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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 229, de 26/02/2021
cve: BOCG-14-D-229
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de febrero de 2021
Núm. 229
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000019 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la
Ciencia ... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre impulso a la innovación para la competitividad de España ... (Página4)
162/000548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un Plan de retorno del talento investigador ... (Página6)
162/000549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la condena de los altercados ocurridos en varias ciudades españolas en las manifestaciones en favor del rapero condenado Pablo Hasel, así como de apoyo
a la labor llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los mismos ... (Página7)
162/000550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de herramientas de Big Data para la movilidad en España ... (Página9)
162/000551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ejecución eficaz de una Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19 ... (Página9)
162/000552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el
conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas ... (Página12)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000019
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Grupo Parlamentario Socialista.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Grupo Parlamentario Mixto.
Grupo Parlamentario Republicano.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de septiembre de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las
Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, solicitan la constitución de una Subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la ley de la ciencia, en el seno de
la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
No existen dudas de la vinculación entre inversión en investigación, ciencia e innovación y el crecimiento económico. Está acreditado que hasta dos tercios del crecimiento europeo las tres últimas décadas provienen de la inversión en
investigación y desarrollo.
Una inversión creciente y elevada en investigación e innovación repercute y eleva la productividad total de los factores. Está demostrado que para una productividad sostenida, así como para el crecimiento del empleo, es esencial estimular
la productividad. Por tanto, es imprescindible reforzar de forma decidida la inversión en l+D+i, facilitando, igualmente, la transformación hacia una economía mucho más intensiva en conocimiento.
La crisis de la COVID-19, ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia en la búsqueda de soluciones en muchos ámbitos: sanitario, social, económico, etc. Asimismo, se ha evidenciado la insuficiencia de la inversión en ciencia e
innovación en nuestro país.
La ciencia y la innovación son las palancas de la modernización de la economía, una inversión imprescindible para el crecimiento sostenible de nuestro país.
La Comisión Europea ha marcado como meta para 2030 que los Estados miembros inviertan el 3 % de su producto interior bruto en l+D+l, y que la inversión pública represente hasta 1,25 %.
El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2020 la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027. La Estrategia ya ha sido presentada a las comunidades autónomas y al Congreso de los Diputados. Uno de sus
principales objetivos es consolidar un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de mayor tamaño y potencia a largo plazo; aumentar el presupuesto dedicado a la l+D+l e incentivar la inversión privada, hasta alcanzar la media de la UE. La EECTI
aboga por alcanzar un gran acuerdo por la ciencia y la innovación equivalente a otros llevados a cabo por la comunidad europea e internacional, que dé estabilidad y se traduzca de manera inmediata en una acción contundente de inversión en ciencia e
innovación.
En este sentido, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha impulsado la firma de un Pacto por la Ciencia y la Innovación con más de 60 organizaciones españolas representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los sindicatos, que
refleja el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en España y contempla una serie de compromisos concretos en cuanto a recursos, organización del sistema y Recursos Humanos, principalmente para incrementar de forma
sostenible la inversión pública en l+D+l.
Por todo ello, se propone la creación de una Subcomisión para abordar el Pacto por la Ciencia y la Innovación y para estudiar la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el seno de la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, que contemple compromisos concretos en cuanto a recursos, organización del sistema y personas, así como de posibles modificaciones legislativas de la normativa vigente.
A) Objeto de la Subcomisión.
1. El análisis de la situación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación incluyendo propuestas y conclusiones para desarrollar el Pacto por la Ciencia y la Innovación, en tres ámbitos: financiación pública en el medio y largo
plazo, estabilidad para las agencias y la promoción del talento.
2. La Subcomisión analizará la normativa reguladora del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y elaborará un Informe con propuestas para la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
B) Composición.
La Subcomisión se compondrá de quince miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, dos a cada uno de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, VOX y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios. Todos los parlamentarios designados deberán ser miembros de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Los grupos podrán designar a un suplente por cada uno de sus
representantes.
C) Adopción de acuerdos.
Para adoptar acuerdos, la Subcomisión deberá estar reunida reglamentariamente y contar con la representación de grupos parlamentarios que integren a la mayoría de los miembros de la Cámara.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado. A los efectos de la ponderación del voto, cuando dos o más integrantes de un mismo grupo parlamentario votaran en sentido discordante, únicamente se
tendrá en cuenta el criterio expresado por el portavoz del citado grupo en la Comisión. En ausencia del portavoz, se tendrá en cuenta el criterio expresado por el portavoz adjunto. En todo caso, se reflejará en el acta de la sesión el sentido del
voto indicado por cada Diputado.
D) Funcionamiento.
La Subcomisión podrá solicitar que las comparecencias que se celebren en relación con su objeto de trabajo se sustancien ante la Comisión. Se aplicará en ese caso lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Cámara.
