Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 195-1, de 14/03/2025
cve: BOCG-15-B-195-1
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie B: PROPOSICIONES DE LEY
14 de marzo de 2025
Núm. 195-1
PROPOSICIÓN DE LEY
122/000172 Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración.
Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista Grupo Parlamentario Junts per Catalunya
Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar a los autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presentar la siguiente Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Catalunya de competencias estatales en materia de inmigración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2025.-Patxi López Álvarez, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA DE COMPETENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN
Exposición de motivos
El fenómeno migratorio impacta de lleno en las sociedades europeas y conlleva cambios y transformaciones para los cuales los Gobiernos han de estar siempre preparados, y afrontarlo de manera responsable.
Es un fenómeno que no se puede explicar ignorando factores como la falta de oportunidades para tener una vida mejor, el cambio climático, los conflictos armados y la violencia de todo tipo, la falta de libertad política, social, sexual y
religiosa, y sobre todo la pobreza que de ello se deriva.
Si bien siempre ha habido movimientos migratorios, y muchas familias europeas tienen o han tenido miembros que han emigrado a otros países por las mismas razones, en el contexto actual las características del fenómeno han cambiado y se han
intensificado, obligando a los responsables políticos a tomar medidas para gestionarlo con la máxima eficacia.
La baja natalidad que registran las sociedades más desarrolladas, combinada con un aumento de la esperanza de vida y el incremento de la natalidad en regiones devastadas por los efectos de las crisis y la falta de libertades, convierten a la
Unión Europea en un espacio necesitado y atractivo a la vez para la inmigración.
Cada año, cientos de miles de personas procedentes de todo el mundo intentan hacer realidad su proyecto profesional y de vida en Europa. En muy pocos años se ha producido un importante aumento del fenómeno migratorio que, en el caso de
España, es protagonizado mayoritariamente por personas procedentes de América del Sur y del norte de África.
Más allá del impacto y aporte en términos culturales, sociales y económicos, es indudable el beneficio que representa la migración en cuanto a aportación de una fuerza de trabajo indispensable en los diversos sectores económicos y que no
puede ser cubierta de manera suficiente por la mano de obra autóctona.
La migración es una realidad global que supone un desafío al cual hay que dar respuesta apostando por una migración regular, ordenada y segura, que ponga en el centro los derechos humanos.
El impacto sobre la sociedad es transversal, tocando diferentes ámbitos de la misma como el ámbito educativo, el sanitario, el de los servicios sociales, el de las infraestructuras, el de vivienda o los usos de espacios públicos, entre
otros.
Y si bien, por un lado, aumentan los ingresos públicos derivados de las rentas del trabajo de las personas migrantes, del incremento del consumo y de los beneficios empresariales por la mayor competitividad de nuestras empresas, la migración
también incrementa las necesidades en todos estos ámbitos. Encontrar el equilibrio es necesario para asegurar la cohesión social y la sostenibilidad a largo plazo.
La responsabilidad de los gobiernos no consiste solo en atender estas necesidades de manera sostenible, sino también en evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social.
Un riesgo, alimentado en ocasiones por la desinformación y los bulos, que pueden aprovechar las ideologías radicales de distinto signo que buscan erosionar los valores sobre los cuales se ha fundado el modelo de paz, prosperidad y libertades
que ha conocido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un radicalismo que abarca desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo, fenómenos ante los cuales la democracia debe reaccionar y actuar sin complejos.
En España, el fenómeno migratorio es muy desigual y presenta realidades diferentes según cada comunidad autónoma.
Uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades a atender se han multiplicado es el de Catalunya. No es un fenómeno nuevo, porque Catalunya siempre ha sido un territorio fronterizo que ha acogido a
mucha
población procedente de fuera y ha tenido la capacidad de integrar a la catalanidad a estos recién llegados ofreciéndoles un futuro mejor. A lo largo de los últimos cuarenta años, Catalunya ha crecido en aproximadamente 2 millones de
habitantes, pasando de la Catalunya de los 6 millones a la Catalunya de los 8. Actualmente, según datos del Instituto de Estadística de Catalunya, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y si nos fijamos en el lugar de
nacimiento este porcentaje se eleva hasta el 25,1%. También según datos del mismo Instituto a partir de la estadística de migraciones y cambios de residencia del INI, solo en el año 2022 en Catalunya inmigraron 246.869 personas procedentes del
extranjero (101.720 de América), cuando hace apenas diez años la cifra fue de 91.511 personas en conjunto.
A lo expresado anteriormente se añade, en el caso de Catalunya, el impacto que representa para la lengua catalana, que la Ley Orgánica del Estatuto de Catalunya declara que es su lengua propia.
En este contexto, ante el incremento del carácter poliédrico del fenómeno migratorio, se hace necesario acercar la gestión de dicho fenómeno a las administraciones más cercanas, como lo es la Generalitat de Catalunya o las entidades locales
que la integran.
Para situaciones como ésta se diseñó el artículo 150.2 de la Constitución Española, al amparo del cual se propone la presente ley orgánica. Dadas las características de la situación en Catalunya, se trata de facilitar a sus autoridades la
delegación de competencias así como los recursos legales, técnicos, económicos y humanos para que el fenómeno migratorio pueda gestionarse desde la proximidad y las necesidades del territorio. No disponer de ellos va en detrimento del bienestar de
la sociedad que acoge y del desarrollo personal y profesional de todas las personas que llegan, muy especialmente de las más vulnerables.
El preámbulo del Estatuto comienza poniendo de manifiesto que 'Catalunya se ha ido formando a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una
tierra de acogida' y reitera la vocación integradora como sociedad de acogida.
