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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 324, de 15/03/2002
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de marzo de 2002
Núm. 324
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000006 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio 2002. Modificación ... (Página 6)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000040 Solicitud, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de creación de una Subcomisión para analizar el vínculo entre la política de inmigración y la política de cooperación para el desarrollo, en el seno
de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Texto de la solicitud y rechazo ...
(Página 6)
158/000041 Solicitud, presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de creación de una Subcomisión para el análisis de la interrelación y necesaria vinculación entre las políticas de inmigración y de cooperación para el
desarrollo, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Rechazo ... (Página 6)
SECRETARÍA GENERAL
292/000009 Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados ... (Página 7)
PERSONAL
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de la señora Presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo. Nombramiento ...
(Página 17)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas. Enmiendas ... (Página 18)
Aprobación con modificaciones ... (Página 19)
162/000416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de
instalaciones de telecomunicaciones
respetando las necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos. Rechazo por el Pleno de la Cámara, así como enmiendas formuladas ... (Página 19)
162/000438 161/001301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota (HF). Pasa a tramitarse ante la Comisión de Sanidad y Consumo ...
162/000449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas a adoptar ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias ... (Página 21)
162/000450 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto; Margarita Uría
Etxebarría (GV-PNV), Begoña Lasagabaster Olazábal (GMx), Joan Puigcercós i Boixassa (GMx), Joan Saura Laporta (GMx), Francisco Rodríguez Sánchez (GMx), José Núñez Castaín (GMx) y José Antonio Labordeta Subías (GMx), sobre la Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia ... (Página 23)
162/000451 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en los impresos y comunicaciones de
la Administración General del Estado ... (Página 28)
162/000452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema GALILEO) y decisiones inmediatas a
adoptar por el Consejo Europeo ... (Página 29)
162/000453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Plan Nacional de Residuos Peligrosos ...
(Página 32)
162/000454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre negociación con los empleados públicos ... (Página 33)
162/000455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas para una mejor gestión de los recursos hídricos ante la escasez de agua ... (Página 34)
162/000456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de Aguas ...
(Página 36)
162/000457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático ... (Página 37)
162/000458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de una Ley de responsabilidad civil en materia de medio ambiente ... (Página 38)
162/000459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución del Índice de Precios de
Consumo durante el año 2002 con la metodología oficial utilizada hasta diciembre de 2001 ... (Página 39)
162/000460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional ... (Página 40)
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
161/000623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación del Museo Nacional de Arte Visigodo de Mérida (Badajoz). Desestimación, así como enmienda formulada ...
(Página
41)
161/000828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Declaración del año 2004 como Año Dalí.
Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ... (Página 41)
161/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la dotación de un alojamiento museístico propio y específico a los fondos de arte visigodo actualmente presentes en el Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida. Aprobación ...
(Página 42)
161/000949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cursos en el extranjero. Desestimación, así como enmienda formulada ... (Página 42)
161/001120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de un circuito permanente de velocidad en La Bañeza (León). Desestimación ... (Página 43)
161/001137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la celebración del IV Centenario del Quijote. Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas ...
161/001188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Francisco Tárrega Eixea. Aprobación con modificaciones, así como enmienda
formulada ... (Página 44)
161/001221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para impulsar la industria de la animación en España. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ...
Comisión de Medio Ambiente
161/000044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de un refugio pesquero en la Isleta del Moro (Almería). Desestimación. ... (Página 45)
161/000380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto de regeneración medioambiental del río San Pedro (Cádiz). Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ...
161/000545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incrementar el esfuerzo inversor en medidas y proyectos destinados a evitar la progresiva desertización de la provincia de Alicante. Desestimación
... (Página 46)
161/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los efectos derivados para la salud y el medio ambiente de los campos electromagnéticos. Desestimación, así como enmiendas formuladas ...
161/000904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el encauzamiento de las ramblas del cementerio y de la Santa en Totana (Murcia). Desestimación, así como enmienda formulada ...
161/001017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre transposición en el plazo de un mes de las Directivas 1996/62/CE y 2000/69/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente. Desestimación, así como enmiendas formuladas ... (Página 48)
161/001068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a desarrollar, en el plazo de tres meses, las previsiones contenidas en la disposición final 4.ª de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Aprobación con modificaciones ... (Página 48)
161/001091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al establecimiento de los criterios y estándares para determinar la consideración de 'suelo contaminado', así como a la aprobación
de una lista de actividades
potencialmente contaminantes de suelos. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ... (Página 49)
161/001225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una Estadística Nacional Forestal. Aprobación con modificaciones ... (Página 49)
Comisión de Ciencia y Tecnología
161/000290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para que los usuarios del servicio telefónico estén informados del funcionamiento de determinadas líneas telefónicas.
Retirada ...
161/001069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la investigación sobre enfermedades olvidadas.
Desestimación, así como enmienda formulada ... (Página 50)
161/001070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los números telefónicos de prefijo 906. Retirada ...
(Página 50)
161/001117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre adopción de medidas para garantizar una utilización adecuada de los servicios telefónicos a los que se accede por el prefijo 906.
Retirada ... (Página 50)
161/001145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de 'Xfera Móviles, S. A.'. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ... (Página 50)
161/001146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la situación de 'Xfera Móviles, S. A.'.
Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas ...
(Página
50)
161/001148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre becas de investigación. Desestimación, así como enmienda formulada ... (Página 52)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que se adopten las medidas necesarias al objeto de que las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) que soliciten y reciban ayudas por parte de la
Administración General del Estado no puedan invertir sus fondos en activos que impliquen un riesgo cierto para la inversión. Desestimación ... (Página 52)
161/001109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de desarrollo y de ayuda exterior de la Unión Europea durante la presidencia española. Desestimación, así como enmienda formulada ...
161/001119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a la adopción, por parte de los organismos internacionales, de todo tipo de iniciativas que, incorporando la perspectiva de género en
sus actividades, sean adoptadas para asegurar la protección de las mujeres en aquellas operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz en las que se encuentren involucradas.
Aprobación, así como enmienda formulada ...
161/001126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de cooperación internacional para el desarrollo de la Unión Europea durante la presidencia española.
Aprobación ...
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000155 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha
para el próximo año, en los tres principales procesos que se discutirán en la Cumbre de Barcelona: las grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural ... (Página 57)
172/000156 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales ...
172/000157 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de los informes del servicio exterior ... (Página 58)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000112 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la futura Ley de Cooperación Autonómica. Rechazo por el Pleno de la Cámara, así como enmiendas formuladas ...
(Página 59)
173/000113 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder
adquisitivo de las familias. Rechazo por el Pleno de la Cámara, así como enmiendas formuladas ... (Página 61)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/020265 181/002456 Pregunta para respuesta escrita formulada por el Diputado don Francisco Contreras Pérez (GS) sobre convenios firmados con las Comunidades Autónomas para la eliminación de pasos a nivel.
Conversión en pregunta para
respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras ... (Página 63)
184/020266 181/002457 Pregunta para respuesta escrita formulada por el Diputado don Francisco Contreras Pérez (GS) sobre convenios firmados con los Ayuntamientos para la eliminación de pasos a nivel. Conversión en pregunta para respuesta
oral en la Comisión de Infraestructuras ...
(Página 64)
184/022047 181/002458 Pregunta para respuesta escrita formulada por el Diputado don Francisco Contreras Pérez (GS) sobre inversión real realizada en la eliminación de pasos a nivel, a 31 de diciembre de 2001.
Conversión en pregunta para
respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras ... (Página 64)
184/022477 181/002459 Pregunta para respuesta escrita formulada por el Diputado don Francisco Contreras Pérez (GS) sobre actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Sur previstas en la provincia de Almería para el año 2002. Conversión
en pregunta para respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente ... (Página 64)
184/022478 181/002460 Pregunta para respuesta escrita formulada por el Diputado don Francisco Contreras Pérez (GS) sobre actuaciones de la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR) previstas en la provincia de Almería para el año
2002. Conversión en pregunta para respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente ... (Página 65)
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000020 Declaración institucional con ocasión de la celebración, el 8 de marzo de 2002, del Día Internacional de la Mujer ... (Página 65)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000006
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 12 de marzo de 2002, previa audiencia de la Junta de Portavoces, acordó modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio 2002, en el sentido de prever la
celebración de sesión el próximo día 18 de marzo.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000040 y 158/000041
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su reunión del día 19 de febrero de 2002, ha rechazado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados
de 26 de junio de 1996, la solicitud de creación de las siguientes Subcomisiones:
- Para el análisis de la interrelación y necesaria vinculación entre las políticas de inmigración y de cooperación para el desarrollo, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (núm. expte. 158/41), publicado en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 287, de 27 de diciembre de 2001.
- Para analizar el vínculo entre la política de inmigración y la política de cooperación para el desarrollo, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (núm. expte. 158/40), cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996,
sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, para analizar el vínculo entre la política de inmigración y la política de cooperación para el desarrollo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2001.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Exposición de motivos
El Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 apostó por impulsar 'un enfoque global de la migración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los países y regiones de origen y tránsito' y entendió que
'para ello es necesario luchar contra la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo, prevenir los conflictos, consolidar los Estados democráticos y garantizar los derechos humanos'.
Esta visión global del fenómeno de la inmigración que se reclamó en Tampere y que enlaza con los Planes de Acción para países y regiones de tránsito de solicitantes de asilo y migrantes que ha impulsado la Unión Europea, y que posteriormente
se concretó en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política comunitaria de migración, responde a la idea que, sin unas causas que obliguen a las personas a dejar sus países, el fenómeno de las migraciones
internacionales, tal y como hoy lo conocemos, no se desarrollaría.
En este contexto, el análisis sobre las posibilidades de convertir las migraciones en un factor de desarrollo de los países de origen, se ha convertido en una línea de trabajo de determinados Gobiernos europeos y de organizaciones sociales,
algunas de ellas del Estado español, y responde a una visión amplia y global de las migraciones en nuestro contexto.
Desde la perspectiva de la Administración central, la reflexión y las propuestas en el ámbito de las políticas
públicas en torno al concepto de codesarrollo o, incluso, la vinculación entre las políticas de cooperación al desarrollo y las políticas de inmigración, está todavía en sus inicios. Más allá de la genéricas referencias contenidas en el
denominado Plan Greco, de las propuestas planteadas en el Dictamen de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con relación al Plan Director 2001-2004 o de las intenciones del programa 'Paidar', el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) considera necesario promover un amplio debate político y social que permita impulsar una acción política orientada a convertir los flujos migratorios en un factor de desarrollo de los países de origen de los mismos, y a
impulsar una nueva perspectiva de la cooperación al desarrollo centrada en los efectos de la misma en la configuración de los flujos migratorios.
Este planteamiento exige activar el diálogo con las organizaciones sociales que participan en las políticas de cooperación e inmigración, el conocimiento de experiencias de otros países, la evaluación de las actuaciones de las diferentes
Administraciones públicas en este ámbito y la reflexión conjunta con expertos vinculados a instituciones académicas o de investigación.
En este sentido, la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el objeto de elaborar un informe sobre la vinculación de la política de cooperación para el desarrollo y la
política de inmigración, puede ser una opción útil. Por este motivo, se propone que la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados acuerde la creación de la Subcomisión propuesta en este escrito, con las
siguientes reglas de organización y funcionamiento:
A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y un representante de cada uno de
los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
Elaborar un informe sobre la vinculación de la política de cooperación para el desarrollo y la política de inmigración, con el objeto de:
a) Conocer las experiencias de esta índole llevadas a cabo en otros países.
b) Evaluar las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas en este ámbito.
c) Proponer medidas idóneas que permitan impulsar una acción política orientada a convertir los flujos migratorios en un factor de desarrollo de los países de origen de los mismos e impulsar una nueva perspectiva de cooperación al desarrollo
centrada en los efectos de la misma en la configuración de los flujos migratorios.
Para la realización del mencionado estudio la Subcomisión recabará:
- La información y documentación que precise del Gobierno y de las Administraciones Públicas competentes.
- La información y documentación elaborada por organismos internacionales.
- La información y documentación que precise de los países de origen de la inmigración.
- La información y documentación de organizaciones sociales y centros universitarios que hayan desarrollado propuestas y estudios en esta materia.
- La comparecencia de miembros del Gobierno, autoridades, funcionarios públicos, autoridades de los países de origen de la inmigración, investigadores universitarios y representantes de organizaciones sociales ante la misma para informar
sobre las mencionadas medidas a adoptar que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles medidas a plantear en el Informe final.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el Informe final objeto de la misma, en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado informe, una vez aprobado por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se remitirá
al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
Las comparecencias deberán substanciarse en los tres primeros meses desde la constitución de la Subcomisión.
SECRETARÍA GENERAL
292/000009
En ejecución de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión del día 12 de marzo de 2002, y al amparo del artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Sección Congreso de los Diputados, del Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados suscrito el día 7 de marzo de 2002.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1. Ámbito del Convenio.
1. El presente Convenio Colectivo será de aplicación al personal que, con relación jurídica laboral en cualquiera de sus modalidades, presta servicios al Congreso de los Diputados.
2. Este Convenio entrará en vigor el día 15 de marzo de 2002, estableciéndose su vigencia hasta el 15 de marzo de 2005.
3. El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación como mínimo de un mes a la fecha en que finalice la vigencia del mismo. La Comisión Negociadora del siguiente Convenio deberá constituirse y reunirse en un
plazo máximo de un mes a partir de la fecha de la denuncia.
4. A partir de 15 de marzo de 2005 se considerará prorrogado temporalmente hasta la entrada en vigor del próximo Convenio.
Artículo 2. Condiciones más beneficiosas y aplicación favorable.
1. Las disposiciones laborales de carácter general, cualquiera que sea su rango, que establezcan condiciones más beneficiosas que las pactadas en el presente Convenio serán de aplicación cuando, consideradas en su conjunto y en cómputo
anual, resulten superiores a aquéllas.
2. Las condiciones establecidas en el presente Convenio que sean ambiguas u oscuras o susciten dudas en cuanto a su sentido y alcance deberán ser interpretadas y aplicadas de la forma más beneficiosa para los trabajadores.
Artículo 3. Irrenunciabilidad.
Será nula y se reputará no efectuada la renuncia por parte de los trabajadores de cualquier beneficio establecido en el presente Convenio.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 4. Organización del trabajo.
1. Conforme a la legislación vigente, y, en particular, a las normas elaboradas por las Mesas de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta, la organización del trabajo es facultad exclusiva del Congreso de los Diputados y su aplicación
práctica corresponde a los órganos competentes de la Cámara, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia e información reconocidos a los trabajadores y a sus representantes en el Estatuto de los Trabajadores.
2. La relación de puestos de trabajo del personal laboral, así como las funciones correspondientes a cada puesto, son las establecidas por la plantilla orgánica del Congreso de los Diputados aprobada por la Mesa de la Cámara.
CAPÍTULO III
Clasificación del personal
Artículo 5. Grupos profesionales.
1. Los grupos profesionales a que se refiere el presente Convenio son los siguientes:
- Médicos.
- Analistas.
- Programadores.
- ATS.
- Auxiliares de Informática.
- Guías.
- Brigada de mantenimiento.
- Vigilantes de instalaciones.
2. La clasificación del personal que se establece es meramente enunciativa. El Congreso de los Diputados no está obligado a tener cubiertos todos los grupos que se enumeran si las necesidades no lo requieren.
3. En los tres primeros meses de cada año se hará pública la relación nominal del personal laboral, con indicación de grupo, antigüedad y destino.
CAPÍTULO IV
Provisión de vacantes, contratación y promoción interna
Artículo 6. Provisión de vacantes.
La provisión de vacantes del personal laboral del Congreso de los Diputados se producirá por el siguiente orden:
1.º Por reingreso de excedentes voluntarios.
2.º Sin perjuicio de lo que disponga la plantilla orgánica para los funcionarios, por el personal laboral afectado por el presente Convenio que esté en posesión de la titulación exigida para el puesto y supere las pruebas correspondientes.
3.º Por el personal laboral de nuevo ingreso.
Artículo 7. Selección de personal de nuevo ingreso, contratación y período de prueba.
1. La selección y contratación del personal laboral de nuevo ingreso será autorizada por la Mesa del Congreso de los Diputados y se realizará bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Los delegados del personal
laboral o los miembros del Comité de Empresa, en su caso, participarán como observadores en el proceso de selección para la provisión de vacantes de personal laboral de nuevo ingreso.
2. El personal laboral de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en los términos del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.
No se computará a estos efectos el tiempo de incapacidad temporal que afecte al trabajador.
Artículo 8. Promoción interna.
1. El sistema para cubrir las plazas en caso de promoción interna será el concurso, que se regirá por los principios de mérito, capacidad y antigüedad.
2. En la correspondiente convocatoria se especificarán los requisitos exigidos para el acceso a la plaza y el baremo a aplicar en el concurso.
CAPÍTULO V
Trabajos de superior e inferior categoría
Artículo 9. Trabajos de superior e inferior categoría.
1. La realización de trabajos de superior e inferior categoría responderá a necesidades excepcionales y perentorias y durará el tiempo mínimo imprescindible.
2. El desempeño de un puesto de categoría superior no podrá exceder de seis meses, requerirá la titulación adecuada y el mero desempeño no consolidará el salario ni el puesto superior.
3. El desempeño de puesto de categoría inferior no podrá durar más de treinta días cada año, y se ajustará a lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
CAPÍTULO VI
Jornada laboral y horario
Artículo 10. Jornada laboral.
1. La jornada laboral será de treinta y siete horas y media semanales. No obstante, se establece una jornada de cuarenta horas semanales para los trabajadores que perciban complementos de mayor responsabilidad que lleven aparejada una
disponibilidad horaria.
2. El cómputo de la jornada se efectuará de tal forma que, en todo caso, tanto al comienzo como al fin de la misma, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo, y dedicado a él.
3. Se aplicarán las reducciones de jornada correspondientes a las situaciones de guarda legal previstas en el Estatuto de los Trabajadores, en los términos que en el mismo se establecen.
Artículo 11. Horario.
1. El horario de trabajo será el establecido por el Congreso de los Diputados con carácter general, con las limitaciones que establezcan las disposiciones legales.
2. El Congreso de los Diputados podrá establecer horarios especiales, incluidos horarios nocturnos y de días festivos, en función de la naturaleza del trabajo, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, oída la Comisión Paritaria.
3. El horario de quienes presten servicios en calidad de Auxiliares de Informática se ajustará al turno rotativo, que podrá comprender horario nocturno, que se establezca.
Artículo 12. Horas extraordinarias.
1. El Congreso de los Diputados reducirá al mínimo imprescindible la existencia de horas extraordinarias. El máximo de horas extraordinarias no podrá exceder de los límites establecidos en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de treinta y siete horas y media en cómputo semanal, como regla general, o de las cuarenta para los trabajadores que ocupen puestos que entrañen disponibilidad horaria.
3. Las horas extraordinarias se compensarán por tiempo de descanso y se computarán a razón de 1,75 horas de descanso por cada hora extraordinaria, cuando hayan sido trabajadas en días laborables, y por 2,25 en días festivos o en horario
nocturno. A estos efectos, será horario nocturno el comprendido entre las veintidós y las seis horas del día siguiente. Cuando la compensación por tiempo de descanso no resulte posible o las necesidades del servicio lo hagan aconsejable, el
Secretario General procederá a su compensación mediante gratificación económica.
4. La compensación de las horas extraordinarias se efectuará por semestres naturales y no se dilatará más allá del primer mes del semestre siguiente, salvo acuerdo de las partes.
5. La realización de horas extraordinarias se registrará diariamente, entregando copia del resumen mensual
al trabajador y a los representantes del personal laboral.
6. No se permitirá la realización de horas extraordinarias en períodos nocturnos o festivos, salvo en los casos de personal que realice su jornada en tales períodos o en supuestos y actividades debidamente justificados y expresamente
autorizados por la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Artículo 13. Calendario laboral.
1. El calendario laboral será el que se fije cada año, con carácter general, en el Congreso de los Diputados.
2. Los representantes del personal laboral participarán, con los representantes de los funcionarios, en la negociación del calendario laboral y sus modificaciones.
