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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 255, de 23/06/2026
cve: BOCG-15-CG-A-255
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XV LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
23 de junio de 2026
Núm. 255
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/003564 (CD)
663/000259 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de una financiación europea suficiente y específica para la pesca y la acuicultura en el Marco Financiero Plurianual
(MFP) 2028-2034 ... (Página4)
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
161/003551 (CD)
663/000258 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el estudio del impacto psicológico de las máquinas de recompensa en menores y su relación con el inicio de adicciones sin sustancia ...
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/003542 (CD)
663/000257 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para para la defensa del campo y su futuro sostenible en el marco de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo ... (Página8)
661/002143 (S)
161/003565 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el impulso de medidas de apoyo al sector agrario como motor de desarrollo económico, generador de empleo y garante de cohesión social ...
Comisión Mixta sobre Insularidad
661/002107 (S)
161/003540 (CD) ;Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la declaración de la fosa de Pino del Consuelo, en Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), como Lugar de Memoria Democrática ...
661/002108 (S)
161/003541 (CD) ;Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reconocimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife) como primer municipio español en elegir a sus cargos municipales
mediante sufragio censitario ... (Página15)
661/002116 (S)
161/003544 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la revisión del régimen de tacógrafo y descansos en el transporte insular por carretera ... (Página17)
661/002119 (S)
161/003545 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la realización de un estudio específico sobre la incidencia de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de las llles Balears ...
661/002133 (S)
161/003554 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la implantación del cribado poblacional del cáncer de cuello uterino en Canarias ... (Página21)
661/002135 (S)
161/003555 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la falta de actuaciones de la Demarcación de Costas en Illes Balears ... (Página24)
661/002139 (S)
161/003556 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la democratización del acceso a la movilidad eléctrica mediante la electrificación de las calles en los territorios insulares ...
661/002140 (S)
161/003557 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la renaturalización urbana, la construcción industrializada sostenible y los nuevos barrios del futuro en los territorios insulares ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
181/001846 (CD)
683/000448 (S);Pregunta formulada por los Diputados José María Sánchez García (GVOX) y Flores Juberías, Carlos (GVOX), sobre previsiones de aprobar en esta legislatura el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones
legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación ... (Página32)
181/001863 (CD)
683/000449 (S);Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Conde López (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Agüera Gago,
Cristina (GP), Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP) y Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP), sobre capacidad técnica y criterios de selección, transparencia y fiscalización independiente con los que la
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) piensa gestionar las inversiones tecnológicas del Fondo España Crece procedentes del Plan de Recuperación ... (Página33)
181/001864 (CD)
683/000450 (S);Pregunta formulada por los Diputados Milagros Marcos Ortega (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Conde López, Francisco José (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Rodríguez Herrer, María Elvira (GP),
Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP), Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP) y Garrido Valenzuela, Irene (GP), sobre medidas que tiene previsto implementar el Gobierno para aplicar una verdadera política de prevención, coordinación territorial y
aprovechamiento eficaz de los fondos europeos, en línea con la nueva orientación de la Unión Europea sobre gestión integrada del riesgo de incendios forestales ... (Página34)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/003564 (CD)
663/000259 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la defensa de una financiación europea suficiente y específica para la pesca y la acuicultura en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 8 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de una
financiación europea suficiente y específica para la pesca y la acuicultura en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Exposición de motivos
La pesca y la acuicultura constituyen actividades estratégicas para España y para la Unión Europea desde el punto de vista alimentario, económico, social y territorial. Miles de familias dependen directa o indirectamente de un sector que
genera empleo, fija población en las zonas costeras y garantiza el suministro de alimentos de alta calidad.
España ocupa una posición de liderazgo en el ámbito pesquero europeo. Cuenta con la principal flota pesquera de la Unión Europea, algunos de los puertos más importantes del continente y una potente industria transformadora y
comercializadora
de productos del mar, que sitúan a nuestro país como una referencia internacional en materia pesquera.
Durante las últimas décadas, el sector pesquero europeo ha realizado importantes esfuerzos para adaptarse a las exigencias derivadas de la Política Pesquera Común. Los pescadores, armadores, cofradías, organizaciones de productores y
empresas del sector han asumido restricciones, inversiones y obligaciones crecientes destinadas a garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y la conservación de los ecosistemas.
La financiación europea ha sido un instrumento esencial para acompañar este proceso de transformación, permitiendo mejorar la seguridad de los trabajadores, impulsar la innovación tecnológica, avanzar en la sostenibilidad ambiental,
favorecer el relevo generacional, mejorar la competitividad y reforzar la cohesión social de las comunidades costeras.
Sin embargo, la propuesta presentada por la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 supone un cambio de orientación profundamente preocupante.
Por una parte, plantea la integración de las políticas tradicionales de la Unión Europea en grandes instrumentos financieros de carácter generalista, diluyendo la especificidad de la política pesquera y reduciendo la visibilidad de un sector
que presenta necesidades claramente diferenciadas respecto de otros ámbitos de actuación comunitaria.
Por otra, propone una drástica reducción de los recursos destinados a la pesca y la acuicultura, pasando de los aproximadamente 6.100 millones de euros del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura a una dotación cercana a los
2.000 millones de euros. Esta reducción resulta difícilmente compatible con las crecientes exigencias que la propia Unión Europea impone al sector en ámbitos como la sostenibilidad, la descarbonización, la digitalización, el control pesquero, la
seguridad marítima, la adaptación al cambio climático o el relevo generacional.
Resulta contradictorio exigir nuevas inversiones y mayores obligaciones a los profesionales del mar mientras se reducen de forma drástica los recursos destinados a financiarlas.
Asimismo, la propuesta incorpora mecanismos que vinculan el acceso a los fondos europeos al cumplimiento de determinadas reformas nacionales, siguiendo un esquema similar al utilizado en los fondos Next Generation. Este planteamiento genera
una evidente inseguridad para las regiones y comunidades costeras, que podrían verse privadas de financiación por circunstancias ajenas a su gestión o a la propia actividad pesquera.
Igualmente, preocupante resulta el incremento de los porcentajes de cofinanciación exigidos a determinadas regiones. En el caso de regiones en transición como Galicia, la contribución nacional podría alcanzar el 40 %, reduciendo la
capacidad efectiva de acceso a los fondos europeos y comprometiendo el desarrollo de inversiones necesarias para la modernización del sector.
A ello se suma el mantenimiento de disposiciones que obligan al reintegro de ayudas percibidas cuando se produzcan determinadas infracciones graves con posterioridad a la concesión de las mismas, un régimen especialmente gravoso que no
encuentra equivalente en otras políticas comunitarias y que puede desincentivar la participación de los beneficiarios en los programas de apoyo financiero.
El recorte del presupuesto pesquero se produce precisamente cuando la Unión Europea reclama una mayor autonomía estratégica en materia alimentaria, energética e industrial, porque pone de manifiesto una contradicción evidente entre el
discurso europeo sobre soberanía estratégica y la reducción de los instrumentos destinados a uno de los sectores que contribuyen directamente a ella.
Frente a esta propuesta, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha reclamado una financiación específica para la pesca y la acuicultura de 7.300 millones de euros en el
próximo Marco Financiero Plurianual, una posición que refleja la importancia estratégica del sector y la necesidad de dotarlo de recursos suficientes para afrontar los desafíos futuros.
No obstante, la aprobación de esta posición por parte del Parlamento Europeo constituye únicamente una primera etapa del proceso negociador. Para que esta reivindicación pueda prosperar resulta imprescindible que los Estados miembros la
respalden activamente en el seno del Consejo de la Unión Europea y que la Comisión Europea rectifique su planteamiento inicial.
En este contexto, España debe desempeñar un papel protagonista. Como principal potencia pesquera de la Unión Europea, nuestro país tiene la responsabilidad de liderar una alianza de Estados miembros que defienda una financiación adecuada
para el sector. No basta con manifestar preocupación ante los recortes propuestos; es necesario desplegar una acción política y diplomática decidida para garantizar que la pesca continúe contando con un instrumento financiero propio, suficiente y
adaptado a sus necesidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno a:
1. Defender ante las instituciones de la Unión Europea el mantenimiento de un fondo específico, diferenciado e independiente para la pesca y la acuicultura dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
2. Apoyar en las negociaciones europeas una dotación financiera para dicho fondo de, al menos, 7.300 millones de euros, en línea con la posición aprobada por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.
3. Rechazar cualquier reducción significativa de los recursos destinados a la pesca y la acuicultura respecto al actual periodo de programación.
4. Oponerse a que el acceso a los fondos destinados a la pesca quede condicionado al cumplimiento de reformas nacionales ajenas al sector pesquero o a circunstancias que puedan perjudicar a las regiones y comunidades dependientes de esta
actividad.
5. Defender el mantenimiento de una tasa máxima de cofinanciación del 30 % para todas las regiones beneficiarías de los fondos pesqueros europeos.
6. Promover la eliminación de la obligación de reintegro de ayudas por infracciones graves cometidas con posterioridad a la concesión de las mismas cuando no exista relación directa entre la infracción y la actuación subvencionada.
7. Liderar, en coordinación con otros Estados miembros con intereses pesqueros comunes, una iniciativa política en el seno del Consejo de la Unión Europea destinada a garantizar una financiación suficiente y específica para la pesca y la
acuicultura.
