BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie A: PROYECTOS DE LEY


11 de abril de 2025

Núm. 52-1

PROYECTO DE LEY


121/000052 Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(121) Proyecto de ley.


Autor: Gobierno


Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.


Acuerdo:


Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza
el día 5 de mayo de 2025.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2025.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.

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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN LOS ENTORNOS DIGITALES


Exposición de motivos


I


El desarrollo de la tecnología es una constante en nuestra sociedad que genera importantes transformaciones con consecuencias en diversos ámbitos de nuestra vida. Especialmente relevante es el efecto de la digitalización en el desarrollo
personal y social de las personas menores de edad, razón por la que deviene crucial contar con herramientas y mecanismos de protección y garantía de sus derechos en los entornos digitales.


A efectos de la presente ley se tiene en cuenta la noción de entorno digital que recoge el apartado I.2 de la Observación General n.º 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, del Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas, que expresa que 'El entorno digital está en constante evolución y expansión, y abarca las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las redes, los contenidos, los servicios y las aplicaciones
digitales, los dispositivos y entornos conectados, la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas automatizados, los algoritmos y el análisis de datos, la biometría y la tecnología de implantes.'


La accesibilidad y la globalización de los entornos digitales permiten que las personas menores de edad utilicen estos medios para el ejercicio de derechos fundamentales, como son el derecho de información y la libertad de expresión, y para
su participación política, social y cultural en los ámbitos local, nacional e incluso internacional.


Junto con los beneficios de los procesos de digitalización y de universalización del acceso a los entornos digitales conviene señalar los riesgos y perjuicios que se pueden derivar de un uso inadecuado de los mismos. El entorno digital
puede incluir mensajes y contenidos de estereotipos de género, discriminatorios o violentos, así como información no veraz o sobre hábitos de conducta o consumo poco saludables, ilegales o dañinos. Esta información está al alcance de niñas, niños y
adolescentes a través de múltiples fuentes.


Entre los riesgos y perjuicios asociados con un uso inadecuado de medios y dispositivos digitales cabe destacar la aparición de problemas de salud, tanto físicos, psicológicos como emocionales, dificultades de interacción social o problemas
en el desarrollo cognitivo. No obstante, además de estos riesgos sobre la salud, existen otros relacionados con el uso de datos y la privacidad de las personas menores de edad, la progresiva insensibilización ante actos de violencia, el ciberacoso
y el aumento de casos de explotación y abusos de menores.


El acceso a contenido inapropiado puede producir múltiples consecuencias en la infancia y adolescencia, tantas como variedades de contenido inapropiado se puedan considerar. En concreto tal y como se desprende de la iniciativa Internet
Segura para Niños (is4k.es) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) entre los daños potenciales para las personas menores destacan los siguientes:


- Daños psicológicos y emocionales. El menor posee una madurez y una autoestima en desarrollo, por lo que es más vulnerable a nivel emocional si tropieza con información que no es capaz de asumir o frente a la que no sabe cómo reaccionar,
como por ejemplo contenido pornográfico o violento. Estos les pueden resultar demasiado complejos e incluso perturbadores.


- Desinformación, manipulación y construcción de falsas creencias. Los contenidos falsos y sin rigor pueden confundir a las personas menores de edad y son especialmente peligrosos cuando tratan temáticas relacionadas con la salud y la
seguridad.


- Establecimiento de conductas peligrosas, delictivas, discriminatorias o socialmente inapropiadas. Las personas menores de edad pueden asumir determinados contenidos

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como ciertos y positivos, y adoptarlos en forma de conductas o valores dañinos: sexismo, machismo, homofobia, racismo, etc.


- Daños para la salud física. Algunos contenidos tienen como objetivo la promoción de desórdenes alimenticios (anorexia y bulimia), conductas de autolesión o consumo de drogas. Otros pueden animar a los menores a realizar actividades
potencialmente peligrosas para su salud, como algunos vídeos o cadenas virales.


- Inclusión en grupos y colectivos dañinos. Acceder a determinados contenidos puede acercar al menor a colectivos extremistas, violentos o racistas, así como a sectas de carácter ideológico o religioso, grupos políticos radicales, etc. El
factor emocional es importante a la hora de hacer frente a esta información que puede ser perjudicial o malintencionada, dado que una baja autoestima, o aquella que esté aún en desarrollo, aumenta la vulnerabilidad del menor.


- Adicciones. El acceso a contenidos inapropiados sobre alcohol, tabaco y otras drogas, sexo y juegos de azar puede favorecer trastornos de adicción, dado que las personas menores de edad pueden no tener suficiente capacidad crítica para
gestionar los riesgos asociados a este tipo de actividades.


- Gastos económicos. Los fraudes o intentos de engaño destinados a estafar a los usuarios para hacerse con su dinero o sus datos pueden acarrear pérdidas económicas directas, como ocurre por ejemplo con las suscripciones de SMS Premium.
Además, las personas menores de edad son más vulnerables a la hora de interpretar y gestionar la publicidad excesiva a la que están expuestos en Internet ya que puede generar en ellos la necesidad de consumir impulsivamente, como sucede con las
compras en juegos y aplicaciones. Asimismo, no siempre el contenido de los anuncios es, en sí mismo, adecuado para ellos.


En esta línea, la preservación del interés superior del menor, que es hoy un principio de orden público, hace necesario avanzar en la protección de la infancia, la adolescencia y la juventud para generar un entorno digital cada vez más
seguro, dirigido a garantizar su desarrollo integral, evitando los riesgos y peligros que vienen señalándose tanto desde ámbitos científicos y educativos como desde las propias entidades y asociaciones de protección a la infancia y la juventud.
Igualmente, es preciso fomentar la formación digital al fin de enseñar a niños, niñas y adolescentes a ser usuarios conscientes y seguros de la tecnología, así como, de los aspectos psicológicos teniendo en cuenta el impacto emocional y cognitivo de
las experiencias en línea. Asimismo merece especial atención la protección de las personas menores de edad con discapacidad, que pueden ser más vulnerables ante acciones de discriminación o abuso y tener mayor dificultad para la identificación de
contenidos perjudiciales para ellos.


España tiene un compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia, como así lo atestigua la ratificación de diferentes acuerdos internacionales de Derechos Humanos, entre los que destaca la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, así como las políticas de promoción de estos derechos y lucha contra las violencias contra la infancia. Teniendo en cuenta que los entornos digitales son hoy uno más entre los diferentes ámbitos en
los que se desarrolla la vida en sociedad, resulta necesaria esta norma que viene a regular y garantizar el disfrute de derechos de la infancia en estos entornos. Esta norma emana por tanto del artículo 20.4 de la Constitución Española que reconoce
una especial protección al ámbito de la juventud y de la infancia, así como del artículo 39 que recoge el derecho a la protección integral de la infancia. También suponen antecedentes de la norma los artículos 33, 45 y 46 de la Ley Orgánica 8/2021,
de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, entre otros. Ante la realidad de las oportunidades y riesgos que suponen los entornos digitales, corresponde al Estado poner en marcha medidas que aseguren
el disfrute y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia en este ámbito.


Desde el ámbito europeo también se han impulsado medidas y propuestas para la regulación de los entornos digitales en lo que respecta a las personas menores de edad.

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La Estrategia para los Derechos de la Infancia 2021-2024 llamó la atención sobre esta cuestión, siendo la sociedad digital y de la información una de las seis áreas temáticas que la conforman. En ella, además de señalar su enorme potencial
en el ámbito educativo o para la reducción de determinadas brechas sociales, se apunta a la necesidad de adoptar medidas ante los riesgos que puede acarrear el mundo digital en áreas como el ciberacoso o la incitación al odio, además de la necesidad
de introducir regulación para evitar los problemas de salud que pueden derivar de una exposición excesiva a las pantallas. La Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños apuntaba en la misma dirección sobre la que ya han
regulado o se encuentran en procesos regulatorios diferentes países de nuestro entorno.


Esta norma responde también a los diferentes indicadores tanto de las instituciones supranacionales como de diferentes actores relevantes de la sociedad civil que sitúan algunas de las problemáticas derivadas de la exposición de la infancia
y la adolescencia a los entornos digitales, de forma desregulada, como un problema de salud pública. Esta regulación por tanto garantiza el derecho de la infancia a crecer sin que su desarrollo se vea condicionado por la exposición a las pantallas,
así como a poder hacer uso de los entornos digitales de una forma positiva, ya sea en el ámbito de la educación o como espacio de interacción social o acceso a la cultura y el ocio.


Junto a ello, y ante la necesidad de avanzar en la protección de la infancia y la adolescencia en los ámbitos digitales, el Gobierno constituyó mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2024 un Comité de personas expertas
para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. Este Comité, formado por representantes de la sociedad civil, representantes de diferentes instituciones, personas académicas especializadas en diferentes elementos
ligados a esta problemática, y representantes de los propios organismos de participación infantil y de la adolescencia, así como entidades responsables de la promoción de sus derechos, ha venido trabajando sobre los entornos digitales con una mirada
multidisciplinar e interseccional con el fin de realizar un informe que analice buenas prácticas y elabore recomendaciones, medidas y actuaciones para una hoja de ruta con el objetivo de generar un entorno digital seguro, que contribuya a la mejor
protección del desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.


La norma se inspira, además, en los trabajos que se han venido realizando en diferentes espacios para abordar los elementos que encuentran su reflejo en la norma que, dada la complejidad de la problemática, los integra desde diferentes
perspectivas. Así, se aúnan propuestas que atañen al sector digital, a los proveedores de servicios en este ámbito, y también al desarrollo de políticas en los ámbitos de la educación, la sanidad, o las políticas de protección de las personas
consumidoras.


En ese sentido, la generación de espacios seguros en el ámbito digital para la infancia y adolescencia no puede hacerse de espaldas a esa parte de la población. Así, la norma dota de un papel activo a la infancia y adolescencia, reconocidas
como sujetos de derechos que, a través de herramientas que se generan como la Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital podrán participar en el propio diseño, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas derivadas de la implementación de esta ley que les atañen de forma directa. En definitiva, lo que viene a delimitarse a través de la ley es el derecho a la protección ante los contenidos digitales que puedan resultar dañinos para
su desarrollo y su derecho a poder tomar decisiones al respecto de los mismos, recibiendo información de forma adecuada para su edad. Estos derechos de la infancia y la adolescencia se desarrollan mediante las medidas y políticas descritas en el
articulado de la ley, así como de las diferentes obligaciones que derivan de ellos para la administración y el sector privado, que desempeña un papel fundamental en este ámbito. La regulación genera así el marco necesario para el desarrollo de los
compromisos adquiridos por España en materia de derechos de las personas menores de edad ante el papel creciente que juegan los entornos digitales como un plano más en el que se desarrolla la sociedad.

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II


El título preliminar, 'Disposiciones generales', constituye el marco básico de referencia para garantizar el respeto y disfrute en igualdad de todas las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, fomentando la participación
activa de este colectivo y superando las barreras de la discriminación.


El principal objetivo de la ley es ofrecer entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia, con plena protección de sus derechos y libertades, a la vez que se fomenta un uso adecuado y respetuoso de las nuevas tecnologías.


