responsabilidad del bipartidismo en el deterioro de la independencia judicial.
La Constitución Española de 1978 (CE) quiso constituir un sistema de autogobierno de la Justicia, estableciendo un órgano de gobierno propio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto era coherente con la contundencia con la que el
propio texto constitucional quiso preservar la independencia de los tribunales, al ser el judicial el único de los tres grandes poderes del Estado al que se denomina de este modo. El artículo 122 CE preveía que dicho Consejo estaría integrado por
veinte vocales, de los cuales doce se elegirían entre jueces y magistrados. Los ocho restantes, por su parte, serían elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, cuatro por cada Cámara.
Esta previsión constitucional sería absolutamente pervertida en su concreción legislativa con la aprobación de la vigente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). Esta norma determinaba que los veinte vocales del CGPJ
fuesen elegidos por las Cortes Generales, diez por cada Cámara, lo que ha derivado directamente en una designación por las cúpulas de los partidos políticos que participan en ella. De hecho, la mayoría de tres quintos que la CE requiere para la
elección de los citados ocho vocales de origen parlamentario pretendía asegurar el consenso en torno a juristas de incuestionables imparcialidad y prestigio; pero la exigencia de esa mayoría se desvirtuó por los partidos, que se dedicaron durante
décadas a pactar los nombramientos de vocales a través de cuotas proporcionales a la respectiva representación parlamentaria.
La elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ es así una ofensa a la letra y al espíritu de la Constitución. Este modo totalmente parlamentario de elección ha sido presentado por sus defensores como la introducción de un elemento
supuestamente democrático en un sector, el judicial, al que se ha tachado de 'conservador'. No obstante, a poco que se observe, puede apreciarse que ese 'conservadurismo' es una etiqueta que se aplica a los jueces y magistrados que desempeñan su
función con profesionalidad y que aplican la ley con imparcialidad, sin introducir criterios ideológicos personales en sus decisiones.
Lo cierto es que la legitimidad democrática del Poder Judicial no tiene su origen en la elección parlamentaria de sus órganos de gobierno, ni menos aún en la imposición de
pautas partidistas en la designación de jueces y magistrados, sino en el hecho de que esos jueces y magistrados estén efectivamente sometidos al imperio de la ley, como marca el artículo 117 CE. Siendo la ley la manifestación de la voluntad
de los órganos legislativos, que sí han sido elegidos por sufragio popular, es en la aplicación profesional e imparcial de esa ley donde la jurisdicción tiene su fundamento en un Estado democrático.
Por tanto, la intromisión de los partidos en la elección de los vocales del CGPJ, lejos de afirmar el carácter democrático del Poder Judicial, constituye una extralimitación inadmisible que pone en peligro la independencia de un poder del
Estado. Y, siendo ese poder, el Judicial, el que garantiza precisamente la adecuación a la legalidad de los distintos sujetos y de la misma Administración, nos encontramos con que amenazar la independencia del Poder Judicial es poner en riesgo el
mismo Estado de Derecho.
La responsabilidad de la aprobación de la citada LOPJ de 1985, con la implantación del sistema parlamentario de vocales del CGPJ, corresponde al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que en aquel momento ocupaba el Gobierno en su primera
legislatura con mayoría absoluta. Pero la culpabilidad por la pervivencia de tan nocivo modelo hasta nuestros días debe atribuirse conjuntamente a los dos grandes partidos de ámbito nacional que han ocupado el Ejecutivo en los últimos decenios. Én
efecto, el Partido Popular (PP), aunque ha criticado nominalmente desde hace décadas la elección puramente parlamentaria de los vocales, no ha sido precisamente coherente con esa crítica cuando ha tenido la oportunidad de actuar. Y es que, en los
momentos en que dicho partido ha ocupado el Gobierno con mayoría absoluta, en los dos casos de 2001 y 2013 en que emprendió reformas de la norma reguladora, optó por pactar con el PSOE esas reformas y dejar el sistema básicamente igual.
Por tanto, por iniciativa del Partido Socialista, y con la complicidad del PP, desde hace casi cuarenta años el órgano de gobierno de la judicatura ha sido sometido a un intenso proceso de politización. Esto a su vez ha provocado una
importante pérdida del prestigio y de la confianza que el Poder Judicial debe inspirar en la sociedad y, quizá peor, un gravísimo daño a las funciones de jueces y tribunales de tutelar los derechos e intereses de las personas y de garantizar la
sujeción de las instituciones al imperio de la ley.
Tercero. Atentados del Gobierno contra el poder judicial desde 2018.
Ya se ha dicho que el ejercicio de la presidencia del Gobierno por Pedro Sánchez se ha caracterizado por un deterioro absolutamente sin precedentes de nuestro sistema institucional. Esta situación ha sido provocada fundamentalmente por dos
líneas de actuación de los gobiernos que se han sucedido desde entonces, y las cuales se han mostrado invariablemente fieles: la predisposición a llegar a cualesquiera pactos con fuerzas separatistas, por incompatibles que sean con el orden
constitucional y por dañinos que resulten para la unidad nacional; y un indisimulado propósito de colonizar todas las instituciones posibles, en especial las que puedan implicar un control de su acción de gobierno. Estas dos tendencias son las que
han venido a confluir en las agresiones del actual Ejecutivo y de sus socios contra el Poder Judicial y contra su independencia.
Ante todo, debe reseñarse, un hábito, consciente y deliberadamente adquirido, de comprar votos parlamentarios de los partidos separatistas a cambio de asegurar la impunidad de los crímenes perpetrados por sus líderes y activistas: es el
caso de la concesión de indultos en 2021 a los delincuentes condenados por los sucesos delictivos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Aún más grave fue la aprobación de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de
directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que, en un acto
de legislación a medida de criminales, despenalizó los delitos de sedición y modificó la regulación de los de malversación para adaptarlos a las exigencias de sus socios separatistas. Y, por supuesto, el golpe final en este historial de fechorías
será la futura ley de amnistía, cuya trascendencia afecta directamente a la continuidad del edificio constitucional.
Los ataques directos del actual Gobierno y de sus secuaces al Poder Judicial son parte de un plan más amplio para lograr el control de todas las instituciones. Este designio no solamente obedece a un vulgar afán de poder de los dirigentes
del Partido Socialista, sino a una voluntad clara de hegemonía política, social y cultural por parte de la alianza que integran dicho partido y sus socios comunistas y separatistas. En este sentido, el control obtenido en diciembre de 2022 del
Tribunal Constitucional por parte de las fuerzas mencionadas ha constituido un golpe durísimo para el Estado de Derecho, ya que ha puesto en sus manos un instrumento tan fundamental como el control de constitucionalidad de las leyes. El único poder
del Estado que no ha quedado completamente sujeto a la acción de los partidos del Gobierno es el Judicial, y de ahí el propósito por controlar su citado órgano de gobierno, el CGPJ.
Es cierto que el CGPJ lleva años con su mandato caducado y que ello técnicamente es una irregularidad, pero no es menos cierto que la causa de esa no renovación está en la contumacia de los partidos del Ejecutivo, al negarse a modificar la
LOPJ para acabar con el sistema de cuotas partidistas para la elección de los vocales de origen judicial del Consejo. Esta negativa es la que provoca directamente la prórroga, en sí misma indeseable, del mandato del CGPJ. Toda la palabrería de las
instancias gubernamentales sobre el incumplimiento de la Constitución por esta no renovación no significa absolutamente nada al lado de este hecho cierto: el PSOE y sus socios se niegan a acabar con la elección de los vocales del CGPJ por las
cúpulas de los partidos políticos. Su propósito es mantener un sistema judicial politizado y liquidar la independencia judicial.
Prueba inequívoca de este propósito fue la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, con la que se modificó la LOPJ, añadiendo un nuevo artículo 570 bis, a efectos de despojar al CGPJ en funciones de varias de sus más importantes atribuciones.
Con esto se quería presionar a dicho órgano, aun al precio de paralizar buena parte de la actividad de los órganos judiciales superiores, como herramienta para no tener que prescindir del sistema de elección por cuotas partidistas. El mismo
Gobierno impulsaba poco después la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, para devolver a ese mismo CGPJ en funciones la facultad de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, por la sencilla razón de que le convenía en ese momento con
objeto de obtener el control de este último órgano jurisdiccional. Con este acto de brutal cinismo, con el que se retorcía el sistema de equilibrio de poderes a su exacta medida, el Ejecutivo manifestaba su propósito de no detenerse hasta acabar
con la independencia de la última institución fuera de su control.
En todo caso, y en línea con lo antes expuesto, hay que reconocer que no se habría llegado a esta situación sin la complicidad, en muchos casos, del PP. No solamente ha mantenido el sistema de elección de vocales por las cúpulas de los
partidos, sino que recientemente se ha prestado a un rocambolesco proceso de negociación con el Gobierno, con la mediación del Comisario de Justicia de la Unión Europea, con vistas a la renovación de los vocales del CGPJ. Ni esa negociación tiene
sentido, vista la trayectoria del Ejecutivo, ni es de recibo esa mediación, que está fuera de lugar en un Estado soberano -también en lo judicial- como España.
Otra muestra de la incompatibilidad del actual Gobierno con la independencia judicial y con el propio Estado de Derecho es su conducta con relación al Ministerio Fiscal. Esta institución, a la que la Constitución encomienda la defensa del
interés público tutelado por la ley, debe estar sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad. Pero es precisamente de esos principios de los que la ha querido alejar el Ejecutivo.
Las declaraciones radiofónicas de Pedro Sánchez en las que alardeaba de su control del Ministerio Fiscal son solamente un síntoma de una línea de actuación igualmente inverecunda. La lista de actos de su Gobierno que evidencian su desprecio
por esos principios de legalidad e imparcialidad de dicha institución es interminable. Para empezar, es intolerable que nombrase fiscal general del Estado a quien había sido su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Todavía más, su sustituto y
actual titular del cargo, Alvaro García Ortiz, que promocionó a su propia antecesora como fiscal de Sala del Tribunal Supremo (este mismo Tribunal anuló -en primer lugar- esa promoción por 'desviación
de poder'), y más recientemente su nombramiento de esta como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El mismo nombramiento actual del Sr. García Ortiz como fiscal general del Estado ha sido realizado, por primera vez, contra el criterio manifestado por el CGPJ. Además, en los últimos dos años, el Tribunal Supremo ha anulado cuatro
ascensos de fiscales a la máxima categoría de la carrera fiscal: dos promovidos por Dolores Delgado (con el ex fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban) y dos por el propio García Ortiz (precisamente los de la misma Delgado). Finalmente, el grado
de imparcialidad del actual fiscal general queda perfectamente descrito por su política de nombramientos: la asociación profesional de la que fue presidente, representando a menos del diez por ciento de la carrera, copa más de dos quintas partes de
los puestos en la Junta de Fiscales de Sala.
Debe también hacerse referencia a la creación de comisiones de investigación en esta misma Cámara a instancia de los socios separatistas del Gobierno, y con la descarada complicidad de éste. Tales comisiones pretenden investigar supuestas
acciones de lawfare por parte de jueces y tribunales, y no tienen otra finalidad que agredir al Poder Judicial y a su independencia. Del mismo modo, en la tribuna del Congreso se ha insultado gravemente a jueces y magistrados por haber intervenido
en la instrucción o el enjuiciamiento de conductas relacionadas con delitos perpetrados por dirigentes o activistas del separatismo de Cataluña.
Hay signos muy inquietantes de que el Gobierno ha decidido lanzar una ofensiva contra el último resorte del poder del Estado que sigue sin poder controlar. Es necesario hacer referencia a los acontecimientos de los últimos días de abril de
2024: la llamada 'carta a la ciudadanía' del presidente del Gobierno, la calculada dejación de sus funciones durante cinco días, y la espectacular escenificación de permanencia en el cargo a través de una declaración institucional en la que hizo un
llamamiento a 'la mayoría social para que se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común'.
Esa misma tarde se convocaba una manifestación a las puertas del CGPJ bajo el lema 'El golpismo viste de toga'. A la vez, durante la fingida ausencia del presidente del Gobierno, el Centro de Investigaciones Sociológicas realizó un sondeo
flash en el que se cuestionaba a los encuestados sobre la independencia del Poder Judicial en España y sobre la necesidad de 'una reforma de la situación de la justicia en España'.
Cabe también detenerse en las recientes entrevistas concedidas tanto por el fiscal general del Estado -en las que llamaba a 'cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como la carrera fiscal y la justicia en España'- como por el
presidente del Gobierno, que declaraba que, 'ante una situación absolutamente inédita en democracia, evidentemente [el parlamento] tendrá que tomar la decisión de encontrar una salida'.
Hay quien ha señalado que la citada 'carta a la ciudadanía', con sus afectadas alusiones sentimentales, es un documento impropio de un jefe de gobierno occidental, e incluso quien directamente apunta al inicio de una nueva dinámica de
comunicación política de inspiración bolivariana. Pero no es simplemente una cuestión de comunicación política, sino que se trata de algo mucho más profundo y peligroso. De una parte, el hecho de que la principal figura política institucional
española arremeta en tal condición contra el sistema judicial y contra medios de comunicación críticos reviste una gravedad imposible de exagerar. De otra, las alusiones constantes a 'la derecha y la ultraderecha' en las cartas y declaraciones de
Pedro Sánchez permiten adivinar una tortísima intensificación de la polarización a la que la izquierda y el separatismo han condenado a la sociedad española.
Los dos fenómenos se dan la mano en el inquietante escenario que se va dibujando: la insoportable degradación institucional, con el ataque al Poder Judicial, y una extrema radicalización que une al Partido Socialista con sus secuaces
comunistas y separatistas. Es fundamental recordar que el llamado 'bloque de la investidura' es la concreción de dos fuerzas corrosivas: la izquierda con su disolución social y los separatistas con su disolución nacional; dos fuerzas que encajan
perfectamente.
Y es precisamente a través de una reducción de la mayoría necesaria para elegir a los vocales del CGPJ como quizá Sánchez se proponga concretar los cambios con los que amenaza. Cabe recordar que ya en 2021 el PSOE y Unidas Podemos
registraron una
iniciativa para cambiar, en solitario, la mayoría de 3/5 por una mayoría absoluta. Recientemente, los diputados de Podemos han registrado una iniciativa en este sentido, con reducción del peso del Senado en la elección. Se trataría de que
la precaria mayoría extremista del Congreso eligiese nada menos que a dieciséis vocales del CGPJ. Y no puede caber duda alguna de que ese Consejo procedería de inmediato a una ola masiva de nombramientos en el Tribunal Supremo y en otras
importantes instancias judiciales, en los que hay numerosas vacantes sin cubrir. Igual que ocurre en la carrera fiscal, los miembros de la asociación judicial progresista coparán esas plazas de una forma absolutamente desproporcionada con su
número, y convertirán a la judicatura en dócil instrumento del Gobierno. Es un panorama de pesadilla para el futuro del propio sistema constitucional y para la más elemental convivencia, que hace poco tiempo habría sido descartado como una
exageración sin base real. Y una vez más son los cómplices comunistas de Sánchez los que lanzan la idea radical, que con tiempo los socialistas van asumiendo y normalizando.
La amenaza es real. El bloque sanchista, que constituye un conglomerado ideológico profundamente totalitario, antinacional y disolvente, parece haber lanzado la consigna para cruzar todos los límites y acabar con los últimos controles que
contra el peligro de tiranía levanta el Estado de Derecho.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Abandonar su inaceptable actitud de hostilidad contra la independencia judicial.
2. Abstenerse en su empeño de promover el asalto de las principales instituciones del Estado.
3. Promover la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de modo que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que constitucionalmente deben elegirse entre jueces y magistrados lo sean
efectivamente por ellos, terminando con el sistema de cuotas partidistas.
4. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a efectos de suprimir su artículo 570 bis, revirtiendo la reforma legal de 2021, cuya única finalidad era atacar la independencia judicial.
5. Proceder al cese inmediato del actual fiscal general del Estado, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Defensa
161/000825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancias del Diputado de su mismo Grupo, Jon Iñarritu García, al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los
manifiestos y misivas de carácter político franquista y ultra impulsados por miembros de las Fuerzas Armadas para su inclusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Durante los últimos años se han publicado diversos manifiestos de carácter político ultra firmados por miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), principalmente retirados, pero también por algunos en activo o en la reserva. Del mismo modo,
se han dado a conocer misivas enviadas al presidente del Parlamento Europeo o al mismo Jefe del Estado, Felipe VI, por parte de antiguos miembros de las FF.AA. y firmando como tales, con la clara intención de intentar influir y condicionar
políticamente, pero también con un objetivo más peligroso como es el de poder influir en las FF.AA.
Por otro lado, se han dado a conocer mensajes publicados en diferentes redes sociales, en los cuales, más allá de bromas, exageraciones e insultos propicios en las mismas, se difundían mensajes amenazantes contra diferentes representantes
políticos y contra la mayoría de la ciudadanía del Estado.
Desde el Gobierno se insiste en que estos señores están mayormente retirados y que son minoritarios en el seno de las FF.AA. Aunque esto pueda ser cierto, también lo es que estas personas siguen ligadas a las FF.AA. y tienen reconocidos
derechos y privilegios inherentes a su situación de militar retirado. De igual forma, muchos de ellos, siguen acudiendo a centros, residencias y eventos militares a las cuales tienen derecho a acudir debido a su condición de militares retirados,
lugares en los cuales en muchas ocasiones difunden sus mensajes e ideología ultra y realizan actos de apología del franquismo entre militares en activo.
Por último, tampoco son extrañas las noticias relativas a hechos contrarios a la Memoria Histórica, cuando no directamente de apología del franquismo por parte de miembros de las FF.AA. en activo. Hechos graves que no siempre se investigan
y se sancionan correctamente, teniendo en cuenta la gravedad de los mismos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar su total rechazo a los manifiestos y misivas de carácter político franquista y ultra, impulsados por algunos miembros de las FF.AA. y declarar personas non gratas en las FF.AA. a los participantes de dichas iniciativas.
2. Realizar una investigación rápida y efectiva sobre la infiltración de la extrema derecha en las FF.AA. e informar del resultado de la misma a la Comisión de Defensa.
3. Desarrollar un plan con medidas concretas contra la infiltración ultra y detección de la misma en el seno de las FF.AA.
4. Impulsar las medidas necesarias para que a las personas que hayan participado o participen en este tipo de manifiestos ultras, haciendo valer su condición de militares retirados, les sean retirados:
- Todos los privilegios contemplados en la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la Carrera Militar en sus artículos 115 sobre Militares retirados, como la de portar tarjeta identificativa, identificarse por su empleo militar (retirado) o
portar el uniforme.
- Prohibición de acceso a residencias militares y centros lúdicos y deportivos de las FF.AA. y no invitarles a eventos ni conmemoraciones oficiales.
- Contemplar la retirada de sus nombres de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la Real y Militar Orden de San Fernando, de encontrarse en ellas.
5. Retirar de los acuartelamientos, unidades militares, premios, programas y operaciones de las FF.AA. toda denominación o nombre relativo a militares y hechos relativos a la dictadura franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/000834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación y apoyo a la
movilidad geográfica del personal de las Fuerzas Armadas y mejora del bienestar familiar, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La movilidad geográfica constituye una dimensión esencial y distintiva de la carrera militar. Esta movilidad, requerida por las necesidades del servicio, conlleva traslados frecuentes que afectan no solo al personal militar sino también a
sus familias. Si bien la movilidad puede ofrecer oportunidades de crecimiento profesional y personal, la ausencia de una regulación específica y de medidas de apoyo adecuadas plantea desafíos significativos. La falta de claridad en los derechos y
deberes asociados a la movilidad geográfica, la insuficiente consideración de las necesidades familiares en los procesos de traslado y la carencia de apoyos económicos y logísticos adaptados al contexto de cada destino generan incertidumbre y pueden
afectar negativamente la moral, la cohesión familiar y, por ende, la eficacia operativa.
Es imperativo abordar estas cuestiones mediante la creación de un marco normativo claro y detallado, que regule de manera específica la movilidad geográfica dentro de las Fuerzas Armadas, asegurando un proceso justo y transparente. Este
marco debe contemplar no solo los aspectos operativos y profesionales, sino también las repercusiones personales y familiares de los traslados, ofreciendo soluciones integrales que faciliten la adaptación a los nuevos destinos y mitiguen los
impactos negativos.
La proposición busca, por tanto, instaurar un sistema de apoyo integral que abarque compensaciones económicas ajustadas al costo de vida de las nuevas ubicaciones, servicios de apoyo logístico para la mudanza y el alojamiento temporal, así
como programas de integración y adaptación para el personal y sus familias. Además, es vital el desarrollo de políticas que aseguren la continuidad educativa de los hijos y fomenten la empleabilidad de los cónyuges, reconociendo la importancia del
bienestar familiar para el rendimiento y compromiso del personal militar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la regulación del marco legal de la movilidad geográfica del militar, con los siguientes objetivos:
- Creación de un sistema integral de apoyo a la movilidad, que contemple compensaciones económicas adecuadas, servicios de mudanza y alojamiento temporal. Además de programas de orientación e integración en los nuevos destinos.
- Fomento del bienestar familiar: desarrollar iniciativas específicas para la escolarización de los hijos y la empleabilidad de los cónyuges, incluyendo la colaboración con entidades educativas y el sector empresarial, para facilitar la
adaptación y minimizar los impactos negativos de los traslados en la familia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Carlos Rojas García y Pablo Pérez Coronado, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la transición
profesional del personal militar y la revisión del sistema de Tropa Permanente, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La reintegración del personal militar en la sociedad civil después de finalizar su servicio en las Fuerzas Armadas es un proceso complejo que requiere un apoyo decidido y efectivo por parte de las instituciones del Estado. La experiencia
única, las habilidades y la formación adquirida por los miembros de las Fuerzas Armadas son activos valiosos que pueden y deben ser aprovechados en beneficio del desarrollo socioeconómico del país. Sin embargo, para que esta transición sea exitosa,
es esencial que existan políticas y programas bien diseñados que respondan a las necesidades tanto del personal en transición como del mercado laboral.
La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería ha establecido una base importante para abordar estas cuestiones, centrándose en la formación profesional, la orientación laboral, y el establecimiento de puentes hacia el empleo civil. No
obstante, la dinámica del mercado laboral, los desafíos específicos que enfrenta el personal militar en su reintegración y la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes ministerios y el sector privado, exigen una revisión y una
actualización constantes de las políticas y medidas existentes.
Además, el sistema de tropa permanente, establecido para proporcionar una carrera a largo plazo dentro de las Fuerzas Armadas para aquellos miembros de la tropa y marinería requiere una consideración especial. La fijación de un número
preestablecido de plazas para convertirse en personal permanente, actualmente limitado a 1.000 plazas anuales, no necesariamente responde a las necesidades reales ni del Ministerio de Defensa ni del personal militar. Es esencial, por lo tanto,
llevar a cabo un estudio detallado que examine no solo las necesidades operativas y presupuestarias del Ministerio de Defensa, sino también las aspiraciones y expectativas de desarrollo profesional y personal del personal militar.
Este estudio permitiría ajustar el número de efectivos que pueden acceder a la condición de permanente de manera más flexible, garantizando que se maximicen las oportunidades para aquellos miembros del personal que deseen continuar su
carrera dentro de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que se mantienen los estándares operativos y se optimizan los recursos.
Por tanto, se busca garantizar una transición suave y exitosa que permita al personal militar no solo integrarse efectivamente en el mercado laboral, sino también aprovechar al máximo su potencial y contribuir significativamente al progreso
y bienestar de la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover una coordinación efectiva entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el objetivo de crear un marco integral y coherente que
facilite la transición laboral del personal militar, asegurando una reconversión profesional eficaz y adecuada a las demandas actuales del mercado laboral.
2. Diversificar y ampliar las opciones de formación profesional y educación continua, adaptando programas a las necesidades del mercado laboral y promoviendo el reconocimiento de competencias militares para su convalidación en el ámbito
civil.
3. Desarrollar e implementar campañas de sensibilización dirigidas al sector empresarial, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las competencias, habilidades y valores adquiridos por el personal militar, promoviendo así su
empleabilidad y contribución al desarrollo económico.
4. Establecer sistemas de seguimiento y evaluación robustos y dinámicos para las iniciativas de transición laboral, que permitan realizar ajustes basados en la evaluación de resultados y en las necesidades identificadas, aumentando así la
efectividad de las medidas de apoyo.
5. Intensificar la creación y firma de convenios con empresas y organizaciones del sector privado, con el propósito de facilitar la inserción laboral del personal militar, incentivando la contratación mediante la implementación de
beneficios fiscales y otros estímulos.
6. Mejorar el acceso a servicios de orientación laboral personalizada y asesoramiento sobre oportunidades de empleo y formación, tanto para el personal en activo como para los Reservistas de Especial Disponibilidad, incluyendo iniciativas
de acompañamiento y asesoría profesional.
7. Encargar un estudio exhaustivo para revisar el número de efectivos de tropa y marinería que pueden acceder a la condición de permanente anualmente, sin fijar un límite preestablecido de 1.000 plazas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Carlos Rojas García y Pablo Pérez Coronado, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento de efectivos
militares, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En términos generales, el incremento del presupuesto de Defensa hasta el 2 % del PIB, a alcanzaren 2029, como compromiso anunciado por el Presidente del Gobierno, va a generar una serie de consecuencias que, sin lugar a duda, van a redundar
en la mejora de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Este incremento presupuestario, que, necesariamente, se materializará en una mayor capacidad de adquisición de equipos y materiales, así como la ampliación de los tradicionales dominios
terrestre, marítimo y aéreo con la incorporación del ciberespacial y ultraterrestre deberían conducirnos a un aumento proporcional de la plantilla de efectivos del Ministerio y de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo establecido en el art. 16 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, cuya revisión va siendo, también, necesaria, 'el número máximo de profesionales en servicio activo se fija entre 130.000 y 140.000
efectivos'.
De acuerdo con la Resolución 430/38003/2024, de 2 de enero, de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, el número de efectivos profesionales de las Fuerzas Armadas, a los efectos previstos en el art. 48.2 de la LO 9/2011,
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, ascendía, a 31 de diciembre de 2023, a la cifra de 129.190 militares.
En el ámbito operativo, las nuevas capacidades que se van a adquirir se sumarán a los cometidos que las Fuerzas Armadas han ido asumiendo a lo largo de los últimos años, sin
que se haya producido ningún incremento significativo de efectivos desde la publicación de la citada Ley 39/2007, de la carrera militar.
A la ya citada ampliación de los dominios tradicionales, con los ciberespaciales y ultraterrestres, se puede añadir la progresiva creación de estructuras operativas, como la Unidad Militar de Emergencias, el Cuartel General del Mando de
Operaciones, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Mando Conjunto de Ciberespacio o la ampliación del Ejército del Aire a su nueva dimensión de Ejército del Aire y del Espacio.
Cabe añadir a ello el incremento de nuestra presencia en organizaciones internacionales como OTAN, UE, NSPA, OCCAR, NETMA, etc.
En lo que a la gestión de los programas de armamento y material se refiere, en el año 2014 se decidió implantar el modelo de dirección y gestión centralizada similar al de los países de nuestro entorno (Francia, Reino Unido, Alemania). En
aquel momento se traspasaron a la Dirección General de Armamento y Material catorce programas, dimensionando la plantilla de ésta para hacer frente a dicha carga de trabajo.
A finales de 2022 el número de programas activos ascendía a cincuenta, y en el año 2023 la previsión era alcanzar una cifra cercana a setenta, gracias al incremento de las partidas dedicadas a nuevas inversiones. La gestión eficaz y
eficiente de esos programas requeriría disponer de los recursos humanos adecuados para ello, tanto en cantidad como en calidad, tanto militares como civiles.
Todos los incrementos de recursos humanos citados en las nuevas estructuras, capacidades, dominios o gestión de programas se han hecho a expensas de las Unidades y Organizaciones preexistentes con el consiguiente impacto negativo en la
operatividad alcanzada por las mismas y la disolución de muchas de ellas, en algunos casos con importante significado estratégico, como lo fueron las Unidades disueltas en nuestras guarniciones de Ceuta y Melilla, las últimas la II y V Banderas de
la Legión, respectivamente.
Parece claro que, junto con el tan necesario y esperado incremento del Presupuesto de Defensa, resulta igualmente necesario abordar con decisión la necesidad de incrementar los efectivos militares disponibles, comenzando por completar a su
nivel máximo los que contempla la actual legislación (pasando de 130.000 a 140.000) y acometiendo un análisis sobre la posibilidad de ampliar las cifras máximas contempladas en la legislación vigente.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer, en el plazo de tiempo más breve posible, la ampliación del número de efectivos actualmente existentes en las Fuerzas Armadas hasta los límites máximos autorizados en la legislación vigente para alcanzar la cifra de los 140.000
militares.
2. Analizar, en el contexto de la ampliación de capacidades operativas, incremento de estructuras operativas y ampliación de dominios en el ámbito operativo, con el consiguiente requerimiento de reforzar el volumen de efectivos dedicados a
la gestión administrativa de los procesos orientados a satisfacer dichas ampliaciones, la necesidad de unos nuevos límites más elevados, de efectivos militares y civiles necesarios.
3. Considerar la posibilidad de recuperar, sobre la base de ese incremento de efectivos, alguna de las Unidades disueltas en las guarniciones estratégicas de Ceuta y Melilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Carlos Rojas García, Esteban González Pons, Alberto Fabra Part, Agustín Conde Bajén, Macarena Lorente Anaya, Javier Celaya Brey, Carlos García Adanero, César Sánchez Pérez, Pablo
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo Pérez Coronado, José Enrique Núñez Guijarro, Ricardo Tarno Blanco, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento, formulan la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de una deducción por
nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Las familias españolas están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes. La inflación acumulada desde agosto de 2020 es del 18,8 % 1 y el precio de los alimentos es un 31,2 % superior 2. El coste de alquilar una vivienda es
el más alto desde que se tienen datos 3. El Producto Interior Bruto per cápita, en paridad de poder de compra, ha caído un 2,2 % en el periodo 2019-2023 y es 11 puntos inferior al de la media los países de la Unión Europea 4. Del mismo modo, los
salarios reales por hora trabajada en España han caído en más de 5 puntos desde finales de 2019 5. El resultado de este empeoramiento en la renta de las familias se traduce en que el gasto en consumo final de los hogares apenas ha superado el nivel
de 2019 6 y el porcentaje de población en riesgo de pobreza o de exclusión social alcanza el 26,5 % de la población, superior al de 2019, representando uno de los mayores niveles de Europa 7.
Esta situación se está agravando debido a la asfixia fiscal a la que el Gobierno está sometiendo a los españoles. Los ingresos tributarios por IRPF en 2023 fueron los más altos de la historia, alcanzando los 120.280 millones de euros. 8
Esto supone un incremento del 42,5 % respecto de los ingresos por IRPF de 2018, que fueron 82.858 millones de euros 9.
Las bajas rentas disponibles y la fuerte presión fiscal, entre otros aspectos, hacen que sea muy complicado para los jóvenes españoles formar una familia.