Los grupos parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
E) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y aprobar el correspondiente Informe en un plazo de seis meses desde su constitución. El Informe será sometido para su aprobación por la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
El plazo para la realización de los trabajos podrá prorrogarse. El acuerdo del Pleno en virtud del cual se concede la prórroga deberá tener lugar antes de la finalización del plazo de seis meses establecido en el párrafo anterior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Los Grupos Parlamentarios Ciudadanos, Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Popular en el Congreso, Mixto y Republicano.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme el artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de impulso a la innovación para la competitividad de España,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sistema de innovación robusto y potente, que permita el desarrollo de conocimiento y su aplicación práctica de forma fluida, accesible y fácilmente escalable.
España, por ejemplo, cuenta con un ecosistema farmacéutico de primer nivel, y se han realizado numerosos ensayos clínicos relacionados con el COVID-19 en los últimos meses. Sin embargo, la falta de un marco normativo que impulse de forma decidida
este potencial innovador ha hecho que la carrera por el desarrollo, comercialización y distribución de las vacunas y otras soluciones contra la pandemia no se hayan producido en nuestro país.
Desde instancias como la Fundación COTEC se viene alertando desde hace años de que España ha descuidado su sistema de innovación, lo que supone una barrera para el crecimiento económico sostenido y para la creación de empleo de calidad en
nuestro país. En su informe anual para 2020, la Fundación COTEC recordaba que la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la última década, tanto por parte del sector público como de las empresas, ha estado significativamente
por debajo de los niveles de la primera década del siglo, principalmente debido a la crisis económica. Desde 2015, el sector privado sí ha tomado el liderazgo, impulsando la inversión en I+D+i incluso cuando el apoyo del sector público era tímido e
insuficiente. Es más, incluso con niveles tan pobres de inversión pública, la ejecución presupuestaria era insuficiente con menos del 50 % de los presupuestos públicos destinados a I+D+i, lo que supone un problema adicional para el ecosistema de la
innovación española.
Según un estudio de BBVA Research, entre los años 2000 y 2008, los niveles de inversión en I+D+i crecieron de forma acompasada con el crecimiento económico producido por la burbuja inmobiliaria. Después de la crisis financiera de 2008,
España fue perdiendo posiciones respecto a nuestros socios de la Unión Europea, que apostaron por la innovación como herramienta fundamental para capear la crisis económica. Incluso en el sector privado, la inversión en I+D+i española se ha
reducido del 0,73 % del PIB en 2008 al 0,70 % en 2019 mientras en la Unión Europea el peso de la innovación creció desde el 1,16 % del PIB al 1,42 %. En el sector público, la inversión se contrajo cinco décimas, mientras que la media de la Unión
Europea ha pasado del 0,66 % al 0,70 % en estos 11 años. De acuerdo al Bloomberg Innovation Index 2020, que clasifica los ecosistemas innovadores de los diferentes países del mundo, España ocupa el puesto 32 en el ranking, por debajo de países como
Malasia, Hungría, Grecia y Polonia, y a mucha distancia de los líderes innovadores del mundo como Corea del Sur, Alemania o Israel.
Muchos analistas han mirado a los fondos europeos del paquete de recuperación Next Generation EU como la oportunidad de oro para revertir esta tendencia. No en vano, España tendrá acceso a unos 140.000 millones de euros entre ayudas
directas a fondo perdido y préstamos reembolsables. El Ministerio de Ciencia e Innovación es, de hecho, uno de los más beneficiados por el reparto de estos fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con una inversión
prevista de 1.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 60 % respecto a los niveles de inversión de 2020. Sin embargo, varios expertos e investigadores han alertado del peligro que existe en la falta de continuidad de estas inversiones
una vez que los fondos europeos para la reconstrucción dejen de llegar, con el riesgo que esto supone para la continuidad de proyectos y para las perspectivas de desarrollo profesional de investigadores y profesionales de la innovación.
Finalmente, pese a que los fondos europeos puedan llegar, aún está por ver si realmente contribuirán de una forma coste-efectiva al desarrollo tecnológico, al avance científico y al crecimiento de la innovación en las empresas españolas.
Desde el punto de vista del sector público, el Gobierno de España ha intentado arrogarse todo el poder a la hora de decidir cómo y en qué se reparten estos fondos europeos, lo que supone un importante sesgo a la hora de priorizar inversiones y un
riesgo de que los intereses partidistas sean más importantes que los técnicos en el momento de decidir qué proyectos merecen apoyo con estos fondos. Desde el GP Ciudadanos hemos apostado por una agencia independiente cuyo criterio objetivo sea el
que prime a la hora de identificar proyectos de valor añadido y potencial innovador, y cuyo apoyo técnico acompañe a las empresas que lo necesiten para acceder a estos fondos y poder ejecutarlos de forma satisfactoria.
