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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 64, de 12/06/2024
cve: BOCG-15-CG-A-64
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XV LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
12 de junio de 2024
Núm. 64
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
661/000487 (S)
161/000896 (CD;Moción presentada por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu), por la que se manifiesta el apoyo a la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos al territorio de Papúa Occidental, se condenan las violaciones de los derechos humanos por parte de Indonesia, y se insta al Gobierno a promover resoluciones a favor de esta visita en todas las instancias internacionales, en
especial, dentro de la Unión Europea ... (Página3)
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/000898 (CD)
663/000048 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) elabore y difunda contenidos que promuevan un mayor grado de visibilidad de las
personas con discapacidad y que mejore su imagen social, transmitiendo una idea apropiada y positiva del colectivo ... (Página5)
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/000913 (CD)
663/000051 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas ... (Página7)
161/000914 (CD)
663/000052 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un sistema mínimo común de herramientas e indicadores homogéneos de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel autonómico
y local, siguiendo el ejemplo del Proyecto REGIONS2030 ... (Página9)
Comisión Mixta sobre Insularidad
161/000905 (CD)
663/000049 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fomento del conocimiento de los diversos procesos selectivos de personal de la Administración General del Estado en los territorios
insulares ... (Página11)
161/000910 (CD)
663/000050 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación del Plan de Infraestructuras Educativas del Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
181/000360 (CD)
663/000084 (S) ;Pregunta formulada por las Diputadas María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre forma en la que el Gobierno prevé ofrecer alternativas reales a aquellas mujeres que deseen llevar a
término su embarazo ... (Página15)
181/000357 (CD)
683/000083 (S) ;Pregunta formulada por las Diputadas María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre forma en la que el Gobierno prevé asegurar la soberanía energética para España, toda vez que abraza el
Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 ... (Página16)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL DE CUENTAS
250/000002 (CD)
770/000001 (S) ;Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021.
Aprobación por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado del Dictamen ... (Página17)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
661/000487 (S)
161/000896 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu).
Moción por la que se manifiesta el apoyo a la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al territorio de Papúa Occidental, se condenan las violaciones de los derechos humanos por parte de Indonesia, y se
insta al Gobierno a promover resoluciones a favor de esta visita en todas las instancias internacionales, en especial, dentro de la Unión Europea.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los
portavoces de los grupos parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales).
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 27 de mayo de 2024.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa de la Comisión Mixta para la Unión Europea
El Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana- Euskal Herria Bildu), a instancia del senador Gorka Elejabarrieta Díaz, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la
siguiente moción en apoyo de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al territorio de Papúa Occidental para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Exposición de motivos
Cuando en 1949 los Países Bajos reconocieron formalmente la independencia de Indonesia, los territorios de West Papúa o Papúa Occidental no pasaron a formar parte de la recién creada República de Indonesia.
Los Países Bajos consideraban el territorio como una nación diferenciada, de tal modo que Papúa Occidental quedo administrado provisionalmente por un organismo de las Naciones Unidas, la Autoridad Ejecutiva de las Naciones Unidas (UNTEA).
En 1963 sin embargo, Indonesia asumió la responsabilidad administrativa de Papúa Occidental, aunque el territorio siguió siendo una colonia no autónoma para la cual se preveía un proceso de descolonización que incluyera el respeto a la
voluntad de los habitantes indígenas.
Finalmente, y ya en año 1969 se llevó a cabo el conocido como Act of Free Choice, un controvertido proceso dirigido por el General Sarwo Edhi Wibowo en el cual 1026 hombres y mujeres previamente seleccionados (el equivalente al 0.2 % de la
población) votaron a mano alzada y por unanimidad a favor del control indonesio de Papúa Occidental.
Desde entonces el territorio ha sufrido intensos enfrentamientos y se han denunciado numerosas vulneraciones de Derechos Humanos tal y como recogen múltiples informes oficiales anuales de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía
Internacional.
Papúa Occidental está sumida en una importante crisis humanitaria y requiere atención internacional urgente.
Las Naciones Unidas estiman en sus informes oficiales que entre 60.000 y 100.000 indígenas papúes fueron desplazados como consecuencia de las operaciones militares indonesias entre diciembre de 2018 y marzo de 2022.
Según datos recopilados por diversos defensores y defensoras de derechos humanos de Papúa Occidental, un total de 76.228 papúes occidentales seguían en condiciones de desplazamiento forzado en septiembre de 2023.
Más de 85 países han solicitado ya la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre ellos todos los Estados miembros del Foro de las islas del Pacífico (FIP), la Organización de Estados de
África, el Caribe y el Pacífico (OACPS) y Estados como Reino Unido, España y Países Bajos.
En el Examen Periódico Universal (EPU) de 2022 de Indonesia, ocho países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Australia, expresaron su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Papúa Occidental e instaron a una
investigación inmediata.
La Comisión Europea por su parte, también se ha pronunciado al respecto, manifestando su preocupación por la situación en Papúa Occidental, a la vez que ha solicitado una visita oficial.
