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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 242, de 21/05/2026
cve: BOCG-15-CG-A-242
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XV LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
21 de mayo de 2026
Núm. 242
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/003420 (CD)
663/000244 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de los estándares de calidad del agua en la Unión Europea y su impacto en España ...
161/003421 (CD)
663/000245 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones ... (Página6)
161/003438 (CD)
663/000246 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo de la alternativa al Marco Financiero Plurianual (MFP) aprobada por el Parlamento Europeo sobre la PAC ...
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
161/003403 (CD)
663/000240 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al abordaje de las adicciones en el ámbito laboral y al impulso de estrategias de prevención, detección precoz y reintegración en el
puesto de trabajo ... (Página11)
161/003404 (CD)
663/000241 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modernización de los sistemas de información en materia de adicciones en España ... (Página13)
161/003405 (CD)
663/000242 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al uso saludable de las tecnologías digitales y a la construcción de un entorno digital óptimo para la infancia y la adolescencia
... (Página15)
161/003419 (CD)
663/000243 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las mujeres jugadoras activas online en todo el territorio nacional ...
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/003341 (CD)
663/000239 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para incrementar la oferta de vivienda ... (Página19)
Comisión Mixta sobre Insularidad
661/002017 (S)
161/003433 (CD);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa I Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai), relativa a la reorientación de los planes de movilidad
urbana en territorios insulares hacia modelos disuasorios de tráfico y sostenibilidad ambiental ... (Página21)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
681/000762 (S)
181/001781 (CD);Pregunta formulada por el Senador Joan Josep Queralt Jiménez (SGPERB), sobre fecha prevista por el Gobierno para adaptar la legislación sobre vigilancia secreta, inteligencia y uso de programas espía a las garantías exigidas
por la Comisión de Venecia y por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ... (Página23)
181/001807 (CD)
683/000413 (S);Pregunta formulada por los Diputados Milagros Marcos Ortega (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Conde López, Francisco José (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Rodríguez Herrer, María Elvira (GP),
Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP), Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP) y Garrido Valenzuela, Irene (GP), sobre posibilidad de garantizar, por el Gobierno, la ejecución del 100% de los fondos Next Generation ...
181/001808 (CD)
683/000414 (S);Pregunta formulada por los Diputados Milagros Marcos Ortega (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Conde López, Francisco José (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Rodríguez Herrer, María Elvira (GP),
Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP), Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP) y Garrido Valenzuela, Irene (GP), sobre cuantía que han recibido realmente los beneficiarios finales de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en términos de contabilidad nacional (ejecución real) y porcentaje de dicha ejecución que se ha asignado a entidades u organismos públicos así como a empresas del sector privado ... (Página25)
181/001809 (CD)
683/000415 (S);Pregunta formulada por los Diputados Milagros Marcos Ortega (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Conde López, Francisco José (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Agüera Gago,
Cristina (GP), Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP), Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP) y Rodríguez Herrer, María Elvira (GP), sobre motivo de que la Comisión Europea haya abierto expediente al Reino de
España por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres ... (Página26)
Comisión Mixta de Seguridad Nacional
681/000759 (S)
181/001778 (CD);Pregunta formulada por el Senador José Antonio Monago Terraza (SGPP), sobre evaluación que ha hecho el Gobierno del deterioro de Mali y del avance de la influencia rusa en el Sahel para la seguridad nacional de España y para
el flanco sur europeo ... (Página27)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/003420 (CD) 663/000244 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la actualización de los estándares de calidad del agua en la Unión Europea y su impacto en España.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, así como que la previsión contemplada en el punto 2
procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de los
estándares de calidad del agua en la Unión Europea y su impacto en España, para su debate en la Comisión Mixta para la UE.
Exposición de motivos
La Unión Europea está reforzando su marco normativo para proteger un recurso esencial para la sociedad y la actividad económica: el agua.
En los últimos años se ha impulsado una actualización de la normativa comunitaria en materia de calidad del agua con el objetivo de mejorar la protección de las aguas superficiales y subterráneas frente a contaminantes emergentes. Entre las
principales novedades destaca la incorporación de nuevos límites para determinadas sustancias químicas, en particular las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como 'químicos eternos' debido a su elevada
persistencia en el medio ambiente.
Las PFAS constituyen una familia de más de 10.000 compuestos químicos caracterizados por su gran estabilidad, su capacidad de movilidad en el medio ambiente y su potencial de bioacumulación. Estas sustancias se utilizan ampliamente en
múltiples
productos y procesos industriales, entre ellos revestimientos antiadherentes en utensilios de cocina, textiles impermeables, envases alimentarios, espumas contra incendios, cosméticos o determinados dispositivos médicos.
La creciente evidencia científica ha puesto de manifiesto que algunos de estos compuestos pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y los ecosistemas. Diversos estudios han asociado determinados PFAS con posibles efectos
carcinogénicos, alteraciones endocrinas y toxicidad reproductiva, además de su acumulación en organismos vivos y su presencia generalizada en agua potable, suelos y alimentos.
Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación por PFAS afecta ya a una parte significativa de las masas de agua europeas. Se estima que entre el 51 % y el 60 % de los ríos presentan niveles superiores a los
recomendados, así como entre el 11 % y el 35 % de los lagos, alcanzando en algunos casos hasta el 100 % en determinadas aguas costeras o de transición.
La elevada persistencia de estas sustancias implica que su eliminación una vez liberadas resulta técnicamente compleja y económicamente costosa, lo que ha llevado a la Unión Europea a priorizar cada vez más las estrategias de prevención en
origen frente a las actuaciones de descontaminación posteriores.
En este contexto, el Parlamento Europeo ha aprobado la actualización de las listas de contaminantes en el marco de la Directiva Marco del Agua y de la normativa sobre aguas subterráneas, incorporando nuevos contaminantes prioritarios como
los PFAS, determinados fármacos, bisfenoles o pesticidas. Asimismo, la Directiva de Agua Potable (Directiva 2020/2184) establece requisitos adicionales para el control de estos contaminantes en el agua destinada al consumo humano.
Distintos análisis subrayan la importancia de actuar de forma temprana. El informe 'Socio-economic analysis of PFAS restrictions', elaborado por Trinomios, WSP y Ricardo, estima que el coste de no actuar frente a la contaminación por PFAS
podría alcanzar hasta 440.000 millones de euros en la Unión Europea hasta el año 2050, teniendo en cuenta los efectos sanitarios, ambientales y económicos asociados a la exposición continuada a estas sustancias. El mismo estudio concluye que la
adopción de medidas para reducir las emisiones en origen antes de 2040 permitiría generar ahorros aproximados de 110.000 millones de euros.
