Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 135, de 06/05/2024
cve: BOCG-15-D-135
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de mayo de 2024
Núm. 135
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre declaraciones de nulidad de sentencias franquistas y de desagravio del Gobierno español al pueblo de Cataluña por el asesinato del Presidente Lluís
Companys i Jover... (Página7)
Comisión de Justicia
161/000679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la remisión urgente a las Cortes Generales del proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al
objeto de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual...
Comisión de Defensa
161/000648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora urgente de la retribución a las Fuerzas Armadas ... (Página13)
Comisión de Interior
161/000663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ampliar el catálogo de activos de la Policía Nacional de Cuenca y poner en marcha los mecanismos necesarios para mejorar la seguridad
ciudadana de la ciudad ... (Página14)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación en las infraestructuras asturianas ... (Página15)
161/000646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la restitución y mejora de las frecuencias de trenes Avant entre Segovia y Madrid durante las obras de Chamartín, y aceleración de los
trabajos de ampliación del aparcamiento de la estación de Segovia Guiomar ... (Página18)
161/000666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las obras de mejora en la N-VI a su paso por el Ayuntamiento de Bergondo ... (Página19)
161/000672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el servicio ferroviario y la circulación de trenes en Camporrobles, en la comarca de Requena-Utiel, en la Comunitat Valenciana ...
161/000682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de cumplir con la iniciativa ya aprobada, tanto en el Congreso como en el Senado, en el año 2020, en la que se instaba al
Gobierno a renombrar el 'Aeropuerto de Valladolid' con la nueva denominación 'Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes' ... (Página24)
Comisión de Industria y Turismo
161/000651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a considerar el reconocimiento del sector de la Joyería de Córdoba, como Indicación Geográfica Protegida, en la categoría
de productos artesanales e industriales ... (Página25)
161/000659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la promoción industrial a través de la mejora en la red de transporte de energía, especialmente en la provincia de Córdoba ...
161/000678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el impulso y aceleración de los trámites administrativos en las autorizaciones para la instalación de estaciones y puntos de recarga de vehículos
eléctricos ... (Página31)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la regulación de las cajas botín y el acceso de menores de edad ... (Página36)
161/000681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para desarrollar, en su totalidad, la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social... (Página37)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la inclusión del Regadío Tierra de Barros en el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana ... (Página38)
161/000690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las importantes pérdidas económicas de los trabajadores y trabajadoras del mar afectados por las intensas lluvias de este otoño-invierno y para la
recuperación productiva de las rías gallegas ... (Página40)
Comisión de Política Territorial
161/000691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a poner en marcha un plan nacional global, integral y coordinado de formación para todas las Administraciones públicas, en la mejora del
conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información ... (Página43)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la finalización de las obras de regeneración ambiental de la ría do Burgo y el mantenimiento de las compensaciones a los mariscadores y mariscadoras hasta la
total recuperación de su capacidad productiva ... (Página44)
161/000660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al fomento de comunidades energéticas de base ciudadana en Galicia ... (Página47)
161/000664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la doble conexión de las cuencas del río Sorbe y río Bornova ... (Página51)
161/000673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aprobación de un trasvase extraordinario de nivel 1 en el eje Tajo-Segura ... (Página53)
161/000685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para un plan de emergencia de apoyo a la cogeneración ... (Página55)
161/000686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre neutralidad tecnológica para la transición energética ... (Página59)
161/000689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las importantes pérdidas económicas de los trabajadores y trabajadoras del mar afectados por las intensas lluvias de este otoño-invierno y para la
recuperación productiva de las rías gallegas ... (Página63)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la cesión de las viviendas de las que es titular la SAREB para uso social en la ciudad de Vigo ... (Página65)
161/000677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la reforma de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda ... (Página68)
Comisión de Cultura
161/000409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Retirada... (Página70)
161/000654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al reconocimiento, el estudio, formación, divulgación, conservación y puesta en valor de la arquitectura popular en 'piedra seca' ...
161/000658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la designación de Sevilla como sede permanente del Premio Velázquez de las Artes Plásticas otorgado por el Ministerio de Cultura ...
161/000670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la presencia permanente, singular y específica del Museo del Prado en el Palacio de los Águila de la ciudad de Ávila ...
161/000688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO ... (Página76)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las deficiencias y problemas de desconexión en el proceso de extensión de la fibra en Galicia ... (Página78)
161/000668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la cesión de las viviendas de las que es titular la SAREB para uso social en la ciudad de Vigo ... (Página81)
Comisión de Sanidad
161/000652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la reducción permanente de la tributación de alimentos adecuados para los afectados de enfermedad celíaca ... (Página84)
161/000656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la colaboración con la Comisión Nacional de Radiofísica Hospitalaria, colegios profesionales y las sociedades científicas ...
Comisión de Igualdad
161/000653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la erradicación de la violencia vicaria ... (Página88)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Ministerio de Juventud e Infancia a que cumpla con sus obligaciones de publicidad activa de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ... (Página89)
161/000676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de instrumentos de evaluación de impacto de las políticas públicas sobre juventud ... (Página91)
161/000680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en todo el territorio nacional ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la asistencia personal para las personas en situación de dependencia ... (Página95)
161/000667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el despliegue efectivo del Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA ... (Página96)
161/000683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para realizar una macroencuesta sobre la violencia de género de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y
cuidadoras de personas con discapacidad ... (Página98)
161/000684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para resolver, de manera urgente, los problemas que está generando a las Comunidades Autónomas la aplicación del baremo para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad ... (Página99)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000121 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP); Llamazares Domingo, Esther (GP); Pastor Julián, Ana María (GP); Martínez Labella, Ana (GP); Teniente Sánchez, Cristina (GP); Cruz-Guzmán García, María Soledad
(GP); Bravo Baena, Juan (GP); García Félix, Manuel (GP); Palencia Rubio, Héctor (GP); Herrero Bono, José Alberto (GP); Delgado Arce, Celso Luis (GP); Ramajo Prada, Óscar (GP); Beamonte Mesa, Luis María (GP); Cabezón Casas, Tomás (GP);
Merino Martínez, Javier (GP), y Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), sobre previsiones acerca de adquirir el compromiso inequívoco de desarrollar una línea de Alta Velocidad Faro-Huelva-Sevilla y trasladar a la Unión Europea la necesidad de unir
mediante un corredor ferroviario el Algarve con Andalucía, defender su inclusión como obra prioritaria en la Red Transeuropea de Transporte y dotar de los fondos necesarios para el inicio de los trabajos previos ...
181/000122 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP); Llamazares Domingo, Esther (GP); Pastor Julián, Ana María (GP); Martínez Labella, Ana (GP); Teniente Sánchez, Cristina (GP); Cruz-Guzmán García, María Soledad
(GP); Bravo Baena, Juan (GP); García Félix, Manuel (GP); Palencia Rubio, Héctor (GP); Herrero Bono, José Alberto (GP); Delgado Arce, Celso Luis (GP); Ramajo Prada, Óscar (GP); Beamonte Mesa, Luis María (GP); Cabezón Casas, Tomás (GP);
Merino Martínez, Javier (GP), y Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), sobre previsiones acerca de llevar a cabo una actuación integral en la N-435 ante el gran deterioro de la misma y, en su caso, partida presupuestaria y fecha de ejecución que tendría
dicha actuación ... (Página102)
181/000123 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP); Llamazares Domingo, Esther (GP); Pastor Julián, Ana María (GP); Martínez Labella, Ana (GP); Teniente Sánchez, Cristina (GP); Cruz-Guzmán García, María Soledad
(GP); Bravo Baena, Juan (GP); García Félix, Manuel (GP); Palencia Rubio, Héctor (GP); Herrero Bono, José Alberto (GP); Delgado Arce, Celso Luis (GP); Ramajo Prada, Óscar (GP); Beamonte Mesa, Luis María (GP); Cabezón Casas, Tomás (GP);
Merino Martínez, Javier (GP), y Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), sobre previsiones acerca de llevar a cabo una actuación integral en la autopista del V Centenario, A-49, ante el gran deterioro de la misma y, en su caso, partida presupuestaria y
fecha de ejecución que tendría dicha actuación ... (Página102)
181/000124 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP); Llamazares Domingo, Esther (GP); Pastor Julián, Ana María (GP); Martínez Labella, Ana (GP); Teniente Sánchez, Cristina (GP); Cruz-Guzmán García, María Soledad
(GP); Bravo Baena, Juan (GP); García Félix, Manuel (GP); Palencia Rubio, Héctor (GP); Herrero Bono, José Alberto (GP); Delgado Arce, Celso Luis (GP); Ramajo Prada, Óscar (GP); Beamonte Mesa, Luis María (GP); Cabezón Casas, Tomás (GP);
Merino Martínez, Javier (GP), y Rojas Manrique, Juan Antonio (GP), sobre previsiones acerca de llevar a cabo una actuación para la mejora del firme en la N-433 y, en su caso, partida presupuestaria y fecha de ejecución que tendría dicha actuación
... (Página102)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/007146 Autor: Micó Micó, Àgueda
Compromiso del Gobierno para financiar el 100 % con fondos provenientes de la Unión Europea diversas obras para solucionar los vertidos de aguas contaminadas del Parque Natural de l'Albufera ... (Página103)
184/007147 Autor: Micó Micó, Àgueda
Restauración y renaturalización del embalse de Bellús ... (Página104)
184/007148 Autor: Micó Micó, Àgueda
Propuesta de convenio entre Acuamed y la Diputación de Castelló para integrar las desaladoras de Moncofa y Orpesa a los 30 municipios que integran los consorcios de la Plana Baixa y del Pla de l'Arc ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre declaraciones de nulidad de sentencias franquistas y de desagravio del Gobierno español al pueblo de Catalunya por el asesinato del President Lluís Companys i Jover para su debate en instancia en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
El 5 de octubre de 2022, el Senado daba por aprobado de manera definitiva el texto de la Ley de Memoria Democrática que se había remitido desde el Congreso de los Diputados unos meses antes. Durante el trámite parlamentario se introdujeron
algunas modificaciones al texto, siendo una de las más significativas la referente a la declaración de ilegalidad del Régimen fascista que se implantó en el estado español entre el periodo 1936-1978. Cabe recordar que esta era una reivindicación
muy repetida tanto de la sociedad civil del movimiento memorialístico como de partidos políticos antifranquistas, que no se vio satisfecha por la Ley de 2007. Tanto es así que fue un argumento fundamental para que Esquerra Republicana, uno de los
principales partidos perseguidos por la represión franquista, presentara un texto alternativo al Proyecto de Ley 'por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura' y acabara votando en contra de la que sería finalmente la Ley 52/2007.
Si bien el Proyecto de Ley de la actual Ley de Memoria Democrática incluía un reconocimiento general y estudios para la reparación integral de víctimas, no explicitaba la declaración de ilegalidad del Régimen (y consecuentemente los órganos
y estamentos judiciales). No obstante, en la tramitación parlamentaria y fruto de la negociación parlamentaria con Esquerra Republicana y EH Bildu, la Ley de Memoria Democrática ha acabado recogiendo la ilegalidad del régimen, la nulidad de las
sentencias y órganos y la obligatoriedad de hacer constar las mismas en los expedientes judiciales así como el derecho a una declaración personal de reconocimiento y reparación.
Esta ley aprobada por la Cortes Generales sigue la estela de la que ya se aprobó, por unanimidad, el 29 de junio de 2017 en el Parlament de Catalunya y que explicitaba la
ilegalidad -y nulidad de sus sentencias- del tribunal de 'la auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación', denominada posteriormente 'auditoría de Guerra de la IV Región Militar' y que actuó en el territorio del Principat de Catalunya
durante el periodo 1938 a 1978. En concreto, el texto aprobado en el Parlament rezaba el siguiente literal: 'se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los
consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Catalunya por el régimen franquista'. Esta declaración comportó la expedición de certificados de nulidad por parte del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a las víctimas y/o
familiares de éstas que lo demandaran y a tal efecto se creó un mecanismo para facilitar la petición a la Administración. Así pues, y a tenor de la aprobación por parte de las Cortes Generales de un texto similar, correspondería al Gobierno español
actuar en consecuencia, siempre respetando de manera escrupulosa la legislación y competencias autonómicas y el principio de subsidiariedad.
En todo el Estado y durante toda la dictadura -desde 1936 a 1978- se cuentan por centenares de miles los sentenciados por motivos ideológicos y políticos. La Ley, además y también a raíz de la negociación parlamentaria, se abre al estudio
de los represaliados y sentenciados por motivos políticos hasta más allá de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución en 1978.
Es imprescindible llevar a cabo con urgencia la reparación de víctimas que establece la Ley. Tanto porque el tiempo hace que vayan desapareciendo los familiares directos, como porque la derecha española siempre ha obstaculizado la
implementación de cualquier medida de memoria democrática.
Asimismo, finalmente, por su significación histórica y simbólica, cabe destacar la persecución, sentencia y ejecución del único presidente electo por parte del fascismo en Europa y en toda la historia: Lluís Companys i Jover. Sobre esta
figura tan simbólica para la democracia y para el pueblo de Catalunya, después de su detención por la GESTAPO, pesaron las sentencias número 25, de 13 de diciembre de 1939, dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona
y la dictada por el consejo de guerra de oficiales generales en el procedimiento sumarísimo ordinario número 23.468, que el 14 de octubre de 1940 condenó a la pena de muerte al presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jover.
Fue fusilado en la mañana del 15 de octubre de 1940 en el Castell de Montjuïc. Este asesinato tiene una carga clara y explícita que cabe resarcir, reconocer y reparar por parte de un estado que dícese ser una democracia plena. En este
sentido, pues, y pasadas más de ocho décadas de aquella ignominia, y en virtud de la entrada en vigor del nuevo texto legislativo sobre memoria democrática, debería establecerse un mecanismo claro de desagravio por parte del gobierno español para
con la institución que representa al pueblo de Catalunya y el que fue su máximo representante electo como ciento vigésimo tercero President de la Generalitat entre el 11 de mayo de 1936 y, hasta el día de su asesinato, el 15 de octubre de 1940.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Expedir, de manera inmediata y tal como ha solicitado formalmente el Departament de Justícia de la Generalitat al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la declaración de reconocimiento y reparación personal del Molt
Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, contemplada en el artículo 5.4 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, y la publicación de la anulación de las sentencias en los respectivos expedientes judiciales.
2. Proceder a la realización de un acto formal de desagravio por parte del Gobierno español para con el Molt Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, sentenciado a muerte por juicio sumarísimo y asesinado por el
fascismo el 15 de octubre de 1940.
El mismo reconocimiento y desagravio se hará extensivo para con el pueblo de Catalunya a tenor de que Lluís Companys era su presidente elegido democráticamente. A tal efecto se procederá a constituir, en el menor plazo de tiempo posible y
de acuerdo con el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática un grupo de trabajo que acuerde los términos en los que se llevará a cabo el acto solemne.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc-Marc Álvaro, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
declaracions de nul·litat de sentències franquistes i de desgreuge del Govern espanyol al poble de Catalunya per l'assassinat del President Lluís Companys I Jover per al seu debat en instància a la Comissió de Constitucional.
Exposició de motius
El 5 d'octubre de 2022, el Senat donava per aprovat de manera definitiva el text de la Llei de Memòria Democràtica que s'havia remès des del Congrés dels Diputats uns mesos abans. Durant el tràmit parlamentari s'introduïren algunes
modificacions al text, essent una de les més significatives la referent a la declaració d'il·legalitat del Règim feixista que es va implantar a l'estat espanyol entre el període 1936-1978. Cal recordar que aquesta era una reivindicació molt
repetida tant de la societat civil a través del moviment memorialista com de partits polítics antifranquistes, extrem que no s'havia vist satisfet per la Llei de 2007. Fins i tot va ser un argument fonamental perquè Esquerra Republicana, un dels
principals partits perseguits per la repressió franquista, presentés un text alternatiu al Projecte de Llei 'per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor de qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i
la dictadura' i acabés votant en contra de la que seria finalment la Llei 52/2007.
Tot i que el Projecte de Llei de l'actual Llei de Memòria Democràtica incloïa un reconeixement general i estudis per a la reparació integral de les víctimes, no explicitava la declaració d'il·legalitat del Règim (i, en conseqüència, dels
òrgans i estaments judicials). No obstant això, en la tramitació parlamentària i fruit de la negociació parlamentària amb Esquerra Republicana i EH Bildu, la Llei de Memòria Democràtica va acabar recollint la il·legalitat del règim, la nul·litat de
les sentències i òrgans, i l'obligatorietat de fer constar les mateixes als expedients judicials, així com el dret a una declaració personal de reconeixement i reparació.
Aquesta llei aprovada per les Corts Generals segueix l'estela de la que ja es va aprovar, per unanimitat, el 29 de juny de 2017 al Parlament de Catalunya, que explicitava la il·legalitat -i nul·litat de les seves sentències- del tribunal de
'l'auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació', denominada posteriorment' auditoria de Guerra de la IV Regió Militar' i que va actuar en el territori del Principat de Catalunya durant el període 1938 a 1978.
Concretament, el text aprovat al Parlament deia el següent literal: 'es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per
causes polítiques a Catalunya pel règim franquista'. Aquesta declaració va comportar l'expedició de certificats de nul·litat per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a les víctimes i/o familiars d'aquestes que ho
demanessin, i a tal efecte es va crear un mecanisme per facilitar la sol·licitud a l'administració. Així doncs, i en virtut de l'aprovació per part de les Corts Generals d'un text
similar, correspon al Govern espanyol actuar en conseqüència, sempre respectant de manera escrupolosa la legislació i competències autonòmiques i el principi de subsidiarietat.
A tot l'Estat i durant tota la dictadura -des de 1936 fins a 1978- es compten per centenars de milers els condemnats per motius ideològics i polítics. La Llei, a més i també com a resultat de la negociació parlamentària, s'obre a l'estudi
dels represaliats i condemnats per motius polítics fins més enllà de l'aprovació i entrada en vigor de la Constitució l'any 1978. És imprescindible dur a terme amb urgència la reparació de les víctimes que estableix la Llei. Tant perquè el temps
fa que vagin desapareixent els familiars directes, com perquè la dreta espanyola sempre ha obstaculitzat la implementació de qualsevol mesura de memòria democràtica.
Així mateix, finalment, per la seva significació històrica i simbòlica, cal destacar la persecució, sentència i execució de l'únic president electe per part del feixisme a Europa i en tota la història: Lluís Companys i Jover. Sobre aquesta
figura tan simbòlica per a la democràcia i per al poble de Catalunya, després de la seva detenció per part de la Gestapo, van pesar les sentències número 25, de 13 de desembre de 1939, dictada pel Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de
Barcelona i la dictada pel consell de guerra d'oficials generals en el procediment sumaríssim ordinari número 23.468, que el 14 d'octubre de 1940 va condemnar a la pena de mort al president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jover. Fou
afusellat al matí del 15 d'octubre de 1940 al Castell de Montjuïc. Aquest assassinat té una càrrega clara i explícita que cal rescabalar, reconèixer i reparar per part d'un estat que es diu ser una democràcia plena. En aquest sentit, doncs, i
després de més de vuit dècades d'aquella ignomínia, i en virtut de l'entrada en vigor del nou text legislatiu sobre memòria democràtica, hauria d'establir-se un mecanisme clar de desgreuge per part del govern espanyol envers la institució que
representa al poble de Catalunya i el que va ser el seu màxim representant escollit com a cent vint-i-tresè President de la Generalitat entre l'11 de maig de 1936 i, fins al dia del seu assassinat, el 15 d'octubre de 1940.
Per tot l'exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Expedir, de manera immediata i tal com ha sol·licitat formalment el Departament de Justícia de la Generalitat al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, la declaració de reconeixement i reparació personal del Molt
Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, contemplada a l'article 5.4 de la Llei 20/2022, del 19 d'octubre, de memòria democràtica, i la publicació de l'anul·lació de les sentències en els respectius expedients judicials.
2. Procedir a la realització d'un acte formal de desgreuge per part del Govern espanyol envers el Molt Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, sentenciat a mort per judici sumaríssim i assassinat pel feixisme el 15
d'octubre de 1940.
El mateix reconeixement i desgreuge es farà extensible al poble de Catalunya, atès que Lluís Companys era el seu president escollit democràticament. A tal efecte es procedirà a la constitució, en el termini més breu possible i d'acord amb
el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, d'un grup de treball que acordi els termes en què es durà a terme l'acte solemne.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Justicia
161/000679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la remisión urgente a las Cortes
Generales del proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al objeto de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en Ley
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones de derechos humanos más persistentes y devastadoras de nuestro tiempo. Así se reconoce expresamente en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España el 18 de marzo de 2014 cuyo artículo 3. a): establece que 'Por 'violencia contra la mujer' se deberá entender una violación de los
derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada'.
En el ordenamiento jurídico vigente, la regulación de la lucha contra la violencia contra la mujer se enmarca dentro de las siguientes disposiciones legales:
- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que comprende toda violencia contra las mujeres procedente de sus parejas o exparejas. El art. 20.1 de esta ley reconoce a las
mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia jurídica gratuita; Una asistencia que, con independencia de sus recursos económicos, se encuentra a su vez garantizada en el apartado h) del artículo 2 de Ley 1/1996, de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita.
- La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual que reconoce en el apartado e) de su artículo 33, el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de las violencias sexuales contempladas
en el Convenio de Estambul.
Su disposición final vigesimoprimera concede al Gobierno el plazo de un año, desde su entrada en vigor, para remitir a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al objeto
de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales en los términos y con los objetivos previstos en dicha ley orgánica. Dicho plazo expiró el pasado 7 de octubre de 2023. Precisamente, la disposición final
vigesimoquinta sobre la entrada en vigor, establece que la letra e) del apartado 1 del artículo 33 será de aplicación a partir de la entrada en vigor de la modificación normativa prevista en la disposición final vigesimoprimera.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 destaca que la asistencia jurídica gratuita en casos de violencia de género es un derecho fundamental de las víctimas, e incluye a este respecto la medida 140: 'Reforzar la asistencia
jurídica a las mujeres víctimas antes y durante todo el procedimiento judicial e incluso después de éste, durante la fase de ejecución de condena, incorporando un mayor número de letrados y letradas a los turnos de oficio especializados y mejorando
la formación especializada de los mismos'.
Esa asistencia jurídica forma parte de la respuesta integral frente a todas las manifestaciones de la violencia machista. El retraso en el cumplimiento del citado mandato legal y, en consecuencia, de esta medida 140 del Pacto de Estado
contra la Violencia de
Genero, está generando una asimetría grave entre los derechos que asisten a las víctimas de violencia de género. Mientras las víctimas de la violencia de género objeto de la Ley Orgánica 1/2004 tienen plenamente reconocido el ejercicio de
su derecho a la asistencia jurídica gratuita, no ocurre lo mismo con las víctimas de la violencia de agresión sexual objeto de la Ley Orgánica 10/2022, que no disponen del beneficio de justicia gratuita (salvo las excepciones ya contempladas por la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia gratuita -las víctimas de trata y personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual-).
Según el último informe sobre delitos contra la libertad sexual elaborado por el Ministerio del Interior correspondiente al cuarto trimestre de 2023, este tipo de delitos muestra una tendencia al alza. En 2023 las fuerzas y cuerpos de
seguridad tuvieron conocimiento de 19.981 casos, frente a los 17.367 del año anterior (excluidos los computados en el ámbito de cibercriminalidad), lo que supone un incremento del 15,1 % sobre el mismo periodo del año anterior. Las agresiones
sexuales con penetración aumentaron un 14,2 % mientras que el resto de los delitos contra la libertad sexual lo hicieron un 15,3 %.
Los datos apenas muestran la magnitud y proporciones reales de la violencia sexual en nuestro país debido los niveles de infra denuncia en estos tipos penales. Según el Informe 'Violencia sexual en España: una síntesis estimativa'
elaborado por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV) de la Universidad de Barcelona en noviembre de 2020, unas 350.000 personas al año son víctimas de actos de violencia sexual; 1 de cada 45 mujeres y 1 de cada 60 menores tienen riesgo
de sufrir este tipo de violencia cada año. Este documento llama la atención sobre los 'datos ocultos' o 'cifra negra' en este tipo de delitos, esa parte de hechos criminales que no son conocidos por la policía y la justicia. Mientras un 52 % de
las mujeres agredidas sexualmente que acuden a servicios médicos de urgencia declaran la intención de denunciar los hechos ante la policía, un estudio llevado a cabo en 2009 por el Observatorio de la Delincuencia (ODA) del Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología estimó que solo el 30 % de las víctimas de violencia sexual habían denunciado los hechos.
Estas cifras revelan la trascendencia y la importancia de la asistencia letrada a las víctimas antes y en el momento de la formulación de la denuncia, a fin de que tengan conocimiento del procedimiento que se va a iniciar, sus consecuencias
y sus posibilidades de éxito.
Las víctimas de violencia sexual no pueden seguir postergadas, deben tener a su disposición todos los recursos necesarios en un momento tan crítico. Existe una obligación no solo moral, sino legal, de asegurar a todas las mujeres víctimas
de violencia sexual una asistencia jurídica integral, inmediata, eficaz y gratuita.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, sin demora, remita a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al objeto de garantizar la asistencia jurídica
gratuita a las víctimas de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Silvia Franco González, María Jesús Moro Almaraz, Ana Isabel Alós López, Beatriz Álvarez Fanjul y Fernando de Rosa Torner, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Alberto Catalán Higueras, Diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la mejora urgente de la retribución a las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas Españolas vienen reguladas en el Reglamento de Retribuciones del personal militar, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, cuyos conceptos retributivos se actualizan de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes de los Presupuestos Generales del Estado. En los últimos años se han incorporado algunas medidas para tratar de adecuar las retribuciones de todo el personal militar con la materialización de modificaciones en
dicho Real Decreto. También en los últimos dictámenes emitidos por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados respecto a los informes anuales del Observatorio de la Vida Militar se han aprobado propuestas de resolución que reclamaban una
mejora retributiva para las Fuerzas Armadas.
Los propios informes del Observatorio de la Vida Militar, como el último correspondiente al año 2022, hacen hincapié sobre la cuestión al afirmar con rotundidad y contundencia que 'las retribuciones de los militares han quedado profundamente
desfasadas'.
Afirmando, a continuación, que 'se hace necesario acometer de forma definitiva una reforma del sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas para adaptarlo a su cualificación profesional y a las especiales características de sus
puestos de trabajo, así como a los niveles salariales de la sociedad civil y de los demás empleados públicos'. Junto a ello, hace mención especial a la necesidad de proceder 'a la creación de un concepto retributivo para el abono de las guardias,
instrucciones continuadas y otros servicios extraordinarios, que, excediendo de la jornada ordinaria de trabajo, son realizadas por el personal militar como rutina propia de su profesión, sin que actualmente tengan un expreso reflejo económico en
las retribuciones que perciben'.
Diversas asociaciones militares vienen denunciando públicamente las condiciones económicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y las reclamaciones que han hecho de forma recurrente al Ministerio de Defensa para mejorar su situación.
Apuntan a que no ha habido una subida puntual para sus miembros, más allá del aumento retributivo a todo el funcionariado público, e inciden en las complejidades de los complementos y de los criterios de pago para otros complementos. Señalan que
son muchas las quejas que se reciben por parte del personal militar que no consiguen llegar a fin de mes y que buscan un segundo empleo para hacer frente a sus necesidades.
Es conocido incluso que se da la circunstancia de cuadros de mandos que participan en los procesos selectivos para acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías locales y a las policías autonómicas, al estar estas
mejor retribuidas que el salario que perciben como miembros de las Fuerzas Armadas.
Además, mientras en los últimos tiempos el Ministerio de Hacienda sí ha aprobado propuestas de incremento de gasto para retribuciones de Guardia Civil y Policía Nacional procedentes del Ministerio de Interior, no ha atendido a las del
Ministerio de Defensa. Por lo que las retribuciones asignadas a los miembros de las Fuerzas Armadas continúan produciendo el efecto de una reducida capacidad adquisitiva de dicho personal, que se considera tanto por las asociaciones como por los
propios militares como no ajustada a los esfuerzos personales y familiares que de los mismos se demanda.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Defensa insta al Gobierno de España a:
1. Llevar a cabo de forma urgente una adecuación y mejora del salario de los miembros de las Fuerzas Armadas atendiendo a las propuestas de incremento de retribuciones que se han ido formulado desde distintos ámbitos y asociaciones en los
últimos años.
2. Acometer una equiparación retributiva del personal de las Fuerzas Armadas, así como sus complementos, guardias y servicios, teniendo en cuenta la permanente disponibilidad, penosidad y peligrosidad de sus cometidos, con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2024.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/000663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ampliar el catálogo de activos de
la Policía Nacional de Cuenca y poner en marcha los mecanismos necesarios para mejorar la seguridad ciudadana de la ciudad, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Año tras año venimos constatando como se está incrementando la criminalidad en España, en zonas de nuestra región y especialmente preocupante es Cuenca capital, que ha cerrado el 2023 con cifras récord de criminalidad, al haberse alcanzado
el número de infracciones penales más alto de, al menos los últimos 8 años.
Sin duda, un serio problema en cualquier ámbito territorial, pero especialmente grave en aquellas zonas que por sus características aúnan poca población. La lucha contra la despoblación pasa por dotar estos territorios de los mejores
servicios, y ello incluye la generación de entornos seguros.
Los últimos datos del Ministerio del Interior indican que, en el año 2023, los delitos en Cuenca capital aumentaron un 7 % más que en 2022 y cerca de un 30 % con respecto al 2019. Este dato además es más alarmante si lo comparamos con la
media nacional y regional, puesto que superamos ambas en más de dos puntos.
En los últimos años, la ciudad de Cuenca ha sufrido un aumento de la criminalidad relacionados principalmente con:
1. Delitos graves de lesiones y riña tumultuaria, aumentando un 29 %.
2. Hurtos, aumentando un 14 %.
3. Tráfico de drogas, que se ha duplicado.
4. Delitos relacionados con la ciberseguridad, aumentando más de un 11 %.
Es evidente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan años realizando esfuerzos por encima de los medios que les son asignados. Sin embargo, el esfuerzo de estos agentes no se ve acompañado de una decisión firme y definitiva
desde el Ministerio del
Interior para paliar el problema, y esto es grave porque está provocando un aumento de la delincuencia y de la sensación de inseguridad en la población por la falta de presencia policial.
Modificar los preceptos de Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que puso en marcha el Partido Popular, solo hace que los ciudadanos de Cuenca se sientan más inseguros porque desprotege a quienes tienen que velar por nuestra seguridad.
Sabemos, por desgracia, que, si no se pone remedio, seguirá aumentando el problema.
Además, todo ello queda agravado por las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez cuyas cesiones al independentismo catalán no hacen sino agravar la brecha de la desigualdad entre los españoles. Cómo prueba evidente y sangrante de ello,
sirva el acuerdo cerrado entre el Gobierno y la Generalitat para transferir 1.600 millones de euros para la financiación de los Mossos d'Esquadra. Así se explica la satisfacción mostrada por la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat,
porque según sus palabras, 'finalmente' se ha blindado este acuerdo para asegurar la financiación, que permitirá aumentar en 3.000 agentes el cuerpo, hasta los 22.006 efectivos en 2030. El texto, firmado en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, concreta que se transferirán a Cataluña 93,5 millones de euros en 2024, con un impacto acumulado de unos 1.600 millones de euros al final del periodo, en 2030.
Todo ello teniendo en cuenta las diferencias y desigualdades que se generan en territorios como el nuestro, que sufren despoblación no solo de sus núcleos rurales más pequeños si no de la propia capital conquense.
El catálogo activo de la Policía Nacional para Cuenca se cifra en 154 agentes, muy alejado de los 182 de Soria o los 176 de Ávila, provincias muy similares en número de habitantes. Además, debemos destacar que los catálogos no están
adaptados al sexto turno, provocando un déficit de efectivos.
A todo esto, debemos añadir el inminente traslado de la Comisaría de Policía Nacional de Cuenca a las nuevas dependencias, con unas dimensiones mayores que la actual y por lo tanto con la necesidad de un mayor número de agentes para
garantizar la seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias ante el Gobierno de España y otras administraciones competentes para que se adopte de modo inmediato medidas urgentes para mejorar la seguridad en la ciudad de Cuenca.
2. Instar al Ministerio del Interior, y comprometer la financiación necesaria, para aprobar un nuevo catálogo de activos de la Policía Nacional, que dé cobertura a las necesidades actuales de Cuenca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Beatriz Jiménez Linuesa y Daniel Pérez Osma, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de actuación en las infraestructuras
asturianas, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda 2030.
Exposición de motivos
Que el Principado de Asturias ocupa siempre los últimos puestos en las preocupaciones de los diferentes ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, no es nuevo, mucho menos, cuando se trata de infraestructuras prometidas y comprometidas
durante años que están dejando a la región aislada y con serios problemas de competitividad.
Las infraestructuras en el Principado de Asturias se tornan siempre en macroproyectos repletos de procesos lleno de desafíos y dificultades, que conforman ya un interminable listado de compromisos incumplidos y que suponen para la región, un
agravio comparativo de primer nivel, entre los que podemos destacar por su relevancia para la región:
El Plan de Cercanías ferroviarias para Asturias, recogido en el documento Planes Ferroviarios actuación Asturias que se presentó en diciembre de 2017, fue elaborado por el Ministerio de Fomento y preveía inversiones para el periodo 2017-2025
por un importe de 1.100 M, también fue pospuesto y las nuevas actuaciones anunciadas, durarán hasta 2028 o 2030 con una inversión que se prevé alcanzará ahora los 1.500 M.
Plan de Vías de Gijón, con un primer convenio firmado en el año 2002, sustituido diecisiete años después por el firmado en abril de 2019, el cual aún sería nuevamente modificado -por quedar obsoleto- el 4 de mayo de 2022.
El Vial de Jove de Gijón, este proyecto se remonta al 28 de junio de 1993, cuando la Dirección General de Carreteras emitió orden de estudio para el desarrollo de la siguiente actuación: Proyecto de Construcción de Nueva Carretera. Ronda
oeste de Gijón. Autovía de acceso al puerto de El Musel. Tramo: Lloreda-Musel. En mayo de 2023 se anuncia finalmente su licitación. En marzo de 2024 se publicó la orden de no adjudicación, justificado por un informe técnico que lo hace
inviable.
Soterramiento de la Barrera Ferroviaria de Avilés. En febrero de 2008, se firma el primer protocolo por el que el Gobierno Central asume como propio el problema de las vías en la ciudad de Avilés, trámites, estudios y convenios resume las
actuaciones de los últimos dieciséis años, actualmente pendiente del estudio de impacto ambiental.
Ronda Norte de Avilés. Fue en agosto de 2005, cuando el Principado de Asturias recibió la documentación sobre el estudio de impacto ambiental de la Ronda Norte (conexión del Puerto con la Variante), diecinueve años y cuatro estudios
después, la ronda norte de Avilés sigue sin fecha y sin trazado definitivo.
El tercer carril de la autopista 'Y' inaugurado hace tan solo unos meses, se ejecutó diecisiete años después del primer anuncio, aunque las obras no han finalizado. En el Nudo de Serín, son 200 metros de obra en la calzada de la autopista
que comenzaron en septiembre de 2023 e iban a terminar en tres meses, posteriormente se amplió al primer trimestre de este año y finalmente se ha paralizado la obra para realizar un modificado. No es la primera vez, en el año 2019 se inició esta
misma obra y estuvo paralizada tres años. La autopista 'Y' es la arteria principal de Asturias y acumula retenciones kilométricas diarias, cuando no accidentes, desde el inicio de estas obras.
Ronda Norte de Oviedo. Su fase de información pública finalizó hace cerca de un año y medio sin que los centenares de alegantes hayan tenido respuesta hoy en día, y su Estudio de Impacto Ambiental aparece en periodo de consulta pública
desde julio de 2023 sin que el Gobierno central haya adjuntado aún documentación alguna que pueda ser consultada por los ciudadanos.
Soterramiento Ferroviario de Langreo. Las obras comenzaron en noviembre de 2009, iban a durar tres años y costar algo menos de 55 millones de euros, a financiar con cargo a los Fondos Mineros. La gran obra ferroviaria debería haber
terminado en 2012 y en el mejor de los casos lo hará a finales de 2024, con doce años de retraso y un coste previsto por ahora de 130 M.
El pasado mes de noviembre, se inauguraba la Variante de Pajares, una obra importantísima finalizada tras veinte años desde que se pusiera la primera dovela, con un
coste de 4.000 M, que ni mucho menos soluciona el problema de las infraestructuras asturianas. Aún no ha llegado el AVE y la red tanto ferroviaria como de carretera, está muy lejos de permitir el avance de esta región.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer todas las obras de accesibilidad de las estaciones asturianas que se encuentran incluidas en el Plan de infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) con un calendario de actuaciones y presupuesto para las mismas.
