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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 258, de 02/11/2001
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: 2 de noviembre de 2001 Núm. 258 GENERAL
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000003 Nombramiento de personal eventual para el cargo de
Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso ... (Página 3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas de control en las
exportaciones y transferencias de material y servicios militares, de
seguridad y policiales ... (Página 3)
162/000367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre seguridad y nuevo orden internacional
... (Página 5)
162/000369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre intervención del Parlamento en
situaciones de crisis ... (Página 6)
Comisión Constitucional 161/001043 Proposición no de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre celebración de
encuentros entre la comunidad musulmana en España y los poderes
públicos ... (Página 8)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 161/000438
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
sobre el cumplimiento de los compromisos económicos y políticos
relativos a la ayuda a las zonas damnificadas por el huracán Mitch
aceptados en la reunión de Estocolmo de 1999 por todos los países
participantes. Retirada ... (Página 9)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia e Interior 181/001152 Pregunta formulada por el
Diputado don Ignacio Gil Lázaro (GP), sobre finalidad del convenio
recientemente suscrito entre el Ministerio del Interior y Cruz Roja
Española ... (Página 9)
Comisión de Ciencia y Tecnología 181/001153 Pregunta formulada por el
Diputado don Jaime Lissavetzky Díez (GS), sobre contratos de
reincorporación de Doctores previstos para el año 2002 ... (Página 9)
181/001154 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Lissavetzky
Díez (GS), relativa a grupos que investigan sobre células madre
embrionarias humanas en España ... (Página 10)
181/001155 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Lissavetzky
Díez (GS), sobre plan de campaña del buque de investigación
oceanográfica Hespérides durante este año ... (Página 10)
181/001156 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Lissavetzky
Díez (GS), sobre conceptos en los que se ha gastado el incremento de
los fondos para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
previstos para este año ... (Página 10)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
235/000001 Propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal
Constitucional ... 11)
232/000068 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en los
recursos de inconstitucionalidad números 2035 y 2038/1993 acumulados,
promovidos, respectivamente, por el Gobierno de la Generalidad de
Cataluña y por el Gobierno Valenciano, contra la Ley 3/1993, de 2 de
marzo, Básica de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ...
(Página 11)
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
244/000002 Propuesta de nombramiento de miembros del Consejo General
del Poder Judicial ... (Página 12)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000003
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en la Sección Congreso de los
Diputados del BOCG del nombramiento de doña María Teresa Varela
Generali para el cargo de Asistente para la atención de los señores
Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en
sus reuniones de 12 abril de 2000 y 6 de febrero de 2001, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña
María Teresa Varela Generali, con efectos de 1 de noviembre de 2001 y
con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la
atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2001.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000366
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proposición no de Ley sobre medidas de control en las exportaciones y
transferencias de material y servicios militares, de seguridad y
policiales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García
Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno del
Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos.
Considerando la Proposición no de Ley acordada por el Pleno del
Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 18 de marzo de
1997, en la que se instaba al Gobierno a desarrollar los criterios
que regulan las exportaciones de material de defensa en la Unión
Europea, y divulgar con periodicidad semestral los datos esenciales
de dichas exportaciones;
Considerando los progresos realizados en España y en otros países de
la Unión Europea en cuanto a la
divulgación pública de los datos esenciales de las transferencias de
material de defensa, en la convicción de que estos aumentos de
transparencia informativa constituyen una medida de confianza que
permite un mayor control comunitario sobre esta actividad;
Considerando que, el 17 de diciembre de 1998, el Consejo de la Unión
Europea aprobó una Acción Común para combatir la acumulación
desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño
calibre, en la que en otros aspectos solicita la creación de medidas
que inspiren confianza, incluidas las destinadas a fomentar una mayor
transparencia y apertura, la asistencia apropiada a los países que
