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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 669, de 10/05/2022
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 669
TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GÓMEZ-REINO VARELA
Sesión núm. 24
celebrada el martes,
10 de mayo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a dispensar una protección especial a los afectados de linfedema. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000101) ... (Página2)
- Por la que se insta al Gobierno a traspasar a la Generalitat de Catalunya la gestión de las prestaciones por desempleo y las competencias de seguimiento de la formación continua y a demanda. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural.
(Número de expediente 161/002920) ... (Página6)
- Relativa a impulsar el multilingüismo en los procedimientos administrativos que afecten a personas de origen extranjero. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003253) ...
- Relativa a incentivar la contratación de los empleados y empleadas del hogar. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003360) ... (Página14)
- Sobre el cumplimiento del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se garantizan los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Presentada por el Grupo Parlamentario
Republicano. (Número de expediente 161/003757) ... (Página18)
- Sobre la inclusión de las personas mayores en los servicios de banca digital. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003762) ... (Página23)
- Relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas,
haya sido instada a remitir al solicitante de la misma. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003896) ... (Página27)
- Relativa a la firma y adhesión por el Reino de España a la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/002933) ... (Página30)
- Sobre la creación de un fondo de capitalización para cada asalariado que finalice una parte de la indemnización en caso de despido ('mochila austriaca'). Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003936)
... (Página34)
Votaciones ... (Página40)
Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DISPENSAR UNA PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS AFECTADOS DE LINFEDEMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000101).
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
Como saben, el orden del día consta de diferentes PNL de los grupos parlamentarios y, sin más dilación, porque además tenemos el Pleno como espada de Damocles, pasamos a la primera proposición no de ley, que es del Grupo Popular, por la que
se insta al Gobierno a dispensar una protección especial a los afectados de linfedema.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
Señorías, hablamos hoy de salud, entendida no como ausencia de enfermedad, sino tal y como la define la OMS, como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y aquí, en la Comisión de Trabajo, lo hacemos más concretamente de
salud laboral, de ese estado que te permite tener la capacidad suficiente para ejercer una actividad laboral sin que ello suponga un sufrimiento insoportable para la persona, es decir, dentro del margen que se considere normal para el ser humano.
Hoy el Grupo Popular trae una iniciativa con la que pretendemos concienciar, sensibilizar y dar visibilidad a la situación que padecen las personas afectadas de linfedema, una enfermedad que se muestra como inflamación de miembros o partes
del cuerpo debido a un bloqueo del sistema linfático, y que suele ser una de las consecuencias derivadas del tratamiento del cáncer.
Afortunadamente, hoy el avance experimentado en la oncología es muy esperanzador y ha hecho que la supervivencia de los pacientes con cáncer haya aumentado de manera considerable. Pero muchas de estas personas, una vez superado el cáncer,
pueden padecer secuelas como de la que hoy hablamos, el linfedema, que puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo, y es una enfermedad que necesita tratamientos muy específicos y cuidados permanentes de por vida. Es una enfermedad crónica,
pero que, además, disminuye la calidad de vida de quienes la padecen, pues se ven impedidas, en muchas ocasiones, para realizar las actividades cotidianas porque no pueden coger peso, realizar movimientos repetitivos, mantener una misma postura o
realizar esfuerzos físicos. Es decir, están impedidas para realizar muchos trabajos o tener una vida laboral activa en las mismas condiciones que una persona sana.
Las personas con linfedema sufren, además, cierta estigmatización por el aspecto físico de la enfermedad, que también les afecta de manera emocional, psicológica y social, condicionando su vida, lo que también ha de ser tenido en cuenta en
todos los niveles. Sin embargo, y a pesar de todas estas limitaciones o incapacidades físicas y laborales, el linfedema sigue siendo una patología no suficientemente conocida y tenida en cuenta en su verdadera dimensión a la hora de valorar la
incapacidad laboral de quienes la padecen. Y es que, en la mayoría de las ocasiones, a los pacientes que afortunadamente han superado un cáncer se les da el alta laboral por cura. Esto conlleva que el trabajador debe volver a su puesto de trabajo,
pero hay personas que, tras superar, como digo, la enfermedad, desarrollan secuelas como el linfedema, la necrosis y problemas musculares que les siguen incapacitando, y les hace ser incapaces de realizar ese trabajo o por sus características
incluso puede que agrave la enfermedad, viéndose obligados a un continuo proceso de bajas laborales temporales que convierten su estado en insostenible tanto a nivel físico como psicológico.
Les pongo el ejemplo de Charo. Con poco más de treinta años sufrió un cáncer de mama que ha conseguido, afortunadamente, superar. Sin embargo, el sistema linfático ha quedado afectado teniendo linfedema y necrosis en la mama y en todo el
costado, además de tener importantes problemas musculares. Vive con dolores constantes y con todo el lateral de su cuerpo hinchado y los médicos no le recomiendan operarse dado el estado que presenta. Es decir, ha de vivir de por vida con esta
situación. Necesita tratamientos específicos, pues, por ejemplo, dos veces en semana acude a fisioterapia para recibir drenajes linfáticos.
Charo era empleada de un supermercado, entre sus funciones se encontraba la de coger peso para reponer mercancías, como cajas de bebidas y de leche y sacos de comida para animales, y debía pasar mucho tiempo de pie. Buscó algún trabajo
adaptado a su situación, pero no lo encontró. Le resultaba imposible realizar este trabajo. Le iban reconociendo bajas laborales temporales, pero, al pasar por el equipo de valoración, no se le concedía la incapacidad permanente, pues se le
valoraba su proceso oncológico, que había superado y, por tanto, se la considera apta para trabajar. Necesitando trabajar, encontró un puesto de jardinera, pero al no tener elasticidad y no poder coger peso, terminó haciéndose daño, fracturándose
una costilla. La mutua no le pagaba porque entendía que ella ya traía ese problema de base, pero la Seguridad Social le dice que está libre de la enfermedad, el cáncer, y que es apta para trabajar, por lo que, superados los períodos de incapacidad
temporal, recibe otra vez el alta, pues no se le valora el linfedema.
Esta es la situación que viven otros muchos afectados. Por eso, en el Grupo Popular entendemos fundamental y prioritario prestar especial atención a los enfermos que padecen linfedema como consecuencia crónica del cáncer, concediéndoles esa
especial protección tanto en el ámbito físico y sociológico como en el psicológico.
Además, aunque reconocemos la capacidad y la objetividad de los Equipos de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social a la hora de dictar sus dictámenes, entendemos necesario profundizar en el conocimiento del
linfedema, que quizás es lo que sea el problema, y las consecuencias que tiene en la vida de quienes lo padecen, el sufrimiento que les provoca y la afectación funcional que supone, independientemente del proceso oncológico del que traigan causa a
la hora de concederles su incapacidad acorde a su grado de afectación funcional.
Por ello, y con respecto -y voy terminando- a la enmienda que el Grupo Socialista nos ha planteado, me gustaría señalar que, con independencia de que estemos de acuerdo con ustedes en la conveniencia de dar una atención integral y
disciplinar a las personas con cáncer en el marco de la estrategia del cáncer en el Sistema Nacional de Salud en el que se priorice el estudio del linfedema, hablamos hoy en la Comisión de Trabajo no tanto de esa atención del cáncer, que, desde
luego, debe ser prioritaria, sino de la valoración por la Seguridad Social de la incapacidad laboral que el linfedema puede ocasionar a quien lo sufre y de las dificultades que los enfermos tienen para que se les reconozcan las consecuencias,
afectaciones y dificultades para trabajar en condiciones dignas como causas de incapacidad laboral.
Por eso, y como creemos importante hablar de ambos ámbitos, el sanitario y el laboral, hemos acordado una transaccional con el Grupo Socialista para que se incluyan ambas cosas, y esperamos que los demás grupos se unan para poder aprobar por
unanimidad esta proposición no de ley.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Como saben, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Para defenderla, tiene la palabra la señora Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Como no puede ser de otra manera, mi grupo parlamentario coincide en el fondo de la propuesta que el Partido Popular presenta a través de esta proposición no de ley. Somos conscientes de los graves efectos económicos, sociales y
psicológicos que causan algunas de las secuelas de los tratamientos para combatir el cáncer, como es el caso del linfedema.
Usted reconoce en su exposición de motivos que es cada dirección provincial del INSS la que valora la situación de incapacidad del trabajador, así como la objetividad de sus dictámenes y propuestas. En este sentido, el equipo de valoración
de incapacidades precisa de los informes médicos emitidos por los médicos inspectores que forman parte de la plantilla de las correspondientes unidades médicas existentes en las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En el caso particular del linfedema, el denominado Manual de actuación para médicos inspectores del INSS en su tercera edición de 2015 -está en preparación la cuarta edición- contiene 19 capítulos, estando dedicado el capítulo 14 a
enfermedades vasculares y específicamente el apartado 14.2.B al linfedema, en las prestaciones más frecuentes en la medicina evaluadora, que son el síndrome de linfedema posmastectomía de extremidades superiores y el linfedema o elefantiasis de
extremidades inferiores, estableciéndose, como en todas las patologías recogidas en dicho manual, hasta cuatro grados como criterios orientativos para la valoración. Esto es desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que serían la
inspección y el reconocimiento de la discapacidad, pero también, desde el punto de vista sanitario, la nueva actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud utiliza todos los conocimientos y datos disponibles hasta la fecha
para hacer lo que se aprobó el 24 de febrero de 2021 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El documento servirá de guía para la definición de líneas de trabajo para los próximos años, con el objetivo de mejorar la
prevención y asistencia a las personas con cáncer en todo el territorio nacional, atendiendo a los principales problemas de calidad, equidad y cohesión, tal y como se establece en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud.
Es verdad que dentro de esta estrategia de actualización de 2021, las prioridades de actuación para mejorar la atención psicooncológica tienen dos objetivos concretos: uno, validar métodos breves y sencillos para detectar precozmente el
malestar emocional, hacer una valoración del mismo y establecer el mejor abordaje para tratarlo y, dos, proporcionar atención psicológica a pacientes y familiares que lo precisen en cualquier momento de la enfermedad, no limitándola al momento del
alta, y contando con los recursos necesarios, contribuyendo a disminuir el distrés psicológico y a mantener la calidad de vida del paciente y de su familia.
Por este motivo nosotros hemos presentado una enmienda con el único propósito de ampliar y de mejorar su propuesta con la que, como ya dije al principio, estamos totalmente de acuerdo y compartimos el contenido. Así que firmaremos esa
transaccional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la fijación de posición. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente porque, ante una propuesta como la que recoge la proposición no de ley del Partido Popular, no es que sea difícil decir que sí ni decir que no o ni siquiera abstenerse, es que es difícil no tener una actitud
proactiva y de empatía hacia este tipo de propuestas. La pregunta es: ¿por qué una patología de este tipo tiene que tener una sensibilidad diferente, como señala en su parte dispositiva, hacia los equipos de valoración? ¿O por qué tiene que tener
la dispensa de una protección especial en el ámbito emocional, psicológico, físico, económico y social, que no deban de tener otro tipo de afecciones, igualmente graves, igualmente dolorosas e igualmente relevantes todas ellas?
Mi reflexión es que quizá sea el momento de que, de una vez por todas, hagamos una agrupación de todo ese tipo de dolencias que tienen que tener un tratamiento definido desde el punto de vista de las instituciones públicas, porque en parte
también aquí se está hablando de aquello que puede regular el Estado en cuanto a que la UVAMI pueda tener algún tipo de tratamiento o marco regulador definido, pero
otra cosa es la atención que como tal se debe dispensar en el ámbito sanitario que corresponde a las comunidades autónomas, respecto de la que también podría entenderse esta como una injerencia.
Desde luego, no puedo votar en contra. Me gustaría votar a favor, pero todavía no sé exactamente qué es lo que voy a hacer. De verdad que este tipo de iniciativas me ponen incómodo no porque no sean justas, son merecedoras de todo ello,
sino porque merecen un tratamiento mucho más integral que el interesado de una sola dolencia, como se ve en esta iniciativa.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al Grupo Parlamentario Plural. Señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. Intervengo muy brevemente también para manifestar, cómo no, la empatía con la voluntad de que estas situaciones no se produzcan. Es cierto que en el marco de la proposición no de ley de la Comisión va a haber una transacción
-y nos vamos a alegrar de ello- y seguramente se va a aprobar.
Quiero aprovechar estos minutos para hacer una reflexión breve sobre toda esta cuestión relativa a los Equipos de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social. He preguntado muchas veces, como diputado, por escrito si la Seguridad
Social tiene constancia de cuántas sentencias llega a perder en materia de incapacidades -de incapacidad total, de incapacidad absoluta y de gran invalidez- y la verdad es que la respuesta es sorprendente, porque la Seguridad Social no conoce qué
número de sentencias llega a perder en este ámbito.
Por supuesto que vamos a procurar que esta petición salga adelante, pero creo que el debate de fondo en esta materia de los Equipos de Valoración de Incapacidades tiene que ser más profundo algún día y que hay que valorar qué nivel de
acierto tienen porque después muchas decisiones son revocadas por los juzgados de lo social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Republicano, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: No tengo nada más que añadir. Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, como no puede ser de otra manera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Pasamos al Grupo de Unidas Podemos. Señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidente.
Los tratamientos y la superación del cáncer ya son bastante dolorosos y difíciles como para que, superados los efectos secundarios, haya dificultades para reincorporarse con normalidad a la vida ordinaria y al trabajo. Entendemos que las
personas afectadas por linfedema deben contar con unos protocolos de salud específicos en las medidas de prevención y salud laboral de la empresa.
Se trataría no solo de que el Gobierno impulse una norma, sino también de que los actores implicados en la negociación colectiva del sector o de la empresa tengan en cuenta esta casuística cuando establecen las normas de prevención y salud
laboral.
Votaremos a favor de esta proposición no sin antes poner el acento en la necesidad y en la importancia de la negociación colectiva, esa que el Partido Popular trabajó para destruir en su nefasta reforma laboral y que, afortunadamente,
estamos dejando atrás.
Otra cuestión importante es la falta de medios para la prevención, tratamiento y rehabilitación. Sin duda, necesitamos fortalecer la sanidad pública para que pueda dar respuesta a esta y a otras cuestiones de importancia que a menudo,
además, han quedado relegadas por la presión en el sistema provocada por la pandemia. Necesitamos más sanidad pública y más y mejor atención primaria, y en esto también trabajamos en Unidas Podemos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al Grupo Parlamentario VOX. Señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidente.
Es evidente que estamos ante una secuela que disminuye la calidad de vida de las personas que la padecen, personas que, además, han tenido que enfrentarse a una enfermedad dura, con tratamientos largos y difíciles, y que han tenido que hacer
un esfuerzo físico y emocional tremendo para superar su enfermedad. Hablamos de personas que tienen que aprender a vivir con una enfermedad crónica, porque eso es lo que es el cáncer, en definitiva, una enfermedad crónica incluso aunque se haya
superado con éxito, a la que hay que enfrentarse en cada revisión a lo largo de toda la vida. Es verdad también que se trata de una secuela que se suma a otras emocionales y psicológicas y que tiene consecuencias para la vida laboral de estas
personas y, por tanto, para su situación económica y social.
Nosotros consideramos que todas las personas que han padecido o padecen una enfermedad tan grave necesitan ser atendidas íntegramente y en todas sus necesidades por la sanidad pública y por la Seguridad Social, y es sencillamente vergonzoso
que en la actualidad haya tratamientos indispensables que no estén cubiertos por la sanidad pública cuando el Gobierno permanentemente alardea de lo social. Porque claro que la sanidad pública debe cubrir todos los tratamientos, todos, psicológicos
y físicos, que nuestros compatriotas necesitan para llevar una vida digna y claro que la Seguridad Social debe atender a todas las personas que por sus secuelas físicas no pueden trabajar o no pueden hacerlo al ritmo con el que lo hacían antes de
padecer una enfermedad.
Estos deberes deberían ser absolutamente irrenunciables y, desde luego, lo son para VOX, porque no es solo que VOX apuesta por una sanidad pública de calidad para todos los españoles, es que VOX apuesta por una sanidad pública mucho mejor de
la que tenemos, y con muchos más recursos, para poder cubrir todas las necesidades sanitarias de los españoles; es que VOX apuesta por incrementar el gasto público en sanidad, en educación, en dependencia y en pensiones; es que VOX entiende como
una prioridad absoluta la ayuda social, y es que VOX aboga por una asistencia social suficiente para todos los españoles en situación de vulnerabilidad. Por eso mismo, VOX exige que el dinero de todos los españoles, que se recauda mediante los
impuestos, sea para lo importante, que es justamente esto, y no para atender tanto despropósito ideológico y político. Así lo reflejamos en nuestra Agenda España, como cualquier interesado puede comprobar si se toma la molestia de leerla dejando
atrás sus prejuicios.
La salud de los españoles y su protección social, señorías, es lo primero para VOX y por eso para nosotros no hay gasto más necesario ni inversión mejor destinada que esta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Ya se han manifestado respecto a las enmiendas y les quiero decir que la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha solicitado que la proposición no de ley número 3.º relativa a la firma y adhesión por España a la Convención de
Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios pase a ser de las últimas del orden del día. ¿Les parece bien que pase a ser la octava y así la dejamos la última para que el portavoz de Ciudadanos, que no
está porque está en otras comisiones, pueda venir? (Asentimiento).
Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRASPASAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y LAS COMPETENCIAS DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN CONTINUA Y A DEMANDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL.
(Número de expediente 161/002920).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a traspasar a la Generalitat de Cataluña la gestión de las prestaciones por desempleo y las competencias de seguimiento de la formación continua y a
demanda del Grupo Parlamentario Plural.
Para defenderla, tiene la palabra el señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
El PDeCAT presenta hoy una proposición no de ley desde la perspectiva de que las políticas de ocupación tengan un enfoque y una visión mucho más general. En Cataluña hoy las políticas activas de ocupación son gestionadas por la Generalitat
de Catalunya a través del SOC y, en cambio, las políticas
pasivas son gestionadas por el SEPE, que depende del Ministerio de Trabajo. Es decir, que no hay un mismo órgano que, por un lado, pague la prestación de desempleo, y que, por el otro lado, ayude al parado a encontrar trabajo y es necesario
corregir esta disfunción. Creemos que juntar en un mismo órgano a quien paga el desempleo y a quien ayuda al parado a encontrar trabajo generaría mucha más eficiencia en la gestión de los recursos públicos, además del cumplimiento del llamado
principio de subsidiariedad, la gestión por parte de la Administración más cercana, que, por otro lado, también es la posición que defiende el Consejo de Europa.
Entendemos que esta puede ser una buena iniciativa que, si la Generalitat de Catalunya lo pide, como así entendemos que debe hacer, puede propiciar que aquellas personas que están en situación de desempleo encuentren el trabajo mucho más
rápido, porque el sistema será mucho más eficiente a la hora de ser gestionado, y no sufran esta diferencia de administraciones.