2. Recuperar la línea marítima que conecta El Musel (Gijón) con Nantes-Saint Nazaire y explorar otras posibles conexiones con puertos del arco atlántico.
3. Acortar los plazos en la finalización de los tramos proyectados de la A-63 entre Oviedo y La Espina y la definición del proyecto de extensión de la misma para conectar Asturias con la provincia de León.
4. Incluir en el próximo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (o documento análogo), del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que vence el presente año 2024, la continuación de la autovía del suroccidente hasta
Cangas del Narcea y la solución elegida para la conexión con la provincia de León.
5. Extender el ancho internacional hasta las ciudades de Oviedo, Avilés y Gijón con el objetivo de conectarlas en un futuro cercano al trazado AVE.
6. Agilizar el Convenio para la supresión de la barrera ferroviaria de Avilés.
7. Impulsar la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Asturias.
8. Agilizar los plazos del proyecto y ejecución del enlace de Robledo entre la AS-II y la A-66.
9. Garantizar durante el año 2024 la financiación y ejecución del proyecto de trazado y construcción del tramo de Lloreda-Veriña como acceso al puerto de El Musel.
10. Impulsar el nuevo modelo de Malla Horaria ferroviaria para la red de cercanías de Asturias antes del segundo periodo de sesiones del presente año 2024.
11. Establecer a la mayor brevedad posible, la gratuidad del peaje de la AP-66 o autopista del Huerna.
12. Agilizar y establecer un calendario creíble para las mejoras previstas en el Plan de Cercanías.
13. Elaborar un informe completo de las obras del Plan de Cercanías, coste y situación en la que se encuentran las obras.
14. Realizar un cronograma con plazos reales, inversiones e hitos comprobables a lo largo del periodo establecido en el programa a realizar para la integración ferroviaria de Gijón, el Plan de vías y la estación intermodal de Gijón.
15. Definir las obras necesarias para consolidar el proyecto y ejecutar la Ronda Norte de Avilés, contando también con las aportaciones del Ayuntamiento de Castrillón y de otros agentes políticos y sociales
16. lmpulsar y consolidar el proyecto y ejecución de la Ronda Norte de Oviedo.
17. Agilizar los trámites de licitación y asegurar las partidas presupuestarias para acelerar y culminar las obras pendientes del soterramiento de Langreo.
18. Revisar la propuesta de ejecución del Vial de Jove.
19. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para incluir en el próximo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (o documento análogo) del ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que vence el presente año 2024 la conexión
ferroviaria de la Zalia con el Puerto del Musel, indicando un calendario de actuaciones y presupuesto para su ejecución y asegurando la intermodalidad.
20. Establecer en el plazo de 30 días, un calendario de plazos de entrega de unidades pendientes para las flotas de redes de cercanías y media distancia en Asturias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo, Héctor Palencia Rubio, Cristina Teniente Sánchez, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, Luis María
Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Javier Merino Martínez, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Rojas Manrique y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la restitución y mejora de las
frecuencias de trenes Avant entre Segovia y Madrid durante las obras de Chamartín, y aceleración de los trabajos de ampliación del aparcamiento de la Estación de Segovia Guiomar, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En el contexto de las obras en la estación de Chamartín, los usuarios habituales de la línea de alta velocidad entre Segovia y Madrid se han encontrado con una reducción significativa en el número de frecuencias disponibles, lo que ha
generado una considerable preocupación y malestar. Esta situación afecta directamente a más de 1.300 pasajeros recurrentes que, día tras día, dependen de este servicio para sus desplazamientos laborales y personales. La decisión de Renfe de
suprimir al menos diez frecuencias de trenes Avant, sin ofrecer alternativas adecuadas, ha incrementado, más si cabe todavía, la incertidumbre y desatención hacia las necesidades de movilidad de los usuarios segovianos de esta línea.
Además, los usuarios han expresado su temor de que, una vez concluidas las obras, no se restablezcan las frecuencias suprimidas, afectando la calidad y accesibilidad del servicio a largo plazo. Este temor se ve agravado por la histórica
demanda insatisfecha y la necesidad de reservar billetes con gran antelación debido a la alta ocupación de estos trenes.
La Plataforma de Usuarios de usuarios de trenes Avant de Segovia, ha expuesto sus demandas, enfocadas en garantizar que los trenes de Obligación de Servicio Público (OSP) que sean directos a Madrid y Valladolid (y viceversa) incluyan paradas
en Segovia durante el período de obras; permitir el acceso a las plazas sinergiadas con una antelación de dos horas, y un compromiso firme de Renfe para restituir, como mínimo, las frecuencias anteriores una vez finalizadas las obras.
Por otro lado, la situación del aparcamiento en la Estación de Segovia Guiomar, a pesar de que en julio de 2023 se anunció el contrato para la redacción de proyectos de ampliación, el progreso ha sido notoriamente lento. Esta demora en la
mejora de la infraestructura esencial no solo demuestra una falta de eficacia en la gestión de proyectos de mejora sino que también refleja una desconexión con las necesidades reales de los usuarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la parada de los trenes OSP directos a Madrid y Valladolid (y viceversa) en Segovia durante el tiempo que duren las obras en la estación de Chamartín, asegurando así la conectividad y minimizando las molestias a los usuarios.
2. Facilitar el acceso a plazas sinergiadas a dos horas vista para permitir un aprovechamiento óptimo de las vías disponibles, mejorando la flexibilidad y respuesta ante las necesidades de transporte de los usuarios.
3. Exigir a Renfe un compromiso por escrito de restitución de las frecuencias de servicio anteriores una vez concluidas las obras en Chamartín, y un plan claro para la implementación de frecuencias adicionales demandadas por los usuarios.
4. Solicitar la implementación de un plan de comunicación eficiente que informe a los usuarios sobre el estado de los servicios y alternativas durante las obras.
5. Exigir a ADIF la aceleración del proyecto de ampliación del aparcamiento de la Estación de Segovia Guiomar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2024.-Pablo Pérez Coronado y María del Socorro Cuesta Rodríguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las obras de mejora en la N-VI a su paso por el Ayuntamiento de Bergondo para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La N-VI es una de las principales arterias de comunicación para muchas personas, soportando una ingente cantidad de tráfico diario. En concellos como el de Bergondo, esta carretera transcurre por zonas densamente pobladas, como son las de
Guísamo y Cortiñán. Las reclamaciones de mejoras en la seguridad viaria son constantes por parte del vecindario residente en estas zonas, así como de las personas que circulan a diario por la N-VI.
En mayo de 2022, después de una década de reivindicaciones del vecindario, apoyadas por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicó finalmente las obras para eliminar un importante
punto de concentración de accidentes como es el cruce entre la N-VI y la carretera de Ferrol a la altura de Guísamo, un punto negro reconocido por la propia Demarcación de Carreteras, obras que están ejecutándose en la actualidad.
Sin embargo, en esta misma parroquia, existe otra vieja reivindicación por parte del vecindario, de los trabajadores y trabajadoras del polígono industrial, así como del CFEA (Centro de Formación y Experimentación Agroforestal) para la
instalación de una pasarela peatonal que permita cruzar la carretera con seguridad, en una zona que cuenta con mucho tránsito de peatones y donde se sitúan dos paradas de autobús. Se trata de una actuación que lleva en estudio por parte del
Ministerio aproximadamente desde 2018, 6 años, pero de la que no se volvió a tener noticia. En 2010, después de haberse producido varios atropellos, el Ministerio dijo estar estudiando también la instalación de otra pasarela peatonal más abajo, ya
en el ayuntamiento de Sada, que tampoco llegó a concretarse.
También, en la N-VI en la parroquia de Guísamo sigue sin solucionarse la deficiente señalización y se mantiene un paso de cebra sin regulación semafórica frente la zona más comercial y en el que se dan accidentes con frecuencia.
Otra problemática que llevan padeciendo las personas residentes en este entorno son las frecuentes inundaciones cuando se dan fuertes lluvias debido a un problema derivado de las conexiones al saneamiento y la mezcla con aguas pluviales,
para la cual el ayuntamiento de Bergondo ha solicitado la colaboración del Ministerio y poder llevar adelante un proyecto de mejora y conversión en travesía de esta zona.
Asimismo, esta parroquia también está atravesada por la autopista AP9. Esta vía, en su paso bajo a N-VI cuenta con un puente, que sí bien en su momento fue una solución, actualmente no cumple con los estándares mínimos de seguridad para los
peatones puesto que el espacio que queda para que estos puedan circular es mínimo. La zona de tránsito peatonal no permite que caminen dos personas a la par, no cabe una silla de ruedas, un carrito de bebe, ni tampoco un carro de la compra, por
ejemplo, lo que obliga la que las personas no circulen por la parte habilitada sino por el arcén incrementando el peligro y las posibilidades de accidentes en una carretera que soporta una gran circulación de vehículos diariamente.
Por otra parte, en la parroquia de Cortiñán, también en el ayuntamiento de Bergondo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó provisionalmente en febrero de 2023 el proyecto denominado 'Reordenación de accesos en la
carretera N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 al 577+500'. Se trata de una actuación que cuenta con una gran demanda social y consenso en su necesidad, pues se precisa mejorar la seguridad de un tramo en que se han
producido varios accidentes en los últimos años, incluso con víctimas mortales. Sin embargo, hasta el momento, no hay constancia de que se hayan dado avances para ejecutar el proyecto de mejora citado, del que ni tan siquiera se resolvió el trámite
de alegaciones.
Por último, después del nudo de enlace con la AP9, a poca distancia se sitúan dos zonas de parada de transporte público, en concreto en el lugar de Raxás, parroquia de Vixoi, así como un negocio de hostelería, que hacen que un amplio número
de vecinos y vecinas, especialmente la juventud que se desplaza hasta los centros de estudio, transite por este tramo y tenga que atravesar la N-VI en este punto. Hace falta mejorar la seguridad en este lugar, especialmente frente a las paradas de
autobús y asegurar así la posibilidad de cruzar de un lado a otro sin riesgo para las personas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, concretamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a:
1. Acelerar los trámites para llevar a cabo el proyecto de 'Reordenación de accesos en la carretera N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 al 577+500'', demandando durante largo tiempo por el vecindario.
2. Iniciar las labores para la instalación de una pasarela peatonal en el lugar de Buenos, parroquia de Guísamo, Concello de Bergondo, por la que llevan años esperando los vecinos y vecinas.
3. Realizar las acciones oportunas para mejorar la seguridad en el paso de cebra sin regulación semafórica situado en la zona comercial de Guísamo, Concello de Bergondo, punto en que se producen constantes accidentes.
4. Dar una solución, en coordinación con el ayuntamiento de Bergondo, la problemática que se da en Guísamo de inundaciones cuando se producen fuertes lluvias por un problema derivado de las conexiones al saneamiento y la mezcla con aguas
pluviales, para lo cual el Concello de Bergondo ha solicitado un proyecto de mejora y conversión en travesía de esta zona
5. Dar solución a los problemas de seguridad para la circulación de peones en la ponte de la AP9 en Guísamo que atraviesa la N-VI en que no se cumplen los mínimos de seguridad para las personas que deben caminar por la vía y que no permite
el paso de sillas de ruedas o carros.
6. Realizar las actuaciones precisas para garantizar la seguridad de las personas viandantes delante de las paradas de autobús en el lugar de Raxás.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás obras de mellora na NVI ao seu paso polo Concello de Bergondo para o seu debate na Comisión de Transporte e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A N-VI é unha das principais arterias de comunicación para moitas persoas, soportando unha inxente cantidade de tráfico diario. En concellos como o de Bergondo, esta estrada transcorre por zonas densamente poboadas, como son as de Guísamo e
Cortiñán. As reclamacións de melloras na seguridade viaria son constantes por parte da veciñanza residente nestas zonas, así como das persoas que circulan a diario pola N-VI.
En maio de 2022, logo dunha década de reivindicacións da veciñanza, apoiadas polo Bloque Nacionalista Galego (BNG), o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana adxudicou finalmente as obras para eliminar un importante punto de
concentración de accidentes como é o cruce entre a N-VI e a estrada de Ferrol a altura de Guísamo, un punto negro recoñecido pola propia Demarcación de Estradas, obras que están executándose na actualidade.
Porén, nesta mesma parroquia, existe unha vella reivindicación por parte da veciñanza, dos traballadores e traballadoras do polígono industrial, así como do CFEA (Centro de Formación e Experimentación Agro-forestal) de instalación dunha
pasarela peonil para poder atravesar a estrada con seguridade, nunha zona que conta con moito tránsito de peóns e onde se sitúan dúas paradas de autobús. Trátase dunha actuación que leva en estudo por parte do Ministerio aproximadamente dende 2018,
6 anos, pero da que non se volveu saber. En 2010, logo de térense producido varios atropelos, o Ministerio estudiaba a instalación tamén dunha pasarela peonil máis abaixo, xa no concello de Sada, que tampouco chegou a concretarse.
Tamén, na N-VI na parroquia de Guísamo segue sen solucionarse a deficiente sinalización e mantense un paso de peóns sen regulación semafórica frente a zona máis comercial e no que se dan accidentes con frecuencia.
Outra problemática que levan padecendo as persoas residentes neste entorno son as frecuentes inundacións cando se dan fortes choivas debido a un problema derivado das conexións ao saneamento e a mestura con augas pluviais, para o que o
concello de Bergondo ten solicitado a colaboración do Ministerio e poder levar adiante un proxecto de mellora e conversión en travesía desta zona.
Así mesmo, esta parroquia tamén está atravesada pola autopista AP9. Esta vía, no seu paso baixo a N-VI conta cunha ponte, que si ben no seu momento foi unha solución, actualmente non cumpre cos estándares mínimos de seguridade para os peóns
posto que o espazo que queda para que estes poidan circular é mínimo. A zona de tránsito peonil non permite que camiñen dúas persoas á par, non cabe unha cadeira de rodas, un carriño dun bebe, nin tampouco un carro da compra, por exemplo, o que
obriga a que as persoas non circulen pola parte habilitada senón pola beiravía incrementando o perigo e as posibilidades de accidentes nunha estrada que soporta unha grande circulación de vehículos diariamente.
Por outra parte, na parroquia de Cortiñán, tamén no concello de Bergondo, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana aprobou provisionalmente en febreiro de 2023 o proxecto denominado 'Reordenación de accesos na estrada N-VI
Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 ao 577+500'. Trátase dunha actuación que conta cunha grande demanda social e consenso na súa necesidade, pois precísase mellorar a seguridade dun tramo en que se teñen producido varios
accidentes nos últimos anos, mesmo con vítimas mortais. Mais, até o momento, non hai constancia de que se deran avances para executar o proxecto de mellora citado, do que nin tan sequera se resolveu o trámite de alegacións.
Por último, despois do nó de enlace coa AP9, a pouca distancia sitúanse dúas zonas de parada de transporte público, en concreto no lugar de Raxás, parroquia de Vixoi, así como un negocio de hostalaría, que fan que un amplo número de veciños
e veciñas, especialmente a mocidade que se despraza até os centros de estudo, transite por este tramo e teñan que atravesar a N-VI neste punto. Cómpre mellorar a seguridade neste lugar, especialmente frente ás paradas de autobús e asegurar así a
posibilidade de pasar dun lado a outro sen risco para as persoas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado, nomeadamente ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel, a:
1. Acelerar os trámites para levar a cabo o proxecto de 'Reordenación de accesos na estrada N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 ao 577+500'', demandando durante largo tempo pola veciñanza.
2. Iniciar os labores para a instalación dunha pasarela peonil no lugar de Bos, parroquia de Guísamo, concello de Bergondo, pola que levan anos agardando os veciños e veciñas.
3. Realizar as accións oportunas para mellorar a seguridade no paso de peóns sen regulación semafórica situado na zona comercial de Guísamo, concello de Bergondo, punto en que se producen constantes accidentes.
4. Dar unha solución, en coordinación co concello de Bergondo, a problemática que se dá en Guísamo de inundacións cando se producen fortes choivas por un problema derivado das conexións ao saneamento e a mestura con augas pluviais, para o
que o concello de Bergondo ten solicitado un proxecto de mellora e conversión en travesía desta zona.
5. Dar solución aos problemas de seguridade para a circulación de peóns na ponte da AP9 en Guísamo que atravesa a N-VI en que non se compren os mínimos de seguridade para as persoas que deben camiñar pola vía e que non permite o paso de
cadeiras de rodas ou carros.
6. Realizar as actuacións precisas para garantir a seguridade das persoas viandantes diante das paradas de autobús do lugar de Raxás.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el servicio ferroviario y la
circulación de trenes en Camporrobles, en la Comarca de Requena-Utiel, en la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Desde la tormenta 'Filomena', acontecida en enero del año 2021, se clausuró la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia, afectando a localidades de varias Comunidades Autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad
Valenciana.
Inicialmente, el Gobierno indicó que se trataba de una avería y que el cierre sería temporal para solucionar problemas técnicos y de circulación. Sin embargo, tres años después, no se ha restablecido el servicio ferroviario y la circulación
de trenes en Camporrobles, en la Comarca de Requena-Utiel.
Cabe destacar que esta línea ferroviaria, activa desde que entró en funcionamiento en el año 1949, contribuía a fijar la población en una zona en riesgo de despoblación, por lo que la supresión de este servicio tiene graves consecuencias
sobre la zona y si no se actúa generará mayor empobrecimiento y envejecimiento demográfico.
De este modo, los municipios afectados son Camporrobles, las pedanías de Utiel y otros municipios contiguos que utilizaban estas estaciones para sus viajes, como Villagordo del Cabriel, Fuenterrobles, o en la provincia de Cuenca, Mira y
Aliaguilla.
Incluso los alcaldes de la zona, independientemente de su color político, adoptaron el publicitario de la 'Declaración de Chirivella' -ayuntamientos de Xirivella, Alaquás, Camporrobles, Loriguilla, Utiel, Requena, Ribarroja, Cheste, Buñol,
Chiva, Siete Aguas, Presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, y el representante de la Generalitat Valenciana- que pedía, entre otras cosas, la mejora de la línea ahora cerrada y la ampliación de las Cercanías C-3 hasta Camporrobles, puesto que
actualmente quedan fuera del servicio de Cercanías C-3 (que finaliza en Utiel) las poblaciones de Cuevas de Utiel y Camporrobles, distantes de Utiel 10 y 26 kilómetros, respectivamente.
Adicionalmente, esta actuación dispone de financiación para compensar sus pérdidas hasta 2027. Así, tanto la Obligación de Servicio Público aprobada en Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2017, como el Contrato Programa entre
Renfe-Viajeros y el Ministerio de Transportes, contemplan la línea de media distancia Madrid-CuencaValencia, para ser sostenida por motivos de interés social, dentro de un conjunto de necesidades nacionales de ferrocarril presupuestadas con algo más
de mil millones anuales, y que percibe Renfe del Estado.
En definitiva, diferentes gobiernos e instituciones públicas han manifestado con reiteración la importancia de mantener estas vías de comunicación por ferrocarril. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Camporrobles consideran esencial el
retorno social y el beneficio para el conjunto de la zona, para lograr una mejor y más rápida comunicación con la capital de la provincia, así como a los pueblos limítrofes de la provincia de Cuenca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que reabra la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia cerrada el pasado enero de 2021.
2. Que, en caso de no restituirse el referido servicio ferroviario en su totalidad, amplíe la línea de Cercanías C-3 hasta el municipio de Camporrobles, que actualmente finaliza en Utiel.
3. Que se lleven a cabo las inversiones previstas en el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana de diciembre de 2017 en la línea C-3 que, con 320.680.000 euros para duplicación, renovación y electrificación de vía, preveía aumentar
frecuencias y reducir en 35 minutos los tiempos de viaje.
4. Que recupere el centenar de frecuencias suprimidas en la Comunitat Valenciana, tanto en Cercanías, como en media distancia -especialmente Villena y Vinarós- y larga distancia, respecto a las existentes en 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Esteban González Pons, Belén Hoyo Juliá, Esperanza Reynal Reillo, Fernando Rosa Torner, Carlos Gil Santiago, Alma Alfonso Silvestre y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de cumplir con la
iniciativa ya aprobada, tanto en el Congreso como en el Senado en el año 2020, en la que se instaba al Gobierno a renombrar el 'Aeropuerto de Valladolid' con la nueva denominación 'Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes', para su debate en la
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El 17 de octubre de 1920 nacía en Valladolid don Miguel Delibes, uno de los escritores más importantes de la literatura española del último siglo. Galardonado con multitud de reconocimientos (entre ellos el Premio de las Letras de Castilla
y León, el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Cervantes o el Premio Príncipe de Asturias). Don Miguel retrató como pocos la vida de nuestro medio rural, pero también se ocupó en su prolífica obra del género periodístico, los libros de viajes o
la novela histórica. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1975 y recibió, entre otros honores, varios doctorados honoris causa en universidades en todo el mundo y el nombramiento como hijo predilecto de Valladolid.
Así rezaba la introducción de la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular en marzo del año 2020 en el seno de la Comisión de Cultura y Deporte, tanto en el Congreso como en el Senado, con motivo
del Centenario del nacimiento de don Miguel Delibes, y que fue aprobada por amplia mayoría en ambas comisiones.
En su parte dispositiva, una de las propuestas fue instar al Gobierno a renombrar el aeropuerto de Valladolid con la nueva denominación 'Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes'.
También en ambas Cámaras, pero en esta ocasión dos años después, y ante el retraso de lo aprobado en las citadas iniciativas, se preguntó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre cuando tenía previsto cumplir el Gobierno
esta propuesta.
Paradójicamente, las respuestas dadas por el Gobierno en el Congreso y en el Senado fueron totalmente dispares y contradictorias.
La respuesta dada en la Cámara Alta fue literalmente que 'el artículo 1 Del Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre régimen de uso de los aeródromos utilizados conjuntamente por una base área y un aeropuerto y de las bases áreas
abiertas al tráfico civil, califica como base aérea, o aeródromo militar abierto al tráfico civil a Villanubla (Valladolid) por lo que, al no tratarse de interés general, la competencia sobre el mismo no recae en el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana'.
La respuesta dada en la Cámara Baja fue literalmente que 'el cambio de denominación de estaciones y aeropuertos es un proceso complejo y delicado en el que hay que tomar en consideración cuestiones económicas, de gestión de marca, impacto
reputacional, aceptación pública, facilidad de reconocimiento e identificación por los usuarios, consenso social y consenso entre posibles afectados y gestión administrativa y empresarial del cambio de denominación a todos los niveles, entre otras
condiciones.
Estos aspectos aconsejan acometer estos cambios de forma prudente y acompasarlos adecuadamente en el tiempo para evitar disrupciones que pudieran, incluso, mermar la relevancia o el impacto que se persigue con la propia redenominación'.
Lamentablemente, cuatro años después, sigue sin cumplirse el acuerdo aprobado en las comisiones del Congreso y del Senado.
El pasado 11 de abril, el actual Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, anunció ante los medios de comunicación que su departamento propondrá que la estación de trenes Campo Grande Valladolid pase a denominarse 'Concha Velasco', en
honor y reconocimiento a la actriz vallisoletana fallecida el pasado 2 de diciembre.
Decía también el Ministro que esta medida no la tomará 'de ninguna manera sin el consenso del territorio'.
El Alcalde de Valladolid ya ha manifestado públicamente que apoya la idea de cambiar el nombre de la estación de trenes, a la vez que ha reclamado que se lleva a cabo el cambio del nombre del aeropuerto como se propuso en su día por el
Partido Popular.
Ante las declaraciones del Sr. Puente, se puede entender que los problemas que veía su antecesora pueden estar totalmente solventados, máxime cuando en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del pasado 9 de abril se aprobó la
iniciativa de renombrar la estación barcelonesa de Sants y añadir el nombre de Montserrat Caballé.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Cumplir con la iniciativa aprobada por mayoría en el seno de la Comisión del Cultura y Deporte en el año 2020 tanto del Congreso de los Diputados como en el Senado del Reino de España, en la que se instaba al Gobierno a renombrar al
'Aeropuerto de Valladolid' con la nueva denominación 'Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes', como homenaje a uno de nuestros autores más universales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Eduardo Carazo Hermoso y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/000651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a considerar
el reconocimiento del Sector de la Joyería de Córdoba, como Indicación Geográfica Protegida, en la categoría de productos artesanales e industriales, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El trabajo de la joya y de los metales nobles forma parte de nuestra cultura y patrimonio como elemento productivo y de prestigio. Con presencia de piezas desde el siglo II a.C. hasta la actualidad, la creación joyera cordobesa muestra
unas hondas raíces culturales que se reflejan en las producciones e innovaciones actuales. Nos encontramos ante un sector predominante y vital de nuestra economía, que representa el 20 % del tejido industrial de la provincia, compuesto por cerca de
1.000 fabricantes -la mayoría, empresas de pequeño tamaño-; que ocupa a 15.000 personas, entre empleos directos e indirectos; y que supone el 60 % de la producción nacional, con una fuerte presencia a nivel internacional.
Con un sector emprendedor e innovador, que continúa manteniendo un marcado carácter artesanal y artístico, basado en la historia de la joyería y platería que atesora la ciudad. Y con un sector que, de la mano de la Asociación Provincial de
Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, como representante de sus empresas y defensor de sus intereses económicos y sociales; y del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, en adelante IMDEEC, como aliado de
nuestro tejido empresarial
y laboral, está trabajando en su proyección nacional e internacional y en la protección de aquello que nos hace únicos.
En 2022, desde el IMDEEC y la asociación San Eloy presentaron la Marca de Garantía 'Joyería de Córdoba' para promover la conservación, la puesta en valor y la revitalización de la tradición e innovación joyera histórica de Córdoba, e
impulsar el reconocimiento de nuestra ciudad como centro joyero de referencia.
Y empezaron a trabajar en un proyecto más ambicioso: el desarrollo de una Norma de Calidad vinculada al territorio de origen, para que la Unión Europea pudiera reconocer la Joyería de Córdoba como Indicación Geográfica Protegida en la
categoría de productos artesanales e industriales, siguiendo la estela de las denominaciones de origen protegidas que tiene nuestro sector agroalimentario (DOP). Esta distinción proporcionará mayor seguridad al consumidor, ofrecerá un distintivo de
autenticidad y de calidad diferenciada; y protegerá a las empresas del sector joyero cordobesas frente a las falsificaciones y la competencia desleal.
La Unión Europea aprobó el pasado octubre su Reglamento 2023/2411, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, que establece la protección de las Indicaciones Geográficas, directamente
aplicable a los productos artesanales e industriales. Y la asociación San Eloy, gracias al apoyo económico del IMDEEC, tiene desarrollada su Norma de Calidad para que las empresas joyeras puedan acogerse a la misma y poder obtener la certificación.
Pero estamos en un punto muerto.
El procedimiento de registro de la solicitud para la obtención de la IGP de productos artesanales e industriales establece que cada Estado miembro debe designar a la Autoridad Competente, que tendrá que establecer los procedimientos
administrativos y condiciones para la admisión de solicitudes. Y presentarlas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) como Administración Competente.
Necesitamos, por tanto, que el Gobierno de España designe cuanto antes a la Autoridad Competente, para que la Asociación San Eloy pueda presentar en 2025 la solicitud para que la Joyería de Córdoba pueda ser registrada como Indicación
geográfica Protegida de productos artesanales e industriales de la UE. Desde la Asociación San Eloy y el IMDEEC han hecho los deberes. Llegaron a 2024 con el proyecto redactado en tiempo y forma, para poder proteger nuestra artesanía, conservar
tradiciones que nos hacen únicos, y evitar que los autónomos, micropymes y empresas de Córdoba pierdan oportunidades de mercado.
Queremos que el diseño, la calidad, la innovación que sabemos que tiene nuestra joyería, sea conocida y reconocida a nivel de Europa. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propuso al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba la aprobación de la
Moción en el sentido propuesto para el sector de la joyería. Esta Moción fue aprobada por el Pleno y con el voto favorable de todos los Grupos políticos del ayuntamiento.
La normativa de aplicación que fundamenta la presente Proposición no de Ley se contiene en el Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativo a la protección de las indicaciones geográficas
de productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753.
En su articulado se dispone:
'Artículo 4: A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) ''productos artesanales e industriales'': los productos:
a) producidos totalmente a mano, o con ayuda de herramientas manuales o digitales, o por medios mecánicos, siempre que la contribución manual sea un componente importante del producto acabado, o
b) producidos de manera normalizada, incluida la producción en serie y mediante el uso de máquinas.
[...]
7) ''organismo de certificación de productos'': un organismo, cualquiera que sea su forma jurídica, al que ha sido encomendada la tarea de certificar que los productos designados mediante una indicación geográfica cumplen el pliego de
condiciones.
Artículo 12. Designación de la autoridad competente.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo o en el artículo 19, cada Estado miembro designará una autoridad competente para la fase nacional del procedimiento de registro de indicaciones geográficas de productos
artesanales e industriales.
Dicha autoridad competente será también responsable de la fase nacional de los procedimientos relativos a la modificación del pliego de condiciones o la anulación del registro.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la Oficina a más tardar el 1 de diciembre de 2025 los nombres y direcciones de las autoridades competentes designadas en virtud del apartado 1, y mantendrán actualizada dicha
información. Comunicarán a la Comisión y a la Oficina, a más tardar en esa misma fecha, si deciden cooperar entre sí de forma permanente en relación con la fase nacional de los procedimientos, según lo dispuesto en el apartado 2.
Artículo 13. Presentación de la solicitud.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, y en el artículo 20, apartado 1, la solicitud de registro de una indicación geográfica de un producto originario de la Unión se presentará a la autoridad competente del Estado
miembro del que sea originario el producto.
2. La solicitud comprenderá:
a) el pliego de condiciones a que se refiere el artículo 9;
b) el documento único a que se refiere el artículo 10, y
c) la documentación complementaria a que se refiere el artículo 11.
3. La autoridad competente permitirá a los solicitantes presentar sus solicitudes por vía electrónica.
Artículo 17. Eficiencia de los procedimientos.
En relación con los artículos 14, 15 y 16, los Estados miembros establecerán procedimientos administrativos eficientes, previsibles y expeditivos. La información sobre dichos procedimientos, incluidos los plazos y la duración total de los
procedimientos aplicables, estará disponible públicamente.
Los Estados miembros, la Comisión y la Oficina cooperarán en el seno del Comité Consultivo establecido en virtud del artículo 35 (en lo sucesivo, ''Comité Consultivo'') para poner en común las mejores prácticas con vistas a promover la
eficacia de dichos procedimientos.
Artículo 50. Designación de las autoridades competentes.
1. Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes responsables de los controles previstos en el presente título.
2. Las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 serán objetivas e imparciales, y actuarán con transparencia. Dispondrán del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones eficientemente.
Artículo 70. Nombres existentes y protección transitoria.
1. A más tardar el 2 de diciembre de 2026, la protección específica nacional de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales dejará de existir y las solicitudes pendientes se considerarán no presentadas, salvo que se
presente una solicitud con arreglo al apartado 2.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1) A que designe cuanto antes a la Autoridad Competente, de conformidad con la normativa citada, para la fase nacional del procedimiento de registro de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.
2) A que, una vez designada dicha Autoridad, deberán establecerse los procedimientos administrativos y condiciones para la admisión de solicitudes, que sean transparentes y ágiles.
3) A que dé los pasos necesarios para que la Asociación San Eloy de Córdoba pueda presentar en 2025, la solicitud para que la Joyería de Córdoba pueda ser registrada como Indicación Geográfica Protegida, de productos artesanales e
industriales de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Bartolomé Madrid Olmo, Irene Garrido Valenzuela, Francisco José Conde López, José Ignacio Romaní Cantera y Mirian Guardiola Salmerón, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, José Ramírez del Río, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la promoción industrial a través de la mejora en la red de transporte de energía,
especialmente en la provincia de Córdoba, para su discusión en la Comisión de Industria y Turismo.
Primero. Contexto Industrial Nacional.
1. En España, el sector industrial representa aproximadamente el 15,23 % del PIB nacional, lo que equivale a una aportación económica total de 222.578 millones de euros 1.
2. Un factor determinante para el desarrollo de la actividad industrial en una nación es el acceso a suministros energéticos seguros y asequibles. Por ello, es necesario avanzar hacia la soberanía energética y, al mismo tiempo, mejorar
todas las infraestructuras asociadas al transporte de energía.
3. En lo que respecta al suministro eléctrico, muchas zonas de España adolecen de unas infraestructuras insuficientes para garantizar un suministro de electricidad que satisfaga las necesidades actuales y el potencial incremento de la
demanda. Por este motivo es necesario reforzar y mejorar las infraestructuras de transporte de electricidad de alta y media tensión. Y ello porque las ingentes inversiones realizadas en relación con la capacidad de generación eléctrica han sido
asimétricas en su implantación territorial y no se han acompañado de una mejora de la red de transporte para aprovechar en su totalidad la potencia instalada en los últimos años 2. De esta forma, muchas zonas de España siguen con un suministro
eléctrico precario que les impide desarrollar todo su potencial económico.
1 Datos del Instituto Nacional de Estadística PIB 2023 pm Oferta (Precios corrientes), https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=5614&capsel=5615.
2 DEL CAZ, Gerardo: 'La imprescindible revisión del modelo de transporte eléctrico en España', Fundación Disenso, 26.01.24. Disponible [en línea]: https://fundaciondisenso.org/revision-del-modelo-de-transporte-electrico-en-espana/
Segundo. Régimen obsoleto.
4. En España, el sistema de transporte eléctrico está monopolizado por Red Eléctrica de España (REE), hoy Redeia, principal operador de la red de alta tensión. Esta empresa está participada en un 20 % por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI).
El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica determina que el proceso de
autorización de energía eléctrica será iniciado por el Ministerio de Economía (actualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), a solicitud del operador del sistema y gestor de la red de transporte de energía
eléctrica (REE). Por lo tanto, REE, como operador del sistema y gestor de la red de transporte, es el responsable único del desarrollo y ampliación de la red de transporte de energía eléctrica y, como tal, tiene en exclusiva la competencia de
iniciar el proceso por el que se autoriza la instalación de energía eléctrica.
5. El hecho de que la iniciativa para la autorización de instalaciones de energía eléctrica recaiga única y exclusivamente en REE y, por extensión, en el Gobierno de España, impide que la iniciativa parta de otras instancias administrativas
o de inversores privados de forma que se impide el desarrollo de proyectos económicos viables.
6. Asimismo, existe una falta de transparencia en cuanto a la situación técnica de la red. REE no divulga los datos relativos a la capacidad eléctrica disponible en cada punto de conexión de la red y existe una opacidad a la hora de
conocer cuál es el grado de utilización de los diferentes nodos y vías de transporte. Esto implica que la industria carece de la información crucial sobre la disponibilidad de capacidad en la red eléctrica que le permita tomar decisiones.
7. En conclusión, la regulación actual del procedimiento de autorización para inversiones en el área del transporte de energía eléctrica limita la posible competencia y, por tanto, afecta directamente al desarrollo industrial y empresarial
de numerosas provincias españolas, como es el caso de Córdoba.
Tercero. La singular situación de la Provincia de Córdoba.
8. El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía 2021-2026 es el instrumento de planificación encargado de adaptar la red de transporte de electricidad de España a las nuevas necesidades y demandas. En el caso particular de
Andalucía, de los 515 millones de euros que el referido plan destinó a esta región, 309 millones respondían a inversiones no ejecutadas pero comprometidas en la anterior planificación y solo 206 millones de euros obedecían a nuevas infraestructuras
3.
9. La provincia de Córdoba, en concreto, padece un problema de capacidad energética debido a la histórica falta de infraestructuras de transporte de energía y la discriminación que se ha realizado con respecto a otros territorios de España.
Este problema es particularmente grave en las comarcas del norte de la provincia, en el Valle del Guadiato y Los Pedroches que tienen un enorme potencial económico tanto en el sector industrial como en servicios y que, paradójicamente, tienen en REE
no a un facilitador del transporte de energía, como sería su función ideal, sino a un obstáculo para su desarrollo económico.
10. Sin embargo, el Gobierno y REE, en la actualización de la planificación de la red del transporte eléctrico para Córdoba ha vuelto a ignorar las necesidades de la zona, ya que ha descartado expresamente incluir el refuerzo eléctrico en
la zona de los Pedroches y Guadiato desde la estación de Llerena (Sevilla) 4.
3 'Andalucía solo recibe el 2 % de la nueva inversión en infraestructuras de transporte eléctrico', Conserjería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, 08.01.24. Disponible [en línea]:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/industriaenergiayminas/servicios/actualidad/noticias/detalle/469447.html#:~:text=El%20actual%20Plan%20de%20Desarrollo,comunidad%20atendiendo%20a%20criterios% 20objetivos.