Por otra parte, diversas organizaciones europeas han advertido de que la eficacia de este nuevo marco regulatorio dependerá en gran medida de la rapidez y el grado de ambición con el que los Estados miembros apliquen las medidas necesarias.
En este sentido, los próximos planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2028-2033 constituyen una oportunidad para introducir medidas como el refuerzo de los permisos de vertido industrial, la restricción de determinados pesticidas o el impulso
de tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales.
En el caso de España, la aplicación de estas nuevas obligaciones se produce en un contexto marcado por la complejidad de su estructura hidrológica, la presión sobre determinados recursos hídricos, la necesidad de modernización de
infraestructuras hidráulicas y de depuración, así como por la relevancia estratégica de sectores como la agricultura, la industria o el turismo, estrechamente vinculados a la gestión sostenible del agua.
Sin embargo, en la actualidad no existe todavía en España una estrategia nacional específica orientada a la prevención, monitorización y reducción de PFAS, ni un marco claro para la identificación de emplazamientos potencialmente
contaminados por estas sustancias. Tampoco se ha realizado una evaluación pública sistemática del impacto económico que las nuevas obligaciones europeas podrían tener para las administraciones públicas, las entidades locales, los operadores del
agua o los sectores productivos.
Por ello, resulta necesario que España aborde de forma anticipada y coordinada la aplicación de estas nuevas exigencias regulatorias, promoviendo medidas eficaces de
prevención en origen, reforzando la capacidad de monitorización y garantizando una adecuada planificación de los costes asociados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una Estrategia Nacional para la reducción y eliminación progresiva de las sustancias PFAS, alineada con el proceso de restricción actualmente en curso en la Unión Europea.
2. Presentar ante las Cortes Generales un informe comparado sobre las políticas y estrategias adoptadas por los distintos Estados miembros de la Unión Europea para la gestión, control y reducción de PFAS.
3. Realizar una evaluación del impacto económico de la normativa europea relativa a contaminantes emergentes en el ciclo del agua, incluyendo en particular:
- los costes de monitorización y control;
- las necesidades de adaptación de las infraestructuras de tratamiento;
- el impacto para los operadores del agua y las entidades locales.
4. Promover en el ámbito del Consejo de la Unión Europea medidas regulatorias orientadas prioritariamente a la reducción de PFAS en origen, evitando que la carga de su gestión recaiga exclusivamente en el tratamiento del agua.
5. Impulsar en el ámbito europeo la restricción progresiva de los usos no esenciales de PFAS, conforme al principio de prevención y al enfoque de reducción en origen.
6. Fomentar la innovación tecnológica y la cooperación público-privada para el desarrollo de soluciones avanzadas de monitorización, tratamiento y depuración de contaminantes emergentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2026.-Joaquín Melgarejo Moreno, Milagros Marcos Ortega, Alberto Fabra Prat, Francisco José Conde López, María Eugenia Carballedo Berlanga, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Cristina Agüera
Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Carlos Javier Floriano Corrales, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María Elvira Rodríguez Herrer, Joan Mesquida Mayans, César Sánchez Pérez, Rosa Quintana Carballo, Sandra Pascual Rocamora, Edurne Uriarte
Bengoechea, Belén Hoyo Juliá y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003421 (CD) 663/000245 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la inclusión de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de Ceuta y
Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Exposición de motivos
El Comité Europeo de las Regiones, organismo consultivo creado por la entrada en vigor, el 7 de febrero de 1992, del Tratado de Maastricht, llamado a ser la voz de las Regiones y los Gobiernos Locales europeos en los procesos decisorios de
las políticas comunitarias, ha venido respondiendo a la necesidad de que Gobiernos Locales y Regiones participasen en la construcción europea.
La delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CDR) cuenta con veintiún miembros titulares y otros tantos suplentes.
El Gobierno español fijó la composición de la delegación de acuerdo con una Moción del Senado, votada el 20 de octubre de 1993. Conforme a dicha moción, diecisiete de los veintiún puestos de la Delegación española del CDR corresponden a las
Comunidades Autónomas y los cuatro puestos restantes están reservados para representantes locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
No obstante, las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, establecieron los Estatutos de Autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente; por lo que se les confiere competencias propias a semejanza de las Comunidades
Autónomas y hace necesario que accedan al derecho de representarse a sí mismas como un territorio más del Estado Español en el Comité de las Regiones.
Así lo entendió la Comisión Mixta para la Unión Europea cuando aprobó por unanimidad el 24 de marzo de 2015 una Proposición no de Ley (PNL) por la que se reclamaba la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité de las Regiones, órgano
consultivo que representa a los entes regionales y locales de la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se incorporó una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, cuyo texto recoge el Boletín Oficial
de las Cortes Generales de 7 de abril de 2015:
'La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno a trabajar conjuntamente y con la mayor celeridad con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la elaboración de una propuesta, que presentará en el actual periodo
de sesiones, que incorpore las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones como miembros de pleno derecho para el periodo 2015-2020, por un turno rotatorio de sus Presidentes como titular y suplente.'
A pesar de la aprobación de aquel acuerdo, en la actualidad las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla continúan sin tener una representación propia en el Comité Europeo de las Regiones.
Tras las elecciones al Parlamento Europeo celebradas los días 6 al 9 de junio de 2024 comenzó una nueva legislatura quinquenal en la Unión Europea y ello facilita un momento propicio para reiterar y hacer efectivo el acuerdo adoptado en
2015.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno a plantear a las instituciones de la Unión Europea la incorporación de sendos representantes de la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, para
dar pleno cumplimiento a su Declaración de Misión: garantizamos la representación institucional del conjunto de los territorios, regiones, ciudades y municipios de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2026.-Javier Celaya Brey, Sofía Acedo Reyes, Milagros Marcos Ortega, Francisco José Conde López, María Eugenia Carballedo Berlanga, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández,
Carlos Javier Floriano Corrales, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Joan Mesquida Mayans, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003438 (CD) 663/000246 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al apoyo de la alternativa al Marco Financiero Plurianual (MFP) aprobada por el Parlamento Europeo sobre la PAC.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo de la alternativa al
Marco Financiero Plurianual (MFP) aprobada por el Parlamento Europeo sobre la PAC, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Exposición de motivos
En un contexto marcado por desafíos globales como la transición ecológica, la transformación digital y las tensiones geopolíticas, el Marco Financiero Plurianual se configura como una herramienta esencial para dotar de previsibilidad y
eficacia a las políticas comunitarias, asegurando una asignación de recursos alineada con las prioridades compartidas por los Estados miembros.
La Comisión Europea presentó, en julio de 2025, su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFPP) para el periodo para 2028-2034, con un presupuesto de casi 2 billones de euros en precios corrientes (en torno a 1,7-1,8 billones de euros),
que aproximadamente supone el 1,26 % de la renta nacional bruta de la UE.