Finalmente, también verán que hay una petición de transferencia íntegra de las competencias de seguimiento en formación continua y la formación a demanda, que es la formación bonificada. Por todo ello, les pido el voto a favor no porque sea
una petición del PDeCAT y una petición que entendemos que mejoraría la gestión de la Generalitat de Cataluña, sino para que el mercado de trabajo sea mucho más eficiente en el marco de las administraciones públicas y puedan conseguir trabajo
aquellas personas que están en situación de desempleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Boadella.
No se han presentado enmiendas a esta PNL, con lo cual, iniciamos, si les parece, el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Estamos absolutamente de acuerdo con esta proposición y vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Pasamos al Grupo de Unidas Podemos. Señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Entendemos que la titularidad de competencias no es siempre, o necesariamente, garantía de buen funcionamiento de las administraciones, aunque, sin duda, puede facilitar un mejor servicio a la ciudadanía. Es verdad que en el Estado de las
autonomías hay descentralizaciones con importantes desajustes, y entre ellas, esta tríada de políticas activas de empleo, formación continua y prestaciones de desempleo y que las personas en esta situación de desempleo a menudo se ven abocadas a
dirigirse a diferentes ventanillas para tramitar, etcétera.
En cualquier caso, que la Generalitat sea titular de una competencia tampoco es garantía exactamente de que se sea más eficaz o más eficiente. Hay que recordar, por ejemplo, la gestión muy mejorable de las ayudas a autónomos durante la
pandemia por parte del Departament de Treball.
En cuanto al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, en momentos excepcionales o de mayor demanda, como fue el despliegue del escudo social con la figura de los ERTE, mostró claramente sus límites en la tramitación de cientos de miles
de demandas y una Administración menguada de personal, gracias a la política de adelgazar la Administración pública del Partido Popular durante los años anteriores que generaron situaciones lamentables que sufrieron los trabajadores y las
trabajadoras. Sin duda, se debe avanzar en una mejor coordinación entre las diferentes administraciones y también en estas ventanillas únicas para la tramitación.
También quiero recordar que, en este momento, en el Ministerio de Trabajo se está dando un impulso a los procesos de modernización y digitalización que repercutirán en un mejor servicio a la ciudadanía, y que, tras años de recortes del
Partido Popular, es fundamental un fortalecimiento de las plantillas en el SEPE para mejorar la gestión y la tramitación. Trabajamos para que esto sea posible porque es un servicio esencial para los trabajadores y las trabajadoras.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saavedra.
Pasamos al Grupo Parlamentario VOX. Señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Boadella, le tengo que agradecer profundamente la crítica al Estado de las autonomías que acaba de hacer su grupo con esta proposición no de ley. Efectivamente, es imperativo juntar en un mismo organismo, como se dice en la exposición
de motivos, a quien paga la prestación por desempleo, que es el SEPE, y a quien debería ayudar a encontrar trabajo en Cataluña que, en este caso, en determinadas parcelas es el SOC.
Así pues, es evidente, y queda constancia de ello, que la dispersión en diversos organismos en nada favorece la gestión y las necesidades de la ciudadanía. En definitiva, en esta proposición no de ley se pretenden nuevos traspasos y
transferir nuevas competencias, y ello no significa que se acuda al carácter de subsidiariedad del Estado. El carácter de subsidiariedad del Estado no es aquel que está más cercano, sino aquel que suple las necesidades que la sociedad no es capaz
de conseguir por sí misma.
¿Quién dice que el papel subsidiario más cercano es el que depende de la Generalitat de Catalunya? ¿Por qué ha de ser el más cercano ese si puede ser perfectamente el que depende del Estado?
En definitiva, votaremos en contra de esta proposición no de ley porque no defiende los motivos y los derechos de los trabajadores, sino dar un paso más hacia delante de transferencias y traspasos nuevos a la Generalitat. Seguimos
manifestando, y esta proposición no de ley así lo manifiesta de forma rotunda, el fracaso del sistema de las autonomías que hay que reformarlo porque, tal como dice el señor Boadella, es un imperativo juntar en el mismo organismo ambas prestaciones,
pero no en el que él solicita.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora De Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidente.
He de decirles que esta PNL sobre la transferencia de las prestaciones económicas de desempleo a la Generalitat me ha sorprendido muchísimo, tratándose de un Gobierno autonómico cuyos líderes están condenados por malversación de dinero
público, aparte de por sedición y que, además, repiten que lo volverán a hacer; una Generalitat que ha sumido a Cataluña en una gran inseguridad jurídica, en una decadencia moral y social y que da la espalda a la mitad de los catalanes; un
Gobierno autonómico que ahoga a impuestos a los catalanes con 19 impuestos propios -Madrid, ninguno- y que despilfarra el dinero público, el de todos, en abrir falsas embajadas o en crear una NASA catalana, y un Gobierno que es experto en desempleo,
sí, pero en generarlo y aumentarlo porque, desde que comenzó el delirante procés, más de 7000 empresas se han ido de Cataluña, según las cifras del registro mercantil y miles de trabajadores de Nissan se han ido hace poco a la calle al cerrar la
planta que tenían en la zona franca de Barcelona. Además, hemos conocido, también hace un mes escaso, que Volkswagen y Seat han anunciado que la planta de baterías no se va a ubicar en Cataluña, sino en Sagunto. Me sorprende también que la PNL
hable de que el SOC -Servei d'Ocupació de Catalunya- ayude al parado a encontrar trabajo. El profesor Alujas, de la Universidad de Barcelona, concluyó en un estudio que el SOC interviene en menos de una de cada cien colocaciones, y que solo pasan
por las oficinas del SOC dos puestos vacantes de cien. Es decir, las empresas no utilizan este servicio de intermediación porque desconfían de la eficacia del mismo. Por lo tanto, no sé cómo piden que además asuma las prestaciones de desempleo,
prestaciones que se llevan en Cataluña, como en el resto de España, por los funcionarios del SEPE, funcionarios que han demostrado una gran profesionalidad y vocación de servicio, y que durante esta pandemia han suplido con gran dedicación y
esfuerzo la falta de medios materiales y humanos. Aprovechamos también para felicitar a los funcionarios del SEPE de Barcelona por la concesión hace poco del Sello de Cristal, que se lo ha concedido el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y en
el que han valorado precisamente la calidad del servicio.
Por último, hemos de decirles que, aparte de por todos los motivos expuestos, vamos a votar en contra porque además nuestro grupo parlamentario está a favor de reforzar el Estado en Cataluña, y no de reducirlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Luna.
Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
Se insta mediante esta proposición no de ley de Grupo Plural, en concreto del PDeCAT, a traspasar a la Generalitat la gestión de las prestaciones por desempleo y las competencias de seguimiento de formación continua y a demanda. Acabar con
el desempleo es prioritario para el Gobierno de coalición. El desempleo, especialmente de larga duración y aquel que afecta a mujeres y a colectivos especialmente sensibles, como son los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas
migrantes, es objeto de las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, reformas que pretenden dar un vuelco al actual modelo de precariedad laboral y salarial, como es el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, de la
reforma laboral, que hoy ya nos ofrece datos contundentes. Según datos recientes correspondientes al mes de abril, uno de cada dos contratos firmados en abril es indefinido, lo que equivale a un 48,2 % del total de los contratos firmados. Esta
contratación indefinida se incrementa notablemente en todos los sectores, en todas las comunidades autónomas, en todos los tramos de edad. Entre los menores de 25 años, los contratos indefinidos alcanzan un 44 %. El paro, por otra parte, desciende
este mes de abril en 86 260 personas, y si hablamos abril de 2021 desciende en 888 125 personas. Y a pesar de que nunca nos podemos sentir satisfechos con que haya una sola persona desempleada, sí es importante señalar los avances que está llevando
a cabo este Gobierno.
Fíjense, estamos de acuerdo en cuestiones que se plantean en esta PNL, como el tener amplitud de miras y no cerrar el zoom. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con los fondos Next Generation, van en una dirección
clara, en una voluntad clara de recuperar un modelo de empleo que sea evidentemente de calidad, fomentando la formación y la igualdad, y evidentemente las reformas estoy de acuerdo en que han de ser integrales, con una visión integral, y de una
mirada amplia. Por tanto, en eso coincidiríamos con el portavoz del PDeCAT. Sin embargo, las reformas estructurales, para que sean más eficaces, tienen que tener esa mirada amplia, y no podemos estar de acuerdo en lo que se nos plantea por el
Grupo Plural por varias razones.
Primero, porque el traspaso de la gestión de la prestación por desempleo es imposible. El artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que
garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Así pues, la protección por desempleo adopta la forma de prestaciones sociales inscritas en el régimen público de la Seguridad
Social, es decir, es materia de competencia exclusiva de la Seguridad Social. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sido claro al respecto, y además se basa en sus sentencias en una cuestión que es clave, y es que estas políticas, esta
competencia, que es compartida por parte del Estado, lo que pretende garantizar es el principio de solidaridad a nivel territorial, y lo que ustedes plantean no lo garantiza. Están planteando que Cataluña tenga un régimen distinto en cuanto a
prestaciones del resto del territorio español. Por lo tanto, vamos a oponernos.
En cuanto al ámbito estatal, en cuanto a las competencias de seguimiento de la formación continua y a demanda por el Gobierno de la Generalitat, también nos opondremos, y nos opondremos porque el Servicio Público Estatal de Empleo es el que
desarrolla estas funciones de programación, gestión y control. Se debería llevar a una modificación legal, y en todo caso ha quedado claro que, residiendo en una competencia estatal como es la caja única de la Seguridad Social, evidentemente
requeriría una modificación constitucional, modificación constitucional que ustedes en ningún momento han planteado.
Voy acabando, presidente. Saben que esta proposición no de ley, de la forma que está planteada es un brindis al sol. Ustedes piden más -ya lo he dicho- que el resto de territorios, y eso creo que no nos lo podemos plantear en estos
términos. Desde el Ministerio de Trabajo se están emprendiendo políticas dirigidas precisamente a la formación, para dotar a la ciudadanía de proyectos individuales y colectivos de vida solventes.
Por último, y para acabar, creo que cada uno tiene que ejecutar sus competencias de forma eficaz y eficiente, y les pondré un ejemplo relativo a estos proyectos. A 16 de diciembre de 2021, a la Generalitat aún le quedaba pendiente por
ejecutar un 10 % de estas subvenciones que recibe. Creemos que corresponde a la Generalitat en todo caso hacer un esfuerzo por dotar a su servicio público de empleo, al SOC, de los técnicos suficientes, gestionar mejor y, en todo caso, colaborar y
cooperar con el Gobierno de España en este sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perea.
- RELATIVA A IMPULSAR EL MULTILINGÜISMO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003253).
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a lo que era la proposición de ley 4 del orden del día, porque la 3, como acabamos de decir, pasa a ser la penúltima PNL. Por lo tanto, pasamos a la proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa
a impulsar el multilingüismo en los procedimientos administrativos que afecten a personas de origen extranjero.
Para defenderla tiene la palabra la señora Vilches.
La señora VILCHES RUIZ: Gracias presidente.
Desde hace varios siglos la historia de la humanidad ha sido parcelada, dividida en períodos para poder comprenderla y estudiarla. La aparición de la agricultura, por ejemplo, es la línea que divide la prehistoria de la historia; el
descubrimiento de América por Cristóbal Colón deja atrás la Edad Media para entrar en la Moderna, y esta, a su vez, queda atrás con la Revolución Francesa. Evidentemente, uno no se acuesta medieval y se levanta moderno, son procesos de años, de
décadas incluso, pero que suponen, visto con la perspectiva que da el paso del tiempo, un punto de inflexión en la vida social, económica y política de la humanidad. Probablemente, la irrupción en el mundo de un nuevo virus, el COVID-19, su
propagación, los millones de muertes ocasionadas, las consecuencias económicas y sociales que está acarreando, hagan que en el futuro los historiadores planteen esto como, al menos, un hito en nuestra era.
Aterrizando en el hoy, en esta Comisión y en el debate de esta PNL para impulsar el multilingüismo y los procedimientos administrativos que afectan a personas de origen extranjero, podemos constatar que el contexto COVID ha marcado un antes
y un después en el funcionamiento de la Administración pública y en su forma de relacionarse con los ciudadanos. Y es que las herramientas digitales verdaderamente fueron una oportunidad para establecer contacto entre ciudadanos y Administración
cuando las vacunas no eran más que un sueño y el virus campaba a sus anchas. Por eso, el Gobierno, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desarrolla el plan de digitalización de las administraciones públicas, precisamente
para conseguir una Administración moderna, eficaz, eficiente, útil, accesible y transparente. Por eso nace la plataforma Mercurio en el seno de la transformación digital en materia de inclusión, Seguridad Social y migraciones, con el objetivo de
agilizar y facilitar trámites administrativos relacionados con el sistema de autorizaciones de extranjería. Este sistema permite realizar trámites, solicitudes telemáticas de autorizaciones, de renovaciones de extranjería, sin necesidad de ir a una
oficina. Sin embargo, para muchas personas acceder a esta herramienta a veces se torna en una auténtica carrera de obstáculos. En las carreras de obstáculos, los desafíos normales son superar pruebas como escalar paredes, transportar objetos muy
pesados, atravesar cuerpos de agua. Imaginen por un momento que son ustedes quienes participan. El señor Ortiz, por ejemplo, participa descalzo, la señora De Meer sale con los ojos vendados, la señora Muñoz lo hace en tacones. Con estas
dificultades, lo más probable es que abandonen la carrera, que terminen accidentados o que, con suerte, lleguen extenuados a la meta. Así es como se debe sentir aquel que solicite una autorización de residencia temporal por reagrupación familiar,
por ejemplo, y que acceda a la página web y no entienda nada de castellano. Estoy pensando en la familia de Mali que vive en mi pueblo, que solamente habla francés y que, además, tendría que desplazarse hasta Albacete, a casi 100 kilómetros de
distancia, para poder realizar el trámite. O así se puede sentir esa mujer que necesita renovar su solicitud de residencia temporal por trabajo por cuenta ajena, recogiendo fresas, por ejemplo, pero es que no ha cogido un ordenador en su vida.
Y precisamente en esa carrera las normas del juego que nos hemos dado son la Constitución y todo el marco legal español, que nos mandata garantizar esa participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social, cultural;
nos mandata garantizar la eficacia y la igualdad a la hora de acceder a todas las administraciones, pero es que, además, nos obliga a dotar de recursos suficientes para poder acceder a este derecho. Por lo tanto, votar a favor de esta PNL supone
derribar algunas de esas barreras cuyo grado de dificultad es directamente proporcional al grado de vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros. Así, conocer en tu propia lengua mediante campañas informativas que tú mismo, sin moverte de tu casa,
puedes realizar todas las autorizaciones o renovaciones que necesites supone salir a correr con zapatillas. Utilizar la plataforma de traducción automática en tu lengua significa participar con los ojos abiertos, atento a todo lo que pueda
acontecer durante la carrera. Pero es que tener la formación y la capacitación para el uso de medios digitales necesarios supone cambiar los tacones por unas estupendas zapatillas de correr.
Señorías de Vox, yo, por mi parte, sin esperanza de que el ejercicio de empatía que les he planteado haya atravesado la coraza racista que cubre sus conciencias, supongo que sí podrán empatizar con aquellos ciudadanos que también usan estas
herramientas, por ejemplo, los nacionales del Reino Unido que solicitan su documento de residencia o aquellos que quieren renovar su autorización de residencia como trabajadores altamente cualificados. De hecho, de los 6 006 130 extranjeros, a
fecha de diciembre de 2021, con tarjeta de residencia en vigor -quédense tranquilos, señorías de VOX-, más de la mitad, 3 274 000, son procedentes de la Unión Europea, y el número de autorizaciones para estancia por estudio es de 55 393.
Señor presidente, concluyo solicitando al resto de sus señorías el voto afirmativo a esta iniciativa. Soy muy consciente de que queda mucho por hacer, muchos obstáculos que derribar en materia de extranjería, pero, como decía al principio,
la pandemia ha cambiado todo, ha generado nuevas dinámicas, nuevas formas de relacionarse, de comunicarse, de vivir. En nuestra mano está hacer la vida más sencilla y fácil a aquellos que tienen que participar en esa carrera de obstáculos que es la
vida con lastres y con desventaja. Y cuando los historiadores del futuro valoren, con la perspectiva que da el devenir de los años, cómo el COVID impactó en nuestras vidas, cada uno de ustedes, cada uno de sus grupos políticos quedará retratado en
función de qué pudo aportar en tan duros momentos. Por favor, no desperdicien más ocasiones de hacer algo positivo y voten sí a esta PNL.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Se han presentado, como saben, dos enmiendas a esta PNL. Para defender la suya, por el Grupo Republicano tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Yo doy por defendida mi enmienda, y simplemente un apunte: que esta sensibilidad por las diferentes lenguas no sea solamente instrumental, que está muy bien para que la gente se pueda comunicar y podamos facilitar
la vida a todas las personas, que me parece fantástico, sino que, aparte de instrumental, también sea por sensibilidad, y esto se podría abrir a muchísimas administraciones públicas y a muchísimas instituciones, empezando por el Congreso de los
Diputados y por las comisiones de trabajo, en las cuales yo podría expresarme en catalán y podría haber un servicio de traducción automática, como se pide, y al mismo tiempo no habría idiomas de primera ni idiomas de segunda, sino que todas las
personas que en estos momentos estamos en el Reino de España podríamos estar mucho más a gusto. Pienso que, como dice la proposición no de ley, sería más que posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.
Señorías, cuando ayer mismo fallecieron 44 migrantes en el naufragio de una patera en su intento de llegar a Canarias, cuando la migración irregular sigue siendo un problema en muchas ciudades y comunidades autónomas de este país, cuando las
mafias siguen campando a sus anchas traficando con personas y enriqueciéndose a costa de poner en peligro muchas vidas, cuando los centros de acogida de MENA y de migrantes en general siguen saturados, cuando las ONG siguen reclamando un sistema
objetivo, justo y transparente de distribución de subvenciones, cuando con el sistema de acogida de refugiados de Ucrania, una vez más, ayuntamientos, comunidades autónomas, colectivos y ciudadanía han vuelto a demostrar que han llegado antes que el
Gobierno, cuando todo eso está ocurriendo, el Grupo Socialista, partido de gobierno, dedica su tiempo a redactar proposiciones no de ley en esta Comisión que son un brindis al sol, como esta que nos ocupa en estos momentos.
Señorías, estamos debatiendo un 10 de mayo de 2022, en pleno siglo XXI, por parte del partido que sustenta al Gobierno de este país, instarse a ellos mismos a aplicar el multilingüismo -es decir, las distintas lenguas- a los migrantes en sus
relaciones con la Administración. Sí, señorías, hemos oído bien: se instan ellos mismos a que la Administración que ellos mismos dirigen atienda a los migrantes en sus respectivas lenguas y dialectos para que comprendan y puedan realizar los
diversos trámites burocráticos. Esto, señorías del Grupo Socialista, os debe de sonrojar. No se insten más, háganlo de una vez, trabajen y no retrasen más compromisos como este que debatimos. Esta propuesta ya debe ser realidad. Un Gobierno
responsable lo que haría es presentar, por respeto a esta Comisión, un plan
transversal para adaptar los distintos trámites que se ofrecen desde la Secretaría de Estado de Migraciones y los ministerios con competencias en sus relaciones con los migrantes a las distintas lenguas y dialectos. Lo presentaría en esta
Comisión con su correspondiente financiación, con los plazos de ejecución, con las plataformas donde aplicarlo. Esto es lo que haría un Gobierno responsable, lo que haría un partido de gobierno responsable. Presenten, señorías socialistas, un plan
concreto y realista, y no más brindis al sol, como con esta PNL, que, todos sabemos, no llegará a nada. Prueba de ello es que en su exposición de motivos ni hablan de fechas ni de financiación.