4 E.D.C: 'El Gobierno posterga la línea eléctrica...' op.cit.
11. En relación con este asunto, el Grupo Parlamentario VOX registró en el Congreso de los Diputados diversas iniciativas con el propósito de obtener información sobre las inversiones realizadas por REE en la provincia de Córdoba desde el
año 2019 5. Sin embargo, el Gobierno eludió proporcionar la información requerida 6, a pesar de sus competencias en la materia.
12. Este déficit energético que padece la provincia de Córdoba, tanto en el norte como en la Subbética, debido a la inacción del Gobierno, está causando un perjuicio directo en la industria de la zona, al imposibilitar el desarrollo de
nuevos proyectos. También está afectando a la agricultura y la ganadería, ya que dificulta las actividades de depuración de agua en zonas afectadas por la sequía. Así, entre otros, se deben destacar los siguientes problemas:
- La imposibilidad de ampliar las instalaciones en empresas ya establecidas en polígonos industriales de los municipios de Rute o Lucena 7.
- La paralización de planes de ordenación urbana de zonas rurales 8.
- La detención de la ejecución del proyecto para la construcción de una subestación de energía eléctrica en el municipio de Cabra 9.
- Las dificultades que está encontrando el proyecto de construcción de una depuradora de aguas en el norte de la provincia de Córdoba. Ello es especialmente grave, ya que, según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, los embalses de Córdoba registraron su peor agosto en 2023, con unas reservas hídricas al 16,20 % de su volumen 10. Además, cabe destacar que los pantanos de la zona norte se encontraban prácticamente vacíos: tras las últimas lluvias
algunos han llegado a subir al 8 % de su capacidad y el suministro de agua para consumo humano lleva realizándose con camiones cisterna desde hace nueve meses.
13. En definitiva, la falta de infraestructuras eléctricas se traduce en el bloqueo de proyectos e iniciativas empresariales en la zona. En consecuencia, para promover el desarrollo industrial y empresarial de la zona resulta esencial
garantizar no solo una adecuada 'capacidad de producción energética, sino también una red de transporte de energía que conecte eficazmente los centros de producción y los de consumo utilizando conexiones de alto voltaje para minimizar las pérdidas
de potencia' 11.
Cuarto. Conclusiones.
14. Como consecuencia de todo lo anterior, y ante la necesidad de fomentar la industria e inversiones en la provincia de Córdoba, desde distintas instancias administrativas se han presentado una serie de alegaciones para la modificación del
5
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciatIvas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=184/001301.?https://www.congreso.es/busqueda-de-ini
ciativas?p_p _id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=184/003221.
6 Respuesta del Gobierno: 'La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no tiene atribuidas competencias en los asuntos objeto de la presente iniciativa'.
7 GALLARDO, Hugo: 'José Ramírez del Río: 'Ha sido una legislatura desastrosa para España'', El Día de Córdoba,19.07.23. Disponible [en línea]:
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Jose-Ramirez-Rio-legislatura-desastrosa-Espana_0_1812120347.html.
8 MUÑOZ, Blas Jesús: 'El déficit energético condiciona el futuro de la provincia', La Voz de Córdoba.es, 10.01.24. Disponible [en línea]:
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20240110/deficit-energetico-condiciona-futuro-provincia_165822.html.
9 GARCÍA, José María: 'El Ayuntamiento de Lucena se plantea dar marcha atrás en la subestación de Cabra', ABC de Córdoba, 07.10.23. Disponible [en línea]:
https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/ayuntamiento-lucena-plantea-dar-marcha-atras-subestacion-20231007091843-nts.html.
10 CHAPARRO, Lourdes: 'Los embalses de Córdoba afrontan el mes de agosto al 16,20 % de su capacidad, la menor de Andalucía', El día de Córdoba, 02.08.23. Disponible [en línea]:
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/capacidad-embalses-Cordoba-agosto-menor-Andalucia_0_1816618524.html.
11 DEL CAZ, Gerardo: 'La imprescindible revisión...', op.cit.
referido Plan 12. Del mismo modo, otras regiones de España enfrentan desafíos similares que obstaculizan el suministro energético para la población y la implantación de la industria. Por tanto, es imprescindible realizar un análisis del
sistema para identificar las posibles deficiencias en la cadena de generación energética.
15. En conclusión, el Gobierno ignora u omite las necesidades específicas de cada región en la planificación eléctrica y el desarrollo de la red de transporte. Su falta de actuación impide a las provincias disponer de la potencia necesaria
en los nudos de la red de transporte, obstaculizando así el desarrollo industrial de muchas zonas de España con las negativas implicaciones en términos económicos y demográficos que supone para las mismas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las medidas necesarias para fomentar el desarrollo industrial en aquellas provincias que carezcan de una red de transporte de electricidad acorde a sus necesidades, especialmente en la provincia de Córdoba. Para ello, será
necesario:
- Analizar la capacidad en la red de transporte eléctrico de cada región.
- Promover la puesta en marcha de infraestructuras, al objeto de mejorar la red de transporte de electricidad en aquellas provincias que lo necesiten, en especial en la provincia de Córdoba, para poner fin a los persistentes cortes en el
suministro eléctrico y a las limitaciones a la hora de instalar nueva tecnología e industria.
- Instar a REE, como operador del sistema y gestor de la red de transporte, a la publicación de la información referente a la potencia eléctrica disponible en cada nodo de la red, al objeto de que la industria cuente con el conocimiento
necesario sobre la disponibilidad existente en la red eléctrica antes de proceder con la instalación de nuevas infraestructuras o proyectos.
2. Reconsiderar un marco regulador en el que:
- REE tenga la obligatoriedad de declarar el estado de carga de todos los nodos de la red eléctrica en España y que explicite y justifique los criterios de asignación de las inversiones.
- Ante la situación en donde REE no pueda o no lleve a cabo inversiones, sea posible para inversores privados acometer esas inversiones necesarias para el crecimiento de la actividad económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-José Ramírez del Río, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del
Grupo Parlamentario VOX.
161/000678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso y
aceleración de los trámites administrativos en las autorizaciones para la instalación de estaciones y puntos de recarga de vehículos eléctricos para su debate en instancia en la Comisión de Industria y Turismo.
12 https:/ / www.dipucordoba.es/la-diputacion-de-cordoba-presenta-tres-alegaciones-para-la-modificacion-del-plan-de-desarrollo-de-la-red-de-transporte-de-energia-electrica-2021-2026/
Exposición de motivos
Los países de la Unión Europea están acometiendo un esfuerzo conjunto desde hace años con el objetivo de avanzar en una doble transición: verde y digital, tal y como señaló en su último discurso sobre el Estado de la Unión la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El alza de los precios de la energía desde hace más de dos años, agravada con la emergencia energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha venido a demostrar que la dependencia de los combustibles fósiles para cubrir
las necesidades en materia industrial, de consumo y en especial de transporte resulta perjudicial para las economías domésticas y requiere de una transición hacia un modelo que priorice la eficiencia y la sostenibilidad como valores clave.
El Estado español se encuentra ante una oportunidad sin precedentes en lo que respecta a la movilidad sostenible y la electrificación del transporte. El compromiso con la transición hacia una movilidad sin emisiones debe ser una prioridad
compartida por los diferentes actores políticos y económicos. Ejemplo de esta situación es el esfuerzo normativo que las Administraciones han venido realizando en los últimos años.
La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Ecológica, sostiene que una de las principales barreras para la descarbonización del transporte por carretera es el 'desarrollo insuficiente de las infraestructuras de recarga eléctrica'. En
el artículo 15 de dicha ley se dispone que las empresas que ostenten la titularidad de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes con un volumen elevado de ventas deberán agregar puntos de recarga en sus instalaciones.
Fruto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se reforzó la iniciativa de los Planes MOVES, centrados en la disposición de ayudas directas a las Comunidades Autónomas para que ejecuten programas de incentivos a la
movilidad eléctrica, tal como dispone el Real Decreto 266/2021, que regula la tercera y todavía vigente edición del Plan.
La segunda actuación que financia este Plan aborda la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, un elemento fundamental si el objetivo es impulsar la movilidad eléctrica. No solo se trata de hacer que la inversión
en el vehículo sea atractiva y rentable, sino también de disipar las preocupaciones relacionadas con la autonomía y la disponibilidad de electrolineras para la carga rápida o ultrarrápida en viajes de larga distancia. Y para ello, en paralelo a la
instalación de puntos de recarga en aparcamientos de viviendas, oficinas o centros comerciales, es imprescindible consolidar una extensa red de electrolineras en autopistas, autovías y otras carreteras. Sin la existencia de una implantación
adecuada, coherente y homogénea a lo largo del territorio, el despliegue del vehículo eléctrico se enfrentará a notables obstáculos.
El Real Decreto 184/2022, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos incluye una batería de medidas destinadas a apoyar la movilidad eléctrica, regulando la figura de la
estación de recarga o electrolinera.
Las electrolineras, no tan centradas en el ámbito urbano sino principalmente en carreteras, suponen una importante ventana de oportunidad para el despegue de la movilidad eléctrica en el Estado. Mediante estas infraestructuras de recarga,
respaldadas por el suministro de energía renovable, el aumento de desplazamientos interurbanos en vehículo eléctrico puede suponer un cambio sustancial en el modelo de movilidad, hasta ahora focalizado de manera predominante en el repostaje con
combustibles fósiles.
Las distintas Administraciones públicas competentes deberán, además, aumentar progresivamente las estaciones de recarga como consecuencia del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR), que fue adoptado
durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y, por tanto, se entiende como un compromiso de Estado con la movilidad eléctrica. Concretamente, a partir de 2025, han de instalarse electrolineras de al menos 400 kW para turismos y
furgonetas cada 60 kilómetros en los principales corredores de la UE, la denominada Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).
Además, cabe señalar la situación de los camiones, un sector en vías de electrificación pero que, con el sistema actual de puntos de recarga en aparcamientos urbanos, tendría serios problemas de acceso a los mismos que desincentivaría la
necesaria transición del modelo de transporte terrestre de mercancías. En este contexto, las electrolineras situadas en vías interurbanas de alta capacidad se presentan como una solución a este desafío. Para responder a la creciente demanda de
vehículos eléctricos pesados, el mencionado Reglamento plantea que los Estados deberán disponer de cargadores de 1.400 kW a lo largo del 15 % de dicha red.
Es necesario resaltar que los datos de matriculaciones de vehículos netamente eléctricos en el Estado español, con un 5,7 % en el año 2023, contrastan con el promedio del 20 % en la Unión Europea. Las consecuencias negativas de no avanzar
al ritmo necesario en esta transición, tanto en vehículos como en electrolineras, irían más allá del ámbito de la sostenibilidad y afectarían también a una actividad económica crucial para el modelo económico como es el turismo, ya que una falta de
implantación de infraestructuras de recarga podría restar atractivo de cara a los turistas de otros países europeos que realizan sus desplazamientos vacacionales por carretera.
A nivel parlamentario, a finales de 2022 se iniciaron en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, los trabajos de la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su
impacto en la industria de automoción en España. Fueron las diferentes empresas y entidades las que alzaron la voz sobre los cambios legislativos necesarios para un buen desarrollo de la red de infraestructuras de recarga.
Entre otras cosas, la regulación de la declaración responsable, la armonización de la normativa para agilizar los trámites, estudiar de forma exhaustiva el territorio para una instalación adecuada de los puntos, o la necesidad de aumentar la
demanda de vehículos eléctricos, son algunas de las cuestiones que deben tenerse en cuenta por parte de los poderes legislativos del Estado.
En este sentido, el Grupo Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Acelerar y simplificar los trámites administrativos para el establecimiento de las estaciones de recarga pendientes de instalación, así como la instalación de nuevas estaciones.
2. Acelerar y simplificar los trámites administrativos para el establecimiento puntos de recarga de vehículos eléctricos y estudiar la regulación de la declaración responsable como mecanismo de autorización para la instalación de tales
infraestructuras.
3. Diferenciar, en los pliegos administrativos, las licitaciones específicas para electrolineras de aquellas destinadas a instalar estaciones de repostaje de combustibles fósiles.
4. Ampliar a un mínimo de 15 años los plazos en las concesiones de suelo destinadas a albergar estaciones de recarga.
5. Facilitar el aprovechamiento de zonas en desuso o infrautilizadas (como áreas de descanso, servicio o zonas de peaje ya desmontadas) para su reconversión en estaciones de recarga rápida o para la instalación de puntos individuales.
6. Instar a las autoridades competentes a que agilicen el desarrollo de los proyectos tractores asignados para las infraestructuras de transporte, que a su vez incorporen criterios de gestión tales como la mejora de la experiencia del
usuario, la digitalización de las plataformas, las rutas inteligentes, la eficiencia energética y la sostenibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'impuls i
acceleració dels tràmits administratius en les autoritzacions per a la instal·lació d'estacions i punts de recàrrega de vehicles elèctrics pel seu debat a la Comissió d'Indústria i Turisme.
Exposició de motius
Els països de la Unió Europea estan fent un esforç conjunt des de fa anys amb l'objectiu d'avançar en una doble transició: verda i digital, tal com va assenyalar en el seu últim discurs sobre l'Estat de la Unió la presidenta de la Comissió
Europea, Ursula von der Leyen.
L'alça dels preus de l'energia des de fa més de dos anys, agreujada amb l'emergència energètica provocada per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, ha demostrat que la dependència dels combustibles fòssils per cobrir les necessitats en
matèria industrial, de consum i en especial de transport resulta perjudicial per a les economies domèstiques i requereix d'una transició cap a un model que prioritzi l'eficiència i la sostenibilitat com a valors clau.
L'Estat espanyol es troba davant d'una oportunitat sense precedents pel que fa a la mobilitat sostenible i l'electrificació del transport. El compromís amb la transició cap a una mobilitat sense emissions ha de ser una prioritat compartida
pels diferents actors polítics i econòmics. Exemple d'aquesta situació és l'esforç normatiu que les Administracions han vingut realitzant en els darrers anys.
La Llei 7/2021, de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, sosté que una de les principals barreres per a la descarbonització del transport per carretera és el 'desenvolupament insuficient de les infraestructures de recàrrega elèctrica'. A
l'article 15 d'aquesta llei es disposa que les empreses que ostentin la titularitat de les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants amb un volum elevat de vendes hauran d'afegir punts de recàrrega a les seves instal·lacions.
Fruit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) es va reforçar la iniciativa dels Plans MOVES, centrats en la disposició d'ajudes directes a les Comunitats Autònomes perquè executin programes d'incentius a la mobilitat
elèctrica, tal com disposa el Reial decret 266/2021, que regula la tercera i encara vigent edició del Pla.
La segona actuació que finança aquest Pla aborda la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, un element fonamental si l'objectiu és impulsar la mobilitat elèctrica. No només es tracta de fer que la inversió en el
vehicle sigui atractiva i rendible, sinó també de dissipar les preocupacions relacionades amb l'autonomia i la disponibilitat d'electrolineres per a la càrrega ràpida o ultraràpida en viatges de llarga distància. I per això, en paral·lel a la
instal·lació de punts de recàrrega en aparcaments d'habitatges, oficines o centres comercials, és imprescindible consolidar una extensa xarxa d'electrolineres en autopistes, autovies i altres carreteres. Sense l'existència d'una implantació
adequada, coherent i homogènia al llarg del territori, el desplegament del vehicle elèctric s'enfrontarà a notables obstacles.
El Reial decret 184/2022, pel qual es regula l'activitat de prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics inclou una bateria de mesures destinades a donar suport a la mobilitat elèctrica, regulant la figura de l'estació
de recàrrega o electrolinera.
Les electrolineres, no tan centrades en l'àmbit urbà sinó principalment en carreteres, suposen una important finestra d'oportunitat per a l'enlairament de la mobilitat elèctrica a l'Estat. Mitjançant aquestes infraestructures de recàrrega,
recolzades pel subministrament d'energia renovable, l'augment de desplaçaments interurbans en vehicle elèctric pot suposar un canvi substancial en el model de mobilitat, fins ara focalitzat de manera predominant en el repostatge amb combustibles
fòssils.
Les diferents Administracions públiques competents hauran, a més, augmentar progressivament les estacions de recàrrega com a conseqüència del Reglament sobre la Infraestructura per als Combustibles Alternatius (AFIR), que va ser adoptat
durant la
presidència espanyola del Consell de la Unió Europea i, per tant, s'entén com un compromís d'Estat amb la mobilitat elèctrica. Concretament, a partir del 2025, s'han d'instal·lar electrolineres d'almenys 400 kW per a turismes i furgonetes
cada 60 quilòmetres als principals corredors de la UE, l'anomenada Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).
A més, cal assenyalar la situació dels camions, un sector en vies d'electrificació però que, amb el sistema actual de punts de recàrrega en aparcaments urbans, tindria seriosos problemes d'accés als mateixos que desincentivaria la necessària
transició del model de transport terrestre de mercaderies. En aquest context, les electrolineres situades en vies interurbanes d'alta capacitat es presenten com una solució a aquest desafiament. Per respondre a la creixent demanda de vehicles
elèctrics pesants, l'esmentat Reglament planteja que els Estats hauran de disposar de carregadors de 1.400 kW al llarg del 15 % d'aquesta xarxa.
Cal ressaltar que les dades de matriculacions de vehicles netament elèctrics a l'Estat espanyol, amb un 5,7 % l'any 2023, contrasten amb la mitjana del 20 % a la Unió Europea. Les conseqüències negatives de no avançar al ritme necessari en
aquesta transició, tant en vehicles com en electrolineres, anirien més enllà de l'àmbit de la sostenibilitat i afectarien també una activitat econòmica cabdal per al model econòmic com és el turisme, ja que una manca d'implantació d'infraestructures
de recàrrega podria restar atractiu de cara als turistes d'altres països europeus que realitzen els seus desplaçaments vacacionals per carretera.
A nivell parlamentari, a finals de 2022 es van iniciar en el si de la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme, els treballs de la Subcomissió sobre el desplegament i instal·lació d'infraestructures de recàrrega elèctrica i d'hidrogen i el seu
impacte en la indústria d'automoció a Espanya. Van ser les diferents empreses i entitats les que van alçar la veu sobre els canvis legislatius necessaris per a un bon desenvolupament de la xarxa d' infraestructures de recàrrega.
Entre altres coses, la regulació de la declaració responsable, l'harmonització de la normativa per agilitzar els tràmits, estudiar de forma exhaustiva el territori per a una instal·lació adequada dels punts, o la necessitat d'augmentar la
demanda de vehicles elèctrics, són algunes de les qüestions que s'han de tenir en compte per part dels poders legislatius de l'Estat.
En aquest sentit, el Grup Republicà presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Accelerar i simplificar els tràmits administratius per a l'establiment de les estacions de recàrrega pendents d'instal·lació, així com la instal·lació de noves estacions.
2. Accelerar i simplificar els tràmits administratius per a l'establiment punts de recàrrega de vehicles elèctrics i estudiar la regulació de la declaració responsable com a mecanisme d'autorització per a la instal·lació d'aquestes
infraestructures.
3. Diferenciar, en els plecs administratius, les licitacions específiques per a electrolineres d'aquelles destinades a instal·lar estacions de repostatge de combustibles fòssils.
4. Ampliar a un mínim de 15 anys els terminis en les concessions de sòl destinades a albergar estacions de recàrrega.
5. Facilitar l'aprofitament de zones en desús o infrautilitzades (com àrees de descans, servei o zones de peatge ja desmuntades) per a la seva reconversió en estacions de recàrrega ràpida o per a la instal·lació de punts individuals.
6. Instar les autoritats competents que agiliten el desenvolupament dels projectes tractors assignats per a les infraestructures de transport, que al seu torn incorporin criteris de gestió tals com la millora de l'experiència de l'usuari,
la digitalització de les plataformes, les rutes intel·ligents, l'eficiència energètica i la sostenibilitat.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 d'abril de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de las cajas botín y el acceso de menores de edad,
para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
España representa, especialmente en los últimos años, uno de los mercados más potentes y ricos en materia de videojuego. De hecho, según el Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos, representa el quinto mercado más grande de
Europa y el decimotercero del mundo. Se trata de una manifestación más de la riqueza de nuestra industria cultural.
Este crecimiento también ha conllevado una aproximación a un nuevo modelo de monetización, creando el fenómeno de la comercialización de mecanismos aleatorios de recompensa, el conocido como cajas botín o loot boxes. Estos mecanismos
aleatorios de recompensa se han integrado en algunos videojuegos, especialmente en los de carácter online, y ofrece al usuario la obtención de un premio de forma aleatoria. Cabe decir que existen muchas modalidades de loot boxes, desde aquellas que
se activan mediante el uso de dinero o moneda virtual u otras sin contraprestación alguna por parte del usuario al margen de tareas específicas dentro del juego.
Algunas loot boxes tienen características muy similares a los engranajes de los juegos de azar, y conllevan un riesgo muy evidente. Muchas de ellas se activan previo pago con dinero real y activan mecanismos aleatorios de recompensa -el
usuario nunca sabe qué probabilidades puede tener en cuanto a la obtención de un determinado botín. Si la recompensa fuera intercambiable por dinero legal se consideraría que su prohibición recae ya en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación
del juego, puesto que cumple con los tres requisitos del juego azaroso: precio, azar y premio evaluable en moneda de curso legal. Hay muchas loot boxes que cumplen con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero. Este punto es esencial
para entender que, siendo esto así, se desarrollan también los efectos negativos asociados a los juegos de azar. Esto puede provocar conductas de consumo irreflexivas, compulsivas y patológicas, que pueden desencadenar graves repercusiones
económicas, patrimoniales y afectivas en los usuarios. Es decir, puede convertirse en una adicción. De hecho, según estudios recientes, el 81,8 % 13 de las personas que activan las cajas botín pueden categorizarse como personas que tienen un
problema con los juegos de azar. Otro estudio apunta al 60,4 % 14, siendo el dato especialmente alarmante.
Según un estudio reciente -The prevalence of loot boxes in mobile and desktop games- más de la mitad de los principales juegos disponibles en teléfonos móviles contienen cajas botín. El 93 % de estos juegos para Android con cajas botín
fueron categorizados para niños mayores de 12 años, un dato similar a los juegos para iPhone. En España se realizó un estudio en 2021 -Loot boxes in Spanish adolescents and young adults: Relationship with internet gaming disorder and online
gambling disorder- que concluía que la prevalencia anual en el uso de cajas botín en menores de edad ascendía
13 Richard J, Abarbanel B & Derenvsky J (2021) Loot boxes in video games: A scoping review of sociodemographic and psychological characteristics. Interactive Symposium 2021: Gambling Comodification of Leisure in the Digital Era
conference, Monteral, QC.
14 Von Meduna, M., Steinmetz, F., Ante, L., Reynolds, J., & Fiedler, I. (2020). Loot boxes are gambling-like elements in video games with harmful potential: Results from a large-scale population survey. Technology In Society, 63, 101395.
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101395.
al 28,9 % en menores de 11 a 17 años. Es de destacar la importancia en las adicciones si se tienen en edades precoces como potente predictor de severidad.
Otro estudio encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo introduce entre sus conclusiones algunos factores de riesgo a tener en cuenta. Primero, que los niños son menos capaces de separar
costes y presentan un mayor riesgo de comportamiento de juego problemático cuando se usaban monedas virtuales. Además, añade el estudio, los niños tienen un mayor riesgo de desarrollar hábitos en relación a ciertos estímulos, siendo los estímulos
nuevos y emocionantes contributivos a la hiperactividad y falta de atención. En cuanto a los adolescentes, se ha evidenciado que la asociación entre gastos de dinero en mecanismos aleatorios de recompensa y exhibición de indicios de juego
problemático es más pronunciada entre dicho colectivo.
Esta problemática ha suscitado una preocupación considerable entre la población como consecuencia del número de menores de edad expuestos a los mecanismos de esta tipología de cajas botín como consumidores de videojuegos. Ello da paso al
encuentro entre una actividad mecánica de azar que comparten muchos puntos en común con los juegos de azar, al que no pueden tener acceso.
En conclusión, se hace evidente que conviene una regulación específica de las cajas botín, actualmente sin la regulación específica, especialmente en relación a su impacto en los menores de edad, dadas las consecuencias negativas que puede
conllevar el contacto directo con estos mecanismos de juegos azarosos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular el acceso de las personas menores de edad a las cajas botín o lootboxes, con el fin de proteger a este colectivo de los mecanismos aleatorios de recompensa en productos de software vinculados al ocio.
2. Establecer los mecanismos necesarios para aplicar medidas de juego seguro orientadas a personas que quieran activar mecanismos aleatorios de recompensa en productos de software vinculados al ocio.
3. Impulsar las medidas necesarias para la regulación de la publicidad de las cajas botín, especialmente en aquellos medios más utilizados por las personas menores de edad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar, en su totalidad, la
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El Tercer Sector de Acción Social en España está integrado por más de 30.000 organizaciones; 8 de cada 10 organizaciones cuentan con personas voluntarias en sus estructuras, lo que suma un total de 1.300.000 personas voluntarias; da empleo
a cerca de 645.000 personas (4,6 % del total del empleo en nuestro país) y representa el 1,5 % del PIB.
La actividad del Tercer Sector de Acción Social, de sus organizaciones y de las personas que lo componen, nace del compromiso con los derechos humanos y descansa en los valores de la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la inclusión y
la participación. El ejercicio de estos valores conduce a un desarrollo social equilibrado, a la cohesión social y a un modelo de organización en el que la actividad económica está al servicio de la ciudadanía.
Por todo ello, la aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector, por un gobierno del Partido Popular, fue un gran avance para las organizaciones sociales articuladas en el Tercer Sector de Acción Social en España; ya que,
se trata de una ley pionera, con valor político e institucional y con mucho valor declarativo que reconocía el importante trabajo que realizan las entidades sociales.
Por primera vez, España se ha dotado de un marco normativo que ampara a todas aquellas organizaciones que luchan por defender los derechos humanos y atender las necesidades de más de cinco millones de personas en situación de exclusión
social.
Sin embargo, la moción de censura del PSOE al gobierno de Mariano Rajoy impidió que el Gobierno que impulsó la Ley del Tercer Sector pudiera desarrollarla y seis años después, el Gobierno actual aún no ha aprobado ni el reconocimiento a las
ONG con el estatus de entidades colaboradoras de la Administración general, ni ha desarrollado el Inventario de Entidades del Tercer Sector de Acción Social para conocer cual es su capacidad de incidencia y localización, ni tampoco ha desarrollado
completamente el programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Un programa que debe contener diversas medidas, tales como la promoción, difusión y formación del Tercer Sector de Acción Social, su cooperación con los
servicios públicos estatales, su financiación, la potenciación de los mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, con especial atención al uso de conciertos y convenios,
así como la participación institucional, todo ello en aras de garantizar el reforzamiento del papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en las políticas sociales, diseñadas y aplicadas en beneficio de las personas y grupos, que
sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en su totalidad y en el plazo de seis meses, la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector, para que se traduzca en concreciones y avances para las entidades del Tercer
Sector de Acción Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Ana Isabel Alós López, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Carmen Fúnez de Gregorio, Agustín Parra Gallego, María
del Mar Vázquez Jiménez, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo, Beatriz Jiménez Linuesa, María del Socorro Cuesta Rodríguez, María Sandra Moneo Díez, Sandra Fernández Herranz y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión del Regadío Tierra
de Barros en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El proyecto para el regadío de Tierra de Barros supone la conversión en regadío de más de 15.000 hectáreas repartidas en 12 municipios de la comarca de Tierra de Barros (de la provincia de Badajoz), con un presupuesto actualizado que supera
los 353 millones de euros de inversión y del que están pendientes de su puesta en desarrollo un total de 1.200 regantes.
Este proyecto, en el cual se han puesto muchas ilusiones y esperanzas, supone un reto de futuro en la agricultura moderna y competitiva de toda la comunidad autónoma extremeña y una apuesta decidida para la lucha contra la despoblación de la
zona rural.
El Regadío Tierra de Barros es un proyecto totalmente eficiente tanto para el uso del agua como de energía, en consonancia con la normativa actual, siendo declarado de Interés General del Estado en los Presupuestos Generales del Estado para
2021. Es un proyecto que tiene asegurada la reserva de agua para sus regantes y cultivos, proveniente de los pantanos de Alange y de Villalba de los Barros.
Este proyecto fue incluido por primera vez en el Plan Nacional de Regadío del año 2002. Aunque no fue hasta octubre de 2014 cuando el gobierno extremeño declarara de interés la transformación en regadío, de la zona de Tierra de Barros.
Tras ocho años de gobierno socialista en Extremadura (2015-2023), no consiguió la financiación por parte de la Junta de Extremadura para la ejecución del proyecto. Solo, después de barajar varias opciones para la financiación de este
proyecto en los últimos años, aprovechó para acometerlo con la ampliación el Programa el Desarrollo Rural de los años 2021 y 2022, decidió reprogramar estos fondos y dedicar parte de ellos a la ejecución del regadío de Tierra de Barros.
Esta propuesta fue elevada a la Comisión de Agricultura de la UE para su aprobación definitiva. Pero, recientemente se ha tenido conocimiento, que la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, está poniendo bastantes reparos a la
utilización de estos fondos reprogramados por el anterior ejecutivo extremeño para la realización del proyecto de regadío, no asegurando su aceptación. Algo que el actual ejecutivo regional de Extremadura está intentando solucionar.
Prueba de todo esto, que está sufriendo el campo extremeño, es la carta remitida por el Comisario de Agricultura de la UE, como acuse de recibo de otra enviada por el anterior presidente de la Junta de Extremadura en la cual se comprometía a
paralizar el proyecto hasta que la Comisión despejara todas las dudas y reparos que tienen respecto la viabilidad de este proyecto.
Asimismo, y durante los primeros días de febrero de 2024, la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, envió una comunicación al respecto de la ejecución del proyecto de Regadío de Tierra de Barros, a las aclaraciones y gestiones
realizadas por el anterior gobierno socialista extremeño. Mediante esta comunicación de la UE, se exige al Gobierno de España la inclusión del proyecto de Regadío de Tierra de Barros en el Plan Hidrológico de Cuenca el Guadiana que se aprobó en su
día y que en la actualidad no incluye dicho proyecto, aunque sí la concesión de los más de 43 hectómetros cúbicos de agua.
Esta es una condición indispensable para poder seguir estudiando la posibilidad de utilizar fondos de este programa europeo y hacer realidad el Regadío Tierra de Barros.
Para que esto no suceda, el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, debe cumplir con el requerimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea y realizar un nuevo análisis del proyecto
de regadío de Tierra de Barros e incluirlo en el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana. Esta necesidad fue remitida por escrito desde la Junta de Extremadura al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico recibiendo una
contestación cuanto menos sorprendente por parte de dicho Ministerio, culpabilizando de la situación directamente a la Unión Europea.
De no solucionarse esta situación, los fondos europeos se perderían y, lo que es más grave, supondría dejar al proyecto de regadío de Tierra de Barros en situación de desamparo económico para desarrollarlo, generar desilusión en la población
que veía este proyecto como una solución real para el presente y el futuro de su comarca y conducir a la generación de menos empleo en toda la comarca afectada.
Para el Partido Popular el fortalecimiento y la protección de muestro sistema agroalimentario y del medio ambiente, a través de un modelo más sostenible, es uno de los grandes objetivos para el desarrollo de nuestro país. Para ello es
necesario impulsar un regadío moderno y sostenible, siendo eficiente en el uso del agua y la energía, llegando a generar una agricultura de mayor valor añadido y con capacidad de generar empleo, sobre todo en los entornos rurales, que sufren como
lacra la despoblación, un lastre para su proyección económica y social y convergencia con el resto de los territorios.
En este sentido consideramos oportuno alcanzar un Pacto Nacional sobre el Agua de consenso y prestar una especial atención a una colaboración con las distintas Comunidades Autónomas para el desarrollo de planes que garanticen un uso más
eficiente del agua en el regadío.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las acciones oportunas para la inclusión, a la mayor brevedad posible, del Proyecto de Regadío de Tierra de Barros en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana.
2. Que los responsables de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y del de Transición Ecológica y Reto Demográfico, acompañen y apoyen a la actual Junta de Extremadura en su defensa del Regadío Tierra de Barros ante la UE.
3. Apoyar, asesorar y poner los medios necesarios para que UE desbloquee los fondos del Programa de Desarrollo Rural y la comarca de Tierra de Barros pueda transformarse en regadío, estando al lado del futuro del campo extremeño y sus
necesidades.
4. Dotar el proyecto de Regadío Tierra de Barros, Declarado de Interés General del Estado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, de la financiación necesaria y suficiente, atiendo así los requerimientos de Bruselas para incluirlo
en el plan de cuenca del Guadiana para garantizar la llegada de los fondos europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y Alfonso Carlos Macías Gata, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las importantes pérdidas económicas de los trabajadores y trabajadoras del mar afectadas por las intensas lluvias de este otoño-invierno y para la recuperación productiva de las rías gallegas, para su debate en la
Comisión Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En el mes de octubre del pasado año comenzaron una sucesión de temporales y de abundantísimas precipitaciones que continuaron durante todo el otoño, el invierno y que persistieron hasta hace poco tiempo.
El impacto que estas condiciones climatológicas tuvo en los bancos marisqueros de las rías gallegas fue brutal y, sumado al decrecimiento productivo continuado desde hace más de una década, provocó mortandades masivas de marisco, cierres de
innumerables bancos, la pérdida de la campaña de navidad -la más importante del año para el sector-, inactividad y privación de ingresos para miles de personas, ertes en un importante número de cofradías y, en definitiva, una situación extrema que,
más que nunca, precisaba de amparo y cobertura por parte de la administración competente y de una actuación ágil y eficaz.
Por el contrario, la Consellaría del Mar, después de negarse a tomar medidas solicitadas reiteradamente por el BNG, reaccionó a finales de diciembre, cuando el destrozo era más que evidente y las zonas más afectadas llevaban ya casi tres
meses abandonadas a su suerte.
Y no fue hasta el mes de febrero, en plena campaña electoral, cuando la Consellaría efectúa un pago de 550 euros a parte de los mariscadores y mariscadoras afectadas. Fue el único y mezquino apoyo que recibieron de la Xunta de Galiza desde
octubre, y solo en algunos casos, cuando a día de hoy aún las playas están arrasadas, siguen sin actividad miles de personas y también sin expectativas de retomarla a corto plazo para poder comenzar a recuperar las rentas de su trabajo.
A estas alturas, el sector ya nada espera de la Consellaría que tiene las competencias exclusivas en marisqueo, sin embargo, continúa siendo imperioso que se actúe para que el abandono de la actividad no crezca aún más y, sobre todo, para la
recuperación y potenciación de los bancos marisqueros. Sin embargo, muchas de las reclamaciones del sector marisquero entran directamente en el ámbito de las competencias del Estado y en muchas otras sería preciso una colaboración y coordinación
entre la Xunta y los Ministerios competentes. Así, el BNG, hace suyas las demandas del sector y las traslada al Gobierno español para que atienda y cumpla con las materias que son de su competencia.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a, junto con la Xunta de Galiza y respetando el marco competencial, destinar o reservar partidas presupuestarias suficientes para la financiación de actuaciones que palíen la pérdida
de productividad de las rías gallegas y que garanticen la calidad de las aguas del medio marino, entre las que deben contemplarse:
1. Iniciar un plan de saneamiento integral de las Rías gallegas y de regeneración de los bancos marisqueros.
2. Adoptar medidas socioeconómicas hasta la recuperación plena de la actividad como la exención de las cuotas de la Seguridad Social de los mariscadores y mariscadoras o el establecimiento de ayudas directas a los distintos los eslabones de
la cadena afectados (mariscadores, cofradías, depuradoras, cocederos e industria de transformación así como a las comercializadoras...).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás importantes perdas económicas dos traballadores e traballadoras do mar afectadas polas intensas choivas deste outono-inverno e para a recuperación produtiva das rías galegas, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e
Alimentación.
Exposición de Motivos
No mes de outubro do pasado ano comezaron unha sucesión de temporais e de abundantísimas precipitacións que continuaron durante todo o outono, o inverno e que persistiron até fai pouco tempo.
O impacto que estas condicións climatolóxicas tivo nos bancos marisqueiros das rías galegas foi brutal e, sumado ao devalo produtivo continuado dende hai máis dunha década, provocou mortaldades masivas de marisco, fechamentos de innumerábeis
bancos, perda da campaña de nadal -a máis importante do ano para o sector-, inactividade e privación de ingresos para miles de persoas, ertes nun importante número de confrarías e, en definitiva, unha situación extrema que, máis que nunca, precisaba
de amparo e cobertura por parte da administración competente e dunha actuación áxil e eficaz.