soliciten ayuda para controlar o suprimir los excedentes de armas de
pequeño calibre en sus territorios;
Acogiendo con satisfacción la decisión del Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores de la UE de hacer público el 11 de octubre el
Informe Consolidado sobre las exportaciones de armas de los quince
Estados miembros de 1998 en virtud del Código de Conducta aprobado el
8 de junio de 1998;
Considerando la resolución aprobada por el Parlamento el 7 de octubre
sobre la primera revisión del Código de Conducta de la UE sobre
transferencias de armas en la que pide que el Parlamento Europeo
debata el Informe Consolidado,que los Estados miembros hagan públicos
los informes nacionales y se debatan en los parlamentos nacionales,
que el Consejo adopte urgentemente una lista común de control de
materiales y servicios militares, de seguridad y policiales, que
incluya una lista de productos y servicios prohibidos, que el Código
se aplique a los contratos de producción bajo licencia, que los
países asociados a la UE apliquen el Código, que los Estados miembros
lleven a cabo consultas multilaterales en relación con las decisiones
de concesión y denegación de autorizaciones de exportaciones de armas
y se aceleren las conversaciones para establecer controles comunes
sobre los intermediarios de las transferencias de armas;
Considerando la Declaración y programa de acción para una Cultura de
Paz aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado
13 de septiembre, en la que se especifican medidas para eliminar la
producción y el tráfico ilícito de armas ligeras;
Considerando los numerosos llamamientos realizados por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para reforzar los mecanismos de
control sobre las ventas de armas ligeras y munición y, en
particular, el llamamiento de dicho Consejo y del Secretario General
de la ONU, realizado el pasado 24 de septiembre, para que no se
exporten armas a los países en conflicto y que la ONU ha convocado
una Conferencia Internacional en 2001 para abordar tanto las
transferencias de armas lícitas como las ilícitas;
Considerando que la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU.
están debatiendo la introducción de un Código de Conducta sobre las
exportaciones de
armas y tomando nota de la propuesta de un Código Internacional de
Conducta sobre las exportaciones de armas presentado en 1997 por
diversos Laureados con el Nobel de la Paz,
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con el proceso de incremento de los niveles de
transparencia en las exportaciones de material y servicios militares,
de seguridad y policiales, mediante la difusión semestral de los
productos exportados a cada país, y la aplicación estricta del Código
de Conducta de la Unión Europea aprobado en 1998, que impide
autorizar exportaciones cuando no se cumplen determinados criterios
señalados en el Código.
2. Promover, en el ámbito de la Unión Europea, una mejora y reforma
sustancial de dicho Código de Conducta, con objeto de aumentar sus
capacidades generales de control sobre las transferencias de material
y servicios militares, de seguridad y policiales, impulsar la
ampliación de los productos a los que se debe aplicar dicho Código,
incluido el material para torturar y aplicar la pena de muerte,
siguiendo la definición establecida por las Naciones Unidas en 1997,
restringiendo las exportaciones a los países que no declaran al
Registro de Armas Convencionales de Naciones Unidas, tal como ha
propuesto el gobierno de los Países Bajos, mejorando los mecanismos
de control sobre los agentes intermediarios, creando un registro
sobre los mismos, estableciendo controles sobre la producción bajo
licencia y mecanismos efectos de control de uso final de las
transferencias y promoviendo la extensión del Código a todos los
países de la OSCE.
3. Participar activamente en los diferentes foros internacionales que
tratan el problema de la proliferación y control de las armas
ligeras, y promover actividades interparlamentarias sobre este tema,
especialmente con países de América Latina.
4. Promover la recompra y destrucción de armas ligeras en países o
zonas concretas, apoyando económicamente a los gobiernos interesados
y a las ONG u organismos internacionales que impulsan iniciativas de
ese tipo, especialmente a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
5. Explicar semestralmente al Congreso las actuaciones llevadas a
cabo por el Gobierno, en aplicación de las recomendaciones de la
Acción Común de la Unión Europea de 17 de diciembre de 1998, para
combatir la proliferación de armas ligeras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2001.-Iñaki
Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
162/000367
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre seguridad y nuevo orden internacional.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre
seguridad y nuevo orden internacional, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre han causado una honda
conmoción social y han variado las coordenadas de la política interna
e internacional, iniciándose una acción de EE. UU. y la comunidad
internacional de legítima defensa, y planteándonos, a todos los
pueblos y países, la necesidad de enfrentar la amenaza terrorista
como una amenaza para la seguridad global.