Señorías del Grupo Socialista, cuando decimos desde el Grupo Popular que la legislatura está acabada, que el Gobierno de Sánchez está acabado y que su partido está agotado de ideas y de ilusión por ofrecer soluciones a los problemas que
tiene la sociedad española, nos referimos a esto: un partido que se insta a ellos mismos a hacer cosas que ya deberían de estar hechas, con propuestas vacías de contenido.
El Grupo Parlamentario Popular va a seguir trabajando en proponer una alternativa de gobierno con medidas eficaces y con sentido común, también en materia migratoria. En esta Comisión vamos a seguir defendiendo medidas a favor de una
migración regular, ordenada y orientada al mercado laboral, que ponga fin al negocio de las mafias; vamos a seguir defendiendo medidas a favor de una política migratoria que respete nuestras leyes y los acuerdos internacionales, y vamos a seguir
defendiendo, como hemos venido haciendo, medidas para que desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ponga los recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados para que las personas migrantes de este país obtengan de la Administración los
servicios y la atención adecuada con todas las garantías. De ahí la enmienda que hemos presentado a vuestra PNL, por la cual el Congreso de los Diputados debe instar al Gobierno de España, esto sí, en coherencia con el derecho de la ciudadanía, a
relacionarse con las administraciones públicas mediante medios electrónicos y a que se presente ante esta Comisión un plan para facilitar a la población migrante en España el acceso a los mismos.
Señorías -y voy terminando, presidente-, esto es lo que debe hacer el partido en el Gobierno, y no, insisto, más brindis al sol, como esta PNL sin medidas concretas. Pónganse a trabajar, gobiernen y respeten a esta Comisión trayendo un plan
concreto con plazos y con financiación a favor de las relaciones de los migrantes con la Administración y, sobre todo, con todas las garantías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Pasamos al turno de fijación de posiciones en esta PNL.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muy brevemente.
En primer lugar, quiero manifestar...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Barandiaran. Tratemos, por favor, señorías, de bajar el volumen, si es que hay conversaciones.
Continúe, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, por dos motivos. Uno, porque primero iba a manifestar mi apoyo a buena parte o a prácticamente toda la intervención de la proponente del Partido Socialista en cuanto al contenido de esta proposición no de ley. Pero,
segundo, y como de alguna manera ya ha anticipado el portavoz de Esquerra Republicana, quiero manifestar la incoherencia no tanto del Partido Socialista, sino del propio Gobierno, pero de este y de cuantos gobiernos han existido hasta la fecha,
desde el punto de vista de que está muy bien, que entendemos que es necesario facilitar el acceso desde el punto de vista idiomático tanto a quienes carecen de medios como a quienes están en una situación de acceso de forma regular, pero sobre todo
a aquellos que se supone que ya estamos sometidos a un derecho, a una norma determinada que se supone que debería garantizar nuestro acceso en nuestros propios idiomas allí donde tengamos lenguas oficiales. Porque el acceso a esta plataforma hoy
día solo se puede hacer en castellano. Es verdad que no será habitual que venga un vasco-francés a acceder a esta plataforma, pero no lo podría hacer en su idioma y nadie lo pretende. Tampoco lo podríamos hacer, como decía el compañero de Esquerra
Republicana, si pretendiéramos manifestarnos aquí, en esta Comisión, en nuestras lenguas propias, pero es que tampoco lo podrían hacer los ciudadanos vascos, gallegos o catalanes si pretendieran
en muchos casos acceder a la Administración del Estado a hacer cualquier trámite de carácter regular porque las delegaciones o la Administración del Estado en las comunidades autónomas no se ha ajustado a los planes lingüísticos y, por lo
tanto, al menos en Euskadi, no es posible acceder en euskera a la mayor parte de servicios de la Administración del Estado.
Me parece perfecto el planteamiento de la proposición no de ley respecto de todas aquellas personas que pretendan acceder a una situación de ayudas facilitándoles el acceso a través de una plataforma multilingüe, pero, ojo, el déficit no se
da solo respecto de quienes pretenden acceder al Estado, se da también en el ámbito interno del Estado, y también no solo en estos trámites de acceso a esta plataforma, sino en el acceso a muchos trámites administrativos de carácter ordinario en los
que está vetado, porque no existen funcionarios, porque no existe la normalización de la lengua en muchos de estos sitios para los ciudadanos que supuestamente tenemos también derecho a través de las normas lingüísticas que imperan en nuestro
territorio.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Eskerrik asko, señor Barandiaran.
Pasamos al Grupo Plural, señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente también.
Quiero mostrar la predisposición a lo que se plantea en la proposición no de ley, pero también la suma a los que eran los argumentos planteados por el compañero del PNV, y es que es cierto, hoy en día, en muchos de los portales de la
Administración General del Estado no funcionan todavía las lenguas cooficiales en el ámbito del Estado. Por tanto, este Estado, que se predica plurilingüístico, a veces esta sensibilidad no la tiene ni tan siquiera con sus propios actuales
ciudadanos. Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente la proposición, pero queríamos dejar constancia de esta realidad objetiva de las sedes electrónicas, de las webs del Estado y de sus ministerios, en las que la pluralidad lingüística
muchas veces brilla por su ausencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Moltes gràcies, señor Boadella.
Pasamos al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Tiene la palabra la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
Los medios telemáticos son un buen medio para agilizar las relaciones administrativas con la ciudadanía, pero no toda la atención puede realizarse de forma telemática, obviamente. La atención presencial es imprescindible en todas las
administraciones, especialmente en aquellas que implican gran complejidad, como puede ser el caso de los expedientes de extranjería a los que nos referimos, pero también porque sabemos de la existencia de la brecha digital, ya que no todas las
personas tienen acceso a los recursos o competencias necesarias para utilizar los medios telemáticos. Por tanto, entendemos que es prioritario dotar de personal a las distintas administraciones para poder dar un servicio público de calidad. El
adelgazamiento de la Administración pública en lo relativo a personal que perpetró el Partido Popular en pasados años con el establecimiento de tasas de reposición a cero, que ha supuesto que no se cubrieran muchos puestos de trabajo, ha debilitado
servicios de calidad por parte de la Administración. Esto tenemos que revertirlo y estamos en ello. Y, al mismo tiempo, se deben potenciar los medios electrónicos telemáticos como un recurso más para paliar la a menudo falta de servicio público y
aprovechar las ventajas de estos sistemas.
En esta cuestión, en el ámbito de las personas de origen extranjero, aparece, además, la barrera del idioma. El desconocimiento del castellano o de las lenguas cooficiales en cada territorio puede ser muy limitante, por lo que estamos muy
de acuerdo con la propuesta de esta PNL. Es muy pertinente el difundir la existencia de la plataforma Mercurio en diversas lenguas, ampliar e impulsar el multilingüismo en la plataforma de traducción automática, implementar acciones de formación
para reducir la brecha digital y, como aquí se ha dicho, mejorar la atención en las diversas lenguas cooficiales de nuestro Estado por parte de la Administración.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.
Pasamos al Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra la señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría que toda España supiera que estamos en la Comisión de Trabajo debatiendo una iniciativa que ha traído el Partido Socialista, partido de gobierno, ¿y saben los españoles sobre qué? Sobre impulsar el multilingüismo en los
procedimientos administrativos que afecten a las personas de origen extranjero. Es decir, que para ser más inclusivos, más resilientes, más multiculturales, más ecofeministas tenemos que tener los procedimientos administrativos disponibles en
árabe, en bengalí, en molof, en todas aquellas lenguas de la población extranjera que habita en nuestro país.
Señorías, ¿saben que la gente no puede pagar el gasoil? ¿Saben...? (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). No, no... (Continúan los rumores). Es que es así. ¿Saben lo que le importa el multilingüismo
en los procedimientos administrativos a un camionero que tiene que pagar dos veces de factura de gasoil y que no puede llevar un plato caliente a su familia? Es que el estar debatiendo estas tonterías por parte del propio partido del Gobierno es el
reflejo de aquello en lo que se ha convertido esta Cámara, en un lugar muy alejado de la realidad de los españoles. Si quieren, se lo digo en suajili.
O sea, que para el partido del Gobierno es discriminatorio que no haya multilingüismo en las herramientas administrativas. Yo lamento muchísimo, de corazón, que ustedes estén tan lejos, y cada día más lejos, de la gente. Los españoles,
señorías, se lo harán pagar más pronto que tarde.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Respecto de las enmiendas, después nos dicen cómo quedarían.
La señora VILCHES RUIZ: Se votará en sus términos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL HOGAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003360).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, el punto 5 del orden del día. Proposición no de ley relativa a incentivar la contratación de los empleados y empleadas del hogar, del Grupo Parlamentario Popular. Para
defenderla, tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, traemos una proposición no de ley para permitir que se puedan desgravar en el IRPF las cotizaciones sociales de las empleadas del hogar. Es verdad que el salario mínimo ha subido en los últimos años, que es una buena noticia,
pero también tiene sus consecuencias. Estos incrementos nos hacen pensar que hay que analizar estos efectos de la subida del salario de las empleadas de hogar, que en su mayoría son mujeres, y también los efectos que han tenido en las familias,
porque, obviamente, muchas familias, para poder trabajar y conciliar, tienen que contratar a una tercera persona. En otro caso, no podrían trabajar porque tendrían que atender las responsabilidades familiares.
Pero también es verdad que la relación laboral que une a las empleadas domésticas y a las familias es una relación muy especial, porque quien contrata no es una empresa, es una familia, un padre, una madre, y seguramente a esa familia, a ese
padre, a esa madre, no le han subido el sueldo como ha subido el salario mínimo en los últimos años. La realidad es que al menos uno de cada tres contratos está al margen de la legalidad, y existe un porcentaje alto de trabajadoras que están dadas
de alta por menos horas de las que realmente trabajan. Al final, lo que se ha puesto de manifiesto es que la subida del salario mínimo ha hecho que muchas familias no puedan afrontar el coste de contratar a una empleada doméstica a jornada
completa, ya que en el 15 % de los contratos que se han revisado se han recortado las horas de trabajo a la empleada. Es un hecho indiscutible que la subida del salario mínimo ha afectado de forma negativa al trabajo doméstico. Desde diciembre del
año 2018 se han destruido más de 30 500 empleos, y muchas familias se han visto en la obligación de tener que despedir a sus trabajadoras o tener que reducirles las horas contratadas. También es una pérdida de derechos para las empleadas de hogar,
puesto que se ha acentuado mucho más la economía sumergida, y al final se perjudica fundamentalmente a las mujeres. A muchas familias no les compensa económicamente contratar a una tercera persona, por
el coste que supone, y un miembro de la familia tiene que renunciar a su trabajo, que normalmente es la mujer, que se queda en casa realizando las tareas del hogar, por tener un sueldo menor.
Nosotros entendemos que es responsabilidad del Gobierno y también de esta Comisión reaccionar ante esta realidad que está afectando a cientos de miles de trabajadoras del hogar que por necesidad se ven obligadas a aceptar trabajos sin
contrato en los que carecen de derechos y garantías. Entendemos que la única manera de aflorar la economía sumergida del sector es incentivar la contratación de estas empleadas, y esto se consigue ayudando a las familias, reduciendo la carga
económica que supone para la familia contratar a una empleada o un empleado. El colectivo de trabajadores domésticos, en su gran mayoría mujeres, merece que se adopten medidas para incentivar su contratación. La ayuda doméstica y la conciliación
no pueden ser un producto de lujo al que solo unos pocos afortunados puedan acceder, ya que esto sería un paso atrás tanto para las empleadas como para las familias. Tenemos que adoptar medidas urgentes que ayuden a las familias a hacer frente a
los costes laborales derivados de la contratación de las personas que les ayudan en el ámbito doméstico. Entendemos que es imprescindible incentivar la contratación para que estas personas trabajen con derechos y garantías y para aflorar la
economía sumergida. Por eso instamos al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los empleadores que contraten personas físicas, por supuesto, que contraten a un trabajador o trabajadora doméstica, que estén, por supuesto, dados de alta
como corresponde, puedan desgravarse en el IRPF las cotizaciones sociales, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales, que les corresponda asumir por esta contratación, reduciéndose el importe de dichas aportaciones de la
base imponible general del impuesto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Como saben, no se han presentado enmiendas a esta PNL. Por lo tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Empezamos por el señor Barandiaran, por el Grupo Vasco.
El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.
Me va a permitir una cierta libertad. Voy a empezar dirigiéndome en primer lugar a la portavoz del Grupo VOX en el punto anterior simplemente para señalarle que si hubiera dado la respuesta en suajili, con el Reglamento del Congreso en la
mano, la hubieran tenido que corregir, como me ha ocurrido a mí cuando he hablado en euskera, y tampoco hubiera sido recogido en el Diario de Sesiones del Congreso. Simplemente quería señalarle eso.
En cuanto a la cuestión de fondo de la proposición no de ley del Grupo Popular, señora España, estoy fundamentalmente de acuerdo con su planteamiento. Estamos fundamentalmente de acuerdo porque entendemos que un problema tan atávico ya como
es el de las empleadas de hogar, que no se consigue regularizar del todo, hay dos maneras de enfocarlo: por una parte, a través del elemento sancionador, a través de la corrección continua, con las intervenciones de la Inspección de Trabajo, que
siguen siendo necesarias, que van a seguir siendo necesarias y que también hay que potenciar, y por otra parte, adoptando determinadas medidas de carácter social. No olvidemos que cuando lo que pretendemos es regularizar la situación de multitud de
empleadas de hogar que hoy día, como señalaba, o no están contratadas por el número de horas que realizan o simplemente no están contratadas, hace falta tener otro tipo de elementos disuasorios para el empleador, sobre todo teniendo en cuenta que en
este caso se trata de unidades familiares, se trata de personas físicas que hacen una declaración de renta como todo el mundo, con sus cuantías, con sus límites y con sus deducciones. Entendemos que esta fórmula que propone es adecuada, incluso
cuando todavía hoy las haciendas forales, que son las competentes en este caso, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, no la recojan de ninguna manera. Entendemos que, como política general, la utilización de elementos disuasorios de carácter
positivo debe ser algo a impulsar.
Por lo tanto, apoyaremos la proposición no de ley, porque entendemos que, en ese sentido, coincide con nuestro modo de actuar en el ámbito fiscal cuando se trata de solucionar un problema que es esencialmente social.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Plural, señor Boadella. (Rumores).
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Si los compañeros del Partido Popular nos dejan, intervendré solo para manifestar que daremos apoyo a una iniciativa que enfoca una cuestión que tiene una realidad totalmente poliédrica, porque entendemos que este enfoque desde el punto de
vista fiscal puede suponer una solución óptima para incentivar la contratación. Nos sumamos también a aquellas reflexiones de que los poderes públicos pueden conseguir el cambio de las situaciones con la facultad disciplinaria, con las sanciones,
pero también propiciando aquellos escenarios que pongan la vida más fácil o que generen oportunidades para articular estos beneficios. Por tanto, sin más dilaciones, anuncio nuestro voto favorable a la medida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Nosotros... (La señora España Reina: A ver, Jordi, a ver.-Risas). Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo. (La señora España Reina: Que va la cosa muy bien, Jordi). Si estuviéramos de acuerdo, algo
fallaría. (Risas).
Evidentemente, hay que tocar este tema y hay que buscar soluciones, pero no pensamos que la solución sea esta. Las empleadas del hogar y de los cuidados constituyen los colectivos más precarizados dentro de la clase trabajadora, es verdad.
Es un sector totalmente feminizado, racializado, que sufre las peores condiciones de trabajo, los salarios más bajos, la mayor irregularidad de la contratación, la más escandalosa inestabilidad laboral. Solo a modo de ejemplo, según el último
informe de Oxfam Intermón, por lo menos un tercio del total de las empleadas del hogar tienen un total de ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Lo primero que hay que hacer, para nosotros, es regularizar situaciones que no están
regularizadas. Ese sería el primer paso.
Destacamos la lucha constante del sujeto político, es decir, del colectivo de trabajadoras del hogar, que hace muchos años que se han unido en diversas plataformas para su empoderamiento por medio de la información y formación sobre sus
derechos de trabajo, su autoestima, etcétera, con lo cual se garantiza la sostenibilidad de la vida misma, constituyendo alianzas estratégicas entre asociaciones, sindicatos, etcétera. Pero ante esta cruda realidad, pensamos que la bajada de
impuestos, como siempre, no es la única solución ni mucho menos, porque sin impuestos no se pagan otras cosas. Pues bien, a estas alturas se ha demostrado, sobradamente además, que los incentivos fiscales a la contratación no solucionan las
situaciones de incumplimiento de la ley. Bajar impuestos en el ámbito del trabajo básicamente sirve para que los empleadores se ahorren el pago de cotizaciones e impuestos, nada más.
Como comprenderán, las propuestas de Esquerra Republicana van en el sentido de adoptar políticas garantistas de derechos y de buscar medidas para mejorar la vida de estas personas trabajadoras. Algunas de estas medidas son bien fáciles de
entender y se desprenden directamente del convenio 189 de la OIT, del que hoy tendremos tiempo de hablar en el plenario, que están tan presentes en estos días. Hay otras como la posibilidad de implantar sistemas de formalización del trabajo
doméstico mediante cheque servicio, como pasa en algunos países de la Unión Europea. Es decir, hay material para seguir estudiando este tema, porque realmente es un tema importante, pero no se puede reducir a la bajada de impuestos.
En cualquier caso, este grupo no va a participar en la frivolidad que supone bajar impuestos sin ver la repercusión que esto tiene e instrumentalizar la situación de precariedad de las empleadas del hogar para agitar la bandera neoliberal de
la bajada de impuestos. No nos parece una manera aceptable de enfocar la problemática.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Pasamos al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Muy rápidamente, presidente.
Nosotras estamos de acuerdo con la exposición que acaba de hacer el portavoz de Esquerra Republicana. Creemos que es cierto que es necesario promover medidas en favor de las empleadas de hogar. En primer lugar, creemos que lo más urgente
respecto de las empleadas de hogar es conseguir que se termine ratificando el convenio 189 de la OIT. Como bien saben, el Gobierno está en los trámites y pronto va a llegar al Congreso de los Diputados esta ratificación. De hecho, en este Pleno se
va a hablar
de esta misma ratificación. Por tanto, creemos que eso es lo urgente. En segundo lugar, es urgente dotar a las empleadas de hogar de más derechos laborales, intentando asimilarlas cada vez más a los trabajadores por cuenta ajena, que es lo
que son, trabajadoras por cuenta ajena, aunque con ciertas peculiaridades que las hacen tener un sistema especial. Hay que ir convergiendo en ciertos derechos, como puede ser el derecho a la prestación por desempleo, porque tenemos que recordar que
estas trabajadoras no cuentan con la prestación por desempleo. Por lo tanto, hay mucho que avanzar, pero reducirlo todo a una bajada de impuestos me parece, como bien decía el portavoz de Esquerra Republicana, una absoluta frivolidad.
