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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie B: PROPOSICIONES DE LEY
21 de noviembre de 2025
Núm. 284-1
PROPOSICIÓN DE LEY
122/000239
Proposición de Ley sobre el carácter vinculante de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales y su obligada ejecución por parte del Estado español.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición de Ley sobre el carácter vinculante de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales y su obligada ejecución por parte del Estado español.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2025.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición de Ley sobre el carácter vinculante de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales y su obligada ejecución por parte del Estado español, para su debate en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE EL CARÁCTER VINCULANTE DE LAS DECISIONES DEL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES Y SU OBLIGADA EJECUCIÓN POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL
Exposición de motivos
En junio de 2021, el Boletín Oficial del Estado publicó el Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), celebrada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, documento que obliga al Estado español, como Estado miembro del
Consejo de Europa, al cumplimiento de su contenido y que obliga a todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, pero también al resto de los poderes públicos, regionales, provinciales y locales.
Sin embargo, el Estado español sigue sin respetar, en muchos aspectos, los derechos recogidos en la Carta Social Europea tanto la original como la revisada y se ha mostrado reticente a cumplirla, como ha denunciado de forma reiterada la
Confederación Intersindical Galega (CIG), a pesar de haberla ratificado e incorporado a nuestro ordenamiento interno. Por esta razón, conviene seguir insistiendo en la eficacia jurídica vinculante de la Carta Social Europea (revisada), así como en
las interpretaciones y aplicaciones que de la misma hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, por al menos tres razones principales.
En primer lugar, porque el Instrumento de Ratificación tanto de la Carta Social Europea (revisada), publicado en el BOE de 11 de junio de 2021, como de su Protocolo Adicional sobre el sistema de reclamaciones colectivas, publicado en el BOE
de 2 de noviembre de 2022, evidencia toda la fuerza jurídica vinculante a la que acabamos de hacer referencia, cuando manifiestan tanto «el consentimiento del Estado español a obligarse por este Protocolo». Ambos instrumentos establecen que era
necesaria la autorización de las Cortes Generales, como se establece en el artículo 94.1 del CE, dado que se trata de la «prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios» que afectan a «los derechos y
deberes fundamentales establecidos en el Título I» [letra d)] y que implican «la modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución [letra e)]. Y en ambos casos no figura ninguna declaración, reserva o
limitación que reste fuerza a su eficacia jurídica vinculante, sino todo lo contrario, puesto que una de las declaraciones del Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada) deja claro que «En relación con la Parte IV, artículo D,
apartado 2, de la Carta Social Europea (revisada), España declara que acepta la supervisión de sus obligaciones contraídas en la Carta de conformidad con lo que establece el procedimiento recogido en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea
que desarrolla un sistema de reclamaciones colectivas, realizado en Estrasburgo el 9 de noviembre de 1995».
En segundo lugar, porque el propio Consejo de Estado coincide con este mismo análisis. Así, en su Dictamen (486/2021) de 8 de julio de 2021 en relación con el Protocolo del sistema de reclamaciones colectivas, en el que, además, menciona un
informe de la Secretaría de Estado de Justicia (emitido el 17 de diciembre de 2020 por la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) sobre la Carta Social Europea (revisada) y el Protocolo en cuestión, que alude a
«los efectos que su ratificación implicaría para España, que son importantes», puesto que «el Tratado es jurídicamente vinculante y las decisiones del Comité de Expertos son obligatorias». Y es lógico que así sea, porque el Comité Europeo de
Derechos Sociales asegura la interpretación auténtica de la Carta Social Europea (revisada), velando por su cumplimiento y evitando que se interprete y aplique de forma diferente en cada Estado, algo que implicaría dejarla sin eficacia real.
En tercer lugar, porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han establecido doctrina que declara el carácter vinculante tanto de los tratados internacionales ratificados por el Estado español, considerados como instrumentos
incorporados al Derecho interno y a los que también están sometidos los tribunales
(entre otros, las sentencias del Tribunal Constitucional 38/1981, de 23 de noviembre, y 140/2018, de 20 de diciembre), como de las decisiones o dictámenes adoptadas por los comités creados por dichos tratados para garantizar su correcta
interpretación y aplicación [entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2024, de 9 de abril, y las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018 (rec. 1002/2017) y de 29 de noviembre de 2023 (rec. 85/2023)].