El propio Vicepresidente y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha manifestado públicamente que 'La Unión Europea anima a Indonesia a permitir que el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos visite Papúa Occidental y ha instado a Indonesia a cursar invitaciones permanentes a todos los relatores especiales y titulares de mandatos'.
El 22 de enero de 2024, se reunieron en el Parlamento Europeo, diferentes Diputadas y Diputadas europeos y, mediante una Declaración pública denominada 'Declaración de Bruselas', rechazaron la negativa continuada por parte de Indonesia a
facilitar una visita de la OACNUDH a Papúa Occidental, elemento que a su juicio 'constituye una vulneración de las obligaciones de Indonesia como Estado miembro de las Naciones Unidas', e instaron a la comunidad internacional a seguir trabajando
para que esta visita oficial pueda por fin llevarse a cabo.
El 21 de marzo de 2024 se hizo público un vídeo en el cual podía verse a un grupo de soldados indonesios torturando a un joven de Papúa Occidental. El vídeo mostraba a la víctima con las manos atadas, de pie y temblando en un barril de agua
helada y ensangrentada, mientras los soldados indonesios se turnan para darle puñetazos, patadas y cuchilladas. También se oye a los soldados proferir comentarios racistas contra el joven.
Cuatro días después de hacerse público el vídeo, el ejército de Indonesia confirmaba por medio del Mayor General, Izak Pangemanan, la detención de algunos soldados por su presunta participación en los hechos.
Este incidente no es más que uno de los centenares de casos que demuestran las vulneraciones de derechos humanos que sufre el pueblo de Papúa Occidental desde hace décadas.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta para la Unión Europea:
1. Manifiesta su preocupación por la situación de los derechos humanos en Papúa Occidental.
2. Insta al Gobierno español a solicitar al Vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, intensificar los esfuerzos para hacer posible la
visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al territorio de Papúa Occidental.
3. Insta al Gobierno español a promover en todas las Organizaciones Internacionales (OOII) de las que España es miembro, resoluciones en favor de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al territorio
de Papúa Occidental.
4. Solicita a la Presidencia de la Comisión Mixta para la Union Europea que haga llegar este acuerdo a Alexander Marschick, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de las Naciones Unidas así como a Volker
Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.'
El Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu) comunica a la Mesa mediante el presente escrito que el coste económico de la moción para su debate a la Comisión Mixta para la Unión Europea,
es de:
Sin coste económico.
Palacio del Senado, 24 de mayo de 2024.-Gorka Elejabarrieta Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu).
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/000898 (CD)
663/000048 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley para que la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) elabore y difunda contenidos que promuevan un mayor grado de visibilidad de las personas con discapacidad y que mejore su imagen social, transmitiendo una idea
apropiada y positiva del colectivo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta a la Corporación RTVE a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que la Corporación Radio
Televisión Española (RTVE) elabore y difunda contenidos que promuevan un mayor grado de visibilidad de las personas con discapacidad y que mejore su imagen social, transmitiendo una idea apropiada y positiva del colectivo, para su debate en la
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
Exposición de motivos
Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la información que se transmite a los ciudadanos sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, así como también en hacer visible sus capacidades, desde el modelo social
que establece la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
Además, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la representación y la percepción de las personas con discapacidad en la sociedad; puesto que tienen la facultad de seleccionar la información, procesarla y emitirla en forma
de noticias o documentales que determinan cómo se interpreta la realidad que nos rodea.
En este contexto, un medio público de comunicación como la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) redobla la responsabilidad y compromiso por su naturaleza de servicio público e implicación vocacional e ineludible con esos mismos
objetivos.
Las personas con discapacidad denuncian que existe una reducción y simplificación en el tratamiento de la discapacidad que en algunas ocasiones lleva al uso de estereotipos, la ridiculez de la diferencia o la victimización de estas personas.
El tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación no sólo pasa por la reivindicación social de unas determinadas atenciones a las necesidades especiales y diferenciadas de las personas con discapacidad, sino que también se trata como
enfermedad, drama o problema. Es decir, se coloca a las personas con discapacidad en una clara posición de víctimas que las sitúa como agentes pasivos de su vida, en vez de empoderarlas y mostrarlas como protagonistas de su vida.
Por ello, es fundamental que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, hagan un esfuerzo por representar la diversidad de experiencias y habilidades dentro de la comunidad de personas con discapacidad. Esto significa mostrar
una variedad de discapacidades, ya que no todas son visibles o físicamente evidentes. El uso de un lenguaje respetuoso y preciso es esencial para evitar la estigmatización, utilizando un lenguaje centrado en la persona, que coloque a la persona por
delante de su discapacidad.
Aunque se han logrado algunos avances en los últimos años para mejorar la representación y la inclusión en los medios, aún queda mucho por hacer para garantizar una representación justa y equitativa de las personas con discapacidad en todos
los tipos de medios de comunicación.