8. Informar periódicamente a las Cortes Generales sobre el estado de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para defender los intereses del sector pesquero español.
9. Impulsar una posición común con las comunidades autónomas, las organizaciones representativas del sector pesquero y la industria transformadora para reforzar la capacidad negociadora de España durante el proceso de aprobación del próximo
Marco Financiero Plurianual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.-Rosa Quintana Carballo, Milagros Marcos Ortega, Alberto Fabra Part, María Eugenia Carballedo Berlanga, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Carlos Javier
Floriano Corrales, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y María Elvira Rodríguez Herrer, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
161/003551 (CD)
663/000258 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley para el estudio del impacto psicológico de las máquinas de recompensa en menores y su relación con el inicio de adicciones sin sustancia.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas
de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el estudio del impacto psicológico de las máquinas de recompensa en menores y
su relación con el inicio de adicciones sin sustancia, para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones.
Exposición de motivos
Las adicciones sin sustancia, también denominadas adicciones comportamentales, constituyen una realidad creciente en nuestra sociedad, especialmente entre la población más joven. Estas conductas, vinculadas a mecanismos de refuerzo,
recompensa inmediata y repetición compulsiva, comparten bases neuropsicológicas con las adicciones a sustancias, lo que las convierte en un ámbito prioritario de intervención desde las políticas públicas de salud.
En este contexto, resulta necesario prestar especial atención a determinados entornos cotidianos en los que los menores están expuestos de forma temprana a dinámicas de refuerzo conductual similares a las presentes en los juegos de azar.
Entre estos elementos se encuentran las denominadas máquinas de recompensa o máquinas recreativas de premios instaladas en establecimientos de hostelería, como bares o cafeterías, cuyo acceso es frecuente en entornos familiares y sociales, 'máquinas
expendedoras de cápsulas con recompensa (juguetes)'.
Estas máquinas, basadas en sistemas de recompensa inmediata, estímulos visuales y sonoros, y dinámicas de repetición, pueden generar en los menores procesos de aprendizaje conductual asociados a la expectativa de premio, la frustración y la
reiteración
de la conducta, configurando patrones que pueden influir en el desarrollo de conductas adjetivas sin sustancia en etapas posteriores.
La evidencia científica en el ámbito de la psicología del comportamiento y la neurociencia ha puesto de manifiesto que la exposición temprana a sistemas de refuerzo intermitente puede aumentar la vulnerabilidad a desarrollar conductas
compulsivas, especialmente en etapas evolutivas en las que el control de impulsos y la toma de decisiones aún se encuentran en desarrollo.
Sin embargo, a pesar de la potencial relevancia de estos factores, existe una limitada evidencia específica en nuestro país sobre el impacto psicológico de este tipo de dispositivos en menores, así como sobre su posible relación con el
inicio de adicciones comportamentales.
Desde una perspectiva de protección de la infancia y de prevención en salud pública, resulta fundamental avanzar en el conocimiento de estos procesos, con el objetivo de anticipar riesgos, diseñar políticas preventivas eficaces y garantizar
entornos seguros para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas y en coordinación con organismos especializados en salud pública, infancia y adicciones, impulsar la
investigación sobre el impacto psicológico de las máquinas de recompensa instaladas en establecimientos de hostelería en menores de edad, analizando su influencia en los procesos de aprendizaje conductual, en la percepción del riesgo y en el posible
inicio de adicciones sin sustancia, con el objetivo de obtener evidencia que permita orientar futuras medidas de prevención y regulación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.-Emilia Almodóvar Sánchez, Víctor Gutiérrez Santiago y Esther Rodríguez Suárez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/003542 (CD)
663/000257 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley para la defensa del campo y su futuro sostenible en el marco de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia
Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para para la defensa del campo y su futuro sostenible en el marco de la Agenda 2030
y el Pacto Verde Europeo, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
El campo español constituye una realidad estratégica para nuestro país desde una doble perspectiva que la Agenda 2030 permite comprender con especial claridad. Por una parte, garantiza la producción de alimentos, la actividad económica y el
empleo en amplias zonas del territorio. Por otra, sostiene una función social, ambiental y territorial de primer orden, al contribuir a la conservación del paisaje, al mantenimiento de población en el medio rural, a la gestión de los recursos
naturales y a la prevención del deterioro ecológico. Hablar del futuro del campo es hablar, por tanto, de seguridad alimentaria, de cohesión territorial, de justicia social y de sostenibilidad.
La Agenda 2030 ofrece un marco especialmente útil para ordenar esa visión integral. El ODS 2, dedicado al hambre cero, incorpora expresamente la promoción de una agricultura sostenible; el ODS 8 conecta con la necesidad de asegurar empleo
decente, rentas dignas y actividad económica estable en el medio rural; el ODS 12 exige avanzar hacia pautas de producción y consumo responsables; el ODS 13 obliga a reforzar la adaptación y la mitigación frente al cambio climático; el ODS 15
remite a la protección de los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas terrestres; y el ODS 17 recuerda que estos desafíos solo pueden abordarse mediante cooperación institucional, diálogo con el sector y alianzas estables entre administraciones
y sociedad.
Desde esa perspectiva, el futuro del campo español no puede plantearse como una disyuntiva entre rentabilidad y sostenibilidad. Muy al contrario, la sostenibilidad económica, social y ambiental de las explotaciones constituye hoy la
condición necesaria para su continuidad. La modernización del regadío, la innovación, la digitalización, la mejora del uso eficiente del agua y de la energía, la reducción de costes, la adaptación al cambio climático, el relevo generacional y la
igualdad de género, la valorización de las buenas prácticas agrarias y la mejora de la posición negociadora de agricultores y ganaderos forman parte de una misma agenda de país.
En esta línea, la Política Agraria Común 2023-2027 y el Plan Estratégico de España persiguen precisamente reforzar un sector agrícola sostenible y competitivo, capaz de responder mejor a retos presentes y futuros como el cambio climático y
el relevo generacional. De igual modo, la Estrategia Nacional de la Alimentación sitúa entre sus objetivos consolidar un sector competitivo que atienda las necesidades presentes y futuras de la población mientras revitaliza el medio rural y
fortalece la economía rural. Se trata, por tanto, de marcos ya en marcha que conviene seguir desarrollando, profundizando y alineando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ese proceso exige además asegurar una transición justa. La sostenibilidad no puede traducirse en nuevas cargas desproporcionadas para quienes trabajan la tierra o sostienen
explotaciones ganaderas con márgenes estrechos. Debe venir acompañada de apoyo público, seguridad jurídica, financiación, acompañamiento técnico, formación y asesoramiento y una defensa firme de la viabilidad económica de las explotaciones.
También exige seguir mejorando el funcionamiento de la cadena alimentaria, de modo que el valor añadido no se concentre en perjuicio del productor primario. La legislación vigente ha reforzado esta orientación al establecer que el precio del
contrato alimentario que perciba un productor primario debe ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos o coste efectivo de producción.
Del mismo modo, el futuro sostenible del campo español pasa de manera ineludible por el relevo generacional y por una mayor igualdad de oportunidades. La incorporación de jóvenes y mujeres al sector constituye una prioridad material de la
sostenibilidad social del medio rural y un elemento clave para garantizar la cohesión social y territorial de nuestras zonas rurales. En este ámbito, la titularidad compartida representa una herramienta valiosa para reconocer derechos, visibilizar
el trabajo de las mujeres y reforzar la igualdad efectiva en las explotaciones familiares. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió en 2025, por un importe global de 1,79 millones de euros, ayudas a 1.194 explotaciones agrarias
de titularidad compartida, precisamente con esa finalidad. En este contexto, también se debe destacar la incorporación, a petición del Gobierno de España, de la igualdad de género como un objetivo específico de la política agrícola común, lo que ha
permitido diseñar en nuestro país medidas específicas a favor de las mujeres rurales en el vigente Plan Estratégico de la PAC.
A ello se suma la oportunidad que representa la producción ecológica, la agricultura de conservación, la innovación aplicada y la bioeconomía para mejorar la competitividad del sector y reforzar su posición en un mercado cada vez más
exigente en términos de calidad, trazabilidad y sostenibilidad. España se ha consolidado como el mayor productor ecológico por superficie de la Unión Europea y sexto a nivel mundial, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, lo que muestra que sostenibilidad y capacidad productiva no son realidades incompatibles, sino dimensiones que pueden y deben avanzar juntas. El propio enfoque europeo del Pacto Verde y de la estrategia 'De la Granja a la
Mesa' se orienta a construir sistemas alimentarios justos, saludables y sostenibles, recompensando además a los agricultores por los servicios ambientales y climáticos que prestan.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 revisada en 2026 se compone de 100 metas que tienen como objetivo reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental de
España se aborde garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial, y se acelere, a su vez, la implementación de la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España. En dicha estrategia, la agricultura se enfoca
principalmente como un elemento clave de la transición ecológica y del equilibrio territorial, promoviendo un modelo agrario más sostenible, resiliente y alineado con la economía circular, impulsando prácticas agrícolas que reduzcan las emisiones y
el impacto ambiental, protejan la biodiversidad y se adapten al cambio climático, al tiempo que fomentan el uso eficiente de los recursos naturales. Además, se vincula la actividad agraria con el desarrollo rural sostenible, apostando por su
modernización, la innovación y la generación de empleo digno, con el objetivo de reforzar los sistemas alimentarios locales y contribuir a fijar población en el territorio y a la cohesión social.