CAPÍTULO VII
Vacaciones, permisos y licencias
Artículo 14. Vacaciones.
1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de un mes de duración, siendo el período normal de vacaciones el establecido en el calendario laboral entre los meses de julio, agosto y septiembre.
2. Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute de vacaciones no hubiesen completado el año efectivo en la plantilla, tendrán derecho a un número de días proporcional a los correspondientes al cómputo anual hasta el 31 de
diciembre. En el supuesto de que se produjera la extinción del contrato con anterioridad a la fecha indicada, en la liquidación que se practique se deducirá la parte proporcional que proceda.
3. El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas podrá fraccionarse en los términos que determine el calendario laboral, quedando, no obstante, supeditado en todo caso a las necesidades del servicio.
4. Cuando un trabajador deje de prestar servicios antes de haber disfrutado sus vacaciones, percibirá en efectivo la retribución de los días que le correspondieran. Salvo en este caso, las vacaciones no podrán sustituirse por el abono de
salarios equivalentes.
Artículo 15. Licencias.
1. El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar licencia sin sueldo, cuya duración acumulada no podrá exceder de tres meses en el plazo de dos años.
2. Los trabajadores ligados por un contrato de duración determinada y con al menos un año de servicios efectivamente prestados, podrán solicitar asimismo licencias no retribuidas con una duración máxima de un mes en las mismas condiciones
establecidas para el personal fijo, si bien dichas licencias no se podrán disfrutar dentro del último mes de vigencia del contrato.
Artículo 16. Permisos retribuidos.
Independientemente del período de servicios efectivos, el personal laboral tendrá derecho, con justificación adecuada, a permisos con plenitud de derechos económicos, cómputo de antigüedad y reserva del puesto de trabajo por el tiempo y
motivos siguientes:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Cuatro días naturales en los casos de nacimiento de un hijo o enfermedad grave o fallecimiento de un pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c) Por razones justificadas, hasta diez días naturales sin perjuicio de las necesidades del servicio. Su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de veinte días cada año. En todo caso, se entenderán incluidos en este concepto los
permisos por traslado del domicilio habitual, por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal y por concurrencia a exámenes en Centros oficiales o reconocidos el día de su celebración.
d) Por el tiempo que dure la campaña electoral, los trabajadores que participen como candidatos en éstas.
e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia al trabajo que podrán dividir en dos fracciones. Con la misma finalidad, este derecho podrá ser ejercido por el trabajador, siempre
que se demuestre que no es ejercido por la madre al mismo tiempo.
CAPÍTULO VIII
Estudios académicos y de formación profesional
Artículo 17. Estudios académicos y de formación profesional.
1. En los términos del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, el personal laboral tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la
realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de reconversión y capacitación profesionales.
2. Los trabajadores que cursen estudios académicos o de formación profesional tendrán, en su caso, preferencia para elegir turno de trabajo.
3. Siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan, se adaptará, en lo posible, la
jornada de trabajo para facilitar la asistencia a los cursos correspondientes.
4. El Congreso de los Diputados organizará cursos de capacitación profesional para la adaptación de los trabajadores a las modificaciones técnicas operadas en los puestos de trabajo, y podrá organizar cursos de reconversión profesional, que
aseguren la estabilidad del trabajador en su empleo. El tiempo de asistencia a estos cursos se considerará como de trabajo efectivo.
CAPÍTULO IX
Suspensión y extinción del contrato de trabajo
Artículo 18. Suspensión.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48 del Estatuto de los Trabajadores, el personal laboral del Congreso de los Diputados tendrá derecho, en los términos señalados en el mismo, a la suspensión del contrato con reserva
del puesto de trabajo en los siguientes casos:
a) Maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora y adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de menores de seis años.
b) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.
Artículo 19. Excedencia voluntaria.
1. La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por los trabajadores con al menos un año de antigüedad, y su duración no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. El derecho a esta situación sólo podrá ser ejercido otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido como mínimo cuatro años desde el final de la última excedencia. La concesión de la excedencia estará condicionada a las necesidades del servicio.
2. El trabajador que como consecuencia de la normativa de incompatibilidades deba optar por un puesto de trabajo, quedará en el que cesare en situación de excedencia voluntaria, aún cuando no hubiese cumplido un año de antigüedad en el
servicio. Permanecerá en esta situación un año como mínimo y conservará el derecho preferente al reingreso en vacante de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjera en el Congreso de los Diputados, en tanto subsista la situación
que dio lugar a la excedencia. El trabajador podrá, no obstante, solicitar el reingreso antes de cumplirse el año de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad, siempre que exista vacante y lo permitan las necesidades
del servicio.
3. Se aplicarán las causas de excedencia para el cuidado de hijos, y de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad previstas en el Estatuto de los Trabajadores, en los términos que en el mismo se establecen. El
trabajador podrá pedir el reingreso, por motivos justificados, antes de terminar el período de excedencia solicitado.
4. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del presente Convenio, los trabajadores en situación de excedencia voluntaria no devengarán derechos económicos, ni les será computable el tiempo permanecido en tal
situación a efectos de antigüedad, y, en su caso, de promoción, salvo lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores para los casos de excedencia recogidos en el apartado 3 de este artículo.
5. La solicitud deberá cursarse como mínimo con 15 días de antelación a la fecha del inicio del disfrute de la excedencia. El acuerdo adoptado deberá emitirse en el plazo de 15 días, y se comunicará al interesado y a la representación
laboral.
Artículo 20. Excedencia forzosa.
Los trabajadores tendrán derecho a la excedencia forzosa, con derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad, cuando sean designados o elegidos para un cargo público o cuando sean elegidos para una función
sindical de ámbito provincial o superior, siempre que uno u otra imposibiliten la asistencia al trabajo.
Artículo 21. Reingreso.
1. El reingreso tras excedencia voluntaria deberá ser solicitado por escrito al menos 15 días antes de la fecha de terminación de la misma.
2. En los supuestos de excedencia forzosa, el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o función sindical.
3. En caso de reincorporación, el trabajador tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en su categoría. Si no existieran esas vacantes y la hubiera en categoría inferior dentro de su clase profesional, podrá optar a ella o
esperar que se produzca vacante en su categoría. En el supuesto de que optase por ocupar vacante de inferior categoría, percibirá las retribuciones correspondientes a ésta manteniendo la opción a ocupar la que se produzca en su categoría.
Artículo 22. Jubilación.
Sin perjuicio de lo que en cada momento establezcan las disposiciones vigentes en el ámbito laboral, el personal laboral se jubilará obligatoriamente al cumplir los 65 años de edad, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de
carencia para la jubilación. En este caso la jubilación obligatoria se producirá al completar el trabajador dichos períodos de carencia en la cotización a la Seguridad Social.
CAPÍTULO X
Régimen disciplinario
Artículo 23. Potestad sancionatoria.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Secretaría General del Congreso de los Diputados como consecuencia de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 24. Faltas.
1. Las faltas disciplinarias de los trabajadores cometidas con ocasión o como consecuencia de su trabajo podrán ser leves, graves o muy graves.
2. Serán faltas leves las siguientes:
a) La incorrección con los compañeros o subordinados.
b) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.
c) La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al mes.
e) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco días al mes.
f) El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios.
g) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.
3. Serán faltas graves las siguientes:
a) La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los parlamentarios, superiores, compañeros o subordinados.
b) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.
c) La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que tenga conocimiento por razón del trabajo en el Congreso de los Diputados.
d) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e higiene del trabajo establecidas, cuando de los mismos puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.
e) La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, durante tres días al mes.
f) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada, durante más de cinco días al mes y menos de diez días.
g) El abandono del trabajo sin causa justificada.
h) La simulación de enfermedad o accidente.
i) La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
j) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
k) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos de los servicios.
l) El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas, sin haber solicitado autorización de compatibilidad.
m) La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, cuando hayan mediado sanciones por las mismas y no hayan prescrito.
n) El abuso de autoridad por parte de los superiores en el desempeño de sus funciones.
4. Serán faltas muy graves las siguientes:
a) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como cualquier conducta dolosa constitutiva de delito.
b) La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
c) El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
d) La falta de asistencia al trabajo por causa no justificada durante más de tres días al mes.
e) Las faltas reiteradas de puntualidad por causa no justificada durante diez o más días al mes, o durante más de veinte días al trimestre.
f) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad.
g) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, cuando hayan mediado sanciones por las mismas y no hayan prescrito.
Artículo 25. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas serán las siguientes:
1) Por faltas leves:
a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
c) Descuento proporcional de las retribuciones correspondientes al tiempo real dejado de trabajar por faltas de asistencia o puntualidad no justificadas.
2) Por faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de dos días a un mes.
b) Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de ascenso por un período de uno a dos años.
3) Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.
b) Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a seis años.
c) Despido.
Artículo 26. Procedimiento disciplinario.
1. Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa de expediente disciplinario. Su iniciación se comunicará a los representantes de los trabajadores y al interesado, dándose audiencia a éste y siendo oídos
aquéllos en el mismo, con carácter previo a la resolución o al posible acuerdo de suspensión provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar por la autoridad competente para ordenar la instrucción del expediente. Tanto el trabajador como los
representantes tendrán acceso al expediente desde su inicio si aquél lo solicita.
2. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente al que se refiere el apartado anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado que deberá evacuarse en todo caso.
Artículo 27. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la Administración parlamentaria tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o preliminar que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses sin
mediar culpa del trabajador expedientado.
Artículo 28. Encubrimiento.
Los Jefes superiores que toleren o encubran las faltas de los subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor y de la intencionalidad,
perturbación para el servicio, atentado a la dignidad del Congreso de los Diputados y reiteración o reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento.
Artículo 29. Actos atentatorios de la intimidad o dignidad.
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus representantes, de los actos que supongan falta de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o laboral. La Secretaría General del Congreso
de los Diputados, a través del órgano directivo oportuno, abrirá la oportuna información e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda.
CAPÍTULO XI
Seguridad e higiene en el trabajo
Artículo 30. Organización y participación en materia de seguridad e higiene.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo, así como el deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se
adopten legal y reglamentariamente. Tienen asimismo el derecho a participar en la formulación de la política de prevención en su centro de trabajo, y en el control de las medidas adoptadas en el desarrollo de las mismas, a través de sus
representantes legales.
2. El Congreso de los Diputados está obligado a promover, formular y poner en aplicación una adecuada política de seguridad e higiene en su centro de trabajo, así como a facilitar a los trabajadores la participación en estas materias, y la
instrucción necesaria cuando se apliquen nuevas técnicas, o se utilicen equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para el propio trabajador o para sus compañeros o terceros. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y realizar
las prácticas que se celebren dentro de la jornada de trabajo, o en otras horas, descontándose en este último caso el tiempo invertido de la jornada laboral.
3. La formulación de la política de seguridad e higiene en el Congreso de los Diputados partirá del análisis estadístico y causal de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales acaecidas en el mismo, de la detección e
identificación de los riesgos y agentes materiales que pudieran ocasionarlos y de las medidas y sistemas de prevención o protección utilizados hasta el momento. Dicha política se aplicará anualmente en el centro de trabajo, y deberá contener los
estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más significativos y para poner en práctica sistemas o medidas eficaces de protección, prevención de mejora del medio ambiente, adaptación de locales e instalaciones, programas de ejecución de
medidas preventivas y los de control e inspección de los mismos, así como los planes de formación del personal que sean necesarios.
4. Para la elaboración de los planes y programas de seguridad e higiene, así como para su realización y puesta en práctica, la Cámara dispondrá de equipos médicos y medios técnicos especializados. En caso de no disponer de ellos, se
solicitará la cooperación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Artículo 31. Vestuario y elementos de protección.
1. Se facilitará vestuario apropiado para aquellos puestos de trabajo que por sus características lo requieran, incluyendo las prendas y elementos de protección adecuados en los casos de trabajos sujetos a riesgos específicos. En tales
casos, el trabajador vendrá obligado a vestir, durante la realización de su trabajo, el vestuario que le sea facilitado.
2. En los casos en que el trabajo desarrollado requiriese vestir uniforme, se deberá proporcionar un uniforme de invierno y otro de verano, así como las prendas específicas necesarias.
3. El vestuario que facilite el Congreso de los Diputados sólo podrá ser usado por los trabajadores durante la realización de su trabajo.
Artículo 32. Servicios médicos.
1. El Congreso de los Diputados, a través de sus servicios médicos, adoptará las medidas necesarias para la prevención de la salud y asistencia sanitaria de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio.
2. Asimismo, se deberá facilitar al personal, antes de que se comience a desempeñar cualquier puesto, las instrucciones adecuadas para prevenir los riesgos y peligros que en el mismo puedan afectarle, y sobre la forma de prevenirlos o
evitarlos.
3. El Congreso de los Diputados promoverá los reconocimientos médicos anuales necesarios para la prevención de la salud de los trabajadores.
4. Durante el período de embarazo, se tendrá derecho al cambio de puesto de trabajo cuando, a juicio de los servicios médicos, se estime que la permanencia en éste resulte perjudicial para la madre o el feto.
CAPÍTULO XII
Derechos y beneficios sociales
Artículo 33. Derechos.
1. El personal laboral del Congreso de los Diputados tendrá derecho:
a) A desempeñar su puesto de trabajo.
b) A percibir la retribución que le corresponda.
c) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad profesional y personal, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de carácter sexual.
d) A la promoción en el trabajo en los términos del presente Convenio.
2. El personal laboral podrá afiliarse libremente a cualquier sindicato, partido o asociación legalmente constituido.
3. En la documentación personal de los trabajadores no podrá constar ningún dato que haga referencia a dicha afiliación o a cualquier otra circunstancia relativa a la afinidad ideológica de aquéllos.
Artículo 34. Protección social.
1. El personal laboral del Congreso de los Diputados tendrá derecho a una adecuada protección social, en los términos que se establezcan por la Mesa de la Cámara. Las prestaciones que, en su caso, se fijen responderán a criterios comunes
con las establecidas para los funcionarios de las Cortes Generales.
2. Los delegados de personal participarán en la negociación y gestión de dichas prestaciones en los términos establecidos en el Reglamento del Fondo de Prestaciones Sociales para el personal laboral del Congreso de los Diputados.
Artículo 35. Anticipos salariales.
Los trabajadores podrán solicitar anticipos de salarios no devengados, cuya concesión quedará sujeta a las siguientes condiciones:
- No devengarán interés alguno.
- Su cuantía máxima será la equivalente a una mensualidad de la totalidad de las retribuciones básicas netas del trabajador peticionario, incrementada en un sexto de la paga extraordinaria correspondiente, y hasta un máximo de 1.803 euros.
- La Administración Parlamentaria agilizará al máximo y otorgará el mayor automatismo posible a su concesión.
- Su devolución se practicará mediante deducciones de las nóminas correspondientes, a partir del mes siguiente al de la concesión del anticipo y en el plazo de diez meses.
- En el supuesto de que el trabajador a quien se hubiera otorgado un anticipo causara baja en su puesto de trabajo como consecuencia de extinción o suspensión de la relación laboral, excepto incapacidad laboral transitoria o licencias por
alumbramiento, o concesión de cualquier tipo de excedencia, el reintegro de las cantidades no devueltas se efectuará dentro del mismo mes en que se produzca la mencionada baja.
Artículo 36. Cobertura por incapacidad temporal, suspensión por maternidad y suspensión por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora.
En caso de baja por incapacidad temporal, suspensión por maternidad y suspensión por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, el Congreso de los Diputados abonará la diferencia restante hasta completar el 100 por 100 del salario
del trabajador, durante el primer año.
CAPÍTULO XIII
Representación sindical
Artículo 37. Régimen general.
1. Las elecciones sindicales para representantes del personal laboral se regirán por la normativa propia en esta materia.
2. Las competencias y garantías de los delegados del personal laboral o de los miembros del Comité de Empresa, en su caso, serán las que establecen el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales aplicables.
3. Los trabajadores podrán reunirse en asamblea en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. La convocatoria deberá ser solicitada a la Dirección de Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados con cuarenta y ocho horas de antelación mínima, con especificación de fecha, hora de reunión, lugar y orden del día de los asuntos a tratar y relación de las personas no pertenecientes al Congreso de los Diputados que vayan a asistir.
Para las asambleas que pretendan celebrarse durante la campaña electoral, con motivo de elecciones sindicales, el plazo de preaviso será de veinticuatro horas.
CAPÍTULO XIV
Comisión Paritaria
Artículo 38. Comisión Paritaria.
1. Dentro de los quince días siguientes a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del presente Convenio se constituirá la Comisión Paritaria de Interpretación, Estudio y Vigilancia del Convenio, integrada por tres
vocales en representación del Congreso de los Diputados y otros tres en representación de los delegados de personal firmantes del presente Convenio.
Los representantes del Congreso de los Diputados serán designados por la Mesa de la Cámara entre sus miembros u otras personas en quienes aquélla delegue.
2. En su primera reunión la Comisión Paritaria elegirá un presidente y un secretario entre sus miembros y establecerá sus normas de funcionamiento.
3. Los representantes de ambas partes podrán ser asistidos en las reuniones de la Comisión por asesores técnicos.
4. El Presidente podrá convocar a la Comisión en cualquier momento y, en todo caso, cuando causas de urgencia o necesidad así lo aconsejen, a instancia de cualquiera de las partes, en un plazo no superior a cinco días desde la solicitud de
la reunión, previa comunicación a la otra parte.
5. Esta Comisión se mantendrá en funcionamiento hasta la constitución de la Mesa Negociadora del siguiente Convenio.
6. De los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria se levantará acta.
Serán vinculantes para ambas partes, sin perjuicio del derecho de las mismas de acudir a la jurisdicción competente. Los acuerdos serán hechos públicos y, en su
caso, notificados al interesado en el plazo de diez días a contar desde la fecha de aprobación de la correspondiente acta.
7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros de la Comisión.
8. Serán funciones de la Comisión Paritaria:
a) Participar en la interpretación del Convenio.
b) Estudiar los problemas o cuestiones que presenten las partes con relación al Convenio.
c) Consulta de las condiciones establecidas en el Convenio en caso de duda, para su aplicación más beneficiosa.
d) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
e) Negociar la preparación de los planes de la oferta de empleo público para el personal laboral.
f) Estudiar y proponer medios para facilitar el acceso a la condición de funcionario.
g) Negociar la modificación, en su caso, de las relaciones de puestos de trabajo.
h) Negociar los baremos de los concursos de promoción interna en los que se establecerán los méritos que han de tenerse en cuenta y la valoración de los mismos.
i) Negociar el incremento salarial correspondiente a cada año.
j) Informar las bases de las convocatorias para la provisión de vacantes entre personal laboral de nuevo ingreso.
k) Las demás que se establezcan en el presente Convenio.
CAPÍTULO XV
Retribuciones
Artículo 39. Retribuciones básicas.
1. Las retribuciones básicas del personal laboral en el período de vigencia del presente Convenio serán las siguientes:
a) Salario base, que se ajustará a los niveles salariales especificados en el anexo de retribuciones.
b) El complemento de antigüedad, que retribuirá al personal fijo de plantilla con una cantidad fija por anualidad cumplida y otra a percibir a partir del cumplimiento de diez y veinte años de servicios efectivos en cada grupo profesional,
según se especifica en el anexo de retribuciones.
En el supuesto de que el trabajador accediere a otros grupos profesionales, las cantidades devengadas como consecuencia del cumplimiento de diez y veinte años como trabajador del Congreso de los
Diputados
serán las correspondientes al grupo profesional al que se pertenezca en el momento de cumplirlos. A efectos del cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta todo el tiempo de servicio prestado, considerándose como efectivamente trabajados
todos los días y meses en que el trabajador haya percibido un salario o remuneración, bien sea por licencias, o en baja transitoria por accidente o enfermedad, o suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo de la
mujer trabajadora, adopción y acogimiento preadoptivo o permanente de menores de seis años.
2. Los trabajadores percibirán asimismo las pagas extraordinarias, en número de dos al año, en cuantía de una mensualidad cada una, que se harán efectivas en los meses de junio y diciembre. En el supuesto de que el trabajador no hubiere
prestado trabajo efectivo durante la totalidad del período, el importe de la paga extraordinaria se prorrateará en la proporción correspondiente.