La ratio de fertilidad de España en 2022 fue de 1,16 hijos nacidos por mujer, la tasa más baja de Europa solo por encima de Malta 10 y la cuarta más baja de los más de 50 países analizados por la OCDE 11.
Además, actualmente la pirámide de población está completamente ensanchada en el tramo de edad 40-65 años, y se prevé un agravamiento de la situación en el medio y largo plazo.
1 https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=8&anyoini=2020&idmesfin=3&anyofin=2024&ntipo=1&enviar=Calcular
2 https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=6&anyoini=2019&idmesfin=3&anyofin=2024&ntipo=4&enviar=Calcular
3 https://gaceta.es/espana/el-precio-del-alquiler-crece-un-10-en-espana-durante-2023-20231228-1108/
4 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/ default/table?lang=en
5 Pág. 4. https://www.oecd.org/employment/Policy-Brief-Real-wages-regaining-some-of-the-lost-ground.pdf
6 PIB pm demanda. Índice de volumen encadenado. Medias anuales: 2023 sobre 2019. Datos ajustados de estacionalidad y calendario, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=30681&L=0
7 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm
8 https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2023/IMR_23_12_es_es.pdf
9 https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2019/IMR_19_12_es_es.pdf
10 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en&category=t_demo.t_demo_fer
11 https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
Ilustración 2. Pirámides de población y proyecciones (en miles) 12
Esta evolución demográfica española tiene implicaciones presupuestarias y de sostenibilidad financiera, hasta el punto de que la Comisión Europea ha advertido a España del riesgo que tiene el gasto en pensiones 13. Según la AIREF, el gasto
en pensiones seguirá aumentando de forma muy intensa en términos absolutos 14.
Ilustración 3. Gasto en pensiones sobre PIB (%) 15
A la vista de los datos, es necesario elaborar políticas que incentiven eficazmente la natalidad en España. Actualmente, solo existe una deducción estatal en el IRPF por nacimiento o adopción de 1.200 euros por cada hijo 16 con unos
requisitos de acceso muy estrictos y multitud de incompatibilidades 17.
Este incentivo, a todas luces insuficiente, podría mejorarse, tal y como ha hecho la Junta de Castilla y León en su cuota autonómica del IRPF. En este sentido, la Junta aprobó un mecanismo en virtud del cual las familias se benefician de
importantes deducciones en
12 Gráfico 15.A. https://www.airef.es/wp-content/uploads/2023/03/OPINI%C3 %93N-SOSTENIBILIDAD/Opinio%CC%81n-de-sostenibilidad-a-largo-plazo.-Marzo-2023.-Excel-de-gra%CC%81ficos-y-cuadros.xlsx
13 Página 79. https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/58bcd316-a404-4e2a-8b29-49d8159dc89a_en?filename=ip148_en.pdf
14 Página 49. https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/09/PREVIS-DEMOGRAFICAS/200928-Documento-T%C3 %A9cnico-previsiones-demogr%C3 %A1ficas-y-gasto-en-pensiones.pdf
15 Ibidem. Gráfico 27.
16 https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ciudadanos-familias-personas-discapacidad/deducciones-relacionadas-hijos-descendientes/deducción-maternidad/importe-deduccion.html#:~:text=El%20importe%20m%C3 %A1ximo%20es%20de%201.200 %20 %E2
%82 %AC%20anuales%20por%20cada%20hijo
17 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85?changeLanguage=es#097732
la cuota autonómica del IRPF por nacimiento y adopción muy superiores a las que ofrece la Administración General del Estado 18.
La presente iniciativa pretende aumentar las ayudas por IRPF a nivel estatal por nacimiento y adopción de hijos. De esta forma, se propone mantener la deducción de 1.200 euros por el primer hijo y aumentarla a 1.600 por el segundo, a 2.500
euros por el tercero y a 2.750 por el cuarto y siguientes.
Estas medidas se aplicarán hasta la simplificación del IRPF a un tipo único del 15 % sobre rentas inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25 % a aplicar a rentas superiores, reduciendo los dos tipos en 4 puntos por cada hijo y
exentando del impuesto a las rentas inferiores a 22.000 euros.
En definitiva, en el actual contexto de crisis económica y carestía, se debe poner fin al infierno fiscal que padecen los españoles y que es un lastre para la prosperidad de nuestras familias.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer deducciones por nacimiento o adopción en el IRPF. El importe de las deducciones variará función del número de hijos, de tal forma que las familias se podrán deducir las siguientes
cantidades de la cuota diferencial:
1. 1.200 euros por el primer hijo,
2. 1.600 euros por el segundo,
3. 2.500 por el tercero, y
4. 2.750 por el cuarto hijo en adelante.
Estas medidas se aplicarán hasta la simplificación del IRPF a un tipo único del 15 % sobre rentas inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25 % a aplicar a rentas superiores, reduciendo los dos tipos en 4 puntos por cada hijo y
exentando del impuesto a las rentas inferiores a 22.000 euros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José
María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/000841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para aliviar a las familias de los
efectos de la inflación, para su debate en Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El repunte de la Inflación en el pasado mes de enero, hasta el 3,4 % frente al 3,1 % del mes anterior, se debe básicamente a dos cosas: la incapacidad del gobierno de frenar la escalada de precios de los alimentos básicos de la cesta de la
compra y la reversión progresiva de las rebajas fiscales a los productos energéticos.
18 https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284281872987/NotaPrensa/1285300716747/Comunicacion
Respecto a lo primero, la mayoría de los alimentos básicos de la cesta de la compra acumulan una subida de más del 40 % en los últimos 3 años. Es el caso del azúcar, la leche, los huevos, las harinas o las legumbres, aunque la mayor subida
sigue siendo la del aceite de oliva, que sube un 4,1 % en el mes de enero, un 62,9 % en el último año y casi ha triplicado su precio desde 2020.
No se entiende que en la rebaja del IVA de los alimentos básicos se hayan dejado fuera las carnes -que han subido del 25,0 % la de ave, 25,4 % la de vacuno, 28,0 % la de porcino, hasta un 31,5 % la de ovino y caprino-, los pescados -que han
subido un 25,5 %-, las conservas -que han subido entre el 26,1 % de las conservas de pescado hasta el 40,0 % las conservas de frutas- y los productos lácteos -que se han encarecido un 32,0 %-, provocando una caída del consumo de casi el 15 % de
estos alimentos que forman parte esencial de la dieta mediterránea.
Respecto a lo segunda, la reversión precipitada de las rebajas fiscales que se aplicaban a los productos energéticos ha provocado una subida del precio de la electricidad del 9,4 % en un solo mes.
La persistencia de la subida de precios, que encadena 3 años consecutivos y acumula una subida del 16,2 %, empobrece a las familias al tiempo que engrasa las arcas públicas. Como ejemplo de lo primero, hemos retrocedido 6 puntos en
convergencia en renta per cápita en Paridad de Poder Adquisitivo con las economías europeas más prósperas y hemos vuelto al grupo de países pobres con derecho a fondos de cohesión. Respecto a lo segundo, la recaudación por IVA ha aumentado un 28,4
% en los últimos 5 años.
El impuesto silencioso y no regulado que supone en la práctica la inflación es especialmente injusto porque golpea más a las rentas más bajas, que destinan el 63 % de su presupuesto familiar a las dos partidas que más han sufrido la subida
de precios -el 42,6 % a vivienda y el 20,5 % a la alimentación- frente al 39,4 % que destinan las familias con rentas más altas -el 27 % a vivienda y el 12,4 % a alimentación-. De hecho, la subida de precios teniendo en cuenta la distribución de
consumo del quintil más bajo de renta es del 19,4 %; 1,6 puntos más que la subida de precios que afecta a las rentas más altas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Rebajar el IVA de las carnes, pescados, conservas y otros derivados lácteos fermentados; para ayudar tanto a las familias como al propio sector primario.
- Recuperar las rebajas fiscales a la electricidad y al gas hasta final de año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Pedro Puy Fraga, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López y Juan Bravo Baena, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a cubrir los
puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear incentivos que favorezcan la cobertura y la permanencia de funcionarios en la citada comunidad autónoma, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
A lo largo de los últimos años, la presencia institucional del Estado en Cataluña ha ido disminuyendo paulatinamente. Una reducción de la presencia que ha ido en paralelo al aumento competencial y representativo de la Generalitat por las
cesiones del Gobierno a los partidos independentistas. De forma lenta, pero constante, la Administración General del Estado en Cataluña se está viendo reducida y ello, entre otros motivos, por la falta de personal dispuesto a cubrir las plazas
vacantes en dicha comunidad autónoma.
Además, a la escasez de funcionarios se suma también el envejecimiento de la plantilla. Al igual que en el resto de España, el 50 % de los empleados públicos se encuentran en una horquilla entre los 50 y 59 años, siendo la edad media en la
Seguridad Social de 58 años.
Cataluña se ha convertido en una comunidad autónoma de difícil cobertura de las plantillas, debido a circunstancias como la carestía de la vida, el hostigamiento producido por el entorno separatista hacia todo aquello que se pueda considerar
como representativo del Estado. Ello provoca que las solicitudes de traslados a Cataluña sean reducidas y que los pocos funcionarios de nuevo ingreso que llegan concursen cuanto antes a plazas en otros lugares de España.
La carestía de la vida constituye un elemento importante que puede explicar en parte las vacantes de personal de la Administración General del Estado en Cataluña y se traduce, entre otras cuestiones relativas a la vida cotidiana, en la
incomodidad y la falta de intimidad que supone compartir vivienda como consecuencia de los altos precios de los alquileres.
Por otra parte, los empleados que tienen hijos en edad escolar no quieren trasladarse a Cataluña por la dificultad de elegir la lengua vehicular en su educación, ya que no se respeta el bilingüismo en la enseñanza por parte de las
autoridades educativas.
Y por si fuera poco, una minoría separatista pero muy hostil, amparada y fomentada por la Generalitat, tampoco favorece que se cubran las vacantes en la Administración General del Estado.
En Cataluña nunca ha habido tradición de opositar a la Administración General del Estado porque es más rentable hacerlo para la Generalitat, ya que los salarios son hasta un 30 % más elevados (como ejemplos de salarios medios: un nivel
28-A1 en la AGE 40.800 anuales, en la Generalitat 61.642 ; un nivel 26-A2 en la AGE 33.931 , mientras que en la Generalitat 46.805 ; un nivel 22-C1 en la AGE 21.356 y en la Generalitat 25.692 o un nivel 18-C2 en la AGE 17.630 y en la
Generalitat 20.678 ).
Por ello, es habitual que en las convocatorias de los concursos para cubrir las vacantes haya puestos de trabajo que queden desiertos, al resultar poco atractivos.
La falta de funcionarios tiene como consecuencia inmediata una acumulación excesiva de trabajo que hace que no sea posible prestar los servicios públicos de acuerdo con las demandas de cada departamento. Esto tiene repercusiones negativas,
tanto para los ciudadanos, como para los funcionarios, debido al estrés que supone esta sobrecarga y porque suelen ser los que sufren en primera persona las quejas de la gente.
Las oficinas de Extranjería, las oficinas de Registro, el Área de Educación y resto de Áreas Funcionales de la Delegaciones del Gobierno, los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF), las oficinas de la DGT, la Tesorería General de la
Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (donde se han tenido que cerrar oficinas en algunos municipios por falta de personal), el SEPE, etc. son ejemplos de organismos que prestan y gestionan servicios públicos de primer
orden y que se encuentran colapsados por el incremento de trabajo y por la escasez y envejecimiento de sus plantillas.
Ante estos graves problemas, se ponen parches a través de las contrataciones de interinos, lo cual favorece la precariedad laboral y la falta de continuidad en el funcionamiento de los servicios públicos. No se adoptan medidas que den
estabilidad y permanencia en las plantillas de la Administración General del Estado en Cataluña.
La consecuencia de la existencia de deficiencias en los servicios públicos que presta el Estado es la casi inmediata petición de la Generalitat para asumir las competencias. Por ello,
resulta del todo necesario potenciar la Administración General del Estado en Cataluña, impulsando así la presencia institucional del Estado.
Es necesario establecer incentivos para los puestos de la Administración General del Estado en Cataluña, bien de carácter profesional potenciando la carrera de los funcionarios allí destinados, o bien de carácter económico como ya existe
para otras zonas de España de difícil cobertura, como en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta o Melilla.
Resulta imprescindible favorecer la presencia de los empleados públicos en los territorios en los que se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes, de tal forma que con esos incentivos se consiga mantener un mayor grado de
ocupación y una mejor prestación de los servicios públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Cubrir las plazas vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña por la grave escasez de funcionarios y evitar así la sobrecarga actual de los organismos públicos estatales en esa Comunidad, favoreciendo así una
prestación eficaz, ágil y eficiente de los servicios públicos encomendados.
Segundo. Establecer incentivos de carácter profesional o económico para los puestos de trabajo de la Administración General del Estado en Cataluña con la finalidad de conseguir un mayor grado de ocupación y para favorecer la permanencia de
los empleados públicos en dicha comunidad autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Llanos de Luna Tobarra, María del Mar González Bella, Pedro Puy Fraga, María Isabel Prieto Serrano, Santi Rodríguez Serra, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Carlos
Javier Floriano Corrales, Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y Álvaro Pérez López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que
establezca una fiscalidad diferenciada para la provincia de Zamora, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Existen territorios en nuestro país en los que se producen una serie de disfunciones económicas y sociales respecto al resto del territorio español, que inciden negativamente en sus respectivos niveles de desarrollo económico, entre ellas el
Archipiélago Canario y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
La condición de zona ultraperiférica de Canarias es la que justifica el reconocimiento explícito de un Régimen Económico y Fiscal diferenciado dentro del Estado Español.
Por el contrario, el reconocimiento para Ceuta y Melilla se deriva de la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de sus respectivos Estatutos de Autonomía.
La esencia de estas ventajas se basa en el mantenimiento de una menor presión fiscal dentro del territorio español que compense, en cierta medida, los costes adicionales que se derivan de las particularidades de estos territorios.
Existen otros territorios que, sin ser ultraperiféricos geográficamente, lo son en materia de despoblación entre los que se encuentran las provincias de Cuenca, Soria y Teruel y para los que se han arbitrado medidas que puedan paliar la
sangría demográfica, como son Ayudas de Funcionamiento a las empresas de estas provincias que suponen una fiscalidad diferenciada con respecto al resto de provincias españolas.
Las provincias de Cuenca, Soria y Teruel han podido beneficiarse de Ayudas de Funcionamiento, al estar calificadas como zonas 'c' predeterminadas por ser zonas con poca población según la obligación que se desprende del apartado 169 de las
Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (DAR) que establece: 'los Estados miembros deberán en principio designar regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km2 o NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2.'
La provincia de Zamora ha sido calificada como zona 'c' no predeterminada al haber sufrido una pérdida de población cercana al 11 % en el período 2009 a 2018, lo que le ha permitido incrementar la ayuda que se puede otorgar en esta
provincia, pero esa pérdida de población, lejos de mejorar, en el período de 10 años de 2012 a 2023, supera ya el 13 %, surgiendo la imperiosa necesidad de atajar la sangría demográfica que sufre la provincia de Zamora antes de que sea totalmente
irreversible, máxime cuando la edad media de Zamora se ha incrementado desde 2009 en casi 4 años (hasta 51,65 años) frente a los 46,32 de Cuenca, los 47,63 de Soria y los 46,56 de Teruel.
Si analizamos la situación de la provincia de Zamora en comparación con las que ya se están beneficiando de las Ayudas de Funcionamiento, podemos comprobar que desde 1971 hasta la actualidad, la pérdida de población sufrida ha sido de un
35,43 %, muy por encima de la de Cuenca (21,12 %), Soria (23,78 %) y Teruel (22,32 %) lo que ha supuesto una pérdida de 8,67 puntos de densidad de población de la provincia de Zamora frente a 3,1 puntos de Cuenca, 2,71 de Soria y 2,62 de Teruel.
Si la situación demográfica no fuera suficientemente alarmante en la provincia de Zamora, la situación económica comparada con las tres provincias que han conseguido acceder a las Ayudas de Funcionamiento tampoco es halagüeña, el PIB per
cápita según los últimos datos de Eurostat se sitúa en Zamora en 19.100 por habitante, por debajo de Cuenca (21.000 ) y lejos ya de Teruel (23.500 ) y de Soria (25.300 ).
El citado apartado 169 de las DAR, parece dejar clara la imposibilidad de establecer la provincia de Zamora como zona 'c' predeterminada al no cumplir la provincia entera el parámetro de los 12,5 habitantes por km2, pero continúa
estableciendo que: 'No obstante, un Estado miembro podrá designar partes de regiones NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km2 u otras zonas contiguas adyacentes a esas regiones NUTS 3, siempre y cuando las zonas designadas tengan menos de 12,5
habitantes por km2.
Por ello, Zamora podría ser considerada de forma parcial como zona 'c' predeterminada si se excluyesen la ciudad de Zamora, al contar la zona así configurada con una densidad de población de 10,83 habitantes por km2 en el año 2018 según los
datos del INE.
Con esa calificación se podrían acoger parcialmente la región NUTS 3 de ES419 Zamora (excluida Zamora capital) a las Ayudas de Funcionamiento para evitar o reducir la despoblación en zonas con poca o muy poca población, demostrándose el
riesgo de despoblación de la zona en caso de que no se conceda la ayuda de funcionamiento como establece el apartado 57 de las DAR, en la evolución que ha mantenido la despoblación y que se ha explicado anteriormente.
Tampoco podemos olvidar que el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que: 'A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar
su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se
prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen
desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.'
En este contexto de desventajas demográficas graves y permanentes se sitúa según los antecedentes expuestos la provincia de Zamora.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar con la Comisión Europea la inclusión íntegra de la provincia de Zamora como zona con desventajas demográficas graves que permita la aplicación de Ayudas de Funcionamiento y una Fiscalidad Diferenciada que puedan revertir la
situación, llegando al máximo permitido por la Comisión Europea, y que la aplicación sea igual para todas las empresas y autónomos de la provincia de Zamora, sin que existan diferencias entre municipios.
2. En tanto se negocia la inclusión íntegra de la provincia de Zamora, se proceda a la revisión del Mapa de ayudas regionales para España para que se designe como zona 'c' predeterminada la región NUTS 3 de ES419 Zamora (excluyendo Zamora
capital) en virtud del apartado 169 de las DAR para desplegar las Ayudas de Funcionamiento para empresas y autónomos de esta zona determinada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Elvira Velasco Morillo, Óscar Ramajo Prada, Jaime Eduardo de Olano Vela y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Interior
161/000812
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre la existencia de connivencia y tolerancia para con la ideología y comportamientos ultra en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 7 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la existencia de connivencia y tolerancia para con la ideología y comportamientos ultra en el seno de las FCSE, para su debate en instancia en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Durante las festividades de la Magdalena en Castelló de la Plana, específicamente la noche del sábado 2 de marzo, se desencadenó un incidente de extrema violencia protagonizado por un grupo estimado de alrededor de treinta individuos,
algunos de ellos enmascarados con capuchas. El objetivo claro de esta acción fue el Centro Social Antifascista La Cosa Nostra, un espacio donde cientos de personas de diversas edades se congregaban para disfrutar de conciertos y actividades
culturales. Los agresores, armados con palos de madera y barras de hierro, irrumpieron de manera violenta en las proximidades del local, agrediendo indiscriminadamente a quienes se encontraban en los alrededores.
Resulta lamentable destacar que, a pesar de la presencia constante de la Policía Local durante todo el desarrollo de las festividades, no hubo intervención en el momento crítico del ataque fascista. Solo tras múltiples llamadas de
emergencia, las autoridades finalmente desplegaron un operativo policial que permitió la retirada de los agresores del lugar, aunque ya se habían producido diversos actos de violencia.
En otro lamentable suceso, el 18 de febrero de 2022, en el Centro Social Terra de Benimaclet en la Ciudad de Valencia, se registró un incidente claramente motivado por ideologías ultraderechistas durante un acto conmemorativo en honor a
Guillem Agulló, una víctima del fascismo. Testimonios reportaron que se arrojó una sustancia corrosiva sobre los asistentes, causando heridas a varios de ellos.
Resulta llamativo notar que organizaciones como Cuidem Benimaclet, participantes en la convocatoria del evento, también fueron objeto de infiltración policial, según reportes recientes. Este lamentable episodio no constituye un hecho
aislado en los homenajes anuales a Agulló en Valencia, una ciudad que desafortunadamente lidera las estadísticas de ataques fascistas en el país.
Desde el año 2000 se han documentado al menos 215 incidentes relacionados con racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia y otras formas de discriminación en el País Valencià, según un informe en colaboración con el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones. Entre estos eventos se incluyen asesinatos, agresiones a miembros de partidos políticos, ataques a sedes de partidos y amenazas a la comunidad LGTBI+.
Lamentablemente, las autoridades han mostrado en varias ocasiones una falta de respuesta efectiva ante estos ataques, permitiendo incluso que grupos de extrema derecha se enfrenten a manifestantes pacíficos, generando conflictos que podrían
haberse evitado con una intervención más decidida por parte de las fuerzas del orden. Además, han surgido denuncias sobre la complicidad de algunos agentes de policía con actitudes de índole ultraderechista, lo cual plantea serias dudas sobre la
integridad democrática de las fuerzas de seguridad, atendiendo a las frecuentes diferencias en el trato según la ideología y el signo de las protestas y/o manifestantes. Mientras se observa incluso connivencia con manifestantes de signo ultra, a
menudo se puede ver una especial dureza contra protestas de índole antifascista. Estos acontecimientos evidencian una preocupante tendencia hacia la impunidad de actos violentos con motivaciones ideológicas, poniendo en entredicho los principios
fundamentales de convivencia y respeto en nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto el Grupo Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a todos los estamentos públicos a actuar y luchar contra la impunidad de los agresores fascistas y las organizaciones que los amparan.
2. Investigar la presencia de grupos de ultraderecha en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como los vínculos de algunos agentes al culto a ideas ultraderechistas.
3. Ofrecer y dotar de suficiente protección policial a las sedes de asociaciones víctimas de las agresiones fascistas con la finalidad de prevenir y evitar futuras agresiones impunes.
4. Tomar las medidas de refuerzo necesarias para asegurar el cumplimiento estricto de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática que prohíbe explícitamente 'actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o
humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron
al régimen dictatorial'.
5. Realizar un estudio de análisis, seguimiento y control sobre cuáles son los grupos que impulsan la violencia fascista en el País Valencià.
6. Impulsar, a través de la Fiscalía, la persecución activa de los delitos relacionados por razones ideológicas y la intolerancia en el País Valencià.
7. Elaborar y presentar ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un informe con las conclusiones de las investigaciones dispuestas en los puntos 2 y 5 así como las propuestas que se lleven a
cabo para dar cumplimiento al resto de puntos de esta proposición no de ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo de 2024.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congres dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Pilar Vallugera i Balañà, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent l'existència de complicitat i
tolerància cap a la ideologia i comportaments d'extrema dreta dins les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE), per al seu debat en instància a la Comissió d'Interior.
Exposició de motius
Durant les festivitats de la Magdalena a Castelló de la Plana, concretament la nit del dissabte 2 de març, es va desencadenar un incident d'extrema violència protagonitzat per un grup d'aproximadament trenta individus, alguns d'ells
emmascarats amb caputxa. L'objectiu clar d'aquesta acció va ser el Centre Social Antifeixista La Cosa Nostra, un espai on centenars de persones de diverses edats es congregaven per gaudir de concerts i activitats culturals. Els agressors, armats
amb pals de fusta i barres de ferro, van irrompre de manera violenta a les proximitats del local, agredint indiscriminadament els qui es trobaven als voltants.
Resulta lamentable destacar que, malgrat la presència constant de la Policia Local durant tot el desenvolupament de les festes, no va haver-hi intervenció en el moment crític de l'atac feixista. Només després de diverses trucades
d'emergència, les autoritats finalment van desplegar un dispositiu policial que va permetre la retirada dels agressors del lloc, tot i que ja s'havien produït diversos actes de violència.
En un altre lamentable succés, el 18 de febrer de 2022, al Centre Social Terra de Benimaclet a la Ciutat de València, es va registrar un incident clarament motivat per ideologies d'ultradreta durant un acte commemoratiu en honor a Guillem
Agulló, una víctima del feixisme. Testimonis van informar que es va llençar una substància corrosiva sobre els assistents, causant ferides a diversos d'ells.
Resulta remarcable notar que organitzacions com Cuidem Benimaclet, participants en la convocatòria de l'esdeveniment, també van ser objecte d'infiltració policial, segons informes recents. Aquest lamentable episodi no constitueix un fet
aïllat en els homenatges anuals a Agulló a València, una ciutat que, desafortunadament, lidera les estadístiques d'atacs feixistes al país.
Des de l'any 2000 s'han documentat almenys 215 incidents relacionats amb racisme, xenofòbia, antisemitisme, homofòbia i altres formes de discriminació al País Valencià, segons un informe en col·laboració amb el Ministeri d'Inclusió,
Seguretat Social i Migracions. Entre aquests esdeveniments s'inclouen assassinats, agressions a membres de partits polítics, atacs a seus de partits i amenaces a la comunitat LGTBI+.
Lamentablement, les autoritats han mostrat en diverses ocasions una manca de resposta efectiva davant aquests atacs, permetent fins i tot que grups d'ultradreta s'enfrontin a manifestants pacífics, generant conflictes que podrien haver-se
evitat amb una intervenció més decidida per part de les forces de l'ordre. A més, han sorgit denúncies sobre la complicitat d'alguns agents de policia amb actituds d'índole ultradretana, la qual cosa planteja seriosos dubtes sobre la integritat
democràtica de les Forces i Cossos de Seguretat atenent les sovintejades diferències de tracte en funció de la ideologia i el signe de les protestes i/o manifestants. Mentre s'observa fins i tot connivència amb manifestants de signe ultra, sovint
es pot veure una especial duresa contra protestes d'índole antifeixista. Aquests esdeveniments evidencien una preocupant tendència cap a la impunitat d'actes violents amb motivacions ideològiques, posant en entredit els principis fonamentals de
convivència i respecte a la nostra societat.
Per tot l'exposat, el Grup Republicà presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Instar tots els estaments públics a actuar i lluitar contra la impunitat dels agressors feixistes i les organitzacions que els emparen.
2. Investigar la presència de grups d'ultradreta dins les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com els vincles d'alguns agents amb ideologies d'ultradreta.
3. Oferir i dotar de suficient protecció policial a les seus d'associacions víctimes d'agressions feixistes amb la finalitat de prevenir i evitar futures agressions impunes.
4. Adoptar les mesures de reforç necessàries per assegurar el compliment estricte de la Llei 20/2022, del 19 d'octubre, de Memòria Democràtica, que prohibeix explícitament 'actes fets en públic que comportin descrediti, menyspreu o
humiliació de les víctimes o dels seus familiars, i suposin exaltació personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra o de la Dictadura, dels seus dirigents, participants en el sistema repressiu o de les organitzacions que van
sustentar el règim dictatorial'.
5. Realitzar un estudi d'anàlisi, seguiment i control sobre quins són els grups que impulsen la violència feixista al País Valencià.
6. Impulsar, a través de la Fiscalia, la persecució activa dels delictes relacionats per raons ideològiques i la intolerància al País Valencià.
7. Elaborar i presentar davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, en el termini de sis mesos, un informe amb les conclusions de les investigacions disposades en els punts 2 i 5 així com les propostes que es portin a terme per
donar compliment a la resta de punts d'aquesta proposició no de llei.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de maig de 2024.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000823
A la Mesa de la Comisión de Interior
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de D. Alberto Catalán Higueras, diputado por Navarra de Unión del Pueblo Navarro (UPN), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la coordinación entre administraciones como respuesta al aumento de la criminalidad en España para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana define la misma como el requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y afirma que su salvaguarda,
como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
La criminalidad en el conjunto de España ha aumentó un 5,88 por ciento en el año 2023, con una cifra total de 2.459.659 infracciones penales, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, Las cifras actuales de delitos
en España son las más altas de toda su historia. La percepción de seguridad se está deteriorando.
En 2017 solo un 8,7 % de los españoles declaraba haber sufrido un problema de delincuencia, violencia o vandalismo en su entorno, según Eurostat. Ese porcentaje se situaba tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea. En 2020,
último año del que disponemos ese dato, ese porcentaje había crecido al 14,1 y estaba cuatro puntos y medio por encima de la media comunitaria.
En los últimos años, los datos que de forma pública y trimestral ofrece el Ministerio del Interior sobre criminalidad nos alertan de que la delincuencia crece año a año y los de Navarra se comportan peor que la media nacional. La tasa de
criminalidad en Navarra supera en 1 punto, según los últimos datos disponibles del INE del último trimestre de 2023, la de la media nacional, y es 14,3 puntos mayor que la que había en 2015. Un 51,8 % de delitos por cada 1.000 habitantes es una
cifra realmente preocupante, como lo es el enorme crecimiento de los delitos contra la libertad sexual o de tentativa de homicidio.
En España la delincuencia no solo crece, también se transforma. Hay dos tendencias que se sostienen desde hace tiempo y que se han visto consolidadas en el último año. Por un lado, el crecimiento acelerado de la ciberdelincuencia. En los
últimos seis años las estafas informáticas se han multiplicado por cinco y en el momento actual siguen creciendo a un ritmo de más del 20 % anual. Hoy uno de cada cuatro delitos que se denuncian en España es un delito cibernético. La segunda
tendencia es el aumento los delitos violentos, que aumentaron en 2022 un 20 % respecto al año anterior, en especial los delitos de lesiones, que han crecido casi un 40 % desde 2019. Estas cifras muestran un incremento preocupante de la violencia en
nuestra sociedad y merecen una reflexión.
Son sin duda preocupantes datos como el 15,1 % de incremento de los delitos contra la libertad sexual en el último año, el 11,2 % de aumento de los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa, el 9,5 % de los delitos por tráfico de
drogas o el 6,7 % de las sustracciones de vehículos.
Preocupante, también, las situaciones que se vienen dando con mayor frecuencia como son los robos en el interior de viviendas habitadas, incluso con algún integrante de la unidad familiar dentro de las mismas.
Ante esta realidad no cabe apartar la mirada, y es por ello importante actuar desde diversos ámbitos, mejorando la eficacia en la persecución e investigación del delito a través de una oportuna coordinación y, también y especialmente,
buscando nuevas fórmulas que incidan en una mejor prevención de éste.
Con relación a la coordinación, es importante abordar la forma de actuar para la prevención del delito y la forma de participación de las policías locales y autonómicas, en el caso de algunas Comunidades Autónomas, en su investigación. Para
ello existe, entre otros, un precedente que debe tenerse en cuenta, como es el Convenio Marco firmado
el 20 de febrero de 2007 entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de policía judicial que se está demostrando eficaz a efectos de lograr la oportuna coordinación y la más eficiente
utilización de los recursos para la persecución de las infracciones penales, lo que permite a su vez liberar recursos policiales para las tareas de prevención.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Interior insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar la firma de Convenios entre las Delegaciones del Gobierno de España, los Ayuntamientos que cuenten con Policía Local y los Gobiernos autonómicos, con policías autonómicas, para coordinar actuaciones dirigidas a prevenir la
comisión de delitos, de vigilancia en los denominados mapas del miedo, la intervención inmediata y a perseguirlos e investigarlos una vez que éstos se hayan cometido, ajustándose en materia de investigación judicial a lo que establece la Comisión
Nacional de Coordinación de Policía Judicial.