En la letra 'a' del artículo 138.1 del mismo Estatuto, se otorgan a la Generalitat de Catalunya competencias exclusivas en materia de primera acogida e integración. En relación con otras competencias exclusivas como la de servicios
sociales, establecida por el artículo 166.1 del Estatuto, el artículo 14.3 de la Ley Orgánica 4/2000 reconoce, por ejemplo, el derecho de acceso a los servicios sociales básicos a todas las personas extranjeras como titulares, sin exigirles, por
tanto, la condición de residentes. En el marco del principio de autonomía para defender los intereses propios de la colectividad que representan, el artículo 86.3 del Estatuto de Autonomía también abre la puerta a la posibilidad de que los
municipios también presten el servicio de primera acogida a las personas empadronadas que sean extranjeras o retornadas.
De hecho, la vocación de la sociedad catalana de gestionar por sí misma el fenómeno migratorio viene de lejos. La organización administrativa de la gestión migratoria de la Generalitat de Catalunya ya comenzó a estructurarse en 1992. Ese
año, un acuerdo del Gobierno creó la Comisión Interdepartamental de Inmigración para el seguimiento y la coordinación de actuaciones en esta materia. De acuerdo con las funciones y tareas desarrolladas por esta comisión, el 28 de septiembre de 1993
el Gobierno aprobó el primer Plan interdepartamental de inmigración, así como el Decreto 275/1993, de 28 de septiembre, de creación de la Comisión Interdepartamental de Inmigración y de su Consejo Asesor. En los años posteriores, este sistema fue
evolucionando y se fue actualizando mediante diversos decretos (concretamente, los decretos 176/1994, 194/1998, 71/2000 y 228/2000). Cabe destacar el Decreto 293/2000, de 13 de julio, por el cual se crea la Secretaría para la Inmigración, porque,
por primera vez, se crea un órgano específico para la gestión de las políticas migratorias, adscrito, en ese momento, al Departamento de la Presidencia. A partir del año 2002 la Generalitat puso en marcha un servicio público de prestación y de
acogida de los catalanes emigrados y de sus descendientes, con la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al retorno de los catalanes emigrados y sus descendientes. Estas competencias exclusivas de la Generalitat quedan
reguladas en la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y retornadas a Catalunya, y en el Decreto 150/2014, de 18 de noviembre, de los servicios de acogida de las personas inmigradas y retornadas a Catalunya que la
desarrolla.
Con la petición para asumir de manera integral la delegación de competencias, Catalunya apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte
de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge. Este marco de derechos y deberes debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y
conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad. Un nuevo contrato social atractivo para estas personas recién llegadas que, por un lado, debe servir para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles
más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura. Es muy importante que este marco de derechos y deberes también cree un marco cívico que vaya más allá de la lengua y la cultura y que integre
una serie de valores ligados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación o la igualdad de género, entre muchos otros. Se trata de tener las herramientas para crear un proyecto de futuro ilusionante, de esperanza y de bienestar
compartido donde el ascensor social funcione para una integración plena.
Existen, por tanto, todas las condiciones para que las Cortes españolas aprueben la presente ley: la realidad específica de la situación del fenómeno migratorio en Catalunya; la vocación de las instituciones y la experiencia de años por
parte de la administración de la Generalitat; y un marco legislativo preexistente sobre el cual se puede desarrollar la delegación de competencias.
Artículo 1.
1. Se regirá por lo dispuesto en la presente ley orgánica la delegación de competencias estatales a la Comunidad Autónoma de Catalunya en materia de inmigración.
2. La regulación contenida en la presente ley orgánica no afectará a las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma de Catalunya, de conformidad con lo previsto en su Estatuto de Autonomía.
Artículo 2. Estancia de larga duración.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de las solicitudes de autorización de estancia de larga duración,
presentadas antes los órganos competentes, de aquellas personas extranjeras que vayan a permanecer para realizar una actividad académica en el territorio de dicha comunidad autónoma.
2. Se delegan en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de las solicitudes relativas a la prórroga de las autorizaciones
de estancia de larga duración referidas en el apartado 1 del presente artículo.
3. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de los recursos administrativos que los interesados planteen frente
a las resoluciones de los procedimientos referidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Artículo 3. Residencia temporal.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de las solicitudes, presentadas ante los órganos competentes, de
las autorizaciones de residencia temporal de aquellas personas extranjeras que vayan a residir o residir y trabajar en el territorio de dicha comunidad autónoma.
2. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de las renovaciones y extinción de las autorizaciones señaladas en
el apartado 1 del presente artículo.
3. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de los recursos administrativos que los interesados planteen frente
a las resoluciones de los de los procedimientos referidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Artículo 4. Residencia de larga duración.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución, y notificación de la resolución de las autorizaciones de residencia de larga duración presentadas
por las personas extranjeras que residan o vayan a residir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
2. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de la iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de las renovaciones y extinción de las autorizaciones señaladas
en el apartado 1 del presente artículo.
3. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de los recursos administrativos que los interesados planteen
respecto a las resoluciones de los procedimientos referidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Artículo 5. Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya establecer la previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un
período determinado, en relación a las necesidades de Catalunya.
2. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya determinar el contenido de la norma de gestión colectiva en relación a las contrataciones en origen requeridas por la propia Comunidad, estableciendo la correspondiente lista de ocupaciones
prioritarias.
3. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya recabar las solicitudes formuladas por las organizaciones empresariales y organizaciones sindicales del ámbito de su territorio, respecto a las necesidades de puestos de trabajo a cubrir a
través de la gestión colectiva de contrataciones en origen.
4. En lo relativo a las solicitudes realizadas por organizaciones empresariales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Catalunya, estará presente una delegación de la comunidad autónoma en las comisiones de selección creadas en
los respectivos acuerdos aplicables sobre regulación y ordenación de flujos migratorios y otros instrumentos de colaboración, firmados entre España y terceros países.
5. El Gobierno de España informará a la Comunidad Autónoma de Catalunya de la negociación de aquellos instrumentos internacionales con terceros países que tengan incidencia en el ejercicio de las facultades delegadas en el presente
artículo.
Todo ello sin perjuicio a que la Comunidad Autónoma de Catalunya en el marco de sus competencias podrá consignar acuerdos de colaboración en los términos establecidos en el Capítulo III del Título V de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio;
así como en los términos de la normativa en materia de Acción y Servicio Exterior del Estado.
Artículo 6. Régimen sancionador.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de incoación, instrucción, resolución, notificación y ejecución de los procedimientos sancionadores en materia de extranjería por
actuaciones realizadas por
personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito de la comunidad autónoma referenciada.
2. Respecto a aquellos procedimientos sancionadores en materia de extranjería que pueda recaer una sanción de expulsión, así como respecto a aquellos que puedan suponer la devolución de la persona extranjera, se delega en la Comunidad
Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado respecto a aquellos supuestos en los que la normativa del Estado no requiera la tramitación de expediente de expulsión.
3. Respecto al resto de los procedimientos sancionadores en materia de extranjería que pueda recaer una sanción de expulsión, se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de incoación,
instrucción y propuesta de resolución de dichos procedimientos sancionadores por actuaciones realizadas por personas físicas residentes en el ámbito de la comunidad autónoma de Catalunya. A tal efecto, para la resolución definitiva se valorarán los
criterios orientativos que se establezcan en la Junta de Seguridad regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, especialmente cuando afecten a la Seguridad Nacional.
4. Si alguna de las dos administraciones apreciara que, en la implementación del régimen jurídico recogido en el presente artículo, pudiera afectarse a las competencias o al ejercicio de las facultades delegadas de la otra administración,
se abstendrá de resolver, dando traslado del expediente a la Administración competente para ejercer dichas facultades.
Artículo 7. Gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la gestión integral de los Centros de Internamientos de Extranjeros, que en todo caso incluirá la dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros.
2. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la designación de los empleados públicos que deban desempeñar los puestos de trabajo de las unidades y servicios que integran los centros que impliquen funciones de dirección y seguridad
previstas en el citado artículo, así como la adoptación de las actuaciones para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística.
3. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la realización de los traslados de internos en el interior de su territorio.
4. En relación al ejercicio de las facultades delegadas en el presente artículo, la Comunidad Autónoma de Catalunya establecerá mecanismos de control e inspección policial y administrativo del funcionamiento de los Centros de Internamiento
de Extranjeros, en los términos establecidos en el Capítulo II del Título V del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.
Artículo 8. Seguridad en Aeropuertos y Puertos.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya, a través de los Mossos D'Esquadra como policía integral, las facultades de garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, la garantía del mantenimiento del
orden, la seguridad ciudadana, la prevención e investigación de actos delictivos y, en general, el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos.
2. Las facultades señaladas en el apartado anterior se extenderán a la totalidad de las zonas de servicio de aeropuertos y puertos, con inclusión tanto de sus zonas de tierra como de aire, como en las aguas interiores marítimas del puerto,
delimitadas conforme a lo establecido en la normativa sectorial vigente, así como a los buques y aeronaves atracados, fondeados o estacionados en los mismos.
3. Las facultades señaladas en el apartado primero también se extenderán a la protección de las infraestructuras críticas existentes en los puertos y aeropuertos.
Artículo 9. Acceso al espacio Schengen de ciudadanos de terceros países.
1. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras en el territorio de su comunidad autónoma, en los
términos del artículo 6 de la presente norma.
A tal efecto, los Mossos D'Esquadra, como policía integral, actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo a los
criterios que se establezcan en la Junta de Seguridad regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio presidida por la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
2. Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la emisión del informe previo favorable para la habilitación de puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos o aeropuertos.
3. Cuando de conformidad a los artículos 25 y siguientes del Código Schengen se reestablezcan los controles internos de fronteras y éstos afecten a Catalunya, la materialización y operatividad de los mismos se desarrollará conforme a los
criterios establecidos en la Junta de Seguridad regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio presidida por la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
Artículo 10. Emisión de la Documentación identificativa de las personas extranjeras en Catalunya.
Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en la emisión de las tarjetas de identificación de las personas extranjeras autorizadas por dicha comunidad autónoma a residir, estudiar o trabajar,
comunicándolo a la Dirección General de la Policía y bajo los criterios establecidos en el seno de la Junta de Seguridad regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, presidida por la Presidencia de la Generalitat de
Catalunya.
Artículo 11. Coordinación y cooperación policial.
Bajo la Presidencia del Presidente o Presidenta de la Generalitat de Catalunya, la Junta de Seguridad de Catalunya regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, será el órgano bilateral de coordinación y
cooperación de las facultades en materia de inmigración, que ejerzan las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambas administraciones.
Artículo 12. Normas generales de la delegación.
1. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Catalunya de las funciones descritas en los artículos anteriores se ajustará a los principios de coordinación, cooperación y colaboración con la Administración del Estado, especialmente
cuando afecte o repercuta fuera del ámbito territorial de aquélla.
