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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 329, de 28/05/2013
cve: DSCD-10-CO-329
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 329
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 13
celebrada el martes,
28 de mayo de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre un nuevo planteamiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000682) ... (Página2)
- Relativa a la promoción de la implantación de la receta electrónica en el régimen especial de Seguridad Social gestionado por Muface. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001598) ...
- Sobre la financiación de la Comunitat Valenciana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001021) ... (Página9)
- Relativa a un plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001106) ...
- Para homogeneizar y mejorar las estimaciones en los presupuestos de las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001591) ... (Página19)
- Sobre la morosidad de las administraciones públicas con sus acreedores comerciales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001683) ... (Página21)
- Sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a los efectos que las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001679) ... (Página25)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE UN NUEVO PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000682).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Tenemos siete puntos, siete proposiciones no de ley en el orden del día y, si a todos les parece bien, vamos a hacer una pequeña alteración en
el orden de debate para pasar al segundo lugar la que actualmente figura en el quinto del orden del día, referida a la promoción de la implantación de la receta electrónica en el régimen especial de Seguridad Social gestionado por Muface. El resto
permanecería en el orden que figura en la convocatoria. ¿A todo el mundo le parece bien? (Asentimiento). Así lo haremos.
Damos paso al debate de la primera proposición no de ley, sobre el nuevo planteamiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que ha presentado el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para defenderla, por
un tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta proposición no de ley en Comisión fue presentada aproximadamente hace un año y podríamos pensar que ha quedado desfasada o anticuada. Seguramente las cifras han quedado anticuadas o desfasadas, pero es más
actual que nunca en el nuevo debate sobre cuál es la situación económica de muchas comunidades autónomas y cuál es también la realidad económica de los datos macroeconómicos del Estado y la situación de déficit y deuda del Estado. El hecho de poder
hacer el debate de esta proposición no de ley un año más tarde constata el fracaso que nosotros ya planteábamos en la exposición de motivos sobre las políticas de austeridad, sobre leyes de estabilidad presupuestaria o sobre reformas
constitucionales hechas al margen de la realidad económica y social de un país porque conllevan el fracaso absoluto, y realmente las cifras, que hoy ya podemos contrastar, nos indican exactamente esto. Si en aquel momento estábamos hablando de
déficit del 5%, del 6%, hoy ya sabemos que el Estado cerró con un déficit, incluyendo la asunción de la parte del rescate bancario, del 10%. Cuando hablábamos de cómo se iba a flexibilizar y qué injusto sería el reparto del déficit entre
administraciones públicas, hoy constatamos que efectivamente el reparto de 2012 ha significado un ajuste brutal e inasumible por parte de las comunidades autónomas e incompatible con el sostenimiento de los servicios públicos. Por lo tanto, esta es
una proposición no de ley más actual que nunca.
Lo que nosotros planteábamos es, en primer lugar, un rechazo a las políticas de austeridad, impugnar este dogma de la austeridad que nos lleva al fracaso, a la recesión económica o a insistir en la destrucción de empleo también vinculada a
la reducción del gasto público y de la inversión, pero también nos lleva a un desmantelamiento del Estado del bienestar, y esa es la excusa. El dogma de la austeridad, de unos objetivos de déficit desvinculados de cuál es la situación económica de
un país, de cuál es su nivel de paro, todos esos indicadores nos llevan al dogmatismo absoluto, a hacer unos números o a plantearse unos retos o unos objetivos desvinculados de las necesidades que tiene un país, y especialmente las necesidades que
tiene la ciudadanía. Ese es el primer planteamiento.
Es verdad que nuestro grupo parlamentario ha tenido que actualizar esta proposición no de ley y, por lo tanto, hemos hecho una enmienda de sustitución de prácticamente todo el texto para ponerlo también a la altura de las circunstancias. En
el primer punto hablábamos precisamente de rechazar las políticas de austeridad y fijar unos presupuestos y unos objetivos vinculados a la reducción del desempleo y la mejora de la situación económica. Y en segundo lugar quiero mencionar una
cuestión que está al servicio de ese dogma del recorte del Estado del bienestar. El Estado ha hecho ese reparto de la poca flexibilidad y de esa austeridad de una manera muy injusta, centrifugando el grosor de los ajustes especialmente en las
comunidades autónomas y entes locales; y lo ha hecho por dos motivos: uno, por el centralismo que impera en todas las políticas del Gobierno y, dos, porque esto está al servicio de lo que defiende el Gobierno: el desmantelamiento de lo público y
del Estado del bienestar. Porque son precisamente los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que pilotan la mayor parte del gasto público vinculado a educación, a sanidad y a servicios sociales básicos. Precisamente el reparto tan injusto
de esa flexibilización que ha venido por parte de Europa, en el que no han sido tenidas en cuenta las comunidades autónomas, ha llevado a esta gran destrucción de empleo público pero también al desmantelamiento de los servicios públicos, como ha
pasado en muchísimas comunidades autónomas. Lo que planteamos es redistribuir los
porcentajes de déficit máximo de cada nivel de la Administración de acuerdo con criterios objetivos, es decir, según el peso del gasto que tienen las distintas administraciones públicas, tanto entes locales como comunidades autónomas. Pero
no exigimos que empiece el debate de cero en 2013, sino que se compense el exagerado ajuste que se hizo en los años anteriores y, por lo tanto, que esa flexibilización que previsiblemente también hará Europa en el Consejo Europeo se reparta no solo
en función del gasto -es decir, casi un tercio para comunidades autónomas-, sino que se compense también con respecto a la anterior.
Una tercera cuestión, que hoy seguramente es la más actual, es cómo se debe hacer ese reparto. En primer lugar, lo que deberíamos estar planteando es que todas las comunidades autónomas se aliaran frente al Estado para encontrar esa
solidaridad, para exigir esa flexibilización mayor de cara a las comunidades autónomas. Pero lo que vemos es a los barones del Partido Popular más preocupados por fomentar o el anticatalanismo o el conflicto entre territorios, lo que no tiene
ningún sentido en la situación en la que se encuentra en estos momentos el país. ¿Qué es lo que planteamos? Planteamos algo que es razonable y realista. Es verdad, todas las comunidades autónomas tienen que tener en su conjunto mayor flexibilidad
de déficit. Pero también es verdad que, aunque todas puedan aumentar ese margen de déficit, también tenemos que entender la situación económica de cada comunidad autónoma en función del paro, en función de la situación de déficit público. No es
una cuestión de gestión; es cuestión de ser coherentes con lo que el mismo Estado le está pidiendo a Europa. De la misma manera que no queremos que nos apliquen los indicadores que le aplican a Alemania y que el sur de Europa debería ir en alianza
para pedir un cambio y tener en cuenta las diferentes situaciones que viven los países, especialmente del sur de Europa y la situación que vive España, lo mismo ocurre con las comunidades autónomas, exactamente lo mismo. Es someter esa
flexibilización a unos criterios objetivos pero, sobre todo, a unos principios de realidad y de equidad económica. Eso es lo que planteamos.
Además, entendemos que el planteamiento que hacemos es bastante flexible y adaptable para que los grupos parlamentarios puedan apoyar la proposición. Hablamos de adaptar los objetivos a la realidad económica, sobre todo para permitir la
recuperación económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En segundo lugar, frenar la degradación de los servicios públicos. Este es un objetivo compartido por todas las comunidades autónomas. En eso es en lo que se debería trabajar y
no en el sainete al que asistimos ayer, porque con tal de coger algunos votos a base de ir en contra de alguna comunidad autónoma acabamos hundiendo el barco en el que vamos todos. Una reflexión. Adaptar los objetivos de déficit a la realidad
económica al final nos beneficia a todos. Igual que tener un sistema de financiación que pueda ser solidario y soportable para todas las comunidades autónomas. No se puede entender que alguien que defiende la solidaridad en los mecanismos de
financiación luego no defienda que haya asimetría en el reparto de los objetivos de déficit. Es inasumible porque es contrario al sentido común. Si queremos entre todos salir a flote, que avancen aquellas comunidades a las que se les ha gripado el
motor y que necesitan un ritmo más lento para recuperar las finanzas públicas, que necesitan reinvertir porque también son motores económicos o tienen una situación de desempleo muy elevado, es normal que les permitamos mayor flexibilidad porque
redunda en beneficio de todos. Esta reflexión la deberíamos tener en cuenta todos los grupos, especialmente todos los territorios. ¿Con qué cara se va a ir a Europa a pedir flexibilidad si no somos capaces de ser flexibles y entender las
diferentes realidades y la diversidad que hay en el territorio?
En definitiva, es una proposición no de ley que emplaza al Gobierno, una vez más, para que plantee en el Consejo Europeo esa superación de la austeridad y que pida unos objetivos de déficit de acuerdo con la recuperación del empleo, que es
el principal problema del país, y deje de establecer unos presupuestos al margen de las necesidades de la ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: Como ha indicado la señora diputada en su intervención, hay una autoenmienda del grupo proponente y una enmienda del Partido Socialista. En primer lugar, tiene la palabra la señora Vázquez, por el Grupo Parlamentario
Socialista
La señora VÁZQUEZ MORILLO: En los momentos que estamos viviendo debatir del objetivo de déficit es muy oportuno. A ver si este debate alumbra un poco al Gobierno y logra que, por lo menos entre ellos, se llegue a un mínimo acuerdo.
La consecución del objetivo de déficit, que es el objetivo por excelencia del Gobierno, y la distribución que viene aplicando, forzando políticas de recortes, nos están llevando a una recesión cada vez más grande. Se podría poner en duda si
la prioridad del Gobierno es la salida de la crisis o es un cambio de
modelo de sociedad, una sociedad que tenga cada vez menos derechos y donde avancen más los que más tengan, porque este objetivo parece que hasta el momento sí se está consiguiendo. Sin embargo, la salida de la crisis y la recuperación del
empleo, que debiera ser -y así lo dice el Gobierno- el primer objetivo, se está alejando cada vez más con las políticas de recorte que se están poniendo en marcha, aun reconociendo que nada mejorará al final de la legislatura con respecto al
principio de esta legislatura. Así lo reconoce en su programa nacional de reformas. Así que a ver si con el acuerdo del déficit podemos cambiar de políticas. Ha cogido el desempleo en el 22%, lo llevó al final de 2012 al 26% y ya vamos por el
27%. A más a más, el objetivo de déficit tampoco lo cumplió, también superó el de 2011.
Por todo ello, no podemos dejar de estar de acuerdo con esta proposición no de ley que presenta el grupo de la Izquierda Plural, en primer lugar, para alargar la senda del déficit, una medida que el Grupo Parlamentario Socialista viene
pidiendo desde hace mucho tiempo. Es normal -y hay que debatirlo y discutirlo en Europa- que los países especialmente del sur que tienen muchos más problemas de desempleo y de crecimiento tengan una senda de déficit más larga. En cuanto a la
distribución del déficit, que es donde está el quid de la cuestión, a nosotros en principio no nos parece razonable que el Estado, sin contar con la Seguridad Social, se atribuya el triple del déficit de las comunidades autónomas, siendo estas las
que tienen la mayor parte, el 70%, del gasto social. Nos parece bien lo que propone la proposición no de ley, que ese reparto se haga en función del porcentaje de gasto público que realiza cada Administración. Pero me gustaría destacar que la
Unión Europea ha concedido 1,8 puntos más de déficit para este año, de los cuales el Estado en principio se ha atribuido 1,3 y ha dejado para las comunidades autónomas 0,5. Nos parece totalmente irresponsable. Nosotros hemos presentado una
enmienda al apartado c) de la proposición no de ley en el sentido de que se haga un reparto ecuánime de ese exceso concedido por Bruselas. Las comunidades autónomas deberían contar al menos con el 50% de ese exceso y que, en cualquier caso, el
reparto se haga de acuerdo con criterios objetivos aplicables a todas las comunidades por igual. No se puede basar siempre, como se ha venido haciendo hasta ahora, el tanto por ciento del déficit en función del PIB porque perjudica a las
comunidades que tienen menor nivel de renta, que son normalmente, como ha dicho la señora Ortiz, las que más inversión productiva necesitan para disminuir sus tasas de desempleo. Hay otros criterios como la población, el déficit per capita o el
nivel de endeudamiento. Es un problema del Gobierno, pero tiene que encontrar unos criterios según los cuales el reparto entre las comunidades autónomas satisfaga a todas.
Estamos de acuerdo también en rediseñar el plan de ajuste del déficit, es decir, empezar, como dice la proposición no de ley, a poner en marcha medidas que reactiven la economía. Así lo hemos plasmado en un documento para el pacto con todos
los grupos políticos. No se puede seguir basando el recorte del déficit en un recorte brutal del gasto. Nosotros pensamos que debe tender a aumentar la cifra de ingresos. Por eso hemos presentado una enmienda para que se inicie una reforma fiscal
que permita conseguir ese objetivo de estabilidad mediante un aumento de los ingresos, porque nuestro problema no es de gasto excesivo. Nuestro gasto público está por debajo de la media de la Unión Europea, que cuenta con un 49,1% frente al 45% de
España. Sin embargo, en ingresos la presión fiscal dista 8 puntos de la de la Unión Europea. Se trataría de establecer un sistema fiscal más justo que baje impuestos a las clases medias, y por lo tanto se reactive el consumo, y se suban impuestos
a aquellos que mediante ingenierías fiscales y financieras, que son permitidas, pagan menos aunque tienen más. Hay que iniciar, y así lo dice nuestra enmienda, una intensiva lucha contra el fraude fiscal. Esta enmienda amplía la proposición no de
ley presentada por La Izquierda Plural, pero creemos que está en la misma filosofía. La Izquierda Plural nos ha presentado una propuesta de transaccional que miraremos detenidamente porque no hemos tenido tiempo y, si procede, acordaremos esa
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Ahora pueden tomar la palabra los grupos que no han presentado enmiendas para fijar posición. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: En líneas generales podemos compartir la proposición no de ley formulada por La Izquierda Plural. Únicamente con la contención presupuestaria no lograremos superar la crisis; un ritmo de contención presupuestaria
que desde el mismo seno de la Unión Europea se ha entendido que debe acompasarse a las perspectivas económicas que presentan los diferentes Estados miembros. Esta semana sabremos finalmente cuál es el límite de déficit que se permite a España para
el presente año; una decisión política fundamentada en datos y números pero decisión política, a fin de cuentas. Esta es la misma decisión política que se pide el Gobierno del Estado: trasladar la flexibilidad que nos pueda
ofrecer la Unión Europea al ámbito territorial. Esta tarde tendremos la oportunidad de debatir y votar una moción que ha presentado mi grupo parlamentario en relación con este mismo tema que pretende fundamentalmente defender la
conveniencia de un déficit asimétrico para las comunidades autónomas, del mismo modo que el límite de déficit es asimétrico para los distintos Estados miembros de la Unión Europea. La proposición no de ley y la autoenmienda que formula el mismo
grupo parlamentario lo pone de manifiesto, sería justo definir un límite de déficit para las comunidades autónomas en relación con el gasto -yo añado social-, que representa aproximadamente una tercera parte del mismo. Por tanto, coincidimos en que
una vez que se confirme que el déficit para España se amplía, del mismo modo debería repartirse de forma asimétrica ampliando el objetivo de déficit para las comunidades autónomas. Así pues, en el objetivo de la flexibilización del límite de
déficit para el Estado español por parte de la Unión Europea y en la necesidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, más allá de que el único objetivo sea la contención presupuestaria, estamos de acuerdo.