Artículo 40. Complementos salariales.
1. El personal laboral perteneciente al grupo profesional de Auxiliares de Informática que desempeñe servicios en régimen de turnos rotativos que incidan en la jornada nocturna, tendrá derecho a la percepción de un complemento cuya cuantía
se determina en el anexo de retribuciones. A estos efectos se entenderá por jornada nocturna la comprendida entre las veintidós horas de la noche y las seis horas de la mañana.
2. Los médicos percibirán un complemento de dedicación especial en la cuantía establecida en el anexo de retribuciones.
3. El Coordinador del Centro Informático, los Jefes de Área, los Jefes de Proyectos y los Jefes de Instalaciones Informáticas y Atención a Usuarios percibirán un complemento de destino, en los términos fijados en el anexo de retribuciones.
Este complemento será incompatible con el de turnicidad, e implicará una mayor dedicación horaria.
4. Los integrantes de la Brigada de Mantenimiento que superen las pruebas establecidas percibirán un complemento de Oficial en los términos que se detallan en el anexo de retribuciones.
Artículo 41. Documentación del pago.
El Congreso de los Diputados documentará la retribución del personal laboral de forma adecuada en nóminas en las que deberán especificarse percepciones y descuentos, así como la fecha de ingreso, Número de Identificación Fiscal de la Cámara
y número de Seguridad Social.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Disposición adicional primera.
La aplicación de este Convenio no podrá suponer en ningún caso menoscabo en el nivel actual de retribuciones del personal laboral que preste sus servicios en el Congreso de los Diputados a la entrada en vigor del mismo.
Disposición adicional segunda.
1. Procederá el reconocimiento a los trabajadores fijos, una vez acreditado su cumplimiento, de los servicios no coincidentes prestados como funcionarios o personal contratado en la Administración civil o militar del Estado, en la
Administración de Justicia, al servicio de los órganos constitucionales, en la Seguridad Social y en las Administraciones autonómica y local, con carácter previo o posterior a su contratación por el Congreso de los Diputados.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, los trabajadores fijos tendrán derecho a percibir el importe de los trienios que tuvieran reconocidos por los servicios prestados, con el valor que para los mismos fije la Ley de
Presupuestos de cada año para el puesto efectivamente desempeñado.
Disposición adicional tercera.
Para acceder a la percepción de la retribución de Guía con idiomas recogida en el anexo de retribuciones será necesario reunir los requisitos de estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber acreditado, o acreditar en el
futuro, el conocimiento correcto de uno de los idiomas inglés o francés, superando las pruebas que se establezcan.
Disposición adicional cuarta.
Las retribuciones establecidas en el anexo de este Convenio tienen el carácter de retribuciones brutas mensuales.
Disposición transitoria primera.
Las tablas salariales, contenidas en el anexo a este Convenio tendrán efectos de 1 de enero de 2002.
Disposición transitoria segunda.
A las cantidades consignadas en las tablas salariales contenidas en el anexo a este Convenio se les aplicará, desde el 1 de enero de 2003, los incrementos anuales que, en su caso, se establezcan, con carácter general, en el ámbito de las
Cortes Generales.
Disposición transitoria tercera.
Al personal laboral que ocupe plazas de funcionarios le será de aplicación lo establecido en el presente Convenio. Sus retribuciones serán las establecidas en el anexo de retribuciones.
Disposición transitoria cuarta.
El personal funcionario que con arreglo a las plantillas orgánicas del Congreso de los Diputados esté desempeñando el puesto de Guía, podrá incorporarse suscribiendo el correspondiente contrato laboral, con el consiguiente pase a la
situación de excedencia voluntaria en su Cuerpo, al grupo profesional de Guía, con la percepción de las retribuciones previstas en el anexo a este Convenio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SUSCRITO EL 7 DE MARZO DE 2002
Anexo de retribuciones
1. Tabla salarial del personal a que se refiere el artículo 5 del Convenio:
a) Salario base:
Médicos 2.944,12 E
Médicos (jornada reducida) 2.722,43 E
Analistas 2.944,12 E
Programadores 2.428,40 E
ATS 2.428,40 E
Auxiliares de Informática 1.891,33 E
Guías con idiomas 1.807,60 E
Guías sin idiomas 1.598,04 E
Brigada de Mantenimiento 1.371,15 E
Vigilantes de Instalaciones 1.365,21 E
b) Complemento de antigüedad (por anualidad cumplida):
Analistas y Médicos 14,50 E
Programadores y ATS 12,12 E
Auxiliares de Informática 9,81 E
Guías con idiomas y Guías sin idiomas. 8,42 E
Brigada de Mantenimiento 7,03 E
Vigilantes de Instalaciones 6,99 E
c) Complemento de antigüedad (por diez y veinte años de servicios efectivos):
Analistas, Médicos, Programado-
res y ATS 156,59 E
Auxiliares de Informática 121,79 E
Guías con idiomas y Guías sin
idiomas 106,57 E
Brigada de Mantenimiento 91,34 E
Vigilantes de Instalaciones 90,95 E
d) Complemento de turnicidad de Auxilia-
res de Informática 142,82 E
e) Complemento de dedicación especial
de Médicos 714,16 E
f) Complemento de destino:
Coordinador del Centro Informático 1.331,60 E
Jefes de Área 1.109,63 E
Jefes de Proyectos 554,83 E
Jefes de Instalaciones Informáticas y
de Atención a Usuarios 510,01 E
g) Complemento de Oficiales de la Brigada de Mantenimiento 88,77 E
2. Tabla salarial del personal laboral a que se refiere la disposición transitoria tercera del Convenio:
a) Salario base:
Conductor 1.340,13 E
b) Complemento de antigüedad (por anualidad cumplida):
Conductor 7,03 E
c) Complemento de antigüedad (por diez y
veinte años de servicios efectivos):
Conductor 91,34 E
d) Complemento de destino:
Conductor 849,59 E
PERSONAL
299/000004
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 12 de febrero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña
Sonsoles Teresa Marín Lozano, a propuesta del Excmo. Sr. don Feliciano Blázquez Sánchez, con efectos de 11 de marzo de 2002, y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Sanidad
y Consumo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2002.-Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000126
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas (núm. expte.
162/000126), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 79, de 20 de octubre de 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte, entre otras, las siguientes medidas para favorecer el mercado de viviendas en alquiler:
1. En relación con la política de suelo:
- Modificar el sistema de valoraciones del suelo, mediante la elaboración del correspondiente Proyecto de Ley, basado en el valor de reposición del suelo y no en el valor del mercado, a fin de que su menor repercusión en el precio final de
la vivienda permita situar en el mismo más viviendas para su oferta en alquiler.
- Concertar con las CC. AA. la creación de suelo físicamente urbanizado a bajo precio para viviendas protegidas, tanto en venta como en alquiler, mediante los sistemas de gestión tales como el agente urbanizador, agente edificador y agente
rehabilitador, que se están poniendo en marcha en algunas CC. AA.
2. En relación con la política de vivienda:
- Dentro del programa de VPO impulse la concertación y la coordinación con CC. AA. y Ayuntamientos para establecer que un porcentaje de dicho programa sea destinado al alquiler para jóvenes, personas con escasos recursos y emigrantes.
- Disminución al 4 por ciento del IVA de las viviendas protegidas, tanto para venta como para alquiler.
- Aplicación de la deducción por alquiler de vivienda a todos los contribuyentes cuyo nivel de ingresos no exceda de 21.035 euros en declaración individual y de 30.050 euros en declaración conjunta.
- Establecimiento de incentivos fiscales en el IRPF para aquellos propietarios de viviendas en alquiler de renta antigua cuyos inquilinos no estén obligados a actualizar dicha renta.
- Establecimiento de subvenciones para el arrendador de viviendas de promoción pública en alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
adición de un nuevo párrafo a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas.
Redacción que se propone (nuevo párrafo al final):
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma del Impuesto sobre Sociedades en la que se establezca un régimen fiscal específico que será de aplicación a la construcción, explotación y rehabilitación de viviendas
para ser destinadas a alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas.
Madrid, 5 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De adición.
Se añade al texto de la Proposición lo siguiente:
'En particular se considera necesario:
a) Mantener y mejorar en colaboración con las Comunidades Autónomas las medidas de apoyo a la vivienda en régimen de alquiler contempladas en el actual Plan de Vivienda 2002-2005.
b) Establecer incentivos fiscales a la oferta de viviendas en alquiler.'
Justificación.
Mejora técnica.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del
G. P. Popular, relativa a medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda
De adición al final de la parte resolutiva.
Texto que se propone:
· Promover la incorporación de viviendas deshabitadas al mercado de viviendas en arrendamiento.
· Facilitar el acceso de los más jóvenes a las viviendas en arrendamiento.
· La introducción de deducciones en el IRPF de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de viviendas que tengan el carácter de habitual.
· El establecimiento de incentivos fiscales en el IRPF para aquellos propietarios de viviendas en alquiler de renta antigua cuyos inquilinos no estén obligados a actualizar dicha renta.
162/000126
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas
(núm. expte. 162/000126), ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte medidas que favorezcan el mercado inmobiliario de alquiler.
En particular, se considera necesario:
a) Mantener y mejorar en colaboración con las Comunidades Autónomas las medidas de apoyo a la vivienda en régimen de alquiler contempladas en el actual Plan de Vivienda 2002-2005.
b) Establecer incentivos fiscales a la oferta de viviendas en alquiler.
c) Impulsar una reforma del Impuesto sobre Sociedades en la que se establezca un régimen fiscal específico que será de aplicación a la construcción, explotación y rehabilitación de viviendas para ser destinadas a alquiler.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
162/000416
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre
administraciones con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones respetando las necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos
(núm. expte. 162/000416), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 295, de 28 de enero de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones
respetando las necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 del Reglamento de la Cámara, una comunicación para su debate en la Comisión de Ciencia y Tecnología sobre la normativa que regula las emisiones radioeléctricas de telefonía móvil, de
acceso radio (tecnologías LMDS) y las procedentes de enlaces radio de telefonía fija y sobre los niveles de emisión permitidos. En dicha comunicación deberán aportarse datos objetivos sobre la normativa de seguridad que se aplica, sobre la
regulación en derecho comparado, sobre la opinión técnica de los expertos científicos y sobre las garantías y controles existentes en este ámbito.
2. Establecer una mayor concreción del término 'minimizar' previsto en la letra d) del artículo 8.7 del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, relativo a los niveles de emisión de las estaciones radioeléctricas cercanas a espacios
sensibles como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos, con la finalidad de establecer unos parámetros objetivos que eviten interpretaciones dispares del mismo que no contribuyen a generar la necesaria confianza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del
GP Socialista, relativa a despliegue adecuado de la red de telecomunicaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda número 1
De adición en el apartado 6, al final de la letra a).
Texto que se propone:
'En todo caso, se prohibirá el establecimiento de instalaciones que produzcan emisiones radioeléctricas en las cercanías de colegios, hospitales, centros geriátricos, en tanto no haya evidencia de la total inocuidad de esas emisiones para la
salud humana.'
Enmienda número 2
De adición de un nuevo apartado 7.
Texto que se propone:
'7. Impulsar ante los Ayuntamientos la obligatoriedad de que las instalaciones de antenas de telefonía móvil y telecomunicaciones sean sometidas a los procedimientos regulados en la normativa de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas o, en su caso, a la normativa autonómica de aplicación, teniendo en cuenta el principio general de exigencia de previa licencia para el ejercicio de una actividad que puede afectar a la salud humana.'
162/000438
161/001301
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota (HF), sea debatida en Comisión en lugar de Pleno.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y, considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES (nuevo número de expediente 161/001301).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
162/000449
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES , así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la Cámara.
Madrid, 4 de marzo de 2002.-María del Mar Julios Reyes, Diputada.-José Carlos Mauricio Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Exposición de motivos
Canarias en su condición de frontera sur de la Unión Europea está siendo objeto de una fuerte presión inmigratoria. Al ser el principal enclave europeo cercano al África atlántica, canaliza la atracción de las mafias organizadas en torno al
tráfico y explotación de seres humanos, visualizándose la dramática llegada de la inmigración irregular a través de las frágiles pateras, con personas procedentes tanto del Magreb como del África subsahariana. Estas personas que van en busca de
unas condiciones de vida dignas, quieren utilizar a Canarias como lugar de paso hacia el continente europeo.
Esta tendencia es reconocida por los organismos y expertos internacionales como creciente y producto de la cada vez mayor brecha de separación entre los países pobres y ricos. En un contexto internacional donde se profundiza en el deterioro
de los países origen de la inmigración, los flujos migratorios y la inmigración ilegal, además de seguir existiendo se van a acrecentar en un futuro.
Los cambios de estrategia de las mafias han ocasionado que incluso en estos últimos meses son más la llegada de personas a las costas canarias que a las peninsulares, según declaraciones recientes del Secretario de Estado para Extranjería y
la Inmigración, la mitad de los irregulares que entraron en España durante el pasado mes de enero lo hicieron por Canarias.
Desde la propia Unión Europea ya se habla de la capacidad de acogida de la Unión y de sus Estados Miembros en condiciones dignas y con respeto de los derechos humanos. Desde la realidad insular y alejada de Canarias con un territorio
extremadamente limitado por su tamaño y por la discontinuidad de su comunicación terrestre con cualquier continente, se sufre la incomprensión del no reconocimiento de nuestra limitada capacidad de acogida.
Hemos de ser capaces de dar respuestas ágiles a los cambios cualitativos y cuantitativos de este fenómeno para que España al igual que el resto de Europa dé una respuesta adecuada, integral, humana, eficaz y tolerante.
Es una obligación de
España y Europa el compartir solidariamente las consecuencias negativas del fenómeno de la inmigración ilegal en general, pero más concretamente en territorios insulares y alejados como es el caso de Canarias.
En el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2002, en el apartado VI, la Europa de los ciudadanos, se reitera una mención especial sobre las regiones ultraperiféricas y otra sobre las regiones insulares en donde, sobre la base de la
declaración número 30 aneja al Tratado de Amsterdam, se confirma la necesidad de acciones específicas destinadas a las regiones insulares dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias, de conformidad con el artículo 158 del TCE, a
causa de sus desventajas estructurales que retrasan su desarrollo económico y social.
En Canarias es necesario dar respuestas ágiles, poner en marcha medidas específicas porque la situación así lo requiere. Es urgente que la Administración General del Estado articule alternativas para evitar la situación que se vive en las
calles y en las islas fundamentalmente de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria.
Canarias no puede convertirse en un punto de entrada de inmigrantes, con difícil salida, no deben seguir acumulándose personas en las calles y plazas de nuestras islas con expedientes de expulsión, pero que no pueden ser expulsadas y que
quedan en Canarias como conocidos irregulares en situación de exclusión social, circunstancia que les lleva a un círculo vicioso de marginalidad, pobreza, indigencia, prostitución y actividades delictivas para sobrevivir, y que en última instancia
provocan fractura y confrontación social.
El Ministerio del Interior elaboró el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración. Dicho programa asignó a diversos órganos responsables de la Administración del Estado las principales medidas que están
aún pendientes de concreción para Canarias, entre las que citamos las siguientes:
· Desarrollo de una red nacional de acogida de inmigrantes: Centros de acogida y centros de estancia temporal.
· Desarrollo de programas específicos para jóvenes extranjeros.
· Creación de unidades de atención específica para la atención de inmigrantes en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
· Desarrollo de Convenios entre la Administración del Estado y la Administración Autonómica y local en materias claves para la integración de los inmigrantes como sanidad, servicios y prestaciones sociales, vivienda, educación y cultura.
· Apoyo a las organizaciones no gubernamentales.
· Potenciación de los consulados españoles.
· Desarrollo de programas de cooperación para el desarrollo con los países origen de la inmigración.
En Canarias la situación actual de desbordamiento de los distintos organismos y organizaciones sociales para hacer frente a esta problemática, así como la complejidad del fenómeno, el impacto social que produce, y su indiscutible tendencia
al crecimiento, requieren de una actuación urgente de la Administración General del Estado, que tal como recoge el artículo 149.1 de la Constitución Española, es la que ostenta en exclusiva las competencias en materias de nacionalidad, inmigración,
emigración, extranjería y derecho de asilo.
Son necesarias medidas tanto a corto, medio como largo plazo, pero es necesario que con carácter urgente y resolutivo, se ejecuten y pongan en funcionamiento alguna de las medidas ya planificadas:
· Ejecución y puesta en funcionamiento antes de que finalice el presente año 2002, de cuatro centros de internamiento de inmigrantes, con 250 plazas cada uno y cuya ubicación está planificada en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y
Tenerife.
· Ejecución y puesta en funcionamiento antes de que inicie el verano, de dos centros de estancia temporal de 250 plazas cada uno en las dos islas capitalinas, para inmigrantes que tras ser puestos en libertad permanecen en situación
irregular, evitando así que la única alternativa que se les ofrece sea la calle y convertirse en carne de cañón de la exclusión social.
Asimismo, es necesario planificar medidas específicas para Canarias cuando la capacidad de acogida de los centros mencionados se supere, de forma que se evite la concentración de personas sin alternativas sobre nuestro suelo. Usando para
ello la red nacional de acogida de inmigrantes recogida en el Programa Greco diseñado por el Ministerio del Interior.
Por ello el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias, insta al Gobierno a:
1. Dar una solución inmediata y urgente al actual centro de inmigrantes ubicado en el antiguo aeropuerto de Fuerteventura.
2. Presentar en el plazo de un mes en la Subcomisión creada para tal efecto en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias Estado, la concreción del Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la
Inmigración en Canarias. Dicha propuesta debe especificar la concreción para Canarias de las acciones ya enunciadas por el Programa global diseñado por el Ministerio del Interior, incluyendo tanto las medidas a corto como a medio y largo plazo
expuestas en la presente Proposición no de Ley.
3. Incluir dentro de las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea el instar a la Unión Europea y a sus Estados miembros en el diseño de una política exterior y de cooperación para el desarrollo decidida para con África que
abarque a los países del África subsahariana.'
162/000450
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto; Uría Etxebarría, Margarita (GV-PNV); Lasagabaster Olazábal, Begoña
(GMx); Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx); Saura Laporta, Joan (GMx); Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx); Núñez Castain, José (GMx); Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Proposición no de Ley sobre la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante el escrito número de registro 68970 y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del
Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo a los Grupos proponentes.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes presentan conjuntamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, para su debate en el pleno de la Cámara, la siguiente
Proposición no de Ley sobre la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la siguiente Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la justicia.
Preámbulo
En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e
instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las
bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.
Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los
usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas el día 22 de mayo de 2001.
La presente Carta ha sido redactada por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos
Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.
Este grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas
aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.
Con la finalidad de conseguir una justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto del Estado, destacando la
importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.
La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del
delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar, las personas que sufran una discapacidad sensorial,
física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente, los extranjeros inmigrantes en España, a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.
La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son características de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo
General de la Abogacía
y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.
Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados,
Fiscales, Secretarios judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo, se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y
evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.
I. Una justicia moderna y abierta a los ciudadanos
Una justicia transparente
1. El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales.
· Se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de Atención al Ciudadano, asegurando su implantación en todo el territorio nacional.
· La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales.
2. El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España.
· El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, así como el Consejo General del Poder Judicial canalizarán esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de transparencia.
3. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible.
4. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.
· Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado.
· Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito al ciudadano que lo solicite los motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal.
Una justicia comprensible
5. El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.
6. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en Derecho.
· Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho.
7. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.
· Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de Abogado y Procurador.
8. El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los Tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
Una justicia atenta con el ciudadano
9. El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales.
10. El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparencencia se celebren con la máxima puntualidad.
· El Juez o el Secretario judicial deberá informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado.
· La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo causa de fuerza mayor, con antelación suficiente para evitar su desplazamiento.
11. El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible.
· La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a la Ley.
· Se procurará siempre concentrar en un solo día las distintas actuaciones que exijan la comparecencia de una persona ante un mismo órgano judicial.
· Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones económicas que corresponda percibir al ciudadano por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial.
· Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas de espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención al ciudadano.
12. El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de Justicia.
13. El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.
· Los datos figurarán en un lugar fácilmente visible del puesto de trabajo.
· Quien responda por teléfono o quien realice una comunicación por vía telemática deberá en todo caso identificarse ante el ciudadano.
14. El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por el Secretario judicial respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial.
· Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal de acuerdo con lo previsto en
las leyes.
15. El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario de mañana y tarde en las dependencias judiciales de aquellos órganos en los que, por su naturaleza o volumen de asuntos, resulte necesario y en los términos legalmente previstos.
16. El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su Comunidad la lengua oficial que escoja y a ser atendido en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Estatutos de
Autonomía y sus normas de desarrollo.
Una justicia responsable ante el ciudadano
17. El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro
del plazo de un mes.
· Podrá presentar las quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o Tribunal, sus órganos de gobierno, las Oficinas de Atención al Ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las
Administraciones de las Comunidades Autónomas.
· Las Administraciones Públicas competentes implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía telemática.
· En todas las dependencias de la Administración de Justicia estarán a disposición del ciudadano, en lugar visible y suficientemente indicado, los formularios necesarios para ejercer este derecho.
18. El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
· Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos de los ciudadanos darán lugar a una indemnización, que podrá ser reclamada por el perjudicado con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
· Las reclamaciones indemnizatorias se tramitarán con preferencia y celeridad.
Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
19. El ciudadano tiene derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal, y a conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso.
· El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial elaborarán un programa de previsiones con la duración debida de los distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales, al cual se dará una amplia difusión
pública.
20. El ciudadano tiene derecho a que no se le exija la aportación de documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo que las leyes procesales expresamente lo requieran.
21. El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales.
· Los poderes públicos impulsarán el empleo y aplicación de estos medios en el desarrollo de la actividad de la Administración de Justicia, así como en las relaciones de ésta con los ciudadanos.
· Los documentos emitidos por los órganos de la Administración de Justicia y por los particulares a través de medios electrónicos y telemáticos, en soportes de cualquier naturaleza, tendrán plena validez y eficacia siempre que quede
acreditada su integridad y autenticidad de conformidad con los requisitos exigidos en las leyes.
II. Una justicia que protege a los más débiles
Protección de las víctimas del delito
22. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso.
· Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas resoluciones que afecten a su seguridad, sobre todo en los casos de violencia dentro de la familia.
· Se potenciarán los cometidos de las Oficinas de Atención a la Víctima y se ampliarán sus funciones, buscando un servicio integral al ciudadano afectado por el delito, asegurando que presten servicio en todo el territorio nacional.
23. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad.
· Se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en dependencias judiciales a la espera de la práctica de cualquier actuación procesal.
· Las autoridades y funcionarios velarán especialmente por la eficacia de este derecho en los supuestos de violencia doméstica o de género, otorgando a las víctimas el amparo que necesiten.
24. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido de forma inmediata y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar.
· Se facilitará el uso de aquellos medios técnicos que resulten necesarios para la debida protección de la víctima, tales como los instrumentos de localización de personas, los mecanismos de teleasistencia y otros similares.
25. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales.
· Los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Fiscal, velarán por el adecuado ejercicio de este derecho.
Protección de los menores
26. El menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo.
· Para el cumplimiento de este derecho podrán utilizarse elementos técnicos, tales como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares.
· Se procurará evitar la reiteración de las comparecencias del menor ante los órganos de la Administración de Justicia.
27. El menor de edad que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social, así como a que las
distintas actuaciones judiciales se practiquen en condiciones que garanticen la comprensión de su contenido.
· El Ministerio Fiscal velará por la efectividad de este derecho, prestando al menor la asistencia que necesite.
28. El menor de edad tiene derecho a que las autoridades y funcionarios de la Administración de Justicia guarden la debida reserva sobre las actuaciones relacionadas con ellos, que en todo caso deberán practicarse de manera que se preserve
su intimidad y el derecho a su propia imagen.
Protección de los discapacitados
29. El ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica, podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta Carta y en las Leyes procesales.
· Solamente deberá comparecer ante el órgano judicial cuando resulte estrictamente necesario conforme a la Ley.
· Los edificios judiciales deberán estar provistos de aquellos servicios auxiliares que faciliten el acceso y la estancia en los mismos.
30. El ciudadano sordo, mudo, así como el que sufra discapacidad visual o ceguera, tiene derecho a la utilización de un intérprete de signos o de aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la información
solicitada, como la práctica adecuada de los actos de comunicación y otras actuaciones procesales en las que participen.
· Se promoverá el uso de medios técnicos, tales como videotextos, teléfonos de texto, sistema de traducción de documentos a braille, grabación sonora o similares.
· Se comprobará con especial cuidado que el acto de comunicación ha llegado a conocimiento efectivo de
su destinatario y, en su caso, se procederá a la lectura en voz alta del contenido del acto.
Los inmigrantes ante la Justicia
31. El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con lo establecido en esta Carta y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o
creencias; particularmente cuando se trate de menores de edad y conforme a lo dispuesto por los convenios internacionales ratificados por España.
· Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle
a conocer personalmente alguna resolución.
32. Los extranjeros inmigrantes en España tienen derecho a recibir una protección adecuada de la Administración de Justicia al objeto de asegurar que comprenden el significado y transcendencia jurídica de las actuaciones procesales en las
que intervengan por cualquier causa.
· Los Jueces y Tribunales, así como el Ministerio Fiscal, velarán en todo momento por el cumplimiento de este derecho.
III. Una relación de confianza con Abogados y Procuradores
Una conducta deontológicamente correcta
33. El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende, así como por el Procurador en la representación de sus intereses ante
los órganos jurisdiccionales.
34. El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia.
35. El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional.
· Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el ciudadano pueda conocer de forma efectiva las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional.
36. El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en el ejercicio de estas funciones.
Un cliente informado
37. El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional elegido y la forma de pago.
· Los Abogados y Procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. A estos efectos, se regulará adecuadamente y fomentará el uso de las hojas de encargo profesional.
· El cliente podrá exigir a su Procurador rendición de cuentas detalladas de los asuntos encomendados.
38. El ciudadano tiene derecho a obtener del Abogado y Procurador información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten.
· El profesional deberá entregar a su cliente copia de todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas.
· El ciudadano podrá consultar con su Abogado las consecuencias de toda actuación ante un órgano jurisdiccional.
· Se potenciarán los Servicios de Orientación Jurídica, dependientes de los Colegios de Abogados, que ampliarán sus funciones para informar al ciudadano sobre sus derechos en la relación de confianza con su Abogado.
39. El ciudadano tiene derecho a ser informado por su Abogado y por su Procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso
y sobre su cuantía estimada.
· Los respectivos Colegios profesionales elaborarán un estudio de previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso, dependiendo tanto del tipo de procedimiento como de su complejidad, que será actualizada
periódicamente.
Una Justicia gratuita de calidad
40. El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un Procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita.
· Los Colegios respectivos velarán por el correcto desarrollo de su función por parte del profesional designado.
41. El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita.
· Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de este derecho.
Eficacia de la Carta de Derechos
1. Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Carta. Estarán vinculados a ella Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Médicos Forenses, funcionarios públicos, Abogados,
Procuradores y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.
2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Colegios profesionales competentes adoptarán las disposiciones oportunas y
proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta.
3. El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, llevará a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta, a cuyo efecto será regularmente informado por el Gobierno y
los órganos del Estado e instituciones públicas a los que se solicite. La memoria anual elevada por el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales incluirá una referencia específica y suficientemente detallada a las quejas,
reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Xavier Trías i Vidal de
Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.-Margarita Uría Etxebarría, Diputada.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Luis Mardones Sevilla, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Joan Puigcercós i Boixassa, Joan Saura Laporta, Francisco Rodríguez Sánchez, José Núñez Castaín y José
Antonio Labordeta Subías, Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000451
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència y Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Proposición no de Ley sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en los impresos y comunicaciones de la Administración General del Estado.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre
el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en los impresos y comunicaciones de la Administración General del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU).-Iñaki Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).-Guillerme Vázquez Vázquez,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El artículo 3 de la Constitución española, tras declarar que el castellano es la lengua española oficial del Estado, establece que las otras lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos.
En este sentido, los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Illes Balears, Comunidad Valenciana, País
Vasco, Navarra y Galicia, declaran también oficiales a sus respectivas lenguas propias.
Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que el artículo 3 de la Constitución conlleva una habilitación a las Comunidades Autónomas con lengua propia para que, en el marco establecido por sus Estatutos de Autonomía, puedan
'regular el alcance inherente al concepto de oficialidad' (STC 82/1986, de 26 de junio, y 56/1990, de 29 de marzo), lo que comporta establecer el contenido básico de dicha oficialidad (STC 337/1994, de 23 de diciembre), y, además, determinar las
medidas de fomento o normalización de su lengua propia que sean necesarias (STC 74/1989, de 21 de abril, y 337/1994, de 23 de diciembre), siempre que ello no comporte menoscabo para la oficialidad del castellano, que todos los españoles tienen el
deber de conocer y el derecho a usar.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado, también, que la oficialidad de la lengua es completa e indivisible, por lo que lo es en todos los ámbitos y en todo el territorio en que ha sido declarada como tal, con independencia de su
arraigo social efectivo y obliga a todos los poderes públicos, entre ellos a la Administración del Estado, incluida la militar (STC 82/1986, de 26 de junio, y 123/1988, de 23 de junio).
El Estado debe dar cumplimiento, pues, al doble mandato de proteger y respetar la diversidad lingüística de España y de dar cumplimiento a la legislación lingüística de las Comunidades Autónomas, y debe hacerlo sin regateos y siempre con
amplitud de miras y con generosidad respecto a las lenguas españolas con menos hablantes que, durante siglos, han sido excluidos del apoyo estatal.
La aprobación del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, que dispone que en
las Comunidades Autónomas con lengua propia distinta del castellano los impresos normalizados deben ser necesariamente bilingües, en castellano y en la otra lengua oficial, hacía pensar que finalmente el Gobierno del Estado se disponía a, cuando
menos, respetar las lenguas oficiales distintas del castellano. Veinte años después de la aprobación de la Constitución, el Gobierno del Estado dejaba de actuar sólo y exclusivamente en castellano.
Sin embargo, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto, la producción documental de la Administración del Estado en las Comunidades Autónomas en régimen de doble oficialidad lingüística sigue siendo sólo y
exclusivamente en castellano con un claro incumplimiento del ordenamiento jurídico. En efecto, los impresos de declaración trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto sobre la Renta, los impresos de declaración de retenciones del
Impuesto sobre la Renta y tantos otros, así como las notificaciones correspondientes a los procedimientos de apremio, todos ellos normalizados, se distribuye exclusivamente en castellano sin opción alguna para el ciudadano de pedirlos en la otra
lengua oficial. Asimismo y el pasado mes de octubre, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha remitido a la ciudadanía una 'Comunicación de bases de cotización. Año 2000', exclusivamente en castellano.
Otro ejemplo de menosprecio a los ciudadanos del Estado y de Comunidades Autónomas con lengua propia distinta del castellano ha tenido lugar el mes de diciembre con motivo del envío de una carta del Presidente del Gobierno y de un folleto
del Gobierno en los que se informa de la entrada en vigor del euro a partir del 1 de enero de 2002, exclusivamente en castellano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Vasco y Grupo Parlamentario Mixto, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar inmediato cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y
el material impreso de la Administración General del Estado y a tener a disposición del público en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, o, en su caso, remitir al mismo, antes del 1 de mayo de 2002, todos los impresos y notificaciones
normalizados en castellano y en la otra lengua oficial de que se trate dando a las dos lenguas un trato de igualdad incluso en los aspectos gráficos.'
162/000452
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema GALILEO) y decisiones inmediatas a adoptar por el Consejo Europeo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en el Pleno, relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema GALILEO) y decisiones inmediatas a adoptar por el Consejo Europeo.
Motivación
Sabido es que existen diferentes marcos institucionales europeos (CEAC/OACI, EUROCONTROL, JAA y UE) sobre los que recaen responsabilidades en materia aviación civil y en concreto en navegación aérea, pero sin embargo ha sido la UE quien ha
venido desarrollando a lo largo de los últimos años la política en materia de navegación por satélite cuyo origen se remonta al año 1994.
El verdadero impulso que dio la UE a tal política de navegación por satélite, se produjo cuatro años más tarde, en 1998, cuando en el Consejo de marco de este último año se aprobó la Comunicación 'Hacia una Red Transeuropea de
Posicionamiento y Navegación: Una Estrategia Europea para el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS-2)'. A este futuro sistema satelital, genuinamente europeo, se le ha bautizado como Galileo, quizás en homenaje al maestro matemático
italiano (1564-1642) que descubrió en 1610 los cuatro satélites más grandes de Júpiter (Io, Europa, Ganímedes y Calisto, citados en orden de menor a mayor tamaño), casi 400 años antes de que la sonda Voyager terminase el inventario de dicho planeta
en el que a lo largo del tiempo se han venido incorporando sucesivos descubrimientos hasta contabilizar la cifra de 16 satélites.
Por razones prácticas, ante la falta de un decidido impulso inicial, y como medida de cautela, ante la carencia de experiencia en el campo de la navegación por satélite, en Europa se configura la Estrategia GNSS (Global Navigation System
Satelite) de modo que en una primera etapa inicialmente viable se cultive y desarrolle la cultura técnica necesaria para impulsar a continuación el proyecto definitivo. A estas dos fases se le denominan GNSS-1 (EGNOS) y GNSS-2. Con el desarrollo
de la primera fase, que requiere un mínimo de exigencias y se apoya en otros sistemas, se puede ensayar sin elevados riesgos la viabilidad de su continuidad hacia proyectos futuros (Constelación Europea de Satélites), mediante la evaluación de
diversos factores tecnológicos y operativos.
EGNOS se concibió como la componente europea de GNSS-1, es decir, un sistema que complementa o aumenta las prestaciones de los sistemas de navegación por satélite actualmente existentes (GPS norteamericano y GLONASS ruso). El sistema
europeo se inició en paralelo con iniciativas similares de otras regiones (sistemas WAAS norteamericano y MSAS japonés). EGNOS es un sistema destinado a mejorar en un área regional terrestre los cuatro requisitos de navegación esenciales para que
el sistema pueda ser certificado para su uso por la aviación que son: precisión, integridad, continuidad y disponibilidad, debiendo indicar que en especial de todos ellos sobresale la integridad, parámetro que mide el grado de confianza en la
información proporcionada por el sistema de navegación.
Ni el GPS ni el GLONASS satisfacen todos los requisitos de navegación exigidos por la aviación civil. Tanto el GPS como el GLONASS fueron diseñados en la década de los setenta por y para organizaciones militares, y por consiguiente están
bajo control militar por lo que, en caso de conflicto bélico, la disponibilidad del servicio no está asegurada, no existe ningún tipo de garantía legal o de seguridad sobre el funcionamiento del sistema, y no existe un marco de responsabilidad legal
claramente definido en caso de accidentes provocados por fallo de estos sistemas.
GALILEO es el reto europeo ante la alternativa de continuar con la servidumbre americana y en menor medida la rusa. GALILEO principalmente representa ahora una acción conjunta de la Comisión Europea (la CE) y la Agencia Europea Espacial
(ESA). La CE es responsable de la dimensión política: y emprende estudios en la arquitectura del sistema a nivel global, así como también sobre los aspectos económicos y sobre las necesidades y requisitos de los usuarios. Durante la fase de
definición actual, la ESA se encarga de la definición del segmento el espacio de Galileo y de los segmentos de tierra (Programa ESA-GalileoSat).
Galileo se ha concebido de modo que sea interoperable con los sistemas americano GPS y ruso GLONASS, los otros dos sistemas globales de satélite de la navegación que siguen hoy bajo control militar, si bien disponibles para uso civil, lo que
significa que un usuario podrá ser capaz de fijar su posición con el mismo receptor con señales procedentes desde los satélites de cualquier sistema.
La decisión de desarrollar un sistema de navegación por satélite propio fue tomada en el mismo sentido que se hizo con otros importantes esfuerzos europeos, como el lanzador Ariane y con Airbus. La Comisión
Europea y la Agencia Espacial Europea sumaron esfuerzos para desarrollar Galileo, como un sistema independiente de control civil con garantías de funcionamiento en todo momento, exceptuando ocasiones que representen unas situaciones de
verdadera emergencia. Galileo se encuentra ahora en el momento de la definición del nivel de su desarrollo final.
El sistema completo podría estar disponible en el año 2008 cuando 30 satélites (27 en operación y 3 en reserva) se encontrasen en órbitas circulares a una distancia aproximada de 24.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Los
primeros satélites serían lanzados en el 2004 y en el 2006 el sistema podría ser suficiente para comenzar a prestar servicio de usuario inicial. Estos satélites que se moverían en órbitas circulares, podrían ser complementados por algunos satélites
geoestacionarios, con objeto de mejorar sus prestaciones en determinadas áreas donde se precisen.
Aproximadamente 14 estaciones de tierra dispersas sobre el globo terrestre, supervisarían las posiciones de los satélites y las variaciones observables respecto a la exactitud de sincronización de sus relojes de a bordo. Las estaciones de
tierra estarían conectadas a las instalaciones de control centrales en Europa vía una red de enlaces permanentemente abiertos. Las instalaciones de control calcularían las correcciones precisas con objeto de transmitirlas a los satélites vía las
estaciones de tierra.
Las instalaciones de control también informarán a los proveedores de servicio, tales como los gestores de control del tráfico aéreo, sobre el estado operativo de los satélites.
Con la puesta en marcha de Galileo, Europa será capaz de entrar en el futuro mercado de satélites de navegación y de ello se beneficiarán la industria aeroespacial, empresas fabricantes de receptores de señal y calculadores de posición así
como aquellas otras que desean prosperar frente a la competencia americana en los negocios que proporcionan los servicios que usan la navegación por satélite. Un estudio sobre el impacto económico de Galileo sitúa el coste real del proyecto en
2.900 millones de euros, frente a una cifra de negocios de 90.000 millones de euros generada durante un plazo de unos veinte años valorada en términos de ventas de equipo y provisión de servicios de valor añadido.
Aunque hasta ahora, la CE y la ESA han venido trabajando estrechamente sobre un plan de acción común, han financiado los estudios separadamente.
Por parte de la CE han sido utilizados fondos del 5.º programa Marco de la Unión Europea de
investigación y desarrollo y por parte de la ESA los fondos vienen del programa de definición GalileoSat de dicha Agencia.
La continuidad del programa GALILEO requiere de un decidido impulso político europeo para afrontar su financiación en las tres fases que representan los hitos a alcanzar para llegar a la plenitud de funcionamiento (primera etapa de
validación, segunda de funcionamiento inicial y tercera de finalización total). La clave para el lanzamiento de la primera etapa está en manos de la UE, tanto en el plano ejecutivo como en el financiero, ya que hoy no se vislumbra otra alternativa
distinta y realista al de la acción inmediata de la actual presidencia y sucesivas de modo que hagan lo necesario para asegurar la financiación total del proyecto o, al menos, encuentren el compromiso de financiar la primera etapa de validación
constituida por más estudios, y pruebas con tres o cuatro primeros satélites de GALILEO que habrían de lanzarse así como la materialización de parte del segmento tierra de control.
Este compromiso podría suponer un esfuerzo financiero del orden de 1.000 millones de euros. Una vez que la UE haya comprometido estos fondos, podrá abordarse con más realismo la continuidad de las siguientes fases de modo que la industria
pueda mostrar mayor interés que el que ha mostrado en el pasado en participar activamente. Hasta ahora, la competencia americana que por el momento ofrece el GPS gratuitamente junto con la falta de energía política de la UE, no han mostrado el
suficiente atractivo a los empresarios europeos, aunque paradójicamente si ha existido iniciativa por parte de algún empresario americano, como Boeing en entrar en este gran negocio del futuro que en el presente está monopolizado por los americanos
y que, sin embargo, está mostrando una gran aceptación y demanda generalizada por parte de millones de usuarios de numerosos sectores de actividad, no solamente de la aviación, sector que cuantitativamente representaría una minoría dentro del amplio
espectro de usuarios potenciales.