Como manifestó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, en el Pleno del Congreso de los Diputados durante la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, el 16 de enero de 2024, 'Tanto el principio
de igualdad como el de no discriminación entre españoles quedan afianzados en la nueva redacción, una redacción que es consecuencia de un consenso político que, a su vez, se hace eco de la
voluntad mayoritaria de la sociedad española. Son los españoles los verdaderos artífices de los cambios que han hecho posible que la discapacidad no se asocie a inferioridad o a pérdida de derechos'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE) a elaborar y difundir contenidos informativos de modo sostenido y considerable que promuevan un mayor grado de visibilidad de las personas con
discapacidad y que mejoren su imagen social, transmitiendo una idea apropiada y positiva, alejada de estereotipos contrarios a la visión de los derechos humanos, respetuosa con un enfoque inclusivo y de diversidad humana enriquecedora para la vida
en comunidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Macarena Montesinos de Miguel, Ana Isabel Alós López, Ana Belén Vázquez Blanco, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez
Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Violante Tomás
Olivares y Eduardo Carazo Hermoso, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/000913 (CD)
663/000051 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley para el impulso de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales. Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las
estrellas para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
Naciones Unidas, en el año 2000, lanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el objeto de pactar una acción global para acabar con la pobreza y la grave desigualdad mundial, analizando todas las variables que la incentivaban o, por el
contrario, impedían el desarrollo sostenible de los pueblos para erradicarla. Tras una intensa labor de negociación y consenso, en 2012 se inicia el camino para definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta vez con una metodología
altamente participativa que le otorgaría un carácter más global, revisando los problemas a los que se enfrenta la humanidad y buscando una solución a los mismos con una mirada amplia, analizando las causas, las interconexiones y efectos múltiples,
labor que culminó con la propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas para alcanzar en 2030.
Hasta la actualidad esto objetivos y sus metas han ido calando en la sociedad. En donde ha cobrado un importante papel que tienen las instituciones en cuanto a su difusión e interiorización de dichos objetivos en la planificación de sus
políticas públicas, y concreción de metas de ámbito local capaces de contribuir e impactar en los objetivos a escala mundial. Estamos a mitad de camino hacia la implementación de la Agenda, es cierto que los resultados aún no aportan un cambio
radical de la trayectoria deseada y anotan que debemos intensificar los esfuerzos para garantizar que los ODS mantengan su rumbo y avancen hacia un futuro sostenible para todos. Pero si marcan ya un camino y una tendencia, siendo incontestable que
este gran pacto por un desarrollo más justo es el camino correcto, y es en este marco donde debemos reflexionar si debemos incorporar nuevos objetivos, que reúnan como hasta este momento esta componente multifactorial.
Como amparo de todas las relaciones que ocurren en la Tierra, el cielo, se constituye en un objetivo, sin el cual no podemos asegurar el cumplimiento de los otros 17 ODS. Se trata de un recurso que precisa de protección ya que supone un
factor clave para la ciencia, como para la calidad de vida, en todas las esferas: cultural, ambiental, la salud y la economía, a través del turismo de las estrellas, clave en muchos territorios de nuestro país, pero con singular valor en las islas
Canarias desde el inicio de las expediciones astronómicas en el Siglo XIX.
En Canarias, poseemos dos grandes herramientas para el estudio de nuestro cielo: los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias; el Observatorio del Teide, en Tenerife, y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.
Instalaciones que albergan telescopios e instrumentos pertenecientes a más de 20 países, que entienden que esta reserva de cielo ofrece unas características propicias para sus observaciones y estudios. Pero el cielo no tiene puertas, y debemos
protegerlo en toda su magnitud, si no queremos que espacios de tanto valor científico acaben notando los nocivos efectos de la contaminación lumínica.
Siendo que el 85 % de la población mundial vive bajo cielos contaminados. El cielo se encuentra amenazado por la emisión de longitudes de onda de radio y las estelas de los satélites de la órbita terrestre baja y el inadecuado uso de la
iluminación en los exteriores, o la basura espacial. Estos fenómenos se agravan muy especialmente en áreas urbanas, pero que tienen consecuencias en lugares remotos elegidos para albergar los observatorios astronómicos.
La sobreiluminación, como una iluminación ineficiente provocan un consumo de energía innecesario y trae consigo consecuencias a nivel económico e incrementa el nivel de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Esta
contaminación lumínica genera consecuencias múltiples, de un lado: en la vida natural afectando y
alterando los hábitats, ecosistemas, especies, sus ciclos biológicos. De otro lado; su afección a la vida humana, ligada a un ritmo circadiano, donde un desequilibrio de estos factores afecta de manera directa a nuestra salud, como
corroboran los numerosos estudios de la Organización Mundial de la Salud.
Más allá de los beneficios para la ciencia y la vida como la conocemos, hay una máxima, y es que debemos preservar la contemplación del firmamento como un derecho, equiparable a otros derechos ambientales, sociales y culturales.
Desde España, hemos impulsado la preservación de nuestro cielo, ha sido en Canarias, en la isla de La Palma, donde se declaró la primera Reserva Starlight del mundo y donde se ha firmado la Declaración Mundial en Defensa del Cielo Nocturno y
el Derecho a Observar las Estrellas.