2. La Comunidad Autónoma facilitará a la Administración del Estado la información que ésta solicite sobre las facultades objeto de la delegación. Y, asimismo, la Comunidad Autónoma deberá de disponer de la información necesaria para el
ejercicio de las funciones delegadas.
En lo relativo al régimen sancionador, ambas administraciones se informarán mutuamente, en el plazo de 30 días, respecto a las actuaciones realizadas en dicho ámbito.
3. La Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Catalunya se facilitarán recíprocamente el acceso a los respectivos ficheros en materia de inmigración, respetando siempre la normativa vigente en materia de tratamiento y
protección de datos de carácter personal.
4. La ejecución de las facultades delegadas se hará respetando las competencias de las Entidades Locales que integran la Comunidad Autónoma de Catalunya.
5. El conjunto de las facultades delegadas en la Comunidad Autónoma de Catalunya se ejercerán en los términos consignados en el Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Catalunya.
6. Se habilita a la Comisión Bilateral prevista en el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, para la actualización y adaptación de las facultades delegadas, sin que pueda alterar el alcance de la delegación recogida en esta
ley orgánica en favor de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Dicha Comisión Bilateral también garantizará la participación de la Comunidad Autónoma de Catalunya en aquellas materias que puedan relacionarse con dicha delegación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio.
7. Como facultad accesoria de las anteriormente reseñadas en la presente ley orgánica, el Estado delega en la potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, siempre que
dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comunidades Autónomas.
Dicha potestad normativa habrá de ejercerse, en todo caso, respetando las normas promulgadas por el Estado y los criterios de aplicación establecidos por éste.
8. Asimismo se delegan cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo sean necesarias para el funcionamiento de los servicios a que se refieren las delegaciones realizadas.
9. En el caso de que existiera una discrepancia en la aplicación de lo contenido en la presente ley orgánica, a instancia de cualquiera de las dos administraciones se reunirá la Comisión Bilateral prevista en el artículo 183 de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio.
Si en el plazo de dos meses desde que se reuniera la Comisión Bilateral no se alcanzara un acuerdo, ambas administraciones se reservan los mecanismos de control constitucionales, estatutarios y legales previstos para la resolución de dichas
discrepancias, atendiendo el Gobierno de España en todo caso a lo establecido en el artículo 153.b) de la Constitución Española.
Artículo 13. Traspaso de servicios.
1. El ejercicio de las facultades delegadas requiere del traspaso de medios personales, patrimoniales y presupuestarios, que serán asumidos por la Comunidad Autónoma de Catalunya en el momento que tenga efectividad dicho traspaso, en un
plazo máximo de seis meses de la entrada en vigor de la presente ley orgánica.
2. En el marco de la Comisión Mixta de Transferencias se acordarán los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que han de ponerse a disposición de la Comunidad Autónoma de Catalunya para el ejercicio de las facultades delegadas,
aprobándose dicho traspaso de servicios por Real Decreto.
3. En relación a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la presente ley orgánica, se acordará en el seno de la Junta de Seguridad de Catalunya el calendario para la plena efectividad de dicha delegación, en un plazo máximo de seis meses
de la entrada en vigor de esta ley orgánica.
4. En el marco de la Comisión Bilateral prevista en el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, ambas Administraciones podrán acordar la flexibilización del marco temporal contenido en los apartados 1 y 3 del presente
artículo.
Disposición adicional primera. Trata y explotación de seres de humanos.
Los Mossos d'Esquadra como policía integral ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia de las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Disposición adicional segunda. Incremento de la Plantilla de Mossos d'Esquadra.
Con la finalidad de cumplir con las facultades delegadas en la presente norma y aquéllas otras que se puedan determinar en el seno de la Junta de Seguridad regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, presidida
por la persona titular de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, se deberá incrementar progresivamente la dotación de efectivos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra en 26.800 hasta el año 2032.
Disposición adicional tercera. Inclusión de la población extranjera.
La Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Catalunya cooperarán y colaborarán en el ejercicio de sus respectivas competencias, para asegurar la plena inclusión e integración de la población
extranjera en Catalunya.
Disposición final única.
La presente ley orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
En nom del Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari Junts per Catalunya, tinc l'honor de dirigir-me a la Mesa per, a l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents del vigent Reglament de la Cambra, presentar la següent
Proposició de Llei Orgànica de delegació a la Comunitat Autònoma de Catalunya de competències estatals en matèria d'immigració.
Congrés dels Diputats, 4 de març de 2025.-Patxi López Álvarez, Portaveu Grup Parlamentari Socialista.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu Grup Parlamenari Junts per Catalunya.
PROPOSICIÓ DE LLEI ORGÀNICA DE DELEGACIÓ A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA DE COMPETÈNCIES ESTATALS EN MATÈRIA D'IMMIGRACIÓ
Exposició de motius
El fenomen migratori impacta plenament en les societats europees i comporta canvis i transformacions per als quals els Governs han d'estar sempre preparats, i afrontar-ho de manera responsable.
És un fenomen que no es pot explicar ignorant factors com la falta d'oportunitats per a tenir una vida millor, el canvi climàtic, els conflictes armats i la violència de tot tipus, la manca de llibertat política, social, sexual i religiosa,
i sobretot la pobresa que se'n deriva.
Si bé sempre hi ha hagut moviments migratoris, i moltes famílies europees tenen o han tingut membres que han emigrat a altres països pels mateixos motius, en el context actual les característiques del fenomen han canviat i s'han
intensificat, obligant als responsables polítics a prendre mesures per gestionar-ho amb la màxima eficàcia.
