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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 104, de 12/03/2024
cve: BOCG-15-D-104-C1
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de marzo de 2024
Núm. 104
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la inclusión de la Corona y otros estamentos del Estado en los estudios y valoraciones del Centro de Investigaciones Sociológicas ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al segundo año de prisión preventiva del periodista Pablo González en Polonia ... (Página11)
161/000402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la invasión de Ucrania por parte de Rusia que comenzó el 24 de febrero de 2022 ... (Página13)
161/000406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la celebración de una nueva Conferencia de Paz entre Israel y Palestina ... (Página14)
161/000416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al segundo año de prisión preventiva del periodista Pablo González en Polonia ... (Página16)
161/000417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la crisis en Gaza ... (Página17)
Comisión de Defensa
161/000388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre supresión de desfiles militares ... (Página21)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar que se aceleren los trabajos de ejecución de las obras de la Ronda Sur de Logroño, 'Autovía A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete' ...
(Página24)
161/000373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la gratuidad de los peajes del tramo de la AP-9 Vilar do Colo-Miño durante las obras da Ponte de Pedra entre Pontedeume y Cabanas ...
161/000386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dotar a la conexión ferroviaria entre Logroño y Madrid de más frecuencias diarias y la incorporación del servicio Talgo AVRIL ...
161/000389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación del topónimo de Sierra de Cantabria ... (Página29)
161/000404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los retos estratégicos previstos en el Plan de Vuelo 2021-2025 con el objetivo de mejorar la seguridad, la calidad de los servicios, la sostenibilidad,
la eficiencia y la competitividad de la movilidad aérea ... (Página32)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento del turismo deportivo ... (Página33)
161/000401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez como acontecimiento de excepcional interés público ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de incrementar el personal y los medios de la Inspección de Trabajo en Galicia ... (Página35)
161/000405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las competencias para la gestión de incapacidad temporal en atención primaria y hospital ... (Página39)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada ... (Página40)
161/000400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de una nueva Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ... (Página42)
161/000410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regularización de los requisitos para la comercialización de los juegos de lotería ... (Página43)
161/000413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre consumo responsable y sostenible ... (Página45)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para paliar el efecto de los ataques a los productos agroalimentarios por parte del Gobierno de España y específicamente en territorio francés ...
(Página47)
161/000378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar una política hidrológica que afronte los problemas del sistema alimentario español ... (Página49)
161/000379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para revisar las políticas agraria y ganadera y solucionar los problemas del sector primario español ... (Página50)
161/000391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el conocimiento de las poblaciones y gestión de la pesquería de sardina ... (Página52)
Comisión de Política Territorial
161/000395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización del macroproyecto de la Cuna del Alma ... (Página53)
161/000408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la transformación digital de los pequeños municipios ... (Página54)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la implementación de medidas de gestión hídrica y prevención de avenidas en la ciudad y provincia de Segovia ...
161/000380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayudas para el apagón de la televisión digital terrestre en municipios rurales ... (Página57)
161/000418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la rebaja del IVA al 5% en la factura de la luz, gas y biomasa y otras rebajas fiscales a la electricidad ...
161/000419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar los procesos tecnológicos relacionados con la captura, almacenamiento y usos de CO2 para reducir el balance de emisiones ...
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la construcción de vivienda social y protegida en España ... (Página65)
161/000398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la limitación de la compra de viviendas a no residentes en las Illes Balears y en las Islas Canarias ... (Página68)
161/000411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para consolidar el Bono Alquiler Joven ... (Página69)
161/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de viviendas en alquiler social ... (Página70)
161/000414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna ... (Página72)
161/000415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y aplicación del índice de precios de referencia para el mercado del alquiler ...
Comisión de Cultura
161/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la participación cultural de la infancia y la adolescencia en riesgo de vulnerabilidad ... (Página75)
161/000407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la celebración del centenario de S'Agaró ... (Página76)
161/000409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO ... (Página77)
161/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a los actos conmemorativos del centenario de la exposición hispanoamericana del 1929 en Sevilla ...
Comisión de Sanidad
161/000369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la solución de los problemas en la formación médica especializada generados por la pandemia de COVID-19 ...
161/000370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la regulación del consumo, la publicidad, la promoción, el patrocinio y la fiscalidad de los dispositivos susceptibles de
liberación de nicotina ... (Página84)
161/000371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances tangibles en el diagnóstico y el tratamiento integral y de precisión de las enfermedades raras en el Sistema
Nacional de Salud ... (Página85)
161/000372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la prevención y la reducción de la obesidad desde los ámbitos sanitario, social y educativo ...
161/000375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la 'Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud' ...
161/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a agilizar desde la calidad y la seguridad la homologación de títulos extracomunitarios de especialistas en Ciencias de la Salud ...
161/000382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para el impulso en la regulación de los dispositivos de vapeo desechables u otros que contengan líquido sin nicotina ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a agilizar desde la calidad y la seguridad la homologación de títulos universitarios extranjeros ...
161/000396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación y mejora de la carrera profesional del personal técnico y de gestión de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) ...
Comisión de Igualdad
161/000383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la recuperación de la memoria y reparación de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer ...
Comisión de Juventud e Infancia
161/000368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para abordar el reto del acceso a la vivienda de los jóvenes en España ... (Página104)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000059 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP) y Acedo Reyes, Sofía (GP), sobre valoración y grado de ejecución real de todas las cuestiones que se incorporan en la 'hoja de ruta' fijada y anunciada,
pero no conocida públicamente, de la última RAN (reunión de alto nivel) entre España y el Reino de Marruecos ... (Página106)
181/000060 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP) y Acedo Reyes, Sofía (GP), sobre estado en que se encuentra la comprometida reapertura de la aduana comercial de España con el Reino de Marruecos, sita en
Melilla, cerrada unilateralmente por este último en agosto del año 2018 ... (Página106)
181/000061 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Javier Floriano Corrales (GP) y Acedo Reyes, Sofía (GP), sobre razón para que España no pueda introducir mercancías al Reino de Marruecos a través de la frontera de Melilla, en régimen
aduanero de viajeros, internacionalmente reconocido, pero sin embargo Marruecos si pueda hacerlo en sentido contrario ... (Página107)
Comisión de Justicia
181/000062 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Moro Almaraz, María Jesús (GP), sobre estado de las negociaciones con los representantes sindicales de los
funcionarios de la Administración de Justicia ... (Página107)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000064 Pregunta formulada por los Diputados Cristina Elena Teniente Sánchez (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre valoración del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del grado de ejecución presupuestaria de la autovía
A-58. Tramo: A-66-Río Ayuela, en Extremadura ... (Página107)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000056 Pregunta formulada por los Diputados José Ignacio Romaní Cantera (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Antona Gómez, Asier (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP),
Acedo Reyes, Sofía (GP), Teniente Sánchez, Cristina (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel
(GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre número de nuevos programas de migración circular vinculada al mercado laboral que tiene el Gobierno en marcha desde el año 2020 y grado de éxito que han cosechado ...
181/000057 Pregunta formulada por los Diputados José Ignacio Romaní Cantera (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Antona Gómez, Asier (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Teniente
Sánchez, Cristina (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP),
sobre valoración de la Secretaría de Estado de Migraciones sobre la efectividad de las políticas implementadas por el Gobierno para el control de flujos migratorios irregulares ... (Página108)
181/000058 Pregunta formulada por los Diputados José Ignacio Romaní Cantera (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Antona Gómez, Asier (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Teniente
Sánchez, Cristina (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP),
sobre centros que tiene previsto el Gobierno abrir, o ampliar en su caso, para la protección de inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular en España y para los peticionarios de protección internacional ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004180 Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
González-Robatto Perote, Jacobo
García Gomis, David
Fernández Ríos, Tomás
De Meer Méndez, Rocío
Previsiones acerca de impulsar modificaciones legislativas para garantizar la exclusividad en la comercialización de los cigarrillos electrónicos a la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado.
Retirada ... (Página109)
184/004361 Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
González-Robatto Perote, Jacobo
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de promover la limitación de la comercialización de los cigarrillos electrónicos y de otros productos emergentes relacionados con el tabaco y la nicotina o con el hábito de fumar a la red de expendedurías de tabaco y
timbre del Estado.
Retirada
110
184/004696 Autor: Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Mejías Sánchez, Carina
Flores Juberías, Carlos
Rueda Perelló, Patricia
Motivos que justifican el retraso en la construcción de las infraestructuras ferroviarias de la Región de Murcia, así como medidas previstas para el desarrollo del Corredor Mediterráneo y la conexión de Alta Velocidad con Albacete.
Retirada... (Página110)
184/005195 Autor: Martín Urriza, Carlos
Lago Peñas, Manuel
Guijarro García, Txema
Cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, así como justificación contable e importe de cada provisión o
concepto dentro de cada provisión, dotado por el Banco de España con cargo a sus beneficios entre los años 2012 y 2023 ... (Página111)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000392
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre la inclusión de la Corona y otros estamentos del Estado en los estudios y valoraciones del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la inclusión de la Corona y otros estamentos del Estado en los estudios y valoraciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, para su debate en instancia en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) solía preguntar a la población sobre su opinión hacia la monarquía y sus miembros, siendo la última vez en abril de 2015, cuando Felipe VI obtuvo una baja valoración. Desde
entonces, el CIS no ha incluido esta pregunta, alegando que ya tienen información sobre la percepción ciudadana fuera de sus encuestas. Hay otras altas Instituciones que tampoco son sometidas al estudio demoscópico por parte del ente público o lo
son de forma muy sucinta.
Aunque la monarquía se incluye en las encuestas del CIS bajo la categoría de 'problemas' para la ciudadanía, junto a otros asuntos relevantes, no se pregunta específicamente sobre la valoración de la monarquía. En cambio, se evalúan otras
instituciones y figuras oficiales.
Desde la última vez que el CIS preguntó sobre la monarquía, han ocurrido eventos significativos, como la abdicación de Juan Carlos I y su salida de España en 2020 debido a escándalos financieros. La población no ha podido expresar su
opinión sobre estos extremos.
A pesar de la falta de consulta oficial, otras encuestas independientes, realizadas por el instituto demoscópico 40dB en octubre de 2020 y 2021, mostraron que la preferencia ciudadana entre monarquía y república se inclina hacia la segunda.
Aunque Felipe VI obtuvo aprobación en ambas encuestas, se destacó la percepción de que debería tener más control y transparencia en sus actuaciones durante su reinado. Además, hubo divisiones significativas entre los encuestados, con un porcentaje
considerable de indecisos. Otros estudios demoscópicos también han arrojado luz sobre la valoración actual de la institución monárquica entre la ciudadanía. Por poner algunos ejemplos, las encuestadoras Sociométrica, InvyMark y Sináptica hicieron
sendas encuestas para distintos medios de comunicación en las que quedaba acreditado que una mayoría de los encuestados prefería una República a una Monarquía como modelo de Estado. Además, suspendían la Institución de la jefatura del Estado en la
actualidad.
Es indudable que la Corona es un estamento de gran relevancia pública, con una especial protección constitucional que genera un gran agravio para con el resto de la ciudadanía. Además, la Institución en cuestión, no está fiscalizada en
igualdad de condiciones respecto el resto de altos cargos, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, los escándalos que se fueron sucediendo entorno al rey emérito y
sus presuntas irregularidades, así como su fuga y residencia en los Emiratos Árabes Unidos, impactaron sobre la opinión pública de forma clara. Además, ni tan siquiera se ha dedicado una mínima parte de muchos de los estudios públicos a la opinión
y simpatías de la ciudadanía en relación con el juramento de Leonor de Borbón y su entronización como heredera de la Corona.
Es como mínimo sorprendente, cuando no una presunta negligencia, que el CIS, el estamento público encargado de conocer el pulso de las preocupaciones ciudadanas sobre la actualidad, no pregunte sobre la primera de las Instituciones del
Estado, según la propia Constitución.
En un Estado en el que su primera institución no se somete a ningún control democrático, ni vía sufragio ni por vías parlamentarias, la única manera de conocer la valoración ciudadana es la demoscopia. Si los estamentos públicos tampoco la
promueven, no hacen otra cosa que poner de relieve las carencias democráticas del Régimen actual.
Por todo lo expuesto se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a:
1. Realizar y publicar, por parte del CIS, un barómetro monográfico sobre el posicionamiento de la opinión pública en relación con la Corona, la Casa Real y los miembros de la Familia Real. Asimismo, el estudio incluirá valoraciones sobre
simpatías y grado de conocimiento en relación con otras altas instituciones, a saber, la Presidencia del Gobierno, el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo
de Estado.
2. Incorporar como pregunta en los barómetros periódicos del CIS sobre el modelo monárquico o republicano de jefatura del Estado preferido por la ciudadanía.
3. Presentar en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados las conclusiones y resultados del estudio contemplado en el artículo anterior, antes de la finalización del actual periodo de sesiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc-Marc Álvaro, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la
inclusió de la Corona i altres estaments de l'Estat en els estudis i valoracions del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), per al seu debat en instància a la Comissió Constitucional.
Exposició de motius
A l'Estat espanyol, el Centre d'lnvestigacions Sociológiques (CIS) solía preguntar a la poblacíó sobre la seva opinió cap a la monarquía i els seus membres, sent l'última vegada al abril de 2015, quan Felip VI va obtenír una baixa valoració.
Des de llavors, el CIS no ha indos aquesta pregunta, argumentant que ja tenen informació sobre la percepció ciutadana fora de les seves enquestes. Hi ha altres altes institucions que tampoc són sotmeses a l'estudi demoscòpic per part de l'ens
públic o ho són de forma molt succinta.
Encara que la monarquía s'inclou a les enquestes del CIS sota la categoría de 'problemes' per a la ciutadania, al costat d'altres assumptes rellevants, no es pregunta específícament sobre la valoració de la monarquía. En canvi, s'avaluen
altres institucíons i figures oficiáis.
Des de l'última vegada que el CIS va preguntar sobre la monarquía, han succeít esdeveniments significatius, com l'abdicació de Joan Caries I i la seva sortida d'Espanya el 2020 a causa d'escándols financers. La població no ha pogut
expressar la seva opinió sobre aquests extrems.
Malgrat la manca de consulta oficial, altres enquestes independents realitzades per l'institut demoscópic 40dB al octubre de 2020 i 2021, van mostrar que la preferéncia ciutadana entre monarquía i república es decanta cap a la segona. Tot i
que Felip VI va obtenir aprovació en ambdues enquestes, es va destacar la percepció que hauria de teñir más control i transparència en les seves actuacions durant el seu regnat. A més, hi va haver divisions significatives entre els enquestats, amb
un percentatge considerable d'indecisos. Altres estudis demoscópics també han aportat llum sobre la valoració actual de la institució monàrquica entre la ciutadania. Per posar alguns exemples, les empreses d'enquestes Sociométrica, InvyMark i
Sinóptica van realitzar enquestes per a diferents mitjans de comunicació que acreditaven que una majoria dels enquestats preferia una República a una Monarquía com a model d'Estat. A més, suspenien la institució del Cap de l'Estat actualment.
És indubtable que la Corona és un estament de gran relleváncia pública, amb una protecció constitucional especial que genera un gran greuge en relació la resta de la ciutadania. A més, la institució en qüestió no fiscalitzada en igualtat de
condicions respecte a la resta d'alts carrees, per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, els escándols que es van succeint a l'entorn del rei emérit i les seves presumptes
irregularitats, així com la seva fúgida i residéncia en els Emirats Árabs Units, van impactar sobre l'opinió pública de manera clara. A més, cal recordar que ni tan sois s'ha dedicat una mínima part dels molts estudis públics a l'opinió i simpaties
de la ciutadania en relació amb el jurament de Elionor de Borbó i la seva entronització com a hereva de la Corona.
És com a mínim sorprenent, quan no una presumpta negligència, que el CIS, l'estament públic encarregat de conèixer el pols de les preocupacions ciutadanes sobre l'actualitat, no pregunti sobre la primera de les institucíons de l'Estat,
segons la propia Constitució.
En un estat en qué la seva primera institució no es sotmet a cap control democrátic, ni mitjançant sufragi ni per vies parlamentáries, Túnica manera de conéixer la valoració ciutadana és la demoscópia. Si els estaments públics tampoc la
promouen, no fan altra cosa que posar de relleu les mancances democrátiques del régim actual.
Per tot Texposat, es planteja la següent
Proposició no de Llei
'EI Congrés deis Diputats insta el Govern a:
1. Realitzar i publicar, per part del CIS, un baròmetre monográfic sobre el posicionament de l'opinió pública en relació amb la Corona, la Casa Reial i els membres de la Família Reial. Així mateix, Testudi inclourá valoracions sobre
simpaties i grau de coneixement en relació amb altres altes 'institucions, a saber, la Presidéncia del Govern, el Govern, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial i el Consell d'Estat.
2. Incorporar com a pregunta ais barómetres periódics del CIS sobre el model monàrquic o republicà del cap d'Estat preferit per la ciutadania.
3. Presentar a la Comissió Constitucional del Congrés deis Diputats les conclusions i resultats de l'estudi contemplat a Tarticle anterior, abans de la finalització de Tactual període de sessions.'
Congrés dels Diputats, 28 de febrer de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicano.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz adjunta, lone Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley, relativa al segundo año de prisión preventiva del periodista Pablo González en Polonia.
Exposición de motivos
El periodista español Pablo González se encuentra detenido en la prisión de Radom, Polonia, en régimen de aislamiento desde el 28 de febrero de 2022, cumpliéndose hoy dos años desde su privación de libertad. Se le acusa de espionaje sin
haber aportado aún ninguna prueba. Se trata de un caso muy grave de evidente vulneración de la libertad de prensa e información y una vulneración flagrante de los Derechos Humanos en suelo europeo.
El 26 de febrero Pablo González realizó su última conexión ejerciendo su labor periodística e informando sobre la invasión rusa en Ucrania. La madrugada del 28 de febrero, los Servicios Secretos de Polonia detienen a Pablo en el hotel de
Przemysl donde estaba alojado.
Pasó dos días aislado, incomunicado y sin recibir asistencia consular. El 2 de marzo, compareció en la sala II de lo Penal del Tribunal de Rzeszow sin asistencia jurídica y el juez decretó prisión provisional de tres meses. Es entonces
cuando se hizo pública la acusación del delito de espionaje, que recoge el apartado 1 del artículo 130 del Código Penal polaco penalizado de 1 a 13 años. Esto supone que ya duplicaría el mínimo de la pena establecida para este delito.
La fiscalía polaca ha estado poniendo todas las trabas burocráticas posibles para impedir este contacto, sin que el Gobierno español haya intermediado para aligerar este ya complejo proceso. Dado que Pablo González es considerado 'preso
peligroso', se le han impuesto condiciones especialmente duras, como llevar esposas en todo momento al salir de su celda -constantemente vigilada por cámaras- que los funcionarios de prisiones le obliguen a desnudarse varias veces al día y someterse
a registros extremadamente minuciosos. Se le ha llegado a permitir ducharse solo una vez por semana y no se le concedió la visita de un dermatólogo durante meses por un problema de piel. Además, el periodista no tuvo la posibilidad de recibir
visitas, hasta que su mujer logró ir a verlo en noviembre, nueve meses después de su detención.
Las condiciones de prisión son incompatibles con los tratados europeos y los convenios internacionales: ha visto dos veces en dos años a su mujer y nunca se le ha permitido llamar a nadie de su familia. Tiene la correspondencia
intervenida, incluso la correspondencia con sus abogados.
No existe en Polonia ninguna norma que limite el tiempo máximo de prisión provisional y una forma de obligar a la gente a declararse culpable, del delito que sea, es alargar y alargar el tiempo que duran las investigaciones porque llega un
momento en que ya no sale a cuenta defenderse.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido en repetidas ocasiones que el uso de la prisión preventiva es un problema estructural en Polonia. Sin embargo, nada indica que esta mala práctica vaya a cambiar pronto. La Fundación
Helsinki por los DDHH ha intervenido recientemente en el caso de un hombre cuya prisión preventiva se amplió 29 veces y lleva privado de libertad sin juicio definitivo desde hace casi ocho años ya. Y eso a pesar de que ninguno de los tribunales ha
indicado cómo podría el hombre interferir en los procedimientos para justificar el mantenimiento de la prisión preventiva (este es solo un ejemplo de cómo se abusa de esta medida para quebrar la voluntad y la defensa de personas detenidas sin
pruebas).
Polonia incumple de manera sistemática Recomendación (UE) 2023/681 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 sobre los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas sometidas a prisión provisional y sobre las condiciones
materiales de reclusión.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, establece que 'todas las personas somos iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona acusada de un
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad frente a la ley. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a una serie de garantías mínimas entre las que destaca
el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas'.
Organizaciones como Amnistía Internacional, el International Press Institute o Reporteros sin Fronteras han denunciado las graves irregularidades relativas al caso de Pablo Fernández. También se han intervenido instituciones como el
Defensor del Pueblo español, sindicatos nacionales y regionales, así como diversas cámaras de representación autonómica y municipal.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, se insta al Gobierno a emplear todas las herramientas a disposición del Gobierno de España para garantizar el cese inmediato de la prisión provisional del periodista, la realización de un procedimiento judicial con
todas las garantías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la invasión de Ucrania por
parte de Rusia que comenzó el 24 de febrero de 2022, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 24 de febrero se cumplieron dos años del inicio de la brutal e injustificada invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Los terribles, deplorables e inhumanos actos en esta guerra evidencian -cada vez más- que Putin
está dispuesto a todo, a cambio de socavar la libertad. No podemos olvidar que el régimen de Putin atenta contra la libertad de expresión, los derechos y las libertades de las personas, la democracia, el Estado de derecho y que persigue a todo
aquel que cuestione o muestre la más mínima resistencia tanto en Rusia como en los países que le rodean.
Rusia no ha reconocido la existencia de Ucrania pese a tener unas fronteras internacionalmente reconocidas. Por su parte, Ucrania es un Estado que tiene derecho a elegir su futuro y que se ha identificado con los valores europeos. Es por
ello por lo que está trabajando arduamente en su proceso de adhesión a la Unión Europea, un conjunto de 27 Estados que comparten todos aquellos valores que persigue Putin.
Pese a que el hostigamiento y sabotaje de Rusia en contra de Ucrania ha sido histórico, desde 2014 el régimen de Putin comenzó con una ofensiva contra la integridad territorial y soberanía de Ucrania, anexionándose ilegalmente la península
de Crimea. Posteriormente y tras el inicio de la invasión en febrero de 2022, Putin continuó este proceso anexionándose las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. La comunidad internacional no ha reconocido ni reconocerá las ilegales
anexiones de Rusia, ya que constituyen unos flagrantes actos de violación de la legalidad y el derecho internacional.
Las acciones de Putin en contra del pueblo ucraniano no sólo han socavado la libertad de los ucranianos, haciéndoles padecer esta injusta guerra, sino que, además, Putin ha llevado a cabo repugnantes acciones contra niños ucranianos, actos
por los que él y su defensora de los derechos del niño, María Lvova-Belova, tienen orden de captura por la Corte Penal Internacional. Cruelmente, el régimen de Putin ha llevado a cabo deportaciones y traslados forzosos de niños ucranianos a Rusia y
Bielorrusia.
La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, la OTAN, y los principales organismos internacionales -como Naciones Unidas- han mostrado su incondicional apoyo a Ucrania y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pues hemos
sido consientes que al defender a Ucrania estamos defendiendo nuestros valores y nuestras libertades. No debemos olvidar que la Unión Europea está cimentada en la búsqueda de la paz, es allí donde reside su origen hace ya más de siete décadas.
Tras más de dos años del inicio de esta invasión de Ucrania, el apoyo por parte de la comunidad internacional ha sido incuestionable y así seguirá siendo porque Putin no puede ni debe ganar. En el marco de la Unión Europea, el pasado 23 de
febrero, se adoptó el décimo tercer paquete de sanciones contra Rusia, el cual incluye medidas cada vez más restrictivas para presionar a Vladímir Putin para que cesen las hostilidades y retire a las tropas rusas de territorio ucraniano de manera
inmediata.
El apoyo que se ha dado a Ucrania en los ámbitos militar, político, financiero y humanitario, ha sido clave para que Ucrania resista esta guerra. Sin embargo, la ayuda militar comprometida a Ucrania está llegando lentamente y el tiempo en
esta guerra es lo que marcará la diferencia, ya que Rusia invierte el 7,1% de su PIB en Defensa. Lo debemos tener claro: el mejor lugar para detener a Putin es Ucrania, por ello, es preciso reforzar nuestra ayuda y reafirmar nuestro apoyo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar la condena de la brutal e Injustificada invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que ha provocado un drama humanitario con miles de fallecidos y millones de desplazados, así como la violación del derecho
internacional.
2. Condenar el traslado forzoso e ilegal de niños ucranianos a Rusia y Bielorrusia.
3. Expresar al pueblo ucraniano profundo respeto y admiración en su heroica y legítima defensa.
4. Apoyar la iniciativa de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de utilizar los activos financieros de Rusia que han sido congelados hasta este momento y que pueden reforzar la resistencia económica y militar de
Ucrania.
5. Respaldar el plan de paz de 10 puntos del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y promover el apoyo a éste en países iberoamericanos.
6. Proponer, en el seno de la Unión Europea, una reestructuración de la industria armamentística que permita incrementar la ayuda a Ucrania y mejorar la capacidad militar de la UE.
7. Reconocer la contribución de la OTAN en el apoyo contra la invasión y ante la próxima Cumbre de Washington, seguir estrechando los lazos políticos y militares con Ucrania.
8. Hacer los ajustes necesarios en los próximos PGE para avanzar en el objetivo del invertir 2% del PIB en Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Esteban González Pons, Carlos Javier Floriano Corrales, Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Ana María Pastor Julián, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la celebración de una nueva Conferencia de Paz entre Israel y
Palestina, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
España mantiene un compromiso histórico con el proceso de paz en Oriente Próximo desde la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, y que se basa en la convicción de que sólo la solución de dos Estados podrá garantizar a los palestinos y a los
israelíes una convivencia en paz, seguridad y prosperidad.
La Conferencia de Paz de Madrid fue uno de los principales intentos que hubo en los últimos 75 años por establecer la paz en Oriente Próximo. Consistió en una tentativa de la comunidad internacional apoyada por el gobierno de España y
auspiciada por los EE.UU. y la URSS con la finalidad de iniciar un proceso de paz entre Israel y Palestina, Siria, Líbano y Jordania. El Gobierno de España ha mostrado su disposición a impulsar de nuevo una nueva Conferencia Internacional de Paz
que aplique la solución de los dos Estados.
La Conferencia de Paz de Madrid fue una tentativa destacable de la comunidad internacional por zanjar el conflicto entre Israel y Palestina, habiendo concluido en fracaso todos los esfuerzos desplegados desde entonces. Los ataques de Hamas
el pasado 7 de octubre de 2023 y la actual escalada del conflicto son prueba de ello.
Durante la anterior legislatura, el Gobierno socialista se ofreció a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con sus homólogos israelíes para trasladar a la Autoridad Palestina 'un mensaje de reconstrucción
de la confianza', en la línea de la necesaria colaboración por ambas partes. Del mismo modo, en el encuentro en Ramala con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, la diplomacia española hizo entrega de una carta del Presidente del
Gobierno de España en defensa de la solución de los dos Estados para el conflicto con Israel. El Gobierno español también llamó a aprovechar la ocasión para relanzar energía política en unas negociaciones que se encuentran paralizadas desde 2014.
Cabe señalar que, ya a finales de ese mismo año, en su resolución 2014/2964, el Parlamento Europeo apoyó, en sintonía con las conclusiones aprobadas por el Consejo en julio de 2014, el reconocimiento del Estado Palestino y la solución de dos
Estados, considerando que ambos hechos deben ir de consuno con el desarrollo de conversaciones de paz.
Los recientes acontecimientos nos obligan a explorar una nueva ventana de oportunidad para impulsar nuevamente las negociaciones entre Israel y Palestina con la mirada puesta en lograr una solución construida alrededor de la aplicación de la
solución de los dos Estados, que coexistan en paz y seguridad, y en consonancia con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reclamar una paz global que deberá iniciarse con el alto el fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de los rehenes, y alcanzar el objetivo de la paz sobre la base de las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, los principios de Madrid, la Hoja de Ruta, los acuerdos ya alcanzados por las partes y la Iniciativa Árabe de Paz.
2. Impulsar la aplicación de la solución de los dos Estados, el Estado de Israel y un Estado de Palestina democrático, contiguo, viable, pacífico y soberano, que convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y que disfruten de
relaciones normales con sus vecinos, en consonancia con las Resoluciones 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) y 1402 (2002), 1515 (2003), 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con los principios de Madrid.
3. Reiterar una solución para resolver el estatuto de Jerusalén como futura capital de dos Estados y una solución justa, viable y acordada al problema de los refugiados palestinos.
4. Intensificar los esfuerzos en el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales y animar a que los Estados miembros de la Unión Europea, junto a las instituciones europeas, elaboren iniciativas para volver a encauzar la aplicación
de la solución de dos Estados, destacando la necesidad de un alto el fuego inmediato y permanente y reanudar el proceso de paz en la región.
5. Impulsar la convocatoria de una nueva Conferencia Internacional de Paz con las partes y la comunidad internacional, con la cooperación del Consejo de Seguridad, y en la que participen todos los actores implicados, para impulsar un
proceso de paz genuino entre el Estado de Israel y Palestina basado en el derecho internacional y en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
6. Impulsar en el marco de las relaciones bilaterales, multilaterales y de la Unión Europea sanciones que comprendan medidas restrictivas selectivas, sanciones económicas y medidas relativas a visados dirigidas a personas responsables de
apoyar, financiar o llevar a cabo acciones que menoscaban la integridad territorial de Palestina, a aquellas que se benefician de dichas acciones.
7. Continuar apoyando los derechos de la población refugiada de Palestina mediante el incremento de la aportación del programa de Cooperación Española con Palestina 2020-2024; así como seguir con el compromiso e incrementar el apoyo
financiero a la UNRWA a la espera de una solución justa, basada en la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Hana Jalloul Muro y María Dolores Corujo Berriel, Diputadas.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz Adjunta, lone Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley relativa al segundo año de prisión preventiva del periodista Pablo González en Polonia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.
Exposición de motivos
El periodista español Pablo González se encuentra detenido en la prisión de Radom, Polonia, en régimen de aislamiento desde el 28 de febrero de 2022, cumpliéndose hoy 2 años desde su privación de libertad. Se le acusa de espionaje sin haber
aportado aún ninguna prueba. Se trata de un caso muy grave de evidente vulneración de la libertad de prensa e información y una vulneración flagrante de los Derechos Humanos en suelo europeo.
El 26 de febrero Pablo González realizó su última conexión ejerciendo su labor periodística e informando sobre la invasión rusa en Ucrania. La madrugada del 28 de febrero, los Servicios Secretos de Polonia detienen a Pablo en el hotel de
Przemysl donde estaba alojado.
Pasó dos días aislado, incomunicado y sin recibir asistencia consular. El 2 de marzo, compareció en la sala II de lo Penal del Tribunal de Rzeszow sin asistencia jurídica y el juez decretó prisión provisional de tres meses. Es entonces
cuando se hizo pública la acusación del delito de espionaje, que recoge el apartado 1 del artículo 130 del Código Penal polaco penalizado de 1 a 13 años. Esto supone que ya duplicaría el mínimo de la pena establecida para este delito.
La fiscalía polaca ha estado poniendo todas las trabas burocráticas posibles para impedir este contacto, sin que el Gobierno español haya intermediado para aligerar este ya complejo proceso. Dado que Pablo González es considerado 'preso
peligroso', se le han impuesto condiciones especialmente duras, como llevar esposas en todo momento al salir de su celda -constantemente vigilada por cámaras- o que los funcionarios de prisiones le obliguen a desnudarse varias veces al día y
someterse a registros extremadamente minuciosos. Se le ha llegado a permitir ducharse solo una vez por semana y no se le concedió la visita de un dermatólogo durante meses por un problema de piel. Además, el periodista no tuvo la posibilidad de
recibir visitas, hasta que su mujer logró ir a verlo en noviembre, nueve meses después de su detención.
Las condiciones de prisión son incompatibles con los tratados europeos y los convenios internacionales: ha visto 2 veces en 2 años a su mujer y nunca se le ha permitido llamar a nadie de su familia. Tiene la correspondencia intervenida,
incluso la correspondencia con sus abogados.
No existe en Polonia ninguna norma que limite el tiempo máximo de prisión provisional y una forma de obligar a la gente a declararse culpable, del delito que sea, es alargar y alargar el tiempo que duran las investigaciones porque llega un
momento en que ya no sale a cuenta defenderse.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido en repetidas ocasiones que el uso de la prisión preventiva es un problema estructural en Polonia. Sin embargo, nada indica que esta mala práctica vaya a cambiar pronto. La Fundación
Helsinki por los DDHH ha intervenido recientemente en el caso de un hombre cuya prisión preventiva se amplió 29 veces y lleva privado de libertad sin juicio definitivo desde hace casi ocho años ya. Y eso a pesar de que ninguno de los tribunales ha
indicado cómo podría el hombre interferir en los procedimientos para justificar el mantenimiento de la prisión preventiva (este es solo un ejemplo de cómo se abusa de esta medida para quebrar la voluntad y la defensa de personas detenidas sin
pruebas).
Polonia incumple de manera sistemática Recomendación (UE) 2023/681 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 sobre los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas sometidas a prisión provisional y sobre las condiciones
materiales de reclusión.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, establece que 'todas las personas somos iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona acusada de un
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad frente a la ley. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a una serie de garantías mínimas entre las que destaca
el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas'.
Organizaciones como Amnistía Internacional, el International Press Institute o Reporteros sin Fronteras han denunciado las graves irregularidades relativas al caso de Pablo Fernández. También se han intervenido instituciones como el
Defensor del Pueblo español, sindicatos nacionales y regionales, así como diversas cámaras de representación autonómica y municipal.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, se insta al Gobierno a emplear todas las herramientas a disposición del Gobierno de España para garantizar el cese inmediato de la prisión provisional del periodista, la realización de un procedimiento judicial con
todas las garantías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-lone Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la crisis en Gaza, para su debate y aprobación
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El próximo 7 de marzo se cumplirán cinco meses desde el ataque perpetrado por Hamás y otros grupos armados palestinos contra la población civil y cuerpos militares en el Estado de Israel, desencadenando una escalada de violencia sin
precedentes. Esta crisis se enmarca en un contexto de 75 años del inicio del conflicto, 57 años de ocupación del territorio palestino y 17 años de bloqueo israelí de la Franja de Gaza.
Las medidas tomadas por Israel se traducen en una gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos en la Franja de Gaza, que ya se ha extendido a Cisjordania y está generando una escalada regional en países como Yemen, Líbano, Irak o
Siria.
En Israel se reportan más de 1.200 personas fallecidas (israelíes y de otras nacionalidades) y más de 5.400 personas heridas. Se estima que 134 personas siguen cautivas en la Franja de Gaza (todos los datos mencionados de acuerdo a fuentes
israelíes a fecha de presentación de este texto).
En la Franja de Gaza entre el 7 de Octubre y el 28 de febrero de 2024, se han reportado (según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) un total de 29,954 Palestinas/os asesinados/as y un total de
70,325 heridos. Igualmente, se calcula que más de 9.000 personas están desaparecidas bajo los escombros. 17.000 niños y niñas se encuentran no acompañadas o separadas de sus familiares, algunos han perdido a todos sus referentes familiares. Más
de 2 millones de personas (de un total de 2.2 millones de Palestinas de la Franja de Gaza) se encuentran internamente desplazadas de manera forzada a zonas llamadas 'seguras' sin ninguna garantía de seguridad o retorno, y sin las infraestructuras
necesarias y acceso a servicios básicos esenciales. Más de un millón se han visto obligadas a buscar refugio en Rafah, en la frontera con Egipto, donde hay un hacinamiento masivo, con muy poca comida y agua, y con medicamentos esenciales agotados.
Más de 65.000 hogares han sido destruidos y 290.000 parcialmente dañados (60% de las unidades familiares en la franja), así como hospitales y centros educativos y sanitarios. El 75% de las escuelas han sido destruidas. Los ataques de Israel han
costado la vida de personal humanitario, especialmente de 154 trabajadores de Naciones Unidas (152 de ellos de UNRWA), periodistas (entre 80 y 100 según diversas fuentes) y personal sanitario (610, según los datos del Clúster de Salud).
