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DS. Senado, Pleno, núm. 65, de 06/10/2021
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 37


celebrada el miércoles, 6 de octubre de 2021


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por
el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de
carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.


621/000028
acceso a la profesión; acción
judicial; apoyo económico; colegio profesional; comunicación por
satélite; contratación administrativa; política de telecomunicación;
política económica; profesión jurídica; red de transmisión de datos;
sociedad anónima; teléfono móvil


Justicia






TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY





Proposición de Ley para la recuperación de la
asignación económica por hijo o menor a cargo.


622/000052
prestación familiar

GPD







TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Acuerdo sobre supresión de los requisitos de
visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de
servicio entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid y
Doha el 26 de octubre de 2020.


610/000061
admisión de extranjeros; profesión
diplomática







Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Chile para el intercambio y protección recíproca de
información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 3
de diciembre de 2020.


610/000062
Chile; España; política de
defensa







Acuerdo sobre la cooperación en materia de
lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras
sustancias peligrosas, hecho en Bonn el 13 de septiembre de 1983,
enmendado y la Decisión de las Partes Contratantes relativa a la adhesión
del Reino de España.


610/000063
contaminación de las
costas







Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho
en Kumamoto el 10 de octubre de 2013.


610/000064
mercurio








PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES




Ponencia de estudio sobre la transformación
digital de las Administraciones Públicas.


543/000005
administración pública; sociedad de
la información


Función Pública







MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para apoyar al sector industrial y
evitar las consecuencias producidas por el incremento del precio de la
luz.


671/000083
apoyo económico; energía eléctrica;
sector secundario


GPP






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar
la aplicación de la disposición adicional cuadragésima referida a la
promoción de fondos de pensiones públicos de empleo de la Ley 11/2020, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.


662/000087

GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para paliar la catástrofe que se está
produciendo en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) como
consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.


662/000086

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a
garantizar la aplicación de los objetivos transversales de la Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico en las denominadas islas verdes del
archipiélago canario para luchar contra la despoblación de estos tres
territorios insulares.


662/000085
Islas Canarias;
despoblación


GPIC




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y un minuto.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE
ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO LA LEY 2/2007, DE 15 DE
MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, EL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE
MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS
ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL, Y LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES.


621/000028

Justicia


El señor Lerma Blasco, presidente de la
Comisión de Justicia, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Sánchez-Garnica Gómez, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 4, 6 y 8.


El señor presidente informa a la Cámara de que
decae la enmienda 1, de la señora Goñi Sarries, del Grupo Parlamentario
Mixto.


El señor Marín Gascón, del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas 21 a 29, presentadas por la señora Merelo
Palomares, por él mismo y por el señor González-Robatto Perote.


El señor Cervera Pinart, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, defiende las enmiendas 10 a 12, 14
y 15, presentadas por el señor. Cleries i Gonzàlez y por él.


El señor Landa Jáuregui defiende la enmienda
30, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Castel Fort defiende las enmiendas 17
y 18, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu:


La señora Ayala Santamaría defiende las
enmiendas 31 a 33, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:


En turno en contra, interviene la señora Galván
Lobato, por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Sánchez-Garnica Gómez y el señor Marín
Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria); el señor Cervera
Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Landa Jáuregui, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel
Fort, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; el señor De Rosa Torner, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Oleaga Zalvidea, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA RECUPERACIÓN DE
LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR A CARGO.


622/000052

GPD


El señor Sánchez López defiende la toma en
consideración.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: la señora Merelo Palomares, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores Teruel Existe y Partido
Regionalista de Cantabria); la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Martínez
Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Vaquero Montero, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Escandell Grases,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Heredia de Miguel, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y la señora Arnáiz García, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Queda rechazada la toma en consideración con el
siguiente resultado: presentes, 250 más 5 votos telemáticos, 255; votos
emitidos, 252 más 2 votos telemáticos, 254; a favor, 15; en contra, 139
más 2 votos telemáticos, 141; abstenciones, 95 más 3 votos telemáticos,
98.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE
ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO LA LEY 2/2007, DE 15 DE
MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, EL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE
MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS
ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL, Y LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES. (Votación).


621/000028

Justicia


Votaciones.


El señor presidente anuncia a la Cámara de que,
tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del
texto definitivo por S.M. el Rey.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO SOBRE SUPRESIÓN DE LOS REQUISITOS
DE VISADO PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, ESPECIALES Y DE
SERVICIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID Y
DOHA EL 26 DE OCTUBRE DE 2020.


610/000061






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE CHILE PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 3
DE DICIEMBRE DE 2020.


610/000062






ACUERDO SOBRE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE
LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MAR DEL NORTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS
SUSTANCIAS PELIGROSAS, HECHO EN BONN EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1983,
ENMENDADO Y LA DECISIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES RELATIVA A LA ADHESIÓN
DEL REINO DE ESPAÑA.


610/000063






CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO,
HECHO EN KUMAMOTO EL 10 DE OCTUBRE DE 2013.


610/000064



El señor presidente informa a la Cámara de que
no se han presentado propuestas a los tratados.


El señor Martí Deulofeu informa a la Cámara de
que su grupo parlamentario se abstendrá en la votación de todos los
tratados, excepto en la del 8.1.2., en la que votará en contra.


Votación


El señor presidente anuncia a la Cámara que los
tratados quedan autorizados.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.


543/000005

Función Pública


El señor Vidal Varela, presidente de la
Comisión de Función Pública, presenta el informe.


Comienza el debate de totalidad.


En turno a favor intervienen la señora Del Brío
González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen los
siguientes senadores: el señor Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores Teruel Existe y Partido
Regionalista de Cantabria); el señor Cervera Pinart, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la
señora Garmendia Bereciartu, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señora Caminal Cerdà, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Martín Martín, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Castellà Surribas,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


Queda aprobado el informe de la Ponencia con el
siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor,
251.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA APOYAR AL SECTOR INDUSTRIAL Y
EVITAR LAS CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LA
LUZ.


671/000083

GPP


El señor Márquez Sánchez defiende la moción.


La señora Ponce Gallardo defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Marín Gascón defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa del señor
González-Robatto Perote, de él mismo y de la señora Merelo
Palomares.


La señora González Modino defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


La señora Fernández Molina defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Márquez Sánchez expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza todas.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor Marín Gascón y el señor Catalán Higueras, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Fernández Viadero y la señora Ponce
Gallardo, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación
de Electores Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria); la
señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Garmendia
Bereciartu, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Márquez Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Blanco Ángel, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 244; a favor, 102; en contra, 112;
abstenciones, 30.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA REFERIDA
A LA PROMOCIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS DE EMPLEO DE LA LEY
11/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL
AÑO 2021.


662/000087

GPS


Esta moción ha sido retirada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LA CATÁSTROFE QUE SE ESTÁ
PRODUCIENDO EN LA ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO
CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.


662/000086

GPP


El señor Antona Gómez defiende la moción.


El señor Muñoz Lagares defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Clavijo Batlle defiende las cuatro
enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Chinea Correa defiende las cinco enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més
per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


La señora Santana Dumpiérrez defiende la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Antona Gómez expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia la existencia de
una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores Teruel Existe y Partido Regionalista de
Cantabria); el señor Clavijo Batlle, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Chinea Correa, por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Etxano
Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Cortès Gès, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; el señor Pérez Sicilia, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; y el señor Pérez García, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO EN LAS DENOMINADAS ISLAS VERDES DEL
ARCHIPIÉLAGO CANARIO PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE ESTOS TRES
TERRITORIOS INSULARES.


662/000085

GPIC


El señor Chinea Correa defiende la moción.


El señor Clavijo Batlle defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Meneses Roqué defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


Pérez Sicilia defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Chinea Correa expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, la del Grupo Parlamentario
Socialista y la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado con número
de registro de entrada 112833.


En turno de portavoces intervienen los siguientes
senadores: la señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Chinea Correa, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa
Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Medina Martínez,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Pérez
Sicilia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora
Carmona Delgado, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LA CATÁSTROFE QUE SE ESTÁ
PRODUCIENDO EN LA ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO
CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.
(Votación).


662/000086

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 244; a favor, 244.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO EN LAS DENOMINADAS ISLAS VERDES DEL
ARCHIPIÉLAGO CANARIO PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE ESTOS TRES
TERRITORIOS INSULARES. (Votación).


662/000085

GPIC


Se aprueba la moción con el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 224; en contra, 3;
abstenciones, 19.


Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas y un minuto.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Bon dia, señorías. Egun on. Buenos días.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE
ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO LA LEY 2/2007, DE 15 DE
MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, EL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE
MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS
ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL, Y LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES.


621/000028

Justicia


El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden
del día, Proyectos y proposiciones de ley.


Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, señor Lerma
Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.


Proyecto de ley por la que se modifica la
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
abogado y procurador de los tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas
económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general
de telecomunicaciones.


Esta ley, de acuerdo con su preámbulo, trata de
acomodar la legislación española a las previsiones del derecho europeo y,
singularmente, a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la
Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y en los
artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y se
concreta en una reserva de actividad para el ejercicio de la procura, las
sociedades de carácter multidisciplinar que puedan abarcar la procura y
la abogacía y, finalmente, la modificación del sistema de aranceles. Se
flexibiliza el ejercicio de la procura, permitiendo que los profesionales
de la abogacía puedan ejercer como procuradores, si bien continúa siendo
incompatible el ejercicio simultáneo. Se habilita a las sociedades
profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la abogacía y
la procura para poder ofertar un servicio de defensa y representación. Y
se fija un máximo de 75 000 euros como cuantía global de los derechos
devengados por una persona profesional de la procura en un mismo asunto,
estableciendo que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un
límite mínimo.


El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el
procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el 6 de julio
de 2021, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el
pasado 11 de septiembre. A este proyecto de ley se presentaron treinta y
tres enmiendas, de las cuales, la número 2, de la señora Goñi, fue
posteriormente retirada.


El 30 de septiembre la comisión ratificó la
ponencia, que quedó integrada por doña Cristina Ayala, don Josep Maria
Cervera, don Pau Furriol, doña Sara María Galván, don Imanol Landa, don
Joseba Koldobika Martínez, don José María Oleaga Zalvidea, don Antonio
Julián Rodríguez Esquerdo, don Fernando de Rosa Turner, don Miguel
Sánchez López y don Clemente Sánchez-Garnica. Ese mismo día, se reunió la
ponencia para emitir su informe, que introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados, y, a continuación la
comisión emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia.


Finalizados estos trámites, y para la defensa
de sus enmiendas, han presentado votos particulares a este dictamen la
señora Goñi, el señor Sánchez-Garnica, los señores González-Robatto,
Marín Gascón y la señora Merelo Palomares; los señores Cervera Pinart y
Cleries Gonzàlez y los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado, Esquerra
Republicana y Popular en el Senado.


Nada más y muchas gracias, presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, procede a continuación pasar al
debate de totalidad.


¿Algún grupo desea intervenir en el turno a
favor? (Pausa).


¿En el turno del turno en contra? (Pausa).


En consecuencia, pasamos directamente al debate
de las enmiendas.


Para la defensa de las enmiendas 4, 6 y 8,
tiene la palabra el señor Sánchez-Garnica Gómez.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor
presidente, señorías, buenos días.


Con las enmiendas presentadas, además de tratar
de mejorar el texto, se pretende poner en valor y dignificar la procura
como profesión jurídica esencial y fundamental para el funcionamiento de
la Administración de Justicia. Los procuradores y las procuradoras son
claros protagonistas de la práctica judicial, agilizando el proceso y
representando a las partes, garantizando sus derechos. Su intervención es
fundamental para garantizar mayor eficacia, rapidez y bien discurrir del
procedimiento judicial en el que los ciudadanos están inmersos. Es por
ello imprescindible dar a la procura la relevancia que merece.


En primer lugar, quiero agradecer la voluntad
de aceptar en la comisión la enmienda número 3, así como la transacción
de las enmiendas 5 y 9. Sin embargo, teniendo en cuenta la finalidad de
la ley, es necesario hacer un último esfuerzo para intentar llegar a un
punto de encuentro en las enmiendas 4, 6 y 8.


La enmienda 4 tiene como objetivo propiciar un
convenio entre el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de
Procuradores para garantizar la inclusión de materias propias del
ejercicio profesional de la procura y sus prácticas externas en los
cursos organizados por las escuelas de práctica jurídica creadas por los
colegios de abogados. Es necesario, desde nuestro modesto punto de vista,
homogeneizar la formación de la procura a través de materias propias del
ejercicio profesional y prácticas externas en todo el territorio del
Estado. No tiene demasiada justificación que exista una previsión en los
cursos organizados por las universidades, pero no en los cursos
organizados por las escuelas de práctica jurídica creadas por los
colegios de abogados.


La enmienda 6 tiene como objetivo paliar la
injusticia que supone la limitación de los límites cuantitativos de los
honorarios de los procuradores, que se ha pasado de 350 000 a 75 000. Por
ello, se propone que en los supuestos excepcionales en los que se puedan
percibir esas cantidades —que, como sus señorías saben, se da en
muy pocos casos—, la limitación tendría que hacerse por cada
instancia y por cada recurso ordinario o extraordinario.


Finalmente, con la enmienda 8 se pretende
garantizar que para el ejercicio de la procura se exija el título
correspondiente, como en la abogacía.


Señorías, las propuestas que acabamos de
exponer no desvirtúan el sentido y la finalidad de la ley y sí
contribuyen a mejorarla, poniendo en valor la esencial profesión de la
procura. Por ello, solicitó un esfuerzo para llegar a un punto de
encuentro que permita que se acepten las enmiendas o, por lo menos,
transaccionarlas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señorías.


La enmienda número 1, de la senadora Goñi,
decae.


Para la defensa de las enmiendas 21 a 29, de la
señora Merelo Palomares y los señores Marín Gascón y González-Robatto
Perote, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene el senador
Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.


Señorías, a este proyecto de ley hemos
presentado nueve enmiendas, ocho de modificación y una de supresión,
siempre con un carácter constructivo, intentando mejorar lo que, a
nuestro criterio, puede ser mejorable. Su motivo es el siguiente.


La primera de nuestras enmiendas es de
modificación al apartado II de la exposición de motivos, sobre la base de
que la redacción propuesta resulta incompleta y ciertamente imprecisa,
por lo que la enmienda pretende clarificar la incompatibilidad no solo
del ejercicio conjunto por una misma persona, sino también de la
pertenencia simultánea a ambos colegios profesionales en calidad de
ejerciente.


La segunda de nuestras enmiendas es también una
enmienda de modificación al apartado III la exposición de motivos, siendo
en este caso dos las razones: por un lado, el artículo 25 de la
Directiva 2006/123, del Consejo de Europa, del 12 de diciembre, relativa
a los servicios del mercado interior, la conocida como la Directiva,
permite el establecimiento de obligaciones de ejercicio exclusivo o
delimitaciones al ejercicio en conjunto o en asociación por los
prestadores de servicios en el mercado interior cuando se trate
—abro comillas— «las profesiones reguladas, en la medida en
que esté justificado para garantizar el cumplimiento de requisitos
deontológicos distintos debidos al carácter específico de cada profesión
y sea necesario para garantizar su independencia e imparcialidad»
—cierro comillas—. En consecuencia, es evidente que, de
manera adicional a lo que se contemple en los propios estatutos
profesionales que rigen la actividad de las sociedades profesionales,
debe hacerse una referencia ex profeso a las normas deontológicas de cada
una de las profesiones que se incardinen en la meritada sociedad
profesional. Por otro lado, se realizan mejoras ortográficas y de
redacción.


La quinta de nuestras enmiendas es, igualmente,
de modificación al artículo primero.seis. La razón es que la referencia a
la posibilidad de que los estudios se impartan en cualquiera de las
lenguas oficiales es innecesaria, por cuanto tal posibilidad ya está
garantizada en cuanto lengua cooficial en el territorio de que se trate.
La inclusión de este inciso solo puede entenderse como un mecanismo para
que en el futuro dichos estudios se impartan únicamente en la lengua
regional del territorio de que se trate, infringiendo el derecho a la
igualdad de los españoles, artículo 14 de la Constitución, y el derecho
de emplear el castellano, artículo 3 de la Constitución. Esta
modificación del proyecto de ley es una coartada para que en el futuro
solamente se enseñe en esos idiomas.


La sexta enmienda, asimismo, es de modificación
al artículo primero.ocho sobre la base, por un lado, de que se reputa
necesario contemplar en la norma la incorporación a la tutoría de un
procurador de los tribunales, de tal forma que el alumno conozca los
aspectos teóricos y prácticos específicos de la profesión y adquiera las
aptitudes requeridas para el ejercicio de la procura; dicho procurador
deberá tener un ejercicio superior a cinco años. Asimismo, el Estatuto
general de los procuradores de los tribunales de España regulará los
aspectos prácticos relacionados con el ejercicio de la procura, que han
de ser supervisados en la orientación del alumnado, así como los derechos
y obligaciones de los procuradores adscritos a las tutorías. Por otro
lado, esta enmienda es por coherencia con enmiendas anteriores.


La séptima enmienda es también de modificación
del artículo primero.nueve, por coherencia con enmiendas anteriores. Por
otro lado, la salvedad que pretende introducirse solo puede entenderse
como un mecanismo para que en el futuro los estudios constituyan una
nueva herramienta diferenciadora entre españoles, distinguiendo a los
mismos en función del lugar donde reciban los estudios e infringiendo el
derecho a la igualdad de los españoles, artículo 14 de la
Constitución.


La octava enmienda, al igual que las
anteriores, es de modificación, en este caso al artículo tercero, y está
relacionada con nuestra tercera enmienda. Señorías, el arancel de los
procuradores de los tribunales no es discriminatorio, sino que cumple con
la condición de necesidad debido a la labor de estos en pro del interés
general. Además, se ajusta también al principio de proporcionalidad, en
tanto que solo supone un pequeño porcentaje sobre el coste total del
procedimiento. Este proyecto de ley propone una reducción del límite
máximo, pasando este de 300 000 euros a 75 000 euros para todo el
proceso. En este caso, el límite de 75 000 euros debería ser para cada
instancia o recurso y no para cada proceso en general. Por otro lado, nos
oponemos a la supresión del límite mínimo del arancel y, en caso de que
este se aprobara, debería aprobarse también una reducción proporcional de
la responsabilidad del procurador. La eliminación de mínimos no solo
desnaturalizaría el arancel mismo, convirtiéndolo en un mero baremo
orientador, sino que además provocaría efectos muy perjudiciales en la
calidad del servicio público o prestación profesional de los
procuradores.


Por último, la novena enmienda es de supresión
de la disposición transitoria tercera, por coherencia con las enmiendas
anteriores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas de los
senadores Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, del Grupo Nacionalista en
el Senado, tiene la palabra el señor Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Bon dia. Buenos día.


El Grupo Nacionalista, Junts per Catalunya,
presentó seis enmiendas al texto que nos llegó del Congreso de los
Diputados: una fue transaccionada, garantizando la igualdad de
condiciones en materia de formación práctica entre la procura y la
abogacía, y hemos mantenido vivas cinco enmiendas para este Pleno. Todas
ellas hacen referencia a la garantía de las competencias de las
comunidades autónomas, en el caso de Cataluña, y por el tema que nos
ocupa, de las de justicia y universidades, y también, cómo no, hacen
referencia a la garantía de las lenguas propias de cada territorio, de
las lenguas cooficiales. Las voy a dar por defendidas en los términos que
fueron presentadas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda 30, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Landa
Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on. Buenos días a
todos y a todas.


Conforme da cuenta el expediente
correspondiente al presente proyecto de ley, el Grupo Vasco abordó, en
clave constructiva y propositiva, esta iniciativa legislativa, aportando
para ello en su tramitación en el Congreso cinco enmiendas, cuatro de las
cuales obtuvieron una respuesta favorable, bien a través de su aceptación
directa, bien mediante las correspondientes transaccionales, con el
objetivo último de defender y reforzar en lo posible el ámbito
competencial propio de las comunidades autónomas desde su realidad
competencial.


La quinta enmienda, relativa a la disposición
adicional tercera de la Ley 34/2006, ha desembocado finalmente en el
Senado. No fue posible su incorporación en la ponencia celebrada la
semana pasada, por lo que la hemos mantenido viva para este Pleno y,
finalmente, la hemos reconducido al acuerdo a través de una transaccional
con el Grupo Socialista, en virtud del cual se posibilita a los
funcionarios y funcionarias que hayan accedido a un cuerpo o escala del
grupo A en su condición de licenciados en Derecho y que desempeñen
labores de asistencia letrada o asesoramiento jurídico el ejercicio de la
abogacía o la procura sin tener que disponer del título exigido en la
Ley 34/2006 para poder colegiarse, en reconocimiento, entendemos, justo y
coherente a su capacitación técnica acreditada por su misma praxis
laboral.


Nos hubiera gustado extender esta posibilidad
también a los funcionarios o funcionarias que, habiendo desarrollado esas
funciones en las condiciones señaladas, dejan de serlo, por ejemplo, por
acceder a la jubilación y pretenden ejercer la abogacía o la procura. Así
se recogía en nuestra enmienda inicial, pero, en todo caso, estamos
satisfechos y satisfechas con el avance conseguido y agradecemos al Grupo
Socialista, y en especial al senador Oleaga y al ministerio, su interés y
compromiso en favor del acuerdo. También agradezco a los grupos
parlamentarios que me han trasladado su disposición a apoyar nuestra
enmienda su actitud al respecto.


Por tanto, procederemos a retirar la enmienda y
a conducirla a la transaccional acordada.


Eskerrik asko. Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, para la defensa de las enmiendas 17
y 18, tiene la palabra la señora senadora Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.


En primer lugar, agradecemos el esfuerzo del
senador Oleaga y del Partido Socialista en general por transaccionar las
enmiendas 16, 19 y 20, que ha presentado nuestro grupo. Sí les pedimos un
esfuerzo ulterior para transaccionar las que nos quedan, la 17 y 18, que
nosotros seguiremos intentando defenderlas hasta el último minuto.


En la enmienda 17 proponemos que se pueda
delegar en las comunidades autónomas que así lo soliciten la gestión del
desarrollo de las pruebas de aptitud profesional. Consideramos que la
actual organización de las pruebas de acceso se basa en una visión
recentralizadora de las competencias en materia de profesiones tituladas
y entendemos que la organización de las pruebas de aptitud profesional
corresponde a una ejecución normativa y no forma parte, pues, de la
competencia estatal estipulada en el artículo 149.1.30.ª de la
Constitución española. El proyecto de ley propone la unificación del
acceso de las profesiones de abogado y procurador sin modificar el modelo
organizativo ni el funcionamiento de las pruebas. Por lo tanto,
respetando el concepto de que la evaluación para el acceso tendrá
contenido único en cada convocatoria, se propone descentralizar la
gestión del desarrollo de las pruebas de evaluación de la aptitud
profesional. Esta descentralización, además, tiene como precedente la
llevada a cabo para las pruebas para la obtención del título de gestor
administrativo. En conclusión, si de verdad se creen la cogobernanza,
esta enmienda es una materialización sin afección competencial.


En cuanto a la enmienda 18, proponemos que,
como alternativa al arancel y a efectos únicamente de tasación de costas,
los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto no excedan
de 75 000 euros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas 31 a 33, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la señora
senadora Ayala Santamaría.


La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días a todos
los compañeros de la Cámara.


Mi grupo trae al Pleno tres votos particulares
y nos gustaría tener un poquito más de suerte que en la comisión. Me
hubiera gustado poder agradecer al señor Oleaga y a la señora Galván su
predisposición, incluso, a hablar de nuestras enmiendas, pero lo cierto y
verdad es que hemos visto a los senadores del Partido Socialista
intentando hacer tratos con otras fuerzas políticas y a nosotros, señores
del Partido Popular, ni agua ni enmiendas, porque nosotros no estamos en
el bloque que los apoya.


Como digo, han aceptado enmiendas de casi todos
los grupos restantes, y no es que las nuestras no sean razonables, porque
traemos una primera enmienda, la 32, relativa a las escuelas de práctica
jurídica. En esta ley se incluían dos momentos diferentes respecto a la
formación: uno era la escuela de práctica jurídica y otro era las
prácticas externas. Lo lógico y normal es que, si de esas escuelas van a
salir abogados y procuradores, que tanto los abogados como los
procuradores tengan una figura, una parte en esa formación. Pues bien,
puro sentido común, pero no les ha parecido bien aceptarla.


La 31 es respecto al Cuerpo de gestión
procesal, muy parecida a la que presentaba el Grupo Parlamentario Vasco a
este respecto. Si alguien sabe de procesal es el Cuerpo de gestión
procesal, que trabaja con todos los aspectos de un procedimiento. Lo que
les pedíamos era algo muy sencillo: que ellos tampoco tengan que obtener
el título para ejercer como abogado o procurador. Sencillo, simple,
razonable. Tampoco ha tenido su punto de vista a favor.


La número 33 es la otra que hemos presentado
varios grupos, atendiendo a lo que nos parecía una justa reivindicación
de los procuradores, y es el tema del arancel máximo. No nos parece
razonable limitarlo a 75 000 euros por proceso, en los términos en los
que se considera un proceso, que es desde el principio hasta el final, es
decir, incluyendo también, por ejemplo, los recursos. Nosotros lo que
decíamos es que fuera por cada instancia. Creo que aquí hay que dejar
claro que no es que todos los procuradores cobren por cada proceso 75 000
euros, pero hay procesos que se complican, procesos que tienen
incidentes, procesos que llegan al Supremo. Parece lógico aumentar esa
cantidad y no dejarla en esos 75 000 euros o que, por lo menos, sean solo
por instancia.


Y, por último, quiero plantear un tema para la
reflexión de esta Cámara sobre lo que ha entrado en el Congreso. Esta era
una ley de acceso a la abogacía y a la procura y con una enmienda esta
ley ha pasado a ser también una modificación de la Ley general de
comunicaciones. Y esta reflexión la hago por lo que nos ha pasado y nos
pasa frecuentemente con las enmiendas, que dicen que, por no tener
relación material, nos las excluyen. En el Congreso incluyen, en una ley
de acceso a la abogacía y a la procuraduría, una modificación de la Ley
general de comunicaciones y aquí no podemos hacer prácticamente nada. Lo
dejo para la reflexión de esta Cámara.


Esto es todo por lo que se refiere a las
enmiendas. Mi compañero Fernando de Rosa explicará la parte del turno
general.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora senadora Galván
Lobato.


La señora GALVÁN LOBATO: Gracias, presidente.
Muy buenos días, señorías.


Estamos hoy debatiendo el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley 34/2006, que incluye también modificaciones en la
Ley 2/2007, en el Real Decreto Ley 5/2010 y en la Ley 9/2014.


Este proyecto de ley surge por la necesidad de
corregir los excesivos obstáculos en el ámbito de los servicios
profesionales, que llevaron a que la Comisión Europea iniciase en 2015 un
procedimiento de infracción contra España. Uno de los objetivos
principales que aborda es el de flexibilizar el ejercicio de la procura,
con el fin de que las personas profesionales de la abogacía tengan opción
de prestar sus servicios como profesionales de la procura, aunque no de
manera simultánea. Para ambas profesiones se establece un acceso único a
través de la licenciatura o el grado en Derecho, una misma capacitación,
la superación de la evaluación de la aptitud profesional y la colegiación
en el colegio profesional respectivo.


Como ya dije el otro día en comisión, esta
modificación ha sido muy trabajada y ha dado lugar a muchas
negociaciones, empezando por la Comisión Europea, con los colegios
profesionales y también ha sido muy trabajada en el Congreso, de donde se
ha sacado un buen texto que hemos conseguido mejorar aún más aquí en el
Senado. Quiero agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios y
el espíritu constructivo en todo momento, que ha llevado a aprobar alguna
enmienda y a presentar cuatro transaccionales, una de ellas recién
acordada. También vuelvo a recordar que si no podemos pactar más
enmiendas es por el encorsetamiento al que estamos sometidos debido a las
exigencias europeas. Otras enmiendas, simplemente, son imposibles.


Senador Sánchez-Garnica, del Grupo Mixto, le
hemos aprobado una enmienda y se ha sumado usted a dos transaccionales.
La tercera, pactada en comisión, va en consonancia con lo que usted pedía
en su enmienda número 5: incluimos la representación de una persona
profesional de la procura, siempre que sea solicitado por el alumno o
alumna. Así que piénselo y súmese.


Otro de los objetivos de este proyecto de ley y
que más enmiendas ha concentrado es el establecimiento de la cuantía
global máxima de 75 000 euros de los derechos devengados por las personas
profesionales de la procura en un mismo asunto, actuación o proceso, y
vuelvo a explicar en Pleno el porqué de esta modificación. No es nuestro
capricho: la Comisión Europea imponía la eliminación del arancel, pero
España consiguió su mantenimiento a cambio de eliminar los aranceles
mínimos y limitar los máximos. Esta modificación persigue la protección
del consumidor para producir un abaratamiento de los servicios
profesionales de la procura. Para todas las señorías enmendantes de este
artículo, piensen dónde queda su ánimo de protección al consumidor,
posiblemente el más débil en todo el proceso judicial. Y si no podemos
abrir más la mano en este aspecto, es debido a las exigencias de la
Comisión Europea. En todo caso, el proyecto de ley sigue contemplando
que, si no se consiguen remunerar de forma adecuada los servicios
profesionales, excepcionalmente y de manera justificada se podrá superar
el límite siempre y cuando lo autorice el juez.


En cuanto a las enmiendas vivas relativas a los
derechos competenciales de las comunidades autónomas, quiero aclarar de
nuevo que no se trata de atacar las competencias autonómicas en justicia,
simplemente porque la evaluación a que se refiere en sus enmiendas el
Grupo Nacionalista es una prueba de ámbito nacional para garantizar la
igualdad en todo el territorio y está convocada por el Ministerio de
Justicia y el de Universidades. El contenido del curso de evaluación debe
ser acreditado por ambos ministerios, de manera conjunta, para garantizar
la igualdad de todos los aspirantes. Y en cuanto a los representantes
autonómicos en la comisión evaluadora, el proyecto contempla claramente
que el número de representantes del ministerio, comunidades autónomas y
Consejo General de la Abogacía Española es en condiciones de
igualdad.


Y hablando de igualdad y de las lenguas
cooficiales, les recuerdo que estas no constituyen un límite, sino una
posibilidad, establecida reglamentariamente y con garantías tanto para
las lenguas regionales como para la castellana, siendo la prueba de
evaluación en la lengua deseada por el o la aspirante.


Señorías de Vox, tienen ustedes una fijación
enfermiza por el tema de las lenguas cooficiales. No se preocupen, que el
castellano no peligra. Se lo está diciendo una senadora de Valladolid,
con un castellano bastante aceptable a pesar de nuestros laísmos y
leísmos. (Risas.— Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Les recuerdo que, en tiempos no muy lejanos, quienes
hablaban otras lenguas, como el catalán en la intimidad, eran los
políticos de la derecha, a la que muchos de ustedes antes pertenecían. No
se olviden de ello. Y quiero aclarar que yo no tengo aversión a ninguna
de las modalidades lingüísticas de España, porque, como dice la
Constitución, que también lo dice en el artículo 3.3 —también
existe el artículo 3.3—, son dignas de especial protección.


Señorías del Grupo Popular, no se pongan
celosos porque no me refiera a ustedes en la comisión y mucho menos
pequen de egocentrismo. En todo caso, quienes nos tendríamos que sentir
ofendidos somos el Grupo Socialista, porque estamos trabajando una futura
ley y lo que hicieron ustedes en el turno de portavoces de la comisión
fue hablar del funcionamiento de las comisiones en lugar de ceñirse al
tema. En tal caso, somos nosotros los que tendríamos que sentirnos
ofendidos por sus continuos insultos, porque somos diana de sus continuos
insultos.


Sus enmiendas han sido estudiadas y si no hemos
alegado nada es porque, desde nuestro punto de vista, no ofrecen mejoras
técnicas. Respecto a la enmienda de adición al artículo primero, no
podemos admitirla, puesto que el cuerpo al que se refieren, aunque posea
la titulación requerida, la licenciatura o el grado en derecho, no
justifica la aptitud profesional exigida, porque, seguramente, conocerán
muy bien el derecho procesal, pero no tienen la actitud requerida en
derecho sustantivo como para una defensa adecuada, como sí pasa con la
abogacía, que conoce ambas.


Dicen ustedes que el proyecto de ley presenta
demasiadas inconcreciones. Creemos que es una buena modificación. Si no
fuera así, su grupo político hubiera votado que no en el Congreso y
hubiera votado que no en la comisión. De momento, se han abstenido; no sé
ahora lo que harán, pero de momento se han abstenido. Muy mala no será la
ley.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la
palabra el señor Sánchez-Garnica.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor
presidente, señorías.


En primer lugar, quiero agradecer la
sensibilidad y el esfuerzo de la señora Galván, del señor Oleaga y de
nuestra querida ministra Llop, así como su esfuerzo en intentar llegar a
puntos de encuentro. Yo creo que esta actitud es la que pone en valor las
funciones del Senado como Cámara de segunda lectura y nos tiene que
animar para que sucesivos proyectos puedan seguir el mismo camino.


En relación con las enmiendas, en cuanto a la
enmienda número 4, no comprendo la razón por la que no se ha admitido o
bien no se ha transaccionado, porque tiene la misma finalidad que la 5, a
la que ahora me referiré. Yo pido un esfuerzo porque, en definitiva, lo
que se pretende es garantizar que los temarios de la procura figuren en
igualdad de condiciones en las escuelas de práctica jurídica.


En cuanto a la 5, señora Galván, me lo he
pensado. Tiene usted razón: cuando no se puede lo más hay que intentar lo
menos. Entonces, la entiendo incluida dentro de la transacción a la que
se ha llegado y, en consecuencia, la retiro como enmienda.


Respecto a la cuantía, yo creo que ha habido
unanimidad en todos los grupos en cuanto a distintas fórmulas para llegar
a un punto de encuentro. No puedo retirarla porque nos parece
injusto.


Y en cuanto a la enmienda 8, a la vista de las
explicaciones dadas, teniendo en cuenta que, en definitiva, lo que se
pretende es un título común para abogados y procuradores; considerando,
además, que lo que se pretende es que no haya una diferencia, es decir,
que haya una igualdad entre las dos profesiones en cuanto al acceso y a
la permanencia, y comprendiendo lo que se ha hablado, también la retiro,
con lo cual quedarían vivas la 4, que tiene relación con la 5, y la 6,
que es la que hace referencia a la cuantía.


En todo caso, muchas gracias no solo al grupo
que tiene la obligación de defender al Gobierno, sino también a los demás
grupos, con los que se ha mantenido un debate muy rico que nos ha
permitido, por una vez, que en esta Cámara mejoremos lo que nos viene del
Congreso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.


Señorías, esta reforma de la Ley 34/2006 no nos
gusta y, por ello, hemos realizado nuestras enmiendas, con el objetivo de
mejorarla y corregir ciertos errores. Pero es que, además, supone un
ataque a la figura del procurador, llegándose a la precarización de esta
profesión. Esta reforma que presenta el Gobierno, el que dice que
favorece a los trabajadores, va a crear el procurador del todo a un euro.
Como he indicado anteriormente, Vox ha intentado corregir este proyecto
con enmiendas, pero, para variar, ninguna va a prosperar.


No cabe duda de que esta reforma presentada no
mejora en casi nada la ley en vigor. En resumen, este atropello se basa,
sobre todo, en los siguientes puntos. Primero, unifican el título
habilitante para ejercer ambas profesiones, pero en el nuevo artículo 5.2
rechazan la participación de los colegios de procuradores en la formación
a través de convenios con las escuelas de práctica jurídica, lo cual es
injusto.


El nuevo artículo 6.2 elimina la figura del
procurador tutor, quedando solo el abogado como único profesional que
puede asumir ese rol. Solo se podrá adscribir, y como opción, a un
procurador a la tutoría. Es decir, para este Gobierno el procurador nunca
debe ser tutor, solo es un colaborador prescindible que, además, reduce
su actuación a los aspectos prácticos de su profesión.


El nuevo artículo 7.3 suprime la mención de que
el número de miembros designados en las comisiones de evaluación por el
Consejo General de Procuradores sea el mismo que el designado por el
Consejo General de la Abogacía. La eliminación de la actual paridad
colegial es una nueva afrenta a la profesión del procurador, lo cual es
discriminatorio.


Amparándose, según dicen, en lo que dispone la
Directiva 2006/123, del Parlamento y del Consejo, el Gobierno propone
eliminar el mínimo arancelario, pero, curiosamente, al mismo tiempo,
plantea fijar un máximo global de 75 000 euros por asunto. El dictamen
del Consejo de Estado sobre esta cuestión recuerda que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea resolvió en 2016 que el real decreto que
aprueba el sistema español de aranceles de los procuradores es conforme a
derecho europeo. Por tanto, les pregunto dos cosas. Primera, ¿por qué
proponen eliminar el mínimo arancelario, pero establecen un máximo?
Ustedes buscan justificación en el artículo 15.2 g) de la directiva, pero
si se elimina el mínimo, también debería hacerse lo propio con el máximo,
porque así lo dice dicho artículo. Segunda pregunta, ¿qué necesidad tenía
el Gobierno de tocar los aranceles de los procuradores cuando son
ajustados a derecho? Creemos que se pueden y se deben mantener. Con
respecto a los máximos, deberían fijarse para cada etapa del
procedimiento y no en su conjunto. Su propuesta, señorías, es
dañina.


En definitiva, señorías del Gobierno y grupos
que le dan apoyo, Vox les invita a que vayan de cara y si ustedes
consideran que la profesión de procurador ya no tiene sentido y que debe
desaparecer, sean valientes y díganlo abiertamente. Digan a los
procuradores que se dediquen a otra cosa y háganlo para que, al menos,
sepan a qué atenerse.


Por lo expuesto anteriormente, votaremos en
contra de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.


Señorías, como ustedes saben, yo soy letrado.
El abogado es la persona que se encarga de la defensa y la dirección de
las partes involucradas en procesos judiciales. (Rumores). El abogado
también puede ser mediador extrajudicial para evitar que un problema o
enfrentamiento se transforme en un proceso judicial. Y, como abogado,
también afirmo que la figura del procurador es necesaria —esto me
lo da la experiencia—, y en esta ley es verdad que no sale muy bien
parada la figura del procurador.


Señorías, no quiero seguir mi discurso sin
sumarme al agradecimiento al señor Oleaga por su esfuerzo en intentar
consensuar el texto, algo que no es fácil. Muchas veces hemos criticado
el rodillo y las leyes que pasaban por aquí deprisa y corriendo, y en
este caso sí que se ha hecho un esfuerzo por consensuar, se han admitido
enmiendas y se ha mejorado el texto que volverá al Congreso de los
Diputados. Por tanto, Ciudadanos nos mostramos satisfechos con este paso
adelante en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley que, en
cierto modo, responde a la necesidad de acomodar nuestra normativa a las
exigencias del derecho europeo y cuyas líneas maestras vienen a coincidir
con nuestra visión política liberal, al poner el acento en lo necesario
que resulta, en general, flexibilizar y simplificar el desarrollo de la
actividad económica y, concretamente, en este caso, la actividad
profesional de abogados y procuradores.


La ley de acceso a las profesiones de abogados
y procuradores, grosso modo, viene a unificar ambas profesiones, con
ciertos matices. Por eso, compartimos ya desde el inicio de la
tramitación en el Congreso de los Diputados los objetivos perseguidos por
esta reforma legislativa, como flexibilizar la reserva de actividad para
el ejercicio de la procura, permitiendo que también las personas
profesionales de la abogacía puedan ejercer como procuradores asumiendo
la representación técnica de las partes y desarrollando el resto de las
funciones que son propias de la procura para la cooperación y auxilio de
los tribunales, aunque —esto es cierto— no de forma
simultánea con el ejercicio de la profesión de la abogacía —este es
un matiz importante—. Asimismo, habilitar a las sociedades
profesionales multidisciplinares para el ejercicio simultáneo de la
abogacía y la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral
de defensa y representación.