En este sentido, también hay un reto importante en el tejido empresarial español a la hora de conseguir que estos fondos se traduzcan en potencial innovador. La inmensa mayoría de las empresas en España son pymes, incluso en una proporción
mayor a la media de la Unión Europea. Sin embargo, la innovación suele ser mayor en las grandes empresas debido a capacidad de movilización de capital y a economías de escala que permiten la actividad innovadora más puntera. Las pymes, en cambio,
tienen en general más obstáculos a la hora de poder emprender este tipo de inversiones. Esto es aún más acusado cuando en torno al 95 % de las empresas españolas tiene menos de diez trabajadores. Pese a ello, lo cierto es que la inversión en
innovación en el sector privado español sigue siendo menor que la media de la Unión Europea en todos los tramos: el 40 % de las grandes empresas en España invierten en innovación, frente al 50 % de las grandes empresas europeas; mientras que menos
del 10 % de las empresas medianas españolas lo hacen, frente al 17 % de las europeas que sí invierten en ello. En definitiva, existen numerosos desafíos estructurales que pueden hacer que las inversiones con fondos del paquete Next Generation EU
acaben por no traducirse en potencial innovador real que mejore la competitividad de nuestra economía y que consolide la recuperación.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar un reparto de fondos europeos que siga criterios técnicos y objetivos, priorizando los proyectos con un mayor valor añadido y que puedan ser escalables mediante inversiones realizadas con financiación pública y privada de otras
fuentes, como el programa Horizonte Europa de la Unión Europea o las líneas de financiación para innovación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o la Empresa Nacional de Innovación SA (Enisa).
2. Establecer un sistema de acompañamiento empresarial para dar el apoyo técnico y jurídico necesario a las pymes españolas para que puedan acceder a esta financiación extraordinaria, teniendo en cuenta siempre una evaluación previa de la
viabilidad y valor añadido de los proyectos que se hayan solicitado.
3. Reformar el marco normativo aplicable a la creación de empresas y la actividad empresarial, especialmente en lo relativo a la financiación de actividad innovadora, para permitir que las pymes españolas puedan encontrar en la inversión en
innovación una forma de crecer en tamaño y mantener su ventaja competitiva.
4. Poner en marcha un programa específico para fomentar la colaboración entre grandes empresas y pymes a la hora de presentar e implementar proyectos a financiar con los fondos del paquete Next Generation EU y otros fondos europeos,
incluyendo incentivos a la creación de sociedades de capital riesgo y el impulso a la figura de los llamados ''ángeles inversores''.
5. Aprobar una dotación presupuestaria extraordinaria para la Red Cervera del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para facilitar la colaboración entre los Centros Tecnológicos de España y las empresas privadas que
soliciten proyectos financiados con fondos europeos del paquete Next Generation EU con el objetivo de asegurar su aprovechamiento y su correcta ejecución.
6. Adquirir el compromiso formal de mantener los niveles de inversión pública en I+D+i en, al menos, el 2 % del PIB en los siguientes ejercicios presupuestarios, incluso en aquellos en los que no haya transferencias de fondos del paquete de
fondos europeos Next Generation EU para garantizar la continuidad de la actividad innovadora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para un Plan de Retorno del Talento Investigador, para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un doble efecto sobre la ciencia y la investigación. Por un lado, se ha demostrado la necesidad de contar con un ecosistema científico robusto que pueda ponerse a trabajar desde el primer minuto en el
descubrimiento y desarrollo de mecanismos de prevención, control y erradicación de la enfermedad. Por otro lado, la pandemia también ha evidenciado las carencias de nuestro sistema de ciencia e investigación, la falta de recursos económicos y
humanos, y las barreras existentes al paso del laboratorio al mercado.
Por ejemplo, los científicos españoles han alertado de la escasez no solo de fondos, sino principalmente de certidumbre y de continuidad en el tiempo. Algunos investigadores pueden, con suerte, acceder a un sueldo mensual, pero tienen una
gran inseguridad respecto a si sus proyectos podrán mantenerse a lo largo de varios años, ya que la investigación suele ser un ejercicio a medio y largo plazo. Este es, precisamente, uno de los grandes problemas de los Presupuestos Generales del
Estado para 2021, que aumentan el presupuesto destinado a ciencia, investigación e innovación como viene solicitando el GP Ciudadanos, pero a costa de los fondos europeos para la recuperación. Es decir, se aumenta el presupuesto de forma artificial
a través de un instrumento que tiene una caducidad en el tiempo, poniendo en peligro la continuidad y la integridad de las investigaciones y de los equipos científicos.
Más recientemente, el calendario de convocatorias de investigación y ciencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha provocado aún más inseguridad entre los investigadores españoles. La propuesta de calendario del Ministerio de
Ciencia e Innovación ha acabado dejando sin financiación a los grupos que tengan en estos momentos proyectos entre cinco y ocho meses dependiendo del año de la convocatoria, puesto que establece un vacío de financiación entre el 1 de enero y el
momento de concesión. Este vacío supone una losa inasumible para muchos grupos de investigación de este país, que ya se han visto afectados por las bajadas de los recursos destinados a proyectos en los presupuestos en estos últimos años.