Sabemos que el Partido Popular lo único que quiere hacer, lo único que trae a este Congreso y lo único que lleva a los medios de comunicación, es una política de bajada de impuestos. Es su único proyecto de país: la bajada de impuestos.
La bajada de impuestos, al fin y al cabo, lo que significa son menos derechos a la Seguridad Social. Es decir, si hay bajada de impuestos para la contratación de trabajadoras del hogar, lo que vamos a conseguir es retrasar que las empleadas del
hogar, por ejemplo, puedan acceder a la prestación por desempleo, por tanto, menos derechos. Esa es la única política del Partido Popular: más liberalización de la economía para que haya menos derechos de las personas trabajadoras, en concreto, de
las empleadas del hogar. Por tanto, nosotras no estamos de acuerdo con esa proposición, no la vamos a apoyar, como se pueden imaginar, y vamos a seguir trabajando, como bien decía, para que las trabajadoras del hogar tengan más derechos y para que
se consiga ratificar el convenio de la OIT, que, como ya saben, está a punto de terminar su proceso de ratificación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.
Pasamos al Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra la señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Gracias.
Nosotros sí valoramos positivamente esta PNL que presenta el Partido Popular, porque, efectivamente, las familias necesitamos empleadas del hogar de la misma forma que las empleadas del hogar necesitan mejores condiciones laborales. Estamos
hablando de un trabajo indispensable, importantísimo, un trabajo que es muy difícil que las familias puedan asumir cuando los padres y las madres trabajan fuera del hogar. Un trabajo abnegado y dignísimo, pero muy desagradecido y maltratado
históricamente por las administraciones, que necesita ser regulado de forma especial para que podamos encontrar un equilibrio que facilite a las familias la contratación de estos trabajadores tan necesarios, pero que también garantice a estos
trabajadores un salario digno y las mismas prestaciones que el resto de trabajadores.
Nosotros creemos que el Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad de ayudar a las familias a soportar el coste de estas contrataciones, así como de compensar a los trabajadores contratados con las prestaciones que merecen, porque
nuestras familias no pueden hacerlo solas; tienen que enfrentarse, como ya están haciendo, al aumento del salario mínimo de estos empleados y a la subida generalizada de todos sus gastos -luz, gas, combustible, cesta de la compra-, y, al final, las
consecuencias ya las estamos sufriendo: más desempleo para las empleadas del hogar y un problema grave para las familias, que literalmente no pueden pagarles y que o bien tienen que prescindir de sus servicios o, en muchos casos, acabar recurriendo
a mantener una relación laboral al margen de la legalidad, contribuyendo así a una economía sumergida que, desde luego, no es buena para nadie.
Para que las cosas funcionen, hay que pensar siempre en todas las partes implicadas, en el que contrata y en el contratado, porque si dejamos toda la carga en el que contrata, finalmente dejará de contratar, y porque cuando la única que sale
ganando es la hacienda pública, el resultado suele ser siempre el mismo: precariedad y fraude. Así que la solución no es otra que incentivar la contratación legal para que sea lo más conveniente tanto para empleadores como para empleados. Ese es
el reto que consideramos que debemos afrontar, porque la ayuda en casa que todos necesitamos no puede ser un lujo solo para unos pocos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Narváez.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Presenta el Partido Popular una PNL que parece que protege a las trabajadoras del hogar, pero que en realidad a quien beneficia más es a los empleadores. La ampliación de derechos de las trabajadoras del hogar debe ser la prioridad. La
ratificación del 189, que vamos a llevar esta tarde a Pleno, debe ser la prioridad; que tengan derecho por desempleo, como pasó ya en la pandemia, con la aprobación del Real Decreto Ley 11/2020, cuando se les reconoció ese derecho, es la prioridad.
Para incentivar la contratación y luchar contra la precariedad laboral, este Gobierno ha aprobado la reforma laboral, que, muy a su pesar, está dando buenos resultados. Les recordamos que uno de cada dos contratos que se firman son
indefinidos, y son las comunidades autónomas las que pueden, en el ámbito de sus competencias, permitir deducciones en el tramo autonómico de esas cotizaciones. Se está haciendo, por ejemplo, en Andalucía. La Junta de Andalucía ya vemos que lleva,
desde que ha empezado a gobernar, bonificado con deducciones en el tramo autonómico del IRPF las clases de inglés, las clases de informática, los colegios privados. Señorías, no creemos que este sea el camino. No podemos confundir el servicio
prestado por la empleada del hogar, a quien hay que proteger en sus derechos y avanzar en su protección social, y el incentivo que se les pueda dar a las clases pudientes, que son las que tienen más recursos para contratar a estas personas y las que
se van a beneficiar de ello.
La lucha contra la precariedad en las empleadas del hogar es ir avanzando en los derechos y en la protección de estas mujeres, seguir mejorando las cotizaciones sociales y seguir, como está haciendo el ministerio, luchando contra el fraude
laboral a través de las inspecciones de trabajo. Lo que no se puede permitir es que siga habiendo deducciones de impuestos para que se beneficien unos cuantos en perjuicio de la mayoría, como está haciendo en este caso la Junta de Andalucía.
Creemos que el camino es la ratificación del 189, la ampliación de derechos de estas trabajadoras, y no las deducciones, que, ya digo, se pueden hacer en el tramo autonómico, como lo hace la Junta de Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narváez.
- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO-LEY 9/2021, DE 11 DE MAYO, POR EL QUE SE GARANTIZAN LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS DEDICADAS AL REPARTO EN EL ÁMBITO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
REPUBLICANO. (Número de expediente 161/003757).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la proposición de ley número 6, del Grupo Republicano, sobre el cumplimiento del Real Decreto Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se garantizan los derechos laborales de
las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. (Rumores).
Intentando mantenernos en silencio, le vamos a dar la palabra a la señora Rosique. Adelante.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, president. Buenos días.
En septiembre de 2021 aprobamos la ley rider aquí, en el Congreso de los Diputados, que debía promover la transparencia de los algoritmos y la laboralización de los repartidores. De por sí, como ya avisábamos, esta ley afectaba a un número
reducido de falsos autónomos. En lugar de afectar a la economía de las plataformas como tal, afectaba únicamente al sector de los riders. Esta ley, como también ya avisamos en aquel momento, podía tener algunos riesgos, como que las empresas de
reparto optaran por la subcontratación como modo de precarizar a los repartidores, lo que algunos denominan reducir costes. Eso se podía haber impedido también con la reforma laboral, ya que antes lo mencionaban, impidiendo subcontratar la
actividad principal de la empresa, pero no hubo voluntad política al respecto.
En todo caso, aun sabiendo sus limitaciones, la ley rider debía ser útil. Debía poner fin a los falsos autónomos del sector, permitiendo a los repartidores acogerse a las regulaciones del Estatuto de los Trabajadores, permitiendo a los
repartidores disfrutar de derechos tan cruciales como las vacaciones pagadas, horarios laborales regulados, indemnización por despido, o un salario fijo. ¿Qué nos encontramos, sin embargo, a día de hoy? Que mientras algunas empresas están
aplicando la ley, como debe ser, otras están recurriendo a la subcontratación y otras han decidido cometer fraude de ley sin complejo alguno y sin preocupación alguna. Han estado incumpliendo las sentencias de los tribunales, que se blindaron en un
real decreto ley que acabó blindado en la ley rider. Eso, como pueden ver, supone también una competencia desleal hacia aquellos que sí que están cumpliendo esta ley.
Por todo ello, hoy presentamos esta iniciativa, que estamos intentando transaccionar -ya les daremos una respuesta al respecto- con el objetivo de aumentar los recursos para que las empresas de reparto laboralicen de una vez a sus
trabajadores para que se garanticen de verdad sus derechos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Moltes gràcies, señora Rosique.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. Para defenderla, tiene la palabra la señora Oria.
La señora ORIA LÓPEZ: Gracias, presidente.
La experiencia nos enseña que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Debemos hacer más para empoderar a las personas gracias al trabajo decente y apoyarlo a través de la protección social. Son palabras del secretario
general de las Naciones Unidas.
Sin duda alguna, esta es la pretensión de la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, más conocida como ley rider, que deroga el Real Decreto 9/2021, de 11 de mayo; una ley precursora, vanguardista, que ha situado las nuevas relaciones laborales
dentro del marco del derecho del trabajo. Es una norma que ha venido a compatibilizar los efectos positivos de la revolución tecnológica con un mercado laboral justo, que ha de poner freno a la precariedad y la pobreza de los trabajadores,
reequilibrando los intereses de las partes y protegiendo a la parte más débil de la relación laboral. Es una ley que rechaza el fraude y que ha dado seguridad a miles de trabajadores presentes y futuros, así como a las plataformas de reparto y al
resto de plataformas digitales, para lo que la labor de la Inspección de Trabajo ha sido fundamental.
Estando de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley del Grupo de Esquerra, nuestro grupo ha presentado una enmienda a la misma con el ánimo de mejorarla. Huelga, por supuesto, que damos por sentado el cumplimiento de la ley.
Nuestro Estado es un Estado de derecho, y no puede ser de otra forma, lo que no impide que se puedan adoptar medidas que permitan un mejor cumplimiento de la ley. En este sentido, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto que servicio
público encargado de la vigilancia y el control de la normativa social, contribuye decisivamente a la preservación de los derechos de los trabajadores que la legislación laboral consagra y al sostenimiento del sistema de protección social, para lo
que debe planificar adecuadamente su actividad de vigilancia y control.
Así, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023 viene a dar continuidad al trabajo ya iniciado por el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado por el anterior Gobierno, siendo ministra de
Trabajo Magdalena Valerio, cuyos objetivos son recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, planes ambos que ponen de manifiesto el compromiso de este Gobierno con el trabajo digno y decente. Por otra
parte, la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece un modelo de inspección basado en una serie de principios ordenadores comunes, entre los que cabe destacar la búsqueda de calidad y
la eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos, la concepción única e integral del sistema y el principio de unidad de función y actuación inspectora. Al mismo tiempo, se avanza en la participación de todas las Administraciones
públicas titulares de la competencia por razón de la materia objeto de la actividad inspectora, respetando con ello el sistema constitucional de distribución de competencias.
Quiero recordar a la señora Rosique el tenor del artículo 170 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dice: Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, que incluye en todo caso,
entre otras, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora. A tal efecto, los funcionarios de los cuerpos que realizan dicha función dependerán
orgánica y funcionalmente de la Generalitat.
En este sentido, el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social da cumplimiento en Cataluña a las funciones que tiene encomendadas a través del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Trabajo
de la Generalitat de Catalunya. Ambos organismos se coordinan para el desarrollo de su actividad en virtud del Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Catalunya en materia de función
pública inspectora, asumiendo la Inspección de Trabajo de la Generalitat las funciones fijadas en este real decreto y, por tanto, los recursos humanos y técnicos de la Inspección de Trabajo catalana, no procediendo por eso el petitum número 2 de la
PNL, porque esto ya se ha hecho, lo que no impide que sigamos trabajando en la colaboración y coordinación con la Generalitat y con el resto de comunidades autónomas con el fin de mejorar los mecanismos que permitan intercambiar información y actuar
de forma coordinada en un
mismo entorno compartido. De hecho, la inspección catalana tiene exactamente los recursos humanos que ello fijan. En cada oferta de empleo y convocatoria de oposición se incluye el número de inspectoras e inspectores que ellos deciden.
También quiero recordar a sus señorías que la labor esencial llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra en el origen de buena parte de las sentencias que han resuelto a favor de la laboralidad de las
prestaciones de servicio en plataformas digitales de reparto y que han culminado con la sentencia 805/2020, de septiembre, del Tribunal Supremo. Quiero recordar igualmente que este plan estratégico de la inspección incluye como actuación el
refuerzo de las campañas dirigidas a garantizar los derechos laborales y el debido encuadramiento en la Seguridad Social de las personas trabajadoras de las empresas que gestionan plataformas digitales en cualquier tipo de actividad, también en las
dedicadas al reparto.
El diálogo y el acuerdo social han sido las notas definitorias de la acción de Gobierno de Pedro Sánchez. El mismo se encuentra en el origen de esta ley. El diálogo social en nuestro país ha asumido la tarea de dar respuesta legislativa
ágil a ciertos cambios disruptivos en nuestra sociedad y en los mercados que pueden acentuar brechas injustificadas ante situaciones equivalentes que demandan identidad de protección para las personas trabajadoras e identidad de costes para las
empresas.
Finalizo. Las democracias necesitan confianza en sus instituciones y necesitan también que la ciudadanía confíe en el respeto a la ley por parte de sus conciudadanos. Estamos a expensas de transaccionar con Esquerra. Si no fuera así,
solicitaríamos una votación por puntos de la PNL.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oria.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Empezamos por el Grupo Plural, porque no está el Grupo Vasco. Por el Grupo Plural, señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que es un poco complicada esta PNL, y voy a ir por partes. El primer punto dice: 'Adoptar las acciones legales que cumplan con el Real Decreto 9/2021, denominado como ley rider'. Lo cierto es que, si uno se cree estas Cortes
Generales y este Congreso, el Real Decreto Ley 9/2021 está derogado ya, y lo pone en la misma página del BOE, porque este Real Decreto Ley 9/2021 fue sustituido por la correspondiente Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto
del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de la reforma de los repartidores de plataformas digitales. Es una cuestión técnica, pero es cierto que en una PNL que se hace en este Congreso debería, como mínimo, poner la
ley que está vigente y no la norma que está derogada. También es una cuestión de concepto. Muchas veces convalidamos reales decretos leyes de los que luego pedimos la tramitación como proyecto de ley, y lo que vale y lo que acaba saliendo del
Congreso de los Diputados es la ley que se tramita en este ámbito. Por tanto, creo que en este ámbito nosotros tenemos que ser más rigurosos que nadie.
Por supuesto, estamos de acuerdo en ampliar las competencias de la Inspección de Trabajo, que depende de la Generalitat de Catalunya. Contestando al señor Aizcorbe en la intervención anterior, se trata de unificar Administraciones, pero,
claro, la diferencia entre el señor Aizcorbe y yo es que yo las quiero unificar en el ámbito de la Generalitat de Catalunya, y él las quiere unificar en el ámbito del Estado. Si pudiéramos votar democráticamente, seguro que podríamos ver quién
tiene más apoyo en cada una de sus peticiones.
Pero entrando en el ámbito en cuestión, nosotros apuntamos que la ley para garantizar los derechos laborales a los repartidores de plataformas digitales era un parche para atender una demanda social existente, pero no solo en el ámbito de
los riders, sino en un sector que estaba apareciendo, que era el de las plataformas digitales, y aquí nuestra apuesta era desarrollar el nombrado trade digital, es decir, dar una vuelta más a aquel trabajador dependiente que teníamos ya en la
regulación laboral para desarrollar lo que se llamó el trade digital, para adecuar este trade a la realidad de las plataformas, de las aplicaciones de la nueva economía. Ya dijimos en su momento que la mejor solución para esta cuestión no era
abordar el tema de los riders desde la perspectiva del derecho laboral histórico de hacía prácticamente cien años, sino hacerlo con una perspectiva de futuro y de cómo deberían de ser las relaciones laborales en el futuro. Fue, sin duda alguna, una
oportunidad perdida, y por aquellas circunstancias tenemos hoy los problemas que se plantean con esta proposición no de ley.
Estaremos atentos a las transacciones que se puedan acabar realizando para emitir el voto en función de los textos que se sometan a votación.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Boadella.
Pasamos al Grupo Confederal. Tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Nos pasa lo mismo que otros grupos parlamentarios han dicho ya. En primer lugar, a nosotros también nos llamó la atención. Entiendo que será porque la PNL se escribió antes de que se aprobase la ley rider. Como proyecto de ley, entiendo
que se escribiría antes y por eso se hace referencia al Real Decreto 9/2021, que, como bien saben, decayó, se transformó en proyecto de Ley 12/2021 y, por tanto, luego en ley también. A nosotros esto nos sorprendió, pero entiendo que es un error
debido a una cuestión de tiempos y, por tanto, tampoco hay que darle muchas más vueltas, porque es subsanable absolutamente.
Hay que recordar que el España fue el país pionero en regular las relaciones de lo que se llamaron riders en las plataformas digitales. Se les dotó de más derechos. Es más, lo que se dijo es que no se podía tratar a trabajadores que
trabajaban bajo la dirección de una empresa, cien por cien bajo dirección de una empresa, como autónomos, porque entonces estábamos hablando de falsos autónomos. Esta ley que hoy es ley, que nos costó mucho trabajo sacarla adelante porque había
muchos lobbies, muchos poderes económicos detrás de la precarización de las condiciones laborales de los que se han llamado trabajadores riders, los trabajadores de las plataformas digitales, nos costó muchísimo trabajo, pero por fin se aprobó y de
hecho hemos sido felicitados por otros países de la Unión Europea y por otros organismos internacionales, entre ellos también, la propia Unión Europea, además de organismos internacionales por el avance que ha supuesto esta ley. Por tanto, todo lo
que conlleva el diálogo social, todo lo que conlleva el que la ley se cumpla, que se haga efectiva, por supuesto, siempre vamos a estar de acuerdo. La única cuestión que a nosotros nos genera alguna controversia o alguna duda es sobre la dotación
presupuestaria de la Inspección de Trabajo autonómica. Como bien sabe, esta es una vieja aspiración o una propuesta antigua de muchos años de Cataluña. También en algunos casos se ha puesto en cuestión por el País Vasco, aunque es verdad que
bastante en menor medida, el tener un servicio de Inspección propio y esto la ley lo permite. Lo único que sí es cierto que se determinó por parte del Tribunal Constitucional que la competencia de la Inspección era estatal, que esto no impedía que
las comunidades autónomas también pudieran tener cuerpo de Inspección, como ya decía la ley lo permite, pero que esto debe financiarse por los fondos autonómicos y, por tanto, no cabían transferencias del Gobierno del Estado. Esto es un criterio
vigente, como digo, del Tribunal Constitucional. Por tanto, tenemos ahí ciertas dificultades para poder apoyar esos puntos. Si se aprueba por puntos, creo que podría salir adelante la PNL. Como digo, estamos muy de acuerdo en algunos de esos
puntos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Pasamos al Grupo Parlamentario VOX, señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Han pasado pocas semanas desde que se aprobó la Ley 12/2021 -no del Real Decreto 9/2021- y ya estamos a vueltas con lo que advertimos en su momento, que era una ley, una reforma, que estaba mal planteada porque lo que hacía esa reforma era
introducir una presunción de laboralidad en unas relaciones muy concretas y determinadas. Esta presunción de laboralidad, como bien sabrán sus señorías, es susceptible de la inversión de la carga de la prueba; esto es, que salvo iuris tantum puede
ser laboral o no laboral, con lo cual no se avanzó prácticamente nada en ningún tipo de garantía de los llamados riders, sino lo que se hizo fue lo que ya el Tribunal Supremo había consolidado como doctrina jurisprudencial. Nosotros lo advertimos y
dijimos que difícilmente se puede garantizar la laboralidad cuando se impide la laboralidad en sí, el trabajo en sí.