2. Potenciar los acuerdos y colaboraciones entre ministerios, gobiernos autonómicos, organismos y asociaciones que posibiliten actuar en colectivos y grupos de personas que contribuyan a la prevención y concienciación ante la comisión
potencial de delitos.
3. Desde el absoluto respeto y cumplimiento de los ámbitos competenciales, establecer un sistema de cooperación y coordinación eficaz y eficiente del 112 entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que garantice la libertad, la
seguridad y protección y el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
4. Cubrir las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dotarlas de los medios materiales y técnicos necesarios para cumplir con sus funciones.
5. Realizar las modificaciones normativas pertinentes que permitan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Policías Locales y Autonómicas y a los Tribunales de Justicia combatir eficazmente la delincuencia'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancias del Diputado Jon Iñarritu García al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los casos de
infiltración policial en asociaciones, para su inclusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En los últimos años se han descubierto varios casos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía infiltrados en movimientos sociales en Catalunya, Valencia y Madrid. El número de casos hecho público en los dos últimos años, al menos nueve
hasta el momento, hace entrever que el fenómeno es extendido y encuadrado en un programa o plan con el objetivo de hacer investigaciones prospectivas sobre asociaciones o sobre personas, sin autorización judicial, utilizando técnicas invasivas e
impropias de un Estado democrático.
Si bien la infiltración policial en asociaciones no es nueva, hasta la fecha solo se habían conocido casos puntuales. Ahora, en cambio, se han advertido varios casos de agentes que, siguiendo el mismo modus operandi, se han infiltrado en
tejidos asociativos y políticos como -en términos del propio Ministro del Interior- 'agentes de inteligencia'
durante meses e incluso años. En concreto, y principalmente por medio de investigaciones periodísticas de La Directa, El Salto y ElDiario.es, entre junio de 2022 y mayo de 2024, se ha conocido la infiltración de dos agentes del Cuerpo
Nacional de Policía en Barcelona, uno en Valencia, otro en Girona, cuatro en Madrid y uno en Moratalaz.
Estos hechos ponen de manifiesto que la infiltración en movimientos sociales ha sido planificada y ejecutada de forma estructurada. Todos los casos siguen un mismo actuar, existen relaciones entre los agentes descubiertos, así como
evidencias de una estructura para realizar su acometido: presupuesto, inmuebles a su disposición, provisión de identidades supuestas y documentos públicos adaptados a ellas, e incluso personal de apoyo.
Estos agentes, mediante el engaño e identidades falsas, han participado activamente en movimientos y en acciones militantes. Para ello, y con el fin de obtener información han realizado técnicas invasivas accediendo a domicilios, a
comunicaciones privadas, al ámbito familiar e incluso estableciendo relaciones de pareja y sexoafectivas con militantes de los movimientos infiltrados.
Las afectaciones e impactos de este tipo de prácticas se han documentado en varios de los casos conocidos. En términos de salud mental de las personas afectadas, se han constatado daños a nivel personal, relacional, social y laboral. Los
impactos causados incluyen aislamiento social, disminución del rendimiento académico o laboral, pérdida de autoestima e ideación suicida, entre otros. Debido a la vinculación que estas técnicas tienen con la esfera íntima y privada, atentan
directamente contra la dignidad e identidad de las personas. La mayoría expresan haber tenido sentimientos intensos de vergüenza y humillación, dado que ha supuesto un atentado contra su autonomía y una transgresión de sus valores y creencias más
identitarias.
Además, en varios casos ha habido interacciones sexuales impuestas mediante el engaño, que se realizaron de forma planificada, deliberada y con el conocimiento de que se las estaba empujando a realizar actos que atentaban directamente contra
su libertad ideológica y su identidad política. Se trata de una forma de violencia institucional sexualizada.
En términos colectivos y de defensa de derechos, la infiltración provoca un impacto profundo en movimientos y colectivos de la sociedad civil, al promover la criminalización, la desconfianza, la ruptura del tejido asociativo y una
disminución de la capacidad de movilización. El desarrollo de actividades policiales de esta naturaleza respecto de personas que ejercen sus derechos humanos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación tiene un efecto disuasorio, que
actúa como desincentivo para participar o continuar participando en estas iniciativas sociales. En último término, la desarticulación de espacios políticos provoca que la ciudadanía y la sociedad civil organizada no puedan llevar a cabo su
participación social en pro de una sociedad diversa y plenamente democrática.
El Gobierno, en una respuesta parlamentaria del 17 de marzo de 2023 indicó que no se trataría de casos de agentes encubiertos según el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino de agentes de inteligencia al amparo del
artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Seguridad, epígrafe H): 'Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública y estudiar planificar y ejecutar los
métodos y técnicas de prevención de la delincuencia'.
El Gobierno señaló, también, que para desarrollar estas operaciones la Comisaría General de Información 'solicitó la autorización administrativa correspondiente, estando todo ello recogido en un expediente que está declarado SECRETO [...]
con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales'.
En resumen, sin autorización judicial y, por ende, sin una evaluación del objetivo del operativo con base en la prevención de la delincuencia organizada. La debilidad y opacidad de esta regulación marco, en términos de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, no alcanza el umbral de marco legal suficiente de cara a las prohibiciones del Artículo 3 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de la garantía de los derechos reconocidos en los artículos 8,
10 y 11 CEDH.
Toda restricción en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación debe cumplir con los principios de legalidad, persecución de un fin legítimo, necesidad y proporcionalidad. Es decir, deben ser establecidas
por una ley claramente definida que cumpla el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede aplicarse arbitrariamente; su imposición solo puede responder a la protección de fines legítimos, como la seguridad nacional o pública; y
las autoridades deben asegurarse de que utilizan los medios menos intrusivos y lesivos para alcanzar el fin perseguido. Por las razones ya expuestas, difícilmente las operaciones policiales de infiltración reconocidas por el Ministerio del Interior
cumplen con estos principios del derecho internacional de los derechos humanos.
Estas actuaciones policiales han generado un importante debate sobre varios aspectos legales, éticos y políticos, ya que la realidad es que el Gobierno está utilizando técnicas propias de la figura del 'agente encubierto' para investigar a
personas y asociaciones democráticas y legítimas sin un mandato judicial, produciendo un desbordamiento de la legalidad y una interpretación extensiva de la normativa citada por el Gobierno.
Esta actuación es propia del derecho penal del enemigo, ya que esta figura se utiliza para captar información generalista de los movimientos sociales, lo que evidencia la criminalización y la sospecha permanente del Estado sobre dichos
movimientos. El Estado utiliza las herramientas policiales y penales más serias y peligrosas de las que dispone para controlar y dirigir el debate público.
La falta de rendición de cuentas y respuesta institucional ha generado en las personas afectadas y en el conjunto de la ciudadanía una sensación de impunidad, de vulnerabilidad y de desconfianza, al ver cómo su actividad política podía ser
susceptible de tal control policial, sin motivación aparente.
Esta actuación de espionaje asociativo y político es difícilmente justificable teniendo en cuenta que el sistema constitucional y el marco europeo garantizan derechos fundamentales como el de reunión, asociación, participación en asuntos
públicos, sindicación, libertad ideológica, libertad de expresión, derecho a la vida privada y a la prohibición absoluta de la tortura y el maltrato. Todos estos derechos fundamentales estarían siendo limitados, sin motivo y sin autorización
judicial.
Este escándalo por capítulos ha dejado decenas de preguntas sin respuesta:
- ¿Bajo qué indicios o criterios se infiltra movimientos?
- ¿Quién decide a quién controlar y qué movimientos infiltrar?
- ¿Qué información y a quién se reporta?
- ¿Desde cuándo se hace?
- ¿Es un parte de un programa?
- ¿Cuantos agentes infiltrados más ha habido y cuántos hay todavía en movimientos sociales?
Son demasiadas las preguntas que quedan sin respuesta, por ser del ámbito declarado reservado o secreto, pero que nos sitúan ante un escenario donde las FCSE están utilizando unos criterios políticos e ideológicos para controlar y espiar
ciertas asociaciones y a ciertas personas, insistimos, sin mandato judicial y con técnicas invasivas y desproporcionadas. Una práctica carente de marco concreto y que carece de control y justificación. La legislación no prevé el control preventivo
de organizaciones democráticas y legítimas.
El Relator Especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, en su misión de seguimiento al Reino Unido en 2017 -en relación a otro caso de infiltración policial en movimientos sociales-,
destacó que este tipo de operaciones pueden causar un daño profundo e irreparable, tanto 'para las personas sobrevivientes y el bienestar de la población general con respecto al libre ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de
asociación, dados el incremento de los niveles de desconfianza' derivados de la publicación del caso. El mismo apuntó que en estos casos 'el daño solo se puede remediar de manera parcial a
través de un proceso de rendición de cuentas real y transparente para las personas afectadas, a la vez que reparador'.
Como decíamos al inicio, teniendo en cuenta que hasta la fecha se han conocido nueve casos de agentes infiltrados, es de suponer que los detectados sean una ínfima minoría de los que se han llevado a cabo y que esto responde a un plan o
programa en el la cual se han fijado unos procedimientos, unos objetivos y una gestión de la información obtenida.
En definitiva, se está produciendo una actividad impropia, sin tutela judicial, que afecta a derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir a la Comisión de Interior un informe en los próximos tres meses, en relación a los casos de infiltración policial en asociaciones bajo la cobertura de 'agentes de inteligencia', que se han producido en los últimos diez años. En
ellos, especificar el objetivo y objeto/target del operativo, en qué momento se autorizó dicha operación, quién fue el superior jerárquico que la aprobó y a quien se le rendían cuentas. Asimismo, concretar por cuánto tiempo, a qué información se
accedió, como fue tratada la misma, con qué fines y a cuantas personas y organizaciones afectó.
2. Cesar la práctica abusiva de infiltrar movimientos sociales para investigarlos a ellos o a sus miembros sin orden judicial, bajo el supuesto amparo del artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de Seguridad, epígrafe H) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública y estudiar planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.
3. Establecer las garantías necesarias para la no repetición, mediante la implementación de una circular que especifique y limite las funciones asignadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad dependientes de la Comisaría General de
Información en relación a las actuaciones para la captación de información para la seguridad pública y la prevención de la delincuencia previstas en el artículo 11.1.h) LOFCS, incluyendo una previsión expresa de que la práctica de la infiltración
policial solo podrá realizarse en los supuestos y bajo las garantías establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal'.
Palacio del Congreso, 16 de mayo de 2024.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentariio Euskal Herria Bildu.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Rocío de Meer Méndez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), formulan la siguiente
Proposición no de Ley sobre la exención de peajes para vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. La circulación para personas con discapacidad.
Según los datos divulgados por el Observatorio Estatal de la Discapacidad ('OED') 19, en el año 2022 se contabilizan en España un total de 3.391.955 individuos con un grado de discapacidad reconocido. Entre ellos, una parte significativa
presenta limitaciones en su movilidad, si bien esto no les impide utilizar las vías públicas nacionales.
No obstante, el derecho fundamental a la libertad de circulación y desplazamiento, consagrado en la Constitución, puede verse comprometido para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas con restricciones de movilidad. Pese
a los esfuerzos de las autoridades, los agentes económicos y la sociedad, en las últimas décadas, así como de la legislación nacional que busca garantizar el acceso universal a la movilidad, persisten importantes deficiencias en el transporte
público y privado de accesibilidad.
Hasta que el objetivo de un transporte plenamente accesible para todos no se convierta en una realidad en España, es incumbencia de las autoridades adoptar medidas de acción afirmativa que faciliten a las personas con discapacidad el
ejercicio de su derecho a la movilidad en toda su amplitud. Esta demanda ha sido reiterada por la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, la cual ha instado en múltiples ocasiones al legislador a abordar la exención del pago de peajes
para los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida en sus desplazamientos 20. Atender a esta solicitud implica modificar la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, la cual regula las exenciones de peaje en atención a razones
de interés público o utilidad social, como sería el caso de las personas con discapacidad.
Segundo. Los peajes en España
La Red de Carreteras del Estado abarca un total de 26.478 kilómetros, de los cuales 12.091 corresponden a vías de alta capacidad, tales como autopistas, autovías y carreteras de múltiples carriles. Según los registros del Ministerio de
Transportes y Movilidad Sostenible 21, al momento de la redacción de la presente iniciativa se contabilizan 1.435 kilómetros sujetos a peaje directo para los usuarios.
Entre las doce autopistas de peaje en España, dos de ellas cuentan con incentivos financieros. En el caso de la AP-9 Ferrol-Frontera Portuguesa, estas bonificaciones tienen como finalidad 'incentivar el uso de la infraestructura con el
objetico mejorar la seguridad y reducir la congestión y los índices de siniestralidad en las carreteras que ofrecen condiciones de recorrido más estrictas' 22, siendo esta infraestructura la principal arteria de comunicación y desarrollo económico
en Galicia. Estos incentivos, y en ocasiones exenciones, en el pago del peaje contribuyen a incrementar la utilización de estas vías, en detrimento especialmente de las carreteras secundarias que presentan mayores índices de siniestralidad 23. Por
consiguiente, esta medida podría facilitar el acceso a estas vías para las personas con discapacidad, particularmente aquellas con recursos económicos limitados que, hasta la fecha, han descartado esta opción debido a consideraciones financieras.
Tercero. Conclusión
La exención del peaje para vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad que, además, enfrentan limitaciones de movilidad, constituye una medida de innegable índole social. Esta disposición ya se implementa en diversos
países europeos, como Alemania y Austria, y serviría para mitigar, al menos parcialmente, los costos adicionales significativos que afrontan estas personas y sus familias al realizar sus
19 https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cuantas-personas-discapacidad-reconocida-viven-espana-20231004165002.html.
20 https://www.20minutos.es/noticia/5232060/0/cermi-pide-congreso-eximir-pago-peajes-vehiculos-personas-con-movilidad-reducida/.
21 https://www.transportes.gob.es/carreteras/peajes-dependientes-de-la-age.
22 https://www.transportes.gob.es/carreteras/esquema-de-bonificaciones-de-la-autopista-ap-9.
23 https://www.autobild.es/noticias/razon-registran-accidentes-carreteras-secundarias-dgt-866751.
desplazamientos. Esto se debe a su mayor dependencia del transporte privado, dada la falta de accesibilidad en el transporte público.
En VOX abogamos por el respaldo a la autonomía individual y la integración social de las personas con discapacidad, quienes tienen derecho a entornos universalmente accesibles, incluyendo los medios de transporte y la movilidad en general.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 23 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, para incluir a los vehículos para el transporte de las personas con movilidad reducida entre
los exentos de pago de peaje'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la mejora de las conexiones
ferroviarias y aéreas de la provincia de Granada, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
La provincia de Granada es un importante destino turístico a nivel nacional e internacional dado el patrimonio cultural, histórico, artístico y natural que atesora.
Granada recibe anualmente un gran número de visitantes atraídos por su amplia oferta turística; la Alhambra, la Estación de Esquí de Sierra Nevada, el turismo de interior y el atractivo de la Costa Tropical hacen de ella una ciudad única e
irrepetible.
A pesar de este potencial turístico, una de las grandes carencias de la provincia son las conexiones ferroviarias y aéreas con el resto de España y de Europa. Estamos ante una de las principales demandas de los granadinos y de todos los
sectores empresariales y turísticos que conforman la base de la economía granadina.
Estamos ante un territorio que carece de una infraestructura ferroviaria y aérea idónea que le permita consolidar el crecimiento que le facilite alcanzar los niveles de actividad que potencialmente le posibilitan sus condiciones turísticas,
hosteleras e industriales.
Para la provincia de Granada es prioritario mejorar las conexiones, necesita avanzar en esta materia y vertebrar una red de conexiones terrestres y aéreas que le permita estar en el nivel de otras ciudades de España. Las infraestructuras
son esenciales para generar empleo, riqueza e igualdad de oportunidades y, por tanto, son claves para la economía, el empleo, el desarrollo turístico y la cohesión social.
Es obligatorio reclamar mejores conexiones para Granada, ya que ha de tener unas conexiones ferroviarias y aéreas acordes y a la altura de la ciudad.
El aeropuerto necesita estar conectado con la capital de España con más frecuencias, especialmente los días laborales. Las 21 conexiones semanales son insuficientes. También resulta necesario contar con más frecuencias horarias y nuevas
conexiones ferroviarias, con viajes directos a Madrid, como sucede en Málaga y Sevilla, por lo que urge agilizar la obra de la variante de Loja, la continuación de los estudios del tren Guadix-Baza-Lorca, la ejecución del Corredor Mediterráneo a su
paso por la provincia de Granada, que requiere de una planificación rigurosa, ya que afecta al desarrollo del área logística de Granada, así como la conexión de tren entre Granada y el puerto de Motril, que servirá para vertebrar la provincia y
facilitar el transporte de mercancías.
Es nuestra obligación, como representantes de todos los granadinos, luchar contra los agravios que la provincia está sufriendo, trabajar por la unidad competitiva para nuestras empresas, facilitar la llegada de inversiones y turistas creando
las condiciones necesarias para atraer empleo y riqueza a Granada, que requiere de manera urgente la ejecución de las infraestructuras siempre prometidas y nunca realizadas.
La puesta en marcha de importantes líneas de ayuda por parte de las autoridades comunitarias es una oportunidad única que no debemos dejar escapar. Se trata de una ocasión histórica para acceder a los fondos necesarios para llevar a cabo
estos proyectos.
No podemos y tampoco debemos permitir ni un minuto más que Granada continúe en una situación de desventaja en lo que a nuestras conexiones con el resto de España y con el exterior se refiere, tanto ferroviarias como aéreas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar las actuaciones necesarias para que la provincia de Granada tenga unas conexiones ferroviarias y aéreas adecuadas.
2. Informar sobre los plazos y presupuestos de la Variante de Loja y del Corredor Mediterráneo.
3. Comprometerse a la ejecución de la conexión ferroviaria entre Granada y Motril.
4. Continuar los estudios de los correspondientes informes del tren Guadix-Baza-Lorca, comprometiéndose a su finalización en el plazo previsto'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación y el impulso de los trenes nocturnos, para su debate
en la Comisión de Transportes y Movilidad sostenible.
Exposición de motivos
Aprovechando la pandemia de la COVID-19, en 2020 la operadora Renfe suspendió los servicios nocturnos de los trenes que operaban entre Barcelona y Galicia, Madrid y Lisboa, Lisboa y Hendaya, y Madrid y Galicia como parte de las medidas
adoptadas para contener la pandemia. Una vez superada esa fase de contención y confinamiento, la operadora ya ha manifestado que no entra en sus planes el restablecimiento de este servicio, suponiendo el entierro final del ferrocarril nocturno en
España. Una excepción, por cierto, en el marco europeo.
Los motivos que aduce la operadora Renfe son 'estrictos criterios de rentabilidad comercial', puesto que los trenes nocturnos registraron pérdidas de '25 millones de euros en el último ejercicio', según la operadora. Sin embargo, en julio
de 2020 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sentenció en un estudio, previo a la liberalización de la alta velocidad, que 'la operación global de las líneas de alta velocidad ferroviaria es rentable en España, aunque sin
recuperar la inversión', y que 'los resultados globales muestran rentabilidades socioeconómicas entre nulas y mínimas en todos los
corredores'. Es decir, según los últimos datos, la alta velocidad también es deficitaria. Otro de los argumentos para desechar la vía del tren nocturno es que ya se da este servicio de manera diurna y con mayor rapidez mediante la línea
estándar de AVE. Esta premisa es cierta en bastantes ocasiones, pero no con carácter general. Además, ignora que la alta velocidad no cubre buena parte del territorio nacional.
De igual forma existe una competencia directa al tren nocturno: los vuelos low-cost, que ofrecen precios muy bajos y un trayecto mucho más corto en tiempo. Todos los vuelos, convencionales y de low-cost, están fuertemente subvencionados.
El coste de operación de la aviación sería mucho mayor si no gozara de las ventajas regulatorias, como exenciones fiscales: el queroseno es de los pocos combustibles fósiles que no está gravado; los billetes de avión internacionales están exentos
del impuesto del valor añadido (aunque los vuelos domésticos sí que tributan al 10 % de IVA); y las autoridades territoriales proporcionan grandes subvenciones en el uso de las compañías aéreas de los aeropuertos de menor tamaño. Estas ventajas,
de las que no goza el transporte ferroviario, entran en clara contradicción con la necesidad de hacer frente a la emergencia climática, la apuesta por la transición ecológica y el compromiso de reducir en 2030 las emisiones netas de gases de efecto
invernadero en un 55 % respecto a niveles de 1990. La Ley Europea del Clima propone la neutralidad climática de la UE en 2050. Y las cifras, en cuanto a contaminación, se balancean a favor de la alternativa ferroviaria de forma muy clara. En
España todos los ferrocarriles se suministran con energía eléctrica 100 % renovable certificada, por lo que la contaminación desprendida de cualquier persona que en España se suba a un tren, un metro o un tranvía es cero.
Por su parte, Ecologistas en Acción elaboró un estudio titulado Eliminación de vuelos cortos en España que determinaba que 'en lo que se refiere a los impactos en emisiones de las operaciones aéreas prescindibles por disponer de alternativa
ferroviaria, el estudio los cifra en 389.700 toneladas de CO2 en 2019, último año prepandémico con un tráfico aéreo normalizado. Asumiendo que el 100 % de la demanda de estos viajes aéreos se trasladara al tren, el ahorro neto de emisiones se
situaría en 306.125 toneladas de CO2 o, lo que es lo mismo, una reducción de entre el 30 % y el 40 % de las emisiones de todo el tráfico aéreo peninsular'. Existe el compromiso político, rubricado en el actual pacto de Gobierno y aprobado en el
Congreso a través de una Proposición no de Ley sobre la sustitución de vuelos de recorrido corto.
Así pues, para descarbonizar el sector del transporte es imperativo el uso del ferrocarril. Una encuesta realizada por Europe on Rail en 2021 muestra que el 70 % de la ciudadanía europea estaría dispuesta a elegir un tren nocturno si la
oferta fuera 'razonable'. Por lo tanto, existe una clara demanda que en España no se ve en ningún caso satisfecha por la negativa de Renfe a satisfacerla, aislando la península ibérica del resto del continente.Mientras tanto, en Europa no solo
circulan trenes nocturnos con normalidad, sino que diferentes países de la UE están apostando por este modelo, más ecológico y con buenos resultados. El más destacado es la oferta que proporcionan los ferrocarriles austriacos ÖBB con servicio por
toda Europa. ÖBB anunció un servicio nocturno entre Zúrich y Barcelona para finales de este año. Comboios de Portugal ha solicitado licencia de circulación a ADIF para hacer el servicio de noche entre Lisboa y Madrid. En el caso de Francia, los
nocturnos unen las ciudades de París con Niza, Cerbère, la Tor de Querol y Hendaya. Pero hay también casos novedosos como el proyecto de European Sleeper, una cooperativa belgo-holandesa que conecta múltiples ciudades europeas
(Bruselas-Ámsterdam-Berlín-Praga) y que prevé llegar a Barcelona en 2025 desde Ámsterdam con paso por Bruselas.
España está totalmente al margen de esta apuesta europea para el impulso del transporte ferroviario nocturno de pasajeros, porque además en España hay varios trayectos en ferrocarril entre 800 y 1.200 km que pueden ser servidos con trenes
nocturnos. La demanda existe. Las ventajas del tren nocturno, como se dice, es que el viaje dura solo una hora, treinta minutos para dormirse y treinta más para despertarse, permite ahorrar dos noches de hotel, el 15 % de la población europea
tiene miedo a volar, el viaje en tren es infinitamente más confortable que en avión y sus emisiones son cero. En definitiva, España
tiene una asignatura pendiente con el tren nocturno, tanto en las relaciones en su interior como en las conexiones internacionales con Lisboa, París, Bruselas, Milán, Zúrich, Frankfurt y Ámsterdam.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Declarar la Obligación de Servicio Público para los trayectos de ferrocarril nocturnos con el objetivo que la operadora Renfe o cualquier otra pueda realizar estos servicios.
2. Realizar un plan de recuperación de los trayectos nocturnos en ferrocarril que conectarían con Portugal y con Francia, a través de Hendaya/Irún y a través de El Pertús en la línea de alta velocidad. Si llega el caso, el gobierno podrá
convocar un concurso internacional para llevar a cabo dicho plan.
3. Inventariar la reducción de emisiones que supondría la estimulación de los trayectos nocturnos de larga distancia respecto a los vuelos nacionales'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Júlia Boada Danés y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la recuperació i l'impuls dels trens nocturns, per al seu debat a la
Comissió de Transports i Mobilitat sostenible.
Exposició de motius
Aprofitant la pandèmia de la COVID-19, el 2020 l'operadora Renfe va suspendre els serveis nocturns dels trens que operaven entre Barcelona i Galícia, Madrid i Lisboa, Lisboa i Hendaia, i Madrid i Galícia com a part de les mesures adoptades
per a contenir la pandèmia. Una vegada superada aquesta fase de contenció i confinament, l'operadora ja ha manifestat que no entra en els seus plans el restabliment d'aquest servei, suposant l'enterrament final del ferrocarril nocturn a Espanya.
Una excepció, per cert, en el marc europeu.
Els motius que addueix l'operadora Renfe són 'estrictes criteris de rendibilitat comercial', ja que els trens nocturns van registrar pèrdues de '25 milions d'euros en l'últim exercici', segons l'operadora. No obstant això, al juliol de 2020
l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) va sentenciar en un estudi, previ a la liberalització de l'alta velocitat, que 'l'operació global de les línies d'alta velocitat ferroviària és rendible a Espanya, encara que sense recuperar
la inversió', i que 'els resultats globals mostren rendibilitats socioeconòmiques entre nul·les i mínimes en tots els corredors'. És a dir, segons les últimes dades, l'alta velocitat també és deficitària. Un altre dels arguments per a rebutjar la
via del tren nocturn és que ja es dona aquest servei de manera diürna i amb major rapidesa mitjançant la línia estàndard d'AVE. Aquesta premissa és certa en algunes ocasions, però no amb caràcter general. A més, ignora que l'alta velocitat no
cobreix bona part del territori nacional.
D'igual manera existeix una competència directa al tren nocturn: els vols lowcost, que ofereixen preus molt baixos i un trajecte molt més curt en temps. Tots els vols, convencionals i de lowcost, estan fortament subvencionats. El cost
d'operació de l'aviació seria molt superior si no gaudís dels avantatges reguladors, com les exempcions fiscals: el querosè és dels pocs combustibles fòssils que no està gravat; els bitllets d'avió
internacionals estan exempts de l'impost del valor afegit (encara que els vols domèstics sí que tributen al 10 % d'IVA); i les autoritats territorials proporcionen grans subvencions en l'ús de les companyies aèries dels aeroports de menys
tamany. Aquests avantatges, dels quals no gaudeix el transport ferroviari, entren en clara contradicció amb la necessitat de fer front a l'emergència climàtica, l'aposta per la transició ecològica i el compromís de reduir el 2030 les emissions
netes de gasos d'efecte d'hivernacle en un 55 % respecte a nivells de 1990. La Llei Europea del Clima proposa la neutralitat climàtica de la UE el 2050. I les xifres, pel que fa a contaminació, es balancegen a favor de l'alternativa ferroviària de
forma molt clara. A Espanya tots els ferrocarrils se subministren amb energia elèctrica 100 % renovable certificada, per la qual cosa la contaminació despresa de qualsevol persona que a Espanya es pugi a un tren, un metre o un tramvia és zero.
Per la seva banda, Ecologistes en Acció va elaborar un estudi titulat Eliminació de vols curts a Espanya que determinava que 'pel que fa als impactes en emissions de les operacions aèries prescindibles per disposar d'alternativa ferroviària,
l'estudi els xifra en 389.700 tones de CO2 el 2019, últim any prepandèmic amb un trànsit aeri normalitzat. Assumint que el 100 % de la demanda d'aquests viatges aeris es traslladés al tren, l'estalvi net d'emissions se situaria en 306.125 tones de
CO2 o, el que és el mateix, una reducció d'entre el 30 % i el 40 % de les emissions de tot el trànsit aeri peninsular'. Existeix el compromís polític, rubricat en l'actual pacte de Govern i aprovat en el Congrés a través d'una Proposició no de Llei
sobre la substitució de vols de recorregut curt.
Així doncs, per descarbonitzar el sector del transport és imperatiu l'ús del ferrocarril. Una enquesta realitzada per Europe on Rail en 2021 mostra que el 70 % de la ciutadania europea estaria disposada a triar un tren nocturn si l'oferta
fos 'raonable'. Per tant, existeix una clara demanda que a Espanya no es veu en cap cas satisfeta per la negativa de Renfe a satisfer-la, aïllant la península ibèrica de la resta del continent. Mentrestant, a Europa no només circulen trens
nocturns amb normalitat, sinó que diferents països de la UE estan apostant per aquest model, més ecològic i amb bons resultats. El més destacat és l'oferta que proporcionen els ferrocarrils austríacs ÖBB amb servei per tota Europa. ÖBB va anunciar
un servei nocturn entre Zuric i Barcelona per a finals d'enguany. Comboios de Portugal ha sol·licitat llicència de circulació a ADIF per a fer el servei de nit entre Lisboa i Madrid. En el cas de França, els nocturns uneixen les ciutats de París
amb Niça, Cerbère, la Tor de Querol i Hendaia. Però hi ha també casos nous com el projecte de European Sleeper, una cooperativa belgo-holandesa que connecta múltiples ciutats europees (Brussel·les-Amsterdam-Berlín-Praga) i que preveu arribar a
Barcelona en 2025 des d'Amsterdam amb pas per Brussel·les.
Espanya està totalment al marge d'aquesta aposta europea per a l'impuls del transport ferroviari nocturn de passatgers, perquè a més a Espanya hi ha diversos trajectes en ferrocarril entre 800 i 1.200 km que poden ser servits amb trens
nocturns. La demanda existeix. Els avantatges del tren nocturn, com es diu, és que el viatge dura només una hora, trenta minuts per a adormir-se i trenta més per a despertar-se, permet estalviar dues nits d'hotel, el 15 % de la població europea té
por de volar, el viatge amb tren és infinitament més confortable que amb avió i les seves emissions són zero. En definitiva, Espanya té una assignatura pendent amb el tren nocturn, tant en les relacions en el seu interior com en les connexions
internacionals amb Lisboa, París, Brussel·les, Milà, Zuric, Frankfurt i Amsterdam.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de llei
'El Congrés insta el Govern a:
1. Declarar l'Obligació de Servei Públic per als trajectes de ferrocarril nocturns amb l'objectiu que l'operadora Renfe o qualsevol altra pugui realitzar aquests serveis.
2. Realitzar un pla de recuperació dels trajectes nocturns en ferrocarril que connectarien amb Portugal i amb França, a través d'Hendaia/Irun i a través del Pertús en la línia d'alta velocitat. Si arriba el cas, el govern podrà convocar un
concurs internacional per a dur a terme aquest pla.