La baixa natalitat que enregistren les societats més desenvolupades, combinada amb un augment de l'esperança de vida i un increment de la natalitat en regions devastades pels efectes de la crisi i la manca de llibertats, converteixen a la
Unió Europea en un espai necessitat i atractiu a la vegada per a la immigració.
Cada any, centenars de milers de persones procedents de tot el món intenten fer realitat el seu projecte professional i de vida a Europa. En molts pocs anys s'ha produït un important augment del fenomen migratori que, en el cas d'Espanya,
és protagonitzat majoritàriament per persones procedents d'Amèrica del Sud i del nord d'Àfrica.
Més enllà de l'impacte i l'aportació en termes culturals, socials i econòmics, és indubtable el benefici que representa la migració en quant a aportació d'una força de treball indispensable en els diversos sectors econòmics i que no pot ser
coberta de manera suficient per la ma d'obra autòctona.
La migració és una realitat global que suposa un repte al qual s'ha de donar resposta apostant per una migració regular, ordenada i segura, que posi en el centre els drets humans.
L'impacte sobre la societat és transversal, tocant diferents àmbits de la mateixa com l'àmbit educatiu, el sanitari, el dels serveis socials, el de les infraestructures, el de l'habitatge o els usos d'espais públics, entre d'altres.
I si bé, per un costat, augmenten els ingressos públics derivats de les rentes del treball de les persones migrants, de l'increment del consum i dels beneficis empresarials per la major competitivitat de les nostres empreses, la migració
també incrementa les necessitats en tots aquests àmbits. Trobar l'equilibri, és necessari per assegurar la cohesió social i la sostenibilitat a llarg termini.
La responsabilitat dels governs no consisteix només en atendre aquestes necessitats de manera sostenible, sinó també en evitar possibles efectes que puguin representar un risc per a la convivència i la cohesió social.
Un risc, alimentat en ocasions per la desinformació i les mentides, que puguin aprofitarse les ideologies radicals de diferent signe que busquen erosionar els valors sobre els quals s'ha fundat el model de pau, prosperitat i llibertats que
ha conegut Europa després de la Segona Guerra Mundial. Un radicalisme que abasta des de la xenofòbia i el racisme, fins l'integrisme religiós i el terrorisme, fenòmens davant els quals la democràcia ha de reaccionar i actuar sense complexos.
A Espanya, el fenomen migratori és molt desigual i presenta realitats diferents segons cada comunitat autònoma.
Un dels territoris on s'ha produït el canvi més gran i on les necessitats a atendre s'han multiplicat és el de Catalunya. No és un fenomen nou, perquè Catalunya sempre ha estat un territori fronterer que ha acollit a molta població
procedent de fora, i ha tingut la capacitat d'integrar a la catalanitat a aquests nouvinguts oferint-los un futur millor. Al llarg dels darrers quaranta anys, Catalunya ha crescut en aproximadament 2 milions d'habitants, passant de la Catalunya
dels 6 milions a la Catalunya dels 8. Actualment, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 17% de la població catalana tenen nacionalitat estrangera, i si ens fixem en el lloc de naixement aquest percentatge s'eleva fins el
22,4%.
També, segons les dades del mateix Institut, a partir de l'estadística de migracions i canvis de residència de l'INI, només a l'any 2022, a Catalunya van immigrar 246.869 persones procedents de l'estranger (107.720 d'Amèrica), quan fa 10
anys aproximadament la xifra va ser de 91.511 persones en el seu conjunt.
Respecte el que s'ha exposat anteriorment, s'afegeix, en el cas de Catalunya, l'impacte que representa per a la llengua catalana, que la Llei Orgànica de L'Estatut de Catalunya declara que és la seva llengua pròpia.
En aquest context, davant l'increment de caràcter polièdric del fenomen migratori, es fa necessari apropar la gestió d'aquest fenomen a les administracions més properes, com és la Generalitat de Catalunya o les entitats locals que la
integren.
Per a situacions com aquestes es va dissenyar l'article 150.2 de la Constitució Espanyola, a l'empara del qual es proposa la present Llei Orgànica. Un cop observades les dades característiques de la situació a Catalunya, es tracta de
facilitar a les seves autoritats la delegació de competències, així com els recursos legals, tècnics, econòmics i humans, per a què el fenomen migratori pugui gestionar-se des de la proximitat i les necessitats del territori. No disposar d'aquests
va en detriment del benestar de la societat que acull, i del desenvolupament personal i professional de totes les persones que arriben, molt especialment de les més vulnerables.
El preàmbul de l'Estatut comença posant de manifest que 'Catalunya s'ha anat formant al llarg del temps amb les aportacions d'energies de moltes generacions, de
moltes tradicions i cultures, que han anat trobant en ella una terra d'acollida', i reitera la vocació integradora com a societat d'acollida.
A la lletra 'a' de l'article 138.1 del mateix Estatut, s'atorguen a la Generalitat de Catalunya competències exclusives en matèria de primera acollida i integració. En relació amb altres competències exclusives com la de serveis socials,
establerta per l'article 166.1 de l'Estatut, l'article 14.3 de la Llei Orgànica 4/2000 reconeix, per exemple, el dret d'accés als serveis socials bàsics a totes les persones estrangeres com a titulars, sense exigir-los, per tant, la condició de
residents. En el marc del principi d'autonomia per a defensar els interessos propis de la col·lectivitat que representin, l'article 86.3 de l'Estatut d'Autonomia també obra la porta la possibilitat de què els municipis també prestin el servei de
primera acollida a les persones empadronades que siguin estrangeres o retornades.