Es decir, son vinculantes desde el momento en que, como ocurre aquí y así lo establecen los instrumentos de ratificación anteriormente mencionados, el compromiso de cumplimiento con dichos tratados o, en este caso, el «consentimiento de
España en obligarse por esta Carta», implica necesariamente el respeto de los mecanismos internacionales de garantía de los mismos cuando existe una voluntad estatal expresa de sumisión a estos mecanismos [«En relación con la Parte IV, Artículo D,
apartado 2, de la Carta Social Europea (Revisada), España declara que acepta la supervisión de las obligaciones contraídas», además de lo dispuesto en el Artículo C de la misma Parte].
Por todo ello, no es admisible lo que argumenta y falla la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de julio de 2025 a propósito del artículo 24 de la Carta Social Europea (revisada) y su interpretación y aplicación por
el Comité Europeo de Derechos Sociales con razonamientos nada consistentes y que evidencian un claro desconocimiento de las obligaciones que implica para los Estados la ratificación de la Carta Social Europea (revisada) como Tratado Internacional,
a pesar de lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, sobre la posibilidad de utilizar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como doctrina de contraste en
el recurso de casación para la unificación de doctrina.
De hecho, el artículo 219 de la Ley de la Jurisdicción Social, referido a la finalidad del recurso y a la legitimación del Ministerio Fiscal, no menciona expresamente en su apartado 2 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso no
implica ningún obstáculo para incluirlo, como es lógico y natural, entre «los órganos jurisdiccionales instituidos en los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España».
Por lo tanto, tampoco debería haberlo en el caso del Comité Europeo de Derechos Sociales, desde el momento que se trata de un órgano instituido en un tratado internacional ratificado por el Estado español para su correcta interpretación y
aplicación, cuyas decisiones son de especial trascendencia constitucional, y puesto que forman parte de lo que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 155/2009, de 25 de junio, denomina la «doctrina de los órganos de garantía encargados de la
interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el artículo 10.2 CE».
Por todo lo anterior, se formula la siguiente propuesta de modificación del artículo 219.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, para añadir un nuevo inciso al final del mismo, de forma que expresamente
prevea la posibilidad de invocar las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales en la interpretación de la Carta Social Europea (revisada).
Artículo único. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social.
Se modifica el apartado segundo del artículo 219 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado como sigue:
«Artículo 219. Finalidad del recurso. Legitimación del Ministerio Fiscal.
2. Se podrá alegar como doctrina de contradicción la establecida en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y por los órganos jurisdiccionales instituidos en los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos
humanos y libertades fundamentales ratificados por España, siempre
que se cumplan los presupuestos del número anterior referidos a la pretensión de tutela de dichos derechos y libertades. La sentencia que resuelva el recurso se limitará, en ese punto de contradicción, a conceder o denegar o tutelar el
derecho o la libertad invocados, en función de la aplicabilidad de esa doctrina al supuesto formulado.
Con los mismos requisitos y alcances sobre su aplicabilidad, podrá invocarse la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del Derecho comunitario y en las decisiones del Comité
Europeo de Derechos Sociales en la interpretación de la Carta Social Europea (revisada).»
Disposición transitoria única.
El contenido de la presente ley será de aplicación a todos los procesos en tramitación y pendientes de resolución definitiva en el momento de su publicación.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 124 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de Lei sobre o
carácter vinculante das decisións do Comité Europeo de Dereitos Sociais e a súa obrigada execución por parte do Estado español, para o seu debate en Pleno.
En Madrid, a 13 de novembro de 2025.Néstor Rego Candamil, Portavoz do GP Mixto.