3. Inventariar la reducció d'emissions que suposaria l'estimulació dels trajectes nocturns de llarga distància respecte als vols nacionals'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de maig de 2024.-Júlia Boada Danés y Fèlix Alonso Cantorné, Diputats.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para recuperar Atocha como estación
operativa del tráfico ferroviario de alta velocidad entre Albacete y Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En los últimos años, el Ministerio de Transportes del Gobierno de España ha tomado una serie de decisiones que han ido aislando a la provincia de Albacete y perjudicando a los usuarios que se dirigen o provienen de esta provincia.
Entre las decisiones que han perjudicado a la provincia de Albacete destaca la del cambio de estación de referencia. En 2022 Adif y Rente cambiaron la estación de llegada y salida del AVE Albacete-Madrid de Atocha a Chamartín.
Esta fue una decisión unilateral, a la que el Partido Popular ya se opuso en el momento de su anuncio. El cambio de estación ha causado muchos inconvenientes para los viajeros de Albacete, como el aumento del tiempo del trayecto (alarga el
viaje 15 minutos más, llegando a tardar prácticamente lo mismo que antes de la llegada del AVE), dificultades para aquellos con billetes combinados y complicaciones en el desplazamiento a la estación.
Por otro lado, el cambio ha privado a los usuarios del beneficio que supone llegar de manera inmediata al centro económico, jurídico administrativo, cultural y social de la capital de España, limitando así el derecho a la movilidad de los
usuarios.
Además, dado el constante flujo de viajeros entre Albacete y Madrid, esta decisión ha afectado negativamente a la actividad económica de la provincia, especialmente para aquellos que dependen del trayecto semanalmente para trabajar en la
capital.
No tiene sentido penalizar una línea tan rentable y con un alto número de pasajeros como es el AVE a Madrid desde Alicante y Orihuela, con parada en Albacete. Es evidente el retroceso y deterioro de la provincia de Albacete en términos de
comunicaciones por tren y en materia de transportes.
La práctica y rápida conexión de la capital de la provincia con Madrid es un servicio que las administraciones públicas tienen que preservar, proteger y mejorar, especialmente la administración local en defensa de los intereses de los
albaceteños, por ello debería participar en la toma de decisiones de este calado que tanto afectan a todos los vecinos de Albacete y, por ende, a todos los vecinos de la provincia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para volver a situar la estación de referencia de los trenes procedentes o con destino Albacete de Chamartín a Atocha.
2. Establecer criterios que impulsen una política en la que Adif y Renfe hagan partícipes a los ciudadanos de las decisiones por las que puedan verse afectados a través de las administraciones locales que les representen, manteniendo con
estas una colaboración público-institucional de diálogo permanente para la mejora del servicio ferroviario.
3. Priorizar la incorporación de Albacete en la planificación de nuevos trayectos y trenes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Carmen Navarro Lacoba y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inmediata adecuación del eje viario de acceso
a Alicante desde el centro de España (A-31), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Autovía A-31, eje de conexión de la provincia de Alicante con Madrid y el centro de la península, tiene unas características técnicas propias de la primera generación de este tipo de carretera, completamente inadecuadas en estos momentos
a la demanda de tráfico y los requisitos de seguridad necesarios en el siglo XXI.
En particular, cabe denunciar:
- Los serios problemas de trazado, especialmente en zonas como el acceso a Alicante o los entornos de Elda o Villena.
- La capacidad insuficiente y, por lo tanto, la necesidad de la implantación progresiva de un tercer carril.
- La solución de los puntos peligrosos.
- La mejora de los accesos a los importantes núcleos urbanos de la zona: desde el mismo Alicante a Villena, pasando por Elda y la conexión con Elche a través del Camino de Castilla.
Por ello, se requiere la programación inmediata de las obras más urgentes, así como la planificación de la renovación integral de este eje viario.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha en 2024 la inmediata adecuación del eje viario de acceso a Alicante desde el centro de España (A-31)'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Sandra Pascual Rocamora y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera, para su discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. Importancia del transporte de mercancías por carretera.
El transporte de mercancías por carretera es un pilar fundamental en la economía de las naciones que destaca por su flexibilidad, así como por su accesibilidad, permitiendo la conexión con áreas menos pobladas. A través de este servicio se
vertebra el comercio de bienes y servicios a nivel tanto nacional como internacional.
De acuerdo con los datos recogidos por la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, el transporte por carretera aporta el 5 % a nuestro Producto Interior Bruto ('PIB') y da empleo a más de un millón de trabajadores en su conjunto
24. Así mismo, '[m]ás del 95 % del movimiento de mercancías en territorio nacional se realiza por carretera y casi tres cuartas partes de nuestras exportaciones de bienes a la UE salen de España a bordo de camiones' 25 .
A pesar de estos datos, el sector atraviesa, como se expondrá a continuación, una crisis en el ámbito nacional y europeo. La presente iniciativa tiene por objeto poner de relieve la importancia del sector y la necesidad de incentivar el
relevo generacional y nuestra competitividad, ante la falta de trabajadores del sector, así como el refuerzo de la seguridad de nuestros conductores en cooperación con las instancias de la Unión Europea.
Segundo. Problemas que atraviesa el sector.
La profesión cuenta con diversos obstáculos que desincentivan el relevo generacional, el trabajo por cuenta propia, o la contratación de varios empleados por parte de los empresarios del sector. A la obtención de los permisos de conducir
específicos se suma la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), asociado a una formación y con unos costes significativos.
El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 26 introduce la figura del 'gestor de transportes' en las empresas del sector y que, en caso de camionero autónomo, será desempeñado por este. A su vez, el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece la necesidad de obtener un certificado de competencia profesional para ejercer como gestor de transportes, el cual se obtiene al superar exámenes
convocados por las Administraciones territoriales 27, con la correspondiente disparidad de criterios. Para poder presentarse a estos exámenes, se requiere poseer ciertos títulos académicos, como el Título de Bachiller, un Título de Técnico, un
Título de Técnico Superior, o cualquier título universitario de grado o postgrado.
24 https://astic.com.es/el-valor-del-sector-del-transporte-por-carretera-superara-los-20-000-millones-de-euros-vab-en-2023-2/.
25 Ibidem.
26 Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista
por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo.
27 https://www.transportes.gob.es/transporte-terrestre/preguntas-frecuentes-faq/requisitos-del-gestor-de-transporte.
Las situaciones expuestas, así como los bajos salarios 28 en el sector transporte, ha provocado una falta de interés en la profesión por parte de la población más joven. Se estima que del total de los 253.000 conductores que ostentan
licencia de conducir de categoría C y C+E (principales licencias para la conducción de camiones), en torno a 114.000 de ellos superan los 50 años. Además, se aprecia la necesidad de alrededor de 20.000 nuevos camioneros en España para cubrir la
creciente demanda del mercado 29.
En respuesta a esta escasez, en lugar de abordar los problemas subyacentes y promover la entrada de nuevos profesionales al sector, el Gobierno ha optado por importar conductores de camiones de Marruecos. Así, ha llevado a cabo un acuerdo
30 con el Reino de Marruecos para el canje de permisos de circulación se efectuará sin tener que realizar exámenes teóricos y prácticos. En el caso de los permisos equivalentes de los españoles de las clases C, C+E, D y D+E, se les exige únicamente
una prueba de circulación en vías abiertas al tráfico general.
Las nuevas facilidades para convalidar el carné marroquí han sido objeto de crítica por parte del sector, que no considera equiparable la formación de un conductor marroquí con la de un español. Por ello cree conveniente la realización de
una formación complementaria, además de señalar importantes diferencias en lo que respecta a la conducción, tecnología y formación.
Tercero. Problemas en el sector a nivel europeo.
Durante los últimos años, especialmente en 2023, han proliferado los casos de robos de mercancías y combustible en camiones cuando estos se hallan estacionados en áreas de descanso de las principales rutas europeas. Estos robos son
perpetrados por organizaciones criminales 31, que han provocado pérdidas directas que superan los 8.200 millones de euros al año 32.
En relación con ello, el sector transportista español ha puesto de manifiesto que en estas operaciones se producen perjuicios económicos que rondan los 3.000 euros por ataque, dado el coste de la reparación del depósito y el valor de la
gasolina sustraída 33. Dado que gran parte de estos sucesos han tenido lugar en territorio francés, el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha solicitado la ayuda del Gobierno para exigir al gobiérno francés dotaciones policiales suficientes
34. Cabe destacar el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, que prevé lo
siguiente:
'la construcción de zonas de descanso en las autopistas aproximadamente cada 100 kilómetros de forma acorde con las necesidades del sector, con el fin, entre otras cosas, de ofrecer zonas de estacionamiento adecuadas con un nivel suficiente
de seguridad y protección a los usuarios comerciales de la carretera'.
Representantes del sector destacan que en Europa existen alrededor de 300.000 plazas seguras, cuando se estiman necesarias en torno a 400.000 35. Por lo que respecta a España, apenas hay una treintena de áreas de descanso con medidas de
seguridad, teniendo algunas de ellas instalaciones y servicios bastante obsoletos 36.
28 Sueldo medio de un camionero en España: 29.400 euros. Sueldo medio en Europa Occidental: 45.000 euros, https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cuanto-cobra- camionero/2901007/.
29 https://www.cope.es/ emisoras/ Catalunya/ noticias/faltan-mil-camioneros-espana-problema-urgente-que-requiere-atencion-inmediata-20240304_3174508.
30 https://www.boe.es/ diario_boe/ txt.php?id=BOE-A-2024-5839.
31 https://www.transporteprofesional.es/noticias-actualidad-transporte-logistica/transporte- de-mercancias/donde-y-cuando-sufren-mas-robos-los-transportistas-arsus-camiones-en-espana.
32 https://eu-parkings.eu/.
33 https://www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2023/08/19/camioneros-region-sufren-oleada-robos-91095111.html.
34 Ibidem.
35 https://www.abc.es/motor/reportajes/espana-necesita-100-areas-seguras-camiones-satisfacer-20230406231157-nt.html.
36 Ibidem.
Cuarto. Conclusiones.
El transporte por carretera es un sector estratégico vital para la economía y la industria de la Nación. Resulta un servicio esencial para la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito nacional y europeo que está perdiendo su
atractivo para las nuevas generaciones. Ante la escasez y envejecimiento de la población de conductores profesionales, el Gobierno de la Nación responde con políticas migratorias irresponsables, tendentes a favorecer, una vez más, a Marruecos.
Por tanto, se requiere una revisión integral de las políticas y regulaciones relacionadas con el sector del transporte para abordar estos desafíos y garantizar un suministro adecuado de conductores profesionales, así como para promover la
seguridad y la eficiencia en el transporte por carretera.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Desarrollar una estrategia a nivel nacional que permita estimular el relevo generacional en el sector del transporte por carretera que integre, como mínimo, las siguientes cuestiones:
a) Reducción de las tasas públicas para la obtención de las licencias de conducción de camiones.
b) Flexibilización de los trámites y condiciones impuestas para poder ejercer como gestor de transportes en España.
2. Derogar conforme a las normas generales del Derecho internacional el Acuerdo alcanzado con Marruecos que permite la homologación de los carnés de conductores de camiones marroquís, y garantizar que cumplen con las mismas exigencias que
los conductores españoles.
3. Fomentar mejora de las condiciones de seguridad y descanso de los conductores, promoviendo la inversión en áreas de descanso seguras en el territorio nacional y, lograr en las instancias de la Unión Europea, la cooperación de los Estados
miembros para el refuerzo en la seguridad de las carreteras de la Red Transeuropea de Transporte'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinaclonal SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adaptación de la nueva normativa sobre Formación Profesional,
para su debate en Comisión de Educación.
Exposición de motivos
Durante el próximo curso 2024/2025 debe comenzar la aplicación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional,
así como el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, al menos en los primeros cursos de los distintos ciclos formativos.
Prácticamente en todas la Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa transferidas, salvo Ceuta y Melilla, se está a la espera de que por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional se establezcan las normas
oportunas que definan el currículo básico para comenzar a desarrollar los currículos autonómicos que afectarán, al menos a los primeros cursos de los ciclos formativos, a partir de septiembre de 2024.
La situación en los centros, tanto desde el punto de vista de los equipos directivos, como del profesorado y el alumnado es de absoluta incertidumbre sobre la adaptación de la nueva normativa a los ciclos de Formación Profesional. La nueva
normativa impone la organización de nuevos currículos que contemplen las particularidades autonómicas, la aportación de cada centro educativo, el establecimiento de módulos optativos, la definición de los cupos del profesorado en función del nuevo
reparto de horas, o la organización de las prácticas en empresas también para el alumnado de los primeros cursos.
Estamos ya en el último trimestre del curso y no existen instrucciones, ni planificación ni diseño del currículo, ni desde el Ministerio de Educación, ni desde las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas. Es más se
plantea un nuevo marco legal donde aparecen nuevos módulos, tales como Digitalización o Sostenibilidad, en una realidad de centros educativos públicos donde a duras penas cuentan con un aula de informática compartida, sin dotación presupuestaría
suficiente, y a costa de los contenidos de FOL (Formación y Orientación Laboral), eliminando saberes referidos a la negociación colectiva, sindicación, diálogo social...; es decir, sobre derechos y deberes en general de las trabajadoras y los
trabajadores.
La aplicación de la nueva normativa sobre Formación Profesional debería ser ante todo una oportunidad para potenciar el sistema público de FP en todo el Estado, ampliando los ciclos y plazas públicas; para dotar de más recursos al sistema y
para mejorar las infraestructuras en los centros educativos.
Por otra parte, la dualización de todos los ciclos de Formación Profesional que plantea dicha normativa no debería suponer la pérdida del control pedagógico de los contenidos curriculares por parte del profesorado y de los centros
educativos.
Esta nueva normativa y la expansión de la Formación Profesional está siendo también utilizada por fondos de inversión y grupos empresariales como una oportunidad de negocio, con claros intereses económicos, que no coinciden con los objetivos
públicos, sociales y pedagógicos que deben inspirar el sistema de FP en nuestro país.
Por otro lado, los nuevos avances en derechos para el alumnado de Formación Profesional como la cotización obligatoria en la realización de sus prácticas -que deberían continuar ampliándose hacia un sistema de retribución del trabajo
realizado, está impidiendo que alumnado migrante matriculado en los centros educativos-, pero que todavía no tiene formalmente sus permisos de residencia y trabajo, no puedan finalizar sus estudios y conseguir su título, de forma que se facilite su
futura inserción laboral plena, debido a la imposibilidad de realizar su alta en el sistema de seguridad social.
Es importante también, desde el punto de vista de los derechos del alumnado, la activación del proceso de aprobación del Estatuto del Becario, para que su aplicación efectiva se lleve a cabo antes del próximo curso escolar.
Debemos destacar además que existe una bolsa de profesores técnicos de Formación Profesional que, por no existir un Grado Universitario equivalente a su especialidad, no han podido consolidar su categoría profesional como personal A1,
equiparado salarialmente al profesorado de educación secundaria. Esta situación está generando una discriminación efectiva con respecto a estos profesores técnicos que están realizando exactamente el mismo trabajo que sus compañeros y están
recibiendo percepciones salariales inferiores.
La prevención de riesgos laborales (PRL) no se está abordando de una manera eficaz en los distintos centros educativos que cuentan con talleres o laboratorios, en los cuales se reproducen situaciones de trabajo, pero no se evalúan ni
controlan los riesgos de la
misma manera que se hace en las empresas. Tanto el alumnado como el profesorado debería estar mejor protegido en estos espacios, dando un completo cumplimiento de la legislación sobre PRL, que en su caso debería adaptarse a estos ámbitos.
La Formación Profesional es un elemento esencial para fortalecer el tejido productivo del país, para aumentar el valor añadido en nuestra economía y también para ofrecer oportunidades laborales dignas y estables a la ciudadanía, y
especialmente a la juventud. Consideramos, por tanto, que es urgente abordar la situación de la adaptación de la nueva normativa sobre Formación Profesional de forma que se consolide y mejore el sistema de FP público, partiendo de un proceso
participativo con toda la comunidad educativa, que incluya a centros, docentes, sindicatos y alumnado. Y por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los diputados insta al Gobierno a:
1. Coordinar con las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, a la mayor brevedad posible, la organización de los nuevos currículos derivados de la nueva normativa de Formación Profesional a desarrollar en el próximo curso
2024-2025.
2. Iniciar un proceso participativo con todos los agentes implicados (centros públicos, docentes, sindicatos y alumnado) para diseñar y evaluar la implantación de la nueva normativa desde el punto de vista de la potenciación de la Formación
Profesional en centros públicos.
3. Coordinar con los gobiernos autonómicos nuevos planes de inversión, combinando fondos europeos, fondos del Ministerio y fondos autonómicos, para la mejora de las instalaciones y centros de FP, ampliación de ciclos y número de plazas en
centros públicos y refuerzo del número de docentes necesario.
4. Estudiar urgentemente los cambios normativos necesarios para posibilitar que estudiantes migrantes sin permiso de residencia o trabajo puedan completar las prácticas establecidas y conseguir el título de Formación Profesional, de forma
que se les facilite su futura integración laboral.
5. Evaluar y estudiar una posible reducción o flexibilización de las horas curriculares en la estancia de empresa en función del sector productivo y la etapa de FP, desde un punto de vista pedagógico.
6. Coordinar con las Comunidades Autónomas un complemento de equiparación salarial del profesorado técnico de Formación Profesional que no ha podido consolidar el grado Al con el profesorado de Educación Secundaria, en función del principio
''a igual trabajo, igual salario''.
7. Estudiar una nueva estrategia o regulación en materia de prevención de riesgos laborales que proteja tanto al alumnado como al profesorado en los talleres y laboratorios de los centros educativos.
8. Establecer mecanismos de vigilancia y control de la estancia del alumnado en la empresa, al realizar la FP dual, por parte de la representación legal de los trabajadores. Inclusión de esta obligación en el artículo 166 del RD 659/2003,
de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del sistema de FP.
9. Desarrollar una verdadera correspondencia entre la acreditación de competencias de los Grados A, B y C, así como la forma de adquirirlas respecto a los Grados D (FPGS, FPGM y FP Básica), que permita una cualificación profesional real.
10. Evitar la pérdida de contenidos en el módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), especialmente los referidos a negociación colectiva, diálogo social, agentes sociales, etcétera. Ante un modelo de FP Dual que refuerza la formación
en la empresa, los contenidos sobre derechos y obligaciones adquieren especial relevancia'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Juan Antonio Valero Morales, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a considerar los ERTE
motivados por la sequía como de fuerza mayor y a la homogeneización de criterios para su apreciación, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La sequía es un problema que sufre nuestro país desde hace mucho tiempo y al que hay que hacerle frente. Actualmente, Andalucía y otros territorios de España se encuentran en un escenario de emergencia, en el que se están aplicando
importantes restricciones en el uso del agua debido a una intensa sequía que ha mermado de forma muy considerable la producción de muchos cultivos. La falta de precipitaciones y la escasez de agua embalsada está llevando a los agricultores y
ganaderos a una situación extremadamente crítica que amenaza, de forma inminente, con llevarse por delante cultivos de numerosas explotaciones en distintos territorios de España, por lo que el sector demanda soluciones y medidas de ayuda.
Revertir las consecuencias de la situación actual de sequía es lo más urgente y lo más importante para el sector en estos momentos, por delante incluso de los costes, que como sabemos, es otro gran problema que padecen. La sequía es un
problema estructural en Andalucía y sus efectos se arrastran desde hace años, con los consiguientes perjuicios para los agricultores.
Ya el año pasado, esta situación, motivó la adopción por parte del Gobierno de España del Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas, en respuesta a la sequía y el
agravamiento del sector primario derivado al conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, si bien, esta norma dejó fuera de su ámbito de protección al olivar, lo que produjo rechazo y malestar por parte de los productores de este
sector, puesto que el cultivo del olivar también se ha visto seriamente afectado por los efectos de la sequía.
Asimismo, para hacer frente a esta delicada situación, se han tramitado expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor debidos a la sequía en diferentes Comunidades Autónomas.
La regulación del procedimiento de los ERTE por fuerza mayor se regula con carácter general, según lo establecido en los artículos 45.1 apartado i) y 47.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada, debiendo ser autorizado por la autoridad laboral, que deberá constatar la causa alegada, indicando la fecha prevista de finalización de la situación de fuerza mayor.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha regulado el procedimiento por parte de la Consejería de Empleo, en virtud de Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se aprueba un
procedimiento automatizado, en el ámbito de los Expedientes de reducción de jornada, o suspensión de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y de fuerza mayor.
De acuerdo con este marco normativo se han tramitado numerosos expedientes en Andalucía, existiendo diferencias sustanciales en los Informes de la Inspección, de tal
suerte que, en algunas provincias el órgano inspector ha apreciado la sequía como causa de fuerza mayor, mientras que, en otras provincias, de la misma Comunidad el organismo Inspector ha realizado una apreciación negativa, considerando que
la sequía no es causa de fuerza mayor, tratándose de explotaciones agrarias similares (la Inspección distingue, por ejemplo, si son productores o cooperativas, si son cultivos de regadío o no... pero no existe un criterio definido...).
Esta realidad, ha provocado agravios comparativos y perjuicios a los agricultores, generando una situación de inseguridad jurídica e indefensión para el sector; siendo nuestra responsabilidad responder ante estas desigualdades y procurar
que las actuaciones de las distintas unidades territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sean homogéneas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en sus informes y actuaciones han
de ser coherentes y uniformes, sin perjuicio de que la valoración de las circunstancias de cada caso debe corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonomía técnica y funcional a todos los efectos.
Asimismo, no podemos obviar que la sequía no solo afecta al sector agrario y ganadero, ya que la carencia de agua causa un efecto dominó, que, también genera consecuencias negativas en otros ámbitos como por ejemplo, los sectores industrial
y de servicios. Es por ello, que en el Grupo Parlamentario Popular vamos más allá, porque somos conscientes de que la sequía no es culpa de nadie, no es fruto de una mala gestión de la empresa o del trabajador autónomo, ni de los agricultores, sino
que éstos son las víctimas de las consecuencias que la falta de agua tiene en sus negocios. No podemos dejar que sectores estratégicos como el turismo o empresas de mantenimiento de jardines, piscinas, etc., echen a la calle a un solo trabajador,
por esta causa, razón por la instamos al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para -con la mayor premura- considerar los ERTE motivados por la sequía como de fuerza mayor.
Además, exigimos que se garantice una unificación de los criterios técnicos aplicados por las distintas unidades actuantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los informes emitidos durante la tramitación de los procedimientos
de estos ERTE por fuerza mayor debidos a la sequía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el seno del diálogo social y en consenso con las Comunidades Autónomas implicadas, adoptar las medidas pertinentes para:
- Que el Ministerio de Agricultura determine las zonas afectadas seriamente por la sequía en España, así como los tipos de cultivos que se han visto afectados de forma intensa por esta situación meteorológica catastrófica, incluyendo el
olivar y los cítricos, teniendo en cuenta que la sequía es un problema estructural, en muchos territorios de nuestro país.
- Que, sin perjuicio de lo establecido en el punto precedente, e independientemente del sector al que pertenezcan, todos los ERTE motivados por la sequía se consideren de fuerza mayor.
- Que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, concretamente el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), a través de su Dirección General, publique o dicte una Instrucción o Criterio técnico para concretar
y definir legalmente, el concepto de Fuerza Mayor, que resulte de aplicación en la tramitación de los ERTE, debidos a la sequía, permitiendo así una homogeneidad de criterios y una mayor seguridad jurídica'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-María Isabel Prieto Serrano y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/000818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la ejecución del
proyecto de hidrógeno circular de ArcelorMittal en Asturias, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El 31 de julio de 2021, el presidente ejecutivo de Arcelor Mittal, Laky Mittal; el consejero delegado del grupo, Aditya Mittal, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez;
se reunieron en la planta de la multinacional de la ciudad de Gijón, para anunciar la inversión de 1.000 M en un ambicioso proyecto de descarbonización en sus factorías asturianas. Se anunció además durante la reunión, la Manifestación de Interés
suscrita por la compañía con el Gobierno de España, para impulsar la modernización de la planta asturiana.
Arcelor Mittal, comprometía así la inversión en nuevos procesos de fabricación para conseguir una importante reducción de las emisiones de CO2, mientras el Gobierno de España por su parte se comprometió a promover reformas e inversiones para
impulsar el desarrollo y crecimiento de un sector industrial fuerte, más competitivo y sostenible.
Los planes de inversión de la compañía según se anunció, se centran en aprovechar fuentes de energía limpia, sin emisiones, en forma de electricidad renovable e hidrógeno verde.
Se utilizaría para ello electricidad renovable, de origen solar, para alimentar electrolizadores que producirían hidrógeno verde, como alternativa al gas natural y con cero emisiones de carbono para las plantas de Gijón y Sestao.
La propuesta para Gijón, la construcción de un horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) con una capacidad de producción de 2,3 M toneladas/año, que se alimentaría con hidrógeno verde y cuya función sería la producción de
prerreducidos de hierro para las plantas de Gijón y Sestao.
Los prerreducidos de hierro se utilizarían en un nuevo horno eléctrico híbrido de 1,1 M de toneladas de capacidad, alimentado con la electricidad procedente de fuentes de energía renovable que se construiría en Gijón. Este proceso supondría
la transición de la planta de un proceso siderúrgico basado en la ruta HA-BOF a otro basado en la ruta DRI y acería eléctrica, lo cual se traduciría en una considerable reducción de su huella de carbono y un millón de toneladas de prerreducidos de
hierro con cero emisiones que se trasladarían de Gijón a Sestao, para su uso como materia prima en los dos hornos del arco eléctrico de la planta.
En resumen, este es el proyecto que Arcelor Mittal, presentaba junto con el presidente del Gobierno, con la previsión de que la nueva planta de DRI -que sería la primera instalación de estas características en España- y el nuevo horno de
arco eléctrico entrarían en producción antes del final de 2025.
El 25 de mayo de 2022, en Davos, el Ministerio de Industria firmó un acuerdo con Arcelor Mittal para desarrollar un proyecto de inversión público-privada para impulsar la descarbonización del grupo empresarial y producir acero verde en los
centros industriales de Asturias y País Vasco.
En dicho acuerdo, se plasmó que el Ministerio de Industria, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, facilitaría financiación para la construcción de un horno eléctrico en Gijón, una planta de reducción directa del
mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde en esa misma instalación y la posibilidad de un nuevo horno eléctrico en Avilés.
El 4 de abril de 2023, el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto por el que se regulaba la concesión directa de 450 millones de euros para la ejecución del proyecto de hidrógeno circular de Arcelor en Asturias. Esta ayuda se enmarcaba
dentro del PERTE de Descarbonización, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El plan de Arcelor, según anunciaba el Gobierno, recogía medidas para mejorar su competitividad a través de nuevas inversiones, como el nuevo horno eléctrico en la planta de Gijón, una planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI)
con hidrógeno verde en esa misma instalación y la posibilidad de un nuevo horno eléctrico en Avilés. Además, la compañía participaba en el proyecto HyDeal que permitiría convertir a la Cornisa Cantábrica en el hub de hidrógeno verde más importante
del mundo.
El día 9 de mayo, Arcelor anuncia en Asturias la obra de un horno eléctrico en Gijón, pionero en Europa, sin garantizar la planta DRI, cuando esa es la clave del futuro de la planta dado que los hornos eléctricos se alimentan de productos
que salen de las plantas DRI. Sin esta planta, el nuevo horno de arco eléctrico presentado en Gijón, no podría funcionar a pleno rendimiento.
A menor actividad, menores puestos de trabajo, por lo que se está poniendo en riesgo un millar de empleos. Sólo entre los años 2022-2023, la industria en Asturias perdió 4.900 puestos de trabajo, un descenso del 8,5 %; hasta un total de
14.900 empleos destruidos en el sector industrial en los últimos 15 años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con el acuerdo firmado entre el Ministerio de Industria y ArcelorMittal el 25 de mayo de 2022, para impulsar la innovación y la descarbonización del grupo empresarial con un proyecto de inversión público-privada para producir
acero mediante la utilización de hidrógeno verde, contribuyendo al crecimiento de un sector industrial fuerte, más competitivo y sostenible.
2. Modificar el límite de la dotación presupuestaria máxima permitida por la normativa estatal para la compensación de los costes indirectos por CO2 de la industria electrointensiva y compensar hasta el límite máximo actualmente permitido
para estas ayudas con el 25 % de los ingresos procedentes de derechos de emisión de CO2.
3. Modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos para que la industria electrointensiva española compita en igualdad de condiciones con el respecto al resto de industrias europeas.
4. Implementar todas y cada una de las medidas necesarias para impedir la pérdida de inversiones en nuestro país, así como la deslocalización de las industrias establecidas en el territorio.
5. Instar al gobierno asturiano a desarrollar una política industrial que dote de certidumbre al tejido empresarial de la región, favorezca la competitividad de las industrias ya establecidas y genere un entorno adecuado para la atracción
de nuevas inversiones'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Esther Llamazares Domingo, María Mercedes Fernández González, Silverio Argüelles García y Francisco José Conde López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar la deslocalización de la
empresa
Saint-Gobain en Avilés (Asturias) y apoyar a los trabajadores de Sekurit, división de automóvil de la empresa, que ya ha anunciado su cierre inminente, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El cierre de la división Sekurit en Avilés, anunciado por la multinacional francesa Saint- -Gobain, ha generado una situación de gran preocupación en los trabajadores, en las 280 familias afectadas y en toda la ciudad. Este cierre deja sin
empleo a más de 160 trabajadores directos y otros 120 indirectos que pertenecen a empresas auxiliares, de las que alguna de ellas, ya ha anunciado que se verá obligada a cesar también la actividad, con el correspondiente impacto en la ciudad y en
toda la región asturiana.
Tras el cierre de Baterías de Cok, la venta y posterior cierre de Alcoa del que aún no se ha recuperado el sector, sumamos ahora planta de Sekurit, dedicada a la fabricación de parabrisas para automóviles y tenemos como resultado, la pérdida
de más de 1.354 puestos de trabajo en la industria avilesina, en tan solo cinco años.
En principio, Saint-Gobain ha anunciado que espera poder mantener la división de construcción, en la que invertirá próximamente 5 M para la reparación de un horno, como muestra de continuidad.
La consecuencia del cierre de la planta de Sekurit, deriva del asentamiento de la multinacional francesa Saint-Gobain en Marruecos, donde está presente desde 1999 y donde ha reforzado en los últimos años su presencia industrial, lo que avala
su estrategia de crecimiento en países emergentes.
La decisión de desviar la producción de Saint-Gobain Sekurit a Marruecos se basa en varios factores clave:
- Costes laborales y proximidad geográfica:
La proximidad geográfica con Europa facilita la logística y el acceso a los mercados europeos.
- Inversión en formación y equipamiento industrial:
Saint-Gobain Sekurit ha realizado una importante inversión en formación para su equipo en Marruecos.
La nueva fábrica en Kénitra está equipada con tecnología de última generación para la fabricación de parabrisas.