Aunque existan empresas europeas que en un principio se comprometieron a aportar financiación para la fase de desarrollo están varias españolas, como AENA, SENA, el consorcio Galileo Sistemas y Servicios, entre las que está CASA (EADS),
además de las francesas Alcatel y Thales y la italiana Telespazio, la participación no es suficiente para asegurar todo el proyecto. La UE debe seguir adelante sin mayor dilación aportando fondos y apoyo de toda clase que permita generar confianza
en más empresarios europeos y acortar distancias competitivas con los americanos.
Al parecer España, que apoya el desarrollo por la Unión Europea del sistema de posicionamiento por satélite, Galileo, cuyo lanzamiento fue aplazado el sábado 15 de diciembre de 2001 por los jefes de Estado de la UE, se enfrenta en su etapa
de la Presidencia en este primer semestre de 2002 a ciertas dificultades por la negativa de esa reunión por parte del Reino Unido, Alemania y Holanda a aportar financiación, circunstancia esta última que según parece, comienza a estar superada.
En consecuencia y por las razones apuntadas, presentamos la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que adopte, en el ejercicio de la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea, todas las medidas que sean necesarias de cara a conseguir:
1. Un acuerdo político firme en el próximo Consejo Europeo de Barcelona sobre la continuidad y el impulso del Programa Europeo de Navegación por Satélite 'Galileo'.
2. La aprobación por el Consejo de Transportes y Telecomunicaciones de la puesta en marcha de su fase de desarrollo y de las decisiones necesarias para su financiación.
3. La aprobación de los estatutos de la empresa común encargada de llevar a cabo la fase de desarrollo y preparar las fases siguientes del programa, movilizando los fondos públicos y privados necesarios y preparando la instauración de
estructuras de gestión de dichas fases posteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-José Segura Clavell, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000453
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al Plan Nacional de Residuos Peligrosos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al Plan Nacional de Residuos Peligrosos para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Primer Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos, denominado Plan Nacional del Residuos Industriales, elaborado por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de marzo de 1989,
en cumplimiento de la entonces recién aprobada Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Posteriormente, el Consejo de Ministros, en su reunión de 17 de febrero de 1995, adoptó un acuerdo por el que se aprobó un nuevo Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' el 13 de mayo de
1995 como Resolución, de fecha 28 de abril de 1995, de la entonces Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAV).
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, dentro del capítulo II relativo a las competencias administrativas, dedica el artículo 5 a la planificación. Según el contenido de dicho artículo, la Administración General del Estado, mediante
la integración de los respectivos Planes Autonómicos de Residuos, elaborará diferentes Planes Nacionales de Residuos, en los que se fijarán los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación;
las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios de financiación y el procedimiento de revisión.
De este modo, el Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006) fue adoptado por el Consejo de Ministros en su reunión de 7 de enero de 2000 y publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' de 2 de febrero, como Resolución de 13 de enero de
2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Dicho Plan se circunscribe a los residuos sólidos urbanos o municipales quedando excluidos los residuos peligrosos. Posteriormente, se han aprobado, entre otros, el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos
(PCB), Policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan (2001-2010); el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) (2001-2006); el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales-EDAR (PNLD) (2001-2006), y el
Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso (VFU) (2001-2006).
Sin embargo, carecemos de Plan Nacional de Residuos Peligrosos y se desconoce de la existencia, preparación
de un nuevo Plan o prórroga del actual, teniendo en cuenta que su vigencia terminaba en el año 2000. Todo ello a pesar de los reiterados anuncios del Gobierno y a que, incluso, el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de
Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan (2001-2010), aprobado el 4 de abril del presente año, menciona que 'el futuro II Plan Nacional de Residuos Peligrosos (2001-2006) está en avanzado estado de
elaboración'.
Por todas las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter urgente, apruebe y remita al Congreso de los Diputados un Plan Nacional de Residuos Peligrosos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Carmen Marón Beltrán, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000454
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre negociación con los empleados públicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre negociación con los empleados públicos, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La reciente sentencia del Tribunal Supremo, revocando la anterior a la Audiencia Nacional que había reconocido, por haber sido objeto de un acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales, el derecho de los empleados públicos
a percibir el incremento retributivo durante 1997 según la previsión presupuestaria del crecimiento del IPC en dicho año, con carácter consolidable para años sucesivos, ha puesto en cuestión la fuerza vinculante de los convenios y la eficacia de los
mismos.
Pese a que dicha sentencia ha sido favorable a los intereses del Gobierno, es a éste a quien corresponde ahora la responsabilidad de recomponer la situación y volver a generar un clima de confianza con las organizaciones sindicales y los
empleados públicos, restableciendo la negociación colectiva y garantizando la eficacia de los acuerdos que suscriba en materia de empleo público.
La legislación y el interés público exigen que la materia retributiva y las condiciones de trabajo de los empleados públicos sean objeto de negociación y no consecuencia de decisiones unilaterales del Gobierno.
Por otra parte, teniendo en cuenta que gran parte de las materias que deben ser objeto de negociación colectiva, al incorporarse a la normativa, tiene carácter básico y, por tanto, aplicable a los empleados públicos de todas las
Administraciones, el Gobierno debe establecer los cauces precisos para que el resto de Administraciones puedan participar en la determinación de dichas materias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reabrir la Mesa General de Negociación con los representantes sindicales para la realización de una efectiva negociación sobre materia retributiva y otros aspectos que mejoren las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
restableciendo el derecho a la negociación colectiva.
2. Elaborar las medidas normativas que, garantizando el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva, refuercen la eficacia y la plena aplicación de los acuerdos suscritos con los Sindicatos en materia de empleo público.
3. Establecer los cauces precisos para que todas las Administraciones Públicas participen en las decisiones sobre empleo público que, por tener carácter básico, afectan a todos los empleados de dichas Administraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000455
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para una mejor gestión de los recursos hídricos ante la escasez de agua.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la adopción de medidas para una mejor gestión de los recursos hídricos ante la escasez de agua, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La falta de agua que actualmente amenaza a buena parte de España no es consecuencia de una sequía prolongada, sino el resultado de una política de recursos hídricos llevada a cabo por el Gobierno desde 1996 profundamente equivocada. Sólo
así puede entenderse que, después de años excepcionalmente lluviosos y con unos embalses de las Confederaciones Hidrográficas que vieron aumentada su capacidad en un 40 por 100 en el período 1982/1996, se planteen graves problemas de suministro por
la escasez de precipitaciones en sólo los últimos seis meses.
Situaciones de falta de agua se están haciendo cada vez más preocupantes; por ejemplo, en algunos regadíos de Aragón y de Castilla y León, en algunos abastecimientos de las Comunidades Autónomas del norte, en el sistema Entrepeñas/Buendía
-y, por consiguiente, en Murcia-, en el sistema Alarcón/Contreras/Tous -es decir, Comunidad Valenciana-, y desde luego en el abastecimiento de Madrid -con casos más críticos como el de Alcalá de Henares- y en Cataluña -en donde la Generalidad ha
adoptado ya medidas preventivas-. Incluso, a pesar de no haber sido un año seco hasta el momento, pueden producirse también problemas en algunos regadíos de Andalucía.
No es, pues, la falta de precipitaciones la causa de los problemas actuales, sino una gestión totalmente inadecuada, caracterizada por el progresivo desmantelamiento de la administración hidráulica, por la falta de control sobre el uso del
agua, por la ausencia de una planificación centrada en el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y, consecuentemente, por una política de infraestructuras que no da respuesta a los problemas de agua que tiene la sociedad española.
Manifestaciones continuas de esta política equivocada del Gobierno son la gran pérdida de funciones de las Confederaciones Hidrográficas a favor de unas sociedades estatales en las que no existe participación ni criterios objetivos de
financiación pública; la oposición social al Plan Hidrológico Nacional, derivada en gran medida de la falta de un órgano adecuado de coordinación territorial e institucional en la materia; el descontrol de la gestión del agua por la falta de
medios de las Confederaciones y, lo que es peor, de autoridad, como por ejemplo se ha puesto de manifiesto en los últimos meses al turbinarse inadecuadamente grandes volúmenes de agua para producir energía eléctrica y provocar con ello algunas de
las situaciones actuales de escasez; el desconocimiento del uso real del agua y, por consiguiente, la incapacidad de adoptar medidas realistas de gestión de la demanda; o, en fin, graves incumplimientos normativos, como la falta de desarrollo
reglamentario de las modificaciones introducidas en la Ley de Aguas de 1985 por la Ley 46/1999 -a pesar de que ya han transcurrido más de dos años-, o como la no producida todavía transposición de la directiva 98/83/CE sobre agua potable, con un
retraso de más de un año y que ha motivado el anuncio de la Comisión de llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Es necesario, por tanto, no sólo adoptar medidas coyunturales que permitan afrontar la situación actual de falta de agua, sino también medidas estructurales que den coherencia a una política de recursos hídricos a medio y largo plazo.
En cuanto a las primeras, las previsiones contempladas en los artículos 55, 56 y, especialmente, 58 de la Ley de Aguas tienen como fin paliar los daños sociales y económicos que puede provocar la falta de agua, siendo incomprensible que el
Gobierno, a pesar de los problemas actuales, no haya hecho uso todavía de tales artículos para la adopción de medidas que resultan ya imprescindibles.
Preocupación específica de estas medidas tiene que ser garantizar en todas las cuencas el uso prioritario del abastecimiento y, asimismo, paliar los daños económicos en los usos productivos introduciendo criterios de equidad social en la
distribución del agua para este tipo de usos -especialmente en relación con el riego de las explotaciones familiares o medias y con los cultivos intensivos en mano de obra-, y proteger los recursos ambientales asociados al agua que puedan verse
afectados por la escasez.
La contradicción entre la falta de actuación del Gobierno y la exigencia de medidas de prevención es tanto mayor cuanto que la Ley del Plan Hidrológico Nacional establece unas medidas de planificación para la prevención de sequías, en las
que el Gobierno no ha avanzado prácticamente nada casi ocho meses después de aprobado el Plan Hidrológico.
En cuanto a las medidas estructurales, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que ya estaban recogidas en la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentó en su momento al Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional sin
ningún resultado.
Particular importancia reviste en este sentido, por lo dicho, el fortalecimiento de las instituciones públicas, la gestión de la demanda y la garantía prioritaria del abastecimiento urbano.
La situación actual de escasez alarmante de agua en muchas zonas de España requiere la adopción de medidas coyunturales que den respuesta rápida a los problemas inmediatos de falta de agua, pero también pone de manifiesto la necesidad de
medidas estructurales que aseguren una política sostenible de recursos hídricos.
Por todo ello, y de acuerdo con lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
A) Medidas coyunturales:
En el plazo de un mes el Gobierno, al amparo del artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas y en conexión con los artículos 55 y 56 del mismo, adoptará las medidas necesarias para prevenir y limitar los efectos de la falta de agua
que actualmente afecta de forma cada vez más preocupante a numerosas zonas de España.
Las medidas tendrán como objetivo garantizar el uso prioritario del abastecimiento, paliar los daños económicos en los usos productivos introduciendo criterios de equidad social en la distribución del agua y proteger los recursos ambientales
asociados al agua.
En particular, de acuerdo con dichos criterios de equidad social, se adoptarán medidas que atiendan principalmente a las necesidades de riego de las explotaciones agrarias de carácter familiar o tamaño medio, así como de los cultivos que
sean más intensivos en mano de obra y aquellas fincas en las que estén adoptadas medidas de ahorro de agua, tales, como contadores y sistemas de riego por aspersión o goteo que conlleve un uso más eficiente del recurso.
B) Medidas estructurales:
En el plazo de tres meses el Gobierno presentará en el Congreso un Plan de mejora de la gestión de los recursos hídricos, que comprenderá, al menos, los siguientes aspectos:
a) Creación de la Conferencia Sectorial de la Política de Agua como instrumento de coordinación y cooperación institucional.
b) Reforma de los organismos de cuenca con el objetivo primordial de reforzar la participación e integración de las Comunidades Autónomas, así como la de las entidades locales y la de las organizaciones profesionales, económicas, sociales y
ambientales, y garantizar en general la coordinación efectiva de todas las Administraciones relacionadas con el agua.
c) Establecimiento en las Confederaciones Hidrográficas de la adecuada dotación de recursos humanos para que se pueda cumplir con las previsiones que establece la normativa europea.
d) Aplicación de procedimientos de revisión, caducidad y extinción concesionales de acuerdo con lo previsto en la Ley de Aguas.
e) Realización de un estudio de reordenación concesional, para cada sistema de explotación, que analice la viabilidad técnica, económica y ambiental de alternativas que ofrezcan una utilización más racional de los recursos hídricos.
f) La integración eficaz de las unidades hidrogeológicas en los sistemas de explotación.
g) Intensificación del uso de aguas residuales depuradas y desaladas, así como la adecuación de la calidad de las aguas a los usos concretos.
h) Elaboración inmediata de un Plan Nacional de Abastecimiento en coordinación con las Comunidades Autónomas que garantice la cantidad y calidad del agua de abastecimiento y dé respuesta a las exigencias de la directiva 98/83/CE.
i) Elaboración inmediata de los planes de prevención de sequías de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.
j) En el plazo de seis meses se aprueben las normas de explotación del conjunto de los embalses que existen en todas las cuencas hidrográficas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000456
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de Aguas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.- P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de Aguas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, introdujo cambios importantes en el ordenamiento vigente en esta materia, que afectan en especial al régimen concesional regulado por el
capítulo III del Título IV, al régimen de vertidos y de reutilización regulado por los capítulos II y III del Título V, y al nuevo Título VIII regulador de las obras hidráulicas.
La trascendencia de estas regulaciones, la diversidad y amplitud de los restantes preceptos de la Ley 46/1999 y las modificaciones que ya había sufrido anteriormente la Ley 29/1985 a través de otras normas legales motivaron que la
disposición final segunda de la Ley 46/1999 estableciera la elaboración por el Gobierno de un texto refundido en el plazo de un año; si bien este plazo fue incumplido -y ampliado hasta dos años aprovechando la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de
Evaluación de Impacto Ambiental, que nada tiene que ver con la legislación de aguas-, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobó finalmente el texto refundido de la Ley de Aguas con un retraso de siete meses sobre el plazo inicial
previsto.
Mucho más grave sin duda es el retraso que está sufriendo el desarrollo reglamentario de las modificaciones introducidas por la Ley 46/1999. Así, el nuevo canon de control de vertidos que sustituye al antiguo canon de vertido debería haber
entrado en vigor en enero de 2001, pero ante el incumplimiento de este plazo por falta de desarrollo reglamentario el Gobierno tuvo que recurrir a la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional para fijar la nueva fecha de entrada en
vigor en el 1 de enero de 2002. Una vez más, sin embargo, el Gobierno ha vuelto a incumplir este plazo por no haberse aprobado todavía el reglamento.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que se encuentra en tramitación el proyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el desarrollo reglamentario del régimen de vertidos debería recoger los aspectos concernientes a
los procedimientos relativos a dicha prevención y control integrados.
Con ser importante la incidencia del retraso reglamentario en la gestión de los vertidos, más perjudicial todavía podría considerarse la que está teniendo sobre el desarrollo del régimen concesional, por afectar directamente a nuevos
mecanismos de gestión de los recursos hídricos; en efecto, los centros de intercambio de derechos y los contratos de cesión de derechos -aunque son valorados de forma muy diferente por el Grupo Parlamentario Socialista, como lo fue puesto de
manifiesto en la tramitación parlamentaria- pueden tener consecuencias importantes en la disponibilidad de agua en las zonas con problemas de escasez, y por ello deben ser reglamentados con urgencia y con rigor.
No hace falta asimismo insistir en la necesidad del desarrollo reglamentario concerniente a las obras hidráulicas, que afecta a cuestiones tan importantes
como el régimen de las obras de interés general o los contratos de construcción y explotación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de cuatro meses, proceda al adecuado desarrollo reglamentario del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de modo
que dicho desarrollo comprenda todo el contenido legislativo del texto refundido y actualice debidamente las disposiciones reglamentarias vigentes actualmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2002.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000457
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.- P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En la primera reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrada el 4 de marzo de 2002 bajo la Presidencia Española de la Unión Europea, y siendo una de las prioridades de su agenda la lucha contra el cambio climático, se ha
logrado un acuerdo para la ratificación del Protocolo de Kioto para el control de emisiones de gases de efecto invernadero.
La Presidencia española de la Unión Europea establecía como prioridad impulsar la ratificación del Protocolo de Kioto para lograr su entrada en vigor antes de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible que se celebrará del 26 de agosto al 4
de septiembre en Johannesburgo, y que pretende revisar el camino recorrido desde la Cumbre de Río de 1992. Si bien para que esto ocurra son necesarios dos procesos paralelos de ratificación, el de la UE como tal y el de los parlamentos nacionales
de cada uno de los Quince. En este sentido, el Presidente de la Unión Europea, Romano Prodi, ha manifestado su confianza en que los Estados miembros realicen los pasos necesarios para realizar una ratificación simultánea a la de la Unión antes del
1 de junio de 2002. En España el proceso de ratificación individual ya se ha iniciado.
Desde 1996, e independientemente del proceso de negociación del Protocolo de Kioto, el Grupo Parlamentario Socialista viene solicitando, mediante distintas iniciativas parlamentarias, la adopción por parte del Gobierno de una política eficaz
y de carácter global en materia de lucha de cambio climático, a través de una Estrategia, obligación que se deriva del Convenio marco sobre Cambio Climático, adoptado en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Más aún, si tenemos en cuenta que
superamos las previsiones de emisiones de efecto invernadero superando el +15 por 100 permitido dentro del sistema compartido, denominado 'burbuja europea o comunitaria' de acuerdo con el objetivo de reducción de un 8 por 100 aceptado por la Unión
Europea, situándonos en un +23 por 100. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente, que debería ser el impulsor y promotor de una política eficaz, no ha adoptado ninguna medida relevante en la materia dedicándose a renombrar un organismo creado por
los anteriores gobiernos socialistas. De este modo, se creó el año pasado la Oficina Española de Cambio Climático, cuya función es, precisamente, impulsar la elaboración de dicha Estraetegia.
Frente a nuestras peticiones, el Gobierno se ha venido escudando para no adoptar una Estrategia de carácter global de lucha contra el cambio climático, fundamentalmente, en las negociaciones del Protocolo de
Kioto, en particular, en las negociaciones de los mecanismos de flexibilidad y en la necesidad de ratificar conjuntamente con la UE dicho Protocolo. Pues bien, como se ha puesto de manifiesto el proceso de ratificación en el seno de la
Unión ya se ha acordado y, por otra parte, los mecanismos de flexibilidad fueron adoptados en la reciente Cumbre de Marrakech.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir, con carácter inmediato, una Estrategia o Plan Nacional de Acción, elaborado de acuerdo con las Comunidades Autónomas y con la participación del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que,
con carácter global, desarrolle un conjunto de medidas para combatir el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000458
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre elaboración de una Ley de responsabilidad civil en materia de medio ambiente.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre una Ley de responsabilidad civil en materia de medio ambiente, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El 14 de mayo de 1993 la Comisión presentó un documento de gran trascendencia para establecer las ventajas y los inconvenientes de la reparación del daño ecológico, ya sea a través de los mecanismos de responsabilidad civil, ya sea mediante
sistemas de indemnización conjunta. Dicho documento es el 'Libro Verde de la Comisión Europea sobre reparación del daño ecológico' en el que la Comunidad se pronuncia claramente a favor del establecimiento de sistemas de responsabilidad civil de
carácter objetivo y que pretendía que se instaurara un debate sobre este tema entre todas las partes interesadas.