Esta propuesta, que presentaba las prioridades políticas y el modelo de financiación de la Comisión, fue el punto de partida formal para empezar la negociación entre instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) del presupuesto a largo
plazo de la UE del próximo periodo de siete años.
Una de las cuestiones más reprobadas, en relación con la Política Agrícola Común (PAC) y las ayudas al sector primario en general, fue el recorte real del presupuesto agrícola y pesquero, acompañado de una renacionalización encubierta de las
políticas. Se cambiaba la estructura y una única rúbrica fusionaría políticas que hasta ahora se han gestionado de manera diferenciada. En concreto, agruparía la PAC, la Política de Cohesión y diversos programas vinculados a la gestión migratoria,
el control de fronteras y los desafíos relacionados con la seguridad.
Para muchos actores consideran que la PAC deja de ser una política prioritaria y la Política Pesquera Comín (PPC) salía mal parada. En conjunto, podríamos decir que la UE estaría relegando la soberanía alimentaria.
El Parlamento Europeo empezó a trabajar sobre la propuesta durante 2025 y el 15 de abril de 2026 la Comisión de Presupuestos del Parlamento adoptó su posición negociadora inicial, que plantea un incremento cercano al 10 % respecto a la
propuesta presentada por Bruselas.
Poco después, el Pleno de Estrasburgo del 28 de abril de 2026, el Parlamento aprobó su posición de negociación sobre el MFP 2028-2034, aceptando la propuesta de la Comisión de Presupuestos y considerando ese incremento del 10 % como el
mínimo necesario para afrontar los retos de la UE, reconociendo su relevancia como instrumento clave para garantizar la estabilidad presupuestaria, la cohesión territorial y el impulso de políticas estratégicas en el conjunto de la Unión Europea,
para poder financiar las nuevas prioridades sin recortar de otras políticas tradicionales.
El informe aprobado pone de relieve la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, apostando por inversiones sostenidas en sectores clave como la energía, la innovación tecnológica y la industria, con el fin de
reducir dependencias externas y fortalecer la competitividad del tejido productivo europeo.
En la propuesta del Parlamento se recogen varias cuestiones claves para el campo europeo: principalmente, brindar las ayudas directas e incrementarlas hasta 385.000 millones de euros la dotación en precios constantes de 2025 -433.000
millones de euros en precios corrientes-, en vez de los 261.000 que planteaba la Comisión y propone una subida de un 20 %, respecto de la financiación actual, con casi 7.300 millones de euros, para financiar los sectores de la pesca y la
acuicultura. Por otra parte, manifiesta el rechazo a avanzar hacia 'un plan por Estado miembro', que integraría varias políticas en un único sobre nacional.
La Eurocámara advierte de que este enfoque erosiona el carácter verdaderamente común de la Política Agraria Común (PAC), al introducir elementos de fragmentación que pueden derivar en una progresiva renacionalización de las políticas de
apoyo. Asimismo, subraya que esta orientación incrementa la incertidumbre entre agricultores y ganaderos, al no garantizar de forma clara la estabilidad, suficiencia y previsibilidad de las ayudas a medio y largo plazo.
Del mismo modo, el Parlamento Europeo considera que esta propuesta puede propiciar distorsiones en las condiciones de competencia entre los Estados miembros, al permitir márgenes de actuación divergentes en la aplicación de los fondos, lo
que
comprometería la igualdad de condiciones en el mercado interior. En consecuencia, alerta de que esta dinámica podría quebrar la integridad del mercado único agrario, debilitando uno de los pilares fundamentales de la integración europea y
poniendo en riesgo la cohesión económica, social y territorial del sector agroalimentario.
La Eurocámara considera que este enfoque debilita el carácter común de la PAC, introduce incertidumbre para agricultores y ganaderos sobre la continuidad de los apoyos y puede generar competencia desigual entre Estados miembros, rompiendo el
mercado único agrario.
Por otra parte, en el proceso negociados del MFP, tras la reunión de las presidentas del Parlamento y de la Comisión y la Presidencia del Consejo en noviembre de 2025, se propuso un 'objetivo rural' para orientar la asignación de recursos
financieros de los Estados miembros del 10 % del importe no delimitado (al menos 48.700 millones de euros a precios corrientes) a políticas agrícolas, sostenibles y de revitalización de las áreas rurales. Así mismo, en el contexto del acuerdo
UE-Mercosur, la Comisión ha propuesto que los Estados miembros tengan acceso a unos 45.000 millones de euros a precios corrientes del importe de flexibilidad a partir de 2028, con el fin de satisfacer las necesidades de los agricultores y las
comunidades rurales.
En este contexto, estamos pendientes de que el Consejo Europeo fije una posición para trasladar la negociación a las reuniones informales entre las tres principales instituciones de la Unión Europea, o trílogos, para alcanzar acuerdos
legislativos.
No obstante, queda pendientes cerrar asuntos de importancias y para definir partidas y medidas que son esenciales para los sectores productivos españoles. Por todo ello, esta Proposición no de Ley considera fundamental apoyar el contenido y
las orientaciones recogidas en el informe aprobado en Estrasburgo, al entender que contribuyen de manera decisiva a consolidar un proyecto europeo más sólido, cohesionado y preparado para afrontar los retos del siglo XXI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno a:
1. Apoyar la propuesta del Parlamento Europeo sobre el incremento del presupuesto a la futura PAC en un 10 % y el rechazo al modelo de reparto propuesto por la Comisión.
2. Negociar que los 45.000 millones de euros de adelantos de la PAC comprometidos por la Comisión sean obligatorios, no voluntarios, y estén adheridos al presupuesto de la PAC.
3. Apoyar que el Objetivo Rural del 10% sea de uso exclusivo y defina sus partidas para recuperar, esencialmente, las inversiones del regadío y recuperar el Pilar II.
4. Defender que las cooperativas e industria agroalimentaria recuperen las inversiones, dentro del presupuesto PAC.
5. Apoyar la inclusión de programas sectoriales específicos del vino, apicultura y frutas y hortalizas.
6. Recoger, como parte del fondo de competitividad del MFP, partidas definidas para la propulsión de la política del agua y el impulso de un plan europeo de infraestructuras hídricas.
7. Rectificación del recorte de las partidas destinadas a pesca y acuicultura fijando una partida específica de 7.000 M en el MFP para recuperar el FEMPA o ayudar a los GALP y hacer frente a los retos de la descarbonización o la futura
PPC.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2026.-Milagros Marcos Ortega, Alberto Fabra Part, María Eugenia Carballedo Berlanga, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Carlos Javier Floriano Corrales, Pedro Ignacio
Gallardo Barrena, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y María Elvira Rodríguez Herrer, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
161/003403 (CD)
663/000240 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al abordaje de las adicciones en el ámbito laboral y al impulso de estrategias de prevención, detección precoz y reintegración en el puesto de trabajo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas
de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al abordaje de las adicciones
en el ámbito laboral y al impulso de estrategias de prevención, detección precoz y reintegración en el puesto de trabajo, para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones.