Únicamente queda tomar la decisión política, como decía, que no técnica, de trasladar estos principios al ámbito interno, con la flexibilización y asimetría de los límites de déficit para las comunidades autónomas. Basándonos en la
autoenmienda formulada por el grupo parlamentario que propone la iniciativa, debo entender que superar las políticas de austeridad no significa rechazar estas políticas, sino no considerar únicamente la contención presupuestaria y dirigir las
políticas públicas al crecimiento económico y la creación de empleo. De todos modos, compartimos mucho más la autoenmienda formulada por el mismo grupo que el texto original de la proposición no de ley. Esperamos la transaccional a la que se pueda
llegar con el grupo enmendante y decidiremos entonces nuestra posición en la votación del texto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puche.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señorías, efectivamente La Izquierda Plural nos presenta hoy bajo el título de 'nuevo planteamiento de la estabilidad presupuestaria' una proposición no de ley cuyo portavoz ha definido en sus propios
términos, es decir, que tiene como objetivo, en principio, una nueva distribución de los porcentajes del objetivo global, con una modificación en los plazos, en las cuantías, incluso en los porcentajes; una nueva distribución con respecto a los
márgenes máximos intentando un incremento de los márgenes más flexibles en cuanto a las corporaciones locales y las comunidades autónomas; un nuevo calendario para intentar que el 3% vaya más allá de 2015 y, si no recuerdo mal, creo que también en
último lugar recoge una revisión del pacto de estabilidad presupuestaria por aquello que llaman ustedes pacto de solidaridad, pensando en la creación de empleo, en las políticas sociales y en el medio ambiente.
Después de haberle oído a usted y a algún otro portavoz -y me refiero a usted y también a la intervención de la portavoz del Grupo Socialista-, parecen haber olvidado que el principal problema que en este momento tiene España es el paro y la
falta de crecimiento económico, y que ese problema es actual y es de hoy, pero no hay que olvidar que también viene de atrás. Ese problema viene de muchos años atrás. Y después de varios años de destrucción de empleo y después de muchísimos años
de crisis económica y de un tiempo precioso perdido en tomar medidas, había que adoptar alguna decisión. Y cuando el Partido Popular gana las elecciones toma una decisión clara que tiene un objetivo fundamental -y lo digo por las intervenciones que
he escuchado-, que es un objetivo que marca o pretende marcar toda la legislatura, desde el inicio hasta el final: volver a la senda del crecimiento y poder crear empleo, que al fin y al cabo viene a ser lo que usted demanda en esta proposición no
de ley. Se dice en una de las intervenciones: es que no solamente debe ser a través de la contención del gasto público. Evidentemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Partido Popular llega al Gobierno de España se encuentra una
situación económica bastante compleja y decide actuar sobre todos los frentes que pueden frenar la destrucción de empleo y la crisis económica. No solamente se trata de corregir los déficits públicos -y ahora entraré en harina al respecto-, que es
el objeto de la proposición no de ley, sino que también se trata de corregir y poder arreglar el déficit financiero, el gran problema financiero que tiene este país y que está limitando los créditos. También se trata de resolver el problema de la
deuda externa. ¿O no tenemos eso en cuenta? Deuda externa que se cifra en casi un billón de euros, equivalente al producto interior bruto nacional. Se dice: Es que hay que aumentar los ingresos, es que hay que hacer una reforma fiscal, es que no
hay que contener el gasto y, en definitiva, hay que apostar por la demanda interna. Pues sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ingresando en el club de los economistas ilusionistas que con la varita mágica dicen que ya esta eso conseguido, o entrando en el
club de los economistas realistas para hacer una corrección
del déficit público, un arreglo del sistema financiero, una corrección de la deuda externa y en definitiva de la economía española?
¿Cuál es principal problema que tiene la economía española, aparte del paro, señoría? La falta de competitividad, no hay flexibilidad, y eso frena el crecimiento español y destruye empleo. Por tanto, habrá que hacer reformas estructurales
que comprendo que a usted no le gusten porque habla de insolidaridad, habla de justicia, habla incluso de recentralización y de falsas competencias, y yo creo que son los cuatro frentes que hay que abordar. Y cuando el Partido Popular llega al
Gobierno -y ya me meto en el tema del déficit- se le había dicho que el déficit era del 6%, y descubre de pronto que es un 8%. Estamos hablando de un déficit presupuestario por parte de todas las administraciones públicas -administraciones locales,
comunidades autónomas y Administración central- de más de 91.000 millones de euros, es decir, 27.000 millones más, creo recordar, de lo que se había previsto. Y claro que hay que hacer un nuevo reajuste del déficit presupuestario, evidentemente.
Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Grupo Popular considero que es un ajuste excesivo en un momento de recesión económica, pero era necesario hacerlo porque no se pude soportar ese déficit presupuestario. De la misma forma, no se
puede mantener una deuda externa de esa cantidad porque la deuda hay que pagarla, señoría, ¿o es que usted se cree que la deuda no se paga? La deuda hay que pagarla y no se puede soportar mucho tiempo eso. Por eso se hace ese reajuste del déficit.
Se ha hablado por parte de los dos intervinientes de injusticia, se ha hablado de que el reparto del déficit público se hacía de forma insolidaria o a criterio del Gobierno. Y la Ley de estabilidad presupuestaria lo marca. En esta ley,
leída convenientemente, se descubre que tiene los procedimientos establecidos para aprobar los déficits de cada comunidad autónoma, incluso entre los subsectores de comunidades autónomas. Así, su artículo 16, en concreto, especifica que de alguna
forma, una vez establecido por el Gobierno los objetivos globales, será el Gobierno -en este caso el Ministerio de Hacienda- el que fije la propuesta, después de un informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y hay dos formas en esa
ley de establecer los criterios de reparto. No se lo inventa el Gobierno de forma arbitraria ni caprichosa, como usted ha dicho, en absoluto, y además me niego a que usted diga esas cosas porque está establecido en la Ley de estabilidad
presupuestaria. En la Ley de estabilidad presupuestaria hay un criterio de reparto de forma vertical una vez establecido el objetivo global para repartir ese déficit entre las distintas comunidades autónomas, las corporaciones locales, la Seguridad
Social y el propio Estado. Y ese es el reparto vertical; reparto que, según establece la disposición transitoria de esa Ley de estabilidad presupuestaria, tiene como única restricción a la hora de efectuarse el reparto entre todas las comunidades
autónomas de toda la Administración pública la de que se contemple la posibilidad de una reducción del déficit presupuestario global anual del 0,8% a nivel nacional y con promedio anual, de forma que ese reparto se pueda establecer con un criterio
que no se inventa el Gobierno, que está establecido, que es el criterio del déficit público a 1 de enero de 2012. Ese ha sido el criterio...
El señor PRESIDENTE: Señor Puche, tiene que ir terminando.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Termino enseguida.
Y ese es el criterio, señoría, que se ha mandado en el cuadro de la nueva senda de consolidación fiscal a Bruselas y que está pendiente, como alguien ha dicho, de su aprobación.
Por último, y termino, señor presidente, pero no puedo dejar pasar el criterio que hoy, digamos, está de moda, en vigor, de actualidad, que es el criterio del reparto horizontal. Es decir, el criterio que existe de reparto entre las
distintas comunidades autónomas; ahí es donde está, por decirlo de alguna forma, poner el dedo en la llaga. El Gobierno en absoluto asume competencias. El Gobierno en absoluto pretende quitarle la competencia a nadie, ni en educación ni en
sanidad. ¡Qué cosa más alejada de la realidad! El criterio horizontal existe desde el mismo momento en que hay una conferencia, la quinta Conferencia de Presidentes, que se celebró en octubre de 2012, donde se establecieron varios acuerdos. En
principio, una declaración de la que quiero dejar aquí constancia, y es que las autonomías no son un problema, las autonomías son parte de la solución, pero contempladas lógicamente desde la colaboración y desde la lealtad institucional. Además,
hay un acuerdo, que es cumplir los objetivos de déficit estructural de todas las comunidades, y eso se aprobó en la Conferencia de Presidentes por unanimidad. Y además hay otro acuerdo, y es que decidieron todas por unanimidad que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera fijara las bases para determinar los parámetros de distribución entre todas y cada una de ellas. Y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró en marzo de 2013, señoría, estableció un grupo de trabajo,
con el acuerdo de todas las comunidades autónomas, donde estuvieran representantes de las comunidades
autónomas y del Estado, y que en ese grupo de trabajo cada uno expusiera sus parámetros, sus características, sus criterios para repartir eso. Y en el momento actual estamos a la espera del acuerdo de ese grupo de trabajo y estamos a la
espera, como usted bien sabe y como se ha dicho por parte de algún otro portavoz, de la aprobación de la nueva senda del objetivo del déficit público a nivel nacional que marque la nueva consolidación fiscal desde Bruselas. Por tanto, se está a la
espera de dos resultados: de la aprobación definitiva del déficit para España y del resultado de ese acuerdo de ese grupo de trabajo en el que están las comunidades autónomas y el Estado, y de ahí saldrán los criterios con los que el Gobierno, de
acuerdo con el procedimiento establecido, aprobará el déficit para cada una de las comunidades autónomas. Con esto, señorías, señor presidente, comprenderán después de mi intervención que nuestra posición es desfavorable a la proposición no de ley,
enmendada por el propio grupo como por el Grupo Socialista, y nuestro voto será negativo. (Aplausos).
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL GESTIONADO POR MUFACE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001598).
El señor PRESIDENTE: Sé que hay algunos miembros de la Comisión esperando para intervenir en la segunda PNL del orden del día, que va a pasar a tercer lugar porque habíamos alterado el orden. Por tanto, vamos a debatir, como habíamos
anunciado, el punto 5.º del orden del día, la proposición no de ley relativa a la promoción de la implantación de la receta electrónica en el régimen especial de Seguridad Social gestionado por Muface, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para defenderla, tiene la palabra su portavoz.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señor presidente, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley para instar al Gobierno a promover el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la progresiva implantación en
todo el territorio nacional de un modelo de receta electrónica, en este caso para los beneficiarios del régimen de Muface, eliminando paulatinamente el uso del papel y potenciando la utilización en la gestión de las prestaciones sociales y
sanitarias de la Administración electrónica. Para el Grupo Popular esta implantación de la receta electrónica tiene evidentes efectos positivos. En primer lugar, permitirá optimizar los recursos generando importantes ahorros de costes. En segundo
lugar, aumentará el control y la mejora de la gestión de la prestación farmacéutica. En tercer lugar, agilizará los procedimientos al hacer de la vía electrónica la fundamental acelerando la implantación de la Administración del futuro. En cuarto
lugar, reduce drásticamente el consumo de papel y contribuye con ello al mantenimiento del medio ambiente. Debemos considerar como fundamental este paso en la implantación de lo que consideramos el modelo de Administración del futuro, eliminando
cargas y trámites innecesarios que hacen más complicada la prestación de los servicios tanto para los funcionarios públicos, la Administración, como para los ciudadanos.
Este camino de la implantación de la receta electrónica es un paso importante y necesario en todos los ámbitos y también para Muface. No tenemos que olvidar que Muface presta servicios a más de un millón y medio de funcionarios, constituye
un sistema que garantiza y gestiona sus prestaciones sanitarias, farmacéuticas y sociales. Es innegable que Muface goza de extraordinario prestigio y de una gran consideración social. La receta electrónica representa una oportunidad para continuar
mejorando la calidad del sistema y la seguridad de la dispensación de medicamentos. Su implantación y puesta en marcha será progresiva y se financiará en parte con los ahorros que el propio esquema de receta electrónica genere, sin requerir por
tanto importantes esfuerzos de inversión.
Lo que hoy podemos aprobar; lo que hoy tramitamos como proposición no de ley, viene también en la línea de los convenios que se han establecido entre el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y la propia Muface, que ha sido
prorrogado el 26 de diciembre de 2012 y que insta a esta mutualidad a la necesidad del control electrónico del proceso de la dispensación de medicamentos. Es importante que aprobemos la proposición no de ley, que va a mejorar considerablemente la
prestación de estos servicios sociales y sanitarios y pedimos, por ello, el apoyo de todos los grupos políticos. Hay una enmienda de adición del Grupo Socialista, que vamos a transaccionar; hemos llegado a un acuerdo que presentaremos a la Mesa,
en el sentido de que se amplíe la propuesta para añadir a los beneficiarios del régimen de Muface y que se inicien los trámites necesarios para hacerla compatible con la que desarrollan otras mutualidades administrativas como Mugeju e Isfas.
El señor PRESIDENTE: Como se ha indicado, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderla, tiene la palabra el señor González Ramos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Ya me gustaría que llegásemos a acuerdos más a menudo, no solamente en la implantación de la receta electrónica. Por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es básica la implantación de las
tecnologías de la información y la comunicación y, por tanto, la implantación de la receta electrónica para todos los beneficiarios del régimen de Muface es lógicamente necesaria y por esto estamos a favor.