Por ello, es imprescindible reforzar el compromiso institucional con un modelo agrario sostenible, justo y moderno, alejado de simplificaciones y de discursos que presentan la Agenda 2030 como un problema para el sector primario, y orientado
a garantizar unos precios justos, reforzar la competitividad de las explotaciones, sostener la cohesión territorial y avanzar de manera coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Pacto Verde Europeo. La Agenda 2030, bien
aplicada, no debilita al campo, sino que ofrece una hoja de ruta para hacerlo más fuerte, más justo, más competitivo y resiliente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando, en el marco de la Agenda 2030, y su localización en España plasmada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 revisada en 2026 políticas públicas dirigidas a reforzar la sostenibilidad económica, social y
ambiental del sector agrario y del medio rural, integrando de manera coherente la seguridad alimentaria, la cohesión social y territorial, la adaptación al cambio climático y la protección de los recursos naturales.
2. Continuar desarrollando una transición ecológica justa para el campo español, de manera que agricultores y ganaderos dispongan de acompañamiento técnico, instrumentos de apoyo y financiación suficiente para adaptar sus explotaciones,
mejorar su eficiencia y mantener su competitividad, integrando de manera equilibrada la sostenibilidad ambiental, la rentabilidad económica y la cohesión social.
3. Impulsar la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, reforzando la protección del productor primario y del resto de operadores que ocupan una posición negociadora más débil, la transparencia, la generación de valor a lo largo
de la cadena y que la garantía de cubertura de los costes de producción se constituya como el elemento de base para la negociación de los contratos.
4. Reforzar el relevo generacional y la igualdad en el medio rural, favoreciendo la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, promoviendo la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la formación y la
transferencia de conocimiento, la innovación y la digitalización y el acceso a las oportunidades que ofrece la modernización del sector.
5. Seguir defendiendo en el ámbito europeo una aplicación equilibrada de las políticas de sostenibilidad, de manera que los objetivos ambientales y climáticos se acompasen con la rentabilidad de las explotaciones, la autonomía estratégica
alimentaria, la cohesión territorial y el futuro del campo español.
6. Impulsar medidas que permitan identificar de forma clara y sencilla los productos agrícolas producidos en España y los producidos en otros países, haciendo que la procedencia pueda ser un factor que influya en el hábito de consumo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.-Gonzalo Redondo Cárdenas, Daniel Senderos Oraá, Ana Cobo Carmona, María Luisa García Gurrutxaga, Andreu Martín Martínez, Carmen Martínez Ramírez y Álvaro Morales Álvarez,
Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
661/002143 (S)
161/003565 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado
Moción sobre el impulso de medidas de apoyo al sector agrario como motor de desarrollo económico, generador de empleo y garante de cohesión social.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS); asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de los grupos parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 11 de junio de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Presidencia del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción sobre el impulso de medidas de apoyo al sector agrario como motor de desarrollo
económico, generador de empleo y garante de cohesión social, ante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El sector agrario español, y en particular el andaluz, constituye un pilar esencial para la economía nacional, la seguridad alimentaria y el mantenimiento del empleo.
Agricultores y ganaderos han demostrado ser los principales interesados en preservar los recursos naturales, al depender directamente de ellos para el desarrollo de su actividad. Sin embargo, en los últimos años, el sector se ha visto
afectado por el incremento de costes de producción, la presión normativa, la falta de inversiones en infraestructuras de competencia estatal y un exceso de cargas administrativas.
Resulta necesario que el Gobierno de España adopte medidas dentro de su ámbito competencial que permitan garantizar la viabilidad económica del sector, mejorar su competitividad y asegurar un uso eficiente de los recursos, evitando
decisiones que perjudiquen la actividad productiva.
El desarrollo equilibrado del territorio requiere políticas eficaces que refuercen al sector agrario como motor económico, generador de empleo y garante de cohesión social.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la siguiente:
Moción
'La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) insta al Gobierno a:
1. Acelerar la planificación, ejecución y finalización de infraestructuras hidráulicas de competencia estatal, incluyendo obras de regulación, almacenamiento y distribución de agua.
2. Incrementar la inversión en infraestructuras hidráulicas para expandir el regadío, base de la competitividad de la agricultura española.
3. Defender en las instituciones de la Unión Europea una aplicación de la Política Agraria Común (PAC) más flexible, adaptada a la realidad productiva española, evitando cargas que reduzcan la rentabilidad de las explotaciones y ponga en
riesgo la competitividad del sector.
4. Impulsar una revisión integral de la normativa estatal que afecta al sector agrario con el fin de simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas, eliminar duplicidades y facilitar el desarrollo de la actividad productiva.
5. Reforzar los mecanismos de control de la cadena alimentaria para garantizar precios justos para los productores y consumidores, evitando prácticas comerciales desleales.
6. Reducir la carga fiscal que soporta el sector, dentro del ámbito competencial del Estado, con el fin de mitigar el impacto del incremento de los costes de producción, especialmente en energía, combustibles y fertilizantes.
7. Impulsar programas de apoyo al relevo generacional en el sector agrario mediante incentivos fiscales y medidas de acceso a financiación de competencia estatal.
8. Garantizar la inversión en infraestructuras estratégicas de titularidad estatal, especialmente en materia de transporte y conectividad, que favorezcan la competitividad del sector y la cohesión territorial.'
Palacio del Senado, 9 de junio de 2026. -Alicia García Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comisión Mixta sobre Insularidad
661/002107 (S)
161/003540 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Moción relativa a la declaración de la fosa de Pino del Consuelo, en Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), como Lugar de Memoria Democrática.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción relativa a la declaración de la fosa de Pino del Consuelo (isla de La Palma), como
lugar de Memoria Democrática, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
La isla de La Palma fue la única isla del archipiélago canario en la que fracasó, inicialmente, el golpe de Estado de 1936, motivo por el cuál sufriría una fuerte represión.
Una semana después, el 25 de julio de 1936, desembarcaría en el muelle de Santa Cruz de la Palma el buque Canalejas, provocando el desembarco de las tropas sublevadas e iniciando una dura y sangrienta represión hacia todos aquellos palmeros
y palmeras que lucharon en defensa de la legalidad vigente de la II República.
Los llamados 'alzados' de La Palma fueron los defensores del gobierno legítimo republicano, refugiándose en los montes de la isla para resistir, de manera armada, a las tropas sublevadas del bando nacional. Algunos de ellos sufrirían las
consecuencias más drásticas, pagándolo con sus vidas.
Es el caso del grupo de 'los 13 de Fuencaliente'. Huidos de sus casas y miembros de la resistencia palmera, fueron apresados en enero de 1937 por las tropas golpistas. Tras su detención, fueron trasladados al Convento de San Francisco (uno
de los dos centros de detención que había en la isla) durante varias semanas para, posteriormente, ser fusilados y sepultados en dos fosas comunes en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente.
El asesinato de estas personas a manos de las tropas franquistas sirvió como mensaje de advertencia a la población palmera. No obstante, según los estudios realizados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La
Palma, el grupo de los 13 de Fuencaliente forman parte de las 51 personas que fueron ejecutadas de forma clandestina entre octubre de 1936 y junio de 1937. Además, datan de un total de 724 personas las represaliadas durante la Guerra entre personas
detenidas, extraditadas, fusiladas y desaparecidas.
Este año se cumplen 30 años del hallazgo, el 7 de mayo de 1994, de la fosa común en la que se encontraron los cuerpos de cinco de los trece de Fuencaliente. Entre ellos se encontraba el cuerpo del último alcalde, antes de la Guerra, de Los
Llanos de Aridane, Francisco Rodríguez Betancor.
Este hecho significó un hallazgo sin precedentes, puesto que fue la primera fosa de represaliados de la Guerra (1936-1939) que se abrió en nuestro país. Además, sentó el precedente de que fuera el Juzgado quien se hiciera cargo de los
trámites en las exhumaciones científicas de las fosas de la Guerra Civil.
En 2006, casi una década después y gracias a la incansable labor de los familiares y de las asociaciones memorialistas, así como a la colaboración de los Juzgados de la isla, se encontraron nuevas fosas con nuevos restos de las ocho personas
restantes del grupo de 'los 13 de Fuencaliente'.
Como recuerda la Exposición de Motivos de La ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática: 'La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una
poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida. En el marco de este relato totalitario, y al
mismo tiempo que continuaba una dura represión sobre las personas que defendían la Segunda República, se establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o se habían posicionado a
favor del golpe de Estado'.
Y precisamente, para neutralizar ese olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos en nuestra historia, es nuestra obligación como sociedad salvaguardar y difundir una memoria basada en los principios de verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición, tal y como solicitaba a nuestro país el relator especial de Naciones Unidas.
El artículo 49 de esta ley establece la posibilidad de declarar determinados espacios como lugares de Memoria Democrática, en los siguientes términos:
'Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la
memoria colectiva, vinculados a la Memoria Democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al
golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno a declarar la fosa de Pino del Consuelo, en Fuencaliente (isla de La Palma) como lugar de Memoria Democrática, en virtud del artículo 49 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática.