Posteriormente, la Comisión Europea elaboró el 'Libro Blanco sobre la responsabilidad ambiental' (COM/2000/0066 final), y en cuya introducción se refiere al accidente minero de Aznalcóllar y al naufragio del Erika, establece la estructura de
un futuro régimen comunitario de responsabilidad ambiental encaminado a la aplicación del principio de quien contamina paga. Asimismo, describe los principales elementos que harán posible que dicho régimen sea eficaz y viable. El régimen que se
propone no puede limitarse a los daños causados a las personas y a los bienes y a la contaminación de lugares, sino que también se ha de aplicar en los casos de deterioro de la naturaleza, en particular cuando se trate de recursos naturales
importantes desde el punto de vista de la conservación de la diversidad biológica de la Comunidad o, lo que es lo mismo, cuando se vean afectadas las zonas de especies protegidas en el marco de la Red Natura 2000.
Asimismo, existe una Propuesta de Directiva en la materia que mantiene los criterios de responsabilidad civil objetiva y solidaria y cuya aprobación, según la intervención del Ministro de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente del
Parlamento Europeo con motivo de la Presidencia española de la Unión, el pasado mes de enero, es de gran importancia para conseguir establecer un sistema adecuado de responsabilidades civiles en materia de medio ambiente que proteja el mismo de una
manera efectiva frente a posibles atentados ecológicos, ya sean accidentales o provocados.
Independientemente de la existencia de un marco europeo sobre responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente, a través de instrumentos normativos o de orientaciones uniformes mediante iniciativas
como el Libro Verde y el Libro Blanco, se hace necesaria la promulgación en nuestro país de una Ley de responsabilidad civil ambiental. Esta necesidad fue puesta de manifiesto por el accidente minero de Aznalcóllar y se reitera ante hechos
recientes como el vertido de mercurio en el Ebro que alcanzó la red de agua potable de Tarragona o la nube tóxica resultado del incendio de una industria que obligó a los vecinos de Cartagena a permanecer en sus casas. De hecho, se ha conocido de
la existencia de varios borradores elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente llegando incluso alguno de ellos a tener la consideración de Anteproyecto de Ley.
Por otra parte, además de ser un compromiso electoral reiterado desde 1996, es un compromiso del propio Presidente del Gobierno desde el 12 de mayo del año 1998, año en el que con motivo del debate de política general en torno al estado de
la Nación y refiriéndose al accidente minero de Aznalcóllar se comprometió ante esta Cámara a adelantar con urgencia la presentación ante la misma de una Ley de Responsabilidad Civil Medioambiental.
Por otra parte y unos días después, el 22 de mayo de 1998, se aprueba por el Consejo de Ministros 'El Plan de actuaciones para hacer frente a la catástrofe derivada de la rotura de la balsa de Aznalcóllar'. Dicho Plan estaba dividido en
cuatro partes. Pues bien, la cuarta parte contemplaba el impulso de la aprobación inmediata de una Ley de Responsabilidad Civil derivada de actividades de incidencia ambiental.
A pesar de todos estos compromisos por parte del Gobierno y de las circunstancias mencionadas, carecemos de una normativa específica en materia de responsabilidad civil ambiental.
Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a elaborar y remitir al Congreso de los Diputados, con carácter inmediato, un Proyecto de Ley de responsabilidad civil ambiental, de acuerdo con el compromiso manifestado por el Presidente del Gobierno ante esta Cámara
con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, celebrado el 12 de mayo de 1998.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000459
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución del Índice de Precios de Consumo durante el año 2002 con la metodología oficial
utilizada hasta diciembre de 2001.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para que el Gobierno encargue al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución del Índice de Precios al Consumo durante el año 2002 con la metodología oficial utilizada hasta diciembre de 2001, para su
debate en el Pleno.
Motivación
Los cambios metodológicos introducidos en la elaboración del Índice de Precios al Consumo, a partir de enero de este año, han sido de tal magnitud que han producido una ruptura en la serie que se venía elaborando con una determinada
metodología desde el año 1992. Este hecho impide que sea posible el seguimiento de la evolución de este indicador tan importante para el estudio de la economía española en momentos en los
que se han producido hechos relevantes como pueden ser, las modificaciones fiscales introducidas, la puesta en circulación de una nueva moneda, etc.
Es por tanto necesario el disponer de los datos durante el período de solapamiento para que
permitan valorar en su justo término, entre otras cosas, las tasas anuales mensuales, las medias y otras relaciones de la misma forma que las conoce el INE, haciendo pública dicha información.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ordenar al INE a publicar las serie de índices de precios (no oficiales) con la metodología anterior, considerando los siguientes aspectos:
- Dar a conocer la serie, elaborada no publicada y durante el año 2001, de los datos e índices de los precios con la metodología nueva introducida a partir de enero de 2002.
- Dar a conocer mensualmente, durante todo el año 2002, los datos de precios e índices con la metodología utilizada oficialmente para el año anterior.
- Elaborar y publicar un informe sobre la valoración y resultados de los cambios introducidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-Jordi Sevilla Segura, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000460
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley por la que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, por la que se manifiesta el apoyo de la
Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Exposición de motivos
El Plan Hidrológico Nacional fue aprobado por las Cortes Generales el 20 de junio de 2001 y publicado en el BOE el día 6 de julio, como Ley 10/2001, de 5 de julio.
Tal y como se puso de manifiesto con motivo de su tramitación parlamentaria, las especiales condiciones de nuestro país, hacían imprescindible la elaboración y puesta en marcha de un plan de estas características como instrumento de
desarrollo y cohesión territorial de gran transcendencia.
Puesto que, el pasado 28 de febrero se produjo en el Parlamento Europeo un debate por iniciativa de varios grupos políticos, sobre la financiación del mismo, parece oportuno que esta Cámara se ratifique en su postura ante una decisiva
influencia en el desarrollo futuro de grandes zonas de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera que las obras incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, aprobado el 20 de junio de 2001, son un elemento decisivo de desarrollo y cohesión territorial y entiende positiva la disposición de recursos
económicos nacionales y europeos para su eficaz ejecución, incluidos los embalses de regulación y las infraestructuras de modernización de regadíos, y rechaza cualquier iniciativa, en cualquier ámbito que dificulte su propio desarrollo.'
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
161/000623
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la creación del Museo Nacional de Arte Visigodo de Mérida (Badajoz) (núm. expte.
161/000623), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 156, de 26 de marzo de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la creación del Museo Nacional de Arte Visigodo de Mérida (Badajoz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'Impulsar las acciones en marcha, de acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura, para dotar de un alojamiento museístico propio y específico a los fondos de arte visigodo actualmente presentes en el Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida, destinando para la nueva sede las cantidades ya presupuestadas.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/000828
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la Declaración del Año 2004 como Año Dalí (núm. expte.
161/000828), presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 199, de 18 de junio de 2001, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que se realice una programación específica con cobertura institucional dentro y fuera de nuestras fronteras, para la conmemoración del centenario del nacimiento de Salvador Dalí:
1. Planteando en el marco de la Conferencia General de la UNESCO, la adhesión de dicha organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a la declaración y celebración del año 2004 como Año Dalí.
2. Mediante la creación de una Comisión integrada por representantes del Gobierno de la Nación, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del Ayuntamiento de Figueres, de la Fundación Gala-Salvador Dalí y de otras entidades públicas y privadas
vinculadas a la obra de Dalí.
3. Estudiando la posibilidad de emitir un sello conmemorativo del centenario de Dalí.
4. La colaboración del Instituto Cervantes, en colaboración con institutos autonómicos, para desarrollar iniciativas y distribuir en su red de centros, exposiciones, conferencias, cine, simposios y cuantas manifestaciones en torno a Dalí
produzcan otras instituciones.
5. Inclusión en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de una reseña especial sobre la conmemoración del centenario Dalí.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la declaración del año 2004 como Año Dalí.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de las Diputados insta al Gobierno de la Nación a que, se realice una programación específica con cobertura institucional dentro y fuera de nuestras fronteras, para la conmemoración del centenario del nacimiento de Salvador
Dalí:
- Mediante la creación de una Comisión integrada por representantes del Gobierno de la Nación, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del Ayuntamiento de Figueres, de la Fundación Gala-Salvador Dalí y de otras entidades públicas y privadas
vinculadas a la obra de Dalí.
- Mediante la propuesta en el seno de la UNESCO de la declaración y celebración del año 2004 como Año Dalí.
- Estudiando la posibilidad de emitir un sello conmemorativo del centenario de Dalí.
- La colaboración del Instituto Cervantes para desarrollar iniciativas y distribuir en su red de centros, exposiciones, conferencias, cine, simposios y cuantas manifestaciones en torno a Dalí produzcan otras instituciones.
- Inclusión en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de una reseña especial sobre la conmemoración del centenario Dalí.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/000835
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, aprobó, en sus propios términos, la Proposición no de Ley relativa a la dotación de un alojamiento museístico propio y específico a los fondos de arte
visigodo actualmente presentes en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (núm. expte. 161/000835), presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 204, de 25 de junio de 2001:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las acciones en marcha, de acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extramadura, para dotar de un alojamiento museístico propio y específico a los fondos de arte visigodo,
actualmente presentes en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, destinando para la nueva sede las cantidades ya presupuestadas.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/000949
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre cursos en el extranjero (núm. expte. 161/000949), presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 234, de 21 de septiembre de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre cursos en el extranjero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de las Conferencias Sectoriales de Consumo y, sin perjuicio de las competencias que tienen asumidas las Comunidades Autónomas:
- Se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la calidad y el respeto a las condiciones pactadas con las empresas que ofertan cursos en el extranjero.
- Se recomiende la inscripción como no residente de todo aquel nacional español que por hallarse realizando un curso en el extranjero resida allí con carácter temporal.
- Se lleve a cabo las campañas publicitarias necesarias para facilitar información oportuna sobre las condiciones mínimas de planificación y características de los cursos y estancias de menores en el extranjero.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/001120
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte en su sesión del día 5 de marzo de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la construcción de un circuito permanente de velocidad en La Bañeza (León) (núm. expte.
161/001120), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 287, de 27 de diciembre de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001137
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la celebración del IV Centenario del Quijote (núm.
expte. 161/001137),
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 292, de 16 de enero de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que celebre con el necesario relieve el IV Centenario del Quijote subrayando el papel esencial de Alcalá de Henares en esta efeméride a través del adecuado programa de
actividades culturales dentro de un Plan Nacional de Conmemoración del IV Centenario de 'El Quijote' que contemple, entre otros, los siguientes objetivos:
1. Los cauces políticos y los medios económicos necesarios para extender en el mundo y, en especial, en el continente americano nuestras lenguas y nuestra cultura.
2. Investigar, aprovechar y potenciar las posibilidades políticas, económicas y tecnológicas que el idioma común ofrece a todos los que hablamos.
3. Un programa para su difusión e incorporación con la mayor fuerza posible a través de Internet. Con un acento especial en la adaptación al castellano de la terminología empresarial, científica y tecnológica.
4. La consolidación, promoción y fomento de un sistema de becas que permitan multiplicar las estancias de estudio en nuestro país de alumnos de América latina y de los Estados Unidos.
5. El desarrollo de incentivos de carácter no lucrativo para las empresas privadas que colaboren con el proyecto de celebración del IV Centenario, mediante la creación de una etiqueta o marchamo que certifique tanto la adscripción a ese
objetivo cultural como la adaptación a las normas éticas de relación internacional en los negocios.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la celebración del IV Centenario del Quijote, para su debate en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte (núm. expte. 161/001137).
Enmienda
De adición, in fine.
Añadir el siguiente texto:
'Para ello, el Gobierno deberá presentar un Plan Nacional de Conmemoración de los cuatrocientos años de 'El Quijote' en el que, a través del Instituto Cervantes, las Universidades, Academias de la Lengua, de las Ciencias y la Historia, los
creadores y las empresas contemple, entre otros objetivos:
1. Los cauces políticos y los medios económicos necesarios para extender en el mundo y, en especial, en el continente americano nuestras lenguas y nuestra cultura.
2. Investigar, aprovechar y potenciar las posibilidades políticas, económicas y tecnológicas que el idioma común ofrece a todos los que hablamos.
3. Un programa para su difusión e incorporación con la mayor fuerza posible a través de Internet. Con un acento especial en la adaptación al castellano de la terminología empresarial, científica y tecnológica.
4. La consolidación, promoción y fomento de un sistema de becas que permitan multiplicar las estancias de estudio en nuestro país de alumnos de América latina y de los Estados Unidos.
5. El desarrollo de incentivos de carácter no lucrativo para las empresas privadas de origen hispano que colaboren con el proyecto, mediante la creación de una etiqueta o marchamo que certifique tanto la adscripción a ese objetivo cultural
como la adaptación a las normas éticas de relación internacional en los negocios.
6. Fomentar la producción cultural a través de medidas fiscales y de Seguridad Social para los creadores y empresas culturales, que tengan en cuenta la irregularidad de sus rentas, y mediante programas que faciliten la inversión cultural,
la formación de nuestros creadores, la internacionalización comercial de sus producciones y la creación de nuestra industria cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Popular, relativa a la celebración del IV Centenario del Quijote.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que celebre:
'Con el necesario relieve, el IV Centenario del Quijote, subrayando el papel esencial de Alcalá de Henares en esta efeméride a través del adecuado programa de actividades culturales.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/001188
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Francisco Tárrega Eixea
(núm. expte. 161/001188), presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 295, de 28 de enero de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a lo largo de 2002, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música, realice actividades para la difusión de la obra
de Francisco Tárrega Eixea, fomentando la interpretación, la programación y la edición de sus obras y promocionando y dando publicidad de manera especial, a través de Televisión Española y Radio Clásica, a la trigésima sexta edición del 'Certamen
Internacional de Guitarra Francisco Tárrega', que desde hace treinta y cinco años se celebra anualmente en Benicasim, a través de un Convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de la citada localidad.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Francisco de Tárrega Eixea (núm. expte. 161/001188).
Enmienda
De adición, in fine, de un nuevo párrafo.
'Incidiendo de forma especial en la promoción y publicidad de la 36 edición del 'Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega' que desde hace treinta y cinco años se celebra anualmente en Benicasim a través de un Convenio entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Benicasim.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001221
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la industria de la animación en España (núm. expte.
161/001221), presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 307, de 15 de febrero de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un plan que incluya, previo el estudio correspondiente con el sector de la industria de la animación audiovisual, dentro de su marco competencial y de las disponibilidades
presupuestarias actuales, medidas de apoyo que contribuyan a incrementar su presencia en el mercado nacional e internacional.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario CIU
(Convergencia i Unió), relativa al incremento de la presencia del sector de la industria española de la animación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie:
'Con el sector de la industria de la animación audiovisual, dentro de su marco competencial y de las disponibilidades presupuestarias actuales, la posibilidad de instrumentar medidas de apoyo que contribuyan a incrementar su presencia en el
mercado nacional e internacional.'
Justificación.
Mejora técnica.
Comisión de Medio Ambiente
161/000044
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 6 de marzo de 2002 adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la construcción de un refugio pesquero en la Isleta del Moro (Almería) (núm.
expte. 161/000044),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 21, de 29 de mayo de 2000.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/000380
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 6 de marzo de 2002 ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el proyecto
de regeneración medioambiental del río San Pedro (Cádiz) (núm. expte.
161/000380), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 107, de 12 de diciembre de 2000, en
los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en un plazo de tres meses desde la aprobación de esta iniciativa inicie el proyecto de restauración ambiental del río San Pedro en Puerto Real (Cádiz), de singular importancia, dado el
efecto que tiene sobre el Parque Natural de Cádiz.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el proyecto de regeneración medioambiental del río San Pedro (Cádiz).
Madrid, 5 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar y agilizar las actuaciones ya emprendidas, orientadas a la recuperación ambiental del río San Pedro (Cádiz), de singular importancia, dado el efecto que tiene sobre el Parque
Natural de la Bahía de Cádiz.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/000545
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 6 de marzo de 2002 adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a incrementar el esfuerzo inversor en medidas y proyectos destinados a evitar la progresiva desertización
de la provincia de Alicante (núm.
expte. 161/000545), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 146, de 12 de marzo de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/000777
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 6 de marzo de 2002 adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a los efectos derivados para la salud y el medio ambiente de los campos electromagnéticos (núm. expte.
161/000777), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 189, de 4 de junio de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a los campos electromagnéticos, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente (núm. expte. 161/000777).
Enmienda
De adición.
Añadir un segundo punto:
'El Ministerio de Medio Ambiente dará cuenta en el Congreso de los Diputados de los criterios y métodos seguidos para la selección de expertos, asimismo remitirá los informes o estudios elaborados por la comisión de expertos a todos los
Grupos Parlamentarios. El tiempo del proceso no deberá superar los doce meses desde la aprobación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista relativa a los efectos derivados para la salud y el medio ambiente de los campos electromagnéticos.
Madrid, 5 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Se continúe fomentando la investigación sobre los efectos producidos por la exposición a los campos electromagnéticos procedentes de distintas fuentes emisoras, así como la identificación de fuentes y prácticas de riesgo.
2. Se continúe promoviendo, en colaboración con las Comunidades Autónomas, campañas informativas sobre los efectos de la exposición a los campos electromagnéticos, en base a la evidencia científica actual.'
Justificación
Mejora técnica.
161/000904
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 6 de marzo de 2002 adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre el encauzamiento de las ramblas del cementerio y de La Santa en Totana (Murcia) (núm. expte. 161/000904),
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 219, de 24 de julio de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre el encauzamiento de las ramblas del cementerio y de La Santa en Totana (Murcia).
Madrid, 5 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a formalizar, a la mayor brevedad, un Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos afectados para abordar el encauzamiento de la rambla de La
Santa y de Los Arcos, en Totana (Murcia), que deberá contemplar las actuaciones a llevar a cabo y la participación económica de las partes, de tal manera que las inversiones puedan financiarse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).'
Justificación.
Mejora técnica.
161/001017
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de marzo de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre transposición en el plazo de un mes de las Directivas 1996/62/CE y 2000/69/CE sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente (núm. expte. 161/1017), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 249, de 15 de octubre de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre trasposición en el plazo de un mes de las Directivas 1996/62/CE y 2000/69/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (núm. expte. 161/001017).
Enmienda
De adición.
Del siguiente párrafo:
'Establecer los mecanismos de evaluación necesarios para controlar y reducir los niveles de contaminación así como asegurar la información pública imprescindible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2001.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre transposición en el plazo de un mes de las Directivas 1996/62/CE y 2000/69/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.
Madrid, 27 de noviembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acelere los trabajos, ya en trámite, de transposición de las Directivas de la Unión Europea en materia de calidad del aire.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/001068
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de marzo de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar, en el plazo de tres meses, las previsiones contenidas en
la disposición final 4.ª de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (núm. expte. 161/1068), presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 269, de 23 de noviembre de
2001, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en el plazo de seis meses, las previsiones contenidas en la disposición final 4.ª de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en relación con:
- La regularización del sistema de depósito, devolución y retorno de las pilas usadas.
- La regularización de un régimen fiscal específico para los aceites industriales y lubricantes afectados en su totalidad a la financiación de actuaciones ambientales para la gestión de aceites usados desarrolladas por las Comunidades
Autónomas.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001091
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de marzo de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa al establecimiento de los criterios y estándares para determinar la consideración de 'suelo
contaminado', así como a la aprobación de una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos (núm. expte.
161/001091), presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 274, de 3 de diciembre de 2001, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, en el plazo de seis meses, los criterios y estándares que deben determinar la consideración de 'suelo contaminado', así como a aprobar y publicar, dentro de ese mismo plazo, una
lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos, de acuerdo con las previsiones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Catalán (CiU), relativa al establecimiento de los criterios y estándares para determinar la consideración de 'suelo contaminado', así como la aprobación de una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos.
Madrid, 5 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, en el plazo de seis meses, los criterios y estándares que deben determinar la consideración de 'suelo contaminado', así como a aprobar y publicar, dentro de ese mismo plazo, una
lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos, de acuerdo con las previsiones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/001225
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 6 de marzo de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una Estadística Nacional Forestal (núm. expte.