Las ramificaciones negativas de la implementación del calendario de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) han sido trasladadas al Ministerio por parte de asociaciones y sociedades científicas como la ASEICA, por siete
sociedades españolas científicas (Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular, Biología del Desarrollo, Genética, Inmunología, Oncología Médica, Neurociencias) y la Alianza SOMMa de Centros y Unidades de Excelencia. En total, se trata de más
de 10.000 científicos. Asimismo, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha reclamado una mayor independencia del gobierno de turno para la Agencia Estatal de Investigación para asegurar que el avance científico no dependa de
las prioridades particulares de un determinado gobierno, sino que se guíe por criterios técnicos, y para que las investigaciones tengan horizontes temporales más amplios.
Esta situación no solo empuja a muchos científicos españoles a huir a otros países para poder comenzar o completar sus investigaciones, sino que además muchos de ellos tienen que empezar a costear gastos de alojamiento, desplazamientos o
incluso de inicio de investigación de su propio bolsillo. Los retrasos en las ayudas y la precariedad y temporalidad de los contratos de investigadores obligan a esta situación que, a su vez, lastra la capacidad de nuestro país para atraer y
retener talento y erosiona nuestro potencial de competitividad a nivel global.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a compensar la carencia de financiación de los proyectos afectados por el calendario de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) mediante transferencias realizadas a la mayor brevedad posible,
y a aprobar un Plan de Retorno del Talento Investigador que incluya, al menos, las siguientes medidas:
1. Una bonificación fiscal progresiva para las empresas que contraten a investigadores, llegando hasta un 25 % para aquellas que incorporen científicos con contratos indefinidos y cuya relación contractual dure, como mínimo, cinco años.
2. Una bonificación adicional a las contribuciones a la Seguridad Social por la contratación de personal investigador que hubiera salido de España para continuar con su investigación o para obtener su doctorado, llegando a alcanzar hasta el
80 % el primer año de relación contractual.
3. Una línea de ayudas a la contratación de personal investigador que hubiera salido de España para continuar con su investigación o para obtener su doctorado, con el objetivo de favorecer la contratación por parte de universidades y
Organismos Públicos de Investigación (OPI) durante un periodo mínimo de cuatro años.
4. Una línea de ayudas específica para la contratación de personal investigador que hubiera salido de España para continuar con su investigación o para obtener su doctorado, con el objetivo de facilitar su contratación por parte de pymes
innovadoras y start-ups durante un periodo mínimo de tres años.
5. La revisión del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación para atajar la precariedad de los contratos predoctorales, transformando este modelo de contratación en un verdadero puente entre la formación académica y la
aplicación del avance científico en el sector privado y otorgando incentivos a las empresas si el investigador predoctoral con el que hayan mantenido una relación contractual finalmente obtiene su título de doctorado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la condena de los altercados ocurridos en
varias ciudades españolas en las manifestaciones en favor del rapero condenado Pablo Hasel, así como de apoyo a la labor llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los mismos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 16 de febrero tuvieron lugar graves altercados en varias ciudades de Cataluña, organizadas por grupos de extrema izquierda con la excusa de mostrar su apoyo al rapero Pablo Hasel, que fue arrestado para hacer efectiva su entrada en
prisión por una serie de delitos, incluyendo el enaltecimiento del terrorismo. Estas protestas tardaron poco en dejar de ser pacíficas para empezar a contar con barricadas en las calles, asalto a comercios, destrozo de escaparates, saqueo de
tiendas y uso de pirotecnia, con sus consecuentes incendios en plena vía, y agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Decenas de vecinos, empresarios y autónomos vieron cómo sus comercios, sus oficinas y sus domicilios se veían amenazados por las acciones violentas de estos radicales. Por si no era suficiente con los efectos devastadores de la crisis
económica derivada de la pandemia de COVID-19, hosteleros y comerciantes sufrían aún más pérdidas económicas, y muchas familias vivían con miedo estos episodios.
Lejos de quedarse ahí, el 17 de febrero las protestas de estos grupúsculos organizados se extendieron a otras ciudades como Valencia, Granada o Madrid, donde se repitió el mismo modus operandi que en Cataluña: agresiones a agentes de la
Policía Nacional, destrozos en comercios, destrucción de mobiliario urbano, uso de pirotecnia y levantamiento de barricadas en las calles. Una verdadera batalla campal que, de nuevo, se traducía en más miedo entre las familias, en desesperación en
los hosteleros y comerciantes, y en lesiones para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos vecinos incluso tuvieron que organizarse para sofocar los incendios en las calles que amenazaban sus domicilios y la seguridad
de sus familias.
Como liberales, el GP Ciudadanos tiene claro que el Estado de Derecho es precisamente la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que en el Estado de Derecho la libertad de expresión tiene como límite la agresión a
otros o el discurso de odio. Por tanto, como no podía ser de otro modo, condenamos estas acciones deplorables y vergonzantes que pusieron en peligro no solo a los agentes de la Policía Nacional, sino también a los vecinos, empresas y autónomos de
numerosas ciudades de todo nuestro territorio.