Es verdad que la receta electrónica es un procedimiento tecnológico que va a permitir a los usuarios la prescripción de los medicamentos de una manera automatizada y con la finalidad de retirada de los medicamentos en cualquier farmacia sin
la necesidad de presentar el papel. Dicho así, muy resumido, y estando de acuerdo en los fundamentos de la exposición, estamos de acuerdo por tres cosas. Por coherencia, por sentido común y porque fue a finales de diciembre de 2011 cuando se firmó
el concierto entre Muface y las entidades para la prestación de la asistencia sanitaria. Vuelvo a decirlo, se firmó a finales de 2011, la resolución es del 20 de diciembre y la publicación en el BOE es de 21 de diciembre de 2011. Entonces estaba
el Gobierno socialista en funciones. Y en ese concierto entre Muface y las entidades para la prestación de asistencia sanitaria, que era válido para el 2012 y el 2013, en su capítulo 6, que habla sobre la información, documentación sanitaria y
objetivos de calidad, en el subapartado 6.2.2 dice textualmente: La entidad promoverá la implantación del sistema de historia clínica digital y de receta electrónica de Muface, interoperables con el resto del Sistema Nacional de Salud y su
utilización por todos los profesionales y centros incluidos en los medios de la entidad, de forma que la información pertinente sea accesible desde cualquier punto de atención sanitaria público o privado, con los debidos medios de seguridad y
protección de datos de carácter personal. Esto es lo que dice textualmente ese subapartado. En definitiva, el concierto firmado a finales de 2011 ya venía con el claro objetivo de la implantación de la receta electrónica. Dos motivos más: la Ley
11/2007 del Gobierno socialista impulsó la Administración electrónica, fue el impulso definitivo de esta Administración a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma que fuese un derecho para los administradores y una
obligación para la Administración su implantación. Un tercer motivo es que la receta electrónica está incluida dentro del Real Decreto 1718/2010, de 17 diciembre. En definitiva, vuelvo a decir: por sentido común, por coherencia y porque ya lo
habíamos iniciado a través del Gobierno socialista lógicamente, y también con esa enmienda transaccional para impulsar la receta electrónica para las otras dos mutualidades del Estado, Mugeju, la Mutualidad General Judicial, con unos 95.000
beneficiarios, e Isfas, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, con unos 630.000, entre las dos suman prácticamente la mitad de Muface, la mitad de un millón y medio de beneficiarios, creo que es interesante e importante que vayan alineadas
estas dos mutualidades con la implantación de la receta electrónica de Muface para ir juntas y que los servidores puedan servir a las tres mutualidades. Por tanto, total acuerdo en este sentido y, como digo, espero que se repitan estos acuerdos en
otras cosas también importantes que se debaten en esta Comisión y en otras.
El señor PRESIDENTE: No sé si alguno de los otros grupos quiere fijar posición. (La señora Ortiz Castellví pide la palabra). Tiene la palabra.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Muy brevemente quiero decir que nosotros apoyaremos esta proposición no de ley a pesar de una exposición de motivos un tanto sui generis, porque habla de que ahora, con motivo de la necesaria consolidación fiscal,
es necesario aplicar medidas como la receta electrónica en Muface como instrumento de racionalización. Hace muchos años que nuestro grupo parlamentario viene defendiendo en el Congreso la necesidad de introducir mecanismos de ahorro porque España
precisamente es uno de los países de la OCDE que más gasto farmacéutico tiene, con cifras récord, y a pesar de la consolidación fiscal de la que ustedes hablan y de los numerosos recortes, España continúa liderando ese excesivo gasto farmacéutico,
no solo por la falta de implantación de la receta electrónica, que al final es un instrumento más, sino sobre todo por la falta de mecanismos de control público de ahorro y de fomento de prácticas de trabajo conjunto con los médicos, de desvincular
los laboratorios de la introducción de nuevos medicamentos o de desvincular la formación de los propios médicos y especialistas de los propios laboratorios farmacéuticos. Ese filtro es el que continúa sin existir y sin controlar la propia
Administración pública. Nosotros entendemos que la receta electrónica es un instrumento más pero debería estar al servicio de un plan para el ahorro farmacéutico donde prioricemos el consumo de genéricos y sobre todo apostemos por una salud más
basada en un buen tratamiento y en
buenos diagnósticos y sustituir el exceso de medicación que padece nuestro país por terapias que sean efectivas y también de dedicación por los propios profesionales. Y la propia consolidación fiscal de la que ustedes hablan, es decir, los
recortes en sanidad, dificulta precisamente una buena atención por parte de los facultativos, y acaba medicalizando en exceso y también generando al final más gasto a la población. Por tanto, nosotros apoyaremos este instrumento pero entendemos que
no resuelve el objetivo de racionalizar, es un instrumento más pero no hay un plan de ahorro farmacéutico que debería ser más amplio.
El señor PRESIDENTE: Si no hay más intervenciones, damos por concluido este punto.
- SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001021).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto que figuraba originalmente como segundo punto del orden del día, la proposición no de ley sobre financiación de la Comunitat Valenciana del Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderla, tiene la
palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Señorías, el Grupo Socialista vuelve a traer esta iniciativa para mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana casi un año después de que fuera rechazada por el Grupo Popular, y lo hacemos porque la situación
económica y financiera no ha hecho sino empeorar y con ella la calidad de vida de los valencianos y las valencianas. La crisis está afectando con gran intensidad a todas las comunidades autónomas, pero permítanme señalar que el caso de la Comunitat
Valenciana es singular. En ninguna autonomía confluyen a la vez tres circunstancias que hacen excepcional la situación valenciana: en primer lugar, una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media; en segundo lugar, una tasa de paro 2 puntos
superior a la media nacional y, en tercer lugar, una infrafinanciación que hace que cada valenciano reciba 600 euros menos que un ciudadano, por ejemplo, de La Rioja, 441 menos que uno de Aragón, 247 menos que un ciudadano de Cataluña o 112 menos
que un madrileño, para financiar los mismos servicios. Hace un año, para justificar su oposición a esta propuesta, la portavoz del Grupo Popular dijo que el Gobierno ya había comunicado a la Generalitat que la Comunitat Valenciana estaba en la
media de la financiación per cápita. Muy poco tiempo después, el propio Consell de la Generalitat, gobernado por el mismo partido, se encargó de desmentirlo; era falso entonces y es falso ahora. Señorías, en otras palabras, con más paro que la
media nacional, con menos renta que la media nacional, la Comunitat Valenciana es contribuyente neta del sistema. La infrafinanciación junto con la irresponsable gestión de dos décadas de Gobierno autonómico del Partido Popular ha llevado a liderar
la deuda autonómica, convirtiendo a la Generalitat, al autogobierno valenciano en estos momentos en una institución inviable. ¿Dónde está la solidaridad del sistema? Seguir con una financiación más baja que la media nos condena a tener una peor
sanidad, una peor educación y menos instrumentos para salir de la crisis.
Hasta el momento la única solución que nos ha dado el Partido Popular ha sido la de darnos préstamos y más préstamos, que están bien, pero evidentemente no es la solución. Lo que otros territorios reciben vía sistema de financiación a
nosotros se nos presta, hasta casi 11.000 millones de euros sólo en 2012. Pero esos préstamos, como antes se decía, hay que devolverlos, hay que pagarlos, y conllevan una elevadísima carga de intereses que dificultan aún más el logro del objetivo
del déficit, sea finalmente el que sea, y apareja nuevos recortes. Hoy, además, el Estado es el principal acreedor financiero de la Generalitat, más del 40% de la deuda y casi la mitad de los intereses que pagamos son con el Estado. La devolución
de estos préstamos desde finales de 2014 conducirá a la Generalitat a una situación financiera imposible, sólo en intereses casi 4.000 millones hasta 2023, 4.000 millones hasta 2023. El resultado de esta receta de Rajoy, aceptada también por Fabra,
es que la deuda aumenta 22 millones al día en 2012 y un millón de euros a la hora. En 2012, a pesar de todos los recortes, la Generalitat se ha quedado a 2 puntos de distancia del objetivo de déficit, más del doble del objetivo fijado, que
representan más de 2.000 millones de euros. Ha sido la autonomía que ha cerrado con un déficit más alto, y es más, de acuerdo con los datos procedentes del Ministerio de Hacienda, hoy podemos concluir que la Comunitat Valenciana tiene más facturas
en los cajones que Cataluña, Madrid y Andalucía juntas; es decir, todos estos préstamos recibidos del Estado ni siquiera han permitido vaciar los cajones y dejarlos al nivel de otras comunidades autónomas. No nos confundamos tampoco en el debate
sobre el déficit asimétrico, fundamental e importante, pero no es más que un parche en un barco que se hunde. Rajoy con una mano nos presta el dinero, incrementando nuestra deuda, y con la otra nos impone el desmantelamiento sistemático del
Estado del bienestar, la peor de las soluciones en el peor momento. Señorías, ciertamente el colapso económico de la Comunitat Valenciana no es solo por el modelo de financiación, la apuesta por un modelo de crecimiento basado en la
especulación inmobiliaria, las bajas inversiones del Estado durante muchos años, la corrupción y el despilfarro -asuntos por los que paso por encima por responsabilidad- nos han situado en esta situación de emergencia, pero la Comunitat Valenciana
durante mucho tiempo, que nadie lo olvide, aportó mucho a España y nadie nos puede dar ninguna lección de solidaridad.
Hoy el Grupo Popular tiene una nueva oportunidad de hacer un mínimo ejercicio de coherencia, es decir votar lo mismo aquí que votó en Valencia, votar aquí la misma, literalmente la misma proposición no de ley que aprobó en Valencia; tiene
la oportunidad de demostrar si está de verdad comprometido con un modelo de financiación justo con la Comunitat Valenciana o no, y tiene la obligación moral de acabar con el doble discurso. Por eso, sometemos a votación por segunda vez el acuerdo
aprobado por unanimidad en las Cortes Valencianas, porque necesitamos soluciones inmediatas, la Comunidad Valenciana no puede esperar. Los ciudadanos, los empleados públicos, los profesores, los trabajadores de la sanidad, los autónomos, los que
han solicitado ayudas de vivienda y jamás les llegan, los farmacéuticos, los dependientes asisten indignados a este espectáculo de hipocresía de Rajoy, que dice que nos ayuda y al final no nos ayuda, y la incapacidad de Fabra de poner de manifiesto
esta situación. Señorías, la Comunitat Valenciana no dispone de tiempo. EL Grupo Socialista ha asumido las reivindicaciones de los 5 millones de valencianas y valencianos, unas reivindicaciones justas que buscan la igualdad entre españoles vivan
donde vivan. No se trata de enfrentar territorios, se trata de que no existan ciudadanos de primera y de segunda. Yo le agradezco a mi grupo y a los socialistas españoles en su conjunto que hayan asumido esta reivindicación. Señorías, es el
momento de trabajar por la igualdad de los españoles, por la igualdad para superar la crisis, y eso desde luego exige modificar urgentemente la financiación autonómica. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En este punto existe una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, señor Puig, financiación de la Comunitat Valenciana; así reza el encabezamiento de su proposición no de ley y también el contenido de la misma, aunque esta mañana ha hablado usted de muchas más cosas a las
que no me referiré. Solo en algunas pocas tiene algo de razón, pero en la mayoría está completamente equivocado. El debate que usted quiere traer aquí, el del modelo de financiación de una comunidad autónoma, ¿es el modelo de debate que ustedes
quieren? ¿Corresponde hacerlo aquí, en el Congreso de los Diputados? ¿Es dónde tenemos que debatirlo cada grupo parlamentario y por cada una de las comunidades autónomas exigiendo un sistema particular de financiación? Hoy la Comunidad Valenciana
por segunda vez, ¿mañana cuál? ¿Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias? ¿Iremos debate tras debate así hasta quince? ¿Y cuando acabemos qué hacemos, volvemos a empezar? Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, hoy que ustedes llaman a
la coherencia, ¿dónde esta la suya? Presentan aquí, en el Congreso de los Diputados, esta proposición no de ley a la vez que los presidentes de sus comunidades autónomas piden en la última Conferencia de Presidentes que sea en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera donde, tras un debate multilateral, se tomen las decisiones oportunas, los presidentes autonómicos. Perdón, olvidaba que el señor Puig no representa a ningún Gobierno autonómico, pero tiene la legitimidad de
parlamentario, de parlamentario nacional (El señor Puig Ferrer: Gracias, gracias), y una que añade él, una que se añade él mismo en el texto de su propia proposición no de ley, que dice que como proponente toda esta petición deriva de un acuerdo de
las Cortes Valencianas. Yo le pregunto, señor Puig, ¿cuál de ellos, el del año 2009 a instancias del Partido Popular?, ¿el del año 2010, firmado por todos los grupos parlamentarios?, ¿o el del año 2012, también propuesto por el Partido Popular y
que tras una enmienda transaccional -por cierto, no de su grupo- fue apoyado por todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas? Por el texto parece ser que usted se refiere a este último, pero ya dijo el clásico
aquello de que la media verdad es la peor de las mentiras, que es justamente lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, mutilar ortográfica y semánticamente una proposición no de ley de una Cámara autonómica para que sirva de justificación a
su propuesta.
Señorías, el acuerdo de las Cortes Valencianas se refiere a la revisión del modelo de financiación autonómica, no a correcciones extemporáneas del mismo como ahora pretende el Grupo Socialista. El acuerdo de las Cortes Valencianas indica
que los mecanismos para conseguirlo serán objeto de estudio por parte del Consell de la Generalitat y no del Gobierno de España, como reza la proposición que ahora debatimos. Señorías, el acuerdo de las Cortes Valencianas establece que es el
Gobierno autonómico,
junto a una comisión de expertos, quien debe elaborar las propuestas técnicas a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no el Gobierno de España, como pretende el señor Puig. Señorías, el acuerdo de las Cortes Valencianas
manifiesta que será la Generalitat Valenciana la que deba solicitar en su caso las compensaciones establecidas legalmente y no el Congreso de los Diputados, como pretenden ustedes con esta proposición no de ley. Pero a ustedes, señorías
socialistas, ¿qué más les da, no? Solo quieren arrimar el ascua a su sardina sin importarles el cómo ni el porqué.
Señor Puig, su corta pega mal hecho ofende el acuerdo al que llegaron todos los grupos representantes en las Cortes Valencianas. Ustedes, que votaron a favor de un sistema de financiación que hoy critican, son los que, retorciendo la
voluntad de los valencianos expresada por sus Cortes, quieren ahora convertirse en adalides de su reforma. Pero no tienen credibilidad. (El señor Puig Ferrer: ¿Y tú tienes credibilidad?). ¿Cómo la van a tener, si lo que ayer les parecía
excelente hoy para ustedes es claramente insuficiente? Señorías, es que aparte de incoherentes, lo que piden ustedes o ya se está haciendo o es imposible. El mecanismo de corrección que permita ajustar la financiación per cápita ya existe, se
llama Fondo de competitividad, ya está puesto en marcha. No sé si su resultado a usted le parece correcto o no; nosotros lo criticamos en su día, y a mí su resultado me parece malo, pero fue un Gobierno socialista el que lo diseñó y el que lo
aprobó, y fueron los diputados socialistas en esta Cámara quienes lo votaron favorablemente, no un Gobierno del Partido Popular ni los diputados del Partido Popular.