De acuerdo con lo anterior, el artículo 2 reconoce los derechos de las personas menores de edad en este tipo de entornos, entre ellos los derechos a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, a
recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad y el grado de madurez sobre el uso de las tecnologías y de los riesgos asociados al mismo, así como al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y
formación para el uso de herramientas digitales.


Con ello se completa el marco previamente definido por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de
junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo título III, capítulo VIII, se dedica a las nuevas tecnologías, fomentando la colaboración público-privada en aras de garantizar el uso seguro y responsable de
internet y las tecnologías de la información y la comunicación entre las personas menores de edad; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que contempla la necesidad de
otorgar una protección real a las personas menores de edad en internet, a cuyo fin obliga a los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales a procurar que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos
digitales y de los servicios de la sociedad de la información al objeto de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales (artículo 84); obliga a los centros educativos y a cualesquiera
personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad a garantizar la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, y especialmente el derecho a la protección de sus datos personales
en internet (artículo 92); y prevé la aprobación de un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los
dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales
(artículo 97.2).


En esta misma línea, el artículo 3 recoge los fines que pretende lograr la norma de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, especialmente los derechos a la intimidad, al
honor y a la propia imagen, así como el interés superior del menor en el desarrollo de los productos y servicios digitales, y fomentar un uso equilibrado y responsable de los entornos digitales, apoyar el desarrollo de las competencias digitales de
la infancia en el entorno digital para hacer de éste un lugar seguro, entre otros.


Las medidas que se recogen en la ley se despliegan desde una perspectiva amplia y multidisciplinar, alcanzando una protección integral de las personas menores de edad en el uso de dispositivos y medios digitales con una perspectiva
preventiva, de atención e inclusión, con el fin de ofrecer a través de los canales adecuados herramientas accesibles que permitan anticiparse al desarrollo de problemas más graves, y fomentar entornos sin discriminación.

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III


El entorno digital pone a disposición de la sociedad, en su conjunto, numerosas ventajas y beneficios, pero su uso ha de ser especialmente adecuado cuando los principales destinatarios de las nuevas tecnologías digitales son las personas
menores de edad, que cada vez se enfrentan a mayores riesgos derivados de un consumo perjudicial.


Es por ello que la presente ley contempla varias medidas en materia de protección de las personas menores de edad como consumidores y usuarios, que se recogen en el título I y también en la disposición final cuarta, que modifica de manera
expresa el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.


Respecto de las medidas recogidas en el título I, el artículo 4 establece dos nuevas obligaciones dirigidas a los fabricantes de los equipos terminales digitales con conexión a internet a través de los cuales las personas menores de edad
puedan acceder a contenidos perjudiciales para su desarrollo, que se encuentran en línea con lo previsto en el artículo 46, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio: una obligación de información en sus productos de los posibles
riesgos derivados de un uso inadecuado, entre otros aspectos, y la obligación de que los equipos terminales digitales que fabriquen incluyan en su sistema operativo una funcionalidad de control parental que permita a sus usuarios restringir o
controlar el acceso de dichas personas a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para menores, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo terminal.


Como situación más específica, entre los consumos con un potencial perjudicial cabe mencionar los mecanismos aleatorios de recompensa (cajas botín o 'lootboxes'), que forman parte de algunos videojuegos y que, sin el debido control de acceso
en su activación, pueden suponer un riesgo para las personas vulnerables, en especial las más jóvenes a quienes van dirigidas y son los principales consumidores de este tipo de productos y servicios, tal y como pone en evidencia el estudio 'Loot
boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers', encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, en el que se llama la atención sobre los diferentes riesgos
asociados a los mecanismos utilizados en las cajas botín en función de la fase de desarrollo de los niños y adolescentes.


Los mecanismos aleatorios de recompensa son objetos o procesos virtuales de cualquier tipo cuya activación ofrece la oportunidad al jugador de obtener, con carácter aleatorio, recompensas o premios virtuales que pueden utilizarse en esos
entornos digitales.


Como ha puesto de manifiesto la literatura científica, la evidente identidad funcional de algunas de las modalidades bajo las que se presentan estos mecanismos aleatorios de recompensa con los juegos de azar tradicionales trae consigo,
también, las consecuencias negativas asociadas con estos últimos, como pueden ser el surgimiento de conductas de consumo irreflexivas, compulsivas y, en última instancia, patológicas. Todo ello con base en la mecánica de activación psicológica
susceptible de desencadenarse al participar en esta actividad, lo que es causa de graves repercusiones económicas, patrimoniales y afectivas, tanto en las personas que las padecen como en su entorno personal, social y familiar.


En el caso de las personas menores de edad, es probable que el contacto con estos mecanismos aleatorios de recompensa constituya su primer encuentro con un producto o funcionalidad en cuya mecánica de funcionamiento el azar tenga un papel
preponderante y que guarda la citada similitud, tanto desde el punto de vista estructural como de las técnicas de marketing utilizadas para su comercialización, con ciertas modalidades propias del juego regulado.


Por lo expuesto, el artículo 5 dispone una prohibición general de acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas que sean menores de edad, si bien reglamentariamente se podrán establecer supuestos en los que se
determinen excepciones en las que se flexibilice la prohibición, siempre que se garantice la protección a la infancia.

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Se aclara que la prohibición señalada no opera de manera general, sino que resulta de aplicación solo a los mecanismos aleatorios de recompensa que presentan un conjunto de caracteres que los hacen asimilables en mayor grado a ciertos
productos de juegos de azar. En consecuencia, no todos los procesos, funcionalidades o productos asociados a los productos de software interactivo de ocio que integren como elemento esencial de su configuración estructural el azar son objeto de la
presente regulación. Además del pago de un precio por la activación y de la presencia del elemento del azar, la ley incluye bajo su ámbito de aplicación únicamente aquellos mecanismos aleatorios que otorguen recompensas que consistan en un objeto
virtual que pueda ser canjeado por dinero o por otros objetos virtuales.


En coherencia con las medidas contempladas en el título I, la disposición final quinta modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con el fin de incorporar la protección de las personas menores de edad, como personas consumidoras vulnerables, en relación con los bienes o servicios digitales. Además, se incide en la obligación por la
parte empresarial de asegurarse de la mayoría de edad del consumidor y usuario con carácter previo a la contratación de bienes o servicios propios o ajenos o, internos o externos, destinados a personas mayores de edad, ya sea por su contenido
sexual, violento o por suponer un riesgo para la salud física o el desarrollo de la personalidad; y se tipifica el incumplimiento por parte del empresario de dicha obligación de verificación y comprobación de edad como infracción leve en materia de
defensa de los consumidores y usuarios.


IV


El título II, compuesto por los artículos 6 y 7, incorpora las medidas dirigidas al ámbito educativo.


La vigente legislación educativa promueve el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, contribuye a la mejora de las capacidades digitales del alumnado y asume la necesidad de que la digitalización del ámbito educativo venga acompañada
por la inclusividad económica, social y de género en el acceso a las tecnologías, y de un uso de los medios digitales seguro y respetuoso con los valores y derechos constitucionales.


La creciente preocupación por evitar los riesgos de una utilización inadecuada de las tecnologías de la información y de la comunicación y el debate social surgido en torno a estas situaciones ha contado con la atención de las
Administraciones educativas. Así, en 2024, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las Comunidades Autónomas compartieron puntos de vista sobre las formas de abordar estas cuestiones y el Consejo Escolar del Estado aprobó una
propuesta para regular el uso del móvil en los centros educativos durante el horario lectivo. Se trata de una serie de recomendaciones y conclusiones como el uso cero de los móviles tanto en educación infantil como en educación primaria, y que
estos dispositivos permanezcan apagados durante todo el horario escolar en educación secundaria, pudiendo utilizarse en el caso de que el docente lo considere necesario para una actividad educativa concreta. En todo caso, se contemplan excepciones
por motivos de salud, seguridad o necesidades especiales.


En su tratamiento de los problemas detectados, el artículo 6 de la presente ley responde a la necesidad de mejorar la formación en esta materia tanto de los alumnos como del personal docente.


Por una parte, se dispone el fomento de actuaciones de mejora de las competencias digitales del alumnado, con el fin de garantizar su plena inserción en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro, sostenible, crítico y responsable
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Estas previsiones están en línea con los principios pedagógicos que desarrolla la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, uno de los cuales es precisamente el desarrollo transversal de la competencia digital, y se vinculan también con el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en relación con el derecho a la

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información, y el artículo 33 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, sobre formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital.


Por otra parte, se reconoce el papel fundamental del profesorado en el proceso de adquisición de las competencias digitales por parte del alumnado y en la detección de riesgos, y por ello se dispone que la planificación de la formación
continua del profesorado no universitario incorpore actividades formativas que faciliten a los centros educativos el desarrollo de estrategias para el tratamiento, entre otros aspectos, de la seguridad y de los elementos relacionados con la
ciudadanía digital, la privacidad y la propiedad intelectual, tomando para ello como referencia las áreas y competencias establecidas en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente y la regulación existente en materia de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.


Finalmente, de manera más específica a propósito del problema antes apuntado, el artículo 7 establece que los centros educativos, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las administraciones educativas, regulen como
parte de sus normas de funcionamiento y convivencia el uso de dispositivos móviles y digitales en las aulas, en las actividades extraescolares y en lugares y tiempos de descanso que tengan lugar bajo su supervisión.


V


El título III contempla medidas en el ámbito de protección de las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.


Así, el artículo 8 establece que las víctimas de violencia de género o violencias sexuales facilitadas por entornos digitales tendrán la condición de víctimas a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, respectivamente.


Estas equivalencias resultan conformes al artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y el artículo 26 del Convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.


Por su parte, el artículo 9 garantiza que las personas menores de edad tendrán derecho a acceder a los servicios de información y orientación y, dado el caso, de atención psicosocial inmediata y asesoramiento jurídico, por vía telefónica y
en línea, las 24 horas, todos los días del año.


De igual forma, se reconoce el derecho a acceder a los servicios de acogida y asistencia psicológica y social destinados a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales y a los centros de crisis 24 horas.


Además, se considera imprescindible considerar estos servicios como esenciales, ya que de ellos dependen la seguridad, la salud y el bienestar de la población afectada que es especialmente vulnerable.


VI


El título IV aborda las medidas de carácter sanitario a adoptar por las Administraciones públicas.


El impacto en la salud de los niños, niñas y adolescentes por el uso inadecuado de las tecnologías y entornos digitales constituye un motivo creciente de preocupación para las familias, educadores y profesionales de la salud. Aunque existen
numerosos estudios, sus resultados son a veces contradictorios o poco concluyentes. No obstante, existen evidencias de que pasar un tiempo excesivo frente a las pantallas y la exposición a contenidos inapropiados pueden afectar la salud mental y
aumentar el riesgo de ansiedad, depresión, adicción, problemas de autoestima, trastornos del sueño, problemas en el

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desarrollo del lenguaje y habilidades sociales, así como en la capacidad de concentración y resolución de problemas.