Al mismo tiempo, la dimensión de los acontecimientos requiere una
respuesta que vaya más allá del uso de la fuerza, debiéndose implicar
los países y las Naciones Unidas en un plan de acción que conduzca a
un nuevo orden internacional, basado en la paz, la seguridad y el
progreso.
En esta coyuntura es determinante la intervención de la Unión Europea
no sólo de su política de seguridad y defensa, sino también de la
política de justicia e interior, en la lucha contra el terrorismo.
España y sus instituciones democráticas deben jugar también un papel
destacado en el desarrollo y efectos de esta crisis. Por ello, el
Parlamento debe pronunciarse sobre la valoración de la misma y de la
respuesta política a dar en sus aspectos militar, económico, social
y humanitario.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentado Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y
votación:
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados adopta la siguiente Proposición no de
Ley:
l.° Expresa de nuevo su plena solidaridad con el pueblo y el gobierno
norteamericano, y apoya la respuesta de legítima defensa, individual
y colectiva, que EE. UU. y la comunidad internacional están dando al
ataque y la amenaza terrorista responsable de los atentados de Nueva
York y Washington del 11 de septiembre.
2.° Respalda las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, por la Unión Europea y por la OTAN en relación con
la lucha contra el terrorismo. Como miembro de esas organizaciones,
España debe colaborar ante los requerimientos que surjan de las
mismas, en la forma decidida por el Gobierno y el Parlamento.
3.° Considera que la acción militar de respuesta a los atentados no
debe extenderse a otros Estados, salvo nuevos datos que probasen su
complicidad. La respuesta ha de estar en todo momento respaldada por
Naciones Unidas y debe sujetarse a los principios de necesidad,
proporcionalidad en el uso de la fuerza y protección de la población
civil, con arreglo al Derecho Internacional. Son preocupantes los
daños que el uso de la fuerza haya podido causar a víctimas inocentes
de la población de Afganistán, que deben quedar al margen de
cualquier acción militar. Las acciones militares han de dirigirse al
objetivo de capturar a los culpables de los crímenes y de sus
cómplices para su entrega a la justicia, conforme a los principios
del Estado de Derecho.
4.° Insta al Gobierno español a mantener puntualmente informado al
Congreso de los Diputados del desarrollo de las acciones militares,
del grado de participación de las Fuerzas Armadas y de los medios o
infraestructura material que España pueda aportar. A esos efectos, en
el supuesto de envío de fuerzas españolas a la zona en la que se
desarrolla la intervención armada de la coalición internacional, el
Gobierno, sin perjuicio de sus competencias constitucionales,
consultará previamente al Congreso de los Diputados sobre la
participación de España y las previsiones presupuestarias que tal
decisión comporte.
5.° Considera imprescindible la inmediata adopción de reformas
legislativas en los Estados de la Unión que permitan la orden de
búsqueda y entrega europea, preservando las garantías judiciales
correspondientes.
6.° Asimismo, considera necesario que el Gobierno impulse la
cooperación policial y la máxima capacitación de los servicios de
seguridad e inteligencia en la lucha contra el terrorismo y sus
fuentes de financiación, con el debido respeto a los derechos y
libertades fundamentales. España y la Unión Europea deben orientar
sus políticas a la erradicación de los llamados paraísos fiscales,
que son instrumentos financieros vinculados estrechamente a la
criminalidad internacional organizada.
7.° Insta al Gobierno español y a los países de la Unión Europea a
incrementar los presupuestos destinados a la cooperación al
desarrollo, para ir acercándose al 0,7 por ciento del PIB, y, en
concreto, a desarrollar urgentemente un extenso programa de ayuda de
carácter humanitario para Afganistán, y una política de asilo y
acogida para los refugiados producidos por el conflicto. En ese
sentido, insta a EE. UU. y a la coalición internacional a que hagan
posible, mediante la apertura de corredores humanitarios, esa
imprescindible ayuda, que debe ser distribuida por las agencias
especializadas, a través del programa mundial de alimentos. La ayuda
humanitaria deberá ir acompañada de un esfuerzo de la comunidad
internacional en la detección y desactivación de los varios millones
de minas antipersonas que hay en todo el territorio de Afganistán,
así como en la garantía de los derechos básicos a los hombres y
mujeres afganos.