Pola contra, a Consellaría do Mar, despois de negarse a tomar medidas solicitadas reiteradamente polo BNG, reaccionou a finais de decembro, cando a desfeita era máis que evidente e as zonas máis afectadas levaban xa case tres meses
abandonadas á súa sorte.
E non foi ata o mes de febreiro, en plena campaña electoral, cando a Consellaría efectúa un pago de 550 euros a parte dos mariscadores e mariscadoras afectadas. Foi o único e mesquiño apoio que recibiron da Xunta de Galiza desde outubro, e
só nalgúns casos, cando a día de hoxe aínda as praias están arrasadas, seguen sen actividade miles de persoas e tamén sen expectativas de retomala a curto prazo para poder comezar a recuperar as rendas do seu traballo.
A estas alturas, o sector xa nada agarda da Consellaría que ten as competencias exclusivas en marisqueo, mais continúa sendo imperioso que se actúe para que o abandono da actividade non medre aínda máis e, sobre todo, para a recuperación e
potenciamento dos bancos marisqueiros. Porén, moitas das reclamacións do sector marisqueiro entran directamente no ámbito das competencias do Estado e en moitas outras sería preciso unha colaboración e coordinación entre a Xunta e os Ministerios
competentes. Así, o BNG, fai súas as demandas do sector e trasládaas ao Goberno español para que atenda e cumpra coas materias que son da súa competencia.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a, xunto coa Xunta de Galiza e respectando o marco competencial, destinar ou reservar partidas orzamentarias suficientes para o financiamento de actuacións que palíen a perda de
produtividade das rías galegas e que garantan a calidade das augas do medio mariño, entre as que deben contemplarse:
1. Iniciar un plan de saneamento integral das Rías galegas e de rexeneración dos bancos marisqueiros.
2. Adoptar medidas socioeconómicas até a recuperación plena da actividade como a exención das cotas da Seguridade Social dos mariscadores e mariscadoras ou o estabelecemento de axudas directas aos distintos elos da cadea afectados
(mariscadores, confrarías, depuradoras, cocedoiros e industria de transformación así como ás comercializadoras...).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Política Territorial
161/000691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a poner en marcha un plan
nacional global, integral y coordinado de Formación para todas las Administraciones Públicas, en la mejora del conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información, para su debate en la Comisión de Política
Territorial.
Exposición de motivos
El Informe de Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Internet (IOCTA, por sus siglas en inglés), realizado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, evidencia que la pandemia de Covid-19 precipitó una rápida
adaptación de la sociedad en su totalidad al cambio, transformándola de manera permanente en ciertos aspectos. Esta transformación ha sido reflejada en sucesivos informes de IOCTA, donde se ha observado una constante evolución y adaptación de la
ciberdelincuencia.
La ciberdelincuencia se caracteriza por ser un conjunto de actividades ilícitas que se llevan a cabo a través de internet y las tecnologías digitales, las cuales comprometen la seguridad de las empresas, usuarios, individuos y, por supuesto,
administraciones públicas. Estos actos delictivos, perpetrados en el ciberespacio, ponen en riesgo la integridad de los sistemas informáticos y la privacidad de los datos.
La ciberdelincuencia tiene graves consecuencias para las administraciones públicas en España. Los ciberataques contra las instituciones españolas han aumentado enormemente en los últimos años. Según el Observatorio de Respuesta contra
Ciberataques de la compañía Aiuken, los ciberataques contra la administración pública aumentaron hasta un 455 % en tan solo seis años, pasando de casi 46.000 en 2016 a más de 250.000 en 2022.
En un informe reciente, también la Policía Nacional ha alertado sobre el incremento de estafas a las administraciones públicas, y de manera particular, a la Administración General del Estado. Los investigadores de este tipo de delitos están
detectando un aumento de estos en los que, de una forma u otra, un organismo oficial aparece involucrado en alguna tentativa de este tipo de fraude, ya sea como víctima o como parte involuntaria del engaño por haber sido suplantado.
El mayor incremento se está dando en el BEC (Business Email Compromiso), en el que el 'cebo' empleado es un cambio imprevisto en la cuenta bancaria de pago a proveedores. En el caso de las Administraciones Públicas, las organizaciones
criminales defraudadoras pueden obtener, vía online y sin rastro alguno, información pormenorizada sobre contratos establecidos por la Administración Pública y los altos cargos públicos responsables de su tramitación.
Según el informe del IOCTA, el uso de ransomware, un tipo de malware que cifra los archivos y solicita un rescate para recuperarlos, se ha incrementado aprovechando el auge del teletrabajo. Este se mantiene como una de las principales
amenazas, junto con otras como el escaneo clásico de redes en busca de conexiones inseguras.
Además, los cibercriminales han explotado el incremento de las compras en línea con el objetivo de engañar a sus víctimas para que descarguen software malicioso, robar sus credenciales o cometer diversas formas de fraude. Es imperativo
mantenerse alerta ante estas amenazas y adoptar medidas de seguridad adecuadas para protegerse.
Este tipo de fraudes y acciones maliciosas en Internet afectan igualmente a las administraciones públicas de toda España, que deben tomar medidas para mejorar su ciberseguridad y protegerse contra dichos ataques.
En este contexto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática debe mostrar consciencia de la realidad y coordinar herramientas específicas para que las administraciones y sus empleados puedan tener mayor capacidad de
detección de estas intrusiones, de modo que puedan actuar de forma más rápida y eficaz, protegiendo el servicio público y el interés general de los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero.
Impulsar un plan nacional para la formación de funcionarios y empleados públicos de todas las administraciones públicas de España para la adquisición de las habilidades y los conocimientos necesarios en materia de ciberseguridad.
Segundo.
Facilitar la creación, a través de las herramientas de colaboración oportunas, de Centros de Operaciones de Seguridad (SOCs) autonómicos con la finalidad de dar cobertura a la securización de los sistemas de información y aplicaciones de las
distintas administraciones públicas ubicadas en ellas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2024.-Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, María Lourdes Ramírez Martín, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte Mesa,
Antonio Cavacasillas Rodríguez, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la finalización de las obras de regeneración ambiental de la Ría do Burgo y al mantenimiento de las compensaciones a los mariscadores y mariscadoras hasta la total recuperación de la capacidad productiva para su debate en
la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las actuaciones de dragado y regeneración de la Ría do Burgo finalizarán completamente el próximo 26 de abril, momento en el que se procederá a sembrar el marisco con las cuatro especies de bivalvos propias de este espacio (berberecho y tres
variedades de almeja).
Con todo, será necesario esperar un período de entre 18 y 24 meses para que se restaure la capacidad productiva de la Ría do Burgo y que las personas trabajadoras en el marisqueo puedan volver a vivir de su trabajo, de la actividad
marisquera, ahora interrumpida por las obras de dragado.
Estamos asistiendo al cierre de un ciclo de reclamación y defensa social de la regeneración de la Ría do Burgo de más de dos décadas en una carrera de fondo que por fin concluye como un éxito colectivo, social y medioambiental.
Pero, cuesta entender como aún en este momento vuelven a amenazar nuevas sombras sobre la Ría do Burgo y sobre quien la trabaja.
En primer lugar, los mariscadores acaban de presentar un informe en que dan cuenta de que, vulnerando el Estudio de Impacto Ambiental, las obras de dragado eliminaron el 40 % del banco marisquero de O Carniceiro, uno de los más ricos, lo que
supone una grave alteración para el hábitat de la ría y para la posterior producción marisquera, de la que procederán a dar cuenta ante la Unión Europea, entidad emisora de los fondos para el dragado y regeneración de la Ría do Burgo.
Asimismo, de un total de 30 subzonas de producción, se observó que 27 de ellas sufrieron algún tipo de afectación como resultado de las obras de dragado. Específicamente, todas las subzonas destinadas al marisqueo a flote, al igual que 22
de los 25 bancos de marisqueo a pie. Esta extensa afectación pone de relieve la significativa influencia que las obras de dragado tuvieron en la actividad marisquera local así como la importancia de proporcionar el apoyo necesario a los
mariscadores afectados. La actual afectación detectada en los distintos bancos supuso la modificación de su superficie y también la desaparición de parte de la superficie productiva en algunas áreas.
Además, no se están dando las condiciones, por parte del titular de la obra, que garanticen una buena siembra de las cuatro especies de marisco, lo que llevó la Xunta a denegar la autorización.
Y, finalmente, las administraciones no están dialogando para negociar la continuidad de la protección económica de las trabajadoras y trabajadores de la Ría do Burgo como medida compensatoria mientras no puedan volver a vivir de su trabajo
en esta.
En todo caso, el proyecto de dragado ambiental establece claramente que la duración total de la paralización de la actividad marisquera incluye el período desde la finalización de las obras hasta que los bivalvos sembrados alcancen la talla
comercial. Este período de recuperación se estima en un rango de 18 a 24 meses. Durante este tiempo, los mariscadores no podrán llevar a cabo su actividad comercial habitual extrayendo marisco de la ría. Con todo, las y los trabajadores
continuarán realizando operaciones esenciales de mantenimiento y vigilancia de los bancos marisqueros, como se contempla en los planes de gestión marisquera y que es fundamental para garantizar la recuperación de la ría y la futura sostenibilidad de
la actividad marisquera en la zona.
Por todo ello, los mariscadores reclaman al Ministerio y a la Xunta entendimiento y colaboración para, mediante uno nuevo convenio, mantener las compensaciones económicas a los mariscadores desde que se realice la semilla de bivalvos hasta
que estos alcancen el tamaño comercial reglamentario para poder extraerlos y la cofradía pueda retomar su actividad, esto es, entre 18 y 24 meses.
En este momento, urge, pues, clarificar la correcta entrega de las obras, así como supervisar el completo y adecuado proceso de siembra de las especies y garantizar un nuevo convenio con compensaciones económicas para los mariscadores y
mariscadoras de la Ría do Burgo mientras no vuelva a ser productiva.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Negociar de buena fe con la Confraría y la Xunta de Galiza y llegar a un acuerdo que permita la continuidad de las compensaciones económicas establecidas en la actualidad para el sector marisquero de la Ría do Burgo hasta la recuperación
íntegra de la capacidad productiva tras la siembra del marisco en los bancos cuando terminen las obras de regeneración, un tiempo que la propia Declaración de Impacto Ambiental indica entre 18 y 24 meses, tiempo durante el cual el marisco no
adquiriría talla legal para su comercialización.
2. Analizar el cumplimiento del proyecto de obra, atendiendo al Estudio de Impacto Ambiental, a la vista del informe, elaborado por los mariscadores y el biólogo de la Xunta, que confirma la eliminación del 40 % del banco marisquero de O
Carniceiro y afectaciones en otros bancos de la ría para evaluar las posibles consecuencias que de esta afectación se deriven.
3. Subsanar las afectaciones y consecuencias negativas derivadas de la vulneración de la Declaración de Impacto Ambiental para así poder iniciar las labores de siembra con el permiso de la Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á finalización das obras de rexeneración ambiental da Ría do Burgo e ao mantemento das compensacións aos mariscadores e mariscadoras até a total recuperación da capacidade produtiva para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e
Reto Demográfico.
Exposición de motivos
As actuacións de dragaxe e rexeneración da Ría do Burgo finalizarán completamente o vindeiro 26 de abril, momento no que se procederá a sementar o marisco coas catro especies de bivalvos propias deste espazo (berberecho e tres variedades de
ameixa).
Con todo, será necesario esperar un período de entre 18 e 24 meses para que se restaure a capacidade produtiva da Ría do Burgo e as persoas traballadoras no marisqueo poidan volver vivir do seu traballo. a actividade marisqueira, agora
interrompida polas obras de dragaxe.
Estamos a asistir ao peche dun ciclo de reclamación e defensa social da rexeneración da Ría do Burgo de máis de dúas décadas nunha carreira de fondo que por fin conclúe como un éxito colectivo, social e medioambiental. Mais, custa entender
como aínda neste momento volven ameazar novas sombras sobre a Ría do Burgo e mais sobre quen a traballa.
En primeiro lugar, os mariscadores acaban de presentar un informe en que dan conta de que, vulnerando o Estudo de Impacto Ambiental, as obras de dragaxe eliminaron o 40 % do banco marisqueiro do Carniceiro, un dos máis ricos, o que supón
unha grave alteración para o hábitat da ría e para a posterior produción marisqueira, da que procederán a dar conta perante a Unión Europea, entidade emisora dos fondos para a dragaxe e rexeneración da Ría do Burgo.
Así mesmo, dun total de 30 subzonas de produción, observouse que 27 delas sufriron algún tipo de afectación como resultado das obras de dragado. Especificamente, todas as subzonas destinadas ao marisqueo á flote, ao igual que 22 dos 25
bancos de marisqueo a pé. Esta extensa afectación pon de relevo a significativa influencia que as obras de dragado tiveron na actividade marisqueira local así como a importancia de proporcionar o apoio necesario aos mariscadores afectados. A
actual afectación detectada nos distintos bancos supuxo a modificación da súa superficie e tamén a desaparición de parte da superficie produtiva nalgunhas áreas.
Ademais, non se están a dar as condicións, por parte do titular da obra, que garantan unha boa semente das catro especies de marisco, o que levou a Xunta a denegar a autorización.
E, finalmente, as administracións non están a dialogar para negociar a continuidade da protección económica das traballadoras e traballadores da Ría do Burgo como medida compensatoria mentres non poidan volver vivir do seu traballo nesta.
En todo caso, o proxecto de dragado ambiental estabelece claramente que a duración total da paralización da actividade marisqueira inclúe o período dende a finalización das obras ata que os bivalvos sementados alcancen a talla comercial.
Este período de recuperación estímase nun rango de 18 a 24 meses. Durante este tempo, os mariscadores non poderán levar a cabo a súa actividade comercial habitual extraendo marisco da ría. Con todo, as e os traballadores continuarán realizando
operacións esenciais de mantemento e vixilancia dos bancos marisqueiros, como se contempla nos plans de xestión marisqueira e que é fundamental para garantir a recuperación da ría e a futura sustentabilidade da actividade marisqueira na zona.
Por todo iso, os mariscadores reclaman ao Ministerio e á Xunta entendemento e colaboración para, mediante un novo convenio, manter as compensacións económicas aos mariscadores desde que se realice a semente de bivalvos até que estes alcancen
o tamaño comercial regulamentario para poder extraelos e a confraría poida retomar a súa actividade, isto é, entre 18 e 24 meses.
Neste momento, urxe, pois, clarificar a correcta entrega das obras, así como supervisar o completo e adecuado proceso de semente das especies e garantir un novo convenio con compensacións económicas para os mariscadores e mariscadoras da Ría
do Burgo mentres non volva ser produtiva.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Negociar de boa fe coa Confraría e a Xunta de Galiza e chegar a un acordo que permita a continuidade das compensacións económicas estabelecidas na actualidade para o sector marisqueiro da Ría do Burgo até a recuperación íntegra da
capacidade produtiva tras a semente do marisco nos bancos cando terminen as obras de rexeneración, un tempo que a propia Declaración de Impacto Ambiental indica entre 18 e 24 meses, tempo durante o cal o marisco non adquiriría talla legal para a súa
comercialización.
2. Analizar o cumprimento do proxecto de obra, atendendo ao Estudo de Impacto Ambiental, á vista do informe, elaborado polos mariscadores e o biólogo da Xunta, que confirma a eliminación do 40 % do banco marisqueiro do Carniceiro e
afectacións noutros bancos da ría para avaliar as posíbeis consecuencias que desta afectación se deriven.
3. Subsanar as afectacións e consecuencias negativas derivadas da vulneración da Declaración de Impacto Ambiental para así poder iniciar os labores de sementeira co permiso da Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al fomento de comunidades energéticas de base ciudadana en Galiza para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La producción, distribución y consumo de energía eléctrica es un sector estratégico de la economía y debería ser un derecho fundamental de la ciudadanía, sin embargo, en el
actual contexto económico, se ha convertido en un bien muy costoso y sometido a los vaivenes y a los intereses del mercado.
La regulación del sector energético provoca movimientos especulativos y un régimen de oligopolio en el que unas pocas empresas tienen el control de casi toda la cadena del sector eléctrico, lo que permite generar beneficios multimillonarios
para un reducido grupo de actores y graves perjuicios para la mayoría social. La escalada de los precios de la energía eléctrica que se produjo a lo largo del año 2021 y en los primeros meses del 2022 es una de las caras más visibles de un sistema
cruel e injusto, una realidad que tiene un importante impacto negativo en distintos sectores económicos, en las PYMES y en los hogares.
El BNG defiende la necesidad de acometer cambios estructurales en el modelo energético que pasan por la intervención pública en el sector, por medidas de reducción del precio, supresión de los beneficios llovidos del cielo o la creación de
una tarifa eléctrica gallega que permita reducir el precio de la luz atendiendo a la condición de Galicia de exportadora de energía eléctrica.
Al mismo tiempo, en los últimos años surgieron movimientos sociales que cuestionan el sistema energético centralizado y oligopolístico y defienden como alternativa modelos distribuidos, de proximidad, que en la práctica suponen un mayor
grado de socialización y democratización del acceso a la energía y un cierto empoderamiento energético ciudadano, una orientación de la política energética también compartida y defendida por el BNG.
Como respuesta a estos movimientos, la UE incorporó en el derecho comunitario las 'comunidades energéticas'. Lo hizo en 2018 mediante la Directiva (UE) 2018/2001 y en 2019 con la Directiva (UE) 2019/944 con las que se incorpora el concepto
de las 'comunidades energéticas locales' y las figuras jurídicas de las 'comunidades de energías renovables' (2018) y de las 'comunidades ciudadanas de energía' (2019). Estas entidades se definen como 'cualquier asociación, cooperativa, sociedad,
organización sin ánimo de lucro u otra entidad jurídica dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local'.
Estas figuras fueron trasladadas a la legislación española mediante el Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (que modifica
determinados aspectos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico). En el citado RDLey 23/2020 se definen las Comunidades de Energías Renovables como 'entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y
efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las cercanías de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de estas entidades jurídicas, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o entidades locales,
incluidos los ayuntamientos, y cuya finalidad primordial sea suministrar de beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros, o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras'. Las comunidades
energéticas pueden desarrollar las siguientes actividades:
- Generación de energía procedente de fuentes renovables.
- Servicios de eficiencia y rehabilitación energética.
- Suministro, consumo, agregación y almacenamiento de energía y potencialmente distribución.
- Prestación de servicios de recargo de vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos.
Si bien esta figura jurídica forma parte de la legislación comunitaria y estatal, está pendiente su efectiva transposición mediante el desarrollo de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros que deben regular las comunidades energéticas
locales y su participación en el sector energético. Aunque a finales de 2020 se abrió por el gobierno central una 'Consulta pública previa de comunidades energéticas locales' no llegó a aprobarse el instrumento jurídico que debe regularlas.
Debido a este vacío legal, actualmente existen muchas trabas y restricciones que dificultan la creación de comunidades locales de energía. La falta de seguridad jurídica está provocando la ralentización de proyectos, que muchas veces tienen
que tramitarse
como proyectos de autoconsumo para salvar la falta de regulación legal. Además, las limitaciones aplicadas en la práctica como los 0,5 km de distancia entre el punto de producción y de consumo -2 km en caso de que la instalación sea sobre
cubierta- o el límite administrativo de 100 kW para la tramitación de instalación en régimen simplificado, constituyen una dificultad añadida para el interés y la viabilidad de los proyectos de autoconsumo colectivo y de comunidades energéticas.
Para hacer frente a esta situación, numerosos colectivos e instituciones están promoviendo una serie de demandas que deben incluirse en el futuro decreto regulador de las comunidades energéticas:
a) El incremento de la distancia hasta 5 km y de la potencia hasta 5 MW.
b) La simplificación de los trámites administrativos.
c) La supresión de cargos y peajes en las modalidades fuera del autoconsumo.
d) La ampliación de las modalidades de compensación de excedentes, y aplicación del balance neto.
Además, en el ámbito gallego, se suma a todo lo anterior las dificultades con las que se encuentran las comunidades de montes en mancomún, que ya se han dirigido al gobierno central solicitando su inclusión en la figura jurídica de las
'comunidades energéticas', ya que con la actual regulación no pueden actuar como tales, sin que la situación se haya resuelto.
Más allá de la regulación efectiva y favorable para las comunidades energéticas, las instituciones públicas deben actuar cómo impulsoras, promotoras y fomentadoras de este modelo distribuido y de proximidad, como alternativa social al modelo
intensivo y depredador de los grandes polígonos energéticos de iniciativa privada que están amenazando e invadiendo amplias zonas de la geografía gallega.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a establecer una regulación para las comunidades energéticas de base ciudadana, atendiendo especialmente a las radicadas en el ámbito rural, que dé respuesta a las demandas sociales
-ampliando, cuando menos, la distancia hasta 5 km y la potencia hasta 5 MW, simplificando los trámites administrativos, suprimiendo cargos y peajes, así como mejorando las modalidades de compensación de excedentes- y que reconozca a las comunidades
de montes vecinales en mancomún como comunidades energéticas de pleno derecho según lo dispuesto en los artículos 12 bis y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao fomento de comunidades enerxéticas de base cidadá na Galiza para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A produción, distribución e consumo de enerxía eléctrica é un sector estratéxico da economía e debería ser un dereito fundamental da cidadanía, mais no actual contexto
económico converteuse nun ben moi custoso e sometido aos vaivéns e aos intereses do mercado.
A regulación do sector enerxético provoca movementos especulativos e un réxime de oligopolio no que unhas poucas empresas teñen o control de case toda a cadea do sector eléctrico, o que permite xerar beneficios multimillonarios para un
reducido grupo de actores e graves prexuízos para a maioría social. A escalada dos prezos da enerxía eléctrica que se produciu ao longo do ano 2021 e nos primeiros meses do 2022 é unha das caras máis visíbeis dun sistema cruel e inxusto, unha
realidade que ten un importante impacto negativo nos distintos sectores económicos, nas PEMES e nos fogares.
O BNG defende a necesidade de acometer cambios estruturais no modelo enerxético que pasan pola intervención pública no sector, por medidas de redución do prezo, supresión dos beneficios chovidos do ceo ou a creación dunha tarifa eléctrica
galega que permita reducir o prezo da luz atendendo á condición de Galiza de exportadora de enerxía eléctrica.
Ao mesmo tempo, nos últimos anos agromaron movementos sociais que cuestionan o sistema enerxético centralizado e oligopolístico e defenden como alternativa modelos distribuídos, de proximidade que na práctica supoñen un maior grao de
socialización e democratización do acceso á enerxía e unha sorte de empoderamento enerxético cidadán, unha orientación da política enerxética tamén compartida e defendida polo BNG.
Como resposta a estes movementos, a UE incorporou no dereito comunitario as 'comunidades enerxéticas'. Fíxoo en 2018 mediante a Directiva (UE) 2018/2001 e en 2019 coa Directiva (UE) 2019/944 coas que se incorpora o concepto das 'comunidades
enerxéticas locais' e as figuras xurídicas das 'comunidades de enerxías renovábeis' (2018) e das 'comunidades cidadás de enerxía' (2019). Estas entidades defínense como 'calquera asociación, cooperativa, sociedade, organización sen ánimo de lucro
ou outra entidade xurídica dedicada á xeración distribuída e á realización de actividades dun xestor de rede de distribución, subministrador ou agregador a nivel local'.
Estas figuras foron trasladadas á lexislación española mediante o Real Decreto Lei 23/2020, de 23 de xuño, polo que se aproban medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica (que modifica determinados aspectos
da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico). No citado RD Lei 23/2020 defínense as Comunidades de Enerxías Renovábeis como 'entidades xurídicas baseadas na participación aberta e voluntaria, autónomas e efectivamente controladas por
socios ou membros que están situados nas proximidades dos proxectos de enerxías renovábeis que sexan propiedade destas entidades xurídicas, cuxos socios ou membros sexan persoas físicas, pemes ou entidades locais, incluídos os concellos, e cuxa
finalidade primordial sexa fornecer de beneficios medioambientais, económicos ou sociais aos seus socios ou membros, ou ás zonas locais onde operan, en lugar de ganancias financeiras'. As comunidades enerxéticas poden desenvolver as seguintes
actividades:
- Xeración de enerxía procedente de fontes renovábeis.
- Servizos de eficiencia e rehabilitación enerxética.
- Subministro, consumo, agregación e almacenamento de enerxía e potencialmente distribución.
- Prestación de servizos de recarga de vehículos eléctricos ou doutros servizos enerxéticos.
Se ben esta figura xurídica forma parte da lexislación comunitaria e estatal, está pendente a súa efectiva transposición mediante o desenvolvemento dos aspectos xurídicos, técnicos e financeiros que deben regular as comunidades enerxéticas
locais e a súa participación no sector enerxético. Aínda que a finais de 2020 se abriu polo goberno central unha 'Consulta pública previa de comunidades enerxéticas locais' non chegou a aprobarse o instrumento xurídico que debe regulalas.
Debido a este baleiro legal, actualmente existen moitas trabas e restricións que dificultan a creación de comunidades locais de enerxía. A falta de seguridade xurídica está a provocar a ralentización de proxectos, que moitas veces teñen que
tramitarse como proxectos de autoconsumo para salvar a falta de regulación legal. Ademais, as limitacións
aplicadas na práctica como os 0.5 km de distancia entre o punto de produción e de consumo -2 km no caso de que a instalación sexa sobre cuberta- ou o límite administrativo de 100 kW para a tramitación de instalación en réxime simplificado,
constitúen unha dificultade engadida para o interese e a viabilidade dos proxectos de autoconsumo colectivo e de comunidades enerxéticas.
Para facer fronte a esta situación, numerosos colectivos e institucións están promovendo unha serie de demandas que deben incluírse no futuro decreto regulador das comunidades enerxéticas:
a) O incremento da distancia até 5 km e da potencia até 5 MW.
b) A simplificación dos trámites administrativos.
c) A supresión de cargos e peaxes nas modalidades fóra do autoconsumo.
d) A ampliación das modalidades de compensación de excedentes, e aplicación do balance neto.
Ademais, no ámbito galego, súmase a todo o anterior as dificultades coas que se atopan as comunidades de montes en mancomún, que xa se teñen dirixido ao goberno central solicitando a súa inclusión na figura xurídica das 'comunidades
enerxéticas', xa que coa actual regulación non poden actuar como tales, sen que a situación se teña resolto.
Máis alá da regulación efectiva e favorábel para as comunidades enerxéticas, as institucións públicas deben actuar como impulsoras, promotoras e fomentadoras deste modelo distribuído e de proximidade, como alternativa social ao modelo
intensivo e depredador dos grandes polígonos enerxéticos de iniciativa privada que están ameazando e invadindo amplas zonas da xeografía galega.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a estabelecer unha regulación para as comunidades enerxéticas de base cidadá, atendendo especialmente ás radicadas no ámbito rural, que dea resposta ás demandas sociais -ampliando, cando
menos, a distancia até 5 km e a potencia até 5 MW, simplificando os trámites administrativos, suprimindo cargos e peaxes, así como mellorando as modalidades de compensación de excedentes- e que recoñeza ás comunidades de montes veciñais en mancomún
como comunidades enerxéticas de pleno dereito segundo o disposto nos artigos 12 bis e seguintes da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la doble conexión de las cuencas
del Río Sorbe y Río Bornova, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En las últimas décadas se ha planteado la necesidad de regular la cuenca del Río Sorbe y su conexión con el Río Bornova ante las necesidades del crecimiento poblacional e industrial del corredor del Henares, las necesidades de los regadíos
del Bornova y, teniendo en cuenta, la capacidad de almacenamiento de agua de la presa de Beleña (53 Hm3) y las aportaciones que recibe del Río Sorbe y, por otra parte, la capacidad de la
Presa de Alcorlo (180 Hm3) y las aportaciones del Río Bornova. Esta cuestión se manifiesta de actualidad cada vez que, como está ocurriendo desde enero 2024, se producen desembalses de la presa de Beleña, o, cuando cíclicamente en los
periodos recurrentes de sequía, se producen restricciones de agua, para el uso agrario, abastecimiento humano o uso industrial.
Proyectos como el de construcción de un nuevo embalse en el Alto Sorbe o el recrecimiento de la presa de Beleña, se abandonaron por el elevado coste, impacto ambiental o complejidades técnicas, y se apostó por la doble conexión de ambas
cuencas, de modo que el embalse de Alcorlo (más del triple de capacidad que el de Beleña) recibiera el excedente de agua que desembalsa Beleña en épocas de abundancia y, en épocas de sequía, el agua almacenada en Alcorlo garantizara el uso agrario y
de sus regadíos y también, mediante la conexión al río Sorbe y a la ETAP de Mohernando el uso de abastecimiento e industrial en el corredor del Henares donde reciben suministro más de 400.000 personas. Esta decisión era una solución menos invasiva
y relativamente sencilla desde el punto de vista técnico y no demasiado costosa económicamente.
La conexión desde el embalse de Alcorlo (río Bornova) hacia el río Sorbe fue finalizada y puesta en servicio, pero el proyecto que se presentó por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para conectar el río Sorbe con el embalse de
Alcorlo, a pesar de que era la más viable desde el punto de vista técnico, ambiental y económico, fue paralizado por la Secretaría de Estado de Cambio Climático del gobierno presidido por el Presidente Rodríguez Zapatero mediante resolución
publicada en el BOE el 24 de febrero de 2011. La justificación se basó en el informe de impacto ambiental negativo sobre la fauna y la biodiversidad y que las medidas propuestas por la CHT no eran garantía para su corrección.
Con posterioridad, la aprobación de la ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, prohibió la construcción de obras hidráulicas en el Parque. No obstante, modificaciones introducidas en
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de la Sierra Norte, abre la puerta a que esta obra hidráulica se construya y se ponga en servicio.
En junio de 2018 la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, siendo consciente de la necesidad de esta infraestructura, anunció que el Gobierno de Castilla-La Mancha iba a solicitar al Gobierno de España 'la inmediata
tramitación y ejecución, en el plazo más breve posible, de todas las obras e infraestructuras que faltan por ejecutar, respetando las condiciones ambientales, en el proyecto de interconexión y aprovechamiento conjunto de los ríos Sorbe y Bornova'.
Este anuncio de la consejera del PSOE no se llevó a cabo según consta en respuesta parlamentaria.
Del mismo modo, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, la CEOE-CEPYME de Guadalajara, diferentes ayuntamientos del Corredor del Henares o la Mancomunidad de Aguas del Sorbe han solicitado esta necesaria conexión
para garantizar el desarrollo de los regadíos presentes y futuros (regadíos del Bornova, riegos de Cogolludo y proyecto de regadíos en el Badiel), el desarrollo empresarial e industrial del Corredor del Henares y para suministrar a la población (más
de 400.000 hab.), abastecidos por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
Con todos estos antecedentes sorprende que las medidas del Gobierno de España apuesten solo por reducir la demanda y no por el adecuado aprovechamiento del agua que es desaprovechado como consecuencia de los desembalses que se producen en el
embalse de Beleña, por superar las curvas que definen a partir de qué nivel de embalse hay que desembalsar en cada mes del año de forma que el embalse tenga capacidad para almacenar el agua recibida por las avenidas esperables en meses posteriores.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la tramitación del proyecto, de modo inmediato, y ejecución de las obras e infraestructuras que faltan por ejecutar en la doble conexión de los Ríos Sorbe y Bornova, respetando las
condiciones
ambientales en el proyecto de interconexión y aprovechamiento conjunto de los ríos Sorbe y Bornova.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Antonio Román Jasanada, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, en su respectiva condición de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un trasvase extraordinario de nivel 1 en el eje Tajo-Segura, para su discusión en la Comisión de
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La gestión del agua y su escasez en algunas regiones de España.
Durante los últimos meses, diversas demarcaciones hidrográficas han enfrentado situaciones de alerta y emergencia debido a la escasez de agua, como es el caso de las demarcaciones del Guadiana y del Guadalquivir 15, del Segura 16 y del Júcar
17, así como las cuencas del Huerva y del Segre en la demarcación del Ebro.
En abril, la borrasca Nelson provocó lluvias torrenciales en gran parte de la península ibérica, aliviando la situación de las zonas del Ebro y Guadalquivir. No obstante, algunas provincias españolas aún se mantienen en el nivel máximo de
alerta, como es el caso de Alicante, Murcia y Almería.
En este punto se debe destacar que las cuencas hidrográficas españolas cuentan con recursos hídricos suficientes para cubrir nuestras necesidades. A fecha de registro de esta iniciativa, el volumen de agua embalsada en España alcanza el
66,61 % de su capacidad, siendo las cuencas del Tajo (11.056 hm3 y 80,67 % de su capacidad) y del Duero (7.600 hm3 y 92,23 % de su capacidad) las que tienen mayor capacidad y porcentaje almacenado disponible respectivamente 18.
Pese a ello, la estrategia del Gobierno para hacer frente a la sequía se ha limitado únicamente a promover la utilización de plantas desaladoras. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, anunció a principios de febrero un plan, financiado con 467 millones de euros, para la construcción de dos nuevas plantas desaladoras en Tordera y Foix, así como el traslado diario de 40.000 m3 de agua desde la desaladora de Sagunto hasta el
puerto de Barcelona, en respuesta a la grave sequía que afecta a Cataluña 19. Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aboga por 'apostar por la desalación del agua de mar en lugar de depender del trasvase Tajo-Segura'
20.
15 https://www.chguadiana.es/comunicacion/campanas/situacion-sequia.
16 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=117899&IDTIPO=10&RASTRO=c$ml22,70.
17 https://www.chj.es/es-es/ciudadano/salaprensa/Paginas/CHJ-declara-situacion-excepcional-sequ%C3%ADa-extraordinaria-toda-Demarcaci%C3%B3n-.aspx.
18 https://www.embalses.net/cuencas.php.
19 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2024/febrero/teresa-ribera-anuncia-467-millones-para-desalacion-y-un-plan-de-.html.
20 https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/page-desalacion-alternativa-trasvase-tajo-segura.html.
Segundo. Situación actual de los embalses en el entorno Tajo-Segura.
El acueducto Tajo-Segura sirve como enlace entre las cuencas hidrográficas del Tajo y del Segura, atravesando, a su vez, las cuencas del Guadiana y el Júcar. Se encarga de transportar las aguas reguladas de los embalses de Entrepeñas y
Buendía, ubicados en la cabecera del Tajo. El volumen máximo que la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, permite trasvasar es de 600 hm3/ año para el Segura y de 50 hm3/año para el Guadiana. Cabe destacar que este recurso hídrico permite
que su caudal se destine a abastecimiento y sistemas de riego.
Para la gestión de este trasvase, se creó en 1978 la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Este órgano, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se encarga de realizar un análisis
mensual de la situación del trasvase 21. Asimismo, tiene la facultad de autorizar los volúmenes de trasvase en condiciones hidrológicas normales. Sin embargo, en caso de circunstancias hidrológicas excepcionales, la autorización compete al titular
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 22.
La situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía permite la realización del trasvase para redistribuir los caudales hacia las cuencas con mayor riesgo de sequía. Entrepeñas cuenta actualmente con 554 hm3 de agua almacenada, lo
que representa casi un 70 % de su capacidad 23. Por su parte, Buendía almacena 620 hm3 de agua, casi un 40 % de su capacidad 24. Ambos presentan una capacidad muy superior a la media de los últimos 10 años 25.
Tercero. La necesidad de un trasvase urgente.
De acuerdo con lo estipulado en la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en el artículo único del Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, se establecen distintos niveles de actuación en función de las existencias conjuntas en los
embalses de Entrepeñas y Buendía al inicio de cada mes para autorizar los trasvases.
En el nivel 1, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura puede aprobar un trasvase mensual 26 de hasta 60 hm3 de agua, si las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía alcanzan o superan los 1.500 hm3, o si las
aportaciones conjuntas a estos embalses en los últimos doce meses son iguales o superiores a 1.000 hm3. Es relevante señalar en este punto que el año pasado, por estas fechas, el embalse de Buendía disponía de 413 hm3 de agua almacenada y el de
Entrepeñas 286 hm3.
En otro orden, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha solicitado al Gobierno la adopción de medidas extraordinarias ante la sequía, dado que las precipitaciones registradas este año están cerca de los niveles mínimos de los últimos 33
años 27. Esta situación afecta particularmente a los regantes de la cuenca del Segura, que se enfrentan a restricciones en el uso del agua 28.
21 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/trasvase-tajo-segura.html.
22 La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico delegó esta competencia en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente mediante la Orden TED/ 533/2021, de 20 de mayo, sobre delegación de competencias.
23 https://www.embalses.net/pantano-967-entrepenas.html.
24 https://www.embalses.net/pantano-931-buendia.html.
25 https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/cabecera-tajo-embalsa-900-hcm3-volumen-agua-almacenaba-decada.html.
26 https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion21-27/docsdescarga/ficha-3.pdf.