PROPOSICIÓN DE LEI SOBRE O CARÁCTER VINCULANTE DAS DECISIÓNS DO COMITÉ EUROPEO DE DEREITOS SOCIAIS E A SÚA OBRIGADA EXECUCIÓN POR PARTE DO ESTADO ESPAÑOL
Exposición de motivos
En xuño de 2021, o Boletín Oficial do Estado publicaba o Instrumento de Ratificación da Carta Social Europea (revisada), feita en Estrasburgo o 3 de maio de 1996, documento que obriga ao Estado español, como Estado membro do Consello de
Europa, ao cumprimento do seu contido e que obriga a todos os poderes do Estado, ao lexislativo, executivo e xudicial, mais tamén ao resto dos poderes públicos, autonómicos, provinciais e locais.
Porén, o Estado español segue sen respectar, en moitos aspectos, os dereitos recollidos na Carta Social Europea -tanto na orixinaria como na revisada- e tense amosado reticente a cumprila, tal e como ten denunciado reiteradamente a
Confederación Intersindical Galega (CIG), a pesar de tela ratificado e incorporado ao noso ordenamento interno. Por esta razón, convén seguir a insistir na eficacia xurídica vinculante da Carta Social Europea (revisada), así como das
interpretacións e aplicacións que desta fai o Comité Europeo de Dereitos Sociais, no mínimo por tres razóns principais.
En primeiro lugar, porque o Instrumento de Ratificación tanto da Carta Social Europea (revisada), publicado no BOE de 11 de xuño de 2021, como o seu Protocolo Adicional sobre o sistema de reclamacións colectivas, publicado no BOE de 2 de
novembro de 2022, evidencian toda a forza xurídica vinculante á que vimos de facer referencia, cando manifestan tanto «o consentimento do Estado español en obrigarse por ese Protocolo». Ambos instrumentos declaran que foi precisa a autorización das
Cortes Xerais, tal e como estabelece o artigo 94.1 da CE, dado que se trata da «prestación do consentimento do Estado para obrigarse por medio de tratados ou convenios» que afectan «aos dereitos e deberes fundamentais estabelecidos no Título I»
[letra d)] e que implican «modificación ou derrogación de algunha lei ou exixan medidas lexislativas para a súa execución [letra e)]. E en ambos non figura ningunha declaración, reserva ou limitación que reste forza á súa eficacia xurídica
vinculante, senón todo o contrario, xa que unha das declaracións do Instrumento de Ratificación da Carta Social Europea (revisada) deixa claro que «En relación coa parte IV, artigo D, parágrafo 2, da Carta Social Europea (revisada), España declara
que acepta a supervisión das súas obrigas contraídas na Carta segundo o que estabelece o procedemento recollido no Protocolo Adicional á Carta Social Europea que desenvolve un sistema de reclamacións colectivas, feito en Estrasburgo, o 9 de novembro
de 1995».
En segundo lugar, porque o propio Consello de Estado coincide nesta mesma análise. Así, no seu Ditame (486/2021) de 8 de xullo de 2021 en relación ao Protocolo do sistema de reclamacións colectivas, en que, ademais, menciona un informe da
Secretaría de Estado de Xustiza (emitido o 17 de decembro de 2020 pola Directora Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Dereitos Humanos) sobre a Carta Social Europea (revisada) e o Protocolo en cuestión, que alude «aos efectos que a súa
ratificación implicaría para España, que son importantes», xa que «o Tratado é xuridicamente vinculante e as decisións do Comité de Expertos son de obrigado cumprimento». E é lóxico que así sexa, porque o Comité Europeo de Dereitos Sociais asegura
a interpretación auténtica da Carta Social Europea (revisada), velando polo seu cumprimento e evitando que sexa interpretada e aplicada de forma diferente en cada Estado, algo que implicaría deixala sen eficacia real.
En terceiro lugar, porque o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo teñen asentada doutrina que declara o carácter vinculante tanto dos tratados internacionais ratificados polo Estado español, considerados como instrumentos incorporados
ao Dereito interno e aos que tamén están sometidos os tribunais (entre outras, as Sentenzas do Tribunal Constitucional 38/1981, de 23 e novembro e 140/2018, de 20 de decembro), como as decisións ou ditames adoptadas polos comités creados por estes
tratados para garantir a súa interpretación e aplicación correctas [entre outras, Sentenza do Tribunal Constitucional 61/2024, de 9 de abril, e Sentenzas do Tribunal Supremo de 17 de xullo de 2018 (rec. 1002/2017) e de 29 de novembro de 2023 (rec.