También se ha encontrado evidencia de que las personas adolescentes con alta exposición a medios y entornos digitales podrían tener más probabilidad de desarrollar síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Además, los
niños y niñas pueden exponerse a discursos de odio, violencia y contenidos que incitan a la autolesión o al suicidio, o que tienen un impacto negativo en su bienestar emocional y psicológico.


Por otra parte, el tiempo excesivo frente a las pantallas contribuye a un estilo de vida sedentario y por tanto a sufrir trastornos musculoesqueléticos, obesidad infantil y a los problemas derivados de la misma, como las enfermedades
cardiovasculares y endocrinas. Además, la exposición a pantallas puede afectar a la calidad y hábitos del sueño así como a la salud visual y originar problemas de visión borrosa, ojos secos y dolores de cabeza, así como trastornos del sueño.


Se hace necesario, por tanto, establecer medidas sanitarias para la prevención de los problemas de salud derivados del uso inadecuado de las tecnologías y entornos digitales y promocionar hábitos de uso saludables.


Para ello, el artículo 10 promueve que, con base en el principio de salud en todas las políticas, se incorpore la dimensión sanitaria en los estudios que se promuevan por las Administraciones públicas sobre el uso de estas tecnologías y
entornos digitales por las personas menores, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los efectos en la salud y generar evidencia científica. Además, incorpora actuaciones individuales y comunitarias en los programas de prevención y
promoción de la salud infantil y adolescente que se desarrollan desde la atención primaria, para la detección precoz de los problemas específicos relacionados con las tecnologías y entornos digitales, así como el establecimiento de programas
coordinados con otras administraciones públicas, para el abordaje integral, tratamiento y rehabilitación, con una perspectiva biopsicosocial.


Por otra parte, el artículo 11, promueve la atención sanitaria especializada para personas menores con conductas adictivas sin sustancia.


VII


Las medidas en el sector público, reguladas en el título V, se fundamentan en la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones de libertad e igualdad de las personas, tanto individualmente como en los grupos en los que se
integran, para que sean reales y efectivas, suprimiendo los obstáculos que dificulten su plenitud y facilitando la participación ciudadana en la esfera social, política, cultural y económica, tal y como recoge el artículo 9.2 de la Constitución
Española. Asimismo, en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias especialmente, entre otros, en relación con
las nuevas tecnologías.


A través de las medidas de participación, información y sensibilización previstas en el artículo 12, en línea con lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, se incide en la necesidad de incorporar acciones proactivas y eficaces en
relación con la información y formación sobre entornos digitales seguros, dirigidas a personas menores de edad y a sus familias, garantizando el ejercicio efectivo del derecho de participación en los planes, programas y políticas que afecten a la
infancia y la juventud.


El artículo 13 dispone el fomento de la colaboración público-privada y la corregulación, de forma que los proveedores del servicio de acceso a internet desde una ubicación fija aprueben un código de conducta que establezca los mecanismos y
parámetros de configuración segura que se comprometen a aplicar en la prestación de sus servicios en lugares de acceso público en los que se presten servicios públicos, para evitar el acceso a contenidos inadecuados por parte de las personas menores
de edad.


El artículo 14 garantiza la especialización profesional en todos los niveles de la Administración de todo el personal que trabaje en contacto directo con personas menores de edad.

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A tal efecto, el precepto impone al Gobierno la elaboración, en colaboración con las comunidades autónomas, de un programa marco de formación y reciclaje de estos sectores profesionales que abarque, además de los aspectos específicos
relacionados con cada sector, los estereotipos de género, el trauma y sus efectos y la responsabilidad en la reducción de la victimización secundaria.


El artículo 15 recoge la obligación del Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales, de elaborar una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la
adolescencia en el entorno digital, en la que participarán el Observatorio de la Infancia, las entidades del tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con las niñas, niños y adolescentes. Esta Estrategia, que deberá definirse en
consonancia con la Estrategia Estatal de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, perseguirá la alfabetización digital y mediática, la difusión de información a las familias, y personas que habitualmente estén en contacto con menores, el
uso seguro de dispositivos, la investigación y la creación de espacios de interacción y colaboración sobre cultura digital.


VIII


La protección de las personas menores de edad en los entornos digitales puede requerir como último recurso la interrupción de un servicio de la sociedad de la información que ofrezca acceso sin límites a contenido que perjudica gravemente al
desarrollo físico, mental y moral de los menores. De modo general, el artículo 8.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, permite que los órganos competentes para su protección
puedan adoptar las medidas necesarias para interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información o retirar los datos que este ofrezca.


Dado que estas medidas restrictivas pueden llegar a afectar a derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de información, que gozan de protección constitucional, una orden para la interrupción de un servicio o la
retirada de contenido debe contar con la correspondiente autorización judicial.


La Sentencia del Tribunal Supremo 1231/2022, de 3 de octubre, ha advertido sin embargo al legislador sobre la existencia de una laguna a este respecto en nuestra legislación procesal, donde solo se prevé un procedimiento para solicitar la
autorización judicial de la medida cuando se trate de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y así lo solicite la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, con omisión del resto de supuestos previstos el artículo 8.1
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, incluida la protección de la juventud y de la infancia, que habilitan a las autoridades competentes por razón de la materia para adoptar, con autorización judicial, este tipo de medidas. Esta misma laguna se
observa respecto de los actos adoptados para la limitación del acceso a un servicio intermediario previstos en el artículo 51.3.b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado
único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).


A fin de colmar esta laguna legal, las disposiciones finales segunda y cuarta de esta ley modifican respectivamente la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.


Concretamente, se modifican el artículo 95.e) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y el artículo 9.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, a fin de atribuir a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia
(referencia que, en tanto esta no se constituya, deberá entenderse hecha a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo) la competencia para autorizar la ejecución de los actos adoptados por los órganos administrativos competentes en la
materia para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren cualquiera de los bienes jurídicos enumerados en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, no solo la
propiedad intelectual, así como para la ejecución de los adoptados para la

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interrupción del acceso a un intermediario por el coordinador de servicios digitales con base en el artículo 51.3.b) del Reglamento de Servicios Digitales.


Asimismo, se modifica el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, con objeto de que el procedimiento de autorización judicial para la ejecución de estas medidas se generalice para todos los bienes jurídicos protegidos, no solo
para salvaguardar la propiedad intelectual.


En lo relativo a la protección de las personas menores de edad en entornos digitales, la habilitación a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo para autorizar estas medidas permitirá que todas las autoridades competentes en
la materia puedan solicitar la autorización judicial para la interrupción de servicios o retirada de contenidos que atenten contra la protección de la juventud y la infancia. Entre otros supuestos, esto permitiría a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia solicitar la autorización de una orden de cese de actividad a una plataforma de intercambio de vídeos o a un servicio de comunicación audiovisual a petición con contenido para adultos que no incluya sistemas de verificación
de edad que limiten su acceso a menores.


IX


La disminución del riesgo asociado al uso de las tecnologías digitales por las personas menores de edad hace necesaria también la reforma del Código Penal, que se lleva a cabo en la disposición final segunda.


Algunos delitos tecnológicos dirigidos a la protección de las personas menores de edad han sido recogidos por las últimas reformas del Código Penal, fundamentalmente la producida por la disposición final sexta de la Ley Orgánica 8/2021, de 4
de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, donde por primera vez se habla de violencia digital. Con esta reforma se han castigado conductas de distribución o difusión pública a través de Internet, del
teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio, las autolesiones o conductas relacionadas con trastornos de la conducta alimentaria o
a las agresiones sexuales a menores. También en diferentes preceptos del Código Penal se recoge expresamente el bloqueo o la retirada de las páginas web, portales o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil, que
fomenten el odio a colectivos o que enaltezcan o que justifiquen el terrorismo (artículos 189.8, 510.6 y 578.4 del Código Penal); y, del mismo modo la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, incorporó a este texto legal los artículos 588 bis a y siguientes relativos a la investigación de los delitos cometidos a través de
instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicios de comunicación.


Sin embargo, existen otras situaciones directamente relacionadas con el acceso seguro de las personas menores de edad a internet, que tienen que ver no solo con la modificación o creación de figuras específicamente destinadas a la tutela de
las personas menores, sino también con los problemas que se derivan de una falta de adaptación de la norma vigente a los nuevos avances tecnológicos.


Es por ello necesario introducir algunos cambios en el Código Penal que avancen en su adaptación a las nuevas formas de criminalidad y que, sin olvidar los principios limitadores del ius puniendi del Estado, permitan ejercer una protección
eficaz frente a los nuevos delitos tecnológicos.


En línea con este objetivo, se ha estimado conveniente la incorporación de cuatro tipos de modificaciones, que se articulan en la disposición final tercera.


En primer lugar, se incorpora la pena de alejamiento de los entornos virtuales, para un mejor cumplimiento de la prevención general y especial en el ámbito de los delitos tecnológicos. En concreto, se modifican los artículos 33, 39, 40, 45,
48, 56, 70 y 83 del Código Penal para incorporar la pena de prohibición de acceso o de comunicación a través

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de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno.


De este modo, se vincula el contenido de la pena a la naturaleza del delito, y se establece una mayor protección de las víctimas, evitando la reiteración de conductas punibles.


La necesidad se constata además si se atiende a la Sentencia del Tribunal Supremo 547/2022, de 2 junio, que acoge como posible la imposición de la pena de prohibición al acusado de acudir al lugar del delito, siendo este un sitio virtual.
El alto tribunal confirma en esta resolución lo que ya se anunciaba doctrinalmente: en los delitos tecnológicos hay que diferenciar el medio comisivo y el lugar de comisión. En este sentido afirma que '(L)a experiencia más reciente enseña que las
redes sociales no son sólo el instrumento para la comisión de algunos delitos de muy distinta naturaleza. Pueden ser también el escenario en el que el delito se comete, ya sea durante todo su desarrollo, ya en la ejecución de sólo algunos de los
elementos del tipo'.


Ante el gran incremento de la delincuencia virtual, las redes sociales son un lugar donde frecuentemente se cometen delitos o donde se prolonga la ejecución de hechos iniciados o ejecutados parcialmente y la introducción de la pena de
prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual da una respuesta eficaz a la creciente criminalidad informática, al evitar la reiteración de la
conducta punible en los espacios virtuales y mejorar la protección de las víctimas impidiendo su victimización secundaria. Su incorporación expresa al Código Penal hace que su aplicación se acomode mejor a los principios de legalidad y tipicidad
penal, y su previsión se hace también en términos adecuados al principio de proporcionalidad, pues su extensión debe ser concretada caso a caso mediante resolución judicial debidamente motivada que debe permitir al penado el acceso a otras redes o
espacios virtuales no directamente relacionados con el delito cometido.


De manera complementaria, se modifica el artículo 96.3 para que esta misma prohibición se pueda imponer como medida de seguridad; y la disposición final primera reforma el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que
el juez de instrucción pueda adoptarla como medida cautelar.


En segundo lugar, se aborda específicamente el tratamiento penal de las denominadas ultrafalsificaciones, esto es imágenes o voces manipuladas tecnológicamente y extremadamente realistas. A tal fin se incorpora un nuevo artículo 173 bis que
sanciona a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software,
algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.