- Estabilidad política y potencial industrial:
Marruecos se considera un país con estabilidad política y un potencial industrial en crecimiento.
La estrategia de Saint-Gobain incluye fortalecer su presencia en esta región para aprovechar oportunidades de negocio.
En resumen, Saint-Gobain Sekurit eligió Marruecos debido a su combinación de costes competitivos, proximidad a Europa y potencial industrial.
La deslocalización de empresas españolas a otros países plantea desafíos económicos y sociales. Es fundamental proteger el tejido empresarial nacional y garantizar la sostenibilidad de empleos locales.
Las razones por las que las empresas en Asturias enfrentan grandes desafíos en términos de competitividad industrial son variadas y complejas. Sin embargo, algunos de los factores principales son: la falta de infraestructuras adecuadas, la
necesidad de mayor innovación y diversificación del tejido productivo, la acelerada transición a las energías renovables para la industria básica que impide a las empresas disponer de un precio energético competitivo y estable, oferta formativa no
alineada a las necesidades de la industria, la excesiva carga burocrática y la sangría fiscal entre otras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recabar el compromiso del Gobierno nacional y el Gobierno del Principado de Asturias para evitar el cierre y la deslocalización de la división Sekurit de Avilés, con el fin de salvaguardar el empleo y el tejido industrial.
2. Establecer un diálogo con Saint-Gobain para identificar las distintas líneas de ayuda industrial disponibles en todos los niveles administrativos, para realizar inversiones y mantener la actividad de la compañía.
3. Generar un marco estable y competitivo que atraiga empresas, inversiones y proyectos industriales para que instalen en la región y generen empleo de calidad.
4. Solicitar al Gobierno de Asturias medidas que faciliten la reubicación laboral o la recualificación profesional de los empleados, en caso de que la fuerza laboral pueda verse afectada por la situación de la compañía.
5. Realizar las gestiones necesarias para proporcionar los desarrollos logísticos que faciliten el desarrollo industrial de la región'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Esther Llamazares Domingo, María Mercedes Fernández González, Silverio Argüelles García y Francisco José Conde López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Maria José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección y fomento de la industria textil de España, para su discusión en la Comisión de Industria y
Turismo.
Exposición de motivos
Primero. El textil en el sector productivo español.
El sector de la moda española, que engloba la actividad de la industria textil, la confección de prendas de vestir y la industria del cuero y el calzado, tiene una gran importancia para el conjunto de la industria nacional. En 2022, el
conjunto del sector aportó 37.700 millones de euros al Producto Interior Bruto ('PIB') nacional, lo que supuso el 2,8 % del total. El sector textil español exporta productos por valor de 23.574 millones de euros, siendo Francia el destino
prioritario, y siendo una de las ramas de actividad del sector industrial con mayor porcentaje de ventas en el exterior. Concretamente, un 38 % 37. Por su parte, las importaciones se incrementaron en un 25 % con respecto al año anterior, siendo
China nuestro mayor proveedor con 7.428 millones de euros facturados 38.
Según los datos publicados en el Informe Económico de la Moda en España, en el año 2022, el número de empresas dedicadas a esta actividad era 19.676, ocupando a 129.894 personas 39. De ellas, más del 80 % son pequeñas y medianas empresas,
con
37 https://www.ine.es/dvngs/Prensa/EEESI2022.htm.
38 https://www.modaes.com/files/publicaciones/free/2023/informe-economico-2023/#page=46.
39 https://www.modaes.com/ files/publicaciones/free/2023/informe-economico-2023/#page=16.
menos de 10 empleados 40. En cuanto a la distribución interna del sector, la industria textil factura el 45 % del total, la industria de confección el 29 % y la del cuero y calzado el 26 %.
Además, según el citado informe, elaborado por el medio de comunicación especializado Modaes, la variación anual de la facturación del comercio textil se incrementó en un 19,7 % tras dos años (2020 y 2021) de caídas 41. Sin embargo, cabe
destacar que esta subida fue insuficiente, teniendo en cuenta que los dos años anteriores se registraron caídas del 41,3 % y 16,2 %, respectivamente.
Segundo. Problemas de distinta naturaleza que viene sufriendo la industria textil.
La pandemia provocada por la COVID-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno -declaradas inconstitucionales en su mayoría por el Tribunal Constitucional-, frenaron de manera súbita y general la actividad industrial y comercial. Estas
medidas tuvieron como principal consecuencia el cierre de miles de tiendas y comercios que implicaron la pérdida de importancia del sector en su contribución a la economía nacional 42. Como ejemplo, según los datos publicados, el número de empresas
españolas que entraron en concurso de acreedores aumentó un 54,79 % en 2021.
A lo anterior se deben sumar los problemas que sufren todas las familias y empresas españolas: aumento del coste energético, incremento del índice de Precios al Consumo (IPC) y desabastecimiento de las materias primas, entre otros.
Por otro lado, el sector de la moda padece especialmente los efectos perjudiciales de la venta ilegal y las falsificaciones. Estas actividades delictivas, además de atentar contra la propiedad industrial, dañan al mercado, a los
consumidores, a las empresas, a la sociedad y al propio Estado. Según los datos aportados por el Gobierno 43, en 2021 se dictaron 795 sentencias firmes de condena por delitos contra la propiedad industrial, siendo el sector de la moda uno de los
más perjudicados.
Por último, se debe hacer referencia al daño que supone para la industria textil nacional el hecho de que compañías españolas produzcan en otros países donde los costes de producción son más bajos. Este fenómeno está motivado porque en
dichos países existen menores cargas administrativas, las legislaciones medioambientales son más permisivas y la legislación laboral no garantiza los derechos de los trabajadores de la manera que lo hace en España 44.
Tercero. Necesidad de un plan nacional de industria.
Si tenemos en cuenta los datos relativos a las tendencias, la facturación del comercio textil en Europa, excluyendo el lujo, creció un 13 % en 2022 y un 5 % entre enero y junio de 2023. Sin embargo, según el estudio elaborado por McKinsey y
Business of Fashion, The State of Fashion 2024, para el presente año se prevé un crecimiento de entre el 2 % y el 4 % 45.
Así, según el citado informe, las empresas líderes del sector subrayan a la incertidumbre como el factor definitorio del futuro más cercano para la industria textil. Las razones explicativas de dicho sentimiento en el sector son: la
perspectiva de un crecimiento económico moderado, una inflación persistente y una débil confianza de los consumidores 46.
En el documento también se prevé para el año 2024 'que la presión sobre los ingresos de los hogares reduzca la demanda de prendas de vestir y provoque una disminución del comercio en todas las categorías' 47. Esto obedece a unos altos
niveles de inflación que se están manteniendo a lo largo del tiempo, así como a la inestabilidad geopolítica.
40 https://www.modaes.com/files/publicaciones/free/2023/informe-economico- 2023/#page=24.
41 https://www.modaes.com/files/publicaciones/free/20237informe-economico-2023/#page=100.
42 https://edicionessibila.com/wp-content/uploads/2021/ll/pdf informe económico 2021.pdf.
43 Respuesta parlamentaria a formulación del Grupo Parlamentario Vox. https://www.congreso.es/es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecvcle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas
mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV& iniciativas_id=186 %2F004468.
44 https://www.publico.es/internacional/bangladesh-industria-textil-ropa-esclavitud.html.
45 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insiehts/state-of-fashion.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
Por otro lado, durante 2021 China vendió a la UE prendas de vestir por valor de 25.531 millones de euros, aumentando las importaciones a ritmo del 7 % anual entre 2011 y 2021 48. En concreto, nuestra dependencia ha aumentado, puesto que el
20,8 % de las importaciones españolas de moda en 2022 procedieron del gigante asiático 49.
Estos hechos, unidos a la tendencia bajista que afecta al sector textil en España son una alerta. En consecuencia, se debe elaborar urgentemente un Plan Nacional de industria, especialmente dirigido al sector textil, que aborde sus desafíos
y revierta la situación actual del tejido productivo. Además, el Gobierno debe promover en las instancias europeas un plan común que favorezca a los productos intracomunitarios, con el fin de promover la independencia frente a intereses externos y
superar las restricciones medioambientales que obstaculizan el crecimiento de las industrias europeas, incluida la industria textil española.
Cuarto. Conclusiones.
El sector textil goza de una gran tradición con muchos siglos de implantación en España. Esta industria contribuye de manera crucial al desarrollo económico de nuestra Nación y a su proyección internacional, ya que ostenta un alto nivel de
calidad y diseño en sus productos y creaciones.
La moda española debe continuar estando a la vanguardia de la generación de empleo y riqueza en España, y para ello es preciso frenar el retroceso económico que está sufriendo, proteger su industria y su patrimonio, así como mantener y
reforzar el liderazgo internacional de la marca España. En consecuencia, urge elaborar un plan de apoyo al sector de la industria textil y del calzado y adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su importancia en el conjunto de la
economía nacional, garantizando las mejores condiciones para sus empresas, trabajadores y familias.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la elaboración de un Plan Nacional de Industria que sirva de apoyo a la industria textil.
2. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar la importancia de la industria textil en el conjunto de la economía nacional, garantizando las mejores condiciones para sus empresas, trabajadores y familias'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial
161/000803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
48 https://www.modaes.com/entorno/europa-agranda-su-dependencia-comercial-de-china-tras-el-bache-de-la-pandemia.
49 https://www.modaes.com/entorno/la-moda-espanola-eleva-la-dependencia-de-china-a-su-maximo-desde-2017.
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la protección de la toponimia tradicional es español para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Primero. La renuncia a defender el patrimonio de la lengua española.
El transcurso de nuestra democracia ha supuesto que los distintos Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP) hayan cedido en incontables ocasiones a las aspiraciones de los separatismos regionales. En
diversas regiones españolas, el Estado ha renunciado a estar presente y a proponer las bases de un futuro común en unidad y con respeto a nuestra rica diversidad. Antes, al contrario, se ha dejado que los conceptos de convivencia y de diversidad se
interpreten en esas zonas como negación de España y como odio a nuestra Nación. Centrándonos en el ámbito estrictamente lingüístico, pese a los términos claros del referido precepto constitucional, las llamadas 'políticas', 'modelos' o 'sistemas'
lingüísticos de ciertas Comunidades Autónomas han generado problemas, lo que el referido artículo 3 quiso evitar tratando de asegurar la convivencia de una lengua común y oficial del Estado, el español, con las lenguas cooficiales en ciertas
regiones 50.
Lo anterior tiene como consecuencia que ese rico patrimonio, que debería ser motivo de orgullo para todos, se ha utilizado como arma arrojadiza, como campo de batalla y como instrumento para construir determinados discursos con fines
políticos. Se pervierte, así, la función del lenguaje como herramienta comunicativa, que es su funcionalidad prioritaria, y las distintas lenguas españolas se utilizan por los separatistas para excluir, para enfrentar, para señalar.
Tercero. La riqueza de la toponimia.
Durante muchos siglos, el uso cotidiano y literario de la lengua española consagró una riquísima toponimia que no se circunscribe a la geografía de los actuales límites nacionales. Al contrario, los cinco continentes guardan vestigios de la
enorme influencia española en la historia: aún hoy pueden encontrarse nombres de países, islas, ríos, ciudades, montañas o lagos que tienen origen español. Tal riqueza constituye un patrimonio cultural reconocido y admirado en el mundo entero.
A pesar de lo anterior, y de forma paradójica, el uso de los topónimos en español de algunos municipios y provincias ha sido reemplazado por el topónimo en la lengua cooficial correspondiente. La lengua de todos está siendo excluida en
favor de un discurso identitario y los poderes públicos del Estado no hacen nada por evitarlo.
Cuarto. La desaparición de topónimos en español del ordenamiento jurídico.
Este intento de que el español deje de ser la lengua común ha cristalizado en distintas leyes estatales y autonómicas que retuercen la interpretación del artículo 3.3 de la Constitución Española. Así:
- Ley gallega 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística.
Artículo 10.1: 'Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega'.
- Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las provincias de Gerona y Lérida, aprobada durante la presidencia de Felipe González.
- Ley balear 3/1986, de 19 de abril, de Normalización Lingüística.
50 En la jurisprudencia constitucional hay llamadas a la 'racionalidad y proporcionalidad' en la exigencia del bilingüismo (STC 82/1986), desde la afirmación de que el régimen de cooficialidad lingüística presupone 'no solo la coexistencia
sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales' y del 'derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma' (STC 337/1994).
Artículo 14.1: 'Los topónimos de las islas Baleares tienen como única forma oficial la catalana'.
- Ley 13/1997, de 25 de abril, por la que pasa a denominarse oficialmente 'Iles Balears' la provincia de Baleares, aprobada en la primera legislatura en que José María Aznar fue presidente del Gobierno.
- Ley catalana 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística.
Artículo 18.1: 'Los topónimos de Cataluña tienen como única forma oficial la catalana, de acuerdo con la normativa lingüística del Instituí d'Estudis Catalans, excepto los del Valle de Aran, que tienen la aranesa'.
- Ley 2/1998, 3 de marzo, sobre el cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Orense, también en la primera legislatura con gobierno del Partido Popular.
- Ley catalana 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Aran.
- Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente 'Araba/Álava', 'Gipuzkoa' y 'Bizkaia' las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente 'Álava', 'Guipúzcoa' y 'Vizcaya', en los últimos meses de mandato de José
Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.
- Otras normas, con mejor criterio, han establecido el bilingüismo como forma de designar los distintos lugares de su geografía. Así, la Ley vasca 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera (artículo 10.1), la
Ley Foral navarra 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence.
De lo anterior se observa que numerosas normas con rango legal, además de otras muchas con inferior jerarquía, han permitido y fomentado que se proscriba el uso del castellano y establecido que la única denominación oficial sea la de la
lengua vernácula. Ello se ha hecho de forma desconectada de la realidad, que en muchos casos implica que el uso popular continúe siendo el del topónimo en español. Así, como consecuencia de estas leyes se han borrado del ordenamiento jurídico,
como si nunca hubieran existido, topónimos en español de amplio uso aún hoy como Lérida, Gerona, Orense o Fuenterrabía.
Con este arrinconamiento del español se busca favorecer a una lengua por criterios exclusivamente políticos y falsamente identitarios, con el objetivo de imponer su uso en detrimento del español, única lengua respecto de la cual la
Constitución impone a todos los españoles el deber de conocimiento.
De esta manera, existe un riesgo evidente de que las nuevas generaciones de españoles no lleguen siquiera a conocer los topónimos tradicionales, que en muchas ocasiones proceden del latín. Es inadmisible que el idioma materno de 400
millones de hablantes en el mundo sea excluido en su propio país de origen.
Esta tendencia, que como ha quedado de manifiesto ha alcanzado de lleno al propio ámbito legislativo nacional, no solamente constituye un atentado contra el español como lengua oficial y común de la Nación, sino que es asimismo un ataque
contra la propia configuración del español como idioma. Para empezar, algunos de los topónimos en lengua regional son invenciones impuestas artificialmente como denominación del lugar correspondiente para desplazar la tradicional designación en
español. E incluso, en lugares como Mallorca, se catalanizan topónimos tradicionales en mallorquín. Por ejemplo, el tradicional Lluch, por el catalanizado Lluc. También con intencionalidad política pancatalanista. Al igual que ocurre en la
Comunidad Valenciana. En otros casos, hay un genuino nombre original de la localidad o zona que tiene su procedencia en la lengua regional, y lo que se hace es excluir y tratar de eliminar su denominación en lengua española.
Es indudable que, al emplearse la lengua española y aludirse a un lugar cuya designación tiene forma en dicho idioma, es precisamente esta forma la que debe utilizarse. Sin embargo, leyes como las indicadas han establecido normas en el
sentido exactamente contrario, excluyendo la oficialidad de los topónimos españoles. Hay que decir que esta normativa constituye un intolerable ataque contra la integridad del español, al excluirlo de la designación de los lugares de varios
territorios de nuestro país. La
agresión, además, ha ido más allá, al pretenderse que en los medios de comunicación y en ámbitos no oficiales nunca se empleen los topónimos españoles. Un buen ejemplo son las reacciones, tan injustificadas como sobreactuadas, que suscitan
las llamadas de la Real Academia Española a emplear designaciones en lengua española cuando se utiliza este idioma fuera del entorno oficial.
Quinto. Conclusión.
El Grupo Parlamentario VOX considera que es necesario que el Gobierno de la Nación adopte un conjunto coherente de medidas para garantizar de una vez por todas el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Española, asegurando el fin del
arrinconamiento que sufren el español y los hispanohablantes en las comunidades autónomas con particularidades lingüísticas propias, y la sustitución de la toponimia como arma de modificación cognitiva y excusa para liquidar la memoria colectiva.
En este sentido, se entiende conveniente regular el uso de la toponimia histórica en español en todo el territorio nacional, a fin de que sea oficial en toda España, sin perjuicio de las otras lenguas españolas allí donde estas existan.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Española en materia de toponimia y denominaciones oficiales y, en consecuencia, el derecho de todos los españoles a no ser discriminados por usar el español, que es la lengua
oficial del Estado.
2. Promover que se regule mediante ley el uso de la toponimia histórica en español en todo el territorio nacional.
3. Restaurar, en las regiones con régimen de cooficialidad lingüística, la doble denominación, en español y en la lengua regional respectiva, de aquellas entidades territoriales que hayan sido desprovistas de ella, promoviendo a tal efecto
la derogación de las normas que hayan materializado la exclusión del castellano.
5. Adoptar las medidas necesarias en materia de régimen local para que se conserve la toponimia tradicional en español junto con la correspondiente en la lengua cooficial.
6. Garantizar que las normas reguladoras del Registro de Entidades Locales, del Registro Central de Cartografía y del Sistema Cartográfico Nacional exijan para la válida inscripción, registro e incorporación de una determinada denominación,
al menos, su versión en español, como lengua oficial del Estado.
7. Promover la derogación de las leyes que han erradicado las denominaciones en español en las regiones con particularidades lingüísticas propias y la recuperación de esas denominaciones en todas las instancias oficiales'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2024.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jorge Campos Asensi y Carina Mejías Sánchez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto demográfico
161/000817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, en su respectiva condición de Portavoz,
Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo del veto al Reglamento
de Restauración de la Naturaleza propuesto por varias Naciones europeas, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea.
El 22 de junio de 2022 la Comisión Europea presentó la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Restauración de la Naturaleza (en adelante, 'Propuesta de Reglamento'), enmarcada dentro del conjunto de políticas
medioambientales promovidas desde la aprobación del Acuerdo de París y que vienen a integrar el contenido del Pacto Verde Europeo, en consonancia todo ello con los principios políticos de la Agenda 2030. El propósito de este Reglamento es regenerar
los ecosistemas -supuestamente- degradados en los Estados miembros de la Unión Europea ('UE'), contribuir a los objetivos climáticos y de biodiversidad, y mejorar la seguridad alimentaria.
Este Reglamento establece la obligación para los Estados miembros de adoptar planes nacionales orientados a restaurar al menos el 30 % de los hábitats designados por el mismo para pasar de un estado deficiente a uno bueno antes del año 2030,
con un incremento de los hábitats restaurados de hasta el 60 % en 2040 y del 90 % en 2050.
Asimismo, se insta a los países de la UE a garantizar la reconversión del medio natural a su estado originario. Para ello, en el ámbito de la biodiversidad de los agroecosistemas, se requiere a las naciones implementar medidas para mejorar
indicadores como el índice de aves comunes asociadas a medios agrarios, o reducir emisiones en el sector agrícola mediante la restauración de turberas drenadas en un porcentaje progresivo hasta el 50 % en 2050 51. Además, se comprometen a
transformar al menos 25.000 km de ríos en cauces libres para 2030 y asegurar la preservación de espacios verdes urbanos y cubierta arbórea urbana.
Este texto fue aprobado el 27 de febrero de 2024 por el Parlamento Europeo con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. No obstante, ha sido objeto de oposición en el seno del Consejo por parte de representantes de ocho naciones
52, lo que plantea desafíos considerando los requisitos de mayoría cualificada establecidos en el artículo 16.4 del Tratado de la Unión Europea.
Segundo. Efectos perjudiciales de la propuesta de Reglamento de Restauración de la Naturaleza.
Bajo una apariencia medioambientalista, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza criminaliza a agricultores, ganaderos y pescadores, lo que supone un ataque directo contra el sector agroalimentario, cuyos intereses no han sido
debidamente considerados.
La pretensión de la Comisión Europea de devolver los ecosistemas al estado originario implica la reducción de superficies agrícolas, perturbando la cadena de suministro, la disminución de la producción de alimentos y el aumento de los
precios para los consumidores. Además, la imprecisión de algunos conceptos utilizados en el texto aprobado, como por ejemplo 'ecosistemas dañados', deja abierta la interpretación sobre qué terrenos podrían resultar afectados, incluyendo
explotaciones agrícolas, infraestructuras viales, presas y diques, entre otros.
51 https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240223IPR18078/nueva-ley-para-restaurar-el-20-del-suelo-y-el-mar-de-la-ue.
52 Hungría, Italia, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia y Bélgica,
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12739970/03/24/hungria-se-suma-a-otros-siete-paises-y-bloquean-la-aprobacion-de-la-ley-de-restauracion-de-la-naturaleza.html.
Esto ha llevado a las asociaciones agrarias 53, 54 a expresar su absoluto rechazo hacia la filosofía y el articulado de esta Propuesta de Reglamento. Advierten sobre posibles consecuencias económicas devastadoras para el sector
agropecuario, especialmente en España, donde aproximadamente el 40 % de la superficie total podría resultar afectada, convirtiendo con ello la agricultura y la ganadería en actividades no rentables. Además, alertan sobre el aumento de la carga
burocrática y la desprotección del modelo social y profesional de la agricultura.
Tercero. Situación del sector agroalimentario español.
Como se ha mencionado, la situación en España reviste una importancia particular debido al papel estratégico que juega el sector agroalimentario en nuestro modelo económico e industrial.
De acuerdo con el informe de 2022, 'Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo', elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la industria agroalimentaria española constituye un
elemento crucial en el entramado empresarial nacional, contando con la participación de 29.462 empresas (representando el 9,9 % del total de la UE), situándose como el tercer país con mayor número de empresas agroalimentarias en la UE, únicamente
superado por Francia e Italia 55.
Pero el futuro de nuestra industria agroalimentaria y sector primario está en riesgo, tal como lo expresan sus propios actores 56, que exigen que tanto el Gobierno español como las instituciones europeas prioricen los intereses de nuestro
sector primario en el diseño de las políticas públicas, abandonando las exigencias amparadas en el ecologismo radical.
En este sentido, cabe destacar que la rentabilidad de las explotaciones está cada vez más comprometida 57 debido al incremento generalizado de los costes de materias primas e insumos. Por ello, el relevo generacional en el campo español se
presenta como uno de los desafíos más acuciantes para mantener la soberanía alimentaria 58. Esta Propuesta de Reglamento cercena la posibilidad de ejercer la agricultura y la ganadería en amplios territorios donde lleva siglos practicándose.
Implicará una carga adicional para los agricultores, así como mayores restricciones a su competitividad y un aumento en los costes de producción, aspectos que han sido denunciados en las recientes movilizaciones del sector. Además, esta Propuesta
de Reglamento ignora el papel que desempeña la actividad agraria y forestal en el mantenimiento del medio ambiente, y va en detrimento de la soberanía alimentaria comunitaria y española.
En otro orden, es relevante señalar que los principales beneficiados por la aprobación de esta Propuesta de Reglamento serán los países exportadores de productos agrícolas a la UE, como Marruecos, Sudáfrica o Egipto, a quienes se les permite
competir de forma desleal, sin tener que sujetarse a las mismas exigencias medioambientales que los países de la Unión.
Cuarto. Conclusiones.
La industria agroalimentaria es un sector muy arraigado en la sociedad española y un importante motor de nuestra economía. La diversidad y calidad de los productos agroalimentarios españoles no solo enriquecen el sector primario, sino que
también desempeñan un papel determinante en el sector servicios, particularmente en el turismo.
Resulta por tanto imprescindible proteger los intereses del mundo rural español ante las políticas ambientales impulsadas desde Europa, las cuales obedecen a agendas externas y no reflejan la realidad y necesidades del campo.
53 https://www.asaja.com/publicaciones/votacion_clave_en_el_parlamento_europeo_sobre_la_ley_de_restauracion_de_la_naturaleza__11830.
54 https://coag.chil.me/post/coag-e2809cla-ley-de-restauracion-de-la-naturaleza-dejaria-en-manos-de-grandes-c-445208.
55 https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2023/06/Sector-Agroalimentario-Espa%C3%Bla-UE-27_Informe-2022_MADRID_DEF.pdf.
56 https://www.revistafrisona.com/Noticia/30000-personas-alzan-su-voz-en-madrid-por-el-futuro-del-campo.
57 https://www.abc.es/economia/campo-cierra-ano-marcado-sequia-baja-rentabilidad-20240104135634-nt.html.
58 https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/falta-jovenes-autonomos-campo-puede-acabar-agricultura-menos-diez-anos/20231010152559032604.html.
La Propuesta de Reglamento representa una nueva afrenta al sector agrícola al fomentar la conversión de terrenos destinados a la agricultura para lograr una supuesta 'restauración de la naturaleza'. Estas exigencias deben ser eliminadas
para preservar la preeminencia de la industria agroalimentaria española y europea, especialmente en un contexto de competencia desleal con terceros países.
En definitiva, el Gobierno de España debe alinearse con otras naciones europeas como Hungría e Italia y vetar el desarrollo de esta Propuesta de Reglamento, la cual amenaza directamente los intereses nacionales, nuestra seguridad y soberanía
alimentaria y la estabilidad del sector agrícola español.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar el veto a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Restauración de la Naturaleza en el seno del Consejo, junto con los representantes del resto de
gobiernos que han defendido sus intereses nacionales y los de su sector agroalimentario'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/000850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación, su portavoz lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley en defensa del Movimiento Ecologista, para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 10 de mayo, durante la Junta General de Accionistas de Repsol, su Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, acusó a las organizaciones en defensa del clima de ser las responsables del calentamiento global.
'Greenpeace, Finanzas Éticas y muchas personas como ustedes, movidos por el dogma y la ideología, son los responsables de que el consumo de carbón y las emisiones de CO2 [dióxido de carbono] en el mundo estén subiendo'. Según Imaz,
organizaciones como Greenpeace son culpables del aumento de las emisiones porque, 'en muchos casos, presionan a las instituciones financieras y a los inversores para que no inviertan en petróleo y gas y, por tanto, no acometan la financiación de
proyectos'. Esto -asegura el consejero delegado de Repsol- 'hace que el precio del gas suba' y que los países del sur global se vean obligados a comprar carbón, mucho más contaminante que el gas fósil.
Esta fue la forma en la que el Consejero Delegado de Repsol respondió a la representante de Greenpeace, Celia Ruiz, que en el turno de preguntas ha criticado que sigan acaparando riqueza a costa de una actividad que causa pobreza energética
y desastres naturales y se cobra la salud y la vida de millones de personas.
A pesar de las palabras del señor Imaz, los datos son otros. En concreto, sobre su empresa, y tal y como la propia organización Greenpeace destaca:
- Repsol es responsable del 62 % de las emisiones de todas las empresas de IBEX35 (fuente: Observatorio de Sostenibilidad).
- Repsol está en el puesto 50 de 122 entre los mayores contaminadores mundiales desde la revolución Industrial (fuente: InfluenceMap).
- Datos de extracción de petróleo y gas de Repsol: 599.000 barriles al día en 2023, un 9 % más que en 2022 (el 60 % del consumo de España)
- Repsol es responsable de al menos 26.000 de esas muertes prematuras potenciales debido exclusivamente a temperaturas extremas
- Gracias al petróleo y el gas, Repsol se desembolsó 5.011 millones de de resultados y 2.460 millones de de dividendos para sus accionistas.
Por otro lado, la ciencia nos dice que, para evitar el calentamiento de 1,5 °C, hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global un 43 % en 2030, y que con las políticas actuales no llegamos. Los combustibles
fósiles suponen el 75 % de esas emisiones. Por lo tanto, reducir su producción y consumo es la única forma de conseguir reducir las emisiones en la cantidad necesaria.
Precisamente, una reciente investigación del Congreso de los Estados Unidos, iniciada hace tres años en el seno del Comité de Supervisión y de Contabilidad de la Cámara de Representantes, acusa a las petroleras de negacionistas y de usar sus
beneficios multimillonarios para practicar el greenwashing. Según las conclusiones de esta investigación, 'Durante décadas ia industria fósil ha conocido el efecto económico y los daños climáticos de sus productos, su negación del cambio climático'
se ha sustentado en el cultivo de 'semillas verdes' -en alusión a sus proyectos sostenibles- con las que han suplantado 'operaciones encubiertas' y en las que han usado 'dinero negro, ficticios foros de transmisión de sus iniciativas de bajas
emisiones, falsos dictámenes económicos y frecuentes métodos de influencia política con lobbies para bloquear cualquier progreso contra la catástrofe climática'.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Reprobar las declaraciones del señor Josu Jon Imaz, en la medida en que suponen un discurso claramente negacionista.
2. Poner en marcha una auditoria que determine la cantidad de recursos públicos que se destinan a la industria de los combustibles fósiles, y realizar un plan de desinversión.
3. Promover controles y garantías para frenar la influencia de los lobbies en el proceso legislativo, en concreto, de la industria petrolera en las políticas climáticas.
4. Mostrar su apoyo expreso a las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra el cambio climático'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura
161/000799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de apoyo a los actos conmemorativos
del centenario de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El origen de las ferias internacionales y universales procede de las tradicionales ferias nacionales francesas, que tenían como objetivo la compraventa de objetos y las muestras de los avances tecnológicos del país. Eran, por tanto, unas
ferias relacionadas con la actividad fabril. Las exposiciones nacionales e internacionales suponían al mismo tiempo una muestra de fuerza y de capacidad que mostraban los diferentes países, en un momento de enormes conflictos geopolíticos.
La primera feria mundial o universal tiene lugar en Londres en el palacio de cristal en 1851, y tras ellas seguirán otras muchas de manera cada vez más organizadas, y alcanzando su mayor auge en el siglo XIX.
Tras una primera etapa donde la industrialización era la base de estas exposiciones, se pasó a otras ferias que centraban su esfuerzo en el intercambio cultural, y ya entrado el siglo XX, en lo que se denomina marca-nación, mostrando al
resto del mundo las particularidades por las que se da a conocer el país anfitrión, o bien poniendo el foco en alguna temática de interés mundial (como la Expo del agua de Zaragoza en 2008).
Esta iniciativa se centra en el impulso a los actos conmemorativos del centenario de la Feria Internacional de Barcelona del 29, coetánea con la Hispano-americana que tuvo lugar en Sevilla.
La Exposición Internacional de Barcelona tuvo lugar del 20 de mayo del 1929 al 15 de enero de 1930. Participaron en ella una veintena de naciones como Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, Italia o Suiza y expositores privados japoneses o
de los Estados Unidos.
El buen resultado económico, tecnológico y urbanístico de la ciudad durante 1888 impulsó esta nueva exposición que supondría un importante avance urbanístico de la ciudad, proyectando los avances tecnológicos de la industria catalana y
española.