Cada día nacen 180 bebés en la Franja de Gaza. Unas 50.000 mujeres embarazadas y más de 100.000 madres lactantes luchan por alimentarse y alimentar a sus hijas e hijos. ONU Mujeres señala que cada hora mueren dos madres, que hay cerca de
un millón de mujeres desplazadas y que más de 3.000 se han quedado viudas. No hay espacios seguros para mujeres sobrevivientes o en riesgo de sufrir de violencia basada en género.
La crisis de inseguridad alimentaria y desnutrición en Gaza se está intensificando. El 27 de febrero, el Ministerio de Salud en Gaza informó que dos bebés habían fallecido en el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, como resultado de
deshidratación y desnutrición. Desde el Sector de Seguridad Alimentaria (FSS) informan de la falta de suministro suficiente de alimentos básicos y la necesidad urgente de importar los insumos agrícolas necesarios para reactivar la producción
doméstica de alimentos frescos esenciales, como huevos, verduras, carne, pescado y leche. Los niños, mujeres embarazadas y lactantes, las personas mayores, las personas con enfermedades subyacentes y decenas de miles de personas heridas corren un
alto riesgo de desnutrición, al igual que cientos de miles de palestinos en el norte de Gaza, que han sido en gran parte excluidos de la asistencia a pesar de algunos esfuerzos de socorro. En una sesión informativa al Consejo de Seguridad sobre los
riesgos de seguridad alimentaria en Gaza el 27 de febrero, el Director de la División de Coordinación de OCHA, el Sr. Ramesh Rajasingham, destacó que si no se tomaban medidas urgentes 'una hambruna generalizada en Gaza es casi inevitable'. Según
las proyecciones de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC), toda la población de la Franja de Gaza enfrenta niveles de crisis o peores de inseguridad alimentaria, incluidas más de medio millón de personas, o uno de cada cuatro
hogares, enfrentando condiciones catastróficas caracterizadas por la falta de alimentos, la inanición y el agotamiento de las capacidades de afrontamiento. El 90 % de la población palestina en la Franja de Gaza se encuentra en situación de hambre
aguda, con más de 500.000 personas al borde de la inanición.
La situación de la salud pública también es sumamente preocupante ante los daños o la destrucción de las instalaciones sanitarias, las plantas potabilizadoras y las instalaciones de agua potable. Se ha producido un aumento de los casos de
hepatitis, sarna y diarrea. En la zona norte de Gaza no hay acceso a agua limpia. En el sur, en Rafah, 486 personas comparten un baño en los refugios.
Según la UNRWA, más de 2,300 camiones de ayuda humanitaria han podido ingresar en Gaza hasta el 27 de febrero, una reducción de casi el 50 por ciento en comparación con enero de 2024, y muy por debajo de los aproximadamente 500 camiones
necesarios cada
día para satisfacer las necesidades básicas de la población de acuerdo a UNRWA. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), los 'prolongados e impredecibles procedimientos administrativos' impuestos por Israel en las entregas de ayuda a Gaza están
obstaculizando el acceso a equipos salvavidas y suministros para los centros de atención médica. Debido a estrictos procedimientos de control, puede llevar hasta un mes que los suministros entren en Gaza, y si las autoridades israelíes niegan la
entrada o rechazan incluso un solo artículo, toda la carga es devuelta a Egipto. Sin una lista oficial de artículos restringidos, MSF informa que se le ha negado consistentemente la importación de generadores eléctricos, purificadores de agua,
paneles solares y otros equipos médicos. Según el coordinador del proyecto de MSF en Gaza: 'Estos suministros significan la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas', incluidas miles que sufren enfermedades crónicas como cáncer,
diabetes o epilepsia. La UNRWA también informa de dificultades para que sus camiones ingresen a Gaza debido a restricciones de seguridad y cierres temporales en ambos cruces de Kerem Shalom y Rafah. Actualmente sólo llega el 10% de la ayuda
alimentaria necesaria y el combustible que entra es insuficiente. El hacinamiento en las calles, especialmente en Rafah, complica la distribución. La actual situación en Franja de Gaza está poniendo en gravísimo riesgo a los equipos de las ONGs y
de sus organizaciones socias, que siguen trabajando a la par que están desplazados y sufriendo en su piel el impacto de las hostilidades.
Muchas fuentes consideran que la escalada de violencia en Gaza se ha extendido a Cisjordania y Jerusalén Este. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 28 de febrero de 2024, de acuerdo a la OCHA, 404 palestinos han sido asesinados, incluidos
102 niños, y 4,592 palestinos han resultado heridos, incluidos 708 niños. Desde el 7 de octubre de 2023, 848 palestinos, incluidos 397 niños, han sido desplazados, tras la destrucción de 132 hogares durante operaciones llevadas a cabo por las
fuerzas israelíes en toda Cisjordania. El 26 de febrero, un grupo de colonos israelíes armados, de la colonia de Telem, irrumpieron en el pueblo de At Taybe en Hebrón y esposaron y detuvieron a tres agricultores ancianos mientras trabajaban en sus
tierras, según testigos presenciales. Esta práctica se está convirtiendo en habitual.
Ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia que exige a Israel que se abstenga de toda acción que pueda significar un genocidio, se espera que la comunidad internacional y el Gobierno del Reino de España desempeñe un papel
fundamental en garantizar la implementación de estas órdenes no contribuyendo ni colaborando con un genocidio plausible.
Del mismo modo, ante el fallo del CIJ y considerando la crisis humanitaria y de derechos humanos descrita, parece más urgente que nunca promover un diálogo serio y constructivo con Israel y Palestina orientado a encontrar una solución justa
y duradera al conflicto palestino-israelí, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Por todo ello, el Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para:
1. Exigir a todas las partes que declaren un alto el fuego permanente, un cese inmediato de las hostilidades y que se abstengan de toda acción que pueda agravar la situación y llevar a una mayor escalada en la zona y/o en la región.
2. Exigir a las partes del conflicto que permitan un acceso humanitario suficiente y sostenido, especialmente en Gaza. De manera particular:
- Exigir que se establezca un acceso humanitario en toda la Franja de Gaza, incluyendo el norte y el centro, que proporcione a su población asistencia, suministros y servicios esenciales de forma continua, suficiente, sin obstáculos y a
escala de las necesidades. Es importante que la respuesta a esta crisis humanitaria generada se asiente bajo un marco de protección y sobre los enfoques de derechos, feminista, y de infancia
que, poniendo en el centro los derechos humanos de todas las personas, sea sensible al especial impacto en mujeres, niñas y niños.
- Facilitar la entrada segura y suficiente de la ayuda humanitaria, el personal médico y humanitario a la Franja de Gaza garantizando su protección y la distribución de ayuda en toda la Franja de Gaza.
- Facilitar el acceso al personal de los medios de comunicación y prensa en Gaza para desempeñar su labor profesional informativa.
- Exigir una mayor transparencia del sistema de seguimiento de entrada de mercancías en la Franja de Gaza a través de Rafah, para conocer exactamente cómo funciona y cómo prioriza, así como tener mayor claridad sobre los artículos permitidos
y prohibidos, lo que nos permitirá una mejor coordinación con nuestras organizaciones socias en Gaza y optimizar la distribución de la ayuda.
- Instar a los principales donantes internacionales a que habiliten mecanismos de financiación extraordinaria para la respuesta humanitaria por parte de todos los actores humanitarios, de tal forma que se puedan cubrir las grandes
necesidades de asistencia y protección humanitarias existentes, teniendo en cuenta que existe un déficit de financiación del 43% para el llamamiento urgente lanzado por OCHA en octubre de 2023 al que se suma la retirada de varios países de la
financiación a UNRWA, principal actor humanitario en la zona.
- Instar a los países de la UE y demás estados donantes, a reafirmar su apoyo en el trabajo vital de la UNRWA, a mantener la financiación a la UNRWA, principal actor humanitario en la zona y en la región, promoviendo el respeto de la
resolución 302 (IV) de 8 de diciembre de 1949 de las Naciones Unidas.
- Incidir en el Gobierno israelí para que facilite los visados y permisos de trabajo del personal expatriado en terreno por parte de las autoridades israelíes, tanto de quienes están basados en Jerusalén Este y Cisjordania como para su
entrada en la Franja de Gaza con garantías de evacuación en caso de ser necesario (ej. evacuación médica por lesiones).
- Asegurar desde el Gobierno la vigilancia de la correcta implementación de las exenciones humanitarias para poder continuar operando, desde las organizaciones presentes en la zona como con las socios locales, para prestar ayuda y servicios
esenciales a la población del Territorio Palestino Ocupado, evitando, entre otros, bloqueos en las transferencias de fondos y suministros, todo ello en el marco de las medidas restrictivas europeas contra Hamás y la YIP en virtud de la Posición
Común 2001/931/PESC complementadas con el Reglamento (UE) 2024/386 del Consejo de 19 de enero de 2024.
3. Exigir a las partes el respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. De manera particular:
- Exigir a las partes la liberación inmediata e incondicional de todas las personas civiles rehenes y encarceladas sin juicio con garantías, además de exigir su seguridad, bienestar y trato humano de acuerdo con el Derecho Internacional.
- Exigir a las partes el respeto del Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil del Territorio Palestino Ocupado e Israel, y poner fin al desplazamiento forzoso de civiles palestinos en Gaza permitiéndoles
regresar a sus lugares habituales de residencia tan pronto como acaben las hostilidades en esas áreas.
- Impulsar desde el Gobierno una implementación activa de la Estrategia de Diplomacia Humanitaria, invirtiendo esfuerzos para negociar con las partes y los actores influyentes en ellas, sobre las medidas necesarias de protección de la
población civil e infraestructuras básicas de la violencia, y la habilitación del acceso a la ayuda humanitaria suficiente y segura.
- Promover desde el Gobierno la aplicación de los mecanismos de rendición de cuentas previstos por el Derecho Internacional para los potenciales crímenes de guerra y las presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio y que se
comprometa a, fortalecer la Corte Penal Internacional como piedra angular de un sistema universal de enjuiciamiento y castigo de los crímenes atroces, tal y como se establece en el eje 7 de su Estrategia de Diplomacia Humanitaria.
4. Poner fin al comercio de armas entre el Reino de España e Israel. En cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas y en línea con el fallo provisional del Tribunal Internacional de Justicia (CIJ), revocar desde el Gobierno las
autorizaciones de exportación de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso a Israel, teniendo en cuenta los antecedentes de suspensiones de las autorizaciones de exportación por parte del Gobierno español ante crisis humanitarias
comparativamente menos graves, y considerando que este comercio armamentístico está contribuyendo a acelerar la escalada de violencia. Por todo ello, instar al Gobierno de España a poner fin a todo comercio de armas con Israel, tanto las
exportaciones (incluidas las de material de doble uso) como las importaciones.
5. Trabajar para una solución negociada al conflicto. De manera particular:
- Continuar activo y empujando a otros gobiernos y a la comunidad internacional a implicarse en un diálogo serio y constructivo con Israel y Palestina orientado a encontrar una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí, sobre
la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
- Prevenir y evitar por todas las vías una escalada de la violencia a otros lugares de Oriente Próximo, priorizando siempre la vía diplomática.
- Reforzar sus mecanismos de cooperación internacional para apoyar a iniciativas de prevención de crisis, resolución de conflictos y construcción de paz en la región, considerando y promoviendo el enfoque de Triple Nexo en todas sus
intervenciones.
- Solicitar que la respuesta internacional a este conflicto incluya a las mujeres y las jóvenes como actores clave de la solución al conflicto y en el diseño de las respuestas humanitarias en la región, tal y como establece la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las subsiguientes Resoluciones y la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.
6. Iniciar el procedimiento para un reconocimiento inmediato del Estado palestino por parte de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Defensa
161/000388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre supresión
de desfiles militares, para su debate en instancia en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Las Fuerzas Armadas volverán a desfilar por el centro de Madrid este 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional del Estado Español. Este año, el Ministerio dirigido por la Ministra en funciones, Margarita Robles, y
el Estado Mayor de la Defensa han modificado la ruta tradicional que recorría la arteria del Paseo de la Castellana y el Paseo del Prado, por un recorrido que será desde la Glorieta del Emperador Carlos V -el Real Jardín Botánico-, hasta la Plaza de
Colón. En total, 4.177 militares, 86 aviones y helicópteros y 142 vehículos terrestres, recorrerán esta nueva ruta, bautizada por la prensa española como el recorrido 'antiabucheos' dirigidos a Pedro Sánchez.
Como cada año en la celebración del 'Día de la Hispanidad', Esquerra Republicana expone el descontento frente a la inmoral cantidad de recursos económicos destinados a los desfiles militares, que ha ido en aumento durante los últimos años.
Esto es, siendo el coste medio anual de dicha festividad de unos 600.000 mil euros, en 2019 el Ministerio de Defensa se gastó 912.536 euros en el desfile, bajo el pretexto del traslado a España de militares extranjeros procedentes del
Líbano, Senegal, Mauritania y Malí como invitados al desfile. Por lo tanto, tras el parón de 2020, y el desfile con restricciones de 2021, supuestamente austero, aunque con un coste de 636.612,76 euros, resulta inevitable mostrar preocupación por
el derroche de dinero público que este año pueda ejecutar el Ministerio de Defensa de Margarita Robles.
A su vez, no es únicamente en la celebración del 'Día de la Hispanidad' donde se exhiben unidades militares pertenecientes al Estado Español.
Cada 30 de mayo se celebra el Día de las Fuerzas Armadas con un acto central en alguna ciudad del Estado, donde se realiza un desfile militar. Para el mismo se trasladan los efectivos militares -con el correspondiente gasto en transporte y
dietas, así como de los materiales militares que se utilizan- con el correspondiente gasto de transporte y combustible. Para esta otra fecha tan señalada para el militarismo español, el Gobierno español tampoco escatima en dilapidación de dinero
público.
A pesar de la opacidad y la dificultad para poder cifrar con exactitud el gasto de los últimos años, el derroche en el Día de las Fuerzas Armadas aumenta anualmente desde 2017.
Además del desorbitado gasto que implican los desfiles y las exhibiciones militares del Día de la Hispanidad y el Día de las Fuerzas Armadas, también se ha de cuestionar el trasfondo ideológico que las reviste. Cuando la Ley 18/1987, de 7
de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre, señala que 'el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más relevantes para la convivencia política, el acervo cultural y la afirmación misma
de la identidad estatal' y que 'la fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España (...) inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos'. Enaltece el inicio de la
colonización española, que es sin duda una de las épocas que podría ser considerada como la más oscura del Estado Español.
Es momento de dejar atrás el mito de la colonización española como un proceso civilizatorio y de encuentro de dos mundos idílico, sin reconocer el genocidio, las violaciones, la esclavización o la evangelización forzada. Crímenes de lesa
humanidad que nunca han sido reparados y que invisibilizan la violencia histórica y actual contra los pueblos nativos y sus culturas, así como el racismo institucional y cotidiano que padecen.
De la misma manera, las celebraciones del 'Día de la Hispanidad' han dado espacio a la derecha y la extrema derecha para integrar sus discursos xenófobos e imperialistas, con completa impunidad, en el discurso y debate público. Algunos
claros ejemplos se observan en el expresidente del Gobierno español, José María Aznar haciendo alusión a la peligrosidad del 'indigenismo' en Iberoamérica, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un viaje institucional en
Estados Unidos, en septiembre de 2021, asegurando la manipulación de la historia del colonialismo.
Con la Hispanidad se pretende vender una supuesta cultura compartida entre el Estado Español y sus excolonias, pero también se intenta proclamar la existencia en el Estado de una predominante cultura española homogénea y unida, que no encaja
con la realidad plurinacional y plurilingüística y los movimientos soberanistas e independentistas dentro del propio Estado.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Suprimir los desfiles militares o cualquier otro acto o ceremonia militar o castrense que supongan un gasto superfluo de exhibición militar.
2. Recortar el Presupuesto del Ministerio de Defensa destinado a tales fines y dedicarlos a partidas presupuestarias de políticas sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republica, a instáncies del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre supressió
de desfilades militars, pel seu debat a la Comissió de Defensa.
Exposició de motius
Les Forces Armades tornaran a desfilar pel centre de Madrid aquest 12 d'octubre, amb motiu del 'Día de la Hispanidad' o 'Fiesta Nacional del Estat Español'. Enguany, el Ministeri dirigit per la Ministra en funcions, Margarita Robles, i
l'Estat Major de la Defensa han modificat la ruta tradicional que recorria l'arteria del Passeig de la Castellana i el Passeig del Prado, per un recorregut que será des de la Glorieta del Emperador Carlos V -el Real Jardín Botánico-, fins a la Plaza
de Colón. En total, 4.177 militars, 86 avions i helicopters i 142 vehicles terrestres, recorreran aquesta nova ruta, batejada per la premsa espanyola com el recorregut 'antiabucheos' dirigits a Pedro Sánchez.
Com cada any en la celebració del 'Día de la Hispanidad', Esquerra Republicana exposa el descontentament davant de la immoral quantitat de recursos economics destinats a les desfilades militars, que ha anat en augment durant els últims anys.
Aixo és, sent el cost mitjá anual d'aquesta festivitat d'uns 600.000 mil euros, en 2019 el Ministeri de Defensa es va gastar 912.536 euros en la desfilada, sota el pretext del trasllat a Espanya de militars estrangers procedents del Líban,
el Senegal, Mauritánia i Mali com a convidats a la desfilada. Per tant, després de l'aturada de 2020, i la desfilada amb restriccions de 2021, suposadament auster, encara que amb un cost de 636.612,76 euros, resulta inevitable mostrar preocupació
pel malbaratament de diners públics que enguany pugui executar el Ministeri de Defensa de Margarita Robles.
De la mateixa manera, no és únicament en la celebració del 'Día de la Hispanidad' on s'exhibeixen unitats militars pertanyents a l'Estat Espanyol. Cada 30 de maig es celebra el 'Día de las Fuerzas Armadas' amb un acte central en alguna
ciutat de l'Estat, on es realitza una desfilada militar. Per al mateix es traslladen els efectius militars -amb la corresponent despesa en transport i dietes, així com dels materials militars que s'utilitzen- amb la corresponent despesa de
transport i combustible. Per a aquesta altra data tan assenyalada per al militarisme espanyol, el Govern espanyol tampoc escatima en dilapidació de diners públics.
Malgrat l'opacitat i la dificultat per a poder xifrar amb exactitud la despesa dels últims anys, el malbaratament en el 'Día de las Fuerzas Armadas' augmenta anualment des de 2017.
A més de la desorbitada despesa que impliquen les desfilades i les exhibicions militars del 'Día de la Hispanidad' i el 'Día de las Fuerzas Armadas', també s'ha de qüestionar el rerefons ideológic que les revesteix. Quan la Llei 18/1987, de
7 d'octubre, que estableix el dia de la Festa Nacional d'Espanya en el 12 d'octubre, assenyala que 'el fet históric que se celebri representi un dels moments més rellevants per a la convivéncia política, el patrimoni cultural i l'afirmació mateixa
de la identitat estatal' i que 'la data triada, el 12 d'octubre, simbolitza l'efeméride histórica en la qual Espanya (...) inicia un període de projecció lingüística i cultural més enlla dels límits europeus'. Enalteix l'inici de la colonització
espanyola, que és sens dubte una de les epoques que podria ser considerada com la més fosca de l'Estat Espanyol.
És moment de deixar enrere el mite de la colonització espanyola com un procés civilitzador i de trobada de dos mons idíl-lic, sense reconeixer el genocidi, les violacions, l'esclavització o l'evangelització forgada. Crims de lesa humanitat
que mai han estat reparats i que invisibilitzen la violencia histórica i actual contra els pobles natius i les seves cultures, així com el racisme institucional i quotidiá que pateixen.
De la mateixa manera, les celebracions del 'Día de la Hispanidad' han donat espai a la dreta i l'extrema dreta per a integrar els seus discursos xenófobs i imperialistes, amb completa impunitat, en el discurs i debat públic. Alguns clars
exemples s'observen en l'expresident del Govern espanyol, José María Aznar fent al-lusió a la perillositat del 'indigenisme' a Iberoamérica, o la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un viatge institucional als Estats Units,
al setembre de 2021, assegurant la manipulació de la historia del colonialisme.
Amb la Hispanitat es pretén vendre una suposada cultura compartida entre l'Estat Espanyol i les seves antigues colónies, pero també s'intenta proclamar l'existéncia a l'Estat d'una predominant cultura espanyola homogénia i unida, que no
encaixa amb la realitat plurinacional i plurilingüística i els moviments sobiranistes i independentistes dins del propi Estat.
Per tot aixó es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Suprimir les desfilades militars o qualsevol altre acte o cerimónia militar o castrense que suposin una despesa supérflua d'exhibició militar.
2. Retallar el Pressupost del Ministeri de Defensa destinat a tals fins i dedicar-los a partides pressupostáries de polítiques socials.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrer de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar que se aceleren los
trabajos de ejecución de las obras de la Ronda Sur de Logroño, 'Autovía A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete', para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En octubre de 2019, el Ministerio de Fomento formalizó el contrato de las obras de la Ronda Sur de Logroño 'Autovía A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete' por un presupuesto de 111.824.540,49 euros y un plazo de obras de 42,5 meses.
Esa licitación se produjo tras varios meses de retrasos acumulados por el Gobierno de Pedro Sánchez al cambiar las prioridades en sus políticas de infraestructuras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Una posición radicalmente contraria a
la adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó el proyecto e inició las expropiaciones y consignó partida en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta actuación tiene el objetivo de transformar el tramo de la Autopista AP-68 entre Arrubal y Navarrete como circunvalación de Logroño una vez eliminados los peajes de la citada autopista. Para ello, en el proyecto de obra estaba prevista
la construcción de nuevos enlaces y remodelación de los existentes, con el fin de mejorar su conexión con las redes del Estado y la autonómica, constituyéndose como alternativa al eje de la N-232 y la LO-20 y futura variante sur de la ciudad de
Logroño.
La Ronda Sur de Logroño supone contar con una infraestructura clave para el desarrollo de Logroño y el conjunto de La Rioja en sus comunicaciones por carretera.
Este nuevo tramo de la Autovía A-68 tendrá una longitud de 29 kilómetros y va a desarrollarse por el trazado actual de la AP-68, es decir, con dirección este-oeste por los términos municipales de Murillo de Río Leza, Agoncillo, Arrúbal,
Logroño, Villamediana de Iregua, Lardero, Navarrete y Fuenmayor, y estará libre de peajes, ya que se construirán dos nuevas áreas de peaje que se ubicarán en los p.k. 150,5 y 122 de la actual Autopista A-68. Además, se proyecta la construcción de
12 pasos superiores, 15 pasos inferiores y 3 muros de contención y se ejecutarán un total de seis enlaces:
1. Enlace de Arrúbal, a la altura del p.k. 2+600 del eje de la autovía (p.k. 146,7 de la AP-68).
2. Enlace de Agoncillo, a la altura del p.k 5+900 (p.k. 143,3 de la AP-68) donde se plantea únicamente la eliminación del área de peaje actual, así como la remodelación de la intersección existente en el enlace con la N-232.
3. Enlace de Recajo, en el p.k. 10+700 (p.k. 138,2 de la AP-68).
4. Enlace con la LR-250, en el p.k. 17+750 (p.k. 131,3 de la AP-68), que permitirá además la conexión con el Hospital San Pedro de Logroño y el Polígono La Portalada, así como la zona o estar de Logroño a través del viario existente.
5. Enlace de acceso a Logroño y Lardero/N-111, a la altura del p.k. 21+450, (p.k. 127,5 de la AP-68). El trazado actual de la N-111 en su cruce con la AP-68 se modifica para situar el nuevo enlace de acceso a Logroño y Lardero desde la
nueva A-68.
6. Enlace A-12 Variante de Fuenmayor, en el p.k. 29+171 coincidiendo con la actual conexión entre la Autovía A-12 y la LO-20, se plantea el enlace final del tramo conectando con la N-232 en el inicio de la futura Variante de Fuenmayor.
Hay que resaltar que la futura variante sur de Logroño gracias a estos seis nuevos enlaces no sólo va a beneficiar a la capital de La Rioja, sino también a su cinturón metropolitano formado por municipios como Fuenmayor, Navarrete, Lardero,
Villamediana de Iregua, Murillo, Arrúbal y Agoncillo.
En el trámite de enmiendas del año 2021, el Grupo Parlamentario Popular registró una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que incrementaba en 15.000,00 miles de euros la partida correspondiente a las obras de la variante
sur de Logroño y así promover una mayor inversión y un recorte de plazos para ajustarse a las fechas de finalización establecidas en la resolución de adjudicación de las obras.
En febrero de 2021, el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en su visita a la Comunidad Autónoma de La Rioja, anunció la liberación por completo de la AP-68 en el año 2026 y la finalización de las
obras en septiembre de 2023, tras comprobar 'en persona' el buen avance de las obras, tal y como declaró ante los medios de comunicación.
En julio de 2021, la Delegación del Gobierno en La Rioja informó que la ejecución de las obras era del 14%.
En marzo de 2023, la entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció el final de las obras para el último tramo del año 2024. Pero la delegada del Gobierno en La Rioja, cuatro meses más tarde, corrigió a
la ministra y pospuso el final de las obras a finales del 2025.
En definitiva, desde la adjudicación de las obras en 2019, distintos ministros del Gobierno de España han anunciado diferentes fechas de finalización de las obras de la Ronda Sur de Logroño: 2023, 2024 y 2025.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Redefinir el programa de obras de la Ronda Sur de Logroño 'Autovía A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete' con el objetivo de acelerar los trabajos constructivos y poder adelantar la finalización de los trabajos.
2. Incrementar las partidas presupuestarias correspondientes a la Ronda Sur de Logroño 'Autovía A-68. Tramo: Arrubal-Navarrete' para acelerar las obras durante el año 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez, Héctor Palencia Rubio, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella,
Cristina Teniente Sánchez, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Esther Llamazares Domingo, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Rojas Manrique y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
161/000373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la gratuidad de los peajes del tramo de la AP9 Vilar do Colo-Miño durante las obras da Ponte de Pedra entre Pontedeume y Cabanas, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las obras de rehabilitación da Ponte de Pedra que une Cabanas y Pontedeume por la N-651 están próximas a comenzar. Se trata de una actuación que va a afectar significativamente a las conexiones en las comarcas de Eume y Ferrol, pues el
tramo de vía afectado no solo une dos Concellos íntimamente ligados en términos sociales, comerciales y de servicios, sino que también soporta el tráfico pasante, tanto el procedente de la salida de la AP9 en Cabanas como el que emplea la N-651 como
alternativa libre de peaje entre las ciudades de Ferrol y A Coruña. A Ponte de Pedra es el único cruce sobre el río Eume libre de peaje hasta la AG64 en As Pontes, a excepción de una pequeña carretera entre Monfero y A Capela que supone un rodeo de
38 km y que, debido a su trazado, no puede ser utilizada por camiones.
La fase inicial de las obras comenzará mañana 27 de febrero y está previsto que dure tres semanas, tiempo durante el cual quedará cortado al tráfico uno de los carriles (total o parcialmente, por tramos, en función del lugar en que se
realicen las catas) quedando regulada la circulación mediante semáforos en ambos sentidos, lo que implicará importantes retenciones y problemas para la normal circulación del tráfico.
La AP9, la Autopista del Atlántico, es la principal arteria de comunicación de Galicia y también en la comarca, única alternativa para el tráfico rodado a la utilización de la N-651, pero se trata de una vía con peajes. Una concesión que
fue prorrogada (de forma irregular segundo a UE) en 2000 hasta el 2048. Así, aunque el BNG logró la aplicación de bonificaciones que suponen un importante ahorro para las personas usuarias recurrentes, si las personas quieren evitar el tránsito por
A Ponte de Pedra y los atascos o retenciones
que, seguramente, se van a producir, solo pueden utilizar la AP9 y asumir el pago de peajes.
La solución al problema pasaría por que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible eliminara los peajes entre Fene-Miño y Cabanas-Miño, cuando menos mientras se desarrollen las obras en el Puente de Piedra, con el objetivo de
aliviar el tráfico de circunvalación a las localidades de Cabanas y Pontedeume, así como el saliente de Cabanas sentido Coruña.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Suspender el cobro del peaje en el tramo de AP9 entre Vilar do Colo (Fene) y Miño, cuando menos durante la duración de las obras, para liberar a Ponte de Pedra de parte de su tráfico pasante.
2. Establecer desvíos obligatorios temporales, que dirijan el tráfico no destinado a los concellos de Cabanas y Pontedeume a emplear el tramo gratuito de autopista, para dejar a Ponte de Pedra para uso exclusivo del tráfico local entre
Cabanas y Pontedeume.
3. Avanzar en los trabajos y negociaciones para hacer efectiva la transferencia de la AP9 para incorporarla a la red autonómica de estradas, garantizando un mejor funcionamiento y la gratuidad completa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para
estabelecer a gratuidade das peaxes do tramo de AP9 Vilar do Colo-Miño durante as obras da Ponte de Pedra entre Pontedeume e Cabanas, para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
As obras de rehabilitación da Ponte de Pedra que une Cabanas e Pontedeume pola N-651 están próximas a comezar. Trátase dunha actuación que vai afectar significativamente ás conexións nas comarcas de Eume e Ferrol, pois o tramo de vía
afectado non só une dous concellos intimamente ligados en termos sociais, comerciais e de servizos, senón que tamén soporta o tráfico pasante, tanto o procedente da saída da AP9 en Cabanas como o que emprega a N-651 como alternativa libre de peaxe
entre as cidades de Ferrol e A Coruña. A Ponte de Pedra é o único cruce sobre o río Eume libre de peaxe até a AG64 nas Pontes, a excepción dunha pequena estrada entre Monfero e A Capela que supón un rodeo de 38 km e que, debido ao seu trazado, non
pode ser utilizada por camións.
A fase inicial das obras comezará mañá 27 de febreiro e está previsto que dure tres semanas, tempo durante o cal quedará cortado ao tráfico un dos carrís (total ou parcialmente, por tramos, en función do lugar en que se realicen as catas)
quedando regulada a circulación mediante semáforos en ambos sentidos, o que implicará importantes retencións e problemas para a normal circulación do tráfico.
A AP9, a Autoestrada do Atlántico, é a principal arteria de comunicación de Galiza e tamén na comarca, única alternativa para o tráfico rodado á utilización da N-651, pero trátase dunha vía con portaxes. Unha concesión que foi prorrogada
(de forma irregular
segundo a UE) en 2000 até o 2048. Así, aínda que o BNG logrou a aplicación de bonificacións que supoñen un importante aforro para as persoas usuarias recorrentes, se as persoas queren evitar o tránsito pola Ponte de pedra e os atascos ou
retencións que, seguramente, van producirse, só poden utilizar a AP9 e asumir o pagamento de peaxes.
A solución ao problema pasaría por que o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel eliminase as peaxes entre Fene-Miño e Cabanas-Miño, cando menos mentres se desenvolvan as obras na Ponte de Pedra, co obxectivo de aliviar o tráfico
de circunvalación ás localidades de Cabanas e Pontedeume, así como o saínte de Cabanas sentido Coruña.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Suspender o cobro da peaxe no tramo de AP9 entre Vilar do Colo (Fene) e Miño, cando menos durante a duración das obras, para liberar a Ponte de Pedra de parte do seu tráfico pasante.
2. Estabelecer desvíos obrigatorios temporais, que dirixan o tráfico non destinado aos concellos de Cabanas e Pontedeume a empregar o tramo gratuíto de autopista, para deixar a Ponte de Pedra para uso exclusivo do tráfico local entre
Cabanas e Pontedeume.
3. Avanzar nos traballos e negociacións para facer efectiva a transferencia da AP9 para incorporala á rede autonómica de estradas, garantindo un mellor funcionamento e a gratuidade completa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febreiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar a la conexión ferroviaria
entre Logroño y Madrid de más frecuencias diarias y la incorporación del servicio Talgo AVRIL, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Existe una deuda del Gobierno de España con La Rioja en cuanto a sus infraestructuras, en concreto, en el transporte aéreo, el transporte por carretera y el transporte por tren.
En cuanto a las conexiones, es evidente que existe una desatención hacia la Comunidad Autónoma de La Rioja en todas sus infraestructuras de comunicación. Desde la perspectiva del transporte aéreo, está bloqueada la declaración de Obligación
de Servicio Público (OSP) de los trayectos entre Logroño y Madrid. Desde el punto de vista del transporte terrestre, los ya acumulados retrasos en las obras de la Ronda Sur de Logroño y de la A-12 iniciadas hace años. Desde el punto de vista
ferroviario, el retraso de la llegada de la Alta Velocidad se suma a una única conexión al día con Madrid.
Por tanto, la falta de conexiones con La Rioja tiene un impacto especialmente negativo en el aspecto social, económico, laboral y turístico en la vida de los riojanos y de los ciudadanos de fuera de La Rioja que quieren acercarse a la
Comunidad Autónoma.
Para los territorios, las comunicaciones son un aspecto fundamental y un requisito imprescindible para crecer y acelerar su desarrollo económico, permitiendo su apertura hacia el exterior y facilitando la relación del exterior con el
interior del territorio. En este
sentido, el Gobierno de España tiene el deber de no aislar a la Comunidad Autónoma de La Rioja en el mapa de las comunicaciones estableciendo los recursos necesarios.
Desde el punto de vista de las conexiones ferroviarias, la única conexión directa que existe con Madrid es a través de un solo tren con una frecuencia diaria de ida y vuelta, sin posibilidad de llegar antes de las 11 horas de la mañana, y
con una duración de viaje por encima de las 3 horas y 30 minutos.
En definitiva, la Comunidad Autónoma de La Rioja necesita de manera urgente el incremento de frecuencias diarias del tren Logroño-Madrid, así como la puesta en marcha del servicio Talgo AVRIL. En concreto, se requiere de dos nuevas
frecuencias diarias de trenes que conecten La Rioja con Madrid en tres horas. Se trata de una propuesta realista y eficaz para paliar el déficit de conectividad ferroviaria y, sobre todo, de inmediata ejecución si hay voluntad para solucionar las
dificultades de comunicación ferroviaria que arrastra la región.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para sumar a la conexión ferroviaria Logroño-Madrid Madrid-Logroño dos trenes más, estableciendo cuatro frecuencias diarias.
2. Poner en marcha un servicio Talgo AVRIL en la Comunidad Autónoma de La Rioja.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez, Héctor Palencia Rubio, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella,
Cristina Teniente Sánchez, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Esther Llamazares Domingo, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Rojas Manrique y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
161/000389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la recuperación del topónimo de Sierra de Cantabria, para su debate en la
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La UNESCO propone una serie de principios fundamentales a tener en cuenta a la hora de normalizar un topónimo como, por ejemplo, el respeto al uso, la unicidad del nombre del lugar, el respeto a la voluntad de las poblaciones afectadas, el
respeto a los nombres autóctonos o la no traducción de nombres propios.
A partir de aquí, comenzaremos a analizar lo que ha sucedido con el nombre de 'Sierra de Cantabria' en estos últimos veinticinco años.
Al sur del Territorio Histórico de Álava se extiende una sierra que, corriendo por tierras de La Rioja y País Vasco, llega hasta Navarra, separando las comarcas de Rioja Alavesa y Montaña Alavesa.
Desde muy temprano, a la zona más occidental de la sierra se le conoce como 'monte/sierra de Toloño', nombre con gran personalidad ya que se levantó en su cima un santuario y un castillo con este mismo nombre. Al resto de los parajes, según
se va
avanzando hacia el oriente, los pobladores cercanos los han ido denominando de diferentes maneras.
A principios del siglo XIX comienza la publicación de los grandes Diccionarios Geográfico-Históricos y es entonces cuando esta sierra recibe el nombre de 'Sierra de Cantabria' para su parte central, conservando el nombre de 'Toloño' para la
occidental y 'Codés' para la parte más oriental, siendo conocida, en ocasiones, con el único nombre de 'Sierra de Cantabria'.
Estas denominaciones se han conservado hasta nuestros días, siendo el nombre de 'Sierra de Cantabria' el más empleado tanto por las personas que habitan la zona sur, toda la Sonsierra riojana y Rioja Alavesa, (exceptuando Labastida y
Salinillas de Buradón), como la de la Montaña Alavesa, al norte.