8.° Insta al Gobierno español, a la UE y a la comunidad internacional
a emplear todos sus esfuerzos políticos, diplomáticos y económicos
para resolver el dilatado conflicto de Oriente Medio y lograr la paz
y la seguridad en la zona, con el fin de que pueda constituirse un
Estado palestino viable y estable y un Estado de Israel seguro.
9.° A esa finalidad, el Gobierno español debe liderar, junto a la
Unión Europea, una iniciativa de paz y desarrollo en el área del
Mediterráneo y del Magreb para lograr las mejores relaciones entre
los gobiernos y los pueblos, promoviendo el diálogo intercultural e
interreligioso, el crecimiento económico y la apertura comercial, el
desarrollo democrático y de los derechos humanos en dicha área, con
especial atención a un flujo migratorio regular, controlado y
ajustado a las necesidades de mano de obra de los países europeos.
10.° Considera necesaria la condonación y reconversión de la deuda de
los países en vías de desarrollo, y, en primer lugar, la condonación
de la deuda de aquellos cuyo nivel económico haga imposible su
devolución. Ello debe inscribirse en un amplio plan de desarrollo
social, cultural y económico contra la pobreza, bajo los auspicios de
Naciones Unidas y con la participación destacada de la Unión Europea.
11.° Insta al Gobierno y a la Unión Europa a promover la Integración
en España de los inmigrantes, especialmente, en este momento, de los
originarios de culturas diferentes a la nuestra, y a combatir
decididamente cualquier forma de xenofobia en la sociedad española y
europea.
l2.° Entiende necesario que los Estados miembros de Naciones Unidas,
en el seno de esta organización internacional, cooperen para que se
avance hacia un nuevo orden internacional basado en la paz, la
seguridad y el progreso, y que, a esos fines, ratifiquen aquellos
instrumentos legales encaminados a lograr esa cooperación, entre
ellos el Tratado para la creación de un Tribunal Penal Internacional.
13.° Insta al Gobierno y a la Unión Europea a impulsar una
Conferencia Internacional en el seno de Naciones Unidas, a celebrar
el año 2002, que ponga las bases de un nuevo orden internacional que
tenga sus más firmes pilares en los derechos humanos, la seguridad
y confianza mutua y la dignidad de las personas y de los pueblos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2001.-Diego
López Garrido, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000369
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre intervención del Parlamento en
situaciones de crisis.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre intervención del
Parlamento en situaciones de crisis, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos.
Los atentados del 11 de septiembre han puesto de manifiesto la
ausencia de una normativa o convención constitucional sobre las
relaciones entre Gobierno y Parlamento para adoptar decisiones que
signifiquen comprometer la intervención o participación de las
Fuerzas Armadas españolas en determinadas acciones militares ante
situaciones de crisis.
Es algo que ya se venía experimentando desde la guerra del Golfo o el
conflicto de Kosovo. A partir de los atentados de Nueva York y
Washington, el vacío normativo se ha hecho aún más patente.
La Constitución Española, en su artículo 63.3, prescribe la
autorización del Congreso de los Diputados para declarar la guerra.
Este supuesto es altamente improbable, entre otras cosas porque la
guerra está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas, salvo como
respuesta a un ataque armado, en legítima defensa, individual o
colectiva (artículo 51 de la Carta).
Nada hay establecido en nuestro ordenamiento para situaciones de
conflicto bélico que no comienzan por una declaración formal de
guerra, que son las más frecuentes. Se trata de los casos de
intervenciones militares bajo la autoridad del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, o en misiones de mantenimiento de la paz
(misiones Petersberg), o en el seno OTAN, o, como en la actual
crisis, por los atentados terroristas, en forma de autorización del
uso de las bases de utilización conjunta hispano-norteamericana que
no descarta el envío de tropas españolas a la zona del conflicto en
Afganistán en un futuro. Parece lógico, en ausencia de una
prescripción constitucional, reconocer al Parlamento atribuciones
para prever procedimientos de emergencia en situaciones de crisis
internacional. No tiene sentido participar en un conflicto bélico en
nombre de la democracia sin sujetarse a sus principios en un régimen
parlamentario en el que el Gobierno depende de la confianza del
Congreso de los Diputados.