Pese a esto, y cuando más apoyo necesitaban los afectados por parte de las instituciones, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, partido en el Gobierno de España, jaleaba y mostraba su apoyo explícito y expreso a los
violentos. Es más, no solo abandonaba a las familias y negocios que habían sufrido daños, sino que también arrojaba sospechas sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que habían sufrido en primera persona la violencia de
los fanáticos, en una deplorable manifestación más de la radicalidad y sectarismo con que se maneja quien, además, parece querer formar parte del Gobierno de la Nación y de la oposición al mismo tiempo.
Ningún derecho o libertad se debe defender ni se puede expresar con violencia en un Estado de Derecho.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda condenar rotundamente los episodios de violencia y disturbios vividos en numerosas ciudades españolas a manos de radicales, en las concentraciones ocurridas en defensa del rapero condenado Pablo Hasel, y
muestra su apoyo a las familias, los empresarios y dueños de negocios afectados por los desperfectos, así como a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afectados.
Asimismo, insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo una investigación sobre la organización de protestas violentas de forma coordinada en varias ciudades españolas.
2. Reiterar su apoyo a las familias, los empresarios, autónomos y dueños de negocios afectados por los daños causados por estos violentos.
3. Respaldar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mostrar su apoyo a los agentes heridos.
4. Desmarcarse expresamente de las manifestaciones públicas realizadas por Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, partido en el Gobierno de España, en las que mostraba su apoyo expreso a los ''jóvenes
antifascistas'' causantes de los disturbios y la violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley,
sobre aplicación de herramientas de Big Data para la movilidad en España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Vivimos en una sociedad donde los datos y su gestión se han convertido en un importante activo tanto para las empresas como para las administraciones públicas. En el ámbito de la movilidad, durante la gestión actual de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19, en la que las personas somos el vehículo principal de transmisión de la enfermedad, los datos anónimos de geolocalización de los móviles de los usuarios han permitido conocer, casi de forma instantánea, la eficacia de las
medidas de reducción de movilidad implantadas para evitar la propagación del virus entre la población.
Ya en el año 2018, el Ministerio de Fomento realizó un estudio piloto que utilizaba la aplicación de la tecnología Big Data para conocer la movilidad interprovincial de viajeros, la utilización de los distintos medios de transportes y las
causas de viaje, entre otros, con datos recogidos por empresas de telecomunicaciones en julio/agosto y octubre de 2017. Este estudio ha sustituido a la metodología clásica empleada hasta la fecha que consistía en la realización de encuestas
domiciliarias y telefónicas.
Pero este tipo de estudios no es exclusivo del Ministerio de Fomento, instituciones públicas como el INE, y empresas privadas como el Google o Moovit, entre otras, llevan tiempo aplicando técnicas de Big Data para conocer la movilidad de los
ciudadanos, tanto en entornos interurbanos como urbanos. Estos datos ya han sido utilizados por instituciones públicas, en distintos niveles de responsabilidad, como el municipal, para definir planes de movilidad, tomando las decisiones más acordes
a las circunstancias reales.
La utilización de este tipo de herramientas debe servirnos para planificar de forma más adecuada y cercana a la realidad tanto las infraestructuras como los servicios de transportes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la activación de los mecanismos necesarios con empresas privadas e instituciones públicas para disponer de estadísticas permanentes sobre la movilidad de los españoles, garantizando el cumplimiento de las normativas de
protección de datos.
2. Seguir publicando estos datos de forma accesible y abierta para que cualquiera pueda hacer uso de ellos.
3. Potenciar que los desarrolladores puedan realizar aplicaciones que faciliten la interpretación y visualización de estos datos.
4. Utilizar estos datos, entre otros, para diseñar y planificar las infraestructuras y los servicios de transportes, garantizando la igualdad de oportunidades, la movilidad y la cohesión territorial de todos los ciudadanos españoles
independientemente de su lugar de residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Ignacio Garriga Vaz de Conciçao, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, don Antonio Salvá Verd y doña Mercedes Jara Moreno, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la Ejecución Eficaz
de una Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Según la última actualización de la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), el exceso de mortalidad desde la semana 11 de 2020, momento en el que se inicia la pandemia, hasta la última del año supera los 83.000
decesos. En concreto, la cifra alcanza los 83.706 fallecimientos. Son más de 30.000 por encima de los datos reconocidos de forma oficial por el Ministerio de Sanidad y el candidato socialista en Cataluña, Salvador Illa. El 23 de noviembre de
2020, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una Estrategia Única de Vacunación para toda España en 13.000 puntos acordada en el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, conforme a una prelación en función de la
situación socio-sanitaria de las personas a vacunar.