De fet, la vocació de la societat catalana de gestionar per si mateixa el fenomen migratori ve de lluny. La organització administrativa de la gestió migratòria de la Generalitat de Catalunya ja va començar a estructurar-se l'any 1992.
Aquell any, un acord del Govern va crear la Comissió Interdepartamental d'immigració per al seguiment i la coordinació d'actuacions en aquesta matèria. D'acord amb les funcions i tasques desenvolupades per aquesta comissió, el 28 de setembre de
1993 el Govern va aprovar el primer Pla interdepartamental d'immigració, així com el Decret 275/1993, de 28 de setembre, de creació de la Comissió Interdepartamental d'Immigració i del seu Conseller Assessor. En els anys posteriors, aquest sistema
va anar evolucionant i es va anar actualitzant mitjançant diversos decrets (concretament, els decrets 176/1994, 194/1998, 71/2000 i 228/2000). Cal destacar el Decret 293/2000, de 13 de juliol, pel qual es crea la Secretaria per a la Immigració,
perquè, per primera vegada, es crea un òrgan específic per a la gestió de les polítiques migratòries, adscrit, en aquest moment, al Departament de la Presidència. A partir de l'any 2002 la Generalitat va posar en marxa un servei públic de prestació
i d'acollida dels catalans emigrats i dels seus descendents, amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de recolzament al retorn dels catalans emigrats i dels seus descendents. Aquestes competències exclusives de la Generalitat queden
regulades a la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, i en el Decret 150/2014, del 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya que la desenvolupa.
Amb la petició per assumir de manera integral la delegació de competències, Catalunya aposta per un model de gestió basat en l'establiment d'una sèrie de drets inclusius, però també d'uns deures clars, tant per part de les persones que hi
arriben, com per part de la societat catalana que els acull. Aquest marc de drets i deures ha de ser un element clau que pugui vertebrar el compromís d'integració i de respecte als valors cívics i coneixement lingüístics i culturals que defineixen
la societat catalana. Un nou contracte social atractiu per aquestes persones que acabaven d'arribar que, per una banda, ha de servir per a protegir-les davant la potencial vulneració dels seus drets i brindar-les de més oportunitats, així com per a
protegir la cohesió de la societat d'acollida, la seva llengua i la seva cultura. És molt important que aquest marc de drets i deures també creï un marc cívic que vagi més enllà de la llengua i la cultura, i que integri una sèrie de valors lligats
a la convivència, el treball, l'esforç, l'educació o la igualtat de gènere, entre molts altres. Es tracta de tenir les eines per a crear un projecte de futur il·lusionant, d'esperança i de benestar compartit, on l'ascensor social funcioni per a una
integració plena.
Existeixen, per tant, totes les condicions perquè les Corts espanyoles aprovin la present Llei: la realitat específica de la situació del fenomen migratori a Catalunya; la vocació de les institucions i l'experiència d'anys per part de
l'administració de la Generalitat; i un marc legislatiu preexistent sobre el qual es pugui desenvolupar la delegació de competències.
Article 1.
1. Es regirà per allò disposat a la present Llei Orgànica la delegació de competències estatals a la Comunitat Autònoma de Catalunya en matèria d'immigració.
2. La regulació continguda en la present Llei Orgànica no afectarà a les competències que ostenta la Comunitat Autònoma de Catalunya, de conformitat amb allò previst al seu Estatut d'Autonomia.
Article 2. Estada de llarga durada.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució de les sol·licituds d'autorització d'estada de llarga durada, presentades
davant els òrgans competents, d'aquelles persones estrangeres que vagin a romandre per a realitzar una activitat acadèmica en el territori d'aquesta comunitat autònoma.
2. Es deleguen a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució de les sol·licituds relatives a la pròrroga de les autoritzacions d'estada
de llarga durada referides a l'apartat 1 del present article.
3. Es deleguen a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució dels recursos administratius que els interessats plantegin davant les
resolucions dels procediments referits als apartats 1 i 2 del present article.
Article 3. Residència temporal.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució de les sol·licituds, presentades davant els òrgans competents, de les
autoritzacions de residència temporal d'aquelles persones estrangeres que vagin a residir, o residir i treballar, en el territori d'aquesta comunitat autònoma.
2. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució de les renovacions i extinció de les autoritzacions assenyalades en
l'apartat 1 del present article.
3. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució dels recursos administratius que els interessats plantegin davant les
resolucions dels procediments referits en els apartats 1 i 2 del present article.
Article 4. Residència de llarga durada.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució, i notificació de la resolució de les autoritzacions de residència de llarga durada presentades per les
persones estrangeres que resideixin o vagin a residir en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
2. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria de la iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució de les renovacions i extinció de les autoritzacions assenyalades a
l'apartat 1 del present article.
3. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'iniciació, instrucció, resolució i notificació de la resolució dels recursos administratius que els interessats plantegin respecte a les
resolucions dels procediments referits dels apartats 1 i 2 del present article.
Article 5. Gestió Col·lectiva de Contractacions en Origen.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya establir la previsió anual de les ocupacions i, en el seu cas, de les xifres previstes de llocs de treball que es puguin cobrir a través de la gestió col·lectiva de contractacions en origen
en un període determinat, en relació a les necessitats de Catalunya.
2. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya determinar el contingut de la norma de gestió col·lectiva en relació a les contractacions en origen requerides per la pròpia Comunitat, establint la corresponent llista d'ocupacions
prioritàries.
3. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya recavar les sol·licituds formulades per les organitzacions empresarials i organitzacions sindicals de l'àmbit del seu territori, respecte a les necessitats de llocs de treball a cobrir a
través de la gestió col·lectiva de contractacions en origen.
4. En allò relatiu a les sol·licituds realitzades per organitzacions empresarials de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, estarà present una delegació de la comunitat autònoma a les comissions de selecció creades en
els respectius acords aplicables sobre regulació i ordenació de fluxos migratoris i altres instruments de col·laboració, signats entre Espanya i tercers països.
5. El Govern d'Espanya informarà a la Comunitat Autònoma de Catalunya de la negociació d'aquells instruments internacionals amb tercers països que tinguin incidència en l'exercici de les facultats delegades en el present article.
Tot això sens perjudici que a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el marc de les seves competències, podrà consignar acords de col·laboració en els termes establerts al Capítol III del Títol V de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol;
així com en els termes de la normativa en matèria d'Acció i Servei Exterior de l'Estat.
Article 6. Règim sancionador.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'incoació, instrucció, resolució, notificació i execució dels procediments sancionadors en matèria d'estrangeria per actuacions realitzades
per persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit de la comunitat autònoma referenciada.
2. Respecte a aquells procediments sancionadors en matèria d'estrangeria que pugui recaure una sanció d'expulsió, així com respecte aquells que puguin suposar la devolució de la persona estrangera, es delega en la Comunitat Autònoma de
Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat respecte a aquells supòsits en els que la normativa de l'Estat no requereix la tramitació d'expedient d'expulsió.
3. Respecte la resta dels procediments sancionadors en matèria d'estrangeria en els que pugui recaure una sanció d'expulsió, es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en matèria d'incoació,
instrucció, i proposta de resolució d'aquests procediments sancionadors per actuacions realitzades per persones físiques residents en l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. A tal efecte, per la resolució definitiva es tindrà en compte els
criteris operatius que s'estableixin a la Junta de Seguretat regulada a l'article 164.4 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, especialment quan afectin a la Seguretat Nacional.
4. Si alguna de les dues administracions apreciés que, en la implementació del règim jurídic recollit en el present article, pogués afectar a les competències o a l'exercici de les facultats delegades de l'altre administració, s'abstindrà
de resoldre, donant trasllat de l'expedient a l'administració competent per exercir dites facultats.
Article 7. Gestió integral dels Centres d'Internament dels Estrangers.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya la gestió integral dels Centres d'Internaments d'Estrangers, que en tot cas inclourà la direcció, coordinació, gestió i inspecció dels centres.
2. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya la designació dels empleats públics que hagin d'exercir els llocs de treball de les unitats i serveis que integren els centres que impliquin funcions de direcció i seguretat previstes en el
citat article, així com la adopció de les actuacions per a la prestació dels serveis d'assistència sanitària, social, jurídica, cultural i lingüística.
3. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya la realització dels trasllats d'interns a l'interior del seu territori.
4. Pel que fa a l'exercici de les facultats delegades en aquest article, la Comunitat Autònoma de Catalunya establirà mecanismes de control i inspecció policial i administrativa del funcionament dels Centres d'Internament d'Estrangers, en
els termes establerts al Capítol II del Títol V del Reial Decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s'aprova el reglament de funcionament i règim interior dels centres d'internament d'estrangers.
Article 8. Seguretat en Aeroports i Ports.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya, a través dels Mossos d'Esquadra com a policia integral, les facultats de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats, la garantia del manteniment de l'ordre, la
seguretat ciutadana, la prevenció i investigació d'actes delictius i, en general, l'exercici de totes les funcions comunes en els ports i aeroports.
2. Les facultats assenyalades en l'apartat anterior s'estendran a la totalitat de les zones de servei d'aeroports i ports, amb inclusió tant de les seves zones de terra com d'aire, com en les aigües interiors marítimes del port, delimitades
conforme al que s'estableix en la normativa sectorial vigent, així com als vaixells i aeronaus atracats, fondejats o estacionats en les mateixes.
3. Les facultats assenyalades en l'apartat primer també s'estendran a la protecció de les infraestructures crítiques existents en els ports i aeroports.
Article 9. Accés a l'espai Schengen de ciutadans de tercers països.
1. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya les facultats de control de frontera relatives a l'execució de la normativa de l'Estat en matèria de devolució de persones estrangeres en el territori de la seva comunitat autònoma, en els
termes de l'article 6 de la present norma.
A aquest efecte, els Mossos d'Esquadra, com a policia integral, actuarà en els llocs habilitats per a l'accés de persones estrangeres en ports i aeroports, en col·laboració amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat, d'acord amb els
criteris que s'estableixin a la Junta de Seguretat regulada a l'article 164.4 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol presidida per la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2. Es delega a la Comunitat Autònoma de Catalunya l'emissió de l'informe previ favorable per a l'habilitació de llocs habilitats per a l'accés de persones estrangeres en ports o aeroports.
3. Quan de conformitat als articles 25 i següents del Codi Schengen es restableixin els controls interns de fronteres i aquests afectin a Catalunya, la materialització i operativitat dels mateixos es desenvoluparà conforme als criteris
establerts a la Junta de Seguretat regulada en l'article 164.4 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol presidida per la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Article 10. Emissió de la Documentació identificativa de les persones estrangeres a Catalunya.