En cuanto a la compensación que solicitan en el apartado 2 de su proposición, la propia ley ya establece que, en el caso de que se determine, se incluirá en el siguiente modelo de financiación; hacerlo ahora es imposible. Suman ustedes a
la incoherencia la falta de rigor, ¿pero a quién le va a extrañar? Son ustedes los que gastan cuando no tienen, prometen cuando no pueden y piden solo cuando partidariamente les conviene. (Rumores). Dejen la demagogia y el oportunismo a un lado
por esta vez y acepten la enmienda que les hemos presentado; una enmienda cuyo contenido respeta los acuerdos tomados por la Conferencia de Presidentes autonómicos, una enmienda que respeta lo que dispone la ley, una ley que hicieron ustedes y
nosotros no votamos, pero la respeta como no podía ser de otra manera, y una enmienda que no perjudica los intereses legítimos que pueda tener cualquier comunidad autónoma en este debate. Es momento de consensos y no de propuestas trampa. Si esta
iniciativa no la han hecho simplemente para que parezca que el señor Puig -y el parezca lo subrayan y me lo ponen entre comillas- defiende los intereses de los valencianos, podemos llegar a acuerdos. Si, por el contrario, el sistema de financiación
autonómica solo les importa cuando no es su responsabilidad revisarlo, mejorarlo o transformarlo, estaremos claramente en desacuerdo.
Señorías del Grupo Socialista, con propuestas como esta construyen día a día un enorme monumento a la incoherencia política. Critican su propia obra. ¿Por qué lo hicieron entonces? ¿Por qué aprobaron un sistema de financiación autonómica
que hoy les parece tan injusto y deficiente? ¿Han cambiado de opinión o hacían cosas en las que no creían? Lo segundo no me sorprendería, un engaño más. El propio secretario general anterior a usted en la Comunidad Valenciana, el señor Alarte, ya
dijo que con este sistema de financiación los valencianos alcanzarían la media de financiación per cápita en las comunidades autónomas. Hoy quien lo desautoriza es usted, no lo tengo que hacer ni yo, fíjese. (Risas-Rumores). Pero si es lo
primero, si han cambiado ustedes de opinión, si esta PNL es el reconocimiento de su error, si hoy reclaman lo que el Partido Popular ya viene defendiendo desde hace años, si hoy votarían en contra del actual sistema de financiación autonómica, como
hizo el Partido Popular en esta Cámara en el año 2009, si hoy aplaudirían a un Gobierno de la Generalitat que no aceptara el actual sistema, como hice yo mismo con el resto de consejeros de Hacienda del Partido Popular votando en contra o
absteniéndonos en este caso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 2008, hoy ustedes aceptarían nuestra enmienda. Ustedes deciden, no se vuelvan a equivocar; los españoles y los valencianos no lo merecen. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Escuchando al diputado valenciano, don Gerardo Camps, la verdad es que se me ocurren dos verbos: flipo y alucino con sus palabras, pero en colores. El señor Camps es el que dijo que era necesario pedir una revisión
del modelo de financiación que no perjudicase los intereses valencianos, y en lugar de traer aquí la proposición que ponía la cláusula Camps para revisar y adecuar la financiación de los valencianos a la demografía que tenemos, trajo la proposición
de los pitos del rey. Esto es para alucinar, y luego dicen que hacen tanto y cuanto.
Quiero empezar con un refrán que dice nunca es tarde si la dicha es buena, y lo digo por la satisfacción de que mi buen amigo Ximo Puig se sume también y reconozca que los socialistas se equivocaron y pactaron un mal modelo de financiación
para los valencianos. Lástima que eso no se hiciera antes, lástima que no se hiciera en 2009. (Rumores-Varios señores diputados: ¡Ah!). ¿Me dejan continuar, por favor? Muchas gracias. Quiero empezar con unas consideraciones previas. La
Comunidad Autónoma Valenciana es la décima en renta per capita, por debajo de Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria, Castilla y León y por supuesto Madrid, Cataluña, Baleares, etcétera. Además somos los terceros contribuyentes netos en tanto por
ciento del producto interior bruto, y eso se lo debemos a los dos grandes partidos. Somos los únicos contribuyentes netos con una renta per cápita inferior a la media española; es decir, somos más pobres que la media, pero contribuimos más que la
media. Muchas gracias a los dos grandes partidos -muchas gracias PP, muchas gracias PSOE- porque hicieron una gran faena con los valencianos.
Vamos a votar a favor de los dos puntos que se proponen en la proposición no de ley porque entendemos que es urgente, necesario e imperioso que haya una solución con la financiación valenciana. En el primer punto de la proposición no de ley
que las Cortes Valencianas -ha habido un cambio- se hablaba de la revisión del sistema de financiación de la Lofca, aprobada en el año 2009, bajo el mandato del Partido Socialista. No decía nada de buscar mecanismos de corrección; se indicaba que
se debía reformar el sistema, y se debe reformar el sistema. Propongo que nos acojamos al literal del acuerdo las Cortes Valencianas que era pedir un sistema de financiación nuevo y justo con los valencianos. En este acuerdo se insta al Gobierno a
poner mecanismos de corrección en el sistema de financiación mientras no sea revisado. Yo entiendo que se nos dice que se revisa el sistema de financiación, porque no entiendo la corrección sin revisar el sistema. Entendería que se hiciera una
reforma puntual de la ley para que se alcance una financiación de acuerdo a la media para la Comunidad Valenciana. Si es así, busquemos la enmienda y la presentamos, pero no acabo de entender los mecanismos ni tampoco entiendo por qué no se ha
presentado el acuerdo literal de las Cortes Valencianas. Se nos dice hoy que se tenga en cuenta a una población que no se tuvo en cuenta en el año 2009; un hecho que se denunció hasta la saciedad y que mi grupo, Compromís, lo denunció en las
Cortes Valencianas y defendió en ese momento diciendo que este sistema sería un desastre, y así ha sido. Un sistema que fue defendido por el PSOE, por don Ángel Luna, como el mejor sistema posible. Pues bien, en los últimos cuatro años la
Generalitat Valenciana ha incrementado su deuda en 16.000 millones y cuando se liquidó en el año 2009, el primero de su aplicación efectiva en el año 2011, se consideró que habíamos tenido un exceso de financiación de 1.700 millones en las
liquidaciones provisionales que tendremos que devolver. Por cierto, don Gerardo Camps también denunciaba que los valencianos vamos a seguir disponiendo de recursos por habitante inferiores a la media: 732 millones de euros menos, pero cuando fue
vicepresidente del Gobierno valenciano hizo bien poco por resolver ese problema porque aún arrastramos. Como dato anecdótico la Comunidad Valenciana con el nuevo sistema, que repartía 11.000 millones adicionales, conseguía 1.200 millones más, pero
cuando se liquidó el sistema en noviembre de 2011 tuvimos que devolver 1.700 millones, con lo que al final se nos concedieron 500 millones menos que lo que teníamos con el sistema anterior. Son los hechos, un sistema que ha sido un desastre total y
que tiene responsables con nombres y apellidos: Partido Popular y Partido Socialista.
Voy acabando. Vamos a votar a favor de esta proposición porque, ya lo hemos dicho antes, es primordial que se acometa un cambio de financiación, o que se haga lo que sea, porque la situación económica del País Valenciano es en estos
momentos dramática y cada día que pasa es mucho peor. Por tanto, bienvenido al Partido Socialista a quienes decimos que este sistema de financiación con los valencianos es absolutamente injusto, y quiero pedirles responsabilidad a los diputados
valencianos del Partido Popular, por una parte, porque ellos que siempre se envuelven en la bandera de la defensa de los intereses valencianos bien poco han hecho. Voten, como les ha dicho el portavoz Grupo Socialista, lo mismo que votaron en
Valencia porque si no lo hacen los valencianos y las valencianas no entenderían que aquí en Madrid hicieran una cosa y en Valencia hicieran la contraria. A los diputados españoles -los números son bien elocuentes, son dramáticos- les pedimos que
sean justos con los valencianos y con las valencianas y que de una vez por todas se acometa un nuevo sistema de financiación que sea justo. Mientras no sea así, serán ustedes injustos con las valencianas y con los valencianos. (El señor Matarí
Sáez: Ser velenciano es ser español ¿o no?).
El señor PRESIDENTE: Por la Izquierda Plural, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: La propuesta del Grupo Socialista recoge los dos puntos fundamentales de una resolución que aprobó por unanimidad -lo ha dicho el señor Camps y se ha repetido por parte de otros portavoces- las Cortes Valencianas,
el 9 mayo 2012. Son dos puntos básicos: el primero se refiere a de la revisión de la financiación de la Generalitat valenciana, una financiación que por lo menos todos los grupos políticos en Valencia reconocemos que es insuficiente y que no es
justa, y por eso se aprueba unánimemente esa propuesta, y la segunda cuestión que también recogía es la deuda histórica. La gran sorpresa es que el Partido Popular allí diga una cosa y aquí diga otra y además aquí lo haya dicho con una belicosidad
impropia del lenguaje parlamentario. (El señor Camps Devesa hace signos negativos).
El señor Camps nos ha sorprendido de una forma brutal con su posicionamiento. Primero, porque allí dicen y hacen una cosa y aquí hacen otra, sistemáticamente. Los diputados valencianos del Partido Popular tienen una vara de medir en
Valencia y tienen otra vara de medir en Madrid. (El señor Matarí Sáez: No, no. -El señor Puig Ferrer: Sí, sí). Lo demostraron -igual que lo van a demostrar hoy- ante la resolución que presentamos desde mi grupo con exactamente el mismo tema,
con la financiación valenciana y además hablábamos de la financiación del resto de comunidades autónomas del Estado, pero específicamente hablábamos de la valenciana porque es un tema sangrante la situación de los valencianos y valencianas en lo que
respecta a nuestra financiación. Se han dicho las cifras, pero yo solamente voy a retener dos cifras. No hemos sido nosotros los grupos parlamentarios de la oposición quienes han hecho el cálculo a un Gobierno valenciano, sostenido por un grupo
parlamentario en el cual hay un 20% de imputados en casos de corrupción, sino que ha sido una comisión de expertos de la Generalitat Valenciana la que ha calculado en más de 1.000 millones de euros al año el déficit financiero del País Valenciano;
en más de 1.000 millones de euros, lo voy a dejar ahí y no voy a subir a 1.200, 1.300 o 1.400. El cálculo hace que la deuda histórica con la Generalitat Valenciana sea aproximadamente lo que el Estado va a destinar a salvar las cuentas valencianas
en el Fondo de liquidez autonómica, pagos a proveedores y demás; es decir, el Estado le presta a la Generalitat Valenciana el mismo dinero que no le ha dado justamente durante los últimos años y por lo menos mediante los dos últimos sistemas de
financiación que se pactaron, uno gobernando el PP en Madrid y en Valencia y el otro gobernando el PP en Valencia y el PSOE en Madrid. Ninguno de los dos últimos sistemas pactados han tenido una financiación justa para el pueblo valenciano, al
revés ha sido una financiación manifiestamente injusta, porque una de dos, señor Camps, o la financiación al pueblo valenciano es injusta, o el Gobierno que nos han gobernado desde el año 1995 es cierto que es un manirroto y ha sido un destarifado
gastando el dinero. Porque si no, ¿cómo se justifica que seamos la comunidad autonómica más endeudada?, ¿cómo se justifica el desastre en el que estamos el pueblo valenciano y la Generalitat Valenciana?, ¿cómo justifican ustedes eso? Una de dos,
o la financiación no ha sido justa, o su Gobierno ha sido un desastre gobernando; o las dos cosas, que es lo que nosotros creemos: su Gobierno ha sido un desastre gobernando porque ha corregido esa falta de financiación sistemáticamente con una
falta de inversiones y una falta de infraestructuras (El señor Camps Devesa: Ahí quería yo llegar.) sí, sí, desde los presupuestos de la Generalitat Valenciana sistemáticamente, y últimamente además desde los Presupuestos Generales del Estado desde
donde al pueblo valenciano se le otorgan en inversiones muchísimo menos dinero que al resto del Estado, 150 euros por habitante. Tenemos una financiación sumamente injusta y ustedes han pechado con ella, han tirado para adelante con ella, durante
los últimos años.
Este no es un problema solamente para los valencianos; es gravísimo para los valencianos, para las Islas Baleares y para Murcia, las tres comunidades peor financiadas ahora mismo en el conjunto del Estado. Sin embargo, este es un sistema
que ha pasado por cinco fases diferentes desde el año 1978, con Gobiernos de uno o de otro signo en todas las comunidades autónomas. Al final se ha convertido en una especie de red de distribución de agua de una casa que tiene muchos años, donde se
han ido poniendo parches, haciendo tuberías nuevas, haciendo nuevas valoraciones. Al final es un sistema altamente complejo, que prácticamente nadie puede entender y que no satisface a nadie. Es un sistema al que hay que darle la vuelta entero, de
arriba abajo, y desde nuestro punto de vista constitucionalizarlo. O constitucionalizamos en una fórmula clara la financiación de las comunidades autónomas o este problema nunca tendrá solución, porque siempre habrá agravios por parte de unos o de
otros.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo diciendo solamente una cosa: los valencianos hemos sido dos veces, desgraciadamente, desde la Constitución de 1978 para acá, lo que no deberíamos haber sido, y es la tabla de rasero para cortar la
extensión de los derechos del resto de autonomías del Estado. Una vez,
cuando se negoció nuestro primer Estatuto de Autonomía, en el año 1981, que llegó a este Congreso de los Diputados poco después de que se disparasen los tiros que todavía están en el techo del salón de sesiones. En aquel momento, nuestro
Estatuto de Autonomía, que traía un nombre diferente al que se aprobó, la misma bandera, pero traía otras consideraciones, derechos y valoraciones pactados por los valencianos, fue traicionado en esta Cámara por los dos partidos principales, el
Partido Popular y el Partido Socialista. La segunda reforma que se hizo últimamente también fue pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista y también sirvió para recortar por arriba y no contemplar estas cuestiones. Lo único que al
final conseguimos fue la cláusula Camps, que para bien poco nos ha servido. Para lo único que nos sirve la última reforma del Estatuto de Autonomía que pactaron Partido Popular y Partido Socialista es para que tengamos una financiación lamentable,
haya gobernado quien haya gobernado en Valencia y en Madrid. Los dos sistemas nos han perjudicado, y es hora de cambiar. Por eso vamos a votar favorablemente esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Como todos ustedes saben, no hay turno de réplica. Es verdad que el debate ha sido muy intenso y cruzado. Señor Puig, tiene estrictamente dos minutos, que también tendrán los demás grupos.
El señor PUIG FERRER: Muy brevemente. La belicosidad del portavoz del Grupo Popular ha centrado en mí la intervención. (Rumores). (Los señores Gallego Burgos y Puche Rodriguez-Acosta pronuncian palabras que no se perciben.) Gran
tranquilidad, gran tranquilidad.
El problema de la financiación de la Comunidad Valenciana es grave y no puede esperar, y por eso lo hemos traído al Congreso, porque aquí es donde reside la soberanía popular y es donde debemos decidir si puede continuar esta situación o no.