En el año 1989 La Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia encarga un informe a uno de sus socios, José Antonio González Salazar, con el fin de dictaminar cual es el nombre correcto para designar a esta cadena montañosa. Casualmente
se trata de un autor que desde hace años denomina a toda la sierra como 'Toloño'.
Dicho informe se publica en la revista Euskera, órgano oficial de Euskaltzaindia, en 1990 pero no se contrasta por nadie externo a dicho órgano.
Durante los años 1986 y 1988, la mayoría de ayuntamientos de Rioja Alavesa y varios de la Montaña, así como asociaciones culturales existentes a uno y otro lado, acuerdan que se mantenga el nombre 'Sierra de Cantabria' para la parte central
y oriental, dejando el nombre de 'Toloño' para la zona más occidental. Se envía entrevistas a más de cincuenta vecinos del norte y sur de la sierra y la mayoría se decanta por el nombre de 'Cantabria'. Aun así, Euskaltzaindia responde con un
segundo dictamen en 1998 ratificándose en su postura.
En el año 1995, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, edita un mapa que deja pocas dudas sobre cuál es su postura en cuanto a la denominación de la sierra, pues se titula, 'Arabako Errioxa. Toloño mendikatea. Sierra de
Toloño, Rioja Alavesa'.
Durante los años 2005 y 2006 el Departamento de Política Lingüística encarga al Instituto DEIKER, dependiente de la Universidad de Deusto, la revisión de la toponimia de Álava. En dicho trabajo no se recoge en ningún momento el topónimo
'Sierra de Cantabria' a pesar de que se conoce desde hace tiempo, por parte de este Instituto, el debate que existe con las dos denominaciones.
Con el Instituto DEIKER colaboraron en varias ocasiones tanto José Antonio González Salazar como Roberto González de Viñaspre, autores de varios informes sobre la sierra a petición de las instituciones. Todo indica que el Departamento de
Política Lingüística no vio entonces nada extraño en que los autores fueran 'juez y parte' al mismo tiempo.
En el año 2007 el Departamento de Política Lingüística del Gobierno Vasco, en el mes de marzo, afirma con total rotundidad que el nombre normalizado para toda la sierra es 'Toloño'.
En el mismo año el Instituto Geográfico Nacional, tras mantener reuniones con las Comunidades Autónomas, publica el Nomenclátor Geográfico Conciso de España. En él aparece 'Sierra de Toloño', en castellano, como nombre preferente para la
sierra junto con 'Toloño mendikatea', en euskera y 'Sierra de Cantabria', en castellano, como variantes. En aquel momento, el nombre de 'Sierra de Cantabria' no se suprime gracias al empeño de dos técnicas del Gabinete de Toponimia del ING que lo
dejan recogido.
Tras la intervención en el año 2009 de Salvador Velilla Córdoba, etnógrafo e investigador, en la Comisión de Cultura de Juntas Generales de Álava, el departamento de Política Lingüística del Gobierno Vasco, encarga un dictamen a
Euskaltzaindia. El informe lo redacta Roberto González de Viñaspre y concluye diciendo que la denominación 'Sierra de Toloño', aplicada a toda la cordillera, está bien atestiguada documentalmente y que tanto 'Toloño' como 'Cantabria' son nombres
cuya etimología no es ni vasca ni romance, probablemente céltica, por tanto, no hay lugar a motivaciones lingüísticas a la hora de optar por una u otra denominación.
En el año 2016 el departamento de Política Lingüística encarga un nuevo informe sobre la denominación de la sierra, en esta ocasión a Mikel Belasco, especialista en toponimia y
miembro del Consejo del Euskera. En él, curiosamente, Belasko aconseja usar las tres denominaciones tradicionales, 'Toloño', 'Cantabria' y 'Codés' para cada una de las zonas y concluye afirmando que, en caso de usar una sola, debe ser la de
'Sierra de Cantabria'. Este informe sólo se ha dado a conocer en sede parlamentaria, a petición de un parlamentario del PP, pero no se ha enviado a ningún ayuntamiento ni asociación de la zona.
Este mismo año Radio Rioja Alavesa, dependiente de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, reúne a los portavoces de los partidos políticos representados en los ayuntamientos y todos manifiestan que el nombre 'Sierra de Cantabria' es el más
usado.
Un año más tarde, Euskaltzaindia, junto con el Departamento de Política Lingüística del Gobierno Vasco y el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava presentan en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz el libro encargado por la
Real Academia de la Lengua Vasca a José Ángel Chasco, miembro de Etniker (asociación cultural que tiene como objetivo la preservación del patrimonio etnográfico del País Vasco) y partidario desde hace años de suprimir el nombre de 'Serra de
Cantabria', titulado, 'Sierra de Toloño, nexo de la Montaña y de la Rioja Alavesa'.
En el año 2018, el entonces Delegado del Gobierno en el País Vasco, sabedor de que, cuando un accidente geográfico toca a varias comunidades autónomas, es al IGN a quien corresponde dirimir sobre la toponimia, se dirige a él solicitando que
se recuperen los nombres tradicionales de 'Sierra de Toloño', 'Sierra de Cantabria' y 'Sierra de Codés' y que, en caso de dar un nombre común a toda la sierra, que sea el de 'Sierra de Cantabria', tal y como ha sido en los últimos doscientos años.
Navarra contesta diciendo que el nombre de 'Sierra de Cantabria' no se utiliza en su tierra, La Rioja propone un nuevo estudio y País Vasco responde mostrándose en contra de la propuesta.
Entre la documentación que el Departamento de Política Lingüística presenta al IGN, en el turno de alegaciones, se encuentra una encuesta realizada a diecisiete vecinos de Rioja Alavesa, Sonsierra riojana y Navarra, sin nombre ni apellido,
en la que dicen que ellos llaman a la Sierra como 'Sierra de Toloño'.
En el año 2019 visto que las demandas de los ciudadanos no se tienen en cuenta, la Sociedad Amigos de Laguardia decide crear una plataforma formada por personas de Rioja Alavesa, Sonsierra riojana y Montaña Alavesa. Se elabora un texto y se
distribuye entre bares y tiendas de los diferentes municipios.
En aquel momento se consiguen recoger más de 2.000 firmas de apoyo a la reivindicación de vecinos y vecinas de los diferentes pueblos junto a las de un buen número de empresa, profesores de institutos y doctores en arqueología, geología...
tanto de la UPV como de la UR.
Con todo lo expuesto anteriormente es evidente que, frente a la posición clara de ayuntamientos, tanto del norte como del sur de la sierra así como, asociaciones culturales, bodegas o particulares, en cuanto a la denominación de la sierra
como 'Sierra de Cantabria', nos encontramos con el empecinamiento, ya desde hace años, de Euskaltzaindia y del Departamento de Política Lingüística del País Vasco por modificar un nombre que se ha mantenido vigente a lo largo de más de doscientos
años.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender la petición de la mayoría de la ciudadanía que habita los pueblos del norte y sur de la sierra para recuperar el topónimo 'Sierra de Cantabria' para toda la zona central de esta
cadena montañosa, manteniendo el de 'Toloño' exclusivamente para la zona más occidental, tal y como se viene denominando durante los últimos dos siglos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Daniel Senderos Oraá, Raúl Díaz Marín y Elisa Garrido Jiménez, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre los retos estratégicos previstos en el Plan de Vuelo 2021-2025 con el
objetivo de mejorar la seguridad, la calidad de los servicios, la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad de la movilidad aérea, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
ENAIRE es el gestor nacional de la navegación aérea en España y presta sus servicios en el espacio aéreo español (2,2 millones de km2), dividido en dos áreas (Península y Canarias) y cinco Regiones de Navegación Aérea (Centro-Norte, Este,
Balear, Sur y Canarias), además de los centros de control de área terminal de Valencia y Santiago de Compostela. Constituye un grupo empresarial y es el accionista mayoritario del gestor aeroportuario Aena, con el 51 % de sus acciones.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 85.1 que 'todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de
actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente.
Según establece el artículo 92.2, éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser
aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaría'.
El Plan Estratégico de ENAIRE 'Plan de Vuelo 2025' constituye la hoja de ruta de la organización para el periodo 2021-2025. Este ambicioso Plan Estratégico continúa el proceso de modernización y transformación de ENAIRE, constituyendo una
herramienta esencial para gestionar las crisis y hacer frente a los profundos cambios estructurales del sector. Sus principales ejes son: la seguridad, la movilidad sostenible, la digitalización, la eficiencia, la innovación y la
internacionalización que nos ha de permitir ser más eficientes y competitivos.
El Plan Anual de Actuación de ENAIRE 2024 concreta, para este año, los objetivos estratégicos y las principales líneas de actuación, así como los recursos económicos asociados a su despliegue, en línea con el Plan Estratégico de ENAIRE para
el periodo 2021-2025.
Por todo ello, el Grupo parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar desarrollando los retos estratégicos previstos en el Plan de Vuelo 2021-2025 con el objetivo de mejorar la seguridad, la calidad de los servicios, la sostenibilidad, la eficiencia y
la competitividad de la movilidad aérea y adecuando y reforzando la plantilla de ENAIRE a las nuevas necesidades derivadas de la ejecución del Plan y del incremento del tráfico aéreo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento del turismo
deportivo, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El turismo deportivo se está consolidando como un gran atractivo de nuestro país, convirtiéndose en un espacio con un gran desarrollo y alto valor para la industria turística española.
Todos somos conocedores de la importancia que tiene FITUR como la gran cita para los profesionales del turismo en España, una feria que es líder de los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.
Conocer las nuevas tendencias del mercado turístico y explorar todas sus posibilidades es el objetivo de esta feria y dentro de esa búsqueda hacia sectores más diversos y sostenibles, como punto de encuentro entre la industria turística y
deportiva, se ha celebrado Fitur Sports, por segundo año consecutivo.
Salud, libertad, eventos, competiciones, ocio, naturaleza, diversión, son algunas de las experiencias que proporciona el turismo deportivo, que conlleva como valor añadido, ser un motor de desarrollo socioeconómico.
Es necesario generar las condiciones idóneas para impulsar los espacios adecuados en los diferentes municipios para la práctica del deporte como atractivo turístico, como instrumento de fortaleza para cada unos de ellos. El deporte debe y
tiene que ser una oportunidad para dar vida y riqueza tanto a las grandes ciudades como a los pequeños municipios.
Desestacionalizar el turismo es también un gran reto que se puede afrontar a través del turismo deportivo. Diversas modalidades deportivas se pueden practicar a lo largo de todo el año sin depender de las condiciones climatológicas,
ayudando de esta manera también a fomentar el turismo de interior y en zonas menos desarrolladas.
Las actividades turísticas deportivas están adquiriendo una nueva dimensión en la población que demanda unas vacaciones diferentes, unas nuevas formas de turismo alternativo: turismo verde, turismo rural, turismo ecológico, turismo de
aventuras, turismo de nieve, turismo de surf, turismo de eventos deportivos, turismo running, etc.
El gasto público vinculado al deporte en porcentaje con el Producto Interior Bruto en el año 2022 supuso para la Administración General del Estado un 0,02%, un 0,04% para las Administraciones Autonómicas y un 0,21% para las Administraciones
Locales.
Si hablamos en términos económicos, el turismo deportivo generó unos ingresos en el año 2022 superiores a los 5.550 millones de euros, un 18% menos que en prepandemia, según aparece reflejado en el último anuario conocido y publicado por el
Ministerio de Deportes.
Este mismo anuario refleja que es el turista internacional es el que genera mayor impacto económico, debido a que la estancia media se estima en periodo de siete días, con un gasto que supera los mil euros por viaje.
Estos datos reflejan que el turismo deportivo en un gran potencial para nuestro país, pero también reflejan que la inversión de las administraciones públicas no es proporcionada para los ingresos que generan al conjunto del PIB.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar, a través del Consejo Superior de Deportes, la Conferencia Sectorial de Deporte para estudiar y dotar de los medios económicos necesarios a las Comunidades Autónomas para potenciar el turismo deportivo.
2. Dotar, a través de los Presupuestos Generales del Estado, a las entidades locales que así lo soliciten de los medios económicos necesarios para el desarrollo del turismo deportivo, presupuesto que debe de ser ajeno a la financiación con
cargo a los fondos europeos.
3. Poner en marcha, a través del Consejo Superior de Deportes y en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, una campaña de difusión del turismo deportivo, donde se ponga en valor los beneficios que su práctica
puede reportar a las personas que lo practiquen, tanto en la salud y en el bienestar como en el crecimiento personal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Borja Sémper Pascual, Javier Merino Martínez, Óscar Clavell López, Antonio Román Jasanada, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo
Díez, Ana Martínez Labella, Jaime Miguel de los Santos González, Eduardo Carazo Hermoso, Nacho Martín Blanco, Ester Muñoz de la Iglesia, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Javier Celaya Brey y Óscar Ramajo Prada, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
161/000401
A La Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración del Gran
Premio de Motociclismo de Jerez como acontecimiento de excepcional interés público, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El Gran Premio de España de Motociclismo se celebra, cada año, en nuestro país desde 1950 y, concretamente, en el circuito de Jerez de la Frontera, Circuito de Ángel Nieto, desde el año 1987.
Para la celebración anual del Gran Premio de Jerez, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez han hecho frente anualmente al pago de un canon a DORNA, empresa organizadora de la prueba del mundial, con el consiguiente esfuerzo
económico para un Ayuntamiento que, como bien conoce el Ministerio de Hacienda, es uno de los ayuntamientos más endeudados de nuestro país.
Tradicionalmente, el Gran Premio de España de Motociclismo arranca en el circuito de Jerez a primeros del mes de mayo. Por su situación geográfica, el clima de Jerez, su cercanía con la costa, la magnífica oferta hotelera, su gastronomía,
sus excelentes servicios y una perfecta organización que garantiza la seguridad en la celebración de la prueba hacen que este Gran Premio de Jerez se convierta en un destino obligado para aficionados al motor, y uno de los eventos deportivos más
importantes de nuestro país. En circunstancias normales, son más de 200.000 aficionados los que se acercan al circuito y más de 50.000 vehículos de dos ruedas los que se reúnen en torno a la prueba deportiva.
Se ha señalado de forma reiterada por parte de las instituciones y organizadores que son más de 50 millones de euros los que se generan únicamente en gasto destinado al turismo que se desprende de esta prueba deportiva. A ello, habría que
sumar, los beneficios indirectos derivados de los impactos en promoción de la ciudad de Jerez, la provincia de Cádiz, y, por tanto, en la Comunidad autónoma de Andalucía.
La declaración de un evento como acontecimiento de excepcional interés público implica, como ya se conoce, una oportunidad para las empresas que desean obtener beneficios fiscales asociando su imagen a un evento concreto de tal manera, que
favorece, a través de este reconocimiento, la aportación de fondos para la propia organización del evento, lo que reduce la aportación pública, así como la propia divulgación del mismo.
Hace unos años, el Gobierno de España declaró como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, la celebración de la Fórmula 1 en Cataluña, y como se declaró tras el Consejo de Ministros que aprobó el reconocimiento 'esta decisión va a
suponer un impulso a un evento que tiene especial significado en el circuito de Barcelona-Cataluña'.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar la consideración de acontecimiento de excepcional interés público al Gran Premio de Jerez de Motociclismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con los beneficios fiscales máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Asimismo, a dotar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado la concesión de una dotación anual al Circuito de Jerez, similar al menos en la cuantía a la concedida para otros circuitos españoles de la misma entidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Óscar Clavell López, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Ana Martínez Labella, Jaime Miguel de
los Santos González, Eduardo Carazo Hermoso, Nacho Martín Blanco, Ester Muñoz de la Iglesia, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Javier Celaya Brey, Óscar Ramajo Prada, Antonio Román Jasanada, Borja Sémper Pascual, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José
Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya y Miguel Ángel Sastre Uyá, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la necesidad de incrementar el personal y los medios de la Inspección de Trabajo en Galiza, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los siniestros con baja superaron los 27.200 en Galiza en 2023, lo que supuso un incremento del 6%. Los accidentes leves aumentaron un 6,3%, contabilizándose 26.800 accidentes de este tipo. Los accidentes en 'itínere' siguen la tendencia
ascendente de los últimos años y se acercan al porcentaje de incremento del 18%, con 3.150 accidentes.
Los registros del Ministerio indican que por cada 100.000 trabajadores y trabajadoras se cuentan en Galiza 2.640 accidentes laborales, figurando entre los primeros puestos en materia de siniestralidad laboral mortal.
Estos datos sitúan a Galiza como la segunda autonomía con una mayor subida de accidentes laborales. Han perdido la vida un total de 56 trabajadores durante el 2023, 50 en jomada laboral y 6 en 'itínere'. Así, aunque las cifras de
siniestralidad laboral en territorio galego son menores que las recogidas en 2022 cuando se contabilizaron 73 muertes, hay que tener en cuenta que dichas estadísticas se vieron incrementadas por el naufragio del Vila de Pitanxo que se cobró la vida
de 21 marineros.
En el año 2022, se realizaron en Galiza 36.603 inspecciones, con un importe de las sanciones de 17.488.357,59 euros, con un total de 80.532 incidencias registradas y 14.036 requerimientos realizados. Los sectores en los que se ha actuado
son sobre todo en la Construcción, en la Industria y Agricultura.
Uno de los últimos casos de accidente laboral con resultado de muerte, el que tuvo lugar el 17 de febrero en una planta de reciclaje de plásticos de A Cañiza y en el que fallecieron un trabajador (50 años) y una trabajadora (42 años) tras
quedar sepultados bajo unos sacos de plástico derretidos de gran peso, ha causado una gran conmoción y sensibilización pública. En este sentido, el desarrollo de las medidas para la prevención, la salud y la seguridad en el trabajo son
fundamentales, ámbitos de competencias compartidas.
Pero también es importante incrementar los medios materiales y personales de la Inspección de Trabajo que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social. A raíz de las movilizaciones y protestas de la plantilla de inspectores de
trabajo el año pasado, el Ministerio anunció una mayor dotación de inspectores.
La plantilla de inspectores de trabajo está por debajo de las necesidades y de la carga de trabajo existente. Es una queja recurrente desde hace años que no se ha atendido adecuadamente.
Precisamente, hay que recordar que en diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, fue convocada una huelga de la inspección de trabajo por distintas organizaciones sindicales, entre ellas la CIG, para denunciar las insuficiencias de
plantilla, una estructura organizativa ineficaz y la falta de medios técnicos y materiales, entre otras cuestiones.
La Inspección de Trabajo lleva más de 23 años con la misma relación de puestos de trabajo y no está adaptada para hacer frente a los nuevos retos y cambios que se han producido en el ámbito laboral. Los trabajadores y trabajadoras de la
Inspección se quejan de que en el Estado español hay un inspector de trabajo por cada 15.000 trabajadores y cada 1.500 centros de trabajo, cuando debería haber, como mínimo, un inspector por cada 10.000 trabajadores.
Según los datos aportados por el propio Ministerio en una respuesta por escrito al BNG, la plantilla de inspectores e inspectoras de trabajo es de 1.042 personas y 1.129 subinspectores y subinspectoras laborales en todo el Estado. Galiza
cuenta únicamente con una plantilla de 67 inspectores e inspectoras de trabajo y 71 del personal de subinspectores laborales.
El BNG lleva décadas reclamando un incremento de la plantilla de Inspección de Trabajo, de sus medios y una organización diferente, menos centralista y traspasando a Galiza la competencia en esta materia para poder adaptar los medios a las
características socio-económicas y socio-laborales galegas.
El Ministerio se remitió al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023 que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 16 de noviembre de 2021. Destacaba el Objetivo 2 del Plan para el refuerzo de las
Unidades de Seguridad
y Salud. El Objetivo 22 comprendía una serie de líneas de actuación para el refuerzo de recursos humanos.
A finales de octubre de 2023 el Ministerio señalaba en su respuesta al BNG que en los próximos meses tenía previsto incrementar la plantilla del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 171 personas, previéndose en Galiza la
incorporación de 6 subinspectores laborales, 5 de nuevo ingreso. Unas dotaciones de personal claramente insuficientes para hacer frente al volumen de trabajo existente.
Además, consideramos que la gestión de esta competencia debería hacerse desde el Gobierno galego para garantizar una gestión más adecuada a las especificidades y singularidades socioeconómicas y laborales de Galiza que requerirían de una
gestión cercana y directa de la inspección de trabajo.
Hay territorios del Estado que han asumido esta competencia. El País Vasco tiene transferida esta competencia desde el año 2011 y Catalunya desde el año 2010 en base a sus Estatutos de Autonomía y de conformidad con la normativa estatal.
La Xunta de Galiza detenta funciones y competencias laborales en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. Creemos que el traspaso de la competencia en materia de Inspección de Trabajo podría mejorar su gestión y su organización.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo en Galiza -el cuerpo de inspectores/as y subinspectores/as, así como el personal técnico y administrativo-y los recursos materiales, para atender de forma adecuada sus funciones de
vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los convenios colectivos atendiendo a los nuevos retos y necesidades laborales, las especificidades socio-económicas y de siniestralidad laboral.
2. Abordar el traspaso a la Xunta de la materia, funciones, servicios y gestión de la Inspección de Trabajo a fin de adaptar su organización y estructura a la realidad laboral y socio-económica de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei sobre
a necesidade de incrementar o persoal e os medios da Inspección de Traballo na Galiza, para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e Migracións.
Exposición de motivos
Os sinistros con baixa superaron os 27.200 en Galiza en 2023, o que supuxo un incremento do 6%. Os accidentes leves aumentaron un 6,3%, contabilizándose 26.800 accidentes deste tipo. Os accidentes en 'itínere' seguen a tendencia ascendente
dos últimos anos e achéganse á porcentaxe de incremento do 18%, con 3.150 accidentes.
Os rexistros do Ministerio indican que por cada 100.000 traballadores e traballadoras cóntanse en Galiza 2.640 accidentes laboráis figurando entre os primeiros postos en materia de sinistralidade laboral mortal.
Estes datos sitúan á Galiza como a segunda autonomía cunha maior suba de accidentes laboráis. Perderon a vida un total 56 traballadores durante o 2023, 50 en xornada laboral e 6 en 'itínere'. Así, aínda que as cifras de sinistralidade
laboral en territorio galego son menores que as recollidas en 2022 cando se foron contabilizadas 73 mortes, hai que ter en conta que ditas estatísticas vírense incrementadas polo naufraxio do Vila de Pitanxo que se cobrou a vida de 21 mariñeiros.
No ano 2022, realizáronse na Galiza 36.603 inspeccións, cun importe das sancións de 17.488.357,59 euros, cun total de 80.532 incidencias rexistradas e 14.036 requirimentos realizados. Os sectores nos que se actuou son sobre todo na
Construción, na Industria e Agricultura.
Un dos últimos casos de accidente laboral con resultado de morte, o que tivo lugar o 17 de febreiro nunha planta de reciclaxe de plásticos da Cañiza e no que faleceron un traballador (50 anos) e unha traballadora (42 anos) tras quedar
soterrados baixo uns sacos de plástico derretidos de gran peso, causou unha gran conmoción e sensibilización pública. Neste sentido, o desenvolvemento das medidas para a prevención, a saúde e a seguridade no traballo son fundamentáis, ámbitos de
competencias compartidas.
Pero tamén é importante incrementar os medios materiais e persoais da Inspección de Traballo que depende do Ministerio de Traballo e Economía Social. Por mor das mobilizacións e protestas do persoal de inspectores de traballo o ano pasado,
o Ministerio anunciou unha maior dotación de inspectores.
O persoal de inspectores de traballo está por baixo das necesidades e da carga de traballo existente. É unha queixa recorrente desde hai anos que non se atendeu adecuadamente.
Precisamente, hai que lembrar que en decembro de 2022 e os primeiros meses de 2023, foi convocada unha folga da inspección de traballo por distintas organizacións sindicáis, entre elas a CIG, para denunciar as insuficiencias de persoal, unha
estrutura organizativa ineficaz e a falta de medios técnicos e materiais, entre outras cuestións.
A Inspección de Traballo leva máis de 23 anos coa mesma relación de postos de traballo e non está adaptada para facer fronte aos novos retos e cambios que se produciron no ámbito laboral. Os traballadores e traballadoras da Inspección
quéixanse de que no Estado español hai un inspector de traballo por cada 15.000 traballadores e cada 1.500 centros de traballo, cando debería haber, como mínimo, un inspector por cada 10.000 traballadores.
Segundo os datos achegados polo propio Ministerio nunha resposta por escrito ao BNG, o persoal de inspectores e inspectoras de traballo é de 1.042 persoas e 1.129 subinspectores e subinspectoras laboráis en todo o Estado. Galiza conta
únicamente cun persoal de 67 inspectores e inspectoras de traballo e 71 do persoal de subinspectores laboráis.
O BNG leva décadas reclamando un incremento do persoal de Inspección de Traballo, dos seus medios e unha organización diferente, menos centralista e traspasando a Galiza a competencia nesta materia para poder adaptar os medios ao
características socio-económicas e socio-laborais galegas.
O Ministerio remitiuse ao Plan Estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social 2021-2023 que foi aprobado polo Consello de Ministros do 16 de novembro de 2021. Destacaba o Obxectivo 2 do Plan para o reforzó das Unidades de
Seguridade e Saúde. O Obxectivo 22 comprendía unha serie de liñas de actuación para o reforzó de recursos humanos.
A fináis de outubro de 2023 o Ministerio sinalaba na súa resposta ao BNG que nos próximos meses tiña previsto incrementar o persoal do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social en 171 persoas, prevéndose en Galiza a incorporación
de 6 subinspectores laboráis, 5 de novo ingreso. Unhas dotacións de persoal claramente insuficientes para facer fronte ao volume de traballo existente.
Ademáis, consideramos que a xestión desta competencia debería facerse desde o Gobernó galego para garantir unha xestión máis adecuada ás especificidades e singularidades socioeconómicas e laboráis de Galiza que requirirían dunha xestión
próxima e directa da inspección de traballo.
Hai territorios do Estado que asumiron esta competencia. O País Vasco ten transferida esta competencia desde o ano 2011 e Catalunya desde o ano 2010 en base aos seus Estatutos de Autonomía e de conformidade coa normativa estatal.
A Xunta de Galiza detenta funcións e competencias laboráis no ámbito da saúde e seguridade no traballo. Cremos que o traspaso da competencia en materia de Inspección de Traballo poderla mellorar a súa xestión e a súa organización.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Gobemo do Estado a:
1. Incrementar o persoal da Inspección de Traballo na Galiza -corpo de inspectores/as e subinspectores/as, así como persoal técnico e administrativo- e os recursos materiais, para atender de forma adecuada as súas funcións de vixüancia e
exbcencia do cumplimento das normas legáis, regulamentarias e contido normativo dos convenios colectivos atendendo aos novos retos e necesidades laboráis xunto ás especificidades socio-económicas e de sinistralidade laboral.
2. Abordar o traspaso á Xunta da materia, funcións, servizos e xestión da Inspección de Traballo a fin de adaptar a súa organización e estrutura á realidade laboral e socio-económica da Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febreiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz axunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las competencias para la gestión de incapacidad temporal en atención primaria
y hospital, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En la actualidad, en la gestión de la Incapacidad temporal (IT), por enfermedad común o accidente no laboral, las competencias se asignan al facultativo de los Servicios Públicos de Salud. Por tanto, la emisión del parte de IT cuando la
patología que presenta un paciente le impide desarrollar las actividades que supone su trabajo, el seguimiento de dichas patologías en relación con la imposibilidad total o parcial para trabajar, y el alta médica cuando esté recuperado y pueda
incorporarse a su trabajo aunque continúe con algún tratamiento o esté pendiente de alguna prueba diagnóstica o intervención, son tramites clínicos y administrativos que son realizados por los/as médicos/as de atención primaria.
La necesidad de indicar reposo por sus patologías puede surgir por ingreso en hospital o por atención urgente, pero siempre tiene que acudir a consulta de atención primaria, el paciente o familiar (si está ingresado) para solicitar la IT.
A su vez, estos profesionales de atención primaria a veces requieren del informe preceptivo del correspondiente especialista, para conocer si la persona está en condiciones para incorporarse a su puesto de trabajo.
Esta competencia asignada en la práctica solo al médico de familia, está teniendo efectos negativos sobre el funcionamiento de los servicios de atención primaria.
Esta gestión de la IT podría mejorarse si los especialistas hospitalarios pudieran emitir los partes de baja médica a los pacientes que la necesiten durante su ingreso, y continuar con posterioridad, al alta en las consultas de atención
primaria.
En control y seguimiento de este proceso se facilitaría y mejoraría si cada especialidad hospitalaria en sus consultas indicara siempre una valoración de las limitaciones que tiene el paciente para su actividad laboral, el tiempo previsible
de reposo o indicar que puede incorporarse a su puesto de trabajo.
Medidas como estas ayudarían a simplificar el modelo de gestión de la IT, y se evitaría sobrecargar las consultas de atención primaria.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover una reforma normativa, en el marco del diálogo social, que permita mejorar, agilizar y armonizar entre Comunidades Autónomas, los trámites para la gestión de bajas médicas por Incapacidad Temporal (IT), ya sea por enfermedad
común o accidente no laboral.
2. Estudiar que en la gestión de IT se impliquen otros especialistas médicos de los Servicios Públicos de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Esther Peña Camarero y María Carmen Castilla Álvarez, Diputadas.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada, para su debate en la Comisión
de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Uno de los principales ejes de la acción del gobierno de progreso se ha centrado en las políticas de bienestar. En el desarrollo de estas políticas se ha tenido muy en cuenta el objetivo de garantizar los equilibrios intergeneracionales,
atender las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital, y reducir las distintas brechas de desigualdad que existen por diversas circunstancias, incluida la edad.
Más del 20 % de la población en España tiene más de 65 años y cabe esperar que esta proporción aumente en los próximos 20 años. Estas personas presentan un mayor riesgo de caer en situaciones de aislamiento y de soledad no deseada.
El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada de la Fundación ONCE define la soledad no deseada como la experiencia personal negativa en la que una persona tiene la necesidad de comunicarse con otras y percibe carencias en sus relaciones
sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea.
La preocupación creciente por este problema se refleja en el informe Envejecimiento y bienestar, elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados en diciembre de 2023 [Oficina de Ciencia y Tecnología del
Congreso de los Diputados (Oficina C). Informe C: Envejecimiento y bienestar. (2023) www.doi.orq/10.57952/q3ze-2c39].
Este informe define la soledad no deseada como un sentimiento subjetivo doloroso que resulta de la discrepancia entre las conexiones sociales deseadas y las reales; una realidad relacionada con el aislamiento social, que es la situación
objetiva de contar con mínimos contactos con otras personas, bien sean familiares o amigos. Además, el informe afirma que la incidencia de la soledad no deseada aumenta a partir de los 75 años, perjudica la salud y supone costes tangibles e
intangibles. Apunta también que, en España, uno de los factores de riesgo es que la persona viva sola.
El estudio se hace eco de algunas investigaciones que señalan la efectividad de intervenciones grupales y participativas. Entre ellas, se destacan las acciones que la comunidad experta recomienda, que son las que se centran en la
prevención, así como el papel del voluntariado, por ejemplo, en la formación de redes vecinales, pues indican que 'la soledad requiere acompañamiento afectivo, no pagado, al ser una percepción subjetiva compleja'.
Ante el incremento que está experimentando este fenómeno, las administraciones públicas han desplegado políticas encaminadas a abordarlo. Los recursos que brindan las Administraciones Públicas se complementan con los proyectos de la
iniciativa social. Desde la sociedad civil son muchas las entidades que luchan contra esta lacra que afecta a las personas mayores y a otros colectivos, como Som Base, Amics de la Gent Gran, Avismón Catalunya, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Arrels y
Roura, Les Petites Fréres des Pauvres, por citar solo algunos. El voluntariado de dichas organizaciones trabaja para mantener y fomentar actividades sociales, promover la socialización y favorecer que las personas en situación de soledad crónica
puedan relacionarse con el entorno.
Estas entidades, que trabajan en la atención directa a las personas para propiciar su acompañamiento frente a la situación de soledad crónica no deseada, también luchan para que se reconozca el derecho al Acompañamiento Afectivo, en las
Naciones Unidas. Este derecho promulgaría que 'todas las personas tienen derecho a relacionarse y a ser tratadas con afecto', a ser acompañadas como libremente desean, y conllevaría un mayor reconocimiento del trabajo de las organizaciones de este
ámbito, así como el fomento de programas, políticas y acciones para promover dicho derecho por parte de los Estados.
Aunque, como se ha señalado, ya se han puesto en marcha numerosas iniciativas, las administraciones públicas deben seguir impulsando, desde los diferentes ámbitos, medidas que tengan la finalidad de prevenir, detectar, acompañar y
sensibilizar en relación con la soledad no deseada, especialmente en las personas mayores.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a:
1. Impulsar políticas para abordar la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social, con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional y
multidisciplinar.
2. Profundizar en la cuantificación y conocimiento de las personas en soledad crónica, para poder diseñar acciones concretas, así como en la implicación de los profesionales del ámbito social y de toda la sociedad para generar vínculos
solidarios y comunitarios que promuevan una sociedad inclusiva y cuidadora.
3. Promover los grupos de apoyo mutuo y las iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Sonia Guerra López, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza
García, Modesto Pose Mesura, María Nieves Ramírez Moreno, Esther Rodríguez Suárez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de una nueva
Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La pobreza y la exclusión social son realidades que afectan a millones de personas en España. En los últimos años, se han convertido en un problema de carácter estructural, agravado en contextos de crisis y que expone las deficiencias de
unas políticas sociales que no han sabido resolver esta problemática y que están generando ya una profunda brecha entre quienes tienen acceso a los recursos básicos para una vida digna y aquellos que luchan día a día por subsistir en condiciones
precarias.
Los últimos datos de pobreza en España lo confirman. Según revela el Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada el pasado 26 de febrero, durante 2023 la situación de los españoles ha
empeorado notablemente.
El 26,5 % de la población en España, esto es, 12,7 millones de españoles, se encuentra en riesgo de pobreza exclusión social. Son 300.000 personas más que hace un año, lo que supone un aumento en cinco décimas respecto a 2022 y tres décimas
más que en 2019.
Especialmente preocupantes son las dificultades económicas que atraviesan los hogares. El 9 % de la población, 4.325.000 personas, presentan carencias materiales y sociales severas, 675.000 personas más que el año anterior, el peor dato
desde 2014 y superando ampliamente los niveles prepandemia.
Esta encuesta nos explica el verdadero impacto que ha tenido la inflación en los hogares más vulnerables. Una de cada cinco familias no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, un tercio de los hogares no ha podido irse ni una
semana de vacaciones, y casi cuatro de cada diez no puede hacer frente a gastos imprevistos. Además, comer carne, pollo o pescado, al menos cada dos días, se ha convertido en un artículo de lujo para el 6,4 % de los hogares y el 13,6 % ha tenido
retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses. En definitiva, en 2023 de los 13 indicadores de la carencia material y social severa, siete a nivel de hogar y 6 a nivel de persona,
empeoran todos menos dos.
Especialmente preocupante es el aumento de la pobreza infantil. El 34,3 % de los menores de 16 años está en situación AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) y el 28,5 % de ellos vive en hogares en situación con bajos ingresos (60 %
por debajo de la mediana). Según el último informe de UNICEF, España es el cuarto país con la tasa más alta de pobreza infantil persistente de la OCDE y el peor de la UE.
Si hablamos del acceso a la vivienda, un informe de la organización sin ánimo de lucro Provivienda, financiado por el propio Ministerio de Derechos Sociales, afirma que el 59 % de las familias experimentan dificultades relacionadas con la
asequibilidad, la habitabilidad, el entorno o la inseguridad de su vivienda y un 29,5 % de las familias sufren exclusión residencial.
Todos estos indicadores de exclusión y pobreza reflejan una realidad alarmante, que demuestra que las políticas implementadas hasta ahora han sido del todo insuficientes y no han evitado el aumento de los índices de pobreza ni la
cronificación de la misma.
Teniendo en cuenta estos datos, parece claro que la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, ya caducada, se ha comprobado ineficaz. Es más, las propias medidas recogidas en los Planes
Operativos, tales como Ingreso Mínimo Vital o el Bono Social, entre otros, ni siquiera están llegando a la población a la que van dirigidas y su ejecución presupuestaria real no llega ni al 50 % de las partidas asignadas, excluyendo así a miles de
familias y personas.