85/2023)].
Isto é, son vinculantes desde o momento en que, como aquí sucede e manifestan os instrumentos de ratificación antes mencionados, o compromiso de cumprimento de tales tratados ou, neste caso, o «consentimento de España en obrigarse por esta
Carta», implica tamén, necesariamente, o respecto dos mecanismos internacionais de garantía destes cando hai vontade estatal expresa de submisión a estes mecanismos [«En relación coa Parte IV, artigo D, parágrafo 2, da Carta Social Europea
(Revisada), España declara que acepta a supervisión das súas obrigas contraídas», ademais do disposto no artigo C tamén desta mesma Parte].
Por todo iso, non é admisíbel o que argumenta e falla a Sala do Social do Tribunal Supremo na súa Sentenza de 16 de xullo de 2025 a propósito do artigo 24 da Carta Social Europea (revisada) e a súa interpretación e aplicación polo Comité
Europeo de Dereitos Sociais con razoamentos nada consistentes e que evidencian un claro descoñecemento das obrigas que implica para os Estados a ratificación da Carta Social Europea (revisada) como Tratado Internacional, a pesar do disposto na Lei
36/2011, de 10 de outubro, reguladora da Xurisdición Social, sobre a posibilidade de utilizar as
sentenzas do Tribunal Constitucional e do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos como doutrina de contraste no recurso de casación para a unificación de doutrina.
De feito, o artigo 219 da Lei da Xurisdición social, referido á finalidade do recurso e á lexitimación do Ministerio Fiscal, non menciona expresamente no seu apartado 2 ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, pero iso non implica ningún
obstáculo para incluílo, como é lóxico e natural, entre «os órganos xurisdicionais instituídos nos tratados e acordos internacionais en materia de dereitos humanos e liberdades fundamentais ratificados por España».
Así pois, tampouco debería habelo no caso do Comité Europeo de Dereitos Sociais, desde o momento en que se trata dun órgano instituído nun tratado internacional ratificado polo Estado español para a súa correcta interpretación e aplicación,
cuxas decisións son de especial transcendencia constitucional, e posto que forman parte do que o Tribunal Constitucional na súa Sentenza 155/2009, de 25 de xuño, denomina «doutrina dos órganos de garantía encargados da interpretación dos tratados e
acordos internacionais aos que se refire o artigo 10.2 CE».
Por todo o anterior, formúlase a seguinte proposta de modificación do artigo 219.2 da Lei 36/2011, de 10 de outubro, reguladora da Xurisdición Social, para engadir un novo inciso ao final deste, de forma que expresamente prevexa a
posibilidade de invocar as decisións do Comité Europeo de Dereitos Sociais en interpretación da Carta Social Europea (revisada).
Artigo único. Modificación da Lei 36/2011, de 10 de outubro, da Xurisdición Social.
Modifícase o apartado segundo do artigo 219 da Lei 36/2011, de 10 de outubro, reguladora da Xurisdición Social que queda redactado como segue:
«Artigo 219. Finalidade do recurso. Lexitimación do Ministerio Fiscal.
2. Poderá alegarse como doutrina de contradición a estabelecida nas sentenzas ditadas polo Tribunal Constitucional e polos órganos xurisdicionais instituídos nos tratados e acordos internacionais en materia de dereitos humanos e liberdades
fundamentais ratificados por España, sempre que se cumpran os presupostos do número anterior referidos á pretensión de tutela de tales dereitos e liberdades. A sentenza que resolva o recurso limitarase, nese punto de contradición, a conceder ou
denegar ou tutela do dereito ou liberdade invocados, en función da aplicabilidade desa doutrina ao suposto formulado.
Cos mesmos requisitos e alcance sobre a súa aplicabilidade, poderá invocarse a doutrina estabelecida nas sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea en interpretación do dereito comunitario e nas decisións do Comité Europeo de Dereitos
Sociais en interpretación da Carta Social Europea (revisada).»
Disposición Transitoria única.
O contido da presente Lei será de aplicación a todos os procesos en tramitación e pendentes de resolución definitiva no momento da súa publicación.
Disposición final primeira. Entrada en vigor
A presente Lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».