Señorías, quiero recordar aquí que mi partido,
Ciudadanos, presentó enmiendas en el Congreso y entendemos que su
aceptación —junto con las enmiendas transaccionales alcanzadas, que
suponían una aceptación parcial— ha contribuido a la mejora del
texto. Aquí no hemos presentado enmiendas porque se presentaron en el
Congreso y o bien fueron aceptadas o bien fueron transaccionadas. Así
pues, ya en el Congreso hubo voluntad de consenso y en el Senado también
la ha habido, con lo cual, doy la enhorabuena a todos los actores de la
tramitación de esta ley.


Lamentamos —también hay que
lamentar— que no se haya alcanzado el acuerdo político necesario
para abordar cuestiones ciertamente interesantes, como el controvertido
tema de la limitación de aranceles. El límite de aranceles de la procura
de 75 000 euros debería ceñirse —como el señor Clemente ha
propuesto y también otras enmiendas de alguna u otra manera— a cada
instancia y no ser para el proceso general. Y también lamentamos la forma
de articular la posibilidad de que funcionarios del grupo A1 para cuya
oposición es preciso ostentar el título de Derecho pudiesen acceder de
forma directa a la condición de abogado o procurador —cuestión que
también se ha puesto encima de la mesa esta mañana en una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular—.


Por tanto, hay cosas que mejorar en el texto,
pero, en cualquier caso, nosotros votaremos a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra su señoría Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcias, president.
Buenos días de nuevo, señorías.


El proyecto de ley que hoy debatimos, por el
que se modifica la Ley 34/2006, sobre acceso a las profesiones de abogado
y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007, de sociedades
profesionales y el Decreto ley 5/2010, es resultado —lo saben
todos— de la necesidad de adaptar la legislación del Estado a la
Directiva europea 2006/123, del Consejo de Europa, relativa a los
servicios en el mercado interior.


Como ya he dicho en mi anterior intervención,
el Grupo Nacionalista, Junts per Catalunya, habíamos presentado en su
momento seis enmiendas al texto que nos fue remitido desde el Congreso de
los Diputados. Han llegado vivas al Pleno cinco porque una de ellas
—y agradezco también la labor del senador Oleaga— fue
transaccionada en ponencia, garantizando con ello la reserva legal de la
necesaria formación práctica de la procura en igualdad de condiciones que
la abogacía, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de las demás
circunstancias que correspondan.


El resto de nuestras enmiendas —lo he
dicho en mi anterior intervención— tenían la finalidad de preservar
explícitamente las competencias autonómicas y, ciertamente, agradezco las
palabras de la senadora Galván, que podrían generarnos tranquilidad si no
fuera porque sabemos por experiencia que en cada ocasión que un texto
tiene un ápice de ambigüedad o da pie a interpretaciones, siempre se
acaba imponiendo una lectura recentralizadora. Por lo que en Junts per
Catalunya tenemos la obligación de velar desde aquí para que las
competencias autonómicas no sean erosionadas, sin olvidar que nuestro
objetivo es el de continuar trabajando para que, más pronto que tarde,
Cataluña sea un Estado en forma de república, que será la única manera de
garantizarlas al cien por cien.


En el tema que nos ocupa, yo les hablaba de las
competencias que tenemos en materia de justicia y de universidades,
porque es cierto que el texto garantiza que las comunidades serán oídas,
pero nosotros entendemos que no es suficiente, sino que deben ser tenidas
en cuenta realmente, como debería hacerse con los consejos de la abogacía
y procura en el ámbito autonómico, con un trato equivalente a los de
nivel estatal, y todo ello sin olvidar las peculiaridades en materia de
formación, como el conocimiento de las lenguas oficiales en los distintos
territorios. En este sentido era en el que se expresaban nuestras
enmiendas.


A pesar de habernos anunciado que no
prosperarán, Junts per Catalunya, como europeístas que somos, va a votar
de forma favorable. Y lo haremos, primero, porque creemos que es
imprescindible dar respuesta a las objeciones que la Comisión Europea
hizo respecto al ejercicio de estas profesiones en el Estado español y,
segundo, porque todos sabemos que la adaptación y equiparación de la
legislación española a la europea es una necesidad, una necesidad que,
por el bien de la imagen de España en el mundo, deberían extender de
forma generalizada y no ponerse en evidencia y hacer el ridículo cada vez
que el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, les confronta
con la justicia europea de democracias verdaderamente consolidadas.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA:
Presidente, con su permiso, desde el escaño por la brevedad.


Izquierda Confederal no presentó ninguna
enmienda y, como grupo, nos felicitamos de que esta ley, que salió ya
bastante consensuada del Congreso, haya sido mejorada con la
incorporación de algunas enmiendas y con algunas enmiendas
transaccionales en el Senado. Felicitamos a los grupos que han sido
capaces de transaccionar y votaremos sí a esta ley.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra su señoría Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on, danori.
Buenos días a todos y todas de nuevo.


Abordamos el Proyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las
profesiones de abogado y procurador de los tribunales, así como
determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo,
de sociedades profesionales, y el Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas
económicas de carácter temporal.


El Grupo Vasco aborda este proyecto de ley en
clave constructiva y propositiva, como lo hacemos siempre, con la mirada
y la atención puestas en la defensa y reforzamiento de las competencias
autonómicas establecidas en la materia, siendo plenamente conscientes de
la necesidad ineludible de adaptar la legislación estatal de referencia a
las normativas europeas de aplicación. De esta forma y con esta
finalidad, fueron cinco las enmiendas presentadas por nuestro grupo en la
tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados, cuatro de las
cuales obtuvieron una respuesta finalmente favorable a través o bien de
su aceptación o bien mediante las correspondientes transaccionales.


No voy a profundizar en ellas, simplemente
deseo apuntar sucintamente que la primera de ellas versaba sobre la
acreditación de los cursos de las escuelas de práctica jurídica, para que
sean oídas las comunidades autónomas y en la forma que reglamentariamente
se determine antes de que los ministerios de Justicia y Universidades la
concedan. Además, mediante esta enmienda, se habilita a las comunidades
autónomas con competencia ejecutiva en la materia para la expedición del
título profesional regulado en la ley. La segunda enmienda, sobre la
formación universitaria en concreto, sobre los cursos de formación,
posibilitando a través del reglamento la impartición de estos estudios en
cualquiera de las lenguas oficiales, incluyendo además la formación sobre
el derecho autonómico. La tercera, relativa a los cursos de las escuelas
de práctica jurídica y su acreditación tras ser oídas las comunidades
autónomas y en la forma que reglamentariamente se determine. Y la cuarta,
sobre las prácticas externas en orden a garantizar el fomento de la
formación en todas las lenguas oficiales. Con esta realidad, nuestro voto
fue favorable al dictamen finalmente aprobado por una amplia mayoría en
la Comisión plenaria del Congreso de los Diputados.


La quinta enmienda, relativa a la disposición
adicional tercera de la Ley 34/2006, que se presentó por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Congreso, ha desembocado finalmente en el
Senado en tanto no tuvo aceptación en la fase inicial del Congreso. No
fue posible su incorporación en la ponencia celebrada la semana pasada,
por lo que la hemos mantenido viva para este Pleno y, finalmente, la
hemos reconducido al acuerdo, como señalaba en mi primera intervención, a
través de una transaccional con el Grupo Socialista, que habilita a los
funcionarios y funcionarias que hayan accedido a un cuerpo o escala de
grupo A en su condición de licenciados en Derecho y que desempeñen
labores de asistencia letrada o asesoramiento jurídico al ejercicio de la
abogacía o la procura sin tener que disponer del título exigido en la
Ley 34/2006 para poder colegiarse, en reconocimiento —a nuestro
entender, justo y coherente— de su capacitación técnica acreditada
por su misma praxis laboral.


En definitiva, estamos razonablemente
satisfechos con el texto final que se configura en virtud del resultado
de esta sesión plenaria, conscientes, como somos, de las limitaciones
propias de un grupo pequeño como el nuestro y de las derivadas de toda
negociación y, por tanto, votaremos a favor.


Termino agradeciendo al Grupo Socialista, y en
particular al senador Oleaga y a la senadora Galván, su esfuerzo y
compromiso por el acuerdo.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora senadora
Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.


Señorías, Esquerra Republicana es un partido
tan eurocrítico como europeísta y, por ello, estamos firmemente
comprometidos con la legislación de origen comunitario. Sabemos que la
ley que hoy debatimos tiene ese impulso y es fruto, además, de unas
negociaciones con las más altas instancias de la Unión Europea, y para
nosotros esto es relevante. Ahora bien, de la misma manera que este
proyecto de ley trata de acomodar la legislación española al derecho
europeo, nos gustaría que este mismo celo armonizador lo tuvieran con las
recomendaciones de otros organismos internacionales, ya sea el Greco, el
working group de detenciones arbitrarias, el Consejo de Europa o la
Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia.


Señorías, partimos de la base de que ninguna
norma es buena en sí misma por su lugar de origen. Por esta razón, y a
tenor de dicha reflexión, hemos analizado el proyecto de ley con los
actores afectados y hemos trabajado parlamentariamente para que sus
justas reivindicaciones tuvieran acogida en el cuerpo legal
definitivo.


Y no renunciamos aún, en esta fase, a mejorar
el texto. Así, en primer lugar, hemos acordado la adecuación de plazos de
entrada en vigor para hacer posible la realización de informes, también
los no preceptivos, por parte de los órganos de gobierno de los abogados
y los procuradores. En segundo lugar, hemos garantizado que no hubiera
discriminación entre abogados y procuradores en lo que a cambiar de
profesión se refiere. Si uno es licenciado o graduado en Derecho y está
colegiado como abogado o procurador debe estar en igualdad de condiciones
respecto al homólogo de cara al futuro profesional. Igualmente, en tercer
y último lugar, hemos conseguido asegurar que cualquier estudiante del
máster de acceso a la profesión de abogado y procurador que desee optar
por la procura pueda contar con una tutoría adecuada a su futura
profesión, de manera que, si una persona quiere ser abogado, será
tutorizado por un abogado sénior, y quien quiera ser procurador, gracias
a los cambios introducidos, podrá contar también con esa misma
ventaja.


Tenemos el convencimiento de que con el trabajo
pequeño, de detalle, de apoyo a las justas reivindicaciones,
independientemente de si son muchas o pocas las personas afectadas,
también se construye un futuro mejor; y, humildemente, eso es lo que
hemos hecho con el presente texto legislativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra su señoría, el señor De Rosa Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señor
presidente.


Señorías, en la Comisión de Justicia ya
manifestamos nuestra posición sobre el presente proyecto de ley y sobre
la necesidad de acomodar a la normativa europea nuestra legislación
nacional, que regula la representación y defensa técnica ante los
tribunales de justicia. Estamos de acuerdo en la existencia de una
reserva de actividad para el ejercicio de la procura y también en la
regulación de las sociedades que puedan abarcar la procura y la abogacía.
Con respecto a los aranceles, ya hemos puesto de manifiesto nuestra
posición con nuestra enmienda. Y, señora Galván, sobre todo haremos
llegar a los gestores procesales el desprecio expresado por el Grupo
Socialista hacia su labor, diciendo que no saben de Derecho sustantivo.
¡Anda que tiene narices la cosa! (Aplausos).


Señorías, no han querido negociar ni una sola
enmienda del Grupo Popular, lo que acredita su escaso talante
democrático; y no se escuden en el europeísmo. No han querido negociar
nada con el Grupo Popular, pero arrieros somos y en el camino nos
encontraremos.


El Parlamento está obligado a dignificar las
profesiones de abogado y procurador, que son esenciales para la
Administración de Justicia. Con su trabajo, los abogados y procuradores
hacen efectiva la tutela judicial que están llamados a prestar jueces y
magistrados. Por estas razones no entendemos que el Gobierno no haya
atendido las peticiones de este grupo, que intentaban dignificar la
defensa y la procura. Nosotros hemos estado trabajando con estos
profesionales, ¿pueden decir ustedes lo mismo? Sí, señorías, aunque les
moleste, hay 26 mociones presentadas en comisión y 31 preguntas orales no
contestadas. Los miembros del Grupo Popular hemos hecho cuantiosas
preguntas al Gobierno, que se ha limitado a dar contestaciones de corta y
pega. No se sorprendan cuando el Tribunal Constitucional censura su
gestión de la crisis sanitaria y su desprecio hacia esta Cámara,
declarando que el Gobierno actúa al margen de la Constitución y del
Estado de Derecho, y no nos vengan acusando de vulnerar la Constitución.
Ustedes han sido condenados, y lo repito, han sido condenados por el
Tribunal Constitucional.


Les hemos instado en múltiples ocasiones a que
elaboren un protocolo de salud para los abogados y procuradores; ni caso,
y eso que nuestra voluntad siempre ha sido que trabajen en condiciones
seguras. El Grupo Popular ha solicitado, sin éxito, que puedan ser
vacunados de forma preferente, y no han aceptado. Se han negado a
reconocer el trabajo duro, durante la pandemia, de los abogados y los
procuradores. Igualmente, el Grupo Popular solicitó, y se nos negó, que
colaboraran en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y
ustedes dijeron que no cabían abogados y procuradores para poder informar
la LECRIM, un desprecio más. También les pedimos que se extendieran las
ayudas del decreto ley de 17 de marzo del 2020 para estos colectivos, y
no quisieron. Otra cuestión es que no han querido conciliar la vida
personal y profesional de los abogados. ¿Saben ustedes que han impedido
que el parto y la adopción sean causas para la suspensión en los juicios?
Ustedes consideran que una mujer que ha dado luz no puede solicitar la
suspensión de un juicio; ustedes se lo han negado al Consejo General de
la Abogacía, como han puesto de manifiesto. Por tanto, nosotros vamos a
trabajar por que exista una verdadera conciliación y para que las causas
de suspensión sean recogidas. Podríamos haber aprovechado este momento
para introducir esas causas, respecto de las cuales estoy convencido que
toda la Cámara estará de acuerdo.


Asimismo, ¿recuerdan ustedes que 170 000
profesionales, abogados, procuradores y graduados sociales, se quejaron
de su desprecio hacia ellos en agosto de 2020, habilitando el mes para
que trabajaran, atacando así su conciliación? Otra cuestión que queremos
plantearles, y se lo decimos aquí y vamos a presentar mociones en ese
sentido, es la reducción del IVA de las minutas profesionales al 10 %,
porque esa es una manera de abaratar el procedimiento, y no con los
aranceles. Lo que ustedes quieren siempre es meter la mano en el bolsillo
de los profesionales y no rebajar el IVA. Nosotros vamos a pedir una
rebaja del IVA al 10 % para las minutas de estos profesionales, y así,
repito, abarataremos este procedimiento.


Señorías, antes de terminar quiero leer las
palabras de la decana del Colegio de Abogados de Valencia: La abogacía y
la procura en este país, además de ser indispensables para el
funcionamiento de la justicia, somos capaces de testar todos los órdenes
jurisdiccionales. Conocemos las carencias y las necesidades, por lo que
nos ha ocupado y preocupado siempre la mejor y más eficaz defensa de la
ciudadanía.


El Grupo Popular suscribe estas palabras;
ustedes, lo dudo mucho.


Muchísimas gracias.






(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra su señoría, el señor Oleaga Zalvidea.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on guztioi.


Más allá de lo que se haya dicho, aquí nos
encontramos ante la necesidad de ajustar la legislación de nuestro país
en lo que respecta al ejercicio de la abogacía y la procura a los
estándares europeos. Hay unos partidos comprometidos con el europeísmo,
que lo aceptamos y buscamos soluciones en todos los casos, y hay otros
que, o no son suficientemente europeístas y se abstienen, como el Partido
Popular, que ha hablado de toda clase de cosas, salvo de lo que a afecta
esta ley, o como Vox, que ha dicho claramente que no le gusta para nada
la ley. Pero, señorías del Grupo Popular, es imprescindible para la
dignificación de la profesión de la abogacía y para la dignificación de
la profesión de la procura ajustar la legislación vigente a la
legislación europea. Todo lo demás son excusas.


Por otro lado, lo que hoy hacemos aquí es algo
bastante sencillo, y realmente creo que debemos explicarlo, porque parece
que no ha quedado claro. La Comisión Europea planteó unas objeciones muy
serias al ejercicio de la abogacía y al ejercicio de la procura en
nuestro país, y esto lo hemos resuelto con esta ley, con un amplísimo
consenso en el Congreso y otro aquí, en el Senado, incluso más amplio.
Son tres cosas muy sencillas: en primer lugar, que quien quiera ejercer
la profesión de la abogacía o quien quiera ejercer la de la procura habrá
de tener el mismo título: licenciado o grado en Derecho, y la misma
capacitación, el mismo máster. Esta es la primera cuestión y afecta a
todo el colectivo. En segundo lugar, a partir de ahora las sociedades
profesionales, que hasta el momento eran sociedades básicamente formadas
por personas que ejercían la abogacía, van a poder incluir también a
personas que ejercen la procura, pero, eso sí, los estatutos de esas
sociedades han de tener claro que se va a proteger la independencia de
los profesionales que ejercen la defensa y la representación, y
garantizar, en todo caso, que no se van a perjudicar los intereses de los
justiciables. Esta es, por tanto, una reforma también muy importante, que
afecta a cómo se organiza en la práctica el trabajo. Y, en tercer lugar,
y en cuanto al asunto de los aranceles que tanto preocupaba, básicamente
de lo que se trata es de acabar con un sistema que viene del siglo XIX.
Establecemos la supresión de los aranceles mínimos, no habrá aranceles
mínimos, estarán prohibidos, lo que va a permitir la competencia, pero
también establecemos una única cuantía de 75 000 euros para el conjunto
del proceso como límite máximo, y esto es así porque así lo dice una
sentencia del Tribunal Supremo. De esta manera, lo que conseguimos es
ajustar nuestra legislación a la legislación europea, y este es el
objetivo principal.


Pero hay otro elemento que sí quiero destacar,
señorías, que me parece muy importante, y es que una de las leyes que hoy
modificamos se llamaba en su día Ley de abogados y procuradores. Pues
bien, haciendo un esfuerzo importante el Gobierno ha planteado también
incorporar el lenguaje inclusivo en la ley, y hoy hablamos de abogacía y
de procura. Vamos avanzando también en este campo tan importante como es
el del lenguaje inclusivo. (Aplausos). El lenguaje inclusivo es difícil y
exige mucho trabajo a la hora de redactar los textos, pero bien vale ese
trabajo si el resultado final es, como en este caso, excelente.


Señorías del Grupo Popular, no me resisto a
contestar muy brevemente a algunas de las cosas que ustedes han dicho. No
sé si vienen enardecidos por esa convención que han celebrado y en la que
hasta había un Premio Nobel que decía que sabía lo que había que votar,
cómo había que votar y que había que votar bien, pero luego dijo que
había votado siempre a Ciudadanos. Realmente es curioso. (Aplausos). El
día 1 de octubre, el señor Casado volvió a negar que el Partido
Socialista hubiese votado a favor del sufragio femenino en la república,
y dijo: Liderados por Victoria Kent. Y yo solo quiero recordarles una
cosa, porque, si no, el señor Casado tendrá que hacer otro máster.
(Aplausos). El 1 de octubre de 1931, de los 161 votos que propiciaron el
sufragio femenino, 84 fueron del Partido Socialista, y no hubo ni un solo
voto en contra por parte del Partido Socialista a esa ley; y Victoria
Kent nunca fue militante del Partido Socialista. (Aplausos).


Y, para concluir, señorías, la Comisión de
Justicia ha hecho un trabajo muy importante que, evidentemente, al señor
De Rosa no le gusta, aprobando leyes como, por ejemplo, la de eutanasia,
colaborando en la Ley de personas con discapacidad...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.


El señor OLEAGA ZALVIDEA: Termino ahora mismo,
señor presidente.


Todas esas leyes acreditan una transformación
real de nuestro país, y esta que hoy debatimos es igual. Yo les
recomiendo, señorías, que vuelvan ustedes a la senda del europeísmo y que
abandonen los cánticos de la ultraderecha.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Señorías, al no haber recibido todos los grupos
la ordenación del debate de las enmiendas, propongo que celebremos la
votación después del debate del siguiente punto del orden del día. ¿Les
parece bien a los portavoces? (Asentimiento).


Muchísimas gracias.









TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LEY






PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA RECUPERACIÓN DE
LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR A CARGO.


622/000052

GPD


El señor presidente lee los puntos 7.2.
y 7.2.1.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la toma
en consideración, tiene la palabra su señoría, el señor Sánchez
López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).


Señorías, el Gobierno eliminó la prestación por
hijo a cargo con la aprobación, por real decreto ley, del ingreso mínimo
vital, por entender que este sustituía a aquel; sin embargo, esa
sustitución no era tal. La naturaleza de una y otra prestación es
totalmente distinta. El ingreso mínimo vital tiene como fin atajar las
situaciones de pobreza severa, y exclusivamente esas situaciones, lo que
es un objetivo imprescindible de nuestra sociedad, que no solo apoyamos,
sino que consideramos que no es suficiente y esperamos que se mejore en
su tramitación parlamentaria. Sin embargo, la prestación por hijo a cargo
tiene como objeto el apoyo a las familias con hijos en casos de pobreza
relativa. Dicho de otro modo, la razón de ser de esta prestación es la
ayuda por los hijos en general y la razón de ser del ingreso mínimo vital
es paliar la pobreza.


Lo cierto, señorías, es que la derogación de la
prestación por hijo a cargo no se vio compensada por el ingreso mínimo
vital, y que hay un enorme colectivo de familias que venían percibiendo
la prestación, que no cumplen los requisitos —y esto hay que
decirlo— del ingreso mínimo vital, de modo que ahora se ven
desamparadas por el Estado. Por si esto fuera poco, el ingreso mínimo
vital no está cumpliendo sus propios objetivos, señorías; de los más
de 800 000 hogares que debería cubrir, solo ha llegado a unos 300 000,
una situación que, en el caso de las familias con hijos, es una auténtica
tragedia, y así hay que decirlo.


En resumidas cuentas, el ingreso mínimo vital
no sustituye a la prestación por hijo a cargo ni en la teoría ni mucho
menos en la práctica. Como he dicho antes, esperamos mejorar el ingreso
mínimo vital en su tramitación parlamentaria en el Congreso y en el
Senado, para que cubra mejor la infancia y la juventud, pero eso ni es
suficiente ni tenemos la garantía de que, con el Partido Socialista y
Unidas Podemos, salga adelante. El Gobierno tiene la mala costumbre de
reunirse con otros grupos, cuando se reúne, y lo hace sin aportar un
número —en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, con
una hoja en blanco—, son todo promesas vacías y al final estas
cosas no se cumplen y no se ponen negro sobre blanco. Por eso nos
preocupa.


En este sentido, señorías, les voy a dar unos
datos. La pobreza infantil en España es un problema absolutamente
preocupante. Uno de cada cuatro niños, algo más de dos millones, vive en
hogares que no tienen los recursos suficientes para llegar a fin de mes.
Lo repito: uno de cada cuatro niños vive en hogares que no tienen los
recursos suficientes para llegar a fin de mes. Un millón y medio ni tan
siquiera tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas, pues los
ingresos del hogar no superan los 370 euros al mes. Veo que no me prestan
atención, supongo que no les interesa mucho el tema.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Si hablamos de hogares
monoparentales, esta pobreza extrema supera el 70 %, y en caso de grupos
de población especialmente vulnerables, la situación es todavía
peor.


Según un estudio de la Fundación Secretariado
Gitano, el 89 % de los menores gitanos viven en hogares en riesgo de
pobreza. Hablamos, señorías, de hogares que no disponen de recursos
suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de los
niños y las niñas. Pero voy a ir más lejos, porque un estudio de Save the
Children estima que estos gastos de crianza ascienden a 479 euros
mensuales, en el caso de niños y niñas menores de 3 años, y que van
creciendo progresivamente hasta alcanzar los 588 euros, en el caso de
adolescentes de 13 a 17 años; unas cifras, señorías, que pese a ser
consideradas de mínimos, resultan directamente impensables para muchas
familias que viven en la pobreza.


Por otra parte, se podría hablar de la pandemia
—siempre ponemos la pandemia como excusa y es verdad que ha sido
devastadora y terrible—, pero la pandemia no está detrás de estas
elevadas cifras de pobreza. España ya era el quinto país de la Unión
Europea con mayor pobreza infantil antes de la pandemia y el tercer país
con más pobreza si solo se considera a los menores de 16 años. Pero es
que la pandemia lo ha empeorado todo. La crisis sanitaria puede elevar el
número de niños y niñas que viven en pobreza hasta los tres millones; de
los dos millones que hablaba al principio de la intervención, se ha
elevado hasta los tres millones.


La realidad que se desprende de estos números,
de estas estadísticas, es altísimamente preocupante porque, para
cualquier menor, la pobreza tiene efectos devastadores, tanto en el
presente como, sobre todo, en el futuro. Por ejemplo, en educación; así,
los alumnos de hogares en situación de pobreza en España tienen cuatro
veces más posibilidades de repetir curso, según indican los resultados
del informe PISA.


Señorías, frente a estos niveles de pobreza y
carencias estructurales que afectan a la población infantil, la respuesta
que ha ofrecido hasta la fecha nuestro sistema de protección pública ha
sido muy insuficiente. La inversión española en infancia supone tan solo
—voy a decirlo despacio— el 1,2 % del PIB; repito, la
inversión española en infancia supone tan solo el 1,2 % del PIB; la mitad
del 2,4 %, que es el promedio de la Unión Europea. Estamos justo en la
mitad del promedio de la Unión Europea, en unos niveles que no permiten
abordar adecuadamente las desventajas en las que se traducen nuestras
elevadas tasas de pobreza y desigualdad infantil, y, menos aún
corregirlas, para garantizar la igualdad de oportunidades.


Una de las principales medidas en las que se
materializaba la inversión en infancia hasta el año pasado era la
asignación económica por hijo menor a cargo, que nosotros queremos
recuperar. Esta se configuraba como una prestación económica dentro de
las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva del sistema
de la Seguridad Social. Hasta la entrada en vigor del Real
Decreto 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo
vital, esta prestación, que recibían más de 800 000 familias en toda
España, se reconocía por cada hijo menor de 18 años o mayor de dicha edad
pero con una discapacidad en grado igual o superior al 65 % a cargo del
beneficiario, cualquiera que fuera la naturaleza legal de la filiación,
así como por los menores a cargo en régimen de acogimiento familiar
perteneciente a guarda con fines de adopción que formaran parte de
hogares que se encontraran en situación de vulnerabilidad económica por
no alcanzar un determinado nivel de ingresos anuales. Por tanto, esta
prestación, que ha desaparecido con el ingreso mínimo vital —y
termino, ya que prácticamente no me queda tiempo—, ha quedado
baldía, ha quedado fuera de juego, no se cubren las necesidades; por eso
la propuesta que traemos nosotros aquí es absolutamente de sentido común
y de sensatez, que es rehabilitarla y recuperarla.


Pongo en manos de sus señorías que esta
proposición siga su curso, se admita a trámite y si ustedes estiman que
se debe enmendar, que se enmiende, pero, desde luego, que no la paren
aquí, y que, por supuesto, al final se apruebe.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


¿Algún grupo quiere utilizar un turno a favor
de la toma en consideración? (Denegaciones).


¿Algún grupo quiere utilizar un turno en
contra? (Denegaciones).


Pasamos entonces al turno de portavoces.


En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Muy buenos días, señorías.


Vox siempre va a apoyar todas aquellas
iniciativas que tengan como objetivo ayudar a las familias, y esta
proposición de ley lo hace. La familia es la célula básica de la
sociedad, donde se desarrolla la enseñanza básica afectiva, educativa,
social y económica de todas las personas. La eliminación de la asignación
económica por hijo es un paso más de este Gobierno, que quiere suprimir
todo aquello que tenga que ver directamente con las ayudas a las
familias. Se piensan que hablar de familia es anticuado, cuando realmente
es el único futuro que tenemos como sociedad y la mejor garantía contra
la exclusión de los más vulnerables. Por ello, Vox ya ha propuesto que se
incluya la perspectiva de familia en todas las normas que elabore el
Gobierno.


El argumento que dio este Gobierno para
integrar la asignación por hijo a cargo en la prestación del ingreso
mínimo vital fue que así eliminaban duplicidades y que los que ya eran
beneficiarios seguirían recibiendo ayudas, pero ya los conocemos,
señorías del Gobierno, querían acabar con una medida específica que era
la vez, profamilia y pronatalidad; este último, uno de los temas más
preocupantes de nuestro país. Ustedes prefieren diluir esta ayuda dentro
de otra más general, como es la del ingreso mínimo vital. Este
despropósito que ustedes hicieron también tenía otro claro objetivo a
batir: las familias numerosas. Con la integración de las prestaciones en
el ingreso mínimo vital, ustedes han bloqueado las ayudas a partir del
tercer hijo; es decir, que a los que más aportan a la sociedad y a los
que más les cuesta llegar a fin de mes han decidido abandonarlos. Hoy,
lamentablemente, la familia numerosa es un sector desprotegido de nuestra
sociedad y la gran ausente en las políticas sociales, puesto que se les
está discriminando a la hora de fijar los requisitos y cuantías de las
ayudas. Primero, se vio en los ERTE, cuya prestación máxima es la que
perciben los que tienen dos hijos y se repitió después con el ingreso
mínimo vital.


Señorías del Gobierno, dejen de discriminar y
protejan a las familias sin prejuicios, ya verán que saldremos todos
ganando.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario Democrático,
tiene la palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora
presidenta.


La decisión de suprimir la prestación por hijo
a cargo por la vía de su integración en el ingreso mínimo vital resulta
ciertamente cuestionable atendiendo a los argumentos que esgrimió el
Gobierno, que alegaba que ambas prestaciones tenían fines análogos. Sin
embargo, señorías, es una afirmación que se ha demostrado que no se
ajusta a la realidad; al contrario, cada una de estas prestaciones
responde a objetivos y cubren necesidades básicas diferentes: por un
lado, el ingreso mínimo vital garantiza unos ingresos mínimos a hogares
que se encuentran en riesgo de exclusión social, que carecen de ingresos
y que no alcanzan para superar el umbral de la pobreza severa, la pobreza
extrema, al objeto de que puedan ser destinados a satisfacer las
necesidades vitales básicas de las personas que integran la misma unidad
de convivencia, de ahí que su cuantía sea más elevada, pero su
destinatario más reducido, y, por otro, la prestación por hijo a cargo
tiene por objeto prestar un apoyo económico a hogares con ingresos
reducidos en situación de pobreza relativa, no necesariamente en riesgo
de exclusión social, para asegurar una adecuada atención a las
necesidades básicas de los niños y niñas, contribuyendo con ello a la
igualdad de oportunidades. Estamos en ello, es decir, debe ser un pilar
básico garantizar la igualdad de oportunidades, y a eso nos tenemos que
dedicar nosotros. Esta diferencia queda patente en el hecho de que
existen hogares que, hasta ahora, atendiendo a sus condiciones personales
y económicas, podrían ser beneficiarios de la prestación con hijo a
cargo, que, sin embargo, no podrán ser beneficiarios del ingreso mínimo
vital. Está claro, hay hogares que podrían y eran beneficiarios de la
prestación por hijo a cargo y, sin embargo, tal y como está estructurado
el ingreso mínimo vital, no podrán ser beneficiados por este ingreso. Por
tanto, habrá niños y niñas que viven en estos hogares que sean privados
de protección.


Con el ingreso mínimo vital, que es una ley
loable que nosotros apoyamos —es una iniciativa buena y a nosotros
nos parece importante—, se puede dar la paradoja de que se
desproteja a determinados niños y niñas que viven en estos hogares.
Fíjense ustedes la paradoja: el ingreso mínimo vital puede desproteger a
nuestra infancia de recibir ayudas. Estas circunstancias son las que
entendemos que justifican que presentemos la presente proposición de ley
para que se rectifique esta integración, con la finalidad de que la
asignación económica por hijo o menor a cargo se conserve como prestación
económica de naturaleza singular; también en el supuesto de que el hijo
menor a cargo no presente discapacidad o el grado de discapacidad sea
inferior al 33 %, como sucedía con anterioridad a la puesta en marcha del
ingreso mínimo vital en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo.


Además, esta proposición busca un
fortalecimiento de la prestación, en línea con las reclamaciones que ha
venido planteando el tercer sector de acción social, que permita mejorar
su eficacia en la lucha contra la pobreza infantil y para avanzar hacia
la igualdad de oportunidades de la infancia y adolescencia. No quiero
repetir las cifras que les he dado en la primera intervención, pero, en
España, la situación de pobreza infantil es absolutamente preocupante. En
este sentido, la norma incorpora una serie de cambios en los parámetros
de la prestación, que amplían de forma notable el alcance y la intensidad
de la acción protectora en el presente, a la vez que señalan una senda de
incremento de cara al futuro. Así, en primer lugar, con efectos a partir
de su entrada en vigor, se establece el umbral para el acceso a la
asignación económica, con carácter general, en 14 000 euros anuales; en
correspondencia, el umbral de ingresos de la prestación para familias que
tengan la consideración de familia numerosa, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de
familias numerosas, se fija en 20 275 euros anuales. En ambos casos,
estos umbrales se incrementarían para cada ejercicio en la misma
proporción que la establecida para las pensiones no contributivas del
sistema de la Seguridad Social.


En segundo lugar, señorías, se determina un
umbral de ingresos superior para el acceso de la prestación para las
familias que tengan consideración de familias monoparentales. A estos
efectos, se entienden como tales aquellas constituidas por un solo
progenitor con el que convive el hijo o menor a cargo y que constituye el
sustentador único de la familia. En particular, tras la entrada en vigor
de esta ley, se establece que dicho umbral se corresponderá con lo
establecido con carácter general para las familias numerosas,
incrementándose en los mismos términos por cada hijo o menor a cargo
—en este caso, a partir del tercero, inclusive—, con efectos
a partir del día de entrada en vigor esta ley.


En tercer lugar, también de manera destacada,
se incrementaría la cuantía de esta asignación económica con carácter
general hasta los 100 euros mensuales; 1200 euros al año por cada hijo
menor a cargo. En paralelo, se incrementa hasta los 150 euros
mensuales, 1800 euros al año por hijo o menor a cargo, la cuantía a la
que tiene derecho la unidad familiar que se encuentra en situación de
especial vulnerabilidad en términos equivalentes a los que se recogían en
el Real Decreto Ley 1/2020, de 14 enero. Asimismo, señorías —y con
esto voy terminando—, para mantener la correspondencia entre las
cuantías establecidas para cada supuesto causante de la prestación, se
incrementa el importe de la prestación por hijo menor a cargo con
discapacidad superior al 33 % hasta los 200 euros al mes; estaríamos
hablando de 2400 euros anuales.


Por tanto, y con esto termino, les he
desgranado un poco en qué consistiría la ley, que no solo pretende
recuperar la prestación por hijo a cargo, sino con estas medidas que les
he plasmado en los últimos minutos, incluso se mejorarían, porque, como
hemos dicho, estamos en el quinto peor lugar de la Unión Europea y
dedicamos el 1,2 % del PIB, cuando la media europea es el doble, en torno
al 2,4 % del PIB.


En definitiva, el ingreso mínimo vital no
sustituye la prestación por hijo a cargo, son dos cosas distintas, son
dos caminos paralelos, dos caminos importantes, pero que no se deben
fusionar en uno, en detrimento de la infancia y en detrimento de la
prestación por hijo a cargo. Son dos vías que nuestro Estado de derecho
debe contemplar para llegar al fin que se persigue, que es la igualdad de
oportunidades que debemos dar a nuestros menores y a nuestras familias
con menores a cargo.


Por tanto, les ruego encarecidamente que tengan
a bien pensar muy en serio en esta toma en consideración, que la admitan,
que la ley entre a trámite parlamentario, y si ustedes creen que hay que
enmendarla o mejorarla, estaremos encantados de debatir, discutir, y en
su caso, consensuar.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.


Señorías, nos encontramos ante una proposición
de ley relativa a la prestación por hijo a cargo que, con motivo de la
creación del ingreso mínimo vital, ha sido modificada.


De sobra conocen la posición del Govern de la
Generalitat respecto del ingreso mínimo vital, por entender, una vez más,
que se vulneran las competencias en materia de gestión íntegra y
ejecución de la modalidad no contributiva de la Seguridad Social. Esto se
nos reconoce en el artículo 165 del estatuto de autonomía y también los
relativos a los servicios sociales recogidos en el artículo 166. Es por
ese reconocimiento que desde 1990 la Generalitat gestiona pensiones no
contributivas de invalidez o de jubilación. Siempre esa lupa que ponemos
sobre las competencias nos devuelve una clara imagen de recentralización
que nos alienta más a perseverar para obtener todas las competencias, a
través de una república independiente.


No vemos ningún motivo que justifique que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social adquiera la competencia de
reconocimiento y control de la prestación económica del ingreso mínimo
vital. Les debo recordar que Cataluña cuenta desde el año 2017 con la
renda garantida de ciutadania, con la misma finalidad que el ingreso
mínimo vital creado posteriormente por el Estado. Por ello, las dos
prestaciones comportan un conjunto de actuaciones de gestión y
reconocimiento referidas a los propios servicios sociales, de los cuales
Cataluña tiene competencias exclusivas. De ahí que sea necesario el
traspaso de la gestión y resolución, entendiendo que de esta proximidad
se podría evitar la complejidad en la gestión que hasta hoy se ha
manifestado a todas luces insuficiente. De hecho, como indica el informe
de la taula del tercer sector en Cataluña, el primer año de aplicación
del ingreso mínimo vital ha sido un fracaso y solo se han aprobado
un 15,6 % de las solicitudes resueltas, denegando casi un 85 %.


Respecto a la proposición que pide retornar la
prestación por hijo a cargo a la situación anterior al ingreso mínimo
vital, debo aclarar que en mi grupo ciertamente considerábamos la
prestación por hijo a cargo una medida buena para la lucha contra la
pobreza infantil y, además, se ha manifestado ya efectiva en algunos
países europeos de nuestro entorno, donde además de que las cuantías han
sido claramente superiores, esta prestación ha llegado a ser
universal.


En estos momentos se reconoce el derecho de
prestación por hijo a cargo si el hijo menor de 18 años tiene
discapacidad en grado igual o mayor al 33 %, o si son mayores de 18 años,
en grado igual o mayor al 65 %. Estamos a favor de que se reconozca a las
personas con discapacidad, lo que conlleva reconocer un incremento que
hay que tener en cuenta en la economía familiar, especialmente cuando se
trata de familias vulnerables, pero es cierto que los menores de 18 años,
los menores como tal, han quedado absorbidos por el ingreso mínimo vital.
Como medida contra la pobreza infantil, ciertamente tenemos dudas
respecto de que el ingreso mínimo vital y la prestación por hijo a cargo
tengan finalidades análogas y necesitaríamos abundar más en cuantías y en
su impacto económico y la repercusión real en las familias, como la
repercusión real en la lucha contra la pobreza infantil. También es
cierto que existen familias que no tendrán derecho al ingreso mínimo
vital, pero necesiten atender necesidades básicas de sus hijos.


En Junts per Cataluya somos partidarios siempre
de facilitar el debate, pero en este caso esta propuesta nos llega a la
vez que se está tramitando un proyecto de ley de modificación del ingreso
mínimo vital que va a llegar a esta Cámara y creo que será una gran
oportunidad para proponer todos aquellos cambios de calado que creamos
oportunos.


Como ya les hemos dicho, la puesta en marcha
del ingreso mínimo vital no ha sido efectiva en Cataluña —para la
mayoría de solicitantes— por el claro efecto invasivo de
competencias y porque todavía estamos estudiando el verdadero impacto con
la finalidad de hacer propuestas que, a nuestro entender, pasan por la
proximidad para que la cuantía necesaria llegue a todas las familias
vulnerables pero, sobre todo, para que los niños y adolescentes queden
protegidos contra la pobreza. Podría abundar, señorías, en muchos datos,
pero ustedes los conocen y saben que se traducen en situaciones
dramáticas.


Por eso, sin estar en desacuerdo con la
propuesta, pero tampoco completamente de acuerdo, consideramos que este
debate se debe trasladar al proyecto de ley que ya está en marcha, para
no crear así debates paralelos que vendrían a abundar en más complejidad
en un tema que ya lo es para aquellos que tienen que optar a él.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene
la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Senatari jaun andreok, egun on.