Es responsabilidad de las Administraciones Públicas garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y es hora de dejar atrás las medidas propagandísticas, que se han demostrado inútiles ante el drama de
tantas personas para tomar medidas decididas y eficaces que nos permitan construir una sociedad más justa e inclusiva. Por todo ello, es necesario un abordaje de manera integral que dé solución a este problema de carácter estructural.
Urge poner en marcha una nueva Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que tenga en cuenta los datos y la realidad actual. Esta estrategia deberá contemplar medidas concretas y eficaces para garantizar el acceso de los
ciudadanos a los recursos básicos, pero también medidas que combatan la cronificación de la pobreza y permitan a los ciudadanos crear un proyecto de vida libre y autónomo.
Será también fundamental que se asignen los recursos necesarios para la implementación efectiva de estas medidas y se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación continua para garantizar su cumplimiento e ir corrigiendo posibles
errores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar en el plazo máximo de seis meses la Evaluación Final de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
2. Comparecer ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo para dar cuenta de los resultados de dicha Evaluación Final de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 tan pronto se
concluya y en todo caso en el plazo máximos de seis meses.
3. Elaborar y aprobar durante 2024 una nueva Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que dé respuesta real y efectiva a los alarmantes índices de pobreza de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2014.-Bella Verano Domínguez, Ana Isabel Alós Pérez, Carmen Fúnez de Gregorio, Silverio Argüelles García, Patricia Rodríguez Calleja, Pedro Samuel Martín García, Bartolomé Madrid Olmo,
Antonio Martínez Gómez, Sandra Fernández Herranz, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Violante Tomás Olivares, Agustín Parra Gallego, Beatriz Jiménez Linuesa, María del Mar Vázquez Jiménez y María Sandra Moneo Díez,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regularización de los requisitos para la comercialización de los juegos de
lotería, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, regula la actividad de juego, en sus distintas modalidades con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los
menores y salvaguardarlos derechos de los participantes en los juegos. Establece el marco jurídico para las actividades de explotación y gestión de juegos de ámbito estatal.
La disposición adicional primera de la citada Ley, dispone que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) son los operadores designados para la comercialización de los juegos de
loterías, y que los juegos gestionados por estas entidades se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte pueda ser material, informático, telemático, telefónico o interactivo, directamente o a través de
cualquier establecimiento de su red comercial externa.
El Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego dispone que la Comisión Nacional del Juego (Dirección General de
Ordenación del Juego) podrá desarrollar normativamente cuantos aspectos sobre la comercialización de los juegos de lotería sean precisos para el correcto cumplimiento de las competencias que tiene encomendada y que las personas físicas o jurídicas
que, no formando parte de la red externa de comercialización de los operadores designados para la realización de actividades reservadas por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, comercialicen o participen en la comercialización de
juegos de lotería deberán contar con la autorización expresa del operador designado para el desarrollo de las citadas actividades, con excepción de los terceros que, bajo la exclusiva responsabilidad de los gestores de la citada red externa
comercialicen productos de loterías de acuerdo con los usos y costumbres tradicionalmente admitidas. La falta de autorización dará lugar a que el comercializador o la persona o entidad que participe en la comercialización pueda ser sancionado como
autor de una infracción muy grave o grave.
Esta previsión tiene por finalidad garantizar la intervención de los operadores de juego reservado mediante una supervisión previa y valoración del grado de idoneidad de todas aquellas personas susceptibles de participar en la
comercialización de sus productos de tal forma que, por esta vía, no se pueda ver menoscabada la protección de los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad, así como los sistemas de protección frente a los efectos perniciosos
del juego sobre los participantes, fundamentos ambos de la reserva concedida.
El Gobierno, durante la pasada legislatura, abrió un procedimiento de participación pública para fijar los requisitos para la comercialización de juegos de loterías por entidades colaboradoras en la comercialización de estos productos y por
páginas web, aplicaciones u otros canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos de los puntos de venta que forman parte de la red externa de los operadores habilitados. La convocatoria electoral paralizó la tramitación del proyecto
de resolución.
Del creciente auge de las tecnologías de la información en todos los sectores de la sociedad no es ajena la explotación y comercialización de los juegos de ámbito nacional y en concreto la actividad del juego de Loterías, por lo que es
preciso volver a abordar cuanto antes una regulación que permita proteger todos los intereses en juego.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular los requisitos para la comercialización de juegos de loterías por entidades colaboradoras en la comercialización de estos productos y por páginas web, aplicaciones u otros canales
electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos de los puntos de venta que forman parte de la red externa de los operadores habilitados, de forma que se garantice la protección de los consumidores contra los riesgos de fraude y criminalidad,
y contra los posibles efectos perniciosos de la adicción al juego.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Noelia Cobo Pérez, María Carmen Castilla Álvarez, Carmen Andrés Añón, María Luisa Faneca López, Sonia Guerra López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza
García, Modesto Pose Mesura, María de las Nieves Ramírez Moreno, Susana Ros Martínez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre consumo responsable y sostenible, para su debate en la Comisión de Derechos
Sociales y Consumo
Exposición de motivos
La producción y el consumo responsable son uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el
mundo. Cumplir con este reto supone evitar el deterioro del medioambiente, aprovechar más los recursos y promover estilos de vida sostenibles. En concreto, la meta 12.5 es: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Como señala Naciones Unidas en el desarrollo de este objetivo, reducir los desechos y actuar de forma reflexiva a la hora de comprar y optar por una opción sostenible siempre
que sea posible, son las dos fórmulas a través de las cuales podemos contribuir como consumidores a la consecución de este objetivo. En el ámbito de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo es parte integrante de esta estrategia para aplicar la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Como se señala en la Nueva Agenda del Consumidor, existe un interés creciente entre los consumidores en contribuir personalmente a la consecución de la neutralidad climática, a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad y a
la reducción de la contaminación del agua, el aire y el suelo.
El Eurobarómetro especial n.º 501 (marzo de 2020) Actitudes de los ciudadanos europeos hacia el medio ambiente ha puesto de manifiesto este interés del conjunto de los consumidores europeos y ha mostrado una especial actitud y preocupación
de los consumidores españoles hacia la protección del medio ambiente: el 98 % de los consumidores españoles consideran que la protección del medio ambiente es muy o bastante importante (94 % UE28); el 36 % considera que cambiar nuestra forma de
consumir es una manera efectiva para combatir los problemas medioambientales (33 % UE28). Y una amplia mayoría considera que no se está haciendo lo suficiente ni desde el sector de la industria, ni desde el ámbito gubernamental, ya sea este local,
estatal o europeo, ni por los propios consumidores, para proteger el medio ambiente.
Esta actitud de una amplia mayoría de consumidores constituye un enorme capital que se debe de aprovechar mediante la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su situación económica,
desempeñar un papel activo en la transición ecológica sin imponer un estilo de vida específico y sin ninguna discriminación social. El acceso a productos sostenibles no debe depender del nivel de ingresos o del lugar de residencia, sino que debe
estar disponible para todos. Así lo señala la Nueva Agenda del Consumidor, Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible, puesta en marcha por la Comisión Europea con el fin de capacitar a los consumidores europeos para
que desempeñen un papel activo en las transiciones ecológica y digital. La hoja de ruta recientemente publicada para el Plan de Acción de Contaminación Cero de 2021, identifica los productos de consumo como un ámbito de actuación importante y
estudia maneras de incentivar a los consumidores para que elijan opciones más limpias.
El Plan de acción de la UE para la economía circular, considera que los consumidores, junto con las empresas, son agentes económicos fundamentales en la transición a una economía en la que el valor de los productos, los materiales y los
recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos. 'Empoderar a los consumidores y brindarles oportunidades de ahorro es una pieza clave del marco de la política de
productos sostenibles. Para aumentar la participación de los consumidores en la economía circular, la Comisión propondrá una revisión de la legislación de protección de los consumidores de la UE que garantice que estos reciban, en el punto de
venta, información fiable y pertinente sobre los productos que incluya datos sobre su vida útil y sobre la disponibilidad de servicios de reparación, piezas de recambio y manuales de reparación. La Comisión estudiará también la posibilidad de
seguir reforzando la protección de los consumidores contra el 'blanqueo ecológico' y la obsolescencia prematura y establecerá requisitos mínimos para las etiquetas o logotipos de sostenibilidad y las herramientas de información. Además, trabajará
para establecer un nuevo 'derecho a la reparación' y estudiará nuevos derechos sustantivos de carácter horizontal para los consumidores, como la disponibilidad de piezas de recambio, el acceso a servicios de reparación y, en el caso de las TIC y la
electrónica, los servicios de actualización(...)'.
Como señala la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre el tema 'Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores', el consumo sostenible va de la mano de una producción sostenible y,
entre otras cuestiones, anima a los agentes económicos a que consideren la durabilidad de los productos y servicios desde la fase de diseño y cuando se introduzcan o presten en el mercado interior, a fin de garantizar a los consumidores una oferta
segura sostenible, rentable y atractiva.
Por lo que respecta a España, la Estrategia Española de Economía Circular, entronca con las principales iniciativas internacionales y europeas para contribuir a lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los
recursos y competitiva. Tal y como se señala en esta estrategia, la implicación de los consumidores es fundamental en la consecución de dicho objetivo. Sus decisiones en la compra de productos, así como su comportamiento en la separación de
residuos son determinantes en la transición hacia la economía circular. Para ello, trata de superar el modelo lineal de 'usar-consumir-tirar', que conlleva un uso intensivo de recursos naturales y una elevada generación de recursos, hacia un modelo
en el que el valor de los bienes perdure el mayor tiempo posible. Es fundamental la implicación de las personas consumidoras.
Para coadyuvar a la durabilidad de los bienes puestos en el mercado, el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales,
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, que transpone a nuestro
ordenamiento la Directiva 2019/771, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, mantiene y refuerza las previsiones de nuestra legislación garantizando la existencia de un adecuado servicio
técnico, así como de los repuestos necesarios, durante un plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse, contribuyendo con ello al derecho a la reparación reclamado por el Parlamento Europeo en su
Resolución de 25 de noviembre de 2020, sobre el tema 'Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su situación económica, desempeñar un papel activo en la consecución de la neutralidad
climática, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad y la reducción de la contaminación del agua, el aire y el suelo. Entre otras estudiará la adopción de las siguientes:
1. Promover, a través de campañas de comunicación, en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios de España, la elección, por parte de los consumidores de productos y servicios menos contaminantes, la compra de productos
duraderos y la cultura de la reparación, el reciclado y la reutilización.
2. Mejorar la información de los consumidores respecto a sus derechos en relación con la garantía legal de los productos.
3. Hacer frente a la obsolescencia prematura de los productos de consumo. Valorar la incorporación como prácticas comerciales desleales con los consumidores aquellas tendentes a reducir la vida útil de un producto para aumentar su tasa de
sustitución o a limitar indebidamente su reparabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Carmen Andrés Añón, María Carmen Castilla Álvarez, Noelia Cobo Pérez, María Luisa Faneca López, Sonia Guerra López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza
García, Modesto Pose Mesura, María de las Nieves Ramírez Moreno, Susana Ros Martínez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar el efecto de los ataques a
los productos agroalimentarios por parte del Gobierno de España y específicamente en territorio francés, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde el Partido Popular, reivindicamos el carácter estratégico del sistema agroalimentario español y su aportación a la economía: el 9,2 % del PIB nacional y más de dos millones y medio de puestos de trabajo generados. Su esfuerzo
permitió mantener la actividad en los tiempos más difíciles durante la crisis de 2008/2012. Gracias a ello, hoy las exportaciones agroalimentarias suponen el 17,5 % del conjunto de la economía nacional, contribuyendo así a crear riqueza en todo el
país y a reforzar la imagen de España en los mercados internacionales, como país atractivo por la calidad de los productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.
Durante los casi seis años de Gobierno socialista las manifestaciones agrarias se han sucedido por toda la geografía nacional, si bien ante la falta continuada de respuesta, y la gravedad de la situación, se están intensificando
exponencialmente en estos momentos.
Una de las causas importantes se encuentra en la mala imagen que se ha proyectado del sector tanto dentro como fuera de España. Las manifestaciones de miembros del propio Gobierno en contra de los productos agroalimentarios españoles se han
sucedido durante todos estos años y han afectado de forma importante a los alimentos implicados.
La ministra Diaz comenzó acusando a agricultores de utilizar esclavos para producir, incluso de consentir situaciones insalubres, tal barbaridad quedó incluso reflejada en la exposición de motivos de la primera reforma de la ley de la cadena
alimentaria.
Las acusaciones del exministro de consumo a los ganaderos españoles de producir carne de mala calidad, o de animales maltratados se difundieron en medios internacionales causando una imagen totalmente distorsionada de la realidad y las
consiguientes caídas de consumo y ventas dentro y fuera de nuestras fronteras.
Las acusaciones de miembros del ejecutivo de ser responsables de la subida de precios de los alimentos se han ido desplazando de un agente a otro de la cadena alimentaria, comenzaron con la distribución, siguieron por la industria, hasta
concluir con los agricultores y ganaderos, a los que se llegó a acusar incluso de la sequía, cuando la realidad es que las inversiones en infraestructuras hídricas imprescindibles para hacer frente al cambio climático se han paralizado por mero
criterio ideológico, dando luz a unos Planes hidrológicos de Cuenca que no dan respuesta a los graves problemas que ya se están planteando en muchas de las cuencas españolas y afectando especialmente a algunas zonas de España con Cataluña y
Andalucía.
Así mismo, esta mala imagen proyectada por el Gobierno de España sobre nuestras producciones, unida al falso triunfalismo que trasmite una situación idílica en la que nuestros productores, siempre a decir del Gobierno, cuentan con un sinfín
de ayudas, ha provocado que recientemente productores de otros países ataquen productos españoles ante la inacción más absoluta por parte del Gobierno de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la imagen de los productos alimentarios españoles en los mercados, poniendo en valor la calidad, la seguridad y el alto valor de nuestros alimentos y gastronomía.
2. Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch
Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una política hidrológica
que afronte los problemas del sistema alimentario español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España vive una situación de sequía de larga duración, con graves consecuencias para la agricultura y la ganadería, la industria, el turismo, la hostelería y el medio.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pasado mes de diciembre de 2022 el país entró oficialmente, en un escenario de escasez de lluvias de larga duración, caracterizado por abarcar al menos tres años con precipitaciones por
debajo de lo normal. Esta situación continuó durante 2023 y la perspectiva no es mucho mejor para 2024.
A la situación derivada de la falta de precipitaciones, que en el caso de algunas regiones se prolonga desde hace meses, se une una distribución no homogénea en todas las cuencas hidrográficas, incluso dentro de la misma cuenca existen
diferencias en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS). Así, las reservas en algunas cuencas intercomunitarias, en el ámbito de la competencia del Estado se encontrarían en una situación delicada.
La normativa española se ha dotado de los instrumentos jurídicos para poder determinar cuándo se produce la situación de sequía y como gestionar la situación de emergencia que genera. Así, el artículo 58 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, establece que, en circunstancias de sequías extraordinarias, el Gobierno podrá adoptar las medidas que sean precisas, en relación con la utilización del dominio público
hidráulico, para superar dichas situaciones.
Por otra parte, de acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, cada Confederación Hidrográfica de las cuencas intercomunitarias, debe establecer un sistema global de indicadores
hidrológicos que permita prever las situaciones de sequía, que serán los que sirvan de referencia general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía.
En este mismo sentido, obliga a las Confederaciones a disponer de unos planes especiales de actuación en caso de sequía (PES) que tienen, entre sus objetivos, el de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales en situaciones de
eventual sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez en la cuenca.
Los PES evalúan dos aspectos, la disminución de las precipitaciones o sequía propiamente dicha y la escasez de recursos disponibles. Así, establecen 4 niveles de gravedad progresiva, Normalidad, Pre-alerta, Alerta y Emergencia, que
identifican las situaciones de escasez sobre la disponibilidad del recurso para cubrir las demandas. Igualmente esbozan las medidas (estratégicas, tácticas y de emergencia) que hay que adoptar en cada nivel. También sirven para determinar la
situación meteorológica de sequía prolongada, tomando como referencia la media histórica de precipitaciones en cada zona.
Por otro lado, los nuevos planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo aprobados por el Gobierno no contemplan las necesarias inversiones hidrológicas, si contempladas en planes anteriores, como para que el aprovechamiento de agua sea el
máximo posible.
Cabe recordar la importancia del regadío en el sistema agroalimentario español: La agricultura de regadío supone el 22,54 % de la tierra cultivada y es responsable de más del 65 % de la producción vegetal. Contribuye a fijar la población,
pues la densidad de población es hasta tres veces superior en zonas de regadío de alta intensidad respecto a
zonas de secano, y que el número de incorporaciones de jóvenes agricultores es hasta 6,5 veces superior en estas zonas de regadío.
Ley 24/2013 que en su disposición final quinta bis reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta
actividad en cada momento del año. La ley 1/2018 establece la previsión para recoger la doble potencia con carácter excepcional para esta actividad agraria.
Seis años después, el Gobierno no ha publicado el desarrollo reglamentario preciso para que los regantes puedan disponer de dos potencias eléctricas diferentes tal y como estaba previsto por el Partido Popular ya en marzo de 2018 para
favorecer la competitividad de las explotaciones agrarias en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Alcanzar un Pacto Nacional del Agua que asegure el abastecimiento de recursos hídricos en la producción agrarias y ganaderas y pueda dar futuro a toda España, asegurando la disponibilidad de agua para los cultivos y las industrias como
garantía de seguridad alimentaria. El Pacto incluirá el compromiso de las inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar
regadíos.
2. Promover y regular con carácter inmediato la doble facturación eléctrica prevista en la Ley 1/2018 a fin de poner en marcha un modelo de tarifación favorable y adaptado a las especiales características del sector agroalimentario español
a fin de incentivar la incorporación de jóvenes y asegurar la rentabilidad de la actividad económica a él vinculada, como motor fundamental de la economía del medio rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para revisar las políticas agraria y
ganadera y solucionar los problemas del sector primario español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El 31 de agosto de 2022 la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico de la PAC de España. La Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, que debía entrar en vigor el 1 de enero
de 2023, así como varios Reales Decretos (18) para poner en funcionamiento la PAC, fueron aprobados in extremis en diciembre de 2022.
Así, 2023 es el primer ejercicio en el que se aplica íntegramente los nuevos presupuestos y las medidas diseñadas por el gobierno en el Plan Estratégico nacional. Si bien, a lo largo del año el Gobierno ha seguido realizando modificaciones
en su propuesta, tanto en la interpretación como en el calendario de aplicación.
Los recortes y cambios de modelo por parte del Gobierno sin consenso alguno y la complejidad administrativa para tramitarla han provocado que las CC.AA., de todos los signos políticos, hayan apostado por aprovechar la flexibilización de los
criterios que les permite la norma para evitar la caída de ingresos de los agricultores y ganaderos y con ello el abandono de la actividad por falta de rentabilidad.
En septiembre se hacían públicos los importes de los diferentes eco-regímenes. En ellas se ponía de manifiesto que el 25 % de los agricultores decidía, directamente, no solicitarlo y perder ese dinero. Por otra parte, los productores que,
si habían realizado la solicitud y, por tanto, habían ejecutado inversiones o cambiado su modelo de negocio para adaptarlo a esas exigencias ambientales y climáticas, iban a recibir una cuantía menor, un 30 % de media más baja, que la anunciada
inicialmente por el que Gobierno.
Todo ello, unido a la inflación, la subida de los precios, las nuevas enfermedades ganaderas emergentes y las sequías cada vez más continuadas han provocado una la pérdida de poder adquisitivo de agricultores y ganaderos que no ha sido
atendida por el Gobierno, aunque sí llevaron a que el Comisario de Agricultura empezara a indicar que hay que revisar los presupuestos destinados al sector para atender este problema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir, con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común, a efectos de consensuar criterios impuestos unilateralmente por el Gobierno de España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de los
ecorregímenes y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de los países de la Unión Europea.
2. Revisar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.
3. Revisar las actuales políticas de sanidad animal, con la creación de un grupo de expertos que analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades y realizar el adecuado
control de la fauna salvaje y las especies invasoras para garantizar la conservación de la biodiversidad y mantener protegida la actividad agrícola.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch
Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el conocimiento de las
poblaciones y gestión de la pesquería de sardina, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Hoy en día se desconoce cuándo y en qué condiciones se dará inicio a la campaña de la sardina. Lo único que es seguro es el clima de incertidumbre, preocupación y malestar que existe en el sector.
El borrador de resolución enviado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al sector creó una justificada alarma en la flota con la pretendida rebaja del 21,5 % sobre la cuota del año 2023. Así pues, la cuota prevista para
este año se reduce para los Estados de Portugal y España a 44,45 millones de kilos frente a los 55,60 del año anterior. La parte que le correspondería a España sería de 14,89 millones de kilos, distribuidos en 8,13 millones para el cerco,
piobardeira y racú de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, a la flota 'do xeito' 406.663 kilos y los restantes 6,3 millones estarían destinados para la flota de Andalucía. En el año 2023 la cuota española ascendía a 17,73 millones de
kilos.
La razón de esta decisión viene motivada por las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por su acrónimo en inglés, también conocido como CIEM en español) que en su informe aseguraba que, según sus
análisis, la biomasa de esta especie había disminuido en los últimos años y pretendía reducir la cuota hasta las 39.000 toneladas. Estos datos son refutados por el sector que desconoce la base de la recomendación, pues aseguran que hay abundancia
de la especie y prestan su colaboración para realizar los estudios que sean necesarios para conocer su estado real.
Está claro que el intercambio de cuota con Portugal podría acercar la cuota anual a la del pasado año y que el Gobierno español debiera intentar llegar a los acuerdos necesarios para que así sea.
Así mismo, aumenta la preocupación de este sector por la consabida veda del jurel, lo cual les aboca a esperar que la campaña de la caballa y otras especies sin cuota sean mejores que las del último año para poder subsistir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir, con el conocimiento y aportación del sector pesquero del Cantábrico y Golfo de Cádiz interesado, una medida de seguimiento de la especie por parte del Instituto Español de Oceanografía que lleve a una mejora del conocimiento de
la dinámica de la población de sardina en las zonas CIEM 8C y 9A.
2. Establecer, en colaboración con Portugal, el sector pesquero y las comunidades autónomas afectadas, una línea de defensa de los datos obtenidos ante el ICES/CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) y la Comisión Europea
que conduzca a una mejora del nivel de cuota de pesca establecida en el plan de gestión acordado para la pesquería de esta especie en las zonas 8C y 9A.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Asier Antona Gómez, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/000395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz Adjunta, lone Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley relativa a la paralización del macroproyecto de la Cuna del Alma, para su debate y aprobación en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El Puertito de Adeje es una de las últimas zonas vírgenes del litoral de la isla de Tenerife. Se sitúa en el municipio de Adeje, al sur de la isla. En su frente marítimo se encuentra la Zona Especial de Conservación (ZEC) 103_TF Franja
Marina Teño-Rasca perteneciente a la Red Natura 2000, lindando también con el Sitio de Interés Científico de La Caleta. Es hábitat de especies protegidas como el cardón, el angelote o las tortugas verde y boba (ambas en peligro de extinción).
En 2014 la promotora Segunda Casa Adeje S.L. inicia el expediente urbanístico que proyecta el macroproyecto urbanístico 'Cuna del Alma' consistente en una urbanización de 420 villas de lujo en el Puertito (última zona costera del sur de
Tenerife aún a salvo de la masificación turística). A pesar de que el proyecto tuvo en contra expedientes desfavorables emitidos por el Cabildo de Tenerife en 2014 y 2017, alegando que el proyecto no podría garantizar la protección del patrimonio
arqueológico en el Puertito de Adeje.
En mayo de 2022 se iniciaron las obras, con el beneplácito del Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo de Tenerife. La reacción social contra el proyecto es inmediata y enormemente intensa. Los colectivos ecologistas de Canarias y las
formaciones progresistas del archipiélago se movilizan inmediatamente para detenerlo.
La reacción social no se hizo esperar y en junio de 2022 varios activistas iniciaron una protesta pacífica, personándose en la zona de obras y paralizando la maquinaria de construcción. Los promotores provocaron respuestas muy violentas,
agrediendo física y verbalmente a los y las activistas -llegaron a lanzar las máquinas en funcionamiento contra los y las protestantes-. Tras la paralización de una de las máquinas, los activistas consiguieron paralizar una de las máquinas y
comenzaron una acampada pacífica.
En septiembre de este mismo año, desde la Dirección de Patrimonio del Gobierno de Canarias, se inició un expediente sancionador por la destrucción del patrimonio que concluyó con una propuesta de sanción de 600.000 , debido entre otros
motivos a la intencionalidad de dañar el patrimonio arqueológico.
Como resultado de la acción de los colectivos sociales y las personas asentadas en la acampada se detectaron irregularidades en los informes ambientales técnicos presentados por la promotora. Debido a esto, la Consejería de Transición
Ecológica del Gobierno de Canarias proclamó el 13 de noviembre de 2022 la paralización total de las obras. Sumada a esta paralización, el 30 de noviembre se publicó una segunda paralización cautelar de toda la obra para evitar un mayor deterioro de
los yacimientos arqueológicos situados en este terreno y en prevención de la producción de daños a todos los bienes del patrimonio cultural canario que se encuentran en el mismo, que pudieran llegar a ser irreversibles. La última noticia que
tenemos es que el Gobierno de Canarias dejó caducar el pasado 04/02/2024 el expediente sancionador de 600.000 por destruir el patrimonio arqueológico.
El último paso dado relativo al macroproyecto 'Cuna del Alma' lo conocemos el 07/02/2024, cuando colectivos ambientales anuncian en prensa que la Agencia Canaria de Protección al Medio Natural -dependiente del gobierno canario- resuelve en
el expediente el exp IA-1516/2022 (2022001516) las paralizaciones cautelares, así
como la sanción y el archivo de dicho expediente. En el mismo expediente se reconoce el incumplimiento de la legislación ambiental estatal y europea, así como el daño producido en el patrimonio arqueológico. Pese a ello, se justifica la
suspensión cautelar y levantamiento de sanciones en cuestiones puramente administrativas.
Proposición de Ley
'Por todo lo expuesto, se insta al Gobierno a:
- Garantizar con todos los medios posibles y a su alcance el cumplimiento de las normativas estatales y europeas de protección ambiental, más en particular la Ley 21/2013, de evaluación ambiental; la Directiva 2001/42/CE, sobre la
evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, así como la Directiva 2011/92/UE, de evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente.
- Garantizar la protección de patrimonio arqueológico situado en la zona donde se pretende construir el proyecto 'Cuna del Alma'.
- Garantizar, a su vez, el resarcimiento del daño ya causado e irreversible al patrimonio arqueológico canario.
- Paralizar en su totalidad, mediante todas las vías existentes, la realización de las obras del macroproyecto 'Cuna del Alma'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa a la transformación digital de los pequeños municipios, para su debate en la
Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La situación derivada del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización en España, poniendo de relieve sus fortalezas, pero también, sus carencias tanto desde el punto de vista económico, social y especialmente territorial.
Durante los últimos años, se ha puesto de manifiesto la urgencia y necesidad de desarrollar un proceso de transformación digital robusto que garantice la accesibilidad del conjunto de la sociedad, impulsando la plena conectividad en todo el
territorio y la capacitación digital de la población.
Es preciso que este proceso de digitalización sirva para luchar contra las desigualdades y brechas que se han agrandado en los últimos años, garantizando los derechos en el nuevo entorno digital de todos los consumidores, ciudadanos y
empresas. En este sentido, el reto, por tanto, se encuentra en poder desarrollar unos servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad.
Por ello, durante estos años el Gobierno de España ha elaborado Agendas, Estrategias y Planes destinadas a paliar esta situación como así lo demuestra Agenda España Digital 2025, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) o
el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. Estas estrategias tienen como objetivo, impulsar la inversión en medios y recursos personales, económicos y materiales, además de desarrollar una verdadera transformación
cultural de las administraciones públicas, generando un nuevo modelo de gestión basado en el dato y pensado para las personas.
En este proceso de cambio y modernización administrativa, las entidades locales, que vertebran el conjunto del territorio nacional y dan respuesta inmediata a las necesidades de la ciudadanía, son una pieza clave.
Sin embargo, en la práctica, las administraciones locales son las que encuentran mayores dificultades para llevar a cabo ese proceso de transformación digital por la falta de recursos personales, económicos y materiales que padecen.
La escasa digitalización de las administraciones locales se ve especialmente reflejada en los pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar, entre otros asuntos, el estado
de la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes, en un reciente informe realizado a partir de una muestra de municipios señaló que, solamente uno de los
ayuntamientos fiscalizados disponía de todas las herramientas digitales exigidas por la normativa, mientras que otro, sin embargo, no había desarrollado ninguna. El resto de los municipios adolecían de carencias electrónicas parciales que
dificultaban el despliegue de la administración digital.
El proceso de cambio y reforma digital de la administración también debe ir acompañado de una mejora de los sistemas de ciberseguridad de la administración local, la más vulnerable ante los eventuales ciberataques. Solo en 2022 se
incrementaron un 70 % el número de ciberataques a instituciones públicas, poniendo así al descubierto 175 zettabytes de datos que almacenan las administraciones, y en ocasiones paralizando durante días el normal funcionamiento de los servicios
públicos.
En relación con los municipios de menor población y su transformación digital, el papel que desempeñan las Diputaciones Provinciales, las Comunidades Autónomas uniprovinciales y los Cabildos y Consejos insulares es capital. Son estas
entidades locales intermedias las que, por su cercanía, competencias y conocimiento de la realidad de los municipios más pequeños, deberían desplegar parte de la inversión en digitalización de la administración local. Lo que requiere de grandes
dosis de coordinación, cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades locales, a través de, por ejemplo, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con la FEMP o de la Comisión Nacional de la
Administración Local.
Como se ha mencionado anteriormente, los instrumentos y herramientas de recuperación tras la pandemia del COVID-19, como el PRTR, son una verdadera oportunidad, que hay que aprovechar, para impulsar la digitalización de las administraciones
públicas, y en especial, la digitalización de las administraciones locales.
En relación con el PRTR, la inversión 3 del componente 11 está dirigida a la transformación digital y modernización de las distintas administraciones públicas a través del cumplimiento de los hitos 167 y 169 y del objetivo 168 del PRTR y
dispone de una financiación que asciende a 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. De esta cantidad se destinarán 391,4 millones de euros a las entidades locales cuya ejecución asume el Ministerio de Política Territorial y Memoria
Democrática (MPTMD) hasta 2026.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, que, en el marco de la ejecución del PRTR:
1. Ejecute los 391,4 millones de euros previstos en el Componente 11 Inversión 3 en el plazo establecido, para que los pequeños municipios se vean beneficiados y puedan llevar a cabo su proceso de transformación digital, mediante la
implementación de los distintos programas de inversión previstos en el PRTR.
2. Siga desarrollando el servicio de asistencia técnica y dinamización de la participación de las Administraciones públicas de la Secretaria de Estado de Fondos Europeos que garantiza el acceso de los municipios de menos de 5.000 habitantes
para que implemente actuaciones que promuevan la transformación digital y modernización de las entidades locales, en colaboración con la FEMP y la Comisión Nacional de la
Administración Local, en aras de conocer cuáles son las necesidades de los municipios de menor población en materia de digitalización y darles respuesta.
3. Implemente herramientas para mejorar la seguridad en el manejo de datos por parte de las entidades locales, a partir del despliegue de Centros de Operaciones de Ciberseguridad en pequeños municipios, los más vulnerables ante ataques
externos.
4. Mejore la participación de las Diputaciones Provinciales, las Comunidades Autónomas uniprovinciales y los Cabildos y Consejos insulares en el proceso de ejecución, y ponga a disposición más medios para impulsar la transformación digital
de los municipios de menor población, como entidades intermedias más cercanas y conocedoras de las realidades de los pequeños municipios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implementación de medidas de
gestión hídrica y prevención de avenidas en la ciudad y provincia de Segovia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La ciudad y provincia de Segovia enfrentan desafíos importantes en la gestión de sus recursos hídricos y en la infraestructura urbana y provincial, que requieren una respuesta urgente y coordinada de todas las administraciones implicadas.
La presente proposición se enfoca en dos cuestiones críticas: la necesidad de implementar medidas de prevención de avenidas en el río Eresma, como las sucedidas en el pasado mes de enero, y la urgencia de reparar y mejorar el colector del arroyo
Clamores.
La regulación del cauce del río Eresma, especialmente en lo que respecta al embalse de Pontón Alto, es crucial tanto para la ciudad de Segovia como para las áreas circundantes. Actualmente, el embalse se utiliza exclusivamente para
abastecimiento, sin acciones de laminación para la regulación del cauce. Esta situación limita la capacidad de respuesta ante posibles avenidas provocadas por lluvias intensas o deshielos, poniendo en riesgo a la población y al patrimonio tanto
urbano como provincial.
Por otro lado, el colector del arroyo Clamores, con un estado de conservación deficiente, representa un riesgo significativo para la seguridad pública debido a su obsolescencia y los problemas de estabilidad ya manifestados, incluidos
derrumbes graves. La necesidad de intervención en este colector es urgente, no solo para la ciudad de Segovia sino también como parte de una estrategia integral de gestión de aguas pluviales que afecta a la provincia en su conjunto.
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha indicado que se actualizarán las normas de uso de infraestructuras hídricas, incluido el embalse de Pontón Alto. Es esencial que dichas actualizaciones contemplen medidas que permitan una
gestión más flexible y preventiva del agua, incluida la laminación. Asimismo, la respuesta de la CHD ante la necesidad de actuar sobre el colector del Clamores, argumentando que escapa a su competencia por tratarse de una infraestructura urbana,
resalta la necesidad de una colaboración más estrecha entre el Gobierno, la CHD, las autoridades locales y provinciales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar las normas de explotación del embalse de Pontón Alto para incluir la capacidad de realizar acciones de laminación y otras medidas de regulación del cauce del río Eresma.
2. Evaluar y promover la construcción de infraestructuras adicionales para la gestión y regulación de los aportes de agua de afluentes no regulados, considerando su impacto en la provincia de Segovia, para prevenir efectivamente las
crecidas.
3. Buscar mecanismos de colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Segovia para la reparación y mejora del colector del arroyo Clamores, reconociendo su importancia crítica para la seguridad y el bienestar de los habitantes de
Segovia y su área de influencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Pablo Pérez Coronado y María del Socorro Cuesta Rodríguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ayudas para el apagón de la
Televisión Digital Terrestre en municipios rurales, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la señal de televisión, para luego transmitirla por medio de ondas hercianas terrestres, es decir, aquellas que se transmiten por la atmósfera
sin necesidad de cable o satélite y se reciben por medio de antenas UHF convencionales.
La cobertura de la TDT fue incrementando progresivamente hasta alcanzar, antes del cese de las emisiones analógicas del 3 de abril de 2010, los objetivos fijados en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado por
Real Decreto 944/2005 de 29 de julio (BOE 30/07/2005) y que se corresponden con el 96 % de la población española para las cadenas privadas y el 98 % para las públicas.
La TDT sustituyó, debido a sus múltiples ventajas, a la Televisión Analógica Terrestre, que era la que se estaba recibiendo hasta el momento en la mayoría de los hogares españoles. Este cambio se produjo tras la fecha de cese de las
emisiones en tecnología analógica, la cual se fijó en España el 3 de abril de 2010.
Posteriormente, el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprobó el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regularon determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital, supuso el
primer paso para el cambio del servicio de televisión digital terrestre de cobertura estatal. Es fruto de la Directiva UE 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 sobre el uso de la banda de frecuencia de 470-790 MHz en
la Unión.
El cambio, que debía consolidarse de forma progresiva, ya que todos los canales deberán evolucionar sus emisiones a alta definición (HD), supone la desaparición de los canales de definición estándar (SD), que quedarán fuera del espectro
radioeléctrico y no se podrán sintonizar.
En un principio, la obligación de las cadenas de emitir en calidad HD y no en SD como hasta ahora, tenía como plazo máximo el 1 de enero de 2023, fecha que finalmente fue prorrogada, hasta el 14 de febrero de 2024.
El cambio a mayor resolución que opera desde el 14 de febrero, supone una modernización de la experiencia televisiva, al aumentar la calidad tanto de la imagen, como del sonido, así como dejar libre la banda de 2.6 GHz necesaria para el
despliegue completo de la 5G en el territorio europeo.