Asimismo, el Gobierno de España se ha propuesto como tarea fundamental contribuir de forma significativa a este reto global, aprobando en 2021 la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (EDS 2030), que ha supuesto el despliegue de medidas
para la protección de la ciudadanía sin precedentes en nuestro país con especial hincapié en amortiguar las consecuencias de las sucesivas crisis, el llamado Escudo Social. O políticas estructurales como la creación y mejora del Ingreso Mínimo
Vital, mejora de la financiación de la Ley de Dependencia, o la reforma de las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El diseño del Plan de Recuperación y Resiliencia centrado en una nueva economía que crea empleos en sectores
productivos y respetuosos, un diseño donde economía y ecología van de la mano, siendo clave la apuesta por las energías renovables, o la apuesta por la reducción de la contaminación lumínica, con programas y ayudas destinadas a reducir la
contaminación, así como para propiciar investigación e innovación para fomentar nuevos consumos más sostenibles.
Pero cuidar del cielo no es una tarea que podamos afrontar desde un único país, el cielo no tiene puertas y precisa de una acción global, por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) insta al Gobierno a promover medidas que mitiguen la contaminación lumínica para mejorar la calidad
del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas, en colaboración con otras administraciones estatales, autonómicas y locales, contribuyendo con ello a avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Sergio Carlos Matos Castro, Alicia Álvarez González, María Dolores Corujo Berriel, Luc Andre Diouf Dioh, Ada Santana Aguilera, Esther Rodríguez Suárez y Daniel Senderos Oraá,
Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000914 (CD)
663/000052 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre un sistema mínimo común de herramientas e indicadores homogéneos de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel autonómico y local, siguiendo el ejemplo del Proyecto REGIONS2030.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre un
sistema mínimo común de herramientas e indicadores homogéneos de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel autonómico y local, siguiendo el ejemplo del Proyecto REGIONS2030, para su debate en la Comisión Mixta para la
Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (QDS).
Exposición de motivos
El Proyecto REGIONS2030, fruto de la colaboración entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y 10 regiones piloto, ha tenido como objetivo de desarrollar un conjunto de indicadores para monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a nivel regional en Europa.
Financiado por el Parlamento Europeo y desarrollado por el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre-JRC) de la Comisión Europea, en colaboración con la Dirección General de las Regiones y EUROSTAT, ha aportado información y
herramientas de seguimiento en la implantación de la Agenda 2030 en Europa. En concreto, herramientas de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la elaboración de indicadores homogéneos.
En España, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Andalucía fueron seleccionadas junto con otras ocho regiones europeas para participar en este proyecto que busca definir un marco común de indicadores para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Las otras regiones seleccionadas son islas Egeas del Norte y Macedonia Occidental (Grecia), Piemonte y Puglia (Italia), Pomorskie (Polonia), Centro (Portugal) y Nord-Vest (Rumania), además de cuatro regiones de Turquía:
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya y Usak.
En el caso de Navarra, el Gobierno de Navarra diseñó de la Estrategia Navarra Sostenible 2030 Nafarroako Estrategia Jasangarria (ENS·2030·NEJ). El objetivo específico de la misma es establecer procedimientos que sirvan para evaluar el
efecto que las distintas políticas públicas de la Comunidad Foral de Navarra tienen en la sostenibilidad.
Asimismo, la ENS·2030·NEJ pretende garantizar la implantación de la Agenda 2030 y el avance hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en la integración de las dimensiones ambiental, económica y social, es decir, la transición a la
economía verde, la cohesión social y la solidaridad.
En el caso de Andalucía, su selección se debió al trabajo desarrollado en el 'Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030', donde se han incorporado nuevos indicadores a nivel municipal en el sistema.
Este pilotaje ha servido como referencia para otras regiones por tener un sistema de indicadores de seguimiento de la Agenda 2030 más avanzado.
La Agenda 2030 propone que todas las instituciones, públicas y privadas, se alineen con los ODS en sus actuaciones y competencias. Sin embargo, no se han implantado de manera generalizada o mínimamente homogénea herramientas de análisis de
los efectos que las diferentes políticas públicas tienen en el desarrollo sostenible del conjunto regional o local.
Esta situación motivó a varias regiones al diseño de estrategias regionalizadas, cuyo objetivo específico es establecer procedimientos que sirvan para evaluar el efecto que las distintas políticas públicas de la región tienen en la
sostenibilidad.
Es clave por ello extender una acción coordinada no solo de política sino también de instrumentos e indicadores a lo largo del conjunto de administraciones públicas de nuestro país con competencias en políticas públicas que inciden
directamente en la implementación y consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS).
Dentro de la gobernanza de la implantación de la Agenda 2030 en nuestro país, reflejo de nuestra estructura descentralizada, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 está ya definido como el órgano de cooperación entre la Administración
General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Administración local, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la implementación de la Agenda 2030.