La Exposición Internacional de Barcelona de 1929 constituyó un gran acontecimiento para la ciudad de Barcelona, no solo desde el punto de vista cultural y económico, sino también desde el ideológico, el urbanístico y el arquitectónico, que
originó una remodelación de una parte de la ciudad, en este caso la montaña de Montjuic, así como de sus zonas colindantes, especialmente la Plaza de España.
El esfuerzo constructivo y urbanístico que supuso nos dejó como herencia una gran cantidad de palacios, pabellones y construcciones diversas: el Teatro Griego, el Pueblo Español, el Estadio Olímpico, los palacios de Alfonso XIII y Victoria
Eugenia, el Pabellón de la Ciudad de Barcelona, la Casa de la Prensa, las Torres Venecianas, la Fuente de Jujol, etc., además de la herencia de los pabellones que dan entrada a Montjuic como espacio expositivo.
Otros pabellones temporales desaparecieron inmediatamente después de la clausura de la Exposición, o demolidos a lo largo del siglo XX, en muchas ocasiones para ser sustituidos por otros edificios más al gusto de las nuevas modas, que no por
eso más adecuados a las funciones requeridas.
Uno de los edificios más impactantes fue el pabellón alemán de Mies Van Der Rohe, donde se definían las premisas del movimiento moderno. Una obra maestra alejada del movimiento regionalista que aun se extendía con fuerza en España, y que
marcó el inicio del movimiento moderno en España. La imagen no podría contrastar más con la opulencia y grandiosidad del Palacio Nacional que presidía el recinto ferial de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.
La etérea y escultural obra del Pabellón Barcelona se convertiría en una de las obras maestras del movimiento moderno en el mundo. Este pabellón se concibió para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XII, junto con las
autoridades alemanas.
Gracias a Oriol Bohigas, el pabellón fue reconstruido con las mismas técnicas y mismos materiales en su lugar de origen, gracia a lo cual hoy podemos disfrutar de una de las obras maestras del movimiento moderno.
Los trabajos se iniciaron el 1983 y el nuevo edificio se inauguró en 1986, después de 56 años de su ausencia y en su ubicación original. Oriol Bohigas fue quien impulsó la iniciativa e Ignasi de Sola Morales, Cristian Cirici, y Fernando
Ramos, fueron los arquitectos designados. Fue financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y contó con la participación
y el soporte del Colegio de Aparejadores de Barcelona, convirtiéndolo en un monumento muy visitado y cita ineludible para cualquier estudiante de arquitectura y para los amantes del diseño. Un momento referente del paisaje cultural común
que iba desarrollándose en toda España.
Una vez decidida y aprobada la celebración de la Exposición, se dio inicio a un debate abierto y polémico sobre la elección del lugar en el que se celebraría la misma. De hecho, la ciudad se encontraba en pleno proceso de expansión y
ofrecía diversas posibilidades. Finalmente, el lugar elegido fue Montjuic, que fue el primer emplazamiento no llano para el desarrollo de una exposición internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un plan de acción de apoyo a los actos conmemorativos del centenario de la Exposición Internacional del 29 en Barcelona con las siguientes actuaciones:
- Desarrollar las acciones necesarias para solicitar la presidencia de Honor de la Efeméride centenario de la exposición internacional del 29 en Barcelona a sus majestades los Reyes de España.
- Considerar la efeméride acontecimiento cultural declarado de excepcional interés público (AEIP) a los efectos de la aplicación de beneficios fiscales.
- Aprobar una comisión interadministrativa para coordinar los actos conmemorativos.
- Impulsar, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, acciones que permitan difundir a nivel internacional los actos conmemorativos.
- Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas, unidades didácticas para incorporar contenidos educativos relacionados con la citada efeméride'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, María Eugenia Carballedo Berlanga, Jaime Miguel
de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Agustín Parra Gallego y Santi Rodríguez
Serra, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de una agenda de
actos para la conmemoración del centenario del fallecimiento de Gaudí, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El modernismo o la arquitectura modernista es un movimiento estilístico y arquitectónico comprendido entre los años 1890 y 1925, que toma su auge una vez entrado el siglo XX, con diferencias notables en cada país donde se desarrolla, pero
con el mismo sentido de arte nuevo que une a todos.
En todas las ubicaciones, la industrialización marca este estilo arquitectónico, que busca un nuevo lenguaje alejado del historicismo, con nuevos códigos, ajeno a la rigidez estructural, para poder desarrollar unas composiciones oníricas
inspiradas en la naturaleza, el movimiento y la nueva tecnología que permite nuevas composiciones con el hierro y el vidrio.
El modernismo encuentra en el art Noveu de Bélgica una manifestación destacada, con Víctor Horta (con la casa Solvay y su característico interior de diseño muy recargado, con lámparas, papel pintado, vidrieras, etc.), con la casa Tassel y
Van de Velde, que plasma el ideario modernista en su arte futuro, y con el personal estilo de la Villa Bloemenwerf.
El movimiento vienés denominado Sezession (1897) tuvo como arquitectos a Otto Wagner y Josef María Olbrich (con su pabellón de la exposición de la secesión con las pinturas Gustav Klimt) y en paralelo el movimiento de Múnich a Franz von
Stuck.
En el Reino Unido, el modernismo vino precedido por el movimiento Art and Craft donde Ruskin y Morris, precursores del diseño industrial, consiguieron dar respuesta a la falta de humanidad de las primeras piezas industrializadas en el ámbito
del arte mobiliario, y abrieron un gran debate sobre la necesidad de unir la fábrica con la artesanía. En arquitectura, la singularidad de Mackintosh con un desarrollo más geométrico busca también ese particular nuevo estilo.
En España, es también en las áreas más industrializadas donde este movimiento toma importancia, aunque la podemos encontrar de manera puntual en la geografía española.
En grandes ciudades modernistas como San Sebastián o Bilbao, o en Astorga y Huelva encontramos interesantes propuestas, al igual que con ciertas viviendas unifamiliares en Sevilla o Cádiz. Mención necesaria es el magnífico catálogo de más
de 600 edificios modernistas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
El modernismo español se extiende también con fuerza en el levante español. Novelda (Alicante) cuenta con un museo del modernismo, y Valencia atesora un interesante patrimonio modernista como es el edificio de su mercado.
Dentro de la geografía española es en Cataluña donde la explosión industrial surgió con más fuerza, y con ella el movimiento modernista. Una gran producción de pintores, diseñadores y artistas en general, cuyas obras se pueden seguir
disfrutando en muchos museos catalanes como el Museo del Modernismo Catalán o el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
Pero si tenemos que hablar de un arquitecto español de referencia internacional en el ámbito del modernismo es, sin duda alguna, Antonio Gaudí Cornet, impulsor del modernismo catalán, que marcó a la ciudad condal y a toda Cataluña con su
estilo personalísimo.
Entre otros referentes del modernismo catalán hallamos a Lluís Doménech i Montaner, con su obra cumbre del Palau de la Música, Juan Rubio, discípulo de Gaudí en su obra de la casa Pomar, o Josep María Jujol, colaborador estrecho de Gaudí y
arquitecto del inconcluso monasterio de Montserrat. Todos destacan de manera muy especial en el universo Gaudí. Su personalidad y su gran producción hicieron que su obra se conociera en todo el mundo.
Obras tan importantes como el parque Güell (la familia Güell fue uno de sus principales mecenas), la casas Batió o la Pedrera, no solo lo convirtieron en uno de los arquitectos del momento modernista, sino que dejó una impronta en Cataluña y
en otros puntos de España (como el capricho de Gaudí en Comillas, Santander, o la Casa Botines en León). Un patrimonio que sigue haciendo vibrar al que lo visita.
Su obra recorre edificios industriales, como la maravillosa nave de Blanqueo de Matará, donde su estructura portante es además pura escultura, viviendas plurifamiliares y unifamiliares, parques, edificios públicos, pabellones, fuentes... y
su estilo va variando desde el neogótico, al conocido modernismo que pasó por varias etapas hasta el orientalismo, pero siempre con un estudio profundo de la geometría y la innovación. Una obra que cuidaba al detalle, con el diseño del mobiliario
las carpinterías, la iluminación o el diseño de sus paramentos. El uso de materiales tradicionales, pero dentro de esta nueva
forma de entender la composición, la cerámica o la madera son señas de su identidad, que buscan la inspiración en la fusión de estilos y de culturas y en las inconfundibles formas de la naturaleza que podemos encontrar en la mayoría sus
obras.
Su obra maestra, aunque inconclusa, la Sagrada Familia, es todo un reto estructural, y recibe cada día un promedio de cera de 13.000 visitas. Un ejemplo artístico para todos los españoles, contribuyendo al paisaje cultural común de España.
Tras su trágica muerte en junio de 1926, a causa del atropello de un tranvía, dejó un enorme legado a nuestro país.
Fue Salvador Dalí, quien a partir de los años 50 reivindica el reconocimiento del impagable legado de Gaudí, al que siguieron los arquitectos Sert o años más tarde Oriol Bohigas.
En 1952, centenario del nacimiento del arquitecto, se fundó la Asociación de Amigos de Gaudí, para divulgar y conservar su legado y en 1956 se creó la Cátedra Gaudí, perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña, con el objeto de
profundizar en el estudio de su obra y su conservación. Cinco años después se realizó una exposición retrospectiva en el MOMA de Nueva York.
En 1969, 17 obras de Gaudí se catalogan como Monumentos Histórico-Artísticos de Interés Cultural por parte del Ministerio de Cultura español (RD 1794/1969), siendo el primer artista 'contemporáneo' en alcanzar esta distinción y en 1984
varias obras del arquitecto fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Se han realizado diferentes celebraciones de las efemérides relacionadas con el gran artista. En 1976, con motivo del 50 aniversario de su muerte, el Ministerio de Asuntos Exteriores organizó una exposición sobre Gaudí que recorrió todo el
mundo.
Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Gaudí se celebró en el año 2002 el Año Internacional Gaudí, con multitud de actos oficiales, conciertos, espectáculos, conferencias, publicaciones, etc.
Parece necesario y oportuno que, en el centenario de su muerte, se conmemore el fallecimiento de Gaudí.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí declarando el año 2026 como Año Gaudí, para lo que promoverá:
- La elaboración de una guía de actos, en colaboración con la administración local y autonómica, para el reconocimiento en toda España de la inmensa obra de uno de nuestros artistas más universales.
- El desarrollo en colaboración con el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española el impulso de la promoción de la obra y figura de Gaudí en el ámbito internacional'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Edurne Uriarte Bengoechea,
Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Agustín Parra Gallego y
Santi Rodríguez Serra, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a conmemorar el bicentenario del fusilamiento de
Agustín Agualongo y honrar a quienes defendieron la integridad de España en los procesos de secesión americanos, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. Breve biografía de don Agustín Agualongo
La biografía de don Agustín Agualongo es un ejemplo más de cómo la Leyenda Negra ha sido aceptada acríticamente por los españoles. En el imaginario popular, influenciado por una historiografía de parte, ha calado la idea de que los procesos
de secesión de la América española fueron celebrados por la inmensa mayoría social de los españoles sitos en América frente a una minoría realista, mayoritariamente procedente de la península, que resistió sin éxito un movimiento tremendamente
popular y cuasi unánime.
Sin embargo, la realidad dista mucho de ser así. Existen multitud de personajes que revelan que en las guerras de secesión en Hispanoamérica hubo criollos, mestizos e indígenas en ambos bandos y, tal y como afirmó un general separatista
cercano a Simón Bolívar, '[l]a independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes; las clases elevadas fueron las que hicieron la revolución: los ejércitos españoles se componían de 4/5 partes de hijos del país; los indios en general
fueron tenaces defensores del gobierno del Reino, como que presentían que como tributarios eran más felices de lo que serían como ciudadanos de la República' 59.
Precisamente uno de los indígenas que destacó sobremanera en los campos de batalla americanos durante este acontecimiento histórico fue don Agustín Agualongo.
Nacido en Laguna o Nariño (entonces Virreinato de Nueva Granada, hoy en día en territorio colombiano) en 1780 60, recibió de sus padres una educación completa que le permitió desarrollar su talento para la pintura. Los historiadores
coinciden generalmente en que don Agustín Agualongo se dedicó a las artes pictóricas desde 1790 a 1811. Fue en este año, ya comenzados los procesos de secesión americanos, cuando se alistó en las tropas realistas, concretamente en la 3.ª Compañía
de Milicias del Rey, para hacer frente a los separatistas quiteños. Pronto destacó por 'su coraje [que] le dio fama de imbatible, y fue el terror de las tropas' 61 separatistas. Desde 1811 hasta 1824 pelearía entre la actual Colombia y Ecuador en
numerosas batallas, incluida la Batalla de Ibarra (1823) frente al propio Simón Bolívar.
Su apoyo leal y valiente hasta el final a la causa de España, es decir, la causa de la integridad de España en los procesos de secesión de América, fue incansable hasta el punto de que se granjeó el respeto y admiración de sus enemigos por
su 'tenacidad, su astucia y capacidad militar' 62.
Como se ha dicho, su figura combate esa falsedad histórica ampliamente difundida de que la población indígena apoyó masivamente a los rebeldes. Ejemplo de ello es su rápido ascenso hasta el generalato: según los historiadores que
estudiaron su figura, fue el único militar indígena en la América española que alcanzó el rango de general de brigada de los ejércitos realistas. Y es también una prueba de que en la España virreinal se cumplía aquello que dice Calderón de la Barca
en esos famosos versos sobre la mayor relevancia del mérito personal frente al origen social para determinar la valía de quienes sirven en las filas de los ejércitos de España -'[...] que nadie espere/que ser preferido pueda/por la nobleza que
hereda,/sino por la que él adquiere [...]' 63-.
59 https://gaceta.es/actualidad/el-deber-de-honrar-a-nuestros-heroes-un-homenaje-a-los-realistas-hispanoamericanos-20220315-0730/.
60 Esta semblanza se basa en la nota biográfica de la Real Academia de la Historia: https://dbe.rah.es/biografias/5291/agustin-agualongo-almeida.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 https://www.zendalibros.com/el-verso-de-calderon/.
Además, su oposición a la secesión y su lealtad a España se evidenciaron de nuevo en sus últimos momentos con vida: cuando le ofrecieron jurar fidelidad a la Constitución de la República de Colombia como condición para seguir con vida, se
negó rotundamente. El académico Jaime Álvarez recoge en su Manual de Historia de Pasto, en las páginas dedicadas a don Agustín Agualongo, las que fueron sus últimas palabras el 13 de julio de 1824, antes de ser fusilado por las tropas separatistas:
'Si tuviese veinte vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España'.
Segundo. Conclusión
La historia de España está repleta de héroes conocidos y anónimos que, con su vida, defendieron la integridad y los intereses de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Resulta necesario, pues, recordar y conmemorar a quienes nos
precedieron en la defensa de España y destacaron en el cumplimiento de su deber. La historia de España en América es fundamental para entender nuestro presente. Si la historia del mundo no se puede entender sin España, aún más la historia de
América no se puede entender sin los personajes que protagonizaron innumerables gestas durante el periodo virreinal y en las guerras de secesión, como don Agustín Agualongo.
Los poderes públicos tienen el deber de divulgar nuestra historia entre los españoles, de manera que puedan tener referentes que destacaron por distintas virtudes (lealtad, sacrificio, amor a España, fortaleza, prudencia. Además, esta
ocasión es la más propicia para recordar a don Agustín Agualongo: el 13 de julio de 1824 se cumplirán 200 años desde su fusilamiento. Es de justicia aprovechar esta efeméride para dar a conocer a los españoles la figura de compatriotas ejemplares
como don Agustín Agualongo y tantos españoles que lucharon en defensa de España durante las guerras de secesión americanas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Conmemorar el bicentenario del fusilamiento de don Agustín Agualongo en memoria de su defensa de la integridad de España en América.
2. Divulgar la figura de don Agustín Agualongo con homenajes a su trayectoria vital y aportaciones a la historia de España.
3. Promover la elaboración de materiales didácticos sobre la contribución de don Agustín Agualongo y de todos aquellos que defendieron la integridad de España durante los procesos de secesión americanos, poniéndolos a disposición de centros
educativos.
4. Añadir en el catálogo de las bibliotecas públicas obras relacionadas con la vida y figura de don Agustín Agualongo.
5. Impulsar, desde los canales de radiotelevisión de la Corporación RTVE, la divulgación y promoción de la figura de don Agustín Agualongo, con el fin de reconocer su lealtad y aportación fundamental a la historia de España durante los
procesos de secesión americanos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación y puesta en valor de las baterías defensivas de la Costa de Cartagena, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La construcción del Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII vino acompañado de la edificación de una serie de baterías de artillería de costa, que tenían como finalidad proteger los accesos a este arsenal, unas baterías que fueron
sucesivamente modernizadas y ampliadas con más instalaciones en los siglos XIX y XX.
Si bien hoy en día se encuentran en desuso, nadie puede negar su valor histórico e incluso arquitectónico formando parte de nuestro patrimonio y del espectacular paisaje costero de Cartagena.
Cabe destacar, entre ellas, las baterías de Trincabotijas y Comandante Royo situadas en Cala Cortina, cuyos muros, túneles, almacenes, caminos y cabinas de tiro definen un conjunto histórico que merece ser conservado y puesto en valor; las
baterías de Aguilones y Conejos que junto a la de Posición X se encuentran en la Sierra de la Fausilla, zona ZEPA rica en nidificación de rapaces, algunas de ellas en peligro de extinción; la de La Chapa, que forma parte del Parque Regional de
Calblanque; las baterías gemelas de las Cenizas y Castillitos, declaradas Bien de Interés Cultural en 1997; las baterías de Baterías de Cabo Tiñoso, enclavadas en el Espacio Natural Protegido La Muela Cabo Tiñoso y que, por su posición
estratégica, ofrecen una panorámica increíble del litoral; y la Batería de La Parajola, también conocida como C-3, situada en la diputación de Canteras. Esta última es conocida principalmente porque durante la Guerra Civil española uno de sus
disparos hundió el buque Castillo de Olite, provocando una de las mayores tragedias navales de la historia de España y que también fue declarada Bien de Interés Cultural el 7 de agosto de 1997.
Después de tres siglos entre nosotros, no se entiende la historia reciente de Cartagena sin hacer mención a estas baterías.
Hoy día llevan fuera de servicio más de treinta años y, aunque su labor estratégica de defensa se acabó, ahora se han convertido en un reclamo turístico y paisajístico para todos aquellos que las visitan, sobre todo senderistas, ciclistas,
excursionistas y familias que, a diario y especialmente los fines de semana, acuden a su entorno. El Grupo Parlamentario Popular, ha reivindicado constantemente su puesta en valor, incluso presentando enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado, que fueron rechazadas, o Proposiciones no de Ley.
Pese a todo esto, a su riqueza histórica, arquitectónica y a ser un lugar de ocio y esparcimiento de quienes las visitan, su estado actual es deplorable. Carreteras intransitables, edificios en mal estado, aparcamientos llenos de socavones.
Suciedad y abandono es lo que se encuentran quienes se quieren acercar a verlas.
Por ello se hace necesario y urgente llevar a cabo por el titular de todas estas baterías, el Gobierno de España, la creación de un Plan Integral de Rehabilitación y Puesta en Valor de estas magníficas edificaciones con un valor histórico y
cultural indiscutible y que se están deteriorando, para asegurar tanto su mantenimiento en condiciones óptimas, como la comodidad y seguridad de los visitantes. Frente a ello, cabe destacar el esfuerzo del Ayuntamiento de Cartagena para poner en
valor aquellas baterías que son de su titularidad.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio actualizado y detallado sobre la situación y estado de conservación de cada una de las baterías de costa de titularidad del Estado situadas en Cartagena.
2. Conforme al anterior estudio, elaborar un Plan Integral de Rehabilitación y puesta en valor de estas arquitecturas militares, como impulso de la actividad turística y cultural
de la ciudad de Cartagena y de toda la Región de Murcia, mediante la recuperación de su valor histórico, su acondicionamiento y su difusión.
3. Dotar de financiación adecuada y sostenible en el tiempo las actuaciones necesarias para dicha recuperación, de manera que puedan ejecutarse en un plazo temporal que impida el derrumbe de algunas de estas construcciones'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón, Juan Luis Pedreño Molina, María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso y Borja Sémper
Pascual, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de las vocaciones STEM
y la eliminación de la brecha de género para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En la era de la revolución tecnológica, las empresas de todos los sectores están transformándose para adaptarse a un nuevo entorno digital emergente, liderado por avances como la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (loT) o
la computación en la nube. Se calcula que en los próximos diez años podría existir una bolsa de 650.000 empleos solamente en el ámbito de la digitalización.
Es evidente, que este proceso de digitalización seguirá marcando el rumbo en 2024, generando una alta demanda de expertos capacitados para diseñar, aplicar y gestionar estas tecnologías innovadoras. Las profesiones más demandadas serán
desarrolladores de software, personal de soporte técnico, analista de datos, expertos en ciberseguridad, ingenieros de computación en la nube, entre otros.
Las empresas cada vez invierten más en proyectos digitales, pero existe un déficit de talento en el sector. Según estudios publicados, 2023 arrancó en España con más de 120.000 puestos tecnológicos sin cubrir. A pesar de la alta demanda
necesidad de profesionales en perfiles en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas o STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas en inglés), se observa un preocupante descenso en el número de estudiantes que optan por
estas disciplinas, observando una marcada brecha de género.
Por otra parte, la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia para la salud de la humanidad y la falta de vocaciones. En el campo de la investigación científica, según el informe de FECIT 'Científicas en
cifras 2023', las mujeres representan el 42 % del personal investigador. La brecha aumenta en el sector empresarial con un 31 % de investigadoras en el año 2022.
Según los datos del ranking CYD, en las universidades españolas, las mujeres representan el 36 % del alumnado en las titulaciones del ámbito de las STEM. El informe confirma la baja presencia femenina en carreras de ámbito tecnológico en
España, en comparación con la Unión Europea. Los datos indican que las mujeres que cursan grados
relacionados con las TIC no llegan al 14 %, lo que supone 5,5 puntos por debajo de la Unión Europea.
El informe también señala que España es el cuarto país con menor proporción de graduados en carreras científico-tecnológicas dentro de la UE-27, solo por delante de Chipre, Malta y Bélgica, y quedando lejos de los líderes en este aspecto:
Alemania y Rumania (ambos con un 35 % de egresados en estudios STEM) y Finlandia, Estonia y Croacia (entre el 28-29 %).
Por otro lado, según las cifras de educación en España, las chicas obtienen mejores resultados académicos y presentan menor abandono escolar temprano que los chicos. Según el último informe PISA, las chicas españolas obtienen de media 25
puntos más en lectura y nueve menos en matemáticas que los chicos, una diferencia similar a la que se produce de media en la OCDE y la Unión Europea. En ciencias, los promedios de ambas organizaciones internacionales no muestran diferencia por
género, pero en España sí, con las chicas cinco puntos por debajo.
En cuanto a la formación escolar, ha habido un avance todavía insuficiente, en la realización de campañas para cambiar a las niñas sus roles sociales como maestra o enfermera.
Sin embargo, es en el ámbito familiar donde es necesario trabajar para que dichos roles no se sigan reproduciéndose. Un estudio detallado sobre la brecha de género en la educación STEM, realizado por investigadoras de la Universidad
Pontificia Comillas, indica que, aunque los chicos muestran actitudes más favorables hacia la ciencia que las chicas, el interés por la ciencia disminuye con la edad en ambos géneros. Curiosamente, la profesión de la madre tiene un impacto
significativo en las actitudes de las chicas hacia las ciencias, diferenciándose de la influencia de la profesión del padre.
En los últimos años, se ha devaluado por anticuada la cultura del esfuerzo. El descenso en los resultados de la evaluación PISA en España ha desatado la voz de alarma y muchos pedagogos lo han atribuido no solo a la degradación de los
contenidos curriculares sino a una falta de interés por aprender del alumnado de Educación Primaria y de la ESO. La política educativa debe ir dirigida al desarrollo de las capacidades de los niños y niñas en el contexto de la igualdad de
oportunidades, con especial atención a la escuela pública que soporta la mayor parte del alumnado inmigrante con problemas sociales y de aprendizaje.
En resumen, el porcentaje de mujeres que decide matricularse en disciplinas STEM en España sigue siendo bajo y ha permanecido relativamente estable en los últimos años, lo que subraya la necesidad de continuar y fortalecer las iniciativas
para abordar esta brecha de género. Este contexto demanda una acción urgente para revisar y adaptar los currículos escolares, promoviendo desde edades tempranas el interés y la formación en disciplinas STEM, así como la igualdad de género en el
acceso a estas áreas de conocimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adaptar los programas educativos para que conecten la ciencia y la tecnología con el mundo real, fomentando la curiosidad y el interés científico y tecnológico desde la Educación Primaria.
2. Implementar campañas en las escuelas e institutos para informar sobre las demandas de profesionales en el sector científico y tecnológico y para combatir los estereotipos de género y promover la igualdad de capacidades científicas y
tecnológicas, evitando que talentos, especialmente femeninos, abandonen su interés por áreas STEM por prejuicios o falta de orientación.
3. Introducir módulos específicos para el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en el Máster de Educación Secundaria, capacitando a los futuros docentes para inspirar y orientar adecuadamente a los estudiantes en carreras
STEM.
4. Utilizar la tutoría como herramienta de orientación profesional, informando sobre la demanda de profesionales STEM y colaborando con empresas del sector para acercar la realidad profesional a los estudiantes.
5. Implementar programas y campañas diseñadas para aumentar la visibilidad de las mujeres líderes y referentes en ciencia y tecnología, dirigidas a inspirar y motivar a las jóvenes, mostrándoles ejemplos concretos de mujeres que han
superado barreras y alcanzado el éxito en sus respectivos campos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Laura María Lima García, José Enrique Núñez Guijarro, Pedro Puy Fraga, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Tristana María Moraleja
Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, María Pilar Alía Aguado, Miguel Ángel Raniagua Núñez, Francisco José Conde López, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la resolución, de manera
urgente, del retraso de los despliegues de banda ancha en la España rural para su debate en la Comisión de Economía, Transformación Digital y Comercio.
Exposición de motivos
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Agricultura, hay 7.529.579 personas censadas en los municipios de la España Rural (16 % del total de la población en España). A pesar de representar un 16 % de la población
total, la España rural se extiende por el 84 % de la superficie de nuestro país, es decir, 423.814 km2 del total de 504.750 km2 de España y abarca el 82 % de los municipios de España: son 6.664 de 8.131.
El 'Informe Anual del Banco de España 2020' estima que el 42 % de los municipios españoles están en riesgo de quedar despoblados, debido a dos principales razones:
1. La deficiencia y progresivo deterioro de los servicios básicos: centros de salud, sucursales bancarias, escuelas, o transporte público que conecte con las ciudades.
2. La falta de oportunidades laborales que encuentran los jóvenes, ya que no pueden acceder a las mismas ventajas del mundo digital que el resto de los españoles.
Las plataformas de entretenimiento digital están desplazando a la televisión convencional. El teletrabajo se ha convertido en una norma extendida y los televisores ahora son inteligentes, con tecnología 8K. Actualmente, gestionamos
nuestras interacciones con la administración, bancos, compras y viajes en línea, mientras que el teléfono móvil se ha transformado en la herramienta esencial para comunicarnos, trabajar y entretenernos. Sin embargo, estas ventajas de la sociedad
moderna no están al alcance de todos los españoles, especialmente aquellos que residen en municipios rurales.
Diversas comunidades autónomas y diputaciones han establecido oficinas digitales rurales que permiten a los residentes realizar operaciones básicas con las administraciones públicas, acceder a servicios de banca electrónica y utilizar
cajeros automáticos multibanco. Además, estas oficinas ofrecen teleasistencia y posibilidades de educación a través de aulas virtuales.
Por otro lado, el comercio electrónico permite a los negocios o empresas rurales superar los límites geográficos de su ubicación y alcanzar a nuevos clientes, tanto a nivel nacional como internacional.
En la agricultura, el uso de sensores ligados a aplicaciones informáticas o a drones está cada vez más extendido en muchos sectores, como los invernaderos, la producción ganadera y la producción hortofrutícola, así como las plataformas de
servicios o de compraventa de productos. Además, se están probando sistemas más sofisticados, como los robots de automatización de tareas como la recogida de frutas. Estas tecnologías pueden reducir los costes de producción e incluso pueden ser
una solución en aquellas zonas y actividades en las que escasea la mano de obra.
En el caso de la ganadería, el uso de sensores del estado y bienestar de los animales o el ordeño automatizado se ha generalizado. Estas tecnologías conllevan mayor productividad, menores costes de producción y una disminución en el uso de
antibióticos, contribuyendo al bienestar animal y reduciendo la carga de trabajo a los ganaderos.
Sin embargo todos estos servicios, que podrían revertir la despoblación de los municipios de la España Rural, no son posibles sin una conectividad robusta, de alta capacidad, segura y que llegue a todos los rincones geográficos de nuestro
país.
Muchos municipios aún no disponen de las infraestructuras básicas de telecomunicaciones necesarias para estos servicios.
Una de las razones fundamentales para que no haya llegado la fibra óptica y el 5G al mundo rural la encontramos en la excesiva burocracia y las trabas administrativas.
Para instalar la fibra óptica en un pueblo de la España rural es necesario cruzar carreteras comarcales, autonómicas, nacionales, cuencas de ríos, fincas privadas y para cada uno de esos pasos hace falta un permiso, que puede tardar más de
dos años en algunos casos.
Según datos del sector, actualmente hay más de 20.000 expedientes de despliegue de redes en trámite de aprobación. Este enorme retraso ha puesto en riesgo las inversiones previstas al no poder cumplirse los plazos a los que obligan las
convocatorias del Plan Único-Banda Ancha.
Durante la tramitación de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, el Grupo Popular aprobó, junto al resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, medidas para agilizar los despliegues y eliminar la
burocracia, especialmente en el mundo rural y que están aún por desarrollar.
A pesar de la promulgación de dicha ley, aún no se ha desarrollado el reglamento correspondiente. Tampoco se ha creado la Comisión Interministerial destinada a eliminar cuellos de botella y resolver conflictos entre ministerios respecto a
las autorizaciones necesarias para dichos despliegues. Asimismo, el Punto de Gestión Único, ideado como una herramienta de cooperación para coordinar los despliegues de manera ágil y transparente, ha resultado ser ineficaz debido al escaso número
de administraciones adheridas.
El Plan de despliegue 5G Rural-Único Redes Activas sigue sin resolverse desde junio del 2023 con el consecuente retraso del despliegue 5G en zonas rurales. Y ante esta inexplicable falta de acción, la alternativa del Gobierno es el plan
Conecta35 basada en tecnología satelital, que es una alternativa que cubre ciertos servicios digitales, supone una limitación importante para otros debida a la elevada latencia, la baja velocidad de ascenso, la falta de robustez de la conexión y
sobre todo el límite de tráfico fijado en 150 GB.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar urgentemente el Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones pendiente desde su promulgación.