La mayoría de las televisiones de nuestros hogares son compatibles ya con la alta definición (puesto que los televisores comprados a partir del año 2015, llevan un sintonizador por normativa), con lo que, a partir del 14 de febrero, tan solo
tendrían que resintonizar y reordenar los canales en sus aparatos televisivos.
Pero no es menos cierto, que supone una serie de problemas, como que los televisores que no tengan sintonizador DVB-T2 (Segunda generación del sistema DVB-T), alrededor del 2 % según cifras del Ministerio de Transformación Digital, tendrán
complicaciones para acceder a los canales. Deberán decidir entre deshacerse del televisor o adquirir un sintonizador DVB-T2 externo.
El mayor problema, surge con aquellos hogares que reciben el servicio de Televisión Digital Terrestre a través de satélite (TDTSAT), utilizando un descodificador que solo permite la recepción en definición estándar. En estos casos, será
necesario sustituirlo por un descodificador en HD para poder seguir recibiendo las señales de TDT, que deberá en todo caso ser activado por empresas instaladoras registradas, con un coste aproximado por aparato televisivo de 450 .
El Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, configura en su capítulo primero la plataforma satelital como la solución más adecuada para garantizar que la cobertura en cada Fase del Plan
de Transición a la TDT, esto es, que con independencia del lugar de residencia y de la viabilidad económica de la prestación del servicio, el ciudadano recibe la señal de TDT.
El servicio de recepción de la TDT vía satélite es exclusivo para las zonas de sombra, esto supone que sólo tienen acceso a esta solución aquellos ciudadanos que residen en zonas donde finalizado el despliegue y las extensiones de cobertura
terrestre, no dispongan de señal o esta sea muy deficiente. Las zonas de sombra, que se estiman en tomo al 1,5 % de la población, se ubican en zonas dispersas y aisladas del territorio y cuya cobertura mediante emisores terrestres de televisión
supone un coste desproporcionado.
Estas zonas están localizadas principalmente en la zona rural, que a día de hoy tiene graves problemas de pérdida de población, y con una media de edad elevada, que utilizan la televisión tanto para información como para ocio, es decir, para
un gran número de individuos, la televisión constituye la principal (o la única) fuente de información, y además es un importante recurso de ocio cotidiano.
El cambio que se producirá a partir del 14 de febrero supone un elevado coste para aquellos usuarios, que se ven obligados a utilizar la televisión vía satélite, de aproximadamente 450 por aparato televisivo. Es decir, son ciudadanos que
tendrán que hacer frente a un coste muy elevado, por el lugar en el que residen, marcando así una gran discriminación en función del territorio.
En algunas Comunidades Autónomas se han anunciado ayudas para resolver esa situación. En Galicia, una subvención del 100 % de la compra. En el caso de las primeras viviendas, 400 euros; en el caso de segundas residencias, un 50 % de la
compra, con un máximo a 200 euros. Este apoyo económico será de carácter retroactivo y los beneficiarios únicamente tendrán que acreditar el gasto correspondiente.
En Cantabria, se ha anunciado que se ampliará la ayuda para la compra de receptores de la TDT, hasta 500 euros. Cantabria dispone de un presupuesto de 300.000 euros para ayudar a los hogares en zonas de sombra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una línea de ayudas con carácter retroactivo y en coordinación con las Comunidades Autónomas, que cubra los costes de adecuación de los sistemas de recepción TDT vía satélite en
todo el territorio nacional en zonas de sombra de cobertura en entornos rurales y en municipios incluidos en el ámbito de actuación de las políticas de reto demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Raquel Clemente Muñoz, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la rebaja del IVA al 5 % en la
factura de la luz, gas y biomasa y otras rebajas fiscales a la electricidad, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto demográfico.
Exposición de motivos
Desde noviembre pasado el coste de la energía eléctrica en España se ha incrementado en el mercado diario desde 80,1 /MWh a 86,3 /MWh, casi un 8 %, con una tendencia claramente alcista. En la etapa prepandemia, el promedio de los últimos
cuatro años estaba en el entorno de unos 50 /MWh.
Hay que llamar la atención sobre que esa tendencia al alza se produce en un entorno de acusada bajada de los precios del gas y del CO2, lo que nos lleva a concluir que el alto coste de la energía eléctrica obedece a causas estructurales, a
reformas normativas pendientes, que este gobierno no ha querido o no ha sabido ejecutar, muchas de ellas ya señaladas en el Informe de 19 de marzo de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.
Al todavía alto coste de la energía eléctrica, se añade en España una carga de regulatoria e impositiva adicional, como el Impuesto al Valor de la Producción de la Energía Eléctrica; el déficit de tarifa, que supone 2.300 millones de euros
anuales para sufragar el déficit en el sistema eléctrica de casi 30.000 millones de euros generado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero; o el 50 % del sobrecoste de las extrapeninsulares, que supera los 800 millones de euros anuales.
Pese a lo expuesto, la elevación del IVA de la electricidad del 5 % al 10 % y la prórroga sólo unos meses del 2024 de la subida del 10 % para el gas y la madera, biomasa y los pellets, aprobadas en el RDL 8/2023, supuso una finalización
demasiado abrupta de las medidas de protección a los consumidores y la insuficiente ejecución de las ayudas destinadas a las empresas, y supondrá un gran impacto en la factura eléctrica de empresas y familias.
A todo ello se añade, que el artículo 21.1 mantiene el tipo del 10 % para la electricidad hasta el 31 de diciembre de 2024 sólo en el caso de que el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al
del último día del periodo de facturación haya superado los 45 /MWh. Y precisamente en este mes de febrero, por efecto de la benigna climatología de este invierno y la abundancia de recurso renovable, dicho precio a día de hoy, 28 de febrero,
había descendido a 52,4 /MWh, por lo tanto, cerca del límite de los 45 /MWh, lo que podría elevar el IVA de la electricidad del 5 % de hace dos meses al 21 % en marzo, muchos meses antes del 31 de diciembre. La cotización del mercado de futuros
de electricidad en España, según el Barómetro Energético de la
Asociación de Empresas de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), estima un precio para marzo de 32,8 /MWh, para luego subir a 40,5 /MW en el segundo trimestre de 2024 y subir de nuevo a 49,5 /MWh en 2025.
A todo lo anterior y el contexto de alta volatilidad, viene a unirse la situación de pobreza en España, que se agravado muy significativamente es estos años de gobierno como acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística; en 2023,
un 26,5 % de españoles en riesgo de pobreza (frente al 26 % del 2022), un 9 % en pobreza severa (7,7 % en 2022) y un 34,3 % en riesgo de pobreza infantil (34,2 en 2022). Y la pobreza tiene una especial incidencia en la pobreza energética. Sin que
se conozca aún el Informe oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondiente a los datos de 2022, informes independientes arrojan datos preocupantes; 4,4 millones de personas sufren retraso en el pago de sus
facturas; 8 millones de personas tienen una temperatura inadecuada en sus hogares, aumentando el dato en 1,3 millones de personas respecto a 2021 y en casi 3 millones respecto a 2020; y 6 millones de hogares, un tercio de los hogares españoles,
están en situación de pobreza energética oculta, es decir, con un gasto en energía de menos de mitad del gasto teórico necesario para cubrir sus necesidades energéticas (térmicas y eléctricas).
Según expertos del sector, los hogares pagarán por este escenario 72 euros más al año por este incremento fiscal del 10 % al 21 %, ya que el impacto de la subida del 10 % al 21 % para una factura media anual de un cliente tipo es un
incremento del 15 %, pasando de 467 euros anuales a 539 euros.
Los autónomos también se verán afectados por este nuevo incremento fiscal, porque el sistema de ajuste o variación del IVA en su factura de la luz les generará incertidumbre a la hora de liquidar trimestralmente su IVA.
Al incremento acelerado del tipo del IVA, desde el 31 de diciembre pasado, se añade el incremento también del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que pasó del 0,5 % al 2,5 % y se incrementará al 3,8 % para terminar en el 5,1 % a
partir del 30 de junio, el tipo fijado antes de la crisis.
Al IVA y al IEE se suma el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE); hasta el mes de marzo, su tipo será del 3,5 %, hasta junio alcanzará el 5,25 % y, posteriormente, alcanzará el 7 %, el nivel previo a la
crisis.
En pocos meses el consumidor final podría ver incrementada su factura eléctrica en un 25 % (117 euros más al año) debido al incremento fiscal.
En cuanto a las empresas, las PYMES sufren la subida impositiva que compromete su liquidez, también con incertidumbre para aquellas obligadas a abandonar la tarifa regulada del PVPC. Las modificaciones en la tarifa regulada del Precio
Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), que excluye a partir del 1 de enero de 2024 a muchos pequeños consumidores y PYMES que gozaban de ella hasta ahora, la dotarán de más estabilidad en el medio y largo plazo (al ir incorporando el precio de
una serie de productos a plazo mensual, trimestral y anual que se actualizarán mensualmente) pero no necesariamente de menor precio.
Tampoco los consumidores electrointensivos se encuentran en una situación favorable en cuanto a sus costes energéticos. Según el Barómetro Energético antes citado, los consumidores electrointesivos en España (tarifa 6.4) pagan en lo que
llevamos de 2024, un +197 % que sus competidores alemanes y un +236,5 % que sus competidores. 50,58 /MWh en España, 17,02 /MWh en Alemania; y 15,03 /MWh en Francia.
En cuanto al gas, las ayudas de 450 millones de euros para gasintensivos acaban de asignarse a sus beneficiarios, muchos meses después de lo previsto en el RDL 20/2022, de forma que la demanda de gas industrial continúa notablemente baja y
no se vislumbra recuperación alguna. El dato de agosto está un 21,10 % por debajo de agosto de 2019. Un panorama preocupante que refleja el mal momento que atraviesan nuestras industrias.
Y es que, mientras tanto esto ocurre en España, Francia y Alemania han desplegado planes ambiciosos para fortalecer sus sectores clave, con ayudas a sus costes energéticos, en un contexto de cambios significativos en el panorama energético
europeo.
En definitiva, este abrupto encarecimiento fiscal de los costes energéticos de familias y empresas, llega en un contexto que evidencia que no han superado las secuelas de la reciente crisis energética y que siguen bajo la incertidumbre de la
alta volatilidad de sus costes energéticos, abonando además cargos y peajes muy superiores a los de los países vecinos. Una abrupta subida fiscal que carece de sentido en un contexto como el actual, con coste en el mercado diario habitualmente casi
duplicando el prepandemia, muy alta volatilidad y con un incomprensible superávit del sistema eléctrico. El diseño de los peajes y su peso en la estructura de costes en la factura final no está siendo coherente con la situación de emergencia
energética sufrida y de la que las familias y las empresas aún no se han recuperado. No es explicable que los peajes se hayan incrementado un +2,6 % entre julio de 2022 y junio de 2023, mientras empresas y familias soportan costes históricos en sus
facturas eléctricas han estado pagando más peajes de los necesarios, en plena crisis energética; más de 6.000 millones en 2022 y cerca de 4.000 millones en 2023.
El Gobierno anuncia más gasto y necesita más recaudación para 2024, contemplando entre sus planes que si regresa el IVA de la luz al 21 %, tendrá 1.016 millones de euros más; por el aumento del IVA del gas, la madera y los pellets; 397
millones de euros más; y por el Impuesto Especial de Electricidad, 1.032 millones de euros más.
Y esto cuando los ingresos del Gobierno procedentes del sector energético son más altos que nunca. Según el avance de ejecución del Presupuesto General del Estado a noviembre de 2023, la recaudación por Subastas de Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero asciende a 3.342.810.000 , lo que supone la cantidad más alta nunca recaudada por este concepto por la hacienda española, superando a noviembre de 2023 en 742.810.000 lo previsto para todo el año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prorrogar durante todo el año 2024, hasta el 31 de diciembre, las medidas de rebaja fiscal que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023 en el sector energético, y en particular:
Uno. El tipo del IVA del 5 % aplicable a la electricidad, al gas y a la biomasa, pellets, briquetas y madera para leña, al margen de cual resulte ser en cada uno de los meses el precio mensual medio diario, por la alta volatilidad esperada.
Dos. El tipo del 0 % al Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
Tres. El tipo del 0,5 % aplicable al Impuesto Especial sobre la Electricidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo Moreno, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas López y Guillermo Mariscal Anaya,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar los procesos
tecnológicos relacionados con la captura, almacenamiento y usos de CO2 para reducir el balance de emisiones, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los estudios previos sobre la aplicación de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CAC) estimaban que, con la aplicación de esta
tecnología, se podría alcanzar un 15 % de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión Europea para 2030 y, especialmente, era una opción para la descarbonización de sector como la energía y las industrias con emisiones difíciles de reducir.
Esta Directiva formaba parte del denominado paquete de energía y cambio climático, adoptado en abril de 2009, con el que los países de la UE pretendían dar un cumplimiento al compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en marzo
de 2007 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % respecto al año base, en el año 2020.
Pese a que la Directiva CAC proporciona el marco legislativo armonizado para todo el ciclo de captura, transporte y almacenamiento de carbono en todos los Estados miembros que abordaba los problemas ambientales, sanitarios y de seguridad en
relación con el almacenamiento de CO2 y proporcionaba seguridad jurídica a la inversión y que el programa NER 300 puso a disposición recursos económicos para fomentar la construcción y explotación de proyectos de demostración a gran escala de
captura y almacenamiento geológico (CAC), el informe de situación sobre la acción por el clima, publicado por la Comisión en noviembre de 2015, reconocía que el ritmo al que avanzaba la CAC a gran escala en Europa era mucho más lento de lo esperado.
Entre otros motivos, que justificaban el retraso, se incluían problemas técnicos para asegurar el confinamiento, falta de experiencias prácticas que desarrollaran el reglamento y baja confianza de los inversores, a lo que habría que unir la
existencia de un rechazo social.
No obstante, ante el retraso en el cumplimiento de los objetivos climáticos de la comunidad internacional que hemos podido ver en la COP28, en la que se ha hecho un llamamiento a la acción, y a una eliminación progresiva e inteligente de las
emisiones GEI que nos lleve a no superar 1.5° C en 2050, no podemos renunciar a ninguna tecnología y avanzar en consecuencia hacia la neutralidad tecnológica, con más inversión en l+D+i en tecnologías como las de captura, almacenamiento y usos de
CO2. Como así lo reflejan las consideraciones relacionadas con el Balance Global en virtud de los Acuerdos de París, para ampliar sustancialmente a nivel mundial para 2030 tecnologías de emisiones cero y bajas, incluidas las tecnologías de
reducción y eliminación, incluidas las de captura, utilización y almacenamiento de CO2 y la producción de hidrógeno.
En noviembre de 2018, la Comisión presentó el documento 'Una visión estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050', una estratégica a largo plazo para lograr los objetivos
climáticos, con el objetivo de conseguiría una transformación hacia una economía climáticamente neutra, con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero por medio de una transición socialmente justa realizada de manera rentable.
La Comisión, entre las diferentes hipótesis planteadas, reconoce que muchas de las emisiones relacionadas con los procesos industriales serán muy difíciles de elimina, incluso la aplicación con más intensidad de algunas fuentes energéticas
como la biomasa deben llevar asociados procesos tecnológicos que reduzcan sus emisiones. Por este motivo concibe la necesidad de seguir explorando medidas adicionales para reducir nuestras emisiones, incluidas la captura y el almacenamiento de
carbono, asociadas o no a otras tecnologías y planteando la utilización del CO2 capturado.
Recientemente, un informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), advertía de la necesidad desplegar las tecnologías de uso y almacenamiento de captura de carbono para cumplir los objetivos de neutralidad, como
una medida complementaria a la reducción de emisiones hasta la completa disponibilidad de nuevas tecnologías de la energía.
Mientras, en España, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) trata someramente la captura de CO2, ubicándolo entre las acciones del desarrollo del programa SET-Plan o
escondido en el apartado de promoción de gases renovables vinculado al hidrógeno, y absolutamente nada del almacenamiento. La Estrategia a Largo Plazo si reconoce que la captura, el almacenamiento y el uso de carbono también tendrán un
papel importante en la descarbonización de los sectores para los que no sea factible la modificación del proceso productivo. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que presentó el Gobierno, no hacía ninguna
referencia a la captura de CO2.
La Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones a los Estados miembros para la actualización de los planes nacionales de energía y clima para el período 2021-2030 anima a los Estados miembros a incluir en sus planes nacionales de
energía y clima actualizados las medidas previstas para que sus industrias puedan capturar y almacenar de forma permanente sus emisiones inherentes de procesos en emplazamientos de almacenamiento geológico, de conformidad con la Directiva
2009/31/CE.
El último informe del IPCC, Sexto Informe de Evaluación (IE6), deja claro que la captura y el almacenamiento de carbono es una opción crucial para la descarbonización.
Sin captura no será posible alcanzar cero emisiones netas en 2050, al ser la única tecnología que aporta emisiones 'negativas' retirando indefinidamente CO2 de la atmósfera; una de cada tres toneladas de CO2 que la industria necesita dejar
de emitir requiere procesos de captura, pues no hay tecnologías alternativas hasta ahora. La captura puede destinarse a almacenamiento geológico, o emplearse como materia prima para su transformación en productos químicos, ecocombustibles o
materiales inorgánicos. Entre las tres etapas de la cadena de valor de la captura, el transporte y el almacenamiento de carbono, el almacenamiento es el principal cuello de botella que impide actualmente el desarrollo de la captura y el
almacenamiento de carbono en Europa. Según determinó Clean Air Task Forcé (CATF) el año pasado, Europa podría enfrentarse a un déficit de hasta el 50 % en la capacidad de almacenamiento disponible para proyectos de captura en 2030.
En el norte de Europa hay distintos proyectos en desarrollo, pero menos en el sur (aunque Italia cuenta con varios), con la consiguiente desventaja competitiva, frente al marco de incentivos en EEUU o las capacidades de almacenamiento
geológico en el norte de África. Se requieren medidas en el paquete legislativo Fit for 55 de la Comisión Europea, para evitar que la Unión Europea se convierta en mero importador de productos 'verdes' (acero, cemento, fertilizantes) fabricados en
terceros países en condiciones más favorables que en UE.
Por ello, el Reglamento UE Ley de Industria Cero Emisiones Netas, -en último trámite de aprobación del trílogo-, crea un marco jurídico para el desarrollo de un mercado europeo de captura y almacenamiento de CO2 para hacer viable
económicamente el desarrollo de la captura y almacenamiento de CO2 como solución climática para los sectores con un consumo intensivo de energía difícil de reducir. De lo contrario, tendrían que acabar reduciendo su actividad productiva como única
salida, con gran coste en términos de empleo y decrecimiento en oportunidades de progreso.
Por todo lo anterior, algunos de nuestros vecinos europeos ya están desarrollando proyectos de almacenamiento que van a ser necesarios para ganar competitividad, dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, y de cara a
cumplir nuestros compromisos de emisiones.
En definitiva, la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono es una opción imprescindible dentro de la cartera de medidas que pueden tomarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reconocida por los informes del
IPCC y por la legislación de la Comisión Europea. Hay ciertas emisiones que no se van a poder evitar y la tecnología de captura y almacenamiento puede ser una alternativa para alcanzar las emisiones netas nulas de gases de efecto invernadero. Es
necesario conocer algunos aspectos, como la capacidad de almacenamiento geológico en nuestro territorio y las aparentes buenas condiciones que ofrecen el gran número de acuíferos salinos profundos, para adoptar decisiones más eficientes sin demorar
la puesta en marcha de las soluciones que nos permitan no sólo superar retos sino también aprovechar nuestras oportunidades en la competencia con otros países por atraer inversiones.
La Comunicación sobre la gestión industrial del carbono, adoptada por la Comisión Europea el 6 de febrero de 2024, establece una hoja de ruta para desplegar las tecnologías de captura, almacenamiento y usos de carbono necesarias para
descarbonizar sectores con emisiones difíciles de reducir, haciendo hincapié en la necesidad de un marco regulador en ámbitos como la inyección y el transporte de CO2, como condición previa para crear un mercado único del CO2. Si bien la
Comunicación reitera la necesidad de desarrollar una capacidad de almacenamiento de al menos 50 millones de toneladas anuales de CO2 de aquí 2030, en consonancia con la Ley sobre la industria de cero emisiones netas, la evaluación de la Comisión
Europea indica que alcanzar el objetivo climático intermedio de la UE para 2040 y alcanzar la neutralidad climática para 2050 requeriría capturar aproximadamente 280 millones de toneladas anuales de CO2 de aquí 2040 y alrededor de 450 millones de
toneladas anuales de CO2 de aquí 2050'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas, las instalaciones de captura de CO2 para la descarbonización de sectores como la energía y las industrias con emisiones difíciles de reducir.
2. Establecer coherencia entre los documentos estratégicos y legislativos sobre la situación de la tecnología captura de CO2, de su papel en la búsqueda de la neutralidad climática y de los productos vinculados a estas tecnologías.
3. Incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en línea con las recomendaciones de la Comunicación de la Comisión, la siguiente información:
a) la proyección agregada anual de las emisiones inherentes de procesos que deban reducirse mediante la captura de CO2;
b) la cantidad anual de CO2 biogénico y atmosférico que estará disponible para su almacenamiento geológico;
c) la capacidad anual de almacenamiento geológico de CO2 que puede estar disponible a nivel operativo;
d) la capacidad anual de almacenamiento de CO2 que pueda estar disponible en acuíferos salinos profundos, en estructuras geológicas nacionales y/o en depósitos de hidrocarburos tras la explotación.
e) la infraestructura de transporte de CO2 prevista tanto a nivel nacional como en interconexiones con resto de la UE.
f) toda la información exigida en relación con la captura, transporte y almacenamiento de CO2 en el reglamento UE Ley de Industria Cero Emisiones Netas, de próxima aprobación.
4. Apoyar las iniciativas para la captura, transporte y almacenamiento de CO2 y cualquier otra medida que permita el despliegue de oportunidades de almacenamiento geológico de CO2 a largo plazo.
5. Coordinar con las Comunidades Autónomas y la cadena de valor de la industria del uso, captura, transporte y almacenamiento de CO2, el mejor aprovechamiento del CO2 para contribuir al desarrollo de soluciones que contribuyan a la
descarbonización del sector de hidrocarburos y de la industria en general.
6. Acelerar la tramitación del PERTE para la descarbonización de la industria y del PERTE ERHA, a fin de incorporar el potencial del uso, captura y almacenamiento del CO2 a la descarbonización, mitigando el riesgo de recortes de producción
industrial como única vía para reducir sus emisiones sin penalizaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-César Sánchez Pérez, Javier José Folch Blanc, Joaquín Melgarejo Moreno y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de vivienda social y protegida en España, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Definición y fundamentación constitucional del derecho a la vivienda.
El artículo 47 de la Constitución Española ('CE') establece que 'todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos'.
El derecho al que se refiere el artículo 47 CE es un derecho social stricto sensu, esto es, 'un derecho que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención
directa de una vivienda 'digna y adecuada'' 1.
En consecuencia, deviene necesario que la actuación de las autoridades esté informada por el propósito de materialización y protección del al disfrute de la vivienda (SSTC152/1988, de 20 de julio, y las más recientes 7/2010, de 27 de abril y
93/2015, de 14 de mayo) 2.
Segundo. La situación de la vivienda social y protegida en España.
Para garantizar que todos los españoles -especialmente las familias, los jóvenes y las personas más vulnerables- puedan acceder a una vivienda digna, el ordenamiento jurídico dota a los poderes públicos de dos instrumentos fundamentales: la
vivienda protegida y la vivienda social. Por un lado, la vivienda protegida es el conjunto de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública que permite tasar su precio de venta o alquiler y, por otro, la vivienda social se refiere al
conjunto de viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler social o de renta limitada 3.
Sin embargo, el último Boletín Especial de Vivienda Social del Observatorio de Vivienda y Suelo, publicado en septiembre de 2020 por el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dibujó un escenario singular en lo
relativo al parque de vivienda protegida y social en España.
Únicamente el 2,5 % del parque de viviendas principales en España es vivienda social, sustancialmente por debajo de la media de la Unión Europea (9,3 %). Así, España se sitúa
1 https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=47&tipo=2
2 'El disfrute como objeto directo del derecho [a la vivienda] incluye la regulación del conjunto de elementos que, junto al inmueble, permiten hacer efectiva la consideración de la vivienda como digana y adecuada (urbanización, servicios,
seguridad, condiciones higiénicas, etc.), siendo éste el elemento clave del derecho, con independencia del título en virtud del cual se disfrute la vivienda (propiedad, arrendamiento u otro). La consecuencia es doble. Por una parte, el tratamiento
de la vivienda como función pública y no como objeto exclusivo del Derecho privado; por otra, la consideración de que del art. 47 se deriva la necesidad de abordar una política social en materia de vivienda como fórmula para que importantes
sectores de la población, con recursos económicos limitados, puedan acceder a una vivienda digna'. Ver en línea: https://app.congreso.es/consti/constitución/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=47&tipo=2
3 https://cvp.mitma.gob.es/observatorio-de-vivienda-y-suelo-boletin-anual-2022
muy lejos de los países europeos con mayor porcentaje de vivienda social: Países Bajos (30 %), Austria (24 %), Dinamarca (20,9 %), Suecia (19 %), Reino Unido (17,6 %) y Francia (16,8 %) 4.
España es, igualmente, uno de los países más atrasados en términos de vivienda social construida en relación con la población total, con menos de una vivienda por cada 100 habitantes. La media de la Unión Europea se sitúa en el 4 %. En
cabeza, Países Bajos (12 %), Austria (10 %), Dinamarca (9,5 %), Suecia (8 %) y Reino Unido y Francia, ambos con algo más del 7,5 % 5. Nuestro país se sitúa sólo por encima de naciones europeas como Eslovaquia, Bulgaria y Portugal, entre otras.
Así pues, se puede estimar que, en España, a fecha de 2020 (últimos datos disponibles) existe un parque de vivienda social (vivienda de titularidad pública destinada mayoritariamente al alquiler) situado en las 290.000 viviendas. De ellas,
unas 180.000 serían de las regiones y entidades dependientes (fundamentalmente empresas públicas de vivienda), y otras 110.000 serían de titularidad de los entes locales y sus entidades dependientes.
Por otra parte, si se atiende al gasto medio por habitante en vivienda social, las cifras vuelven a colocar a España muy lejos de los principales países. Así, entre 2007 y 2017, últimos datos disponibles del Observatorio de Vivienda y
Suelo, Reino Unido fue entonces el país más destacado de la Unión Europea, con un gasto de 439 euros por habitante. Lo siguen Dinamarca (311), Luxemburgo (253), Irlanda (250), Finlandia (208), Alemania (204), Suecia (187) y Países Bajos (155). En
el caso de España, según esta magnitud, la cifra media de gasto en vivienda social se situó en 35,4 euros por habitante, sólo por delante de países como Malta (28,1), República Checa (27,3) y Francia (25,8), entre otros 6.
En términos de gasto medio en vivienda social en porcentaje del PIB, España vuelve a situarse en la mitad inferior de las naciones europeas: de media, en el periodo 2007-2017, sólo destina un 0,15 %, muy lejos de los países que más
porcentaje del PIB dedican a vivienda social como Reino Unido (1,3 %), Dinamarca (0,68 %), Alemania (0,6 %) y Chipre (0,59 %). La media de la Unión Europea se sitúa en el 0,55 % 7.
Sobre el número de viviendas protegidas terminadas en el conjunto de España en el periodo 1981-2019, el Boletín Especial de Vivienda Social del Observatorio de Vivienda y Suelo sostiene que, tras un aumento notable al inicio de la década de
1980, alcanzándose un pico de 114.067 viviendas en 1985, a continuación, se observó una notable reducción del 50 % en el año 1991. A partir del año 1993 se produce una leve recuperación, pero a finales de esa década comienzan nuevamente a
experimentar una disminución, hasta situarse por debajo de 8.000 las viviendas protegidas anuales de 2015 en adelante, que representan los valores mínimos de los últimos cuarenta años 8.
La evolución del porcentaje de vivienda protegida sobre el total de viviendas construidas cada año desde 1981 también arroja datos interesantes: si hasta 1985 se construía más vivienda protegida que libre, desde ese año hasta 1991
experimentó una caída constante. A comienzos de los años 90 hasta la mitad de la década se recuperó la variable, aunque no superando nunca el 30 %. A inicios del siglo XXI la cifra se mantuvo estable en torno al 10% de vivienda protegida sobre el
total de viviendas construidas y se observó un crecimiento en el cuatrienio 2008-2012. Desde entonces hasta 2019 el porcentaje de este tipo de vivienda no ha dejado de disminuir 9.
Por último, en lo relativo al número de viviendas necesarias en España para superar la crisis de acceso a este bien de primera necesidad existe mucho debate. La consultora Savills Aguirre Newman calculó en 2022 'que se necesitan 1,2
millones de viviendas adicionales de aquí a 2030 para atender la demanda de alquiler en nuestro país' 10 . Por su
4 https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/observatorio-de-vivienda-y-suelo
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 https://amp.elmundo.es/economia/vivienda/2023/06/13/64887ab3fc6c83a0518b45dd.html
parte, el portal inmobiliario Fotocasa elevó 'a unos 2,5 millones el número de viviendas que se requerirían en España para dar respuesta a la necesidad de alquiler del mercado (...). En España, se construyen unas 100.000 viviendas al año y
es uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida, ya que su peso sobre el total de viviendas principales (2,5 %) es seis puntos inferiores a la media regional (9,3 %) 11'.
Tercero. Conclusiones.
A la luz de los datos expuestos supra se juzga necesario y perentorio impulsar una política de construcción de vivienda decidida y ambiciosa para atajar la falta de vivienda pública en nuestro país. Los españoles no pueden permitirse
continuar en el vagón de cola con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a construcción de vivienda social y protegida. Por otra parte, el momento es idóneo: ahora más que nunca en las últimas décadas los españoles más
desfavorecidos, las familias y los más jóvenes (nótese que España es el cuarto país de la Unión Europea con la edad media de emancipación más tardía -30,3 años- siendo una de sus principales causas, sin duda, el difícil acceso a la primera vivienda
12) necesitan contar con el apoyo de los poderes públicos para acceder a una vivienda y paliar así los efectos perniciosos del encarecimiento del mercado, tanto de alquiler como de compra, en nuestro país.
El Gobierno de la Nación cuenta con los medios humanos, económicos y logísticos para elaborar un estudio exhaustivo y detallado de cuáles son las necesidades en materia de vivienda entre los españoles y, a continuación, utilizar todos los
recursos públicos para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de propiedad o arrendamiento asequible en España. Igualmente, el Gobierno debe estrechar lazos y unir esfuerzos con el resto de los niveles de la Administración Pública y con las
entidades privadas para resolver el problema de acceso a la vivienda desde todos los ángulos y con la colaboración de todos los poderes públicos y agentes privados.
La nefasta Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, no ha servido para corregir las anomalías del mercado inmobiliario en España, sino que, precisamente, al contrario, las ha acentuado, toda vez que el precio de la renta del
alquiler y el precio de venta de la vivienda han continuado incrementándose en los últimos meses desde su promulgación. En vez de facilitar el acceso a la vivienda para los españoles, lo ha complicado aún más, hasta el punto de que, en ciudades
como Madrid o Málaga, por mencionar algunas, el mercado del alquiler y la compra de vivienda alcanzan precios desorbitados de imposible acceso para la mayoría de los españoles 13. La derogación de esta norma es necesaria y urgente.
Los poderes públicos deben investigar y desarrollar políticas públicas valientes para atajar el problema del acceso a la vivienda en España. Siempre respetando el derecho a la propiedad privada, la vivienda es un bien de primera necesidad
con el que no se debe especular, pues su acceso y disfrute afecta a multitud de órdenes en la vida de los españoles: la familia, la educación de los hijos, el trabajo, el descanso, el ocio y la paz social, entre otros. El Gobierno debe lograr
transformar un ambiente hostil y difícil en materia de acceso a la vivienda en uno próspero y fácil, para que tener una vivienda en España no sea un lujo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Realizar un estudio pormenorizado sobre el estado actual del parque de vivienda social y protegida en España y las zonas a las que se debe dar prioridad para su construcción.
11 Ibid.
12 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230904-1
13 https://www.fotocasa.es/fotocasa-life/compraventa/conoce-el-precio-de-la-vivienda-en-venta-este-mes/
2. Incrementar la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción de compra para garantizar que los jóvenes y las familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con
menos recursos.
3. Impulsar un plan nacional de construcción de vivienda social en toda España, especialmente en las zonas más tensionadas del mercado inmobiliario.
4. Fomentar la colaboración público-privada a efectos de aumentar el parque de viviendas sociales y protegidas.
5. Impulsar la derogación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, Carlos Hernández Quero e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz adjunta, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana relativa a la limitación de la compra de viviendas a no residentes en las Illes Balears y en las Islas Canarias.
Exposición de motivos
Las problemáticas del encarecimiento de la vivienda y la falta de esta para la ciudadanía de las Illes Balears y las Islas Canarias son acuciantes. La crisis de vivienda que sufre actualmente la totalidad del territorio español se ve en
este caso agravada por las consecuencias de la insularidad, la turistificación y la desprotección de la población residente local ante los abusos del mercado hasta convertirse en una verdadera situación de emergencia habitacional.
Los datos recabados por el Observatori DESC en su informe Vías para amortiguar la tensión especulativa por compras de no residentes sobre el derecho a la vivienda en les Illes Balears son esclarecedores: el precio del suelo ha registrado
una subida anual de un 20 % en el conjunto del territorio y del 65 % en las grandes ciudades (más de 50.000 habitantes). El valor mediano de compraventa en las Islas Baleares es el más alto del Estado (408.173 ) y ha aumentado de 2019 a 2022 un 75
%, situándose más de dos veces por encima del valor mediano de todo el Estado (183.986 ), que ha subido un 22 %. Según este mismo informe, esta variación con respecto al encarecimiento del resto del territorio nacional 'es un indicador muy claro
de la entrada de una demanda de vivienda exógena, con un poder adquisitivo muy superior al de las residentes en las Illes Balears y también de todo el Estado'.
Así lo demuestran además los datos de aumento de compra de vivienda por parte de no residentes en el territorio insular. En el año 2022 las transacciones por parte de no residentes en las Baleares se situaron en el 36 % del total de
transacciones, un incremento con una variación del 93 %. Estos datos nos sitúan ante una preocupante realidad, actualmente una de cada tres casas que se compran en Baleares se adquieren para usarse como segundas residencias o residencias
vacacionales. De hecho, en catorce pueblos mallorquines las segundas residencias superan ya las viviendas habituales, en algunos de ellos conformando el 70 % de las viviendas.
La situación del mercado inmobiliario de las Illes, fuertemente tensionado por la especulación, debe ser abordada legislativamente para proteger a los residentes, como ya
se ha hecho en otros estados y regiones autónomas de Europa como Finlandia, las Islas Aland, Dinamarca, Flandes y Malta.
Además, el 16 de noviembre de 2022 el Senado aprobó una moción del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal en la que se instaba al Gobierno, entre otras demandas, a:
'Colaborar con el Govern de las Illes Balears en el análisis de alternativas a la situación actual de adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes en los territorios insulares, comparando las experiencias similares en
el ámbito europeo e internacional y valorando la aplicabilidad de las mismas en nuestro entorno.'
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno aprobar una legislación que limite la adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes en los territorios de les Illes Balears y las Islas Canarias mientras dure la
emergencia habitacional, en la línea de experiencias similares en el ámbito europeo e internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para consolidar el Bono Alquiler Joven, para su debate en la Comisión de Vivienda y
Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y mandata a todos los poderes públicos a dar cumplimiento a este derecho como una obligación constitucional.
Todos los expertos y agentes sociales especializados en materia de vivienda, todas las fuerzas políticas y todas las Administraciones están de acuerdo en que uno de los instrumentos más eficaces para caminar en esta dirección es el de la promoción
de un parque de vivienda social. Y, sin embargo, todos los estudios apuntan a que este es muy escaso en nuestro país.
Los problemas de acceso a la vivienda han tenido su causa en diferentes factores, el aumento de los precios fruto de la especulación inmobiliaria tras la crisis de 2008 junto a la escasez de vivienda en alquiler han dificultado el derecho a
una vivienda para muchas personas.
El problema de acceso a la vivienda provoca un aumento de la desigualdad y de la brecha social, afectando a muy diversos estratos de la sociedad, pero especialmente a los jóvenes y familiar con hijos a cargo. El último informe del Consejo
de la Juventud de España, de enero de 2024, recoge que los datos sobre emancipación de los jóvenes siguen siendo realmente preocupantes y están por debajo de la media europea, algo que responde, entre otras cosas, al elevado precio de la vivienda.