Una cooperación basada en el diálogo, el intercambio de experiencias y el impulso de esfuerzos conjuntos que busca maximizar el conocimiento acumulado por los distintos niveles de la administración, desde el ejercicio de las competencias
atribuidas en la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos Sostenibles (ODS), insta al Gobierno de España a fomentar dentro del Comité Interritorial de Estadística y en cooperación con las
comunidades y ciudades autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias, un sistema mínimo común de herramientas e indicadores homogéneos de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel autonómico y de las ciudades
de más de 100.000 habitantes y/o capitales de provincia, tomando como inspiración las mejores prácticas del Proyecto REGIONS2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2024.-Daniel Senderos Oraá, Ana Cobo Carmona, María Luisa García Gurrutxaga, Andreu Martín Martínez, Carmen Martínez Ramírez, Álvaro Morales Álvarez y Gonzalo Redondo Cárdenas,
Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión Mixta sobre Insularidad
161/000905 (CD)
663/000049 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al fomento del conocimiento de los diversos procesos selectivos de personal de la Administración General del Estado en los territorios insulares.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento del conocimiento de los diversos procesos selectivos de personal
de la Administración General del Estado en los territorios insulares, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
Las Illes Balears cuentan en estos momentos con vacantes de personal en muchos de los servicios de la Administración General del Estado (AGE). Los procesos de jubilación masiva que está atravesando la administración estatal unidos a las
dificultades que encuentra muchas personas para poderse instalar en las islas por la carestía de la vivienda dificultan la cobertura de las vacantes.
También la pandemia resultó en este sentido un punto de inflexión para mucho personal funcionario, que tras atravesar momentos tan complejos en lo personal y lo colectivo, optaron por retornar a sus lugares de origen una vez valorado de
manera diferente el poder estar cerca de los familiares y seres queridos en momentos difíciles.
Es habitual en los últimos años que el personal que resulta destinado a las islas, especialmente si se trata de islas no capitalinas, se instale en su nuevo lugar de trabajo por el menor tiempo posible, aprovechando la primera oportunidad
que se le brinde para solicitar un traslado. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera valoran la posibilidad de quedarse porque les resulta imposible arraigar en un lugar donde los precios de la vivienda están absolutamente disparados y se han
producido casos en los que se renuncia directamente a la plaza obtenida en un proceso selectivo por no tener que ocuparla en una de las islas.
A todo ello se suma que, tradicionalmente, la población de las Illes Balears tiene poca tradición opositora. El boom del turismo y la facilidad para encontrar trabajo hace que la juventud ni siquiera llegue a buscar o conocer la información
que le podría llevar a obtener una plaza laboral en la Administración General del Estado.
La información sobre convocatorias, requisitos de acceso, temarios y pruebas, es una información que no siempre es fácil de localizar para personas no acostumbradas a los procedimientos de selección de personal de las administraciones
públicas, por lo que valdría la pena realizar un esfuerzo extra en aquellos lugares, como las islas, donde menor porcentaje de personas se examinan.
Sin duda, el hecho de que más residentes de las propias islas se prepararan correctamente, participaran de los procesos selectivos de la AGE y obtuvieran plaza en su isla de origen, redundaría no solo en una tasa de cobertura de las plazas
mejor de la actual sino también en la satisfacción de los trabajadores y las trabajadoras y en la prestación del servicio en un lugar donde se sienten arraigadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno a:
1. Mantener y reforzar la línea de información y difusión de los procesos selectivos de personal de la Administración General del Estado entre la ciudadanía de las Illes Balears y las islas Canarias, así como cualquier otro territorio donde
las tasas de cobertura de las plazas estén por debajo de la media.
2. Mantener y reforzar los canales de comunicación a través de las Escuelas de Adultos, institutos de secundaria, centros de Formación Profesional y otras instituciones educativas de interés por el perfil de sus usuarios para que puedan
facilitar información específica a potenciales candidatos y candidatas.
3. Solicitar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y a los consells insulars de las diferentes islas a participar y colaborar activamente en la difusión de esta información.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Milena Herrera García y Pepe Mercadal Baquero, Diputados.-Montserrat Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000910 (CD)
663/000050 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la recuperación del Plan de Infraestructuras Educativas del Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación del Plan de
Infraestructuras Educativas del Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo humano y social, de ahí que no se deba permitir que la falta de infraestructuras educativas o el deterioro de las existentes obstaculicen el acceso de la población a una educación de
calidad. Sin duda alguna, las infraestructuras educativas tienen un indudable valor para prestar un servicio público esencial en nuestro Estado del Bienestar, a la par de servir como elemento de equidad en el territorio de una región
ultraperiférica fragmentado con lo que ello implica.
Así, en Canarias la situación en materia de falta de infraestructuras educativas y el estado de muchas de las existentes resulta a día de hoy muy preocupante. Esta situación tiene graves consecuencias para la población, ya que limita el
acceso a una educación de calidad en un lugar seguro y adecuado, limita la oferta educativa en determinadas zonas y perpetúa desigualdades sociales y económicas a lo largo y ancho del archipiélago. Por ello, es crucial actuar con agilidad para
abordar esta situación y garantizar que todos los estudiantes en Canarias tengan acceso a infraestructuras educativas seguras, adecuadas y adaptadas a los estándares nacionales.