Solo tengo que decir que los grandes problemas que tenemos están basados en la infrafinanciación y en la gestión absolutamente irresponsable de quien ha defendido la posición del Partido Popular. No sé cómo usted puede dormir tranquilo habiendo
dejado endeudada a la Comunidad Valenciana más que ninguna otra comunidad. Cada vez que en el Pleno del Congreso oigo al señor Rajoy decir una cosa muy sensata, y es aquello de que no se puede gastar más de lo que se tiene, pienso en usted todos
los días, porque usted ha llevado a la Comunidad Valenciana al peor de los escenarios posibles. Que usted hable de falta de rigor simplemente es una broma pesada.
Nosotros ahora y siempre vamos a defender, gobierne quien gobierne, una posición clara de defensa de los intereses valencianos. Lo hemos hecho y le hemos apoyado a usted. Ayer mismo tuve que salir defendiendo al señor presidente de la
Generalitat de los insultos del señor Monago. Por cierto cuando decía que no sé quién le ha subrayado esa frase que ha dicho, yo creo que se la ha subrayado el señor Monago. Lo que no es tolerable en estos momentos es que los valencianos
aparezcamos como insolidarios, porque los valencianos hemos sido solidarios siempre. Tiene al lado a la señora diputada que hace breve tiempo, el año pasado -creo que fue usted la portavoz del Grupo Popular y, si no, lo siento-, dijo que el sistema
de financiación del Gobierno socialista había sido absolutamente positivo para la Comunidad Valenciana porque habíamos logrado ya superar la media per capita. (La señora Madrazo Díaz: Yo no dije eso). Ese es un sistema mejor que el anterior, pero
un sistema insuficiente. -Perdone si no era usted, es que no la conocía. En cualquier caso, como el señor Camps no actúa normalmente de portavoz y es la primera vez que actúa en esta cuestión, era simplemente para que se supiera. (Rumores)-.
En cualquier caso, no desviemos la atención de lo importante. (El señor Puche Rodríguez-Acosta: Eran dos minutos). Pero si no hubieran dicho lo que han dicho me habría costado menos. En cualquier caso, lo que le tengo que decir es lo que
le he dicho, que usted es el que menos puede hablar aquí de coherencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Camps, tiene la palabra.
El señor CAMPS DEVESA: No sé si es mi tono de voz el que hace que califique de belicosa mi intervención, pero, si no es el tono de voz, tengan ustedes en cuenta que lo que puede entender como belicosidad deriva de la fortaleza de mis
argumentos, del rigor y de la coherencia. Se lo digo así porque la Comunidad Valenciana en la que tuve el honor de ser vicepresidente durante ocho años es la Comunidad Valenciana que alcanzó el superávit que ustedes no recuerdan, que mantuvo el
nivel de deuda por debajo del crecimiento de muchas otras comunidades autónomas -señor Puig, no era la más endeudada en el momento en que dejé de ser conseller de Economía y Hacienda de esa comunidad, debería revisar usted sus datos-, por cierto,
nivel de deuda no muy superior al que también habían conseguido los Gobiernos
socialistas con anterioridad. Pero ese no es el debate de hoy -algunos de ustedes se han ido hasta la transición y la aprobación del Estatuto de Autonomía-; el debate de hoy es si lo que se pide es serio y riguroso o no, si ustedes quieren
diferenciar entre diputados valencianos del Partido Popular y el resto de diputados valencianos, como si todos no estuviéramos preocupados por defender los intereses de la Comunidad Valenciana y de los valencianos. Nosotros, igual o más que
ustedes, si me lo permiten, pero haciéndolo como se deben hacer las cosas. Si se quiere revisar un modelo de financiación, hay que ir a revisarlo cuando corresponde, como ha dicho la Conferencia de Presidentes, en donde corresponde, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y con los argumentos que lleven aquellos a quienes les corresponde, que son los Gobiernos autonómicos en ese debate. Así se hacen las cosas bien.
No digan que las Cortes Valencianas han dicho lo contrario, porque las Cortes Valencianas -ustedes se han referido a ese acuerdo en innumerables ocasiones- lo que dicen con claridad es que debe ser el Gobierno de la Generalitat el que tiene
que preparar ese debate, que debe ir a realizarlo donde corresponde, el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que además es ese Gobierno de la Generalitat el que debe solicitar las posibles compensaciones, que -léanse la ley- no caben
más que en la revisión del modelo de financiación al Gobierno del Estado español. Quien se equivocó haciendo un modelo de financiación malo para los valencianos fue el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que no votaron los diputados del Partido
Popular en esta Cámara y que no apoyamos los consejeros de Hacienda del Partido Popular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los errores, señor Puig, para los que los cometieron. Los aciertos, en todo caso, para los que queremos que sean
así donde corresponde, en un debate multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, con toda la brevedad.
El señor BALDOVÍ RODA: Quiero señalar que si un partido que lleva dieciocho años gobernando el País Valenciano nos ha dejado como nos ha dejado, alguna responsabilidad debe tener. Insisto, un partido que tenía la posibilidad de revisar en
Madrid y poner la cláusula Camps, como así le habían mandatado las Cortes Valencianas, trajo una proposición sobre pitos al rey en partidos de fútbol. Poco interés demuestra el Partido Popular en solucionar este problema.
Se me había quedado antes una cosa, y es que estamos de acuerdo con el segundo punto de la proposición del señor Puig; primero porque es una enmienda que presentó ya el síndic de Compromís, señor Morera, y porque tiene mucho más sentido que
la primera propuesta y está fundamentada en sentencias del Tribunal Constitucional a la Lofca que indican que cualquier sistema puede tener errores, que no existe el sistema perfecto, pero que para eso está este artículo 2, que viene a decir que el
Estado ha de ser garante y encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad presupuestaria y el desarrollo armónico, o lo que es lo mismo, que si se percibe una discriminación el Estado tiene mecanismos de compensación
mediante inversiones territoriales o lo que considere oportuno para compensar. Esto es justamente lo que no hemos visto hasta ahora, porque incluso en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013 aprobados por el Partido Popular la
financiación y las inversiones per capita de cada valenciano y valenciana son sensiblemente inferiores; este año 2013 150 euros por cada valenciano y valenciana; en definitiva, señor Camps, poco están haciendo ustedes por mejorar este sistema.
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Muy brevemente. Si el Congreso de los Diputados no es el ámbito donde hablar de la política de este país, si el Congreso de los Diputados no es el ámbito donde hablar de la financiación autonómica, no sé qué
hacemos aquí ni por qué nos pagan el sueldo. (La señora Madrazo Díaz: Efectivamente.) Lo que sí es cierto es que no sé qué intereses defienden los diputados valencianos del Partido Popular, desde luego los de los valencianos y las valencianas del
pueblo valenciano en ningún caso. Les reto a que vayan ustedes después y expliquen allá, cuando estén allí en Valencia, y no a lo mejor a los sindicatos sino a los propios empresarios, que son los primeros que se han quejado de los problemas de la
financiación valenciana, el porqué de su voto aquí en el Congreso de los Diputados y el porqué de su falta de presión dentro de su propio partido para defender los intereses de los valencianos cuando sus escaños están sacados con votos de
valencianos y valencianas.
- RELATIVA A UN PLAN DE ACCIÓN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001106).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, según figura en el orden del día, relativa a un plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales, planteada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderla tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: La lucha contra el fraude, la elusión fiscal y los paraísos fiscales es un tema crucial para las sociedades del siglo XXI por muchas razones en las que creo que todos estaremos de acuerdo: para defender el Estado de
derecho, en primer lugar; para financiar el Estado del bienestar; para que no paguen más impuestos las clases medias y las pymes; para salir de la crisis, porque en la medida en que financiamos demanda interna estamos contribuyendo a salir de
ella, y para evitar crisis sistémicas como ha sucedido en algunos países de la Unión Europea.
Hoy vamos a hablar de uno de los temas relacionados con el fraude y con la elusión. Me refiero a la elusión fiscal de las multinacionales, las españolas y también las extranjeras. Vamos a hablar de un tema que trata de hacer iguales a las
pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y a las empresas multinacionales. Si a la corriente triunfadora de la economía política, que preconiza la bajada de impuestos al capital y a los patrimonios en cualquier lugar y en cualquier momento de
ciclo, le sumamos la movilidad artificial de esos grandes patrimonios y de las grandes empresas multinacionales el resultado es la erosión de la capacidad fiscal de los países. Por consiguiente, el combate contra la erosión de las bases fiscales y
la deslocalización de beneficios a través de la planificación agresiva se ha convertido ya en una prioridad global. Hemos pasado de la guerra de divisas a la guerra de bajar los impuestos al capital. Hay que evitar, señorías, la doble imposición,
pero hay que atacar un gran escándalo: la doble no imposición. Se pueden poner muchos ejemplos de empresas multinacionales que presuntamente eluden sus impuestos. Los nombres se suceden. Podemos hablar de Apple, de Microsoft, de Google, de
Facebook, HP, Amazon, Samsung, Starbucks, MacDonald's, Burger King, etcétera, etcétera. Se suceden también las investigaciones fiscales sobre la presencia de directivos de estas empresas en parlamentos como el británico o como el americano.
Están trabajando en este tema la OCDE, el G-20, el G-8, la Unión Europea, algo muy conveniente y muy necesario desde el punto de vista de la eficacia de los resultados. En concreto, la semana pasada en el Senado de Estados Unidos compareció
Tim Cook, consejero delegado de Apple, y el Senado norteamericano llegó a afirmar que esta empresa es una de las mayores evasoras de impuestos en Estados Unidos. Según la Cámara Alta esta empresa es una red compleja de filiales en el extranjero sin
empleados ni oficinas físicas en muchos lugares, que está dirigido por una matriz que no paga impuestos en prácticamente ningún lugar del planeta. Probablemente, a través de los precios de transferencia, el iPhone que llevamos cada uno de los
diputados en el bolsillo en este momento no ha pagado impuestos en España y ha pagado impuestos en una filial de Apple en Dublín, porque allí el tipo impositivo del impuesto de sociedades es mucho más bajo que en España. Ahora, desde un tiempo a
esta parte, hay muchas instituciones, empezando por la OCDE, trabajando por ser eficaz en la resolución de este problema. Lo que se busca es tratar a la compañía como una sola unidad y asignar los beneficios tributarios a los países en los que la
actividad económica se produce realmente. De eso es de lo que se está hablando. No obstante, pensamos que los gobiernos nacionales también tienen competencias, tienen instrumentos para poner en marcha planes de lucha contra la evasión y más
concretamente la elusión fiscal de las multinacionales. Se puede hablar de evasión, se puede hablar también de elusión fiscal de las multinacionales.
En la proposición no de ley que plantea el Grupo Socialista, señor presidente, se propone un plan español de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales en España; un plan con objetivos
medibles y evaluables. Nos preguntamos qué sucede, no ya con las multinacionales extranjeras sino qué sucede con las multinacionales españolas, a cuánto asciende individualmente la elusión fiscal de estas empresas multinacionales españolas. Y de
manera colectiva, a cuánto asciende esa elusión fiscal. Dicho plan, por tanto, debería en primer lugar incluir el cálculo de la brecha tributaria que mide la diferencia entre lo que realmente pagan los contribuyentes y lo que deberían pagar de
acuerdo con la ley, y qué parte de esa brecha fiscal o tributaria es consecuencia de las prácticas agresivas de las multinacionales españolas o extranjeras; modificar el régimen de
operaciones vinculadas y de las normas de localización de las operaciones, establecer cláusulas antifraude en los convenios de doble imposición que firme España, obligar a las empresas multinacionales a que publiquen la cantidad de impuestos
pagados en cada país, las multinacionales extranjeras pero también las españolas, hacer público los incumplimientos de las empresas multinacionales, nacionales y extranjeras, es decir, que el Gobierno haga público esos incumplimientos, ofrecer a las
grandes empresas contratos de colaboración con la Agencia Tributaria para que abran su información fiscal a cambio de recibir reconocimiento público del Gobierno y de la sociedad, que las empresas que mantengan relaciones comerciales y societarias
con paraísos fiscales o con países con riesgo fiscal no reciban de las administraciones españolas ni ayudas ni subvenciones ni contrato público alguno, así como gravar todas las transacciones con regiones en riesgo fiscal.
Los informes de las auditoras españolas deberían comunicar a Hacienda las operaciones fiscales dudosas, es decir, cada informe de cada auditoría sobre cada empresa debería comunicar, si las hubiera, las operaciones fiscales dudosas, dar
cuenta al Parlamento de los resultados y de las comparaciones con el resto de países de dicho plan y de los trabajos de la Agencia Tributaria en relación con el fraude, nos parece fundamental. Para elaborar el mencionado plan nos gustaría contar
con la presencia en el Congreso de los Diputados de responsables de la Comisión Europea, de la OCDE, eurodiputados, directivos de empresas multinacionales españolas y también extranjeras como se hace en otros parlamentos. Nos gustaría, por ejemplo,
contar con el fiscal francés que de alguna manera ha colaborado con Falciani en esclarecer y sacar a la luz mucho fraude fiscal en Francia y también en España. Y nos gustaría contar con técnicos de Hacienda, profesores y profesionales del mundo de
la tributación. En definitiva, esta es nuestra propuesta.
Termino ya, señor presidente. Para rechazar la proposición no de ley que realiza el Grupo Socialista se me podrá argumentar que el Gobierno ya ha creado la Oficina nacional de la fiscalidad internacional, ONFI. Nos parece insuficiente
dicho argumento, si me permiten, señor presidente, señorías. Nos parece insuficiente ya que, además de los problemas de coordinación y funcionales con la ONIF, se necesitan más medios en la tarea de la lucha contra el fraude, cambios regulatorios
de fondo en la legislación española y remitir al Congreso anualmente indicadores medibles de la eficacia de la lucha contra el fraude y del gran fraude internacional. No ayuda a la lucha contra el fraude y al objetivo de esta proposición no de ley
haber reducido los recursos a la Agencia Tributaria en estos dos últimos presupuestos en torno a un 12%; no ayuda en la lucha contra el fraude la amnistía fiscal en la repatriación de dividendos fiscales pagando solamente el 10%, como el Gobierno
del Partido Popular ha aprobado.
Señor presidente, señorías, en realidad la propuesta fiscal que permite que las clases medias y las pymes paguen menos impuestos es la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, máxime en un país que tiene unos recursos humanos y materiales
para luchar contra el fraude fiscal que son la mitad de los de los países más desarrollados de la Unión Europea. Por tanto, en todos los debates que tenemos sobre impuestos la propuesta eficaz es la que, a mi juicio, realiza el Partido Socialista,
que es luchar contra el fraude fiscal y la elusión fiscal nacionales e internacionales. Solo con eso los ciudadanos de renta media y las pymes van a pagar menos impuestos.