El Gobierno de España ha querido hacer frente a este problema, asumiendo el compromiso serio de buscar soluciones apostando por las políticas públicas en beneficio de la mayoría social y de los colectivos más vulnerables, poniendo la
vivienda en el centro de la agenda política como el quinto pilar del estado del bienestar.
Ante el problema de emancipación de los jóvenes, que no cuentan con recursos suficientes, el Gobierno aprobó en la pasada legislatura instrumentos normativos como el Plan Estatal de Vivienda y el Bono Alquiler Joven, entre las ayudas
económicas para las personas con mayores dificultades para el pago de un alquiler.
Así el Consejo de Ministros de 18 de enero de 2022, aprobó el Real Decreto por el que se regula el 'Bono Alquiler Joven' y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Concebido como el principal instrumento para fomentar y
apoyar el alquiler y facilitar a las personas con menos ingresos el acceso a una vivienda, recogía respecto a los jóvenes, ayudas al alquiler e incluso para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios de menos de 10.000
habitantes. O, la reserva de un 30 % de las 100.000 viviendas con las que se pretende incrementar el parque público de vivienda.
El bono alquiler joven establecía los requisitos para beneficiarse de una ayuda de 250 euros al mes durante dos años para jóvenes hasta 35 años, que era al mismo tiempo compatible con otras ayudas como con las prestaciones no contributivas
de la Seguridad Social o el Ingreso Mínimo Vital.
Al mismo tiempo se planteó como una ayuda que podía ser complementada por otras ayudas reguladas en el Plan Estatal de Vivienda, o que establecieran adicíonalmente las comunidades autónomas.
Tras 2 años de la puesta en marcha de esta medida, se ha demostrado su éxito resultando un número de solicitudes superior a 200.000 que implica que muchas de ellas puedan quedarse fuera.
El proceso de tramitación de las ayudas ha sufrido retrasos importantes en la resolución y el cobro de la misma para muchas personas. Es preciso, trabajar en este sentido para proponer medidas que agilicen los procesos de tramitación de
próximas convocatorias que permitan dar respuesta en el menor tiempo posible.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno de España a, ampliar el Bono Joven de Alquiler en los próximos presupuestos generales del estado, y al resto de administraciones competentes a practicar la corresponsabilidad complementando la aportación del
Estado para facilitar el acceso al alquiler de los joven y que puedan desarrollar plenamente su proyecto vital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Alba Soldevilla Novials, Víctor Camino Miñana, Gabriel Cruz
Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de viviendas en alquiler social, para su debate en la
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de dar contenido a dicho derecho. Todos los expertos y agentes
sociales especializados
en materia de vivienda, todas las fuerzas políticas y todas las Administraciones coinciden en que uno de los instrumentos más eficaces para caminar en esta dirección es el de la promoción de un parque de vivienda social. Y, sin embargo,
todos los estudios apuntan a que este es muy escaso en nuestro país.
Según el estudio más completo realizado hasta la fecha -informe de 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo sobre la vivienda social en España-, que repasa su evolución en los últimos 40 años, el parque de vivienda social de titularidad
pública existente en nuestro país está situado en torno a las 290000 viviendas, 180000 en manos de las comunidades autónomas y 110000, aproximadamente, en manos de los ayuntamientos. Se trata de una cifra muy distante de la de otros países de la
Unión Europea: mientras en nuestro país la vivienda social en alquiler supone aproximadamente el 2,5% del parque de viviendas, en países como Holanda o Dinamarca este porcentaje alcanza el 30%. La media de la Unión Europea es superior al 9%.
La razón a este desequilibrio hay que encontrarla, entre otras cosas, en que la inversión en vivienda protegida en España, a lo largo de las últimas décadas, se ha destinado principalmente a la compraventa. De esta manera, se contabilizan
2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo que va entre 1981 y 2019, pero como tales viviendas protegidas han sido destinadas mayoritariamente a la venta en estos momentos solo un porcentaje muy minoritario de las mismas está a
disposición de las administraciones públicas. Y la tendencia sigue. Según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en los últimos cinco años se han construido 36.009 viviendas protegidas, pero de ellas solo 4.793 estaban
destinadas al arrendamiento, únicamente el 13.3% del total.
Por tanto, pese a que todos los organismos coinciden en que es un instrumento importantísimo, la realidad es que la vivienda social en alquiler constituye un instrumento de política de vivienda escasamente desarrollado en España, en
contraste con los principales países europeos. Un parque público de vivienda de alquiler es un elemento imprescindible para contribuir a garantizar que todos, y especialmente los más vulnerables, van a poder acceder y disfrutar del derecho a la
vivienda que les reconoce la Constitución, y de esta manera van a poder desarrollar su proyecto de vida.
El Gobierno se ha tomado muy en serio este problema, haciendo de ello una prioridad política en la pasada legislatura y más si cabe en la actual. Así, adoptó numerosas medidas para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia,
ha de señalarse que las medidas de protección en materia de vivienda han tenido un carácter central dentro del 'Escudo Social' establecido al efecto. Un 'Escudo Social' que ha comprendido un amplio conjunto de medidas de carácter laboral, de
seguridad social, de ayudas directas y de medidas fiscales; y que en el ámbito de la vivienda han ido desde la suspensión de los desahucios y lanzamientos de su vivienda habitual de hogares vulnerables hasta programas de ayudas específicos.
Medidas, de carácter urgente y necesarias para responder a la situación de los hogares vulnerables A través de sucesivas prórrogas, la vigencia del 'Escudo Social' se ha ido manteniendo en el tiempo, estando vigente alguna a día de hoy.
Estas medidas se suman a otras de carácter estructural que se han llevado a cabo en materia de vivienda, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y entre las que se puede citar:
- El desarrollo de una legislación estatal en materia de vivienda, por primera vez en la etapa democrática. Una Ley por el derecho a la vivienda.
- La aprobación de un nuevo Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
- El impulso de ayudas al alquiler a través del bono joven para el alquiler de 250 euros en 2022 y 2023.
- Las diferentes medidas llevadas a cabo para favorecer una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles.
Además de las actuaciones encaminadas a la rehabilitación y mejora del parque de vivienda, sustentado todo ello en un incremento sin precedentes de la inversión presupuestaria en los PGE 2022 y PGE 2023.
Con la nueva Ley por el derecho a la vivienda 12/2023, que protege la vivienda asequible para garantizar el derecho de acceso a la vivienda de las personas y hogares con mayores dificultades para acceder a una vivienda de mercado, se
pretende evitar que se especule y se venda el patrimonio público de vivienda, como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas. La Ley especifica en su artículo 16 que estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la
descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo. De esta forma las administraciones públicas dispondrán de más vivienda asequible para poder habilitar una mayor oferta que regule un mercado fuertemente tensionado en las zonas
donde más necesidad existe.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, siga trabajando en acciones encaminadas al impulso de la construcción y promoción de viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes, con el objetivo de incrementar las dotaciones de viviendas al servicio de las políticas públicas de vivienda, en terrenos de titularidad pública o privada, apostando por mecanismos público-privados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Alba Soldevilla Novials, Víctor Camino Miñana, Gabriel Cruz
Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una
vivienda digna, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En España se vulnera el derecho constitucional a la vivienda, y cada día más. Particularmente, por la brecha que existe entre quienes compran o alquilan su casa para vivir y quienes lo hacen para especular.
El contexto inflacionista generado tras el fin de la pandemia y la guerra de Ucrania ha disparado en 2023 el interés especulativo en la vivienda un 857% respecto el año anterior.
La función social de la vivienda es clave para terminar con la transmisión generacional del empobrecimiento. Un 80% de niñas y niños empobrecidos morirán como personas adultas empobrecidas. Para ello, es importante, conocer cómo opera la
estructura económica y el comportamiento cultural sobre la vivienda.
Sociológicamente, a diferencia de muchos otros países de nuestro entorno, España es todavía, aunque menos que hace una generación, un país de propietarios. Y, de hecho, culturalmente muchos aspiran a poder disponer de otras viviendas
(propiedades) que ante un mundo incierto y de bajos salarios les aporten tranquilidad para ellos y su descendencia. Según 'España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo' más de un 70% de la desigualdad procede
de la herencia.
Aunque discursivamente, las políticas públicas sigan diseñadas para un país de propietarios la realidad es bastante menguante y con una fuerte brecha generacional. De hecho, según el Banco de España, mientras que en 2008 un 64% de los
hogares con un 'cabeza de familia' menor de 35 años vivía en una casa en régimen de propiedad en 2020 era ya del 36%.
Por ello, y porque es obvio que las actuales políticas de vivienda han fracasado, hay que dejar atrás tanto la privatización del suelo como la desregulación y financiarización de la vivienda como un bien de mercado y apostar abiertamente por
el derecho a la vivienda para vivir.
En España, el año pasado, según la Estadística Notarial del Consejo General del Notariado, un 56,2% de la compraventa de viviendas se hicieron a 'tocateja'. Una realidad que se dispara hasta el 70,2% en el caso valenciano, 67,2 % en el caso
de Murcia, un 65,7% en Castilla-La Mancha y un 64% en Castilla y León.
También, es importante destacar que la compraventa por parte de fondos buitre y población no residente representa ya en ciudades como Alicante un 40% de las transacciones, un 38% en Santa Cruz de Tenerife, un 32% en Málaga, Girona un 30,85%
y un 31% en Baleares.
Ante esto, urge una nueva cultura política de vivienda que se centre en garantizar el acceso al conjunto de la sociedad, regulando los precios del alquiler y ampliando el parque de vivienda público, pero también frenando de raíz la voracidad
especulativa de una minoría social que nos empobrece como país, medidas regulatorias contra la especulación que ya se han implantado en otros países y que no necesitan de inversión pública sino de valentía política.
Proposición no de Ley
'Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Prohibir de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa), salvo su transmisión gratuita a otras entidades
públicas para su transformación en parque público de alquiler.
2. Aprobar una moratoria de 36 meses que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente para frenar la especulación particularmente en las ciudades más turísticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y aplicación del
índice de precios de referencia para el mercado del alquiler, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y mandata a todos los poderes públicos en la obligación constitucional de dar contenido a dicho derecho. Todos
los expertos y agentes
sociales especializados en materia de vivienda, todas las fuerzas políticas y todas las Administraciones coinciden en que uno de los instrumentos más eficaces para caminar en esta dirección es el de la promoción de un parque de vivienda
social.
Son muchos los colectivos de personas vulnerables que tienen muy difícil el acceso a una vivienda por este y otros motivos, es el caso de los jóvenes, por ejemplo. El último informe del Consejo de la Juventud de España refleja que los datos
sobre emancipación de los jóvenes siguen siendo realmente preocupantes y están por debajo de la media europea, algo que responde, entre otras cosas, al elevado precio de la vivienda.
El Gobierno de España ha abordado este problema desde la pasada legislatura, asumiendo el compromiso firme de buscar soluciones al problema de la vivienda apostando firmemente por las políticas públicas en beneficio de la mayoría social y de
los colectivos más vulnerables.
Además de aprobar medidas coyunturales para dar respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia y de la guerra de Ucrania, se han aprobado instrumentos normativos como Plan Estatal de Vivienda o el Bono Alquiler Joven, que aportan
recursos para el pago del alquiler y benefician a jóvenes, pero también a personas, familias y unidades de convivencia con menores niveles de ingresos, o que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, ha asumido el
compromiso de habilitar más de 180.000 viviendas en los próximos años para que puedan ser ofrecidas en régimen de alquiler social o asequible.
Uno de los logros de la pasada legislatura fue la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda. Una ley pensada para garantizar el acceso a la vivienda e imponer su consecución como una obligación a los poderes
públicos.
El artículo 18 de la Ley regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Se permite a las Comunidades Autónomas declarar zona de mercado residencial tensionado a aquellas zonas en las que el esfuerzo financiero del pago de
la hipoteca o alquiler supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. También puede declararse zona tensionada si el precio de compra o alquiler de la vivienda ha experimentado un porcentaje de crecimiento
acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado el pasado 27 de febrero, el índice de Precios de Referencia, un nuevo instrumento que tiene como principal objetivo controlar el incremento de los precios del alquiler en las zonas donde
los precios de los alquileres están claramente tensionados.
Este índice, que responde a criterios técnicos y científicos, y que está diseñado para ser aplicado en el conjunto del país, incluye una nueva aplicación que va a permitir que los datos públicos estén al servicio del interés general,
permitiendo conocer el rango de valores de alquiler de una vivienda en una zona determinada como referencia para la fijación de los precios en los nuevos contratos de arrendamiento.
El índice operará en aquellas Comunidades que soliciten la declaración como zonas de mercado residencial tensionado de alguno de sus municipios, según lo establecido en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. El Ministerio de Vivienda
y Agenda Urbana publicará de forma trimestral una resolución en la que se recogerá la relación de zonas de mercado residencial tensionado que hayan sido declaradas de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en la Ley. En esa resolución
se recogerá el periodo de vigencia de la declaración de zona tensionada y las particularidades que, en su caso, puedan establecerse para cada zona, y que puedan afectar a la regulación de los contratos, como por ejemplo la definición del concepto de
gran tenedor de vivienda aplicable en cada zona.
El índice es una herramienta excepcional para aquellas ciudades donde se está produciendo una alta tensión en el mercado del alquiler, y busca evitar movimientos especulativos de los precios de los alquileres, ofreciendo un precio de mercado
en función de criterios técnicos. El índice permitirá también ofrecer más transparencia y conocimiento del mercado del alquiler de vivienda, y con ello favorecerá el incremento de la oferta de
vivienda a precios asequibles, aportando además un elemento clave de seguridad jurídica en las relaciones entre arrendador y arrendatario.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a las administraciones competentes a declarar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, las correspondientes zonas de mercado
residencial tensionado en sus respectivos ámbitos territoriales a fin de que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país puedan beneficiarse de la aplicación del índice de Precios de Referencia en los precios de alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Morell, Alba Soldevilla Novials, Víctor Camino Miñana, Gabriel Cruz
Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la participación cultural de la infancia y la adolescencia en riesgo
de vulnerabilidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de nuestras y nuestros jóvenes en la que el acceso y la participación cultural tienen unos efectos muy positivos. Algunos de ellos son el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades
que pueden contribuir, entre otras cosas, a un mejor desempeño educativo, la mejora del bienestar socioemocional, el aumento de la autoestima y la confianza en ellos/as mismos/as y la creación de nuevas oportunidades y promoción de talentos
artísticos de nuestro país.
La cultura es, por otro lado, una excelente herramienta de transformación social que puede utilizarse para paliar algunas de las consecuencias de la pobreza infantil y promover la inclusión de la infancia y la adolescencia en situaciones de
mayor vulnerabilidad. Las medidas y programas destinados a garantizar el acceso efectivo y la participación plena en actividades culturales son, en muchas ocasiones, la única forma para generar cohesión social y generar vínculos en la sociedad.
Para que la infancia y la adolescencia tengan el acceso a la cultura asegurado, es necesario erradicar determinados hándicaps, como la distribución territorial de la oferta cultural, el precio de las entradas a espacios o eventos culturales
o del material o las matrículas de las actividades, la falta de acceso a la información por parte de las familias o la distancia de las instituciones o instalaciones culturales.
El objetivo de los programas culturales vinculados a seis ejes principales: bellas artes, cine, música, teatro, danza y literatura, es aumentar la participación en cultura de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El potencial transformador de los programas culturales se aprovecha de manera completa mediante la práctica. Por ello, las personas participantes han de ser sujetos creativos, experimentando la creación de forma activa y no sólo como
espectadoras y espectadores de un producto cultural. Por último, es importante que se comprendan todas las etapas de la creación desde la conceptualización a la exhibición.
Desde el Alto Comisionado para la erradicación de la pobreza infantil, se pusieron en marcha en la anterior legislatura algunas iniciativas encaminadas a reducir la brecha de acceso a la cultura de manera equitativa, tales como: 'Cultura
que transforma', 'Rompe el círculo' o el 'Plan nacional contra la pobreza infantil'.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Ampliar el alcance de los programas ya existentes con el objetivo de reducir la brecha de acceso a la cultura de la infancia y la adolescencia más vulnerable, y asegurar su impacto.
2. Poner en marcha, en colaboración con las CC.AA. y Entidades Locales, programas de nueva creación desde la fase de diseño hasta la implementación de pilotos y evaluación para su consolidación.
3. Incrementar, en colaboración con las CC.AA. y Entidades Locales, programas para el fomento de la lectura en la primera infancia, como el Programa María Moliner o los programas de actividades literarias en institutos, escuelas de arte y
librerías.
4. Fomentar, en colaboración con las CC.AA. y Entidades Locales, las actividades y programas culturales para conseguir que todas las niñas, niños y adolescentes tengan un acceso digno a la cultura.
5. Aumentar, en colaboración con las CC.AA. y Entidades Locales, la oferta cultural especialmente en las zonas rurales o de especial protección en cuanto a la pérdida de población en colaboración con la Secretaría General para el reto
demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Marc Lamuà Estañol, José Losada Fernández, Roberto García Morís, Alberto Mayoral de Lamo, Teresa Llorens Carbonell, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez Seijo, Josep Paré
Aregall, Isabel María Pérez Ortiz, Artemi Rallo Lombarte y Caridad Rives Arcayna, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la celebración del centenario de S'Agaró, para su debate en la Comisión
de Cultura.
Exposición de motivos
Este año 2024 se cumplen 100 años de un proyecto que ha convertido en esta pasada centuria a S'Agaró como uno de los parajes más emblemáticos de la Costa Brava y la provincia de Girona, además de estar consolidado como uno de los espacios en
donde cultura y turismo se aúnan para convertir S'Agaró en un espacio esencial de nuestra geografía y patrimonio.
Fue gracias a la visión que tuvo en los años 20 del siglo XX Josep Ensesa Gubert, que este promontorio que se alza por encima de la playa de Sant Pol alcanzaría su máximo
potencial junto al buen hacer del gran arquitecto Rafel Masó, gran representante de la arquitectura noucentista catalana.
Bajo la batuta de Ensesa, S'Agaró, se convertiría en un ejemplo único de las ciudades- jardín que se proyectaban durante esos años veinte, siendo un ejemplo perdurable de ese concepto nacido en la época de entreguerras. Muestra de su
interés patrimonial es que ya en el 1972 el Ministerio de Cultura lo declaró Paisaje Pintoresco, en el 1995 la Generalitat de Catalunya lo declaró Bien Cultural de Interés Nacional y en el 2022 el propio Ajuntament de Castell-Platja d'Aro-S'Agaró
aprobó un Plan Especial de Protección para el Conjunto Residencial de S'Agaró.
En palabras de Josep Pla, S'Agaró se trataba de una lección y un ejemplo, lección de buen gusto y ejemplo de orden, tenacidad y puesta al servicio de la dignificación del país. Un caso excepcional de maridaje de naturaleza, urbanismo y
cultura que se ha preservado en buena medida por la tenacidad de Ensesa y sus descendientes.
Hoy, un siglo después, es de recibo tener la responsabilidad de conservar esta memoria, hacerlo con la dignidad necesaria y trasladar al futuro lo que en su momento significó este proyecto y cómo modeló una parte ¡cónica de nuestra Costa
Brava, aunando urbanismo, naturaleza, cultura y deporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar activamente con el resto de instituciones locales y autonómicas en los actos relacionados con el centenario de S'Agaró para que la celebración del mismo tenga todos los medios necesarios para que sea acorde a la efeméride
celebrada.
2. Declarar el 'Centenari de S'Agaró' como Acontecimiento de Especial Interés Público para el ejercicio de 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Marc Lamuà Estañol y Blanca Cercas Mena, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, para su debate en instancia en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La rumba catalana es un género musical que nace en los barrios más populares de Barcelona y es, entre otras cosas, fruto de la diversidad cultural que caracteriza Catalunya en los años 50. Surge como resultado de un proceso continuo de
cruces y apropiaciones de distintas tradiciones que históricamente han influenciado la creación musical en Catalunya. Se inspira en la rumba flamenca, pero, en breves se desvincula al mezclar estilos tan distintos como el rock & roll o la música
cubana, convirtiéndose así en un género musical único. Desde sus orígenes, la rumba ha experimentado cambios y transformaciones, adaptándose a los cambios sociales, artísticos y también, políticos (durante la dictadura franquista fue un símbolo de
la resistencia cultural de la Barcelona más popular).
Se caracteriza por los ritmos vibrantes, letras poéticas y la capacidad de improvisar y adaptarse a distintos contextos. Su popularidad aumenta gracias a artistas como Peret, el Pescaílla el Gato Pérez, Los Manolos y muchos otros. Hoy día,
la rumba catalana continúa siendo un género musical vivo y dinámico, con nuevas generaciones de artistas que continúan explorando y revitalizando esta tradición.
La rumba catalana rápidamente se convierte en una forma de expresión cultural que promueve la inclusión y la diversidad de la sociedad. Es una práctica cultural que permite crear puentes entre persones de orígenes y estatus sociales
diferentes. A partir de la música y sus letras, la rumba catalana trata temas universales como el amor, la amistad, la esperanza, la justicia social o la inclusión de los colectivos discriminados. Este carácter ha hecho de la rumba catalana un
símbolo de la convivencia pacífica y un factor de integración y cohesión social.
El reconocimiento de la rumba catalana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO contribuirá a su preservación, promoción y difusión a escala nacional, estatal e internacional. Servirá como marco de protección para salvaguardar las
prácticas y los conocimientos de un género tan especial y único como es la rumba catalana, garantizando así también, su continuidad y la transmisión a las generaciones futuras.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Defender la candidatura de la Rumba Catalana para que sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y sea incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
- Colaborar con la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, artistas y músicos de la rumba catana para promover y proteger esta manifestación cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal , a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició No de Llei sobre
reconeixement de la rumba catalana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO per al seu debat a la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
La rumba catalana és un gènere musical que neix als barris més populars de Barcelona i és, entre moltes altres coses, fruit de la diversitat cultural que caracteritza Catalunya als anys 50. Sorgeix com a resultat d'un procés continu de
creuaments i apropiacions de diverses tradicions que històricament han influenciat la creació musical a Catalunya. S'inspira en la rumba flamenca, però, aviat se'n desvincula en barrejar estils tan diferents com el rock & roll o la música cubana,
convertint-se així en un gènere musical únic. Des dels seus orígens, la rumba ha experimentat canvis i transformacions, adaptant-se als canvis socials, artístics i també, polítics (durant la dictadura franquista va esdevenir un símbol de la
resistència cultural de la Barcelona més popular).
Es caracteritza pels ritmes vibrants, lletres poètiques i la capacitat per improvisar i adaptar-se a diferents contextos. La seva popularitat augmenta gràcies a artistes com Peret, el Pescaílla, el Gato Pérez, Los Manolos i molts altres.
Avui dia, la rumba catalana
continua sent un gènere musical viu i dinàmic, amb noves generacions d'artistes que continuen explorant i revitalitzant aquesta tradició.
La rumba catalana ràpidament es converteix en una forma d'expressió cultural que promou la inclusió i la diversitat de la societat. És una pràctica cultural que permet crear ponts entre persones d'orígens i estatus socials diferents. A
través de la música i les seves lletres, la rumba catalana tracta temes universals com l'amor, l'amistat, l'esperança, la justícia social o la inclusió dels col·lectius discriminats. Aquest caràcter ha fet de la rumba catalana un símbol de la
convivència pacífica i un factor d'integració i cohesió social.
El reconeixement de la rumba catalana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO contribuirà a la seva preservació, promoció i difusió a escala nacional, estatal i internacional. Servirà com a marc de protecció per a salvaguardar les
pràctiques i els coneixements d'un gènere tan especial i únic com és la rumba catalana, garantint així també, la seva continuïtat i la transmissió a les generacions futures.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
- Defensar la candidatura de la Rumba Catalana perquè sigui reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i sigui inclosa en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, en el termini màxim de sis
mesos a partir de l'aprovació d'aquesta Proposició No de Llei.
- Col·laborar amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, artistes i músics de la rumba catalana per promoure i protegir aquesta manifestació cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de març de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a los actos conmemorativos
del centenario de la exposición hispanoamericana del 1929 en Sevilla, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El origen de las ferias internacionales y universales procede de las tradicionales ferias nacionales francesas, que tenían como objetivo la compraventa de objetos y las muestras de los avances tecnológicos del país. Eran por tanto unas
ferias relacionadas con la actividad fabril. Las exposiciones nacionales e internacionales suponían al mismo tiempo una muestra de fuerza y de capacidad que mostraban los diferentes países, en un momento de enormes conflictos geopolíticos.
La primera feria mundial o universal tiene lugar en Londres en el palacio de cristal en 1851, y tras ellas seguirán otras muchas de manera cada vez más organizadas, viviendo su despegue y auge en el siglo XIX.
Tras una primera etapa donde la industrialización era la base de estas exposiciones, se pasó a otras ferias que centraban su esfuerzo en el intercambio cultural y ya entrado el siglo XX en lo que se denomina marca-nación, mostrando al resto
del mundo las
particularidades por las que se da a conocer el país anfitrión, o bien poniendo el foco en alguna temática de interés mundial (como la exposición del agua de Zaragoza en 2008).
Esta proposición no de ley se centra en el centenario de la feria Internacional Hispanoamericana que tuvo lugar en 1929 en Sevilla. Desde que en 1909, Luis Rodríguez Caso hiciera pública su idea de celebrar en Sevilla una Exposición
Internacional Hispano-Ultramarina, una Exposición Internacional de España en Sevilla o una Exposición Internacional Hispano-Americana, hasta la fecha de su materialización transcurrieron veinte años, tiempo donde se definieron los contenidos
temáticos (agricultura, industria, comercio y cultura), y desarrollaron los órganos directivos que gestionarían la exposición.
Se estima que el certamen necesitó aproximadamente un total de 80.218.599 pesetas, siendo sus ingresos, también aproximadamente, de 85.147.360 pesetas.
El Rey Alfonso XIII inauguró la Exposición Iberoamericana el 9 de mayo de 1929, siendo clausurada el 21 de junio de 1930.
El objetivo que se perseguía con la feria era la necesaria reforma urbanística de la ciudad y el país, el fomento del turismo, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico desde el impulso de las relaciones con países
americanos. Además, se pretendía dar muestra del hermanamiento entre España, Hispanoamérica, Estados Unidos, Portugal, Brasil y Filipinas, en un acto que podría entenderse como continuación del esfuerzo español por la conformación de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, concebida desde el Congreso Social y Económico Hispanoamericano de 1900.
La importante huella que deja la exposición del 29 en Sevilla es innegable. En el ámbito urbanístico, la ciudad logró situarse al mismo nivel que las grandes urbes españolas con nuevos ensanches, alcantarillados, pavimentación, agua, luz,
viviendas y hoteles. La exposición dejó una nueva Sevilla con actuaciones como el Hotel Alfonso XIII, la ordenación de la puerta de jerez, con la fuente que representa a la ciudad con Hispalis; El barrio de Heliopolis, con sus 390 chalets; el
barrio de la judería con sus albergues regionalistas; La Ciudad Jardín en Marqués de Nervión, donde se levantaron 404 edificaciones para 1.374 viviendas; o la avenida de La Palmera, la gran arteria de la ciudad que prolongaba hacia el sur la trama
urbana siguiendo un proyecto del arquitecto municipal Leopoldo Carrera. Otras muestras del legado de la exposición lo constituyen el Teatro Coliseo España, que se levantó en la Avenida de la Constitución como culminación del ensanche del último
tramo de la vía; el Campo del Betis; o el cine que los arquitectos José y Aurelio Gómez Millán proyectaron en 1924, llamado Reina Victoria en honor de la consorte de Alfonso XIII.
El Stadium de la Exposición se construyó al final de la avenida de la Palmera para la Exposición Iberoamericana de 1929 de la mano del arquitecto Antonio lllanes del Río y se inauguró el 17 de marzo de 1929 con un encuentro internacional
entre España y Portugal.
La construcción más grande y más simbólica de la Exposición Iberoamericana de 1929 es, sin duda alguna, la Plaza de España, levantada entre 1914 y 1929, la cual cuenta con una extensión aproximada de 50.000 m2, de los que 19.000 están
edificados y 31.000 son espacio abierto. El estilo arquitectónico propio de Aníbal González cobra aquí su máximo esplendor. Una obra onírica que ha servido de inspiración para artistas de todos los campos, pintores, escritores o cineastas, ya que
ha sido escenario de películas como Lawrence de Arabia (1962), El viento y el león (1975) o Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones (2002), entre otras muchas. Por esta razón, en 2017 la Academia de Cine Europeo eligió esta plaza como
Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea, distinción que otorga a espacios y localizaciones cinematográficas de naturaleza simbólica de gran valor histórico para el cine.
Las huellas de la exposición del 29 perduran vivas en la actualidad, siendo un atractivo turístico conocido a nivel mundial, siendo además punto de encuentro y fraternidad con los países iberoamericanos, gracias a pabellones como el de
Portugal o el de Guatemala, sedes de sus consulados respectivos.
Concluimos que la exposición hispano-americana de 1929 contribuyó de forma notoria a la configuración de la ciudad de Sevilla como la conocemos hoy, permitiendo también promocionar la ciudad a nivel turístico y empresarial, y proyectándola
como el máximo
exponente de la incipiente Comunidad Iberoamericana de Naciones, felicitando la relación entre los países participantes a través de la proyección de un paisaje cultural común.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a Desarrollar un plan de acción para apoyo a los actos conmemorativos del centenario de la exposición hispanoamericana de 1929 en Sevilla con los siguientes puntos:
- Considerar la efeméride 'Centenario de la exposición hispanoamericana de 1929 de Sevilla' como acontecimiento cultural declarado de excepcional interés público (AEIP) a los efectos de la aplicación de beneficios fiscales.
- Crear de forma inminente la Comisión Interadministrativa del 'Centenario de la exposición hispanoamericana de 1929 de Sevilla' para coordinar los actos conmemorativos, estando representadas las instituciones públicas y privadas
correspondientes, retomando los objetivos de intercambio cultural y fraternidad y solidaridad con los países participantes, apoyando económicamente las actividades que se realicen y proponiendo la presidencia de dichos actos a sus Majestades los
Reyes de España.
- Reforzar la proyección internacional de estos actos conmemorativos impulsando a través de la dirección del Instituto Cervantes y de la AECID una agenda con iniciativas de promoción y difusión de la cultura compartida, especialmente en los
países iberoamericanos, facilitando a estos la participación de los distintos actos conmemorativos.
- Involucrar al Archivo de Indias en los actos conmemorativos con una exposición sobre la efeméride 'Centenario de la exposición hispanoamericana de 1929 de Sevilla'.
- Involucrar al cuerpo consular en la celebración de la efeméride a través de una agenda de actos, reforzando los lazos con los países participantes, especialmente a través de la diplomacia cultural en organismos internacionales donde España
sea parte, como la Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaría General Iberoamericana, o el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica.
- Desarrollar, en colaboración con el Ministerio de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, las acciones que permitan difundir en Iberoamérica los actos conmemorativos con los países invitados así como la participación activa de los
mismos evocando los mismos valores de intercambio cultural, hermanamiento y solidaridad.
- Impulsar desde el ministerio de Universidades el catálogo de estudios, tesis y análisis sobre la exposición de 1929, organizando unas jornadas universitarias al respecto.
- Impulsar desde la Biblioteca Nacional de España una exposición sobre '100 años de la exposición hispanoamericana de 1929 de Sevilla'.
- Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas, programas didácticos para incorporar la efeméride en las actividades educativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Ricardo Tarno Blanco, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés
Mendiguchía, Manuel García Félix, Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/000369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la solución de los
problemas en la formación médica especializada generados por la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) hizo público el pasado 23 de enero el documento 'Desafíos críticos en la formación médica especializada 2024'.
Se trata de un 'informe sobre la crisis de recursos humanos y el final del periodo de residencia en el verano de 2024' que ha sido elaborado desde la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción del Empleo del referido Cgcom, en el que se
explica que, 'de forma específica', la pandemia de COVID-19 'afectó a la asignación y toma de posesión de las plazas de Formación Sanitaria Especializada [FSE] convocadas para su entrada en el sistema en el año 2020'.
En el informe citado se plantea que con la COVID-19 -y con los efectos derivados del 'Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19'; de la 'Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19', y de la 'Resolución de 7 de julio de 2020,
de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que, en cumplimiento de auto del Tribunal Supremo, se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de
formación sanitaria especializada para la titulación universitaria de grado/licenciatura de Medicina'-, 'se retrasó la asignación al mes de julio [en los años anteriores, tanto el comienzo como la finalización del periodo de FSE se realizaban
habitualmente a finales del mes de mayo] y la toma de posesión de las mismas al mes de septiembre, generando así un desfase para la finalización del periodo formativo de esa generación de médicos residentes en este año 2024'.
Consecuencia de esta realidad, 'del retraso en la incorporación', puede producirse 'un problema para la cobertura de ciertas plazas de especialista durante este verano, una época que es especialmente sensible a las necesidades de recursos
humanos'; un problema que puede concretarse y cuantificarse, de acuerdo con los artículos publicados por la prensa el mismo 24 de enero, en 5.700 residentes.
Según el Cgcom, 'una generación de especialistas en formación no finalizará su residencia y no se podrán cubrir con los mismos las necesidades asistenciales derivados de periodos vacacionales e incrementos de demanda en zonas tensionadas por
el turismo'.
Esta coyuntura puede derivar en 'ausencia de garantías de aprendizaje de los médicos residentes' -con 'déficit de supervisión, realización de funciones que no corresponden a su grado de responsabilidad'- y en 'una situación donde no se
aseguren los mayores estándares de atención al paciente y formación del residente de calidad y seguridad'.
De igual forma, puede dar lugar a 'cambios en el itinerario formativo de los residentes de último año que no sigan lógicas docentes, sino para cubrir periodos vacacionales de personal estructural de sus servicios', así como a la
'finalización prematura de los planes
formativos' es decir, 'que se fuerce a los médicos residentes a finalizar su programa formativo varios meses antes para estar disponibles en el mercado laboral y cubrir dichos periodos vacacionales como especialistas'.
El informe elaborado desde el Cgcom explica que ambas anomalías, considerando lo dispuesto en la 'Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias' y teniendo presentes las órdenes ministeriales con las que se
convocan las pruebas de acceso a la antes referida FSE, 'contravienen [lo contemplado en] los reales decretos 1146/2006 [de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias
de la Salud] y 183/2008 [de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada], donde se recoge el derecho de los
médicos residentes a que se cumpla su programa formativo y no se recogen las necesidades asistenciales de un servicio como motivos de finalización del contrato de residencia'.
Desde el Cgcom se considera que 'dadas las limitaciones planteadas en el marco normativo, se deduce que no se deberían dar las condiciones que promuevan que los médicos residentes terminen antes o vean modificados sus itinerarios'; que 'los
tiempos establecidos en los programas formativos de las distintas especialidades han de respetarse, ya que son uno de los garantes de la calidad del sistema de formación sanitaria especializada de nuestro país y las medidas extraordinarias deben ser
planificadas al ser un escenario previsible'; que el escenario descrito está provocando una 'precarización del sistema sanitario' y que se esté produciendo un 'incumplimiento de los derechos laborales de los residentes' -carga laboral excesiva,
ausencia de descanso suficiente, insatisfacción profesional, riesgos para la salud física y mental...-, y que 'además de esto, existe el riesgo de la toma de distintas medidas dada la variabilidad entre sistemas autonómicos de salud', es decir, que
'esta posibilidad puede conllevar un escenario de mayor inequidad entre las Comunidades Autónomas'.
Esta situación se produce 'en un momento clave [en el Sistema Nacional de Salud] donde la falta de especialistas para cubrir las necesidades asistenciales de la población conlleva un nuevo tensionamiento para el [propio] SNS con
repercusiones directas' en 'la demografía médica y la planificación de recursos humanos' en el conjunto del SNS, así como 'para la calidad y la seguridad de la atención sanitaria' en general y el crédito internacional de la FSE española.
Ante todo ello, desde el Cgcom solicitan 'soluciones efectivas' con las que 'salvaguardar el concepto de SNS' y que se actúe 'de manera coordinada y cohesionada', por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a materializar con urgencia las medidas necesarias para solucionar adecuadamente en términos de calidad y seguridad los problemas en la formación de médicos internos residentes que se
producirán este año en el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de la COVID-19 y de las medidas tomadas en 2020 para hacer frente a la propia pandemia.