A las necesidades originales en materia de infraestructuras educativas para responder a la demanda de escolarización de una población en crecimiento constante, se han unido la nuevos requisitos de calidad educativa asociados a la
implementación de mejoras en la accesibilidad, la creación de espacios exteriores multifuncionales, reformas que eliminen sustancias nocivas y peligrosas como el amianto, la atención especial al colectivo de personas en situación de discapacidad, la
retirada de aulas modulares, la creación de aulas enclave, la prestación de servicios asociados como comedores o espacios para albergar el desarrollo de la formación profesional. Además, han surgido otras más novedosas como la creación de aulas del
primer ciclo de educación infantil o el reciente proyecto 'NEAE +21' y la necesidad de crear estas nuevas aulas.
Al propio tiempo, hay una demanda cada vez mayor para la creación de espacios de sombra, el techado de canchas, la naturalización de espacios, la instalación de sistemas de refrigeración y otras muchas actuaciones relacionadas con la
adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas.
A todas estas demandas, se les une el mantenimiento y rehabilitación que requiere un parque inmobiliario obsoleto, en el que las patologías en edificación aparecen cada vez con mayor frecuencia y con diversa trascendencia, afectando desde la
estructura, con el consiguiente riesgo para comunidad educativa, hasta las propias condiciones de habitabilidad: humedades y filtraciones, aislamiento y carpinterías, fontanería, electricidad, etc.
Paralelamente, en aplicación de los criterios de sostenibilidad y resiliencia, se están implementando sistemas de eficiencia energética y plantas fotovoltaicas que reduzcan el consumo de energías no renovables. Todo esto sin olvidar la
creación de nuevas infraestructuras educativas muy necesarias para atender a las dificultades de escolarización que sigue habiendo en muchos municipios de Canarias, la ampliación de las infraestructuras existentes y la rehabilitación de numerosos
centros educativos con más de 50 años de antigüedad, sin olvidar que la media de edad de los centros docentes de Canarias es de 41 años.
Asimismo, la obligatoria necesidad de adaptación de las instalaciones al nuevo marco normativo lleva aparejado una fuerte inversión de recursos económicos para dotar a los centros educativos de las condiciones adecuadas de uso y seguridad.
Y esto requiere una asignación adecuada de recursos económicos.
Desde el Gobierno de Canarias se ha trabajado en un mapa de los centros educativos canarios para iniciar las actuaciones prioritarias que irán desarrollándose durante el vigente año. No obstante, únicamente mediante la aportación de
recursos propios de la Comunidad Autónoma se hace difícil poder acometer todas las mejoras necesarias aludidas en los colegios e institutos. Es por ello que se hace fundamental que el Estado retome el Plan de Infraestructuras Educativas con
Canarias con el propósito de avanzar mucho más rápido en la mejora de las infraestructuras educativas de nuestro archipiélago.
Tras conocer que el pasado mes de marzo el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha renunciado a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, ello se traduce para Canarias en una modificación a la baja de todas las
partidas presupuestarias, entre ellas, las previstas y negociadas con el Ministerio de Hacienda respecto a las infraestructuras educativas.
Por todo ello y con la finalidad de retomar la inversión anual del Plan de Infraestructuras Educativas perdida en 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la adopción de las siguientes medidas:
- Adoptar a la mayor brevedad posible todas las decisiones pertinentes con la finalidad de recuperar las inversiones correspondientes al Plan de Infraestructuras Educativas para este ejercicio acompañado de la dotación económica adecuada y
consensuada previamente con el Gobierno autonómico canario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Jimena Delgado-Taramona Hernández, Juan Antonio Rojas Manrique, Guillermo Mariscal Anaya, Asier Antona Gómez, Laura María Lima García y Carlos Alberto Sánchez Ojeda,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
181/000360 (CD)
663/000084 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Rodríguez de Millán Parro, María José (GVOX)
Rueda Perelló, Patricia (GVOX)
Forma en la que el Gobierno prevé ofrecer alternativas reales a aquellas mujeres que deseen llevar a término su embarazo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas: María José Rodríguez de Millán Parro y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Texto:
¿De qué modo prevé el Gobierno, promotor de la reforma la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo enmarcado en los ODS 3 y 5, ofrecer alternativas reales a aquellas mujeres que deseen llevar a término su
embarazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro y Patricia Rueda Perelló, Diputadas.
181/000357 (CD)
683/000083 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Rodríguez de Millán Parro, María José (GVOX)
Rueda Perelló, Patricia (GVOX)
Forma en la que el Gobierno prevé asegurar la soberanía energética para España, toda vez que abraza el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas: María José Rodríguez de Millán Parro y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Texto:
¿De qué modo prevé el Gobierno asegurar la soberanía energética para España, toda vez que abraza el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro y Patricia Rueda Perelló, Diputadas.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL DE CUENTAS
250/000002 (CD)
770/000001 (S)
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 23 de mayo de 2024 y 29 de mayo de 2024, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la
Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021, así como los Acuerdos anejos, sin modificaciones con respecto al texto del Dictamen de la Comisión, publicado en el 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, núm. 61, de 23 de
mayo de 2024.