Asimismo, insta al Gobierno a colocar una placa o lápida en la que se recuerde a las personas que allí fueron asesinadas durante la dictadura franquista, reconociendo a esos hombres y mujeres su decisiva lucha por la libertad y la democracia
en nuestro país.'
Palacio del Senado, 1 de junio de 2026.-Kilian Sánchez San Juan, Senador.-Alfonso Gil Invernón, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
661/002108 (S)
161/003541 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Moción relativa al reconocimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife) como primer municipio español en elegir a sus cargos municipales mediante sufragio censitario.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de errores con número de registro de entrada 85.716, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN relativa al reconocimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, como primer
municipio español en elegir a sus cargos municipales mediante sufragio censitario, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
El 1 de enero de 1773, el municipio de Santa Cruz de La Palma se convirtió en el primer municipio de nuestro país en elegir a sus cargos municipales mediante sufragio censitario.
Este acontecimiento histórico se enmarca durante el reinado de Carlos III. El impulso de las reformas borbónicas implantadas en nuestro país tras la Guerra de los Siete años buscaba renovar las estructuras económicas, administrativas,
educativas, judiciales, culturales y sociales, con el único objetivo de centralizar todavía más el poder de la monarquía. Pero el estallido del llamado 'motín de Esquilache', en el que participaron las clases populares, propició que la Monarquía se
viera obligada a realizar una serie de reformas, entre las que se encontraba la administración municipal.
La realidad es que entrado el siglo XVIII, la figura del regidor en los ayuntamientos españoles se encontraba en manos de las oligarquías locales, afectos al Régimen absolutista; por ello, se empezaron a introducir una serie de reformas que
limitaban su actuación, a la vez que se mejoraba la participación de los vecinos en los asuntos municipales, especialmente en lo relativo a los abastos y mercancías marítimas. Es aquí cuando se implantan dos figuras: los llamados Diputados del
Común, cuya función era vigilar los abastos, así como el buen funcionamiento de los Ayuntamientos; y los Síndicos Personeros del Común, cuyo oficio principal era el de defender los intereses del 'común', es decir, de los vecinos del municipio.
Figuras que se crean con la publicación, por parte de Carlos III, del Real auto acordado promulgado el día 5 de mayo, así como con la posterior Instrucción de 26 de junio de 1766, en la que se fijaba, además de la creación de dichas figuras,
cuál debía de ser la normativa para aplicar en su procedimiento de elección.
Tal y como se detalla en distintos estudios publicados [para todos: Arbelo García (2020) y Hernández Bravo de Laguna (2020)], el número a elegir dependía del tamaño del municipio. Así, en municipios con más de dos mil vecinos, se podían
designar cuatro Diputados del Común y un Síndico Personero; mientras que, en municipios de menos de dos mil vecinos, corresponderían dos Diputados y un Personero.
La elección de estos cargos comenzó a celebrarse en 1766. La gran novedad radicó en su sistema electoral: tenía derecho de sufragio cualquier varón del municipio, mayor de edad, secular y contribuyente (que, a todos los efectos, eran los
vecinos del municipio), con excepción de las mujeres, clérigos, frailes, personas consideradas locas o personas con discapacidad (ciegos y mudos).
Como es evidente, estas nuevas figuras no fueron aceptadas por las oligarquías locales, ya que veían amenazada su capacidad de poder e influencia en el territorio, de ahí que comenzasen las disputas entre los regidores perpetuos (designados
y depuestos por la propia Corona, a través de los Gobernadores) y estas nuevas figuras que defendían los intereses del pueblo.
La isla de realengo de La Palma no fue ajena a estas disputas políticas. Las primeras elecciones para cubrir los nuevos oficios se celebraron el 27 de julio de 1766, siendo Anselmo Pérez de Brito uno de los dos diputados del común elegidos.
Seis meses después sería elegido síndico personero el irlandés Dionisio O'Daly.
Dos personas que, gracias a su gran apoyo popular, comenzaron una actividad intensa en defensa de los intereses del pueblo palmero y sus continuas denuncias sobre la mala administración y corrupción municipal por parte de los regidores
perpetuos en la isla.
Este enfrentamiento propició que Dionisio O'Daly. fuese destituido, hasta en dos ocasiones, de su cargo como síndico personero. Caso que fue elevado al Consejo de Castilla. Allí, junto a Anselmo Pérez de Brito, que ejerció como abogado
del irlandés, O'Daly presentó un dossier en el que denunciaba las malas prácticas en la gestión por parte de los regidores perpetuos. El 3 de diciembre de 1771 el Consejo de Castilla falló a favor de O'Daly, suprimiendo de manera temporal la figura
de los regidores perpetuos y sustituyéndolas por regidurías bienales, que pasarían a ser electivas. Desde ese momento, estas tres figuras (Regidores bienales, Diputados y Personeros del Común) se elegirían mediante sufragio censitario masculino.
Una decisión que se adoptó únicamente y de forma excepcional a la isla de La Palma.
El llamado Pleito de los Regidores perpetuos supuso una victoria con una enorme trascendencia política y social por parte de la burguesía palmera. Este suceso, ocurrido dieciséis años antes de la Revolución francesa y treinta y nueve años
antes de las Cortes de Cádiz, puso de manifiesto que el Antiguo Régimen ya mostraba síntomas de agotamiento y que las ideas liberales ya comenzaban a calar en la sociedad.
Un hito que supuso la celebración de las primeras elecciones mediante sufragio censitario en nuestro país y que marcaría el posterior trayecto del voto censitario en el resto de España, hasta que no se adoptara el sufragio universal
masculino con la Constitución de 1869.
Un hecho, en definitiva, que debe ser conocido y reconocido por su relevancia histórica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'El Senado, en el marco de la conmemoración del 253.º aniversario de la sentencia del Consejo Supremo de Castilla, de 3 de diciembre de 1771, por la que se instituyó en la isla de La Palma el primer gobierno local español en elegir a sus
cargos municipales mediante sufragio censitario, muestra su reconocimiento a las figuras de Dionisio O'Daly y Anselmo Pérez de Brito, impulsores de unos acontecimientos con una gran relevancia histórica para la isla de La Palma.
El Senado, asimismo, reconoce y valora el papel del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como escenario del acontecimiento, así como su papel en la conmemoración del 253.º aniversario e insta al Gobierno a:
1. Distinguir y reconocer el papel histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en los términos de la moción, de manera que exista un espacio permanente para el reconocimiento de este fin.
2. Incluir en las etapas educativas que correspondan estos hechos históricos como parte del currículum docente.'
Palacio del Senado, 1 de junio de 2026. -Kilian Sánchez San Juan, Senador.-Alfonso Gil Invernón, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
661/002116 (S)
161/003544 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Moción relativa a la revisión del régimen de tacógrafo y descansos en el transporte insular por carretera.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 5 de junio de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción relativa a la revisión del régimen de tacógrafo y descansos en el transporte
insular por carretera, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
El Reglamento (CE) n.º 561/2006 establece en su artículo 13.1, letra e), en su redacción vigente, la posibilidad de que cada Estado miembro conceda excepciones respecto de tripulación, tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso
establecidos en el citado Reglamento, y subordinar dichas excepciones a condiciones individuales en lo que se refiere a su territorio, en relación con los transportes efectuados mediante vehículos que circulen exclusivamente en islas cuya superficie
no supere los 2.300 kilómetros cuadrados y que no estén unidas al resto del territorio nacional por ningún puente, vado o túnel abierto a los vehículos de motor. Esta previsión se concibe, de acuerdo con el propio Reglamento, siempre que no se vean
comprometidos los objetivos de mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad vial.
De acuerdo con el citado artículo, en España se ha eximido del uso del tacógrafo a territorios insulares con una superficie de 250 kilómetros cuadrados, en lugar de los 2.300 que prevé la norma comunitaria, abarcando únicamente a la isla de
Formentera, y teniendo en cuenta que otras islas de reducida extensión como La Palma (708,32 km²), El Hierro (268,71 km²), Ibiza (aprox. 572 km²) o Menorca (aprox. 701 km²) no quedan amparados por dicha exención. En la práctica, esta
configuración normativa genera un tratamiento diferenciado entre territorios insulares que comparten rasgos estructurales, como la limitada extensión territorial, la inexistencia de itinerarios de largo recorrido y la concentración de la operativa
del transporte en trayectos breves y repetitivos.
Sin perjuicio de lo anterior, en las islas cuyo territorio no supera los 2.300 kilómetros cuadrados, existen una serie de flexibilidades a las reglas generales del Reglamento (CE) n.º 561/2006. Así se establece en el Real Decreto 1082/2014,
de 19 de diciembre, por el que se establecen especialidades para la aplicación de las normas sobre tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera desarrollado en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados. Dicha
norma parte precisamente de la singularidad operativa del transporte insular y articula especialidades para las islas de superficie superior a 250 km² y hasta 2.300 km², con el objetivo de mantener el equilibrio entre control, condiciones laborales
y seguridad vial, incorporando además el criterio técnico del sector a través de los órganos consultivos competentes.