Segundo. A pesar de la propaganda masiva del Gobierno, la Estrategia de Vacunación está resultando un desastre, cuando tendría que ser ejemplar, dado que España tiene el vergonzoso baldón de ser el primer país del mundo en fallecidos por
habitante, según datos de INE y MoMo, y el primero en número absoluto de sanitarios infectados.
Pero no ha sido así, y si tenemos en cuenta la 'deuda vacunal', es decir, el cociente entre la incidencia acumulada de vacunas y la incidencia acumulada de mortalidad, según datos de OwID 1, vemos que España está vacunando menos que
Alemania, Grecia, Rumania o Portugal.
Además, la situación en términos absolutos no es nada halagüeña: con 4,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, tenemos para vacunar a 2,25 millones. Pero es que debemos vacunar en la 1.ª fase y en las Residencias a aproximadamente
400.000 personas. Y en la 2.ª fase a un millón de sanitarios y a 2,85 millones de ancianos mayores de 80 años. En total, 4,25 millones de personas que necesitarán 8,5 millones de dosis. Por otra parte, las regiones se quejan de que no llegan las
vacunas previstas o llegan en deficientes condiciones. Y es que desde el 27 de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021, se habían administrado 1,34 millones de dosis. Las matemáticas no mienten; el objetivo que se ha marcado el Gobierno, es
decir, tener vacunada al 70 % de la población antes del verano, solo se lograría vacunando a 1,7 millones ¡a la semana! Para complicar aún más las cosas, La UE reconoce problemas con el suministro de vacunas, especialmente las fabricadas por
Astra-Zeneca.
La Estrategia de Vacunación debe sustentarse en los principios de libertad personal, de igualdad entre los españoles, de justicia, de modo que puedan vacunarse antes quienes más lo necesiten, y de garantía de los derechos fundamentales,
incluido el de la intimidad y protección de los datos de carácter personal.
Uno de los problemas más importantes, y que supone un gran desafío, es la necesidad de una adecuada logística y planificación. Aquellas personas que padezcan dificultad o imposibilidad de movimiento, o que estén en situación de dependencia,
deberán ser atendidas en sus propios domicilios o residencias. Ello conlleva un enorme esfuerzo logístico y de planificación, especialmente respecto de la vacuna de Pfizer, cuyos viales deben descongelarse y reconstituirse con suero, e inyectarse
en un plazo máximo de dos horas desde su reconstitución. Otro de los factores a tener en cuenta es el espacio de tiempo necesario entre la primera y la segunda dosis, que dependerá de la vacuna: en el caso de Pfizer, el intervalo es de 21 días; y
en el de Moderna, de 28 días.
Los problemas logísticos pueden ser solventados, y algunas naciones lo han hecho de forma ejemplar; lo que redunda en la exigencia de que la Estrategia sea nacional.
El estado de Israel está siendo protagonista en los titulares de la prensa internacional por ser el país con el ritmo de vacunación más alto del mundo. Tienen una media de 150.000 vacunas diarias, es decir, ya ha conseguido vacunar al 15 %
de la población en un tiempo récord de 15 días. Con una población de nueve millones de habitantes, ya ha vacunado a 1,5 millones de personas. Y pretende lograr la inmunidad del 50 % de su población para finales del mes de mayo.
Han priorizado en su plan de vacunación a los mayores de 60 años. Y han conseguido administrarles un 70 % de las dosis, incluidos los trabajadores sanitarios y los grupos de riesgo con cuadros clínicos de vulnerabilidad.
Parece ser que la clave de su éxito radica en la combinación de distintos factores que describimos a continuación:
1. Acuerdos directos con los distintos laboratorios productores de las vacunas, como Moderna, Pfizer o AstraZeneca.
1
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelect¡on=true&time=2020-03-?01..latest&country=DEU~ESP~FRA~ITA~NLD~BEL~PRT~ROU~SWE~CZE~RUS~GRC®¡on=World&vaccinations?Metric=true&¡nterval=total&perCap¡ta=true&smoothing=0&pickerM
etric=total_ cases&p¡ckerSort=desc.
2. Agilización de la distribución en cantidades inferiores más fáciles de transportar a los lugares más remotos, una estrategia que aprobó el propio laboratorio Pfizer.
3. Implicación de la sanidad privada.
4. Disponibilidad absoluta de los centros de vacunación para que cualquier ciudadano que quiera vacunarse pueda dirigirse a ellos incluso sin cita previa, coger número y esperar a que le llamen los sanitarios, quienes registran
identificación y datos personales del vacunado.
5. Gran número de centros de vacunación por todo el país.
6. Campaña de vacunación, durante 24 horas y siete días a la semana.
Tercero. En España nos encontramos una vez más ante un escenario en el que se combinan tres factores que ya sufrimos en la primera ola: Una epidemia que no cesa, y que se agrava por la entrada de nuevas variantes del virus, un estado
autonómico incapaz de vacunar de forma diligente y un Gobierno que es incapaz de comprar vacunas suficientes para los españoles.