Además de que las ultrafalsificaciones generalmente se difunden en el ciberespacio, con la potencialidad de permanencia que ello implica, como se ha advertido respecto de los delitos tecnológicos de contenido, se produce un aumento de la
lesividad en relación con otras modalidades de ataque por la enorme dificultad de distinguir entre el contenido falso y el real debido a la precisión de las nuevas tecnologías y por el mayor grado de veracidad que mantenemos respecto de materiales
audiovisuales sobre materiales escritos.


Técnicamente, se opta por la sanción de la difusión de las ultrafalsificaciones de contenido sexual (las llamadas deepfakes pornográficas) o especialmente vejatorio en sede de delitos contra la integridad moral porque, en virtud del
principio de consunción, se abarcarían los supuestos de lesión de la integridad moral y también los ataques contra el honor, pues ha de tomarse en cuenta no solo la afectación a la autoestima y la heteroestima, sino también la cosificación e
instrumentalización que se produce sobre el sujeto pasivo, generalmente mujeres y niñas, niños y adolescentes que son tratados como objetos de consumo. También hay que recordar que la motivación para llevar a cabo estas acciones no siempre se
identifica con el animus iniuriandi, pues el hecho puede deberse a

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otras razones como el ánimo de lucro, si dichas imágenes se utilizan en páginas o aplicaciones de contenido pornográfico.


En tercer lugar, dado que la ley tiene como objetivo específico tutelar los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y existe una gran preocupación en relación con el acceso de los menores a contenidos pornográficos que pueden afectar a
su desarrollo en la esfera afectivo sexual, se prevé la modificación del artículo 186 del Código Penal, con la finalidad de mejorar la protección del bien jurídico libertad sexual de los menores.


En su actual redacción, el artículo 186 del Código Penal castiga a quienes 'por medios directos', vendan, exhiban o difundan material pornográfico entre menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Tal redacción
no protege suficientemente el bien jurídico de intangibilidad sexual de estos colectivos frente a la puesta a disposición indiscriminada de este tipo de material en medios en los que, conocidamente, va a ser accesible a los mismos. En consecuencia,
se aborda la reforma de este precepto que tiene una especial repercusión en el ámbito de las personas de menor edad. Con la nueva redacción que se incorpora, se hace posible la punición de supuestos en los que el material pornográfico se pone a
disposición de una colectividad indiscriminada de usuarios, de entre los que se tiene la clara representación de que va a haber menores de edad. Para ello, se contempla además un dolo específico reforzado. No basta, para la punición de la
conducta, que sea cometida de forma deliberada en cuanto al dato objetivo de la transmisión o difusión del material, sino que tiene que existir la clara conciencia de que entre el público receptor hay menores de edad o personas necesitadas de
especial protección, y de que el consumo por parte de estos sujetos de esta clase de material supone una afectación a su proceso de maduración sexual.


En cuarto lugar, en línea con el objetivo indicado, y tomando en consideración la incidencia de los supuestos de enmascaramiento de la propia identidad en este ámbito, también se introducen diferentes tipos agravados en los artículos 181,
182, 183, 185, 186, 188 y 189 que tienen que ver con el uso de identidades falsas a través de la tecnología, que facilitan la comisión de delitos contra las personas menores de edad.


X


Por otro lado, se modifica también la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales a través de la disposición final sexta para elevar a los 16 años la edad a partir de la cual
las personas menores de edad pueden prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.


El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) prevé que cuando el consentimiento sea la base legal para el tratamiento de datos en servicios de la sociedad de la información, dicho consentimiento podrá ser otorgado
por un menor si éste cuenta como mínimo con 16 años de edad; siendo necesario el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela sobre el menor para las edades inferiores. Asimismo, permite que los países puedan reducir el límite
anterior desde los 16 años hasta un mínimo de 13 años.


Haciendo uso de esta habilitación, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, establecía el umbral de los 14 años para el consentimiento de las personas menores de edad. Sin embargo, la evolución, no sólo de la tecnología digital, sino
también de su uso por los menores de edad, ha sido tan exponencial que puede resultar inapropiada su utilización precoz, dada la madurez que requiere el uso de determinados servicios, plataformas, sistemas y contenidos digitales.


Por ello, se considera necesario elevar la edad del consentimiento del menor en materia de protección de datos, armonizando el umbral con el establecido por la mayoría de los países de la Unión Europea, así como con el exigido en el
ordenamiento jurídico nacional para los menores de edad en otras actividades o conductas.

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XI


Finalmente, la presente ley orgánica, a través de su disposición final séptima, incorpora nueve modificaciones de la Ley 13/2022, de 7 de julio.


En primer lugar, se modifica el artículo 3, relativo al ámbito de aplicación, para, por un lado, obligar a cumplir con lo establecido en los artículos 95 y 98.1, en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 99 y la sección 1.ª del capítulo IV
del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al prestador del servicio de comunicación audiovisual que, estando establecido en un país que no sea miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, dirija sus servicios específicamente al
mercado español. Por otro lado, se obliga a cumplir con lo establecido en los artículos 88, 89, 90 y 91 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma que, estando establecido en un país
que no sea miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, dirija sus servicios específicamente al mercado español, siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables.


En segundo lugar, con el fin de mejorar la efectividad de los canales de denuncia establecidos por la autoridad audiovisual de supervisión, se modifica el artículo 42.b) a fin de que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y
los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma incluyan en sus sitios web corporativos un enlace fácilmente reconocible y accesible al sitio web de dicha autoridad. Asimismo, se extiende de forma análoga esta
obligación a los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de videos a través de plataforma, que deberán publicar dicho enlace en sus respectivos servicios.


En tercer lugar, se modifica el artículo 89.1, relativo a las medidas para la protección de los usuarios y de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales, con el fin de reforzar las medidas actualmente establecidas para evitar
la exposición de las personas menores de edad a contenidos inapropiados a su edad. Concretamente, en el párrafo e) del citado precepto se dispone que los sistemas de verificación de la edad deberán garantizar la seguridad, la privacidad y la
protección de datos, en particular, en cuanto a minimización de datos y limitación de la finalidad.


Asimismo, en virtud de la modificación del artículo 89.1.f) se impone al prestador el establecimiento de sistemas de control parental controlados por el usuario final con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico,
mental o moral de las personas menores de edad.


Se modifica también el artículo 93.4 que prevé que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89.1.e) será constitutivo de la infracción tipificada en el artículo 157.8, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda
derivarse de dicha acción. A este respecto, se incluye una previsión para disponer expresamente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá adoptar las medidas previstas en los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de conformidad con lo dispuesto en dichos artículos, cuando dicho incumplimiento atente o pueda atentar contra el principio de protección de la juventud y de la infancia. La CNMC deberá valorar la procedencia de la adopción de tales medidas
atendiendo al daño potencial en el desarrollo físico, mental o moral de los menores; al nivel de audiencia del servicio en España; o a la reincidencia en la conducta infractora.


Por otra parte, se modifica el apartado 1 del artículo 94, relativo a las obligaciones de los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. Estos servicios que, en muchos ámbitos, son
agrupados bajo el concepto de 'videobloggers', 'influencers' o 'prescriptores de opinión', gozan de relevancia en el mercado audiovisual desde el punto de vista de la inversión publicitaria y del consumo, especialmente, entre el público más joven.


Actualmente el artículo 94 impone una serie de obligaciones a los usuarios de especial relevancia que se orientan a reducir la exposición de los usuarios de los servicios de intercambio de videos a través de plataforma frente a contenidos
dañinos o perjudiciales,

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y en particular con respecto a las obligaciones de protección de los menores, se les asimilaba a los servicios de comunicación audiovisual a petición.


Desde la aprobación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, han aparecido nuevos servicios de intercambio de videos a través de plataforma que ya no pueden ser considerados asimilables a los servicios a petición, ya que los usuarios de especial
relevancia ofrecen contenidos audiovisuales en directo, mucho más parecidos a los servicios de comunicación audiovisual lineales. Por ello, a fin de garantizar una protección adecuada de los menores frente a su exposición a contenidos dañinos o
perjudiciales se considera oportuno modificar el régimen establecido en el artículo 94.1 y extender a los usuarios de especial relevancia el cumplimiento de las obligaciones para la protección de los menores del contenido perjudicial previstas en
los apartados 2 y 3 del artículo 99 en función de que el tipo de servicio que ofrezcan pueda considerarse lineal en abierto o de acceso condicional.


Por otro lado, en la medida en que cada vez existe un mayor número de usuarios de especial relevancia que ofrecen a través de sus servicios contenidos audiovisuales de carácter informativo, se considera procedente que deban cumplir con el
principio de veracidad de la información previsto en el artículo 9 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.


Asimismo, se establece que los usuarios de especial relevancia deberán emplear los sistemas de verificación de edad y de control parental previstos en las letras e) y f) del artículo 89.1, de acuerdo con la modificación expuesta
anteriormente.


En sexto lugar, se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 99 obligando a los servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional y a los servicios de comunicación audiovisual televisivo a petición al
establecimiento de sistemas de verificación de edad con respecto a los contenidos más nocivos, como la violencia gratuita y la pornografía, que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de edad.


Además, se modifica el artículo 155 con el fin de que la CNMC supervise y controle el cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/2022, de 7 de julio, salvo lo relativo a títulos habilitantes, y ejerza la potestad sancionadora, de conformidad
con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, respecto de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma establecidos en un país que no sea miembro de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que dirigen sus servicios específicamente al mercado español.


En octavo lugar, se modifica el artículo 160.1.c) con el fin de reforzar las competencias sancionadoras de la CNMC, permitiendo que este organismo pueda imponer como sanciones accesorias, por una parte, el cese de la prestación del servicio
y la pérdida de la condición de prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo adquirida a través de la comunicación previa, durante un periodo máximo de un año, cuando se hayan cometido las infracciones muy graves tipificadas en los
apartados 13 y 14 del artículo 157, relativas a la obligación de establecer y operar sistemas de verificación de edad. Y por otra, el cese de la prestación del servicio por parte del prestador del servicio de intercambio de videos a través de
plataforma, durante un periodo máximo de un año, cuando este haya cometido la infracción muy grave tipificada en el artículo 157.8, consistente en el incumplimiento de su obligación de establecer y operar sistemas de verificación de edad para los
usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía.


Finalmente, se modifica el apartado 1 del artículo 164, para que, una vez iniciado el procedimiento sancionador por alguna de las infracciones muy graves tipificadas en los apartados 8 y 14 del artículo 157, se puedan adoptar como medidas
provisionales las previstas en los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de conformidad con lo previsto en dichos artículos, que incluyen la interrupción del servicio infractor y la retirada de datos.

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XII


En la elaboración de esta ley orgánica se han observado los principios de buena regulación a que hace referencia el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
esto es, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.


Por relación a los principios de necesidad y eficacia, de lo expuesto en los apartados precedentes se deduce la necesidad de cada una de las medidas que se adoptan, que se estima que contribuirán eficazmente a mejorar la protección de las
personas menores de edad en el entorno digital.