Desde los territorios insulares se ha reclamado durante los últimos años que la implantación del uso del tacógrafo en islas de pequeña extensión puede ser una medida desproporcionada en la medida en que el tiempo para recorrerlas por
completo es escaso. Hay que tener en cuenta que uno de los factores que hacen aumentar las probabilidades de sufrir accidentes en la carretera es el hecho de que el conductor profesional realice períodos de conducción excesivamente largos, lo que
no necesariamente ocurre en estos casos. Asimismo, el volumen de tráfico en estas islas es reducido. A ello se suma que, en la operativa insular, parte del transporte profesional se concentra en labores de distribución capilar, servicios
esenciales y logística de última milla, con tiempos de conducción fragmentados y con pausas naturales derivadas de la propia actividad, lo que aconseja evaluar con precisión la proporcionalidad del régimen aplicable, preservando en todo caso los
estándares de seguridad.
Por tanto, se estima oportuno estudiar si procede modificar las medidas de flexibilización actuales, incluyendo la posibilidad de incrementar la superficie de los territorios insulares exentos, de tal manera que otras islas puedan acogerse a
las excepciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por
carretera. Este análisis debe contemplar, con base técnica y evidencia, el impacto en la seguridad vial, en las condiciones de trabajo y en la carga administrativa para pymes y autónomos del transporte que operan exclusivamente en el ámbito
insular, así como la coherencia del sistema con las singularidades geográficas y logísticas propias del hecho insular.
Asimismo, y con el fin de obtener el criterio del sector, se considera adecuado someter dicho estudio a informe del Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), órgano superior de asesoramiento y consulta en asuntos relacionados con el
sistema de transporte terrestre en España, y que cuenta con representación de todos los agentes interesados en la materia, incluyendo a las principales asociaciones de transportistas y a los sindicatos. De igual modo, resulta aconsejable incorporar
al proceso de análisis la perspectiva de las administraciones insulares y autonómicas competentes, en la medida en que la movilidad y el abastecimiento en las islas se vinculan de forma directa con la cohesión social y territorial, objetivo central
de esta Comisión Mixta.
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, viene reforzando las políticas de seguridad en el transporte por carretera, la inspección y el cumplimiento normativo, al tiempo que impulsa una
movilidad más eficiente y sostenible. Precisamente por ello, abordar con rigor técnico la proporcionalidad del régimen de tacógrafo y tiempos de conducción en determinados entornos insulares permite compatibilizar la finalidad de control y
seguridad con la realidad operativa de las islas, evitando cargas innecesarias allí donde no aporten valor añadido equivalente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno a que, en el plazo de nueve meses desde la aprobación de esta moción, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleve a cabo un estudio para determinar la idoneidad de revisar,
en el ámbito del transporte por carretera desarrollado exclusivamente en territorios insulares, el régimen de excepciones y especialidades aplicables a las normas sobre tiempos de conducción y descanso y al uso del tacógrafo, de acuerdo con el
artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 561/2006, valorando especialmente la eventual actualización de las excepciones previstas en el Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, y su coherencia con las especialidades recogidas en el Real Decreto 1082/2014,
de 19 de diciembre, y sometiendo dicho estudio a informe del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.'
Palacio del Senado, 3 de junio de 2026.-José Francisco Hila Vargas, Senador.-Alfonso Gil Invernón, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
661/002119 (S)
161/003545 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Moción para impulsar la realización de un estudio específico sobre la incidencia de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 5 de junio de 2026.- P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción para impulsar la realización de un estudio específico sobre la incidencia de la
violencia de género en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
La estadística judicial sobre violencia de género correspondiente al año 2025, elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, ha vuelto a poner de manifiesto que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears presenta cifras especialmente
elevadas en buena parte de los indicadores que recoge dicho estudio.
De acuerdo con dicha estadística, Illes Balears registró en 2025 una tasa de 641,1 denuncias por cada 100.000 habitantes, frente a una media estatal de 416,1, situándose a la cabeza de todas las comunidades autónomas. Este dato refleja solo
una parte de la violencia sufrida por muchas mujeres en las islas y confirma la necesidad de analizar con mayor profundidad las causas que explican esta incidencia diferencial.
Un año más, Baleares encabeza la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, cuya media nacional está situada en 74 y en las islas se incrementa hasta las 115,8. No es un dato nuevo, desgraciadamente, pues el archipiélago ha estado
tradicionalmente a la cabeza en este indicador, como lo reflejan las estadísticas de los últimos años.
No son cifras aisladas. Las islas tienen la mayor tasa de enjuiciados por 100.000 habitantes y presentan también una elevada incidencia en materia de órdenes y
medidas de protección incoadas, además de cifras muy preocupantes en cuanto a número de sentencias condenatorias y casos en los que la mujer víctima renuncia a declarar.
Todas estas cifras no deben quedar de manera exclusiva en el ámbito de la estadística. Están llamando la atención sobre un problema estructural, de calado, que afecta con una especial incidencia a la sociedad y a las mujeres de las Illes
Balears.
Entender por qué las estadísticas son especialmente preocupantes en las islas puede ser de enorme interés no solo para orientar mejor las políticas públicas en las islas, también para evitar que otros territorios puedan escalar hacia datos
tan preocupantes como los de Baleares.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que, tal como indica el Ministerio del Interior, todos estos datos podrían también indicar una mayor sensibilización y predisposición de las mujeres víctimas y las personas de su entorno para
denunciar.
El archipiélago presenta particularidades geográficas y sociales que pueden estar en el origen de estos números. Desde la discontinuidad territorial hasta la elevada presión turística o las dificultades de acceso a una vivienda pueden ser
factores que alteren, de alguna manera, las medias nacionales. A pesar de ello, apenas contamos con informes académicos o estudios que nos puedan desvelar el porqué de esta mayor tasa de violencia contra las mujeres en las Illes Balears.
La insularidad no puede ser analizada únicamente como una circunstancia geográfica, porque condiciona de forma material el acceso a servicios públicos, la movilidad, la vivienda, la estructura del mercado laboral, la disponibilidad de
recursos especializados y la respuesta institucional ante situaciones de vulnerabilidad. En una materia tan sensible como la violencia de género, conocer si estos factores inciden en la denuncia, en la protección, en la atención integral o en la
continuidad de los procesos judiciales resulta imprescindible para mejorar la eficacia de las políticas públicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno a:
1. Impulsar la realización de un estudio específico que permita analizar la violencia de género en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, con el fin de mejorar la respuesta institucional y las políticas públicas de prevención y
atención.
2. Invitar a participar en el diseño de la metodología y realización del estudio al Govern de les Illes Balears y al Institut Balear de la Dona, así como a la Universitat de les Illes Balears o cualquier otra institución o entidad cuya
colaboración o aportación pueda resultar de interés.
3. Difundir los resultados del estudio, tenerlos en cuenta a la hora de plantear las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres y, en consecuencia, adoptar medidas en todos los ámbitos pertinentes para promover la
igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia machista.'
Palacio del Senado, 4 de junio de 2026.-José Francisco Hila Vargas y Pere Joan Pons Sampietro, Senadores.-Alfonso Gil Invernón, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
661/002133 (S)
161/003554 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Moción relativa a la implantación del cribado poblacional del cáncer de cuello uterino en Canarias.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 9 de junio de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción relativa a la implantación del cribado poblacional del cáncer de cuello uterino en Canarias, para su
debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
El cáncer de cuello uterino o cáncer de cérvix constituye un importante problema de salud pública pese a tratarse de uno de los tumores con mayor capacidad de prevención mediante vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH),
detección precoz y tratamiento temprano de las lesiones precursoras.
Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se estima que en España se diagnosticarán alrededor de 2.760 nuevos casos de cáncer de cuello uterino en 2026. Asimismo, más de 700
mujeres fallecieron por esta causa en el último año con datos consolidados del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Virus del Papiloma Humano (VPH) constituye el principal factor causante del cáncer de cuello uterino. La evidencia científica internacional ha demostrado que la combinación de vacunación y cribado poblacional organizado permite reducir
significativamente la incidencia y mortalidad asociadas a esta enfermedad.
Por ello, el cribado poblacional del cáncer de cuello uterino forma parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, dentro de la estrategia estatal de detección precoz del cáncer aprobada en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Dicha estrategia establece la implantación progresiva de programas poblacionales organizados dirigidos a mujeres entre 25 y 65 años, con sistemas de invitación activa, seguimiento clínico, evaluación de resultados y criterios homogéneos de
calidad asistencial en todo el territorio nacional.
Las recomendaciones técnicas vigentes del Ministerio de Sanidad establecen un modelo de cribado diferenciado por grupos de edad, basado en citología cervical cada tres
años entre los 25 y los 34 años y en la detección del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-AR) cada cinco años entre los 35 y los 65 años.
El objetivo fundamental de este programa es reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino mediante la detección precoz de lesiones premalignas y cánceres en estadios iniciales.
Pese a que el cribado poblacional del cáncer de cuello uterino forma parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y de las estrategias estatales de detección precoz del cáncer, Canarias continúa sin haberlo
implantado.
En febrero de 2026, la Consejería de Sanidad anunció que el programa comenzaría a desarrollarse en el segundo semestre del año, con implantación progresiva por áreas de salud y una población diana estimada de 635.000 mujeres de entre 25 y 65
años.