Hace un par de semanas, el Partido Socialista
unió sus votos a Vox y al Partido Popular en esta Cámara para rechazar la
toma en consideración de una proposición de ley de Geroa Bai, con el fin
de regular el funcionamiento de los clubes cannábicos. Una pena; una pena
hurtar a esta Cámara un debate sobre el uso lúdico del cannabis. Por
cierto, a los dos días, tres grupos anunciaron que llevarán al Congreso
este debate. Parece que a algunos les da miedo que la opinión pública
visualice que el Senado, la Cámara territorial, sirve para algo más que
para hacer preguntas al Gobierno o mociones que, si son aprobadas,
terminan siendo un brindis al sol. Estas actitudes contribuyen a la
percepción de que el Senado no pinta nada y son una afrenta al sistema
parlamentario definido en la Constitución.


Hoy debatimos la toma en consideración de una
proposición de ley del Grupo Democrático a la que anuncio que votaremos a
favor porque pensamos que todas las leyes que se presenten en esta Cámara
y que partan de principios democráticos deben ser atendidas, analizadas,
corregidas si hace falta y, desde luego, votadas, y también porque
coincidimos en buena parte con lo que el grupo proponente presenta; no en
vano en Geroa Bai presentamos en agosto una moción en este mismo sentido.
Coincidíamos en las cuantías, 100 euros al mes por hija o hijo como base,
aunque diferimos en su alcance porque consideramos que deberían otorgarse
con carácter universal. Pero para eso estamos aquí, para tratar de
convencer al resto de que nuestra propuesta es mejor, y para ello,
señores de la bancada socialista, antes hay que dar una oportunidad al
debate. En este sentido, espero que esta vez no tengan la osadía de negar
a la Cámara el poder discutir de un asunto que es vital para acabar con
la pobreza infantil y para la sostenibilidad de nuestra sociedad. Y es
vital porque España vuelve a estar en el furgón de cola en materia de
protección social respecto a Europa. En el conjunto de la Unión Europea,
el gasto destinado a estas ayudas a la crianza supera los 163 000
millones de euros, lo que representa casi el 1 % del PIB de la Unión, en
torno al 3,8 % del gasto en protección social.


Está demostrado que estas prestaciones
contribuyen al sostenimiento del pacto intergeneracional en el que se
basa el Estado del bienestar, contribuyen a la redistribución vertical y
horizontal de la renta, mejoran la situación de los niños y de sus
familias, incluso a medio y largo plazo desde el punto de vista educativo
y de salud, y tienen un efecto positivo, aunque es verdad que reducido,
en el incremento de la fecundidad, pero ayudan, sobre todo de forma
eficaz, a reducir la pobreza infantil que en España es una lacra. Tras
Rumanía y Bulgaria tenemos la mayor tasa, con más de 2,1 millones de
niños y niñas en situación de pobreza, y lo dice el Alto Comisionado para
la Lucha Contra la Pobreza Infantil, no solo yo. Estamos hablando de una
tasa del 27,4 %, casi 10 puntos más que la media de la Unión Europea, y
es una cifra que irá en aumento, según las previsiones de Save the
Children, que apuntan a que España puede superar el 30 % de menores en
situación de pobreza debido a la pandemia. Y eso no va a cambiar
alineando el deporte en la lucha contra la pobreza infantil, como decía
el presidente del Gobierno la semana pasada, sino con políticas rotundas
que parece que no se quieren adoptar, o al menos no con la intensidad que
requiere el problema. Y una de esas políticas eficaz es, sin duda, esta,
mejorar las prestaciones por hija o hijo a cargo.


Es necesario avanzar y hacerlo ya. Hay
comunidades, como la mía, Navarra, cuyas políticas reconoció precisamente
el Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil, Ernesto
Gasco, y ya estamos trabajando en esta línea, extendiendo las
bonificaciones fiscales por hija o hijo a cargo a las unidades familiares
que no están obligadas a hacer la declaración de renta por estar exentas
de presentar la declaración dado sus bajos ingresos; de esta manera
también pueden estas familias optar a esos beneficios fiscales. Y digo
avanzar porque lo que está haciendo España es retroceder al subsumir la
prestación por hijo o hija a cargo de la Seguridad Social en el ingreso
mínimo vital, decisión que demuestra que este tema, desde luego, no está
en la agenda del Gobierno.


Vamos a apoyar sin el menor atisbo de duda la
toma en consideración de esta proposición de ley, pero, desde luego,
avanzo que, en el caso —como espero— de que el Partido
Socialista no la vete, presentaremos en su debate modificaciones de
calado como esta de la universalidad que ya anuncio. La cuestión de la
universalidad en el acceso es esencial, puesto que está demostrado que
existe una relación positiva entre el carácter universal de estas
prestaciones y su capacidad para la reducción de la pobreza infantil. Las
prestaciones familiares universales tienen menos problemas de no acceso,
es decir, de no solicitud de las ayudas por parte de personas o familias
que han sido designadas a tener derecho —ya sea por motivos de
desconocimiento o por rechazo voluntario de estos beneficios— que
las prestaciones focalizadas, además resultan más fáciles y baratas de
gestionar, tienen mayor apoyo social y evitan las trampas de la pobreza
asociadas a las prestaciones condicionadas a la participación laboral.
Alemania, y más recientemente Italia, ya disponen de un modelo de estas
características que universaliza la prestación por hijo o hija a
cargo.


Señorías, pongámonos las pilas y abordemos de
forma definitiva políticas que animen a los jóvenes y a las jóvenes a
construir un futuro. Estas ayudas por hijo o hija a cargo son un paso, un
paso que no es suficiente porque hay que dar más, por ejemplo, convertir
la vivienda en un derecho real y no en un mero enunciado en la
Constitución sin valor alguno. Para eso hay que dejar de mirar por el
rabillo del ojo a los grandes tenedores de vivienda y afrontar medidas
expeditivas como el control de los precios de alquiler. Lo hizo Angela
Merkel, lo hizo Emmanuel Macron y lo han hecho los demócratas
norteamericanos en varios Estados. Por cierto, el presidente del Gobierno
anunció en septiembre de 2018 una Ley de vivienda, y han pasado tres
años.


En Navarra llevamos desde 2018 aportando 250
euros a jóvenes a través del programa Emanzipa para el alquiler y del
programa David a familias vulnerables con carácter indefinido, no como el
proyecto que hemos podido leer en la prensa de hoy, durante dos años,
sino con carácter indefinido. Además, tenemos ayudas al alquiler con
carácter general, también para jóvenes, según renta, desde el 25 al 75 %.
Por cierto, el Gobierno, lo hemos leído en prensa, dice que va a
establecer un impuesto municipal sobre las viviendas vacías, algo
aprobado en Navarra hace años, y, oh casualidad, recurrido al Tribunal
Constitucional.


Señorías del Partido Socialista, si necesitan
un tacataca para avanzar, nosotros se lo proporcionaremos y les
apoyaremos, pero dejen de recurrir decisiones navarras al Constitucional
cada vez que vamos por delante de ustedes, gracias a nuestro autogobierno
y a su desarrollo en clave progresista, como hacemos siempre en Geroa
Bai.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Gracias, presidenta.
Egun on. Mila esker, presidenta andrea,.


Senatari jaun andreok, señorías, nadie duda de
la importancia de la familia en sus múltiples formas, organización y
modelos, ya que es en su entorno donde se realiza el proyecto de vida de
las personas y es la institución básica para el soporte afectivo y
emocional, y la protección de las personas que la componen.


La proposición de ley que presenta Ciudadanos
nos permite hablar —y digo hablar porque en esta Cámara es difícil
debatir en profundidad ya que no hay turnos de réplica— y poner
sobre la mesa el problema de la pobreza infantil, que necesita de un
diagnóstico y de un enfoque más amplio e integral, que va más allá de
decidir en qué ley se engloban las percepciones por hijo o hija a
cargo.


La familia de hoy nada tiene que ver con la
familia de hace unos años, tampoco la sociedad, y es este nuevo contexto
social y económico donde se tienen que reorientar las políticas de apoyo
a las familias, ya que estas tienen que prever las necesidades que se
plantean y plantearán en el orden social y también, y lo quiero subrayar,
en el demográfico, uno de los mayores retos de las sociedades
envejecidas. Sin embargo, antes, como cuestión previa a la valoración de
la proposición de ley presentada por Ciudadanos, quiero subrayar que no
hablamos de recuperar una prestación desaparecida, sino que lo que
pretende el proponente es volver a una regulación similar a la alterada
por el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece
el ingreso mínimo vital. No ha desaparecido de la Ley General de la
Seguridad Social la asignación económica por hijo o hija menor a cargo, y
así, el artículo 351 sigue recogiendo como prestaciones familiares no
contributivas la asignación económica por hijo menor a cargo, la
prestación económica por nacimiento o adopción en supuestos de familias
numerosas, monoparentales y de padres o madres con discapacidad, y la
prestación por parto o adopciones múltiples. Esto es, la asignación
económica por hijo o menor a cargo continúa vigente entre la relación de
prestaciones no contributivas en la Seguridad Social, si bien modificada
tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, y así lo recoge la
disposición transitoria séptima de este real decreto ley, de una manera
tal vez confusa cuando habla de la integración de la asignación por hijo
o menor a cargo en el ingreso mínimo vital. Lo que se ha modificado,
dando una nueva redacción al artículo 351 de la Ley General de la
Seguridad Social, es que se pasa a contemplar, como requisito no exigido
hasta entonces, que el menor se encuentre afectado por una discapacidad
en un grado igual o superior al 33 %.


La motivación de esta proposición de ley se
basa en la diferencia conceptual entre ambas prestaciones porque, según
el grupo proponente, responde a situaciones y problemáticas diversas. A
nuestro entender, parece complicado encontrar la diferencia conceptual
entre los términos contemplados por el Real Decreto Ley 20/2020, que
regula el ingreso mínimo vital, y los sugeridos por Ciudadanos, puesto
que los conceptos situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza y riesgo
de exclusión social no se configuran en el ingreso mínimo vital como
ideas generales ajenas, sino que se articulan y plasman en la práctica.
Así, la regulación del ingreso mínimo vital atiende a diversas
situaciones, adaptándose en cada caso a la diversidad a la que pretende
hacer frente, como ocurre en Euskadi con la renta de garantía de
ingresos, o la RGI, donde la cuantía final de la prestación se determina
en función de la composición de la unidad convivencial y del umbral de
ingresos económicos exigido para la condición de beneficiario, lo que se
denomina la renta estandarizada, que permite dar un trato más equitativo
a los distintos tipos y situaciones familiares, y que en Euskadi es de
aplicación en las ayudas económicas y servicios de apoyo a las familias,
puesto que no parten de la misma situación las familias monoparentales,
mucho menos, las monomarentales, las numerosas, aquellas en las que
algunos de sus miembros tengan discapacidad o en los casos en que alguna
de sus miembros haya sufrido violencia de género.


La renta de garantía de ingresos, por lo tanto,
en coordinación con otras ayudas, crea un sistema de protección social
que ha permitido que Euskadi sufra unos porcentajes de pobreza, también
la infantil, por debajo de la media del Estado e incluso de Europa, según
los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, aunque cualquier índice —en el caso de Euskadi es
del 13 % de pobreza infantil frente al 29,5 % del Estado— es
inasumible y requiere, tal y como se está haciendo, de una política
integral para combatirla.


Euskadi apostó hace más de tres décadas, en
plena crisis, por la responsabilidad social, por la cohesión social, por
lo que hoy conocemos como la RGI y aunque no todo es perfecto y hay mucho
margen de mejora, podemos afirmar que aquella apuesta, junto con las
diferentes políticas públicas que se han puesto en marcha, ha supuesto
una red de apoyo para numerosas personas, familias, niños y niñas.


En consecuencia, consideramos más acorde con la
finalidad de atención a las necesidades básicas de la infancia integrarlo
en el marco de la prestación del ingreso mínimo vital, con el fin de
atender a las necesidades de los niños y niñas de una unidad
convivencial. Incluso, para mejorar su atención respecto al resto de la
ciudadanía se podría modular la valoración con la oportuna modificación
del umbral de ingresos requerido para el acceso a esta prestación y, en
su caso, incrementar las cuantías cuando haya menores de edad en la
unidad convivencial, cumpliendo así con mayor claridad la finalidad
buscada con esta iniciativa de Ciudadanos.


En esta línea, el informe sobre el impacto de
infancia, adolescencia y familia de los Presupuestos Generales del Estado
para este año recoge que el ingreso mínimo vital será objeto de
evaluación permanente, con especial atención al número de familias con
menores, adolescentes y jóvenes que se benefician de la prestación,
examinando las cuantías y la evolución en el tiempo para, así, mejorar la
tramitación parlamentaria y su posterior desarrollo reglamentario.


No puedo finalizar mi intervención sin
denunciar el incumplimiento de un pacto, el de la transferencia de las
funciones y servicios para la gestión íntegra del ingreso mínimo vital a
la Comunidad Autónoma de Euskadi y a la Comunidad Foral de Navarra, tal y
como expresamente recoge la disposición adicional quinta del Real Decreto
Ley 20/2020. Nuevamente, reclamamos el cumplimiento de lo pactado, ya que
todo depende de la voluntad política del Gobierno del Estado. Pedimos, y
lo digo claramente, con respeto institucional, lo que por derecho nos
corresponde. Además, en el caso de la iniciativa que debatimos, esta
transferencia supondría mejorar el nivel de atención económica y de
protección a la infancia de Euskadi, ya que, como recoge el
artículo 10.12 del Estatuto de Gernika, de 1979, que todavía no se ha
cumplido, corresponde a Euskadi la competencia exclusiva en el desarrollo
comunitario, la condición femenina y las políticas infantil, juvenil y de
la tercera edad.


Finalizo con un último apunte. No puedo pasar
por alto sin señalar que aún nos queda mucho trabajo pendiente en el uso
del lenguaje inclusivo de género en todas las iniciativas que se
presentan y que, a veces, aprobamos en esta Cámara. Señalo esto porque,
desde ayer, los diferentes grupos de la Cámara estamos hablando para
consensuar una declaración institucional para resaltar la figura de Clara
Campoamor. En este caso, se deja fuera de la proposición de ley a la
mitad de las personas a las que va dirigida cuando no se nombra a las
hijas. Y no me digan que en el 2021 las hijas tienen que sentirse
aludidas porque nosotras y nosotros no seamos capaces de nombrarlas en
una ley. Les aseguro que mis hijas, como me imagino que muchas de las de
ustedes, no se van a sentir aludidas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Escandell Grases.


La señora ESCANDELL GRASES: Gracias. Buenos
días, señora presidenta.


Buenos días, señoras y señores senadores. La
prestación familiar que se plantea en esta proposición de ley es sensible
para la mayoría de nosotros y nosotras como ciudadanas, además de para
los grupos parlamentarios. Es evidente que es un tema de interés central
para las organizaciones sociales, especialmente para aquellas que se
dedican a la infancia. En esto estamos de acuerdo.


Coincidimos en que la aportación pública del
Estado español para esta cuestión es absolutamente insuficiente. Sabemos
—está muy demostrado— que la pobreza de los padres y madres
condiciona el buen desarrollo de las niñas y los niños en todos los
ámbitos y aspectos: físico, emocional, cognitivo, social; no me voy a
extender porque lo sabemos. Nos avergüenza e indigna oír hablar de
categorizaciones de pobreza: extrema, moderada, vulnerabilidad extrema,
límite de ingresos, como si la pobreza la justificáramos con adjetivos.
Hay leyes y más leyes que regulan y establecen estas categorías,
obligando así a ciertos ciudadanos y ciudadanas a luchar unas contra
otros, a competir y a discutir por las migajas del pastel que se les
ofrece desde el sistema. Por esto, quizás nos tendríamos que plantear que
las prestaciones —ahora hablamos de las de los hijos— fueran
universales, lo que implicaría no solo una mayor eficacia en la
cobertura, sino un cambio de concepción de la función de las prestaciones
sociales.


Unicef lleva años apostando por las
prestaciones universales por hijo e hija como la política más en
consonancia con los principios de igualdad y no discriminación que
defiende. Según nos dice, sus tasas de cobertura, comparativamente más
altas, y sus menores errores de exclusión la hacen una política mucho más
coherente en términos de derechos humanos para la organización; pero es
que en muchos países europeos ya se hace así. Los derechos universales
ayudan no solo a no estigmatizar a quienes reciben, sino que, además,
permiten incorporar a grandes sectores de la población al compromiso de
un buen funcionamiento del Estado de bienestar y a sentir que forman
parte de su configuración. Fijémonos, siempre hablamos de la pobreza,
pero ¿si en lugar de poner el énfasis en la pobreza, en las personas, lo
pusiéramos en el otro punto de la balanza, en los que tienen mucho, en
los ricos? Porque necesitamos aumentar ingresos. Por ejemplo, una de cada
tres multinacionales españolas paga en impuestos menos del 10 % de su
beneficio global, o 20 grandes grupos en 2018 abonaron a Hacienda menos
del 2 % de sus beneficios. Podríamos hablar también del gasto en
armamento o del presupuesto para la defensa en general, sobredimensionado
absolutamente, porque al único enemigo al que hemos tenido que hacer
frente ha sido a la COVID-19, y a este no se le vence ni con cañones ni
con muchas metralletas ni con muchos aviones. Podríamos hablar también
del gasto de la Casa Real, de las comisiones del rey emérito; no
acabaríamos.


En principio, nuestro grupo está de acuerdo en
que se tramiten las tomas en consideración de las leyes, nos parece un
buen ejercicio democrático, pero en este caso vamos a votar en contra.
¿Por qué? Porque la propuesta que se nos presenta ya se está tramitando y
discutiendo en el Congreso de los Diputados a través de un proyecto de
ley sobre el ingreso mínimo vital que recoge las necesarias aportaciones
en los hogares con niños e incorpora un complemento de ayuda a la
infancia. ¿Qué necesidad hay de presentar esta propuesta cuando el
proceso de mejora de la situación actual ya está en marcha y se está
debatiendo? Como no le vemos el sentido ni el significado ni la
necesidad, vamos a votar en contra.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Heredia de Miguel.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: Buenos días.


El Grupo Parlamentario Democrático presenta en
esta Cámara una proposición de ley para, literalmente, la recuperación de
la asignación económica por hijo a cargo. Por tanto, es una proposición
de ley para recuperar una prestación no contributiva de la Seguridad
Social que quedó recortada, en parte, con su inclusión en el Real Decreto
Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establecía el ingreso mínimo
vital. Aunque a este recorte el señor Escrivá lo llamará reordenación, en
derecho, como en la vida, las cosas son lo que son, con independencia del
nombre que le queramos dar.


La aprobación del ingreso mínimo vital
introdujo modificaciones en otras prestaciones, se dijo, para evitar
duplicidades. Así lo indica el propio real decreto ley: Con el objetivo
de evitar duplicidades de cara al ciudadano, la puesta en marcha del
ingreso mínimo vital exigirá también una progresiva reordenación del
conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapen con los de esta
nueva política. El señor Escrivá inauguró este proceso de reordenaciones
con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por
hijo o menor a cargo cuando ese menor no tuviera ninguna discapacidad o
tuviera una discapacidad inferior al 33 %. La eliminó sin más.


El Grupo Parlamentario Popular lo dijo en su
momento: era muy dudoso —se ha dicho hoy aquí— que los
objetivos se solaparan, y el tiempo ha demostrado que no. Era dudoso que
fuera buena idea desmontar una estructura consolidada de prestaciones
familiares, que se encuentra perfectamente configurada dentro del sistema
protector de la Seguridad Social, para trocearla y pasar una parte de esa
acción protectora a una ayuda de nuevo cuño, de dudoso diseño, de nefasta
gestión y pobres resultados, como ha sido el ingreso mínimo vital, y
hacer desaparecer sin más otra parte de la prestación. La acción
protectora de la Seguridad Social se define en función de la cobertura de
una serie de contingencias, y la contingencia cubierta por el régimen de
protección a la familia —protección, por otra parte, garantizada en
el artículo 39 de la Constitución española— es, simplemente, la
necesidad económica o exceso de gasto producido en el sujeto protegido
como consecuencia de la existencia de responsabilidades familiares. Es
una prestación compensatoria, no hace falta nada más, solo hace falta
atender a gastos sobrevenidos; no hace falta llegar a situaciones de
pobreza extrema o de exclusión social. Por eso, estas prestaciones han
convivido en paz durante tanto tiempo con las rentas mínimas de inserción
de cada comunidad autónoma, porque entre ellas no había ningún tipo de
conflicto. ¡Y claro que esto se puede cambiar! ¡Claro que todo se puede
hacer de forma diferente!, pero lo que se debe hacer es mejorar, si se
puede; si no se puede, hay que dejarlo como está y reflexionar un poco
más.


El señor Escrivá, el que vino porque todo lo
iba a hacer mejor que nadie, no ha sabido hacerlo mejor, y tampoco ha
tenido la humildad necesaria para dejarlo como estaba. Hizo aquí otra de
las suyas y, con el eufemismo de la reordenación, lo que hizo fue un
recorte. Por eso, desde la entrada en vigor del ingreso mínimo vital solo
se puede solicitar esta ayuda para hijos menores cuando estén afectados
por una discapacidad de, al menos, el 33 %. El Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso pidió rectificar dicho recorte en la prestación.
Insistimos, no había reordenación, no había solapamiento; había recorte,
como también denunciaron muchas familias, sindicatos, ONG y asociaciones
dedicadas a la protección de la familia.


El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones salió al paso de las críticas que ya recibió en aquel
momento, como hace siempre, confundiendo todavía un poco más en el perfil
de Twitter del ministerio. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: Se dedicó a
explicar que la prestación se podía mantener, que se podía decidir, que
se podía compatibilizar. Se refería al periodo transitorio, intentando
desviar la atención de la realidad, que era que parte de la prestación se
había perdido, que se había abierto un agujero en la protección a la
infancia más vulnerable —no voy a repetir los datos de pobreza
infantil que ya se han dicho aquí— y que muchas familias que antes
tenían derecho a la protección por hijo a cargo, que ahora ya no podían
solicitarla y que tampoco cumplían los requisitos del ingreso mínimo
vital, saldrían perjudicadas. Estas asociaciones, como Unicef, Save the
Children, sindicatos, etcétera, pidieron al ministro que no desmantelara
tan rápido esta prestación, pero el señor Escrivá no dio su brazo a
torcer. Lo que pasa es que la realidad es muy tozuda, a las familias no
les salen las cuentas y hay una enorme casuística de familias que han
resultado perjudicadas. El ministro lo sabe, y también el Gobierno. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).


Ahora, con la presión de ONG, asociaciones,
sindicatos y grupos políticos, trabajan en el Congreso para aprobar una
prestación de ayuda a la infancia, que no sé si estará en torno a
los 50 euros. No reconocen lo que se ha quitado y, además, parece que se
va a dar más. No tardando veremos al ministro Escrivá contar aquí las
maravillas de esta ayuda, y si no, al tiempo. Por supuesto, lo importante
es que las familias recuperen sus ingresos, está claro, pero desmantelar
un sistema de prestaciones tan consolidado como el de la Seguridad Social
para hacer esto es una chapuza técnica, jurídica y social.


Respecto al ingreso mínimo vital, el propio
ministerio indica que realizará evaluaciones y que analizara si se cubren
o no los objetivos marcados. Nosotros lo único que pedíamos era que
evaluara y que rectificara, porque no es lo único que, en el ingreso
mínimo vital, ha necesitado rectificación.


Hasta aquí coincidíamos plenamente con el
enunciado de la proposición de ley, pero, como señala Ciudadanos en el
documento, ellos van más allá y lo que quieren es fortalecer la
prestación. Por eso, proponen la modificación de varios artículos de la
Ley General de la Seguridad Social para ampliar el alcance, es decir, la
cobertura, los umbrales de acceso a la prestación y las cuantías de
asignación económica. Entendiendo que es totalmente lícito debatir esta
propuesta, debatir el contenido material, no vemos que esta sea la Cámara
adecuada en este momento. Es simplemente una cuestión de oportunidad.
Está abierto el Pacto de Toledo. El día 30 de septiembre, el jueves
pasado, se celebró en el Congreso el debate de totalidad sobre el
proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de
otras medidas de refuerzo y sostenibilidad financiera y social del
sistema público de pensiones; es decir, está abierto el trámite para la
reforma de la Seguridad Social. El plazo para presentar enmiendas al
articulado termina hoy, día 6 de octubre, a las 18 horas. Nosotros
creemos que este es el procedimiento adecuado para incorporar el debate
que propone el Grupo Democrático.


En resumen, el Grupo Parlamentario Popular es
partidario de restablecer la prestación por hijo o menor a cargo tal y
como estaba antes de su inclusión parcial en el ingreso mínimo vital. Es
partidario de debatir cualquier iniciativa que mejore la vida de las
familias en situación de vulnerabilidad, pero no sería coherente con
nuestra posición en el Pacto de Toledo abrir aquí y en este momento un
debate paralelo. Esta es la clave de nuestra posición en la toma en
consideración; ya llegará al Senado. La definición de nuevas prestaciones
y cuantías, que las cifran en 360 millones de euros anuales, afecta a la
configuración y a la sostenibilidad del sistema de pensiones y, en
nuestra opinión, debería tratarse en el marco del Pacto de Toledo, que se
encuentra abierto precisamente para la reforma de la Ley General de la
Seguridad Social.






Por eso, nosotros votaremos abstención en la toma de
consideración de esta proposición de ley.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Arnáiz García.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señor
presidente.


Buenos días a todos y a todas. Voy a comenzar
mi intervención expresando mi extrañeza por que se debata finalmente esta
toma en consideración. Sinceramente, pensé que el grupo proponente la iba
a retirar, porque en estos momentos no tiene sentido debatir una
iniciativa que se elaboró hace más de un año. En un año ha cambiado el
escenario enormemente, de tal manera que lo que propone esta proposición
de ley está, de largo, superado.


La protección familiar se aborda en el proyecto
de ley del ingreso mínimo vital, que está en estos momentos, dentro de la
tramitación parlamentaria en el Congreso, en fase de inicio de ponencia.
Ya se cerró el plazo de enmiendas, y el Grupo Socialista ha registrado
dos, la 233 y la 236, para establecer dentro del ingreso mínimo vital
—escuche, señor Sánchez— un nuevo complemento de ayuda para
la infancia para aquellas unidades de convivencia que tengan menores
entre sus miembros y que sean perceptoras del ingreso mínimo, así como
para aquellas otras que, excediendo los límites de renta establecidos en
el ingreso mínimo vital, se encuentren en situación de pobreza moderada.
Con este complemento, muchas de las familias que actualmente perciben la
prestación familiar se podrán incorporar al ingreso mínimo vital porque
se van a aumentar los umbrales de renta para familias con hijos. Este
nuevo complemento va a mejorar y modernizar la prestación actual por hijo
a cargo menor de 18 años sin discapacidad y va a ampliar la intensidad
protectora, tal y como nos solicitaban las entidades del tercer
sector.


Era necesario actualizar y reformular la
prestación familiar, una prestación no contributiva de la Seguridad
Social creada en 1991 para apoyar a familias con hijos menores y pocos
recursos. Para los socialistas, luchar contra la pobreza infantil es y ha
sido una prioridad absoluta. Por tanto, señor de Ciudadanos, señor
Sánchez López, lo que persigue su proposición de ley está estudiándose en
estos momentos en el Congreso de los Diputados. No quiera embarrar el
debate ni adelantar acontecimientos manteniendo un debate paralelo. ¿O
pretende, de aprobarse esta toma en consideración, dejarla luego en
barbecho hasta ver qué ocurre en el Congreso? ¿Es lo que pretende? Esta
cuestión la debe conocer sobradamente, así que no entiendo con qué fin
nos hace perder el tiempo, señoría, porque es de primero de Derecho que
el Senado, que es una Cámara de segunda lectura, no puede ni debe
torpedear ni ir en contra de unas negociaciones que se están
produciendo.


Señorías, la semana pasada conocimos unos datos
que se han hecho públicos respecto al ingreso mínimo vital. Ha llegado ya
a 800 000 beneficiarios y beneficiarias y está teniendo una especial
incidencia en la reducción de la pobreza infantil. ¿Por qué lo digo?
Porque el 40 % de los beneficiarios son menores y el 60 % de los hogares
perceptores cuentan con algún menor a su cargo. Les repito: 800 000
personas beneficiadas por el ingreso mínimo vital (Aplausos), 800 000
personas que se encontraban en la extrema pobreza y a las que el manto
protector del Estado del bienestar arropa y no les deja en la estacada,
mejorando sus vidas. Casi 170 millones de euros se destinan al mes para
proteger a 316 000 hogares españoles, donde viven más de 300 000 niños,
niñas y adolescentes.


En el diseño del ingreso mínimo vital se ha
priorizado a las familias con menores, ya que están en el centro de la
prestación. Así, de las 14 tipologías de unidad de convivencia que se
recogen, 10 de ellas tienen en cuenta la presencia de menores; se
reconoce un complemento específico a las familias monoparentales, y a los
menores se les da el mismo peso que a los adultos a la hora de computar
el número de miembros de la unidad de convivencia.


Señora Heredia, del Partido Popular, el ingreso
mínimo vital, según el programa del Gobierno, iba a llevarse a cabo a lo
largo de la legislatura, pero ha habido que ponerlo en marcha en meses,
con celeridad, con una plantilla muy reducida por los recortes de los
gobiernos del señor Rajoy (Protestas.— Aplausos). Sí, y en unas
condiciones muy adversas, las de la pandemia, que hemos sufrido todos.
Pero, con todas esas dificultades, se han tramitado 1,24 millones de
solicitudes en quince meses, a las que hay que sumar el trabajo ordinario
de la Seguridad Social. Se han recibido casi 1 400 000 solicitudes en un
año, el doble que las solicitudes de pensiones que se reciben en el INSS
en el mismo tiempo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Ahora mismo hay más
beneficiarios del ingreso mínimo vital, 800 000 personas, que
beneficiarios de rentas mínimas de todas las comunidades autónomas. En el
año 2019 —es el último dato conocido—, después de muchos años
de existencia, no llegaban a 700 000 personas. Además, la prestación
media del ingreso mínimo vital es mayor que la prestación media de las
distintas comunidades autónomas. Es decir, no solo estamos protegiendo a
más personas, sino que también la prestación que reciben es más elevada.
En Castilla y León, señora Heredia, el ingreso mínimo vital ha llegado
a 35 400 beneficiarios, de los cuales 13 300 son menores.


Señora Heredia, ¿sabe que en su primer año de
vigencia el ingreso mínimo vital llegó en Castilla y León a 14 000
hogares y que, en diez años de vigencia, la renta garantizada de
ciudadanía alcanzó a 13 000 hogares? (Aplausos). Por tanto, 14 000
hogares protegidos en un solo año de ingreso mínimo vital frente a 13 000
de renta garantizada de ciudadanía en diez años de existencia en Castilla
y León. Desde luego, no hay color. Y si quiere comparaciones entre
comunidades autónomas, Castilla y León queda francamente mal: mientras el
Principado de Asturias cubre el 30 % de la población en situación de
pobreza, Castilla y León tan solo llega al 9 %.


Señorías, claro que sacamos pecho con el
ingreso mínimo vital —miren los datos—, y no solo eso: en lo
cualitativo, el ingreso mínimo vital se resuelve en un plazo de un mes,
mientras que en Castilla y León la renta garantizada de ciudadanía se
resuelve en tres meses. Los socialistas y las socialistas estamos muy
orgullosos del ingreso mínimo vital porque suma un nuevo derecho y supone
un gran avance del Estado del bienestar, otra vez impulsado por el
Partido Socialista. (Aplausos).


El ingreso mínimo vital es necesario porque
partíamos de una tasa de pobreza extrema, el 7 %, que duplicaba la media
de la Unión Europea y triplicaba la que existía en Alemania. Éramos de
los pocos países de Europa que no contaban con esta medida de ámbito
estatal. Y ya el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Ashton,
dijo que en España, en 2018, el 26 % de las personas y el 29,5 % de la
infancia —lo ha dicho el señor Koldo— se encontraban en
riesgo de pobreza o de exclusión social. Por tanto, ahora era necesario,
pero antes de la pandemia era un clamor, y por ello nos conminaba el
Consejo Europeo año tras año desde el 2014.


Defender el ingreso mínimo vital es amparar el
principio de igualdad que figura en nuestra carta magna para constituir
una red de seguridad que proteja a los más vulnerables, particularmente a
la infancia, pero, como dice el ministro señor Escrivá, el ingreso mínimo
vital es una política viva que debe ser evaluada antes, durante y después
de su despliegue; tiene como objetivo evitar duplicidades y exige
reordenar políticas cuyos objetivos se solapen buscando la efectividad.
Por eso, ha sido objeto de distintas modificaciones para mejorar su
gestión y, en su trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso registró unas enmiendas que mejoran el diseño de la
protección familiar. Desde luego, no queremos recuperar la prestación
familiar tal cual estaba, porque sabemos que, de los 600 000
beneficiarios originales de esta prestación, tan solo el 70 % se
encontraban bajo el umbral de la pobreza. El resto no estaba en esta
situación.


Por tanto, se trata de rediseñar la protección
mediante la creación de un nuevo complemento de ayuda a la infancia para
combatir la pobreza infantil, estableciendo una cantidad fija al mes por
cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia. Se trata, pues,
de mejorar y actualizar la prestación familiar para apoyar a familias con
hijos menores y bajos recursos económicos. Este complemento mejorará, en
primer lugar, las cuantías de los actuales perceptores del ingreso mínimo
vital con menores a cargo; en segundo lugar, aumentará el número de
beneficiarios del ingreso mínimo vital al aumentar los umbrales de renta
de familias con hijos, y, en tercer lugar, reemplazará a los actuales
perceptores de la prestación familiar por perceptores del ingreso mínimo
vital porque será más generosa. Son ventajas múltiples para focalizar más
recursos en quien más lo necesita, para gastar mejor.


Concluyo anunciando que votaremos en contra de
la toma en consideración por todas estas razones que les he
comentado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Concluido el debate, procede la votación de
esta proposición de ley a efectos de su toma en consideración.


Ruego a los servicios de la Cámara que llamen a
votación. (Pausa).


Señorías, procedemos a la votación de la
proposición de ley a efectos de su toma en consideración.


La votación telemática ha sido autorizada para
las senadoras doña María Pilar Alía Aguado y doña María Jesús Castro
Mateos y para los senadores don Francisco Javier Fragoso Martínez, don
Miguel Ángel Heredia Díaz y don Sergio Ramos Acosta.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 250 más 5 votos telemáticos, 255; votos
emitidos, 252 más 2 votos telemáticos, 254; a favor, 15; en contra, 139
más 2 votos telemáticos, 141; abstenciones, 95 más 3 votos
telemáticos, 98.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto,
rechazada.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE
ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO LA LEY 2/2007, DE 15 DE
MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, EL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE
MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS
ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL, Y LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES. (Votación).


621/000028

Justicia


COMISIÓN: JUSTICIA


El señor presidente lee los puntos 7.1.
y  7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda
número 4, del senador Sánchez-Garnica.


Comienza la votación. (Pausa.—
Rumores).


Señorías, disculpen, ha habido un error
técnico. Se anula la votación.


Votamos otra vez. Insisto: votamos la enmienda
número 4, de su señoría el señor Sánchez-Garnica.


Comienza la votación. (Pausa.—
Rumores).


Señorías, les ruego un poco de paciencia. El
sistema de votación es nuevo y estamos intentando corregir algunas
pequeñas deficiencias. Les ruego su colaboración. Gracias. (Pausa).


Señorías, vamos a hacer un tercer intento.
Volvemos a votar la enmienda número 4, de su señoría el señor
Sánchez-Garnica.


Comienza la votación. (Pausa.—
Aplausos).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 106; en
contra, 120; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a la votación de la enmienda
número 6, del senador Sánchez-Garnica.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 106; en
contra, 140; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a la votación de la enmienda
número 8, de su señoría el señor Sánchez-Garnica.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 106; en
contra, 140; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a la votación de las enmiendas 21
y 25 a 28, de sus señorías González-Robatto, José Manuel Marín Gascón y
Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 3; en
contra, 245; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Procedemos a la votación de la enmienda
número 22, de los mismos senadores.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 6; en
contra, 242; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a la votación de la enmienda
número 23, de los mismos senadores.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 99; en
contra, 147; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a la votación de las enmiendas 24
y 29, de sus mismas señorías.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 3; en
contra, 242; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas 10 a 12 de
los senadores Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Josep Maria Cervera
Pinart, del Grupo Parlamentario Nacionalista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 225; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda número 14,
de las mismas señorías.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 214; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 15,
de los mismos senadores.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 224; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 17,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 214; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 18, del mismo grupo
parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 224; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 31,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 99; en
contra, 145; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 32, del Grupo
Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 97; en
contra, 135; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 33, del Grupo
Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 100; en
contra, 145; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos a continuación la enmienda
transaccional sobre la base de la enmienda 30, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, Grupo Parlamentario Vasco, Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, Grupo Parlamentario Nacionalista y Grupo Parlamentario
Democrático, con número de registro de entrada número 113033.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 155;
abstenciones, 97.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos a continuación, en un solo
acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no
comprendidas en la votación anterior.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 152; en
contra, 3; abstenciones, 97.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).


Señorías, a continuación, votamos en un solo
acto el resto del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 152; en
contra, 3; abstenciones, 96.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de
la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO SOBRE SUPRESIÓN DE LOS REQUISITOS
DE VISADO PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, ESPECIALES Y DE
SERVICIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID Y
DOHA EL 26 DE OCTUBRE DE 2020.


610/000061






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE CHILE PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 3
DE DICIEMBRE DE 2020.


610/000062






ACUERDO SOBRE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE
LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MAR DEL NORTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS
SUSTANCIAS PELIGROSAS, HECHO EN BONN EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1983,
ENMENDADO Y LA DECISIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES RELATIVA A LA ADHESIÓN
DEL REINO DE ESPAÑA.


610/000063






CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO,
HECHO EN KUMAMOTO EL 10 DE OCTUBRE DE 2013.


610/000064



El señor presidente lee los puntos 8
y 8.1.


El señor PRESIDENTE: Pido a sus señorías que
permanezcan en el escaño porque la votación va a ser rápida.


No se han presentado propuestas a dichos
tratados. ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Martí Deulofeu pide la
palabra).


El señor Martí Deulofeu tiene la palabra.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.


El Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu se va a abstener en todos los puntos,
excepto en el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile,
que vamos a votar en contra, y lo vamos a hacer por los siguientes
motivos. En primer lugar, es conocida la posición de Esquerra Republicana
de Catalunya y Euskal Herria-Bildu en relación con la industria del
armamento y su comercialización en diferentes países. Hace poco conocimos
la participación del rey emérito en el comercio armamentístico con Arabia
Saudí, con los muertos que esto ha representado. También supimos que
España participó en la recaudación de millones de euros que fueron
enviados a Estados Unidos para el plan Colombia, que también supuso un
número importante de muertos, y, por otro lado, quisiéramos añadir que la
República de Chile tiene diferentes denuncias por torturas, por crímenes
de lesa humanidad e incluso por la represión de manifestantes.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


La votación telemática ha sido autorizada para
las senadoras doña María Pilar Alía Aguado y doña María Jesús Castro
Mateos y los senadores don Francisco Javier Fragoso Martínez, Miguel
Ángel Heredia Díaz y don Sergio Ramos Acosta.


El señor presidente lee el punto 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 250 más 5 votos telemáticos, 255; votos
emitidos, 250 más 5 votos telemáticos, 255; a favor, 225 más 5 votos
telemáticos, 230; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


El señor presidente lee el punto 8.1.2.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251 más 5 votos telemáticos, 256; votos
emitidos, 251 más 5 votos telemáticos, 256; a favor, 226 más 5 votos
telemáticos, 231; en contra, 14; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


El señor presidente lee el punto 8.1.3.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251 más 5 votos telemáticos, 256; votos
emitidos, 251 más 5 votos telemáticos, 256; a favor, 228 más 5 votos
telemáticos, 233; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


El señor presidente lee el punto 8.1.4.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 249 más 5 votos telemáticos, 254; votos
emitidos, 249 más 5 votos telemáticos, 254; a favor, 224 más 5 votos
telemáticos, 229; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


En consecuencia, quedan todos ellos
autorizados.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.