Aunque las medidas de protección de las personas menores de edad que establece la norma tienen en su mayor parte un contenido positivo, de refuerzo de sus derechos en el ámbito digital, también supone la imposición de algunas obligaciones
nuevas, particularmente, para las empresas proveedoras de dispositivos, servicios y contenidos digitales. En virtud del principio de proporcionalidad, se ha procurado que el alcance y contenido de estas obligaciones sea el imprescindible para
asegurar la protección de los menores. Este mismo principio de proporcionalidad inspira la configuración de las reformas del Código Penal, según se ha explicado previamente.


La ley atiende asimismo a las exigencias propias de la seguridad jurídica pues, por una parte, procura definir de modo claro las medidas que incorpora, y por otra, algunas de ellas se orientan específicamente a mejorar la precisión, claridad
y compleción de nuestra actual legislación.


En virtud del principio de transparencia, en el procedimiento de elaboración de la norma se ha posibilitado la participación de sus potenciales destinatarios. Asimismo, la norma define los objetivos de las medidas que incorpora y tanto su
parte expositiva como la memoria del análisis de impacto normativo contienen una explicación de las razones que las justifican. Desde esta misma perspectiva es finalmente reseñable que algunas de las medidas que contiene se orientan específicamente
a reforzar la transparencia en este ámbito, y por ello se impone a las Administraciones públicas el deber de promover la consulta y participación de los menores en la adopción de medidas que puedan garantizar sus derechos en el ámbito digital, así
como el uso de un lenguaje claro, de forma que las Administraciones públicas y entidades del sector privado empleen un lenguaje accesible para las personas menores de edad en las comunicaciones que se les dirijan y en aquella información a la que
tengan acceso.


En aplicación del principio de eficiencia, la ley solo crea una nueva carga administrativa -la obligación de información que se impone a los fabricantes de equipos terminales digitales con conexión a internet- que se ha considerado necesaria
para la consecución de sus objetivos y procura la racionalización del gasto público en la medida en que su cumplimiento se afrontará con los recursos que sean indispensables y se promueve la coordinación y colaboración entre las Administraciones
públicas en la adopción y ejecución de las medidas que implican a varias de ellas, lo que se entiende que redundará en una aplicación más eficaz y eficiente de los recursos públicos.


En la tramitación de esta ley orgánica se ha observado el procedimiento de información de normas reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

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TÍTULO PRELIMINAR


Disposiciones generales


Artículo 1. Objeto.


La presente ley orgánica tiene por objeto establecer medidas con la finalidad de garantizar la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.


Artículo 2. Derechos de las personas menores de edad.


1. Las personas menores de edad tienen derecho a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar a su desarrollo, así como a su salud física y mental.


2. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiados según su edad y grado de madurez sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos
asociados al entorno digital.


3. Las personas menores de edad tienen derecho al acceso a la información veraz, a la libertad de expresión, y a ser escuchadas.


4. Las personas menores de edad tienen derecho al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales.


5. Las personas menores de edad tienen derecho a que su seguridad y privacidad, así como su honor, intimidad e imagen se vean salvaguardados en el espacio digital y a un uso crítico, seguro y responsable de las tecnologías.


6. Las personas menores de edad gozarán de estos derechos sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, discapacidad, enfermedad,
religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar, social o administrativa.


Artículo 3. Fines.


Las disposiciones de esta ley orgánica persiguen los siguientes fines:


a) Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, especialmente los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y a la protección de
los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a su edad sin discriminación en razón de sus características personales.


b) Fomentar un uso equilibrado y responsable de los entornos digitales a fin de garantizar el adecuado desarrollo de la personalidad de las personas menores de edad y de preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.


c) Garantizar que los productos y servicios digitales tengan en cuenta, desde su diseño y por defecto, el interés superior del menor e integren la perspectiva de género e interseccional.


d) Apoyar el desarrollo de las competencias digitales de la infancia en el entorno digital y la capacidad de evaluar los contenidos en línea y detectar la desinformación y el material abusivo.


e) Promover un entorno digital más seguro y estimular la investigación en este ámbito, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de datos desagregados por sexo.


f) Prevenir las violencias sexuales en el ámbito digital, que comprenden la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual, incluyendo la apología de estas conductas.

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TÍTULO I


Medidas en el ámbito de la protección de consumidores y usuarios


Artículo 4. Obligaciones de los fabricantes de equipos terminales digitales con conexión a internet.


1. Este artículo es aplicable a los equipos terminales digitales que dispongan de sistema operativo y que tengan la capacidad de conectarse a internet y a través de dicha conexión pueda accederse a contenidos perjudiciales para las personas
menores de edad, como es el caso de teléfonos móviles, tabletas electrónicas, televisores inteligentes, ordenadores de uso personal, consolas de videojuegos o gafas de realidad virtual o aumentada.


2. Los fabricantes de equipos terminales digitales referidos en el apartado anterior proporcionarán información en sus productos, al menos en el embalaje y en el libro de instrucciones, manual de usuario o guía de uso del equipo, en la que
se advierta, en un lenguaje accesible, inclusivo y apropiado para todas las edades, de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad.


La obligación de información comprenderá, como mínimo, el siguiente contenido:


a) Las medidas de protección de datos y los riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad;


b) el tiempo recomendado de uso de los productos y servicios, adecuado a la edad de la persona usuaria;


c) los sistemas de control parental;


d) los riesgos sobre el desarrollo cognitivo y emocional y la afección a la calidad del sueño de un uso prolongado de tales servicios.


En todo caso se tendrá en cuenta la adaptación del lenguaje y elementos visuales y audiovisuales a las necesidades de las personas con discapacidad.


3. Los fabricantes estarán obligados a garantizar que los equipos terminales a los que se refiere este artículo incluyan en su sistema operativo una funcionalidad de control parental que permita a sus usuarios restringir o controlar el
acceso de las personas menores de edad a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para ellas, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo terminal. La inclusión de la funcionalidad, su
activación, configuración y actualización serán gratuitas para la persona usuaria.


Los fabricantes velarán por que los sistemas operativos instalados en sus equipos terminales incorporen la funcionalidad de control parental. El proveedor del sistema operativo, a petición del fabricante, garantizará y certificará al
fabricante que el sistema operativo destinado a instalarse en el equipo terminal incorpora la funcionalidad de control parental.


Los datos personales de personas menores de edad recopilados o generados durante la activación de esta funcionalidad no podrán ser utilizados en ningún caso, incluso cuando la persona usuaria adquiera la mayoría de edad, con fines
comerciales, como marketing directo, elaboración de perfiles y publicidad basada en el comportamiento.


4. Los fabricantes deberán acreditar ante los importadores, distribuidores y comercializadores que los dispositivos suministrados cumplen los requisitos y condiciones establecidos en los apartados anteriores. Los importadores,
distribuidores y comercializadores deberán desarrollar actuaciones de verificación del cumplimiento de estos requisitos y condiciones.


5. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ejercerá las funciones de vigilancia, supervisión y control de los requisitos y condiciones establecidos en los apartados anteriores para lo cual ejercerá las
potestades de vigilancia de mercado y de inspección establecidas en los artículos 83 y 103, respectivamente, de la

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Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, en particular, el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos
y el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de
la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.


6. Se tipifican como infracciones graves:


a) La falta de información en sus productos a que se refiere el apartado 2 de este artículo por los fabricantes de equipos terminales digitales.


b) La ausencia de la funcionalidad de control parental en los equipos terminales a que se refiere el apartado 3 de este artículo por los fabricantes de equipos terminales digitales.


c) El diseño o fabricación errónea del equipo terminal o del sistema operativo que haga imposible activar la funcionalidad de control parental.


d) La activación, configuración y actualización de la funcionalidad de control parental no gratuita para el usuario.


e) La falta de certificación por el proveedor del sistema operativo al fabricante de que el sistema operativo destinado a instalarse en el equipo terminal incorpora la funcionalidad de control parental en los equipos terminales digitales.


f) La falta de acreditación por los fabricantes ante los importadores, distribuidores y comercializadores que los equipos y dispositivos suministrados cumplen los requisitos y condiciones establecidos en este artículo.


g) La ausencia de desarrollo por los importadores, distribuidores y comercializadores de actuaciones de verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en este artículo.


Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones mencionadas podrán llevar aparejada la retirada o recuperación del mercado de los equipos o la prohibición o restricción de su comercialización, hasta que se produzca el cumplimiento
de los requisitos establecidos en este artículo.


Por la comisión de las infracciones tipificadas en los párrafos anteriores se impondrá al infractor multa por importe de hasta dos millones de euros.


La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo siguiente:


a) la gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona;


b) el daño causado;


c) el cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador;


d) la negativa u obstrucción a facilitar la información o documentación requerida;


e) el cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del expediente sancionador;


f) la colaboración activa y efectiva con la autoridad competente en la detección o prueba de la actividad infractora.


El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La instrucción de los expedientes sancionadores corresponde a la Secretaría General de
Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.


Una vez incoado el procedimiento sancionador, las infracciones a las que se refiere este artículo, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán dar lugar a la adopción de las siguientes medidas cautelares:


a) ordenar el cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora;


b) ordenar la retirada o su recuperación del mercado de los equipos de telecomunicación que presuntamente no cumplan los requisitos establecidos en este artículo.


Las infracciones prescribirán a los dos años.


Las sanciones prescribirán a los dos años.


En el ejercicio de la potestad sancionadora será de aplicación el procedimiento administrativo común establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien el plazo de resolución del mismo será de un año y el plazo de alegaciones será como
mínimo de quince días hábiles.


7. La ausencia de requisitos y condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de este artículo tendrá la consideración de falta objetiva de conformidad de los productos, a los efectos del artículo 115 ter del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a los exclusivos efectos de conferir a los consumidores y usuarios los derechos previstos en dicha
norma.


Artículo 5. Regulación del acceso y activación de los mecanismos aleatorios de recompensa.


Queda prohibido el acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas que sean menores de edad. A los efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por mecanismo aleatorio de recompensa aquella
funcionalidad virtual presente en videojuegos y otros juegos electrónicos cuya activación se realiza con dinero de curso legal o a través de un objeto virtual, como un código, clave, in-game currency, criptomoneda u otro elemento, adquirido con
dinero directa o indirectamente; en la que el resultado de dicha activación sea aleatorio y consista en la obtención de un objeto virtual que pueda ser canjeado por dinero o por otros objetos virtuales. En su caso, reglamentariamente podrán
determinarse los supuestos excepcionales en los que podrá flexibilizarse dicha prohibición, siempre garantizando el principio de protección a la infancia que inspira esta ley orgánica.


TÍTULO II


Medidas en el ámbito educativo


Artículo 6. Actividades de formación en los centros que impartan enseñanzas de educación infantil, educación básica y educación secundaria postobligatoria.


1. Las Administraciones educativas fomentarán en los centros que impartan enseñanzas de educación infantil, educación básica y educación secundaria postobligatoria, independientemente de su titularidad, el desarrollo de actividades
encaminadas a la mejora de la competencia digital con el fin de garantizar la plena inclusión del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el
aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, así como la interacción con estas y la prevención de las violencias sexuales.


Se garantizará que estas actividades orientadas a la mejora de las competencias digitales sean universalmente accesibles y garanticen los derechos del alumnado con discapacidad, así como la aplicación de la perspectiva de género.