Exposición de motivos
Las conductas adjetivas, tanto las relacionadas con sustancias como las comportamentales, constituyen un problema de salud pública de primer orden, con importantes repercusiones no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito
social, el económico y el laboral.
En España, los datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones evidencian que el consumo de alcohol y psicofármacos continúa siendo elevado en la población en edad laboral, con patrones de consumo de riesgo que impactan
directamente en el desempeño profesional, el absentismo y la siniestralidad.
En este sentido, la evidencia disponible pone de manifiesto que estas conductas pueden actuar en muchos casos como factor desencadenante o agravante. Tal y como recogen las guías técnicas en materia de drogodependencias en el ámbito
laboral, las condiciones de trabajo, los factores psicosociales, la carga emocional, la organización del trabajo o el estrés pueden favorecer la aparición de conductas de consumo como mecanismo de afrontamiento.
Así, el consumo de alcohol, psicofármacos y otras sustancias no solo afectan a la salud individual del trabajador, sino que repercuten de forma directa en la seguridad en el trabajo,
pudiendo incrementar el riesgo de accidentes laborales, deteriorar el clima organizativo y reducir la productividad. Diversos estudios estiman que una proporción significativa de los accidentes laborales puede estar relacionada con el
consumo de alcohol.
A nivel internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud han señalado que el consumo nocivo de alcohol constituye uno de los principales factores de carga global de enfermedad y tiene un impacto directo en el entorno
laboral, incluyendo pérdidas de productividad, aumento del riesgo de lesiones y deterioro del bienestar de los trabajadores.
Por su parte, la evidencia científica sintetizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo confirma que la salud mental está estrechamente vinculada a las condiciones laborales, de manera que unas condiciones de trabajo
inadecuadas pueden generar estrés, ansiedad, depresión o problemas de sueño, así como agravar trastornos previos.
En particular, los factores de riesgo psicosocial -como la sobrecarga de trabajo, la presión de tiempo, la falta de autonomía, la inseguridad laboral o los conflictos interpersonales- han sido identificados como elementos clave en el
deterioro de la salud mental de los trabajadores, especialmente en sectores de alta exigencia como el sanitario.
Estos factores no solo afectan al bienestar psicológico, sino que se asocian a conductas de riesgo, entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas o el uso inadecuado de psicofármacos, configurando un círculo vicioso entre condiciones
laborales adversas, deterioro de la salud mental y conductas adjetivas.
El ámbito laboral, por tanto, no debe entenderse únicamente como un espacio donde se manifiestan estas problemáticas, sino como un entorno estratégico para la prevención, la detección precoz y la intervención temprana. Los servicios de
prevención de riesgos laborales, junto con la atención primaria y los dispositivos de salud pública, desempeñan un papel esencial en la identificación de conductas de riesgo y en la derivación a los recursos asistenciales adecuados.
En este contexto, el ordenamiento jurídico español reconoce la importancia de la protección de la salud en el trabajo mediante la 'Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales', que establece el derecho de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, así como la obligación de los empleadores de garantizar dicha protección.
Dicha norma incorpora el principio de acción preventiva, que incluye la evaluación de riesgos, la planificación de la prevención y la adaptación del trabajo a la persona, elementos todos ellos esenciales para abordar los factores de riesgo
psicosocial y su relación con las conductas adictivas.
Asimismo, el Plan Nacional sobre Drogas establece la necesidad de desarrollar estrategias específicas en el ámbito laboral, subrayando la importancia de la implicación conjunta de las administraciones públicas, las empresas, los trabajadores
y sus representantes para la prevención de las drogodependencias en este entorno.
Sin embargo, pese a este marco normativo y estratégico, la integración efectiva de la prevención de las adicciones en las políticas de salud laboral sigue siendo insuficiente, persistiendo importantes desigualdades territoriales, falta de
protocolos homogéneos y una limitada formación específica en detección precoz. Por ello resulta necesario avanzar hacia un enfoque integral que incorpore de manera efectiva la perspectiva de salud laboral en las políticas de adicciones, reforzando
la coordinación entre administraciones, impulsando la prevención en el entorno laboral y promoviendo entornos de trabajo saludables, seguros e inclusivos.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Adicciones y desde el consenso con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, una línea estratégica
específica de prevención de adicciones en el ámbito laboral, que incorpore de manera expresa la perspectiva de salud mental y los factores de riesgo psicosocial.
2. Impulsar la integración efectiva de la prevención de conductas adictivas en los sistemas de prevención de riesgos laborales, mediante el desarrollo de protocolos específicos de detección precoz, programas de intervención temprana y
circuitos de derivación coordinados con el sistema sanitario.
3. Promover desde el consenso con las Comunidades Autónomas, la identificación, evaluación y reducción de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, especialmente la sobrecarga, la presión, la falta de autonomía y los conflictos
interpersonales, como elementos clave en la prevención de adicciones.
4. Desarrollar programas específicos de prevención y apoyo dirigidos a sectores especialmente expuestos, en particular el ámbito sanitario, sociosanitario y otros entornos de alta carga emocional, incorporando medidas de apoyo psicológico y
organizativo.
5. Reforzar la formación de profesionales sanitarios, servicios de prevención y mandos intermedios en detección precoz de conductas adictivas, manejo inicial y derivación, así como en intervención sobre factores de riesgo psicosocial.
6. Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a trabajadores y empresas sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias y adicciones comportamentales, así como sobre la importancia de entornos laborales saludables.
7. Mejorar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica sobre consumo de sustancias y conductas adictivas en el ámbito laboral, incorporando indicadores específicos en coordinación con el Observatorio Español de las Drogas y las
Adicciones.
8. Establecer mecanismos de evaluación periódica de las medidas adoptadas, con indicadores de impacto en salud laboral, siniestralidad y bienestar de los trabajadores, dando debida cuenta de los resultados al Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y a la Comisión Mixta para el Estudio de las Adicciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.-María del Mar Vázquez Jiménez y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003404 (CD)
663/000241 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la modernización de los sistemas de información en materia de adicciones en España.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas
de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales.-Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modernización de los
sistemas de información en materia de adicciones en España, para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones.
Exposición de motivos
Las adicciones constituyen un problema de salud pública complejo y dinámico cuya prevención y tratamiento requiere sistemas de información robustos, actualizados y comparables.