La demora acumulada sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas más rezagadas en la implantación del cribado poblacional del cáncer de cuello uterino, generando una evidente desigualdad territorial en el acceso a programas preventivos
consolidados ya en buena parte del Sistema Nacional de Salud.
Esta situación resulta especialmente preocupante en una comunidad autónoma fragmentada territorialmente como Canarias, donde las desigualdades en el acceso a programas preventivos pueden afectar de manera más intensa a las mujeres residentes
en las islas no capitalinas y en determinadas áreas de salud.
La realidad insular de Canarias introduce, además, condicionantes específicos que deben ser tenidos en cuenta en la implantación efectiva de cualquier programa poblacional de prevención. La fragmentación territorial, la doble insularidad,
la dispersión de la población y la existencia de áreas con mayores dificultades de acceso pueden intensificar las desigualdades cuando los servicios preventivos no se despliegan con criterios de equidad territorial y accesibilidad real.
En los territorios insulares, la igualdad en el acceso a la prevención sanitaria exige una planificación especialmente cuidadosa, capaz de garantizar que la isla de residencia no determine la oportunidad de recibir una invitación, realizar
una prueba, completar un seguimiento o acceder a una respuesta diagnóstica en condiciones equivalentes. La insularidad no puede convertirse en un factor añadido de demora, discontinuidad o menor cobertura en políticas públicas dirigidas a proteger
la salud de las mujeres.
Canarias no puede seguir llegando tarde a un cáncer prevenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno a:
1. Reforzar, a través del Ministerio de Sanidad y en el marco de los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Salud, el seguimiento del grado de implantación, cobertura y evaluación del programa poblacional de cribado del cáncer
de cuello uterino en Canarias hasta alcanzar su plena implementación en todas las áreas de salud del archipiélago, prestando especial atención a las singularidades derivadas de la insularidad y la doble insularidad.
2. Promover la colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para que la implantación efectiva del cribado poblacional del cáncer de cérvix en Canarias se realice con criterios de equidad territorial y accesibilidad, evitando
desigualdades entre áreas de salud e islas, especialmente en las islas no capitalinas.
3. Reforzar, en coordinación con las administraciones competentes, las campañas de vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH), así como las campañas públicas de información y sensibilización sobre prevención y detección precoz del
cáncer de cuello uterino, procurando que lleguen de forma homogénea y accesible al conjunto de mujeres residentes en todas las islas del archipiélago.'
Palacio del Senado, 5 de junio de 2026.-Kilian Sánchez San Juan y Marta Arocha Correa, Senadores.-Alfonso Gil Invernón, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
661/002135 (S)
161/003555 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado
Moción sobre la falta de actuaciones de la Demarcación de Costas en Illes Balears.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 9 de junio de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, a la iniciativa de Dña. María Salom Coll, D. Martín Ángel Torres Valls, D. Miguel Ángel Jerez Juan, D. Cristóbal Marqués Palliser, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente moción, para su debate en la Comisión Mixta de Insularidad, sobre la falta de actuaciones de la Demarcación de Costas del Estado en las Islas Baleares.
En los últimos meses, distintos ayuntamientos de las Islas Baleares -especialmente los de Maó, Sant Lluís, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Es Castell, Palma de Mallorca o el Consell insular de Formentera- han denunciado públicamente una
situación que ya no puede considerarse puntual, sino estructural: el colapso funcional de la Demarcación de Costas del Estado en Baleares.
Los hechos recientes son especialmente ilustrativos:
- El Ayuntamiento de Maó ha advertido públicamente que la Demarcación de Costas genera un 'grave problema' a los municipios al no asumir actuaciones de su competencia y, al mismo tiempo, bloquear o retrasar autorizaciones necesarias,
obligando a los ayuntamientos a intervenir por su cuenta.
- Municipios como Sant Lluís o Es Migjorn Gran han tenido que actuar directamente sobre infraestructuras litorales tras diversos temporales ante la falta de respuesta del Estado.
- En Es Mercadal, el caso del puerto de Sanitja ha evidenciado un conflicto competencial entre administraciones que ha derivado incluso en la retirada de embarcaciones por ausencia de autorizaciones claras.
- En Es Castell, los nuevos procedimientos de delimitación impulsados por Costas afectan a numerosos vecinos de Cala Sant Esteve y Es Fonduco, núcleos históricamente considerados urbanos, habiendo anunciado ya el Ayuntamiento acciones
judiciales ante la Audiencia Nacional.
- El Govern de les Illes Balears ha denunciado que el Estado ha recaudado más de 3 millones de euros solo en Menorca entre 2023 y 2025 sin reinvertirlos en la conservación y mantenimiento del litoral de la isla.
- Asimismo, los procedimientos de deslinde y diversas decisiones administrativas están generando inseguridad jurídica, bloqueos urbanísticos y perjuicios económicos que afectan tanto a ciudadanos como a inversiones locales.
El actual modelo de gestión responde a una lógica excesivamente centralizada, lenta y alejada de la realidad insular, provocando confusión administrativa, conflictos competenciales y una evidente falta de eficacia en la respuesta pública.
Lo que sucede en Baleares no constituye únicamente un problema técnico, sino también político: el Estado mantiene competencias sobre el litoral, recauda importantes cantidades económicas derivadas de cánones y autorizaciones, pero no
garantiza ni inversiones suficientes ni una gestión ágil y eficaz.
Mientras tanto, ayuntamientos y Consells están asumiendo costes y responsabilidades impropias, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias en forma de degradación del litoral, deterioro del patrimonio histórico costero, servicios
deficientes e inseguridad jurídica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación de la Comisión Mixta de Insularidad la siguiente
Moción
'La Comisión de Comisión Mixta de Insularidad insta al Gobierno a:
1. Incrementar de manera urgente los recursos humanos, técnicos y administrativos de la Demarcación de Costas del Estado en Baleares, garantizando una capacidad de respuesta adecuada a la realidad insular, estableciendo plazos máximos y
vinculantes para la tramitación de autorizaciones, informes y expedientes de su competencia, y asumiendo directamente las obligaciones de mantenimiento, conservación e inversión que corresponden al Estado en el litoral menorquín, sin trasladar
costes impropios a los ayuntamientos.
2. Impulsar un plan extraordinario de inversiones estatales en el litoral de Baleares que contemple:
- Reparación de daños ocasionados por temporales.
- Gestión y recuperación de sistemas dunares.
- Mejora y mantenimiento de infraestructuras básicas como pasarelas, varaderos y accesos.
- Conservación y restauración del patrimonio histórico situado en dominio público marítimo-terrestre.
3. Implantar una ventanilla única efectiva para ciudadanos y administraciones locales, con el fin de simplificar trámites y evitar la actual dispersión burocrática y competencial.
4. Aprobar, mientras el Congreso de los Diputados no tramite la Proposición de Ley aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 para la salvaguarda de los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, una moratoria inmediata de
todos los procedimientos de deslinde actualmente en curso en el litoral de Baleares.
5. Suspender temporalmente las actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición promovidas por la Administración General del Estado que puedan implicar limitaciones o pérdida de derechos concesionales o de propiedad de ciudadanos
afectados por los actuales procedimientos de deslinde.'
Palacio del Senado, 8 de junio de 2026.-Alicia García Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
661/002139 (S)
161/003556 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Moción relativa a la democratización del acceso a la movilidad eléctrica mediante la electrificación de las calles en los territorios insulares.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 9 de junio de 2026.- P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción relativa a la democratización del acceso a la movilidad eléctrica mediante la
electrificación de las calles en los territorios insulares, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
La transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y menos dependiente de los combustibles fósiles constituye uno de los grandes retos de la presente década. La electrificación del transporte privado, tanto de coches como de
motocicletas, debe reducir emisiones, mejorar la calidad del aire, rebajar la dependencia energética exterior y avanzar hacia ciudades y municipios más saludables.
Esta transformación resulta urgente por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica energética de España y de Europa. La dependencia de combustibles fósiles importados encarece la movilidad cotidiana, aumenta la vulnerabilidad ante
crisis externas y condiciona la competitividad de los territorios, con una incidencia singular en los territorios insulares, donde el transporte, el abastecimiento y la energía soportan sobrecostes estructurales. El despliegue de renovables, unido
a la electrificación de la movilidad privada, es decisivo para un modelo energético más seguro, distribuido y sostenible.
España cuenta con un marco favorable. La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, incorpora la movilidad sin emisiones y los puntos de recarga como elementos de la acción pública. La Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible,
refuerza la planificación de infraestructuras e incorpora un Plan estatal para el despliegue de infraestructura pública
de recarga del vehículo eléctrico. El Real Decreto-ley 29/2021 adoptó medidas urgentes para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y las renovables. En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2023/1804 y la Directiva (UE) 2024/1275
refuerzan el despliegue de recarga accesible al público y la preparación del parque edificado.
El Gobierno ha venido impulsando esta transformación mediante programas como el MOVES III 2025, dotado inicialmente con 400 millones de euros, que contempla como subvencionables los sistemas de recarga para vehículos eléctricos, tanto de uso
público como privado. Esta línea debe profundizarse mediante programas específicos de electrificación de calles, barrios y espacios públicos urbanos, para que la movilidad eléctrica llegue también a quienes no disponen de garaje, vivienda
unifamiliar o cargador privado.