543/000005

Función Pública


El señor presidente lee los puntos 9., 9.1.,
y 9.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
informe, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Función
Pública, el senador Vidal Varela. (Rumores). Señorías, un poco de
silencio, por favor. Muchas gracias.


El señor VIDAL VARELA: Señor presidente,
señorías, paso a presentar el informe de la Ponencia de estudio sobre
transformación digital de las administraciones públicas.


Con fecha 13 de octubre de 2020, hace casi un
año, la Comisión de Función Pública aprobó la moción número 661/000102,
cuyo texto es el siguiente: La Comisión de Función Pública propone, en
aras de impulsar y mejorar la digitalización de la Administración, la
creación de una ponencia que se desarrolle de forma telemática en un
plazo no superior a dos meses, que estudie la transformación digital de
las administraciones públicas y la adaptación a la nueva norma de
teletrabajo de las administraciones públicas, con el objetivo de
optimizar los recursos, mejorar la prestación de los servicios a los
ciudadanos y hacer una Administración pública sostenible, moderna y
competitiva respecto a nuestro entorno europeo.


En cumplimiento de dicha moción, la Comisión
procedió, en su sesión de 26 de noviembre de 2020, a designar a los
miembros de la ponencia, quedando formalmente constituida de la siguiente
manera. Bajo la presidencia del titular de la Comisión, Salvador Vidal
Varela, que les habla, formaron parte de esa ponencia, de acuerdo con los
criterios fijados por la Mesa de la Cámara, los siguientes senadores y
senadoras: por el Grupo Parlamentario Socialista, don Santiago José
Castellà Surribas y doña María Victoria de Pablo Dávila; por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, doña Esther Basilia del Brío González
y don Juan Pablo Martín Martín; por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria-Bildu, don Miguel Caminal Cerdà; por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, doña María Mercedes Garmendia
Bereciartu, que causó baja el 13 de mayo de 2021 y la sustituyó doña
María Dolores Etxano Varela; por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), don Carles Mulet García; por
el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, don Josep María
Cervera Pinart; por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Emilio Argüeso
Torres, que causó baja el 23 de marzo pasado, doña María Ponce Gallardo,
del 8 de abril al 11 de mayo de este año, y don José Luis Muñoz Lagares,
que causó alta en esa fecha, 11 de mayo; y por el Grupo Parlamentario
Mixto, don Clemente Sánchez-Garnica Gómez.


La ponencia estuvo asesorada por los letrados
adscritos a ella y contó con la eficaz colaboración de los servicios
técnicos y administrativos de esta Cámara. Previamente a los acuerdos
entre los distintos portavoces, se celebraron diez comparecencias de
expertos procedentes de diversas administraciones públicas, del ámbito
universitario y del mundo empresarial, todas ellas del máximo interés y
relevancia para los fines de la ponencia. Paso a describir quiénes eran
esas personalidades: don Alfredo Ávila de la Torre, catedrático de
Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca; don Josuè Sallent
Ribes, director de la Fundación TIC Salut Social, de la Generalitat de
Catalunya; doña Isabel Moya Pérez, subdirectora general de Gobierno
Abierto; don Fernando Antonio Acero Martín, responsable de ciberseguridad
del Grupo Oesía; doña Esther Peña de las Heras, jefa de la Oficina de
Innovación y Administración Digital de la Generalitat de Catalunya; don
Juan Jesús Torres Carbonell, secretario general de Administración
Digital; doña Laura Flores Iglesias, subdirectora general de Inteligencia
Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales; doña Paloma Rivero
Ortega, directora general de la Función Pública de la Junta de Castilla y
León —mi comunidad—; don Andrés Gomis Font, director general
de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno, de la
Generalitat Valenciana; don Javier Bikandi Irazabal, director de Atención
a la Ciudadanía y Servicios Digitales, del Gobierno vasco. A todos ellos
y ellas, por supuesto, les agradecemos su participación y el
enriquecimiento de dichas ponencias.


Los trabajos de la ponencia permiten alcanzar
por unanimidad 54 propuestas —que a continuación los demás grupos
detallarán—, propuestas de valoración y análisis sobre la
transformación digital de las administraciones públicas. Es opinión común
que estamos ante una realidad ya consolidada, incluso acelerada por la
pandemia, que exige respuestas inmediatas. Además, el artículo 103 de la
Constitución española dispone que la Administración sirve con objetividad
los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los
principios de eficacia y eficiencia. En esta sociedad contemporánea,
estos planteamientos requieren una transformación digital de la gestión
pública al servicio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos: los que
viven en las ciudades y los que viven en los pueblos, en esa España rural
tan importante de la que tanto hablamos y tan poco valorada por ciertos
especuladores que solo acuden allí cuando hay recursos para
llevarse.


La ponencia, cuyos trabajos tengo el honor de
presentar, ha pretendido contribuir al debate actual con rigor técnico y
consenso político; dos conceptos que en el Grupo Parlamentario Socialista
defendemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
presidente.


A continuación, se producirá el debate de
totalidad del informe. En turno a favor, ¿algún grupo desea tomar la
palabra? (La señora Del Brío González pide la palabra).


Senadora del Brío González, tiene la
palabra.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Buenos días.
Muchas gracias.


Presidente, señorías, hemos decidido tomar la
palabra en este turno a favor porque ha sido un enorme honor formar parte
de esta ponencia que ha abordado el tema de la transformación digital de
nuestras administraciones públicas; una ponencia que fue propuesta por el
Partido Popular y que se ha desarrollado, casualmente, durante el tiempo
de la pandemia. Cuando se propuso no esperábamos que se fuera a producir
esta enorme transformación que ha supuesto la COVID: los confinamientos,
el aislamiento y la falta de presencialidad en nuestra vida, en nuestra
economía y también en nuestras administraciones públicas. De hecho, se
desarrolló al mismo tiempo que otra ponencia de transformación digital en
la Comisión de Asuntos Económicos, cuyas conclusiones aún no hemos
aprobado, pero muchos de los ponentes fuimos los mismos y creo que nos
sirvió a todos para poner en valor cómo muchas veces podemos consensuar y
podemos hacer una vida en comunidad, que yo creo que es muy recomendable
en otras escenas de la vida.


Esta ponencia nació con el voto en contra del
Partido Socialista, que, sin embargo, se ha sumado a las conclusiones y
creo que, al final, ha estado tan agradecido como el resto de los grupos
por haber formado parte de estas conclusiones. Creo que ha sido también
un buen ejercicio de oposición, porque justamente los que somos oposición
hemos sido capaces de ejercer como lo que somos, unidos y buscando, por
tanto, modificar la voluntad del grupo que sustenta al Gobierno, que
nunca viene mal. Lo logramos más tarde con el IVA de las peluquerías,
pero tuvimos ya esta pequeña victoria en esta comisión.


La transformación digital de las
administraciones públicas es fundamental, porque todos sabemos la
percepción que de ellas tienen los ciudadanos, y se ha producido un
cambio tan grande, una digitalización, una transformación digital y una
ampliación del teletrabajo —que son los tres pilares de esta
transformación— en la economía, en el sector privado y en la
sociedad, que es necesario que las administraciones públicas rompamos esa
brecha con la ciudadanía y que, por supuesto, no nos encontremos con que
cada vez más el ciudadano se siente alejado de esa Administración.


Además de esta brecha con la ciudadanía,
encontramos que también se producían distintas brechas entre los
territorios. Las distintas comunidades autónomas han tenido una
transformación digital a ritmos muy diferentes y, por tanto, eso nos
lleva también a necesitar una mayor unidad entre los territorios, algo
que se puede producir gracias a la digitalización. Por eso, las
conclusiones que se van a tratar más adelante, en esta sesión de hoy,
veremos que son fundamentales y debemos hacerlas llegar a las comunidades
autónomas y también a todos los expertos. Logramos crear aquí un foro de
debate entre la sociedad civil, los expertos, los representantes de las
comunidades autónomas y de la Administración General del Estado que fue
muy enriquecedor y que tenemos que trasladar a todos los agentes
participantes. También me gustaría que el Senado se diera cuenta de las
conclusiones fundamentales a las que hemos llegado y que tienen mucho que
ver... (Rumores). Discúlpeme, con este ruido no puedo hablar.


El señor PRESIDENTE: Sí, señoría, tiene toda la
razón. Señorías, por favor, guarden silencio. Están dificultando el
desarrollo de la intervención de la senadora.


Muchas gracias.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Es porque me
gustaría cumplir los tiempos, porque me dicen que el Grupo Parlamentario
Socialista va a intervenir también.


La conclusión fundamental es que estamos
viviendo ya la incorporación a la presencialidad segura, el cien por cien
de presencialidad, pero precisamente de lo que nos advirtieron fue del
riesgo de que todas las capacidades, todas las habilidades digitales que
durante este tiempo hemos ganado como ciudadanos, como trabajadores, como
empleados y empleadores se vayan a perder con la presencialidad
segura.


Me gustaría pensar que el Senado, que ha
acogido esta ponencia, se puede convertir en un ejemplo de equilibrio con
ese balance perfecto entre presencialidad y digitalización, y que
sabremos incorporar en esta Cámara esa parte de ética, esa parte
humanística que tiene también la digitalización.


Quiero manifestar muy especialmente mi
agradecimiento —y ya termino— a los tres ponentes que
participaron por el Grupo Parlamentario Popular: don Alfredo Águila
Latorre, de la Universidad de Salamanca; doña Paloma Rivero, de la Junta
de Castilla y León, y don Fernando Acero, experto en ciberseguridad desde
el sector privado, que, una vez más, nos advirtió de la necesidad de que,
cuando las administraciones públicas digitalicen...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.


La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: ... pongan su
empeño en la ciberseguridad.


Muchas gracias a todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, y en el
turno a favor, tiene la palabra el senador Castellà Surribas.


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Intervendremos solo
en el turno de portavoces.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Turno en contra ¿Alguien desea intervenir?
(Denegaciones). Muchas gracias.


Pasamos, pues, al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). No
interviene nadie.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría, senador Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidente.


Quisiera empezar agradeciendo la labor de todos
los portavoces de todos los grupos parlamentarios que han participado
activamente en esta Comisión de Función Pública para hacer posible la
unanimidad en la elaboración y aprobación de la presente ponencia, con
veintiocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; una
ponencia que en un primer momento quisieron monopolizar tanto el Grupo
Socialista como el Popular, consensuando entre ellos un texto, pero que
afortunadamente recularon para que el resto de los grupos pudiéramos
aportar y sumar distintos puntos de vista que mejoraban y enriquecían el
informe final de la ponencia.


Señores que apoyan al Gobierno, eso mismo es lo
que quiere la ciudadanía que está ahí fuera, quiere que hagamos nuestro
trabajo con consenso, poniéndonos de acuerdo, dejando de lado los
partidos extremistas y populistas que muchas veces alimentan el odio con
palabras gruesas y malsonantes o sacan fotos de nuestros hijos, como le
pasó a nuestra querida compañera, Begoña, la pasada semana. Por eso pido
a esos partidos que paren y reflexionen, y aprovecho para reiterar y
trasladar mi cariño a Begoña Villacís, y para manifestarle todo mi apoyo
a ella y a su entorno familiar tras los acontecimientos de hace unos
días.


La presente pandemia de COVID-19 ha servido de
catalizador para la transformación digital en todos los ámbitos de
nuestra sociedad, tanto a nivel educativo, como laboral, empresarial y
social; una transformación digital que supone una auténtica revolución
industrial, en concreto la cuarta revolución industrial, un cambio
radical en el sistema productivo y en el modo en que nos relacionamos
unos con otros, que mejora la eficacia y la calidad, ahorra costes y
mejora las relación de los ciudadanos con la Administración; una
Administración que debe estar preparada y a la altura de las
circunstancias. Sin embargo, debemos asegurar que esta transformación no
causa desigualdades como sí las han causado otros intentos de acercar la
Administración al ciudadano. No podemos permitir que, una vez más, se
generen barreras entre ciudadanos libres e iguales con la excusa de
acercar los servicios a la ciudadanía. Como bien sabemos, los fondos Next
Generation suponen un auténtico balón de oxígeno a fin de restaurar los
daños económicos y sociales ocasionados por la presente pandemia de
COVID-19, una inyección monetaria que no debe caer de nuevo en la nefasta
gestión de planes anteriores, como ocurrió con el famoso Plan E de
Zapatero. Estos fondos europeos deben servir de palanca para apoyar la
transición ecológica, la cohesión social y territorial, la igualdad de
género y, sobre todo, deben ser una auténtica transformación digital para
la modernización de las empresas y de las administraciones públicas. Como
liberales, consideramos que es nuestra responsabilidad trabajar para
velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, protegerlos y
promoverlos, tanto en el mundo analógico como en el digital.


En el informe final de la ponencia de
transformación digital del sector público nuestro grupo ha incorporado
una serie de puntos. Entendemos que este es un momento que debemos
aprovechar para simplificar la burocracia y el lenguaje administrativo,
para fin de hacerlo más cercano al ciudadano y conseguir una
interoperatividad administrativa real, poniendo al ciudadano en el centro
del proceso de transformación. Los sistemas que se empleen deben ser
livianos para la identificación del usuario. Asimismo, los requisitos
técnicos y ofimáticos deben contar con distintos niveles de seguridad
según la acción que se realice, pero sin contribuir a crear barreras que
lo hagan inaccesible para el usuario común. Debemos realizar campañas de
concienciación, conocimiento y formación en capacidades digitales e
inteligencia artificial, haciendo un mayor esfuerzo en los entornos más
despoblados, donde la brecha digital está más acentuada. Se debe impulsar
la cooperación con los colectivos sociales, asociativos, universidades y
con el sector privado, para que las acciones de formación puedan llegar
de una forma más rápida y homogénea a todos los territorios. Creemos que,
en aras de un buen servicio público dirigido a los ciudadanos, las
administraciones públicas deberían disponer de asistentes formados, tanto
digitalmente como con capacidades de comunicación y empatía con el
ciudadano para poder asesorar a aquellos que aún no disponen de los
conocimientos ni de las habilidades digitales.


La estrategia de implantación de la
transformación digital en las administraciones públicas debe disponer
—es fundamental— de un presupuesto para su implantación, así
como de partidas presupuestarias reales para su mantenimiento y de
inversiones periódicas para que puedan renovarse los equipos. Se requiere
también de la cooperación público-privada entre las administraciones
públicas y las empresas del sector digital de comunicaciones a fin de
que, ante cualquier riesgo potencial detectado, puedan aplicarse medidas
preventivas o mecanismos de acción rápida para mitigar las acciones
hostiles que puedan darse hacia los poderes públicos. Señorías, estos
puntos incorporados por nuestro grupo parlamentario y aprobados en el
informe final de la ponencia aportan, suman y enriquecen el texto
final.


Para concluir, el partido liberal español,
Ciudadanos, seguirá trabajando en este sentido para asegurar la igualdad
de oportunidades en el acceso a la Administración digital, para asegurar
la formación en competencias y habilidades digitales de los trabajadores
públicos y de la población en general, así como reforzar las capacidades
de ciberseguridad y defensa ante fraudes, delitos y prácticas poco éticas
a través de herramientas digitales, y apostaremos sobre todo por la
investigación y el desarrollo como clave para una digitalización más
inclusiva, eficiente y efectiva. Nuestro objetivo es destinar al menos
el 3 % del PIB a ciencia e innovación en 2030. Todo ello lo estamos ya
impulsando desde las administraciones en las que gobernamos, pero no solo
eso, sino que seguiremos haciéndolo en todas y cada una de las
instituciones donde estemos presentes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene
la palabra su señoría Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidente.


Buenos días de nuevo, señorías. Quiero empezar,
como no puede ser de ninguna otra manera, dando las gracias a todos los
expertos que comparecieron ante la ponencia la pasada primavera y que
compartieron su conocimiento y experiencia —al menos a un servidor
le ha permitido una aproximación mucho más precisa al ingente reto que
supone la transformación digital de las administraciones públicas—,
que sin duda servirá de ayuda en el momento en que toque legislar al
respecto. Porque es cierto que llevamos años avanzando en la progresiva
digitalización de las administraciones, pero sabemos que este es un
avance desigual y a distintas velocidades, no solamente entre
administraciones, sino también entre territorios, por lo que el camino a
recorrer para llegar a una auténtica transformación digital, no solo de
la Función Pública, sino de la sociedad, es largo.


La crisis derivada de la pandemia provocada por
la COVID-19 ha puesto en evidencia las muchas carencias aún existentes,
pero, al mismo tiempo, ha sido un impulso en otros aspectos, porque ha
apuntado soluciones y ha confirmado, ya sin matices, la importancia de
esta transformación. Es evidente que la apuesta por la transformación
digital de la Administración Pública abre un mundo de posibilidades que
solo hemos empezado a descubrir. Para su implantación, no solamente será
necesaria una transformación de los medios técnicos, sino también un
replanteo de la organización y el funcionamiento de las propias
administraciones, apostando por la formación continuada del personal para
que los funcionarios públicos tengan las competencias precisas en este
ámbito.


Debemos también tener en cuenta que la
protección de datos es un imperativo; lo es siempre, pero mucho más en el
entorno digital, por lo que la ciberseguridad, como nos decía la senadora
Del Brío, requiere de un importante nivel de inversión que a menudo es
menospreciado porque no somos conscientes de los peligros de los
ciberataques. Sin duda este proceso de transformación digital requiere de
una puesta al día de la regulación, y para poder legislar con garantías
es bueno disponer de un amplio y buen diagnóstico para el que un servidor
está convencido que seguro ayudará la propuesta de valoración y
recomendaciones resultantes de la ponencia de estudio de transformación
digital de las administraciones públicas de esta Cámara.


Y déjenme terminar poniendo en valor la labor
realizada en Cataluña, y muy especialmente por el vicepresident del
Govern de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals, el honorable
Jordi Puigneró, que lleva años liderando la digitalización de la
Administración catalana con gran acierto, lo que la ha convertido también
en un referente para otras administraciones.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias,
presidente. Intervendré desde el escaño simplemente para anunciar que
votaremos a favor y para agradecer a todos los grupos el trabajo
realizado en esta ponencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra su señoría, señora Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Eskerrik asko,
presidente jauna.


Senatori jauna andreok, egerdi on guztioi.


En primer lugar, quiero manifestar nuestro
agradecimiento a las y los ponentes que han compartido su conocimiento
con nosotros en este Senado. Ha quedado patente en esta ponencia que la
transformación digital debe estar en la agenda de las instituciones
públicas, porque afecta a todos los ámbitos y especialmente a los
servicios públicos. La pandemia ha acelerado la tramitación electrónica.
Hoy el uso de las herramientas digitales para interactuar con la
Administración es una realidad mucho más tangible. La ciudadanía nos
transmite que sus problemas son la situación económica, las pensiones, la
tramitación de ayudas públicas y el cumplimiento de las obligaciones
tributarias; no figura entre ellas, o no se percibe como tal, la
transición digital de la Administración Pública, pero sí, en cambio, una
preocupación por la brecha digital, por lo que no hay que perder la
perspectiva. Lo que hay que conseguir es que esa transformación digital
facilite o ayude a resolver esos problemas de la ciudadanía y a prestarle
mejores servicios.


Durante las distintas comparecencias se ha
visto que lo importante y fundamental es la formación, la capacitación de
los y las funcionarias dado el importante papel que juegan las personas a
la hora de prestar los servicios públicos; un campo en el que todavía
deben seguir trabajando las administraciones públicas. También es
necesaria, y así se hace constar, una estrategia para abordar la
transformación digital alineada con Europa y con la política que, en este
sentido, se impulsa desde la Administración General del Estado, pero esta
estrategia debe garantizar el reconocimiento mutuo de las plataformas,
del trabajo ya realizado por las comunidades autónomas en sus distintas
velocidades. Asimismo, queremos volver a criticar la forma en la que se
cerró la ponencia —creemos que con prisas y sin tiempo para el
debate—, no se trataba de dejarlo abierto otros seis meses, sino de
disponer de una semana más para poder analizar con más detenimiento las
recomendaciones realizadas por los y las expertas y las distintas
administraciones. Se llegó a un acuerdo, pero las prisas obligaron a que
los grupos parlamentarios no pudiéramos realizar aportaciones al informe
con más tiempo. Uno de los objetivos de la ponencia —de las
ponencias en general— es disponer de un espacio de reflexión sereno
y sosegado; eso no se ha logrado en esta.


Eskerrik asko guztioi.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya, Euskal Herria-Bildu, tiene la palabra su
señoría, Caminal Cerdà.


El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias,
presidente.


Señorías, hablar de digitalización es hablar de
futuro, más aún si hablamos del mundo rural, donde el proceso de
digitalización es quizá la última oportunidad para garantizarlo y evitar
el proceso de regresión y despoblamiento. El equilibrio territorial pasa
por garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios, y la
brecha digital actual sigue siendo factor claro de desigualdad. En medio
de expresiones repetidas en otras ponencias como las de inteligencia
artificial, algoritmos, sesgos, datos, ética, seguridad, etcétera, tras
unos meses de trabajo y las aportaciones extraordinarias de los ponentes,
en nuestro caso de Josué Sallent, a quien agradecemos su participación en
esta ponencia, nos han introducido en este sorprendente mundo digital y
se ha llegado a definir un conjunto de conclusiones y recomendaciones.
Ahora que tenemos esta herramienta toca aplicar estas conclusiones y
hacer de este documento una herramienta trascendente para modernizar y
transformar la gestión de la Función Pública.


Pese a ello no podemos ocultar nuestras
reservas ante el papel que se confiere al Ejército y a los servicios de
inteligencia como garantes de la seguridad y la libertad, que han
demostrado ser, en el caso catalán, defensores de unos intereses de parte
que nada tiene que ver con la defensa de los valores democráticos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
tiene la palabra su señoría Martín Martín.


El señor MARTÍN MARTÍN: Señor presidente,
señorías, permítanme, en primer lugar, y antes de entrar en el fondo de
mi intervención, que deje constancia de la positiva impresión que me ha
causado el formato y el desarrollo de esta ponencia de estudio. Creo que
en este caso concreto —no sé en otras— el número de ponentes
ha sido el adecuado; sus intervenciones, aunque lógicamente sectoriales,
fueron muy ilustrativas y, puestas en su conjunto, nos han permitido a
los miembros de la ponencia afrontar este asunto con la profundidad y la
capacidad de análisis de las que casi siempre se carece en esta Cámara
que, aun siendo de segunda lectura en muchos trámites normativos, en no
pocas ocasiones se nos imponen unos plazos tan perentorios que creo que a
todos nos dejan cierta sensación de frustración por no haber podido
mejorar unos textos que seguramente lo precisarían.


Por lo tanto, vaya por delante esa impresión
personal para, a continuación, mostrar el agradecimiento del Grupo
Popular a todas las personas que han pasado por una ponencia de estudio
que, como ya se ha dicho, fue impulsada por nuestro grupo, y en la que
durante todas las intervenciones por parte de especialistas en el ámbito
de la ciberseguridad, de la Función Pública, del derecho administrativo,
de la empresa privada o de la administración general del Estado y
territoriales, se puso de manifiesto cuánto camino hay por recorrer en un
campo que requiere no solo una importante inversión continua en más y
mejores medios tecnológicos y recursos humanos, sino, más aún, un cambio
en los procedimientos y, sobre todo, en la mentalidad de los propios
gestores de la Administración, de sus trabajadores y también de los
administrados.


Si tuviera que resumir en una sola frase la
conclusión principal de esta ponencia, podría ser algo así como que la
transformación digital de las administraciones públicas debe afrontarse,
no solo desde la perspectiva de un administrador que va a contar con un
mecanismo de mayor eficiencia y productividad, de mayor alcance y
potencialidad, sino desde la perspectiva de un ciudadano que se relaciona
con esa Administración y le exige una mayor eficacia, una mayor rapidez,
una mayor transparencia y un pleno respeto a sus derechos a la hora de
recibir un servicio público. La transformación digital de la
Administración Pública no debe tender a cosificar al ciudadano
reduciéndolo a un algoritmo, a un dato, porque, entonces, habrá perdido
su razón de ser.


La transformación digital de la Administración
es necesaria para su destinatario, que son los ciudadanos. Hacer
compatibles esas dos caras de una misma moneda es un reto, pero
constituye una perspectiva que debe presidir todo este proceso, así como
la regulación normativa que lo dirija y lo controle. No se puede
simplificar, no se pueden buscar atajos, y pongo un ejemplo. Hay quien
puede pensar que un proceso forzado y acelerado por las circunstancias de
la pandemia, como ha sido el de la generalización del teletrabajo,
representa por sí solo una manifestación evidente de este proceso de
transformación digital. Nosotros pensamos que no es más que una cara
dentro de un poliedro de enormes dimensiones, el cual, además, conviene
evaluar con detenimiento y aplicar con precisión quirúrgica para no hacer
descarrilar sus grandes ventajas en el ámbito de la Administración y no
frustrar a ninguno de los participantes en el proceso. Les invito a
reflexionar, como hemos hecho nosotros, sobre los enormes agujeros de
seguridad de este fenómeno tan súbito y masivo que, con el uso de
millones de equipos de conexiones de red o dispositivos móviles, en
muchos casos titularidad de los propios empleados públicos que con buena
fe desde su casa lo han hecho posible, han podido generar servicios
públicos esenciales y cuyas consecuencias aún no somos capaces de
adivinar; y también sobre la importancia de no dar bandazos, poniendo hoy
tres días de teletrabajo, mañana uno, y pasado mañana ninguno, como se
empieza a esbozar en algunas administraciones.


Desde nuestra perspectiva, si para algo ha
servido esta ponencia de estudio, ha sido para poner de manifiesto que,
aunque se han dado pasos importantes desde hace años, que, aunque se han
diseñado y aprobado diferentes estrategias nacionales, existe toda una
serie de campos en los que se deberían plantear iniciativas
parlamentarias transversales que permitan a los distintos niveles de las
administraciones españolas afrontar no ya el futuro, sino, en el más
imperioso de los presentes, una transformación digital lo más eficaz,
eficiente, segura y justa posible para todos los agentes
concernidos.


El proceso de transformación digital de las
administraciones en ningún caso puede generar una brecha entre ciudadanos
con mayor y menor grado de alfabetización digital; no puede generar
brechas entre territorios con mayores cuotas de conectividad frente a
otros —eufemísticamente llamadas zonas blancas— en los que es
difícil siquiera conectarse a una red; no puede generar tampoco una
fractura en la Administración entre empleados con mayores y menores
competencias digitales. En definitiva, este proceso no puede ni debe ser
fuente de desigualdades, como tampoco puede ser fuente de aparición de
puntos críticos de seguridad, de vulnerabilidad de servicios públicos o
de dudas respecto a la protección de los datos personales de los
ciudadanos, porque no olvidemos que la transformación digital es un medio
para hacer una Administración Pública más sostenible y eficaz, más cómoda
y accesible para el ciudadano. Pero esa digitalización no puede
considerarse un fin en sí mismo, en el que la inteligencia artificial,
como mecanismo de gestión masiva de servicios públicos o la tenencia y
gestión de datos personales como base para la toma de decisiones,
merodeen, cuando no superen, los límites jurídicos de los derechos
individuales.


Lamentablemente, el legislador suele ir a menor
velocidad que los datos circulando por la red, y aunque hay que asumir
ese desfase jurídico respecto a la realidad digital, no debemos renunciar
a mejorar nuestros fundamentos legales y nuestras prioridades de gestión
para evitar episodios que todos recordamos, como el de un Servicio
Público de Empleo completamente paralizado y desbordado por un
ciberataque, o los de secuestro de datos a entes públicos y privados,
como hospitales, medios de comunicación o empresas energéticas.


Para el Grupo Popular, resulta absolutamente
imprescindible y justificada una planificación a nivel nacional de la
Estrategia de digitalización de las administraciones públicas que aborde
integralmente las variables de este proceso, teniendo presentes algunos
principios básicos: la necesidad de interoperabilidad entre diferentes
administraciones y la necesaria prevención en materia de ciberseguridad
para evitar ataques y para afrontar la desactualización de equipos y
programas por el mero paso del tiempo. En las políticas públicas, la
inversión precisa para la actualización de los medios tecnológicos será
grande y debe ser sostenida en el tiempo.


Si algo pone de manifiesto este proceso también
es la absoluta interdependencia entre administraciones, no solo para
luchar contra la ciberdelincuencia, no solo para generar sinergias y
ahorros de costes, sino por el derecho superior del ciudadano a acceder a
la Administración de la forma más ágil, cómoda, transparente y eficaz
posible sin que se le impongan barreras o se le pongan obstáculos para
transitar digitalmente entre unas y otras administraciones. En este
punto, y en mi condición de alcalde, déjenme volver a traer a esta
tribuna la voz de las administraciones de menor tamaño y de mayor
cercanía al ciudadano, como son los ayuntamientos. Se trata de unos
ayuntamientos que, en ocasiones, y en relación directamente proporcional
a su tamaño poblacional, están expuestos y en situación de debilidad ante
el imparable proceso de digitalización de la Administración, que por sí
solo impone una obsolescencia tecnológica y unos peajes en materia de
cualificación de funcionarios, de actualización de programas de gestión
documental ilegales, así como de seguridad que son difícilmente asumibles
para ellos, más aún, en el caso de los pequeños ayuntamientos del medio
rural de una provincia como la mía, Ávila, donde es vital seguir
implantando redes digitales para garantizar su conectividad. Desde esta
tribuna, quiero decir que espero y deseo que ese estatuto del pequeño
municipio que todos los ministros de Política Territorial de los últimos
años han prometido y que aún no han traído a estas Cortes —supongo
que porque ninguno dura más de unos meses en el cargo—, pueda
prever algún avance al respecto de la simplificación administrativa
exigible a esos pequeños municipios.


Otros aspectos que también se han abordado en
la ponencia y que los ponentes los han considerado cuestiones troncales
son: el tratamiento de los datos como base de la transformación digital
—hay que garantizar la unidad del dato a nivel de todo el Estado,
regulando con carácter básico esta cuestión—, la inaplazable
formación continua del empleado público en competencias digitales, la
incorporación de estos requisitos a los procesos de selección y la
búsqueda de perfiles laborales de alta cualificación en la Administración
Pública. De no ser así, muchas administraciones tendrán difícil
viabilidad futura. La Administración, además, debe ser accesible para el
ciudadano desde un punto de vista digital, y por ello es imprescindible
redactar protocolos de lenguaje simple y comprensible.


También se ha hablado aquí de la
ciberdelincuencia. Para luchar contra ella es imprescindible la
colaboración público-privada. Hay que incorporar a los diferentes planes
de estudio, incluida la formación profesional, este tipo de conocimientos
por su alto grado de demanda laboral. Nosotros creemos que las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, los ejércitos y el Centro Nacional de
Inteligencia tienen una función básica al servicio no solo del Estado
sino de todas las empresas y de todos los ciudadanos en esta materia. En
definitiva, y sin ánimo de ser reiterativo, porque la ponencia en su
integridad será objeto de publicación —les recomiendo que la
lean—, en el Grupo Popular trabajaremos para que sus conclusiones y
recomendaciones puedan trasladarse a iniciativas parlamentarias concretas
que contribuyan a completar el proceso de transformación digital de la
Administración Pública española.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Castellà Surribas.


El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Gracias,
presidente.


Señorías, esta ponencia ha servido para poner
en valor y de manifiesto la intensa actividad iniciada por nuestro
Gobierno para realizar una efectiva transformación digital de nuestras
administraciones públicas. El plan de recuperación, transformación y
resiliencia España Puede, como respuesta a la pandemia y a sus efectos
sobre nuestra vida económica y social, propone una salida proactiva de
esta crisis con un plan de inversiones en reformas que permita una rápida
y sólida recuperación y que produzca una transformación estructural.
Sobre las bases de la doble transición ecológica y digital, se pretende
poner los cimientos de un futuro productivo más sostenible e inclusivo.
Pues bien, el componente 11 de dicho Plan «España puede», titulado
Modernización de las Administraciones Públicas, sirvió de base para el
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que
prevé una movilización sin precedentes de recursos para la transición
digital de la Administración General del Estado, de las administraciones
de las comunidades autónomas y de los diferentes niveles de la
Administración Local.


La arquitectura de estrategia y planificación
se concreta en seis grandes documentos: La Agenda España Digital 2025, el
Plan de digitalización de las administraciones públicas, el Plan de
transformación digital de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, el Esquema Nacional de Seguridad, el Plan de
Gobierno abierto 2020-2024 y la Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial. Referido a las administraciones públicas, se propone mejorar
la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y actores
privados y sociales con las garantías necesarias para la protección de
sus datos, buscando superar las brechas digitales, a menudo también
territoriales, entre la España llamada vaciada y la realidad urbana,
señalando algunos ámbitos como tractores del proceso de transición
digital en la Administración, como serán la sanidad, la justicia, las
políticas de empleo, los servicios consulares o las políticas de
inclusión social. Y es que el siglo XXI reclama una administración
diferente, cuya reforma y transformación ha de servir como palanca y
tractor de las grandes transformaciones que la digitalización provocará
en nuestra sociedad; la digitalización permitirá aumentar la eficacia de
las administraciones públicas generando sinergias nuevas, ahorrando
costes, simplificando y automatizando procesos.


Antes de continuar, permítanme agradecer a los
que hemos trabajado intensa y conjuntamente en esta ponencia evitando,
como se ha señalado, los regates a corto partidistas para realizar un
trabajo sólido de Estado que sirva como base y guía a actuaciones
futuras. Gracias al presidente y al letrado de la comisión, juntos todos
los grupos parlamentarios logramos adoptar —precipitadamente,
sí— unas conclusiones por unanimidad, con aportaciones de todos, en
un texto consensuado que garantizaba un buen resultado a los intensos
trabajos de esta ponencia. Permítanme agradecer especialmente el trabajo
de mi compañera socialista María Victoria de Pablo Dávila y de Esther
Basilea del Brío, del Partido Popular. A estas dos mujeres, mi
reconocimiento, y mi agradecimiento a todos los ponentes. Fueron largas
sesiones encadenadas, escuchando expertos convocados y reflexionando con
ellos, como recogen los Diarios de Sesiones de la ponencia.


Estamos ante un reto fundamental, de cuyo buen
resultado dependerán muchas de las condiciones de nuestro futuro. Tan
solo si somos capaces de dotarnos de unas administraciones ágiles,
efectivas, rápidas y eficaces, podremos abordar constructivamente los
retos que nos plantea el futuro. Y es que, efectivamente, una nueva
energía ha aparecido; una energía transformadora que está llamada a
cambiar radicalmente toda la realidad: los datos. Miles de millones de
millones de millones de millones de datos ordenados en servidores nos
permiten cambiar nuestra manera de abordar la realidad de forma radical.
Hasta ahora, para hacer políticas públicas, solo podíamos disponer de
unos pocos datos que nos costaba mucho obtener. Ahora, lo importante es
la pregunta, porque las respuestas empiezan a estar allí. Combinando
datos, podemos preguntarnos cosas hasta ahora imposibles, como qué patrón
de llamadas siguieron las personas que se han suicidado; qué tratamientos
médicos han dado mejor resultado en determinadas tipologías de pacientes
de determinadas enfermedades, qué opciones de movilidad son más efectivas
los días de lluvia para desplazarse en ciudades densamente pobladas, y
así cuantas preguntas podamos imaginar. Ahora, cualquier pregunta que se
nos ocurra es posible responderla. Las administraciones, por lo tanto,
pueden plantearse nuevos retos, políticas nuevas, abordajes diferentes a
problemas tradicionales; además, con la inteligencia artificial y el
aprendizaje, con los datos, se tendrá la automatización y el automatismo
de muchas decisiones y se transformará la relación
Administración-administrado.


Tres grandes retos o peligros, o focos de
tensión, se perfilan: primero, el respeto a los derechos individuales, en
especial, de la intimidad y de la privacidad, de la garantía de la
dignidad, así como la emergencia de una nueva generación de los llamados
derechos digitales; en segundo lugar, la ciberseguridad y la protección
frente a la creciente cibercriminalidad y las vulnerabilidades de la
experiencia digital y, en tercer lugar, las resistencias que se originan
por miedo al cambio y a la pérdida de seguridades y privilegios,
resistencialismos que se producen en todos los procesos. Siempre aparecen
grupos de luditas digitales, igual que perviven negacionistas,
terraplanistas y creacionistas en nuestro panorama. Pero, permítanme una
reflexión final: nos abocamos a un mundo tecnológico y digital que
transformará radicalmente nuestra realidad. Viviremos más años, con más
oportunidades y servicios, con mejor accesibilidad, seguramente con menos
horas de trabajo y muchas más de ocio; un mundo muy diferente hacia el
que vamos aceleradamente mucho más rápido de lo que pensamos. Todo
cambiará con la revolución digital: la educación, la sanidad, la cultura
del trabajo, las formas de ocio, el desarrollo urbano, la relación del
urbano con lo rural, la producción energética; ningún ámbito de nuestra
vida permanecerá ajeno.


Nuestra generación tiene el deber de adoptar un
compromiso con los valores ilustrados para garantizar la supervivencia en
la sociedad y en la economía digital. Debe emerger un humanismo digital,
una mejor relación de las personas con el medio natural; unas mejores
relaciones humanas con menos explotación, con menos exclusiones y menos
patriarcado, unas mejores relaciones intergeneracionales. Decía Ortega
que ya que tenemos el deber de presentir lo nuevo, tengamos el valor de
afirmarlo. Pues bien, ahora, al abordar la transición digital de las
administraciones públicas asumiendo el deber de anticiparnos al futuro
próximo, tengamos el valor de afirmar la primacía absoluta de la dignidad
humana y de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad que
marcan nuestra escarmentada Ilustración. Alfredo, el proyectista de
Cinema Paradiso, ante la llegada de las nuevas películas ignífugas tras
haberse quemado con las otras, exclamaba: «Ay, el futuro siempre llega
tarde». Pues el futuro está llegando.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.


Procedemos a la votación. Llamen a votación,
por favor. (Pausa).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 251.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto,
aprobada. (Aplausos).


Enhorabuena, señorías, por su trabajo.
(Continúan los aplausos).










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA APOYAR AL SECTOR INDUSTRIAL Y
EVITAR LAS CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LA
LUZ.


671/000083

GPP


El señor presidente lee los puntos 10. y 10.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han
presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Democrático; una
del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los señores
González-Robatto y José Manuel Marín Gascón y de la señora Moreno
Palomares; una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, y una del
Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
un tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, el senador Márquez Sánchez. (Rumores).


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Buenas tardes, señor
presidente, muchas gracias.


Efectivamente, esta es una moción consecuencia de
interpelación, presentada en el último Pleno por mi buen amigo y
compañero Javier Lacalle, de apoyo a la industria por la subida del
precio de la luz. Todos ustedes son conscientes de que el tejido
industrial en este país supone un 15 % del producto interior bruto,
cuatro millones de personas dependen directamente de este sector y se
encuentran en una situación realmente complicada. Complicada, porque con
la subida del precio de la luz que el Gobierno achaca a dos cuestiones...
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor... Espere
un momento. (Pausa).


Muchas gracias, señorías.


Continúe, por favor.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias.


Efectivamente, estaba diciendo que la situación del
sector es compleja, primero, como todos ustedes saben, por las
consecuencias de la pandemia, y, segundo, por la subida del precio de la
luz, precio que el Gobierno achaca especialmente a dos cuestiones: una, a
la subida del precio del gas natural, y dos, a la subida de los precios
de los derechos de CO2. En todo caso, parece una excusa porque es un
fenómeno que ocurre en todos los países, ocurre en España, pero también
en Francia, Italia, Alemania, etcétera, y, sin embargo, la electricidad
aquí está resultando el doble de cara que en esos países. Hay que tener
en cuenta que hace un año se pagaba el megavatio hora a 49,26 y hoy está
casi a 230 euros.