27 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/embalses-20240417135219-nt.html.
28 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/confederacion-segura-declarara-situacion-sequia-extraordinaria-restricciones-20240228192533-nt.html.
Finalmente, es destacable que el uso del agua por parte de los regantes les permite alcanzar niveles de aprovechamiento hídrico diez veces superior a la media española 29. El agua, como recurso, posibilita multiplicar por 4,8 la generación
de riqueza y por 4,5 la generación de empleo en el sector del regadío, siendo un factor clave para fomentar la fijación de población en las zonas rurales y promover la cohesión territorial 30.
Cuarto. Conclusiones.
La planificación hidrológica representa un pilar esencial para la cohesión territorial, la viabilidad económica, la preservación de la soberanía alimentaria y la respuesta efectiva ante los desafíos planteados por la escasez de agua.
En este contexto, resulta imperativo que el Gobierno emplee las infraestructuras hídricas existentes para garantizar el acceso al agua de toda la población.
Sin embargo, el Gobierno para abordar el problema de la sequía se centra únicamente en la promoción y uso de plantas desaladoras, desaprovechando las infraestructuras ya existentes y aumentando los costes de suministro.
Ante esto, es necesario que el Gobierno abandone sus políticas basadas en el ecologismo radical y permita a los regantes utilizar el agua almacenada en el Tajo derivando, de forma extraordinaria, 60 hm3 de agua hacia la demarcación del
Segura. Actualmente, el nivel de los embalses de la cuenca del Tajo permite la redistribución de caudales hacia otras demarcaciones.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la aprobación de un trasvase extraordinario de nivel 1 en el eje del Trasvase Tajo-Segura, para permitir la reorganización de los recursos hídricos hacia poblaciones que lo requieren
para el abastecimiento y regadío.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/000685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Plan de Emergencia de apoyo a
la cogeneración, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En tres décadas de su historia en España, la cogeneración ha demostrado ser una herramienta eficaz para; aportar competitividad a los sectores industriales calorintensivos; impulsar el desarrollo del sistema gasista; aportar al sistema
eléctrico generación distribuida de proximidad, con garantía de potencia, síncrona y eficiente; extender la demanda y el autoconsumo y prevenir la deslocalización industrial facilitando un desarrollo geográfico y socialmente distribuido; y aportar
productividad y competitividad al país en la transición ecológica, ya que la cadena de valor que se genera va mucho más allá de las plantas.
29 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/falso-discurso-despilfarro-agua-trasvases-regantes-tajosegura-20240409135900-nt.html.
30 https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-02-10/espana-no-aprovecha-agua/
En definitiva, la cogeneración es una garantía para el sistema eléctrico y tradicionalmente ha venido generando más del 11 % de toda la electricidad de España, aportando seguridad de suministro y gran resiliencia a la industria, ahorrando
anualmente en España la energía de 14 millones de barriles petróleo y 4 millones de toneladas de emisiones de CO2 y tiene potencial para ahorrar hasta un 30 % de energía primaría.
Pero la cogeneración, actualmente, no pasa por un buen momento. Antes de la pandemia, en el año 2019, la cogeneración produjo el 11,4 % del total de la electricidad en España. En 2024, solo produce la mitad, el 6 %. Y la tendencia sigue a
la baja tanto en operativa como en potencia instalada; así la actualización del PNIEC, en trámite, rebaja los 5.583 MW de hoy a 3.784 MW en 2030.
Lo que viene sucediendo con el trato que dispensa el MITECO a la industria de cogeneración en los años de la peor crisis energética comienza a generar serias sospechas sobre la estrategia de descarbonización que se impulsa desde el Gobierno.
La falta de neutralidad tecnológica y el sesgo de la Ministra, contraria a cualquier estrategia que no pase por la plena y completa electrificación de la industria, pareciera que persigue un objetivo de 'decrecimiento' no confesado. No hay que
olvidar que la industria necesita de procesos que, hoy por hoy, no son técnicamente ni económicamente electrificables, ya que no existe ninguna capaz de proporcionar energía térmica de alta intensidad a grandes empresas industriales de manera
eficiente y sostenible.
La descalificación por parte de Ribera de los planes de la compañía para el desarrollo de biocombustibles, combustibles sintéticos y combustible cien por cien renovables, acaba de dejar sin salidas con la actual política energética a gran
parte de la industria que quiere electrificarse pero no puede hacerlo completamente.
Y es que, cuando en España nos referimos a la cogeneración, esta tecnología de eficiencia energética vinculada a la producción conjunta de electricidad y energía térmica -calor y/o frío -, se observa que está asociada a su uso con gas
natural y algo menos con otros combustibles fósiles. Esto es así, ya que el gas natural supone un 90 % del combustible utilizado por la cogeneración y suma el 20 % del consumo total de gas natural en España.
Pero es una irresponsabilidad obviar el proceso de descarbonización de la industria y cogeneración a través de la cogeneración renovable y otros avances en combustibles, ya que permitirán avanzar hacia las emisiones netas cero, ya que la
cogeneración está tecnológicamente preparada para abordar el futuro, evolucionando y adaptándose tecnológicamente con sus industrias asociadas a la neutralidad climática, mediante el uso de biometano, biomasa e hidrógeno. Además, la viabilidad de
la captura del CO2 en las cogeneraciones para su uso como materia prima es una realidad hoy. En sinergia con la producción de hidrógeno renovable, el CO2 de la cogeneración está habilitado para la producción de combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico (denominados 'RFNBO'), claves para descarbonizar industrias y transportes terrestres y marítimos.
Hoy, más del 80 % del sector de cogeneración tiene un funcionamiento flexible, capaz de regular y alternar en minutos producciones energéticas en sus industrias para gestionar la variabilidad y volatilidad de los mercados energéticos. Así,
las industrias pueden optar por los vectores energéticos más competitivos en las diferentes horas y situaciones del año.
Recordemos también que el biometano, como recurso autóctono que podría llegar a cubrir hasta el 40 % de la demanda nacional de gas natural, también ofrece ventajas económicas y estratégicas para la industria española, reduciendo la
dependencia de los combustibles fósiles importados, mejorando la seguridad energética nacional y logrando mayor estabilidad en los precios del combustible y en una menor vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional de energía.
También la cogeneración de la biomasa, -en la que del 30 al 35 % de su contenido energético se transforma en energía eléctrica y del 55 al 60 % en calor utilizable-, ofrece gran potencial por la abundancia de recurso autóctono. Además, la
cogeneración de electricidad
con biomasa es la tecnología que más empleo directo genera en su explotación y el mayor desarrollo de la cogeneración con biomasa se ha logrado en el sector papelero.
En definitiva, las autoridades gubernamentales y los actores industriales deben colaborar para promover el uso del biometano y biomasa, -así como del hidrógeno renovable que se anuncia en distintos proyectos en España-, en la cogeneración y
crear un marco regulatorio favorable que fomente la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, acompañando todo ello a los necesarios procesos industriales, generadores de empleo de calidad.
Todos los planes nacionales europeos de energía y clima presentados ante la UE para contribuir a los objetivos de descarbonización, además de las energías renovables, tienen como denominador común el incremento de la eficiencia energética.
La industria española es más eficiente y, por tanto, es más competitiva con las instalaciones de cogeneración que sin ellas, pero necesita que esa instalación de cogeneración sea retribuida de forma regulada por las externalidades positivas que
aporta al sistema eléctrico.
En 2021 comenzaron a finalizar en algunas instalaciones de cogeneración el periodo de vida útil de 25 años durante el cual recibían una retribución regulada por sus externalidades positivas y para asegurar una mínima rentabilidad a su
producción eléctrica. Finalizada esa retribución y al no haber un régimen de cogeneración definido para las nuevas circunstancias de la transición energética, no pueden invertir de nuevo.
La opción que queda es la retribución en el mercado eléctrico, pero con los precios del pool eléctrico tan bajos que se están dando durante las últimas semanas, es muy probable que muchas instalaciones estén paradas o tengan que ajustar su
funcionamiento según evolucionen los precios del mercado eléctrico y, en último extremo, su desaparición, lo que agrandaría el hueco eléctrico que sería ocupado por tecnologías térmicas menos eficientes y más costosas.
Hace casi dos años y medio, en diciembre del 2021, se inició el trámite la regulación de una subasta de 1.200 megavatios de cogeneración; una propuesta de Orden que todavía no se ha llevado a cabo por parte del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Por otro lado, las más de 600 instalaciones industriales de cogeneración que tenemos en España producían antes de la entrada en vigor del RDL 10/2022, -el denominado 'de la excepción ibérica'-, el 11 % de la electricidad del país, consumían
el 20 % del gas y estaban asociadas a factorías que generan un 20 % del PIB industrial, unos 25.000 millones de euros, que mantienen 200.000 empleos directos. Este valor, que es una parte clave de la competitividad industrial y del uso eficiente de
la energía con numerosas externalidades positivas, se ha puesto en riesgo por este Gobierno con la discriminación generada para la cogeneración con el RDL 10/2021, que ha tenido un efecto catastrófico en la industria de cogeneración española.
A todo ello, vino a añadirse el retraso en la actualización de la retribución regulada desde el año 2020, precisamente en los años de mayor incremento del coste del gas usado como combustible. Dicha actualización no se ha producido hasta el
Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre. Junto con la actualización atrasada, el Gobierno prometió para el primer trimestre de 2024 la actualización de la retribución para la segunda mitad de 2023 y para 2024, así como la puesta en marcha de la
subasta de cogeneración pendiente.
En 2023, unos 900 MW y 101 industrias han finalizado su vida útil sin poder acometer nuevas inversiones en renovación tecnológica. En los próximos dos años 2.000 MW acabarán su vida útil regulada, pararán sin haber podido transformarse
tecnológicamente.
En ese marco aún por definir habrá que ver si las instalaciones que hayan agotado su vida útil y hayan acometido actualizaciones para poder funcionar con gases renovables -como el hidrógeno- podrán optar o no y en qué condiciones. Por ello,
muchas están esperando a la regulación de las subastas para acometer mejoras tecnológicas (turbinas, motores...) y retomar la producción, para ello, el gobierno debe aún realizar tres publicaciones: las retribuciones de la segunda mitad de 2023;
las del primer semestre de 2024 y la actualización
de la nueva metodología para calcular las retribuciones, que afectará ya a las de la segunda mitad de 2024.
Además, todo apunta a que no será suficiente la subasta planteada por Ribera. Solo el sector del azulejo tiene una potencia instalada de 240 MW, de manera que aspiraría al 20 % de la subasta nacional. Fuentes de la patronal azulejera ASCER
indican que alrededor del 35 % de la potencia instalada en el sector (aproximadamente 11 instalaciones) ha alcanzado su vida útil (más de 25 años de antigüedad) y, por tanto, no recibe retribución regulada.
En esta situación de urgencia para aprobar las soluciones ofrecidas a la industria de cogeneración, fue el pasado noviembre cuando el MITECO lanzó a consulta pública la propuesta de Orden por la que se establece la actualización de la
retribución a la operación de las instalaciones de energía renovable altamente dependientes de los costes energéticos, pero sin más avances.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incumple por cuarta vez desde 2021 sus compromisos en la regulación del sector de la cogeneración. Ese marco regulatorio incierto condiciona no solo la viabilidad del sector,
sino también las inversiones en tecnologías como el biogás o el hidrógeno verde de las empresas cogeneradoras y, por tanto, la transformación del sector hacia la descarbonización y los propios objetivos nacionales de descarbonización. La situación
de indefinición actual obliga a algunas empresas manufactureras a recurrir a tecnologías menos sostenibles como el fueloil y a renunciar a parte de la producción por el elevado coste energético de las alternativas disponibles, influyendo de manera
negativa en la reducción de las emisiones de CO2. Además, más del 60 % de las empresas industriales que cogeneran son pymes. Son las que más están sufriendo el abandono a la cogeneración en España en las políticas de transición energética.
En conclusión, para la competitividad y el futuro del sector eléctrico y el del sector industrial en España que evite acrecentar el grave riesgo de deslocalización que padece, es necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico se implique en la consolidación y el desarrollo de la cogeneración industrial, que brinda servicios esenciales al conjunto del sistema eléctrico y energético de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con los sectores afectados y las CCAA, desarrolle en el plazo máximo de un mes, un Plan de Emergencia para el Impulso de la cogeneración, que incluya al menos las
siguientes medidas:
1. La aprobación inmediata de las retribuciones de la segunda mitad de 2023; las del primer semestre de 2024 y la actualización de la nueva metodología para calcular las retribuciones, que afectará ya a las de la segunda mitad de 2024,
revisable mensualmente para garantizar su suficiencia económica, así como para la repotenciación de la cogeneración.
2. Establecer un calendario para subastar la compra de energía de al menos 2.000 megavatios de potencia instalada de cogeneración, con la celebración de la primera convocatoria de 1.200 megavatios antes del 30 de junio de 2024.
3. Extender la retribución regulada durante al menos dos años para aquellas instalaciones de cogeneración que hayan agotado su periodo de vida útil regulatoria y en tanto no se proceda a la convocatoria de las subastas previstas.
4. Incrementar las dotaciones presupuestarias y agilice los pagos destinados a la transformación de la cogeneración para la sustitución del gas natural y otros combustibles fósiles por biometano, biomasa e hidrógeno.
5. Mejorar la regulación para facilitar la hibridación de la cogeneración con otras tecnologías renovables.
6. Presentar el Libro Blanco sobre Energía e Industria que analice los impactos en el tejido industrial de las reformas regulatorias de energía de los últimos dos años, tal y como ordenó al Gobierno la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo en PNL aprobada con fecha 13 de octubre de 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo Moreno, Maribel Sánchez
Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Bella Verano Domínguez, Guillermo Mariscal Anaya y Sergio Sayas López, Diputados/as.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre neutralidad tecnológica para la
transición energética, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España, al igual que otros países europeos, apostó por la transición energética para luchar contra el cambio climático hace ya más de dos décadas, con la firma del Protocolo de Kioto o el acuerdo de París. España ha tenido un especial
protagonismo en el desarrollo de objetivos y políticas orientadas a avanzar hacia la descarbonización de la economía y la eficiencia energética. Con la actual hoja de ruta de la UE, el Pacto Verde Europeo, y otra nacional, el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), actualmente en trámite de revisión de objetivos, se ha venido incrementado la ambición de los objetivos y el ritmo de aplicación de las políticas de cara a 2030.
La Unión Europea, en la Comunicación 'El Pacto Verde Europeo' establece que, para hacer realidad esos objetivos, el abastecimiento energético de la Unión debe ser seguro y asequible para los consumidores y las empresas y establece como
fundamental para ello que el mercado energético europeo esté plenamente integrado, interconectado y digitalizado y que, al mismo tiempo, se respete plenamente la neutralidad tecnológica.
Pero aunque el principio de neutralidad tecnológica está citado reiteradamente en la regulación de la UE sobre energía y clima, no precisa ni desarrolla su alcance. Podemos interpretarlo como que el marco regulatorio, -entendiendo como tal
el diseño de los mercados, los estándares de cada tecnología, los incentivos y las penalizaciones, la fiscalidad...-, deben ser objetivos desde el punto de vista tecnológico, de manera que no se perturbe la competencia entre ellas, que a su vez
impulsa la investigación, la innovación y la eficiencia económica.
Sin embargo, el debate y las discrepancias surgen cuando nos acercamos a una realidad tan compleja como la energética, por varias razones; primero, por la diferente curva de aprendizaje y maduración de las tecnologías potencialmente
competidoras (la competitividad actual de la eólica y de la fotovoltaica, no se hubiera producido sin las ayudas públicas iniciales ni tampoco se produciría ahora el deseable desarrollo de la eólica marina, los gases renovables o el hidrógeno verde,
sin marcos regulatorios favorables); por otro lado, porque los objetivos y las necesidades a satisfacer son múltiples (descarbonización, seguridad de suministro, mínimo coste para los consumidores, desarrollo industrial, calidad del aire); y
tercero, porque las capacidades y el coste de las diferentes tecnologías para responder a cada una de esos objetivos múltiples son muy heterogéneos. La combinación de todo lo anterior, en la dosis perfecta e infalible para facilitar la competencia
equilibrada entre todas ellas de forma eficiente, parece muy lejos de las capacidades de un regulador humano.
En el ámbito de la lucha contra el cambio climático, la aplicación del principio de neutralidad tecnológica supone reconocer que no está al alcance de ningún regulador ni de ningún gobierno imaginar, con plena certeza, cuál será el
desarrollo tecnológico de los próximos lustros; no corresponde al regulador y a los gobiernos apostar a priori por ninguna tecnología, restringiendo otras, en un contexto muy disruptivo y en constante cambio e innovación y en relación con
escenarios de muy largo plazo. Máxime cuando en la actualidad ninguna tecnología, -ni en la electrificación, ni en el vector del hidrógeno ni en el sector de los biocombustibles y ecocombustibles-, basta por sí sola para conseguir el objetivo de
reducción de emisiones fijado en el Acuerdo del París.
En definitiva, la dificultad para aplicar de forma estricta el principio de neutralidad tecnológica no puede ser la justificación para que la política energética se desentienda del objetivo de estimular la investigación, innovación y el
desarrollo y de impulsar la senda de transición energética más eficiente, al mínimo coste, huyendo de la rigidez y de la arbitrariedad. Es exactamente al contrario.
Nuestro país tiene una oportunidad, como nunca antes, para aprovechar sus ventajas competitivas en el nuevo escenario energético: la excelente situación geográfica de España, sus abundantes recursos renovables, las infraestructuras
desarrolladas en estas casi tres décadas y la capacidad técnica y humana de sus compañías energéticas. Y para aprovechar todas las oportunidades, se necesita una regulación que permita el desarrollo de las tecnologías involucradas en torno a cinco
ejes: por un lado, la generación de electricidad renovable y sin emisiones, asegurada con tecnologías de respaldo y almacenamiento, para desplazar a la generación térmica con carbón y, poco a poco, ir reduciendo la generación con gas natural de
origen fósil; segundo, el desarrollo de la producción y distribución de gases renovables, fundamentalmente hidrógeno y biometano o biomasa, para sustituir paulatinamente al gas natural y permitir la descarbonización total de clientes residenciales,
industria y transporte; tercero, en el caso de los hidrocarburos, apostando por las moléculas verdes, desarrollando la industria de los biocombustibles y los ecocombustibles; cuarto, con tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2 para las
actividades económicas en las que resulta imposible técnica y económicamente evitar sus emisiones; y por último, con las tecnologías que impulsan el ahorro y la eficiencia energética, tanto en el sector de la construcción como en el uso de las
redes y la transformación digital. El objetivo no solo es climático, sino de eficiencia económica y seguridad de suministro. El objetivo en estos próximos años es que España incremente su capacidad nacional, y reduzca sus índices de dependencia
energética exterior, hasta el objetivo del 51 % de dependencia en 2030, fijado con la reciente actualización del PNIEC 2023-2030.
De hecho, no se alcanzarán los objetivos 2030/2040 si no se tienen en cuenta todas las alternativas. La recuperación de la demanda tras la crisis del COVID-19, las limitaciones en la cadena de suministro y la invasión de Ucrania, con su
repercusión en la geopolítica energética mundial, han llevado al sector energético a una situación de gran volatilidad e incertidumbres. En este contexto, se ha evidenciado que la transición energética no es posible al margen de la seguridad de
suministro, incluido el acceso a una energía asequible económicamente. Y ha hecho entender a los que aún no lo había entendido que es un imperativo diversificar las fuentes de energía para paliar los efectos de una excesiva dependencia energética.
En 2022, el porcentaje del consumo eléctrico en el conjunto del consumo energético fue del 23 %, el mismo porcentaje que cinco años antes. Por tanto, esto quiere decir que el 77 % restante de la economía no utilizó la electricidad como
fuente de energía. Si queremos descarbonizar el transporte en avión o en barco, la única forma de descarbonizarlos es con los combustibles renovables.
En este marco, la apuesta decidida por la neutralidad tecnológica, que facilite que todas compitan en condiciones equivalentes, sin discriminaciones, no solo ampliara el catálogo de soluciones, sino que mejorará la relación coste-eficiencia
de la transición y
reducirá nuestra dependencia exterior, tanto de combustibles energéticos, como de materias primas y tecnologías necesarias para la transición.
La Estrategia a Largo Plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050 (ELP), aprobada en noviembre de 2020 se autodefine como 'documento se ha desarrollado de acuerdo a las directrices del Reglamento
(UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima en el que se establece la necesidad de elaboración de estrategias a largo plazo por parte de
los Estados Miembros, con una perspectiva de, al menos, 30 años.' Y textualmente recuerda que 'Esta estrategia se construye sobre la base de la neutralidad tecnológica. En principio, las diferentes tecnologías deben tener las mismas oportunidades
de desarrollo para ofrecer las mejores soluciones coste-eficientes para la descarbonización de cada uno de los sectores de la economía, no obstante, se deben tener en cuenta el conjunto de externalidades positivas y negativas que acompañan a cada
tecnología y su grado respectivo de madurez'.
Sin embargo, la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, de 20 de mayo, no cita ni una sola vez en su articulado el principio de la neutralidad tecnológica, el cual fue rechazado durante la elaboración de la ley por los
grupos parlamentarios que respaldan al gobierno. Rechazo que se ha evidenciado en recientes declaraciones de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica en relación a la descarbonización de la movilidad con combustibles
sintéticos y biocombustibles, manifestando un claro posicionamiento de la Ministra en favor de una estrategia tecnológica que considera acertada (electrificación) frente a la otra estrategia tecnológica (ecocombustibles), que considera desacertada.
Y es incomprensible, porque ambas estrategias forman parte de las políticas de la UE y de la ELP y del PNIEC españoles.
Y es que la sociedad demanda soluciones sostenibles ambientalmente pero también sostenibles económica y socialmente. Por eso, resulta necesario aprovechar todo lo que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías, sin dejar fuera de la
transición energética ninguno de las alternativas. No se trata de contribuir a que haya una energía ganadora o perdedora, sino distintas tecnologías energéticas, cada una adecuada para cada uso. En la transición energética del proceso de
descarbonización del transporte, los biocarburantes y los ecocombustibles juegan un papel muy relevante; ya son una fuente de energía renovable que contribuye a reducir las emisiones globales de CO2, ayudando a combatir el efecto invernadero y el
calentamiento global, reduce la dependencia nacional del petróleo y disminuye las emisiones de partículas nocivas y otros contaminantes. Pero, además, cuentan con muchas ventajas competitivas frente a otras alternativas; ofrece una solución para
aquellos sectores y actividades en los que hoy día no es viable la electrificación de su movilidad; diversifica las fuentes de suministro energético, ya que sus materias primas son muy variadas; son compatibles con los sistemas de transporte y
distribución de los carburantes fósiles; y están sujetos a normas de calidad que garantizan su viabilidad técnica y su compatibilidad con los vehículos actuales.
Por su parte, el sector del refino español, está inmerso en un proceso de descarbonización de los combustibles a través de inversiones y generación de miles de empleos que garanticen el mantenimiento del empleo y la generación de nuevos
empleos vinculados a la transición ecológica en un proceso de modernización y mejora de las refinerías españolas.
Además, la Unión Europea ha dejado una puerta abierta a los combustibles sintéticos en la normativa que prohíbe la venta de coches y furgonetas de gasolina y diésel a partir de 2035 mediante una excepción para los motores de combustión que
usen combustibles sintéticos neutros en carbono.
Como paso previo a la evolución de sus costes y la aceptación regulatoria plena en la UE (que pueda extender, en su caso, el actual periodo transitorio y limitado en el tiempo para su uso), se están comercializando biocombustibles avanzados,
elaborados a partir de aceites vegetales, biomasa, industria agroalimentaria y aceites de cocina usados, combinados con hidrógeno verde.
También la UE está exigiendo más ambición en el desarrollo de tecnologías de captura, almacenamiento y uso del CO2. Una de cada tres toneladas de CO2 que la industria necesita dejar de emitir requiere procesos de captura, pues no hay
tecnologías alternativas hasta ahora. El Reglamento UE sobre industria de cero emisiones netas (Net Zero), de próxima entrada en vigor, establece contribuciones obligatorias de los operadores de petróleo y gas de cada Estado Miembro. En ese
sentido, España ha sido señalada por la Comisión Europea en la Recomendación (UE) 2024/600 de la Comisión de 18 de diciembre de 2023, relativa al proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima actualizado de España para el período 2023-2030
y que pone de relieve las carencias en este sentido de la revisión del PNIEC y requiere al gobierno de España; 'indicar la cantidad de emisiones de CO2 que podrían capturarse anualmente de aquí a 2030, incluida la fuente; facilitar datos
detallados sobre cómo se transportará el CO2 capturado; e indicar la capacidad de almacenamiento de CO2 y los volúmenes de inyección globales disponibles de aquí a 2030'.
En el futuro seguiremos necesitando los combustibles líquidos y gaseosos. En la actualidad, la economía mundial consume un 20 % de electricidad (de la que un 38 % procede de fuentes de energía limpias) y los combustibles fósiles atienden
más del 70 % de la demanda final. El objetivo de nuestra industria es sustituir esos combustibles por otros que no generen emisiones de carbono gracias a la sustitución de los hidrocarburos por otras materias primas sin emisiones y a la neutralidad
tecnológica multiorigen y para lograrlo está comprometiendo inversiones de miles de millones en mejorar la eficiencia energética de las refinerías y en desarrollar nuevos tipos de energía baja o neutra en carbono para impulsar la independencia
energética de España y de Europa. Las inversiones de ayer han permitido que hoy tengamos el suministro garantizado; y las inversiones de hoy permitirán que mañana podamos disponer de suministro garantizado de energías limpias y asequibles.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
Primero. Insta al Gobierno a respetar el principio de neutralidad tecnológica para la transición energética y a desarrollar sus políticas energéticas y actuaciones públicas con efectiva incorporación de dicho principio.
Segundo. Demanda del Gobierno la defensa ante las autoridades comunitarias y el desarrollo en España de todas las tecnologías que contribuyen a la descarbonización de la economía en torno a los cinco ejes que fortalecen nuestra
competitividad como son:
a) Las de generación eléctrica renovable y sin emisiones, con almacenamiento y respaldo.
b) Las de paulatina sustitución de hidrocarburos con biogás, gases renovables y biomasa.
c) Las de gradual sustitución de hidrocarburos líquidos mediante biocombustibles y ecocombustibles (incluidos SAF, sintéticos y cien por cien renovables).
d) Las de captura, almacenamiento y uso de CO2.
e) Las que favorecen el ahorro y la eficiencia energética y la digitalización de redes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, Francisco José Conde López, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo
Moreno, Maribel Sánchez Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Bella Verano Domínguez, Guillermo Mariscal Anaya y Sergio Sayas López,
Diputados/as.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las importantes pérdidas económicas de los trabajadores y trabajadoras del mar afectadas por las intensas lluvias de este otoño-invierno y para la recuperación productiva de las rías gallegas para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En el mes de octubre del pasado año comenzaron una sucesión de temporales y de abundantísimas precipitaciones que continuaron durante todo el otoño, el invierno y que persistieron hasta hace poco tiempo.
El impacto que estas condiciones climatológicas tuvo en los bancos marisqueros de las rías gallegas fue brutal y, sumado al decrecimiento productivo continuado desde hace más de una década, provocó mortandades masivas de marisco, cierres de
innumerables bancos, la pérdida de la campaña de navidad -la más importante del año para el sector-, inactividad y privación de ingresos para miles de personas, ertes en un importante número de cofradías y, en definitiva, una situación extrema que,
más que nunca, precisaba de amparo y cobertura por parte de la administración competente y de una actuación ágil y eficaz.
Por el contrario, la Consellaría del Mar, después de negarse a tomar medidas solicitadas reiteradamente por el BNG, reaccionó a finales de diciembre, cuando el destrozo era más que evidente y las zonas más afectadas llevaban ya casi tres
meses abandonadas a su suerte.
Y no fue hasta el mes de febrero, en plena campaña electoral, cuando la Consellaría efectúa un pago de 550 euros a parte de los mariscadores y mariscadoras afectadas. Fue el único y mezquino apoyo que recibieron de la Xunta de Galiza desde
octubre, y solo en algunos casos, cuando a día de hoy aún las playas están arrasadas, siguen sin actividad miles de personas y también sin expectativas de retomarla a corto plazo para poder comenzar a recuperar las rentas de su trabajo.
A estas alturas, el sector ya nada espera de la Consellaría que tiene las competencias exclusivas en marisqueo, sin embargo, continúa siendo imperioso que se actúe para que el abandono de la actividad no crezca aún más y, sobre todo, para la
recuperación y potenciación de los bancos marisqueros. Sin embargo, muchas de las reclamaciones del sector marisquero entran directamente en el ámbito de las competencias del Estado y en muchas otras sería preciso una colaboración y coordinación
entre la Xunta y los Ministerios competentes. Así, el BNG, hace suyas las demandas del sector y las traslada al Gobierno español para que atienda y cumpla con las materias que son de su competencia.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a, junto con la Xunta de Galiza y respetando el marco competencial, destinar o reservar partidas presupuestarias suficientes para la financiación de actuaciones que palíen la pérdida
de productividad de las rías gallegas y que garanticen la calidad de las aguas del medio marino, entre las que deben contemplarse:
1. Iniciar un plan de saneamiento integral de las Rías gallegas y de regeneración de los bancos marisqueros.
2. Adoptar medidas socioeconómicas hasta la recuperación plena de la actividad como la exención de las cuotas de la Seguridad Social de los mariscadores y mariscadoras
o el establecimiento de ayudas directas a los distintos eslabones de la cadena afectados (mariscadores, cofradías, depuradoras, cocederos e industria de transformación así como a las comercializadoras...).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso dos Deputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás importantes perdas económicas dos traballadores e traballadoras do mar afectadas polas intensas choivas deste outono-inverno e para a recuperación produtiva das rías galegas para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
No mes de outubro do pasado ano comezaron unha sucesión de temporais e de abundantísimas precipitacións que continuaron durante todo o outono, o inverno e que persistiron até fai pouco tempo.
O impacto que estas condicións climatolóxicas tivo nos bancos marisqueiros das rías galegas foi brutal e, sumado ao devalo produtivo continuado dende hai máis dunha década, provocou mortaldades masivas de marisco, fechamentos de innumerábeis
bancos, perda da campaña de nadal -a máis importante do ano para o sector-, inactividade e privación de ingresos para miles de persoas, ertes nun importante número de confrarías e, en definitiva, unha situación extrema que, máis que nunca, precisaba
de amparo e cobertura por parte da administración competente e dunha actuación áxil e eficaz.
Pola contra, a Consellaría do Mar, despois de negarse a tomar medidas solicitadas reiteradamente polo BNG, reaccionou a finais de decembro, cando a desfeita era máis que evidente e as zonas máis afectadas levaban xa case tres meses
abandonadas á súa sorte.
E non foi ata o mes de febreiro, en plena campaña electoral, cando a Consellaría efectúa un pago de 550 euros a parte dos mariscadores e mariscadoras afectadas. Foi o único e mesquiño apoio que recibiron da Xunta de Galiza desde outubro, e
só nalgúns casos, cando a día de hoxe aínda as praias están arrasadas, seguen sen actividade miles de persoas e tamén sen expectativas de retomala a curto prazo para poder comezar a recuperar as rendas do seu traballo.
A estas alturas, o sector xa nada agarda da Consellaría que ten as competencias exclusivas en marisqueo, mais continúa sendo imperioso que se actúe para que o abandono da actividade non medre aínda máis e, sobre todo, para a recuperación e
potenciamento dos bancos marisqueiros. Porén, moitas das reclamacións do sector marisqueiro entran directamente no ámbito das competencias do Estado e en moitas outras sería preciso unha colaboración e coordinación entre a Xunta e os Ministerios
competentes. Así, o BNG, fai súas as demandas do sector e trasládaas ao Goberno español para que atenda e cumpra coas materias que son da súa competencia.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a, xunto coa Xunta de Galiza e respectando o marco competencial, destinar ou reservar partidas orzamentarias suficientes para o financiamento de actuacións que palíen a perda de
produtividade das rías galegas e que garantan a calidade das augas do medio mariño, entre as que deben contemplarse:
1. Iniciar un plan de saneamento integral das Rías galegas e de rexeneración dos bancos marisqueiros.
2. Adoptar medidas socioeconómicas até a recuperación plena da actividade como a exención das cotas da Seguridade Social dos mariscadores e mariscadoras ou o estabelecemento de axudas directas aos distintos elos da cadea afectados
(mariscadores, confrarías, depuradoras, cocedoiros e industria de transformación así como ás comercializadoras...).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la cesión de las viviendas de las que es titular la SAREB para uso social en la ciudad de Vigo para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de Motivos
La ciudad de Vigo, la mayor urbe de Galiza, padece un gravísimo problema de acceso social a la vivienda. Una situación derivada del aumento continuado de los precios del alquiler que ya alcanza, según datos oficiales del Instituto Galego de
Vivenda e Solo (dependiente de la Xunta de Galiza) una subida del 70 % en los últimos diez años. Además, los alquileres en Vigo son, tal y como constata el Observatorio da Vivenda de Galiza, un 22 % más elevados que el promedio gallego. Hecho al
que se añaden los efectos del avance del fenómeno ultraespeculativo de las viviendas de uso turístico que ya son alrededor de 1600, lo que representa casi el cuádruple de las viviendas disponibles para alquiler residencial convencional.
La dificultad de encontrar alquileres accesibles para la mayoría social queda evidenciada además por un dato muy alarmante: en Vigo 7 de cada 10 habitaciones en pisos compartidos ya superan los 300 euros mensuales. Una situación
especialmente preocupante, toda vez que a esta fórmula acuden las personas de menores ingresos y en situación de grave vulnerabilidad social.
A la falta de oferta de vivienda para alquiler residencial, que disminuyó en un 23 % en los últimos dos años según datos de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), se añade la no adopción de medidas desde las administraciones
públicas para movilizar el inmenso parque de vivienda vacía existente en la ciudad, que son más de 22 mil según los últimos datos oficiales del INE.
Ante la situación descrita, el Pleno del Concello de Vigo aprobó en su sesión del pasado 25 de marzo de 2024 una moción, promovida por el Grupo Municipal del BNG, en la que, entre otras medidas, se acordaba 'Demandar del Gobierno español la
cesión por parte de la SAREB de las viviendas de las que es titular en la ciudad para su inclusión en un parque de vivienda social'.
Si bien se desconocen los datos oficiales a respecto de la cantidad total de propiedades inmobiliarias y su tipología de las que es titular la SAREB en la ciudad de Vigo (la relación publicada en la web de la sociedad es incompleta y
desactualizada), en las últimas fechas se ha anunciado públicamente la intención de poner a la venta por parte de esta sociedad, a precio de mercado, 51 de las 155 viviendas que posee en una promoción de la calle Aragón, 26 viviendas en Gran Vía y
también 43 pisos en la Privada Moderna, en el barrio del Calvario, una vez se realice su rehabilitación.
Si ya no tenía sentido que se pretenda, como parece querer hacer el Gobierno español, que comunidades autónomas o concello tengan que repagar inmuebles que ya fueron adquiridos a cargo de recursos públicos, mucho menos que se pongan a la
venta a precios de mercado que pueden alcanzar hasta los 300 mil euros, como en el caso de las viviendas de la calle Aragón.
Es a todas luces intolerable e incomprensible que una sociedad participada mayoritariamente por el Estado y cuyos activos provienen del milmillonario rescate a la banca privada con recursos públicos, pretenda ahora hacer caja jugando a la
especulación inmobiliaria en lugar de utilizar esos inmuebles para facilitar el acceso social a la vivienda.
Asimismo, esa decisión va en el sentido contrario de la pretensión que sustenta el acuerdo suscrito entre la SAREB y la FEMP el mes de septiembre del pasado año 2023 con el objetivo de cooperar con los ayuntamientos para contribuir al
impulso del parque de vivienda social.
Además, en una reciente respuesta por escrito del Ministerio al BNG en las Cortes se recalca que con el Real Decreto-ley 1/2022, la SAREB incorpora a su gestión el principio de Sostenibilidad y Utilidad Social. 'Un principio que cristalizó
en el Plan por lo que la SAREB movilizará ate 50.000 viviendas para alquiler social y accesible', que anunció el propio Presidente del Gobierno hace un año. Es más, añadía que 'la finalidad social de la SAREB se conjuga así con el objetivo de
recuperar el valor económico de sus activos y procurar el menor coste a los contribuyentes'.
En este mismo sentido, se deben añadir las declaraciones de la Ministra de Vivienda en comparecencias en el Congreso y en el Senado en que señaló que 'reorientamos la dirección de la SAREB y creo que ahora es un instrumento puesto a
disposición de las políticas públicas de vivienda, de los ayuntamientos y de las CC.AA., no solo de la Administración General del Estado'.