Si no se dan los términos de ajeneidad, que se dan en la sentencia del Supremo, y existe esa presunción, al contrario iurus tantum posiblemente el procedimiento judicial que se inicie no dará la razón a esa relación laboral. Por tanto, era
importantísimo entrar en las condiciones de regulación nuevas que conforman estos nuevos puestos de trabajo como indicaba el señor Boadella y nosotros hablábamos del autónomo digital y buscar fórmulas nuevas que se aparten de la tradicional relación
del derecho laboral y conseguir que en situaciones mayoritariamente provisionales se puedan garantizar unos derechos, pero que se pueda trabajar.
Advertimos que habría cesiones ilegales de trabajadores, y nos tememos que así está sucediendo. Se está diciendo que algunas de las plataformas están cumpliendo. Yo les animo a que miren cómo están cumpliendo. Asimismo, se decía que los
riders habían participado en un invisible diálogo social porque se
habló con todo el mundo, menos con los riders que estaban protestando fuera en la calle mientras se debatía ese real decreto y obviamente la ministra no fue a saludarles en loor de multitudes.
Así pues, señorías, esto es más de lo mismo. No es ni siquiera un canto al sol, se habla de nuevas competencias, de traslados que la aprobación dé traslado a las empresas de treball de la Generalitat de Catalunya en relación con la
Inspección de la Generalitat, que el Partido Socialista ya se ha encargado de recordarle a Esquerra Republicana cuáles son las competencias que tiene, si las quieren coger las cogen, y si no las dejan. El problema no está en suspender el trabajo
sino en garantizar el trabajo. Mediante esta ley y su modificación -insisto- no se laboraliza sino que se realiza una presunción que puede ser combatida iurus tantum.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Pasamos al Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente.
Desde el Partido Popular, como siempre, somos los primeros en denunciar y en perseguir el fraude laboral y los falsos autónomos e insistimos en que hay que continuar trabajando para erradicar esta lacra que nos perjudica a todos. De ahí que
valoremos muy positivamente las actuaciones de la Inspección de Trabajo en este sentido. Por eso pedimos a ERC que deje que la Inspección de Trabajo lleve a cabo su cometido sin injerencias porque cuenta con unos magníficos profesionales que
ejercen su responsabilidad de manera ejemplar. Coincidimos con la puntualización que se hizo previamente de que estamos hablando de un real decreto ley que está derogado, pero entendemos que se refieren a la Ley 12/2021. Esta ley se tramitó por la
vía de urgencia mediante un real decreto ley, a pesar de que se llevaba cocinando durante más de un año y entró en vigor tres meses después de su aprobación. Por tanto, no había prisa y no había urgencia. Además se trata de una de una ley, como ya
se dijo, absolutamente insuficiente, incompleta y poco clara. No aporta nada nuevo, más allá de la presunta laboralidad de los trabajadores sin quedar nada claro en qué consiste su alcance y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento.
Tampoco queda claro si existe una empresa que no laboraliza a sus repartidores a qué sanciones se enfrenta, ni tampoco queda claro la obligatoriedad de informar sobre el algoritmo al comité de empresa, y hasta dónde alcanza esta obligación
cuando una empresa no tiene este tipo de representación. Esto por plantear algunas cuestiones de las dudas que genera esta ley, que lejos de otorgar la seguridad jurídica que vendió el Gobierno consigue el efecto contrario.
El Grupo Parlamentario Popular se ha reunido con distintas asociaciones de riders y con representantes de diversas plataformas y nos trasladan que desde la vigencia de la ley existe gran dificultad para encontrar repartidores para atender la
creciente demanda porque un gran número de riders quiere seguir siendo autónomo. Es una realidad que hay un sector amplio de riders que prefieren ejercer su actividad como trabajadores autónomos porque priorizan la flexibilidad, la libertad y la
autonomía que les da este tipo de régimen. La ley estrella de la ministra de Trabajo nació estrellada, según la Asociación Profesional de Riders y Autónomos, APRA, indica que desde la aplicación de la ley han perdido su trabajo al menos 10 000
repartidores. Recordarán cómo Yolanda Díaz presumía de ser pionera y de que Europa y el mundo tenían los ojos puestos en esta ley. Pues bien, nada más lejos de la realidad, por lo que se ha podido conocer hasta el momento de la futura norma que se
está negociando en Europa supone un cambio radical respecto de la regulación que rige en España. Todo apunta a que la Directiva europea sobre la mejora de las condiciones de trabajo en las plataformas digitales, en la práctica, derogará la actual
ley rider y obligará al Gobierno a sustituirla debido a la gran cantidad de cambios que exigiría respecto a lo ya aprobado en España.
Señorías, los nuevos modelos empresariales impulsados por la innovación pueden ayudar de manera significativa a la competitividad y al crecimiento, pero al tratarse de figuras nuevas, la legislación laboral no las contempla como tales y por
eso la ley debe adaptarse a los nuevos tiempos y a la nueva realidad social. No es solución, como se ha hecho, encajar los nuevos modelos de negocio en una ley que no tiene cabida para ellos. Durante el periodo de aplicación de la ley rider se ha
constatado que es una ley fracasada y que no funciona. Por tanto, ponemos nuestras expectativas en la normativa europea.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.
- SOBRE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS SERVICIOS DE BANCA DIGITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003762).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el 7.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la inclusión de las personas mayores en los servicios de banca digital. Para su defensa, tiene la palabra la señora Baños.
La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Hoy mi grupo trae a debate a esta Comisión una cuestión de gran importancia e interés como es la inclusión financiera de las personas mayores. Hace unos meses conocimos una campaña en Change.org impulsada por una
persona de 78 años que visibilizó una problemática y un malestar que como diputados y diputadas conocíamos desde antes de la situación de la pandemia, pero que esta crisis sin precedentes ha venido a agravar. La propia Comisión Europea ha alertado
sobre el aumento de la vulnerabilidad financiera debido a la pandemia, si bien es cierto también que en España ya desde 2008 la reconfiguración del sistema financiero en nuestro país trajo consigo la reducción del número de oficinas bancarias
disponibles y especialmente en las zonas rurales o con menor población. El Banco de España señala que quedan abiertas menos oficinas bancarias de las que han sido cerradas, dejando a muchas personas en situación de grave vulnerabilidad de acceso
efectivo a estos servicios. Esto ha tenido un impacto muy negativo en la atención a la ciudadanía que se ha podido paliar parcialmente a través de la implantación de servicios digitales, pero la generalización de estos servicios de banca digital no
ha tenido en cuenta las necesidades y las capacidades de muchos de sus clientes, lo que ha provocado situaciones de exclusión social por razón de edad, de discapacidad o situación económica y social.
Señorías, los datos son graves: 1 400 000 personas en España se encuentran en grave riesgo de exclusión financiera, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios. De esta exclusión financiera han sido protagonistas
especiales las personas mayores. La falta de competencias digitales de las personas de más de 65 años para operar en cajeros o por Internet y sobre todo las dificultades para acceder a una oficina física han sido las causas principales de dicha
exclusión. Pero, señorías, como dejaba claro la campaña antes mencionada, las personas mayores no son idiotas. Por eso dejemos de tratarlos de esa manera y empecemos a hacerlo como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que son. Dejemos de
discriminarlos por su edad y pongamos en valor la importante contribución que han hecho y hacen a la sociedad. Hemos de reconocer el esfuerzo tan importante que están haciendo por adaptarse a un mundo cada vez más digital del que muchos usuarios ya
son avanzados. Las personas mayores son diversas, señorías, con circunstancias y necesidades distintas, también en lo que se refiere al uso de los servicios bancarios digitales, donde el ingrediente socieconómico y sus edades más avanzadas tienen
mucha importancia. Como dice nuestra iniciativa, la inclusión de las personas mayores en el mundo bancario digital se ha hecho de forma errónea, como por ejemplo para explicar las condiciones de la banca digital a una persona que no se maneja a
Internet debido a su edad, le envían un enlace URL o un código QR que desconoce por completo, necesitando ayuda normalmente de sus familiares más directos.
Señorías, desgraciadamente sabemos que muchas personas mayores viven solas y no cuentan con estos apoyos, pero es que además lo que desean y esperan es poder vivir de manera autónoma, tomar sus decisiones y gestionar ellos mismos sus
asuntos, especialmente los financieros. Por tanto, nos corresponde a los poderes públicos proteger especialmente los derechos de las personas mayores en este imparable contexto de digitalización y garantizar de manera efectiva su inclusión
financiera. Por ello con esta iniciativa el Grupo Parlamentario Socialista insiste en la necesidad de que las entidades financieras garanticen en sus canales de relación con su clientela una atención personalizada, a fin de que las personas mayores
puedan ver satisfecho su derecho básico a la inclusión bancaria. Ello está en clara consonancia con el Plan Nacional de Competencias Digitales puesto en marcha por el Gobierno de España en el año 2021, con una inversión de 3750 millones de euros
para que en cuatro años el 80 % de la población disponga de competencias digitales básicas y también con todas aquellas medidas que se están tomando para garantizar una adecuada inclusión financiera, así como para avanzar en la educación financiera
atendiendo a las necesidades de los colectivos más vulnerables.
Sabemos que estamos en el camino correcto y sabemos que se puede seguir avanzando en medidas concretas. Primero, hemos avanzado con la firma de la actualización del Protocolo Estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la
banca, en la respuesta a la demanda, la vicepresidenta
primera, Nadia Calviño, y de la importante movilización social de las personas mayores y de sus organizaciones representativas, se ha acordado ofrecer atención personalizada en las oficinas bancarias entre las 9 y las 2 de la tarde y se ha
establecido preferencia de las personas mayores en caso de haber aglomeraciones. Además, las entidades se comprometen a facilitar la atención telefónica preferente sin coste adicional y a través de un interlocutor para todas las personas mayores
que sean clientes. Para la adecuación y la adecuada implantación de esta serie de medidas, será necesaria por supuesto la colaboración del Banco de España en su condición de supervisor que elaborará un informe anual de seguimiento de la situación y
de las medidas adoptadas.
En segundo lugar, las entidades en esta misma línea han creado el Observatorio de Inclusión Financiera que hará un seguimiento trimestral del cumplimiento. Parte de este compromiso se verá reflejado en las normas como la Ley de Servicios de
Atención al Cliente y la Ley de Creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros.
Señorías, termino. Los poderes públicos debemos impulsar políticas dirigidas a garantizar el acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones. Hay que
garantizar el derecho a la no exclusión y combatir las brechas digitales en todas las manifestaciones convirtiendo a las tecnologías digitales en más cercanas, accesibles y humanas. Estemos a la altura de lo que nos reclama la gente, de lo que nos
reclamó Carlos San Juan.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Como saben, hay una enmienda a esta PNL del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora García Rodríguez.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
La pandemia ha generado el proceso de digitalización en muchos sectores, públicos y privados. En este avance imparable de la digitalización es verdad que se han quedado fuera las personas mayores, pero también quienes no tienen la formación
digital necesaria, o aquellos que no tienen acceso a un dispositivo o simplemente no tienen acceso a la red. Estamos totalmente de acuerdo con lo que se plantea, que los servicios financieros deben y tienen que llegar a todos los españoles, a todos
los ciudadanos por igual, vivan donde vivan. Es verdad que es un poco escandalizante su doble rasero porque hoy debatimos sobre cómo el proceso de digitalización está excluyendo a una parte de la población cada vez más amplia, debido a la
sustitución de la atención presencial por lo digital -hablamos, por tanto, de la dificultad que tienen las personas mayores a los servicios financieros-, pero también hay que hablar de las barreras que se están encontrando muchas personas mayores,
jubilados y personas con discapacidad para acceder a los distintos servicios y prestaciones, en definitiva, a sus derechos, que debe garantizar la Administración General del Estado.
Hoy se rasgan la vestidura con la banca, pero callan sobre el colapso y caos que ha generado el Gobierno en las oficinas de la Seguridad Social o en el SEPE. ¿Saben qué está ocurriendo las oficinas de la Seguridad Social? Pues mire, hay
limitación en los accesos a las oficinas, es imposible pedir cita, hay retraso en los cobros de prestaciones, han cerrado oficinas, según el propio ministro Escrivá 155 CAISS están a punto de cerrar, lo que supone el 36 % de todos los centros que
hay en España. Y lejos de facilitar los trámites emplazan a la gente a que presenten sus solicitudes por vía telemática o telefónica y la gestión online funciona francamente mal. Hacer un simple trámite es una odisea, situación que está
convirtiendo a muchas personas, en especial a los mayores a los jubilados, en ciudadanos vulnerables y muy dependientes. Los usuarios hablan de retrasos de hasta seis meses para recibir pagos como las bajas por paternidad o maternidad, dejando en
vilo a muchos familias, o los propios sindicatos, que no son dudosos de nada, que han denunciado que el Gobierno ha generado una situación de siniestro total en la Seguridad Social. Ustedes abroncan y exigen a la banca, pero son incapaces de hacer
lo propio en las oficinas de su propia Administración y los ciudadanos están hartos porque cada vez se encuentran más impedimentos y barreras que el Gobierno no resuelve. El que ve la mota en el ojo ajeno, debería ver la viga en el suyo.
Presentamos una enmienda, por tanto, instando al Gobierno a garantizar que las oficinas de la Seguridad Social y del SEPE de todo el territorio, y especialmente en las zonas rurales, presten una atención también personalizada a sus usuarios,
a fin de que las personas mayores o de las que independientemente de su edad no tengan acceso o carezcan de formación digital puedan ver ese derecho de asistencia y accesibilidad a estos servicios fundamentales con plenas garantías. Porque hoy
hablamos de un caso particular como es el proceso de digitalización en la banca y la desaparición de la atención presencial en oficinas bancarias, pero en parte por una cuestión de eficiencia y de cambio de negocio, y por otra, forzados por
un proceso de restructuración. Es verdad que con el proceso de digitalización se excluye aquellos que no tienen competencias o conocimiento o habilidades digitales y se excluye también aquellas que no pueden acceder en igualdad de condiciones a la
red o a dispositivos. Pero es verdad, como decía usted, que los poderes públicos tienen que garantizar los derechos de todos los españoles y evitar la exclusión digital, la financiera, pero también la del sector público, a todos, vivan donde vivan,
sin discriminación por su circunstancia personal o por sus limitaciones físicas o de saludo. Y es el Gobierno el que debe trasladar a esta Cámara las medidas, acciones o proyectos que sean necesarios para ampliar la cartera de servicios financieros
y garantizar una atención fácil, próxima y personalizada.
En esta legislatura hemos debatido y aprobado diferentes iniciativas como esta, en distintas Comisiones, la primera en el año 2020, en Sanidad, en Asuntos Económicos, ahora en esta Comisión con el mismo objetivo: combatir el riesgo de
exclusión financiera de las personas mayores y especialmente en el medio rural. La verdad es que son iniciativas que parece que están durmiendo el sueño de los justos, y yo les pregunto cuántas PNL vamos a debatir, a aprobar en esta Cámara para que
el Gobierno haga algo porque no es lo mismo, señorías, predicar -que lo hacen muy bien aquí en el Congreso- que dar trigo. Como decía usted, garanticen el acceso en la Administración General del Estado a las personas mayores, personas con
discapacidad o personas que no tienen la capacidad de tener un dispositivo, acceso a la red o no tienen recursos suficientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Vasco? ¿Señor Barandiaran? (Denegación). ¿Grupo Ciudadanos? (Denegación).
Por el Grupo Plural, señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero intervenir para hacer una pequeña valoración en cuanto a la buena intención de la proposición no de ley, pero también la divergencia que se realiza con la realidad que predica este Gobierno en este sentido. Por supuesto que vamos a
dar apoyo a esta medida que promueve la atención presencial en los bancos con sus clientes, pero deberíamos también aplicar la atención presencial de la Administración con sus administrados. En este sentido es claramente palmario, ya no se trata
solo del SEPE y los efectos del COVID, sino que cuando uno intenta tener atención presencial en la oficina del catastro, o en la oficina de Hacienda, en la oficina de Extranjería o en muchas de las oficinas y administraciones del Estado, esta
atención presencial brilla por su ausencia y se deriva a los ciudadanos a la cita previa. Desde el PDeCAT aprobamos no hace demasiado una proposición de ley instando al Gobierno a reabrir las administraciones públicas no sometiéndolas solo a la
cita previa y a la tramitación telemática. Por tanto, de nuevo nos toca insistir que por supuesto que sí, que estamos a favor en todo aquello que afecta a la despoblación, en todo aquello que afecta al cierre de sucursales y que mucha gente no
pueda tener acceso al dinero en efectivo, que es el único que garantiza el pago en cualquier establecimiento, el que garantiza también el secreto o la privacidad en aquello en que se gasta. Por supuesto que sí, que debe haber atención presencial
entre bancos y clientes y acceso al dinero en efectivo en este sentido, especialmente en las zonas despobladas, pero también que esto tiene que aplicarse -tiene un punto de ironía que esto lo presente el Grupo Socialista- a las administraciones
públicas en relación con sus conciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Republicano, señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda, president.
Buenas tardes. A veces a algunos acusan a este Gobierno de ser socialcomunista, y yo recuerdo que los gobiernos socialcomunistas nacionalizaban bancos, por ejemplo, y ahora mismo no lo veo. Hubo una oportunidad en su momento cuando Bankia,
etcétera, pero no tenemos una banca pública, pues a falta de una banca pública, con todo respeto, lo que aquí se dice es del todo insuficiente. No es suficiente apelar a códigos de buenas prácticas, a prácticas de calidad o que el sistema bancario
o la oligarquía financiera, que no tienen otro objetivo que hacer beneficios, por su buena bondad, como si fuera una ONG, va a
hacer cosas que no sean rentables. No, esto no funciona así. Al sistema oligárquico bancario, al sistema financiero se le obliga o no lo va a hacer. Es decir, existía la posibilidad -y nos hubiera gustado- de que hubieran traído un nuevo
ordenamiento jurídico para obligar a hacer un servicio público, como los contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones o la Ley del Sector Eléctrico, que permitiera resolver este problema sin apelar a la buena fe de los bancos.