2. Crear urgentemente la Comisión Interministerial para agilizar los permisos de los permisos de despliegue.
3. Implementar de manera urgente el Punto de Gestión Único (PGU) para los despliegues.
4. Crear un servicio de intermediación para resolver conflictos en los proyectos de despliegue entre las empresas, administraciones públicas y comunidades de propietarios.
5. Poner en marcha una campaña eficaz de información y difusión de las medidas contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones entre los técnicos de las administraciones locales, diputaciones, cabildos y consells.
6. Resolver la convocatoria del Plan 5G de despliegue rural, Único Redes Activas y ampliar su plazo de ejecución'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Juan Luis Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo, Laura María Lima García, María Pilar Alía Aguado, Francisco José Conde López, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Jaime Eduardo de
Olano Vela, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela, Tristana Moraleja Gómez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Pedro Puy Fraga y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/000807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el efectivo funcionamiento a nivel nacional de la tarjeta sanitaria individual, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. Derecho de los españoles a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva.
La Constitución Española ('CE') reconoce, entre los principios rectores de la política social y económica, el 'derecho a la protección de la salud' (artículo 43). Con el fin de hacerlo efectivo, el mismo precepto establece que 'compete a
los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios'.
El referido derecho constitucional se concreta en diversas normas, entre las que destaca la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Esta dispone que 'la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española' y que
'el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva' (artículo 3.2). Tal previsión específica en materia sanitaria encuentra su respaldo, a su vez, en la igualdad de todos los españoles ante la ley consagrada
en el artículo 14 CE.
Dicha igualdad, sin embargo, se ve constantemente quebrada a consecuencia del traspaso de competencias en materia sanitaria desde el Estado a las Comunidades Autónomas, operado al amparo del artículo 148.1.21.ª CE. Un ejemplo claro de la
vulneración a la que nos referimos es la falta de operatividad en todo el territorio de la Nación de la tarjeta sanitaria individual.
Segundo. Tarjeta sanitaria individual (TSI) de ámbito nacional.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ('Ley 16/2003') fue la norma que creó la tarjeta sanitaria individual ('TSI'). Se trata
de un título cuya exhibición 'permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los términos previstos por la legislación vigente' (artículo 2.2 del Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta
sanitaria individual, 'RD 183/2004').
El citado RD 183/2004 dispone que la TSI sea 'válida en todo el Sistema Nacional de Salud'. De hecho, cada tarjeta está asociada a un código de identificación personal que es único para todo el Sistema Nacional de Salud ('SNS'). Asimismo,
todas las TSI en España tienen un formato único y común, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria
individual ('RD 702/2013').
Sin embargo, el RD 183/2004 introduce una serie de disposiciones (concretamente, los artículos 2.1,5.1 y 5.3) cuya conjunción impide con frecuencia que la validez nacional de la TSI tenga lugar, lo que produce a fin dé cuentas un perjuicio
para el ciudadano y para su salud -cuya protección, como dijimos supra, constituye una obligación de los poderes públicos-.
- Por un lado, la TSI se emite por parte de 'las Administraciones sanitarias autonómicas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria'. Los criterios de emisión varían en cada comunidad autónoma. Así, por ejemplo, mientras que en regiones
como Madrid o Andalucía se requieren documentos que acrediten la residencia y que prueben asimismo que se tiene derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud 64 , en otras, como Cataluña, solamente se exige un documento
acreditativo de la residencia 65. Además, el tipo de documento exigido también puede variar en función de la región en que se expida la tarjeta.
- Por otro lado, el RD encomienda al Ministerio con competencias sanitarias el desarrollo de 'una base de datos [nacional] que recoja la información básica de los usuarios del Sistema Nacional de Salud'. Sin embargo, al mismo tiempo,
establece que tal 'base de datos [...] será mantenida por las Administraciones sanitarias emisoras de la tarjeta sanitaria individual'. Esta configuración ha provocado que, desde que en 2004 se aprobara el RD al que nos hemos referido, y tras
veinte años de continuos desarrollos en el campo tecnológico -concretamente, en el ámbito informático-, siga sin existir una base de datos suficiente como para garantizar algo tan sencillo como que un ciudadano de Salamanca utilice su tarjeta
sanitaria en Badajoz para adquirir la medicación que tiene prescrita e incluida en su receta electrónica.
Tercero. Perjuicio para los españoles derivado del incumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de funcionamiento nacional de la TSI.
Sin perjuicio de que la solución óptima a este problema -como a tantos otros que aquejan a la sanidad española- sería la devolución al Estado de las competencias autonómicas en materia sanitaria, urge que, en tanto no se produzca dicha
modificación competencial, el Estado se haga cargo de su responsabilidad de garantizar la plena validez y operatividad de las TSI en todo el territorio nacional.
Resulta llamativo, en este sentido, la inacción de los gobiernos de uno y otro signo en los pasados años. Así, por ejemplo, en septiembre de 2013, el Ministerio de Sanidad aseguraba, tras aprobarse el RD 702/2013, que 'todos los ciudadanos
usuarios del Sistema Nacional de Salud dispondrán de una tarjeta sanitaria individual con una serie de datos básicos y un código de identificación personal que permitirá que sea interoperable en todas las Comunidades Autónomas' 66. La realización
de dicha interoperabilidad real se ha ido dilatando en el tiempo, hasta el punto de que en 2024 sigue sin concretarse.
El actual Gobierno ha incluido, en su Plan anual normativo para 2024 67, un Real Decreto para modificar el RD 183/2004, con el siguiente objetivo:
64 https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/1251.html &?https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/tarjeta-sanitaria#panel-36578.
65 https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/8144_-_Targeta_sanitariaJndividual_TSI?moda=l.
66 https:/ / www.sanidad.gob.es/gabinete/ notasPrensa.do?id=2993.
67 https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:00e03e20-a2c7-46cb-a482- 00f487896469/PAN_2024.pdf.
'Adaptar el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, que regula aspectos relacionados con la tarjeta sanitaria individual (TSI), el código de identificación personal del Sistema Nacional de
Salud (CIP-SNS) y la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud (BDPP-SNS) a los avances de la tecnología, para posibilitar que las autoridades sanitarias competentes emitan la tarjeta sanitaria individual en soporte virtual,
estableciendo los requisitos para que sea interoperable en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y puedan convivir el soporte físico y virtual. Para minimizar los costes de transición y posibilitar la adecuación técnica de las tarjetas
sanitarias virtuales existentes, se establece un plazo para su adaptación a los requerimientos necesarios para la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud' 68.
De este propósito regulador se infiere, a fin de cuentas, que, aunque la literalidad de la normativa en vigor es clara en cuanto a que la TSI debe ser válida y operable en todo el territorio nacional, existe una la falta de voluntad política
para poner los medios técnicos necesarios para garantizar tal interoperabilidad. Una vez más, son los españoles los que asumen el perjuicio generado por tal inacción.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer cuantas medidas sean necesarias para garantizar la plena y efectiva interoperabilidad de la tarjeta sanitaria individual en el conjunto del Sistema Nacional de Salud con el fin de
que pueda ser empleada por parte de todos los españoles en todo el territorio nacional'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Rocío de Meer Méndez, David García Gomis y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de las vocaciones STEM
y la eliminación de la brecha de género para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En la era de la revolución tecnológica, las empresas de todos los sectores están transformándose para adaptarse a un nuevo entorno digital emergente, liderado por avances como la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (loT) o
la computación en la nube. Se calcula que en los próximos diez años podría existir una bolsa de 650.000 empleos solamente en el ámbito de la digitalización.
Es evidente, que este proceso de digitalización seguirá marcando el rumbo en 2024, generando una alta demanda de expertos capacitados para diseñar, aplicar y gestionar estas tecnologías innovadoras. Las profesiones más demandadas serán
desarrolladores de software, personal de soporte técnico, analista de datos, expertos en ciberseguridad, ingenieros de computación en la nube, entre otros.
68 https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/icr:00e03e20-a2c7-46cb-a482-00f487896469/PAN 2024.pdf. p. 120.
Las empresas cada vez invierten más en proyectos digitales, pero existe un déficit de talento en el sector. Según estudios publicados, 2023 arrancó en España con más de 120.000 puestos tecnológicos sin cubrir. A pesar de la alta demanda
necesidad de profesionales en perfiles en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas o STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas en inglés), se observa un preocupante descenso en el número de estudiantes que optan por
estas disciplinas, observando una marcada brecha de género.
Por otra parte, la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia para la salud de la humanidad y la falta de vocaciones. En el campo de la investigación científica, según el informe de FECIT 'Científicas en
cifras 2023', las mujeres representan el 42 % del personal investigador. La brecha aumenta en el sector empresarial con un 31 % de investigadoras en el año 2022.
Según los datos del Ranking CYD, en las universidades españolas, las mujeres representan el 36 % del alumnado en las titulaciones del ámbito de las STEM. El informe confirma la baja presencia femenina en carreras de ámbito tecnológico en
España, en comparación con la Unión Europea. Los datos indican que las mujeres que cursan grados relacionados con las TIC no llegan al 14 %, lo que supone 5,5 puntos por debajo de la Unión Europea.
El informe también señala que España es el cuarto país con menor proporción de graduados en carreras científico-tecnológicas dentro de la UE-27, solo por delante de Chipre, Malta y Bélgica, y quedando lejos de los líderes en este aspecto:
Alemania y Rumania (ambos con un 35 % de egresados en estudios STEM) y Finlandia, Estonia y Croacia (entre el 28-29 %).
Por otro lado, según las cifras de educación en España, las chicas obtienen mejores resultados académicos y presentan menor abandono escolar temprano que los chicos. Según el último informe PISA, las chicas españolas obtienen de media 25
puntos más en lectura y nueve menos en matemáticas que los chicos, una diferencia similar a la que se produce de media en la OCDE y la Unión Europea. En ciencias, los promedios de ambas organizaciones internacionales no muestran diferencia por
género, pero en España sí, con las chicas cinco puntos por debajo.
En cuanto a la formación escolar, ha habido un avance todavía insuficiente, en la realización de campañas para cambiar a las niñas sus roles sociales como maestra o enfermera.
Sin embargo, es en el ámbito familiar donde es necesario trabajar para que dichos roles no se sigan reproduciéndose. Un estudio detallado sobre la brecha de género en la educación STEM, realizado por investigadoras de la Universidad
Pontificia Comillas, indica que, aunque los chicos muestran actitudes más favorables hacia la ciencia que las chicas, el interés por la ciencia disminuye con la edad en ambos géneros. Curiosamente, la profesión de la madre tiene un impacto
significativo en las actitudes de las chicas hacia las ciencias, diferenciándose de la influencia de la profesión del padre.
En los últimos años, se ha devaluado por anticuada la cultura del esfuerzo. El descenso en los resultados de la evaluación PISA en España ha desatado la voz de alarma y muchos pedagogos lo han atribuido no solo a la degradación de los
contenidos curriculares sino a una falta de interés por aprender del alumnado de Educación Primaria y de la ESO. La política educativa debe ir dirigida al desarrollo de las capacidades de los niños y niñas en el contexto de la igualdad de
oportunidades, con especial atención a la escuela pública que soporta la mayor parte del alumnado inmigrante con problemas sociales y de aprendizaje.
En resumen, el porcentaje de mujeres que decide matricularse en disciplinas STEM en España sigue siendo bajo y ha permanecido relativamente estable en los últimos años, lo que subraya la necesidad de continuar y fortalecer las iniciativas
para abordar esta brecha de género. Este contexto demanda una acción urgente para revisar y adaptar los currículos escolares, promoviendo desde edades tempranas el interés y la formación en disciplinas STEM, así como la igualdad de género en el
acceso a estas áreas de conocimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adaptar los programas educativos para que conecten la ciencia y la tecnología con el mundo real, fomentando la curiosidad y el interés científico y tecnológico desde la Educación Primaria.
2. Implementar campañas en las escuelas e institutos para informar sobre las demandas de profesionales en el sector científico y tecnológico y para combatir los estereotipos de género y promover la igualdad de capacidades científicas y
tecnológicas, evitando que talentos, especialmente femeninos, abandonen su interés por áreas STEM por prejuicios o falta de orientación.
3. Introducir módulos específicos para el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en el Máster de Educación Secundaria, capacitando a los futuros docentes para inspirar y orientar adecuadamente a los estudiantes en carreras
STEM.
4. Utilizar la tutoría como herramienta de orientación profesional, informando sobre la demanda de profesionales STEM y colaborando con empresas del sector para acercar la realidad profesional a los estudiantes.
5. Implementar programas y campañas diseñadas para aumentar la visibilidad de las mujeres líderes y referentes en ciencia y tecnología, dirigidas a inspirar y motivar a las jóvenes, mostrándoles ejemplos concretos de mujeres que han
superado barreras y alcanzado el éxito en sus respectivos campos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Pablo Pérez Coronado, Mario Cortés Carballo, María Sandra Moneo Díez, María Torres Tejada, Pedro Navarro López, Juan Luis Pedreño Molina, Francisco José Conde López, Joaquín
Melgarejo Moreno, María Jesús Moro Almaraz, José Enrique Núñez Guijarro, Rosa Quintana Carballo, Juan Antonio Rojas Manrique, Miguel Ángel Sastre Uyá y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000813
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
participación del Gobierno de España en la financiación del programa de cooperación internacional 'Tierra Firme'.
Exposición de motivos
La migración irregular constituye un factor de desestabilización tanto en el ámbito social como económico para España y especialmente para las zonas más expuestas como el archipiélago canario. Las repercusiones directas que la llegada de
flujos importantes de personas poco cualificadas y en condiciones de precariedad constituyen un auténtico desafío para nuestra sociedad, no solo en términos prácticos sino también morales.
Por otro lado, nuestro marco legal no da cabida a absorber estos flujos migratorios, precisamente por su condición de irregulares, quedando estas personas sumidas en un limbo legal que no solo acrecienta la dimensión del problema sino
también el drama humano que representa.
Resulta por lo tanto fundamental encontrar vías alternativas que respondan a las necesidades no solo de las sociedades receptoras de estos flujos migratorios sino también de aquellas de origen de los mismos.
La formación profesional y la generación de oportunidades laborales en el propio país de origen de los 'potenciales migrantes', es la vía por la cual el programa Tierra Firme apuesta con mayor contundencia. Siendo Senegal un país donde el
fenómeno migratorio se ha visto incrementado exponencialmente, en parte debido a las recientes crisis institucionales, que empujan a su población más joven y vulnerable a emprender, en condiciones de seguridad precarias, un viaje por mar
extremadamente peligroso en embarcaciones artesanales.
Los retos extremos a los que una sociedad en vías de desarrollo como la senegalesa se enfrenta son máximos y de difícil resolución; su propia fragilidad institucional, la incertidumbre política actual, los desafíos que representan el cambio
climático y un entorno geopolítico en permanente conflicto y por lo tanto fuente de desestabilización, supone el importante incremento de cayucos llegados a costas españolas desde Senegal y otros países del África Occidental.
Indicando los datos más recientes, la nacionalidad de procedencia de los migrantes que más ha aumentado en 2023-2024 es la senegalesa, utilizando además embarcaciones más grandes, tradicionalmente utilizadas para la pesca y que ahora son
utilizadas como transporte de personas rumbo a una tierra desconocida donde esperan cumplir sus expectativas vitales y aspiraciones laborales.
Con este proyecto se pretende generar una alternativa a la migración irregular a través de la creación de una dinámica eficaz de formación profesional cuya finalidad práctica sea la de promover y favorecer la inserción laboral de
beneficiarios en riesgo de exclusión social, principalmente aquellos que están dispuestos a migrar del país en busca de un futuro mejor.
Proporcionar una formación e inserción laboral que permita satisfacer las necesidades laborales de las empresas, tanto españolas con intereses comerciales en Senegal, como a las propias empresas locales, estableciendo sinergias entre
empresas y la población local, aumentando así la creación de empleo de calidad, así como facilitar nuevas vías para promocionar el talento joven del país y promover el emprendimiento, contribuyendo al desarrollo del país, sobre todo en las áreas de
todos los sectores económicos identificados que son a su vez claves en el contexto emergente de Senegal y demandante de mano de obra formada.
La Cámara Oficial de Comercio de España en Senegal tiene como misión ser la vía que promueva con el Gobierno de Canarias y otras empresas privadas, tanto de España como de Senegal la creación de un programa de Formación Profesional e
Inserción Laboral, así como su seguimiento y ejecución a través de los centros de formación y colaboradores estratégicos identificados hasta la finalidad última que es la inserción laboral de los beneficiarios.
En este sentido se han identificado sectores clave para la formación profesional, tanto para Senegal como para Canarias, zona geográfica estratégica por evidentes razones de proximidad que son; hostelería y turismo, pesca, agricultura,
logística.. ámbitos donde existe una gran necesidad de profesionales favoreciendo así una inserción laboral más rápida y eficaz.
Tanto la formación profesional como las prácticas tendrán lugar en Senegal.
La formación en sus diferentes fases, laboral, teórica-profesional y práctica se llevará a cabo en diversas zonas geográficas del territorio senegalés, favoreciendo el carácter inclusivo del programa acercándolo a entornos rurales y núcleos
de población más alejados y con escasas oportunidades laborales, áreas geográficas sensibles y de fuerte procedencia de flujos migratorios.
En conclusión, el programa Tierra Firme se concibe como un instrumento eficaz para la generación de empleo a través de la capacitación y formación de recursos humanos de calidad, orientado tanto a las empresas como al conjunto del mercado
laboral en Senegal. El objetivo es producir perfiles laborales que se adecuen y satisfagan las necesidades no solo
de las propias empresas, sino también del modelo productivo local, facilitando de ese modo una inserción laborar rápida y con alta probabilidad de éxito. La empresa, por su parte, recibe la mano de obra cualificada que responde a sus
expectativas y necesidades. El beneficiario integra un modelo productivo para el cual ha sido capacitado y que además responda las aspiraciones tanto profesionales como personales de los nuevos trabajadores.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Establecer los contactos necesarios para participar en la financiación del programa Tierra Firme junto a la Cámara de Comercio de España en Senegal y el Gobierno de Canarias, contribuyendo con su aportación a la ampliación del número de
jóvenes senegaleses que puedan acceder a la formación y al empleo, posibilitando también su emprendimiento y desarrollo futuro a través de la puesta en marcha de iniciativas empresariales que generaran crecimiento y desarrollo en su propio país'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas para reforzar la cooperación con el pueblo saharaui, para
su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El Consorcio de ONG que apoya a la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia) desde hace casi cincuenta años, viene alertando sobre el continuo deterioro de la situación humanitaria, que afecta directamente a más de
173.600 personas.
Desde noviembre de 2023, la reducción de casi el 30 % de las raciones alimentarias de emergencia distribuidas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) afecta a decenas de miles de familias refugiadas que dependen casi solo de estas
raciones para su subsistencia, ante la falta de alternativas sostenibles en una zona árida y desértica con climas extremos.
La financiación de los países donantes a la ayuda alimentaria de la población refugiada saharaui se redujo significativamente a partir de 2013 y no ha vuelto a tener los niveles previos a ese año. Es una ayuda insuficiente, oscilante y poco
predecible. En un contexto de incremento de precios de los alimentos, como el que estamos viviendo en los últimos años, esta ayuda alcanza para movilizar menos alimentos de los que harían falta, tanto en cantidad como en calidad y diversidad.
En el mejor de los casos, cada persona recibió en 2022 de media menos de medio kilo de alimentos al día, aunque lo más probable es que no llegue a 350 gramos al día. Y si nos fijamos solo en el producto fresco, serían apenas 40 gr, por
persona al día.
La pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania han causado la inflación de los productos de alimentación en el mercado internacional, dejando a los actores humanitarios sin capacidad para responder adecuadamente a las necesidades esenciales
de los grupos más vulnerables. Las últimas encuestas realizadas por el PMA y ACNUR (2022 Nutrition Survey: Sahrawi Refugee Camps (UNHCR/WFP) sobre la situación nutricional en los campamentos, han mostrado un empeoramiento de los indicadores
nutricionales, en
particular, las tasas de anemia entre las mujeres embarazadas y lactantes y el retraso del crecimiento entre la población infantil, menor de cinco años, amenazados los progresos realizados hasta 2020.
La incertidumbre sobre las ayudas alimentarias a partir de junio de 2024 preocupa especialmente a la población saharaui refugiada y a las ONG que trabajan en el terreno. Además, el aumento de las crisis en el mundo ha afectado a la
financiación de los programas de las agencias humanitarias, con una reducción de alrededor del 20 % de ACNUR en todos los sectores básicos, como la salud, el agua o la educación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Aumentar las partidas presupuestarias dedicadas a la ayuda humanitaria al pueblo saharaui con el objetivo de contribuir a dar una respuesta efectiva a la emergencia alimentaria que viven las personas refugiadas saharauis en los
campamentos de Tindouf (Argelia).
2. Aumentar la contribución multilateral a los organismos que prestan asistencia a los/as refugiados/as saharauis.
3. Aumentar el presupuesto de ayuda directa a las organizaciones humanitarias saharauis que asisten a la población refugiada.
4. Reforzar las líneas de financiación de las ONG españolas que trabajan en los campamentos de refugiados de Tindouf.
5. Defender en las instituciones europeas y de los organismos multilaterales que se respeten los compromisos adquiridos por la Oficina de Acción Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) sobre la población saharaui, y la mejora de la
coordinación de los actores implicados para responder decididamente a la emergencia alimentaria'.
6. Establecer mecanismos para el fortalecimiento del movimiento de solidaridad con el Sahara y generar espacios de diálogo con la sociedad civil para la definición de una política de cooperación y de ayuda humanitaria con el pueblo saharaui
que recoja la solidaridad y el compromiso de la sociedad española'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Francisco Sierra Caballero y Juan Antonio Valero Morales, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho de
asilo para su debate en instancia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Exposición de motivos
El derecho de asilo es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y nacional. A nivel internacional, se encuentra regulado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de Ginebra de
1951, así como en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. En el Estado español, este derecho está regulado en el artículo 13.4 de la Constitución y desarrollado por la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria.
El derecho de asilo ofrece protección a toda persona que puede ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social, género, identidad de género u orientación sexual, y que
se encuentra en riesgo de ser perseguida o ha sufrido actos de violencia en su país. Esta protección internacional implica, no solo la aceptación de las personas solicitantes de asilo dentro del territorio del Estado, sino también de la garantía de
sus necesidades básicas y el respeto por sus derechos humanos fundamentales.
Según la legislación española, el derecho de asilo se define como la protección otorgada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes no se les reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en esta ley y en la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y en su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967.
Existen diferentes vías para solicitar el derecho de asilo, una de las cuales permite la ley es la posibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas y consulados, siempre que se encuentre en un país diferente al de su
nacionalidad.
Aun así, se debe permitir a cualquier persona entrar en otro país para poder solicitar asilo. Es un derecho humano, no una potestad política discrecional de los dirigentes de un país.
Por tanto, el Estado español debe defender y proteger a estas personas a través de la concesión del derecho de asilo. No se puede continuar con este modelo de criminalización de la migración, refuerzo de las fronteras y retroceso de
derechos. Estas políticas no solo contradicen los principios fundamentales de derechos humanos, sino que también destruyen el potencial de enriquecimiento cultural, social y económico que las personas solicitantes de asilo aportan a las comunidades
de acogida. Es esencial reconocer y valorar esta aportación y garantizar que estas personas reciban un trato justo y humano.
Queremos un mundo donde las personas que se encuentran en grave peligro tengan la oportunidad de reconstruir su vida con las condiciones materiales garantizadas. En este mundo globalizado, lo justo es compartir la responsabilidad global de
los problemas globales. Los países con recursos y estabilidad tienen la obligación moral y legal de defender y proteger a las personas que se encuentran en situaciones de grave peligro. El Estado español debe cumplir con sus obligaciones
internacionales y debe promover políticas de acogida y protección para las personas solicitantes de asilo.
Por todo se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Garantizar vías seguras y legales para la solicitud de asilo, incluyendo el acceso a las embajadas y consulados españoles en el extranjero.
2. Desarrollar, mediante un reglamento, el artículo 38 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria para regular la solicitud de asilo en las embajadas y consulados españoles.
3. Proporcionar las condiciones materiales necesarias para la integración de las personas solicitantes de asilo, incluyendo vivienda, atención sanitaria, educación y apoyo para la inserción laboral.
4. Rechazar cualquier forma de criminalización de la migración y desarrollar una política migratoria basada en los derechos humanos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposició no de Llei sobre el dret d'asil per al seu debat a la Comissió de Cooperació Internacional pel Desenvolupament.
Exposició de motius
El dret d'asil és un dret fonamental reconegut a nivell internacional i nacional. A nivell internacional, es troba regulat a l'article 14 de la Declaració Universal pels Drets Humans i a la Convenció de Ginebra de 1951, així com al Protocol
sobre l'Estatut dels Refugiats de 1967. A l'Estat espanyol, aquest dret està regulat a l'article 13.4 de la Constitució i desenvolupat per la Llei 12/2009, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.
El dret d'asil ofereix protecció a tota persona que pot ser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un determinat grup social, gènere, identitat de gènere o orientació sexual, es troben en risc de
ser perseguides o han patit actes de violència al seu país. Aquesta protecció internacional implica, no només l'acceptació de les persones sol·licitants d'asil dins del territori de l'Estat, sinó també la garantia de les seves necessitats bàsiques
i el respecte pels seus drets humans fonamentals.
Segons la legislació espanyola, el dret d'asil es defineix com la protecció atorgada als nacionals no comunitaris o als apàtrides als qui no es reconegui la condició de refugiat en els termes definits en aquesta llei i a la Convenció sobre
l'Estatut dels Refugiats feta a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i al seu Protocol, subscrit a Nova York el 31 de gener de 1967.
Existeixen diferents vies per a sol·licitar el dret d'asil, una de les que permet la llei és la possibilitat de sol·licitar protecció internacional a les ambaixades i consolats, sempre que es trobi en un país diferent del de la seva
nacionalitat.
Tot i això, s'ha de permetre, a qualsevol persona, entrar en un altre país per a poder sol·licitar asil. És un dret humà, no una potestat política discrecional dels dirigents d'un país.
Per tant, l'Estat espanyol ha de defensar i protegir aquestes persones a través de la concessió del dret d'asil. No es pot continuar amb aquest model de criminalització de la migració, reforç de les fronteres i retrocés de drets. Aquestes
polítiques no només contradiuen els principis fonamentals de drets humans, sinó que també destrueixen el potencial d'enriquiment cultural, social i econòmic que les persones sol·licitants d'asil aporten a les comunitats d'acollida. És essencial
reconèixer i valorar aquesta aportació i garantir que aquestes persones rebin un tracte just i humà.
Volem un món on les persones que es troben en greu perill tinguin l'oportunitat de reconstruir la seva vida amb les condicions materials garantides. En aquest món globalitzat, allò just és compartir la responsabilitat global dels problemes
globals. Els països amb recursos i estabilitat tenen l'obligació moral i legal de defensar i protegir les persones que es troben en situacions de greu perill. L'Estat espanyol ha de complir amb les seves obligacions internacionals i ha de promoure
polítiques d'acollida i protecció per a les persones sol·licitants d'asil.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'1. Garantir vies segures i legals per la sol·licitud d'asil, incloent-hi l'accés a les ambaixades i consolats espanyols a l'estranger.
2. Desenvolupar, mitjançant un reglament, l'article 38 de la Llei 12/2009 reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària per a regular la sol·licitud d'asil a les ambaixades i consolats espanyols.
3. Proporcionar les condicions materials necessàries per a la integració de les persones sol·licitants d'asil, incloent-hi habitatge, atenció sanitària, educació i suport per a la inserció laboral.
4. Rebutjar qualsevol forma de criminalització de la migració i desenvolupar una política migratòria basada en els drets humans'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de maig de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Igualdad
161/000802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Rocío Aguirre Gil de Biedma y María de los Reyes Romero Vilches, en su respectiva condición de Portavoz y Diputadas del GPVOX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al análisis de la perspectiva de familia en la tramitación de todas las iniciativas normativas provenientes del Gobierno, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. La perspectiva de familia como elemento obligatorio y esencial en las MAIN.
Se denomina Memoria del Análisis de Impacto Normativo (en adelante, 'MAIN') al documento 'que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias', a tenor de
lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo ('RD 931/2017').
La MAIN surge como respuesta a la inquietud por la calidad de las normas 69, en una vertiente de control ex ante en la cual desempeña un papel que, en un contexto de proliferación normativa, cada vez adquiere una mayor relevancia.
Uno de los elementos cuya presencia es esencial en las MAIN es el análisis del impacto sobre la familia. Atendiendo a la naturaleza de la familia, esta es, esencialmente, una realidad de índole natural y antropológica 70 y, secundariamente,
una institución social y jurídica, la más destacable de la comunidad política -por cuanto constituye su sustrato y fundamento- y preexistente al Estado.
Sin embargo, y pese a que el artículo 39 de la Constitución Española ('CE') recoge la afirmación de que 'los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia', asistimos a un intento constante por parte de
los poderes públicos y las élites globalistas de destrucción de la familia, siendo ésta uno de sus grandes obstáculos para lograr el control social y económico de los individuos.
En la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas ('LPFN') 71 se establece que 'las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a
los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia'. Lo cierto es que carece de sentido que, si se quiere proteger a las familias españolas y analizar cuál será el impacto que la elaboración de todas las normas tendrá
sobre ellas, se restrinja dicho análisis a unas determinadas normas provenientes de la iniciativa del
69 Afirma Sieira Mucientes, S., en 'La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la Memoria de Análisis del Impacto normativo en la familia', La perspectiva de Familia en las leyes, Fundación The
Family Watch, Madrid, 2020, p. 43: 'En este movimiento llamado better regulation es, pues, donde se incardina el análisis del impacto normativo, el cual, en sus dos variantes ex ante y ex post, busca mejorar la calidad material de las normas,
asegurando que se trata de normas necesarias, adecuadas y proporcionadas'.
70 Podemos afirmar que 'la familia se constituye a sí misma como esa clase de sociedad correspondiente y adecuada a la individualidad que es cada ser humano, quien por el hecho de ser persona es un ser único, irrepetible e insustituible, y
necesita un lugar donde tal dignidad e irrepetibilidad pueda ser acogida'. Sánchez Maíllo, C., 'La familia: una institución natural preexistente a la ley. Perspectivas sobre su regulación actual en España', Revista parlamentaria de la Asamblea de
Madrid, n.º 31, p. 183. Acceso en línea: https://www.asambleamadrid.es/documents/20126/64823/R.31._Carmen_Sánchez_Maillo.pdf/ee2a9c77-e068-02a0-11cd-aade0a3b92eb.
71 En su versión modificada por la disposición adicional quinta.tres de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Gobierno (leyes y reglamentos) y se prive de dicho análisis al resto (reales decretos-leyes y reales decretos legislativos).