Todo ello hace necesario que haya alguna previsión sobre qué papel
tiene que jugar el Congreso de los Diputados, como representante de
la soberanía popular, en decisiones que, como en el supuesto de envío
de fuerzas al exterior o la utilización de instalaciones españolas
para operaciones militares contra terceros países, afectan a nuestra
soberanía o comprometen nuestros intereses estratégicos y de
seguridad. Dado que no hay norma legal a ese efecto, conviene que
para tales situaciones exista una regulación, al menos, a través de
resolución parlamentaria de carácter no legislativo.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación:
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados adopta la siguiente Proposición no de
Ley:
1. La intervención de fuerzas españolas o la aportación de medios o
infraestructura material española en conflictos armados exteriores se
rige por la Constitución Española y los tratados internacionales
ratificados por el Estado español.
2. El Gobierno adoptará las decisiones que hagan posible la
participación militar española en misiones bajo la autoridad del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De ello dará cuenta
inmediata al Congreso de los Diputados, mediante comunicación
dirigida al Presidente de la Cámara, y comparecerá ante la misma en
un plazo no inferior a diez días desde la aprobación de la decisión.
El Gobierno explicará al Congreso los objetivos de la misión, el
grado de participación española y el esfuerzo presupuestario que ello
comporte.
3. Igual procedimiento se seguirá para los casos en que la
participación española sea consecuencia obligada de la aplicación de
un Tratado internacional de defensa colectiva en el que sea parte el
Estado español.
4. En los anteriores supuestos y, en todo caso, cuando, en ausencia
de declaración formal de guerra, el Gobierno tenga que decidir la
forma y el grado en que se producirá la intervención de las Fuerzas
Armadas, el Presidente del Gobierno, previamente a la ejecución de la
decisión, consultará al Congreso de los Diputados. Ésta se
pronunciará, tras el correspondiente debate, sobre las circunstancias
y objetivos, duración estimada y coste presupuestario de las
operaciones en las que deban intervenir las Fuerzas Armadas
españolas.
5. En todos los supuestos anteriores, el Gobierno mantendrá
regularmente informado al Congreso de los Diputados sobre el
desarrollo de las operaciones y sobre la forma en que se lleva a cabo
la participación española en el conflicto, así como sobre la
situación de éste y su duración prevista.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2001.-Diego
López Garrido, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión Constitucional
161/001043
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre celebración de encuentros entre la
comunidad musulmana en España y los poderes públicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión
Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre
celebración de encuentros entre la comunidad musulmana en España y
los poderes públicos, para su debate en la Comisión Constitucional de
la Cámara.
Exposición de motivos.
Uno de los propósitos de los atentados terroristas del 11 de
septiembre era provocar una reacción de los agredidos que condujera
al conflicto no sólo entre naciones, sino, especialmente, entre
culturas. Por ello, la respuesta a dichos atentados debe ir dirigida,
estrictamente, contra sus autores y quienes les amparan, ayudan
o cobijan, y es necesario promover la participación de países árabes y
musulmanes en las acciones de todo tipo que puedan llevarse a cabo
como consecuencia de los ataques terroristas. Debe también evitarse
cuidadosamente cualquier actuación que facilite el enfrentamiento
cultural o religioso; muy al contrario, los poderes públicos están
obligados a realizar una labor explicativa, o si se quiere
pedagógica, del significado preciso de dichas acciones y de su
acotación a la lucha antiterrorista.
A juicio del egipcio Yusuf al Qaradawi, fundador de la Organización
de Derechos del Hombre, Occidente debe liberarse del espíritu de
cruzada y de su miedo al Islam, al que se suele considerar como una
amenaza. Lo que aumenta los prejuicios entre los seguidores de las
dos religiones es la mutua incomprensión y es necesario llevar a cabo
un esfuerzo especial para evitar un enfrentamiento entre religiones.