La toma de decisiones basada en evidencia exige disponer de datos fiables, oportunos y homogéneos que permitan conocer con precisión la magnitud del problema, identificar tendencias emergentes y evaluar el impacto de las políticas públicas.
En España, el sistema de información en materia de adicciones se articula en esencia mediante el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Dependiente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el
observatorio ha permitido disponer en las últimas décadas de una base sólida de conocimiento epidemiológico.
Instrumentos como las encuestas sobre Alcohol y otras drogas en España (Edades) y sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes) constituyen referencias consolidadas para el análisis del consumo de sustancias en población
general y juvenil.
A pesar de estos avances, persisten limitaciones relevantes que dificultan una respuesta más eficaz. Entre ellas, cabe señalar el desfase temporal de algunas fuentes de información, la heterogeneidad de los sistemas de recogida de datos
entre Comunidades Autónomas, la limitada interoperabilidad entre sistemas sanitarios y sociales, y la fragmentación de la información disponible en ámbitos como la Atención Primaria, la Atención Hospitalaria y todos los dispositivos específicos que
con diferentes formas se dedican al tratamiento de adicciones.
De igual forma, la evolución del fenómeno de las adicciones -con la aparición de nuevas sustancias, cambios en los patrones de consumo y el crecimiento de las adicciones comportamentales- exige sistemas de información más ágiles y
adaptativos, capaces de detectar de forma precoz nuevas tendencias y riesgos emergentes.
En el ámbito internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Agencia sobre Drogas de la Unión Europea han subrayado la importancia de contar con sistemas de vigilancia integrados, con indicadores comparables y
mecanismos de recogida de datos en tiempo oportuno, como base para el diseño de políticas eficaces.
Por otro lado, la transformación digital del Sistema Nacional de Salud y el desarrollo de herramientas de análisis de datos ofrecen una oportunidad para avanzar hacia modelos más eficientes de gestión de la información, mejorando la
coordinación entre administraciones y optimizando el uso de los recursos disponibles.
En este contexto, resulta necesario reforzar y modernizar los sistemas de información en materia de adicciones en España, con el objetivo de mejorar la calidad de los datos, su accesibilidad, su comparabilidad y su utilidad para la toma de
decisiones en todos los niveles del sistema.
Por todo lo anterior, y en el marco de la próxima 'Estrategia Nacional sobre Adicciones' y del siguiente 'Plan de Acción sobre Adicciones', el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones insta al Gobierno a:
- Impulsar el refuerzo y modernización del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones como sistema estatal de información sobre adicciones, dotándolo de todos los recursos necesarios para mejorar la calidad, frecuencia y
accesibilidad de los datos.
- Consensuar con las Comunidades Autónomas la homogeneización de indicadores y metodologías de recogida de información, con el fin de garantizar la comparabilidad territorial y la coherencia del sistema.
- Avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información sanitarios y sociales, integrando datos procedentes de atención primaria, salud mental, servicios de urgencias, dispositivos asistenciales de adicciones y otros ámbitos
relevantes.
- Desarrollar mecanismos que permitan disponer de información en tiempo oportuno y a tiempo real sobre consumo de sustancias, urgencias relacionadas con drogas, admisiones a tratamiento y otros indicadores clave.
- Incorporar de forma sistemática la recogida de datos sobre adicciones comportamentales, incluyendo el uso problemático de tecnologías digitales, con indicadores específicos y metodologías validadas.
- Reforzar la capacidad analítica del sistema, impulsando el uso de herramientas de análisis avanzado de datos que permitan identificar tendencias emergentes, perfiles de riesgo y evaluar el impacto de las políticas públicas.
- Garantizar la integración de la información en materia de adicciones con los sistemas de información en salud mental, favoreciendo un enfoque integral, especialmente en el abordaje de la patología dual.
- Establecer mecanismos de evaluación periódica de las estrategias y planes en materia de adicciones, basados en indicadores objetivos, medibles y comparables, y promover la transparencia en la difusión de los resultados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.-María del Mar Vázquez Jiménez y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003405 (CD)
663/000242 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al uso saludable de las tecnologías digitales y a la construcción de un entorno digital óptimo para la infancia y la adolescencia.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas
de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al uso saludable de las
tecnologías digitales y a la construcción de un entorno digital óptimo para la infancia y la adolescencia, para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones.
Exposición de motivos
El Comité de Bioética de España y el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal hicieron público el pasado mes de abril un informe relativo al 'Impacto del uso excesivo de las tecnologías digitales en la salud de la
infancia y la adolescencia: valoración ética'.
Desde el reconocimiento de 'los beneficios que las tecnologías digitales pueden aportar a las personas y a la sociedad en diversas áreas de actividad colectiva', el documento identifica 'impactos negativos -en la salud física (problemas
musculoesqueléticos; alteraciones del sueño; síntomas visuales; sedentarismo y obesidad; riesgos cardiovasculares y metabólicos) y mental/emocional (déficit de atención; autocontrol y funcionamiento neurocognitivo; adicción digital y
comorbilidades psiquiátricas), en el rendimiento escolar y en las interacciones sociales- del uso continuado de dispositivos digitales, así como en el acceso prolongado a las redes sociales por parte de las y los jóvenes'.
Ante 'la gravedad de la situación actual y la urgencia de actuar' que detectan y desde el 'interés superior del menor', así como desde la consideración de trabajos como las 'Recomendaciones sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en
menores' publicado por la Asociación Española de Pediatría en 2025, el informe discrimina los usos realizados y los que serían deseables en niños y adolescentes de cero a seis años, de siete a doce y de trece a dieciséis, planteando tanto 'medidas
mitigadoras' como 'recomendaciones' sustentadas en variables como la 'promoción de la autonomía', la 'privacidad y protección de datos', el 'bienestar y [el] desarrollo integral', 'la alfabetización digital' y la 'protección de la vulnerabilidad de
la infancia'.
En consonancia con lo propuesto desde la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Europeo, el Comité de Bioética de España y el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de
Portugal consideran necesario 'promover el uso saludable de las tecnologías digitales', así como 'construir un entorno digital saludable' desde el prisma de la 'justicia social' y desde la suma de esfuerzos entre 'los distintos actores implicados en
el diseño, el desarrollo, la gestión y el uso de las plataformas digitales'.