2. Las Administraciones educativas incluirán, en su planificación de la formación continua del profesorado no universitario, de los coordinadores o coordinadoras de bienestar y protección, así como del personal de administración y
servicios, actividades formativas que faciliten a los centros educativos el desarrollo de estrategias para incidir,

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entre otros aspectos, en la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad) y en asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad y la propiedad intelectual.


En la formación permanente del profesorado universitario y del personal de administración y servicios se incorporarán contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, sensibilización y detección en materia de violencias sexuales
digitales.


Artículo 7. Regulación del uso de dispositivos en los centros que impartan enseñanzas de educación infantil, educación básica y educación secundaria postobligatoria.


Los centros que impartan enseñanzas de educación infantil, educación básica y educación secundaria postobligatoria, independientemente de su titularidad, regularán, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las
administraciones educativas y en el marco de lo previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el uso de dispositivos móviles y digitales en las aulas, en las actividades extraescolares y en lugares y tiempos de
descanso que tengan lugar bajo su supervisión.


TÍTULO III


Medidas en el ámbito de protección de las víctimas de violencia de género y violencias sexuales


Artículo 8. Víctimas de violencia de género o violencias sexuales.


Las víctimas de violencia de género o violencias sexuales facilitadas por entornos digitales tienen la condición de víctimas a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género y de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, respectivamente.


Artículo 9. Servicios de asistencia social integral.


Las víctimas de violencia de género y de violencia sexual menores de edad tendrán derecho a acceder a los servicios de información y orientación y, dado el caso, de atención psicosocial inmediata y asesoramiento jurídico, por vía telefónica
y en línea, las 24 horas, todos los días del año, así como, en su caso, a acceder a los servicios de acogida y asistencia psicológica y social destinados a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales y a los centros de crisis 24
horas. Todos estos servicios tendrán el carácter de servicios esenciales.


TÍTULO IV


Medidas en el ámbito sanitario


Artículo 10. Promoción de la salud y prevención.


1. Las administraciones públicas que promuevan estudios sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación por las personas menores de edad tendrán en cuenta el principio de 'salud en todas las políticas', proporcionando la
información desagregada por edad, sexo y otros determinantes de la salud. En la medida de lo posible, se incluirá también el tipo de discapacidad. El diseño de estos estudios debe permitir la adquisición de conocimiento que contribuya a la
evaluación de los efectos sobre la salud, la discapacidad y el desarrollo. Así mismo, las administraciones sanitarias elaborarán guías para la prevención y la promoción de la salud en el uso de las tecnologías de información y comunicación por las
personas menores de edad.

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2. Los programas de prevención y de promoción de la salud infantil y juvenil de las administraciones sanitarias incorporarán actuaciones para la identificación de usos problemáticos de dichas tecnologías y la detección precoz de cambios de
conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado. Las actuaciones individuales y comunitarias incluidas en estos programas incorporarán la perspectiva biopsicosocial y el desarrollo integral de la salud de
las personas menores de edad. En la detección precoz de situaciones de riesgo, se pondrá especial atención en identificar aquellas en las que niñas, niños y adolescentes recurran de forma prioritaria al entorno digital para entablar relaciones de
pares, o posibles situaciones de violencia a través del entorno digital.


3. Las administraciones sanitarias competentes revisarán las actuaciones de prevención de trastornos adictivos para la inclusión de las adicciones sin sustancia relacionadas con el uso de medios digitales.


4. Se promoverá la coordinación de todas las administraciones públicas y agentes implicados, especialmente de los servicios de atención primaria, atención especializada a la salud mental y a las conductas adictivas, servicios sociales y
educativos. En particular, las administraciones sanitarias impulsarán la elaboración conjunta con otras administraciones públicas de programas y circuitos de derivación para el abordaje integral de los problemas de salud detectados, incluidos los
posibles casos de violencia a través del entorno digital, así como mapas de recursos comunitarios y de activos en salud que contribuyan a un desarrollo saludable de las personas menores de edad.


5. Se facilitará la formación y la sensibilización de los y las profesionales de la salud que atienden a esta población en la detección, prevención de la conducta, abordaje terapéutico y consecuencias en la salud del uso excesivo de las
tecnologías de la información y comunicación.


Artículo 11. Atención especializada.


Las administraciones sanitarias promoverán el establecimiento de procedimientos de atención sanitaria específicos para personas menores de edad con conductas adictivas sin sustancia, en la red especializada de atención a la salud mental,
tanto en las Unidades de Atención a la Conducta Adictiva, como en los centros de salud mental infantojuveniles. También se establecerán procedimientos de atención sanitaria específicos para la atención integral de personas menores de edad víctimas
de violencia a través del entorno digital.


TÍTULO V


Medidas en el sector público


Artículo 12. Participación, información y sensibilización.


1. Las Administraciones públicas promoverán la garantía de los derechos de las personas menores de edad en el ámbito digital desde una perspectiva preventiva, feminista e integral, así como de consulta y participación de la infancia y
juventud. Se prestará especial atención a la consulta y participación de la infancia y juventud con discapacidad.


Para ello velarán por crear contenidos digitales de calidad y accesibles destinados a la promoción de hábitos saludables, la educación emocional, el buen trato, la igualdad de género, la participación democrática y el acceso a distintos
formatos de cultura. Asimismo, difundirán información sobre los derechos de la infancia en el entorno digital.


2. Las Administraciones públicas promoverán espacios de interlocución accesibles e inclusivos con niñas, niños y adolescentes para conocer su experiencia con las tecnologías de la información y comunicación, así como para diseñar de forma
participativa iniciativas relativas a la promoción cultural en el entorno digital y a la lucha contra la violencia de género y las violencias sexuales, en línea con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y en

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la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. La interlocución deberá realizarse desde la perspectiva de la diversidad.


3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán campañas y actividades de sensibilización, concienciación, prevención e información sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de los entornos y
dispositivos digitales, prestando especial atención al consumo de material pornográfico o de cualquier otro que pueda afectar a la integridad física o mental de las personas menores de edad o a su autoestima, y a la prevención, sensibilización y
detección en materia de violencias sexuales. Dichas actividades prestarán especial atención a las situaciones de interseccionalidad.


4. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la realización de estudios e investigaciones, con perspectiva de género, sobre la prevalencia del acoso y la violencia en sus diferentes ámbitos en los entornos
digitales. Dichos estudios e investigaciones se realizarán teniendo en cuenta las situaciones de interseccionalidad que puedan generar mayor vulnerabilidad en los niños, niñas y jóvenes.


5. La Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas y locales impulsarán la puesta a disposición de la infancia y adolescencia de espacios de encuentro en los que puedan desarrollar actividades de ocio saludable
alternativas al uso de tecnologías de la información y comunicación.


6. Las Administraciones públicas y entidades del sector privado utilizarán un lenguaje accesible, inclusivo, no sexista, y adaptado en las comunicaciones dirigidas a personas menores de edad y en la información dirigida o a la que tengan
acceso personas menores de edad. Se evitará el uso de un lenguaje complejo o confuso, promoviendo una comunicación transparente, comprensible y accesible. En todo caso se tendrá en cuenta la adaptación del lenguaje y elementos visuales y
audiovisuales a las necesidades de apoyo sensorial o cognitivo de las personas con discapacidad.


Artículo 13. Fomento de la colaboración público-privada, la corregulación y la estandarización.


El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con los Departamentos competentes, impulsará que los proveedores del servicio de acceso a internet desde una ubicación fija aprueben un código de conducta
que establezca los mecanismos y parámetros de configuración segura que se comprometen a aplicar en la prestación de sus servicios en lugares de acceso público en los que se presten servicios públicos y en los que se haga uso de sus servicios de
acceso a internet, como escuelas, institutos, bibliotecas, centros cívicos, oficinas públicas, centros sanitarios, entre otros, para evitar el acceso a contenidos inadecuados por parte de las personas menores de edad.


Artículo 14. Garantía de especialización profesional a través de la formación.


1. La especialización profesional se garantizará, en todos los niveles de la Administración, a través de la formación inicial obligatoria y la formación continua que deberán recibir todos los sectores profesionales que intervienen directa o
indirectamente en la prevención, detección, reparación y respuesta de adicciones sin sustancia, violencia de género o violencias sexuales, así como en la atención a las víctimas menores de edad, y a los que tengan relación con los agresores.


La formación anterior se realizará sin perjuicio de la dispuesta en el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.


2. En aplicación de esta ley orgánica, el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un programa marco de formación y reciclaje de estos sectores profesionales que abarque, además de los aspectos específicos
relacionados con cada sector, los estereotipos de género, el trauma y sus efectos y la responsabilidad en la reducción de la victimización secundaria. Se prestará particular atención a la situación y necesidades de las víctimas de discriminación
interseccional.

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3. Las administraciones públicas fomentarán y promoverán la formación especializada de estos sectores, con especial incidencia en aquellas personas profesionales que tengan un contacto directo y habitual con menores de edad.


Artículo 15. Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital.


1. El Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, con
carácter trianual, con el objetivo de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Esta Estrategia se aprobará por el Gobierno.


2. La Estrategia se elaborará en consonancia con la Estrategia Estatal de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas, y contará con la participación del Observatorio de la
Infancia, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, las entidades del tercer sector, la sociedad civil, las organizaciones de consumidores y usuarios y, de forma muy especial, con las niñas, niños y adolescentes y con sus familias.


3. Su impulso y coordinación corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en políticas de infancia.


4. En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niñas, niños y adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.


5. La Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital se elaborará de acuerdo a los principios de igualdad, accesibilidad, interseccionalidad, respeto, protección y garantía de los derechos de
la infancia y de la adolescencia y fomentará:


a) El desarrollo de actividades encaminadas a la educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática con el fin de garantizar la plena inserción de la infancia y juventud en la sociedad digital y fomentar el uso responsable de los
medios digitales que favorezca el ejercicio efectivo de sus derechos en un entorno digital seguro y respetuoso.


La formación en ciudadanía digital y alfabetización mediática se abordará desde una perspectiva formativa, preventiva y social, bajo los principios de igualdad, accesibilidad, interseccionalidad, respeto, protección y garantía de los
derechos de la infancia y de la adolescencia.


b) La difusión de información a las madres, padres o tutores legales, equipo docente y sanitario sobre la utilización adecuada de los dispositivos digitales y su incidencia en el desarrollo de los niños y niñas, prestando especial atención a
la sensibilización sobre el ciberacoso y ciberagresiones, así como a las medidas de control parental y de prevención.


c) La utilización de dispositivos digitales seguros y medidas de prevención adecuadas en espacios educativos y de formación, especialmente cuando se dirijan a la infancia y juventud.


d) La investigación neurobiológica, especialmente en relación con la infancia y adolescencia y los efectos de la tecnología en el desarrollo cognitivo, así como la incidencia de la inteligencia artificial en la infancia; la investigación
sobre el consumo de la pornografía y contenido perjudicial y su impacto en la infancia y adolescencia; y la investigación sobre las necesidades de la infancia y adolescencia en entornos digitales, atendiendo a las diferencias por razón de sexo.


e) La creación de sistemas de aprendizaje cooperativo y de laboratorios públicos de cultura digital.


f) La educación afectivo sexual de calidad y basada en la evidencia científica.


g) La obtención y análisis de datos, desagregados por sexo, sobre las repercusiones del entorno digital en la infancia.


h) El estudio de mecanismos de evaluación del impacto del entorno digital en los derechos de las personas menores de edad.