Lo que se publica junto con el enlace que permite acceder a la Declaración Definitiva elaborada por el Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 23 de mayo de 2024 y 29 de mayo de 2024, respectivamente, han aprobado el Dictamen de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021 (núm.
expte. Congreso: 250/2 y núm. expte. Senado: 770/1), adoptando los siguientes
ACUERDOS
Primero.
Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2021, integrada por la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal, así como las cuentas anuales de las entidades controladas
directa o indirectamente por la Administración General del Estado que no forman parte del sector público estatal, las de las entidades multigrupo y las de las entidades asociadas.
Segundo.
Se aprueba la siguiente resolución adoptada, en su día, por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021, con el siguiente tenor:
1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2021.
2. Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2021, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas en la Declaración emitida sobre la misma, que limitan y afectan a su representatividad.
3. Instar al Gobierno a:
- El cumplimiento exhaustivo de los mandatos recogidos en el artículo 135 de la Constitución Española; en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
- Anunciar el diseño de un plan de reequilibrio que incluya las medidas y conclusiones que presenta el Tribunal de Cuentas en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021, para conseguir una imagen fiel -acorde con la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria- de la situación patrimonial y financiera, el resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal.
- Proceder a la digitalización de todos los procesos de información dentro de la Administración General del Estado para el automatismo en la obtención interna de información contable de todos los órganos integrantes del sector público
administrativo, empresarial y fundacional.
- Que la Administración General del Estado y, en concreto, su Intervención General se rija por una normativa de rendición de cuentas cuando no suministre la información debida acerca de las entidades del sector público administrativo,
empresarial y fundacional, y cuando concurra una falta de inventarios completos de una parte importante del inmovilizado material.
- Concluir, de manera definitiva, con las actuaciones previstas en la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones para el registro contable del terreno de forma
independiente de la construcción.
- Incluir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el Patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social. Así como resolver la moratoria sobre las deudas que tienen las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo
de lucro con la Seguridad Social que fueron objeto de moratoria desde 1995.
- Realizar, de manera definitiva, los ajustes de valoración de los bienes entregados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre a la Administración General del Estado en los ejercicios 2014 a 2020.
- Definir y cuantificar la cantidad de recaudación necesaria para disponer de gasto público efectivo adicional, así como los costes de eficiencia, cumplimiento y administración en que incurre.
- Estudiar la implantación de la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero con el fin de proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ofrecer más información para la toma de decisiones y colaborar en la
consecución del objetivo de reducción del déficit público a medio plazo.
- Que se subsanen las salvedades y deficiencias incluidas en esta Declaración, que, en todo caso, no afectan a la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los
resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la legislación aplicable.
- Aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a lo largo de la presente Declaración, especialmente las referidas a la revisión del actual método de cálculo de los deterioros de valor de las deudas en gestión de cobro y
a la ampliación, aún pendiente, de la información contenida en las memorias de la Cuenta de la Administración General del Estado y de la Cuenta General del Estado (sobre Activos Fiscales Diferidos, grado de ejecución del Presupuesto de Beneficios
Fiscales, balance de resultados e informe de gestión), y así mismo, corregir las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en las Declaraciones de ejercicios precedentes que permanecen en esta Declaración, recogidas en el
subapartado V.1.
- Poner en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado que procedan de Declaraciones de ejercicios anteriores, si mantienen sin adoptar, cuyo seguimiento se contiene en el subapartado V.2 de la
Declaración.
- Reforzar el control que permita la correcta contabilización de las operaciones de periodificación de gastos e ingresos, especialmente restringiendo la práctica de diferir a ejercicios futuros la imputación presupuestaria de derechos y
obligaciones, reduciendo los saldos de operaciones pendientes de imputar a presupuesto, y asegurando la exacta contabilización de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, iniciando, si es preciso, los procedimientos
sancionadores previstos en la Ley de Transparencia.
- Corregir los defectos de ejecución presupuestaria que provocan un desplazamiento temporal de la imputación del gasto o un desplazamiento o anticipación temporal de la imputación del ingreso.
- Vigilar la corrección de todas las deficiencias expuestas por el Tribunal de Cuentas en relación con la ejecución y liquidación de los Presupuestos de gastos e ingresos, evitando que las mismas deficiencias se puedan reiterar en ejercicios
futuros, y disponer las medidas precisas para evitar la práctica de diferir la imputación al presupuesto de los derechos y de las obligaciones y para reducir los saldos de operaciones pendientes de imputar al presupuesto presentes en la Cuenta
General.