Así pues, y a pesar de la normativa existente a nivel nacional -por ejemplo: la 'Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor'; la 'Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales'; la 'Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia', y la 'Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación desarrolla principios sobre
competencia digital'-, así como del proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Menores en Entornos Digitales, el Comité de Bioética de España y el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal solicitan una 'regulación
actualizada y permanente' que contemple 'arquitecturas saludables de los dispositivos digitales', prohíba 'característica adictivas la menos hasta los dieciséis años', califique 'aplicaciones y juegos digitales según los niveles de riesgo asociados
a su uso', restrinja 'el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes en espacios públicos', concrete controles 'efectivos y proporcionales de las edades de los usuarios de redes sociales', regule 'mecanismos de denuncia y líneas de
apoyo', organice 'campañas nacionales en medios convenciones y digitales de comunicación', impida 'publicidad dirigida a menores de 18 años en redes sociales y plataformas digitales', y
establezca una 'supervisión eficaz mediante mecanismos adecuados de supervisión a las entidades responsables del diseño, provisión, intermediación y gestión de plataformas, aplicaciones y contenidos digitales accesibles por niños y
adolescentes'.
De igual forma, se destaca la importancia de 'promover y fortalecer la investigación continua', de impulsar la 'formación de profesionales de la salud y los servicios sociales para detectar comportamiento de riesgo', de elaborar 'protocolos
de intervención clínica' y de 'fortalecer la articulación entre los servicios de salud, las escuelas, las fuerzas de seguridad, las familias y las entidades públicas especializadas en ciberseguridad para la señalización y seguimiento de situaciones
persistentes de uso problemático de tecnologías digitales por parte de niños y adolescentes'.
Por todo lo anterior, considerando los datos y análisis sobre el uso de dispositivos digitales contenidos en la 'Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España' (Estudes); teniendo presente que cualquier actuación pública
en este ámbito ha de orientarse conforme al principio del interés superior del menor, garantizando no solo su protección frente a los riesgos derivados del entorno digital, sino también el adecuado desarrollo de sus derechos, y en el marco de la
próxima 'Estrategia Nacional sobre Adicciones' y del siguiente 'Plan de Acción sobre Adicciones', el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones insta al Gobierno a materializar cuantas medidas sean necesarias para prevenir y evitar el uso compulsivo y problemático de tecnologías digitales por parte de niños y
adolescentes, así como para proporcionarles un entorno digital óptimo.
Para ello, por el impacto negativo en la salud física y mental en niños y adolescentes, el Gobierno trabajará de forma transversal e integral -ministerios de Transformación Digital, Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Ciencia, Justicia,
Interior- desde el diálogo y el consenso con el conjunto de las administraciones implicadas; generará sinergias informativas, en l+D y formativas con todos los agentes involucrados -empresas, sociedad civil, centros educativos, fuerzas de
seguridad, profesionales sanitarios...-, e invertirá cuantos recursos económicos, humanos, tecnológicos y estructurales sean necesarios para hacerlo posible'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.-María del Mar Vázquez Jiménez y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003419 (CD) 663/000243 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las mujeres jugadoras activas online en todo el territorio nacional.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas
de las Adicciones.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de las mujeres jugadoras activas online en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones.
Exposición de motivos
La Dirección General de Ordenación del Juego, integrada en la estructura del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, hizo público el pasado 6 de marzo de 2026 un análisis sobre la situación actual de la mujer en el juego
online en España.
Con datos relativos al año 2024, el estudio, que detalla características demográficas, hábitos de gasto y comportamiento, cuantifica en 335.627 las mujeres jugadoras activas online en nuestro país -un 16,9 % del total de 1.991.550
jugadores-, dato que se 'enmarca en una creciente tendencia al alza en el número de jugadores activos anuales que se experimenta en el último lustro'.
El trabajo, que precisa la información contemplada en documentos pretéritos de la referida Dirección General de Ordenación del Juego como el denominado 'Perfil anual del jugador online' o la 'Memoria de Actividad del Juego en España',
también explica que el número de jugadoras activas por rango de edad presenta una concentración destacada entre las mujeres jóvenes de menos de 35 años con un 59,4 % del total y que la proporción experimenta un decaimiento 'fuerte' en las edades más
avanzadas.
En cuanto a la 'distribución por segmentos', las apuestas y el casino concentran la mayor parte de la actividad femenina en el juego online, distanciándose significativamente el bingo y el poker. Dicha descripción está alineada con la
información que sobre el mismo ámbito se contempla en la edición 2024 de la 'Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España' (Edades) -desarrollada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas- en la que además se hace
referencia a las apuestas deportivas 'como la actividad de mayor prevalencia entre las mujeres dentro del juego que ofrecen los operadores con licencia'.
En lo que a los depósitos se refiere, el informe de la Dirección General de Ordenación del Juego expone que las mujeres jugadoras activas online depositaron en 2024 un total de 608 millones de euros en cuentas de juego, lo que supone una
media de 2.019 euros -frente a los 2.482 euros depositados de media por la población general- y representa el 13,32 % de los 4.568 millones de euros depositados en total.
Resulta llamativo a la par que preocupante en este sentido que las cantidades depositadas por mujeres en los últimos cinco años han crecido un 117 %, es decir, un 16 % más que la evolución experimentada en términos globales.
Además, el medio de pago mayoritario entre las mujeres jugadoras activas online es la tarjeta con 425 millones de euros -un 69,81 % del total de las cantidades depositadas-,
seguida del monedero electrónico y el pago instantáneo, con un 12,78 % y un 7,19 %, respectivamente
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para el estudio del Problema de las Adicciones insta al Gobierno a incluir en la próxima 'Estrategia Nacional sobre Adicciones' y en el siguiente 'Plan de Acción sobre Adicciones' medidas específicas y de utilidad real con
las que mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las mujeres jugadoras activas online en todo el territorio nacional.
El Gobierno diseñará y materializará dichas acciones desde los principios de cohesión y equidad; desde el consenso real con las Comunidades Autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, y desde la plena coordinación con los
representantes de las afectadas y sus familias, así como de los profesionales del ámbito sanitario, del social, del educativo y el de la investigación.
Para ello, y con el objetivo de garantizar que la materialización de las acciones referidas sea la idónea en tiempo y forma, el Gobierno invertirá cuantos recursos humanos, económicos, tecnológicos y estructurales sean necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2026.-María del Mar Vázquez Jiménez y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/003341 (CD) 663/000239 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a medidas para incrementar la oferta de vivienda.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para incrementar la
oferta de vivienda, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de los motivos
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de España. Miles de jóvenes y familias ven hoy imposible emanciparse o acceder a una vivienda digna como consecuencia del incremento
sostenido de los precios y de la drástica reducción de la oferta disponible.
Lejos de contribuir a solucionar esta situación, las políticas impulsadas por el Gobierno han agravado el problema. La inseguridad jurídica generada por sus reformas, el intervencionismo en el mercado de la vivienda y la ausencia de medidas
eficaces para incrementar la oferta han provocado una contracción del mercado del alquiler y han desincentivado la inversión en vivienda.