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6. Bienalmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un informe de evaluación acerca de su grado de cumplimiento y eficacia. Dicho informe, que deberá ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en
colaboración con los Ministerios competentes en la materia.


7. La estrategia se revisará cada tres años teniendo en cuenta la rápida evolución del entorno digital y los avances de la investigación. Para ello, se creará una Comisión de seguimiento en la que participarán los Ministerios de la
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Juventud e Infancia; Sanidad; Educación, Formación Profesional y Deportes; para la Transformación Digital y de la Función Pública; del Interior; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030;
Ciencia, Innovación y Universidades; e Igualdad, con la finalidad de impulsar y hacer un seguimiento de la estrategia.


Disposición transitoria única. Tratamientos de datos autorizados por menores de dieciséis años.


El consentimiento que haya sido válidamente prestado por personas menores de dieciséis años para el tratamiento de datos al amparo del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, en su redacción previa a la entrada en vigor de la presente ley orgánica, mantendrá su validez y eficacia en tanto no sea revocado.


Disposición derogatoria única. Derogación de normas.


Se deroga el artículo 13.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.


Asimismo quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley orgánica.


Disposición final primera. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Se modifica el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado como sigue:


'Artículo 544 bis.


En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer
cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.


En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, tanto físicos como virtuales, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o
comunicarse con determinadas personas, con la graduación que sea precisa y a través de cualquier medio incluidas las redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual.


Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de continuidad de esta última,
tanto durante la vigencia de la medida como tras su finalización.


En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el juez o tribunal, éste convocará la comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503, de la
orden de protección prevista en el artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la

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incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar.


En el caso de que se investigue alguno de los delitos mencionados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de acordarse alguna de las medidas de protección de la víctima previstas en este precepto,
podrá acordarse mediante resolución motivada la utilización de dispositivos telemáticos para el control de su cumplimiento.'


Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Se modifica el párrafo e) del artículo 95 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado en los siguientes términos:


'e) Sección de lo Contencioso-Administrativo, que conocerá, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con
competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca.


Corresponde también a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, la ejecución material de las resoluciones adoptadas por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos, en
aplicación de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.3.b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre
de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. Igualmente conocerá la Sección de lo Contencioso-Administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.


Corresponde a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal
a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.'


Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los siguientes términos:


Uno. Se añade un nuevo párrafo l) al artículo 33.2, con el siguiente contenido:


'l) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, por tiempo superior a cinco años.'


Dos. Se añade un nuevo párrafo m) al artículo 33.3, con el siguiente contenido:


'm) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, por tiempo de seis meses a cinco años.'

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Tres. Se añade un nuevo párrafo j) al artículo 33.4, con el siguiente contenido:


'j) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, por tiempo de un mes a menos de seis meses.'


Cuatro. Se modifica el párrafo b) y se añade un nuevo párrafo k) al artículo 39, con el siguiente contenido:


'b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público; profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades, incluidas las que se desarrollen o exploten en espacios virtuales, sean o no retribuidas; o de los derechos de
patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.'


'k) La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual.'


Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 40, que queda redactado como sigue:


'3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tendrá una duración de hasta diez años. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse
con ellas, tendrá una duración de un mes a diez años. La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual tendrá una duración de un mes a diez años.'


Seis. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:


'Artículo 45.


La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades, incluidas las que se desarrollen o exploten en espacios virtuales, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y
motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio,
retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el delito cometido.'


Siete. Se modifican los apartados 2 y 4 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 48, con la siguiente redacción:


'2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio
y a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, aun cuando no se hallaren en ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en
sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.'


'4. La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, priva a la persona penada de la facultad del acceso o de comunicación a través de
internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación durante el tiempo de la condena a los espacios virtuales que tengan relación directa con el delito cometido.


En la resolución judicial deberá concretarse y motivarse expresamente el contenido o alcance de la prohibición.

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5. El juez o tribunal podrá acordar que el control de las medidas previstas en los apartados anteriores se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.'


Ocho. Se modifica el párrafo 3.º y se añade un nuevo párrafo 4.º al artículo 56.1, con el siguiente contenido:


'3.º Inhabilitación especial para empleo o cargo público; profesión, oficio, industria, comercio, incluidos los que se desarrollen o exploten en espacios virtuales, sean o no retribuidos; ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela,
guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la
aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código.


4.º Prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando tengan relación directa con el delito cometido.'


Nueve. Se modifica el primer párrafo del artículo 57.1, que queda redactado así:


'1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares y los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas; atendiendo a la
gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera
grave, o de cinco si fuera menos grave.'


Diez. Se modifica el párrafo 6.º del artículo 70.3, que queda redactado como sigue:


'6.º Tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, o de la prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio
virtual, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de veinte años.'


Once. Se añade un nuevo párrafo numerado como 8.ª bis al artículo 83.1, con el siguiente contenido:


'8.ª bis. Prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros o plataformas virtuales cuando tengan relación directa con el delito cometido.'


Doce. Se añade un nuevo párrafo numerado como 7.ª al artículo 96.3, con el siguiente contenido:


'7.ª La prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros o plataformas virtuales cuando tengan relación directa con el delito cometido.'


Trece. Se añade un nuevo artículo 173 bis, con el siguiente contenido:


'Artículo 173 bis.


Se impondrá la pena de prisión de uno a dos años a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada
mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia

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artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias. La pena será de un año y seis meses a dos años, si la víctima es menor de edad o persona con discapacidad
necesitada de especial protección.


Se aplicará la pena en su mitad superior si dicho material ultrafalsificado se difunde a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado
número de personas en el espacio virtual.


Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refieren los párrafos anteriores, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos
contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.'


Catorce. Se añade un nuevo párrafo i) al artículo 181.5, con el siguiente contenido:


'i) Cuando para facilitar la ejecución del delito, la persona responsable haya utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se haya atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias.'


Quince. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 182, con el siguiente contenido:


'3. Si para facilitar la ejecución de las conductas definidas en los apartados anteriores la persona responsable hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones
personales diferentes de las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.'


Dieciséis. Se modifica el artículo 183, que queda redactado como sigue:


'Artículo 183.


1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los
delitos descritos en los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las
penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación, engaño o empleando una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o atribuyéndose
el agresor una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes a las propias.


2. El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le
muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.


Cuando el embaucamiento se lleve a efecto utilizando el agresor una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o atribuyéndose edad, sexo u otras condiciones personales diferentes a las propias, la pena se impondrá en su mitad superior.'


Diecisiete. Se modifica el artículo 185, que queda redactado como sigue:


'Artículo 185.


El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce
a veinticuatro meses.

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Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se
impondrá en su mitad superior.'


Dieciocho. Se modifica el artículo 186, que queda redactado como sigue:


'Artículo 186.


El que, a sabiendas, y por cualquier medio, vendiere, difundiere, exhibiere o pusiere a disposición, entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, material pornográfico, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.


Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se
impondrá en su mitad superior.'


Diecinueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 188, que queda redactado como sigue:


'1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con
discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.


Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.


Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se
impondrá en su mitad superior.'


Veinte. Se modifica el apartado 4 del artículo 188, que queda redactado como sigue:


'4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro
años de prisión. Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión.


Cuando para facilitar la ejecución de la conducta la persona responsable hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes de las propias, la pena se
impondrá en su mitad superior.'


Veintiuno. Se modifica el apartado 3 del artículo 189, que queda redactado como sigue:


'3. Las penas correspondientes a los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 del presente artículo se incrementaran si concurre alguna de las circunstancias siguientes:


a) Si en la comisión de los hechos se hubiera empleado violencia o intimidación, se impondrá la pena superior en grado a las previstas en los apartados anteriores.


b) Si para facilitar la ejecución de los hechos el responsable hubiera utilizado una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o se hubiera atribuido una edad, sexo o

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género u otras condiciones personales diferentes de las propias, se impondrá la pena prevista en los apartados anteriores en su mitad superior.'


Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.


Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en los siguientes términos:


Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado como sigue:


'2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, las cesiones de datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, la ejecución material de las resoluciones adoptadas por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos
en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.3 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de
2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.'


Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 122 bis, con la siguiente redacción:


'2. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, así como para la limitación al acceso de
los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.3 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, requerirá de autorización judicial previa en todos los casos en que la
Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de
actividades o derechos, de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.


Acordada la medida por el órgano correspondiente, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en la Constitución. La solicitud habrá de ir
acompañada del expediente administrativo.


En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución administrativa y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado dará traslado de la resolución al representante legal de la Administración,
al del Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante para que puedan efectuar alegaciones escritas por plazo común de cinco días.


Si de las alegaciones escritas efectuadas resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución, el Juez, atendida la índole del asunto, podrá acordar la celebración de vista oral o, en caso contrario, si de las alegaciones escritas
efectuadas no resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución, el Juez resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida.'

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Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.


El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, queda modificado como sigue:


Uno. Se añade un nuevo párrafo g) al artículo 8.1, con el siguiente contenido:


'g) La protección de las personas menores de edad, como personas consumidoras vulnerables, en relación con los bienes o servicios digitales.'


Dos. Se añade un nuevo párrafo t bis) al artículo 47.1, con el siguiente contenido:


't bis) El incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones de verificación y comprobación de edad en la contratación de bienes o servicios destinados a personas mayores de edad.'


Tres. Se modifica el párrafo a) del artículo 48.2, que queda redactado como sigue:


'a) Las infracciones de los apartados f), g), i), k), l), m), n), ñ), p), q), t) y t bis) del artículo 47 se calificarán como leves, salvo que tengan la consideración de graves de acuerdo con el apartado tercero de este artículo.'


Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 62, que queda redactado como sigue:


'1. En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.


Los empresarios que ofrezcan bienes o servicios destinados a personas mayores de edad, ya sea por su contenido sexual, violento o por suponer un riesgo para la salud física o el desarrollo de la personalidad, deberán exigir, con carácter
previo a la contratación, la presentación o exhibición de un documento oficial acreditativo de la edad o bien recurrir a cualquier método de comprobación de la edad, efectivo y acorde con el medio a través del cual se vaya a llevar a cabo la
contratación.'


Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 98, que queda redactado como sigue:


'2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos implica obligaciones de pago para el consumidor y usuario, el empresario pondrá en conocimiento de éste de una manera clara y destacada, y justo antes de que
efectúe el pedido, la información establecida en el artículo 97.1.a), e), p) y q).


El empresario deberá velar por que el consumidor y usuario, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago. Si la realización de un pedido se hace activando un botón o una función
similar, el botón o la función similar deberán etiquetarse, de manera que sea fácilmente legible, únicamente con la expresión 'pedido con obligación de pago' o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica la
obligación de pagar al empresario. En caso contrario, el consumidor y usuario no quedará obligado por el contrato o pedido.