Partiendo del cumplimiento riguroso de la normativa el reparto competencial vigentes, el Gobierno diseñará y aplicará dichas medidas desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y desde la coordinación plena con los representantes
del colectivo médico, invirtiendo cuantos recursos humanos y materiales resulten necesarios, y dando plenas garantizas a los MIR de un aprendizaje y una capacitación correctos, de una incorporación adecuada en tiempo y forma al SNS, y de unas
condiciones laborales idóneas para el desempeño óptimo de sus funciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la regulación del
consumo, la publicidad, la promoción, el patrocinio y la fiscalidad de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 17 de enero de 2024 el 'Real Decreto 47/2024, de 16 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la
fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados'.
Aprobado un día antes por el Consejo de Ministros, el 'Real Decreto 47/2024', que entrará en vigor el próximo mes de abril -tres meses después de su publicación-, transpone al ordenamiento jurídico español la 'Directiva 2014/40/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y
los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE', en lo que se refiere a la retirada de determinadas excepciones -mensajes informativos, advertencias sanitarias y fotografías- aplicables a los productos de tabaco calentado
con el fin de equipararlo a los cigarros convencionales.
En dicho sentido, el 'Real Decreto 47/2024' regula aspectos relativos a la fabricación, la presentación y la comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, prohibiendo la venta del tabaco calentado que contiene
aromas y obligando a que en el etiquetado figuren las advertencias relativas a los efectos perjudiciales para la salud.
De igual forma, la nueva regulación amplía la prohibición de comercializar productos del tabaco con aroma característico, con aromatizantes en sus componentes -filtros, papeles para fumar, envases o cápsulas- o con cualquier técnica que
permita modificar el olor o el sabor de los productos del tabaco, así como intensificar el humo de los productos del tabaco calentado. Además, el real decreto citado dispone que los filtros, los papeles y las cápsulas no podrán contener tabaco ni
nicotina.
No obstante, el 'Real Decreto 47/2024' no incluye ni afecta a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina conocidos comúnmente como vapeadores. De acuerdo con la información publicada por la prensa el referido 16 de enero, el
Ministerio de Sanidad dice estar estudiando el endurecimiento de la normativa vigente para estos productos que considera 'inductores' del tabaquismo y que, a diferencia del tabaco, sí pueden ser vendidos en cualquier comercio y sí pueden ser
promocionados en festivales y en las redes sociales.
Desde el propio Ministerio de Sanidad, concretamente desde la Unidad de Prevención y Control del Tabaquismo de la Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad de la Dirección General de Salud Pública, se hizo público en el año
2022 un informe en el que se advierte, entre otras cuestiones, sobre la inseguridad y la toxicidad de los aerosoles empleados -sustancias carcinogénicas- por los dispositivos mecionados, sobre el aumento del uso entre 'las edades jóvenes' y sobre la
inexistencia 'actualmente de evidencia sólida que sugiera que pueden ser útiles como herramienta para la cesación del tabaquismo'.
A este respecto, en el sector sanitario, concretamente desde el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, se ha pedido una prohibición para los vapeadores similar a la del tabaco en tanto que 'si la edad media del primer contacto con el
tabaco convencional
está en los 14 años, con los vapeadores hay chicos y chicas que tienen su primer contacto con la nicotina a los 11 años o incluso antes'.
También desde la Sociedad Española de Oncología Médica se advierte de que 'los vapeadores son igual de nocivas para la salud que los cigarrillos convencionales' en términos de 'causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura';
desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se plantea que vapear 'no sirve como método de reducción del daño' y 'pone en riesgo la salud de los fumadores pasivo', y desde la Asociación Española Contra el Cáncer se ha solicitado
públicamente 'integrar los vapers dentro de la legislación sobre el tabaco y poner más barreras de acción .
En consecuencia, y teniendo presente que desde el mismo del Ministerio de Sanidad -en este caso desde la 'Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas'- también se afirma que el uso de los vapeadores 'puede perjudicar el
desarrollo del cerebro' y ser dañino para 'los pulmones en crecimiento', y que, entre otras aseveraciones, 'se desconocen los efectos a largo plazo para la salud de los usuarios', el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Regular el consumo, la publicidad, la promoción y el patrocinio, así como la fiscalidad, de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina en los mismos términos en los que están regulados los productos del tabaco.
- Legislar adecuadamente los puntos de venta y la comercialización de dichos productos y de los envases de recarga.
- Materializar acciones informativas y formativas sobre el impacto negativo de los dispositivos en la salud para mejorar la prevención y la reducción de su uso, especialmente entre los jóvenes.
- El Gobierno trabajará para ello con un enfoque de salud pública, desde la convergencia con lo regulado sobre la materia en la Unión Europea, desde las sinergias con los servicios sociales y el ámbito educativo, desde el consenso real con
las Comunidades Autónomas, y desde la coordinación plena con los representantes de los pacientes y de los profesionales sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
tangibles en el diagnóstico y el tratamiento integral y de precisión de las enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Como cada año desde 2008, el 28 de febrero de 2024 se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER). También conocidas como 'poco frecuentes', estas patologías tienen una prevalencia muy reducida en la población, afectando
concretamente a menos de cinco personas por cada 10.000.
De acuerdo con los datos ofrecidos desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Europea de Enfermedades Raras y desde la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), hay identificadas más de 6.000 ER que tienen un
origen genético en el 70-80% de los casos, que suelen comenzar a manifestarse en la infancia y que afectan en todo el mundo a 300 millones de personas (4,7% de la población total), de las que 30 millones se encuentran en Europa (6,7% de la población
europea) y 3 millones están en España (6,3% de la población nacional).
A pesar de medidas desarrolladas en los últimos años en nuestro país como la 'Estrategia en ER del Sistema Nacional de Salud' (SNS), el modelo de 'Centros, Servicios y Unidades de Referencia', la creación del Registro Estatal de ER o el
catálogo común de pruebas genéticas, son todavía numerosas las necesidades de los pacientes y sus familias y cuidadores que están pendientes de cubrir.
Un ejemplo representativo de ello es el acceso a un diagnóstico temprano y adecuado, pues, de acuerdo con la mencionada Feder, el tiempo que transcurre de media hasta su obtención es de 4 años, aunque en un 20% de los casos esa demora
alcanza e incluso supera la década.
Feder también explica que los costes derivados de las ER acaparan el 20% de los ingresos anuales de las familias afectadas por elementos como los tratamientos, la ortopedia, las adaptaciones de la vivienda, el transporte...; que el 43% de
los enfermos dice haberse sentido discriminado socialmente en alguna ocasión por su enfermedad, y que el 35,4% de los pacientes se manifiesta disconforme con el grado de discapacidad que le ha sido reconocido.
Además, entre otros datos divulgados desde Feder, la proporción de afectados insatisfechos con la asistencia sanitaria que reciben alcanza el 46,82% y únicamente el 15% los enfermos son tratados con los conocidos como 'medicamentos
huérfanos', que son, según el Ministerio de Sanidad, fármacos 'destinados a tratar enfermedades que, por su rareza no resultan atractivos a los patrocinadores, quienes se muestran reacios a desarrollarlos bajo las condiciones de mercado habituales,
ya que el pequeño tamaño del mercado al que van dirigidos no permitiría recuperar el capital invertido en la investigación y en el desarrollo del producto'.
En este sentido, las cifras ofrecidas en abril de 2023 desde la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y desde la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia) indican que el
tiempo medio registrado en España para acceder a un 'medicamento huérfano' aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos aumentó en 201 días respecto a 2018, situándose en 713 días -es decir, casi dos años de retraso- frente a los 45 días
registrados en Alemania o los 99 de Austria.
Considerando que 'el 40% de los fármacos autorizados en Europa ya son para enfermedades raras y que en muchos casos benefician a pacientes para los que no existe tratamiento alguno', y atendiendo también a las cifras publicadas por la
industria farmacéutica innovadora, sólo el 51% de los 'medicamentos huérfanos' autorizados en Europa están disponibles en España, frente al 55% de Alemania o el 50% de Italia.
Además, 'la mitad de los nuevos tratamientos tienen [en España] un uso restringido y hay 30 [medicamentos] huérfanos que no están disponibles en nuestro país, lo que tiene un impacto directo en pacientes con enfermedades raras y sus
familias' y contrasta con el hecho de que 'en Alemania están disponibles el 90%; en Italia, el 82%, y en Francia, el 79%'.
Por todo lo anterior, y desde la necesidad de maximizar los resultados de los recursos comprometidos en el 'Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la Salud de Vanguardia', el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar desde el consenso pleno y real con las Comunidades Autónomas y la coordinación efectiva con las asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y
las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria, para posibilitar en todo el Sistema Nacional de Salud
(SNS) avances tangibles en el acceso ágil y equitativo de todos los pacientes con enfermedades raras a un diagnóstico temprano y preciso, así como a un tratamiento personalizado, humanizado, integral y multidisciplinar.
Para ello, y con el fin de mejorar la calidad de vida de los propios pacientes, sus familias y sus cuidadores, el Gobierno destinará cuantos recursos humanos, estructurales, tecnológicos y económicos sean necesarios, materializará la
especialidad en Medicina de Genética Clínica y actualizará la 'Estrategia en Enfermedades Raras del SNS',
- priorizando las inversiones en investigación,
- reforzando y actualizando de forma permanente los cribados neonatales y la cartera de prestaciones y servicios,
- desarrollando el funcionamiento de los 'Centros, Servicios y Unidades de Referencia' y su coordinación con las 'Redes Europeas de Referencia',
- mejorando la gestión y el análisis de la información del 'Registro Estatal de Enfermedades Raras',
- favoreciendo las sinergias con los servicios sociales,
- e impulsando acciones pertinentes con las que acelerar la disponibilidad de innovaciones diagnósticas y terapéuticas para todos los enfermos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la prevención
y la reducción de la obesidad desde los ámbitos sanitario, social y educativo, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La obesidad, cuyo día mundial se celebra anualmente el 4 de marzo, es definida desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 'una enfermedad multifactorial compleja caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa que
puede ser perjudicial para la salud' en tanto que es 'uno de los principales factores de riesgo de muchas enfermedades crónicas, incluidas la diabetes, las patologías cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, así como
varios tipos de cáncer'.
Desde la misma OMS se afirma que las tasas de obesidad han alcanzado 'proporciones epidémicas' al haber 'aumentado casi cinco veces en niños y adolescentes' desde 1975 y pronostica que una de cada cuatro personas en todo el mundo
(1.900.000.000) vivirán con obesidad en todo el mundo en el año 2035.
En su informe sobre obesidad en la 'Región Europea' del año 2022, la propia OMS plantea que la referida obesidad -incluyendo en este caso el sobrepeso- 'afecta a casi el 60% de los adultos y a casi uno de cada tres niños' (31% de niños y 28%
de niñas en 2023) en el continente, que es responsable 'del 7% del total de años vividos con discapacidad' y que 'está relacionada con una mayor morbilidad y mortalidad de la [pandemia de] COVID-19'.
En España, de acuerdo con las cifras contempladas en la 'Estrategia de Salud Pública 2022' del Ministerio de Sanidad, 'el porcentaje de hombres y mujeres de 18 y más años que presenta obesidad ha pasado del 36% a finales de los años 80 a
cerca
del 47%'. La referida estrategia explica en el mismo sentido que 'la obesidad abdominal en hombres y en mujeres es del 68% y 61%, respectivamente' y que la obesidad es un hecho en el '17% de la población de 6 a 9 años de nuestro
territorio', siendo considerada como 'grave' en el 4% de estos casos.
En este contexto, son diversas las iniciativas desarrolladas desde hace años en nuestro país para conocer mejor la realidad del problema -incluyendo condicionantes sociales, educativos y económicos- y procurar avances en términos de
prevención y de un mejor abordaje de la obesidad en todas las etapas de la vida, en mayor medida durante la infancia.
Ejemplos representativos en tal sentido del año 2005 -alineados con la 'Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud' de la OMS del año 2004 e impulsados desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición-, son la 'Estrategia Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad' (NAOS) y el Código PAOS 'de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud', que fue reforzado en
2009 y renovado en 2012.
Más recientes, y también alineadas con iniciativas internacionales como el Plan de Acción de la Unión Europea contra la Obesidad Infantil 2014-2020, son la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud' de 2012
-que contempla acciones contra la obesidad en el apartado relativo a la 'Promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria'-, el Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas 2020 -iniciado en 2017 con
la implicación de 400 empresas del sector de la alimentación, concretamente de la fabricación, la distribución, la restauración social, la restauración moderna y el vending-, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil
(2022-2030) y el convenio marco de colaboración suscrito por la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social con la Gasol Foundation en 2023 'para la promoción de la salud en la infancia y la juventud'.
A pesar de estas acciones, entre otras, la obesidad continúa siendo uno de los problemas de salud pública 'de mayor calado' -como se reconocía desde el Gobierno, concretamente desde el Ministerio de Sanidad, en octubre del año pasado-, que,
en términos económicos, según la referida la Estrategia de Salud Pública 2022 y 'si las tendencias de los últimos años no cambian', supondrá en 2030 'un sobrecoste total de 3.000 millones de euros' y en 2060 -de acuerdo con un estudio coordinado por
la World Obesity Federation que el British Medical Journal Global Health publicó en 2021- un 2,4% del PIB nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a destinar los recursos humanos, materiales, estructurales y tecnológicos que resulten necesarios para potenciar la prevención, impulsar la investigación, desarrollar la
sensibilización/concienciación social y garantizar un tratamiento integral, multidisciplinar, de precisión y humanizado de la obesidad en todas las etapas de la vida y en toda España.
Para ello, el Gobierno impulsará la actualización de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición desde el Ministerio de Sanidad en coordinación con los ministerios de Educación y Formación Profesional; Ciencia,
Innovación y Universidades, y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023; desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y los entes locales, y desde la generación de sinergias con los representantes de la sociedad civil -pacientes; padres de
alumnos; profesionales sanitarios, del ámbito social y el educativo- y con la industria del ámbito de la alimentación, farmacéutica y de la actividad física.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de la
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas como las patologías que 'suelen ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento',
señalando como ejemplos representativos las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias -como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma- y la diabetes, y cuantificando en 41 millones los fallecimientos que
provocan cada año, es decir, el 74% del total.
En el mismo sentido, la Comisión Europea añade los trastornos mentales y neurológicos a los ejemplos planteados desde la OMS, considera como factor sociodemográfico y epidemiológico relevante el envejecimiento progresivo que está
experimentando la población en el continente y propone un enfoque holístico, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para abordar la situación adecuadamente.
Con el objetivo de hacer frente con garantías a esta realidad a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad impulsó y lideró en el año 2012 la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de
Salud (SNS), que fue aprobada por el Consejo Interterritorial del SNS durante la sesión plenaria celebrada el 27 de junio del mismo 2012.
Fruto de las aportaciones realizadas desde 27 asociaciones de pacientes y sociedades científicas, así como desde las Comunidades Autónomas, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Estrategia para
el Abordaje de la Cronicidad fue coordinada con el objetivo de 'mejorar la prevención de las enfermedades crónicas y la calidad de vida de las personas afectadas, así como de su entorno familiar y social'.
Considerando 'todas las condiciones de salud y las limitaciones en la actividad de carácter crónico' para 'avanzar en la disminución de las desigualdades en salud abordando los determinantes sociales', la estrategia estableció 'objetivos y
recomendaciones' con los que 'orientar la organización de los servicios hacia la mejora de la salud de la población' desde los principios de 'equidad, calidad y seguridad', así como desde la 'continuidad de cuidados' y 'la participación de los
ciudadanos en las decisiones en su salud'.
La estrategia, que destaca la relevancia de la Atención Primaria y asume factores como la pluripatología, la coordinación sociosanitaria, el autocuidado y la atención individualizada, personalizada y humanizada, pretendió también 'un cambio
de enfoque en el SNS' para que evolucionase 'de estar centrado en la enfermedad a orientarse hacia las personas, hacia la atención de las necesidades de la población en su conjunto y de cada individuo en particular, de manera que la asistencia
sanitaria resulte adecuada y eficiente, se garantice la continuidad en los cuidados, se adapte a la evolución de la enfermedad en el paciente y favorezca su autonomía personal'.
Tras siete años de implementación de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en los que el Gobierno coordinó la Acción Conjunta de la Unión Europea sobre Enfermedades Crónicas (2014-2017) y se aprobaron bajo sus directrices la
Estrategia en enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud (2012), la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS (2013), el Documento Marco para la mejora del abordaje del dolor en el SNS (2014), el
Documento Marco sobre Enfermedad Renal Crónica (2015) o las Buenas Prácticas en Abordaje de la Cronicidad en el SNS. Abordaje del
Dolor Crónico (2017), el Ministerio de Sanidad inició la evaluación del trabajo realizado 'con el fin de valorar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos'.
Dicho análisis fue publicado desde el mismo Ministerio de Sanidad en 2021 mediante un informe en el que se concluye que es necesario dar prioridad a la consecución de avances tangibles en términos de 'historia clínica electrónica
compartida'; de 'atención coordinada social y sanitaria'; de fomento del 'trabajo en equipo y la corresponsabilidad de los profesionales de los distintos ámbitos asistenciales como garantía de la continuidad asistencial'; de impulso de 'la visita
domiciliaria en las personas en situación compleja, clínica o social'; de mejora de 'la capacidad resolutiva y la gestión clínica de la demanda de Atención Primaria' -ratios de personas asignadas a profesionales, acceso a pruebas diagnósticas,
valoración integral de personas con enfermedades crónicas por profesionales de enfermería de Atención Primaria, acceso al servicio de fisioterapia, y visitas y comunicaciones no presenciales-; de incremento de la 'participación y [el]
empoderamiento del paciente en su proceso asistencial', y de la promoción de un 'uso seguro y efectivo de medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas polimedicados'.
Sin embargo, a pesar de los años transcurridos desde la publicación del citado informe de evaluación y de que desde entonces han sido nombrados tres ministros de Sanidad, los progresos requeridos no han sido llevados al terreno de lo
tangible.
En consecuencia, y considerando hechos como que el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas muestra en febrero de 2024 ante la pregunta '¿Cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más?' que la sanidad ocupa la
segunda posición como 'primer problema', únicamente superada por 'la crisis económica' y por encima de otras variables como 'los problemas relacionados con la calidad del empleo' o 'el paro', el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a invertir cuantos recursos humanos, materiales, estructurales y tecnológicos sean necesarios para materializar las actuaciones prioritarias propuestas en la evaluación de la Estrategia para el
Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud y mejorar, en consecuencia, la promoción de la salud y la prevención, el diagnóstico precoz y la asistencia temprana, personalizada, de precisión y humanizada de las enfermedades crónicas
desde el ámbito sanitario y el social.
Para ello, el Gobierno trabajará desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación permanente con los representantes de los pacientes, los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y las empresas de
biotecnología y tecnología sanitaria.
Además, el Gobierno incrementará los esfuerzos realizados en la investigación biomédica relacionada con las enfermedades crónicas y liderará una nueva Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud que deberá
iniciar su aplicación antes de que concluya 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a agilizar desde la calidad y
la seguridad la homologación de títulos extracomunitarios de especialistas en Ciencias de la Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias dispone en el apartado primero de su artículo 18 -del 'Reconocimiento profesional de títulos de especialista obtenidos en Estados extranjeros'- que 'el Gobierno,
a propuesta del Ministerio de Sanidad establecerá los supuestos y procedimientos para el reconocimiento en España de títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, conforme a lo que, en su caso, establezcan los
tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación'.
En desarrollo del artículo referido, el reconocimiento en España de efectos profesionales a los títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea se lleva a cabo mediante el procedimiento regulado en el Real
Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.
Además de concretar cuestiones como los requisitos y las exclusiones, y de establecer la creación, la composición y el funcionamiento del 'Comité de Evaluación para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de
especialista', el Real Decreto 459/2010 regula 'las condiciones y el procedimiento para reconocer a los títulos extranjeros de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, los efectos profesionales inherentes al correspondiente
título español de especialista en Ciencias de la Salud', y fija que 'sólo serán objeto de reconocimiento aquellos títulos extranjeros que habiliten para el ejercicio de alguna de las especialidades que se relacionan en el anexo I del Real Decreto
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada [Médicas, Farmacéuticas -Farmacia hospitalaria-, de
Enfermería -de Salud Mental, de Cuidados Médico-Quirúrgicos, del Trabajo, Familiar y Comunitaria, de Geriatría, Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y Pediátrica-, de Psicología -Clínica- y multidisciplinares: Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica,
Inmunología, Microbiología y Parasitología, Radiofarmacia y Radiofísica Hospitalaria]'.
A este respecto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos hizo público en 2022 un informe jurídico en el que se explica que 'la escasez de profesionales' es 'un problema capital' del Sistema Nacional de Salud (SNS) que 'pone en
aprietos a más de un servicio o área sanitaria' y al que 'el Ministerio de Sanidad se enfrenta desde hace tiempo', ante el cual la homologación de títulos extracomunitarios de especialistas representa una vía válida para paliar la actual 'situación
carencial de gravedad', advirtiendo, eso sí, de la responsabilidad que corresponde al Gobierno de España 'de garantizar cualificación en iguales condiciones de exigencia que sus nacionales' a partir de lo dispuesto en la normativa vigente.
También plantea el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 'la lentitud de los procesos de homologación' que existe en la actualidad en tanto que, una vez validado, en primer término, 'el título de médico' por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, las homologaciones de las especialidades desde el Ministerio de Sanidad 'registran una demora de entre 24 y 36 meses'.
En el mismo sentido, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos dio a conocer también en 2022 el documento Demografía y suficiencia asistencial de la profesión médica en España, en el que se propone el incremento de 'la incorporación de
nuevos médicos' como medida con la que dar solución a las necesidades existentes, y se concreta en lo que a los 'médicos con titulación extranjera' se refiere que 'hay una serie de obstáculos administrativos a su incorporación como especialistas en
nuestro país, como la lentitud (si no paralización) de los procesos de homologación y/o reconocimiento de títulos'.
A este respecto, desde el Ministerio de Sanidad se reconoce la utilidad de agilizar 'el proceso de homologación/convalidación de títulos extranjeros cuando hay [una] falta de médicos' como la vigente en el SNS en documentos como el Informe
Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 dado a conocer en 2022 y este mismo año ha publicado la Resolución de 27 de julio de 2023, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se modifica la Resolución de 2 de marzo de
2023, por la que se convocan las pruebas teórico-práctica, para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, con la que desde el
Gobierno se dice buscar mejoras en 'la eficiencia de la convocatoria para que puedan acceder los especialistas médicos que han sido autorizados por los comités de evaluación de los títulos' y se dice priorizar 'la habilitación de facultativos para
dar respuesta a la necesidad de cobertura de especialidades médicas'.
A pesar de ello, desde las entidades que representan a profesionales provenientes de países como Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba o Venezuela, se siguen solicitando acciones de utilidad real con la que procurar agilidad real en la
homologación tanto de títulos universitarios, como, y especialmente, de los títulos de especialista.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y aplicar las medidas necesarias y adecuadas para agilizar la homologación de títulos extracomunitarios de especialistas en Ciencias de la Salud.
Para ello, el Gobierno trabajará desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y desde la plena coordinación con los representantes de los profesionales sanitarios; invertirá cuantos recursos humanos, tecnológicos, económicos y
materiales sean necesarios, y garantizará seguridad y condiciones de calidad y exigencias de cualificación similares a las nacionales y vigentes en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para el impulso en la regulación de los dispositivos de vapeo desechables
u otros que contengan líquido sin nicotina, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Desde hace al menos dos años, los vapeadores de un solo uso (conocidos como desechables) de sabores son un fenómeno con éxito, pero no ya entre fumadores habituales que optan por estos productos para dejar de fumar, sino especialmente en
jóvenes, adolescentes, y niños y niñas. El motivo que los hace tan atractivos entre las personas jóvenes y niños es precisamente los sabores tan llamativos como a chuchería y otros dulces y con formatos y colores vivos que funcionan como
reclamo. Estos vapeadores de un solo uso, se crearon para vapear de manera discreta y esporádica, con menor vapor, y sin la posibilidad de rellenarse con líquido comercial. Son dispositivos enteramente desechables (sistemas cerrados no rellenables
y de un solo uso) compuestos por un cartucho de líquido, una boquilla, una batería que, en función de su autonomía, proporciona un número máximo de caladas y una resistencia que calienta el líquido contenido hasta transformarlo en un vapor. Este
producto no se encuentra solo en los establecimientos habituales de compra de tabaco convencional, sino que se pueden comercializar libremente, como en gasolineras, bares o supermercados por menos de 10 euros, con un marketing inocente que aparenta
una falsa inocuidad. Esto es especialmente así en los vapeadores de un solo uso sin nicotina.
Además, el empaquetado de los productos sin nicotina no está regulado suficientemente para que traiga consigo información sobre las consecuencias nocivas que pueden conllevar para la salud o las sustancias que contienen. Esto hace que
productos no registrados o en situación irregular, que no han sido revisados ni registrados en el correspondiente registro del Ministerio de Sanidad puedan contener acroleínas, aldehídos, acetaldehído, acetona, acroleína, nitrosaminasas y metales
pesados como el plomo y el cromo, el níquel y el cobre que, aún en concentraciones muy pequeñas, son perjudiciales para la salud.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ya ha advertido sobre la peligrosidad de este producto en el Informe sobre los cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia disponible y regulación (2022). En él, que
habla extensamente sobre los dispositivos susceptible de liberación de nicotina (DSLN) y hacen una larga lista de las consecuencias que tienen para la salud consumir estos productos. A corto plazo 'se han hallado efectos fisiológicos adversos en
las vías respiratorias similares a aquellos asociados al humo del tabaco', aunque advierten que hacen falta más estudios al respecto. Por otro lado, las autoridades sanitarias de países más avanzados en la lucha contra el tabaquismo han optado por
regular estrictamente la comercialización de estos productos para lograr una progresiva disminución del tabaquismo analizando el perfil de riesgo de cada producto y clasificándolos bajo una categoría propia. La CNPT propone que los cigarrillos
electrónicos, y estos vapeadores por extensión, se igualen al tabaco en todos los aspectos.
El informe del CNPT también detalla los patrones de consumo, en el que especifican que se usa por fumadores, exfumadores o fumadores que quieren dejarlo dado que, como recoge la resolución del Parlamento Europeo en la Comisión de lucha
contra el cáncer 'los cigarrillos electrónicos podrían permitir a algunos fumadores dejar progresivamente de fumar', pero 'preocupa especialmente su utilización por personas jóvenes, a veces sin una historia previa significativa de uso de productos
de tabaco'. Y sigue: 'La proporción de adolescentes y adultos jóvenes que han probado o utilizan los cigarrillos electrónicos es notable y está sufriendo un alarmante aumento, como muestran encuestas en Francia, Polonia y Estados Unidos, entre
otros'.
En España, según los datos de la encuesta ESTUDES 2023, más de la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años han utilizado en alguna ocasión cigarrillos electrónicos (54,6%) siendo más frecuente entre los chicos que entre las chicas, con
independencia de la edad. Esta proporción supone un incremento de más del doble en siete años (20,05% en ESTUDES-2016) que precisamente coincide con la aparición en el mercado de los dispositivos de un solo uso o desechables. Respecto al contenido
de los cigarrillos electrónicos, más de la mitad de los que han consumido lo han hecho sin incluir nicotina. Además 'se detecta una relación entre el consumo de tabaco y los cigarrillos electrónicos', ya que 'más del 77% de los estudiantes que han
fumado tabaco reconoce haber vapeado'. La patronal española del sector independiente del cigarrillo electrónico (UPEV) también ha advertido y mostrado su preocupación ante el incremento de consumo por parte de menores de edad y ha reclamado una
actuación más severa para regular la venta y sanciones más duras para quienes incumplan la prohibición de venta a menores.
Los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, su fabricación, su puesta en el mercado y su etiquetado están ampliamente regulados por una directiva europea y en España, dicha directiva, está incorporada al ordenamiento jurídico
español por el Real Decreto 579/2017 y la Ley 28/2005. No obstante, desde la aprobación de este marco legislativo y regulatorio la realidad del mercado ha cambiado a una velocidad que hace que dicho marco regulatorio se encuentre obsoleto y sin
contemplar adecuadamente las diferencias entre cada tipo de producto.
Así, en los últimos años han surgido nuevas categorías de productos sin combustión, y en ese sentido se pueden distinguir dos categorías de productos en el mercado que debieran estar reguladas bajo la directiva europea y el marco jurídico
español: los productos de combustión para fumar y los productos de vapeo sin combustión. Dentro de la segunda categoría existen una serie de subclasificaciones importantes: los productos de tabaco calentado, los productos de vapeo con nicotina en
diferentes modalidades (sistemas abiertos y cerrados) y por otro los productos de vapeo sin nicotina también en diversas modalidades (sistemas abiertos y cerrados). Además, existen nuevos productos con nicotina como las bolsas de nicotina que no
están reguladas en España.
El Real Decreto 579/2017, de 9 de junio por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, solo regula los dispositivos con
nicotina, y los envases de recarga que contienen nicotina, pero no regula los envases de líquidos sin nicotina ni los dispositivos no recargables, o desechables, cargados con líquido sin nicotina, ni tampoco las bolsas de nicotina. Este Real
Decreto regula los DSLN en lo relativo a su comercialización, sus características, el registro de fabricantes, un sistema de recopilación de información en caso de aparición de efectos adversos y su publicidad.
Existe una ausencia de regulación específica de los productos de vapeo sin nicotina que si bien sí deben cumplir el artículo 45 de la normativa CLP se encuentran en una clara falta de regulación.
De igual forma ocurre con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, que en su artículo 7 especifica los
lugares en los que está prohibido fumar, precisando solo los productos del tabaco y derivados como aquellos destinados a ser fumados, inhalados, chupados o masticados, que estén constituidos, aunque sólo sea en parte, por tabaco, sin contemplar el
consumo de dispositivos electrónicos sin nicotina.
Otro problema adicional que suponen los dispositivos desechables (contengan o no nicotina) son su impacto medioambiental debido a que no se aprovecha la vida útil de las baterías que contienen y generan residuos en mayor cantidad de lo que
lo harían los dispositivos recargables. Según el Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, relativo a las pilas y baterías y sus residuos, en su artículo 11 punto 1 especifica que 'toda persona física o
jurídica que introduzca en el mercado productos que lleven incorporadas pilas o baterías portátiles garantizará que sean fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante la vida útil del producto.' Esto
debería aplicarse a partir del 18 de febrero de 2027, por lo que se podría adelantar la aplicación de dicho reglamento modificando el RD 579/2017 prohibiendo aquellos dispositivos que no puedan aprovechar en su totalidad la vida útil de las
baterías, o a los efectos de esta PNL, los dispositivos desechables.
Estamos ante un problema de salud pública y medioambiental convertido en fenómeno de moda que afecta a las personas más jóvenes de nuestra sociedad, incidiendo gravemente incluso en los niños y niñas. El fácil acceso a estos productos de
vapeo sin nicotina, su llamativo etiquetado y sus sabores atractivos atraen a la población joven al consumo y su composición puede perjudicar la salud. Se hace urgente, en definitiva, reforzar la legislación de manera más explícita y sólida sobre
este problema, para proteger a los menores de edad frente a estos productos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la modificación del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, la
definición de dispositivo susceptible de liberación de nicotina por producto de vapeo, con el fin de incluir los líquidos sin nicotina destinados a dispositivos del vapeo y equiparar en todo caso la legislación del cigarrillo electrónico (DSLN) sin
nicotina a la aplicable en la actualidad a los productos con nicotina, de manera que existan las mismas obligaciones de registro, elaboración de estudios de toxicidad como requisito previo a su comercialización.
2. Impulsar la reforma del Real Decreto 579/2017 de 9 de junio para introducir una prohibición específica por la cual los dispositivos electrónicos con nicotina, o sin ella, tengan formas especialmente atractivas para menores de edad, como
por ejemplo diseños de figuras infantiles o diseños que reproduzcan alimentos o bebidas.
3. Impulsar la reforma de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco para incluir la prohibición de venta de
líquidos sin nicotina a menores y el consumo de dispositivos sin nicotina en los lugares marcados por la disposición adicional duodécima, sin perjuicio de la normativa establecida por las Comunidades autónomas.
4. Crear, dentro de la reforma de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, un sistema de licencias que autorice la venta, además de en los establecimientos regulados de tabaco y timbre, exclusivamente en establecimientos, tanto en el ámbito
offline como online, especializados en estos dispositivos, entendiéndose estos aquellos que comercios minoristas que cumplan con los siguientes criterios:
a. Que la actividad principal del establecimiento sea la comercialización de dispositivos electrónicos de liberación de nicotina y productos sin nicotina y en todo caso que su facturación provenga en más de un 85% de la venta minorista de
dispositivos electrónicos de liberación de nicotina o productos de vapeo (con o sin nicotina).
b. Que esté prohibido el acceso a estos establecimientos por parte de menores de edad.
c. Que obligatoriamente en el interior de los establecimientos exista un punto de recogida de los residuos generados por los dispositivos de vapeo que facilite el reciclaje de estos.
d. Que los establecimientos que contengan puntos de venta online cuenten obligatoriamente con un sistema de doble verificación de edad, (tanto en el momento de la compra como en el de la entrega del producto) que impida la compra de estos
productos por parte de menores de edad.
e. Que la venta en máquina expendedora solo se permita si se cuenta con un sistema de verificación de la mayoría de edad similar al existente para los productos de tabaco.
5. Incluir la obligatoriedad en el etiquetaje de los dispositivos sin nicotina y todo dispositivo no recargable con líquido sin nicotina los efectos perjudiciales de su consumo, así como toda su composición en detalle con los mismos
requisitos que se le exigen a los dispositivos con nicotina. Además, todos los productos sin nicotina deben tener obligatoriamente la frase: 'estos productos son exclusivamente para mayores de edad'.
6. Impulsar campañas centradas en la población menor de edad para advertir sobre los riesgos para la salud que conllevan los dispositivos de vapeo, contengan nicotina o no.
7. Reforzar los recursos para supervisar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y acompañarlo de un sistema de sanciones estricto, incluyendo la retirada de la licencia de venta en caso de infracción grave y reiterada como la
venta a menores o productos no registrados y notificados debidamente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A La Mesa Del Congrés Dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei per a l'impuls en la regulació dels dispositius de vapeig d'un sol ús o altres que
continguin líquid sense nicotina, per al seu debat en la Comissió de Sanitat.
Exposició de motius
Des de fa almenys dos anys, els vapejadors d'un sol ús (coneguts com a d'un sol ús) de sabors són un fenomen amb èxit, però no ja entre fumadors habituals que opten per aquests productes per a deixar de fumar, sinó especialment en joves,
adolescents, i nens i nenes. El motiu que els fa tan atractius entre les persones joves i nens és precisament els sabors tan cridaners com a llaminadura i altres dolços i amb formats i colors vius que funcionen com a reclam. Aquests vapejadors
d'un sol ús, es van crear per a vapejar de manera discreta i esporàdica, amb menor vapor, i sense la possibilitat d'emplenar-se amb líquid comercial. Són dispositius enterament d'un sol ús (sistemes tancats no emplenables i d'un sol ús) composts
per un cartutx de líquid, un filtre, una bateria que, en funció de la seva autonomia, proporciona un número màxim de calades i una resistència que escalfa el líquid contingut fins a transformar-lo en un vapor. Aquest producte no es troba només en
els establiments habituals de compra de tabac convencional, sinó que es poden comercialitzar lliurement, com en gasolineres, bars o supermercats per menys de 10 euros, amb un màrqueting innocent que aparenta una falsa innocuïtat. Això és
especialment així en els vapejadors d'un sol ús sense nicotina.
A més, l'empaquetat dels productes sense nicotina no està regulat prou perquè porti amb si informació sobre les conseqüències nocives que poden comportar per a la salut o les substàncies que contenen. Això fa que productes no registrats o
en situació irregular, que no han estat revisats ni registrats en el corresponent registre del Ministeri de Sanitat puguin contenir acroleïnes, aldehids, acetaldehid, acetona, acroleïna, nitrosaminases i metalls pesants com el plom i el crom, el
níquel i el coure que, encara en concentracions molt petites, són perjudicials per a la salut.