161/001225), presentada por
el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 310, de 22 de febrero de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de acuerdo con las CC. AA. pongan en marcha una base de datos homologable del conjunto del sector que nos permita la elaboración de una estadística nacional forestal que nos facilite
el conocimiento más exacto de la realidad de los montes españoles.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Comisión de Ciencia y Tecnología
161/000290
En la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, del día 5 de marzo de 2002, se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley sobre medidas para que los usuarios del servicio telefónico estén informados del
funcionamiento de determinadas líneas telefónicas (núm.
expte. 161/000290), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 84, de 27 de octubre de 2000.
Lo que se publica de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001069
La Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la investigación sobre enfermedades olvidadas (núm. expte. 161/001069), presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 269, de 23 de noviembre de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la investigación sobre enfermedades olvidadas (núm.
expte. 161/001069).
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear en el año 2002 un programa específico de investigación sobre enfermedades olvidadas, incluido en el área de Biomedicina del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, y con el apoyo del Fondo de
Investigación Sanitaria, que, además de promover la investigación básica y epidemiológica de estas enfermedades, fomente la colaboración de equipos españoles de investigación con los países afectados.
2. Participar activamente, en el seno de las organizaciones internacionales, en defensa del acceso a medicinas y vacunas para las enfermedades más extendidas en los países en vías de desarrollo, así como en el establecimiento de mecanismos
internacionales de apoyo para la financiación de la investigación de estos fármacos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència u Unió).
161/001070
En la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del día 5 de marzo de 2002 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley sobre los números telefónicos de prefijo 906 (núm. expte.
161/001070), publicada
en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 269, de 23 de noviembre de 2001.
Lo que se publica de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001117
En la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del día 5 de marzo de 2002 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la Proposición no de Ley sobre adopción de medidas para garantizar una utilización
adecuada de los servicios telefónicos a los que se accede por el prefijo 906 (núm. expte. 161/001117), publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 279, de 11 de diciembre de 2001.
Lo que se publica de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.- P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001145 y 161/001146
La Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente
- Sobre la situación de 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima', presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (núm. expte. 161/001145), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 292, de 16 de enero de 2002.
- Sobre la situación de 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima', presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (núm. expte.
161/001146), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 292, de 16 de enero de
2002.
Con el siguiente texto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La aprobación, a la mayor brevedad posible, de la normativa reguladora de operadores móviles virtuales, para aumentar el grado de competencia en el mercado.
2. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones técnicas y en la oferta presentada por 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima'', dentro del marco regulatorio vigente.'
A dichas Proposiciones no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la situación de 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima', y a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la situación de 'Xfera Móviles,
Sociedad Anónima'.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de forma urgente a:
1. Autorizar la implantación de los operadores virtuales de telefonía móvil para fortalecer la competencia en este segmento del mercado de telecomunicaciones y, adicionalmente, autorizar la implantación de un sistema de itinerancia en todo
el territorio del Estado entre las distintas operadoras de telefonía móvil, con el objetivo de facilitar la cobertura necesaria para el acceso generalizado a los sistemas de telefonía móvil en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales.
2. Concretar la normativa reguladora de los operadores virtuales de telefonía móvil, de forma que permita al operador 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima', iniciar su actividad comercial de un modo económicamente viable.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).
A la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, número de expediente 161/000146 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Enmienda
De modificación al punto 1.
'... Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología exija a 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima'', el cumplimiento de las obligaciones de inversión y contratación impuestas por el pliego de cláusulas del concurso público por el que se le otorgó la
licencia.'
Enmienda
De supresión.
En el punto 2.º, eliminar desde '... en el plazo de seis meses como máximo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Antero Ruiz López, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima' (núm.
expte. 161/001145).
Enmienda
De modificación.
En el punto 1 de la Proposición, eliminar desde '... como muy tarde en un período de seis meses'.
Sustituir el punto 2 de la Proposición por el siguiente texto:
'Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología exija a 'Xfera Móviles, Sociedad Anónima'', el cumplimiento de las obligaciones de inversión y contratación impuestas por el pliego de cláusulas del concurso público por el que se le otorgó la
licencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001148
La Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión del día 5 de marzo de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre becas de investigación (núm. expte. 161/001148), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 292, de 16 de enero de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre becas de investigación (núm. expte.
161/001148).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'Estudiar las modalidades de becas predoctorales de investigación actualmente existentes, con el fin de reducir su diversidad, simplificar y homogeneizar los trámites de solicitud y evaluar y uniformar el contenido de sus prestaciones.'
Justificación.
Mejora técnica.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001051
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 19 de febrero de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley para que se adopten las medidas necesarias al objeto de que las organizaciones
no gubernamentales (ONG) que soliciten y reciban ayudas por parte de la Administración General del Estado no puedan invertir sus fondos en activos que impliquen un riesgo cierto para la inversión (núm. expte. 161/001051), presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 265, de 16 de noviembre de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001109
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 19 de febrero de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición de Ley sobre la política de desarrollo y de ayuda exterior de la Unión Europea durante la
Presidencia española (núm. expte.
161/001109), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 279, de 11 de diciembre de 2001.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la política de desarrollo y de ayuda exterior de la Unión Europea durante la Presidencia española (núm.
expte. 161/001109).
Madrid, 18 de febrero de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados, en relación a la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Unión Europea durante la Presidencia española, insta al Gobierno a que:
1. Tenga presente la decisión del Consejo de Ministros de Desarrollo, que se celebró el día 8 de noviembre pasado, en la que se reafirmó la convicción de que la Política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea podía y debía tener
una aportación positiva al nuevo contexto internacional, surgido tras los atentados del 11 de septiembre. Además de la reconstrucción de Afganistán, la Política de Desarrollo tiene un papel de gran importancia para colaborar en el establecimiento
de un mundo más seguro y más estable.
2. Considere que las acciones de lucha contra la pobreza deben tener incorporado otros elementos, como la prevención y resolución de conflictos, y, sobre todo, debe tener como prerrequisito la democracia, el Estado de Derecho, la protección
de los derechos humanos, el buen gobierno y el reforzamiento de las capacidades institucionales de los países a los que va dirigida la ayuda.
El fomento de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos deben ser también parte integrante de la política comunitaria de cooperación al desarrollo. La cooperación de la Unión
Europea no puede ser neutral ante regímenes de gobierno que no respetan los principios mencionados y cuyas políticas van contra los derechos humanos y la dignidad de la persona.
La Declaración sobre Política de Desarrollo del Consejo y la Comisión, aprobada en el mes de noviembre del año 2000, ha resaltado la dimensión cualitativa de la ayuda, y la necesidad de incentivar que la asistencia comunitaria 'invierta''
más en el sector de la 'institucionalidad'' y que 'Democracia y Desarrollo'' debe ser uno de los temas principales de la agenda del Consejo de Ministros de Desarrollo que tendrá lugar en el mes de mayo de 2002.
3. Ponga énfasis en el semestre español en 'Educación y Desarrollo''.
Existen una serie de compromisos como consecuencia de la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social, del foro 'Educación para Todos'' de Dakar, y de los Objetivos del
Milenio. Por otro lado, la Comisión tiene previsto difundir su comunicación sobre Educación y Desarrollo, documento que está llamado a contener las líneas directrices de la política sectorial.
Considere la educación como tema de atención preferente e impulse todos los esfuerzos para que durante la Presidencia española la Comisión aproveche nuestra posición para que se dote de un marco único para su programa de becas y para que se
apruebe un programa de intercambio específico para Iberoamérica, que permita a estudiantes iberoamericanos el acceso a los centros de educación europeos.
4. Desarrolle los esfuerzos para que la Unión Europea continúe con más vigor que en el pasado el diálogo con los países árabes del Mediterráneo y de Oriente Próximo, aprovechando la Conferencia Euromediterránea que tendrá lugar en Valencia
los días 22 y 23 de abril y en el marco del Proceso de Barcelona, con vistas a llegar con ellos a un consenso al más alto nivel en torno a la agenda política, económica, social, comercial y de cooperación al desarrollo que les afecta, y para que la
distribución de recursos destinados a la cooperación al desarrollo refleje esta prioridad de la acción exterior europea.
5. Durante la Presidencia española, deba continuar la discusión sobre las orientaciones regionales de la ayuda comunitaria, para evitar una concentración exclusiva de la ayuda en ciertas categorías de países. En este sentido, considera que
es necesario luchar contra la pobreza donde quiera que ésta se produzca, y no podemos ni debemos concentrar toda la ayuda sólo en unos determinados países. Por estas razones, se insta al Gobierno a que desarrolle los esfuerzos para que la
cooperación comunitaria no concentre exclusivamente la lucha contra la pobreza en los denominados Países Menos Avanzados (PMA), y que tenga en cuenta, además de las cifras macroeconómicas de los países (renta per cápita), la situación de las
personas que padecen la pobreza.
En efecto, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada con el apoyo mayoritario de todos los Grupos Parlamentarios, al determinar las prioridades geográficas que ha de seguir la Cooperación Española, señala que nuestra
ayuda debe orientarse hacia Iberoamérica, el norte de África y Oriente Medio, regiones compuestas en su mayoría por países que no se encuadran en esa categoría de los PMA.
6. Tenga en cuenta que la Conferencia de Nacionales Unidas sobre Financiación del Desarrollo, que se celebrará en Monterrey los días 18 al 22 de marzo de 2002, va a ser uno de los momentos más importantes de nuestra Presidencia, en materia
de cooperación. Y España, en su calidad de Presidencia, tiene la gran responsabilidad de coordinar los trabajos del Grupo Europeo, para que la Unión Europea acuda con una voz homogénea.
Por eso, se insta al Gobierno a que desarrolle un intenso
trabajo para que la Conferencia de Monterrey sea un éxito, y para que sus conclusiones sean fruto de un amplio consenso.
7. Continúe su esfuerzo para que el grado de eficacia de la ayuda comunitaria siga siendo un tema de gran preocupación para el Parlamento, el Gobierno y la opinión pública española, sobre todo si se tiene en cuenta el dato de que la Unión
Europea es el primer donante mundial (25 por ciento por sí sola, el 55 por ciento junto con los Estados miembros).
Por otra parte, la preocupación por la efectividad de la ayuda comunitaria viene impuesta por el mandato legal del artículo 6.2 de
nuestra Ley de Cooperación, que, en relación con la política de cooperación de la Unión Europea, prescribe que España 'contribuirá a su eficaz aplicación y ejecución, con especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado anterior''
(referido a las prioridades geográficas).
El Parlamento español constata que la Comisión ha emprendido un gran proceso de reforma tanto de las orientaciones como de la gestión de la ayuda comunitaria desde el año 1999, y que la Declaración sobre Política de Desarrollo, suscrita por
la Comisión y el Consejo en noviembre de 2000, supone un avance y lo valora de forma positiva. En este sentido, considera que la creación de Europeaid y la progresiva desconcentración de funciones a favor de las Delegaciones de la Comisión sobre el
terreno ayudarán a una mejora de la gestión. Por eso, insta al Gobierno a que durante la Presidencia española se hagan todas las gestiones y se impulse este proceso de reforma para que la Cooperación europea sea más eficaz, y para que se consiga
una mejor coordinación con la de los Estados miembros, y sea complementaria con la que ellos realizan. En este sentido, es preciso tener en cuenta que los esfuerzos presupuestarios de ayuda oficial al desarrollo han de condicionarse a los
resultados tangibles obtenidos. Ello significa primar los aspectos cualitativos y de eficacia en la ayuda actualmente proporcionada, sobre los aspectos puramente cuantitativos de incremento presupuestario no vinculados a la eficacia de los recursos
empleados. Además, es necesario que en el debate sobre la eficacia se tengan en cuenta las responsabilidades de los países receptores de los fondos a la hora de establecer las condiciones para que la ayuda sea eficaz.
8. Tenga presente que la II Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, que tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo en Madrid, constituye uno de los momentos centrales de la Presidencia española en su conjunto.
Por eso, se entiende
necesario desarrollar todos los esfuerzos para el éxito de la misma, y para que sirva para identificar nuevas acciones birregionales, entendiendo por éstas las que tienden a fortalecer la integración de las dos zonas, y para establecer nuevas líneas
de cooperación sobre los problemas relacionados con la globalización y la asociación, especialmente en cuestiones como el libre comercio, el desarrollo, la inestabilidad financiera, la pobreza, la educación, la democracia o la protección de los
derechos humanos.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/001119
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 19 de febrero de 2002, aprobó, en sus propios términos, la Proposición no de Ley sobre apoyo a la adopción, por parte de los organismos internacionales, de
todo tipo de iniciativas que, incorporando la perspectiva de género en sus actividades, sean adoptadas para asegurar la protección de las mujeres en aquellas operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz en las que se encuentren involucradas
(núm.
expte. 161/001119), presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 281, de 14 de diciembre de 2001.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Seguir apoyando y promoviendo todas aquellas iniciativas tendentes a llevar a cabo acciones en defensa y protección de las niñas y las mujeres en el seno de las operaciones humanitarias.
- Promover la participación de las mujeres en la resolución de los conflictos armados y en el mantenimiento de la paz.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición
no de Ley del Grupo Popular sobre apoyo a la adopción, por parte de los organismos internacionales, de todo tipo de iniciativas que, incorporando la perspectiva de género en sus actividades, sean adoptadas para asegurar la protección de las mujeres
en aquellas operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz en las que se encuentren involucradas (núm. expte. 161/001119).
Enmienda
De sustitución.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, tanto en el seno de las organizaciones internacionales, como en el de la Unión Europea y en el ámbito bilateral:
- Apoye y promueva todas aquellas iniciativas tendentes a llevar a cabo acciones en defensa y protección de las niñas y las mujeres en el seno de las operaciones humanitarias.
- Promueva la participación de las mujeres en la resolución de los conflictos armados y en el mantenimiento de la paz.
- Incorpore la perspectiva de género en los programas, proyectos y otras iniciativas de cooperación al desarrollo que se adopten en el ámbito de la prevención de conflictos, asegurando la participación en los mismos de las organizaciones
locales de mujeres, alentando su creación y funcionamiento e impulsando todas aquellas medidas que permitan la plena integración social y política de las mujeres, en especial las relativas a garantizar su derecho a la educación, al trabajo, a la
participación política en igualdad de condiciones, a la sanidad y a la salud reproductiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001126
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 19 de febrero de 2002, aprobó, en sus propios términos, la Proposición no de Ley sobre política de cooperación internacional para el desarrollo de la Unión
Europea durante la Presidencia española (núm.
expte. 161/001126), presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 287, de 27 de diciembre de 2001.
'El Congreso de los Diputados, en relación a la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Unión Europea durante la Presidencia española, insta al Gobierno a que:
1. Tenga presente la decisión del Consejo de Ministros de Desarrollo, que se celebró el día 8 de noviembre pasado, en la que se reafirmó la convicción de que la Política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea podía y debía tener
una aportación positiva al nuevo contexto internacional, surgido tras los atentados del 11 de septiembre. Además de la reconstrucción de Afganistán, la Política de Desarrollo tiene un papel de gran importancia para colaborar en el establecimiento
de un mundo más seguro y más estable.
2. Considere que las acciones de lucha contra la pobreza deben tener incorporados otros elementos como la prevención y resolución de conflictos, y, sobre todo, debe tener como pre-requisito la democracia, el Estado de Derecho, la protección
de los derechos humanos, el buen gobierno y el reforzamiento de las capacidades institucionales de los países a los que va dirigida la ayuda.
El fomento de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos deben ser también parte integrante de la política comunitaria de cooperación al desarrollo. La cooperación de la Unión
Europea no puede ser neutral ante regímenes de gobierno que no respetan los principios mencionados y cuyas políticas van contra los derechos humanos y la dignidad de la persona.
La Declaración sobre Política de Desarrollo del Consejo y la Comisión, aprobada en el mes de noviembre del año 2000, ha resaltado la dimensión cualitativa de la ayuda, y la necesidad de incentivar que la asistencia comunitaria 'invierta''
más en el sector de la 'institucionalidad'' y que 'Democracia y Desarrollo'' debe ser uno de los temas principales de la agenda del Consejo de Ministros de Desarrollo que tendrá lugar en el mes de mayo de 2002.
3. Ponga énfasis en el semestre español en 'Educación y Desarrollo''.
Existen una serie de compromisos como consecuencia de la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social, del foro 'Educación para todos'' de Dakar, y de los Objetivos del
Milenio. Por otro lado, la Comisión tiene previsto difundir su comunicación sobre Educación y Desarrollo, documento que está llamado a contener las líneas directrices de la política sectorial.
Considere la educación como tema de atención preferente e impulse todos los esfuerzos para que durante la Presidencia española la Comisión aproveche nuestra
posición para que se dote de un marco único para su programa de becas y para que se apruebe un programa de intercambio específico para Iberoamérica, que permita a estudiantes iberoamericanos el acceso a los centros de educación europeos.
4. Desarrolle los esfuerzos para que la Unión Europea continúe con más vigor que en el pasado el diálogo con los países árabes del Mediterráneo y de Oriente Próximo, aprovechando la Conferencia Euromediterránea que tendrá lugar en Valencia
los días 22-23 de abril y en el marco del Proceso de Barcelona, con vistas a llegar con ellos a un consenso al más alto nivel en torno a la agenda política, económica, social, comercial y de cooperación al desarrollo que les afecta, y para que la
distribución de recursos destinados a la cooperación al desarrollo refleje esta prioridad de la acción exterior europea.
5. Durante la Presidencia española, deba continuar la discusión sobre las orientaciones regionales de la ayuda comunitaria, para evitar una concentración exclusiva de la ayuda en ciertas categorías de países. En este sentido, considera que
es necesario luchar contra la pobreza donde quiera que ésta se produzca y no podemos ni debemos concentrar toda la ayuda sólo en unos determinados países. Por estas razones, se insta al Gobierno a que desarrolle los esfuerzos para que la
cooperación comunitaria no concentre exclusivamente la lucha contra la pobreza en los denominados Países Menos Avanzados (PMA), y que tenga en cuenta, además de las cifras macroeconómicas de los países (renta per cápita), la situación de las
personas que padecen la pobreza.
En efecto, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada con el apoyo mayoritario de todos los Grupos parlamentarios, al determinar las prioridades geográficas que ha de seguir la Cooperación Española, señala que nuestra
ayuda debe orientarse hacia Iberoamérica, el norte de África y Oriente Medio, regiones compuestas en su mayoría por países que no se encuadran en esa categoría de los PMAs.
6. Tenga en cuenta que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo, que se celebrará en Monterrey los días 18 al 22 de marzo de 2002, va a ser uno de los momentos más importantes de nuestra Presidencia, en materia de
cooperación. Y España, en su calidad de Presidencia, tiene la gran responsabilidad de coordinar los trabajos del Grupo Europeo, para que la Unión Europea acuda con una voz homogénea.
Por eso, se insta al Gobierno a que desarrolle un intenso
trabajo para que la Conferencia de Monterrey sea un éxito, y para que sus conclusiones sean fruto de un amplio consenso.
7. Continúe su esfuerzo para que el grado de eficacia de la ayuda comunitaria siga siendo un tema de gran preocupación para el Parlamento, el Gobierno y la opinión pública española, sobre todo si se tiene en cuenta el dato de que la Unión
Europea es el primer donante mundial (25 por 100 por sí sola, el 55 por 100 junto con los Estados miembros). Por otra parte, la preocupación por la efectividad de la ayuda comunitaria viene impuesta por el mandato legal del artículo 6.2 de nuestra
Ley de Cooperación, que, en relación con la política de cooperación de la Unión Europea, prescribe que España 'continuará a su eficaz aplicación y ejecución, con especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado anterior'' (referido
a las prioridades geográficas).