España necesita más vivienda y necesita construirla más rápido. Sin embargo, la excesiva burocracia, los interminables procesos urbanísticos y la falta de voluntad política para movilizar suelo están impidiendo aumentar la oferta al ritmo
que exige la demanda.
A ello se suma la creciente preocupación social por la ocupación ilegal de viviendas, que genera indefensión entre los propietarios y deteriora la convivencia en numerosos barrios. La negativa del Gobierno a desbloquear iniciativas
legislativas destinadas a proteger la propiedad privada ha contribuido a aumentar esa inseguridad jurídica.
Frente a este modelo fallido basado en la intervención y las restricciones, resulta imprescindible impulsar una política de vivienda centrada en aumentar la oferta, movilizar suelo, reducir trabas administrativas y garantizar la seguridad
jurídica, condiciones indispensables para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.
Estas medidas, además, resultan coherentes con el ODS 11, que promueve el acceso a viviendas adecuadas y asequibles y el desarrollo de ciudades sostenibles.
Por tanto, se hace necesario adoptar reformas urgentes que permitan desbloquear suelo, agilizar la construcción de vivienda y reforzar la protección de los propietarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) manifiesta su compromiso de salvaguardar el derecho de participación política, garantizando que la
función legislativa se ejerza con normalidad, singularmente en relación con la Proposición de Ley Orgánica contra la Ocupación Ilegal para agilizar la recuperación de viviendas y reforzar la protección de la propiedad privada, en cumplimiento de la
reciente doctrina del Tribunal Constitucional, e insta al Gobierno a:
1. Impulsar con carácter urgente la modificación de la Ley del Suelo, con el objetivo de simplificar la tramitación urbanística, reducir la burocracia administrativa y acortar los plazos de desarrollo de suelo finalista, facilitando así la
construcción de nuevas viviendas.
2. Reducir de forma significativa los plazos administrativos para la aprobación de planeamientos urbanísticos y la concesión de licencias, mediante procedimientos más ágiles, digitalización y simplificación normativa.
3. Movilizar suelo público disponible para la construcción de vivienda, facilitando su desarrollo mediante fórmulas de colaboración público-privada que permitan incrementar rápidamente la oferta de vivienda asequible.
4. Impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda para los jóvenes, favoreciendo el acceso a la compra de la primera vivienda y eliminando obstáculos regulatorios que dificultan la emancipación.
5. Garantizar un marco de seguridad jurídica estable para propietarios, promotores e inversores, imprescindible para atraer inversión, aumentar la oferta de vivienda y reducir los precios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2026.-Joan Mesquida Mayans, Carmelo Barrio Baroja, Tomás Cabezón Casas, Raúl Cuevas Larrosa, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Javier José Folch Blanc, Milagros Marcos Ortega, Joaquín
Melgarejo Moreno y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión Mixta sobre Insularidad
661/002017 (S) 161/003433 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa I Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai)
Moción relativa a la reorientación de los planes de movilidad urbana en territorios insulares hacia modelos disuasorios de tráfico y sostenibilidad ambiental.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta sobre Insularidad; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los portavoces de
los grupos parlamentarios, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 7 de mayo de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai), a instancias del senador Juanjo Ferrer Martínez, de la coalición Eivissa i Formentera al Senat, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción relativa a la reorientación de los planes de movilidad urbana en territorios insulares hacia modelos disuasorios de tráfico y sostenibilidad ambiental, para su
debate en el seno de la Comisión Mixta sobre Insularidad.
Exposición de motivos
Los territorios insulares presentan unas características específicas que agravan los efectos negativos de la congestión urbana, tales como la limitación del espacio físico, la elevada presión turística, la dependencia del vehículo privado y
la fragilidad ambiental.
En este contexto, los núcleos urbanos de las islas sufren de manera especialmente intensa problemas derivados del exceso de tráfico rodado: saturación de las vías, incremento de la contaminación atmosférica, aumento de los niveles de ruido,
deterioro de la calidad de vida de los residentes y pérdida de competitividad como destinos sostenibles.
En el caso de Eivissa y Formentera, el problema está agravado por las hasta ahora ineficientes políticas de transporte público y el alto volumen de vehículos de alquiler y desplazados de la península que circulan por nuestras vías. En los
últimos años, las fuerzas progresistas hemos impulsado limitaciones de entrada de vehículos de no residentes durante la temporada turística. Aún así, la presión del tráfico sigue siendo muy elevada. Al margen de esta medida, existe actualmente un
parque de vehículos de residentes muy elevado, se calcula que hay un coche por habitante.
Diversas ciudades europeas han implementado con éxito políticas de movilidad basadas en la restricción progresiva del acceso de vehículos privados al centro urbano, combinadas con la creación de infraestructuras disuasorias en las
periferias. Estas medidas incluyen la construcción de aparcamientos en las afueras conectados con sistemas de transporte público eficiente, lo que permite reducir significativamente el volumen de tráfico en las zonas centrales.
Sin embargo, en numerosos municipios, incluidos los insulares, los planes de movilidad siguen contemplando la construcción de nuevos aparcamientos en el interior de los núcleos urbanos, lo que incentiva el uso del vehículo privado y agrava
los problemas existentes.
Es el caso del Ayuntamiento de Eivissa, que lejos de alinearse con las políticas europeas de sostenibilidad, continúa apostando por modelos superados basados en la atracción de vehículos hacia los centros urbanos. El Consistorio, gobernado
por el Partido Popular, impulsa actualmente la construcción de un aparcamiento de aproximadamente 750 plazas en el entorno del bulevar Abel Matutes, junto a la zona escolar de sa Real.
Este proyecto, con una inversión estimada en torno a 26 millones de euros y una concesión prevista de varias décadas, incluye tanto plazas subterráneas como en superficie, así como usos comerciales asociados.
Sin embargo, lejos de contar con consenso social, la iniciativa ha generado un rechazo mayoritario entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes han expresado su oposición en reuniones públicas y mediante campañas de recogida de firmas.
La creación de esta mega zona de párking contribuirá a incrementar el tráfico, provocando problemas de colapso y ruidos, supondrá la tala de decenas de árboles y la eliminación de una zona verde con parque infantil por un periodo de al menos
dos años. En definitiva, se pretende convertir la zona en un foco de atracción de vehículos externos, penalizando a los residentes, quienes están recogiendo firmas en contra del proyecto.
Por todo ello, resulta necesario promover un cambio de paradigma en la planificación de la movilidad urbana en las islas, orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora del espacio público.
En definitiva, esta moción pretende avanzar hacia un modelo de ciudad más habitable, más sostenible y adaptado a las singularidades de los territorios insulares, alineado con las mejores prácticas europeas en materia de movilidad urbana.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Moción
'La Comisión Mixta sobre Insularidad insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, la revisión de los planes de movilidad urbana para que excluyan la construcción de nuevos aparcamientos en el interior de los núcleos urbanos consolidados.