El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT) ja ha advertit sobre la perillositat d'aquest producte en l'Informe sobre els cigarrets electrònics: situació actual, evidència disponible i regulació (2022). En ell, que parla
extensament sobre els dispositius susceptible d'alliberament de nicotina (DSLN) i fan una llarga llista de les conseqüències que tenen per a la salut consumir aquests productes. A curt termini 's'han trobat efectes fisiològics adversos en les vies
respiratòries similars a aquells associats al fum del tabac', encara que adverteixen que fan falta més estudis sobre aquest tema. D'altra banda, les autoritats sanitàries de països més avançats en la lluita contra el tabaquisme han optat per
regular estrictament la comercialització d'aquests productes per a aconseguir una progressiva disminució del tabaquisme analitzant el perfil de risc de cada producte i classificant-los sota una categoria pròpia. La CNPT proposa que els cigarrets
electrònics, i aquests vapejadors per extensió, s'igualin al tabac en tots els aspectes.
L'informe del CNPT també detalla els patrons de consum, en el qual especifiquen que s'usa per fumadors, ex fumadors o fumadors que volen deixar-ho atès que, com recull la resolució del Parlament Europeu en la Comissió de lluita contra el
càncer 'els cigarrets electrònics podrien permetre a alguns fumadors deixar progressivament de fumar', però 'preocupa especialment la seva utilització per persones joves, a vegades sense una història prèvia significativa d'ús de productes de tabac'.
I segueix: 'La proporció d'adolescents i adults joves que han provat o utilitzen els cigarrets electrònics és notable i està sofrint un alarmant augment, com mostren enquestes a França, Polònia i els Estats Units, entre altres'.
A Espanya, segons les dades de l'enquesta ESTUDES 2023, més de la meitat dels estudiants de 14 a 18 anys han utilitzat en alguna ocasió cigarrets electrònics (54,6%) sent més freqüent entre els nois que entre les noies, amb independència de
l'edat. Aquesta proporció suposa un increment de més del doble en set anys (20,05% en ESTUDES-2016)
que precisament coincideix amb l'aparició en el mercat dels dispositius d'un sol ús o d'un sol ús. Respecte al contingut dels cigarrets electrònics, més de la meitat dels quals han consumit ho han fet sense incloure nicotina. A més 'es
detecta una relació entre el consum de tabac i els cigarrets electrònics', ja que 'més del 77% dels estudiants que han fumat tabac reconeix haver-hi vapejat'. La patronal espanyola del sector independent del cigarret electrònic (UPEV) també ha
advertit i mostrat la seva preocupació davant l'increment de consum per part de menors d'edat i ha reclamat una actuació més severa per a regular la venda i sancions més dures per als qui incompleixin la prohibició de venda a menors.
Els dispositius electrònics d'alliberament de nicotina, la seva fabricació, la seva posada en el mercat i el seu etiquetatge estan àmpliament regulats per una directiva europea i a Espanya, aquesta directiva, està incorporada a l'ordenament
jurídic espanyol pel Reial decret 579/2017 i la Llei 28/2005. No obstant això, des de l'aprovació d'aquest marc legislatiu i regulador la realitat del mercat ha canviat a una velocitat que fa que aquest marc regulador es trobi obsolet i sense
contemplar adequadament les diferències entre cada tipus de producte.
Així, en els últims anys han sorgit noves categories de productes sense combustió, i en aquest sentit es poden distingir dues categories de productes en el mercat que haguessin d'estar regulades sota la directiva europea i el marc jurídic
espanyol: els productes de combustió per a fumar i els productes de vapeig sense combustió. Dins de la segona categoria existeixen una sèrie de subclasificacions importants: els productes de tabac escalfat, els productes de vapeig amb nicotina en
diferents modalitats (sistemes oberts i tancats) i per un altre els productes de vapeig sense nicotina també en diverses modalitats (sistemes oberts i tancats). A més, existeixen nous productes amb nicotina com les bosses de nicotina que no estan
regulades a Espanya.
El Reial decret 579/2017, de 9 de juny pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats, només regula els dispositius amb nicotina, i els
envasos de recàrrega que contenen nicotina, però no regula els envasos de líquids sense nicotina ni els dispositius no recarregables, o d'un sol ús, carregats amb liquido sense nicotina, ni tampoc les bosses de nicotina. Aquest Reial decret regula
els DSLN quant a la seva comercialització, les seves característiques, el registre de fabricants, un sistema de recopilació d'informació en cas d'aparició d'efectes adversos i la seva publicitat.
Existeix una absència de regulació específica dels productes de vapeig sense nicotina que si bé sí que han de complir l'article 45 de la normativa CLP es troben en una clara falta de regulació.
D'igual forma ocorre amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, que en el seu article 7 especifica
els llocs en els quals està prohibit fumar, precisant només els productes del tabac i derivats com aquells destinats a ser fumats, inhalats, xuclats o mastegats, que estiguin constituïts, encara que només sigui en part, per tabac, sense contemplar
el consum de dispositius electrònics sense nicotina.
Un altre problema addicional que suposen els dispositius d'un sol ús (continguin o no nicotina) són el seu impacte mediambiental pel fet que no s'aprofita la vida útil de les bateries que contenen i generen residus en major quantitat del que
ho farien els dispositius recarregables. Segons el Reglament (UE) 2023/1542 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2023, relatiu a les piles i bateries i els seus residus, en el seu article 11 punt 1 especifica que 'tota persona
física o jurídica que introdueixi en el mercat productes que portin incorporades piles o bateries portàtils garantirà que siguin fàcilment extraïbles i substituïbles pels usuaris finals en qualsevol moment durant la vida útil del producte.' Això
hauria d'aplicar-se a partir del 18 de Febrer de 2027, per la qual cosa es podria avançar l'aplicació d'aquest reglament modificant l'RD 579/2017 prohibint aquells dispositius que no puguin aprofitar íntegrament la vida útil de les bateries, o a
l'efecte d'aquesta PNL, els dispositius d'un sol ús.
Estem davant un problema de salut pública i mediambiental convertit en fenomen de moda que afecta les persones més joves de la nostra societat, incidint greument fins i tot en els nens i nenes. El fàcil accés a aquests productes de vapeig
sense nicotina, el seu cridaner etiquetatge i els seus sabors atractius atreuen a la població jove al consum i la seva composició pot perjudicar la salut. Es fa urgent, en definitiva, reforçar la legislació de manera més explícita i sòlida sobre
aquest problema, per a protegir els menors d'edat enfront d'aquests productes.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional Sumar presenta la següent
Proposició no de Llei
El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Impulsar la modificació del Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual esregulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats, la definició de
dispositiu susceptible d'alliberament de nicotina per producte de vapeig, amb la finalitat d'incloure els líquids sense nicotina destinats a dispositius del vapeig i equiparar en tot cas la legislació del cigarret electrònic (DSLN) sense nicotina a
l'aplicable en l'actualitat als productes amb nicotina, de manera que existeixin les mateixes obligacions de registre, elaboració d'estudis de toxicitat com a requisit previ a la seva comercialització.
2. Impulsar la reforma del Reial decret 579/2017 de 9 de juny per a introduiruna prohibició específica per la qual els dispositius electrònics amb nicotina, o sense ella, tinguin formes especialment atractives per a menors d'edat, com per
exemple dissenys de figures infantils o dissenys que reprodueixin aliments o begudes.
3. Impulsar la reforma de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesuressanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac per a incloure la prohibició de venda
de líquids sense nicotina a menors i el consum de dispositius sense nicotina en els llocs marcats per la disposició addicional dotzena, sense perjudici de la normativa establerta per les Comunitats autònomes.
4. Crear, dins de la reforma de la Llei 28/2005 de 26 de desembre, un sistemade llicències que autoritzi la venda, a més d'en els establiments regulats de tabac i timbre, exclusivament en establiments, tant en l'àmbit offline com en línia,
especialitzats en aquests dispositius, entenent-se aquests aquells que comerços minoristes que compleixin amb els següents criteris:
a. Que l'activitat principal de l'establiment sigui la comercialització dedispositius electrònics d'alliberament de nicotina i productes sense nicotina i en tot cas que la seva facturació provingui en més d'un 85% de la venda minorista de
dispositius electrònics d'alliberament de nicotina o productes de vapeig (amb o sense nicotina).
b. Que estigui prohibit l'accés a aquests establiments per part de menorsd'edat.
c. Que obligatòriament a l'interior dels establiments existeixi un punt derecollida dels residus generats pels dispositius de vapeig que faciliti el reciclatge d'aquests.
d. Que els establiments que continguin punts de venda en línia comptinobligatòriament amb un sistema de doble verificació d'edat, (tant en el moment de la compra com en el del lliurament del producte) que impedeixi la compra d'aquests
productes per part de menors d'edat.
e. Que la venda en màquina expenedora solo es permeti si es comptaamb un sistema de verificació de la majoria d'edat similar a l'existent per als productes de tabac.
5. Incloure l'obligatorietat en l'etiquetatge dels dispositius sense nicotina i totdispositiu no recarregable amb líquid sense nicotina els efectes perjudicials del seu consum, així com tota la seva composició detalladament amb els mateixos
requisits que se li exigeixen als dispositius amb nicotina. A més, tots els productes sense nicotina han de tenir obligatòriament la frase: 'aquests productes són exclusivament per a majors d'edat'.
6. Impulsar campanyes centrades en la població menor d'edat per a advertirsobre els riscos per a la salut que comporten els dispositius de vapeig, continguin nicotina o no.
7. Reforçar els recursos per a supervisar i garantir el compliment de lanormativa vigent i acompanyar-lo d'un sistema de sancions estricte, incloent-hi la retirada de la llicència de venda en cas d'infracció greu i reiterada com la venda a
menors o productes no registrats i notificats degudament.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrer de 2024.-Aina Vidal Sáez, Portaveu adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a agilizar desde la calidad y
la seguridad la homologación de títulos universitarios extranjeros para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Boletín Oficial del Estado publicó el 19 de octubre de 2022 el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de
enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales
pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores.
El referido Real Decreto 889/2022, impulsado desde el extinto Ministerio de Universidades, fue validado por el Consejo de Ministros con el objeto de ordenar 'las condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de
títulos de educación superior obtenidos en sistemas educativos extranjeros con relación a los títulos universitarios oficiales correspondientes en España'.
Considerando como título extranjero 'cualquier título o diploma con validez oficial obtenido en el marco de sistemas de educación superior extranjeros, acreditativo de la completa superación del correspondiente ciclo de estudios superiores,
incluido, en su caso, el período de prácticas necesario para su obtención, prueba de aptitud o certificación habilitante, con carácter oficial en su país de origen y expedido en el extranjero por una universidad, institución de educación superior
reconocida oficialmente en el mismo o autoridad competente, de acuerdo con la normativa del país al que pertenezcan dichos estudios', el Real Decreto 889/2022 establece dos procedimiento específicos para dar cumplimiento efectivo a su razón de ser:
la 'homologación de títulos' y la 'declaración de equivalencia'.
El Real Decreto 889/2022 define la 'homologación de títulos' como el 'reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero, equiparable a la exigida para la obtención de un título español cuya obtención
se requiere para el ejercicio de una profesión regulada', y se refiere a la 'declaración de equivalencia' como el 'reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero, equiparable a la exigida para la obtención
de un nivel académico de Grado, Máster Universitario o Doctorado, con exclusión de los efectos profesionales respecto de aquellos títulos susceptibles de obtenerse por homologación'.
En la referencia del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022 publicada desde La Moncloa, se afirmó que el Real Decreto 889/2022 posibilitaría la 'simplificación de trámites' para 'actualizar y modernizar la ordenación de las
condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas educativos extranjeros', así como para ganar en 'eficiencia y agilidad'.
No obstante, esta pretensión, no se ha cumplido.
De acuerdo con los datos ofrecidos desde el actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desde la entrada en vigor del Real Decreto 889/2022 hasta finales del pasado mes de diciembre se han registrado 23.776 solicitudes de
homologación de títulos universitarios extranjeros solo en la especialidad de Medicina, de las que sólo el 15,6% (3.702 solicitudes) han sido resueltas. De esta forma, el 84,4% de las solicitudes de esta titulación (20.074) aún están pendientes de
ser solventadas.
A esta realidad ha de sumarse las solicitudes de homologación de títulos extranjeros sujetos a la normativa anterior, es decir al Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco
español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y a poner en práctica las medidas necesarias y adecuadas para agilizar el reconocimiento oficial de títulos universitarios extranjeros pendientes de resolución.
Para ello, y desde la coordinación con los representantes de los profesionales, el Gobierno invertirá cuantos recursos humanos, tecnológicos, económicos y materiales sean necesarios, y garantizará seguridad y condiciones de calidad y
exigencias de formación y cualificación similares a las nacionales y vigentes en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Pedro Navarro López y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación y mejora de la
carrera profesional del personal técnico y de gestión de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El sistema de ciencia y tecnología de un país es fundamental para su desarrollo económico, social y cultural. Dentro de este sistema, los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) juegan un papel crucial, siendo el motor de la
investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento. Sin embargo, para que estos organismos funcionen de manera óptima, es esencial contar con un marco que garantice el desarrollo profesional y el reconocimiento del personal técnico y
de gestión, pilares fundamentales de estos centros.
Este colectivo se enfrenta a una serie de problemáticas clave, incluyendo la falta de una carrera profesional definida, lo que conduce a una desmotivación y una falta de perspectivas a largo plazo para estos profesionales. La Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la innovación se comprometió a diseñar esta carrera profesional en el plazo de un año desde que se promulgó en el año 2.022. Además, este colectivo se enfrenta a deficiencias en los procesos de selección y promoción que, a
menudo, no se basan en méritos o capacidades, sino en criterios poco transparentes y equitativos.
Debemos tener en consideración la importancia del Personal Técnico y de Gestión para el éxito de la investigación y la innovación en los OPIs, ya que su trabajo respalda la producción científica y técnica del país. Son unos profesionales
que no tienen en estos momentos un camino profesional claro, circunstancia que limita el desarrollo personal y profesional, afectando la motivación y la retención de talento en estos centros.
A esta ausencia de una carrera profesional para los profesionales de los OPIS, se suma la limitación de la movilidad y las oportunidades de promoción, lo que no solo afecta al desarrollo profesional individual, sino que también impide la
adaptación a las nuevas tecnologías y campos de investigación.
También, ha de tenerse en consideración que la participación limitada del personal técnico y de gestión en la toma de decisiones reduce la eficiencia y la efectividad de la gestión, así como el desarrollo institucional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear en un plazo máximo de seis meses un marco legal y reglamentario que defina claramente las trayectorias profesionales del personal técnico y de gestión en los OPIs, impulsando las modificaciones pertinentes en el régimen jurídico
que regule la ley de ordenación de la función pública de la Administración General del Estado y su normativa de desarrollo para incluir criterios transparentes y basados en méritos para la promoción y la movilidad profesional, dando cumplimiento,
aunque fuera del plazo comprometido, con la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2. Modificar las políticas que restringen la movilidad del personal técnico y de gestión para facilitar su desarrollo profesional, la movilidad interinstitucional e intrainstitucional y geográfica y la transferencia de conocimiento entre
instituciones.
3. Implementar un sistema de evaluación transparente y justo, que reconozca el desempeño, las competencias y los logros del personal técnico y de gestión, y que sirva de base para la promoción y el desarrollo profesional.
4. Fomentar y facilitar el acceso a programas de formación y especialización, con el objetivo de mejorar las competencias del personal técnico y de gestión en línea con las necesidades cambiantes de la investigación y la innovación.
5. Los ministerios con centros de investigación dependientes deberán elaborar planes de ordenación del personal de investigación, en los que vinculen las necesidades de personal y la OPE, garantizando que las condiciones salariales y de
trabajo sean las mismas, con independencia de la relación jurídica que les vincula con el OPI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-Pablo Pérez Coronado, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/000383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Igualdad, relativa a la recuperación de la memoria y reparación de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
Exposición de motivos
La dictadura fascista del general Franco supuso la represión de miles de personas. De todo su conjunto, las mujeres sufrieron una doble represión al ser relegadas, otra vez, a la esfera privada. Perdieron todos los derechos ganados durante
la II República, período durante el cual devinieron ciudadanas de pleno derecho, para volver a ser sometidas a la tutela de los hombres (padre, esposo, hijo). El franquismo, un régimen fascista, machista, patriarcal y misógino, controló por la vía
legal, social y moral, la vida de las mujeres y les impuso un régimen de opresión, especialmente a aquellas que procedían de entornos vulnerables y/o políticos.
Durante más de 40 años miles de mujeres de entre 16 y 25 años fueron encerradas contra su voluntad y sin juicio previo en el Patronato de Protección de la Mujer 'para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las
enseñanzas de la Religión Católica', según consta en el Real Decreto de 6 de noviembre de 1941 que constituye el Patronato de Protección a la Mujer. Esta institución, la más longeva (desapareció en 1985) y misógina de la dictadura, se encargó del
disciplinamiento de los cuerpos y mentes de las mujeres que no se adecuaban al modelo único de buena mujer impuesto por el franquismo. El Patronato de Protección a la Mujer era una de las piezas indispensables para ejercer el control social de la
mujer, sujeto que en muchas ocasiones supone la correa de transmisión de los valores hacia nuevas generaciones y que, por lo tanto, era un peligro para la estabilidad del régimen y resultaba prioritario su adoctrinamiento.
Las mujeres que quedaron bajo tutela del Patronato, gestionado por órdenes religiosas de monjas, recibieron un trato vejatorio, fueron obligadas a trabajar sin remuneración alguna y vivieron en condiciones deplorables. Muchas de las mujeres
que dieron a luz bajo la tutela del Estado, con claros déficits de atención médica, fueron presionadas para dar en adopción a sus hijos. En otros casos, les informaron que dichos hijos habían nacidos muertos y en recientes investigaciones, se
establece una clara conexión entre el Patronato y la venta de bebés robados.
Esta institución, que clausuró a mujeres contra su voluntad para castigarlas por sus conductas transgresoras según la moralidad fascista y para reeducarlas, estuvo en funcionamiento hasta bien entrada la democracia (1985) y su desaparición
no conllevó ningún tipo de reparación a las víctimas ni rendición de cuentas por parte de las gestoras. Es de justicia que se establezcan los mecanismos de reparación para aquellas mujeres que sufrieron el yugo de franquismo a través también del
Patronato de Protección a la Mujer.
La recuperación de la memoria histórica, la justicia y la reparación que debe llevar a cabo el Estado, a menudo es insuficiente y se ve reemplazado por la labor de entidades memorialísticas, (o familiares de las víctimas), periodistas o
investigadoras. En este caso, toma especial relevancia mencionar el Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer compuesto por supervivientes, investigadoras, periodistas, cineastas que trabajan para recuperar la
memoria de lo que supuso el Patronato o también a la asociación Desterradas Hijas de Eva.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad hacia todas las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer y condena el trato al que fueron sometidas, tanto durante el franquismo como en los primeros años de
democracia por parte de un organismo dependiente del Estado.
2. El Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo, Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, que proceda a constituir una Comisión independiente, presidida por él, con el encargo
de elaborar un Informe sobre los abusos cometidos por el Patronato de la Mujer y el papel de los poderes públicos.
Para la elaboración del Informe, la citada Comisión independiente de asesoramiento estará formada por personas expertas, y tendrá como objetivo contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas.
Tal informe será finalmente remitido, con sus conclusiones y recomendaciones, a las Cortes Generales y al Gobierno de España, para la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con aquel objetivo.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a. Presentar ante esta Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática para que se modifique su artículo 3 para que incluya como víctimas de la represión franquista a las mujeres que fueron
víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
b. Iniciar un estudio con el fin de recuperar la memoria democrática sobre la represión franquista que tuvo lugar a través del Patronato de Protección a la Mujer, acceder a los expedientes, archivos y memorias de dicha institución, así como
facilitar la recogida de testimonios, con el objetivo de que conduzca a la asunción de responsabilidades por todas las partes implicadas (incluidas las órdenes religiosas que gestionaban los centros de la institución y las empresas que se
beneficiaron de la explotación laboral de las mujeres internadas en sus centros).
c. Impulsar las medidas necesarias para garantizar el acceso a todos los archivos y documentos relacionados con el Patronato de Protección a la Mujer, para facilitar la labor de investigación sobre el mismo.
d. Divulgar el tratamiento abusivo, la violación de derechos humanos a que eran sometidas las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, y denunciar los abusos a los que fueron sometidas en esta institución.
e. Reparar y dignificar a las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, en cumplimiento de la voluntad recogida en el preámbulo y el articulado de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Dicha reparación
debe incluir las indemnizaciones económicas a las que tengan derecho y la posibilidad de que aquellas mujeres, que como consecuencia de su injusta detención y privación de libertad, hayan sufrido menoscabo de su salud física o mental, tengan
garantizado el acceso a recursos especializados médicos y/o psicoterapéuticos con cargo a la sanidad pública.
f. Aprobar nuevos mecanismos de reparación y dignificación para todas aquellas mujeres que siguieron siendo víctimas del Patronato de Protección a la Mujer hasta el año de su cierre, en 1985, y que quedarían excluidas del ámbito de
aplicación temporal dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y que se establece entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor
de la Constitución Española de 1978.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para abordar el reto del acceso a la
vivienda de los jóvenes en España, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Según el último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (CJE), publicado a principios de este año y referente al primer semestre del pasado 2023, aproximadamente sólo 16 de cada 100 jóvenes se
emancipan. En este informe se registra una pequeñísima subida con respecto a 2022 del 0,3%, siendo el 16,3% de los jóvenes los que se emanciparon según los datos registrados, frente al 16% que lo hacían el pasado año. Sin embargo, esa es,
prácticamente, la única mejora que encontramos y es que, si comparamos con la media europea de emancipación juvenil, ésta se situaba a fecha de 2022 en el 31,9% según Eurostat. Es decir, casi el doble.
El mismo informe del CJE afirma que un joven que quiera alquilar en solitario en España debe destinar de media el 93,9% de su salario neto anual. Llegando a superar esta cifra el 100% en algunos lugares y siendo superior a la única medición
con la que contamos. Eso si tuvieran un empleo, porque España es líder europeo en paro juvenil, donde uno de cada tres jóvenes se encuentra actualmente en paro, según la última EPA y, además, aproximadamente 8 de cada 10 jóvenes de los que
encuentran un trabajo lo hacen bajo la inquietante y llena de incertidumbre figura del 'fijo discontinuo'.
Con respecto al precio de la vivienda, según datos de diversos portales inmobiliarios, las rentas de alquiler se encuentran subiendo sin descanso. En el mes de noviembre se cerró con un incremento anual del 9,2% hasta los 11,9 /m2 de
media. Si comparamos dicha subida con el dato de IPC de noviembre (3,1%) veremos que casi lo triplica.
Una gran mayoría de los expertos, con la que coincide el último informe de la Comisión Europea que trata esta materia, afirma que uno de los grandes problemas del acceso a la vivienda en nuestro país es la disonancia existente entre la
demanda y la oferta, que provoca una sobrevaloración del precio de la vivienda y que, por ende, los precios estén en niveles que chocan frontalmente con la capacidad de acceso a la demanda media, y sobre todo la de los jóvenes.
Y no solo es que haya una falta, en general, de viviendas que puedan ser alquiladas, sino que la distribución territorial de la oferta disponible no se corresponde con los lugares donde la demanda es mayor: grandes núcleos urbanos y zonas
costeras.
La compra de la primera vivienda, aunque en ocasiones, a largo plazo, más asequible al ser la cuota de la hipoteca frecuentemente inferior al precio del alquiler, no es tampoco una alternativa viable en la emancipación de las personas
jóvenes, al requerir de unos ahorros previos que los salarios actuales y la escasa vida laboral no permiten tener. Los datos del citado informe relatan que un joven debería destinar de media cuatro años y medio de sueldo íntegro a la entrada de una
vivienda.
Ahora mismo, el poder adquisitivo de la mayoría de los jóvenes les impide, por tanto, acceder a una vivienda, ya bien sea como propietarios o inquilinos, convirtiéndose este reto en un problema circular: con un salario bajo, viviendo de
alquiler, es difícil comprar una vivienda porque no existe capacidad de ahorro. Y sin ese ahorro previo, aun teniendo un buen salario, es imposible acceder a una hipoteca.
Para hacer frente a esa entrada o ahorros necesarios para la compra de una primera vivienda, nos encontramos con el problema añadido de que no hay confianza, prácticamente, de las entidades bancadas en la capacidad de pago de los jóvenes por
su inestabilidad
laboral y tampoco están funcionando de manera efectiva los avales en convenio con el ICO que el Gobierno central había anunciado para jóvenes y determinadas familias para ponerse en marcha en el mes de febrero, pero de los que no se sabe
nada más.
El único apoyo real están siendo las medidas puestas en marcha por los gobiernos del Partido Popular en las CC. AA. o Ayuntamientos donde gobierna: bonificaciones fiscales, convenios con entidades bancadas, estrategias urbanísticas para
favorecer el desarrollo de vivienda para jóvenes, planes de rehabilitación, apuesta por la colaboración público-privada, etc.
Por otro lado, desde el Gobierno de España se pretende potenciar la oferta de viviendas en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, los pasos que se han dado hasta ahora están provocando el efecto contrario. Más allá de las promesas de
cientos de miles de viviendas para alquiler asequible de las que solo se tienen cifras y promesas, solo encontramos políticas erráticas y que no solo no mejoran la situación, sino que la empeoran. El máximo exponente de estas políticas erráticas y,
a la larga, perjudiciales para favorecer el acceso al alquiler es la aprobación de la Ley 12/2023, contradictoriamente llamada 'por el derecho a la vivienda', cuyos efectos están siendo devastadores: un 30% menos de oferta desde su entrada en
vigor, continuación de las subidas de precio, aumento de la incertidumbre y disminución de la seguridad jurídica de los propietarios que quieren poner su vivienda en alquiler, mientras que se suavizan y se relajan las medidas para frenar la
okupación.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que una de las prioridades de la política de vivienda es el acceso de los jóvenes a la misma, al ser uno de los grupos de población que tienen mayores dificultades para dicho acceso. Una
dificultad que se presenta en todas sus etapas vitales: desde los 18 años, por aquellos jóvenes no emancipados que tienen que estudiar fuera de sus ciudades de origen, hasta los años más avanzados de su juventud cuando deciden emanciparse para
desarrollar plenamente su proyecto de vida.
Desde el GPP, afirmamos, también, con base en lo anteriormente expuesto y a otras experiencias de gobierno existentes, que la solución a este reto no pasa por políticas restrictivas, sino por tener un amplio abanico de soluciones para
abordarlo desde todos los ángulos.
Esa política de vivienda orientada específicamente a los jóvenes debe desarrollarse de manera pragmática, con criterios de objetividad y rigurosidad técnica, con colaboración leal entre administraciones e incorporando al sector privado.
Dejando, por tanto, a un lado el sectarismo y la ceguera ideológica.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar los retos del acceso a la vivienda de los jóvenes en España, adoptando las medidas siguientes:
1. Estimular la oferta de vivienda, haciendo especial hincapié en ampliar el número de viviendas en régimen de alquiler asequible destinadas a jóvenes y familias jóvenes.
2. Adaptar la fiscalidad para que contribuya a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y al ahorro destinado a la emancipación, apostando por las deducciones fiscales y bajadas de impuestos necesarias para incentivar el alquiler y
la compra.
3. Facilitar la colaboración público-privada para que sea un motor que contribuya a la resolución de este reto, aportando seguridad jurídica a los propietarios de viviendas y al sector de la construcción.
4. Incorporar la vivienda para jóvenes como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de políticas en el ámbito del urbanismo, la arquitectura, la agenda urbana de las ciudades y, también, para el impulso de la España rural.
5. Derogar cualquier normativa y revertir cualquier política que genere efectos negativos en el mercado de la vivienda, incertidumbre, subida de precios, caída de la oferta disponible o aumento de la okupación.
6. Facilitar el acceso a la información de políticas existentes en materia de vivienda dirigidas a los jóvenes, en coordinación con las administraciones públicas competentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Sergio Sayas López y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000059
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Carlos Javier Floriano Corrales y doña Sofía Acedo Reyes.
Texto:
¿Qué valoración hace el Ministerio y cuál es el grado de ejecución real de todas las cuestiones que se incorporaron en la 'hoja de ruta' fijada y anunciada, pero no conocida públicamente, de la última RAN (reunión de alto nivel) entre España
y el Reino de Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales y Sofía Acedo Reyes, Diputados.
181/000060
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Carlos Javier Floriano Corrales y doña Sofía Acedo Reyes.
Texto:
¿En qué estado se encuentra la comprometida reapertura de la aduana comercial de España con el Reino de Marruecos, sita en Melilla, cerrada unilateralmente por este último en agosto del año 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales y Sofía Acedo Reyes, Diputados.
181/000061
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Carlos Javier Floriano Corrales y doña Sofía Acedo Reyes.
Texto:
¿Cuál es la razón para que España no pueda introducir mercancía al Reino de Marruecos a través de la frontera de Melilla, en régimen aduanero de viajeros, internacionalmente reconocido, pero, sin embargo, Marruecos sí pueda hacerlo en
sentido contrario, a España a través de Melilla, en este mismo régimen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales y Sofía Acedo Reyes, Diputados.
Comisión de Justicia
181/000062
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Pere Huguet Tous, don Fernando de Rosa Torner, don Daniel Pérez Osma y doña María Jesús Moro Almaraz.
Texto:
¿Cuál es el estado de las negociaciones con los representantes sindicales de los funcionarios de la administración de justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000064
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados doña Cristina Elena Teniente Sánchez y don Héctor Palencia Rubio.
Texto:
¿Cómo valora el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el grado de ejecución presupuestaria de la autovía A-58. Tramo: A-66-Río Ayuela, en Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Cristina Elena Teniente Sánchez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000056
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don José Ignacio Romaní Cantera, don Rafael Belmonte Gómez, don Cristóbal Garre Murcia, don Asier Antona Gómez, don Ángel Ibáñez Hernando, doña Sofía Acedo Reyes, doña Cristina Teniente Sánchez, doña Alma Alfonso Silvestre, doña
Belén Hoyo Juliá, doña Irene Garrido Valenzuela, doña M.ª Isabel Prieto Serrano, doña Gema Pérez Recuerda, doña Maribel Sánchez Torregrosa y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Cuántos nuevos programas de migración circular, vinculada al mercado laboral, tiene el Gobierno de España en marcha desde el año 2020 hasta la fecha y qué grado de éxito han cosechado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-José Ignacio Romaní Cantera, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando, Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, Alma
Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000057
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don José Ignacio Romaní Cantera, don Rafael Belmonte Gómez, don Cristóbal Garre Murcia, don Asier Antona Gómez, don Ángel Ibáñez Hernando, doña Sofía Acedo Reyes, doña Cristina Teniente Sánchez, doña Alma Alfonso Silvestre, doña
Belén Hoyo Juliá, doña Irene Garrido Valenzuela, doña M.ª Isabel Prieto Serrano, doña Gema Pérez Recuerda, doña Maribel Sánchez Torregrosa y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué valoración hace la Secretaría de Estado de Migraciones sobre la efectividad de las políticas implementadas por el Gobierno de España para el control de flujos migratorios irregulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-José Ignacio Romaní Cantera, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando, Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, Alma
Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000058
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don José Ignacio Romaní Cantera, don Rafael Belmonte Gómez, don Cristóbal Garre Murcia, don Asier Antona Gómez, don Ángel Ibáñez Hernando, doña Sofía Acedo Reyes, doña Cristina Teniente Sánchez, doña Alma Alfonso Silvestre, doña
Belén Hoyo Juliá, doña Irene Garrido Valenzuela, doña M.ª Isabel Prieto Serrano, doña Gema Pérez Recuerda, doña Maribel Sánchez Torregrosa y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Cuántos nuevos centros tiene previsto el Gobierno de España abrir, o ampliar en su caso, con qué capacidad y en qué provincias españolas, para la protección de inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular en España y
para los peticionarios de protección internacional, tal y como anunció la Ministra en su comparecía en esta Cámara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-José Ignacio Romaní Cantera, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando, Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, Alma
Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004180
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX)
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX)
González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX)
García Gomis, David (GVOX)
Fernández Ríos, Tomás (GVOX)
De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de impulsar modificaciones legislativas para garantizar la exclusividad en la comercialización de los cigarrillos electrónicos a la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 93, de 26 de febrero de 2024.
184/004361
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX)
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX)
González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de promover la limitación de la comercialización de los cigarrillos electrónicos y de otros productos emergentes relacionados con el tabaco y la nicotina o con el hábito de fumar a la red de
expendedurías de tabaco y timbre del Estado.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 93, de 26 de febrero de 2024.
184/004696
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX)
Robles López, Joaquín (GVOX)
Mejías Sánchez, Carina (GVOX)
Flores Juberías, Carlos (GVOX)
Rueda Perelló, Patricia (GVOX)
Retirada de su pregunta sobre motivos que justifican el retraso en la construcción de las infraestructuras ferroviarias de la Región de Murcia, así como medidas previstas para el desarrollo del Corredor Mediterráneo y la conexión de Alta
Velocidad con Albacete.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 98, de 4 de marzo de 2024.
184/005195
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martín Urriza, Carlos (GSUMAR)
Lago Peñas, Manuel (GSUMAR)
Guijarro García, Txema (GSUMAR)
Cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, así como justificación contable e importe de cada provisión o
concepto dentro de cada provisión, dotado por el Banco de España con cargo a sus beneficios entre los años 2012 y 2023.
Acuerdo:
Admitir a trámite como pregunta con respuesta escrita y, en consecuencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Los diputados Carlos Martín Urriza, Manuel Lago Peñas y Txema Guijarro García, con conocimiento del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR del que forman parte, al amparo de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara y para
el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, formulan la siguiente petición de información, para su respuesta escrita.
El acceso a información transparente y precisa es fundamental para el adecuado ejercicio de la fiscalización y el análisis de políticas económicas y financieras. En este sentido, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar considera
imperativo obtener una comprensión detallada de los flujos financieros entre el Banco de España y las entidades de crédito, particularmente en lo concerniente a los intereses pagados por los fondos de estas últimas en la facilidad de depósito.
En el contexto actual de la economía, caracterizado por una serie de desafíos tanto internos como externos, resulta esencial contar con una fotografía exacta de los fondos que reciben las entidades financieras por los depósitos realizados en
el Banco de España y que han permitido agrandar sus beneficios extraordinarios. Esta información no solo arroja luz sobre la dinámica de las relaciones entre la institución monetaria y las entidades del sector financiero, sino que también
proporciona una imagen sobre la política monetaria implementada, así como sobre la salud financiera del sistema en su conjunto.
La transparencia en el uso de los recursos públicos es un principio fundamental en la gestión gubernamental, y en este sentido, la solicitud de información específica sobre los pagos realizados por el Banco de España a las entidades de
crédito en concepto de intereses abonados por sus depósitos en la facilidad de depósito se alinea con la búsqueda de una mayor rendición de cuentas y una gestión responsable de los fondos públicos.
Asimismo, el desglose detallado de estos pagos por entidad permite una evaluación más precisa de la distribución de los recursos y puede revelar patrones o tendencias significativas que requieran atención o análisis adicionales. Este nivel
de detalle es
fundamental para garantizar una supervisión efectiva y una toma de decisiones informada en el ámbito financiero.
Por último, se requiere información sobre la justificación contable y el importe de cada provisión o concepto dentro de cada provisión, dotado por el Banco de España con cargo a sus beneficios entre 2012 y 2023, con el objetivo de obtener
una visión completa de la gestión financiera del Banco de España durante ese período. Comprender las razones detrás de estas provisiones y su impacto en los resultados financieros de la institución es esencial para evaluar su solidez y estabilidad
a lo largo del tiempo.
En conclusión, la presente solicitud de información tiene como objetivo principal fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en el ámbito financiero, proporcionando al órgano parlamentario los elementos necesarios
para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva y responsable.
1. ¿Cuál es la cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito?
2. ¿Cuál es el desglose de este pago por entidades?
3. ¿Cuál es la justificación contable e importe de cada provisión o concepto dentro de cada provisión, dotado por el Banco de España con cargo a sus beneficios entre 2012 y 2023?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Carlos Martín Urriza, Manuel Lago Peñas y Txema Guijarro García, Diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Nota:
Advertido error en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 104, de 12 de marzo de 2024, el ejemplar con cve: BOCG-15-D-104 se ha sustituido por el presente con cve: BOCG-15-D-104-C1.