- Continuar avanzando e impulsando la ampliación y mejora de los inventarios de la Administración General del Estado, del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social, y de los inventarios de los Organismos autónomos del
Estado y otros organismos públicos, comprensivos de los elementos que integran su inmovilizado material, garantizando su integridad y su conciliación contable.
- Supervisar la adecuada publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resúmenes de las Cuentas anuales de las entidades públicas de los sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional y que dicho resumen recoja la
información suficiente y adecuada para conocer la actividad y la situación de la correspondiente entidad, instando a todas las entidades obligadas a ello a publicar sus cuentas anuales individuales, acompañadas de los informes de auditoría de
cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
- Realizar un seguimiento de las entidades que han remitido sus cuentas anuales fuera del plazo legalmente establecido, así como de las que no han cumplido con su obligación de rendir cuentas.
- Adoptar las medidas precisas para que todos los órganos integrantes del sector público administrativo, todas las empresas del sector público empresarial y todas las entidades del sector público fundacional legalmente obligadas a ello,
rindan sus cuentas al Tribunal de Cuentas, y que esta se produzca en la forma y dentro del plazo legalmente establecido, impulsando, en su caso, los procedimientos sancionadores que correspondan.
- Proceder a la modificación de la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al Tribunal de la Cuenta General del Estado, como
el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas, para que la Declaración sea emitida en un plazo lo más cercano posible al ejercicio al que se refiera, así como dotar a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente
pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio.
- Adoptar las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera del endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado, en particular la de los préstamos y deudas pendientes de amortización desde la década
de los años 90, en la forma indicada en la presente Declaración.
- Efectuar un mismo tratamiento contable de las previsiones iniciales correspondientes al Capítulo 9 'pasivos financieros', así como las modificaciones de las previsiones iniciales de ingresos entre la Administración General del Estado y las
Entidades del Sistema de Seguridad Social, por una parte, y los organismos públicos por otra.
4. Instar a la Intervención General de la Administración del Estado a:
- Continuar potenciando las relaciones de colaboración con el Tribunal de Cuentas, con el objeto de concretar las actuaciones que resulten necesarias para ir subsanando las salvedades que se ponen de manifiesto en las Declaraciones de la
Cuenta General del Estado.
- Avanzar en el proceso de mejora de las Cuentas Generales del sector público empresarial y del sector público fundacional, con la inclusión de todas las cuentas de sociedades y fundaciones, reduciendo el número de entidades no integradas
que pueda afectar a la representatividad de ambas Cuentas Generales.
- Realizar los estudios adecuados para impulsar las reformas legislativas y la adaptación de los recursos materiales y humanos que resulten necesarios para acortar los plazos de rendición de cuentas y de aprobación de la Declaración sobre la
Cuenta General del Estado de cada ejercicio.
- Potenciar la colaboración con el Tribunal de Cuentas para concretar las actuaciones que resulten necesarias, para corregir definitivamente las deficiencias que se vienen detectando año tras año y que, de forma reiterada, se vienen
señalando en las sucesivas Declaraciones de la Cuenta General del Estado.
- Subsanar las salvedades y deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de cuentas, así como poner en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso y Senado.
- Ampliar la información contenida en la Memoria.
- La digitalización interna de todos los procesos de información dentro de la Administración General del Estado para el automatismo en la obtención de la información contable y aplicación homogénea de criterios en la elaboración de los
estados contables.
5. Instar al Tribunal de Cuentas a:
- Cuantificar las salvedades y deficiencias recogidas en la Declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021.
- Mejorar la eficacia en el cruce de información de cuentas y datos contables con la Intervención General del Estado.
- Potenciar la colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado para concretar las actuaciones que resulten necesarias para corregir definitivamente las deficiencias que se vienen detectando año tras año y que, de
forma reiterada, se vienen señalando en la Declaración de la Cuenta General del Estado.
- Establecer mecanismos y realizar controles efectivos de la ejecución presupuestaria de la Administración del Estado que evite el incumplimiento de los objetivos de déficit, de deuda pública y de la regla de gasto establecidos, para cumplir
los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
- Proseguir en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado con el seguimiento de las operaciones de ejercicios anteriores pendientes de regularizar, incluyendo propuestas para su definitiva subsanación.
- Continuar efectuando en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado y de la propia Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
- Adoptar las medidas necesarias para incrementar en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado el contenido de la información relativa a la situación económica, financiera y patrimonial, de las entidades que componiendo los
distintos subsectores (Administración General del Estado, Entidades del Sistema de la Seguridad Social y Organismos Públicos del Estado) cuentan con una mayor importancia cuantitativa en la participación de los presupuestos del Estado.
- Proceder a emitir, para el ejercicio 2024, el informe anual recogido en el artículo 136.2 de la Constitución Española de 1978, en términos similares a los últimos efectuados por el Tribunal de Cuentas y que es obligatorio sobre las cuentas
del sector público del ejercicio 2023.
- Incluir en la cuenta General del Estado, la diferencia del resultado del Presupuesto General del Estado y del déficit o superávit público si se tienen en cuenta las salvedades establecidas por el Tribunal en su informe definitivo.
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