Si de verdad el Gobierno reorientó la función de la SAREB para que cumpla un papel social, el anuncio de rehabilitación de estas viviendas para luego venderlas a precio de mercado está muy lejos de una pretendida función social. Es
especulación pura y dura que, en ningún caso, va a revertir en las mayorías sociales dados los precios de mercado de la vivienda en Vigo como acabamos de explicar.
Por eso, consideramos que la decisión que se debe adoptar es la promover la cesión de las viviendas de la SAREB para su incorporación en un parque público de vivienda social en la ciudad de Vigo, a través de la colaboración con otras
administraciones como el Ayuntamiento de Vigo y/o la Xunta de Galiza.
Una fórmula perfectamente legal que ya se está aplicando en otras partes del Estado, como el Ayuntamiento de Barcelona, en el que se firmó el pasado mes de diciembre un convenio por lo que la SAREB cedía 200 viviendas para uso social.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar las medidas necesarias para promover la cesión de las viviendas de las que es titular la SAREB en la ciudad de Vigo para su incorporación en un parque público de vivienda
social en colaboración con el Concello de Vigo y/o la Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso dos Deputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á
cesión das vivendas das que é titular a SAREB para uso social na cidade de Vigo para o seu debate na Comisión de Vivenda e Axenda Urbana.
Exposición de motivos
A cidade de Vigo, a maior urbe da Galiza, padece un gravísimo problema de acceso social á vivenda. Unha situación derivada do aumento continuado dos prezos do alugueiro que xa atinxe, segundo datos oficiais do Instituto Galego de Vivenda e
Solo (dependente da Xunta de Galiza) unha suba do 70 % nos últimos dez anos. Aliás, os alugueiros en Vigo son, tal e como constata o Observatorio de Vivenda de Galiza, un 22 % máis elevados que a media galega. Feito ao que se engaden os efectos do
avance do fenómeno ultraespeculativo das vivendas de uso turístico que xa son arredor de 1600, o que representa case o cuádruplo das vivendas dispoñíbeis para alugueiro residencial convencional.
A dificultade de encontrar alugueiros accesíbeis para a maioría social fica evidenciada ademais por un dato moi alarmante: en Vigo 7 de cada 10 habitacións en pisos compartidos xa superan os 300 euros mensuais. Unha situación especialmente
preocupante, tendo en conta que a esta fórmula acoden as persoas de menores ingresos e en situación de grave vulnerabilidade social.
Á falta de oferta de vivenda para alugueiro residencial, que diminuíu nun 23 % nos últimos dous anos segundo datos da Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), engádese a non adopción de medidas desde as administracións públicas para
mobilizar o inmenso parque de vivenda baleira existente na cidade, que son máis de 22 mil segundo os últimos datos oficiais do INE.
Diante da situación descrita, o Pleno do Concello de Vigo aprobou na súa sesión do pasado 25 de marzo de 2024 unha moción, promovida polo Grupo Municipal do BNG, na que entre outras medidas se acordaba 'Demandar do Goberno español a cesión
por parte da SAREB das vivendas das que é titular na cidade para a súa inclusión nun parque de vivenda social'.
Se ben descoñécense os datos oficiais a respecto da cantidade total de propiedades inmobiliarias e a súa tipoloxía das que é titular a SAREB na cidade de Vigo (a relación publicada na web da sociedade é incompleta e desactualizada), nas
últimas datas tense anunciado publicamente a intención de poñer á venda por parte desta sociedade, a prezo de mercado, 51 das 155 vivendas que posúe nunha promoción da rúa Aragón, 26 vivendas en Gran Vía e tamén 43 pisos na Privada Moderna, no
barrio do Calvario, unha vez se realice a súa rehabilitación.
Se xa non tiña sentido que se pretenda, como parece querer facer o Goberno español, que comunidades autónomas ou concellos teñan que repagar inmóbeis que xa foron adquiridos a cargo de recursos públicos, moito menos que se poñan á venda a
prezos de mercado que poden atinxir até os 300 mil euros, como no caso das vivendas da rúa Aragón.
É a todas luces intolerábel e incomprensíbel que unha sociedade participada maioritariamente polo Estado e cuxos activos proveñen do mil millonario rescate á banca privada con recursos públicos, pretenda agora facer caixa xogando á
especulación inmobiliaria en lugar de utilizar eses inmóbeis para facilitar o acceso social á vivenda.
Así mesmo, esa decisión vai no sentido do contrario da pretensión que sustenta o acordo subscrito entre a SAREB e a FEMP o mes de setembro do pasado ano 2023 co obxectivo de cooperaren cos concellos para contribuír ao impulso do parque de
vivenda social.
Ademais, nunha recente resposta por escrito do Ministerio ao BNG nas Cortes recalca que co Real Decreto-lei 1/2022, a SAREB incorpora á súa xestión o principio de Sustentabilidade e Utilidade Social. 'Un principio que cristalizou no Plan
polo que a SAREB mobilizará ate 50.000 vivendas para alugueiro social e accesíbel', que anunciou o propio Presidente do Goberno hai un ano. É máis, engadía que 'a finalidade social da
SAREB conxúgase así co obxectivo de recuperar o valor económico dos seus activos e procurar o menor custe aos contribuíntes'.
Neste mesmo sentido, débense engadir as declaracións da Ministra de Vivenda en comparecencias no Congreso e no Senado en que sinalou que 'reorientamos a dirección da SAREB e creo que agora é un instrumento posto a disposición das políticas
públicas de vivenda, dos concellos e das CC.AA., non só da Administración Xeral do Estado'.
Se de verdade o Goberno reorientou a función da SAREB para que cumpra un papel social, o anuncio de rehabilitación destas vivendas para logo vendelas a prezo de mercado está moi lonxe dunha pretendida función social. É especulación pura e
dura que en ningún caso vai reverter nas maiorías socias dados os prezos de mercado da vivenda en Vigo como acabamos de explicar.
Por iso, acreditamos en que a decisión que se debe adoptar é a promover a cesión das vivendas da SAREB para a súa incorporación nun parque público de vivenda social na cidade de Vigo, a través da colaboración con outras administracións como
o Concello de Vigo e/ou a Xunta de Galiza.
Unha fórmula perfectamente legal que xa se está a aplicar noutras partes do Estado, como o Concello de Barcelona, no que se asinou o pasado mes de decembro un convenio polo que a SAREB cedía 200 vivendas para uso social.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a adoptar as medidas necesarias para promover a cesión das vivendas das que é titular a SAREB na cidade de Vigo para a súa incorporación nun parque público de vivenda social en colaboración
co Concello de Vigo e/ou a Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la reforma de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, para su debate en la Comisión de
Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El 23 de mayo de 2023 el Consejo de Europa alertaba de una crisis estructural del acceso a la vivienda en el Estado Español. La realidad en materia de vivienda es alarmante. Da igual que hablemos de vivienda pública, de precios del
alquiler y de compra, de familias empobrecidas o de emancipación juvenil, que la evidencia muestra la enorme dificultad para acceder a una vivienda. La vivienda pública está bajo mínimos, con un 2,5 % de stock. Los precios de la vivienda siguen
disparados, más de un 60 % de subida en la última década. Las familias empobrecidas siguen a la deriva y la emancipación juvenil permanece hundida, superior a los 30 años de edad.
Dentro de esta realidad, la Comunidad de Madrid, Catalunya, Euskadi, Iles Balears o la Comunitat Valenciana encabezan las comunidades autónomas con mayor número de zonas de mercado tensionado. La reciente aprobación de la Ley 12/2023, de 24
de mayo, por el derecho a la vivienda, dota a las Comunidades Autónomas de algunos mecanismos para poder contener el incremento de los precios de la vivienda, como es la declaración de zona de mercado tensionado, lo cual supondría una limitación al
incremento de los precios de
alquiler, así como la consideración como 'gran tenedor' de los propietarios con más de cinco inmuebles, entre otras medidas. Para la habilitación de este instrumento contemplado en la ley, es necesario que sean las Comunidades Autónomas
quienes, en el ejercicio de sus competencias, establezcan la declaración de zona de mercado tensionado siempre que se cumpla al menos uno de estos dos requisitos: I) que el coste medio de la hipoteca o el alquiler superen el 30 % de los ingresos
medios de los hogares de esa zona, II) que el precio de compra o alquiler en los últimos 5 años haya subido al menos 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma.
No obstante, esa misma Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, deja manos libres a las Comunidades Autónomas a declarar las zonas de mercado tensionado, según su voluntad política, incluso teniendo municipios que cumplan
los requisitos marcados por la ley para ser declarada zona de mercado tensionado. La falta de acceso a la vivienda es un déficit democrático, pero también es un lastre económico. Un modelo que desincentiva la inversión productiva y reduce la renta
disponible, perjudica el consumo de la población con mayor propensión marginal al consumo y limita el potencial de la gente perjudicada por no acceder a la vivienda o por el alto coste que supone para su bolsillo. Las instituciones tienen la
obligación de hacer uso de todos los instrumentos disponibles para garantizar el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, y para lograr que la vivienda deje de ser una de las principales preocupaciones de la población. Los gobiernos autonómicos no
pueden.
Establecer una obligación de este tipo afecta a las 'bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica' que se reconoce como competencia exclusiva del Estado (al. 149.1.13 CE), si tenemos en cuenta que se está
regulando sobre los precios del mercado de alquiler que, es uno de los pilares principales del mercado de la vivienda en España (STC 152/1988 y STC 251/2006) y porque el Estado tiene competencia exclusiva en la fijación de las bases de las
obligaciones contractuales fijadas por el Estado (al. 149.1.8 CE), configurando así la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Por este motivo, la Sentencia Tribunal Constitucional declaró la Ley 11/2020, de contención de
precios de alquiler en Cataluña parcialmente nula por motivos competenciales en la Sentencia 37/2022, de 11 de marzo de 2022.
Las competencias de los Entes Locales en cuanto a su mínimo están recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Dichas competencias en materia de vivienda y urbanismo son un mínimo, no supone un límite
a las mismas. Por lo tanto, otorgar a los Entes Locales competencias ejecutivas en materia de vivienda, máxime cuando suponen la ejecución de ciertas previsiones legales en un ámbito territorial concreto, contribuiría no solo a garantizar un mejor
acceso a la vivienda, sino también a una mejor coordinación de las políticas de vivienda haciéndolas más eficaces y mejor adaptadas a la realidad social y económica del ámbito territorial donde se aplican.
Así, con esta Proposición no de Ley se pretende instar al Gobierno a reformar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda para que la declaración de zona de mercado tensionado sea de obligado cumplimiento, otorgando la
competencia subsidiaria a los Entes Locales para declarar zonas de mercado tensionado en caso de que la Comunidad Autónoma no lo haya hecho, asegurando así un común denominador normativo, a partir del cual pueda cada Comunidad Autónoma, en defensa
de su propio interés, podrá introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro de su marco competencial.
Por todo lo anterior se presenta para su debate la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara una reforma de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que establezca que los Entes Locales puedan instar subsidiariamente la declaración de
una zona de mercado residencial tensionado cuando se cumplan los requisitos y la Comunidad Autónoma no lo haya declarado pasados seis meses de la petición. De tal manera que transcurrido el plazo de seis meses sin resolución autonómica expresa, el
ente local
solicitante quedará encargado de establecer en nombre de la Comunidad Autónoma correspondiente, la regulación del área tensionada propuesta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Gala Pin Ferrando y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados/as.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/000409
Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2024 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Republicano la Proposición no de Ley sobre reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 104, de 12 de marzo de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
161/000654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento, el estudio, formación, divulgación,
conservación y puesta en valor de la arquitectura popular en 'piedra seca', para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Buena parte del paisaje de las distintas comarcas que conforman el territorio de la península ibérica y también parte de Europa, comparten la tradición arquitectónica de 'piedra seca', una técnica constructiva de gran valor cultural presente
en todo el arco mediterráneo. Esta técnica fue incluida en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Desde hace más de dos mil años, los hombres y las mujeres del campo en su lucha por adaptarse al entorno natural, han ido transformando el medio a partir de las materias primas que encontraban a su alrededor como la piedra, la tierra o la
madera. Así, buscando el máximo aprovechamiento para la explotación agrícola y ganadera, partiendo de unos recursos naturales aparentemente escasos y hostiles, las personas que habitan el ámbito rural se han ido convirtiendo en auténticos
arquitectos e ingenieros.
Las piedras, colocadas por manos hábiles, apretadas sin argamasa y encajadas unas con otras gracias a su propio peso, son las protagonistas del esfuerzo de adaptación de las personas al medio que las acoge. Los antiguos cerros, bosques y
páramos se convirtieron en paisajes antropizados mediante la proliferación de muros, bancales, escaleras y otras construcciones líticas que ganan terreno a pastos y campos, frenan la erosión sedimentaria y retienen la humedad de los suelos.
Cabañas, cercados, corrales y todo tipo de zonas de refugio han cobijado a hombres, mujeres y ganado y son elementos auxiliares imprescindibles en las tareas rurales, particularmente en pastizales y trashumancias. Carboneras, hornos,
molinos y otras construcciones son erigidas piedra a piedra para transformar los recursos naturales en
herramientas constructivas o alimentarias. Balsas, puentes, aljibes, peceras, pozos, canales y otras ingenierías pétreas se usan para aprovechar el valioso recurso hídrico, imprescindible para la vida humana, siguiendo una lógica ancestral
que hoy llamamos 'sostenible'.
Todo este trabajo silencioso realizado por manos anónimas ha definido buena parte del paisaje que ha llegado a nuestros días que se encuentra en condiciones de emergencia de conservación. La abundante presencia de estas construcciones es
por sí misma una de las principales dificultades para conservarlas junto con el olvido de las antiguas técnicas constructivas, la mecanización de los trabajos del campo, la transformación latifundista de los cultivos y las concentraciones
parcelarias y el abandono de las pequeñas explotaciones agropecuarias son otros factores que provocan la decadencia de elementos construidos bajo la técnica de la piedra seca.
A todo ello se suma una más que injusta reforma del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles -conocida comúnmente como 'catastrazo'- que ha provocado su sobrevaloración a efectos tributarios cosa que, añadida a la falta de uso, ha motivado la
destrucción de estructuras por resultar una molesta presencia para sus propietarios.
Sin embargo, desde hace casi dos décadas, el interés por este tipo de patrimonio se ha hecho patente en nuestro país. Tareas de estudio, divulgación, inventario, mantenimiento y restauración están recibiendo cada vez más interés y
compromiso desde las diferentes autonomías y entidades locales gracias al trabajo altruista de personas y colectivos civiles.
Valores como la preservación de la identidad rural y la memoria histórica, actualmente en peligro por la pérdida de conocimientos transgeneracionales, se suman a las oportunidades de desarrollo económico que brinda la arquitectura popular y
al motor económico que supone la puesta en valor de patrimonio cultural en el ámbito rural, particularmente en poblaciones despobladas. Características de las construcciones en piedra seca como la sostenibilidad o la perdurabilidad, las constituyen
como un recurso de base inmejorable para definir senderos y parques para ser polo de atracción de senderistas y ciclistas, ornitólogos y herpetólogos y un elemento clave para la educación medioambiental de las nuevas generaciones y la conservación
de la biodiversidad, como hogar y refugio de reptiles, pequeños mamíferos, aves e insectos claves para el equilibrio natural. Se trata de construcciones que frenan la erosión del terreno y ayudan a la regulación hídrica, lo que las hace aptas para
consolidar políticas de reforestación o de arraigo de agriculturas ecológicas, aromáticas o medicinales.
Un gran paso adelante para el reconocimiento de la arquitectura de la piedra seca ha sido su reciente inclusión en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, donde se afirma que 'los muros de piedra seca
desarrollan un papel esencial en la prevención de corrimientos de tierras, inundaciones y aludes'. Con esta resolución de aprobación de la candidatura transnacional presentada por ocho países, incluido España (el cuarto más rico del mundo en
cantidad de estos elementos), reciben el mayor reconocimiento los paisajes de la piedra seca en general y la técnica de la arquitectura de la piedra seca en particular, a los que se les atribuyen valores estéticos, históricos, simbólicos y
ecológicos que van más allá de su función práctica originaria.
Creemos que la adopción de medidas de catalogación, restauración, divulgación y puesta en valor de este tipo de estructuras debe ser tomada como una obligación por parte del Estado español. Tomando como referente el modelo de estudio de la
arquitectura en piedra seca en Andalucía, mediante programas de formación financiados por fondos europeos FEADER para la realización de talleres educativos y la elaboración de guías, pretendemos plantear que este tipo de acciones y actividades
relacionadas con la salvaguarda de la memoria colectiva, se lleven a cabo en el resto de los territorios que también comparten esta tradición milenaria.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a impulsar las siguientes acciones, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales:
1. Emitir una declaración en la que se reconozca la relevancia de la arquitectura y el patrimonio de la piedra seca, así como su valor histórico, artístico, tipológico, estético, paisajístico e identitario, y afirme la conveniencia de
ponerla en valor y comprometerse con su preservación, estudio, catalogación y difusión.
2. Aprobar líneas de apoyo a la realización de los trabajos de inventario y catalogación contando con profesionales del patrimonio cultural en materias tales como la arqueología, biología, geología y restauración-conservación, de manera que
facilite las declaraciones como Bien de Interés Cultural (BIC) en sus manifestaciones más notables.
3. Diseñar y publicar un plan de ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, acorde con la reciente firma del Convenio de Faro por parte de España, que desarrollen tareas centradas en la conservación preventiva, y difusión del patrimonio
arquitectónico de la piedra seca, tales como cursos de construcción, trazado de rutas, colaboración en la ejecución de inventarios, estudios y otros.
4. Impulsar programas formativos financiados mediante fondos FEDER y FEADER de la UE para que la población tenga nociones tanto de valoración de este tipo de construcciones a nivel antropológico e histórico-artístico, como del conocimiento
de la técnica que permita que sea transmitida de forma intergeneracional y resalte su utilidad dentro del marco de la necesidad de aplicar técnicas constructivas sostenibles y responsables con el medio ambiente que también puedan ser mejoradas
mediante la tecnología para ser más eficientes y ampliar sus usos de forma que una tradición ancestral se reinvente en términos de aplicabilidad y beneficio social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Juan Antonio Valero Morales y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río, Ignacio Hoces Íñiguez y María de los Reyes Romero Vilches, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la designación de Sevilla como sede permanente del Premio Velázquez de las Artes Plásticas
otorgado por el Ministerio de Cultura, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. Don Diego de Velázquez y el Premio Velázquez de las Artes Plásticas.
Don Diego Rodríguez de Silva y Velázquez fue un artista del Siglo de Oro español nacido en Sevilla en el año 1599. Aprendió y ejerció su oficio de pintor en su ciudad natal hasta los 24 años, cuando se trasladó a Madrid para, servir como
pintor de cámara en la corte de Felipe IV.
Sus obras, emblemáticas y mundialmente conocidas, suponen el culmen de la pintura española y son paradigmáticas del Siglo de Oro español. De entre sus aproximadamente 130 creaciones, destacan indiscutiblemente La venus del espejo
(1650-1651), Las hilanderas o La fábula de Aracne (1657) y Las meninas o La familia de Felipe IV (1656).
En el ámbito internacional, Velázquez obtuvo 'reconocimiento como pintor universal tardíamente, en el año 1850. Alcanzó su máxima fama entre los años 1880 y 1920, coincidiendo con la época de los pintores impresionistas franceses, para los
que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su obra y le calificó como 'pintor de pintores' y 'el más grande pintor que jamás ha existido'' 31.
Pues bien, en homenaje a su figura fue creado el Premio Velázquez de las Artes Plásticas (el 'Premio Velázquez') por Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 17 de julio de 2001 32. Se trata de 'un galardón de carácter
internacional que premia la obra de un creador en el ámbito de las artes plásticas, en cualesquiera de sus manifestaciones' con el fin de 'destacar su aportación sobresaliente a la cultura española e iberoamericana'.
En un principio, los candidatos que podían optar a dicho premio podían ser solo de nacionalidad española. Posteriormente, se amplió la posibilidad de presentar candidatura a los ciudadanos nacionales de todos los países iberoamericanos.
En definitiva, este premio tiene por objetivo estrechar los lazos de unión entre el arte de España y el de los países de la Iberosfera, así como promover estas expresiones artísticas, poniendo de relieve el carácter universal de la cultura
hispanoamericana bajo el amparo de quien fue 'el pintor más universal de la pintura española y uno de los que más han contribuido a que la cultura española adquiera fama universal', cuya 'figura [...] es a la pintura y a las artes plásticas en
general lo que la figura de Cervantes a las letras españolas', según señala la referida Orden.
Segundo. La influencia de la Ciudad de Sevilla en la vida artística de Velázquez y la necesidad de reconocerla.
En Sevilla se forjó y desarrolló una de las escuelas pictóricas más extraordinarias de la historia del arte, con figuras como Murillo o Zurbarán, auténticas glorias de la cultura española. Sevilla es, también, como se señaló, la ciudad que
vio nacer a Velázquez y el lugar en el que este se inició en el arte durante el primer tercio del siglo XVII: el pintor nació y se formó en los talleres de sus mentores Herrera el Viejo y Francisco Pacheco.
Velázquez es uno de los hijos más ilustres de la ciudad hispalense y, como se refirió, es uno de los artistas en la historia que más ha contribuido a la universalización de la cultura hispana. De su etapa sevillana, aunque breve, destacan
obras como Vieja friendo huevos, El Aguador de Sevilla o la Adoración de los Reyes Magos. De hecho, la esencia sevillana acompañó al pintor en toda su obra.
Es necesario reconocer la relevancia de Sevilla en la figura artística de Velázquez. El nombramiento de la ciudad como sede permanente del Premio Velázquez supondría un impulso cultural y artístico para esta, y significaría una respuesta de
las Administraciones a las demandas de la sociedad civil sevillana, que ya ha desarrollado múltiples iniciativas para reivindicar el legado de Velázquez como, por ejemplo, la restauración de su casa natal.
Asimismo, debe recordarse como paralelismo que, desde su creación, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes se entrega en la ciudad natal de este escritor, concretamente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de
Henares. Su entrega tiene lugar el día 23 de abril, aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes.
Por consiguiente, y ateniéndonos la vinculación de Sevilla con Velázquez, nada obstaría a que la ciudad hispalense se convirtiera en sede permanente de estos premios. Es más, Sevilla, además de ser la ciudad natal de Velázquez, tiene el
Museo de Bellas Artes, que está considerado como la segunda pinacoteca más importante de España, solo por detrás del Museo del Prado 33. Es conocido que Sevilla, además, posee una importante vinculación con Hispanoamérica, pues durante muchos
siglos fue el puerto de
31 https://datos.bne.es/persona/XX865983.html.
32 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14495.
33 https://www.visitasevilla.es/historia/un-dia-en-el-museo-de-bellas-artes#:~:text=El%20Museo%20de%20Bellas%20Artes%20de%20Sevilla%20posee%20una%20de,de%20los%20maestros%20del%20Barroco.
entrada y salida hacia América, como atestigua, entre otras instituciones, la existencia del Archivo de Indias.
Es por ello por lo que este Grupo Parlamentario juzga razonable y necesario que Sevilla y, en particular, el Museo de Bellas Artes, sea designado como lugar de entrega del citado premio.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a designar a la ciudad de Sevilla y, en concreto, al Museo de Bellas Artes de Sevilla, como sede permanente del Premio Velázquez de las Artes Plásticas, otorgado por el Ministerio de Cultura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río, Ignacio Hoces Íñiguez y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados/as.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la presencia
permanente, singular y especifica del Museo Prado en el Palacio de los Águila de la ciudad de Ávila, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Ministerio de Economía y Hacienda, mediante Decreto 479/1985, de 6 de febrero, aceptaba el legado testamentario de doña M. Luisa Narváez Macias, de la casa en que habitó, conocida como Palacio de 'Los Águila', para la instalación de un
museo, junto con los muebles, enseres y ropas en el mismo existentes.
En virtud del acuerdo suscrito el 17 de junio de 1992, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dicho palacio fue destinado a anexo del Museo de Ávila.
Por acuerdo de 7 de abril de 1998, entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y León, acordaron modificar el uso inicialmente previsto, adscribiéndolo el palacio al Museo Nacional del Prado 'para reforzar al máximo el nivel
artístico del referido uso cultural', a cuyo fin se estableció el correspondiente convenio, el 25 de enero de 1999.
Tras un largo periodo de debate, sobre cuál debería ser el uso del Palacio de 'Los Águila', en el año 2002, en el marco del documento estratégico 'Hacia el nuevo Prado', se propuso por la Dirección el Museo del Prado convertir el Palacio en
Centro de Gestión de fondos dispersos del Museo del Prado.
Esta propuesta fue aprobada por Real Patronato del Museo del Prado en sesión plenaria el 22 de mayo de 2002 y presentada en Ávila a los medios de comunicación el 25 de abril de 2003. Bajo este concepto se redactó el proyecto inicial y se
iniciaron las obras. El denominado Plan de actuación 2009-2012, contemplaba como una de sus finalidades establecer una nueva política de gestión de los fondos dispersos del Prado, que permitiera garantizar su mejor conservación y visibilidad
pública, siendo eje de este proyecto la adecuación para este fin del Palacio de 'Los Águila'.
Diversas razones económicas y la ampliación y reorganización del Museo del Prado dieron lugar a un nuevo Plan de Actuación 2013-2016, considerando innecesaria ya la adecuación de 'Los Águila' para gestión de depósitos.
A raíz de esta nueva modificación de uso, el Museo del Prado propone ubicar en el mismo el museo de Ávila, a la vez que ofrece una colaboración preferente y directa con el museo estatal, la dotación de una 'Sala Prado', como consta en el
informe de colaboración del Museo del Prado con el Museo de Ávila, de octubre de 2015, tras diversas reuniones mantenidas a través de una Comisión Técnica, constituida el 9 de febrero de 2015, con representante de la Junta de Castilla y León, el
Museo Nacional del Prado, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos y la Dirección General de Bellas Artes.
El 19 de enero de 2016, el Director General de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, dirige una carta a la Directora General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, solicitando su
colaboración para la remisión de un programa arquitectónico donde se definieran las necesidades del Museo de Ávila, a nivel espacial y de uso, para el nuevo uso, ya que el proyecto inicial y no concluido 'estaba proyectado para dotar al palacio de
numerosos espacios de trabajo interno sin casi prever zonas de visita y uso público'. Petición que fue atendida y sirvió de base para la elaboración del nuevo proyecto.
El 8 de marzo de 2018, el Secretario de Estado de Cultura y el Director del Museo Nacional del Prado junto a la Consejera de Cultura y Turismo, anuncian el nuevo proyecto del Palacio de 'Los Águila', que incluye un Pabellón o Sala Prado que
convertirá el Palacio en 'un museo de referencia en España'. El Director del Museo del Prado destacó que el Prado es un museo nacional con más de 2.000 obras depositadas por la geografía española, pero el proyecto de Ávila 'se trata de un proyecto
diferente al ser una presencia física en una ciudad', 'con la exposición de obras en el Pabellón Prado, con la idea de que haya una sucesión de exposiciones de larga duración, aproximadamente de un año cada una, y que sean diferentes' a las de su
sede principal 'y que solo se puedan ver en Ávila y despertar interés'.
El nuevo Plan de Actuación 2022-2025 establece que se programaran exposiciones de larga duración, junto a las obras del Museo del Prado, obras del Museo de Ávila, así como obras procedentes de préstamos nacionales e internacionales que
completaran el discurso elaborado en cada uno de estos proyectos.
EI 16 de marzo de 2023, el presidente de la Junta de Castilla y León y el ministro de Cultura se reúnen en Madrid, comprometiéndose a suscribir en los próximos meses un nuevo convenio a tres bandas para garantizar la presencia permanente del
Prado en el Palacio de 'Los Águila', con el objeto de que 'el proyecto en Ávila tenga un tratamiento singular y especifico, a través de la exposición de obra de máximo nivel y capacidad de atracción turística'.
En este sentido la Junta de Castilla y León ha manifestado en todo momento su plena disposición a colaborar con este proyecto, que se ha comprometido a entregar un programa museográfico.
En este momento continúan las obras, tanto en el edificio principal, como en el anexo, estando pendiente las referidas al edificio de caballerizas, así como las relativas al espacio de ajardinamiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Firmar un convenio junto con la Junta de Castilla y León y el Museo Nacional del Prado, en el plazo de seis meses, con la finalidad de garantizar la presencia permanente, singular y especifica del Prado en el Palacio de 'Los Águila' de
la ciudad de Ávila.
2. Este convenio deberá garantizar los objetivos establecidos por el Museo Nacional del Prado para que el nuevo Pabellón o Sala Prado en Ávila tenga de manera temporal y continuada, obras de máximo nivel de la pinacoteca nacional y otras
obras procedentes de préstamos nacionales e internacionales, que permita atraer un turismo cultural internacional a través del arte que potencie el alto valor patrimonial e histórico de Ávila, y de una sucesión
de exposiciones de larga duración, aproximadamente de un año, de obras diferentes de la sede principal del Museo Nacional del Prado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Héctor Palencia Rubio, Patricia Rodríguez Calleja, María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés
Mendiguchía, María Eugenia Carballedo Berlanga, Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados/as.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, para su debate en instancia en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La rumba catalana es un género musical que nace en los barrios más populares de Barcelona y es, entre otras cosas, fruto de la diversidad cultural que caracteriza Catalunya en los años 50. Surge como resultado de un proceso continuo de
cruces y apropiaciones de distintas tradiciones que históricamente han influenciado la creación musical en Catalunya. Se inspira en la rumba flamenca, pero, en breves se desvincula al mezclar estilos tan distintos como el rock & roll o la música
cubana, convirtiéndose así en un género musical único. Desde sus orígenes, la rumba ha experimentado cambios y transformaciones, adaptándose a los cambios sociales, artísticos y también, políticos (durante la dictadura franquista fue un símbolo de
la resistencia cultural de la Barcelona más popular).
Se caracteriza por los ritmos vibrantes, letras poéticas y la capacidad de improvisar y adaptarse a distintos contextos. Su popularidad aumenta gracias a artistas como Peret, el Pescaílla el Gato Pérez, Los Manolos y muchos otros. Hoy día,
la rumba catalana continúa siendo un género musical vivo y dinámico, con nuevas generaciones de artistas que continúan explorando y revitalizando esta tradición.
La rumba catalana rápidamente se convierte en una forma de expresión cultural que promueve la inclusión y la diversidad de la sociedad. Es una práctica cultural que permite crear puentes entre persones de orígenes y estatus sociales
diferentes. A partir de la música y sus letras, la rumba catalana trata temas universales como el amor, la amistad, la esperanza, la justicia social o la inclusión de los colectivos discriminados. Este carácter ha hecho de la rumba catalana un
símbolo de la convivencia pacífica y un factor de integración y cohesión social.
El reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO contribuirá a su preservación, promoción y difusión a escala nacional, estatal e internacional. Servirá como marco de protección para salvaguardar las
prácticas y los conocimientos de un género tan especial y único como es la rumba catalana, garantizando así también, su continuidad y la transmisión a las generaciones futuras.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Defender la candidatura de la Rumba Catalana para que sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y sea incluida en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de esta Proposición no de Ley.
- Colaborar con la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, artistas y músicos de la rumba catalana para promover y proteger esta manifestación cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2024.-Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Diputado.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal , a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
reconeixement de la rumba catalana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO per al seu debat a la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
La rumba catalana és un gènere musical que neix als barris més populars de Barcelona i és, entre moltes altres coses, fruit de la diversitat cultural que caracteritza Catalunya als anys 50. Sorgeix com a resultat d'un procés continu de
creuaments i apropiacions de diverses tradicions que històricament han influenciat la creació musical a Catalunya. S'inspira en la rumba flamenca, però, aviat se'n desvincula en barrejar estils tan diferents com el rock & roll o la música cubana,
convertint-se així en un gènere musical únic. Des dels seus orígens, la rumba ha experimentat canvis i transformacions, adaptant-se als canvis socials, artístics i també, polítics (durant la dictadura franquista va esdevenir un símbol de la
resistència cultural de la Barcelona més popular).
Es caracteritza pels ritmes vibrants, lletres poètiques i la capacitat per improvisar i adaptar-se a diferents contextos. La seva popularitat augmenta gràcies a artistes com Peret, el Pescaílla, el Gato Pérez, Los Manolos i molts altres.
Avui dia, la rumba catalana continua sent un gènere musical viu i dinàmic, amb noves generacions d'artistes que continuen explorant i revitalitzant aquesta tradició.
La rumba catalana ràpidament es converteix en una forma d'expressió cultural que promou la inclusió i la diversitat de la societat. És una pràctica cultural que permet crear ponts entre persones d'orígens i estatus socials diferents. A
través de la música i les seves lletres, la rumba catalana tracta temes universals com l'amor, l'amistat, l'esperança, la justícia social o la inclusió dels col·lectius discriminats. Aquest caràcter ha fet de la rumba catalana un símbol de la
convivència pacífica i un factor d'integració i cohesió social.
El reconeixement de la rumba catalana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO contribuirà a la seva preservació, promoció i difusió a escala nacional, estatal i internacional. Servirà com a marc de protecció per a salvaguardar les
pràctiques i els coneixements d'un gènere tan especial i únic com és la rumba catalana, garantint així també, la seva continuïtat i la transmissió a les generacions futures.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
- Defensar la candidatura de la Rumba Catalana perquè sigui reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i sigui inclosa en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, en el termini màxim de sis
mesos a partir de l'aprovació d'aquesta Proposició No de Llei.
- Col·laborar amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, artistes i músics de la rumba catalana per promoure i protegir aquesta manifestació cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 d'abril de 2024.-Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Diputat.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las deficiencias y problemas de desconexión en el proceso de extensión de la fibra en Galiza, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El Gobierno del Estado está llevando a cabo la extensión de la banda ancha del Programa Único-Banda ancha que se financia con fondos europeos del Plan de Recuperación. Así, este año se pondrá punto final a la era del cobre para dar paso a
la fibra óptica. Es el final de las antiguas líneas fijas de teléfono y de la conexión ADSL a internet, que utilizaban la vieja infraestructura telefónica para la transmisión de datos digitales. Las operadoras de telefonía son las encargadas de
realizar las actuaciones correspondientes.
Supone sin duda un avance hacia una red con mejores prestaciones, que requiere menos centrales, espacio y coste. Un progreso al que deben acceder todos los hogares sin exclusión, garantizando la igualdad de condiciones a todas las vilas y
núcleos, sin que el ámbito rural quede atrás, sufra deficiencias o limitaciones.
Durante el proceso de relevo están presentándose numerosos problemas en distintas aldeas y lugares del rural de Galiza que auguran períodos de incomunicación y genera en las personas el temor a quedar desconectados, sobre todo, en las
denominadas zonas oscuras sin cobertura de telefonía móvil, más numerosas en Lugo y Ourense aunque extendidas por distintas áreas rurales. Precisamente en estas zonas en que apenas existe cobertura móvil, la privación también de la telefonía fija
generaría situaciones de completa desconexión si no se compatibiliza adecuadamente el cambio o no se ofrecen soluciones alternativas.
Además, es creciente la preocupación por los incumplimientos de plazos por parte de las operadoras para extender la fibra óptica y a muchos vecinos y vecinas de las áreas rurales les preocupa quedar aislados en las fases de desaparición de
las antiguas líneas fijas de telefonía. Temen que no se coordine adecuadamente este proceso como ya está ocurriendo en numerosos núcleos.
Vecinos y vecinas de localidades como Dozón, Santa Comba o Muras denuncian retrasos importantes en la llegada de la fibra óptica. Incumplimientos de las fechas previstas y falta de transparencia para poder realizar reclamaciones puesto que
no tienen claro a quién dirigirse.
También constan quejas de actuaciones que quedan a medias y no se completan puesto que no llegan a todas las casas de determinados núcleos rurales. En estos casos se argumenta que las viviendas están alejadas de la CTO, de la Caja de
Terminación Óptica, por lo que debe iniciarse un nuevo tendido para alcanzarla pero sin indicar los plazos de cuando se acometería.
Esta situación puede multiplicarse y agravarse en Galiza que, cabe recordar, cuenta con la mayor dispersión poblacional del Estado y millares de núcleos de población.
Para evitar el apagón total en áreas rurales, existen alternativas como el acceso por radio o satélite pero muchos vecinos y vecinas lo descartan por su coste y porque no puede garantizarse una buena operatividad ni la cobertura de todos los
servicios contratados.
La compañía Telefónica prevé cerrar todas las centrales de red de cobre en los próximos meses. Según los datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Comprados y la Competencia), en la Galicia se cerrarán a lo largo del año unas 500 centrales
de cobre. La mayoría dejarán de funcionar el 19 de abril, el resto se clausurarán en los siguientes meses, dejando sin uso sedes de gran tamaño.