El Parlamento español constata que la Comisión ha emprendido un gran proceso de reforma tanto de las orientaciones como de la gestión de la ayuda comunitaria desde el año 1999, y que la Declaración sobre Política de Desarrollo, suscrita por
la Comisión y el Consejo en noviembre de 2000, supone un avance y lo valora de forma positiva. En este sentido, considera que la creación de Europeaid y la progresiva desconcentración de funciones a favor de las Delegaciones de la Comisión sobre el
terreno ayudarán a una mejora de la gestión. Por eso, insta al Gobierno a que durante la Presidencia española se hagan todas las gestiones y se impulse este proceso de reforma para que la Cooperación europea sea más eficaz, y para que se consiga
una mejor coordinación con la de los Estados miembros, y sea complementaria con la que ellos realizan. En este sentido, es preciso tener en cuenta que los esfuerzos presupuestarios de ayuda oficial al desarrollo han de condicionarse a los
resultados tangibles obtenidos. Ello significa primar los aspectos cualitativos y de eficacia en la ayuda actualmente proporcionada sobre los aspectos puramente cuantitativos de incremento presupuestario no vinculados a la eficacia de los recursos
empleados. Además, es necesario que en el debate sobre la eficacia se tenga en cuenta las responsabilidades de los países receptores de los fondos a la hora de establecer las condiciones para que la ayuda sea eficaz.
8. Tenga presente que la II Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, que tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo en Madrid, constituye uno de los momentos centrales de la Presidencia española en su conjunto. Por eso, se entiende
necesario desarrollar todos los esfuerzos para el éxito de la misma, y para que sirva para identificar nuevas acciones birregionales, entendiendo por éstas las que tienden a fortalecer la integración de las dos zonas, y para establecer nuevas líneas
de cooperación sobre los problemas relacionados con la globalización y la asociación, especialmente en cuestiones como el libre comercio, el desarrollo, la inestabilidad financiera, la pobreza, la educación, la democracia o la protección de los
derechos humanos.'
Se ordena su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000155
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha
para el próximo año en los tres principales procesos que se discutirán en la Cumbre de Barcelona: las grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural (núm. expte. 172/000155), cuyo texto se inserta a
continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente interpelación urgente, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2002.-Antero Ruiz López, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El Consejo Europeo de Primavera de Barcelona, en marzo de 2002, será un acontecimiento importante para constatar el progreso europeo y nacional respecto a la aplicación de los objetivos fijados en Lisboa, Estocolmo y Goteborg, y para
establecer las prioridades y principios generales de gobierno para el próximo año, en los tres principales procesos que están actualmente en marcha (las grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural).
Ante la reducción del crecimiento en Europa e incluso el peligro de recesión con un nuevo aumento del desempleo, será crucial que la Cumbre de Primavera de Barcelona impulse las políticas que estimulen el crecimiento y la creación de empleo.
En este cometido, debe insistirse en que la creación de empleo y la lucha contra el aumento del desempleo no pueden plantearse como objetivos diferenciados del empleo de calidad y estable.
En este sentido, son varias las acciones sobre las que debería reflexionarse desde acciones dirigidas a aumentar el poder adquisitivo y a incrementar la inversión hasta el diseño de políticas activas; desde la participación de los agentes
sociales a nuevas políticas de derechos; desde medidas frente a la reestructuración industrial a iniciativas en el campo de la calidad en el empleo, la seguridad laboral, la igualdad de oportunidades o la inmigración.
Tanto el informe abordado por la Comisión Europea el pasado 24 de enero, para convertirse en iniciativa ante la Cumbre de Barcelona, como los objetivos comunes apuntados en la reunión de Burgos de 18 de enero, reclaman una especial atención
al principio de cohesión social e igualdad de oportunidades como claves de este proceso. Sin embargo, el Gobierno español y su Presidente no dejan de enfatizar el principio liberalizador como única herramienta política.
En esta dirección, y ante el riesgo de que la Cumbre de Barcelona no aborde la solución de los problemas apuntados y las nuevas estrategias requeridas, se formula esta interpelación urgente requiriendo al Gobierno español que explique su
posición sobre:
· Los procesos de consulta social que ha realizado antes de la Cumbre de Barcelona.
· La posición del Gobierno español sobre las iniciativas a adoptar en los terrenos señalados en esta interpelación.
· El alcance de la adecuación de la estrategia europea de empleo que se incluirá en la iniciativa común del Consejo y la Comisión.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación urgente sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha para el próximo año, en los tres principales procesos que se discutirán en la Cumbre de
Barcelona: las grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural.
172/000156
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales (núm. expte. 172/000156), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta una interpelación urgente sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Antecedentes
La morosidad es uno de los riesgos que afectan la actividad económica y de manera especial la de las pequeñas y medianas empresas, tanto en aquello que hace referencia a la dificultad en el cobro de los impagados, propiamente dichos, como en
aquello que hace referencia al retraso en los plazos de pago que pueden practicar algunos operadores económicos.
El incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas genera importantes cargas financieras y administrativas sobre las mismas, hasta el punto de amenazar la supervivencia de
la actividad, especialmente cuando quien se ve afectado por la misma son las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos o los profesionales.
La coyuntura actual, con la economía española todavía situada en una fase de crecimiento estable y generador de empleo, es, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), un momento propicio para impulsar una serie de
medidas de lucha contra la morosidad en el tráfico mercantil. Se trata de conseguir que el incumplimiento de un contrato no sea algo económicamente provechoso para el deudor y que, por el contrario, perjudique en exceso al acreedor, que ha visto
cómo no se le pagaba en el plazo establecido inicialmente, con las graves consecuencias que este hecho puede tener sobre la competitividad futura de esta empresa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una interpelación urgente al Gobierno al objeto de conocer las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para luchar contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
172/000157
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de los informes del
servicio exterior (núm. expte.
172/000157), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
interpelación urgente, en sustitución de la registrada el pasado 26 de febrero y con número de registro 65670, ocupando el mismo orden de prelación que aquélla, al Vicepresidente Primero del Gobierno, sobre la política del Gobierno en relación con
la fiabilidad y la utilización de los informes del servicio exterior, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.
Motivación
El lunes 25 de febrero, un medio de comunicación recogía falsas informaciones relativas a supuestas entrevistas del anterior Presidente del Gobierno con el Rey de Marruecos y su Primer Ministro.
Tras el desmentido del ex Presidente, dicho medio de comunicación reiteraba parte de sus informaciones, argumentando que el Gobierno confirmaba las mismas y basándose en informes de la Embajada española en Marruecos que obraban en su poder.
El propio Ministro de Asuntos Exteriores daba, en principio, credibilidad a dichas informaciones, viéndose obligado posteriormente a rectificar.
Con este grave episodio se pone en duda, no sólo la actividad de la representación diplomática en un país de importancia estratégica para España y la fiabilidad de sus informes, sino la propia política de comunicación del Gobierno y, en
concreto, del Departamento responsable, el Ministerio del Portavoz, más interesado en permitir la difusión de falsas noticias que en recuperar la normalidad en unas relaciones diplomáticas de interés vital para nuestro país.
Las declaraciones del Vicepresidente Primero del Gobierno respecto de la necesidad de investigar el origen de las informaciones no pueden considerarse suficientes para remediar el daño producido.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta interpelación urgente al Vicepresidente Primero del Gobierno sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de los informes del servicio exterior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000112
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la futura Ley de Cooperación Autonómica (núm. expte.
173/000112), publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, de 5 de marzo de 2002.
Se ordena la publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a
la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la futura Ley de Cooperación Autonómica (expte. núm. 173/000112).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
Al apartado 1.
De sustitución.
Se propone la sustitución del apartado 1 por el siguiente texto:
'1. Propiciar un clima de consenso institucional y político que abarque a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los partidos políticos con responsabilidades de gobierno u oposición en el ámbito estatal o
autonómico, desde la constatación de que sólo mediante un consenso de dichas características podrían ser acometidos los cambios pertinentes de las actuales normas que regulan la colaboración y cooperación para hacer más eficaces las relaciones
interinstitucionales de carácter multilateral y bilateral. A estos efectos se ha de impulsar el trabajo y operatividad de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.'
Enmienda
Al apartado 4.
De sustitución.
Se propone la sustitución del término 'Consejo Europeo' por 'Consejo de la Unión Europea'.
Enmienda
Al apartado 5.
De sustitución.
Se propone la sustitución del apartado 5 por el siguiente texto:
'5. Garantizar que las Comunidades Autónomas participen en la representación española en las instituciones de la Unión Europea cuando trate de materias de competencia o interés autonómico.'
Enmienda
Al apartado 6.
De supresión.
Se propone la supresión del apartado 6.
A la Mesa del Congreso
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de supresión de los
puntos 7 y 8 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la futura Ley de Cooperación Autonómica (núm. Registro 65054).
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso.
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del
punto 1 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la futura Ley de Cooperación Autonómica (núm. Registro 65054).
Redacción que se propone:
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
No impulsar una modificación del actual marco legal en materia de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, dado que la cooperación institucional no es algo que pueda imponerse por ley, sino que debe fundamentarse en la
voluntad y el consenso, respetando siempre el principio de autonomía y teniendo en cuenta que lo decisivo en este ámbito es la capacidad de generar acuerdos a partir del pacto y el entendimiento previos, siendo ya el marco legal vigente
suficientemente flexible y adecuado para ello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de supresión del
inciso 'especialmente a través del Senado reformado' del punto 3 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la futura Ley de Cooperación Autonómica (núm. Registro 65054).
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la futura Ley de Cooperación Autonómica.
Madrid, 5 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar analizando la forma de mejorar los instrumentos de cooperación autonómica, bien a través de proyectos normativos, bien a través de otro tipo de medidas, a fin de alcanzar el mayor
consenso posible.'
Justificación.
Mejora técnica.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a futura Ley de Cooperación Autonómica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda núm. 1
De modificación del apartado 1.
Texto que se propone:
'1. Generar un clima de consenso institucional y político que abarque la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los partidos políticos para enfrentar las modificaciones legales necesarias para ir adaptando la
estructura del Estado español al carácter plurinacional del mismo.'
Enmienda núm. 2
De sustitución del apartado 2.
Texto que se propone:
'2. Impulsar la reforma de la Constitución para convertir al Senado en una Cámara de representación efectiva de las nacionalidades y regiones del Estado español y de su participación en la voluntad estatal desde sus respectivas
competencias, como expresión del carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español.'
Enmienda núm. 3
De supresión al final del apartado 3.
Texto que se propone:
Se suprime al final del apartado 3 la expresión '..., especialmente a través del Senado reformado.'
Enmienda núm. 4
De adición al final del apartado 4.
Texto que se propone:
'... o que afecten especialmente a una o varias de aquéllas.'
Enmienda núm. 5
De supresión de todo el apartado 6.
Enmienda núm. 6
De modificación del apartado 7.
Texto que se propone:
'7. Impulsar la cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas, de manera que se haga efectiva la participación institucional formalizada de las Comunidades Autónomas a través de los procedimientos de planificación y programación a
que se refiere el artículo 131 de la Constitución Española, así como posibilitar procesos de transferencias de las competencias estatales establecidas en el artículo 149.1 de la Constitución Española a través del procedimiento regulado en el
artículo 150.2.
Enmienda núm. 7
De supresión del apartado 8.
173/000113
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios
que impida seguir deteriorando el poder adquisitivo de las familias (núm. expte. 173/000113), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 5 de marzo de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder adquisitivo de las familias (Registro 65055).
Redacción que se propone:
Moción
El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a mantener la capacidad adquisitiva de las familias, insta al Gobierno a:
1. Promover que en la próxima reforma del IRPF se intensifiquen las ayudas para las familias. De manera concreta, el nuevo impuesto incorporará:
- El aumento de las reducciones fiscales en concepto de mínimo personal y familiar.
- El incremento de las deducciones de los gastos derivados de la crianza y atención de hijos menores de tres años.
- La introducción de una nueva deducción para las madres en los tres primeros años de maternidad.
2. Mejorar el tratamiento fiscal del alquiler de las viviendas al objeto de reducir el precio del alquiler, limitar el impacto del mismo sobre las economías de las familias que habitan en una vivienda en alquiler y estimular la oferta de
viviendas en régimen de arrendamiento.
3. Analizar la viabilidad de aplicar el tipo de superreducido del IVA a todas las viviendas de protección oficial, cualquiera que sea su régimen.
4. Facilitar el acceso de las familias a los bienes y actividades culturales analizando la viabilidad de aplicar el tipo superreducido del IVA para la totalidad de productos y espectáculos culturales que no están exentos del impuesto.
5. Impulsar cuantas medidas sean necesarias para conseguir incrementar los valores mínimos de ingresos para tener derecho a la reducción de las tarifas de teléfono, agua y gas, en el caso de personas mayores.
6. Proseguir con la liberalización y la introducción de la competencia en los sectores productores de energía al objeto de reducir los costes de la energía para las familias.
7. Promover un Plan Integral de Apoyo a la Familia basado en las recomendaciones que elaboró la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, con el objetivo de estudiar la situación actual de la familia en
España, aprobadas por unanimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 13 de noviembre de 1997.
8. Mejorar las prestaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo, tanto en la ampliación del límite máximo de ingresos anuales establecidos para tener derecho a las prestaciones como la actualización de las cuantías de las prestaciones
económicas de pago periódico por hijo.
9. Presentar un Proyecto de Ley de Familias Numerosas para actualizar el contenido de la vigente, que contemple, entre otras, una nueva definición de la familia numerosa, establezca la acción protectora general de las Administraciones y
concrete los beneficios fiscales aplicables.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder adquisitivo de las familias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda de modificación
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener las condiciones necesarias para prolongar el proceso de convergencia real, en niveles de renta y empleo, con los países más desarrollados de la Unión Europea y, en concreto, a:
· Impulsar los acuerdos en la Cumbre Europea de Barcelona dirigidos a incrementar el grado de liberalización de los mercados de bienes y servicios, especialmente en lo relativo a industrias de red.
· Seguir impulsando la creación de empleo y mantener la colaboración con los interlocutores sociales a fin de mejorar la estabilidad en el mercado de trabajo.
· Impulsar el gasto privado en I+D+i con el objetivo de incrementar la productividad de la economía española.
· Garantizar la ejecución de las inversiones e infraestructuras en curso con el objetivo de eliminar los estrangulamientos que puedan impedir un crecimiento estable y sostenido de la economía española.
· Seguir impulsando medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, tanto desde el punto de vista financiero como en la simplificación de trámites administrativos.
· Apoyar las iniciativas empresariales destinadas a incrementar la participación de las empresas españolas en los mercados internacionales.
· Adoptar las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad futura del sistema de protección social (fondo de reserva).
· Elaborar una metodología pública, objetiva, transparente y no discriminatoria para la fijación de las tarifas y los precios regulados, compatible con lo previsto en el artículo I del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se
modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
· Adoptar las medidas necesarias para conseguir la plena integración de los mercados financieros españoles con los europeos.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro del marco de las Leyes de Estabilidad
Presupuestaria y del nuevo sistema de financiación autonómica, continúe el proceso de reformas fiscales con el objeto de conseguir unos impuestos más bajos, más sencillos y más justos, la mejora de las relaciones entre el contribuyente y la
Administración y el mantenimiento del esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal.
En concreto, se deberán abordar las siguientes cuestiones:
· Presentar al Parlamento una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2003, y que supondrá una nueva reducción de impuestos para los ciudadanos y familias españolas y un mayor
avance en términos de equidad, eficiencia y sencillez.
Esta reforma incluirá:
- Una reducción de la carga fiscal soportada por los ciudadanos disminuyendo los tipos marginales máximo y mínimo.
- Una reducción en el número de tramos manteniendo la progresividad del impuesto.
- Mejoras en el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo, especialmente para las pensiones y las rentas más bajas.
- Mejoras en la fiscalidad de las familias, en especial de las familias numerosas, compensando a las rentas familiares en función de las cargas que soporten. Se apostará clara y decididamente por apoyar el papel de la mujer, particularmente
en caso de maternidad.
- Nuevos incentivos a la creación de empleo estableciendo una compensación para los desempleados que acepten un puesto de trabajo.
· En el marco de la reforma de la financiación de las haciendas locales, deberá abordarse la supresión del IAE para el 90 por ciento de las empresas, con objeto de mejorar su eficiencia y, especialmente, la de las pequeñas y medianas.
· Remitir a la Cámara una nueva Ley General Tributaria, ofreciendo al contribuyente un marco general tributario, más cómodo, sencillo y eficaz, y que potencie el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y refuerce los mecanismos
de lucha contra el fraude.
· Remitir a la Cámara una Ley de mecenazgo que mejore el tratamiento fiscal, tanto de las entidades sin fines lucrativos como de los incentivos aplicables por donativos, donaciones y aportaciones realizadas a favor de estas entidades.
Justificación.
Mejora técnica.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas a adoptar por el Gobierno para evitar el incremento de precios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2002.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda número 1
De adición.
Texto que se propone:
'Revisar los incrementos abusivos de precios producidos en servicios públicos y servicios esenciales de forma coincidente con la introducción del euro.'
Enmienda número 2
De adición.
Texto que se propone:
'Hacer pública la serie mensual de IPC para el año 2001, elaborada pero no publicada por el INE.'
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/020265
181/002456
La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Francisco Contreras Pérez (GS).
Solicitud de que su pregunta sobre convenios firmados con las Comunidades Autónomas para la eliminación de pasos a nivel se incluya en el orden del día de la primera sesión de la Comisión competente como pregunta oral.
Acuerdo:
1.º Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la de Infraestructuras (nuevo número de expediente 181/002456).
2.º Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al señor Diputado preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
184/020266
181/002457
La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Francisco Contreras Pérez (GS).
Solicitud de que su pregunta sobre convenios firmados con los Ayuntamientos para la eliminación de pasos a nivel se incluya en el orden del día de la primera sesión de la Comisión competente como pregunta oral.
Acuerdo:
1.º Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la de Infraestructuras (nuevo número de expediente 181/002457).
2.º Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al señor Diputado preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
184/022047
181/002458
La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Francisco Contreras Pérez (GS).
Solicitud de que su pregunta sobre inversión real realizada en la eliminación de pasos a nivel a 31 de diciembre de 2001 se incluya en el orden del día de la primera sesión de la Comisión competente como pregunta oral.
Acuerdo:
1.º Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la de Infraestructuras (nuevo número de expediente 181/002458).
2.º Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al señor Diputado preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
184/022477
181/002459
La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Francisco Contreras Pérez (GS).
Solicitud de que su pregunta sobre actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Sur previstas en la provincia de Almería para el año 2002 se incluya en el orden del día de la primera sesión de la Comisión competente como pregunta oral.
Acuerdo:
1.º Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la de Medio Ambiente (nuevo número de expediente 181/002459).
2.º Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al señor Diputado preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
184/022478
181/002460
La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Francisco Contreras Pérez (GS).
Solicitud de que su pregunta sobre actuaciones de la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR) previstas en la provincia de Almería para el año 2002 se incluya en el orden del día de la primera sesión de la Comisión competente
como pregunta oral.
Acuerdo:
1.º Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento a la de Medio Ambiente (nuevo número de expediente 181/002460).
2.º Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al señor Diputado preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.- P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000020
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, aprobó, por asentimiento, la siguiente declaración institucional con ocasión de la celebración mañana, día 8 de marzo de 2002, del Día Internacional de la Mujer (núm.
expte. 140/000020).
'El 8 de marzo fue declarado Día Internacional de la Mujer por Naciones Unidas y un año más nos proponemos seguir avanzando a través de cuantas actuaciones sean necesarias para acercarnos al objetivo de la igualdad real entre hombres y
mujeres.
Estamos convencidos de que el avance de las mujeres es el motor necesario para que se pueda alcanzar el pleno desarrollo de la humanidad. Apoyamos la eliminación de todos los prejuicios en el sistema educativo; propiciamos el seguir
incrementando el empleo de las mujeres y oponiéndonos a toda clase de violencia.
La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser una constante en la actuación política y deben aplicarse con todo rigor todas las medidas existentes, así como articular todas aquellas que se consideren necesarias para su total
eliminación.
Reiteramos que la defensa de la vida y la salvaguarda de los derechos humanos deben constituir una línea de actuación permanente para todas las democracias, por lo que solicitamos, una vez más, que se respete la vida de la ciudadana de
Nigeria Safiya Husaini.
El Congreso de los Diputados se compromete a desarrollar programas de sensibilización hacia otras sociedades con el fin de transmitir que no puede haber progreso sin igualdad, así como a elaborar todas aquellas normas que sean necesarias
para conseguir una sociedad más solidaria y más justa.'
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.