La consecuencia para nuestra industria es muy
clara, están subiendo los precios, está subiendo la inflación. El
Gobierno dice que el motor de la inflación está siendo precisamente la
subida de los precios de la luz, ¿por qué?, porque a las empresas les
están resultando los costes mucho más caros y como los costes les está
resultando mucho más caros, lo están aplicando, obviamente, al precio de
los productos finales. Eso, por una parte, significa una pérdida de
competitividad de la empresa, pero en el fondo lo único que genera es
pobreza; pobreza precisamente por lo que he dicho, porque pierde
competitividad; si la luz sube, a la empresa le cuesta más fabricar, los
precios finales son más caros y eso repercute al consumidor; hay que
tener en cuenta que aquí en España, como bien expuso el señor Lacalle en
el último Pleno, puede ocurrir, por ejemplo, que a una empresa,
especialmente toda aquella que sea electrointensiva, en Irún le valga la
electricidad el doble de cara que en Hendaya, que está a tres kilómetros.
Por tanto, existe una merma de la competitividad, existe un incremento de
los costes. Además, si a ello le sumamos, como ya ayer dibujó la ministra
de Hacienda, que les van a subir los impuestos por el acuerdo para los
presupuestos por el PSOE y Podemos, realmente se pone en una situación
muy complicada a la empresa.


Además, lo que voy a decir es una obviedad, pero no
por no decirlo no es verdad, depende de los beneficios. Si la empresa
tiene más beneficios paga más impuestos, si no tiene beneficios, no paga
tantos impuestos. Y, por tanto, al final lo que se ve perjudicado es la
financiación de los servicios públicos. Es de cajón, pero hay que
decirlo, y, además, lo que hace es incrementar la economía sumergida. Hay
que tener en cuenta que hoy ha salido un dato del barómetro de los datos
de los gestores administrativos que dice que actualmente en
España 130 000 empresas están en situación de quiebra técnica, 700 000
pymes están en situación de iliquidez, y, obviamente, al perder
competitividad se congela la contratación, se congela la inversión y se
congelan los proyectos de inminente inversión y, por tanto, de desarrollo
económico.


También se genera una pobreza para los ciudadanos,
porque al ir a un supermercado los productos les resultan mucho más
caros. Se puede subir el salario mínimo interprofesional tantas veces
como sea preciso, pero aparte de suponer un coste para la empresa, lo
peor es que los bienes están subiendo a un precio mucho mayor y, por
tanto, al final, el ciudadano lo que tiene es una pérdida de la capacidad
adquisitiva. Y hay que tener en cuenta también que genera una pobreza de
país. Espero que ahora no pase como pasó con la pandemia, que cuando
empezó a salir el coronavirus en China se dijo que era una cosa de China
y cuando ya estaba confirmado tampoco se le dio demasiada importancia.
Pues bien, el Banco de Noruega ya ha subido los tipos de interés y habrá
países en Europa que no estarán dispuestos a que la economía se les
caliente, y, obviamente, pueden exigir que se suban los tipos de interés
en Europa. Eso en la situación española puede generar una inflación de
libro porque nos pilla con una deuda importante, con una subida de tipos
de interés y con una inflación a la que no se le mete mano, debido en
gran parte a los precios de la luz. Por ello, hemos propuesto las medidas
que se establecen en la moción y que, por falta de tiempo, en este
sentido, las doy por reproducidas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Democrático, tiene la palabra la senadora Ponce
Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidente.


Damos por defendida nuestra enmienda.


Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías del Partido Popular, a esta moción hemos
presentado solo una enmienda de sustitución al punto tres sobre la base
de que la energía es una herramienta de competitividad. Teniendo en
cuenta que España tiene una de las facturas eléctricas más caras de
Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda, es
urgente que se aplique una bajada drástica del IVA para todo tipo de
consumidores.


Hace unos meses, el Ejecutivo aprobó el Real
Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética. En este real decreto
se fija de forma excepcional y transitoria hasta el 31 de diciembre de
este año una rebaja del IVA del 21 al 10 % para los contratos de energía
eléctrica cuya potencia no supere los 10 kilovatios cuando el precio
medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la
facturación haya superado los 45 euros megavatio hora, con el objeto de
reducir su importe. Teniendo en cuenta que el tejido industrial no se
está viendo beneficiado por esta medida por la inexistencia de industrias
con un término fijo de potencia instalado inferior a 10 kilovatios, se
requiere su ampliación desde una perspectiva objetiva a todo tipo de
consumidor.


Por otro lado, en cuanto a su limitación temporal,
señorías del Partido Popular, en el punto tercero de su moción insisten
en la limitación temporal del IVA del 10 % mientras se mantenga la
emergencia energética. Yo les pregunto: ¿Y luego qué? ¿Volvemos otra vez
al 21 %? Vox apuesta por una aplicación sine die del tipo del IVA
del 4 %, descartando su aplicación mientras se mantenga la emergencia
energética, toda vez que emergencia energética es un concepto jurídico
indeterminado que no aporta seguridad jurídica a la industria.


Por lo expresado anteriormente, esperamos que
nuestra enmienda sea aceptada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra su señoría González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señor
presidente.


Señorías, es evidente la relación entre la energía
y la industria, entre la política energética y la política industrial. En
el contexto de la crisis provocada por la pandemia, el desorden en el
sistema energético y los requerimientos imprescindibles para una
transición ecológica justa —agotamiento del petróleo de calidad,
escasez de agua, reducción de emisiones—, están provocando el
actual desbarajuste en los precios de la energía eléctrica y sus
consecuencias directas en la industria. En este contexto, y ante la
oportunidad que nos da el debate planteado por el Partido Popular con
esta moción, hemos presentado una enmienda de sustitución con dos
objetivos fundamentales: anclar propuestas en la realidad y en el
territorio. Las dos cosas.


Partimos de la convicción de que el acceso y/o la
disponibilidad de energía suficiente por parte de la ciudadanía debería
ser un derecho reconocido en los códigos internacionales, porque no hay
civilización sin energía. Desde el descubrimiento del fuego en el
Paleolítico la humanidad no es posible si no hay fuentes que produzcan
luz y calor. La tarea del Gobierno, de todos los Gobiernos, debiera ser
garantizar ese derecho tomando las decisiones que lo hagan efectivo. En
este sentido van la mayoría de las propuestas que hemos presentado como
enmiendas, los programas de ayudas a pequeñas y medianas empresas del
sector industrial, mantener el IVA en el 10 % de modo transitorio.
Nosotros ponemos énfasis en el modo transitorio, en tanto en cuanto se
legisla para impedir el oligopolio actual del sector eléctrico y se
detiene la escalada de precios. En modo transitorio la bajada del IVA,
señorías, porque cuando cae la recaudación, no hay forma de encontrar
cita con un pediatra en la Seguridad Social ni hay forma de obtener una
cita presencial en la atención primaria. Por eso no queremos que caigan
los ingresos del Estado, por eso no queremos rebajas permanentes del IVA,
pero sí reconocemos que hay un problema y que hay que atajarlo. Por eso
lo planteamos en modo transitorio.


Algunas otras propuestas son la desgravación e
incentivos a las pymes que inviertan en equipos técnicos, en tecnología,
para generar y distribuir energía renovable, y para garantizar el ahorro
y la eficiencia energética. También proponemos fomentar el autoconsumo
eléctrico en la industria, que también es posible, e incentivar el tejido
empresarial y el cooperativismo que participe de una transición ecológica
justa. Y una cuestión fundamental, señorías, regular las puertas
giratorias, porque es un bochorno que nos avergüenza a la inmensa
mayoría, que irrita a la ciudadanía y que fomenta la antipolítica; esta
película eterna de las puertas giratorias, que consiste en que cuando
alguien termina una responsabilidad, o incluso antes de terminar una
responsabilidad, en un puesto público, tiene un sillón en un consejo de
administración de una gran empresa eléctrica, con una remuneración. Es
legal, claro que es legal, pero no es ético, nos avergüenza y además
irrita a la ciudadanía.


Y algún apunte sobre el territorio, siquiera
rápido, sobre el sector industrial en Andalucía y sus déficits. Para ser
la comunidad autónoma con más habitantes del Estado, Andalucía ejerce un
papel muy débil dentro del conjunto de la industria española. Esto no
siempre fue así, hasta bien avanzado el siglo XIX la participación
andaluza en el producto industrial del conjunto del Estado rondaba
el 20 %. En la actualidad, en Andalucía estamos viviendo una
desindustrialización feroz y continuada a favor de otros sectores, como
el terciario. En menos de veinte años hemos perdido más de dos puntos
porcentuales de nuestro producto interior bruto industrial, del 12,6 % en
el año 2000 al 10,4 % en 2019. La industria andaluza representa el 14 %
del total estatal y nuestro tejido industrial se caracteriza por ser
pequeñas y medianas empresas con menos de diez trabajadores. En el pasado
mes de julio, las empresas industriales en Andalucía empleaban a 219 178
trabajadores y trabajadoras. Son puestos de trabajo muy valiosos,
señorías, sobre los que siempre se ciernen los riesgos de los ajustes
achacables a las crisis económicas, a todas las crisis económicas.


Por eso, una de nuestras enmiendas, y con esto
termino, tiene un anclaje netamente andaluz, pero es universal. La SEPI
velará por que los despidos de trabajadores industriales de aquellas
empresas en las que participen no se concentren en un solo territorio.
Hablábamos de Airbus antes de ayer, hablamos de Alestis hoy en Cádiz y en
Sevilla, con la noticia de 65 despidos más. La SEPI tiene el 25 % de
participación en esa empresa. Por eso enmendamos la propuesta en el
sentido de que aquellas empresas participadas por la SEPI regulen, velen
por que todos los despidos o los ajustes necesarios no se concentren en
el mismo territorio. Las potencialidades de Andalucía como motor de la
reactivación económica es un argumento que ya utiliza hasta el presidente
del Gobierno, ayer en Sevilla, concretamente.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Termino,
presidente.


Un cambio de modelo productivo en Andalucía es una
necesidad urgente.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
senadora.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría la senadora Fernández Molina.


La señora FERNÁNDEZ MOLINA: Gracias,
presidente.


Señorías, es evidente que compartimos la
preocupación por la evolución del precio de la energía y cómo puede
afectar a los consumidores, a las familias, a las empresas y a la
industria. Es importante tener un diagnóstico correcto que nos permita
reflexionar sobre qué medidas y soluciones implementar para paliar los
efectos de esta subida. Tenemos que reconocer que la subida del precio de
la luz es común a toda la Unión Europea. Hoy mismo, el presidente Pedro
Sánchez, en Bruselas, ha pedido medidas extraordinarias ante la escalada
del precio de la energía.


La moción que presenta el Partido Popular está muy
alejada de la batería de medidas que el Gobierno de España ya ha puesto
en marcha; en otras palabras, señorías, se queda corta. El Gobierno de
Pedro Sánchez ha articulado una respuesta inmediata, con medidas reales
que ya están impactando en la factura que llega a los consumidores, con
el compromiso de que a final de este año los españoles paguemos por la
luz lo mismo que pagamos en 2018. Citaré algunas de estas medidas. La
reducción del IVA del 21 % al 10 %; la supresión del 7 % del impuesto
sobre el valor de la producción eléctrica; los 900 millones de euros
adicionales a las subastas de CO2; la limitación de la subida de la
tarifa reguladora del gas para las familias y las pymes, y el nuevo
suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables. Pero también
el Gobierno de España está trabajando y está tramitando dos proyectos de
ley que pronto podremos debatir en esta Cámara: el fondo nacional para la
sostenibilidad del sistema eléctrico, que afectará a los sectores
productivos con exenciones, y el proyecto de ley por la que se actúa
sobre la retribución del CO2 no emitidos del mercado eléctrico. Estas dos
medidas permitirán que se reduzca un 15 % la factura eléctrica. También
hay que destacar que se aprobó el real decreto por el que se regula el
Estatuto de los consumidores electrointensivos, las subastas de las
energías renovables, las convocatorias de ayudas para compensar los
costes indirectos, que ya van cinco, y, por supuesto el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, que está dotado con más
de 1300 millones de euros.


Señorías, el Gobierno tiene definido un proyecto de
país en el que la sostenibilidad del sistema energético se adecúa a las
necesidades de las familias, de las empresas y de la industria; también
se adecúa a las necesidades del planeta, al proceso irreversible de
descarbonización y a la promoción de las energías limpias. Frente a este
modelo, el Grupo Popular nos presenta una moción en la que, una vez más,
demuestran que no tienen definido un proyecto para nuestro país. Una
moción que ignora la participación de las comunidades autónomas en la
toma de decisión sobre los tributos que quieren modificar y que restaría
capacidad de financiación para la prestación de los servicios.


Señorías, la enmienda que propone el Grupo
Socialista tiene un espíritu constructivo: seguir implementando medidas
con el fin de apoyar a las industrias electrointensivas; reforzar los
órganos de gobernanza y participación de las comunidades autónomas y los
agentes más relevantes del sector industrial; y destinar, conforme a la
normativa, parte de los ingresos procedentes de las subastas de los
derechos de emisiones de gases de efecto invernadero para la compensación
de los efectos de sus costes indirectos por las emisiones de CO2. Su
moción es como la política industrial que ha hecho el Partido Popular.
Nunca hicieron política industrial, ni tuvieron Ministerio de Industria
con Rajoy ni con Aznar y, además, han pasado a la historia por ponerle un
impuesto al sol. (Aplausos).


El Gobierno de España cree firmemente que para
apoyar a la industria hay que promover la aceleración de la transición
energética con el objetivo de que los precios sean estables, fijos y
razonables para los consumidores y para la industria de nuestro país.
Súbanse al carro de la modernización, de la descarbonización y apoyen
nuestra enmienda.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador
autor de la moción originaria tiene la palabra para indicar si acepta o
no las enmiendas.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Hago uso de la palabra desde el escaño.


El señor PRESIDENTE: Señoría, perdone un
momento.


Les agradecería a todos ustedes que cuando hagan
uso de la palabra desde el escaño también extremen el uso de la
mascarilla. Muchas gracias.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Rechazamos la enmienda del Grupo Socialista porque
es una enmienda de sustitución. Para eso, quizá lo más prudente hubiera
sido que presentaran su propia moción o que hicieran su propia política,
que hasta ahora nos está resultando bastante clara.


En cuanto al Grupo de Izquierda Confederal, tengo
que decir que, salvo error u omisión, no veo en el texto la parte
relativa a las puertas giratorias —referida me imagino que al señor
Carmona—. De todas maneras, como es una enmienda de sustitución,
tampoco la podemos aceptar porque cambia prácticamente la moción. Si
hubiera sido de adición, podríamos haber llegado a algunos acuerdos
perfectamente.


Respecto a Vox, el señor Marín Gascón plantea una
enmienda de sustitución del punto tercero, en el que se establece que,
sin límite de tiempo, se haga una rebaja fiscal. En este sentido,
entendemos que la rebaja fiscal tiene que ser temporal. Estamos hablando
de una cuestión muy concreta en el tiempo, mientras dure la crisis
energética. A partir de ahí, una reducción de impuestos debe tener un
estudio económico más importante. Por lo tanto, no la podemos aceptar,
aunque compartimos el resto de los planteamientos.


Ciudadanos ha presentado una enmienda que en este
caso no es de sustitución, sino de adición, en la que trata especialmente
la seguridad jurídica en la inversión energética, con lo que estamos
totalmente de acuerdo; es una de las claves para que no tengamos una
política energética y que realmente ocurra lo que ocurrió el fin de
semana. En relación con el fondo nacional de sostenibilidad, tenemos
diferencias en cuanto a su financiación; nosotros entendemos que se tiene
que hacer vía Presupuestos Generales del Estado. Por eso, no lo podemos
admitir, aunque está bien estudiado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, hará uso de la
palabra su señoría Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, durante los últimos meses estamos viendo
que el precio de la electricidad aumenta día tras día de forma
escalofriante. El viernes 1 de octubre el precio de la electricidad
alcanzó un nuevo récord, con una media de 216 euros megavatio/hora, lo
que supone el precio más alto de la historia, alcanzando entre las veinte
y las veintidós horas los 230 euros megavatio/hora. A pesar de este
aumento disparatado, las medidas tomadas por el Gobierno socialcomunista,
ese que dice proteger a los trabajadores, son un canto al sol. Vox lleva
años exigiendo la rebaja de todos los impuestos y de los costes regulados
que se incorporan al recibo de la luz, en concreto, los impuestos
especiales, el IVA, los costes de las redes, incentivos a determinados
sectores o el famoso déficit de tarifa. Seguimos exigiendo la eliminación
completa del impuesto sobre la electricidad y la reducción al 4 % del
IVA. También pedimos acabar con la reiterada tributación del impuesto
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica o las
innumerables tasas que recaen sobre el sector, que, al final, acaba
pagando el español de a pie.


El actual sistema de fijación de precios de
producción de la energía eléctrica no está diseñado ni ejecutado para
proteger al consumidor final, a las familias o a las pymes, sino para
beneficiar a las empresas eléctricas, supuestamente no contaminantes,
produciendo un beneficio extraordinario a quienes estaban dispuestos a
vender la energía más barata.


La agenda ecologista radical de la Unión Europea ha
provocado un aumento artificial del precio de la energía, que cuesta caro
a los españoles. Su único plan para proteger el medioambiente es la
subida de impuestos y la desindustrialización de países como España.
Señorías, la soberanía energética consiste tanto en la capacidad para
ordenar el mercado en atención a la realidad de nuestro mix energético y
cuidar las necesidades reales de los españoles frente a las imposiciones
de la Unión Europea, como en lograr la suficiencia productiva para
asegurar el abastecimiento y los precios asequibles para el
consumidor.


La decisión del presidente Sánchez de expropiar los
beneficios de las grandes eléctricas no es más que una medida de
propaganda que crea inseguridad jurídica sin solucionar el problema. El
Gobierno es el primer beneficiado por los altos precios. El presidente
Sánchez oculta que ha permitido la escalada en el precio por altísimos
impuestos que gravan la luz y, por eso, mantiene la mayoría de ellos y
baja el IVA solo temporalmente. En definitiva, este Gobierno
socialcomunista recauda más de las eléctricas; las eléctricas suben el
precio a los consumidores para no perder su beneficio y el perjudicado
vuelve a ser el español de a pie, las familias y las empresas.


Señorías, España no necesita medidas efectistas que
no solucionan los verdaderos problemas estructurales que encarecen el
precio de la luz, sino una reforma del sistema que garantice la soberanía
energética, el suministro estable y permita que el alza de precios en el
mercado internacional afecte lo menos posible a las familias y
empresas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Senador Catalán Higueras, por el Grupo Mixto, tiene
la palabra.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Señor presidente,
señorías, muy buenos días.


Mientras el Gobierno está mirando a las
instituciones europeas a la hora de abordar esta situación y los elevados
costes de la electricidad, realmente el pagano de la situación ¿quién
está siendo? Una vez más, los ciudadanos, los autónomos, la pequeña
empresa y la empresa española, que está perdiendo, como se ha dicho,
competitividad.


Sube y sube, hasta unos costes históricos nunca
conocidos, el precio de la luz y el Gobierno ha estado hasta este momento
perdido a la hora de abordar la cuestión, evidenciándose fundamentalmente
dos cosas: en primer lugar, que nadie puede poner en duda que al Gobierno
esta cuestión le ha venido sin tener ningún tipo de previsión; y, en
segundo lugar, la incompetencia de la ministra responsable de la materia.
La incongruencia, las ocurrencias, las improvisaciones han sido una
realidad a la hora de abordar la cuestión. Bastaría recordar las
discrepancias entre los socios de Gobierno a la hora de afrontar este
tema, incluso también los criterios diferentes que ha mantenido la
ministra a lo largo de las semanas o cómo el Partido Socialista en esta
misma Cámara, en la Comisión de Hacienda, votaba en contra de una
propuesta de Teruel Existe, el PRC, el PAR y Unión del Pueblo Navarro de
bajar el IVA y a los pocos días el Gobierno se ve obligado a reducir el
IVA, aunque lo hacía de manera temporal. En esa línea, se podrían
recordar también ocurrencias de los socios del Gobierno en cuanto a
constituir una empresa pública de energía, incluso algunos miembros del
Gobierno hablaban de nacionalizar las eléctricas, claro ejemplo de la
ineficacia y la inutilidad del Ministerio de Consumo, con el señor Garzón
a la cabeza.


Por lo tanto, el Gobierno ha llegado tarde y ha
establecido una serie de medidas que, por un lado, a las empresas les va
a provocar una competitividad nula o con más dificultad todavía, si cabe,
para competir con el resto de industrias de la Unión Europea y del resto
del mundo; y, por otro lado, va a castigar a los ciudadanos españoles. Se
han establecido unas franjas que en algunos casos concretos son un
auténtico disparate. Cuando llegue el invierno, va a haber familias que
van a sufrir un auténtico drama a la hora de calentarse. Se va a
incrementar la pobreza energética, y lo va a hacer un Gobierno que se
dice progresista. En esa línea, se han aplicado otra serie de medidas que
las propias asociaciones de consumidores han calificado de
cortoplacistas, que incluso no tienen seguridad jurídica y que no van a
aportar la solución debida a la hora de afrontar las subidas de los
costes.


Se habla de Europa, señorías. El resto de países de
la Unión Europea no tiene los costes que tenemos en este país. Se está
cargando la factura con una serie de impuestos que elevan la cuantía y la
factura de manera vergonzosa.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Acabo ya, señor
presidente.


En otros países, como en Alemania o Francia, en el
mes de septiembre se ha reducido el coste por encima del 15 y el 20 %, a
diferencia de España. Por lo tanto, lamentablemente, el Gobierno en esta
cuestión llega tarde.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, hará uso de
la palabra el señor Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.


En el PRC compartimos la preocupación por la
situación industrial que tenemos en España y en Cantabria. En Cantabria
contamos con una empresa que actualmente está en riesgo de cierre o, al
menos, de trasladar parte de su producción a países como Francia o
Alemania donde los costes energéticos son mucho más baratos; se trata de
Ferroatlántica. Por tanto, tenemos que pensar en todos aquellos puestos
de trabajo directos, indirectos e inducidos que genera esta actividad. Es
por esto por lo que debemos tener una sensibilidad especial hacia el
sector industrial.


La digitalización, la transición ecológica o el
impulso e innovación son algunos de los ejemplos más evidentes del camino
que debemos seguir para lograr que nuestra industria, al fin, pueda
equipararse a la del entorno. Para alcanzar esto es necesario un periodo
de transición en el que apoyemos a las empresas, a las industrias. Por
ello, en el PRC creemos necesario crear el escenario óptimo para que todo
esto de lo que les he hablado pueda dejar de ser una idea y pase a ser un
hecho efectivo.


La volatilidad del precio de la luz, los excesivos
costes, unido a la necesidad de una competitividad, por ejemplo, en la
industria electrointensiva, imprescindible en el tejido productivo
cántabro —algo que ya debatimos en el pasado y que debería haberse
solucionado con la aprobación del Estatuto del consumidor
electrointensivo—, hace que defendamos una regulación en materia
energética que dé competitividad a la industria española, cuestión que en
el contexto actual es imprescindible, pero que no debe ir sola, sino que
debe ir acompañada de una nueva propuesta de modelo productivo
industrial. Por todo ello, votaremos a favor de la propuesta que hoy aquí
debatimos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora
Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidente.


Señorías, es triste que con Sánchez y con Podemos
solo se batan récords en paro juvenil y en el precio de la luz. Sabemos
que la subida del coste de la electricidad no depende exclusivamente del
Gobierno, pero también recordamos cómo el Grupo Socialista y Podemos
denunciaban y prometían cuando estaban en la oposición. Es más, cabe
preguntarse incluso qué estarían haciendo ustedes si estuvieran en la
oposición hoy; qué tendrían que decirles a las familias, a las empresas,
a las grandes y a las pymes, a los autónomos, que tan mal lo están
pasando para pagar las nóminas y la Seguridad Social a sus
empleados.


Toda España se ha dado cuenta de que prefieren
tenernos con el agua al cuello antes que acabar con la multitud de tasas,
de impuestos y de duplicidades de la factura de la luz; antes de dejar de
recaudar para su gasto político desorbitado. Miren, 15 000 millones
recaudará el Estado con la luz, el doble, insisto, el doble que las
grandes empresas eléctricas, que obtuvieron 6700 millones de beneficios
en 2020. Señorías, hoy se paga la luz a 228 euros el megavatio/hora y su
única solución es que los récords de los precios se normalicen y que los
españoles nos acostumbremos a pagar el triple por la misma luz que hace
un año. Esta barbaridad de tarifa eléctrica está lastrando especialmente
a un sector de calidad que crea empleo estable y bien remunerado como es
la industria. Un sector que ha sido imprescindible y que ha contribuido
directamente, como el que más, para que pudiéramos salir de esta crisis y
que no se está beneficiando de esas medidas de las que ustedes presumen.
En Huelva, mi provincia, hay un gran número de empresas de energía, de
petroquímica, de celulosa, sin las cuales no habríamos podido obtener
productos de higiene, desinfección y otros también básicos en esta
crisis, como medicamentos, plásticos, incluso respiradores. Señorías, nos
estamos jugando muchísimo: empleos, familias, abastecimiento de multitud
de productos. Está en riesgo la competitividad y la supervivencia de
nuestra industria.


Hablan de renovables. Es de una hipocresía enorme
pregonar que el Gobierno apuesta por las energías verdes, pero que, a la
hora de actuar, resulte muchísimo más barato y acabemos comprando
energías grises en Francia o en Alemania porque allí las empresas sí que
tienen más compensaciones, más exenciones del Estado y pagan menos
impuestos. Por otra parte, el hecho de que el Gobierno no haya visto, ya
no digo necesario, sino imprescindible rebajar los impuestos de
electricidad para nuestras empresas me parece de una torpeza y un
desconocimiento de la realidad absoluto. Nuestras industrias pierden
ventas, nuestros trabajadores pierden empleo, ¿y la solución del Partido
Socialista es enchufar por una puerta giratoria a Antonio Miguel Carmona?
No es que no hagan nada, es que esto ya suena a pitorreo. Algunos han
pasado de la pobreza energética a la pobreza moral. Empaticen de una vez
con nuestras empresas, no solo con los miembros de su partido; sean
sensibles con los miles de familias que dependen de este sector; apoyemos
de forma decidida a nuestra industria y dejemos de poner parches de una
vez.


Y termino ya. Los liberales de España apostamos por
liberalizar la producción y la comercialización eléctrica.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora PONCE GALLARDO: También por acabar con la
burocracia y los oligopolios; por ponérselo fácil a quien quiere invertir
en molinos eólicos y parques solares, y por apostar y apoyar
decididamente el autoconsumo fotovoltaico de las familias y las pymes.
Por todo ello, vamos a votar a favor de esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra la senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: President, senyories, jo
utilitzaré la meua llengua.


El preu de la llum ha pujat en el que portem
d’any d’un 28 % respecte al 2020, registrant màxims
històrics. Aquesta situació condemna econòmicament llars i empreses. La
moció del PP té qüestions en què estem d’acord, com la necessitat
urgent del sector industrial i empresarial que es rebaixi ja aquest
increment del cost energètic, també l’increment d’ajudes
compensatòries i disminuir la càrrega fiscal de les empreses. Però, però,
però els recordo que van ser el PSOE i el PP, i el PP i el PSOE, qui
varen privatitzar, vendre i desmantellar les empreses públiques
desregulant el sistema i deixant-les en la mà del mercat. Un mercat que
vostès mateixos controlen i manipulen des dels consells
d’administració. Per cert, és allí on ocupen càrrecs, o han ocupat
càrrecs, expresidents i exministres del PP i del PSOE. Els sonen les
famoses portes giratòries? Segur que sí, senyories, segur que sí. Per
refrescar la memòria, anomenaré càrrecs importants que van entrar o han
entrat en aquestes portes giratòries: expresidents del Gobierno com el
socialista Felipe González o el popular José María Aznar, una de calç i
una d’arena, o l’última adquisició d’Iberdrola, el
socialista Antonio Miguel Carmona, que d’aquí a pocs dies en serà
el vicepresident, o el popular Rodrigo Rato o Rodolfo Martín Villa. I ja
no segueixo anomenant-ne perquè esgotaria el meu temps. Tots, tots ells
compartint un únic objectiu: enriquir-se a costa d’un bé essencial
com és l’energia.


Com vostès saben, Junts, Esquerra, Bildu, BNG, CUP,
Més per Mallorca i Més per Menorca convoquen una apagada elèctrica i una
cassolada el 8 d’octubre, és a dir, aquest divendres entre les 22
hores i les 22.30 h, en contra de l’oligopoli de les elèctriques,
en contra d’aquest xantatge diari que ens fan les elèctriques
apujant constantment el preu de la llum. Es volen apuntar a la
convocatòria, senyories del PSOE i senyories del PP? Junts els convidem.
Ho faran? Ho faran? Si volen, em poden contestar al seu torn de
portaveus.


Junts creiem que el que cal és fer un front comú
per afrontar l’estafa elèctrica de manera estructural i també fer
un front comú contra l’oligopoli de les elèctriques i les seues
amenaces. Si no ho fem, el preu de la llum cada dia arribarà a màxims
històrics. La ciutadania s’anirà empobrint i el Gobierno español ho
anirà permetent com ho ha fet fins ara, mani qui mani. Una gran estafa
que té greus conseqüències en les famílies, les pimes, empreses,
comerços, indústries i autònoms. La solució és avançar cap a la sobirania
energètica, l’autogeneració i els projectes de generació
col·lectius.


Per acabar i buscar una escletxa positiva en tot
l’exposat, voldria dir que la producció industrial es recupera a
Catalunya amb un augment del 7,9 % a l’agost, el més alt en aquest
mes des de 2011.


Per tots aquests motius, nosaltres ens abstindrem
en aquesta moció.


Moltes gràcies.


Presidente, señorías, utilizaré mi lengua.


El precio de la luz ha subido, en lo que llevamos
de año, un 28 % respecto a 2020, registrando máximos históricos. Esta
situación condena económicamente a hogares y empresas. La moción del PP
tiene cuestiones en las que estamos de acuerdo, como la necesidad urgente
del sector industrial y empresarial de que se rebaje ya este incremento
del precio de la energía, incrementar las ayudas compensatorias y
disminuir la carga fiscal de las empresas. Sin embargo, les recuerdo que
fueron el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, los que privatizaron, vendieron
y desmantelaron las empresas públicas, desregularon el sistema y lo
dejaron al albur del mercado, un mercado que ustedes mismos controlan y
manipulan en los consejos de administración, que, por cierto, ahí es
donde ocupan cargos o han ocupado cargos expresidentes y exministros del
PP y del PSOE. ¿Les suenan las famosas puertas giratorias? Seguro que sí,
señorías. Para refrescar su memoria, voy a mencionar cargos importantes
que entraron o han entrado mediante estas puertas giratorias: ex
presidentes del Gobierno como el socialista Felipe González o el popular
José María Aznar, una de cal y una de arena; la última adquisición de
Iberdrola: el socialista Antonio Miguel Carmona, que dentro de pocos días
será su vicepresidente, o el popular Rodrigo Rato o Rodolfo Martín Villa.
Y no sigo mencionando nombres porque agotaría todo mi tiempo. Todos ellos
comparten un único objetivo, que es enriquecerse a costa de un bien
esencial como es la energía.


Como saben ustedes, Junts, Esquerra, Bildu, BNG,
CUP, Més per Mallorca y Més per Menorca convocan un apagón eléctrico y
una cacerolada el 8 de octubre, es decir, este viernes, entre las
veintidós horas y las veintidós horas y treinta minutos, en contra del
oligopolio de las eléctricas, en contra de este chantaje diario que nos
hacen las eléctricas subiendo constantemente el precio de la luz.
¿Quieren apuntarse a la convocatoria, señorías del PSOE, señorías del PP?
Junts les invita. ¿Lo harán?






Si lo desean, pueden responderme durante su
turno de portavoces.


En Junts creemos que lo necesario es hacer frente
común para plantar cara a esta estafa eléctrica de forma estructural y
también hacer frente común contra el oligopolio de las eléctricas y sus
amenazas. Si no lo hacemos, el precio alcanzará máximos históricos todos
los días. La ciudadanía va a empobrecerse y el Gobierno español seguirá
permitiéndolo, como ha hecho hasta ahora, mande quien mande. Es una gran
estafa que acarrea graves consecuencias para las familias, las pymes, las
empresas, los comercios, industrias y autónomos. La solución es avanzar
hacia la soberanía energética, la autogeneración y los proyectos de
generación colectivos.


Para terminar y para buscar también un resquicio
positivo después de todo lo expuesto, me gustaría decir que la producción
industrial se recupera en Cataluña, con un aumento del 7,9 % en agosto,
el más alto en este mes desde 2011.


Por todos estos motivos, nosotros nos vamos a
abstener en esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
tiene la palabra su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies,
president.


Un no està acostumat que cada dia es despertàs amb
la notícia d’un rècord de preus majoristes del corrent. He de dir
que normalment un seguia el preus de venda, no seguia els preus
majoristes, i ha hagut de canviar aquest costum. Cada dia ens acostumam a
un rècord més elevat: 228 euros per megawatt/hora suposa un nou rècord a
què mai prevèeiem arribar. Record que fa un any, més o menys, en aquestes
mateixes dates ens escandalitzàvem per les pujades del corrent, que
arribaven als 90 euros per quilowatt/hora i s’explicaven bàsicament
per dos motius: l’increment de fred, és a dir, l’increment de
la demanda elèctrica pel fred, i el fet que l’eòlica no podia
contribuir al sistema perquè hi havia unes calmes; una explicació tècnica
que un podia arribar a entendre per aquella pujada de preus puntual. Però
a dia d’avui la veritat és que un ja es veu incapaç, quan li
demanen per què puja la llum, de donar motius tècnics. Podríem parlar del
preu del gas a nivell mundial. Podríem parlar del cost del CO2, però la
veritat que un ja no sap si ho pot dir amb seguretat o no perquè cada
vegada és més complex i cada vegada és més inexplicable. Perquè al final
la gent, els ciutadans, els meus companys es queden amb idees bàsiques:
que les centrals nuclears s’apaguen per manteniment en determinats
moments o per motius de seguretat en determinats moments que coincideixen
amb els moments de màxima demanda i de més pujada de preus. O que els
embassaments es buiden en moments que no s’han de buidar. És a dir,
a qui cap que els embassaments es buidin en ple període d’estiu,
quan ha de venir encara el setembre i tenim un període de sequera i no
podrem tenir aigua per al consum humà? En quin cap hi cap, això?


I després, evidentment, les portes giratòries que
hem vist i discutit aquí. La veritat és que aquest dies aquest Senat
pareix un pati de col·legi: els senyors del Partit Popular retraient als
senyors del Partit Socialista el senyor Carmona. Sí, el senyor Carmona ha
emprat una porta giratòria, clarament, i ha estat el darrer en fer-ho i
l’escarnirem tots públicament, però jo també voldria recordar la
meva estimada amiga Isabel Tejerina, que tenia una gran relació personal
amb ella —no empraré cap adjectiu per definir el que va ser ella al
capdavant d’Agricultura i Medi Ambient, amb actituds vergonyoses
davant de les Illes Balears— o el senyor Acebes, que una persona
que va viure a Madrid al temps dels atemptats recordaria de manera
vergonyosa les seves paraules. Per tant, a competició de portes
giratòories s’hi poden posar i estaran moltes hores discutint i
moltes hores cridant. Però el que al final acaba i la gent veu és que les
empreses, els oligopolis, aquelles empreses que eren públiques al final
són les que guanyen els doblers i la gent ha de pagar. És molt senzill,
al final la gent només entén aquest missatge: que passi el que passi,
governi qui governi, haurà d’acabar pagant.


Senyors socialistes, els he de reconèixer que el
Govern ha pres mesures, sí, però alguna cosa no estan fent bé, perquè no
estan baixant els preus. Llevam l’IVA, llevam impostos, recaptam
menys per abaixar els preus, però aquests segueixen disparats i segueixen
pujant. Per tant, s’han de replantejar altres coses, no estan
funcionant, no estem aconseguint el nostre objectiu.


I, senyors del Partit Popular, a les Illes Balears
encara que no s’ho creguin, a part de la indústria turística
—que empram aquest concepte d’indústria turística—
també tenim indústria convencional. I la indústria convencional de les
Illes Balears també ho passa malament. També als sobrecostos
d’insularitat s’han d’afegir els costos
d’increment del corrent, i per tant perden competitivitat. En
aquestes indústries, en aquestes empreses, els han d’enviar un
missatge clar per part del Partit Popular. La llei que promociona el
Partit Popular diu que les despeses extrapeninsulars han de sortir de la
factura i han d’anar a Pressupostos Generals de l’Estat i,
per tant, dependran de la voluntat política i no del sistema. Això els
està enviant un missatge molt clar: perquè a la península surti més barat
a les Illes, ceuta i Melilla és igual que surti més car. És igual que
tenguem i paguem aquest mercat, aquesta unitat que tots paguem el mateix.
Per tant, no podem donar suport a les seves iniciatives en cada àmbit,
perquè en cada àmbit que vostès presenten —l’altre dia amb
l’hostaleria, l’altre dia el turisme—, en cada àmbit
ens trobarem amb el mateix: que vostès, dins la seva proposta, menyspreen
les Illes i posen en risc el nostre sistema per abaratir uns i encarir
els altres.


Des de Més per Mallorca proposam mesures concretes
per a les Illes, com no podia ser d’altra manera: promocionar
mercats d’emmagatzematge d’energia elèctrica per poder
abastir en aquells moments de punta, poder convertir les energies
renovables d’un moment donat amb sistema bàsic. Incrementar les
estratègies de l’autoconsum i d’energies renovables,
especialment en aquests territoris extrapeninsulars on hi ha aquest
sobrecost, aquestes energies renovables són una oportunitat que no ha de
menysprear i sobretot l’autoconsum per evitar així aquests costos
extraordinaris.


La fiscalitat, la baixada d’impostos no ha
servit, no ha sorgit l’efecte damunt la factura del corrent. Potser
hauríem d’incrementar la fiscalitat damunt dels beneficis i així sí
que entendrien el missatge les empreses. Per tant, mesures antipobresa
energètica dels nostres ciutadans i de les nostres empreses.


Senyors del Partit Popular, no excloguin les Illes
Balears i els territoris extrapeninsular de la solució del preu de la
factura de la llum.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Uno no está acostumbrado a despertarse todos los
días con noticias sobre el récord en el precio mayorista de la corriente.
Yo seguía los precios de venta y no mayoristas, y hemos tenido que
cambiar esta costumbre. Y todos los días nos acostumbramos a un récord
más elevado: 228 euros por megavatio/hora, que supone un nuevo récord, un
récord que jamás habíamos pensado alcanzar. Me acuerdo de que hace un
año, más o menos en estas fechas, nos escandalizábamos por el aumento de
la corriente, que llegaba a 90 euros por kilovatio/hora, y se explicaba
por dos motivos básicamente: el incremento de la demanda eléctrica por el
frío y el hecho de que la eólica no pudiera contribuir al sistema, una
explicación técnica que uno podía llegar a entender por esa subida de
precios puntual, pero, hoy por hoy, la verdad es que uno es incapaz,
cuando le preguntan por qué aumenta el precio de la luz, de dar motivos
técnicos. Podríamos hablar del precio del gas a nivel mundial o del coste
del CO2, pero la verdad es que uno ya no sabe si puede decirlo con
seguridad o no, porque es algo cada vez más complejo e inexplicable. Al
final, la gente, la ciudadanía, mis compañeros se quedan con ideas
básicas: que las centrales nucleares se apagan por mantenimiento o por
motivos de seguridad en momentos que coinciden con los momentos de máxima
demanda y aumento de los precios, o que los embalses se vacían en
momentos en que no deberían vaciarse; es decir, ¿quién entiende que se
vacíen en verano, cuando aún falta septiembre, y pasamos por un periodo
de sequía y no vamos a tener agua para el consumo humano? ¿Quién puede
entenderlo?