La aconfesionalidad del Estado español, recogida en el artículo 16 de
nuestra Constitución, no impide el necesario mantenimiento de
relaciones con las diferentes confesiones profesadas por los
ciudadanos y ciudadanas. Y estas relaciones no pueden olvidar que la
comunidad musulmana en España es cada vez mayor, la segunda en número
de fieles, y no sólo por el efecto producido por la inmigración, sino
porque tiene unas raíces en la historia y la cultura española que
justifican que pueda afirmarse que el Islam es parte de la identidad
de España. Sin embargo, usualmente, la visión del Islam ha llegado
deformada por siglos de intolerancia o de desprecio, y también de
ignorancia. Incluso en España, personas a quienes se debería presumir
un suficiente grado de nivel intelectual y lucidez han abogado por la
superioridad de la civilización occidental.
Es hoy más necesario que nunca, por tanto, abandonar la ignorancia y
el desprecio de los valores culturales del Islam y facilitar gestos
que eviten en la población española la posibilidad de actitudes
integristas o xenófobas, así como para impedir que los españoles e
inmigrantes musulmanes se consideren enfrentados a su país o a la
cultura de recepción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente:
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar y
promover la celebración de encuentros entre representantes de la
comunidad musulmana en España y miembros del Gobierno, de las Cortes
Generales y, en general, de los poderes públicos, incluidas visitas a
centros religiosos y lugares de culto islámicos, con objeto de
atender sus inquietudes y necesidades, fomentar la convivencia,
evitando actitudes xenófobas, planificar acciones contra los
prejuicios raciales y religiosos y promover en la sociedad española,
utilizando los instrumentos oportunos en los medios de comunicación,
especialmente en los de titularidad estatal, un conocimiento efectivo
de sus valores culturales y de la realidad y la representatividad de
este colectivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2001.-Diego
López Garrido, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000438
Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2001, se ha retirado por
el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley sobre el
cumplimiento de los compromisos
económicos y políticos relativos a la ayuda a las zonas damnificadas
por el huracán Mitch aceptados en la reunión de Estocolmo de 1999 por
todos los países participantes (núm. expte. 161/000438), publicada en
el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 123, de 22 de
enero de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia e Interior
181/001152
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Finalidad del Convenio recientemente suscrito entre el Ministerio del
Interior y Cruz Roja Española.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior.
Diputado don Ignacio Gil Lázaro.
Texto:
¿Qué finalidad principal atenderá el Convenio recientemente suscrito
entre el Ministerio del Interior y Cruz Roja Española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2001.-Ignacio
Gil Lázaro, Diputado.
Comisión de Ciencia y Tecnología
181/001153
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).
Contratos de reincorporación de Doctores previstos para el año 2002.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Diputado don Jaime Lissavetzky Díez.
Texto:
¿Cuántos contratos de reincorporación de Doctores están previstos
para el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2001.-Jaime
Lissavetzky Díez, Diputado.
181/001154
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).
Grupos que investigan sobre células madre embrionarias humanas en
España.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Diputado don Jaime Lissavetzky Díez.
Texto:
¿Qué grupos investigan sobre células madre embrionarias humanas en
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2001.-Jaime
Lissavetzky Díez, Diputado.
181/001155
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).
Plan de campaña del buque de investigación oceanográfica Hespérides
durante este año.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento
a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Diputado don Jaime Lissavetzky Díez.
Texto:
¿Qué plan de campaña tiene el buque de investigación oceanográfica
Hespérides este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2001.-Jaime
Lissavetzky Díez, Diputado.
181/001156
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).
Conceptos en los que se ha gastado el incremento de los fondos para
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) previstos para
este año.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Diputado don Jaime Lissavetzky Díez.
Texto:
¿En qué conceptos se ha gastado el incremento de los fondos para la
ANEP previstos para este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2001.-Jaime
Lissavetzky Díez, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
235/000001
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 159 de la
Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el
Congreso de los Diputados ha adoptado en la sesión plenaria celebrada
el día de hoy el acuerdo de proponer a Su Majestad el Rey el
nombramiento como Magistrados del Tribunal Constitucional de las
siguientes personas:
- Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio.
- Excmo. Sr. don Roberto García Calvo.
- Excmo. Sr. don Eugenio Gay Montalvo.
- Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera.
Se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Presidente del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi
Úbeda.