La cuestión tiene una dimensión social evidente. En muchas ciudades, municipios costeros, barrios densos y núcleos urbanos insulares, una parte importante de la ciudadanía estaciona su vehículo en la vía pública. Para esas personas, no
basta con ayudas a la compra si después no existe una posibilidad real, cercana, segura y asequible de recarga. La electrificación de la movilidad debe ser una política pública de igualdad, no un factor adicional de desigualdad territorial,
económica o residencial.
En Illes Balears y Canarias, la movilidad cotidiana depende en buena medida del vehículo privado, por la dispersión territorial, las limitaciones del transporte público, la presión turística, la estacionalidad y las particularidades de cada
isla. Al mismo tiempo, los territorios insulares soportan mayor dependencia energética exterior, costes superiores de abastecimiento, limitaciones de suelo y elevada presión sobre sus infraestructuras. Electrificar coches y motocicletas en las
islas es una medida de cohesión territorial, eficiencia energética, resiliencia económica y justicia social.
Por ello, resulta necesario impulsar un nuevo enfoque: electrificar las calles. Esto implica llevar la recarga a los barrios, a las calles donde aparcan los vecinos y vecinas, a los municipios turísticos, a los núcleos históricos, a las
zonas de vivienda plurifamiliar y a los espacios donde la ciudadanía no dispone de un cargador propio, superando una red concentrada únicamente en estaciones de servicio, centros comerciales o aparcamientos concretos.
La política comparada ofrece referencias útiles. En Reino Unido, el programa Local Electric Vehicle Infrastructure Fund se dirige a desplegar infraestructura local de recarga para residentes que no disponen de aparcamiento fuera de la
calle, y se han articulado ayudas para instalar canalizaciones seguras en aceras. En Londres se han desarrollado experiencias de cargadores integrados en farolas o junto a ellas. París ha impulsado una red pública con puntos para vehículos de dos
ruedas, mientras que Ámsterdam y Países Bajos han avanzado en mapas públicos de recarga, planificación anticipada y cooperación entre administraciones, operadores y agentes privados. También Nueva York ha orientado parte de la recarga en bordillo
hacia barrios con mayores necesidades, demostrando que la electrificación de la calle puede diseñarse con criterios de equidad social.
Estos ejemplos demuestran que la recarga pública de proximidad debe concebirse como una infraestructura urbana básica de la nueva movilidad. La vía pública, el alumbrado, el mobiliario urbano, los aparcamientos disuasorios, las
canalizaciones, los bolardos inteligentes, las marquesinas, los entornos portuarios y los espacios de centralidad municipal pueden convertirse en soporte físico de un modelo de recarga distribuida, ordenada, segura y compatible con el uso peatonal
del espacio público, la accesibilidad universal, la sombra, el arbolado y la calidad ambiental de calles y barrios.
La necesidad de vivienda añade una dimensión adicional. España debe construir más vivienda asequible y nuevos barrios capaces de responder a la demanda residencial de los próximos años. Esa planificación urbana no puede reproducir esquemas
del pasado. Los nuevos desarrollos residenciales, especialmente en territorios insulares, deben diseñarse desde el origen con una mirada energética, climática y de movilidad: calles preparadas para la recarga eléctrica, aparcamientos públicos o
comunitarios electrificados,
preinstalaciones suficientes, redes inteligentes, integración con renovables, soluciones para motos eléctricas, arbolado, sombra, suelos permeables y sistemas urbanos de drenaje sostenible, de forma que cualquier vecino pueda cargar su
vehículo aunque no disponga de aparcamiento privado.
Del mismo modo que una calle nueva se proyecta con agua, saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones o accesibilidad peatonal, las calles del futuro deben proyectarse también con capacidad de recarga eléctrica. En los territorios insulares,
las islas pueden convertirse en laboratorios avanzados de electrificación urbana, vinculando recarga, renovables, almacenamiento, puertos, aparcamientos disuasorios y zonas de bajas emisiones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando, en cooperación con las comunidades autónomas, cabildos, consells insulares y entidades locales, una línea estatal específica de ayudas para la electrificación de calles, barrios y espacios públicos urbanos,
orientada al despliegue de infraestructura de recarga eléctrica de proximidad para coches y motocicletas, con especial atención a los territorios insulares, los municipios turísticos, los núcleos residenciales densos y las zonas donde la ciudadanía
no dispone de plaza de garaje o cargador privado.
2. Promover proyectos piloto en Illes Balears y Canarias para el desarrollo de sistemas alternativos de recarga en vía pública, incluyendo cargadores integrados en farolas, bolardos inteligentes, puntos compactos de baja o media potencia,
canalizaciones seguras en aceras, aparcamientos disuasorios electrificados, puntos específicos para motos eléctricas y soluciones vinculadas a energías renovables, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda.
3. Incorporar la electrificación de la movilidad privada como criterio de planificación en los nuevos barrios, desarrollos residenciales y actuaciones de regeneración urbana, promoviendo que estas intervenciones contemplen desde su diseño
inicial la preinstalación, reserva de espacios, canalizaciones, redes inteligentes y puntos de recarga suficientes, de manera compatible con el arbolado urbano, la creación de sombra, la accesibilidad peatonal, la permeabilidad del suelo, los
sistemas urbanos de drenaje sostenible y la calidad del espacio público.
4. Elaborar, junto con las administraciones competentes y el sector técnico, recomendaciones comunes para implantar recarga eléctrica en la vía pública con criterios de seguridad, accesibilidad, interoperabilidad, integración urbana,
protección peatonal, arbolado, sombra, drenaje sostenible, mantenimiento, datos abiertos, justicia social y cohesión territorial.'
Palacio del Senado, 8 de junio de 2026.-Alfonso Gil Invernón, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
661/002140 (S)
161/003557 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Moción relativa al impulso de la renaturalización urbana, la construcción industrializada sostenible y los nuevos barrios del futuro en los territorios insulares.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 9 de junio de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción relativa al impulso de la renaturalización urbana, la construcción industrializada
sostenible y los nuevos barrios del futuro en los territorios insulares, para su debate en la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
La evolución arquitectónica y urbanística de nuestras ciudades refleja la evolución de la propia sociedad. Durante siglos, la ciudad mediterránea se construyó sobre la proximidad, la mezcla de usos, la escala humana y una integración
razonable con el territorio. Las plazas, los patios, las calles arboladas y la presencia del paisaje formaban parte de una manera de habitar vinculada a las condiciones climáticas y culturales de cada lugar.
Desde 2019, la Agenda Urbana Española ha apostado, en su consideración de Política Nacional Urbana, por seguir trabajando en este sentido y hacerlo de una manera transversal e integrada. Así, en su diagnóstico, la Agenda Urbana describe
como con el desarrollo urbano acelerado de las últimas décadas, parte de esa lógica fue sustituida por modelos más extensivos, dependientes del vehículo privado, impermeabilizados y menos atentos a la relación entre vivienda, barrio, naturaleza y
paisaje. Este proceso dio lugar a entornos con déficit de sombra, escasa vegetación y espacios públicos poco habitables en los meses de calor, agravando la temperatura urbana y reduciendo la biodiversidad, que representan un problema ante los
efectos del cambio climático.
La emergencia climática, el encarecimiento de la vivienda, la falta de suelo, la escasez de mano de obra y la necesidad de proteger el paisaje obligan a revisar esa mirada. Las ciudades del futuro no pueden limitarse a construir más
viviendas con los mismos patrones que han contribuido a agravar parte de los problemas actuales. Deben construir mejor, con criterios de sostenibilidad real, materiales más eficientes, procesos más rápidos e innovadores y una concepción del barrio
como espacio de vida, salud y resiliencia climática.
Esta reflexión adquiere una dimensión especialmente relevante en los territorios insulares. En Illes Balears y Canarias, la insularidad condiciona la disponibilidad de suelo, el coste de los materiales, la gestión del agua, la energía, los
residuos, la
movilidad, la conectividad, la protección del litoral, la conservación del paisaje y el acceso efectivo a una vivienda digna. Cada nuevo desarrollo residencial tiene un impacto más intenso que en otros territorios, porque el suelo es
limitado, los ecosistemas son más frágiles y el paisaje constituye un activo ambiental, cultural, económico e identitario de primer orden.
En este contexto, el derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución debe hacerse compatible con el mandato constitucional de proteger el medio ambiente. La respuesta a la crisis habitacional no puede consistir
únicamente en incrementar la oferta residencial, aunque ese incremento sea imprescindible. Debe orientarse hacia barrios más verdes, eficientes, saludables, adaptados al clima y mejor integrados en el paisaje insular.
La normativa europea y española ya apunta en esta dirección. El Reglamento europeo de restauración de la naturaleza reconoce la importancia de los ecosistemas urbanos y establece obligaciones sobre espacio verde y cubierta arbórea. La Ley
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, refuerza la perspectiva climática en la planificación territorial, urbanística, edificatoria y de infraestructuras y la propia Agenda Urbana Española ofrece una hoja de ruta para
ordenar el territorio, hacer un uso racional del suelo, mejorar la resiliencia y garantizar el acceso a la vivienda, con la que ya trabajan más de 500 Entidades Locales en toda España.