Aquí creo que tendríamos que legislar una triple cuestión: un mapa territorial mínimo de oficinas de entidades financieras, un mapa territorial mínimo de cajeros que garanticen el derecho efectivo como método de pago, y vinculando ambos
mapas, unas obligaciones mínimas de atención presencial, personal, en las oficinas abiertas al público y más aún cuando el sistema fue rescatado, por lo que creo que unas compensaciones sociales sería de obligado cumplimiento. Lo voy a decir con
una metáfora para ver si así se me entiende mejor. Esto es como quien compra un jamón y no quiere pagar la chapa y el hueso. No, cuando alguien disfruta de un negocio como el bancario, el eléctrico o el energético, se lo queda todo, se queda la
carne del jamón y compra la chapa y el hueso. Es decir, que usted tiene que poner oficinas bancarias allá donde no es rentable, y tiene que poner personal suficiente para la gente que no tiene las habilidades o las competencias básicas para
funcionar como si fueran informáticos, es decir, que ustedes tienen que cumplir con un servicio público como Estado -un Estado socialcomunista como algunos nos acusan, que no tiene nada de social ni de comunista como digo yo mismo-. Pero dado que
esto no existe, como mínimo, se debería obligar a la banca privada, al sector financiero privado, a que cumpla con un servicio público que debería hacer el Estado y que el Estado no hace.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
En Unidas Podemos consideramos que dentro del ámbito competencial de la Administración General del Estado se debería establecer unas exigencias mínimas que deben cumplir aquellas empresas que efectivamente presten servicios esenciales, como
los que prestan las entidades bancarias, para que habiliten procedimientos que permitan a la ciudadanía una atención personalizada de manera efectiva, con especial atención a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La Constitución
obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo de manera eficaz la salud, la seguridad y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Habla de promover la información y la educación de los consumidores y usuarios, esto es el artículo 51 de la Constitución. También es un derecho constitucional el que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad y la
igualdad de individuos y de grupos sean reales y efectivas. Asimismo, habla de remover los obstáculos que impidan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, el artículo 9 de
la Constitución. Por tanto, la brecha digital constituye una vulneración de la igualdad promulgada por la Constitución.
Es evidente que los medios telemáticos generan y facilitan múltiples beneficios, pero también dejan atrás a muchas personas que necesitan realizar sus gestiones de manera presencial a causa de no disponer de competencias digitales como se ha
hablado aquí o por factores de edad, formación, situación socioeconómica o de género. En resumen mientras avanza el progreso y modernización digital hace falta disponer de mecanismos que sean eficaces para garantizar el acceso de igualdad a todos
los servicios, independientemente de las competencias o del lugar en el que se viva atendiendo efectivamente a las zonas rurales con los mismos derechos.
Votaremos afirmativamente a esta proposición no de ley que indica una línea de acción, aunque entendemos que es muy genérica y que no concreta, y debería hacerlo, unas exigencias mínimas de obligado cumplimiento para evitar la exclusión
financiera provocada por la brecha digital y la falta de atención presencial.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señora Saavedra. (Rumores). Les pediría, por favor, silencio.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley que parece tiene un carácter de bonhomía per se inicial nos lleva a una reflexión importante: que vivimos en una sociedad que crea un problema y sobre ese mismo problema que han creado posiblemente los políticos,
pues buscamos soluciones. Se habla del mundo digital, de brecha digital, de un mundo más digital se ha dicho, cuando en realidad vamos a un mundo más inhumanos. Fíjese, voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes en un pueblecito pequeño de
Cataluña, en Biosca, que hay un señor que es agricultor que se llama Jordi y hay un alcalde que se llama Genís. El señor Jordi ha de pagar el impuesto sobre circulación en la alcaldía que regenta el señor Genís y vive a 300 metros de esas oficinas
de la alcaldía. El señor Jordi no puede ir a pagar a las oficinas de la alcaldía y ha de ir a unas oficinas que están en Guissona, aproximadamente a 10 kilómetros, donde hay una entidad financiera que dirige el señor Iñigo. Así pues, nos
encontramos ante la situación ridícula de que un señor que vive a 50 metros de las oficinas de la alcaldía ha de ir a pagar ese impuesto a unas oficinas que están a 10 kilómetros, al señor Iñigo para que este se las haga llegar al señor Genís.
Permítame la anécdota así sobre la marcha, pero es que, efectivamente, no vamos hacia un mundo más digital, vamos hacia un mundo más inhumano. Se nos ha obligado, se ha obligado a la sociedad, a abrir una cuenta bancaria. Se ha obligado a la
sociedad a pagar las cosas a través de la cuenta bancaria. Y, cuando ya se ha obligado a eso, ahora se está intentando evitar el problema que se ha creado con toda esta historia. Así pues, la reflexión no es si ayudamos o no ayudamos a aquellos
que no tienen acceso a los medios digitales actuales, porque por supuesto que hay que ayudarles, sino que nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Parece ser que las epístolas de amor de antes cuando eran novios son peores que los wasaps ahora
cuando son novios. Quiero hacer esta reflexión en voz alta sobre hacia qué sociedad vamos, porque estamos mercantilizando al individuo hasta extremos inconmensurables. Por eso, esto no es más que un pequeño parche, si es que lo es.
El señor Salvador hablaba de cómo van a obligar a entidades privadas a que hagan algo que forma parte de su propio negocio. Es complicado que se pueda hacer eso, pero lo decía con absoluta solvencia, por supuesto. (Risas). Yo quisiera
dejar bien claro que el problema que tiene el señor Jordi, el problema que tiene el señor Íñigo -porque el señor Íñigo también vive en Biosca y debe ir a trabajar a Guissona- y el problema que tiene el alcalde, el señor Genís, se solucionaría si el
señor Jordi pudiese pagar ese pequeño impuesto en la alcaldía -en la oficina, como se hacía antaño- e incluso en Navidad poder regalar una caja de polvorones. (Risas).
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe. (Rumores).
- RELATIVA A LA PUBLICACIÓN, EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, DE LAS RESOLUCIONES ESTIMADAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN QUE, EN VIRTUD DE LAS MISMAS,
HAYA SIDO INSTADO A REMITIR AL SOLICITANTE DE LA MISMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003896).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente PNL, punto 8.º del orden del día. Proposición no de ley relativa a la publicación en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de las resoluciones estimadas por el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como de la información que, en virtud de ellas, haya sido instado a remitir al solicitante. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario VOX. (Rumores).
Volvería a rogarles un poco de silencio, porque, si no, se hace incómodo seguir. (Rumores).
El silencio no tiene quorum. Les pediría un poco de silencio.
Pasamos entonces a esta iniciativa. La defiende, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
El preámbulo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso e información pública y buen gobierno transmite la necesidad de establecer como ejes de la acción política la transparencia, el acceso a la información pública y, como he dicho, las
normas de buen gobierno. Asimismo, la norma reconoce la relevancia de facilitar el escrutinio público y la toma de decisiones de los actores políticos, con el fin de dar respuesta a una demanda social cada vez más extendida, no tan solo en una
parte del espectro ideológico,
sino en todo el espectro ideológico, porque los españoles son cada vez más exigentes respecto al mantenimiento de unas instituciones públicas responsables que sean ejemplares.
En este sentido, es esencial ir mejorando y corrigiendo con carácter general aquellas prácticas que obstaculizan los avances en relación con la transparencia, la calidad institucional y la rendición de cuentas por parte de los cargos
públicos a los ciudadanos. Así pues, nos encontramos con un ente, que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, como sus señorías saben, es una autoridad administrativa independiente entre cuyos fines está el control del cumplimiento de
las obligaciones de publicidad activa, la garantía del derecho de acceso a la información pública y la observancia de las disposiciones del buen gobierno. Por tanto, en el ejercicio de dicha competencia de control del cumplimiento activo, el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento, prevé reglamentariamente dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones
disciplinarias que procedan. De ello se desprende que las resoluciones son la traslación jurídica de la función de control que debe y tiene que ejercer dicho consejo.
Por ello, aquellos interesados que hayan requerido a la Administración General del Estado información comprendida en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno -que es información institucional, organizativa, de
planificación, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística- y no hayan recibido respuesta, o si esta ha sido insuficiente, podrán interponer una reclamación ante dicho Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter
potestativo previamente a la impugnación vía contencioso-administrativa. Ya se ha podido percibir un incremento considerable del 31,65 % de estas reclamaciones en 2020, que desde la creación de dicho consejo es de un 334 %.
En definitiva, señorías, la necesidad de publicidad activa a través de las resoluciones estimatorias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en las cuales se insta al organismo reclamado a que en un plazo determinado remita la
información requerida -o parte de ella- al solicitante de dicha información, hace que, de esta forma, solo tenga acceso a la información demandada quien haya formulado la reclamación ante el consejo, no haciéndose pública por el organismo concreto
de la Administración General del Estado para terceros. Esta circunstancia no tiene sentido. Si el consejo ha estimado la reclamación y la Administración General del Estado no ha impugnado la misma y le ha dado el debido cumplimiento, se pueden
extraer dos conclusiones: que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha entendido y fundamentado jurídicamente que la información solicitada, efectivamente, reviste interés público y, en consecuencia, debe hacerse llegar al interesado; y que
la Administración General del Estado lo ha entendido en los mismos términos y, por tanto, ha accedido a dar traslado de dicha información. Huelga decir que si un ciudadano tiene derecho a conocer determinada información pública los demás
conciudadanos también lo tienen; de ahí que instamos a la necesidad de que se hagan públicas en la página web del ministerio de referencia en esta Comisión, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, todas las resoluciones
estimadas en dicho consejo con el fin de facilitar a los interesados, que somos todos, el acceso a la información que se haya reputado relevante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Plural? (Denegaciones). ¿Grupo Republicano? (Denegaciones). El Grupo Vasco ya ha dicho que no. Por el Grupo Confederal Unidas Podemos, la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Muchas gracias, presidente.
Con esta PNL el Grupo Parlamentario VOX quiere hacer ver que le importa la transparencia, aunque se niegan a hacer las declaraciones de intereses en el Congreso, como hacemos todos y todas.
La ley distingue la publicidad activa y el derecho de acceso. En el caso de la publicidad activa, se entiende que es información de interés para la ciudadanía y, por ello, se ha de publicar proactivamente. No obstante, las administraciones
públicas disponen de gran cantidad de información que la ciudadanía interesada puede requerir y para ello se ejerce el derecho de acceso. Si un tipo de información se requiere de manera reiterada, la ley de transparencia prevé en su artículo 10.2
que, pese a no ser una obligación de las previstas en la ley, puede pasar a publicarse proactivamente. Resulta torticero que la PNL se refiera solo a unas cuestiones concretas en poder de un determinado ministerio. Aplicando la lógica de esta PNL,
debería publicarse toda la información que cualquier persona solicite por derecho de acceso.
En fin, más allá de la eventual afectación de intereses de terceros y de cuestiones relativas a la protección de datos, no es práctico ni es de interés general publicar la ingente cantidad de información que las administraciones pueden
proporcionar a los ciudadanos cuando ejerzan el derecho de acceso. Resumiendo, lo que se pide es que cada vez que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dicte una resolución obligando al Ministerio de Seguridad Social a entregar una
información, esta además se publique, independientemente de que tenga interés general o no. Nos parece absolutamente innecesario. Además, en un alarde para demostrar que trabajan mucho, los señores de VOX han presentado diecinueve PNL como esta,
copia y pega, una para cada ministerio. No creo que hayan madrugado demasiado para esto. (Rumores).
En fin, creo que estamos en política para solucionar problemas y no para crearlos y tampoco para hacer performances en las comisiones, de manera que votaremos no a esta PNL.
Gràcies.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabezón.
El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidente.
Hoy venimos aquí a debatir la PNL por la que se exige al ministerio publicar en su página web la información que el Consejo de Transparencia le obliga a remitir a los ciudadanos que la han solicitado. Conviene recordar que el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno es el encargado de velar por la transparencia en la actividad pública y de garantizar ese derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública. No hay democracia sin transparencia y no se puede
concebir la una sin la otra. Es por eso por lo que el Partido Popular estará con todas aquellas iniciativas que refuercen las instituciones y que ayuden a generar confianza en las administraciones públicas, porque exigir esa transparencia, además
de necesario, es fundamental para mantener una democracia sana y con buena salud. No en vano fue un Gobierno del Partido Popular el que en 2013 aprobó la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, una ley
pionera y de las más avanzadas entre los países de nuestro entorno, llamada a imponer la responsabilidad en la gestión y el buen hacer de nuestras instituciones y a cambiar para bien sus relaciones con los ciudadanos. Así que, gracias a la ley de
transparencia del Partido Popular por la que se rige el Consejo de Transparencia, cuando un ciudadano solicita información a alguna Administración pública a través del Portal de Transparencia y esta lo rechaza, inadmite o simplemente no responde,
puede acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a poner una reclamación, este evalúa si procede o no la reclamación e insta, en su caso, a la Administración oportuna a cumplir con su deber de facilitar información.
La iniciativa que debatimos lo que solicita es que se hagan públicas las informaciones que el Consejo de Transparencia ha estimado pertinentes y relevantes para garantizar la transparencia. En definitiva, lo que se hace es velar por el
cumplimiento de la ley y por la calidad democrática. En el Partido Popular defendemos siempre el cumplimiento de la ley, como no puede ser de otra manera, y velamos también por la transparencia como requisito de la democracia. Creo que ninguno de
los que estamos aquí presentes nos podemos oponer a esto. Bueno, a lo mejor sí que tiene algo que objetar el Partido Socialista, que votó en contra de la ley de transparencia en 2013. Además, Sánchez, siempre que puede, responde a las instancias
que se le hacen tarde o nunca e ignora más que nunca las resoluciones del Consejo de Transparencia. Ya en el mes de enero había infringido 1200 veces la ley de transparencia. No me extraña que ustedes no crean en la transparencia y que día tras
día tengan que recordarles la importancia de cumplir con el ciudadano. Tampoco me extraña que sus socios no voten a favor, porque desde que están en el Gobierno se les está pegando la costumbre de ser bastante opacos y no cumplir con la
transparencia.
Como decía -y con esto concluyo-, la transparencia es buena para todos, permite que las administraciones y las entidades cumplan objetivos y gestionen de manera más responsable, facilita la rendición de cuentas y además otorga mayor
credibilidad a quien ejerce la transparencia, a la vez que garantiza el derecho a la información de los ciudadanos. Aplíquense el cuento. Empiecen a ser más transparentes, empiecen a gestionar de manera más responsable, faciliten la rendición de
cuentas y entonces empezarán a tener también un poco más de credibilidad. Mientras tanto, nos tienen acostumbrados a que les tenga que dar tirones de orejas, día sí y día también, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabezón.
Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Pedraja.
La señora PEDRAJA SÁINZ: Muchas gracias, presidente.
La verdad es que hay que tener cara -pero mucha cara- para venir a esta Comisión a hablar sobre el precio del carburante y sobre lo mal que lo están pasando los españoles por el precio del carburante, cuando hace unas semanas votaron en
contra del decreto que bajaba el precio del carburante. (Aplausos). Además, vienen ustedes aquí a hablar sobre la ejemplaridad que tienen que tener los cargos públicos y los responsables públicos. Vamos a ver, que ustedes montaron un chiringuito
para que su jefe cobrase un sueldo público. (Rumores). Pero no solo eso, sino que han asumido la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León sin ninguna competencia y con un sueldo de 100 000 euros. (Aplausos). Luego, su jefe viene aquí a
trabajar todas las semanas media hora, solo a la sesión de control para hacerse la foto y el vídeo, que, cuando se prepara la pregunta está muy bien, pero, cuando no, pues, bueno, falla un poquillo. No hablen ustedes de ejemplaridad y de
responsabilidad pública cuando se ríen de las instituciones y de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, que son quienes les pagan el sueldo. Ténganles un poquito de respeto.
Hablan aquí sobre la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Saben perfectamente que existen dos tipos de actividades de transparencia. Una de ellas es la publicidad activa, que es la obligación que tiene el
Estado y las diferentes administraciones públicas de hacer públicas ciertas informaciones de forma periódica para garantizar la transparencia; y la otra es el derecho de acceso a la información pública que tiene cualquier ciudadano. Cualquier
ciudadano puede solicitar a la Administración pública determinada información y la Administración tiene la obligación de darle esa información. Saben perfectamente que existen dos tipos de información: la que tiene relevancia jurídica, la cual se
convierte directamente en publicidad activa y, por tanto, el Estado tiene la obligación de hacerla pública, y aquella que no tiene relevancia jurídica y, por lo tanto, no tiene la obligación de hacerla pública. Por lo tanto, no todas las consultas
ciudadanas tienen que ser publicadas. Con respecto al derecho a la información, quien tiene la obligación de publicar estas resoluciones es el propio consejo y no el órgano que ha dictado la resolución impugnada. Desde la propia web del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno se puede acceder tranquilamente a esas informaciones que están publicadas. Ustedes proponen duplicar un trabajo, lo que creemos que es totalmente innecesario.
Por último, les diría que dejen de cuestionar día tras día a las administraciones públicas. Hacen un daño irreparable a la democracia. Si tanto quieren ustedes a España, por favor, dejen de cuestionar a las administraciones públicas; y
dejen de cuestionar también el trabajo de las administraciones públicas, porque a la par están cuestionando el trabajo que realizan las funcionarias y funcionarios de todas ellas, que, por cierto, realizan una gran labor aunque ustedes estén todo el
día atacando a los funcionarios públicos y cuestionando la necesidad de tener funcionarios públicos. Hacen una labor incuestionable; por lo tanto, dejen de hacerlo, por favor.
Votaremos en contra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
- RELATIVA A LA FIRMA Y ADHESIÓN POR EL REINO DE ESPAÑA A LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/002933).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al que era el punto 3.º del orden del día. ¿Recuerdan ustedes? Es la proposición no de ley relativa a la firma y adhesión por el Reino de España... (Un señor diputado: ¿Es la última?).
La penúltima. Es lo que habíamos dicho. Es la penúltima. Hemos dicho que la última sigue siendo la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos.
Pasamos entonces a la proposición no de ley del Grupo Unidas Podemos sobre la adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Para defenderla y
presentarla, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Como bien saben, hemos traído una proposición no de ley para instar a la adhesión a la convención de la ONU sobre los trabajadores migratorios y sus familias. Como bien sabrán, la ONU aprobó en su Asamblea general esta iniciativa el 18 de
noviembre de 1990. Han pasado ya varias décadas desde entonces. Se aprobó la Resolución 45/158 y esta resolución entró en vigor el 1 de julio del año 2003. Hasta ahora, esta iniciativa ha sido ratificada por varios gobiernos, muchos de ellos de
América Latina y de fuera de América Latina también. Puedo decirles que el 18 de diciembre de 2019 habían ratificado la convención los siguientes países: Albania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina,
Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Fiyi, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Lesoto, Libia, Mali, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Paraguay, Perú, Ruanda, Senegal, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Siria, Tayikistán, Timor Oriental, Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela. Como pueden comprobar, a Brasil no lo he mencionado porque, como bien
saben, tienen un Gobierno de ultraderecha que no la ha ratificado.
La cuestión es que esto debe hacernos pensar por qué la ONU propuso hace ya varias décadas, en el año 1990, una resolución para proteger a los trabajadores migrantes y a sus familias que entró en vigor en 2003. La realidad era que ya en
2003 se había duplicado el número de trabajadores migratorios que había en los años setenta. Estamos hablando de que en 2003, cuando entró en vigor esta resolución, teníamos 175 millones de personas que trabajaban fuera de sus países -es decir,
trabajadores migratorios-, el 3 % de la población mundial en aquel año. Pero esta realidad ha seguido aumentando, no se ha parado, porque los flujos migratorios son fenómenos inherentes al ser humano.