En conclusión, resulta imperativo poner en marcha una serie de medidas que puedan contribuir a mejorar y acelerar la vacunación y que esta se realice en óptimas condiciones de eficacia y seguridad. Es nuestro deber aprender de aquellos
países que están siendo más eficientes, y trasladar en lo posible modelos de éxito.
VOX es el único Grupo Parlamentario que está defendiendo públicamente el respeto a la libertad de vacunación, pero adicionalmente propugnamos que todos los españoles que quieran vacunarse han de hacerlo lo antes posible; y por ello se ha de
garantizar la eficacia de los esfuerzos sanitarios. Y es el Estado y, en particular, el Gobierno de España el que tiene la obligación de hacerlo realidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Movilizar al Ejército y a otros profesionales del sector privado. El personal sanitario de las Fuerzas Armadas y otros tipos de profesionales del sector privado, incluyendo odontólogos, y si se precisa, incluso veterinarios, han de
incorporarse a la Estrategia, previa la correspondiente formación, si fuere preciso.
2. Incorporar a las oficinas de farmacia a la Estrategia de Vacunación. Con la necesaria formación y, en su caso, con la supervisión de profesionales de la enfermería, se ampliarían exponencialmente los puntos de vacunación produciendo,
además, un efecto de 'cercanía' al paciente, tanto física como moral.
3. Utilizar recintos públicos para la vacunación masiva. Los polideportivos, recintos de congresos de titularidad pública, parques de atracciones y zoos podrían reconvertirse en sitios de vacunación 24/7, con un sistema de cita previa.
Hay que tener en cuenta que muchos de estos recintos tienen refrigeradores y sitio suficiente para poner carpas, tal y como se está ejecutando en países de nuestro entorno, como Alemania. Además, cabe utilizar centros escolares y universitarios,
así como utilizar la elasticidad de los hospitales, como se hizo en la primera oleada de la pandemia, mediante la instalación de carpas adyacentes. Asimismo, deben incorporarse puntos de vacunación móviles, especialmente en el ámbito rural.
4. Ampliar los horarios de vacunación con un plan objetivo para llegar a 'Vacunar 24 horas al día, siete días a la semana'. Se incentivarían las horas extraordinarias fuera del horario habitual, o se contrataría personal que complete tales
turnos. La segunda opción: 12/7.
5. Aprovechar los huecos de personas que no acuden. Se debe implementar el diseño de una aplicación móvil para gestión de recuerdo de citas, posibilidad de cancelación por parte del usuario, citación de 2.ª dosis, etc. Debe establecerse
la posibilidad de cita online, y si alguien falla a la cita, debe crearse un sistema de reservas que permita notificar al 'suplente', e impedir así la pérdida o inutilización de cualquier dosis de la vacuna.
6. Emplear la capacidad hotelera no ocupada, si los espacios públicos no son adecuados o suficientes. Muchos de ellos tienen grandes refrigeradores y tienen ahora espacio de sobra.
7. Simplificar la burocracia del registro de vacunación. El registro de los datos de vacunación puede ser hecho por personal administrativo de otros sectores no esenciales, para que el personal sanitario no pierda tiempo.
8. Incentivar por productividad al personal adscrito a esta Estrategia. Abonar por realización de horas extraordinarias, si son necesarias, y no incentivar por cantidad de vacunas administradas.
9. Realizar una campaña de comunicación veraz, transparente y clara. Debe haber homogeneidad en la información, sin fisuras, ni contradicciones. Todas las Administraciones Públicas deben estar alineadas, desde Ayuntamientos al Gobierno
central.
10. Instaurar la transparencia en los datos de vacunación. Es fundamental tener un registro centralizado de personas vacunadas y su seguimiento en el tiempo, a fin de comprobar reinfecciones, grado de inmunidad, efectos adversos, etc. Sin
embargo, los datos que hagan públicos, tanto regionales como del Gobierno central, tienen que ser en conjunto, desagregados y sin posibilidad de identificación individual, respetando la privacidad de los vacunados y los no vacunados.
11. Implementar un registro online de cita previa, a nivel nacional. Permitiría la vacunación de personas de unas Comunidades Autónomas en otras regiones limítrofes, cuando existiesen huecos disponibles. Es factible, toda vez que ya
existe una conexión similar para la receta electrónica.
12. Implicar al sector privado en la logística y en la vacunación, evitando conflictos de intereses. Para ello se deberá contar con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), así como con la Alianza de la Sanidad
Privada Española(ASPE), y, para la logística, contar con hoteles, cadenas de supermercados con congeladores, camiones congeladores y empresas de alimentación.
13. Aprobación rápida de vacunas, manteniendo la calidad de la evaluación por las agencias, pero disminuyendo la burocracia. Las vacunas han de autorizarse solo cuando haya garantías de eficacia y seguridad, pero deben minimizarse y
agilizar todos los retrasos que obedezcan a razones exclusivamente burocráticas.