Es delega en la Comunitat Autònoma de Catalunya l'execució de la normativa de l'Estat en l'emissió de les targetes d'identificació de les persones estrangeres autoritzades per aquesta comunitat autònoma a residir, estudiar o treballar,
comunicant-ho a la Direcció General de la Policia i sota els criteris establerts en el si de la Junta de Seguretat regulada en l'article 164.4 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, presidida per la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Article 11. Coordinació i cooperació policial.
Sota la Presidència del President o Presidenta de la Generalitat de Catalunya, la Junta de Seguretat de Catalunya regulada en l'article 164.4 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, serà l'òrgan bilateral de coordinació i cooperació de les facultats en matèria d'immigració, que exerceixin les forces i cossos de seguretat de totes dues administracions.
Article 12. Normes generals de la delegació.
1. L'exercici per part de la Comunitat Autònoma de Catalunya de les funcions descrites en els articles anteriors s'ajustarà als principis de coordinació, cooperació i col·laboració amb l'Administració de l'Estat, especialment quan afecti o
repercuteixi fora de l'àmbit territorial d'aquella.
2. La Comunitat Autònoma facilitarà a l'Administració de l'Estat la informació que aquesta sol·liciti sobre les facultats objecte de la delegació. I, així mateix, la Comunitat Autònoma haurà de disposar de la informació necessària per a
l'exercici de les funcions delegades.
Quant al règim sancionador, totes dues administracions s'informaran mútuament, en el termini de 30 dies, respecte a les actuacions realitzades en aquest àmbit.
3. L'Administració de l'Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya es facilitaran recíprocament l'accés als respectius fitxers en matèria d'immigració, respectant sempre la normativa vigent en matèria de tractament i protecció de dades de
caràcter personal.
4. L'execució de les facultats delegades es farà respectant les competències de les Entitats Locals que integren la Comunitat Autònoma de Catalunya.
5. El conjunt de les facultats delegades en la Comunitat Autònoma de Catalunya s'exerciran en els termes consignats en el Capítol III del Títol I de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
6. S'habilita a la Comissió Bilateral prevista en l'article 183 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per a l'actualització i adaptació de les facultats delegades, sense que pugui alterar l'abast de la delegació recollida en aquesta
Llei orgànica en favor de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aquesta Comissió Bilateral també garantirà la participació de la Comunitat Autònoma de Catalunya en aquelles matèries que puguin relacionar-se amb aquesta delegació, sense perjudici del que s'estableix en l'article 138.3 de la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol.
7. Com a facultat accessòria de les anteriorment ressenyades en la present Llei orgànica, l'Estat delega la potestat normativa d'execució o desenvolupament de les normes estatals reguladores de les matèries objecte de delegació, sempre que
aquestes normes prevegin expressament aquesta execució o desenvolupament per les Comunitats Autònomes.
L'esmentada potestat normativa s'haurà d'exercir, en tot cas, respectant les normes promulgades per l'Estat i els criteris d'aplicació establerts per aquest.
8. Així mateix es deleguen quantes actuacions gestores de caràcter executiu siguin necessàries per al funcionament dels serveis a què es refereixen les delegacions realitzades.
9. En el cas que existís una discrepància en l'aplicació del contingut en la present Llei orgànica, a instàncies de qualsevol de les dues administracions es reunirà la Comissió Bilateral prevista en l'article 183 de la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol.
Si en el termini de dos mesos des que es reunís la Comissió Bilateral no s'aconseguís un acord, totes dues administracions es reserven els mecanismes de control constitucionals, estatutaris i legals previstos per a la resolució d'aquestes
discrepàncies, atenent el Govern d'Espanya en tot cas al que s'estableix en l'article 153.b) de la Constitució Espanyola.
Article 13. Traspàs de serveis.
1. L'exercici de les facultats delegades requereix del traspàs de mitjans personals, patrimonials i pressupostaris, que seran assumits per la Comunitat Autònoma de Catalunya en el moment que tingui efectivitat aquest traspàs, en un termini
màxim de sis mesos de l'entrada en vigor de la present Llei orgànica.
2. En el marc de la Comissió Mixta de Transferències s'acordaran els mitjans personals, pressupostaris i patrimonials que han de posar-se a la disposició de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'exercici de les facultats delegades,
aprovant-se aquest traspàs de serveis per Reial decret.
3. En relació al que s'estableix en els articles 8 i 9 de la present Llei orgànica, s'acordarà en el si de la Junta de Seguretat de Catalunya el calendari per a la plena efectivitat d'aquesta delegació, en un termini màxim de sis mesos de
l'entrada en vigor d'aquesta llei orgànica.
4. En el marc de la Comissió Bilateral prevista en l'article 183 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, totes dues Administracions podran acordar la flexibilització del marc temporal contingut en els apartats 1 i 3 del present
article.
Disposició addicional primera. Tràfic i explotació d'éssers d'humans.
Els Mossos d'Esquadra com a policia integral exerciran la competència per a la prevenció, persecució, protecció i assistència de les víctimes de tràfic i explotació d'éssers humans.
Disposició addicional segona. Increment de la plantilla de Mossos d'Esquadra.
Amb la finalitat de complir amb les facultats delegades en la present norma i aquelles altres que es puguin determinar en el si de la Junta de Seguretat regulada en l'article 164.4 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, presidida per
la persona titular de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, s'haurà d'incrementar progressivament la dotació d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra en 26.800 fins a l'any 2032.
Disposició addicional tercera. Inclusió de la població estrangera.
L'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya cooperaran i col·laboraran en l'exercici de les seves respectives competències, per assegurar la plena inclusió i integració de la població estrangera
a Catalunya.
Disposició final única.
La present Llei orgànica entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.