Además, quiero que nos haga reflexionar en este Parlamento el hecho de que la hayan ratificado precisamente los países con mayores dificultades económicas. Es allí, en esos países, donde muchas personas se ven obligadas a dejar sus casas,
sus entornos familiares, sus redes de apoyo, sus redes vecinales; se ven obligadas a dejar su vida y a migrar simplemente para poder tener acceso a un trabajo digno. España también ha sido un país migrante. Durante la crisis de 20082012, también
hemos sido un país migrante. Además, somos receptores de trabajadoras inmigrantes que vienen no solamente a España, sino a la Unión Europea a buscar mejores condiciones. Sin embargo, ningún país de la Unión Europea -tampoco España- ha ratificado
esta convención de la ONU y tampoco lo han hecho otros países importantes como Estados Unidos. Esto debe hacernos reflexionar sobre qué están haciendo las democracias más fuertes, las mayores economías del mal llamado primer mundo, es decir,
aquellas donde hay mayores capacidades económicas.
Esta convención viene a desincentivar que el mercado pueda contratar a personas en situación irregular, porque lo que se está haciendo es vulnerar los derechos humanos y también los derechos laborales, y a evitar el tránsito y la
movilización clandestina, porque sabemos que eso no trae más que problemas, sobre todo para los trabajadores migratorios y sus familias. Por tanto, trata de promover la contratación en situación de regularidad y también de proteger a los
trabajadores y a sus familias en el marco de la lucha contra la trata, los trabajos forzosos, el trabajo infantil, la discriminación laboral, el empleo ilegal y la precarización laboral. Y, ¡ojo!, también beneficia a las empresas, porque lucha
contra la competencia desleal y contra el dumping económico.
Como decía, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, considera que actualmente están operando dos grandes fuerzas en el mercado de trabajo que redundan en un aumento de las migraciones por razones de empleo. Muchas personas en
edad de trabajar no pueden encontrar empleo o trabajo en sus países, o no lo pueden conseguir de una forma adecuada para mantenerse a sí mismos y a sus familias, mientras que en otros países hay escasez de trabajadores para cubrir diversos sectores
de la economía. Entre otros factores que influyen en esta situación, podemos hablar también de los cambios demográficos, de la crisis socioeconómica y política, del aumento de las diferencias salariales entre países desarrollados y países en
desarrollo y de la migración como consecuencia de los problemas asociados al cambio climático. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de un intenso movimiento transfronterizo de personas con fines de empleo que conforma el colectivo de los
trabajadores migratorios. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de dignidad, de derechos humanos, de derechos laborales y, sobre todo, de solidaridad. Ahí la Unión Europea tiene una enorme responsabilidad, que también tienen Estados
Unidos y los países con mayor capacidad económica. España, siendo uno de esos países con mayor capacidad económica y uno de los países con mayor capacidad económica de la Unión Europea, debe fortalecer este compromiso y asegurar su adhesión por fin
a esta convención de la ONU para
preservar la dignidad y el cumplimiento de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y también de sus familias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Como saben, se han presentado dos enmiendas a esta PNL. Por el Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Bueno, pues a ver si la ratifican ya, que sería suyo. Nosotros estamos de acuerdo. Este año se cumplirán treinta y dos años desde que Naciones Unidas aprobó una convención para proteger los derechos humanos de
todos los trabajadores migrantes y sus familias, que entró en vigor el 1 de julio del 2003. Estamos en 2022. La convención es el fruto de más de treinta años de debates basados en estudios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y es un
instrumento importante para prevenir y eliminar los abusos que sufren todas las personas migrantes, tanto en situación regular como irregular. Fija unas normas internacionales para un trato justo y sin abusos para todas las personas, con
independencia de su situación administrativa, y recuerda que los derechos humanos no saben de papeles.
Individuos y sociedades se han movido siempre en búsqueda de protección y de mejores condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales y de derechos humanos y fundamentales; esto es, en busca de una vida más digna, tal y como
hicieron muchos españoles no hace mucho tiempo. La política de extranjería de España y, específicamente, la regularización de la condición administrativa de las personas migrantes no ha incorporado todavía otras normativas internacionales
imprescindibles, como, por ejemplo, el Convenio de la OIT sobre los Trabajadores Migrantes de 1975 (disposiciones complementarias), número 143. En España, el PSOE, el 10 de noviembre de 2003, cuando era oposición, presentó una proposición no de ley
instando al Gobierno a que firmase y ratificase esta convención. Recuerdo que estamos en el 2022 y estamos con una PNL. Ahora que se encuentra en el Gobierno tendría la oportunidad de hacer realidad esa petición. Sin embargo, es su socio en el
Gobierno, Unidas Podemos, quien trae a esa Comisión una PNL con una instancia necesaria pero bajo unos términos muy poco específicos, teniendo en cuenta la importancia del tema. Por este motivo, por la debilidad de la redacción de la instancia, el
Grupo Republicano ha registrado enmiendas para que el Gobierno español proceda en un plazo de seis meses, o en esta legislatura, a la firma y adhesión a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familias de Naciones Unidas, porque las personas migrantes no son simple mano de obra, sino que son personas con derechos humanos. Hay que poner plazos en las instancias al Gobierno, si no, todo acaba en anhelos y promesas que
no se cumplen, como se ha demostrado. Recordamos que la firma de los tratados internacionales se puede hacer en un Consejo de Ministros y es una decisión simplemente política.
Ya para acabar, lo sucedido, por ejemplo, en la frontera sur de España ha mostrado un grave desprecio hacia estos derechos. Cuando las violaciones de los mismos permanecen impunes y son ignoradas, se discrimina a seres humanos por razón de
su procedencia o de su situación administrativa y suceden hechos tan graves como los que hemos presenciado. Para que las personas afectadas no vuelvan a sufrir torturas, malos tratos, discriminación, actos racistas o xenófobos; para que la
prohibición de expulsiones colectivas no dependa de papeles o situaciones administrativas, y para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean respetados y garantizados, firmen ya de una vez la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Regularicen ya a todas las personas migrantes en condición administrativa irregular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la segunda enmienda, que es del Grupo Popular. Señor Romero.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Franco, nuestra legislación en materia de inmigración, en materia de migraciones, está homologada y está a la altura de todos los países de la Unión Europea, de los países más avanzados del mundo, tanto en lo que se refiere a la
vertiente de inmigración como también a la de emigración. Está homologada, sobre todo, que es lo importante, con los países de la Unión Europea, con nuestros países socios de la Unión Europea. No es como la de Venezuela, por ejemplo, o la de Cuba,
que son sus países de referencia.
Cosa distinta es que lo que dice nuestra legislación, al final, por unas razones u otras, por un Gobierno u otro, no se lleve a la práctica, que no se tenga en cuenta lo que dice nuestra legislación. Pero la legislación dice que la
inmigración debe ser legal y una inmigración regular, que es la que debe haber en España en función de su legislación. Sin embargo, se ha convertido en algo excepcional. Lo legal, lo regular se ha convertido en algo excepcional. Y lo normal se ha
convertido en aquello que es irregular, que es una inmigración que viene sin cumplir la legislación que tiene nuestro país, saltándose a la torera toda la normativa que tenemos al respecto. Por eso, el Partido Popular aboga por una migración legal,
ordenada y acorde con las necesidades que tiene nuestro país.
Señora Franco, en la PNL que tratamos en este momento hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. La primera es la fecha de la PNL. Sí, la fecha. Podéis pensar: ¡vaya cosa que le llama la atención! Pues es la fecha lo que me
llama la atención. Yo me fui a comprobarla y encontré que la fecha de esta PNL era el 8 de julio del año 2021; es decir, de hace diez meses. Pero inmediatamente se me vino a la mente: ¡pero si estáis gobernando, estáis en el Gobierno, sois parte
del Gobierno, sois Gobierno! ¿Por qué no tratáis este tema en el próximo Consejo de Ministros? ¿Por qué no lo habéis tratado ya hace cinco meses, seis meses, un año? ¿Por qué no lo tratáis? No necesitáis que esta Comisión diga que se firme la
convención. No se necesita. Por tanto, no tiene sentido que el Gobierno inste al Gobierno. No tiene ningún sentido.
La segunda cosa que me llamó la atención. Resulta que ninguno -y lo ha dicho usted, señora Franco- de los países de Europa, ninguno de los países de la Unión Europea, para ser un poquito más estricto, han firmado esta convención. Yo
siempre me pregunto: ¿y esto, por qué? Bueno, no la han firmado muchísimos países del mundo. Es más, no la han firmado la mayor parte de los países del mundo. Solamente lo han firmado 50 países, y en el mundo hay muchísimo más que 50 países. En
este asunto ningún país de la Unión Europea debe ir por su cuenta. ¿No creen ustedes que debe hacerse de común acuerdo entre todos los países de la Unión Europea? No debemos crear ninguna desconfianza en la Unión Europea. Debemos estar
coordinados, porque en esta materia lo que haga un país repercute en todos los demás países de la Unión Europea. No voy a hablarles del espacio Schengen, no voy a hacerlo porque ya todos lo conocéis.
Por eso, nosotros hemos presentado una enmienda pidiendo que se inste al Gobierno -por no dejar mal esta PNL- a coordinar las políticas de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias con las instituciones de
la Unión Europea y en el contexto de la normativa comunitaria, para no crear desconfianza con el resto de los países comunitarios.
Hay otra enmienda del Grupo Republicano que dice lo mismo que la proposición no de ley, salvo que lo acota en el tiempo para que se haga más rápidamente.
Han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho. Por lo tanto, ¿para qué vienen a esta Comisión para que los demás digamos: háganlo? Están en el Gobierno, háganlo desde el Gobierno, si quieren.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Vasco? (Pausa). ¿Grupo Ciudadanos? (Pausa). Por el Grupo Vox, señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros rechazamos esta proposición no de ley. En primer lugar, porque es malo para España; adherirnos a esta convención de Naciones Unidas es malo para España, y además tiene su reflejo, precisamente, en una de las circunstancias que ha
relatado la ponente de la presente iniciativa.
Usted en su intervención ha enumerado toda la serie de países, los 50 países firmantes de esta convención de Naciones Unidas. Como todo el mundo ha podido observar, son países de origen y tránsito de inmigración masiva. En ningún caso
ningún firmante es un país receptor de inmigración masiva. Esto genera la siguiente pregunta: ¿por qué los países receptores de esta inmigración masiva no han firmado ni han suscrito esta convención de Naciones Unidas? Porque no es bueno para
ellos, porque precisamente lo que supone es un mayor efecto llamada.
Por lo tanto, nosotros rechazamos de pleno esta proposición no de ley, rechazamos la firma de la convención. Además, quiero hacer la siguiente reflexión y que observemos -y en esta iniciativa se ve clarísimamente- un fenómeno que está
sucediendo en los últimos años. Voy a darles al principio de la reflexión un dato. Según el Banco Mundial, aumentar la inmigración en un porcentaje similar al 3 % de la masa laboral de los países desarrollados generaría un beneficio económico de
356 000 millones de
dólares a nivel mundial. El Banco Mundial, además, incita a que haya más inmigración y más movimientos migratorios a nivel internacional, dado el volumen del beneficio económico que supone. Este dato precisamente avala la reflexión que
vengo a hacerles, que es lo que sucede durante los últimos años, y es que al final esa antaño izquierda antiglobalización hoy se ha convertido en el salvavidas del orden mundial y en el orinal de los multimillonarios del mundo. Señorías, esa es la
izquierda que hoy en día gobierna en nuestro país y esa es la gran alianza de los poderosos a nivel internacional, que lo que quieren al final es la precariedad de nuestras naciones. ¿Y por qué quieren la precariedad de nuestras naciones? Pues muy
sencillo, señorías, porque no existen los derechos laborales del mundo. No existen. La única manera de proteger a los trabajadores es protegerlos en comunidad. Nosotros lo decimos mucho, pero es una gran realidad, y lo dicen en nuestro sindicato.
La patria es la única defensa que tienen los trabajadores. Los trabajadores de España, además, lo saben. Quien paga las pensiones el día de mañana al trabajador no es la ONU, no es la Comisión Europea, son todos los españoles que han cotizado en
esta comunidad.
Por lo tanto, dejen de mirar a Ginebra, señorías, dejen de mirar a Bruselas, dejen de mirar a Nueva York para solucionar los problemas de nuestro país y empiecen a mirar a Usera, empiecen a mirar a Carabanchel, empiecen a mirar al Puche,
empiecen a mirar a las 200 viviendas de Roquetas, o los españoles empezarán a mirarles a ustedes como lo que realmente son, unos traidores.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Diouf.
El señor DIOUF DIOH: Gracias, presidente, señorías.
Señoría de Vox, la precarización de las naciones -apúntelo- es el invierno demográfico que conoce Europa y, por ende, España. Hacen falta trabajadores y, sinceramente, debe de mirar lo que se está redactando, escribiendo y publicando por
entidades importantes a nivel mundial y, de paso, también bancos interesados aquí en España.
Dicho eso, en el Partido Socialista no favorecemos ni hacemos diferencia entre trabajadores. La defensa de los derechos de los trabajadores forma parte del ADN del socialismo, de la misma forma que los derechos humanos. Por eso
reivindicamos la igualdad de las mujeres y la protección de los niños y niñas, sin importarnos su origen o su situación regular o administrativa.
En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico español garantiza la protección de los trabajadores y las trabajadoras a la que se refiere esta iniciativa, ya que España y el
resto de los Estados miembros de la Unión Europea que, a su vez, son miembros del Consejo de Europa, asumen desde el Convenio Europeo por la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, la Carta Social Europea, de 1961
y el convenio europeo relativo al estatuto jurídico del trabajador migrante, de 1977, hasta los convenios y recomendaciones elaborados en el seno de la Organización Internacional de Trabajo. Esto en cuanto al ordenamiento internacional. Cabe
recordar que con la creación de la Comunidad Europea nace también el derecho comunitario europeo, lo que significa la incorporación de todo el acervo comunitario.
Por lo tanto, al ser la política migratoria una política común, entendemos que el lugar donde mejor se puede debatir esta iniciativa para el estudio de su firma es en el marco de la Unión Europea, que es donde se diseña y planifica la
política migratoria de la Unión Europea. Por lo tanto, al ser una política común, debemos ceñirnos a las políticas europeas, de ahí la presentación de nuestra enmienda transaccional, que ha sido aceptada y que propiciará el voto favorable del Grupo
Parlamentario Socialista.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO DE CAPITALIZACIÓN PARA CADA ASALARIADO QUE FINALICE UNA PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO ('MOCHILA AUSTRIACA'). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente
161/003936).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última PNL del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Ciudadanos, relativa a la creación de un fondo de capitalización para cada asalariado que finalice una parte de la indemnización en caso de
despido, conocido como mochila austriaca. Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Señorías, desde mi grupo parlamentario no vamos a dejar de insistir en la necesidad de seguir avanzando en la mejora de nuestro mercado laboral. Por ello volvemos a defender una de nuestras señas de identidad, como es la mochila austriaca.
Yo creo que, a estas alturas, todos sabemos o deberíamos saber el impacto que tiene la dualidad laboral en el desempeño de la economía española, y si no lo saben, yo se lo recuerdo, que es que la dualidad laboral lleva a la perpetuación de la
precariedad en el mercado laboral patrio.
La reciente reforma laboral aprobada, con su reducción del menú de contratos y la penalización de la contratación temporal, es, sin duda, un paso en la dirección correcta para reducir esa dualidad crónica del mercado laboral español. Pero
se queda lejos de lo que debería ser la reforma laboral que de verdad necesita España para abordar esas dinámicas perversas que aún persisten. Recientemente, el Banco de España ha propuesto una serie de reformas estructurales al Gobierno con el
objetivo de hacer la economía española más eficiente, competitiva y justa y con el fin de reducir aún la elevada precariedad del mercado laboral español. Para ello propone precisamente la creación de ese fondo de capitalización para cada asalariado
que financie una parte de la indemnización en caso de despido, lo que informalmente todos conocemos o se ha venido a denominar mochila austriaca. Podemos decir así que una de las máximas instituciones de nuestro país está tan preocupada como
nosotros por nuestro marco laboral y nuestra economía.
Uno de los principales inconvenientes que encuentra este modelo es la demonización por parte de la izquierda ideológica y, por otro lado, la falta de pedagogía por parte de quienes defendemos, de los que sí que defendemos este modelo sobre
el funcionamiento y las ventajas que conlleva. Así que yo en esta intervención voy a intentar hacer esa pedagogía. ¿Qué es la mochila austriaca? Es un fondo individual que el empresario nutre periódicamente en favor del trabajador para así ir
acumulando un capital equivalente a un determinado número de días de salario por año trabajado y que sea entregado al trabajador en caso de despido. Es decir, que durante el tiempo que dura el contrato de trabajo el empleador ha ido provisionando
cantidades a cuenta que no tendría que desembolsar de golpe en caso de despido. La ventaja de este fondo individual, de esta mochila, es que no se trata, como dice la izquierda, de abaratar el despido, como siempre alegan, sino hacer más eficiente,
más flexible y menos gravoso el marco regulatorio laboral, donde no solo el empleador tendría el beneficio de no tener que desembolsar de golpe la indemnización por despido -que, en muchos casos, sobre todo en crisis, puede ocasionar quebranto para
la empresa-, sino que el fondo actúa como mecanismo macroprudencial de ahorro forzoso para las empresas, beneficiando a la economía española en general.
Por otro lado, los incentivos que ahora mismo operan para la empresa pueden llevar a que, en caso de necesitar ajustar la plantilla, se opte por despedir a un trabajador más productivo por el simple hecho de no haber acumulado lo que
conocemos como la antigüedad. Es decir, despedimos a ese trabajador porque es más barato despedirlo, no porque haga peor su trabajo, porque no merezca continuar. Cosa que, lamentablemente, siempre coincide con los trabajadores más precarios y
vulnerables, que son los jóvenes. Así que, señorías, pensémoslo bien, porque todos sabemos que un joven nunca acumula años de antigüedad en su trabajo porque siempre es el que resulta más barato para despedir.
En contraposición con la mochila austriaca, el hecho de que los derechos se asuman de forma gradual por parte de las empresas haría que la decisión de prescindir de un trabajador se fundamente siempre en criterios técnicos y de mérito
relacionados con el desempeño, en lugar de fijarse en el coste de rescindir el contrato.
La tercera ventaja que podemos resaltar es que el trabajador recuperaría el importe acumulado en el fondo, en este fondo individual, en esta mochila, no solo en el caso de ser despedido, sino también si accediera a un nuevo puesto de trabajo
que conllevara movilidad geográfica o si cambiara de empleo a otra empresa aunque no conllevara movilidad geográfica. Y yo les quiero hacer una reflexión: solo los que hemos trabajado en el sector privado durante décadas sabemos lo que supone
cambiar de ciudad, de empresa o promocionar profesionalmente, y lo que supone no hacerlo por no querer renunciar a esa antigüedad de los derechos consolidados. Porque moverte de tu empresa suele suponer perder esos derechos consolidados en el caso
de despido o de años computados para la jubilación. Esto nos ha obligado a muchos trabajadores -en mi vida profesional también-, y sigue haciéndolo, a no mejorar, a no trabajar a gusto, a que lo que uno hace no es lo que uno quiere; por tanto, a
ser menos productivo, con las consecuencias económicas y de realización personal que esto conlleva.