El Gobierno debe asegurar la cobertura de la banda ancha al 100 % de la población, sin discriminaciones. Como administración competente en materia de telecomunicaciones tiene el deber de asegurar la igualdad y la universalidad en el acceso
a las nuevas tecnologías.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar medidas para evitar que núcleos y viviendas del ámbito rural de Galiza queden desconectados ante el apagón de la era de cobre que pondrá fin a las antiguas líneas fijas de teléfono y a la conexión ADSL a internet para ser
sustituida por la fibra óptica.
2. Garantizar la llegada de la fibra óptica al 100 % de los hogares de las zonas rurales de Galiza caracterizada por la gran dispersión poblacional y establecer mecanismos para asegurar la igualdad y el acceso universal a las nuevas
tecnologías.
3. Coordinar con las operadoras de telefonía el proceso de extensión de la fibra óptica en el ámbito rural gallego de modo que no se produzcan problemas de demora, incumplimientos de fechas y situaciones de incomunicación y de aislamiento
de núcleos de población o de viviendas y se compatibilice adecuadamente la fase de sustitución, sobre todo en las zonas oscuras de cobertura de telefonía móvil que no tendrían alternativa.
4. Informar adecuadamente a la población sobre el apagón de la era de cobre y habilitar un mecanismo de reclamaciones para que las personas, especialmente las del medio rural, damnificadas por el proceso de sustitución puedan canalizar sus
quejas y reclamaciones de forma fácil, ágil y directa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás deficiencias e problemas de desconexión no proceso de extensión da fibra na Galiza para o seu debate na Comisión de Economía, Comercio e Transformación Dixital.
Exposición de motivos
O Goberno do Estado está a levar a cabo a extensión da banda larga do Programa Único-Banda Larga que se financia con fondos europeos do Plan de Recuperación. Así, neste ano, vaise pór punto final á era do cobre para dar paso á fibra óptica.
É o final das antigas liñas fixas de teléfono e da conexión ADSL a internet, que utilizaban a vella
infraestrutura telefónica para a transmisión de datos dixitais. As operadoras de telefonía son as encargadas de realizar as actuacións correspondentes.
Supón sen dúbida un avance cara a unha rede con mellores prestacións, que require menos centrais, espazo e custo. Un progreso ao que deben acceder todos os fogares sen exclusión, garantindo a igualdade de condicións a todas as vilas e
núcleos, sen que o ámbito rural quede atrás, sufra deficiencias ou limitacións.
Durante o proceso de substitución están a presentarse numerosos problemas en distintas aldeas e lugares do rural da Galiza que auguran períodos de incomunicación e xera nas persoas o temor a quedar desconectados, sobre todo, nas denominadas
zonas escuras sen cobertura de telefonía móbil, máis numerosas en Lugo e Ourense aínda que estendidas por distintas áreas rurais. Precisamente nestas zonas en que apenas existe cobertura móbil, a privación tamén da telefonía fixa xeraría situacións
de completa desconexión se non se compatibiliza adecuadamente o cambio ou non se ofrecen solucións alternativas.
Ademais, é crecente a preocupación polos incumprimentos de prazos por parte das operadoras para estender a fibra óptica e a moitos veciños e veciñas das áreas rurais preocúpalles quedar illados nas fases de desaparición das antigas liñas
fixas de telefonía. Temen que non se coordine adecuadamente este proceso como xa está a ocorrer en numerosos núcleos.
Veciños e veciñas de localidades como Dozón, Santa Comba ou Muras denuncian atrasos importantes na chegada da fibra óptica. Incumprimentos das datas previstas e falta de transparencia para poder realizar reclamacións debido a que non teñen
claro a quen dirixirse.
Tamén constan queixas de actuacións que quedan a medias e non se completan debido a que non chegan a todas as casas de determinados núcleos rurais. Nestes casos arguméntase que as vivendas están afastadas da CTO, da Caixa de Terminación
Óptica, polo que debe iniciarse un novo tendido para alcanzala pero sen indicar os prazos de cando se acometería.
Esta situación pode multiplicarse e agravarse na Galiza que, cabe recordar, conta coa maior dispersión poboacional do Estado e millares de núcleos de poboación.
Para evitar o apagamento total en áreas rurais, existen alternativas como o acceso por radio ou satélite pero moitos veciños e veciñas descártano polo seu custo e porque non pode garantirse unha boa operatividade nin a cobertura de todos os
servizos contratados.
A compañía Telefónica prevé pechar todas as centrais de rede de cobre nos próximos meses. Segundo os datos da CNMC (Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia), na Galiza pecharanse ao longo do ano unhas 500 centrais de cobre. A
maioría deixarán de funcionar o 19 de abril, o resto clausuraranse nos seguintes meses, deixando sen uso sedes de grande tamaño.
O Goberno debe asegurar a cobertura da banda ancha ao 100 % da poboación, sen discriminacións. Como administración competente en materia de telecomunicacións ten o deber de asegurar a igualdade e a universalidade no acceso ás novas
tecnoloxías.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Adoptar medidas para evitar que núcleos e vivendas do ámbito rural de Galiza queden desconectados ante o apagamento da era de cobre que porá fin ás antigas liñas fixas de teléfono e á conexión ADSL a internet para ser substituída pola
fibra óptica.
2. Garantir a chegada da fibra óptica ao 100 % dos fogares das zonas rurais da Galiza caracterizada pola grande dispersión poboacional e estabelecer mecanismos para asegurar a igualdade e o acceso universal ás novas tecnoloxías.
3. Coordinar coas operadoras de telefonía o proceso de extensión da fibra óptica no ámbito rural galego de modo que non se produzan problemas de demora, incumprimentos de datas e situacións de incomunicación e de illamento de núcleos de
poboación ou de
vivendas e se compatibilice adecuadamente a fase de substitución, sobre todo nas zonas escuras de cobertura de telefonía móbil que non terían alternativa.
4. Informar adecuadamente á poboación sobre o apagamento da era de cobre e habilitar un mecanismo de reclamacións para que as persoas, especialmente ás do medio rural, damnificadas polo proceso de substitución poidan canalizar as súas
queixas e reclamacións de forma fácil, áxil e directa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la cesión de las viviendas de las que es titular la SAREB para uso social en la ciudad de Vigo, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La ciudad de Vigo, la mayor urbe de Galiza, padece un gravísimo problema de acceso social a la vivienda. Una situación derivada del aumento continuado de los precios del alquiler que ya alcanza, según datos oficiales del Instituto Galego de
Vivenda e Solo (dependiente de la Xunta de Galiza) una subida del 70 % en los últimos diez años. Además, los alquileres en Vigo son, tal y como constata el Observatorio da Vivenda de Galiza, un 22 % más elevados que el promedio gallego. Hecho al
que se añaden los efectos del avance del fenómeno ultraespeculativo de las viviendas de uso turístico que ya son alrededor de 1600, lo que representa casi el cuádruple de las viviendas disponibles para alquiler residencial convencional.
La dificultad de encontrar alquileres accesibles para la mayoría social queda evidenciada además por un dato muy alarmante: en Vigo 7 de cada 10 habitaciones en pisos compartidos ya superan los 300 euros mensuales. Una situación
especialmente preocupante, toda vez que a esta fórmula acuden las personas de menores ingresos y en situación de grave vulnerabilidad social.
A la falta de oferta de vivienda para alquiler residencial, que disminuyó en un 23 % en los últimos dos años según datos de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), se añade la no adopción de medidas desde las administraciones
públicas para movilizar el inmenso parque de vivienda vacía existente en la ciudad, que son más de 22 mil según los últimos datos oficiales del INE.
Ante la situación descrita, el Pleno del Concello de Vigo aprobó en su sesión del pasado 25 de marzo de 2024 una moción, promovida por el Grupo Municipal del BNG, en la que, entre otras medidas, se acordaba 'Demandar del Gobierno español la
cesión por parte de la SAREB de las viviendas de las que es titular en la ciudad para su inclusión en un parque de vivienda social'.
Si bien se desconocen los datos oficiales a respecto de la cantidad total de propiedades inmobiliarias y su tipología de las que es titular la SAREB en la ciudad de Vigo (la relación publicada en la web de la sociedad es incompleta y
desactualizada), en las últimas fechas se ha anunciado públicamente la intención de poner a la venta por parte de esta sociedad, a precio de mercado, 51 de las 155 viviendas que posee en una promoción de la calle Aragón, 26 viviendas en Gran Vía y
también 43 pisos en la Privada Moderna, en el barrio del Calvario, una vez se realice su rehabilitación.
Si ya no tenía sentido que se pretenda, como parece querer hacer el Gobierno español, que comunidades autónomas o concello tengan que repagar inmuebles que ya fueron
adquiridos a cargo de recursos públicos, mucho menos que se pongan a la venta a precios de mercado que pueden alcanzar hasta los 300 mil euros, como en el caso de las viviendas de la calle Aragón.
Es a todas luces intolerable e incomprensible que una sociedad participada mayoritariamente por el Estado y cuyos activos provienen del mil millonario rescate a la banca privada con recursos públicos, pretenda ahora hacer caja jugando a la
especulación inmobiliaria en lugar de utilizar esos inmuebles para facilitar el acceso social a la vivienda.
Asimismo, esa decisión va en el sentido contrario de la pretensión que sustenta el acuerdo suscrito entre la SAREB y la FEMP el mes de septiembre del pasado año 2023 con el objetivo de cooperar con los ayuntamientos para contribuir al
impulso del parque de vivienda social.
Además, en una reciente respuesta por escrito del Ministerio al BNG en las Cortes se recalca que con el Real Decreto-ley 1/2022, la SAREB incorpora a su gestión el principio de Sostenibilidad y Utilidad Social. 'Un principio que cristalizó
en el Plan por lo que la SAREB movilizará hasta 50.000 viviendas para alquiler social y accesible', que anunció el propio Presidente del Gobierno hace un año. Es más, añadía que 'la finalidad social de la SAREB se conjuga así con el objetivo de
recuperar el valor económico de sus activos y procurar el menor coste a los contribuyentes'.
En este mismo sentido, se deben añadir las declaraciones de la Ministra de Vivienda en comparecencias en el Congreso y en el Senado en que señaló que 'reorientamos la dirección de la SAREB y creo que ahora es un instrumento puesto a
disposición de las políticas públicas de vivienda, de los ayuntamientos y de las CC.AA., no solo de la Administración General del Estado'.
Si de verdad el Gobierno reorientó la función de la SAREB para que cumpla un papel social, el anuncio de rehabilitación de estas viviendas para luego venderlas a precio de mercado está muy lejos de una pretendida función social. Es
especulación pura y dura que, en ningún caso, va a revertir en las mayorías sociales dados los precios de mercado de la vivienda en Vigo como acabamos de explicar.
Por eso, consideramos que la decisión que se debe adoptar es la promover la cesión de las viviendas de la SAREB para su incorporación en un parque público de vivienda social en la ciudad de Vigo, a través de la colaboración con otras
administraciones como el Ayuntamiento de Vigo y/o la Xunta de Galiza.
Una fórmula perfectamente legal que ya se está aplicando en otras partes del Estado, como el Ayuntamiento de Barcelona, en el que se firmó el pasado mes de diciembre un convenio por lo que la SAREB cedía 200 viviendas para uso social.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar las medidas necesarias para promover la cesión de las viviendas de las que es titular la SAREB en la ciudad de Vigo para su incorporación en un parque público de vivienda
social en colaboración con el Concello de Vigo y/o la Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á cesión das vivendas das que é titular a SAREB para uso social na cidade de Vigo para o seu debate na Comisión de Economía, Comercio e Transformación Dixital.
Exposición de motivos
A cidade de Vigo, a maior urbe da Galiza, padece un gravísimo problema de acceso social á vivenda. Unha situación derivada do aumento continuado dos prezos do alugueiro que xa atinxe, segundo datos oficiais do Instituto Galego de Vivenda e
Solo (dependente da Xunta de Galiza) unha suba do 70 % nos últimos dez anos. Aliás, os alugueiros en Vigo son, tal e como constata o Observatorio de Vivenda de Galiza, un 22 % máis elevados que a media galega. Feito ao que se engaden os efectos do
avance do fenómeno ultraespeculativo das vivendas de uso turístico que xa son arredor de 1600, o que representa case o cuádruplo das vivendas dispoñíbeis para alugueiro residencial convencional.
A dificultade de encontrar alugueiros accesíbeis para a maioría social fica evidenciada ademais por un dato moi alarmante: en Vigo 7 de cada 10 habitacións en pisos compartidos xa superan os 300 euros mensuais. Unha situación especialmente
preocupante, tendo en conta que a esta fórmula acoden as persoas de menores ingresos e en situación de grave vulnerabilidade social.
Á falta de oferta de vivenda para alugueiro residencial, que diminuíu nun 23 % nos últimos dous anos segundo datos da Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), engádese a non adopción de medidas desde as administracións públicas para
mobilizar o inmenso parque de vivenda baleira existente na cidade, que son máis de 22 mil segundo os últimos datos oficiais do INE.
Diante da situación descrita, o Pleno do Concello de Vigo aprobou na súa sesión do pasado 25 de marzo de 2024 unha moción, promovida polo Grupo Municipal do BNG, na que entre outras medidas se acordaba 'Demandar do Goberno español a cesión
por parte da SAREB das vivendas das que é titular na cidade para a súa inclusión nun parque de vivenda social'.
Se ben descoñécense os datos oficiais a respecto da cantidade total de propiedades inmobiliarias e a súa tipoloxía das que é titular a SAREB na cidade de Vigo (a relación publicada na web da sociedade é incompleta e desactualizada), nas
últimas datas tense anunciado publicamente a intención de poñer á venda por parte desta sociedade, a prezo de mercado, 51 das 155 vivendas que posúe nunha promoción da rúa Aragón, 26 vivendas en Gran Vía e tamén 43 pisos na Privada Moderna, no
barrio do Calvario, unha vez se realice a súa rehabilitación.
Se xa non tiña sentido que se pretenda, como parece querer facer o Goberno español, que comunidades autónomas ou concellos teñan que repagar inmóbeis que xa foron adquiridos a cargo de recursos públicos, moito menos que se poñan á venda a
prezos de mercado que poden atinxir até os 300 mil euros, como no caso das vivendas da rúa Aragón.
É a todas luces intolerábel e incomprensíbel que unha sociedade participada maioritariamente polo Estado e cuxos activos proveñen do mil millonario rescate á banca privada con recursos públicos, pretenda agora facer caixa xogando á
especulación inmobiliaria en lugar de utilizar eses inmóbeis para facilitar o acceso social á vivenda.
Así mesmo, esa decisión vai no sentido do contrario da pretensión que sustenta o acordo subscrito entre a SAREB e a FEMP o mes de setembro do pasado ano 2023 co obxectivo de cooperaren cos concellos para contribuír ao impulso do parque de
vivenda social.
Ademais, nunha recente resposta por escrito do Ministerio ao BNG nas Cortes recalca que co Real Decreto-lei 1/2022, a SAREB incorpora á súa xestión o principio de Sustentabilidade e Utilidade Social. 'Un principio que cristalizou no Plan
polo que a SAREB mobilizará ate 50.000 vivendas para alugueiro social e accesíbel', que anunciou o propio Presidente do Goberno hai un ano. É máis, engadía que 'a finalidade social da SAREB conxúgase así co obxectivo de recuperar o valor económico
dos seus activos e procurar o menor custe aos contribuíntes'.
Neste mesmo sentido, débense engadir as declaracións da Ministra de Vivenda en comparecencias no Congreso e no Senado en que sinalou que 'reorientamos a dirección da SAREB e creo que agora é un instrumento posto a disposición das políticas
públicas de vivenda, dos concellos e das CC.AA, non só da Administración Xeral do Estado'.
Se de verdade o Goberno reorientou a función da SAREB para que cumpra un papel social, o anuncio de rehabilitación destas vivendas para logo vendelas a prezo de mercado está moi lonxe dunha pretendida función social. É especulación pura e
dura que en ningún caso vai reverter nas maiorías socias dados os prezos de mercado da vivenda en Vigo como acabamos de explicar.
Por iso, acreditamos en que a decisión que se debe adoptar é a promover a cesión das vivendas da SAREB para a súa incorporación nun parque público de vivenda social na cidade de Vigo, a través da colaboración con outras administracións como
o Concello de Vigo e/ou a Xunta de Galiza.
Unha fórmula perfectamente legal que xa se está a aplicar noutras partes do Estado, como o Concello de Barcelona, no que se asinou o pasado mes de decembro un convenio polo que a SAREB cedía 200 vivendas para uso social.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a adoptar as medidas necesarias para promover a cesión das vivendas das que é titular a SAREB na cidade de Vigo para a súa incorporación nun parque público de vivenda social en colaboración
co Concello de Vigo e/ou a Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad
161/000652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero e Ines Granollers i Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la reducción permanente de la tributación de alimentos adecuados para los afectados de enfermedad celíaca, para su debate en instancia en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La enfermedad celíaca es un trastorno sistémico de origen autoinmune, desencadenado por la ingesta de gluten, que afecta a personas genéticamente susceptibles. Esta patología se caracteriza por una amplia variedad de manifestaciones
clínicas, tanto digestivas como no digestivas, acompañadas de anticuerpos específicos y una genética asociada a los haplotipos HLA DQ2 y/o DQ8, que provoca atrofia de las vellosidades intestinales. En contraste, la alergia a los cereales con gluten
es una reacción inmune aguda ante la ingestión de gluten o cereales que lo contienen, con manifestaciones como picor, inflamación o irritación de ojos, nariz y garganta, así como dermatitis atópica, urticaria o problemas respiratorios como asma.
Se estima que aproximadamente un 6 % de la población sufre sensibilidad o intolerancia al gluten, con una prevalencia superior en mujeres. El diagnóstico de la enfermedad celíaca requiere la adopción de una dieta estrictamente libre de
gluten para mantener un óptimo estado de salud. De acuerdo con la legislación europea vigente, los productos alimentarios que se etiquetan como 'sin gluten' y son aptos para consumir por personas celíacas no pueden contener más de 20 partes por
millón (ppm) de gluten.
Dentro del marco de financiación o cofinanciación de alimentos, el Ministerio de Sanidad es el órgano competente. A pesar de las recomendaciones para incluir productos
sin gluten en esta financiación, el Ministerio ha decidido no financiarlos, argumentando que no cumplen con los criterios necesarios para ser incluidos en la financiación de productos dietéticos. Es esencial reconocer que estas opciones
alimentarias suponen un coste adicional, especialmente significativo para familias con múltiples miembros afectados o con recursos económicos limitados. Además, en el contexto económico actual, los precios de los productos sin gluten han aumentado
considerablemente, lo que requiere una atención particular.
Durante el 2023, mediante la aprobación del Real Decreto 20/2022, se aplicó una medida de reducción del IVA a los productos de primera necesidad, incluyendo los productos sin gluten, demostrando un reconocimiento de su importancia como
productos esenciales para aquellos con necesidades dietéticas especiales. Es imperativo asegurar que las personas con enfermedades crónicas como la celiaquía no se vean económicamente penalizadas en su alimentación saludable, ya que esta constituye
su principal tratamiento.
Por todo esto, se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convertir de forma permanente en la legislación tributaria la aplicación de una reducción del IVA para los productos sin gluten y alimentos adecuados para afectados por la enfermedad celíaca, reconociendo su importancia como productos
esenciales para aquellos con necesidades dietéticas específicas.
2. Establecer medidas concretas para asegurar que los productos sin gluten sean accesibles y económicamente viables para las personas afectadas por la enfermedad celíaca, incluyendo familias con múltiples miembros afectados y aquellos con
recursos económicos limitados.
3. Explorar la posibilidad de ampliar la financiación o cofinanciación de alimentos para incluir productos sin gluten dentro del marco de prestaciones vinculadas a productos dietéticos, reconociendo su importancia para la salud y calidad de
vida de los afectados por la enfermedad celíaca.
4. Mantener un diálogo constante con las organizaciones de pacientes y profesionales de la salud para evaluar las necesidades en materia de alimentación sin gluten y tomar las medidas adecuadas para garantizar su accesibilidad y viabilidad
económica de común acuerdo con las autoridades sanitarias competentes en las respectivas Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congres dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Inés Granollers i Cunillera, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
reducció permanent de la tributació d'aliments adequats pels afectats de la malaltia celíaca, per al seu debat en instància a la Comissió de Sanitat.
Exposició de motius
La malaltia celíaca és un trastorn sistèmic d'origen autoimmunitari, desencadenat per la ingesta de gluten, que afecta a persones genèticament susceptibles. Aquesta patologia es caracteritza per una gran varietat de manifestacions
clíniques, tant digestives com no digestives, acompanyades d'anticossos específics i una genètica associada als haplotips HLA DQ2 i/o DQ8, que provoca atrofia de les vellositats intestinals. En contraposició,
l'al·lèrgia als cereals amb gluten és una reacció immune aguda davant la ingestió de gluten o cereals que el contenen, amb manifestacions com picor, inflamació o irritació d'ulls, nas i coll, així com dermatitis atòpica, urticària o
problemes respiratoris com asma.
Es calcula que aproximadament un 6 % de la població pateix sensibilitat o intolerància al gluten, amb una prevalença superior en dones. El diagnòstic de la malaltia celíaca requereix l'adopció d'una dieta estrictament lliure de gluten per
mantenir un òptim estat de salut. D'acord amb la legislació europea vigent, els productes alimentaris que es etiqueten com a 'sense gluten' i aptes per a consumir per persones celíaques no poden contenir més de 20 parts per milió (ppm) de gluten.
Dins del marc de finançament o cofinançament d'aliments, el Ministeri de Sanitat és l'òrgan competent. Malgrat les recomanacions per incloure productes sense gluten en aquest finançament, el Ministeri ha decidit no finançar-los, argumentant
que no compleixen els criteris necessaris per a ser inclosos en el finançament de productes dietètics. És essencial reconèixer que aquestes opcions alimentàries suposen un cost addicional, especialment significatiu per a famílies amb diversos
membres afectats o amb recursos econòmics limitats. A més, en el context econòmic actual, els preus dels productes sense gluten han augmentat considerablement, fet que requereix una atenció particular.
Durant el 2023, mitjançant l'aprovació del Reial Decret 20/2022, s'ha aplicat una mesura de reducció de l'IVA als productes de primera necessitat, incloent-hi els productes sense gluten, demostrant un reconeixement de la seva importància com
a productes essencials per a aquells amb necessitats dietètiques especials. És imperatiu assegurar que les persones amb malalties cròniques com la celiaquia no es vegin econòmicament penalitzades en la seva alimentació saludable, ja que aquesta
constitueix el seu principal tractament.
Per tot l'exposat es planteja la següent:
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Gobierno a:
1. Convertir de forma permanent en la legislació tributària l'aplicació d'una reducció de l'IVA per als productes sense gluten i aliments adequats per a afectats de la malaltia celíaca, reconeixent la seva importància com a productes
essencials per a aquells amb necessitats dietètiques específiques.
2. Establir mesures concretes per assegurar que els productes sense gluten siguin accessibles i econòmicament viables per a les persones afectades per la malaltia celíaca, incloent-hi famílies amb membres múltiples afectats i aquells amb
recursos econòmics limitats.
3. Explorar la possibilitat d'ampliar el finançament o cofinançament d'aliments per incloure productes sense gluten dins del marc de prestacions vinculades a productes dietètics, reconeixent la seva importància per a la salut i qualitat de
vida dels afectats per la malaltia celíaca.
4. Mantenir un diàleg constant amb les organitzacions de pacients i professionals de la salut per avaluar les necessitats en matèria d'alimentació sense gluten i prendre les mesures adequades per garantirne l'accessibilitat i viabilitat
económica de comú acord amb les autoritats sanitàries competents en les respectives Comunitats Autònomes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 d'abril de 2024.-Inés Granollers i Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
colaboración con la Comisión Nacional de la especialidad de Radiofísica Hospitalaria, Colegios Profesionales y las sociedades científicas, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Radiofísica Hospitalaria es la especialidad sanitaria que se ocupa de medir y valorar las radiaciones, para contribuir a una adecuada planificación, aplicación e investigación de las técnicas radiológicas que la Física pone a disposición
de la medicina. Esta especialidad sanitaria tiene como misión garantizar que las dosis de radiación ionizante a las que está expuesto un paciente durante un proceso diagnóstico o terapéutico son exactamente las necesarias para alcanzar un objetivo
clínico.
Las áreas de asistencia que cubre la especialidad en RH son aquellas que incluyen desde el diagnóstico hasta la terapia por radiaciones, sea cual fuere la fuente de radiación y el procedimiento utilizado, incluyendo la protección radiológica
de pacientes, trabajadores y miembros del público.
El objetivo principal es prestar la mejor asistencia sanitaria posible en Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico e Intervencionismo y Medicina Nuclear, así como establecer procedimientos clínicos con radiaciones ionizantes, control de
calidad de equipos y diseñar las medidas adecuadas de protección radiológica tanto del público como del personal sanitario. Para obtener el título de especialista en Radiofísica se ha de realizar un ciclo formativo paralelo al de las demás
especialidades sanitarias, a través de una convocatoria anual de plazas (RFIR), donde el especialista en formación se incorpora progresivamente a la rutina de trabajo en el hospital durante un periodo de 3 años de residencia.
La especialidad de RH fue creada por Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero y supuso reconocer una profesión que se viene desarrollando en nuestro país desde los años sesenta. Posteriormente, este Real Decreto fue sustituido por el
183/2008. Además, en este último Real Decreto se produjo un menoscabo en la formación de acceso, puesto que se reflejó como equivalente la Licenciatura (5 años) al grado (4 años), cuando la licenciatura en Física es equivalente al grado más máster,
nivel 3 del MECES.
En los 25 años transcurridos desde la creación de la especialidad se ha producido una enorme evolución en todas las áreas relacionadas con la Radiofísica Hospitalaria; también en las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de
acuerdo con las normas legales que han ido apareciendo desde entonces. Por ello, el número y la complejidad de los conocimientos, competencias y habilidades que el especialista en formación debe adquirir durante su período de residencia han
aumentado considerablemente.
Primero, en lo que se refiere a los aspectos clínicos de la aplicación de los nuevos procedimientos terapéuticos y diagnósticos con radiaciones y en la obsolescencia de técnicas que ya no se utilizan, después, en las funciones del
radiofísico hospitalario relacionadas con el control y garantía de calidad del equipamiento médico-radiológico; y, por último, en las cuestiones asociadas a la seguridad de los pacientes, profesionales y público cuando se emplean dichos
procedimientos con radiaciones.
Desde la Comisión Nacional de la Especialidad, se ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de aumentar el período actual de 3 años de residencia, que estableció el primer programa oficial de la especialidad (POE) en 1996, y que
todavía sigue vigente y clarificar con qué titulaciones académicas se puede obtener el acceso a la especialidad.
Desde el Colegio Oficial de Físicos y las sociedades científicas, se ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de aumentar el período actual de 3 años de residencia, que estableció el primer programa oficial de la especialidad (POE)
en 1996, y que todavía sigue vigente y clarificar con qué titulaciones académicas se puede obtener el acceso a la especialidad.
Es conocida la importancia del Convenio que ha firmado el Ministerio de Sanidad con varias Comunidades Autónomas y la Fundación Amancio Ortega Gaona para la colaboración en la implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud
(BOE
de 8 de noviembre de 2021). Esta modalidad de radioterapia, muy novedosa en nuestro país, requiere de un gran número de especialistas en radiofísica hospitalaria, que deben tener una formación específica exigente también en esta área.
Existen además dificultades para homologar el título de especialista en RH a nivel europeo por acceder con una formación universitaria, ajenas al ámbito de la Física y de menos de 300 ECTS, lo que se considera un déficit de formación previo
a la residencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
En el ámbito de sus competencias y colaboración con la Comisión Nacional de la especialidad de Radiofísica Hospitalaria, Colegios Profesionales y las sociedades científicas implicadas:
1. Revisar las titulaciones del ámbito de la Física con las que se accede a la especialidad de Radiofísica hospitalaria.
2. Actualizar y redimensionar el Programa Oficial de la especialidad de Radiofísica Hospitalaria adaptándolo a la nueva realidad tecnológica y legislativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2024.-Carmen Martínez Ramírez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Carmen Castilla Álvarez, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, M.ª Isabel Moreno
Fernández, Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, Luis Carlos Sahuquillo García y Alba Soldevilla Novials, Diputados/as.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/000653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Igualdad relativa a la erradicación de la violencia vicaria.
Exposición de motivos
En lo que va de año 7 menores han sido asesinados por sus padres víctimas de la violencia vicaria, una de las formas de violencia machista más extrema, aquella por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son
instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres.
Según los datos del sistema VióGen del Ministerio de Interior 1.431 menores se encuentran expuestos a ser agredidos por el maltratador de su madre. Son datos absolutamente inadmisibles. El mero hecho de reconocer que un solo menor se
encuentra expuesto a este riesgo constituye el reconocimiento de un tremendo fracaso por parte del sistema que debería proteger especialmente a los niños y niñas.
A esta situación ha contribuido sin duda el conservadurismo de nuestro sistema judicial, alineado en numerosas ocasiones con las tesis negacionistas de la ultraderecha en materia de violencia de género. Aunque en la Ley 8/2021, de
protección a la infancia, impulsada por Unidas Podemos, se explícita que hay que suspender el régimen de visitas ante el más mínimo indicio de violencia machista, el Tribunal Supremo elevó el pasado 11 de enero
de 2023 esta cuestión al Tribunal Constitucional, tal y como hizo Vox en septiembre de 2021, creando una grave inseguridad jurídica y poniendo en riesgo a miles de menores. Por suerte, el Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión
avalando que se puede retirar y denegar la custodia a los padres maltratadores.
Sin embargo, a pesar de la ley y de la decisión del Constitucional, vemos como algunos jueces siguen sin querer aplicar y no suspender los regímenes de visita con los padres maltratadores. Poniendo en riesgo la vida de las niñas y niños y
también la de sus madres, en muchas ocasiones víctimas reconocidas de violencia de género.
Por todo lo expuesto se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir y hacer cumplir en su integridad la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia y, en particular, los artículos 92.7 y 94 del Código Civil, (reformados respectivamente por Ley Orgánica 8/2021,
de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica) para despojar de la custodia y no acordar régimen de visitas a los progenitores condenados o incursos en procedimientos de violencia machista, o cuando se aprecien indicios fundados de violencia en cualquier proceso, incluidos
los procedimientos civiles, contenciosos o de mutuo acuerdo.
2. Garantizar el presupuesto necesario para impulsar la especialización de los juzgados en violencias machistas así como la formación de todos los operadores jurídicos en todo tipo de violencias machistas, con especial atención a la
violencia vicaria, tal y como recogen las Disposiciones Finales 20.º y 21.ª de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
3. Desarrollar cuántas modificaciones legislativas sean necesarias para proteger a las víctimas potenciales de violencia vicaria reconocidas por el propio Ministerio de Interior.
4. Eliminar cualquier ayuda pública a las asociaciones o colectivos que niegan la violencia machista y que se sirven de bulos para victimizar a los padres maltratadores e imponer la custodia compartida, incluso cuando existe un riesgo para
el menor.
5. Destinar el presupuesto necesario para garantizar que todas las madres protectoras reciben las ayudas estipuladas por ley como víctimas de violencia de género, que incluye la violencia vicaria desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2004
por la Ley Orgánica 8/2021.
6. Asegurar que las madres protectoras cuyos hijos e hijas sean víctimas de violencias sexuales puedan acceder a los recursos de asesoramiento integral que ofrecen los centros de crisis de violencias sexuales.
7. Garantizar la reparación desde el Estado a las madres protectoras, especialmente a aquellas que han sido criminalizadas desde las instituciones. El Gobierno fijará un día para reconocer a las madres protectoras y pedirá perdón por la
criminalización y el desamparo al que las ha sometido a ellas y a sus hijos e hijas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Ministerio de Juventud e Infancia a que cumpla con sus obligaciones de publicidad activa de acuerdo lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Como establece el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 'La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes
fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué
criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos'.
Por su parte, tanto el art. 5.4 como el 21.2.f) establecen previsiones concretas en relación con la publicidad activa, señalando que los sujetos del art. 2.1 entre los que se encuentra la AGE y el gobierno, publicarán de forma periódica y
actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Y además, contarán con unidades especializadas para asegurar la
disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se creó el Ministerio de Juventud e Infancia, al que corresponde la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en materia de juventud y de protección del menor.
Tras casi 5 meses desde su creación, dicho departamento ministerial carece de página web oficial, solventando esta grave carencia con publicaciones en redes sociales e información en las webs de otros departamentos, lo que dificulta y
restringe el adecuado cumplimiento de su deber de publicidad activa.
En el contexto más amplio de la política española actual, una constante del gobierno, encabezado por el presidente Sánchez, está siendo la creación de nuevos ministerios, como es el caso del Ministerio de Juventud e Infancia. Esta
estrategia parece ser utilizada como herramienta de negociación en la formación de coaliciones gubernamentales, evidenciando una instrumentalización de las entidades ministeriales con fines políticos. Este enfoque es reflejo de la necesidad del
gobierno socialista de consolidar apoyo y estabilidad en un parlamento notoriamente fragmentado, lo que dificulta la gobernabilidad y conduce a un sobredimensionamiento de las instituciones.
Lamentablemente, la creación del Ministerio de Juventud e Infancia parece responder más a intereses políticos que a la necesidad de atender asuntos urgentes que afectan a la juventud del país. En lugar de focalizarse en las necesidades
directas de este sector, el ministerio ha sido utilizado para negociar apoyos políticos, asignando cargos ministeriales a partidos minoritarios como Izquierda Unida dentro de la coalición Sumar, a cambio de su respaldo en el gobierno.
El Partido Popular ha reconocido consistentemente la urgencia de atender las necesidades de los jóvenes, como lo demuestran las políticas implementadas en las diversas comunidades autónomas bajo su gobierno. En este contexto, exigimos que
el gobierno de Sánchez cumpla con su obligación de garantizar la transparencia activa, permitiéndonos realizar un seguimiento efectivo y ejercer un control adecuado sobre las medidas adoptadas por el Ministerio. Este esfuerzo de vigilancia es
esencial para contribuir positivamente a la sociedad y apoyar a los jóvenes, quienes enfrentan numerosos desafíos actualmente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir, en el plazo más breve posible, y en todo caso antes de dos meses, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en sus artículos 5.4 como el
21.2.f) relacionados con la publicidad activa, poniendo en marcha la página web oficial del Ministerio de Juventud e Infancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Noelia Núñez González, Beatriz Jiménez Linuesa, Cristina Abades Martínez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Violante Tomás Olivares, Beatriz Álvarez
Fanjul, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz, Pablo Pérez Coronado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Esperanza Reynal Reillo, Ana Belén Vázquez Blanco y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados/as.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de instrumentos de evaluación de impacto de las políticas
públicas sobre juventud, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Las políticas de juventud están enmarcadas en el artículo 48 de la Constitución Española cuyo contenido obliga a la promoción desde los poderes públicos de la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural. El mandato constitucional sobre la inclusión de la juventud en la sociedad se ha desarrollado durante la democracia a través de normativa, entidades y políticas públicas junto a las Comunidades Autónomas.
La creación de cauces de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las políticas públicas en materia de juventud ha contado con un marco normativo o reglamentario para el desempeño de las competencias y la determinación del
cumplimiento para la correcta participación de jóvenes en la sociedad a través del organismo público INJUVE o Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud Española (CJE), entidad pública creada por ley en 1983 que cambió a entidad privada
en 2014, transfiriendo sus funciones públicas al INJUVE. Esta cogobernanza ha abierto progresivamente vías de participación para una generación que en las últimas décadas ha sido la más perjudicada de las crisis relacionadas con el mercado
financiero, la pandemia o las consecuencias económicas de conflictos bélicos.
La situación económica de la juventud española se ha precarizado especialmente tras la crisis de 2008. En términos de emancipación, el mercado laboral sitúa a las personas jóvenes en el grupo de trabajadores con empleos de corta duración,
precarios o a tiempo parcial y con escasa protección, y, en materia de vivienda, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, en 2023 tan solo el 16,3 % de la población joven española había logrado ser económicamente
independiente de sus padres y la edad media de emancipación ronda los 30 años.
Tras los últimos años hay una voluntad política para revertir las alarmantes cifras sobre temporalidad juvenil con la reforma laboral aprobada en 2022 por el Gobierno de España
y, también, de frenar los sueldos bajos, a través las consecutivas subidas del salario mínimo de 736 euros en 2017 a 1.134 en 2024.