Y luego están las puertas giratorias, claro está,
sobre las que hemos discutido aquí. Estos días el Senado parece un patio
de colegio: los señores del Partido Popular hacen reproches a los señores
del Partido Socialista sobre el señor Carmona. Sí, es verdad, ha
utilizado una puerta giratoria, es evidente, ha sido el último y va a
recibir el escarnio público. Pero también me gustaría recordar a la
señora Tejerina, con la que tenía una relación personal —no hay
adjetivo para describir lo que supusieron sus actitudes vergonzosas para
las Islas Baleares— o al señor Acebes, cuyas palabras recordaría
con vergüenza una persona que viviera en Madrid en la época de los
atentados. Con lo cual, en esta competición de puertas giratorias pueden
ustedes participar y estarán horas discutiendo y gritando. Pero, al
final, esto termina, y lo que ve la gente es que las empresas, los
oligopolios y estas empresas que antes eran públicas al final son las que
ganan el dinero y la gente tiene que pagarlo. Es muy sencillo, la gente
solo entiende este mensaje, que pase lo que pase, gobierne quien
gobierne, acabarán pagando.


Señores socialistas, debo reconocer que el Gobierno
ha tomado medidas, sí, pero hay algo que no está haciendo bien, porque no
están bajando los precios. Quitamos el IVA, los impuestos, recaudamos
menos para bajar los precios y, aun así, siguen disparados, siguen
aumentando, con lo cual tienen que plantearse otras cosas, porque esto no
está funcionando, no estamos logrando nuestro objetivo.


Señores del Partido Popular, en las Islas Baleares,
aunque no se lo crean, además de la industria turística —utilizamos
este concepto— también tenemos industria convencional, y la
industria convencional, en las Islas Baleares, también lo pasa mal. A los
sobrecostes de insularidad tenemos que añadir los sobrecostes por el
aumento de la electricidad; pierden competitividad y a estas industrias y
empresas tenemos que mandarles un mensaje claro del Partido Popular: La
ley que promociona el Partido Popular dice que los gastos
extrapeninsulares tienen que salir de la factura y tienen que ir a
Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, dependerán de la
voluntad política y no del sistema. Este es el mensaje que se está
enviando y es muy claro: para que en la Península sea más barato, en las
islas, en Ceuta y en Melilla da igual si es más caro; da igual, tenemos
que pagarlo sin romper esta unidad de mercado con la que todo el mundo
paga lo mismo. No podemos, por lo tanto, respaldar sus iniciativas en
todos los ámbitos, porque en todos los que ustedes presenten —el
otro día en hostelería, luego también en turismo— nos vamos a
encontrar con lo mismo, con que ustedes, en su propuesta, menosprecian a
las islas y ponen en riesgo nuestro sistema, de modo que para unos sea
más barato y para los demás más caro.


Y proponemos también medidas concretas para las
islas: promocionar los mercados de almacenaje de energía eléctrica para
poder abastecer en momentos punta y convertir las energías renovables en
un momento dado en sistema básico; incrementar las estrategias de
autoconsumo y de energías renovables, en especial en estos territorios
extrapeninsulares. En los territorios donde existe este sobrecoste, estas
energías renovables son una oportunidad que no podemos despreciar, sobre
todo el autoconsumo, para evitar estos costes extraordinarios.


Luego la fiscalidad, la bajada de los impuestos, no
ha servido, no ha surtido efecto en la factura de la electricidad. A lo
mejor deberíamos aumentar la fiscalidad además de los beneficios, y ahí
las empresas sí entenderían el mensaje. Hablo de medidas en contra de la
pobreza energética de nuestros ciudadanos y nuestras empresas.


Señores del Partido Popular, no excluyan a las
Islas Baleares ni a los territorios extrapeninsulares de esta solución en
la factura de la electricidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la señora senadora Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, presidente
jauna.


En esta moción presentada por el Grupo Popular se
especifican varias medidas para apoyar al sector industrial, que abarcan
un popurrí de cuestiones de diferente índole y calado que voy a comentar
a continuación.


Solicitan ustedes un aumento de 500 millones de
euros de las ayudas compensatorias a la industria en los Presupuestos
Generales del 2022. Entendemos que el momento más adecuado para tratar
esta cuestión es el debate presupuestario y proceder entonces a presentar
la enmienda correspondiente.


En el punto 2 se quiere extender la actual vigencia
de la tributación en la matriculación de nuevos vehículos hasta diciembre
del 2022. Esta no es una cuestión directamente relacionada con las
consecuencias producidas por la subida de la luz en el sector industrial.
No obstante, sí que está habiendo un descenso en las matriculaciones de
vehículos nuevos, quizá porque los planes Renove, Moves, etcétera, no
están teniendo el efecto deseado, tal vez por las dudas tecnológicas que
tienen los consumidores a la hora de comprar un coche nuevo, aspectos que
pensamos que es mejor analizar en un debate propio y, si es necesario,
presentar la enmienda correspondiente en el debate presupuestario.


Quieren ustedes extender la rebaja del tipo de IVA
de la luz al 10 % mientras dure la emergencia climática. Señorías del
Partido Popular, ya son varias las veces que han planteado esta cuestión
en esta Cámara, las últimas en el Pleno anterior y en la Comisión de
Industria de la semana pasada, cuando fue rechazada. Que lo vuelvan a
incluir de nuevo en este Pleno denota claramente sus intenciones. Lo digo
claro: son de total oportunismo político.


Y ya en el punto 4 se insta al Gobierno a que tome
medidas y busque soluciones para el problema energético de este país
—palabras textuales—, y llama claramente la atención que
ustedes, señorías del Partido Popular, incluyan esta cuestión en esta
moción por ser demagógica, porque cuando estuvieron en el Gobierno
—y se lo hemos dicho unas cuantas veces— subieron el IVA de
la luz, crearon el impuesto sobre la generación de electricidad, se
negaron a trasladar los extracostes a los presupuestos, tuvieron en sus
manos las conclusiones del informe de expertos sobre la reforma del
mercado eléctrico, ¿y qué hicieron? Pues nada. Quizá si hubieran adoptado
estas medidas, hoy no estaríamos como estamos.


Las medidas propuestas por el Gobierno de Sánchez
para superar la crisis de los precios de la electricidad amortiguarán en
parte el golpe al bolsillo de los consumidores, pero nada arreglarán a
medio y largo plazo porque el Real Decreto 17/2021, que obliga a las
compañías a devolver los beneficios por los costes del gas que no
soportan, es limitado en el tiempo, hasta marzo de 2022, y porque las
rebajas de impuestos son soluciones a corto plazo. Hay que avanzar en la
reforma del mercado eléctrico buscando soluciones a futuro que den
respuesta a las necesidades no resueltas. El plazo de doce meses
establecido en la Ley de cambio climático para presentar una propuesta
del mercado eléctrico es muy largo: mayo de 2022; se debería presentar la
propuesta de esta reforma mucho antes. Unos precios de energía altos y
además inestables y con una perspectiva de no ser coyunturales son un
lastre para la economía, dificultan la vida de las familias que menos
ingresos tienen.


Y, por último, en el punto 5 se insta a que las
mesas sectoriales creadas por el Ministerio de Industria sean realmente
partícipes en los sectores industriales. Señorías del Partido Popular,
este tema es una cuestión que preocupa a mi grupo, pues afecta a sectores
importantes en Euskadi y Navarra. Por eso, entendemos que debe ser
tratado en un debate propio, y así lo hemos hecho a lo largo de toda la
legislatura presentando diferentes iniciativas, la última ayer mismo en
sesión plenaria. Ustedes oyeron la respuesta de la ministra. El
Ministerio de Industria no destaca por su rapidez y dinamismo en afrontar
los problemas no solo de los diversos sectores industriales, tampoco los
del comercio y el turismo.


Por considerar la moción populista y demagógica, mi
grupo se abstendrá en esta moción.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari
andrea.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora senadora
Castel Fort.


La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.


La moció que presenta el Grup Popular conté certes
dosis de demagògia, ja s’ha dit, com és usual en ells, precisament
per ser exponents del sistema oligopòlic energètic a l’Estat
espanyol, Estat membre on es paga pel consumidor el preu de la llum més
car.


Afirmem que la posició és demagògica perquè, tot i
poder estar d’acord amb algun dels continguts de la moció, com la
petició d’incrementar 500 milions d’euros d’ajudes a la
indústria per a la subhasta de drets d’emissió o allargar la
rebaixa de l’IVA, tenim discrepàncies de fons.


Respecte a ampliar fins al 31 de desembre del 2022
la tributació de les emissions, al Congrés es va pactar mitjançant una
transaccional la congelació de l’impost fins a finals del 2021.
Nosaltres creiem que és una mesura raonable per pal·liar l’impacte
negatiu que la pandèmia ha tingut en el sector de l’automoció. Ara
bé, això ha de ser una mesura de caràcter temporal, ja que hem de
reiterar el nostre ple compromís amb els objectius de descarbonització i
revertir aquesta situació l’any vinent.


Respecte a la rebaixa de l’IVA, vull remarcar
que al debat de convalidació del reial decret llei nosaltres ja
defensàvem la seva permanència, i per a petits consumidors, i és molt
hipòcrita que el Partit Popular demani una mesura sobre la qual
anteriorment va votar en contra. L’electricitat és un bé bàsic i
imprescindible i és un escàndol que fins fa poc estigués gravada com un
servei de luxe al 21 %. Amb tot, però, es tracta d’una mesura
temporal fins a finals d’enguany per a potències per sota dels 10
quilowatts i s’aplica sempre que se superin els 45 euros per
megawatt/hora. Nosaltres, des d’Esquerra, reivindiquem que sigui
una mesura permanent per a consumidors domèstics amb potències
contractades per sota dels 10 quilowatts i reivindiquem el mateix per a
les pimes amb potències inferiors als 15 quilowatts.


El sector de l’energia està lligat a la
política i a la regulació. Venim d’un model de grans companyies
energètiques, productores i distribuïdores, que es van liberalitzar. Des
de la Unió Europea s’han anat desenvolupant paquets reguladors que
s’han anat transposant, però mai han estat efectius per regular el
preu de l’electricitat, especialment el preu final que paguem els
consumidors. El model de generació i distribució d’energia entre
alta i baixa tensió per controlar el mercat hauria de ser del 30 per a
l’alta i el 70 per a la baixa tensió, però a l’Estat espanyol
justament és al revés de la resta de països, on predomina l’alta
tensió que afavoreix les grans companyies i posa a més a més entrebancs a
l’autogeneració per part de la ciutadania. També és un model que
afavoreix les portes giratòries —ja s’ha dit— per a
ministres i altres polítics del Partit Popular i del Partit
Socialista.


Abaixar l’IVA tampoc és la solució, ja que
les energètiques no perdran cap benefici. En tot cas, serà l’Estat
qui hi perdrà, ja que no podrà invertir aquests recursos en altres
polítiques públiques.


Nosaltres, des d’Esquerra, entenem que la
solució passa per la sobirania energètica, és a dir, passar d’un
model oligopòlic a un model on la ciutadania se situï al centre i no
només com a consumidors sinó també com a productors i distribuïdors, amb
les comunitats energètiques, l’autoconsum o les cooperatives
energètiques. També passa per l’eficiència energètica. Hi ha molt
camí per recórrer. La nova tarifació horària es va crear precisament en
aquest sentit. Més control als beneficis de les elèctriques. Regular el
mercat, és a dir, el preu de la subhasta en el mercat majorista, els
peatges que marca el BOE i els impostos. Comprar l’energia a un
preu més econòmic, ja que actualment es compra precisament al preu més
car, etc., etc. Camí per recórrer.


En conclusió: vostès segueixen entossudits en un
debat sobre pedaços sense entrar a les causes d’un sistema
energètic desequilibrat i injust. Cap d’aquestes mesures ajuden a
la implantació de generació renovable, ni a fomentar l’autoconsum,
que és el que al final farà més assequible les factures i menys lesiu
ambientalment el sistema.


Nosaltres, evidentment, ja anunciem la nostra
abstenció en aquesta moció.


Gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


La moción que presenta el Grupo Popular contiene
ciertas dosis de demagogia, como es habitual en ellos, precisamente por
ser exponentes del sistema oligopólico energético en el Estado español,
Estado miembro en el que el consumidor paga el precio de la electricidad
más elevado, más caro.


Afirmamos que la posición es demagógica porque, si
bien podemos estar de acuerdo con ciertos contenidos de la moción, como
la propuesta de incrementar a 500 millones de euros las ayudas a la
industria por la subasta de derechos de emisión o la de ampliar la rebaja
del IVA, tenemos discrepancias de fondo.


Respecto a ampliar hasta el 31 de diciembre de 2022
la tributación de las emisiones, en el Congreso se pactó, mediante una
transaccional, la congelación del impuesto hasta finales de 2021.
Nosotros creemos que es una medida razonable para paliar el impacto
negativo que la pandemia ha tenido en el sector de la automoción, si bien
esta debe ser una medida de carácter temporal, puesto que debemos
reiterar nuestro pleno compromiso con los objetivos de descarbonización y
revertir esta situación el año que viene.


En cuanto a la rebaja del IVA, quisiera mencionar
que en el debate de convalidación del real decreto ley ya defendíamos su
permanencia para pequeños consumidores. Es muy hipócrita que el Partido
Popular solicite una medida sobre la que anteriormente había votado en
contra. La electricidad es un bien básico e imprescindible, y es un
escándalo que hasta hace poco estuviera gravado como un servicio de lujo,
al 21 %. Sin embargo, con todo, es una medida temporal, hasta finales de
este año, para potencias por debajo de los 10 kilovatios, y se aplica
siempre que se superen los 45 euros por megavatio/hora. Nosotros, en
Esquerra, reivindicamos que sea una medida permanente para consumidores
domésticos con potencias contratadas por debajo de los 10 kilovatios, y
lo reivindicamos, del mismo modo, para las pymes con potencias inferiores
a 15 kilovatios.


El sector de la energía está vinculado a la
política de la regulación. Venimos de un modelo de grandes compañías
energéticas, productoras y distribuidoras, que fueron liberalizadas. En
la Unión Europea se han desarrollado paquetes reguladores que se han ido
trasponiendo, pero jamás han sido eficaces a la hora de regular el precio
de la electricidad, en especial el precio final que pagamos los
consumidores. El modelo de generación y distribución de energía entre
alta y baja tensión para controlar el mercado debería ser del 30 para la
alta y el 70 para la baja tensión, pero el Estado español tiene una
situación inversa a la de los demás países, pues predomina la alta
tensión, que favorece a las grandes compañías y pone más obstáculos a la
autogeneración de los ciudadanos. Es un modelo que también favorece las
puertas giratorias —se ha dicho ya— para ministros y otros
políticos del Partido Popular y del Partido Socialista.


Rebajar el IVA tampoco es la solución puesto que
las energéticas no van a perder ningún beneficio. En todo caso, será el
Estado el que perderá porque no podrá invertir esos recursos en otras
políticas públicas.


Nosotros, en Esquerra, entendemos que la solución
pasa por la soberanía energética, es decir, pasar de un modelo
oligopólico a un modelo en el que la ciudadanía esté situada en el
centro, y no tan solo como consumidores, sino también como productores y
distribuidores mediante comunidades energéticas, autoconsumo o
cooperativas energéticas. También pasa por la eficiencia energética, y
aquí hay un largo camino por recorrer. La nueva tarificación horaria fue
creada precisamente en este sentido. Hay que establecer más control a los
beneficios de las eléctricas; regular el mercado, el precio de la subasta
en el mercado mayorista, los peajes que marca el BOE y los impuestos;
comprar la energía a un precio más económico, ya que actualmente se
compra precisamente al precio más caro, etcétera. Hay mucho camino por
recorrer.


En conclusión, ustedes siguen insistiendo en un
debate por fragmentos y buscando parches, en lugar de entrar en el debate
sobre un sistema desequilibrado e injusto, y ninguna de esas medidas
ayudan a implantar una generación renovable ni a fomentar el autoconsumo,
que es lo que, a fin de cuentas, hará más asequibles las facturas y menos
lesivo ambientalmente el sistema.


Nosotros anunciamos nuestra abstención, sin duda, a
esta moción.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra su señoría Márquez Sánchez.


El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Nos vamos a ir al 11 de julio de hace dos años:
Zapatero reconoce que durante su mandato se generó una burbuja en
renovables, provocó un desajuste económico en el sistema eléctrico que
llegó a superar los 30 000 millones, repito, 30 000, es decir, 5
billones, con b de burro —para los que seamos más mayores—,
de pesetas, que estamos pagando todos los consumidores en el recibo de la
luz. Declaraciones: «Lo sabré yo». Esto lo pueden ver ustedes
perfectamente en Internet, o sea que no hay ningún tipo de problema. Esto
se lo indico a la portavoz del Partido Socialista, porque parece que los
males son del Partido Popular y aquí dejó Zapatero una ruina. Parece que
aquí nos queremos hacer una amnesia colectiva, pero este país entró en
ruina, entró en ruina. (Aplausos). Tuvo que venir el Partido Popular a
intentar sacar lo que dejaron ustedes en ruina.


Segundo, sube el gas y la luz, y las dos medidas
estrella del Partido Socialista han sido poner al señor Carmona en
Iberdrola como vicepresidente (Rumores), y al señor Montilla y al
exministro lobista, José Blanco, en el Consejo de Administración de
Enagás. (Aplausos). Y en Enagás también hay algún asesor de Podemos
llamado Cristóbal Gallego. Así que vamos a ser un poco más cuidadosos con
este tipo de cuestiones. Las soluciones que el Partido Socialista ha
puesto hasta ahora es que planchemos a las tres de la mañana e imagino
que pronto se convocará una sesión del Senado de dos a tres de la mañana,
que tenemos hueco, porque eso es precisamente lo que está pasando con el
coste de la luz. (Aplausos).


Las medidas que el Gobierno dice que está aplicando
han servido para que las grandes eléctricas hayan mandado cartas a medio
millón de grandes consumidores de luz diciéndoles que no les puede
suministrar esa energía a ese precio y que, por tanto, o se llega a una
subida del precio de la luz temporal o tienen que cortar el servicio. Eso
es lo que pasó hace una semana y, claro, ¿qué va a hacer la empresa?
¿Cerrar? No, van a tener que pagar. Para eso es para lo que están
sirviendo las medidas del Gobierno. Las medidas del Gobierno han hecho
que hoy estemos ya casi a 230 euros el megavatio/hora. Las medidas del
señor Sánchez han conseguido que este fin de semana se haya apagado la
eólica y la fotovoltaica en este país y se haya tenido que comprar la
electricidad que sale de las nucleares a Francia y Alemania, como se ha
dicho también en esta sesión.


Dicen que hoy el señor Pedro Sánchez ha ido a los
Balcanes; no va de líder, va desesperado porque sus medidas están siendo
ineficaces mientras que otros países están pagando la electricidad a la
mitad de lo que se está pagando aquí.






Está ya pidiendo ayuda a Europa,
pero lo único que está demostrando es su incapacidad y su incompetencia.
(Aplausos). Eso es lo único que está demostrando. En el Partido Popular
estamos convencidos de la sostenibilidad. Yo creo que aquí lo estamos
prácticamente todos, pero, ojo, a ver si vamos a convertir la
sostenibilidad en insostenible, como están haciendo las medidas del
Partido Socialista y del Gobierno, porque están poniendo unos precios que
los ciudadanos tienen que saber cuánto les está costando. Eso es
importante.


En cuanto a las diferentes intervenciones, quiero
dar las gracias a los portavoces que van a apoyar la moción del Grupo
Popular. Quiero dejar claro que hay cuestiones que quizás se tienen que
tomar con más seriedad. Por ejemplo, claro que el Partido Popular está a
favor de la Islas Baleares y de todas las zonas extrapeninsulares; es
más, sería importante que, si se hace una crítica, se hubiera presentado
una enmienda o una moción, que habríamos estudiado juntos, se hubiera
firmado una transaccional y ya está, pero es que usted no ha presentado
absolutamente nada, señor Vidal. Sobre la situación que se está
generando, por ejemplo, en el País Vasco —se nos ha dicho que
nuestra moción es demagógica, etcétera—, ¡hombre!, díganselo a los
señores de Irún, porque a 3 kilómetros se está pagando la electricidad a
la mitad de precio y eso, evidentemente, está perjudicando a la industria
del País Vasco. Si quiere, eso también lo posponemos, porque la solución
es posponer. Cuando aquí no se quiere asumir un problema, se pospone y
entramos en un debate dentro de meses y, para entonces, a lo mejor los
trabajadores ya están en la calle. Creo que los problemas están para
solucionarlos y los temas hay que asumirlos con presteza y, obviamente,
con soluciones. Unas serán mejores, otras serán peores, pero no se pueden
posponer en el tiempo.


Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Blanco.


El señor BLANCO ÁNGEL: Gracias, presidente.


Señorías, permítanme que les diga una cosa muy
claramente a ustedes y a quienes lo quieran escuchar. En este país, hoy
por hoy, la regulación y las leyes las hacen el Gobierno y las Cortes; no
las hacen ni los Galanes ni los Aznares ni los Carmonas ni los
Villarejos. Las hacen el Gobierno y las Cortes. (Aplausos).


Por esa razón, cuando nos enfrentamos a un problema
tan grave, como es la subida del precio de la electricidad para millones
de familias, para millones de pequeñas empresas y también para las
grandes empresas, lógicamente, el Gobierno interviene y el Gobierno toma
medidas. Por supuesto que el Gobierno interviene. Así que a lo que
algunos ayer se referían como intervencionismo terrorífico, ¿saben cómo
lo llamo yo? Lo llamo defender el interés general. (Aplausos). Y este
Gobierno, mientras esté el PSOE en él y mientras esté el señor Pedro
Sánchez al frente, va a seguir siempre defendiendo el interés general en
beneficio de los ciudadanos, pese a quien pese. Por eso, ante un problema
tan grave como este, llevamos meses tomando medidas de distinto tipo.
Algunas de estas medidas han sido de carácter estructural, tomadas ya
hace muchos meses, como las contenidas en el Estatuto para el consumidor
electrointensivo. No las voy a mencionar todas, ustedes las conocen, pero
citaré algunas: fomento de contratos bilaterales, compensación de cargas,
compensación de costes indirectos de CO2. Y también se han tomado otras
medidas más coyunturales, más recientes, que tienen que ver con esta
subida que hemos sufrido este verano en el precio de la electricidad,
como son la reducción del IVA, la reducción —casi
eliminación— del impuesto especial de la electricidad, del impuesto
de generación eléctrica o el tope del precio del gas, etcétera. Son
muchas medidas y muchos frentes para abordar un problema muy complejo en
el que a ustedes les llamo también a participar.


Por eso, en principio, yo debería mostrarme
satisfecho porque ustedes entrasen en este debate, si no fuese porque, a
la luz tanto de su intervención como de las propuestas que se presentan,
es evidente que han hecho una cosita así para pasar. Sus propuestas no
están en absoluto trabajadas y lo único que quieren es una excusa para
criticar una vez más a este Gobierno, porque es lo único que les importa.
No les importan los españoles ni la subida del precio de la luz,
únicamente criticar a este Gobierno. (Aplausos). Y permítanme que les
ponga algunos ejemplos de por qué digo que sus propuestas no son ni
medianamente serias. Proponen ustedes 500 millones para compensar los
costes indirectos de CO2. Oiga, ¿pero saben ustedes que con los 200
millones ya sobraría para compensar el cien por cien de los costes
actuales?, ¿que con 177 que hay presupuestados ya se están compensando
por encima del 92 %? Proponen ustedes prorrogar las medidas de reducción
del IVA para ayudar a la gran industria, a las electrointensivas. Oiga,
¿pero saben ustedes que la bajada del IVA es solo para potencias
contratadas inferiores a 10 kilovatios? ¿Conocen ustedes alguna industria
con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios? Yo no conozco
ninguna. Proponen ustedes mantener la bajada del IVA para las empresas.
Pero ¿saben que el IVA es neutral para las empresas? ¿Saben que el IVA
que por un lado soportan, por otro lo repercuten, y que la diferencia
—de ser negativa— se la devuelve Hacienda? Casi les debería
preguntar: ¿saben ustedes lo que es el IVA? (Risas.— Aplausos). Y
no se lo digo por decir, se lo digo porque hace poco el señor Casado
propuso la bajada del IVA en Canarias, cuando todo el mundo sabe que en
Canarias no hay IVA. Permítanme que les diga que a mí me entran dudas de
que sepan ustedes lo que es el IVA.


En todo caso, lo malo de su moción no son las
enmiendas que presentan; son los clamorosos silencios que hay en su
moción, en sus propuestas y en su intervención. Mójense y digan a todos
los españoles qué opinan de que unas pocas empresas, con la crisis que
estamos teniendo, estén obteniendo cientos y miles de millones de euros
de beneficios caídos del cielo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Están a
favor de las empresas o de los consumidores? ¿Quieren regular el sistema
marginalista de fijación de precios de acuerdo con el Gobierno o con
Europa o quieren seguir defendiéndolo? Es que de eso no les he oído decir
una sola palabra.


Permítanme que les diga una cosa para terminar.
Puede que los españoles les perdonen el desconocimiento, la ignorancia,
la frivolidad con la que ustedes han hecho esta moción y estas enmiendas,
pero lo que nunca les van a perdonar es que les den la espalda en una
situación como esta para defender los intereses de un puñado de empresas.
Eso nunca se lo van a perdonar.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, antes de proceder a la votación de esta
moción, les informo de que las dos siguientes no se votarán en ningún
caso antes de las cuatro de la tarde y que si, por alguna circunstancia,
concluyeran su debate antes de las cuatro, pararíamos el Pleno unos
minutos para poder proceder a la votación en estos términos.


Muchas gracias. Llamen a votación, por favor.
(Pausa).


Cierren las puertas, por favor.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 250; votos emitidos, 244; a favor, 102; en contra, 112;
abstenciones, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA REFERIDA
A LA PROMOCIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS DE EMPLEO DE LA LEY
11/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL
AÑO 2021.


662/000087

GPS


El señor PRESIDENTE: Señorías, les comunico que el
Grupo Parlamentario Socialista ha retirado la moción que había que
debatir a continuación. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del
orden del día.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LA CATÁSTROFE QUE SE ESTÁ
PRODUCIENDO EN LA ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO
CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.


662/000086

GPP


El señor presidente lee el punto 11.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han
presentado once enmiendas: una del Grupo Parlamentario Democrático,
cuatro del Grupo Parlamentario Nacionalista, cinco del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal y una del Grupo Parlamentario
Socialista. (Rumores). Señorías, si abandonan el hemiciclo en silencio,
se lo agradeceremos encarecidamente. Muchas gracias.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, su señoría, señor Antona
Gómez.


El señor ANTONA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Quiero que mis primeras palabras sean para
agradecer, como no podía ser de otra manera, las muestras de apoyo, de
cariño y de fuerza que hemos recibido en la isla de La Palma. (Aplausos).
Y también para agradecer a mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y a
mi portavoz que nos hayan permitido compartir este debate a los dos
senadores: a mí —aunque soy senador por la Comunidad Autónoma de
Canarias, soy de La Palma— y a nuestro senador por la isla de La
Palma, Borja Pérez Sicilia.


A lo largo de mi trayectoria —y ya van
algunos lustros en política—, he intervenido en centenares de
ocasiones, pero posiblemente nunca en una intervención que esté tan llena
de emoción, de sentimiento, de alma y de corazón. Ustedes entenderán,
señorías, que esto no es una moción más. Esta es una moción que afecta a
miles de familias, a muchas familias que han perdido todo. Hay
agricultores que han visto cómo sus explotaciones agrarias, sus fincas
plataneras han sido arrasadas por las coladas del volcán. También hay
ganaderos que lo han perdido todo. Hay autónomos cuyo modo de vida ya no
existe, y son muchísimas las familias —muchos de ellos, amigos y
conocidos, porque, como decimos en La Palma, allí nos conocemos todos y
todos formamos parte de una familia— que han perdido su futuro y el
futuro es tan negro como la lava del volcán.


El día que estalló el volcán, el 19 de septiembre,
causalmente, yo estaba en la zona de Cumbre Vieja, más concretamente en
el barrio de Todoque. Antes vivimos —viví— movimientos
sísmicos. Diecisiete días después el volcán sigue escupiendo lava y la
mayor de las incertidumbres es no saber qué va a ocurrir en el futuro, no
saber cuánto tiempo durará ni cómo ni cuándo va a parar el volcán de
Cumbre Vieja. Y esa incertidumbre también llena de incertidumbre a la
sociedad palmera. Las coladas han arrasado con todo; han arrasado con más
de 1000 edificaciones, han arrasado con cerca de 500 hectáreas, con más
de 6000 personas que han tenido que ser evacuadas, con muchísimas decenas
de kilómetros destruidos y con una red de riego fundamental para el
principal motor económico de la isla de La Palma, que es la agricultura,
absolutamente destruido. Y a pesar de todo ello, tenemos que felicitarnos
porque no haya que lamentar víctimas.


La ciencia, la tecnología se adelantó a los
acontecimientos; la ciencia, los vulcanólogos avisaron por dónde podía
salir el volcán, y eso hizo que las autoridades se adelantaran también a
tomar medidas de prevención. Quiero felicitar, no solo a los científicos,
no solo a los que han estado alertando de todo esto, sino a todas las
autoridades, al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias, al cabildo
insular de La Palma y a los ayuntamientos afectados, de diferentes
colores políticos, porque si en algo se ha dado una lección en la isla de
La Palma es que se han dejado al lado por un momento, y espero que para
siempre, nuestras diferencias ideológicas para ponernos al frente de la
ayuda que necesita la isla de La Palma. He visto ir de la mano a gente
del Partido Socialista con Coalición Canaria y con el Partido Popular, y
también con gente de Unión Bagañeta, que nada tiene que ver ni con el
Partido Popular ni con Coalición Canarias ni con el Partido Socialista;
todos han ido de la mano, porque ese ejemplo es el que nos pedía la
sociedad.


El volcán ha sacado lo peor de la naturaleza, pero
también lo mejor del ser humano. Hemos visto cómo ha arrasado esa colada,
pero también hemos visto coladas llenas de solidaridad por parte de todo
el mundo. Aquello no fue un espectáculo, como alguien dijo; aquello ha
sido una desgracia, y yo he visto mucho sufrimiento. He visto a Jorge
Piñero, que era autónomo y tenía una empresa, una oficina que se dedicaba
a alquilar vivienda vacacional, que lo ha perdido todo. He visto también
cómo Fran y Manolo, que tenían una explotación platanera que se ha visto
arrasada, lo han perdido todo. He visto también como Alberto, amigo y
cura de Todoque, perdía un símbolo de aquel barrio: la Iglesia donde
tanta gente se bautizó, se casó o hizo la primera comunión; era el centro
y el corazón del barrio de Todoque. También he visto a Pedro...;
precisamente la noche anterior estaba con mi mujer cenado en su
restaurante que, al día siguiente, se queda aislado porque está en la
zona turística de Puerto de Naos. Todo eso lo hemos vivido y todo eso sé
que existe. O he visto a Mabel llorando porque su colegio de Todoque, del
que fue directora y ha sido docente, quedaba arrasado por el volcán. Ya
digo que hemos visto mucho dolor. Hemos visto muchos dramas personales,
hemos visto mucho miedo y mucha impotencia, pero también, insisto, hemos
visto coladas de solidaridad, de cariño y de apoyo.


Vi a centenares de personas entregadas, haciendo
todos de todo. He visto a guardiaciviles y a policías nacionales cargando
enseres y colchones. He visto a bomberos cargando animales. He visto a
miembros de Protección Civil ayudando a las personas mayores. He visto a
policías locales empujando coches y habilitando caminos. He visto a la
Policía autonómica consolando a las personas. He visto a sanitarios
cargando pupitres en los colegios. He visto también a empleados del
ayuntamiento y del cabildo limpiando pistas. He visto a miembros de Cruz
Roja trasladando a las personas dependientes. He visto también a los
miembros de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, acompañando a los
vecinos desalojados. Y también, señorías, he visto a muchos cargos
públicos: alcaldes, concejales, senadores, diputados y al presidente del
cabildo que, de manera anónima, también estaban en la zona, cargando de
todo y ayudando a los vecinos a desalojar la casa, y eso también nos ha
llevado a la unidad de acción, porque todos sufrimos esos hechos
terroríficos de la naturaleza. Y también he visto a los medios de
comunicación, que, salvo en raras ocasiones, se han portado de manera
responsable. ¿Verdad, Borja, que lo viviste en persona todos esos días?
También lo hizo el doctor Alarcó, que estuvo por allí. Creo que es
importante recordar todo aquello.


Por tanto, señorías, hoy la imagen que tenemos que
dar en esta moción es la que ha dado la sociedad palmera, la imagen de
solidaridad, de unidad, de responsabilidad, de entereza. Esa es la
imagen, porque yo no puedo regresar a la isla de La Palma sabiendo que
esa unidad existe en mi isla, pero no aquí, en el Senado, la Cámara
territorial, porque en momentos como este tenemos que ser el espejo de
unidad de acción de la sociedad palmera, y tenemos que salir todos juntos
para decir lo que nos dicen los palmeros todos los días: Que cuando la
lava del volcán empiece a enfriarse, no se olviden del drama que tenemos
que seguir viviendo en la isla de La Palma. Y ese no olvido, ese eco del
drama, del miedo, de la incertidumbre es el eco que yo quiero trasladar
hoy aquí en el ámbito del Senado, en el ámbito de la Cámara
territorial.


Señorías, tenemos una oportunidad de demostrar
también a toda España, pero sobre todo a mi isla, que somos capaces de
ponernos de acuerdo. Tenemos que demostrar que somos capaces, en hechos
como este, de llegar a un acuerdo. Sé que ha habido muchas enmiendas; he
hablado con todos y cada uno de ustedes y les agradezco de corazón las
enmiendas, que mejoran sin duda esta moción, pero lo más importante es
que el espíritu de unidad y de consenso reine también en esta Cámara
territorial, y por lo que respecta a mi grupo, vamos a hacer todo lo
posible para conseguirlo.


El volcán sigue escurriendo un montón de lava, y sé
que todos lo hemos visto; no creo que haya nadie, ningún senador, ninguna
senadora, que no haya visto el volcán; todo el mundo lo ha visto. Pero
hoy quiero hacer un llamamiento, pues sé que es lo que quieren los
palmeros, para que, más allá de hablar del volcán, hablemos de mi isla,
de la isla bonita. La Palma sigue siendo la isla bonita; La Palma sigue
siendo segura, y cuando alguna de sus señorías me pregunta qué puede
hacer para ayudar a la isla de La Palma, yo siempre respondo que se la
ayuda visitando la isla bonita, y visitando, por ejemplo, lo que ven en
estas fotos: la ruta de los volcanes y la isla de La Palma, que es
reserva mundial de la biosfera. Les digo que vayan a visitar nuestro
patrimonio arquitectónico y artístico que tenemos en Santa Cruz de La
Palma. Les invito a que vayan a ver playas paradisíacas, como esta de
Bujaren, en Garafía, o la de Nogales en Puntallana. Y les invito también
a que vayan a ver el centro astrofísico más importante del mundo, el de
El Roque de los Muchachos. A eso invito a sus señorías; así nos pueden
ayudar, visitando la isla de La Palma y disfrutando de su gente, de su
gastronomía, de su cultura, de esa sociedad abierta al mundo que ha
sabido reinventarse y rehacerse cada vez que ha tenido una complicación
en la historia. Por eso, señorías, espero que de aquí también salgamos
con ese espíritu. Y quiero agradecer a Saúl Santos, fotógrafo palmero,
internacionalmente conocido, que fue el que me trasladó estas fotos de la
isla de La Palma, que lo hiciera, porque también tenemos ingenio palmero.
Ha sido portada en el National Geographic porque La Palma puede ser
portada, porque La Palma sigue siendo segura, porque La Palma sigue
siendo bonita, y juntos salimos más fuertes.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de
los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular puestos en
pie).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Democrático tiene la palabra su señoría, el señor Muñoz
Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Solamente quiero indicar que damos por defendida la
enmienda. Entendemos y apoyamos la moción del Grupo Popular, que
votaremos a favor, pero creemos que queda sin profundizar el apoyo al
sector agrícola y ganadero; de ahí nuestras enmiendas de adición para
fortalecer la moción presentada por el Grupo Popular.


Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra su señoría, señor Clavijo Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quiero felicitar al proponente de
la moción, al compañero Antona, por la presentación de esta moción, creo
que totalmente oportuna, y por su voluntad para la búsqueda de ese
consenso y de esa unanimidad que creo que esta Cámara territorial tiene
que transmitir a todos los palmeros y a todos los canarios, porque al
final creo que la palma ahora mismo es Canarias y Canarias también es
España.


Nosotros hemos querido introducir cuatro enmiendas
cuya finalidad no es ni más ni menos que hacer que el tránsito, una vez
terminada la emergencia y hasta que se puedan reponer los daños de los
vecinos afectados, sea lo menos largo y lo menos doloroso posible.
Porque, señorías, estamos en la emergencia y en esa emergencia se está
dando muestras de una profesionalidad y de una unidad que está fuera de
cualquier duda, pero la realidad es que la emergencia terminará, y cuando
eso suceda, empezará un tránsito, largo y doloroso, por las
administraciones públicas de todos los afectados para poder rehacer su
vida. ¿Qué buscamos con estas cuatro enmiendas? Que ese tránsito sea lo
menos doloroso posible y lo más corto posible, porque creemos que, al
margen de dar muestras de unidad, al margen de transmitir la solidaridad
a La Palma, al final tenemos que resolver esos graves problemas a los
ciudadanos.


La primera de las enmiendas pretende básicamente
que las reposiciones sean a precio de mercado, a un precio razonable. Va
a ser muy difícil justificar las propiedades, porque la idiosincrasia de
cómo se ha construido, de cómo se ha vivido en Canarias, y en concreto en
la isla de La Palma, es muy diversa, pero no podemos tener una
Administración fría, que no compense o repare el daño integral provocado
por el volcán. Condenaríamos a esas personas a tener truncada el resto de
su vida y posiblemente la de sus hijos. En segundo lugar, se ha de
facilitar cómo probar esas propiedades, y proponemos que sea cualquier
método válido en derecho. El decreto publicado que me he leído esta
mañana habla de Catastro, habla de papeles oficiales. Nos vamos a
encontrar con mucha casuística, con impuestos sobre bienes inmuebles, que
están pagados, a nombre, a lo mejor, de padres o abuelos, y con que la
herencia no se ha podido transmitir, no se ha aceptado, y vamos a tener
ahí muchas dificultades. Facilitemos a las administraciones públicas y
también a los ciudadanos de La Palma un método probatorio que sea válido
en Derecho. No vayamos a documentos oficiales. Proponemos también que las
ayudas tengan un plazo: un año. Sabemos que va a ser difícil, pero si no
nos fijamos el plazo, podemos correr el riesgo de que ocurra como en
catástrofes anteriores: Lorca, 10 años y sin llegar las ayudas; Baleares,
tres años y las ayudas sin llegar; la última, Filomena, diez meses y no
ha llegado todavía un euro. Esas personas lo han perdido todo: el
trabajo, su vida, sus recuerdos, su vivienda... No podemos hacerles más
doloroso ese tránsito, porque, además, están avergonzados de tener que
pedir ayuda. No están acostumbrados a pedir ayuda; siempre han salido
adelante con el esfuerzo de su trabajo, y hay gente mayor a la que hay
que ir a buscar porque no quieren acudir a un pabellón donde se les va a
ayudar. Por eso son importantes estas enmiendas, incluida la cuarta, que
era la de las moratorias, que sí contempla el decreto en cuanto a los
pagos de las hipotecas, a los pagos de los enseres, que muchos se hacen a
crédito. Yo creo que estas enmiendas facilitarían el tránsito y el
trabajo que tenemos que hacer entre todos después de la emergencia.
Porque, recordemos, seguimos en emergencia y todo lo que adelantemos
ahora va a ser en beneficio de los ciudadanos de La Palma. Insisto en que
ese tránsito, hasta que traten de recuperar, que nunca será de forma
plena, esa normalidad en su vida, sea lo más corto posible y lo menos
doloroso posible. Con ese espíritu hemos presentado estas cuatro
enmiendas, con el de contribuir, por supuesto, a demostrar la unidad,
pero también con soluciones prácticas, que es lo que nos piden los
ciudadanos de La Palma cuando hemos estado con ellos intentando
consolarles, aunque ninguno seamos capaces en este momento de pensar o
sentir lo que ellos están sufriendo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra su señoría, señor Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.