En caso de que el objeto del contrato celebrado a distancia sean bienes o servicios propios o ajenos, internos o externos, destinados a personas mayores de edad, ya sea por su contenido sexual, violento o por suponer un riesgo para la salud
física o el desarrollo de la personalidad, el empresario deberá exigir, con carácter previo a la contratación, la presentación o exhibición de un documento oficial acreditativo de la edad o bien recurrir a cualquier método de comprobación de la
edad, efectivo y acorde con el medio a través del cual se vaya a llevar a cabo la contratación.'

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Disposición final sexta. Modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.


La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, queda modificada en los siguientes términos:


Uno. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:


'1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.


Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.


2. El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o
tutela.'


Dos. Se modifica el artículo 12.6, que queda redactado como sigue:


'6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de dieciséis años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran
corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica.'


Disposición final séptima. Modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual


La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, queda modificada como sigue:


Uno. Se añaden dos nuevos apartados 8 y 9 en el artículo 3, pasando el actual apartado 8 a ser el apartado 10:


'8. El prestador del servicio de comunicación audiovisual que, estando establecido en un país que no sea miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, dirija sus servicios específicamente al mercado español estará obligado a
cumplir con lo establecido en los artículos 95 y 98.1, en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 99 y en la sección 1.ª del capítulo IV del título VI.


9. El prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma que, estando establecido en un país que no sea miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, dirija sus servicios específicamente al mercado
español, siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables, estará obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 88, 89, 90 y 91.'


Dos. Se modifica el artículo 42, que queda redactado así:


'Artículo 42. Publicidad del régimen de propiedad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.


1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma deberán hacer accesibles en los respectivos sitios web corporativos, de una forma fácilmente
comprensible y en formato electrónico y reutilizable, en la lengua oficial del Estado y en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, la siguiente información, sin perjuicio de las obligaciones que les puedan corresponder en virtud de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y de la normativa en materia de información no

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financiera y diversidad contenida en el Código de Comercio; en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas:


a) Denominación y domicilio social, datos de contacto, incluido correo electrónico, así como si tiene ánimo de lucro o no o si está participada por un Estado.


b) Establecimiento en España y autoridad audiovisual de supervisión competente, incluyendo un enlace fácilmente reconocible y accesible al sitio web de dicha autoridad con el fin de que los usuarios puedan notificar posibles infracciones de
la normativa audiovisual.


c) Personas físicas o jurídicas titulares en última instancia de la responsabilidad editorial o autores del contenido editorial.


d) Personas físicas o jurídicas propietarias o titulares de participaciones significativas en los términos del artículo 38.


2. Los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de videos a través de plataforma deberán publicar en sus servicios de una forma fácilmente reconocible y accesible un enlace al sitio web de la autoridad
audiovisual de supervisión con el fin de que los usuarios puedan notificar posibles infracciones de la normativa audiovisual.'


Tres. Se modifican los párrafos e) y f) del artículo 89.1, que quedan redactados como sigue:


'e) Establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos
audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía.


Dichos sistemas deberán garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de datos, en particular, en cuanto a minimización de datos y limitación de la finalidad.


f) Establecer sistemas de control parental controlados por el usuario final con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.'


Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 93, que queda redactado como sigue:


'4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89.1.e) será constitutivo de la infracción tipificada en el artículo 157.8, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse de dicha acción. Asimismo, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar las medidas previstas en los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de conformidad con lo dispuesto en dichos artículos, cuando el incumplimiento de las obligaciones
referidas atente o pueda atentar contra el principio de protección de la juventud y la infancia. A efectos de valorar la procedencia de estas medidas, se atenderá al daño potencial en el desarrollo físico, mental o moral de los menores; al nivel
de audiencia del servicio en España; o a la reincidencia en la conducta infractora.


La ejecución de las medidas recogidas en el párrafo anterior, incluidas aquellas que exigen la colaboración de los prestadores de servicios intermediarios, requerirá la previa autorización judicial de acuerdo con el procedimiento regulado en
el apartado 2 del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.'


Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 94, que queda redactado como sigue:


'1. Los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma se considerarán prestadores del servicio de comunicación audiovisual a los efectos del cumplimiento de los principios

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establecidos en los artículos 4, 6, 7.1, 9, 10, 12, 14, 15; de la obligación del artículo 42.2 y de las obligaciones para la protección de los menores conforme a lo establecido en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 99. Asimismo, tales
usuarios deberán respetar lo dispuesto en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo IV del título VI cuando comercialicen, vendan u organicen las comunicaciones comerciales que acompañen o inserten en sus contenidos audiovisuales.


Los usuarios de especial relevancia tomarán aquellas medidas adecuadas para el cumplimiento de estas obligaciones y utilizarán los mecanismos que el prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma pone a su
disposición, en particular los establecidos en los párrafos d), e) y f) del artículo 89.1 y en el artículo 91.2.b).'


Seis. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 99, que quedan redactados como sigue:


'3. El servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional tiene las siguientes obligaciones para la protección de los menores del contenido perjudicial:


a) Formar parte del código de corregulación previsto en el artículo 98.2.


b) Proporcionar mecanismos de control parental.


c) Establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos más nocivos, como la violencia gratuita y la pornografía, que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Dichos sistemas deberán garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de datos, en particular, en cuanto a minimización de datos y limitación de la finalidad.


4. El servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición tiene las siguientes obligaciones para la protección de los menores del contenido perjudicial:


a) Incluir programas y contenidos audiovisuales que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita en catálogos separados.


b) Formar parte del código de corregulación previsto en el artículo 98.2.


c) Proporcionar mecanismos de control parental.


d) Establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos más nocivos, como la violencia gratuita y la pornografía, que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Dichos sistemas deberán garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de datos, en particular, en cuanto a minimización de datos y limitación de la finalidad.'


Siete. Se añade un nuevo párrafo b bis) en el apartado 2 del artículo 155, con la siguiente redacción:


'b bis) Prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma establecidos en un país que no sea miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
que dirigen sus servicios específicamente al mercado español de conformidad con lo previsto en los artículos 3.8 y 3.9.'


Ocho. Se modifica la letra c) del artículo 160.1, que queda redactada como sigue:


'c) Las sanciones previstas en las letras a) y b) de este apartado podrán, además, llevar aparejada alguna de las siguientes sanciones accesorias:


1.º La revocación de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual y el consiguiente cese de la prestación del servicio cuando el prestador haya cometido la infracción muy grave prevista en los apartados 6 y 7 del artículo
157.

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2.º El cese de las emisiones y el precintado provisional de los equipos e instalaciones utilizados para realizar la emisión cuando se haya cometido la infracción muy grave prevista en los apartados 4 y 5 del artículo 157.


3.º El cese de la prestación del servicio y la pérdida de la condición de prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo adquirida a través de la comunicación previa, durante un periodo máximo de un año, cuando se hayan
cometido las infracciones muy graves tipificadas en los apartados 13 y 14 del artículo 157, relativas a establecer y operar sistemas de verificación de edad.


4.º El cese de la prestación del servicio por parte del prestador del servicio de intercambio de videos a través de plataforma, durante un periodo máximo de un año, cuando se haya cometido la infracción muy grave tipificada en el apartado 8
del artículo 157.'


Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 164, que queda redactado como sigue:


'1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador por alguna de las infracciones tipificadas en los artículos 157, 158 y 159, se podrán adoptar medidas provisionales que, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
podrán consistir en las siguientes:


a) Ordenar el cese inmediato de cualquier actividad presuntamente infractora.


b) Confirmar o modificar las medidas provisionales previas adoptadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Estas medidas provisionales serán válidas durante tres meses como máximo, prorrogables por otro período de hasta tres
meses.


c) La suspensión de la eficacia del título habilitante y la clausura provisional de las instalaciones, en el caso de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 5 y 6 del artículo 157.


d) En el caso de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 8 y 14 del artículo 157, se podrán adoptar las medidas previstas en los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de conformidad con lo previsto en dichos
artículos, incluyendo la interrupción del servicio infractor y la retirada de datos. La ejecución de las medidas, incluidas aquellas que exigen la colaboración de los prestadores de servicios intermediarios, requerirá la previa autorización
judicial de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado 2 del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.'


Disposición final octava. Títulos competenciales.


Esta ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1. 1.ª, y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; y de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.


Adicionalmente, son de aplicación los siguientes títulos competenciales:


El título I se dicta con fundamento en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre telecomunicaciones.


Los contenidos del título II constituyen normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española.


El título IV se dispone en virtud de la competencia del Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad, dispuesta en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española.


El título V se fundamenta en la competencia del Estado en lo concerniente a las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, de conformidad con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.

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Las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta se dictan al amparo de las competencias en materia de legislación penal y procesal, que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española atribuye al Estado.


Las disposiciones finales quinta, sexta y séptima, que modifican, respectivamente, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, se amparan en los títulos
competenciales expresados en las citadas normas.


Disposición final novena. Naturaleza de ley orgánica.


Tienen carácter de ley orgánica las disposiciones finales primera, segunda, tercera y sexta. El resto de preceptos tienen naturaleza de ley ordinaria.


Disposición final décima. Desarrollo reglamentario.


1. Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en esta ley orgánica.


2. En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente ley orgánica, el Gobierno, mediante real decreto, determinará la información que deben proporcionar los fabricantes de equipos terminales digitales en virtud del artículo 4.2,
el formato en que debe proporcionarse y una concreción de los riesgos sobre los que se debe informar.


Disposición final undécima. Desarrollo reglamentario de la prohibición de acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa.


Con la finalidad de garantizar la efectividad de la prohibición de acceso o activación por personas menores de edad de mecanismos aleatorios de recompensa, el Gobierno, reglamentariamente, a propuesta del departamento que ostente las
competencias en materia de protección a las personas consumidoras y juego y del ministerio competente en materia de transformación digital, podrá adoptar las disposiciones técnicas pertinentes que permitan una verificación de la edad de las personas
usuarias de este tipo de funcionalidades. En cualquier caso, la adopción de estas medidas deberá respetar la normativa comunitaria y, singularmente, aquella mediante la que se aborden las técnicas y prácticas comerciales poco éticas en relación con
los 'patrones oscuros', el marketing de 'influencers', el diseño adictivo de productos digitales y el perfilado online, especialmente cuando explotan vulnerabilidades de los consumidores con fines comerciales.


Disposición final duodécima. Entrada en vigor y aplicación.


1. Con las salvedades previstas en el apartado 2, la presente ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.


2. El artículo 4, la disposición final quinta y el apartado seis de la disposición final séptima entrarán en vigor al año de la publicación de esta ley orgánica en el 'Boletín Oficial del Estado'.


Por excepción, el artículo 4.2 entrará en vigor a los seis meses de la publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' del real decreto que determine la información que deben proporcionar los fabricantes de equipos terminales digitales. Las
disposiciones contenidas en los demás apartados del artículo 4, en lo que se refieran a la obligación de información contenida en el artículo 4.2, solo serán de aplicación desde el momento en que este último entre en vigor.