En vivienda se han intensificado las políticas de regulación de alquileres con la Ley de Vivienda y se han generado nuevas ayudas tanto para el alquiler joven como para la compra a través de avales del ICO. En el ámbito de la formación se
ha conseguido rebajar a la mitad la tasa de abandono escolar en 10 años siendo actualmente de un 13 % y 1 de cada 3 estudiantes está becado para garantizar la igualdad de oportunidades según datos de Save The Children. La tasa de alfabetización es
del 98,59 % y casi la mitad de los españoles de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores a pesar de que existe un exceso de cualificación porque un 42 % de los jóvenes están sobre cualificados al haber cursado formación superior a la que exigen
sus puestos de trabajo.
La mejora de la salud mental o la lucha contra el cambio climático son nuevas causas que también implican a las personas jóvenes; aún queda camino por recorrer para erradicar el suicidio como primera causa externa de fallecimiento entre los
jóvenes españoles (20 a 39 años), o garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos a través de nuevas políticas verdes, ya que un 45 % de los jóvenes señala que la preocupación por el clima afecta a su vida cotidiana. Esta situación hace
necesario el tratamiento de políticas dedicadas a la juventud a través de una perspectiva que analice el diseño de las acciones gubernamentales de distintos ámbitos, así como también la evaluación de impacto en esta generación.
Los jóvenes representan alrededor del 25 % de toda la población de España y, sin embargo, en la elaboración y desarrollo de las políticas que les afectan no se está teniendo suficientemente en cuenta un enfoque joven. Por ello es hora de
institucionalizar la perspectiva joven en todas las áreas de actuación de gobierno para que pueda darse una respuesta efectiva a los problemas de la juventud española.
Esta petición se basa en las resoluciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, que propuso la implementación de herramientas de
evaluación del impacto en la juventud; una medida que el European Youth Forum (plataforma de los consejos juveniles nacionales y de las organizaciones juveniles no gubernamentales internacionales en Europa) concretó como 'EU Youth Test' o 'Test
joven', una acción que ya aplica el Consejo Económico y Social europeo o que demandan tanto el Comité Europeo de las Regiones como la Resolución del Año Europeo de la Juventud.
Desde el Grupo Socialista consideramos que trasladar este indicador a España podría aportarnos un análisis riguroso de la situación de la juventud, por ejemplo, a través de los Presupuestos Generales del Estado. De manera que se promueva,
entre otras medidas, la regulación de la elaboración de un informe de impacto, que establezca un análisis de cómo afectan las políticas de gasto en la juventud, entendida como sujeto de derechos, y tal como ya se viene haciendo con otros sectores de
la población.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que institucionalice la evaluación de la perspectiva joven en todas las áreas de actuación del gobierno, para que pueda darse una respuesta efectiva a los problemas de la juventud española, a
través del impulso de las siguientes medidas:
1. Crear herramientas para la evaluación del impacto en personas jóvenes de todas las políticas y normas impulsadas por la Administración General del Estado, en el marco de la implementación del EU Youth Test.
2. Promover las modificaciones normativas necesarias para incluir la evaluación ex ante de políticas públicas de la Administración General del Estado en clave joven, con la
elaboración de indicadores específicos sobre juventud por parte de los organismos y departamentos ministeriales competentes por razón de la materia.
3. Continuar impulsando acciones normativas que consoliden la elaboración de informes sobre el impacto que los Presupuestos Generales del Estado tienen en la juventud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Lázaro Azorín Salar, Víctor Camino Miñana, Inés Plaza García, Esther Rodríguez Suárez, Blanca Cercas Mena, Ana Cobo Carmona, Sonia Guerra López, Carmen Martínez Ramírez, Pepe
Mercadal Baquero, María de las Nieves Ramírez Moreno, Ada Santana Aguilera y Ferran Verdejo Vicente, Diputados/as.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la gratuidad del
primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La OCDE ha señalado que está demostrada la función esencial que desempeña la Educación Infantil en el bienestar del niño y en su desarrollo cognitivo y socioemocional. Además, cursar la etapa de Educación Infantil puede contribuir a
favorecer la cohesión social y mitigar la desigualdad social y contribuye a la igualdad de oportunidades de los niños de zonas rurales. Por otra parte, la extensión de la educación infantil contribuye a la detección y atención temprana de
discapacidades.
El último informe PISA 2022 recoge que, en España, el 97 % informó haber asistido a educación infantil durante un año o más. En promedio en los países de la OCDE, los estudiantes que habían asistido a educación preescolar de un año o más
obtuvieron puntajes más altos en matemáticas a la edad de 15 años que los estudiantes que nunca asistieron o que habían asistido durante menos de un año, incluso después de tener en cuenta los factores socioeconómicos.
Según el informe Panorama de la Educación 2023 de la OCDE, la asistencia a una educación infantil de alta calidad tiene un efecto positivo en el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de la población infantil en los primeros años de su
vida. En España, el 56 % de la población de 2 años está escolarizada en educación infantil. Esto aumenta al 94 % de los niños de 3 años, el 97 % de los niños de 4 años y el 97 % de los niños de 5 años.
El último informe TIMMS 2019, publicado en diciembre de 2020, destaca también que en España el porcentaje de estudiantes que asistió a primer ciclo de Educación Infantil es del 75 %, muy por encima del promedio del resto de países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 52 %, y del total de la Unión Europea (UE), 43 %.
Y esta escolarización temprana permite que el alumnado acceda a la educación Primaria con destrezas de lectura, escritura y matemáticas superiores al promedio de la OCDE y del total de la UE y, a largo plazo, influye positivamente en el
rendimiento del alumnado. Así, la diferencia en el rendimiento en matemáticas entre los estudiantes que asistieron a Educación Infantil de primer ciclo y los que no asistieron es de cinco puntos en la UE y de diez en el promedio de la OCDE. En
España, esta diferencia crece hasta los 26 puntos, solo por detrás de Suecia, Turquía y Bulgaria. Ocurre lo mismo en ciencias, con diferencias de rendimiento de entre cuatro (UE) y 11 puntos (OCDE). En el caso de España, los alumnos que fueron
escolarizados antes de los tres años obtuvieron de media 18 puntos más que los que no lo hicieron.
Sin embargo, la reforma educativa del Gobierno a través de la LOMLOE no regula la educación infantil como una etapa voluntaria y gratuita, y el Gobierno no ha dado cumplimiento a su disposición adicional tercera que, bajo el título
'Extensión de la educación infantil' establece que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaboraría un plan de ocho años de duración para la extensión del primer
ciclo de educación infantil que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible, con equidad y calidad, sin que existiera una memoria económica al respecto ni se garantice una oferta educativa plural.
El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, Componente 21 para la modernización y digitalización del sistema educativo, ha dispuesto una inversión total de 670,1 millones de euros para la creación de más de 65.000 plazas de
titularidad pública, marginando a otros centros. Lo que constituye una política que se aleja de los principios de libertad y equidad que debe regir el sistema educativo español. En definitiva, una oportunidad perdida al no poder utilizar estos
fondos para ampliar la cobertura de la educación Infantil de 0 a 3 años que, en territorios como Andalucía roza el 52 %.
El componente 21 recogía que, según datos del curso 2016-17, la proporción de centros exclusivos de Educación Infantil es similar entre centros públicos (4.456) y privados (4.495), pero en las zonas rurales el sistema público tiene un mayor
peso que el privado, debido al retraimiento de la oferta privada. Esta situación lleva a que el servicio de Educación Infantil en las áreas rurales recaiga de forma importante sobre el sistema público (Fuente; S.G.Estadísticas y Estudios del
MEFP).
De otro lado, se reconocía que entre las causas por las que las familias no llevan a sus hijos a centros de atención y Educación Infantil: La principal (52,4 %) es no poder asumir el gasto que este servicio conlleva si bien las causas
alegadas varían en función del grupo de renta al que se pertenece (Fuente: 'El primer ciclo de la Educación Infantil en las CC.AA. a través de la revisión normativa', Publicaciones MEFP, Año 2020).
La ausencia de una regulación que garantice la gratuidad de esta etapa supone una desigualdad de derechos de las familias en función de la comunidad autónoma en la que resida, porque no todas las comunidades garantizan la gratuidad de la
educación infantil ni lo hacen de la misma manera.
La pasada legislatura, en diciembre de 2021, se aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil, presentada por el Parlamento de
Andalucía, pero el Grupo Socialista y sus socios permitieron que caducara y no siguiera su tramitación.
El Partido Popular, por su parte, sí tiene el firme compromiso de garantizar la gratuidad de esta etapa, y junto con las comunidades autónomas con Gobiernos de PP, en la Declaración de Córdoba de marzo de 2024, Acuerdos por una España plural
de ciudadanos libres e iguales, se acordó, con el objetivo de que los ciudadanos disfruten de una España mejor y más cohesionada, la resolución de impulsar y profundizar en un modelo autonómico que, respetando la pluralidad y el autogobierno de cada
territorio, colabore decididamente para garantizar la igualdad y la cohesión, y aplicar en esta legislatura de manera progresiva la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, adaptándose en cada territorio a los modelos que tengan
implantados.
Asimismo, el Partido Popular se ha comprometido a financiar el 50 por ciento en cuanto vuelva a asumir las responsabilidades del Gobierno de España, convencido de que esta es una etapa clave para la conciliación y la corresponsabilidad y con
gran impacto en la formación educativa de los menores y en la reducción de las desigualdades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar en el primer ciclo de la Educación Infantil, de cero a tres años, la gratuidad en todos los centros educativos como medida de equidad.
2. Promover y coordinar la oferta de plazas suficientes y los diferentes modelos de financiación, para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de los padres. Asimismo, garantizar que ningún niño por razones
socioeconómicas vea impedido su acceso a esta etapa educativa.
3. Impulsar en esta etapa medidas de carácter compensatorio para aquellos alumnos en situación de desventaja social, económica y cultural.
4. Garantizar la escolarización y el apoyo educativo de los alumnos con necesidades educativas específicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Ana Isabel Alós López, Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Beatriz Álvarez Fanjul,
Ana Belén Vázquez Blanco, Bartolomé Madrid Olmo, Beatriz Jiménez Linuesa, Esperanza Reynal Reillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, María del Mar Vázquez Jiménez, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz y Pablo Pérez Coronado, Diputados/as.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre impulso de la asistencia personal para las personas en situación de dependencia, para
su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El servicio de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas en situación de dependencia. Consiste en la prestación de apoyos a través de profesionales conforme
a un plan personal, en el que se concreten las actividades de la vida diaria, que permita a la persona desarrollar su proyecto de vida de acuerdo con sus necesidades y preferencias.
La asistencia personal es una figura clave en la promoción de la autonomía personal y la inclusión de las personas en situación de dependencia en la sociedad. En España, la regulación de esta figura se encuentra principalmente encuadrada
dentro del marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por España en 2008, así como en la legislación nacional y autonómica específica.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad. La asistencia personal se considera una herramienta
fundamental para garantizar este derecho, ya que permite a las personas que lo necesiten ejercer un mayor control sobre sus vidas y tomar decisiones de forma autónoma.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia define la asistencia personal y establece una prestación económica para su contratación. Esta prestación económica
tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia. Su objetivo es contribuirá la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación
y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.
Recientemente se ha publicado la Resolución de 24 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, cuyo
objeto es definir y establecer un marco común de condiciones específicas de acceso a la asistencia personal y de las características de la misma.
Por otro lado, existen diferentes regulaciones de la figura de la asistencia personal en las distintas comunidades autónomas.
Para seguir avanzando en la protección de los derechos de las personas con discapacidad es necesario seguir desarrollando y mejorando la asistencia personal, afrontando los retos pendientes que se demandan desde las organizaciones que velan
por las personas con discapacidad. En este sentido, el movimiento asociativo ha advertido de la necesidad de que se facilite a las personas beneficiarías del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una adecuada información sobre la
prestación de asistencia personal.
Por otra parte, se deben abordar diferentes aspectos como es ofrecer la posibilidad de compatibilizar la prestación de asistencia personal con otras prestaciones, para garantizar a las personas en situación de dependencia una atención
integral y una plena integración en la sociedad.
También es necesario incrementar las cuantías destinadas a la prestación económica de asistencia personal, con el fin de garantizar la contribución al pago de dicho servicio, propiciando una relación sostenible y continuada en el tiempo,
evitando así la no deseada rotación de personal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir desarrollando la promoción de la autonomía personal, contemplada en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, promoviendo la
asistencia personal. Para ello se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:
1. Implementar las medidas necesarias para desplegar el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se definen y establecen las condiciones específicas de
acceso a la asistencia personal en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, recogido en la Resolución de 24 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
2. Ofrecer la posibilidad de compatibilizar la prestación de asistencia personal con otras prestaciones.
3. Incorporar a la cartera de servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia el servicio de asistencia personal, además de la prestación económica, a través de una modificación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Emilio Sáez Cruz, Teresa Llorens Carbonell, Inés Plaza García, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Olvido de la Rosa Baena, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María
Mercè Perea i Conillas, Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García y Margarita Martín Rodríguez, Diputados/as.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el despliegue efectivo del Plan
de Acción de la Estrategia Española en TEA, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo, aprobada por el Gobierno del Partido Popular en noviembre de 2015, supuso el marco de referencia en la definición de acciones estatales, autonómicas y locales para contribuir a
ofrecer en todos los territorios una orientación común que garantice la igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del colectivo de personas con Trastornos del Espectro Autista, TEA y sus familias. La Estrategia se llevó a
cabo a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con las tres entidades representantes del movimiento asociativo del autismo a nivel estatal, Confederación Autismo España, Confederación Española de Autismo
FESPAU y Confederación Asperger España, así como del resto de ministerios y de las comunidades autónomas.
La Estrategia recoge 15 líneas estratégicas, 4 de ellas transversales y 11 específicas, a desarrollar en un Plan de Acción con medidas y acciones concretas.
Durante la primera etapa vital, la línea estratégica más importante es la detección temprana. Los TEA afectan al neurodesarrollo desde las etapas prenatales y es posible diagnosticarlos hacia los 2 años. Sin embargo, tanto España como la
mayoría de los países europeos tienen dificultades para hacer un diagnóstico temprano, aspecto que es necesario mejorar y que es uno de los principales objetivos que establece la estrategia.
Se han tenido en cuenta los avances en el conocimiento sobre el trastorno del autismo y los trastornos generalizados del desarrollo, que han implicado cambios en los criterios de diagnóstico y valoración y, por tanto, en los modos de
intervenir en los ámbitos sociales. Durante la escolarización, la educación inclusiva es la principal estrategia para garantizar la mejor calidad de vida a las personas con autismo. Para conseguirlo se ha de promover la especialización, innovación
y flexibilización de las modalidades de escolarización a lo largo de todas las etapas de la vida.
Con la llegada a la vida adulta, los afectados se enfrentan a dificultades para acceder o mantener un empleo. Por ello, la estrategia persigue proteger el derecho de las personas con TEA a la vida independiente, la autonomía, la igualdad y
la accesibilidad.
También el empleo, para lo que la estrategia propone fomentar apoyos al trabajador con TEA y a los empleadores.
Uno de los principales objetivos de la estrategia es promover la investigación y el conocimiento de TEA favoreciendo el desarrollo de sistemas de información coordinados entre comunidades. Asimismo, para mejorar el grado de conocimiento de
la sociedad sobre el trastorno, la estrategia se marca también como objetivo el fomento de campañas de concienciación y facilitar el acceso a información fiable.
Otras de las líneas estratégicas están relacionadas con la salud y atención sanitaria, favoreciendo los procesos asistenciales integrados, la atención especializada y multidisciplinar; con la mejora del tejido asociativo y el acceso de las
personas con TEA a los recursos comunitarios; con la formación de profesionales y con la justicia y empoderamiento de derechos, pues trata de promover la protección de sus derechos en los procesos judiciales y ante las situaciones de abusos y
violencia.
La moción de censura al Gobierno del Partido Popular impidió que el Plan de acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo se pudiera aprobar, quedando relegado durante cinco años, hasta que en julio de 2023, el
Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad, en su sesión ordinaria de 5 de julio, aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el I Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027, documento que ha sido
redactado por el Centro Español sobre Trastorno del Espectro del Autismo, centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En el Plan de Acción de la Estrategia en Trastorno del Espectro del Autismo queda recogido que tiene un período de ejecución de 4 años desde su aprobación; de modo que se implementará entre los años 2023 y 2027.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aplicar de manera real y efectiva, y lo antes posible, las acciones y presupuestos contenidos en el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo
para que las personas con autismo y sus familias puedan beneficiarse cuanto antes, como ciudadanos de pleno derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo,
Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Violante Tomás Olivares, Diputados/as.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para realizar una macroencuesta sobre
la violencia de género de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Según el Informe de la Fundación CERMI Mujeres basado en los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la mujer de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero, el 40,4 % de las mujeres con discapacidad vivió algún tipo de
violencia en la pareja frente al 31,9 % de las mujeres sin discapacidad, ésta engloba situaciones de violencia psicológica, física y sexual. Fuera del contexto de pareja es algo mayor el porcentaje de las mujeres con discapacidad que vivieron estas
situaciones de violencia física en la infancia, un 55,2 %, y entre las mujeres sin discapacidad que sí confrontaron esta violencia un 47,7 % tenía menos de 15 años.
Asimismo, el 40% de las mujeres con discapacidad ha vivido en algún momento de su vida una situación de acoso sexual. El 42 % de las mujeres con discapacidad estuvo expuesta a violencia sexual en la infancia cuando era menor de 15 años,
perpetrada por agresores distintos a la pareja. El 14 % de mujeres con discapacidad supervivientes de violencia sexual, fuera de la pareja, desarrolló la discapacidad como consecuencia de esta violencia. El 23 % de las mujeres afirma que su
discapacidad es consecuencia de la violencia física o sexual ejercida sobre ellas por sus parejas.
Estas consecuencias discapacitantes son, entre otras, como informa la Fundación CERMI Mujeres, lesiones físicas, retrocesos o dificultades en el desarrollo, alteraciones y trastornos del sueño, de la alimentación o el control de esfínteres,
infecciones de transmisión sexual o el desarrollo de discapacidad psicosocial, incluyendo dolencias como inseguridad, desconfianza, problemas de inhibición y miedos, aislamiento, autolesiones, agresividad, conflictividad con familia y amistades,
abuso de sustancias, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad o estrés postraumático.
Esto nos lleva a visualizar con total claridad que mujeres y niñas con discapacidad experimentan violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales de manera
muy intensa. Con ello nos estamos refiriendo al deterioro grave de la integridad física y psicológica, pero también a los maltratos estructurales.
Tal y como se refiere en el informe publicado por la Fundación CERMI Mujeres, la violencia tiene un impacto directo en la salud mental de las mujeres. La pérdida de autoestima es la principal consecuencia citada en el 40,3 % de mujeres con
discapacidad lo refiere frente al 16,4 % de mujeres sin discapacidad, proporción que se incrementa en estas últimas al 43,6 % de los casos y al 55,8 % de las mujeres con discapacidad cuando hablan sobre la pareja del pasado. La segunda consecuencia
es la ansiedad, seguida de la desesperación, así como la depresión, y los problemas de sueño o alimentación. Respecto al impacto de la violencia del pasado cabe señalar que el 24,5 % de mujeres con discapacidad han tenido pensamientos de suicidio o
se han autolesionado frente al 6,4 % de mujeres sin discapacidad, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.
El principal problema al que se enfrentan las mujeres con discapacidad expuestas a violencias machistas es la invisibilidad y el olvido en el que viven esta realidad; por ello, una macroencuesta permitiría la puesta en marcha de una
política pública adecuada que sitúe en el centro a todas las mujeres sin excepción y que se tome en consideración los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, el incesto, la pobreza,
la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad-
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una macroencuesta sobre la violencia de género de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Ana Isabel Alós López, Beatriz Álvarez Fanjul, Silvia Franco González, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez,
Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Violante Tomás Olivares,
Diputados/as.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para resolver, de manera urgente, los
problemas que está generando a las Comunidades Autónomas la aplicación del baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El 18 de octubre de 2022 se aprobó el Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que sustituyó al baremo que estaba en vigor desde 1999 y que
entró en vigor el 20 de abril de 2023, que se materializó en la posterior normativa que fijó su uso en la 'Orden DSA/934/2023, de 19 de julio, por la que se modifican los baremos que figuran como Anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto
888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad'.
Un procedimiento que el anterior gobierno del Partido Popular trabajó junto a las Comunidades Autónomas y a las organizaciones de la discapacidad y dejó elaborado en el año 2017. Este nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad establece una nueva fórmula a través de cuatro nuevos baremos, adaptándose así a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Clasificación
Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Sin embargo, la moción de censura y el cambio posterior de gobierno impidió que se aprobará, retrasando la aprobación y puesta en marcha cinco años.
A pesar de las mejoras evidentes que presentaba este nuevo modelo, también tenía una mayor complejidad a la hora de aplicarlo. Por este motivo, era necesaria una formación específica dirigida a todo personal valorador de las Comunidades
Autónomas, Diputaciones Forales y Ceuta y Melilla y así se comprometió el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
A pesar de este compromiso, la formación realizada ha sido del todo insuficiente, se realizó in extremis coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema, sin dar margen a los equipos de valoración de procesarla, no llegó a todos los
profesionales que los forman y no fue lo suficientemente completa para garantizar una adecuada implantación.
Esta circunstancia unida a la puesta en marcha de una nueva herramienta informática para baremar la discapacidad, denominada Baredi, que no estaba finalizada cuando entró en vigor, que presentaba desde el primer momento deficiencias y
disfunciones destacables y que ha sido por ello objeto de varias actualizaciones para corregirlas; como la incompatibilidad con los programas propios de las administraciones competentes, que han necesitado de una adaptación específica a los nuevos
protocolos, ha provocado un colapso del sistema de valoración de la discapacidad, que ha afectado prácticamente a todos los territorios del Estado.
Un informe del CERMI sobre período medio de espera para obtener la valoración del grado de discapacidad según Comunidades y Ciudades Autónomas publicado el 31 enero de 2024, demuestra que la aplicación del nuevo procedimiento ha dado
innumerables problemas que han alargado los plazos de tramitación de los expedientes que se están tramitando con demoras de más de un año, con una media de 10,4 meses de espera, cuando la ley establece un plazo máximo de 6 meses para darle una
respuesta al ciudadano que solicita una valoración, privando a muchas personas de un derecho fundamental que les otorga acceso a ayudas cruciales para mejorar su calidad de vida.
Además, el personal técnico de valoración ha constatado que los criterios establecidos en el Real Decreto 888/2022 tienen carencias a la hora de aplicar la combinación de los diferentes baremos que se utilizan para valorar, lo que está
provocando reducciones en el grado de discapacidad resultante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Resolver, de manera urgente, los problemas que está generando a las Comunidades Autónomas la aplicación del nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
2) Llevar a cabo la formación completa y especializada dirigida a todo el personal valorador sobre la aplicación e implantación del nuevo procedimiento y sus cuatro baremos, así como de la herramienta Baredi.
3) Corregir todas las deficiencias y disfunciones de la herramienta Baredi detectadas por los equipos de valoración, así como poner a disposición los recursos que sean necesarios, con el objetivo de facilitar y agilizar al máximo la
tramitación de los expedientes y cumplir así el plazo máximo de seis meses.
4) A que, una vez superado el primer año de implantación, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) elabore un informe de seguimiento y evaluación del nuevo baremo para estudiar y evaluar si las expectativas de flexibilidad,
accesibilidad y agilidad
se cumplen, así como detectar sus deficiencias y necesidades. Este informe deberá ser publicado y presentado por el IMSERSO ante esta Cámara de forma anual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo,
Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Violante Tomás Olivares, Diputados/as.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000121
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Bella Verano Domínguez, doña Esther Llamazares Domingo, doña Ana Pastor Julián, doña Ana Martínez Labella, doña Cristina Teniente Sánchez, doña M.ª Soledad Cruz-Guzmán García, don Juan Bravo Baena, don Manuel García Félix,
don Héctor Palencia Rubio, don José Alberto Herrero Bono, don Celso Delgado Arce, don Óscar Ramajo Prada, don Luis María Beamonte Mesa, don Tomás Cabezón Casas, don Javier Merino Martínez y don Juan Antonio Rojas Manrique
Texto:
¿Va a adquirir este Gobierno el compromiso inequívoco en el desarrollo de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla y trasladar a la Unión Europea la necesidad de unir mediante un corredor ferroviario el Algarve con Andalucía, defender
su inclusión como obra prioritaria en la Red Transeuropea de Transportes y dotar de los fondos necesarios para el inicio de los trabajos previos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Bella Verano Domínguez, Esther Llamazares Domingo, Ana Pastor Julián, Ana Martínez Labella, Cristina Teniente Sánchez, M.ª Soledad Cruz-Guzmán, Juan Bravo Baena, Manuel García
Félix, don Héctor Palencia Rubio, José Alberto Herrero Bono, Celso Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, Javier Merino Martínez y Juan Antonio Rojas Manrique, Diputados/as.
181/000122
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Bella Verano Domínguez, doña Esther Llamazares Domingo, doña Ana Pastor Julián, doña Ana Martínez Labella, doña Cristina Teniente Sánchez, doña M.ª Soledad Cruz-Guzmán García, don Juan Bravo Baena, don Manuel García Félix,
don Héctor Palencia Rubio, don José Alberto Herrero Bono, don Celso Delgado Arce, don Óscar Ramajo Prada, don Luis María Beamonte Mesa, don Tomás Cabezón Casas, don Javier Merino Martínez y don Juan Antonio Rojas Manrique
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar acabo una actuación integral en la N-435 ante el gran deterioro de la misma tal y como reclama toda la ciudadanía y, en su caso, qué partida presupuestaria y qué
fecha de ejecución tendría dicha actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Bella Verano Domínguez, Esther Llamazares Domingo, Ana Pastor Julián, Ana Martínez Labella, Cristina Teniente Sánchez, M.ª Soledad Cruz-Guzmán García, Juan Bravo Baena, Manuel
García Félix, Héctor Palencia Rubio, José Alberto Herrero Bono, Celso Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, Javier Merino Martínez y Juan Antonio Rojas Manrique, Diputados/as.
181/000123
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Bella Verano Domínguez, doña Esther Llamazares Domingo, doña Ana Pastor Julián, doña Ana Martínez Labella, doña Cristina Teniente Sánchez, doña M.ª Soledad Cruz-Guzmán García, don Juan Bravo Baena, don Manuel García Félix,
don Héctor Palencia Rubio, don José Alberto Herrero Bono, don Celso Delgado Arce, don Óscar Ramajo Prada, don Luis María Beamonte Mesa, don Tomás Cabezón Casas, don Javier Merino Martínez y don Juan Antonio Rojas Manrique
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo una actuación integral en la Autopista del V Centenario, A49, ante el gran deterioro de la misma tal y como reclama toda la ciudadanía y, en su caso, qué
partida presupuestaria y qué fecha de ejecución tendría dicha actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Bella Verano Domínguez, Esther Llamazares Domingo, Ana Pastor Julián, Ana Martínez Labella, Cristina Teniente Sánchez, M.ª Soledad Cruz-Guzmán García, Juan Bravo Baena, Manuel
García Félix, Héctor Palencia Rubio, José Alberto Herrero Bono, Celso Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, Javier Merino Martínez y Juan Antonio Rojas Manrique, Diputados/as.
181/000124
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Bella Verano Domínguez, doña Esther Llamazares Domingo, doña Ana Pastor Julián, doña Ana Martínez Labella, doña Cristina Teniente Sánchez, doña M.ª
Soledad Cruz-Guzmán García, don Juan Bravo Baena, don Manuel García Félix, don Héctor Palencia Rubio, don José Alberto Herrero Bono, don Celso Delgado Arce, don Óscar Ramajo Prada, don Luis María Beamonte Mesa, don Tomás Cabezón Casas, don
Javier Merino Martínez y don Juan Antonio Rojas Manrique
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo una actuación para la mejora del firme en la N-433 y, en su caso, qué partida presupuestaria y qué fecha de ejecución tendría dicha actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2024.-Bella Verano Domínguez, Esther Llamazares Domingo, Ana Pastor Julián, Ana Martínez Labella, Cristina Teniente Sánchez, M.ª Soledad Cruz-Guzmán García, Juan Bravo Baena, Manuel
García Félix, Héctor Palencia Rubio, José Alberto Herrero Bono, Celso Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, Javier Merino Martínez y Juan Antonio Rojas Manrique, Diputados/as.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/007146
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR).
Compromiso del Gobierno para financiar el 100 % con fondos provenientes de la Unión Europea diversas obras para solucionar los vertidos de aguas contaminadas del Parque Natural de l'Albufera.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Águeda Mico y Mico, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
En el Plan Hidrológico vigente de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, el gobierno central se comprometió a financiar al 100 % con fondos provenientes de la Unión Europea una serie de obras propuestas por la anterior administración de la
Generalitat Valenciana para solucionar los vertidos de aguas contaminadas del Parque Natural de l'Albufera:
En el programa de medidas (Anejo 10), se pueden observar:
1. Medida ES080_3_08M1592 Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur: 19 millones de euros.
2. Medida ES080_3_08M1593 Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcásser para el tratamiento y depuración de las aguas del nuevo Colector Sur: 35 millones de euros.
3. Medida ES080_3_08M1594 Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de balsas para la regulación y red de distribución de los efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcásser: 36 millones de euros.
En total, 90 millones de euros de inversión para esta nueva infraestructura.
Recientemente, este proyecto que ya tenía financiación del Estado ha sido desestimado por la nueva administración de la Generalitat Valenciana, en palabras de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Da Salomé
Pradas.
Por todo ello, se realizan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué va a pasar con la financiación comprometida por el gobierno central y ya aprobada en el Plan Hidrológico del Júcar para estos proyectos una vez se han desestimado por la nueva administración de la Generalitat?
2. ¿Se ha puesto en contacto la Generalitat Valenciana con el Ministerio de Transición Ecológica o con la Confederación Hidrográfica del Júcar para comunicar formalmente la desestimación de estos proyectos?
3. ¿Tiene intención el gobierno central de derivar estos 90 millones a otros proyectos de conservación para l'Albufera de Valencia o se van a derivar a otras necesidades de inversión?
4. ¿Ha solicitado formalmente la Generalitat Valenciana destinar este montante a otros proyectos de inversión para proteger el Parque Natural de l'Albufera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/007147
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR).
Restauración y renaturalización del embalse de Bellús.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024. -P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Águeda Mico y Mico, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante su respuesta por escrito.
El embalse de Bellús se construyó en 1995 para laminar las aguas del Río Albaida (Cuenca Hidrográfica del Júcar). Esta infraestructura acarreó la inundación de buena parte de los municipios de Benigánim, Bellús, Guadasséquies, Sempere,
Benisuera y la afección a los términos municipales de La Pobla del Duc, Quatretonda, Otos, Alfarrasí y Montaverner, todos ellos de La Valí d'Albaida (Valéncia).
Los informes anuales de calidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) lo califican, año tras año, como uno de los embalses más contaminados de la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Además, es junto al embalse de Beniarrés uno
de los pocos embalses cuya área de afección no ha sido restaurada y renaturalizada.
La dejadez del estado y del Ministerio ha provocado que después de casi 30 años de la construcción de esta infraestructura, los pueblos de La Valí d'Albaida sigan sufriendo los efectos negativos de esta infraestructura sin que el gobierno
tome cartas en el asunto.
El Embalse de Bellús no solamente anegó los campos de mayor fertilidad y las fuentes termales del antiguo Balneario de Bellús. Actualmente, los malos olores que desprende el embalse a causa de la contaminación de sus aguas y la degradación
del paisaje, afectan de manera directa a las localidades limítrofes y a su vez ponen en serio riesgo un enclave declarado Lugar de Interés Comunitario, y por tanto incluido en la Red Natura 2000.
Tras años de luchas y quejas por parte de la población, el pasado 31 de marzo del 2023, la Confederación Hidrográfica del Júcar, anunció en Benigánim su compromiso para mejorar el estado de la calidad de las aguas del embalse de Bellús con
una batería de actuaciones que suponen una inversión de más de 25 millones de euros en este enclave natural. Una deuda histórica en los municipios afectados, tal y como recoge la propia web de la CHJ
(https://www.chi.es/es-es/ciudadano/salaprensa/Paainas/CHJ-destina-25-millon es-euros-para-mejorar-calidad-aquas-embalse-Bellus.aspx ). Se trata de una serie de trabajos que se han de desarrollar aguas arriba de la presa, así como en su interior y
aguas abajo de la misma, con el objetivo de resolver una situación histórica que ha generado problemas para las poblaciones de Benigánim, Bellús, Guadasséquies, Sempere y Benissuera, así como el entorno natural del embalse.
Entre la batería de actuaciones anunciadas por la CHJ aguas arriba del embalse, destacó los proyectos para la instalación de nuevos colectores en Ontinyent y l'Olleria, la construcción de un tanque de tormentas en Benigánim y la ampliación
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alfarrasí. Los cuatro proyectos cuentan con un presupuesto conjunto de 20 millones de euros.
En el propio embalse, la CHJ propuso medidas para la disminución de la eutrofización, causada por la acumulación de nutrientes en el agua, mediante la retirada de más de 40 toneladas de peces, fundamentalmente especies invasoras, del embalse
o el dragado de fangos en zonas con grandes acumulaciones de materia orgánica.
La CHJ anunció la restauración del entorno del embalse, mediante una revegetación de su corona y la adecuación del entorno. Desde los municipios afectados, se planteó la necesidad de dinamizar el embalse, con la finalidad de convertirlo en
un entorno natural y un dinamizador del turismo local, capaz de revertir las connotaciones negativas que padece actualmente el embalse.
La proximidad del embalse a las poblaciones hace necesario la implicación de la ciudadanía en el proceso, ya que algunos municipios como Sempere (municipio más pequeño de la provincia de Valéncia) se encuentran a menos de 18 metros de la
zona afectada por el Embalse. Es por ello que desde los municipios afectados se planteó la necesidad de abrir mecanismos de cogobernanza que permitan a la ciudadanía participar en la toma de decisiones, de una infraestructura que lastra el
desarrollo de sus municipios sin que exista un mínimo retorno a la sociedad.
Finalmente, bien cabría esperar del ministerio el pago del IBI del Embalse de Bellús que es recurrido sistemáticamente en los tribunales, cuando es reclamado por alguno de los Ayuntamientos afectados.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo se pretende empezar con las obras en los colectores de Ontinyent y l'Olleria, el tanque de tormenta de Benigánim y la EDAR de Alfarrasí?
2. ¿Cuándo tiene previsto el ministerio empezar con el proyecto de restauración de la corona del Embalse de Bellús?
3. ¿Tiene previsto el Ministerio contar con la ciudadanía en el proceso de restauración o volverán a ver desde sus casas como el Gobierno de España actúa a escasos metros de sus viviendas sin que les dé voz en el proceso?
4. ¿Piensa el gobierno compensar, en algún momento, el impacto negativo de vivir a escasos metros de una infraestructura contaminada a los municipios afectados, pagando el correspondiente IBI al igual que realizan el resto de agentes
sociales y económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/007148
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR).
Propuesta de convenio entre Acuamed y la Diputación de Castelló para integrar las desaladoras de Moncofa y Orpesa a los 30 municipios que integran los consorcios de la Plana Baixa y del Pla de l'Arc.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Águeda Mico y Mico, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
Las desaladoras de Moncofa y Orpesa, impulsadas por el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, supusieron una inversión de cerca de 100 millones de euros, con el objetivo de garantizar la suficiencia hídrica de la provincia. Sin embargo,
actualmente, sólo suministran a las localidades de Orpesa y Moncofa, además de a Benicássim y a Cabanes.
Ante la situación de sequía que sufren las comarcas de Castelló, desde la Diputación se anunció recientemente que Acuamed y la Diputado de Castelló, están ultimando el convenio para integrar las desaladoras a los 30 municipios que integran
los consorcios de la Plana Baixa y del Pla de l'Arc.
La propuesta de convenio incluye la conexión de las desaladoras de Orpesa y Moncofa con ambos consorcios y supone un presupuesto de 45 millones, de los que el 80% podrían ser financiados con fondos de la Unión Europea; además de otra
conducción con Torreblanca, sin colaboración europea.
Ante la situación hídrica de emergencia de las comarcas de Castelló formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas reuniones se han producido entre representantes y/o personal técnico del Ministerio y/o representantes de la empresa pública Acuamed con representantes y personal técnico de la Diputado de Castelló desde el 5 de julio de 2023?
2. ¿Cuál es la propuesta de Acuamed para la financiación de estas conexiones?
3. Desde el momento que se suscriba el convenio con la Diputado, ¿cuál es el plazo estimado para poder iniciar la ejecución de las condiciones?
4. ¿Cuál sería el escenario más optimista de finalización de la ejecución y puesta en marcha de las diferentes conexiones previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.