232/000068
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad
AUTOR: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en los recursos de
inconstitucionalidad números 2035 y 2038/1993 acumulados, promovidos,
respectivamente, por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y por
el Gobierno Valenciano, contra la Ley 3/1993, de 2 de marzo, Básica
de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios
y Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el encabezamiento y el fallo
de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz
Villalón, Presidente; don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de
Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo
García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla,
don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez y
doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 2035 y
2038/1993, interpuestos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña, representado por la Letrada doña Elsa
Puig Muñoz, contra los artículos 3.3; 4.1; 11, último inciso; 16.2 y
3; 18.2.h; 22.1, último inciso, y 2; 23.3; disposición transitoria
quinta; disposición final primera; disposición final segunda,
apartados 2, primer inciso, 3 y 4 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,
y por el Gobierno de la Generalidad Valenciana, representado por el
Letrado don Fernando Raya Medina, contra el artículo 16.2 y 3
y disposición final segunda, apartados 2 y 4 (y por cone-
xión con éstos, los artículos 4; 11, in fine; disposiciones
transitorias quinta y sexta; disposición derogatoria y disposición
final primera); artículo 3 (y por conexión, artículos 2.e, in fine;
4; 18.2.h; 23.3; disposición final segunda, apartado 3) y artículos
22.1, in fine, y 22.2, párrafo 2 (y por conexión, artículo 23.3) de
la referida Ley. Ha sido parte el Gobierno de la Nación representado
por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Presidente, don Pedro
Cruz Villalón, quien expresa el parecer del Tribunal.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
HA DECIDIDO
Estimar parcialmente los presentes recursos de inconstitucionalidad
acumulados frente a la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y, en su
virtud:
1.o Declarar que el artículo 16.2, en su inciso «La tercera parte
restante estará afectada a la financiación de la función de
colaboración con las Administraciones competentes en las tareas de
formación a que se refiere el párrafo f) del apartado 1 y el párrafo
d) del apartado 2 del artículo 2 de la presente Ley», así como la
disposición final segunda, apartado 2, no son aplicables en Cataluña
ni en la Comunidad Valenciana.
2.o Declarar que los artículos 3.3 y 18.2.h sólo son aplicables en
Cataluña y en la Comunidad Valenciana en los términos expuestos en
los fundamentos jurídicos 9 y 11, respectivamente.
3.o Declarar que el artículo 3.4 es sólo aplicable en la Comunidad
Valenciana en los términos expuestos en el FJ 10.
4.o Declarar que el artículo 16.3 sólo es aplicable en Cataluña y en
la Comunidad Valenciana en el sentido expresado en el FJ 21.
5.o Declarar que los artículos 22.1, última frase, y 22.2, párrafo 2,
sólo son aplicables en Cataluña y en la Comunidad Valenciana
interpretados en el sentido expresado en el FJ 12.
6.o Declarar que la disposición final primera no es aplicable en
Cataluña ni en la Comunidad Valenciana en
la medida en que declara básicos los preceptos anteriormente
declarados inaplicables.
7.o Desestimar los presentes recursos en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid a 22 de octubre de 2001.
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
244/000002
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 122.3 de la
Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Congreso de
los Diputados ha adoptado en la sesión plenaria celebrada el día de
hoy el acuerdo de proponer a Su Majestad el Rey el nombramiento como
miembros del Consejo General del Poder Judicial de las siguientes
personas:
Pertenecientes a la categoría de Jueces y Magistrados:
- Excmo. Sr. don Agustín Azparren Lucas.
- Excma. Sra. doña Montserrat Comas de Argemir Cendra.
- Excmo. Sr. don Fernando Fernández Martín.
- Excmo. Sr. don Adolfo Prego de Oliver y Tolivar.
- Excmo. Sr. don José Luis Requero Ibáñez.
- Excmo. Sr. don Fernando Salinas Molina.
Pertenecientes a la categoría de abogados y juristas de reconocida
competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión:
- Excmo. Sr. don José Antonio Alonso Suárez.
- Excmo. Sr. don Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi.
- Excmo. Sr. don Josep Alfons López Tena.
- Excmo. Sr. don Félix Pantoja García.
Se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2001.-P. D.
La Presidente del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi
Úbeda.