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas planteadas a esta proposición no de ley.
Tiene la palabra el señor Picó, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PICÓ I AZANZA: Es incuestionable que la competencia fiscal entre sistemas es legítima, tal y como afirma la OCDE, no existen particulares razones para afirmar que dos países deban tener el mismo nivel y estructura de tributación.
La reducción del nivel de tributación depende exclusivamente de consideraciones de orden interno que, de manera ineludible, están conectadas con el concepto de soberanía, concepto cada vez con una mayor debilidad, más en el seno de la Unión Europea.
La competencia fiscal entre territorios no es mala por sí misma, el problema de fondo en este sentido consiste en que esta competencia pueda llegar a erosionar las bases fiscales de los demás países y pueda ser utilizada por la ausencia de
intercambio de información para reducir o eludir el hecho de la carga tributaria en otros Estados.
Creo que es importante poner en contexto internacional la iniciativa que hoy debatimos. Quiero recordar que en el ámbito de la Unión Europea se ha perfeccionado el intercambio de información tributaria entre Estados gracias a la Directiva
2011/16. También estamos esperando de la OCDE -creo que en pocas semanas lo tendremos- el próximo informe sobre la erosión de bases imponibles y la deslocalización de beneficios. En el seno del Consejo Europeo -por ejemplo, el de marzo de 2012-
los Estados
miembros pidieron a la Comisión que se desarrollaran rápidamente medidas concretas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, también en lo relativo a terceros países. Así, la comunicación del mes de junio de 2012 contempla que la
Comisión presente un plan de acción sobre la lucha contra el fraude y la evasión con medidas específicas. Asimismo, la semana pasada el Consejo Europeo acordó tomar medidas para luchar contra la evasión fiscal y el fraude fiscal, proseguir los
trabajos en relación con las recomendaciones de la Comisión sobre la planificación fiscal agresiva y la deslocalización de beneficios proponiendo presentar antes de final de este año una propuesta de revisión de la Directiva sobre sociedades
matrices y filiales, examinando las disposiciones contra los abusos recogidas en la correspondiente legislación de la Unión Europea. Asimismo, en esta comunicación del Consejo se reclamaba que los esfuerzos realizados para combatir la elusión de
las bases fiscales imponibles, la deslocalización de los beneficios, la falta de transparencia y las medidas fiscales perniciosas tenían que llevarse también al ámbito mundial, es decir, con terceros países y en los foros internacionales. Por
tanto, en el plano internacional y muy singularmente en el plano de la Unión Europea se están tomando decisiones en este sentido.
La proposición no de ley que nos propone hoy el Grupo Parlamentario Socialista reclama un informe del Gobierno, reclama un debate en esta Comisión, reclama comparecencias, reclama una toma de posición de los grupos parlamentarios mediante
propuestas de resolución y su votación. El grupo proponente formulaba de forma avanzada sus propuestas. Que el Congreso quiera participar en este proceso de concreción de normas antielusorias y de elusión de bases impositivas evidentemente nos
parece correcto y, como diputado, lo deseo. Además, deberían tomarse en cuenta las posibles medidas que está considerando la Unión Europea, cuestión que no aparece en su proposición no de ley. Muy posiblemente -y lo entenderá el Grupo Socialista-
las comparecencias que propone la iniciativa podrían haberse obviado y reservado para el momento procesal oportuno, en el caso de que esta iniciativa se apruebe. Estando de acuerdo con la necesidad de tomar medidas y considerando positiva la
participación del Congreso en este proceso, nuestro grupo votará a favor, pero, repito, echando en falta alguna referencia a los trabajos que se están realizando en este ámbito dentro de la Unión Europea y otros organismos internacionales.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, aprovecho mi intervención para aclararle al portavoz socialista de la anterior proposición no de ley, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que no fui yo la portavoz que se pronunció sobre el
sistema de financiación de la Comunidad Valenciana.
Dicho esto, sobre la iniciativa del Grupo Socialista en la que insta al Gobierno a elaborar un plan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales, debo indicarles, en primer lugar, que nuestro
grupo va a rechazarla, pero no porque no consideremos interesante el contenido de la misma, sino porque el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la propia Agencia Tributaria están trabajando ya en la línea que proponen en su iniciativa. Somos los
primeros interesados, el Grupo Parlamentario Popular, en que los grandes grupos multinacionales paguen sus impuestos con justicia y con equidad. A esta tarea llegan tarde porque deberían explicar por qué se preocupan del desplome que ha sufrido la
recaudación del impuesto sobre sociedades ahora y no se preocuparon absolutamente nada cuando estuvieron en el Gobierno. En cambio, este Gobierno del Partido Popular sí se ha preocupado de cambiar la normativa del impuesto sobre sociedades y la Ley
General Tributaria para introducir cláusulas antiabuso que garanticen la tributación en territorio español de estas grandes multinacionales. También se ha preocupado de que las mayores subidas impositivas las estén pagando las grandes empresas.
Por tanto, lecciones del Partido Socialista en materia de justicia tributaria, las justas, señorías, porque es necesario predicar y dar trigo.
Efectivamente, la lucha contra el fraude fiscal internacional se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de todas las organizaciones internacionales y España -el Gobierno del Partido Popular, a través del Ministerio de Hacienda y
de la Agencia Tributaria- forma parte muy activa en todos los foros internacionales en los que se debaten estas cuestiones. Forma parte de los trabajos del Foro de administraciones tributarias de la OCDE y forma parte de la estrategia del Foro
global sobre transparencia e intercambio de información de la OCDE. La Comisión de la Unión Europea establece medidas concretas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal internacional. Precisamente en el último Consejo Europeo celebrado hace
pocos días, como usted sabrá, este asunto ha tenido un protagonismo especial y todos los dirigentes europeos se han comprometido a acelerar los trabajos en esta materia. Por tanto, la lucha
contra el fraude fiscal internacional constituye un objetivo prioritario en la actuación de la Agencia Tributaria, que se refleja en los planes de control tributario que anualmente elabora la agencia. Para ello, para luchar contra el fraude
fiscal internacional, resultan fundamentales los instrumentos de intercambio de información entre administraciones tributarias, con los que durante el año 2012 se ha conseguido una información muy relevante a efectos del descubrimiento de
patrimonios y fuentes de renta radicados en territorios calificados tradicionalmente como paraísos fiscales. Se ha seguido por parte de la Agencia Tributaria una doble línea de actuación, se han firmado nuevos acuerdos de intercambio de información
tributaria, en el marco de los convenios de doble imposición, que es un instrumento fundamental para perseguir el fraude de bienes o sociedades radicadas en paraísos fiscales, y, por otro lado, un importante apoyo y una presencia muy importante en
los trabajos del Foro global de transparencia que se están realizando por encargo del G-20 para evaluar la normativa de los distintos países. Por tanto, en el ámbito de la fiscalidad internacional la Agencia Tributaria ha centrado sus actuaciones
de control sobre la utilización abusiva de precios de transferencia. Decía el portavoz del PSOE que era necesario actuar, efectivamente es necesario hacerlo y se está haciendo, en operaciones de reestructuración empresarial, especialmente de
grandes empresas.
La planificación fiscal abusiva ha constituido uno de los principales focos de atención en el año 2012 de la Agencia Tributaria. Y no solo eso, sino que en el ejercicio 2013 la Agencia Tributaria va a intensificar la lucha contra ese fraude
fiscal internacional y estas actuaciones se enmarcarán en un nuevo contexto que es la aprobación de la nueva Ley 7/2012, de lucha contra el fraude fiscal. Porque dicha ley incorpora un amplio conjunto de medidas normativas que tienen un carácter
novedoso y que van a colocar nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude. En particular y en relación con el riesgo fiscal específico de ocultación de activos en el extranjero, como ustedes saben, en esa Ley de lucha contra
el fraude se ha incorporado una nueva obligación informativa que nosotros consideramos clave para obtener información en la lucha contra el fraude fiscal internacional. En esta obligación de información que se refiere a toda persona física o
jurídica deben incluirse todas las cuentas de titularidad que estén situadas en territorio extranjero. Todas las cuentas en las que se tenga poder de disposición o bien de las que sean titulares. También hay que declarar los valores o derechos
representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, y también hay que declarar en ese nuevo modelo de declaración tributaria los bienes inmuebles situados en el extranjero
sobre los que se tenga la titularidad. Por tanto, esa declaración va a servir sin duda como una herramienta fundamental para que la Administración tributaria determine a aquellos obligados tributarios residentes en España, tanto personas físicas
como jurídicas, que no hayan declarado derechos o bienes inmuebles situados en el extranjero. Y su descubrimiento va a dar lugar a que se imputen como ganancias de patrimonio y que se imputen al periodo impositivo más antiguo de los no prescritos,
con lo que se va a implantar la no prescripción de los bienes o derechos descubiertos en el extranjero y que no hayan sido declarados. Esto es una novedad de la Ley de lucha contra el fraude aprobada por el Gobierno del Partido Popular que
consideramos de gran importancia en la lucha contra el fraude fiscal internacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Voy concluyendo.
Desde el punto de vista organizativo, como citaba el portavoz, se ha creado en el seno de la Agencia Tributaria la Oficina nacional de fiscalidad internacional que, a nuestro juicio, jugará un papel fundamental en este ámbito.
En definitiva, señorías, vuelvo a repetir que la lucha contra el fraude fiscal de las empresas multinacionales está constituyendo un objetivo prioritario para la Agencia Tributaria y, en consecuencia, votaremos en contra de su iniciativa.
- PARA HOMOGENEIZAR Y MEJORAR LAS ESTIMACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001591).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º original del orden del día. Proposición no de ley para homogeneizar y mejorar las estimaciones en los presupuestos de las administraciones públicas, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Popular. Para defenderla tiene la palabra el señor Villanueva.
El señor VILLANOVA RUEDA: Señorías, en España en los últimos años se han realizado importantes cambios en el proceso presupuestario que hacen que el nuevo marco fiscal europeo y español sea más
consistente y más transparente. En nuestro país juega un papel muy importante la Administración central como garante de la estabilidad presupuestaria de todo el sector público, tal como está consagrado en la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y de sostenibilidad financiera, que exige que se desarrollen los mecanismos necesarios para que ese control sea efectivo respetando el principio de autonomía financiera de las administraciones territoriales. En este sentido, en el
artículo 15 y el capítulo IV de dicha ley se establecen los mecanismos de control de que dispone el Gobierno para cumplir con sus obligaciones legales e internacionales. En el ámbito europeo la nueva gobernanza económica supone un importante avance
en la coordinación y en la supervisión de las políticas fiscales de los Estados miembros introduciendo mayores exigencias dirigidas a mejorar la calidad de los marcos presupuestarios nacionales, entre las que se encuentra la necesidad de que la
planificación presupuestaria se base en previsiones macroeconómicas y presupuestarias más fiables y realistas realizadas por órganos independientes.
En cumplimiento de esta obligación europea y como garantía adicional para mejorar los mecanismos y fiabilidad de la presupuestación de las administraciones públicas se aprobará próximamente un proyecto de ley orgánica de creación de una
autoridad independiente de responsabilidad fiscal como un órgano con autonomía funcional respecto al Gobierno, que velará por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las administraciones
públicas mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas.
El escenario económico en el que se encuadra la elaboración de los presupuestos para los próximos ejercicios, señorías, continúa siendo muy complicado y está muy marcado por la crisis financiera y económica que atraviesa Europa, agravada en
España por el significado deterioro de las finanzas públicas y la importante tasa de desempleo. Señorías, es fundamental la senda del crecimiento económico y para ello es necesario cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, de conformidad con la normativa nacional y europea aplicable. En definitiva, es necesario que el sector público se oriente aún más a la consecución del reequilibrio presupuestario y financiero para dotar de credibilidad a
las cuentas públicas y lograr su sostenibilidad, condición indispensable para garantizar el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos así como para promover las condiciones idóneas que permitan un crecimiento sostenible.
Señorías, también es necesario desarrollar el artículo 135 de la Constitución que obliga a todas las administraciones al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, a la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Señorías, ya conocen ustedes la imagen que tenemos los políticos en la actualidad. Todos los esfuerzos que hagamos son
pocos y, por ello, la transparencia es un valor emergente. Creo que debemos estar orgullosos de lo conseguido hasta ahora con la descentralización del Estado, pero en un mundo más globalizado se hace necesario aprovechar al máximo la suma de todos.
Las potencialidades que tienen todas las administraciones públicas de nuestro país en coordinación nos harán más fuertes ante los grandes retos del siglo XXI. Para lograr estos objetivos se considera conveniente y necesario y acorde con los
principios de transparencia que deben de regir el funcionamiento de la Administración que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establezca un código de buenas prácticas para la elaboración de los presupuestos de todas las
administraciones públicas que, sobre la base del cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado, a los ingresos históricos de la propia Administración y a sus parámetros tributarios, permita estimar las partidas presupuestarias de
ingresos y de gastos de aquellas que al no estar sometidas a presupuesto limitativo pudieran desviarse durante la ejecución. Este procedimiento y su posible implementación en una herramienta informática serían instrumentos de la máxima utilidad
para lograr una mayor homogeneidad entre las estimaciones en que se basen los presupuestos de todas las administraciones públicas y para incrementar, sin duda alguna, su seguridad jurídica.
Para finalizar, es muy necesario conseguir un buen resultado en los objetivos presupuestarios del país en su conjunto. No nos sirve que vayamos cada uno por nuestro lado. Al final, el resultado que importa ante Europa es el resultado del
conjunto de los españoles. Contar con este instrumento de coordinación en la planificación presupuestaria y en el establecimiento de planificación plurianual a fin de asegurar la cobertura exhaustiva y coherente de todas las administraciones
públicas supondrá un salto cualitativo importante en la corresponsabilidad presupuestaria en este país y sin duda alguna contribuirá al crecimiento económico y, por ende, a la creación de empleo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas planteadas a esta proposición no de ley. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Cuando hemos estado leyendo la proposición no de ley nos ha sorprendido precisamente que se quiera conjugar el código de buenas prácticas para la elaboración de los presupuestos de las administraciones públicas con
los fundamentos jurídicos de la Ley de estabilidad presupuestaria, concretamente el artículo 15 y el capítulo IV. Es precisamente en esos preceptos donde se establece la capacidad que tiene el Gobierno de España de imponer a las administraciones
territoriales sanciones ante el incumplimiento de los objetivos que se fijan en la ley y vienen fijados cada año por el Gobierno, llegando incluso, en el caso de las corporaciones locales, a la disolución de la entidad local. A veces las palabras
pueden tener interpretaciones que llevan mucho más lejos e incluso en sentido contrario a lo que parece. Nosotros estamos de acuerdo con las buenas prácticas. Además, es aconsejable que las buenas prácticas informen la actividad del conjunto de
las administraciones públicas, de todas, incluso las del Gobierno de España, por descontado.