Si estas todavía no les parecen suficientes ventajas, todavía tengo más. El fondo individual puede emplearlo el trabajador para formarse, abonando cursos de formación que mejoren sus capacidades y habilidades, permitiéndole mejorar en sus
desempeños laborales. Pero es que aún hay más. Si hoy en día un trabajador se jubila formando parte de la plantilla de una empresa contra la que ha devengado un enorme derecho contingente en caso de despido, ese trabajar hoy pierde la
indemnización. Con la mochila austriaca, en cambio, todo el capital almacenado en el fondo y no dispuesto hasta el momento será percibido a modo de complemento para la jubilación.
Cuál es el inconveniente, me dirán. El inconveniente que percibimos es un gran problema, está claro, que es cómo financiar la transición desde la situación actual, en la que las empresas no han dotado las mochilas de ninguno de sus
trabajadores con el capital suficiente, a la nueva situación, con esa mochila rellena, sin descapitalizar en el camino el tejido empresarial. Sería imprescindible, por tanto, que las administraciones públicas tuvieran que financiar, si no la
totalidad, gran parte de ese despliegue inicial para el nuevo sistema. El propio Banco de España cuantifica en ese informe entre 8000 millones y 9000 millones la capitalización de esas mochilas. Podríamos, señorías, poner a disposición de este
nuevo modelo laboral el mecanismo de los fondos Next Generation, que precisamente tienen como fin ayudar a afrontar costes elevados pero puntuales que exigen las reformas estructurales de calado. Instamos a sus señorías a abordarlo, porque tenemos
la oportunidad única de hacer uso de estos fondos para dotar el mecanismo de recursos necesarios para su puesta en marcha y reducir así los costes de transición.
Termino ya, presidente. En resumen, la mochila austriaca daría más poder al trabajador haciendo sus derechos independientes, independientemente de lo benévolo o lo malévolo que sea el empleador. Facilitaría cambiar de trabajo sin pérdida
de derechos y que cada uno construya la carrera profesional que desee. Permitiría a las empresas que se encuentran en dificultades de organizar su plantilla con base en el desempeño y mérito. Acabaría con el incentivo perverso actual de que las
empresas despidan a aquellos trabajadores que menos indemnización hubieran devengado, que al final son siempre los más jóvenes y los precarios. En definitiva, mejoraría las condiciones laborales de todos los trabajadores y pondría a los jóvenes y a
los precarios siempre en pie de igualdad con el resto de ciudadanos.
Está en nuestras manos hacer el mercado laboral más eficiente y de capitalizar la economía española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos primero a las enmiendas y luego al turno de fijación de posiciones. Les pediría celeridad, porque si no, ni con los polvorones del señor Aizcorbe vamos a llegar al Pleno. (Risas).
Señor Movellán, para defender la enmienda.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.
La implementación de la mochila austriaca es una medida que el Partido Popular viene defendiendo desde tiempo atrás. Así consta en nuestros programas electorales, en la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Es verdad que
recientemente el Banco de España elaboró un informe donde proponía un mecanismo para la introducción gradual del sistema de mochila austriaca en nuestro país. Eso sí, con el matiz de que fuera financiado con parte de los fondos de recuperación
europeos. El coste de la transición del actual sistema a un nuevo sistema de acumulación de derechos de los trabajadores en fondos individuales se ha considerado como uno de los principales escollos para que esta medida no haya sido planteada
formalmente hasta el momento. Pero, señorías, se lo dijimos en la tramitación de los presupuestos generales y se lo volvemos a decir ahora: tenemos una oportunidad histórica con la percepción de los fondos europeos para poner en marcha una medida
óptima para erradicar la dualidad que existe en nuestro mercado laboral. Así, el Banco de España recuerda que esta reforma, la mochila austriaca, encaja con los requisitos exigidos por la Comisión Europea para percibir los fondos. Literalmente
dice: Estos costes podrían financiarse, al menos parcialmente, mediante el recurso de los fondos del programa Next Generation. En efecto, el Reglamento de la Comisión indica que las reformas susceptibles de ser financiadas con estos fondos deben
ayudar a potenciar el crecimiento, a mejorar la sostenibilidad económica o ambiental, y cita como ejemplos concretos, entre otros, la reforma del sistema de pensiones y del mercado laboral.
Desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos la puesta en marcha de este sistema, que es la verdadera revolución laboral que necesita nuestro país, y no la reciente reforma laboral aprobada de este Gobierno, que solo ha servido para
maquillar -eso sí, temporalmente- la temporalidad y la precariedad en nuestro mercado laboral.
Señorías, las ventajas de la puesta en marcha de este nuevo sistema en nuestro mercado laboral son incuestionables. Por un lado, terminaría con la dualidad de nuestro mercado de trabajo, eliminando las discriminaciones por el coste del
despido y tratando a todos los trabajadores por igual. Por otro lado, contribuiría a la movilidad laboral, ya que los trabajadores que deseen cambiar de trabajo lo harían con su mochila de fondos acumulados, sin perder sus derechos adquiridos, como
la antigüedad acumulada.
Desde el punto de vista de las empresas y de los empleadores, en el supuesto de no quedar otra opción que reajustar plantillas, lo harían siguiendo criterios de eficiencia y no económicos, como hasta ahora. Además, este sistema fomentará la
contratación indefinida, las subidas salariales y la flexibilidad. El capital acumulado por el trabajador se convierte en un complemento a la jubilación al final de su vida laboral.
Se trata, pues, de un modelo en el que todos ganan. Gana nuestro mercado laboral, ganan los trabajadores y ganan las empresas. Es cierto que la puesta en marcha de este mecanismo no es sencillo, fundamentalmente, debido a ese coste de
transacción del sistema actual hacia el nuevo sistema. Pero también es cierto que ahora es el momento, porque ahora tenemos la oportunidad de que sean los fondos europeos los que financien, al menos parcialmente, estos costes de transacción.
Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa, pero presentamos una enmienda más ambiciosa, para que se constituya de forma inmediata un grupo de trabajo compuesto por agentes sociales, económicos, políticos y técnicos expertos en la
materia que elabore y presente, en el plazo máximo de un año, un proyecto completo que contemple todas las pautas y los pasos a seguir para la total implementación del nuevo sistema de capitalización individual de los trabajadores o sistema de
mochila austriaca, que indique la viabilidad de su puesta en marcha y los efectos en el mercado laboral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Movellán.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muy brevemente. Solo para advertir de una cuestión. Un debate tan importante y tan reciente, como es el del Pacto de Toledo, convierte esta iniciativa en un debate ya superado. (Aplausos). Además, llama
también la atención, sobre todo, la bajada de caballo -permítanme la expresión- del Partido Popular en esta materia, puesto que en presencia de quien ha sido su portavoz en el Pacto de Toledo, la señora España, el planteamiento fue completamente
diferente. Es inexplicable este salto al vacío que contemplo en estos momentos. Y, tercero, este mecanismo ya ha sido juzgado también desde el propio ámbito de la protección social como un mecanismo de carácter insolidario. No nos gusta, no nos
gustará y no podemos aceptar esta proposición.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
El PDeCAT ha estado siempre a favor de la mochila austriaca. Creemos sinceramente que este cambio en las relaciones laborales tiene que empezar a andar. Esta es una medida que puede suponer un fondo a favor del trabajador para obtener
aquella indemnización de despido, que es lo que regula la legislación actual laboral, pero también para aquellos casos en que él decide cambiar de empleo, en el que el trabajador decide hacer formación o acceder a la jubilación. Por tanto, que este
fondo pueda depender también de él en este ahorro acumulado que iría haciendo la empresa y que le daría mucha más fortaleza a la empresa al saber que dispone de ese dinero ya acumulado. Por otra parte, fortalecería al trabajador por saber que
existen algunas posibilidades y algunos recorridos en los que puede disponer de ese fondo acumulado.
El Banco de España -se ha apuntado anteriormente- considera que esta sería una buena medida para el mercado laboral, que los fondos europeos podrían ser una buena oportunidad para la implantación de esta medida y, por tanto, en un nuevo
mercado laboral cambiante, como se señalaba en algún punto anterior, en el que ya no hay personas que acumulen muchos años de antigüedad, o donde la flexibilidad es mucho más habitual, tenemos el criterio de que hay que favorecer esta opción en
favor de las personas trabajadoras, una opción que mejora el sistema económico también desde la perspectiva de la empresa y esta apuesta por eliminar la dualidad en el mercado laboral.
Por ese motivo, nosotros seremos firmes defensores del estudio y la implantación de la mochila austriaca en el marco laboral.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boadella.
Pasamos al Grupo Unidas Podemos. La señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
La línea de trabajo de este Gobierno está muy lejos de tomar medidas como la que ha propuesto el Grupo Ciudadanos. Se ha demostrado, y así lo corroboran todos los datos, que la manera de abordar el mercado de trabajo del Ministerio de
Trabajo, valga la redundancia, con la nueva reforma laboral es la correcta, que es la de incrementar los contratos indefinidos, y en el último mes ese incremento ha sido exponencial. Hay que recordar propuestas e iniciativas que ha tomado este
Gobierno, como la de los ERTE, que se llevaron a cabo durante la pandemia, que se han reforzado en esta reforma laboral y que, efectivamente, han servido para salvar millones de puestos de trabajo que en otras circunstancias hubiesen terminado,
probablemente, en despidos, profundizando en las consecuencias de la crisis para los más vulnerables. Es decir, los de siempre, los trabajadores y trabajadoras.
¿Por qué busca Ciudadanos al respaldar la propuesta del gobernador del Banco de España? Muy claramente: hay que recordar que esta propuesta se hizo en primavera del año pasado. El Banco de España y su gobernador también sugirieron que la
negociación colectiva era un problema para las empresas, que eran mejor los convenios de empresa. Recordemos que los convenios de empresa no han servido prácticamente para nada porque no consiguieron que se aumentaran los convenios. Al contrario,
lo que se consiguió es que los convenios colectivos perdieran fuerza y, por tanto, la negociación colectiva a nivel sectorial.
El Banco de España ha propuesto grandes iniciativas, como por ejemplo el rescate bancario de 40 000 millones de euros, que hay que recordar que fueron pagados por todos los ciudadanos y ciudadanas españoles y que no han sido repuestos a los
ciudadanos y ciudadanas españolas, mientras se les decía que se apretaran el cinturón. Otras gloriosas recomendaciones del Banco de España en materia laboral -que no es su competencia, por cierto- ha sido la de primar los convenios de empresa u
otras medidas que no sirvieron para nadie y que tampoco les brindó a las pymes una mejor posición competitiva en el mercado. El Banco de España no es un ejemplo en sus propuestas para trabajar por el bien común.
Dicho esto, ¿en qué consiste la mochila austriaca? Consiste en acumular anticipadamente la indemnización por despido a cuenta individual de manera anticipada en su salario. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador va a poner una
parte de su salario para pagarse una supuesta indemnización por despido. Ojo, lo que hace esto es eliminar la indemnización por despido. Y vamos a recordar qué es la indemnización por despido, porque recuerdo que la mochila austriaca no vale
solamente para los trabajadores que son despedidos en fraude de ley. La mochila austriaca lo que propone es un fondo de todos los trabajadores, los que son despedidos en fraude de ley y los que no, es decir, elimina la indemnización por despido. Y
hay que recordar que la indemnización por despido no es ni más ni menos que un castigo a las empresas que despiden fraudulentamente a trabajadores, es decir, los que no están cumpliendo con los derechos laborales y la legislación vigente de la
normativa laboral.
El problema en el mercado laboral español no es el despido. El problema en el mercado laboral español es la temporalidad, como bien saben sus señorías, que es lo que provoca la contratación temporal, la irregularidad, el encadenamiento
irregular en la contratación temporal, y eso ha sido tajantemente eliminado gracias a la reforma laboral, que, como digo, lo que está consiguiendo es aumentar los contratos indefinidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Por último, lo que propone Ciudadanos es que se pague a costa de los fondos Next Generation. Señorías, los fondos Next Generation deben servir para impulsar la economía y los nuevos sectores económicos, no para
eliminar las indemnizaciones por despido, y, entre otros, los improcedentes. El chiste, señorías, se cuenta solo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve.
A la portavoz de Podamos, dos cuestiones. En primer lugar, también hay despidos objetivos que contempla la ley; no todos son ilegales, y tienen un tipo de indemnización distinta. Y andaríamos buenos si no subieran los contratos
indefinidos, cuando ahora son obligatorios todos así. Si no suben ahora, no subirán nunca. O sea, poca cosa se puede añadir a esto.
La proposición no de ley que presenta Ciudadanos, que es una iniciativa valiente, quizás se queda en un estadio corto y provisional. Efectivamente, la indemnización no es un derecho per se. La indemnización crea el derecho cuando se
produce un acto, el del despido. Pero todos conocemos en la vida laboral de nuestro entorno a personas con muchos años de antigüedad en un trabajo que han pasado a la jubilación y no han recibido ningún tipo de indemnización. Así pues, la
indemnización, en términos jurídicos, nace en el momento en que existe un despido, ya sea procedente o improcedente, de modo que no un derecho que se mantenga de forma permanente, sino algo que ahí está.
Es cierto que en el mercado laboral español tenemos la percepción de que va generándose esa expectativa de poder cobrar una cantidad, y en muchas ocasiones, como decía la diputada de Ciudadanos, ante la oferta de un mejor trabajo, puede que,
si ya se cuenta con quince, veinte años de antigüedad, uno no se atreva al cambio porque piense que tiene posibilidad de indemnización en caso de despido y se pone en riesgo, aunque a veces también puede suceder que la empresa en la que esté
trabajando vaya a concurso, acabe en el FOGASA y tenga que olvidarse de todo eso.
También es cierto -el señor Barandiaran lo ha dicho- que tendríamos que revisar algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo y reformar algunos aspectos. Y ahí veo una contradicción in terminis respecto a lo expuesto por Ciudadanos y
el Partido Popular, que se acumula a algo que ha señalado el señor Boadella, quien también decía que había que estudiarlo, porque la enmienda del Grupo Popular solicita que se cree de forma inmediata un grupo de trabajo que elabore y presente un
proyecto que contemple las pautas y pasos a seguir.
Por eso, si es algo que hay que estudiar y hay que crear un grupo, lo vemos precipitado, sin perjuicio de que nos parece una iniciativa interesante y hay que estudiarla; pero, sencillamente, hay que estudiarla.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Pasamos al Grupo Socialista, la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenos días. Seré muy breve.
La verdad es que compartimos el diagnóstico que hace esta propuesta sobre el mercado de trabajo, la temporalidad excesiva, la precariedad laboral, si bien la misma no ataja ninguna de estas cuestiones. Además, es una propuesta que llega
cuando se cumplen cien días de la puesta en marcha de la nueva reforma laboral, que pretende, esta sí, la reducción de la dualidad del mercado laboral, la introducción de flexibilidad para las empresas y el reforzamiento de la formación para los
trabajadores, siendo que esta facilitará su movilidad laboral. Y digo que lo pretende y que lo consigue, porque es verdad que no hay varitas mágicas, el mercado laboral español tiene problemas estructurales tremendos todavía, dramas personales y
profesionales que hay que atajar, pero, cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo, y se ofrecen resultados.
Por primera vez, veinte millones de personas trabajando en este país, medio millón de personas más trabajando que antes de la pandemia. Hablemos de temporalidad: La contratación fija se dispara. Hace solo cuatro meses uno de cada diez
contratos era fijo, ahora uno de cada dos contratos es indefinido. Hablemos de precariedad: Los contratos de menos de una semana representaban el 70 %; hoy el 30 %, gracias a los mecanismos de desincentivo. Hablemos de paro, que ha disminuido
casi en un millón, alejándonos de esas tasas de paro del PP del 27 % y del paro joven del 56 %. Hablemos de equilibrio: 4,5 millones de trabajadores han recuperado la ultraactividad en su convenio y 1,5 millones de subcontratados han visto
aumentar sus salarios por la prevalencia del convenio del sector. Estos son datos positivos, incontestables de cualquier punto de vista que se observen, y sé que hacen rabiar al PP, a Vox y a cierta izquierda, que no quisieron que esto sucediera.
Pero hablemos de la mochila: Para los socialistas es de una eficacia cuestionable. Ni siquiera los estudios encomendados a la OCDE, que ya están hechos, son capaces de demostrar que esta mochila hoy sea buena para España. Sería de
aplicación dudosa en nuestro país. Austria y España somos muy diferentes. En Austria el salario medio es el doble y la tasa de paro es 13 puntos menos.
Habla también de la reducción de la protección que se otorga a los trabajadores. Pero eso no es otra cosa que abaratar o hacer gratuito el despido, como se venía haciendo en España desde la reforma del PP, y ello no ha supuesto un
incremento en el empleo, sino que ha destrozado proyectos de vida. Por tanto, hablemos de despido, y el PSOE y este Gobierno no están por negociar medidas para facilitar el despido, punto. Además, todo lo que afecta al despido se debe consensuar
con los agentes sociales.
Señorías, es la nueva reforma laboral la que abre nuevas oportunidades para modernizar el marco de relaciones laborales en cuanto a empleo estable y derechos, no hay nada más. No hay nada más viejo que el despido libre y gratuito, no hay
nada más antiguo que facilitar la explotación de los trabajadores. Es tan viejo que el Partido Socialista Obrero Español lleva 143 años combatiendo agresiones como esas.
Y, siendo consecuentes con este legado, este grupo parlamentario está por recuperar derechos, subir salarios, facilitar el crecimiento de las empresas y crear empleo como nunca, empleo de calidad, que dé certidumbre y seguridad a
trabajadores y familias en nuestro país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peña.
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a las votaciones.
Primer punto del orden del día, proposición de ley por la que se insta al Gobierno a dispensar una protección especial a los afectados de linfedema, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en los términos de la transaccional del Grupo
Socialista y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a traspasar a la Generalitat de Cataluña la gestión de las prestaciones por desempleo y las competencias de seguimiento de la formación continua y a demanda, del Grupo Parlamentario
Plural. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4, en contra, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la firma y adhesión por el Reino de España a la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, del Grupo de Unidas Podemos. Se vota
en los términos la enmienda transaccional de los grupos de Unidas Podemos, Socialista y Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 5, abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 4.º, proposición no de ley relativa a impulsar el multilingüismo en los procedimientos administrativos que afectan a personas de origen extranjero, del Grupo Parlamentarios Socialista. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a incentivar la contratación de los empleados y empleadas del hogar, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 6.º, proposición no de ley sobre el cumplimiento del Real Decreto Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se garantizan los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales, del Grupo
Republicano. Se vota por puntos. En primer lugar, votamos el primer punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el segundo punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
¿Los dos siguientes se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento). Votamos los puntos 3.º y 4..º
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 5; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a la séptima proposición de ley, sobre la inclusión de las personas mayores en los servicios de banca digital, del Grupo Socialista. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto 8.º, proposición no de ley relativa a la publicación en la página del Ministerio de Inclusión de las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que haya instado a remitir
al solicitante de la misma, del Grupo Parlamentario VOX. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 9.º, proposición no de ley sobre la creación de un fondo de capitalización para cada asalariado que finalice una parte de la indemnización en caso de despido, mochila austriaca, del Grupo Ciudadanos, que se vota en los términos de la
enmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11, en contra, 20, abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.