14. Incorporar a voluntarios, preferiblemente sanitarios jubilados, previo curso de formación. Si no fuese posible por escasez de personal, debe incorporarse a voluntarios formados a tal efecto. Todos ellos gozarán de unas condiciones de
trabajo establecidas con las debidas garantías de seguridad, tanto para quienes administran las vacunas como para quienes las reciben.
15. Acudir y pujar de forma más agresiva en los mercados internacionales de vacunas y de mercados de materiales necesarios para la vacunación, permitiendo las compras directas por el sector privado. El Gobierno debe ser más ambicioso y
dejar de estar sometido a la Estrategia europea, negociando con las farmacéuticas y empresas de productos sanitarios y biotecnológicas, si bien el sector privado ha de implicarse en la logística y la vacunación. Creemos que esta estrategia pasa
necesariamente por una colaboración público-privada, implicando a todos los agentes que proporcionan servicios sanitarios.
16. Vacunar a domicilio, en casos concretos e imprescindibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2021.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Conciçao, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Antonio Salvá Verd y Mercedes Jara Moreno, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Guitarte Gimeno, Diputado de la Agrupación de electores Teruel Existe, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno, sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del
Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
Exposición de motivos
1. Las conclusiones de la Declaración de 2016 de Cork 2.0, acordada en la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural Cork 2.0, instaban a los responsables de la elaboración de las políticas de la Unión Europea a aplicar una serie de
recomendaciones entre las que se incluía 'revisar sistemáticamente otras políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo,
crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades'.
2. El contenido de la Declaración de 2016 de Cork 2.0, 'Una vida mejor en el medio rural', se articula en 10 puntos:
a) Fomentar la prosperidad en el medio rural.
b) Fortalecer las cadenas de valor rural.
c) Invertir en la viabilidad rural y en la vitalidad del medio rural.
d) Preservar el medio rural.
e) Gestionar los recursos naturales.
f) Fomentar la acción por el clima.
g) Fomentar el conocimiento y la innovación.
h) Mejorar la gobernanza rural.
i) Mejorar la aplicación y simplificar las políticas.
j) Mejorar los resultados y la rendición de cuentas.
3. Uno de los objetivos de la Declaración de 2016 de Cork 2.0 es garantizar que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta sus demandas, sus necesidades y peculiaridades, su bienestar, en suma, tanto a la hora de
formular las políticas como de redactar los presupuestos de las administraciones públicas. Pero de sus recomendaciones se concluye la necesidad de que el diseño de los programas y estrategias de los Gobiernos refleje las necesidades y aspiraciones
de las comunidades rurales. Del mismo modo debe ser una obligación de las administraciones públicas reconocer el valor de las sociedades rurales, su contribución a la identidad social, su aportación al cuidado del territorio y al impulso del
desarrollo sostenible, y valorar el potencial de las zonas rurales para aportar soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles. Este conjunto de objetivos debe ser considerado como un mecanismo de garantía para el medio y las sociedades rurales
que incluya, de manera proactiva, a las comunidades rurales y su potencial en la fase de diseño de las políticas.
4. En España, las consecuencias de la acción del Estado en el medio rural han estado marcadas por la existencia de medidas legislativas y administrativas, de intachable sentido democrático, cuya implementación en un medio singular ha
producido, por su falta de adaptación en algunas ocasiones, efectos adversos en las áreas rurales, contraviniendo, incluso, los artículos 131, 138 y 139 de la Constitución Española.
'Artículo 131.
El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más
justa distribución.'
'Artículo 138.
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio
español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.'
'Artículo 139.
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.'
5. El mecanismo de garantía para el medio y las sociedades rurales debería velar por la aplicación de estos artículos de la Constitución y aportar beneficios no solo al medio y sociedades rurales, sino también al conjunto de la sociedad y a
la propia eficacia de las administraciones. Del mismo modo debería impulsar oportunidades para el empleo y el desarrollo rural, y garantizar el acceso de las comunidades y empresas rurales a todos los servicios básicos: sanidad, educación,
accesibilidad territorial y de telecomunicaciones.
6. Se hace necesario conocer y evaluar el impacto de las medidas políticas y presupuestarias que desde los Presupuestos Generales del Estado, desde los ministerios y departamentos de las comunidades
autónomas tienen efectos en el medio rural. Para esta finalidad la Unión Europea está diseñando una herramienta que deberá ser aplicada en distintos ámbitos políticos y con todas las administraciones.'
Por todo lo expuesto, el Diputado de la Agrupación de Electores Teruel Existe, Tomás Guitarte Gimeno, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
La creación de un mecanismo de garantía para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas:
- Que integre los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al ''proofing rural'' que está desarrollando la Unión Europea.
- Se incorpore a toda medida legislativa, presupuestaria y de acción política, de ámbito estatal o autonómico, evaluando los efectos territoriales de las mismas sobre el medio rural y las sociedades rurales.
- Posibilite la adopción de medidas de discriminación positiva para alcanzar el principio de sostenibilidad territorial, como promulga el artículo 138 de la Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2021.-Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.