Señorías, quiero que mis primeras palabras sean
para expresar el apoyo y la solidaridad de la isla de La Gomera y de mi
partido, la Agrupación Socialista Gomera, hacia los palmeros y las
palmeras que desde hace hoy 18 días están sufriendo las consecuencias de
una erupción volcánica devastadora que ha arrasado más de 1000 viviendas,
fincas, pequeñas empresas y lugares históricos para los palmeros; un
volcán que ha sepultado los proyectos de vida de miles de personas y
amenaza con enterrar el futuro de los agricultores, de los ganaderos, de
los pescadores, de los autónomos y, como digo, de las pequeñas empresas
turísticas. No sabemos cuándo va a finalizar esta erupción volcánica,
pero sí sabemos que la crisis económica y social, por desgracia, va a ser
bastante larga; una crisis que se suma a otra, la de la pandemia, que
continúa muy presente y cuyas perspectivas de futuro siguen siendo
también una incógnita para la comunidad científica. Valoramos, como ya le
comenté ayer al ministro de Presidencia, el esfuerzo que está realizando
el Gobierno de España en colaboración con el Gobierno de mi tierra, de
Canarias, con el cabildo insular de La Palma y con los ayuntamientos de
El Paso, de Los Llanos de Aridane y de Tazacorte. En una etapa marcada
por la creciente crispación política se agradece que en una catástrofe de
estas dimensiones seamos capaces, señorías, de aparcar nuestras
diferencias y anteponer como objetivo único y principal lo que nos debe
preocupar y ocupar ahora mismo, que es muy sencillamente la isla de La
Palma.


Las cinco enmiendas que ha presentado Agrupación
Socialista Gomera a la moción presentada por el Grupo Popular persiguen
complementar las acciones que propone su autor. En la primera, que se
enmarca en la senda que ya han trazado los diferentes gobiernos,
proponemos que se articulen los acuerdos y convenios que sean precisos
para la tramitación por la vía de urgencia de las diferentes líneas de
ayuda y bonificaciones que aprueben las distintas administraciones para
el pueblo palmero. Señorías, las cancelaciones de las reservas turísticas
son una constante desde el inicio de la pandemia y desde el inicio de la
erupción. Es importante, por tanto, que se impulsen líneas de
compensación por la pérdida de las conexiones aéreas y que se activen a
su vez medidas de promoción de la isla de La Palma para recuperar el
sector turístico. La mejor forma para ayudar a la isla bonita, a su
economía y a los ciudadanos y ciudadanas de La Palma es tratarla con
normalidad, visitarla, contribuir a que sus hoteles y sus pequeños
apartamentos y establecimientos turísticos no cierren, a que los negocios
sigan funcionando y a que la vida comercial, en definitiva, se
mantenga.


El Gobierno ha aprobado un real decreto que
supondrá una ayuda de más de 213 millones de euros, y es muy importante,
pero también lo es que las ayudas se tramiten de urgencia. Es importante
también que se aprueben las modificaciones que sean necesarias para
evitar que los trámites administrativos se conviertan en un problema
añadido para los palmeros y que se alarguen esas soluciones en el tiempo
y provoquen la desaparición de muchas de las actividades afectadas. Por
último, ponemos sobre la mesa dos propuestas más. Una de ellas es el
apoyo al sector pesquero, cuya flota va a permanecer paralizada,
especialmente la de los pescadores del puerto del municipio de Tazacorte,
y por otro lado, un incremento en la partida que el Gobierno destina para
la investigación vulcanológica, promoviendo la financiación de todas
aquellas líneas que sean pertinentes para garantizar la permanencia de la
isla, los proyectos de investigación necesarios para paralizar de una vez
por todas, y analizar también, el impacto de esa erupción volcánica que,
como digo, no sabemos cuánto va a durar ni de qué manera va a seguir
afectando a la isla de La Palma.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Santana Dumpiérrez.


La señora SANTANA DUMPIÉRREZ: Gracias, señor
presidente.


Unidad de acción. «El presidente del Gobierno va a
contar con todo nuestro apoyo para remar en la misma dirección», palabras
de Casado cuando fue a visitar la isla de La Palma. Otra cita, esta vez
del presidente del cabildo de La Palma, que gobierna La Palma con el
apoyo del Partido Socialista: «En muy pocos días se ha creado una
comisión formada por la Administración central, la regional y las
locales, y ahora esperamos seguir en la misma línea y estaremos a la
altura»; yo también lo espero. Esta tremenda situación que se vive en la
isla de La Palma nos da la oportunidad de hacer un esfuerzo colectivo, un
trabajo cooperativo, un trabajo donde nadie sobra, donde todos suman:
servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el
ejército, la UME, Protección Civil, Cruz Roja, ayuntamientos, cabildos,
Gobiernos de Canarias y de España, La Unión Europea o la ciencia, cuando
tan importante ha sido el apoyo científico para prevenir y poder proteger
lo más preciado que tenemos, que es la vida, sin tener que lamentar
ninguna desgracia en La Palma.


Ya que ustedes han enseñado fotos, permítanme
enseñarles esta. Como ven, es nuestro presidente del Gobierno de Canarias
con el presidente del Cabildo de La Palma del Partido Popular; PP y PSOE.
(Aplausos).


¿Saben cuáles son nuestras prioridades, y estoy
convencida que de cada uno de ustedes también? Las personas, y lo estamos
demostrando. Después de la Declaración Institucional que tuvimos en el
pasado Pleno, donde todos los grupos apoyamos a la isla de La Palma,
después de los dos reales decretos que ha aprobado nuestro Gobierno de
España —por cierto, las partidas recogidas en el primer real
decreto ya están en Canarias; no hay que esperar diez meses ni un año; ya
están en Canarias— las partidas que se han aprobado ayer estarán en
breve allí.


Por tanto, los doce ministerios, junto a todos los
organismos, nacional local, cabildo, estamos trabajando, y es por ello
por lo que presentamos una enmienda de sustitución alternativa a la del
Partido Popular, y que paso a leerles: El Senado insta al Gobierno a
adoptar las siguientes medidas para paliar la catástrofe que se está
produciendo en la isla de La Palma, como consecuencia de la erupción del
volcán Cumbre Vieja: mantener y fortalecer los instrumentos de
cogobernanza de la emergencia, asegurando que las decisiones adoptadas
sean conocidas y compartidas por todas las administraciones implicadas y
estén coordinadas, y, para ello, continuar con los trabajos de la
comisión mixta recientemente creada y orientar su actuación de manera
específica a las personas que han perdido su vivienda o sus negocios;
agilizar los trabajos de la comisión interministerial creada para el
seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas, con el fin de asegurar
la adecuada aplicación de dichas medidas; continuar adoptando medidas
para paliar los efectos de la erupción del volcán, con especial atención
a las necesidades básicas de alojamiento y manutención; asegurar la
rápida distribución de las ayudas aprobadas para atender dichas
necesidades; facilitar asistencia y asesoramiento para el acceso a las
ayudas disponibles y a las indemnizaciones derivadas de la cobertura de
seguros existentes; asegurar el rápido despliegue de los ERTE específicos
para las empresas canarias afectadas por la erupción de La Palma y las
prestaciones específicas para los autónomos que han tenido que cesar o
suspender su actividad por esta causa; seguir adoptando medidas fiscales,
laborales y de Seguridad Social específicamente destinadas a aliviar las
cargas de trabajadores, empresas y autónomos mientras dure la reducción
de la actividad por causa de la erupción; procurar que las medidas del
Plan para la recuperación de La Palma se orienten todas ellas a la
recuperación de la industria, del comercio local, del turismo, de la
ganadería, de la pesca, de la agricultura, con especial atención al
sector del plátano; articular un plan de empleo y formación específico
para las zonas afectadas; priorizar la recuperación rápida de los
servicios públicos destruidos durante la catástrofe y garantizar el
acceso de todos los palmeros y palmeras a dichos servicios durante el
periodo de la reconstrucción; incorporar principios de sostenibilidad y
mínima huella ecológica para asegurar la recuperación medioambiental de
la isla y el menor impacto de las medidas adoptadas; reconocer y valorar
la actuación durante la emergencia —esto es esencial— de
todos los servicios públicos que han gestionado la catástrofe,
minimizando sus daños con especial atención a todos los participantes de
los dispositivos de Protección Civil, a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, a los servicios sanitarios y de emergencia, al
personal científico, particularmente a los vulcanólogos y geólogos, que
han colaborado en la previsión, seguimiento y planificación.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora SANTANA DUMPIÉRREZ: Voy terminando. Y
añadimos una nueva petición, que es solicitar los Fondos de Solidaridad
de la Unión Europea para paliar los daños en La Palma.


Ahora sigue bramando el volcán; por eso,
compañeros, señorías, unámonos todos porque todos hoy somos palmeros y
palmeras, y, como dice Ángel Víctor Torre, el presidente de Canarias,
tenemos que resistir, rescatar y avanzar para lograr un futuro de
prosperidad para las personas que viven en la isla de La Palma.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra para
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor ANTONA GÓMEZ: Gracias, señor
presidente.


Intervengo desde mi escaño. Quiero agradecer de
verdad a todas las fuerzas políticas el tono constructivo, y,
particularmente, a aquellas fuerzas políticas que han incorporado
enmiendas; me refiero a Ciudadanos, al señor Clavijo, que me consta su
preocupación, y ha estado presente en la zona, y al señor Chinea, pues
siempre hemos encontrado solidaridad en La Gomera, como islas hermanas
que somos; también al Partido Socialista, que ha presentado una enmienda
de sustitución.


En aras de lo que le decía sobre la unidad que han
demostrado los palmeros, no seré yo quien la rompa, y también les pido a
sus señorías que tampoco la rompamos. Me parece muy interesante la
defensa de las enmiendas que han hecho el señor Chinea y el señor
Clavijo, pero vamos a intentar que haya un consenso en esta Cámara, que
todos salgamos unidos de aquí. Y, por tanto, el Grupo Popular aceptará la
enmienda de sustitución del Partido Socialista (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista), con la incorporación del fondo
europeo, que es fundamental. El comisario ya ha dicho que el Gobierno de
España no lo ha solicitado todavía; por ello, es bueno que lo agilicemos
—lo manifestaba el portavoz de Vox—; por tanto, todos tenemos
que seguir arrimando el hombro. Me parecen razonables sus dudas, señor
Clavijo, pero vamos a dar un voto de confianza a lo que están demostrando
hasta el día de hoy, y sigamos remando para que, juntos, seamos más
fuerte que el volcán.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
su señoría, señor


Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, la actividad sísmica de la isla de La
Palma se reactivó en octubre de 2017, produciéndose diez movimientos
sísmicos durante este cuatrienio. El último episodio fue el iniciado el
viernes 11 de septiembre de este año, que, finalmente, dio lugar a la
erupción del volcán de Cumbre Vieja el 19 del mes pasado, cuando se
cumplía medio siglo de la última erupción terrestre en España. Hasta hoy,
han sido evacuado 6000 habitantes, varias viviendas de Cabeza de Vaca y
Las Manchas han sido arrasadas. Algunos bienes de titularidad pública
también han resultado damnificados, ya que el magma ha sepultado
carreteras y ha fundido infraestructuras, como las tuberías de las
condiciones de agua potable, entre otras. La erupción volcánica ha
afectado también al ganado, fincas y cultivos, particularmente, a las
plantaciones de plátano de Canarias, que suponen el 50 % del PIB de la
isla y un 30 % de los empleos. Además de estar en juego el sustento del
territorio, los perjuicios en el ganado y en los cultivos no van a estar
sujetos a derecho de indemnización por Agroseguro. El medioambiente
también sufrirá daños importantes, no solo por la destrucción de la
cubierta forestal y la pérdida del suelo fértil, sino debido a que la
lava ha entrado en contacto con el agua salada del mar, lo que ha
producido una reacción química, emitiendo a la atmósfera partículas de
ácido clorhídrico y creando una lluvia ácida nociva para el entorno y
para la salud, puesto que puede causar problemas respiratorios e
irritaciones en la piel y ojos. Asimismo, puede haber riesgo de
desaparición de ecosistemas que pueden ser vitales para la comarca. Los
últimos datos que ha reportado el satélite Copernicus ayudan a determinar
la magnitud de los daños que está causando la erupción del volcán. Por el
momento, la cola de lava ha afectado a un total de 1005 edificaciones; de
ellas, 870 han quedado completamente destruidas por la lava, mientras que
las otras 135 han sufrido probables daños en su estructura. Hasta
ahora, 709 hectáreas han sido afectadas por la lava; una cifra que
aumenta por minutos debido a la virulencia de la erupción.


Otro de los mazazos que ha dejado el volcán en La
Palma tiene que ver con las carreteras de acceso. La Palma es una isla
pequeña con unas comunicaciones limitadas y que ahora sufre un colapso
total en buena parte del territorio. Según las últimas imágenes captadas
por el satélite, 30 kilómetros de carreteras se han visto afectados; de
ellas, más de 27 kilómetros han quedado destruidas, y 2 kilómetros y
medio han sufrido daños. Entre las carreteras afectadas, se encuentra la
de la costa, una vía que llega al mar y que ha dejado en un recorrido de
más de dos horas lo que antes eran diez minutos. El 28 de septiembre, el
Consejo de Ministros, en virtud de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9
de julio, procedió a la declaración de zona gravemente afectada por una
emergencia de Protección Civil a las zonas afectadas. Sobre esa base, se
podrían adoptar las medidas que figuran en el artículo 24 de la citada
ley, y que ustedes, señorías del Partido Popular, recogen en su
moción.


Por otro lado, el Reglamento 2012/2002 del Consejo,
de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de
la Unión Europea, recoge el deber de solidaridad con la población de las
regiones afectadas en caso de catástrofes naturales. En su artículo 3
queda definido el objetivo que se configura como complemento de recursos
a los esfuerzos económicos que realiza el propio Estado, destinando
ayudas a la financiación de medidas que mitiguen los daños que no sean
asegurables. Dicho fondo puede movilizar hasta 500 millones de euros/año
como complemento del gasto público del Estado beneficiario en operaciones
de emergencia mediante subvención y puede sumarse a la dotación no
utilizada en el ejercicio inmediatamente anterior. El Reino de España ha
sido apoyado por dicho fondo en cinco ocasiones: 2003, por el barco
Prestige; agosto 2003, para incendios en la frontera de Portugal;
mayo 2011, por el terremoto de Lorca (Murcia); octubre de 2017, por los
incendios acaecidos en Galicia, y octubre de 2020, para combatir la
COVID.


En resumen, señorías, la crisis ocasionada por la
erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma debe ser
gestionada por las autoridades públicas de forma inmediata para ayudar a
las familias de los municipios afectados a recuperar su entorno, su
medioambiente y su economía. Para ello, el Gobierno, además de declarar a
los municipios afectados por los efectos del volcán de Cumbre Vieja como
zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil, debe
de llevar a cabo todas las acciones necesarias para solicitar las ayudas
correspondientes del Fondo de solidaridad de la Unión Europea a la mayor
brevedad posible.


Por lo indicado anteriormente, señorías del Partido
Popular, votaremos a favor de esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la
palabra su señoría Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


¡Qué bonita es la política cuando todos estamos de
acuerdo y remamos juntos para solucionar los problemas de los españoles!,
¿verdad, señorías? La erupción del volcán de Cumbre Vieja es un hecho
histórico y extremadamente destructivo, como desgraciadamente estamos
observando en estos dieciocho días desde el inicio de la erupción en la
isla de La Palma. Aun así, debemos felicitar la labor impecable que están
realizando los servicios de Protección Civil, las autoridades, el
Instituto Geográfico Nacional, geólogos, vulcanólogos, científicos,
topógrafos, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y,
sobre todo, la propia ciudadanía, evitando tragedias personales
mayores.


El pasado 28 de septiembre del presente año el
Gobierno declaró zona catastrófica a la isla de La Palma y destinó 10,5
millones de euros para la compra de viviendas a los afectados, una
respuesta inicialmente tibia, que, afortunadamente, se enmendó ayer en el
Consejo de Ministros, aportando un nuevo paquete de ayudas. A fecha de
hoy, superamos los 6000 evacuados; hay miles de confinados y 1074
edificaciones afectadas, de las cuales, 946 han sido ya destruidas;
edificaciones de personas sencillas, de trabajadores que no fallaban, que
llevaban cotizando toda su vida y pagando sus impuestos sin pedir nada a
cambio, solo por sentirse orgullosos de contribuir y hacer cada vez más
fuerte nuestro país. Las asociaciones agrarias cifran en más de 400 las
explotaciones afectadas, de momento, con infraestructuras hidráulicas
destruidas. Han desaparecido bajo la ardiente lava alrededor de 31
kilómetros de carreteras; se han visto afectadas 1200 hectáreas de
plataneras, con un coste ya de 72 millones de euros en pérdidas, a fecha
de hoy; se están registrando alrededor de 3400 toneladas diarias de
dióxido de azufre, lo que puede provocar un empeoramiento de la calidad
del aire, sin descartar aún la posibilidad de lluvia ácida en zonas
pobladas y cultivos. Pero lo especialmente preocupante es el impacto de
este fenómeno sobre la economía, sobre el turismo, que se ve nuevamente
afectado tras dos años de pérdidas provocadas por la pandemia de la
COVID-19. Ahora este sector productivo básico de la isla recibe un nuevo
mazazo; un sector productivo igual que la agricultura y la ganadería, que
supone el 50 % del PIB y un 30 % del empleo relacionado con el plátano,
alrededor de 12 000 personas trabajan de forma directa o indirectamente.
(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Por todo ello, en Ciudadanos lo tenemos muy claro:
no podemos fallarles. Debemos articular todos los mecanismos del Estado
para apoyarles, pero para apoyarles ahora. Debemos agilizar y gestionar
de forma ágil todas las ayudas necesarias con cambios legislativos y
simplificando administrativamente todo lo que sea posible y, sobre todo,
hemos de adecuar las ayudas directas a su impacto real. Debemos prestar
la asistencia técnica y logística necesaria al Gobierno de Canarias, al
Cabildo de La Palma y a las corporaciones locales de los municipios
afectados, para que puedan realizar, con la mayor brevedad posible, la
evaluación de los daños causados, así como el apoyo necesario a todos los
afectados para que puedan realizar los trámites necesarios para solicitar
las compensaciones de los daños sufridos. Se debe coordinar y poner a
disposición de la población afectada alternativas habitacionales viables,
contemplando fórmulas de cooperación con el sector privado. No olvidemos
que tenemos 6000 evacuados, más de 6000 viviendas destruidas, decenas de
kilómetros de carreteras soterradas, la economía de la isla en shock y
totalmente bloqueada, con miles de autónomos y pequeñas empresas
asfixiadas.


Proporcionar apoyo específico al sector es una
necesidad apremiante, y, por ello, Ciudadanos va a votar favorablemente
la presente moción. No podemos fallarles.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el senador Clavijo Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora
presidenta.


Quiero, en primer lugar, agradecerle las palabras
al proponente, al compañero Asier Antona, porque, efectivamente, las
enmiendas que presentamos a su moción tienen esa filosofía. Quizás, a lo
mejor, la experiencia de haber tenido que gestionar otras catástrofes en
el pasado, hacen que busquemos la parte práctica, la del día después de
la emergencia, que es cuando tenemos que empezar a afrontar la dura
realidad de reconstruir una isla, porque este impacto no se produce solo
en las hectáreas consumidas, en las explotaciones destruidas o en las
casas llevadas por la lava, sino en el resto de la isla y para eso
tenemos que tener grandes acuerdos, como el que hoy, previsiblemente,
saldrá de aquí. Y, por supuesto, aunque no se acepten nuestras enmiendas,
vamos a votar a favor porque la unidad es importante. No debemos olvidar
para qué es esa unidad: para resolver los problemas reales que van a
tener la isla de La Palma y los palmeros; y ya habrá tiempo de modificar;
habrá tiempo de corregir si en el camino y en el tránsito de esa
reconstrucción vemos que nos hemos quedado cortos con algunas normativas
o si hay que modificarlas previsiblemente para lo que nosotros creemos
que va a ocurrir; me refiero a la complejidad de demostrar la propiedad,
los valores, las indemnizaciones, la búsqueda de suelo. Porque no nos
olvidemos de que esa gente tenían su explotaciones agrícolas o ganaderas,
tenían su casa, y querrán reconstruir su vida. Han perdido su puesto de
trabajo, han perdido su casa y, evidentemente, creo que es obligación y
responsabilidad de todos darles esa alternativa.


No es una emergencia como otras, cuando se producen
unos daños y se pagan. Porque aquí se ha llevado el suelo también y esa
gente se va a tener que desplazar a otros sitios, a otros municipios, o
dentro del mismo municipio a otras zonas. Eso va a ser complejo de
gestionar, va a ser muy complejo y, por eso, creíamos que estas
iniciativas podrían facilitar ese proceso. No ha sido así. No pasa nada.
No hay problema. Para nada vamos a intentar que esa unidad —porque
entiendo que todos los senadores de esta Cámara piensan lo mismo que
estoy diciendo yo— no se vaya a poder cristalizar en un acuerdo hoy
aquí, ya que, previsiblemente, en el futuro tendrán que venir más
acuerdos a esta Cámara.


Quiero terminar dirigiéndome desde aquí a la isla
de La Palma, a todos aquellos ciudadanos que lo han perdido todo, a los
que día a día van a un cruce a ver cuánto ha avanzado la lava para ver si
llega o no a su casa, a todos aquellos que ven con angustia cómo el
volcán sigue vertiendo lava y no saben bien por qué camino va a discurrir
y si se lleva o no su vida, sus recuerdos, su forma de vida, su trabajo,
toda su vida porque muchos de ellos han nacido incluso en esas casas,
sobre todo las personas mayores; hemos visto imágenes de personas
sentadas en un banco horas y horas esperando a ver lo que pasa. A todos
ellos les digo que estoy convencido de que toda esta Cámara hará lo
posible, ahora y en el futuro, para que puedan recuperar esa normalidad.






Sabemos que no va a ser posible recuperar la total normalidad, pero,
desde luego, los vamos a tratar con la humanidad, el respeto, el cariño y
la dedicación que se merecen, porque si no, señorías, no seríamos dignos
de representar a la ciudadanía en esta Cámara.


Y quiero felicitar a todos los grupos políticos,
incluso a aquellos que no son de Canarias pero que nos han mostrado su
cariño, respeto y apoyo, por esas palabras de aliento que transmitimos a
nuestros ciudadanos de La Palma, porque estoy convencido, y así lo dicen,
de que sienten ese arropo y ese cariño que debemos hacer que continúe en
el tiempo, incluso después de la emergencia y hasta que se recupere la
total normalidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene
la palabra el senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado el Real decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños
ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción
económica y social de la isla de La Palma. Lo que ahora corresponde,
señorías es que, una vez publicado en el BOE, las administraciones
articulen una respuesta activa, urgente y coordinada, que sea efectiva a
corto plazo para apoyar a todas aquellas personas que se han quedado,
desgraciadamente, sin sus casas y para evitar el cierre de pequeñas
empresas, fundamentalmente agrícolas, y ser efectivos también a medio y a
largo plazo. Todos y todas sabemos que es un proceso complejo y que
existen antecedentes en catástrofes anteriores que nos llevan a ser
sumamente prudentes con los anuncios y con las promesas.


Señorías, es fundamental que la administración no
falle. La maraña burocrática tiene que transformarse en una línea eficaz
que se adapte a las circunstancias, y lo más importante, que se adapte a
cada persona. Se necesitan planes individualizados, tanto para las
familias como para los agricultores o las empresas turísticas. Es
importante que se establezcan objetivos concretos y, sobre todo y lo más
importante, que se fijen periodos temporales para ofrecer, al menos, una
mínima certeza a los damnificados. Los procedimientos deben adaptarse a
un escenario y a una realidad muy diferente, señorías, a la de otras
catástrofes naturales. Los plazos no se pueden dilatar en el tiempo para
no alargar esa agonía y la incertidumbre de todas aquellas personas que,
como digo, lo han perdido todo, pero también para no hipotecar el futuro
de miles de agricultores, de ganaderos, de pescadores de Tazacorte y,
sobre todo, de un sector primario como lo es para la isla de La Palma, y
garantizar esa supervivencia.


Señorías, en Canarias los volcanes son los que han
creado mi tierra y nos han dado el territorio en el que hemos sido
capaces de adaptarnos mujeres y hombres con muchísimas dificultades.
Hemos aprendido a convivir a los pies de un volcán, o incluso sobre la
superficie de lava, pero estamos hablando de décadas de esfuerzo y de
sacrificio. Por ponerles un ejemplo, la isla de Lanzarote lo consiguió
tras nada más y nada menos que seis años de erupciones en la primera
mitad del siglo XVIII, pero la vida cambió por completo en esa isla.
Ahora, en pleno siglo XXI, la obligación del sector público es que esa
transformación se produzca, señorías, en el menor tiempo posible.


Y muy fácil, no podemos fallarles. Junto a la lava
que baja hacia el mar, como digo, existe otra colada invisible, me
refiero a la del dolor de todas aquellas personas que lo han perdido todo
y van asumiendo y asumen que desgraciadamente su vida no volverá a ser la
misma. El pueblo palmero ahora mismo se encuentra en un periodo de duelo,
apoyando y arropando a la creciente lista de personas que lo han perdido
todo y nos piden algo muy simple: que no les dejemos ni solos ni solas,
que estemos con ellos y ellas cuando se apaguen los focos.


Espero que esta moción se apruebe con el máximo
apoyo, a ser posible por unanimidad, para mantener esa unidad que nos
reclaman y nos piden no solamente los ciudadanos de la isla de La Palma,
sino también los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y, me atrevo a
decir, los ciudadanos y ciudadanas de este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la señora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.


Eguerdi on guztioi. Debatimos hoy la moción que
presenta el Partido Popular en la que insta al Gobierno a la adopción
inmediata de varias medidas para paliar la catástrofe que se está
produciendo en la isla de La Palma como consecuencia de la erupción del
volcán Cumbre Vieja. Lo primero que quiero hacer es trasladar a las
palmeras y los palmeros la solidaridad y el abrazo de nuestro grupo, y
también de la sociedad vasca, especialmente con quienes, como
consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja, han perdido sus
casas, sus tierras, sus negocios, sus cosechas, su trabajo, su
tranquilidad, que han quedado sepultadas por la lava. Afortunadamente, lo
decían los senadores que me han precedido, ante un fenómeno natural tan
extremo no hay que lamentar la pérdida de vidas humanas, y eso ha sido
gracias al conocimiento científico y a la labor de los vulcanólogos,
geólogos y a todas las labores de prevención desplegadas por Protección
civil. Quiero agradecer, por tanto, la labor no solo de ellos y de ellas,
sino también la de todos los servicios públicos.


Entrando en la moción, no voy a negarle al Grupo
Parlamentario Popular que nos sorprendió la presentación de esta moción.
Primero, por el momento en que la presentaban, justo un día después de
que el Consejo de Ministros declarara La Palma como zona gravemente
afectada por emergencia y anunciase medidas para la compra de viviendas y
la lista de ayudas para todos los sectores que, por cierto, se ha
empezado a concretar con la decisión tomada ayer en el Consejo de
Ministros, y porque ya en el Pleno del día 21 de septiembre aprobamos una
declaración institucional en la que instábamos a desplegar de forma
coordinada las ayudas necesarias para paliar las consecuencias de la
erupción del volcán. Segundo, porque nos pareció que no aportaba
especialmente ninguna novedad, puesto que traslada lo que recoge la
Ley 17/2015, por la que se establece el Sistema Nacional de Protección
Civil en sus artículos 24 y 25 sobre las actuaciones que se deben dar una
vez declarada zona afectada gravemente por la emergencia.


Y la tercera razón, que era la que más nos
preocupaba y ha quedado diluida por el tono del debate, es que podíamos
pensar que el Partido Popular tenía la tentación de un rédito partidista
y, además, esto era contradictorio con lo que veníamos observando porque
la posición que conocemos que está manteniendo el Partido Popular en La
Palma hasta donde se ha conocido, y afortunadamente es sí, es la de una
buena coordinación y trabajo en común de las instituciones, sean del
color político que sea.


Por tanto, esto nos generaba alguna duda y nos
llevaba a adoptar una posición crítica, no por estar en contra de las
medidas, ya que nos parece que, como mínimo, son las que se deben
adoptar, sino porque en realidad entendemos que en este momento ya se
están desplegando las ayudas en coordinación con las distintas
administraciones, a través de la Comisión Mixta Interinstitucional, entre
ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado, de
la Comisión Interministerial y con las distintas ayudas que se derivan de
las decisiones que antes he dicho de los Consejos de Ministros de ayer y
del 28 de septiembre.


La magnitud de los daños por la erupción del volcán
Cumbre Vieja todavía se desconoce, resulta imposible saber a día de hoy
el alcance real de los daños a particulares, al tejido económico o al
medioambiente mientras el volcán sigue en erupción. Por eso, ante esta
situación tan compleja es necesaria la toma de decisiones coordinadas y,
sobre todo, ágiles y constantes en el tiempo para atender a lo inmediato
para proteger a las personas cuando la situación sigue siendo incierta y
crítica, para evitar daños personales, y para poner en marcha medidas de
apoyo a quienes han perdido sus casas, al tejido económico; y estas
medidas tienen que ser tanto a corto plazo como a medio y largo
plazo.


No vamos a detallar nuevamente las medidas ya
adoptadas ni a valorar si son suficientes. En principio, parece que
responden a lo inmediato, y ya nadie duda de que se necesitarán más
recursos que se tendrán que habilitar, de que se tendrán que seguir
tomando decisiones ajustadas a las necesidades que existen y a las que
vayan surgiendo. En esta Cámara territorial, senadores y senadoras
canarios con más conocimiento y cercanía nos han detallado la gravedad de
la situación y las necesidades, y cómo estas aumentan porque el volcán
sigue en erupción.


Nuestro grupo va a apoyar la moción. Nos alegra que
finalmente hayan llegado a un acuerdo. De esta manera, el mensaje que se
sigue dando es el de la unidad frente a una catástrofe que todavía se
sigue produciendo, y entendemos que en estos momentos de incertidumbre es
el mensaje que merecen las palmeras y los palmeros.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik
asko. Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana,
tiene la palabra la senadora Cortès.


La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño mismo.


En el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria-Bildu queremos mostrar también nuestra máxima
solidaridad con todas las personas afectadas por la erupción del volcán
Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Sin duda alguna, la naturaleza sigue
su curso y sabemos y hemos visto cómo arrasa viviendas y todo lo que
encuentra en su camino: viviendas, edificaciones, caminos, carreteras,
terrenos, plantaciones o pueblos enteros, y detrás de esta devastación
tan importante están las personas. Afortunadamente, a día de hoy, la
explosión del volcán no se ha cobrado ninguna vida humana, y eso sí que
tenemos que celebrarlo, pero ante este desastre natural nuestro grupo
parlamentario quiere mostrar su más ferviente solidaridad hacia las
personas palmeras y darles mucho ánimo en estos momentos tan
catastróficos y desearles que puedan volver a reemprender la máxima
normalidad en la isla, cuanto antes mejor, aunque sabemos que estos
deseos van a costar mucho tiempo.


Votaremos a favor de esta moción, evidentemente que
sí, ya que ante esta situación de emergencia todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara han sido capaces de ponerse de acuerdo para
la obtención de un objetivo común. Deseamos que esta unidad que hoy hemos
encontrado en la Cámara Alta perdure porque queda un largo camino que
recorrer para dar ayuda a la población palmera y recuperar su más pronta
normalidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Pérez Sicilia.


El señor PÉREZ SICILIA: Gracias, señora
presidenta.


Compañeros, compañeras, en primer lugar, me
gustaría que la señora vicepresidenta trasladase al señor presidente del
Senado mi agradecimiento por el apoyo que me dio con una llamada de
teléfono y su puesta a disposición el día que estalló toda esta gran
catástrofe. Me gustaría que se lo trasladase.


En segundo lugar, también quería agradecer a muchos
compañeros que están en esta sala, de todas las fuerzas políticas, sus
gestos porque la verdad es que hemos recibido mucha fuerza y apoyo de la
mayoría de toda la Cámara; pero en especial, permítanme, que se lo
agradezca a mi grupo, ya que me ha estado apoyando desde el primer
momento, con muchos mensajes, con muchas llamadas y más allá de eso, con
gestos solidarios. Se lo agradezco enormemente, de verdad.
(Aplausos).


En tercer lugar, quiero expresar que estoy
orgulloso de pertenecer a esta Cámara territorial, porque, aunque mi
compañero palmero haya defendido toda la moción, que todas las fuerzas la
apoyen, es algo que de verdad les agradezco en el alma. Pero también
estoy orgulloso de mi tierra, como palmero que soy, un palmero más, y no
solo como senador, y, por eso, quiero agradecer desde aquí la enorme
muestra de solidaridad de toda España, y eso es un honor. Así que muchas
gracias. (Aplausos).


Señorías, La Palma hoy está teñida de negro, de un
manto negro ceniza, de desánimo, dolor y preocupación. No lo podemos
negar y creo que es normal ante una catástrofe como esta; no hay que
acobardarse. Pero créanme que se vive el dolor como nunca lo había visto.
Hay mucha gente que ha perdido todo, no solo su casa, sino también su
sustento económico de vida, el cual ha quedado enterrado bajo veinte
metros de lava. Lo han perdido todo, no queda nada. En un incendio pueden
quedar columnas, puede quedar terreno; en una riada puede quedar la casa
o el suelo, pero aquí es que no queda nada; está todo enterrado; lo han
perdido todo.


Cierto es que diecisiete días después el cansancio
hace estragos y más cierto es que el futuro no será fácil; nos quedará un
gran trabajo a todas y a todos por delante. Una cosa sí tengo claro, y
quiero que lo conozcan, el palmero es una persona, un pescador, un
agricultor, un emprendedor que ha curtido con sus manos su territorio,
que ha salvaguardado las desigualdades y que ha sabido salir adelante y
sacar adelante a su familia, porque yo tengo claro que debajo de ese
manto de ceniza hay un corazón verde, tan fuerte que despejará esas nubes
para dejar salir ese carácter afable, alegre, humano y luchador que nos
caracteriza. Y me gustaría que, como digo mi compañero Asier, nos
visitasen para que lo pueda comprobar el que no haya estado, que también
nos ayudaría muy mucho a todos nosotros.


Señorías, créanme que digo que he vivido in situ, a
pie, no como alcalde, no como senador, sino como Borja o Borjita como me
conocen allí, el sufrimiento, agobio y dolor de tanta y tanta gente,
también vecinos, amigos, familia, y créanme que eso duele. He vivido in
situ las grandes muestras de solidaridad, aunque también he vivido lo
triste de la condición humana en estos momentos, a causa de alguna prensa
sensacionalista o carroñera que se nutre del dolor de mucha gente, aunque
gracias a Dios no fue tanta, más bien muy poca. Por ello, doy las gracias
a la prensa responsable que nos ha ayudado y que espero que nos ayudará a
salir adelante. (Aplausos). Por lo vivido, y ahora sí, como senador,
permítanme que, en aras de aportar, pida varias cosas, y primeramente un
poco más de tiempo, presidenta. Primera —y esta es un sentir
palmero—, que no nos olviden, por favor, para que cuando se apague
la televisión sigamos teniendo lo prometido. Esto, vuelvo a decirlo, es
lo que el palmero pide. Y me gustaría hacer público que a día de hoy
estoy muy contento, diría yo que orgulloso, de cómo están trabajando
conjuntamente las diferentes administraciones: municipios, cabildos,
Gobierno canario y Gobierno español.


Segunda, dedicar más partidas económicas efectivas.
Se calculan más de 600 millones de euros, pero reconozco que estamos por
el buen camino y este Gobierno, es verdad, que está cumpliendo. Tercera,
implementar medidas para una mayor seguridad jurídica en materia de
planificación para afrontar el reto de no despoblar los municipios
afectados de El Paso, Tazacorte y los Llanos de Aridane, y así ayudar a
mantener un futuro crecimiento social, comercial y de inversión. Y
cuarta, estudiar las diferentes problemáticas que ya teníamos los
palmeros, pero que creo que ahora ahondan más en la economía, como el
sobrecoste de la gasolina, que es brutal y ha seguido subiendo durante la
catástrofe —es triste, pero es cierto—; unas nuevas cuotas de
atún —como ya dijimos aquí hace tiempo— para nuestros
pescadores de Tazacorte, porque son afectados y necesitan ese sustento, y
aplicar el REF para cubrir los sobrecostes que seguimos sufriendo y
venimos sufriendo desde hace muchos años —no es de ahora— las
islas capitalinas y las no capitalinas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya
terminando.


El señor PÉREZ SICILIA: Perdone, presidenta, acabo
enseguida.


Para finalizar, me gustaría quedarme con unas
palabras: solidaridad, la que han mostrado todos los rincones del
mundo… —perdón, me emociono— (Aplausos); unidad, la que
están demostrando las administraciones palmeras, junto al Gobierno de
Canarias y al de España; responsabilidad, como se está mostrando en la
gestión de esta crisis; fortaleza, que está demostrando el pueblo palmero
ante el volcán, porque, señorías, esta fortaleza va a ser más fuerte que
el volcán. Por lo tanto, que la solidaridad, la unidad, la
responsabilidad y la fortaleza nos sirvan a todas y a todos para seguir
fuertes en esta situación.


Me gustaría dar ánimos a La Palma, a mi isla, que
créanme que la quiero con locura, en especial a los municipios de El
Paso, Tazacorte y los Llanos de Aridane; animo a nuestro presidente del
cabildo y a todo su equipo; ánimo a Sergio, alcalde de El Paso; ánimo a
Juan Miguel, alcalde de Tazacorte; ánimo a Noelia, grande tú, Noelia,
grandes todos ustedes y grandes todos sus equipos. Y permítanme nombrar a
todos, porque a mí me enseñaron a agradecer las cosas. Gracias, gracias y
gracias a Protección Civil, a Alfa Tango, a Ayuda en Emergencias Anaga, a
Guardia Civil y todo su destacamento, a bomberos, policías nacionales,
Policía Canaria y policías locales, que han hecho un gran trabajo; al
personal del cabildo y de los ayuntamientos, al personal de otros
cabildos de las islas Canarias y de otros ayuntamientos de las islas
Canarias, a Cruz Roja Española, a protectoras de animales, a la UME, a
científicos, que nos han salvado y nos siguen salvando, a gestores de
ambulancias, servicios sanitarios, servicios de bienestar social y
psicológicos, muy importantes, sobre todo por lo que nos queda, y a todos
y cada uno de los voluntariados. Está siendo brutal, viene gente a
trabajar de todas las partes del mundo. Con lo cual, muchas gracias y
estamos aquí para lo que estimen oportuno.


Gracias. (Fuertes aplausos de los señores senadores
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado puestos en pie).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Pérez García.


El señor PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señoras y señores senadores, después de veintiún
años me subo de nuevo a esta tribuna, y me subo para hablar de un tema
que no me habría gustado que tuviéramos que estar tratando, pero lo hago
con honor, lo hago como canario y lo hago como senador autonómico,
representando a la mayoría del Parlamento de Canarias.


Esta conmoción, como suele ocurrir, ha
desencadenado lo mejor de la sociedad canaria y lo mejor de la sociedad
española y se está traduciendo en una actitud de cooperación, de
reciprocidad y de lealtad que muchos veníamos echando en falta en la
evolución de nuestro modelo de convivencia que llamamos la España de las
autonomías. Ha ocurrido con la pandemia y está ocurriendo ahora.