2. Fomentar la creación de aparcamientos disuasorios en las periferias urbanas, adecuadamente dimensionados y estratégicamente ubicados, que permitan interceptar el tráfico antes de su entrada en la ciudad.
3. Garantizar la conexión eficiente de estos aparcamientos disuasorios con los centros urbanos, mediante sistemas de transporte público de alta frecuencia, accesibles y sostenibles.
4. Promover medidas complementarias de restricción del tráfico en los centros urbanos, tales como zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones progresivas y limitaciones de acceso a vehículos privados.
5. Desarrollar campañas de concienciación ciudadana sobre los beneficios de la movilidad sostenible, tanto en términos ambientales como de calidad de vida.
6. Priorizar la financiación estatal y europea hacia proyectos que sigan este modelo de movilidad disuasoria y sostenible, especialmente en territorios insulares.'
Palacio del Senado, 6 de mayo de 2026.-Juanjo Ferrer Martínez, Senador.-Enric Xavier Morera Català, Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y
Geroa Bai).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
681/000762 (S) 181/001781 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Pregunta oral en Comisión.
Autor: Queralt Jiménez, Joan Josep (GPERB)
¿Cuándo piensa el Gobierno adaptar la legislación sobre vigilancia secreta, inteligencia y uso de programas espía a las garantías exigidas por la Comisión de Venecia y por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento del Senado, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea; asimismo, dar traslado al Gobierno, al Congreso de los Diputados, notificar
este acuerdo a su autor y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 7 de mayo de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
El Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu), a instancia del senador Joan Queralt i Jiménez, al amparo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta,
solicitando respuesta oral en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
¿Cuándo piensa el Gobierno adaptar la legislación sobre vigilancia secreta, inteligencia y uso de programas espía a las garantías exigidas por la Comisión de Venecia y por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Palacio del Senado, 6 de mayo de 2026.-Joan Josep Queralt Jiménez, Senador.
El Grup Parlamentari Esquerres per la Independència (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu), a instància del senador Joan Queralt i Jiménez, a l'empara establerta en el Reglament de la Cambra, presenta la següent pregunta, sol·licitant
resposta oral a la Comissió Mixta per a la Unió Europea.
Quan pensa el Govern adaptar la legislació sobre vigilància secreta, intel·ligència i ús de programes espia a les garanties exigides per la Comissió de Venècia i per la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans?
Palau del Senat, 6 de maig de 2026.-Joan Josep Queralt Jiménez, Senador.
181/001807 (CD) 683/000413 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP) Bravo Baena, Juan (GP) Conde López, Francisco José (GP) Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) Fabra Part, Alberto (GP) Rodríguez Herrer, María Elvira (GP) Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP) Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Posibilidad de garantizar, por el Gobierno, la ejecución del 100 % de los fondos Next Generation.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Milagros Marcos Ortega, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Alberto Fabra Part, María Elvira Rodríguez Herrer, María Eugenia Carballedo Berlanga, Jimena Delgado-Taramona Hernández e Irene Garrido
Valenzuela, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Puede garantizar el gobierno la ejecución del 100 % de los fondos Next Generation?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2026.-Milagros Marcos Ortega, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Alberto Fabra Part, María Elvira Rodríguez Herrer, María Eugenia Carballedo
Berlanga, Jimena Delgado-Taramona Hernández e Irene Garrido Valenzuela, Diputados.
181/001808 (CD) 683/000414 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP) Bravo Baena, Juan (GP) Conde López, Francisco José (GP) Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) Fabra Part, Alberto (GP) Rodríguez Herrer, María Elvira (GP) Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP) Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Cuantía que han recibido realmente los beneficiarios finales de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en términos de contabilidad nacional (ejecución real) y porcentaje de dicha ejecución que se ha asignado a
entidades u organismos públicos así como a empresas del sector privado.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Milagros Marcos Ortega, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Alberto Fabra Part, María Elvira Rodríguez Herrer, María Eugenia Carballedo Berlanga, Jimena Delgado-Taramona Hernández e Irene Garrido
Valenzuela, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué cuantía han recibido realmente los beneficiarios finales de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en términos de contabilidad nacional (ejecución real) y qué porcentaje de esta ejecución se ha asignado a
entidades u organismos públicos y cuanto a empresas del sector privado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2026.-Milagros Marcos Ortega, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Alberto Fabra Part, María Elvira Rodríguez Herrer, María Eugenia Carballedo
Berlanga, Jimena Delgado-Taramona Hernández e Irene Garrido Valenzuela, Diputados.
181/001809 (CD) 683/000415 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP) Fabra Part, Alberto (GP) Conde López, Francisco José (GP) Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP) Agüera Gago, Cristina (GP) Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP) Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP) Rodríguez Herrer, María Elvira (GP)
Motivo de que la Comisión Europea haya abierto expediente al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Milagros Marcos Ortega, Alberto Fabra Part, Francisco José Conde López, María Eugenia Carballedo Berlanga, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Carlos Javier Floriano Corrales, Pedro
Ignacio Gallardo Barrena y María Elvira Rodríguez Herrer.
¿Cuál es el motivo de que la Comisión europea haya abierto expediente al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2026.-Milagros Marcos Ortega, Alberto Fabra Part, Francisco José Conde López, María Eugenia Carballedo Berlanga, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Cristina Agüera Gago, Jimena
Delgado-Taramona Hernández, Carlos Javier Floriano Corrales, Pedro Ignacio Gallardo Barrena y María Elvira Rodríguez Herrer, Diputados.
Comisión Mixta de Seguridad Nacional
681/000759 (S) 181/001778 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 29 de agosto de 2023, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Pregunta oral en Comisión.
Autor: Monago Terraza, José Antonio (GPP)
¿Qué evaluación ha hecho el Gobierno del deterioro de Mali y del avance de la influencia rusa en el Sahel para la seguridad nacional de España y para el flanco sur europeo?
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento del Senado, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional; asimismo, dar traslado al Gobierno, al Congreso de los Diputados, notificar
este acuerdo a su autor y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales) y en la página web del Senado.
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 5 de mayo de 2026.-P.D. La Letrada Mayor del Senado, Sara Sieira Mucientes.
A la Presidencia del Senado
Don José Antonio Monago Terraza, Senador por Badajoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
oral en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
¿Qué evaluación ha hecho el Gobierno del deterioro de Mali y del avance de la influencia rusa en el Sahel para la seguridad nacional de España y para el flanco sur europeo?
Palacio del Senado, 4 de mayo de 2026. -José Antonio Monago Terraza, Senador.