Aquí lo que estamos viendo es que tenemos que conjugar dos principios. Uno de ellos es el de que el conjunto de administraciones públicas consigan un objetivo común, tal como se ha dicho, que es el objetivo que nos debe mover a todos los
Gobiernos y al conjunto de administraciones públicas, pero en un Estado compuesto como el nuestro eso debe hacerse respetando las competencias de todas y cada una de las administraciones públicas. Creo que lo lógico hubiese sido apoyarse en estos
fundamentos jurídicos y además referenciarlo a otros artículos de la propia ley, en concreto al artículo 9, sobre el principio de lealtad institucional, y al artículo 10, sobre la coordinación entre las administraciones públicas y el respeto que
debe en todo caso tener del principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y no ha sido así. Con lo cual, una declaración de buenas intenciones cuando lo que estás viendo es que el foco de la atención se
pone más en el control ex post y en las medidas coercitivas hacia las administraciones públicas y te están pidiendo que te pongas de acuerdo en aplicar unos criterios muy homogéneos a la hora de elaborar los presupuestos cuando se supone que todas
las administraciones públicas, en virtud de su normativa, ya están haciendo o deberían hacer eso y tienen sus controles internos, nos causa una cierta sorpresa. Aquí es cuando, una vez más, echamos en falta mecanismos de encuentro, de coordinación,
propios de un Estado compuesto, como es el caso de un Senado que cumpliera las funciones típicas de un Estado federal. Ahí es donde se discute precisamente por parte de los Gobiernos cuáles son esos objetivos compartidos y de qué mejor manera se
consiguen. Por tanto, no es el principio vertical de jerarquía de que el Gobierno de España es el que controla e impone mediante normativas a los demás Gobiernos la consecución de esos objetivos, sino que es más bien todo lo contrario, tendría que
ser a partir del acuerdo, del consenso, de la cooperación y del encuentro para conseguir entre todos de forma voluntaria un objetivo común y compartido. Por tanto, partiendo de esa base y entendiendo que es cierto que las buenas prácticas son
aconsejables en todos los supuestos, nuestro grupo se va a abstener en la votación a la espera de ver exactamente qué hay detrás de ese enunciado que, hoy por hoy, no vemos nada claro en cuanto a sus fundamentos.
- SOBRE LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON SUS ACREEDORES COMERCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001683).
El señor PRESIDENTE: Quedan dos proposiciones no de ley por debatir. Para facilitar la intervención de todos los portavoces y si no le parece mal al que le correspondería, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), debatiríamos primero la última, la de UPyD, y finalmente la suya. (Asentimiento).
Tiene la palabra el señor Anchuelo para defender la proposición no de ley sobre la morosidad de las administraciones públicas con sus acreedores comerciales, del Grupo Parlamentario de UPyD.
El señor ANCHUELO CREGO: Uno de los aspectos más graves de la actual crisis económica en España ha tenido que ver con el comportamiento de las administraciones públicas. Las administraciones públicas, como saben sus señorías, han
incumplido masivamente sus compromisos de pago con sus proveedores, y no solo han incumplido sus compromisos de pago, sino que a menudo esto iba acompañado de prácticas tales como la ocultación de facturas o la no contabilización de esas facturas.
Los efectos de estas prácticas sobre muchas pequeñas y medianas empresas y sobre muchos autónomos han sido
demoledores. Se han encontrado con una disminución de ingresos inesperada en un momento de dificultades económicas, en un momento de muy difícil acceso al crédito. Esto ha provocado la quiebra de numerosas pequeñas y medianas empresas y de
numerosos autónomos.
Pediría a sus señorías que por un momento nos pusiésemos en la situación de una de estas personas e intentemos imaginar su impotencia cuando su negocio se hunde porque no le paga una administración pública, una administración pública que
simultáneamente le está exigiendo el pago del IVA cuyas facturas no ha pagado. Esa es la situación que muchos miles de pequeños empresarios han atravesado. Esto evidentemente pone en riesgo la propia seguridad jurídica, afecta gravemente al
funcionamiento de la economía y es inaceptable en un Estado de derecho. Estas prácticas también han indicado importantes fallos de funcionamiento en nuestras administraciones territoriales a todos los niveles, sobre todo en los niveles autonómicos
y municipales.
Frente a este problema, el actual Gobierno del Partido Popular ha adoptado algunas medidas, la más importante de ellas es el plan de pago a proveedores en sus dos fases que ha movilizado 28.500 millones de euros. Unión Progreso y Democracia
apoyó estas medidas porque somos, por supuesto, favorables al pago de las facturas a los proveedores, pero señalamos en la discusión de este primer plan de pago a proveedores que nos preocupaban una serie de cuestiones. Por ejemplo, creíamos que la
condicionalidad era insuficiente, creíamos que la quita de intereses en cierta manera estaba incentivando a los incumplidores y que la exigencia de responsabilidad por lo sucedido era mínima, ni siquiera responsabilidades políticas a esos gestores
que habían ocultado o no contabilizado facturas. Por eso nos preocupaba que el problema fuese recurrente, que resurgiese y que lo que se planteaba como excepcional se convirtiese en algo ordinario que se repetía una y otra vez. Y nos tememos que
eso es esencialmente lo que ha sucedido, porque todas las informaciones indican que ya se han acumulado otros 10.000 o 12.000 millones de facturas impagadas y, según las asociaciones de autónomos, de esos 10.000 o 12.000 millones 5.000
corresponderían a autónomos.
Este es el motivo de esta proposición no de ley, intentar solucionar de manera definitiva la morosidad de las administraciones públicas con sus proveedores. Creemos que su oportunidad además viene realzada por dos acontecimientos recientes.
Uno tiene que ver con el Real Decreto-ley 4/2013, donde se establecen normas, fruto de una trasposición de directivas europeas, para fijar el plazo legal de pago en treinta días. Sin embargo, nos preocupa que esto sea algo que quede solo sobre el
papel. Siempre ha habido límites legales de pago, pero no se trata de que estén en el papel, de que estén en el real decreto, sino que sean efectivos y que se cumplan. ¿Qué impedirá que se incumpla el nuevo plazo?
El segundo acontecimiento reciente que creemos que realza el interés de esta proposición no de ley son las últimas declaraciones del ministro de Hacienda ayer mismo cuando hablaba de unas nuevas fases en estos planes, pero que creemos que al
menos por lo declarado hasta ahora no van en la dirección adecuada, porque él habla de dar más dinero a las comunidades autónomas para que las comunidades a su vez paguen a los ayuntamientos.
Nosotros querríamos contribuir a esta nueva fase con la propuesta que ahora planteamos y que se explica muy sencillamente. El contenido de la proposición no de ley realmente es sencillo y fácil de explicar brevemente. Consiste en que
cuando se sobrepase el plazo legal de pago de treinta días en facturas de cualquier Administración, de cualquier comunidad autónoma o de cualquier ayuntamiento, estas puedan ser cobradas por el empresario directamente en la Administración central,
que, por supuesto, posteriormente, descontaría esos importes de las transferencias que realiza a la Administración incumplidora. Es decir -repito-, si se sobrepasa el plazo legal de treinta días, el empresario puede cobrar directamente del Estado
esas facturas y este, a su vez, descontaría los importes a la Administración incumplidora. Creemos que las desventajas de esta propuesta son múltiples. Todo esto que siempre se ha declarado desde hace tiempo, sacar las facturas de los cajones,
poner el contador a cero, que se cumpla el plazo legal, se lograría con esta propuesta, se daría una solución definitiva a este problema y se establecería un mecanismo permanente para que no se reproduzca en ningún momento este tipo de prácticas tan
perniciosas para los empresarios.
Junto a esto, que es lo esencial de la propuesta, se contempla también un segundo aspecto que querría resaltar porque es normalmente olvidado cuando se habla de morosidad pública, y es que, a menudo, en los contratos públicos hay una empresa
principal que tiene subcontratistas y, sin embargo, se han dado casos en los que la empresa principal acaba cobrando de la Administración y el subcontratista no recibe los pagos que le corresponderían. Por eso, nuestra proposición no de ley llama
la atención también sobre este segundo aspecto del problema, muy importante y a menudo olvidado. Es importante
que las administraciones paguen a sus proveedores, pero es también importante que estos proveedores, si han subcontratado parte de la actividad, paguen a su vez a las pymes, a los autónomos, a los que hayan subcontratado. La relevancia de
este problema viene indicada por datos. En la primera fase del Plan de pago a proveedores de las comunidades autónomas un 61% de los pagos fueron a grandes empresas y en la segunda fase un 72% fueron a grandes empresas; es decir, la mayor parte de
los pagos, dos terceras partes, tres cuartas partes, son a grandes empresas, pero a menudo esas grandes empresas -insisto- tienen subcontratistas y hay que garantizar que esos pagos llegan también a ellos.
Estos son los dos aspectos esenciales de la proposición no de ley. Es una proposición que se hace con ánimo constructivo, que creemos que sería útil para solucionar definitivamente este grave problema, y por eso solicitamos el apoyo del
resto de grupos y, muy especialmente, el del grupo mayoritario, el del Partido Popular, que a fin de cuentas es el que, en último término, tiene capacidad de decisión.
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor Anchuelo, al Grupo Socialista le parece oportuna la proposición no de ley que presenta y el contenido de ella, sin embargo creemos que se queda corta. Propone medidas muy concretas y que quizá no acabarían
de solucionar todo el problema. Se lo explico. Los planes de pago a proveedores que ha puesto en marcha el Gobierno no han acabado con el problema total de las personas que venden sus servicios a la Administración. Esos planes supusieron casi
30.000 millones de euros y han logrado disminuir el plazo de pago de las administraciones, pero solo lo ha hecho en un 13% y, por tanto, la mejora no ha sido suficiente. Además, estos planes han provocado también efectos perversos, porque por
ejemplo las administraciones locales, al aceptar esos préstamos, se han visto obligadas a reducir su plantilla en más de un 12%; y ha habido administraciones que han vuelto a acumular nuevas facturas, esperando un nuevo plan y una quita de
intereses, como así reconoce la exposición de motivos de la proposición no de ley. Se ha dado el caso, incluso, de que algunas comunidades autónomas que pagaban en unos plazos razonables, han alargado estos plazos.
La plataforma contra la Morosidad, que fue la impulsora de la Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad, ha planteado medidas para obligar a las administraciones públicas a cumplir con los plazos de esa ley, porque esta ley en momentos de
crisis, como los que estamos viviendo, se ha mostrado ineficaz en esta situación. Por ello, ellos proponen, y sería bueno, que, mediante una reforma de la Ley 15/2010 o una nueva ley, como propone la proposición no de ley, se incluyera un régimen
sancionador para los incumplimientos, como ha hecho, por ejemplo, Francia, que tiene bastante controlados los plazos de pagos de las operaciones comerciales. Además, estas medidas deben atender -tiene razón- a los cumplimientos de plazos
establecidos en la ley, porque la ley marca plazos y la directiva nueva marca plazos para el pago de los contratistas de las administraciones a los subcontratistas, que generalmente son pequeñas y medianas empresas que ven peligrar su existencia, de
hecho muchas han cerrado por falta de liquidez unido a la falta de crédito que están sufriendo. La lucha contra la morosidad debería de ser un proyecto de competitividad en nuestro país, porque muchas de esas empresas juegan con desventajas sobre
países que pagan con plazos más recortados.
Esperamos que el nuevo plan que diseña el Ministerio de Hacienda ponga, como ha dicho el ministro, el contador a cero, que sea el último, que quede claro que es el último, y a partir de ahí se haga una reforma de la ley o una nueva ley que
obligue a las administraciones a cumplir realmente los plazos. Pero tiene que incluir, aparte de ese régimen sancionador, medidas, por ejemplo, de agilización de los procedimientos judiciales; un compromiso para que se agilicen esos
procedimientos; impulsar figuras, como mediadores, que también los tiene la legislación francesa, para impedir la judicialización de los conflictos por impago. Todo eso contribuirá a mejorar la competitividad de nuestras empresas y a mejorar su
liquidez.
Nosotros vamos a votar a favor de su PNL, porque las medidas también contribuyen a mejorar la situación de demora en los cobros, pero, como ya le he dicho, parece insuficiente, porque ¿qué ocurriría si la Administración central tampoco
cumple esos pagos ni acude al pago de esas deudas? Tenemos que tener otros recursos y la reforma de la ley debe ser más amplia.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Empezaré mi intervención diciendo que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa de UPyD, agradeciendo sin embargo el buen espíritu que dicha propuesta tiene, y vamos a votar en contra
porque nosotros venimos trabajando desde que asumimos el Gobierno central en esta línea, y todo ello como consecuencia de una herencia recibida de déficit público, de deuda pública insostenible. En este sentido, hemos tomado diferentes medidas al
respecto. Le voy a decir por qué vamos a votar que no, porque esas medidas que están teniendo notabilísimo éxito van a venir acompañadas de otras, y hay que enmarcarlas dentro de un corpus iuris general que establece nuestra Constitución, después
de aquel mayo fatídico del señor Zapatero en donde hubo, con el apoyo del Partido Popular, que modificar la Constitución y, como consecuencia de aquella modificación de la Constitución, promulgar una ley de estabilidad financiera. Este marco de
estabilidad financiera y presupuestaria, establecido en la ley de su mismo nombre y en la Constitución, recoge no sólo lo que es la deuda financiera típica sino también la deuda comercial, porque dentro del conjunto de la deuda pública hay que tener
en cuenta esos dos sumandos. Hasta ahora no se habían tenido en cuenta esos acreedores no financieros que tenían las entidades locales y las comunidades autónomas y a partir de la Ley de Estabilidad Financiera y Presupuestaria sí se tienen en
cuenta. Esta modificación de la Constitución y la promulgación de la Ley de Estabilidad Financiera y Presupuestaria no hacen más que constatar, desgraciadamente, el fracaso de las medidas tomadas por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que
fueron el Decreto-ley 5/2009 y el Decreto-ley 8/2011. En ambos casos se trataba de garantizar, mediante un aval del Estado, unas líneas ICO y, en el segundo decreto-ley, habiendo fracasado el primero, lo que se establecían eran ya directamente unas
líneas de financiación ICO -alguna incluso está todavía vigente-, pero no se ha sido capaz de instrumentar por parte de los acreedores comerciales ni por parte del ICO. A partir de entonces, el Gobierno toma una serie de medidas, el Gobierno del
Partido Popular, que tienen como objetivo primordial la creación o el mantenimiento del empleo, pagando a todos los proveedores que tenían cantidades pendientes de cobrar de las administraciones públicas, y para ello se promulga el Decreto-ley
4/2012, en el cual se establece cómo se tiene que pagar a los proveedores y también líneas de financiación y préstamos a largo plazo. Eso sí, es una financiación condicionada a que por parte de estas entidades territoriales se llegue a planes de
ajuste que permitan en el futuro no incurrir en la misma situación. El Decreto-ley 4/2013 también amplía el ámbito objetivo de los pagos a proveedores, extendiéndolo a concesiones, convenios, encomiendas de gestión, alquiler de inmuebles, etcétera,
porque la propia actividad del Decreto-ley 4/2012 venía siendo escasa, muy limitativa. Por lo tanto, el Decreto 4/2013 amplía ese ámbito objetivo de pago a proveedores. En este sentido, el Decreto-ley 4/2013 recoge todas las recomendaciones y la
Directiva 2011/7, en la que se establece una serie de medidas -que ha citado antes la portavoz del Grupo Socialista-, un calendario de pagos y sobre todo un interés de demora que es coercitivo, más que un interés de demora en sentido estricto,
porque se establecen 8 puntos porcentuales a aquellos que retrasen el pago a proveedores, a lo cual hay que añadir los intereses de demora del Banco Central Europeo.