Hago de portavoz del Grupo Socialista y mi
intervención podría ser para alabar el comportamiento del Gobierno de
España, que está reaccionando a una velocidad realmente llamativa, pero
lo importante hoy es llegar a un acuerdo, y quiero agradecer la actitud
del senador Antona Gómez, querido Asier, que ha hecho posible este
acuerdo. Se trata de continuar adelante manteniendo la misma línea de
trabajo. Se trata de no perder de vista los principios que inspiran toda
nuestra legislación, que es sabia, en materia de reacción de los poderes
públicos frente a las situaciones de catástrofe natural, y no olvidemos
que la actuación debe ser ágil, debe ser eficaz y debe ser garantista
para que cada euro de dinero público vaya a la finalidad para la que ha
sido asignado: atender necesidades. Y no debemos olvidar que hay
principios reiterados en nuestra legislación, en la Constitución y en la
Ley 15/2017 que hablan de actuar con equidad y con imparcialidad y
poniendo especial atención, especial preferencia en aquellos sectores,
familias, trabajadores y empresas más vulnerables. Eficacia, eficiencia y
buena administración del dinero público, pero respeto a la acción del
Gobierno, a todos los poderes públicos y a los principios
constitucionales y legales, porque aquí tiene que materializarse también
la solidaridad.


Habrá que agilizar las cosas. Nuestro derecho civil
es un derecho de tradición milenaria que tiene las cosas muy bien
articuladas, y no solo los documentos prueban situaciones de titularidad
dominical; hay muchas otras formas sabias previstas por el derecho civil,
pero debemos tener en cuenta que los métodos que utilicemos no
constituyan un nuevo semillero de problemas. Hay que garantizar agilidad,
acreditación de titularidades y seguridad jurídica. Lo mismo ocurre en el
campo de la ordenación urbanística, no pueden tomarse decisiones que a la
vista pueden resultar poco equitativas. En definitiva, las exenciones,
bonificaciones, reducciones fiscales, moratorias y planes de ayuda a
empresas y trabajadores, como el que acaba de aprobar ayer el Consejo de
Ministros, todo eso hay que administrarlo con eficiencia, pero también
hay que administrarlo con justicia.


Termino. Hay que actuar rápido y bien, y actuar
bien significa alejar cualquier atisbo de despotismo por parte de las
administraciones públicas, de que los titulares de los poderes públicos
lo saben todo. Por eso nuestra legislación en materia de protección civil
reconoce derechos de información y participación, porque tenemos que
hacer un gran esfuerzo de individualizar situaciones para tratar de
evitar, permítanme que lo diga, sensación de desarraigo, que puede ser
determinante en toda esta etapa pospandemia, y nos obliga a
individualizar cuando se tramite la obtención de terrenos a través de los
instrumentos de nuestro derecho urbanístico y territorial, del derecho
expropiatorio. Distribuyamos los esfuerzos con proporcionalidad, con
equidad y tratando de evitar, créanme, una sensación de desarraigo de las
personas de su entorno, no solo habitacional y laboral; también
emocional.


Termino. Lo único en lo que no coincido con mi
querido amigo Asier Antona es en que esto ha desencadenado lo peor de la
naturaleza canaria. Se ha desencadenado la naturaleza canaria. Los
canarios nos hemos acostumbrado a tratar nuestra tierra materna, a la que
adoramos, idealizándola, porque lo merece. Le recuerdo aquellos versos
que inmortalizaron los guaracheros: «Nacidas de un beso que la primavera
un día pusiera en el ancho mar». Pero también como la evocaba nuestro
gran Pedro García Cabrera, poeta gomero y socialista: «Al soñarlas,
soñémoslas como jóvenes mujeres pescadoras, dueñas de sí mismas e hijas
del mar, del viento y de los volcanes».


Un abrazo a nuestra gente. Es un honor sentir, como
canario, el arropamiento de toda la sociedad canaria que reacciona frente
a esta situación y el arropamiento de este pueblo al que a muchos les
cuesta a veces llamar por su nombre: España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Señorías, esta moción será sometida a votación al
finalizar el debate de la próxima moción, en ningún caso antes de las
cuatro de la tarde.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO EN LAS DENOMINADAS ISLAS VERDES DEL
ARCHIPIÉLAGO CANARIO PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE ESTOS TRES
TERRITORIOS INSULARES.


662/000085

GPIC


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 11.3


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta
moción se han presentado cinco enmiendas: una del Grupo Parlamentario
Nacionalista, una del Grupo Parlamentario Socialista y tres del Grupo
Parlamentario Popular.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el señor Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Señorías, es difícil abstraerse en el debate de
esta moción de los efectos devastadores de una erupción volcánica que ha
enterrado tantos proyectos de vida. La verdad es que es difícil no
emocionarse con la larga lista de personas que han luchado durante tantos
años y que en apenas unos minutos han visto sepultadas sus casas, sus
fincas, su trabajo o sus empresas. Historias de personas mayores que, con
una pena indescriptible en su mirada, tratan de asumir este duro golpe
que supone empezar de cero. Nada volverá a ser igual, porque, aunque han
salvado sus vidas, con el volcán ha muerto lo que les ha costado levantar
con tantos años de sacrificio. Historias de personas que construyeron sus
vidas con lo que tanto les costó ahorrar al otro lado del Atlántico con
la emigración hacia América Latina, o de aquellos jóvenes que, pese a las
limitaciones en su economía, trataban de labrarse un futuro en su propia
isla.


Señorías, desde el inicio de esta legislatura he
insistido en varias ocasiones en la necesidad de que no nos olvidemos de
que cuando hablamos de la España vaciada no nos podemos ceñir
exclusivamente a la España continental. Es una realidad que también se
vive y se sufre en mi tierra, en Canarias. Después de cuarenta años de
democracia, nuestro país ha conseguido avances en el terreno social y
económico, pero es un hecho indiscutible que durante ese tiempo se han
creado, señorías, dos Españas completamente distintas: una de ellas,
donde existen las mayores rentas per cápita, donde se ofrecen los mayores
y mejores servicios públicos y donde se tienen las mejores oportunidades,
y la otra, esa otra España, es donde ocurre totalmente lo contrario.


La realidad con la que hemos convivido en estas
cuatro décadas es la progresiva concentración de grandes masas de
población en un reducido espacio del territorio, y mientras, se produce
un progresivo despoblamiento de las grandes áreas rurales. Las grandes
áreas metropolitanas han ocupado cada vez más y más superficie, han
creado una eficiente red de transporte que une a unas zonas pobladas con
otras y han acaparado, señorías, una vez más, las infraestructuras.
Mientras tanto, en otros lugares de España se producía una fuga de
familias enteras buscando un lugar donde trabajar o una gran ciudad con
centros de trabajo o centros universitarios o de FP para que sus hijos e
hijas pudieran estudiar. El círculo virtuoso de la riqueza hace que las
zonas con más población tengan mucha más inversión, mejores servicios y
muchos más recursos, y todo esto atrae más población a esa zona que, a su
vez, demandará servicios, infraestructuras y mayores inversiones que, a
su vez, exigirán nuevas demandas de inversión en esas zonas.


La única manera de combatir la despoblación,
señorías, es romper ese círculo vicioso discriminando con más inversiones
a los territorios con peores realidades sociales. Esta es la única manera
de cambiar la dinámica que nos ha llevado a que 41 millones de personas
vivan en el 30 % de este país y solo 6 millones se repartan el 70 %
restante. Ese desequilibrio, esa relación desproporcionada es incluso
peor en el caso de mi tierra, Canarias, donde las dos islas capitalinas,
Tenerife y Gran Canaria, concentran el 82 % de la población de Canarias,
mientras que en las otras cinco islas restantes apenas conviven el 18 %
de los residentes canarios. Los canarios y las canarias que viven en las
cinco islas no capitalinas son doblemente ultraperiféricos, soportan
mayores costes en su economía, peores servicios públicos y más
deficiencias en las comunicaciones.


Los jóvenes y las jóvenes tienen que emigrar hacia
las dos áreas metropolitanas de Canarias para formarse, y cuando quieren
independizarse y crear su propio proyecto de vida, señorías, no
encuentran oportunidades de trabajo adecuadas en su isla natal y terminan
asentándose en donde existe la mayor oferta de empleo: en las islas de
Gran Canaria y Tenerife —vuelvo a decirlo—. Estas dos islas
son las que tienen las sedes de la Administración y de las grandes
empresas de Canarias, las mayores infraestructuras, los mayores
hospitales, las universidades y los mejores sistemas de comunicación.
Lanzarote y Fuerteventura han encontrado un nicho de desarrollo en el
turismo, pero en el caso de las islas más occidentales de mi tierra, La
Palma, La Gomera y El Hierro nos enfrentamos a un verdadero reto. O se
apuesta decididamente por crear espacios de oportunidad o, señorías,
estaremos condenando a estos tres territorios a convertirse en tres
grandes geriátricos. Estas tres islas, conocidas en Canarias como las
islas verdes, han sufrido en la última década golpes importantes para la
vida de sus habitantes y de su limitada economía.


El volcán submarino que sacudió la isla de El
Hierro en el año 2011 paralizó la actividad en la isla durante meses y
obligó a las administraciones a impulsar un plan de actuación para la
recuperación económica y social y para la recuperación de los herreños y
de las herreñas, y ahora el caso que sacude a la isla hermana, la isla
vecina de La Palma, que ha sepultado más de 1000 viviendas y centenares
de pequeños negocios, fincas, etcétera, tiene y tendrá devastadoras
consecuencias para los vecinos y las vecinas. Las coladas de lava
expulsadas por el volcán dejan tras de sí la destrucción de un modo de
vida, casas familiares con sus pequeñas fincas, plantaciones agrícolas,
viviendas turísticas, infraestructuras, carreteras y los servicios
básicos de electricidad, agua o telefonía, entre otros. Un extenso
inventario, señorías, de calamidades cuyos efectos van mucho más allá de
los núcleos poblacionales afectados. Un escenario que nos obliga a idear
la reconstrucción de un espacio singular.


Señorías, el objetivo de esta iniciativa no es otro
que el que surge previamente al episodio de la erupción, que aún se
mantiene viva en la isla de La Palma, y es garantizar el marco de la
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, actuaciones específicas
en las distintas administraciones en la lucha contra la despoblación en
estos tres territorios insulares: La Palma, La Gomera y El Hierro,
colaborando en la implementación de proyectos, líneas específicas de
colaboración financiera y también de gestión.


Otra vía que se propone es la incorporación en la
elaboración de las leyes, planes y distintos programas impulsados por el
Gobierno de este país: el impacto y la perspectiva demográfica, los
valores rurales y paisajísticos y las limitaciones territoriales y
adicionales que se plantean en estas tres islas de Canarias. Hay personas
que sostienen que la calidad de vida en islas como La Gomera es
infinitamente mayor que en otros lugares hiperpoblados; no se padece ni
la contaminación ni las aglomeraciones ni mucho menos el ruido, pero esa
es la visión bucólica que consiste en considerar que nuestra isla es un
hermoso parque temático para ir de vacaciones. Es verdad que la
naturaleza está más protegida, claro que lo es, que hay menos
contaminación, menos estrés y mucho menos ruido; sin embargo, la calidad
de vida también pasa por que haya futuro para nuestros hijos y nuestras
hijas y servicios sanitarios adecuados y universidades y mejoras en las
comunicaciones y un sistema de transporte eficiente y que los productos
básicos de alimentación no sean más caros que en otros lugares de este
país.


Señorías, en Canarias contamos con una ley para las
islas verdes, para que estas islas puedan beneficiarse de incentivos y
bonificaciones, para que no se siga agrandando la brecha que existe con
respecto al resto de islas del archipiélago; una ley que se queda coja si
el Gobierno del Estado no se implica en una tarea titánica para
garantizar el futuro en unas islas en las que, además de la despoblación
y la limitada capacidad de sus pequeñas economías, hemos tenido que
lidiar otras batallas contra catástrofes naturales, porque, lo entiendan
o no los que nos reprochan que vivimos en zonas volcánicas, forman parte
de la esencia y del corazón de mi tierra, Canarias.


Y termino. Un vecino mayor afectado por el volcán
enseñó a una psicóloga la llave que abría la puerta de su casa y le
explicó, con todo su dolor, un par de frases. «Hasta hace unos días
―le dijo― esta llave abría todo lo que tenía en esta casa;
ahora lo que tengo es esta llave». A nosotros, señorías, nos corresponde
garantizar a ese señor y a los otros tantos afectados y afectadas que esa
llave vuelva a abrir la puerta de cada una de sus casas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda, en primer lugar,
del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Clavijo
Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora
presidenta.


Quiero empezar felicitando al senador Fabián por la
iniciativa. Es cierto que se habla mucho en el Senado, y con razón, de la
España despoblada. Al final se produce un proceso de concentración
urbana, se concentran servicios, hay economías de escala, pero nos
olvidamos, y más en una tierra como la nuestra, que es un archipiélago,
de que no todo el mundo puede coger un coche por la mañana o puede
trasladarse a una zona metropolitana, que en Canarias somos ocho islas y
que hay islas, como las islas verdes, que quedaron relegadas del
desarrollo turístico y que con la moratoria aplicada en su momento por el
Gobierno de Canarias no han podido desarrollarse y hay muchas menos
oportunidades, lo cual ha conducido a una despoblación. En concreto, la
isla de La Palma, en los últimos veinte años ha perdido población, ha ido
en contra de la dirección del resto del archipiélago, y se hace necesario
introducir desde las administraciones públicas correcciones: correcciones
en el gasto público, correcciones en la inversión, en el diseño de
infraestructuras, correcciones en las políticas. Y creo que ese es el
espíritu de la moción del senador Chinea: en definitiva, facilitar desde
los poderes públicos el desarrollo en esas islas, no condenarlas al
envejecimiento y a languidecer en el tiempo, porque se genera un círculo
vicioso en el que cuantas menos oportunidades hay, más posibilidades hay
de que los jóvenes que salen a estudiar y a formarse a las islas
capitalinas o a otros lugares del territorio español al final acaben
haciendo su vida fuera, condenando, insisto, a estas islas al
olvido.


Va a contar, obviamente, con el apoyo de nuestro
grupo, ¡faltaría más! Le quiero agradecer —porque me lo ha
anticipado ya— que acepte la enmienda que le presenté, que no busca
ni más ni menos que queden reflejadas en ese instrumento que son los
Presupuestos Generales del Estado, la voluntad política, medidas
concretas y la discriminación positiva. Si creemos en un archipiélago
donde todas las islas tienen que ir a la misma velocidad, eso se tiene
que traducir en los presupuestos, para que permitan poco a poco revertir
esa situación y que la juventud, la gente joven que sale, que se forma,
que aprende, pueda volver a su tierra, pueda volver a tener esa
oportunidad y pueda contribuir a una Canarias mejor, también en esas
islas verdes, que falta nos hace, con lo que nos está tocando vivir. Así
que muchísimas gracias por aceptarla. Le felicito por la iniciativa y le
anticipo el apoyo, con nuestro voto, para que salga adelante.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Meneses Roqué.


El señor MENESES ROQUÉ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes.


La moción que presenta Izquierda Confederal y que
plantea Fabián Chinea a través de la Agrupación Socialista Gomera está
muy bien instrumentada y argumentada, además de que es una necesidad
evidente justamente para unas islas en las que, como bien se ha dicho y
ha dicho él ya, se ha generado y se ha producido despoblación y que,
aparte de eso, están sufriendo lo que se llama doble insularidad. Son
islas verdes, y vulcanológicamente son las islas más jóvenes de toda
Canarias: La Palma, Gomera y El Hierro. Justamente en una de ellas, en La
Palma, estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en estos momentos, que
ya se ha comentado justamente en la moción anterior de cuyo resultado me
alegro profundamente.


Respecto a esta moción que presenta en nombre de
Izquierda Confederal Fabián Chinea, tengo que decir que su objetivo, que
surge previamente al episodio de la erupción que aún se mantiene en la
isla de La Palma, es garantizar en el marco de la Estrategia Nacional
para el Reto Demográfico actuaciones específicas en las distintas
administraciones en la lucha contra la despoblación de estos tres
territorios insulares, colaborando en la implementación de proyectos y
líneas específicas de colaboración financiera y de gestión. Otra vía que
se propone es incorporar en la elaboración de las leyes y planes de
distintos programas imputados por el Gobierno de España, el impacto de la
perspectiva geográfica, los valores rurales, los paisajísticos y las
limitaciones territoriales adicionales que plantean las llamadas islas
verdes, lo cual está justamente en la moción que plantea Chinea, y tengo
que felicitarlo.


En cualquier caso, la enmienda que presentamos es
de adición, es una enmienda de incorporación, y tiene como objetivo
complementar lo aportado por la propia moción, basada en la Estrategia
Nacional para el Reto Demográfico en la que, como todos saben, hay
destinada por parte del Gobierno en estos momentos ya una partida
de 10 000 millones de euros de los fondos de cohesión para el
periodo 2021 a 2026, con 130 medidas políticas activas para luchar contra
la despoblación y garantizar la cohesión de los territorios desde el
punto de vista social.


La enmienda que presentamos a esta moción
justamente está focalizada y basada en este tema. Su punto tercero dice
lo siguiente: «El Gobierno de la nación, en coordinación con el resto de
las administraciones públicas, continuará trabajando en la reducción de
la desigualdad territorial, con especial atención a las islas verdes de
La Palma, Gomera y El Hierro, impulsando el Plan de recuperación ante el
reto demográfico de estos territorios, poniendo en práctica medidas
concretas de las previstas, como son la rehabilitación energética de
edificios, la promoción de planes de saneamiento y rediseño del sistema
de aguas y el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la
agricultura en estos territorios. Asimismo, se continuará impulsando
planes de formación profesional y reforzando los servicios públicos
digitales. En paralelo, se apostará por ofrecer una red de planes
ciudadanos para atender a la tercera edad, creando así nuevas
oportunidades laborales». Espero que esta enmienda de adición sea
aceptada por el amigo Chinea y, por tanto, por Izquierda Confederal,
porque esta enmienda no hace otra cosa más que implementar justamente lo
que el propio Chinea ha planteado en su moción.


Por tanto, muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa
de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Pérez Sicilia.


El señor PÉREZ SICILIA: Gracias, señora
presidenta.


Compañeras, compañeros, el Grupo Parlamentario
Popular ve positiva dicha moción, sobre todo por la defensa de las islas
no capitalinas, islas y desigualdades que conozco muy bien, porque, como
bien saben, soy palmero. No me cansaré de dar visibilidad y nombrar
siempre las desigualdades que sufrimos ―lo dije en la moción
anterior y lo diré siempre―, porque es cierto que a veces a algunos
nos quedan muy lejos las islas, lo cual da lugar a sus respectivos
olvidos, pero los que estamos aquí créanme que vamos a luchar por que se
nos oiga.


No es la primera vez que me escuchan decir esto en
el Pleno: por ejemplo, en la moción aprobada por todas y todos del Plan
de reactivación turística para Canarias, donde precisamente nuestro grupo
pedía especificidades para el apoyo a la empleabilidad, comercio o
infraestructuras en las islas no capitalinas: La Gomera, El Hierro,
Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y La Palma, las cuales fueron las
más afectadas por el COVID-19 debido a su tejido económico.
Sorpresivamente, un año después ―y era una propuesta del señor
Chinea― ese plan aquí no se ha llevado a cabo. Creo que debemos
tener muy en cuenta ese punto.


Pero no solo en Pleno me han escuchado, sino que en
varias comisiones he defendido temas de sobrecoste de combustible. La
Palma, por ejemplo, paga casi 30 céntimos más que una isla capitalina por
litro de combustible. Otro ejemplo es el asfalto; casi no tenemos plantas
de asfalto y el sobrecoste es brutal en comparación con otras islas, como
ocurre con los materiales de construcción y con los materiales agrícolas.
Otro ejemplo claro. Después del incendio en mi isla ―que nos ha
tocado de todo en este último año― hace un mes y dieciocho días
―no me refiero al volcán―, no solo no hay suministros para
invernaderos o tuberías de riego ―y hay lista de espera para
recuperar esos lugares―, sino que cuestan un 20 % más que en las
islas capitalinas. Estos son ejemplos reales y esto también es reto
demográfico.


Permítanme recordar un punto importante del régimen
económico y fiscal, REF, a quienes nos gobiernan. El REF contempla, como
dije también antes, compensar el coste de la doble insularidad que supone
la actividad económica en una isla no capitalina respecto a una isla
capitalina. Para quien no conozca lo que dije, parte de la petición de la
moción está anclada en el Estatuto de Autonomía de Canarias, al ser una
ley orgánica de obligado cumplimiento. Por ello, pido que se haga cumplir
el REF.


Aun así, hemos presentado tres enmiendas que
abundan más en mejorar el apartado presupuestario de infraestructuras y
el social. La primera enmienda expone que los sucesivos Presupuestos
Generales del Estado contemplen de forma específica en la sesión
presupuestaria correspondiente a despoblación y reto demográfico los
recursos destinados a líneas y proyectos citados en la moción, aunque
quiero recordar que algunos puntos de la moción, ya, por ley, tendrían
que estar cumpliéndose.


La segunda enmienda propone una infraestructura
prioritaria para mi isla de La Palma, y más en estos momentos debido a la
crisis volcánica. Dicha enmienda dice que se ejecute el despliegue de los
tendidos eléctricos y la conectividad que unen las dos comarcas de La
Palma por el sur, Corredor del Valle, hacia el Valle Aridane,
favoreciendo una mejor conectividad eléctrica y distribución y un mejor
aprovechamiento de las energías renovables sobre futuras implantaciones
en el sur, así como la mejora en el despliegue de fibra. Dichas
necesidades son cruciales para el crecimiento poblacional de la zona sur
de la isla, Fuencaliente, y para mejorar el potencial turístico comercial
no solo de Fuencaliente sino de la comarca oeste de la isla, que está
siendo afectada por el volcán. Debemos estar preparados también.


La tercera enmienda es crucial y necesaria en estos
momentos para mi isla de La Palma ante la situación del volcán de La
Palma: que un grupo de expertos en el seno del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico analice el impacto, y con
carácter urgente se lleve a cabo un plan de repoblación y rehabilitación
del territorio. Sin más, esperamos que sean atendidas.


Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Tiene la palabra el autor de la moción originaria,
para manifestar si acepta o no las enmiendas.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Agradezco las aportaciones que han realizado los
distintos grupos para enriquecer el texto definitivo de esta moción.


Con respecto a las enmiendas, voy a aceptar la del
Grupo Socialista porque se enmarca en los objetivos generales que plantea
la iniciativa de la Agrupación Socialista Gomera. Son importantes todas
las acciones que se impulsen para reducir la desigualdad territorial en
los aspectos más desiguales, que se ofrezcan también nuevas oportunidades
de desarrollo y que se acometan planes educativos, entre ellos la
formación profesional, para que los jóvenes y las jóvenes cuenten con más
herramientas para integrarse en el mercado laboral en estas islas.


Voy a aceptar también, de otro lado, la enmienda
del senador Clavijo, porque sin una ficha financiera propia es imposible
que estos proyectos se lleven a cabo; objetivo que también plantea una de
las enmiendas del Grupo Popular. Es verdad que las dos proponen casi el
mismo texto, sin embargo, voy a aceptar la enmienda presentada por el
senador Clavijo.


El senador compañero del Grupo Popular plantea dos
enmiendas que se circunscriben a la isla de La Palma y sobre las que ya
he dialogado con el senador de esta isla, y desde aquí aprovecho,
compañero Borja, para trasladarte la solidaridad de mi partido y del
pueblo de La Gomera por la situación que está atravesando la isla de La
Palma. Siempre contarás con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera
en todas esas iniciativas que presentéis para compensar los daños
ocasionados por el volcán ―daños que, desgraciadamente, todavía
seguirá causando― y no cesar nunca en esa lucha que,
desgraciadamente, va a ser muy larga y en la que necesariamente tenemos
que estar todos y todas unidos.


Propones, por un lado, que, ante la situación del
volcán, un grupo de expertos analice el impacto y que con carácter
urgente se lleve a cabo un plan de repoblación. Esta enmienda la voy a
aceptar, pero la verdad es que no entiendo, como ya te comenté, que no se
haya incluido en la moción que debatimos con anterioridad. Por tanto, voy
a dejar claro que aceptamos esta última enmienda del Grupo Popular, con
número de entrada 112833. La otra, lamentablemente, aunque me parece muy
necesaria y acertada, no la vamos a aceptar, porque no se enmarca en el
objetivo de esta iniciativa, en la que he tratado de englobar los tres
territorios: La Gomera, El Hierro y La Palma sin entrar en las
necesidades específicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de
mi isla, La Gomera, tenemos un proyecto que estamos llevando a cabo, que
se llama La Gomera 100 % sostenible y que aspira al desarrollo de la
banda ancha, pero no lo he incluido dado que estas tres islas tienen
aspiraciones similares.


Sin más, agradezco el apoyo y el trabajo de los
grupos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes, señorías.


La propuesta que hoy nos trae aquí Izquierda
Confederal, lejos de afectar solo a los territorios de las islas verdes,
como La Palma, El Hierro y La Gomera, es una moción que también afecta a
la mal llamada España vaciada, por lo que no resulta nada novedosa. De
hecho, la despoblación es un fenómeno que se inició a finales del siglo
XIX y que se ha dado en todos los países industrializados. Entre los
años 1950 y 1990, antes del hundimiento de la natalidad española, España
ya había perdido el 40 % de su población, y se perdió por los
desplazamientos de masa poblacional hacia las zonas más pobladas. Por
eso, además de las islas motivo de esta propuesta, también se
encontrarían territorios como Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres y
Teruel.


El desequilibrio no es solo demográfico sino
también económico, siendo la renta media de la España despoblada un
tercio inferior a la de las zonas más pobladas. Pero hoy nos traen
ustedes aquí la solución a través de los siete objetivos transversales de
la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, basada en la Agenda
globalista 2030, y de la incorporación, además, de leyes, planes y
programas; una agenda que todos ustedes apoyan y que va en contra del
mundo rural, de la agricultura, de la caza; una agenda que criminaliza a
agricultores y ganaderos y que los asfixia con impuestos de color verde;
una agenda de políticas injustas, que da prioridad a los productos
extracomunitarios frente a los productos de calidad con origen en España,
que da prioridad a países que no cumplen con los estándares
fitosanitarios y con mano de obra esclava en muchos casos; una agenda que
arrincona al mundo rural, que lo vacía y que lo olvida; una agenda y unas
políticas que solo se acuerdan de la España vaciada en período electoral
—no, señorías, no solo son las islas verdes y no es una España
vaciada, es una España olvidada y abandonada—; una agenda en la que
están todos ustedes desindustrializando España, deslocalizando empresas a
terceros países, desmantelando nuestra capacidad energética, acabando con
nuestro sector agrario, ganadería, pesca y caza, pero permitiendo la
inmigración ilegal, desordenada y masiva, lo que está provocando el
incremento de la inseguridad en nuestros barrios. Esta es su agenda, la
que se resume en su roscón multicolor y la que adornan con bonitas
palabras.


Señorías, los españoles no quieren roscones
multicolor, los españoles necesitan y quieren un roscón de la bandera de
España; lo que necesitan los españoles son ayudas directas para sus
negocios y para sus familias, que lo han perdido todo en el volcán. Ojalá
que pusieran el mismo interés y los mismos medios económicos y materiales
en solucionar la vida a los habitantes de La Palma como lo hacen en
atender y en subvencionar la inmigración ilegal. Vox va a estar siempre a
favor de políticas que piensen por y para los españoles, para nuestras
familias, para nuestros hijos, para nuestros trabajadores y para nuestros
empresarios. Su agenda globalista 2030 forma parte del problema, nunca
puede formar parte de la solución. Por eso, los senadores de Vox vamos a
votar en contra de esta propuesta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.


¿Grupo Parlamentario Democrático? (Pausa).


¿Grupo Parlamentario Nacionalista?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal,
tiene la palabra el senador Chinea.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Simplemente intervengo desde el escaño para dar las
gracias a los grupos políticos que han contribuido con su trabajo a
enriquecer el texto de la moción y para pedir a sus señorías el voto
favorable para que esta moción salga adelante, porque es importante para
estas tres islas verdes: La Gomera, El Hierro y La Palma.


Sin más, muchas gracias y gracias por el tono del
debate.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el senador Medina Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Muchas gracias,
presidenta.


En primer lugar, y antes de comenzar mi
intervención, quiero mostrar, en nombre de mi grupo parlamentario, mi más
sentido mensaje de apoyo y ánimo para la población de la isla de La Palma
por la dantesca situación en la que se encuentra por la erupción del
volcán Cumbre Vieja, y esto lo quiero personalizar en mi compañero en el
Senado, el señor Pérez Sicilia; en mi compañera Paloma Hernández,
compañera de ponencia, y en mi compañero Fabián Chinea, también
proponente de la moción y compañero de la ponencia sobre
insularidad.


No puedo estar más de acuerdo con la exposición de
motivos de la moción por lo que he dicho. Formo parte de la de la
ponencia sobre insularidad y, aunque soy peninsular, me siento un insular
más, una parte más de esas islas. Sinceramente, he interiorizado y vivo
tanto las dificultades y problemáticas que vivís en el día a día, como
las virtudes y oportunidades que podéis tener, que tenéis y que estoy
seguro de que vais a tener. Por lo tanto, coincido prácticamente con la
totalidad de lo expuesto en esa moción, creo que es esencial,
efectivamente, y ahora con más urgencia, intentar cumplir los objetivos
transversales de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico. Esto,
también es cierto, conlleva un esfuerzo, un gran esfuerzo económico y
humano, y para ello ahora necesitamos más que nunca el apoyo de las
instituciones públicas, tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno
de las islas y los cabildos, siempre cumpliendo sus competencias y
respetándolas.


Por tanto, no quiero más que dar ánimo, y viendo
que las enmiendas que se han presentado lo que hacen es complementar el
núcleo de la moción, hemos firmado la transaccional que se ha presentado
y, por lo tanto, mi grupo apoyará la moción. Mucho ánimo.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador.


¿Grupo Parlamentario Esquerra Republicana?
(Denegaciones). No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Pérez Sicilia.


El señor PÉREZ SICILIA: Buenas tardes, de
nuevo.


Como comenté en el turno de defensa de las
enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular está muy de acuerdo con la
moción y vamos a apoyarla. Señor Chinea, antes de nada, me gustaría
agradecerle las palabras con las que se ha dirigido usted hacia mi
persona y hacia los palmeros y compañeros. Estamos de acuerdo, como he
dicho, aunque no haya recogido una de las tres enmiendas que presentamos
—ha aceptado dos, y una era muy parecida a la del señor
Clavijo—, que se refería al despliegue eléctrico por el sur de La
Palma, que vuelvo a decir que es una infraestructura más que importante
en estos momentos y va a ser crucial en el futuro (Rumores). Creemos que
debemos hacer un frente común y real con las islas verdes o las islas no
capitalinas. No me cansaré de decir que la doble insularidad es un
sufrimiento real para estas islas. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías,
por favor, guarden silencio mientras interviene el orador.


El señor PÉREZ SICILIA: Apoyamos la moción, aun
sabiendo que parte de ella, sobre todo lo que se refiere a compensación
de costes —también lo dije antes—, a conectividad,
infraestructuras o servicios básicos, está implícito en el régimen
económico y fiscal, REF, que está anclado en el Estatuto de Autonomía de
Canarias y es de obligado cumplimiento. Por ello, pido al Gobierno de
España que empiece a darnos lo que nos merecemos y que es parte de ese
estatuto.


Estas enmiendas venían a defender, en primer lugar,
que se consiga una partida específica en los Presupuestos Generales del
Estado para lograr los objetivos de la moción —esta era una
enmienda parecida a la que presentó el señor Clavijo—, y en segundo
lugar —y agradezco enormemente, como palmero, que acepten esta
enmienda—, que ante la situación del volcán sea un grupo de
expertos en el seno del Ministerio de Transición Ecológica el que analice
el impacto, y con carácter urgente se lleve a cabo un plan de repoblación
y rehabilitación del territorio. Usted dice que debería haberlo llevado
antes. Podría ser cierto, pero es que aquí también hablamos de reto
demográfico, y yo creo que si va por los dos lados como antes llegamos al
consenso, creo que aquí también. Usted sabe que yo soy de poner el
granito de arena en todo lo que pueda para que se nos escuche, y por eso
lo quise poner aquí. Solo espero que esta última enmienda no quede en
papel, porque, de verdad, es crucial y necesario.


Aun así, no quiero dejar de mencionar la enmienda
que, como dije al principio, no se aprobó y que también es reto
demográfico, y más en estos momentos y en el futuro tocado de nuestra
isla. Venía a apoyar la infraestructura del corredor del sur —para
quien no lo conozca, la parte baja del sur, entre la comarca este y
oeste—, un despliegue eléctrico necesario para potenciar desde el
punto de vista poblacional, comercial y turístico, los municipios de
Fuencaliente, Los Llanos, El Paso y Tazacorte, estos últimos afectados
por el volcán. Mi grupo seguirá trabajando para lograrlo, y aunque no se
haya incluido, quería que se nos escuchara.


Para finalizar quiero mencionar unas palabras
sueltas sobre reto demográfico en La Palma, que ya me han oído antes:
Sobrecoste —vuelvo a nombrarla—: sobrecoste de gasolina; más
de 30 céntimos por litro es la diferencia de repostar un depósito en la
isla de La Palma o en la isla de La Gomera y El Hierro respecto a
Tenerife. Materiales: más de un 20 % de más es lo que pagan nuestros
agricultores por sus riegos, nuestros pescadores por sus redes, nuestros
autónomos por sus materiales, nuestras pymes y nuestra población por sus
productos. Servicios y mejoras: oficinas más equipadas, abiertas y ágiles
que venimos demandando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, las oficinas
del SEPE en nuestras islas. Infraestructuras: ejemplo clave es el
corredor eléctrico del sur o el apoyo a la ciencia, que aquí ha sido
unánime. Conectividad: más rutas y más económicas, tanto aéreas como
marítimas. Seguridad jurídica: esto es muy importante; favorecer las
leyes para que sea ágil y real la implantación urbanística poblacional y
comercial, porque nos hace falta para que los vecinos de los municipios
de Los Llanos, Tazacorte y El Paso no se tengan que ir. Y voy a nombrar
algo que no he nombrado y que quería incluir porque también es reto
demográfico: defensa, por ejemplo crear el Sexto batallón del BIEM VI de
la UME para Canarias, lo hemos pedido y ojalá que sea en un municipio que
se lo merece, en una isla que se lo merece, y más ahora, como La Palma,
porque la verdad es que nos han pasado todas las catástrofes posibles y
sería una conectividad directa para llegar a todos lados, y si viene
tendremos un aumento de población. Y nada más. Estas palabras son claves
para el crecimiento futuro de todas las islas verdes, pero permítame que
los ejemplos se refieran a mi isla de La Palma.


Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Carmona.


La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señora
presidenta.


Buenas tardes, señorías. Permítanme que comience
diciéndoles que no nos cansaremos de expresar nuestro profundo apoyo y
cariño a los palmeros y palmeras. Canarias somos una. (Aplausos).


Señorías, el reto demográfico, la cohesión
territorial, es un desafío de país que exige decisión en la toma de
medidas, orientando la acción del Gobierno hacia aquellos espacios más
afectados por la desigualdad territorial. No les quepa ninguna duda de
que las islas no capitalinas de mi querida tierra, Canarias, presentan
unas singularidades que requieren de actuaciones concretas por parte de
las administraciones cara a su desarrollo demográfico. Nuestra doble
insularidad, triple insularidad en el caso de la isla de El Hierro,
territorio que represento con sumo orgullo en esta Cámara; la dependencia
de monocultivos; nuestro suelo volcánico y montañoso, y la lejanía de la
Europa continental son grandes obstáculos para el desarrollo de nuestras
islas: La Palma, La Gomera y El Hierro, máxime cuando, además de dicho
carácter ultraperiférico que nos fuerza a soportar mayores costes en la
economía, peores servicios públicos y más deficientes comunicaciones,
presentamos peculiaridades orográficas que nos hacen especialmente
vulnerables a catástrofes naturales, tal y como ocurre tristemente en la
actualidad en la isla de La Palma o como ocurrió en El Hierro en octubre
del año 2011, con la erupción volcánica submarina del Tagoro. A pesar de
nuestra densidad de población tenemos una importancia demográfica,
económica y territorial relativamente pequeña con relación a la Unión
Europea como un todo.


Por tanto, podríamos afirmar que nuestras islas de
La Palma, La Gomera y El Hierro se encuentran en condiciones de
desigualdad con respecto a otros territorios de nuestro país; pero,
afortunadamente, también podemos afirmar que el actual Gobierno de España
tiene como prioridad la lucha contra la desigualdad, también la
desigualdad territorial. Este es un compromiso especial del presidente
del Gobierno, al que ya hizo mención en su discurso de investidura en
enero de 2020, en el que, poniendo en valor la cohesión territorial y la
lucha contra la despoblación, incidía en que resulta imprescindible
revertir la situación de desigualdad territorial que padecen muchas zonas
de nuestra geografía; un compromiso que, sin lugar a dudas, en estos días
requiere para los palmeros y palmeras un esfuerzo mayor, de mayor
celeridad tras la catástrofe del volcán Cumbre Vieja, pero no es nuevo
que tomó forma con la creación de un ministerio específico para la lucha
contra la despoblación, con la vicepresidenta Teresa Ribera al frente,
que ha puesto en marcha la Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico, con la aprobación el pasado mes de marzo del Plan de
recuperación, con 130 medidas ordenadas en 10 ejes de acción para abordar
la cohesión territorial, y que dentro del marco estratégico nacional se
alinea con el Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
contando con un presupuesto de 10 000 millones de euros, prácticamente
un 10 % del total del Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
destinados a impulsar la igualdad de oportunidades, la vertebración
territorial, la diversificación económica de las zonas más
desfavorecidas, el impulso de la innovación, la plena conectividad
digital, la equiparación entre los ámbitos rurales y urbanos, la puesta
en valor del territorio y de sus posibilidades endógenas de crecimiento,
la adecuada prestación de servicios básicos o la incorporación de
perspectiva demográfica en el proceso de toma de decisiones del
Gobierno.


En definitiva, señorías, las diferentes medidas del
plan tienen como objetivo mejorar la cohesión territorial, eliminar la
brecha urbano rural, impulsar las actuaciones en las áreas más afectadas
por la desigualdad, siendo necesario que este proceso se fundamente en un
compromiso compartido, en el que las administraciones en su conjunto
asuman su parte de responsabilidad en un proceso de acción armonizada al
que deben hacer frente con los medios y las competencias que el marco
constitucional y normativo les otorga a cada una de ellas. Posicionémonos
y propiciemos así acuerdos, señorías, para que juntos podamos impulsar la
recuperación de la isla de La Palma y hacer frente al reto demográfico,
también del Hierro y La Gomera, y eso es precisamente, señorías, lo que
hoy estamos debatiendo en esta moción.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.


Señorías, como les trasladé con anterioridad, vamos
a votar a las cuatro. Por lo tanto, quedan cinco minutos para que se
incorporen aquellos que todavía puedan estar fuera del hemiciclo y a las
cuatro llamaremos a votación.


Se suspende la sesión a las quince horas y
cincuenta y siete minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y tres
minutos.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Ruego
cierren las puertas.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LA CATÁSTROFE QUE SE ESTÁ
PRODUCIENDO EN LA ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO
CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.
(Votación).


662/000086

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 11.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías,
vamos a proceder a la votación, de acuerdo con la propuesta de
modificación que ha tenido número de entrada 113148.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 245; votos emitidos, 244; a favor, 244.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada. (Aplausos).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO EN LAS DENOMINADAS ISLAS VERDES DEL
ARCHIPIÉLAGO CANARIO PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE ESTOS TRES
TERRITORIOS INSULARES. (Votación).


662/000085

GPIC


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 11.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Se vota
con la incorporación de la enmienda del Grupo Nacionalista, la enmienda
del Grupo Socialista y la enmienda del Grupo Popular con número de
registro 112833.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 224; en contra, 3;
abstenciones, 19.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda
aprobada. (Aplausos).


Se levanta la sesión.


Eran las dieciséis horas y cinco minutos.