Paradójicamente, resulta significativa la importancia que se ha venido dando a objetivos de sesgo ideológico a la hora de elaborar el impacto sobre ellos de cualquier tipo de norma proveniente del Gobierno, como son el cambio climático, la
mal llamada igualdad de género, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, etc., obviando en cambio la importancia de desarrollar un análisis suficientemente exhaustivo y certero del impacto que las mismas tendrán en la formación y el desarrollo
de las familias españolas. Esta realidad sucede por una abierta falta de interés político en la institución de la familia y en el efecto que las normas puedan tener sobre ella, otorgando al análisis de la perspectiva de familia un tratamiento
diferenciado y menos favorable que el que se dispensa a otras realidades como las referidas.
Segundo. Deber de apoyo público a las familias españolas.
El Gobierno de España ha seguido -y seguirá, junto a sus nuevos socios que pretenden romper la Unidad Nacional y la solidaridad y convivencia entre españoles- una política de ataque a las familias españolas, desprotegiéndolas económica y
socialmente. Sus políticas de ruina han llevado al límite a miles de familias que se han visto asfixiadas con impuestos, agobiadas por el aumento del costé de la vida y, en algunos casos, con serias dificultades para llegar a final de mes. Además,
sus leyes divisorias y de desnaturalización de la familia han alentado el enfrentamiento entre hombres y mujeres, matrimonios, padres e hijos, etcétera.
Los poderes públicos tienen el deber de reconocer y promover, a nivel jurídico y social, el papel esencial e insustituible que desempeña la familia en nuestra sociedad. Por ello, desde el Grupo Parlamentario VOX reivindicamos y defendemos
que se lleven a cabo las modificaciones legales oportunas de tal modo que la perspectiva de familia y el impacto en la realidad familiar sean objeto de análisis en la elaboración de cualquier norma que provenga de la iniciativa del Gobierno.
Situar a las familias en el centro de todas las políticas públicas debe ser la preferencia de todas las Administraciones Públicas. Las familias fuertes construyen naciones fuertes: sin familia no existe ni persona ni sociedad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno con el fin de incorporar la obligación de que se incluya el análisis del impacto sobre la familia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que
acompañe a toda norma procedente del Ejecutivo.
2. Promover una mayor exigencia a la hora de analizar la perspectiva de familia en las MAIN, efectuando un análisis exhaustivo de la cuestión a través de guías o cuestionarios adecuados, disponibles en todos los departamentos ministeriales.
3. Promover las medidas necesarias con el objetivo de situar a las familias en el centro de todas las políticas públicas, tanto en el ámbito estatal como regional.
4. Llevar a cabo campañas de concienciación social que pongan en valor la importancia de la familia, la paternidad y la maternidad como elementos constitutivos de sociedades fuertes y prósperas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2024.-Rocío de Meer Méndez, Rocío Aguirre Gil de Biedma y María de los Reyes Romero Vilches, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Plan Integral de lucha
contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que abarque el período 2024-2028, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La trata de seres humanos es la esclavitud de nuestro tiempo y, lamentablemente, una realidad en Europa y en España. Supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona, y constituye una
forma de delincuencia grave que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación.
Este atentado contra los derechos de las personas ha adquirido enormes dimensiones, siendo la trata con fines de explotación sexual una de sus expresiones más crueles y denigrantes y la forma de trata de mayor magnitud en nuestro país. Las
principales organizaciones dedicadas a combatir la trata de personas a nivel mundial coinciden en que la explotación sexual es la finalidad de la trata que más víctimas registra principalmente mujeres y niñas. En Europa, el 80 % del total de las
víctimas de la trata de seres humanos pertenecen al sexo femenino, y dentro de esta, el 95 % lo son por explotación sexual.
La trata de seres humanos se reconoce como una forma de violencia en las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción de Beijing (1995). De acuerdo con ellas, se puede afirmar, que este delito es una de las manifestaciones y consecuencias de la desigualdad entre
hombres y mujeres tanto, en las sociedades de origen como en las de destino.
El Gobierno del Partido Popular aprobó un Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 que recogía aspectos básicos para el desarrollo de una política eficaz de lucha contra la trata con
fines de explotación sexual, así como medidas que formaban parte de una acción integral, que implicaba a una multiplicidad de actores públicos y privados, garantizando el enfoque multidisciplinar y de género, y promoviendo la comunicación y
coordinación.
Transcurridos seis años desde la finalización de dicho Plan, consideramos necesario seguir luchando contra esta lacra, impulsando un nuevo Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que abarque
el período 2024-2028.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que abarque el período 2024-2028, desde una perspectiva centrada en la protección y
promoción de los derechos humanos, colocando a las posibles víctimas en el centro de cualquier acción que se pretenda llevar a cabo, tanto las dirigidas a la protección de las víctimas, como las centradas en la prevención, la investigación y la
persecución del delito'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Sofía Acedo Reyes y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa a la tipificación en el Código Penal de las
llamadas 'terapias de conversión', para su debate y aprobación en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
'Terapia de conversión' es una expresión utilizada para referirse a cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. El término técnico empleado por las
principales organizaciones LGTBIQ+ así como el Experto Independiente de Naciones Unidas para referirse a estas prácticas nocivas no científicas es 'Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual, la Identidad de género y la Expresión de género'
(ECOSIEG).
En 2020, ILGA World (Asociación Internacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) publicó un informe pionero sobre la cuestión, 'Poniéndole límites al engaño', que explora el vasto campo de las técnicas utilizadas en
todo el mundo con el fin de intentar alterar la orientación sexual de lesbianas, gays y bisexuales, para impedir que les jóvenes trans inicien su transición, o bien detransicionen, o para forzar nuestras expresiones y roles de género para que se
alineen con los estereotipos sociales de masculinidad y feminidad en términos binarios.
Asimismo, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, en su informe de 2020, recomienda a los Estados/entre otras medidas,
que establezcan un 'sistema de sanciones, que sean acordes con la gravedad de los actos cometidos, para quienes no respeten la prohibición de las terapias de conversión, y velando, en particular, porque las denuncias se investiguen sin demora y, si
procede, se enjuicie y sancione a los responsables, de conformidad con los parámetros establecidos en virtud de las obligaciones internacionales de derechos humanos relativas a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes'.
También se recomienda en dicho informe la creación de 'sistemas de supervisión, apoyo y denuncia para que las víctimas de las 'terapias de conversión' tengan acceso a todas las formas de reparación, incluido el derecho a la rehabilitación,
así como a asistencia jurídica'.
En España, el artículo 17 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, prohíbe expresamente la práctica de métodos, programas y terapias
de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o su representante legal.
Asimismo, el apartado d) del punto 4 del artículo 79 de la citada ley, contempla como infracciones administrativas muy graves 'La promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya
sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o
sus representantes legales'.
En España, diferentes medios y asociaciones han reportado que actualmente se lleva a cabo una práctica y promoción sistemática y alejada del escrutinio público de 'terapias de conversión' por agrupaciones de vinculación religiosa, así como
por colectivos contrarios a los derechos de las personas LGTBIQ+.
Tal como recoge la Asociación Española contra las Terapias de Conversión en su informe 'La situación de las terapias de conversión en España: ¿Qué medidas son necesarias para acabar con ellas y proteger a las víctimas?', de enero de 2022,
se han identificado más de setenta profesionales y agentes privados que practican de forma
impune 'terapias de conversión' en la actualidad, estimándose que el número de personas afectadas -muchas de ellas menores de edad- supera las 400 personas.
Dada la inexistencia de datos públicos, así como el contexto de opacidad en el que se producen estas prácticas, es imposible conocer la magnitud real de este fenómeno de violencia en nuestro país.
En todo caso, estos abusos no han disminuido a pesar de la sucesiva aprobación de leyes autonómicas que tipifican como infracción administrativa la difusión, promoción o práctica de 'terapias de conversión'. Actualmente, ocho Comunidades
Autónomas disponen de prohibiciones y de un régimen sancionador dirigido a luchar contra las 'terapias de conversión'. Sin embargo, en los años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni
sancionado firmemente ningún caso de práctica o promoción de 'terapias de conversión', a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos
años.
El único caso de 'terapias de conversión' que fue sancionado, en septiembre de 2019, fue anulado por el 13 de julio de 2021, por la sentencia núm. 898/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se indicaba que la Comunidad de
Madrid había tardado más de 31 meses en instruir el procedimiento vulnerando los derechos de la sancionada.
En la práctica, las sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil.
Asimismo, el contexto de opacidad e impunidad en el que se producen y perpetran las 'terapias de conversión' en España determina que las víctimas tarden muchos años en decidir ejercer acciones o visibilizar la violencia a la que han sido
sometidas.
Por ello, sería un avance importante la persecución penal de las terapias de conversión de forma análoga con la legislación de países de nuestro entorno como Francia, Portugal, Alemania o Bélgica, que contemplan penas de prisión para la
comisión estas prácticas. De la misma forma, con esta modificación se garantiza la participación de la sociedad civil en los procedimientos de investigación y enjuiciamiento de las 'terapias de conversión' a través del ejercicio de la acusación
popular en el proceso penal.
Los tipos penales existentes no cubren suficientemente los contextos en que se dan estas prácticas y solo se centran en las consecuencias de las conductas materiales, ignorando lo criminalmente reprobable de las 'terapias de conversión' en
sí.
La inclusión en el Código Penal un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de 'terapias de conversión' se presenta como la única solución posible para atajar eficazmente las 'terapias de conversión', pudiendo limitar la tutela
administrativa de estos abusos a aquellas conductas accesorias como lo serían la promoción, difusión o el empleo de comunicaciones falsas, fraudulentas y desinformadoras para captar víctimas.
Finalmente, solo a través de la tipificación de estas prácticas como delito se garantizará que las víctimas tengan la protección que reconoce y otorga el Estatuto de la Víctima del Delito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para introducir un nuevo artículo que contemple penas de prisión para quien dolosamente infligiera, practicara, llevara a cabo o realizare
Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) o las llamadas 'terapias de conversión'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Esther Gil de Reboleño Lastortres y Engracia Rivera Arias, Diputadas.-Txema Guijarro García y Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000824
A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de D. Alberto Catalán Higueras, diputado por Navarra de Unión del Pueblo Navarro (UPN), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el diagnóstico temprano de las patologías con la prueba de cribado neonatal para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Los programas de cribado neonatal permiten diagnosticar hemopatías, inmunodeficiencias y enfermedades endocrino-metabólicas de forma precoz e instaurar tempranamente tratamiento en personas afectadas, posibilitando mejorar de forma
significativa la calidad de vida de las niñas y niños que las padecen, que en muchas ocasiones gracias a estos programas alcanzan la plena normalidad. La implantación de estos programas es por ello una medida efectiva para reducir la incidencia de
discapacidad física y psíquica y la mortalidad evitable en la población infantil, al conseguir modificar la evolución de diferentes enfermedades raras. Es por ello que muchos países y regiones de todo el mundo han ido implantando programas
poblacionales de cribado neonatal que progresivamente incorporan la detección y diagnóstico temprano de un mayor número de patologías.
La prueba se realiza con una gota de sangre del talón del recién nacido a las 48 horas de vida, por lo que es conocida como 'prueba del talón'. En nuestro país, el pleno del Consejo Interterritorial aprobó en 2013 la incorporación en la
Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud el programa de cribado neonatal con la detección de siete patologías, incorporando la detección de la fibrosis quística, la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de
cadena media, la deficiencia de 3-hidroxiacil- CoA deshidrogenasa de cadena larga, la acidemia glutarica tipo I y la anemia de células falciformes al programa de cribado implantado hace más de 40 años para la detección precoz del hipotiroidismo
congénito y la fenilcetonuria.
Dicho acuerdo se plasmó en la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud y el procedimiento de actualización, concretando y actualizando la Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, entre otros temas, en lo relativo al cribado de estas enfermedades y estableciendo las siete
enfermedades que como mínimo deben formar parte del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrinometabólicas de la Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, que debía implantarse en todo el territorio
nacional desde el 1 de noviembre de 2015.
La incorporación desde hace 30 años en los laboratorios de cribado de técnicas analíticas basadas en la espectrometría de masas en tándem ha condicionado gradualmente cambios significativos, al posibilitar con el análisis de una gota de
sangre el cribado simultáneo de más de 40 enfermedades, el denominado cribado ampliado.
El RUSP (Recommended Uniform Screening Panel) of Secretary of the Department of Health and Human Services (HHS) ha definido recomendaciones para la inclusión de patologías en el cribado neonatal basadas en el nivel de evidencia científica,
incluyendo en dichas recomendaciones el cribado de 35 enfermedades fundamentales y 26 secundarias.
La evidencia que se ha generado a favor del cribado ampliado ha conducido a que prácticamente todos los países de Europa Occidental hayan incluido en sus programas de cribado neonatal un número importante de enfermedades. Destacan
fundamentalmente los Países Bajos y los Países escandinavos.
Un paso más lo dio Italia en 2016, aprobando por Ley la homogeneización y ampliación del programa de cribado neonatal a 40 enfermedades, regulándolo como un derecho de todos los niños y niñas nacidos en el país.
En España, a pesar de que la Cartera mínima establece únicamente un cribado para 7 enfermedades, hay una amplia variabilidad en los programas de cribado neonatal por Comunidades Autónomas (CC.AA.). El pasado 15 de abril el presidente del
Gobierno anunció que el Ministerio de Sanidad va a ampliar la cartera básica común de servicios del Sistema Nacional de Salud en el cribado neonatal en las próximas semanas, creciendo de 7 a 11 pruebas, cifra que prevé que se doble en el primer
trimestre de 2025. Pero parece evidente que se puede ser mucho más ambicioso en este propósito.
Todas las CC.AA. incluyen, por encima de la Cartera común, el cribado de la Hiperfenilalaninemia, aunque no ha sido específicamente evaluada en informes de evaluación de tecnologías sanitarias o informes de coste-efectividad, en su Cartera
complementaria, ya que se puede detectar como hallazgo accidental al realizar el cribado de la fenilcetonuria, que está incluido en la Cartera común de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud.
Hay grandes diferencias entre CC.AA. Unas, cumpliendo la Cartera y poco más, y otras que llegan a más de 30 patologías incluidas en el programa de detección precoz.
Urge por ello, de acuerdo con las CC.AA., avanzar en una situación que coloca a los niños y niñas en una clara situación de inequidad en función de su lugar de nacimiento. Implantar el cribado neonatal ampliado se estima que haría que se
detectasen patologías que de otra forma pasan desapercibidas.
Asimismo, la norma debe servir para prevenir situaciones de discapacidad y morbimortalidad infantil evitables, siempre basándose en la evidencia científica, pero con un sistema de actualización de dicha evidencia ágil, con una evaluación de
resultados con Datos de Vida Real y trabajo en red que contribuya a generar nueva evidencia y teniendo en cuenta, asimismo, en la definición de las prestaciones, implementación y evaluación de resultados, la perspectiva del paciente a través de las
asociaciones de familias afectadas. Un planteamiento que han demandado algunas asociaciones que han comparecido en la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad.
En definitiva, lo que se pretende es garantizar en las CC.AA. y ciudades autónomas, de manera similar en todas ellas, la prevención de la discapacidad y morbimortalidad infantil evitables a través de la detección y el tratamiento precoz de
enfermedades metabólicas, endocrinas, hemopatías e inmunodeficiencias hereditarias mediante un programa poblacional de cribado neonatal ampliado, como acaba de hacer la Comunidad Foral de Navarra.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar Moción La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad insta al Gobierno de España a impulsar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, dentro de la Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional
de Salud, en lo relativo al cribado de patologías, el incremento considerable, en función de la experiencia de aquellas CC.AA. que tengan mayor número de patologías establecidas, de las enfermedades que, como mínimo, deben formar parte del programa
de cribado neonatal de enfermedades, tal y como están realizando algunas CC.AA.
2. Realizar las pruebas de cribado neonatal para la detección de aquellas patologías cuyo tratamiento, farmacológico o dietético, tenga evidencia científica de que su diagnóstico temprano en el período neonatal tiene ventajas en términos de
acceso a terapias eficaces o en términos de beneficio mediante consejo genético. Las mismas se establecerán aprovechando la experiencia de aquellas CC.AA. que las tengan recogidas y con la colaboración de expertos multidisciplinares, sociedades
científicas y asociaciones de afectados por este tipo de patologías.
3. Establecer un sistema de información de datos que permita su anonimización para la evaluación e investigación de los resultados poblacionales y de la efectividad del programa con Datos de Vida Real comparables y que puedan compartirse
entre los sistemas sanitarios regionales e internacionales de salud, prevención'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a enviar un Proyecto de Ley por el que se modifique el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a fin de sancionar a quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor
del control de los incumplimientos de las normas de circulación, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Desde hace algunos años, distintas aplicaciones móviles proporcionan información sobre radares de velocidad y lo que es más preocupante, la presencia en carretera de controles de cualquier tipo, (velocidad, alcoholemia), incluidos otros
controles policiales como los relacionados con el terrorismo y otros delitos. A este tipo de apps, con herramientas como Waze, Social Drive, Camsam, Radardroid, Coyote o, incluso, Google Maps, hay que añadir los grupos de WhatsApp y Telegram en los
que los conductores proporcionan información que dificulta la labor del control de los incumplimientos de las normas de circulación, especialmente a los agentes de tráfico, sin ser conscientes de los peligros que esto conlleva, ya que el aviso hace
que pierdan su eficacia al permitir alterar la ruta para evitarlos.
Estas prácticas y sus peligros han sido denunciadas por expertos, y diferentes asociaciones, como las Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y otras como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y muy particularmente por los
agentes de tráfico, que se ven obligados a levantar o mover, cada vez de forma más habitual, los controles de alcohol y drogas por la falta de eficacia por publicitación de estos.
Resulta pues conveniente, introducir, entre las infracciones muy graves del artículo 77 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, una nueva infracción consistente en tipificar el uso de esos dispositivos para advertir de la existencia de vigilancias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, destinados a vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la ley a los usuarios de las vías. Dicha conducta deberá ser sancionada de manera especialmente severa a aquellos usuarios que emiten el aviso. No olvidemos que esto posibilita que personas que sobrepasen el nivel de alcoholemia permitido,
conduzcan bajo efectos de drogas, sin permiso, sin seguro, o incumpliendo otras normas que pueden poner en grave peligro la seguridad de otros usuarios de la vía, evadan dicho control y sigan perpetrando esas peligrosas prácticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley por el que se modifique el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a fin de sancionar a quienes proporcionen información que dificulte o impida el control de los incumplimientos de las normas de circulación, poniendo con ello en peligro a otros usuarios de las
vías'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Manuel Arribas Maroto, Rafaela Romero Pozo, Juan Carlos Jerez Antequera, Daniel Senderos Oraá, José Luis Aceves Galindo, Trinidad Carmen Argota Castro, Ignasi Conesa Coma, Elisa
Garrido Jiménez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Jesús Mayoral Pérez, Álvaro Morales Álvarez y David Serrada Pariente, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la necesidad de incrementar las campañas de concienciación sobre los riesgos de somnolencia en la conducción, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La conducción de vehículos por las vías públicas es una actividad consciente que exige de la máxima atención para evitar situaciones de riesgo que, en el peor de los casos, pueden acabar en siniestros. Las distracciones en la conducción
conllevan el descuido en el manejo de los mandos, la desatención a las circunstancias del tráfico y la adopción de las precauciones debidas frente a los demás usuarios. La somnolencia en la conducción es una causa importante de distracción,
llegando a perder el control total en los casos en que los conductores se duermen.
Las salidas de vía están detrás del 42 % de los siniestros viales mortales, según las estadísticas. Algunos de ellos se producen en autopistas y autovías sin causa aparente, sin que se detecte el uso de alcohol o drogas, la utilización del
teléfono o cualquier otro motivo de desatención. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), se estima que un 7 % de los siniestros mortales podrían deberse a que el conductor se quedó dormido.
Analizados los supuestos, se observa que la mayoría de estos siniestros se producen entre las 0:00 y las 6:00 y las 14:00 y las 17:00 horas. Es decir, de noche o después de comer. Generalmente se da entre conductores que viajan solos y
a alta velocidad. Incide también la monotonía en la conducción o el exceso de confianza por conocer la ruta.
Está comprobado que la falta de sueño produce cansancio, fatiga, irritabilidad, perjudica la atención y merma la capacidad de respuesta, la capacidad para resolver problemas.
Conociendo los hechos y las causas, la tipología de siniestro, hora y conductor, parece oportuno influir en la actitud de los usuarios de la vía promoviendo campañas de publicidad en los diversos formatos y medios para concienciar y
sensibilizar sobre los riesgos del
sueño, los efectos de |a somnolencia en el conductor y las medidas tendentes a evitar que esa situación se produzca
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el marco de sus competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a:
Promover y realizar campañas de información y concienciación para alertar a los conductores sobre los riesgos de la somnolencia en la conducción y sus trágicas consecuencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2024.-Manuel Arribas Maroto, Rafaela Romero Pozo, Juan Carlos Jerez Antequera, Daniel Senderos Oraá, José Luis Aceves Galindo, Trinidad Carmen Argota Castro, Ignasi Conesa Coma, Elisa
Garrido Jiménez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Jesús Mayoral Pérez, Álvaro Morales Álvarez y David Serrada Pariente, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000266
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Pedro Puy Fraga, María del Mar González Bella y Llanos de Luna Tobarra
Texto:
¿De qué forma se plantea el ministro de Transformación Digital y Función Pública atraer talento a la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Pedro Puy Fraga, María del Mar González Bella y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.
181/000267
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: María del Mar González Bella, María Isabel Prieto Serrano y María Pilar Alía Aguado
Texto:
¿Cuál es el papel que va a jugar la inteligencia artificial en el desarrollo de pilotos de hubs de prestación de servicios de atención a la ciudadanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-María del Mar González Bella, María Isabel Prieto Serrano y María Pilar Alía Aguado, Diputadas.
181/000268
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Félix de las Cuevas Cortés, Carlos Floriano Corrales y María del Mar González Bella
Texto:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno avanzar en el uso del lenguaje administrativo claro y fácil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Félix de las Cuevas Cortés, Carlos Javier Floriano Corrales y María del Mar González Bella, Diputados.
181/000269
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata y María del Mar González Bella
Texto:
¿Va a impulsar el Gobierno la regulación de las actividades de los grupos de interés, tal y como afirmó el ministro de Transformación Digital y Función Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Carlos Gil Santiago, Alfonso Carlos Macías Gata y María del Mar González Bella, Diputados.
181/000270
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: José Vicente Mari Bosó, Pedro Muñoz Abrines y María del Mar González Bella
Texto:
¿Va a plantear el Gobierno algún cambio en las herramientas de participación ciudadana utilizadas para adoptar decisiones sobre políticas públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines y María del Mar González Bella, Diputados.
181/000271
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: José Enrique Núñez Guijarro, Álvaro Pérez López y María del Mar González Bella
Texto:
¿Qué planteamiento tiene el Gobierno sobre la actual Oficina de Conflictos de Interés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-José Enrique Núñez Guijarro, Álvaro Pérez López y María del Mar González Bella, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000272
Grupo Parlamentario Junts per Catalunya
Diputado: Isidre Gavín i Valls
Texto:
Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo ha confirmado el 2030 como fecha de finalización de todas las actuaciones necesarias para el Corredor Mediterráneo, ¿Cuál es el calendario de ejecución de cada una de las actuaciones pendientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Isidre Gavín i Valls, Diputado.
Grup Parlamentari Junts per Catalunya
Diputat: Isidre Gavín i Valls
Text:
Tenint en compte que el Parlament Europeu ha confirmat el 2030 com a data de finalització de totes les actuacions necessáries per al corredor mediterrani, quin és el calendan d'execució de cadascuna de les actuacions pendents?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de maig de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputat.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000273
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Irene Garrido Valenzuela, Sofía Acedo Reyes, Isabel Gema Pérez Recuerda y Maribel Sánchez Torregosa
Texto:
Valoración del impacto de la medida de compatibilidad de ingresos procedentes de rentas, de trabajo o de actividad económica por cuenta propia con la percepción del ingreso mínimo vital.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Irene Garrido Valenzuela, Sofía Acedo Reyes, Isabel Gema Pérez Recuerda y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputadas.
181/000274
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Irene Garrido Valenzuela, Sofía Acedo Reyes, Isabel Gema Pérez Recuerda y Maribel Sánchez Torregosa
Texto:
Medidas para impulsar y generalizar desde el ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nuevas actuaciones que refuercen los itinerarios de inclusión social vinculados al ingreso mínimo vital.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2024.-Irene Garrido Valenzuela, Sofía Acedo Reyes, Isabel Gema Pérez Recuerda y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputadas.
Comisión de Sanidad
181/000253
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno poner en marcha alguna medida de utilidad real para materializar las propuestas planteadas por el Conejo Económico y Social (CES) en el informe 'El sistema sanitario: situación actual y perspectivas para
el futuro' que el presidente del propio CES entregó en mano a la ministra de Sanidad el pasado 18 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000254
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad impulsar alguna medida de utilidad real con la que dar cumplimiento efectivo a la solicitud de 'establecer un buen sistema de garantía de la calidad' de la formación MIR que se ha planteado
desde la Organización Médica Colegial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000255
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué propuestas se tiene previsto realizar desde la Secretaría General de Salud Digital del Ministerio de Sanidad en la 'Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública' creada el pasado
9 de abril de 2024 por el Consejo de Ministros para 'promover una cultura innovadora en la gestión de la contratación pública' en todo el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000256
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué medidas se tiene previsto impulsar desde el Gobierno para materializar el 'sistema de vigilancia epidemiológica que registrará todo el sufrimiento psíquico derivado de la actividad laboral' comprometido por la directora del Comisionado
de Salud Mental del Ministerio de Sanidad el pasado 17 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000257
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real para implementar adecuadamente la 'Guía de Evaluación Económica de
Medicamento' elaborada por el Comité Asesor para la Financiación de la prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000258
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué situación -cumplimiento tangible de objetivos, resultados reales...- se encuentra el 'Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la Alianza de la Sanidad Privada Española, para la colaboración técnica, científica y
docente en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos y tejidos' suscrito en febrero de 2019 y qué planes de desarrollo se tienen desde el Ministerio de Sanidad en relación con el referido convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000259
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Cuáles serán las principales líneas de trabajo y objetivos del 'Real Decreto de centros sanitarios' en el que el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad dijo estar trabajando el pasado 10 de abril de
2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000260
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué medidas de utilidad real se tiene previsto impulsar desde el Ministerio de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al anuncio realizado por el secretario de Estado de Sanidad de retomar las auditorías de las condiciones de formación de
los MIR 'este año'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000261
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno impulsar alguna medida para materializar la propuesta de la ministra de Sanidad de poner 'las políticas de vivienda, las políticas sociales, las políticas medioambientales... todas aquellas políticas que
trascienden al Ministerio de Sanidad' en 'el centro de las políticas de salud'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000262
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno 'priorizar el bienestar en todas las políticas adoptando medidas concretas para mejorar no solamente la salud, sino todo aquello que impacta en ella: la vivienda, fortalecer la cooperación internacional
en salud, enfrentar los desafíos del cambio climático...'., tal y como ha considerado necesario la ministra de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000263
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Está desarrollando algún tipo de actividad el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad y, de ser así, en qué consiste concretamente ese trabajo y cuáles son exactamente las líneas de actuación y los objetivos
pretendidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000264
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué medidas se tiene previsto materializar desde el Gobierno para hacer tangibles 'la estrategia de lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito sanitario y el impulso continuado de mecanismos de prevención', el 'sistema de alertas'
y 'la colaboración con otros organismos y entidades' para los que el Ministerio de Sanidad constituyó el 'Observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria' el pasado 26 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000265
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Cuáles son las líneas estratégicas/los principales objetivos -y con qué medidas y recursos se pretenden desarrollar- del Plan de Actuación 2024 de la 'Fundación CSAI' que le fue presentado a la ministra de Sanidad el pasado 29 de febrero de
2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/008489
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Noriega Gómez, Javier (GP) De las Cuevas Cortés, Félix (GP) De los Santos González, Jaime Miguel (GP)
Previsiones acerca de la modificación de la ley trans española tras la publicación en el Reino Unido del Informe Cass y sus conclusiones sobre las consecuencias de la medicación de menores con disforia de género, para evitar los efectos
perniciosos que indica el citado informe.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 25461, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los señores Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Noriega Gómez, Félix de las Cuevas Cortés y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Tras cuatro años de investigación, ha sido publicado en el Reino Unido el 'INFORME CASS' y sus conclusiones, sobre las consecuencias de la medicación de menores con disforia de género, son demoledoras. Se habla en referido Informe del mayor
escándalo médico del siglo.
El tratamiento de bloqueo de la pubertad y de reemplazo hormonal a los menores de edad no solo no ha probado ningún beneficio sobre la salud física y mental de referidos menores, sino que, muy al contrario, se ha dañado la salud de los
menores, en ocasiones, de manera irreversible.
- ¿Qué va a hacer el Gobierno de España al respecto y en defensa de los menores?
- ¿Va a modificarse la Ley Trans española y así evitar esos efectos perniciosos que indica el 'INFORME CASS'?
- ¿Va a proveerse a los menores de edad de la adecuada atención y acompañamiento psicológico y terapéutico, antes de iniciarse un tratamiento de bloqueo de la pubertad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-Javier Noriega Gómez, Félix de las Cuevas Cortés y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados.
184/008492
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Marí Bosó, José Vicente (GP) Fernández Herranz, Sandra (GP) Mesquida Mayans, Joan (GP) Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Previsiones acerca de cubrir las vacantes existentes para los agentes de la Guardia Civil destinados en las Illes Balears, así como medidas previstas para atender las reivindicaciones de las asociaciones profesionales de guardias civiles
para revertir la situación de precariedad de los agentes en el archipiélago balear.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 25460, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los señores Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Vicente Marí Bosó, Sandra Fernández Herranz, Joan Mesquida Mayans, Diputados por Illes Balears, y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Boletín Oficial de la Guardia Civil del pasado 9 de abril indica que actualmente existen 292 vacantes en las plantillas de la Guardia Civil destinadas a los diferentes municipios de las Islas Baleares. En concreto, hay 207 plazas sin
cubrir en Mallorca, otras 12 en Menorca y un total de 73 para las islas de Ibiza y Formentera. Como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, gran parte de las convocatorias quedarán desiertas.
La mayoría de las unidades del Instituto Armado en Baleares se encuentran en una situación deficitaria. Además, la inacción del Gobierno y su falta de interés para incrementar el complemento retributivo para los agentes destinados en las
Islas implica que no se podrá contar con el necesario refuerzo de agentes de cara al período de verano. Esta problemática se lleva alargando desde hace años y compromete seriamente la seguridad de los ciudadanos de Baleares y a sus visitantes.
- ¿Tiene previsto el Gobierno cubrir las vacantes existentes para los agentes de la Guardia Civil destinados en las Islas Baleares?
- ¿Piensa el Gobierno cumplir con las iniciativas parlamentarias aprobadas por las Cortes Generales que le instan a incrementar el complemento retributivo para hacer frente a los costes de la insularidad destinado a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Baleares?
- ¿Cuándo piensa el Gobierno atender las reivindicaciones de las asociaciones profesionales de guardias civiles que insisten en medidas urgentes para revertir la situación de precariedad de los agentes en el archipiélago balear?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-José Vicente Marí Bosó, Sandra Fernández Herranz, Joan Mesquida Mayans y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.