Nuestro Gobierno -y hay que felicitar en este sentido al ministro de Hacienda- ha establecido un sistema de pago a proveedores con notabilísimo éxito. El primer Plan de pago a proveedores ha sido de casi 5 billones de pesetas, se dice
pronto, y se ha atendido -como ustedes saben y no quiero repetírselo- en una primera fase en las comunidades autónomas a un 37,2 de pequeñas y medianas empresas, a un 1,5 de personas físicas y a un 72%, en una segunda fase, de grandes empresas. Por
lo tanto, creo que han sido beneficiados todos los ámbitos objetivos de prestación de servicios a comunidades autónomas y ayuntamientos, en diferente medida, pero básicamente -como se ha dicho antes- a las grandes empresas, que son las grandes
suministradoras de servicios y de prestaciones de bienes a las entidades territoriales. Lo que se ha hecho con este pago a proveedores de 28.460 millones de euros ha sido atender al mantenimiento del empleo en esas empresas que colaboran en la
administración y la gestión de los ayuntamientos y comunidades autónomas de forma muy importante. Y no es que lo diga el portavoz del Grupo Popular, es que el ministro de Hacienda, señor Montoro, ha sido premiado por este plan con el Premio Impulsa
-tengo aquí su contenido- e incluso con el Premio Joly, que es un grupo editorial importante en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza. Por tanto, ese reconocimiento externo al Plan de pago realizado por el Gobierno del Partido
Popular así como al que viene y está en marcha, con todos los ajustes que ha sido necesario hacer, es lo que determina que vamos por el buen camino, que nos hemos adelantado a todas las medidas, que agradezcamos mucho al señor Anchuelo la
proposición no de ley que ha hecho, pero creo que cuando una cosa funciona lo mejor es no tocarla y seguir por la misma vía.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A LOS EFECTOS QUE LAS ENTIDADES LOCALES CON SUPERÁVIT PUEDAN DESTINAR SUS REMANENTES POSITIVOS A INVERSIÓN O A PLANES DE EMPLEO LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001679).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a debatir la que será la última proposición no de ley del día de hoy, que es la que lleva el número 6.º del orden del día, sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a los efectos de que
las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local, formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para defenderla tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señorías, quizás esta proposición no de ley llegue un poco tarde a resultas de las manifestaciones del señor Beteta, secretario de Estado, en su última comparecencia, pero mantenemos la proposición no de ley en el
sentido de que hay que reconocer el trabajo y las responsabilidades que hacen y asumen cada una de las administraciones. Voy a leer unos datos referentes a remanentes de tesorería para gasto corriente agregado a las entidades locales en 2010, para
manifestar que era positivo en 1.423 millones de euros. Una cifra de 6.800 municipios acumularon entre todos 1.016 millones. Me refiero a la mala imagen -lo reitero cada vez que tengo ocasión- que se ha proyectado en estos últimos tiempos sobre
los municipios. Según el Ministerio de Hacienda, el 31 de diciembre de 2011 la totalidad de la deuda de los municipios ascendía a 28.460 millones de euros; el municipio de Madrid en cabeza con 6.347 millones de euros, los diez primeros municipios
más endeudados acumulaban 11.242 millones de euros. ¿Y adónde voy? Que 6.520 municipios tienen una deuda inferior al millón de euros y, de estos, 3.133 municipios no tienen deuda, no deben nada. La proposición no de ley no necesita justificación,
es evidente que el Gobierno debe legislar para mantener esos municipios con superávit o remanente de tesorería acumulado durante años en su línea de gobierno, atendiendo a que los hechos demuestran su capacidad. Al desarrollarse la Ley de
Estabilidad Presupuestaria lógicamente se hizo con mucha premura, muy rápidamente y aquí el Gobierno, justificado pero de una manera yo diría precipitada, no pensó de qué modo alteraba la vida de estos entre 6.000 y 7.000 municipios de todo el
Estado.
Por lo tanto, mantenemos la proposición no de ley. Hemos transaccionado una enmienda con el Grupo Socialista y quedaría, señor presidente, de esta forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar el desarrollo normativo
oportuno para dar cumplimiento a la disposición adicional septuagésima cuarta de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado del año 2013 y así impulsar la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de permitir que los entes locales que dispongan de superávit presupuestario en términos SEC y de remanente positivo de tesorería y a la vez no superen los límites de endeudamiento
establecidos legalmente, puedan destinar el remanente a inversión de estímulo al crecimiento económico sostenible y de financiación de políticas locales de creación de empleo y planes de empleo para personas desempleadas.
El señor PRESIDENTE: Como se anunciaba, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. De todas formas, le ruego que haga llegar la transaccional a la Mesa. Para defenderla, tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Intervendré brevemente para señalar que, como ha indicado también el portavoz de CiU, el Grupo Socialista ha transaccionado con ellos su proposición no de ley, una transacción que consideramos interesante en la
línea de lo que ya venimos manifestando reiteradamente desde el Grupo Socialista, y es que aquellos ayuntamientos que arrojen superávit en la liquidación presupuestaria en este caso del año 2012, puedan destinarlo básicamente a una reactivación
económica, a la generación de empleo, a aquellas actuaciones sostenibles que permitan coadyuvar ese esfuerzo colectivo de todas las instituciones en España para ir actuando frente a la crisis. El Grupo Parlamentario Socialista ya presentó, con
fecha de registro de 21 de marzo del presente año, una proposición no de ley para tratar en Pleno la misma idea que ha expuesto CiU, para que este órgano se manifestara sobre esta cuestión. En ese sentido, se proponía que se realizara por parte del
Gobierno un desarrollo normativo para dar cumplimiento a lo aprobado vía enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, atendiendo una solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias, asumida y planteada por
el Grupo Parlamentario Socialista, para que el artículo 32 de la Ley Orgánica de 27 de abril
de 2012, Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contemplara la situación de aquellos ayuntamientos que, teniendo un superávit en su liquidación presupuestaria, pudieran destinar ese dinero, estando además por debajo
de los límites máximos de endeudamiento, al estímulo del crecimiento económico, a la cohesión social en una palabra. Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista venía acompañada también de otra propuesta en el sentido de llevar a
cabo las modificaciones legales necesarias para posibilitar que el superávit destinado a la generación de nuevas inversiones no se viera afectado por el techo de gasto.
Hay coincidencia, por tanto, en la intención, entiendo que de todas las partes. Si es así, no debería haber inconveniente para que todos los grupos apoyen la transacción entre CiU y el Grupo Parlamentario Socialista, bien entendido que no
se trata nuevamente de señalar a los ayuntamientos como culpables de la situación de déficit público que arrastra el país, que en todo caso a los ayuntamientos les corresponde la parte menor, como señalábamos el otro día en la comparecencia del
señor Beteta. Debo añadir, por otra parte, que son más de 5.000 los ayuntamientos que han tenido un superávit en su liquidación presupuestaria en el año 2012, que están haciendo muy bien los deberes. De hecho, los han hecho la mayoría de ellos
durante mucho tiempo, muchos años, a pesar de que el Gobierno y el Partido Popular parece que en ocasiones se empeñan en una campaña de acoso y derribo a los ayuntamientos, haciéndoles culpables de todo, absolutamente de todo, como está poniéndose
de manifiesto y podemos ver reiteradamente. De modo que simplemente quiero reiterar que nuestra enmienda se ha convertido en una enmienda de transacción con CiU, que consideramos que se cumplen los objetivos y que esperamos que todos los aprueben
para felicidad de los ayuntamientos y para satisfacción de la Federación Española de Municipios y Provincias.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, en último lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señorías, la iniciativa del Grupo Catalán es seguramente oportuna, pero tengo que decirle al señor Pàramo que es al mismo tiempo innecesaria. No es que llegue tarde, creo que no llega tarde, señor Pàramo, lo que sí
llega tarde, pero que muy tarde, muy tarde, es la enmienda presentada por el Grupo Socialista y defendida por el señor Elorza. Es una proposición, como digo, oportuna porque es un asunto de gran actualidad y del máximo interés para miles de
ayuntamientos que están esperando poder invertir el superávit presupuestario. Pero, como digo, es también innecesaria porque, señorías, instar al Gobierno a que haga lo que ya está haciendo creo que no parece que esté justificado ni que sea,
insisto, necesario. El Grupo Catalán de Convergència i Unió, como otros grupos de la Cámara, recogió en enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado una propuesta realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias
sobre el superávit presupuestario de las entidades locales. En este sentido, la Ley de Presupuestos para 2013 incorporó una enmienda del Grupo Popular en el Senado convertida en la disposición adicional septuagésima cuarta que establecía
efectivamente que durante el año 2013 el Gobierno, previo acuerdo con las asociaciones de entidades locales más representativas e informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales. Pues bien, eso es lo que está haciendo ya, señorías, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. La CNAL el pasado 16 de abril acordó, a propuesta del Gobierno, que los ayuntamientos saneados financieramente sostenibles, con superávit, puedan invertir en sus municipios, tal y como anunció el ministro de
Hacienda en el Pleno del día 17 de abril. Por tanto, el mandato contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se está cumpliendo.
Señorías, esta medida aprobada por el Gobierno supone un reconocimiento y un incentivo para la gestión adecuada de las entidades locales. Estamos hablando de 4.000 corporaciones aproximadamente que podrán destinar a inversión el superávit,
entidades que no superen los límites de endeudamiento y que presenten remanente de tesorería positivos. Señor Pàramo, como recogía su enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que, por cierto, usted ahora ha modificado en esta PNL, el
superávit se podrá aplicar a financiar inversiones que deben ser financieramente sostenibles, de manera que generen el menor volumen posible de gasto corriente. Señorías, las corporaciones locales efectivamente no son las causantes del déficit
público en España, como lo demuestran las cifras de su déficit provisional, un 0,15 frente al objetivo del 0,30, cifra que puede ser incluso mejor cuando se conozcan los datos definitivos. Esto significa que las entidades locales han hecho un
enorme esfuerzo para reducir el déficit,
y justo es reconocerlo, como también es justo reconocer el esfuerzo extraordinario que está haciendo el Estado para garantizar la liquidez de las entidades locales. Algún portavoz hablaba de acoso y derribo, me imagino que habrá recordado
los cuatro últimos años del Gobierno socialista del señor Zapatero, acoso y derribo a las entidades locales, porque este Gobierno en quince meses ha aprobado y ha puesto en marcha medidas muy importantes: anticipo del 50% de la liquidación de 2010;
ampliación de 60 a 120 mensualidades del plazo para el reintegro de las liquidaciones negativas de los presupuestos de 2008 y 2009; incremento de la participación en los tributos del Estado, un 20% han subido las entregas a cuenta; un primer Plan
de proveedores, al que se destinaron 10.000 millones de euros; un bloque de medidas para facilitar la liquidez y rebajar las tensiones de tesorería, ampliamente demandadas por los ayuntamientos y que no se han atendido hasta que llegó el Partido
Popular al Gobierno. A todas estas medidas habría que añadir las que están en marcha efectivamente en estos momentos, como, por ejemplo, la que debatimos hoy, que va a permitir que los ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit a
inversiones, o un nuevo Plan de proveedores en el que se incluirán las deudas de las comunidades autónomas a los ayuntamientos.
Señorías -concluyo, señor presidente- el Gobierno del Partido Popular ha demostrado en quince meses un nivel de compromiso con las administraciones locales como nunca antes había existido. Agradeciendo en este momento final de nuevo la
intervención del Grupo Catalán, quiero insistir en que no parece necesario aprobar esta iniciativa desde el momento en que el ministerio ha iniciado, como he dicho, los trámites previstos en la disposición adicional septuagésima cuarta de los
Presupuestos Generales del Estado, presentando donde tenía que hacerlo según esa propia disposición, ante el pleno de la Comisión Nacional de Administración Local del pasado 16 de abril, una propuesta para que se posibilite a las entidades locales
que se encuentran saneadas destinar el superávit presupuestario a inversiones. El propósito del Gobierno es que estas medidas entren en vigor rápidamente y para ello habrá una instrucción de la Comisión Nacional de Administración Local para hacer
efectiva la medida con carácter inmediato entre tanto se aprueba por esta Cámara y por el Senado la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante un minuto para preparar las votaciones y, a continuación, votaremos. (Pausa).
Vamos a dar comienzo a las votaciones. Vamos a proceder a la votación en el orden que figura en el orden del día para que no haya confusión. En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley sobre un nuevo planteamiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, en los términos de la autoenmienda presentada por ese mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda proposición no de ley, sobre la financiación de la Comunitat Valenciana. Había una enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular que entiendo que no es aceptada por el grupo proponente, por lo tanto votamos el
texto original del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, en tercer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un plan de acción para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas multinacionales. No hay enmienda de ningún tipo,
por tanto se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la cuarta proposición no de ley, para homogeneizar y mejorar las estimaciones en los presupuestos de las administraciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que se vota también en sus términos originales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 4; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la quinta proposición no de ley, relativa a la promoción de la implantación de la receta electrónica en el régimen especial de Seguridad Social gestionado por Muface, del Grupo Parlamentario Popular. Hay una transaccional con el
Grupo Parlamentario Socialista y se vota, por lo tanto, en los términos de esta transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la sexta proposición no de ley, sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a los efectos de que las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Existe también en este punto una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista y se vota, por lo tanto, en los términos de esta transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos el punto 7.º del orden del día, la proposición no de ley sobre la morosidad de las administraciones públicas con sus acreedores comerciales, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En este
caso hay una autoenmienda del grupo, por lo tanto lo votamos en los términos de la autoenmienda presentada por el Grupo de UPyD.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 27; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.