El Gobierno ha situado la vivienda como una prioridad central de su acción política y ha impulsado medidas dirigidas a ampliar el parque de vivienda asequible, reforzar la financiación pública, movilizar suelo y transformar el modelo
constructivo. En este marco, el PERTE de la industrialización de la vivienda contempla una inversión pública de 1.300 millones de euros a diez años para incrementar el ritmo de producción de vivienda industrializada, reducir plazos, mejorar la
calidad y favorecer una construcción más sostenible.
La industrialización de la vivienda, la construcción modular, la digitalización de procesos, la impresión 3D, el uso de madera técnica y de otros materiales biobasados, reciclados o de menor huella ambiental pueden reducir tiempos de
ejecución, mejorar el control de calidad, disminuir residuos de obra, rebajar costes cuando existe escala suficiente, hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada y avanzar hacia edificios con mejores prestaciones energéticas, siempre con
pleno cumplimiento de las exigencias de seguridad, durabilidad y protección frente al fuego.
La política comparada ofrece ejemplos útiles. Ámsterdam ha impulsado un pacto público-privado para aumentar la construcción residencial en madera y materiales biobasados; Finlandia cuenta con un programa estatal de construcción en madera;
Suecia tiene en Växjö una referencia europea de ciudad de madera, y Francia ha incorporado, a través de la regulación ambiental RE2020, un enfoque de ciclo de vida que impulsa materiales bajos en carbono. Estos casos muestran una tendencia clara:
utilizar la vivienda pública, la planificación, la contratación y la innovación industrial para reducir plazos y abrir nuevas oportunidades de acceso a la vivienda.
España cuenta también con experiencias relevantes. En Barcelona y Cornellà de Llobregat se han desarrollado proyectos de vivienda colectiva y vivienda pública con estructura de madera contralaminada. En Illes Balears, el Instituto Balear
de la Vivienda ha promovido 48 viviendas de protección pública en Magaluf, Calvià, con estructura de madera contralaminada, y 38 viviendas sociales en Palma que combinan bloques de tierra comprimida con forjados de madera prefabricados, conectando
vivienda asequible, materiales de proximidad, eficiencia y adaptación al clima.
También la impresión 3D aplicada a la edificación empieza a ofrecer experiencias de interés en España. En la Comunitat Valenciana, desde el entorno de la Universitat Politècnica de València, se presentó en 2018 la primera casa de España
construida in situ con una impresora 3D. En Canarias, se ha validado una casa modelo construida con hormigón 3D y en Agüimes se ha impulsado un edificio impreso en 3D con aval técnico. Estas experiencias muestran que la innovación tecnológica
puede formar parte de una estrategia más amplia de industrialización y modernización del sector.
En los territorios insulares, estas soluciones adquieren un valor añadido. La construcción industrializada puede optimizar la logística, limitar los impactos de obra, acortar los plazos de entrega y facilitar promociones de vivienda
asequible en contextos donde los sobrecostes derivados de la insularidad dificultan la respuesta pública y privada a la demanda residencial.
Por todo ello, resulta necesario vincular de manera expresa la política de vivienda, la industrialización de la construcción y la renaturalización urbana que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades. Los nuevos
barrios que deban construirse en Illes Balears y Canarias deben ser una oportunidad para ensayar un nuevo modelo: barrios con arbolado suficiente, sombra, cubiertas verdes, suelos permeables, drenaje urbano sostenible, especies autóctonas adaptadas
al clima, ahorro y reutilización de agua, espacios públicos de proximidad, movilidad peatonal y ciclista, integración paisajística y mezcla de usos que facilite la vida cotidiana.
También la Nueva Bauhaus Europea resume bien esta orientación al proponer una transición verde que sea sostenible, inclusiva y bella. Esta idea tiene pleno sentido en las islas, donde la vivienda del futuro no puede ser ajena al paisaje, a
la identidad arquitectónica, a la fragilidad ambiental ni a las condiciones materiales de la insularidad. Los nuevos desarrollos residenciales deben responder a los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española y anticipar barrios más
frescos, verdes, próximos, eficientes, asequibles y humanos, concebidos como una red de infraestructura verde y azul, con arbolado bien planificado, suelos permeables, drenaje sostenible, cubiertas y fachadas vegetales cuando sean viables, espacios
de encuentro y una gestión posterior que garantice su mantenimiento e integración en la vida cotidiana.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno, en coordinación con las administraciones competentes, a:
1. Impulsar, en el marco de la Agenda Urbana Española, de la política estatal de vivienda y de los instrumentos de cooperación con comunidades autónomas, cabildos, consells insulars y entidades locales, la incorporación de criterios de
renaturalización urbana en los nuevos desarrollos residenciales de los territorios insulares, con especial atención al aumento del arbolado, la creación de sombra, la permeabilidad del suelo, la infraestructura verde y azul, los sistemas urbanos de
drenaje sostenible, la biodiversidad, el ahorro de agua, la movilidad de proximidad y la integración paisajística.
2. Reforzar el despliegue del PERTE de la industrialización de la vivienda y de los programas estatales de financiación de vivienda asequible, promoviendo que los proyectos desarrollados en Illes Balears y Canarias puedan incorporar
fórmulas de construcción industrializada, modular, digitalizada e innovadora, incluyendo la producción en fábrica, la impresión 3D cuando sea técnica y económicamente viable, la madera técnica certificada y otros materiales sostenibles, biobasados,
reciclados o de proximidad, siempre con pleno cumplimiento de las exigencias de seguridad, calidad, eficiencia energética, durabilidad y protección frente al fuego.
3. Promover proyectos piloto de nuevos barrios o promociones de vivienda asequible en territorios insulares que integren vivienda industrializada, soluciones basadas en la naturaleza, espacios públicos renaturalizados, eficiencia
energética, protección del paisaje, adaptación al cambio climático y reducción de plazos y costes, procurando que las mejoras de productividad derivadas de la innovación constructiva reviertan prioritariamente en el acceso de la ciudadanía a una
vivienda digna, tanto en régimen de alquiler como de compra.
4. Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las comunidades autónomas
insulares, los cabildos, los consells insulars, la FEMP, el sector de la construcción, los colegios profesionales y las universidades, una guía práctica y técnica de recomendaciones para nuevos barrios renaturalizados en territorios
insulares, con criterios sobre paisaje, agua, energía, materiales, biodiversidad, sombra, infraestructura verde y azul, drenaje sostenible, cubiertas y fachadas verdes, huertos urbanos cuando resulten viables, industrialización, madera técnica
certificada, impresión 3D, mantenimiento, seguimiento, participación ciudadana y formación profesional.'
Palacio del Senado, 8 de junio de 2026.-Alfonso Gil Invernón, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
181/001846 (CD)
683/000448 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Sánchez García, José María (GVOX)
Flores Juberías, Carlos (GVOX)
Previsiones de aprobar en esta legislatura el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Sánchez García y Carlos Flores Juberías, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
¿Se propone el Gobierno que se apruebe en esta legislatura el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de
comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.-José María Sánchez García y Carlos Flores Juberías, Diputados.
181/001863 (CD)
683/000449 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Conde López, Francisco José (GP)
Marcos Ortega, Milagros (GP)
Fabra Part, Alberto (GP)
Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP)
Agüera Gago, Cristina (GP)
Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)
Capacidad técnica y criterios de selección, transparencia y fiscalización independiente con los que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) piensa gestionar las inversiones tecnológicas del Fondo España Crece
procedentes del Plan de Recuperación.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Francisco Conde López, Milagros Marcos Ortega, Alberto Fabra Part, María Eugenia Carballedo Berlanga, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Carlos Floriano Corrales y Pedro Ignacio Gallardo
Barrena, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Con qué capacidad técnica y bajo qué criterios de selección, transparencia y fiscalización independiente piensa gestionar la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) las inversiones tecnológicas del Fondo España Crece
procedentes del Plan de Recuperación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.-Francisco José Conde López, Milagros Marcos Ortega, Alberto Fabra Part, María Eugenia Carballedo Berlanga, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Cristina Agüera Gago, Jimena
Delgado-Taramona Hernández, Carlos Javier Floriano Corrales y Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Diputados.
181/001864 (CD)
683/000450 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Bravo Baena, Juan (GP)
Conde López, Francisco José (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Fabra Part, Alberto (GP)
Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP)
Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Medidas que tiene previsto implementar el Gobierno para aplicar una verdadera política de prevención, coordinación territorial y aprovechamiento eficaz de los fondos europeos, en línea con la nueva orientación de la Unión Europea sobre
gestión integrada del riesgo de incendios forestales.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Milagros Marcos Ortega, Juan Bravo Baena, Francisco Conde López, Jaime de Olano Vela, Alberto Fabra Part, Elvira Rodríguez Herrer, María Eugenia Carballedo Berlanga, Jimena Delgado-Taramona Hernández e Irene Garrido Valenzuela, Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué medidas tiene previsto implementar el Gobierno para aplicar una verdadera política de prevención, coordinación territorial y aprovechamiento eficaz de los fondos europeos, en línea con la nueva orientación de la Unión Europea sobre
gestión integrada del riesgo de incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.-Milagros Marcos Ortega, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Alberto Fabra Part, Elvira Rodríguez Herrer, María Eugenia Carballedo Berlanga,
Jimena Delgado-Taramona Hernández e Irene Garrido Valenzuela, Diputados.