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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 29, de 12/06/2000
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: 12 de junio de 2000 Núm. 29 GENERAL
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, de adecuación del Plan de Acción para el
Empleo del año 2000 a las exigencias de la Cumbre de Lisboa en
materia de empleo ... (Página 5)
162/000055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la revisión y a la finalización
de determinadas concesiones de uso privativo de aguas ... (Página 6)
162/000056 Proposición no de Ley presentada por los Grupos
Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre prestaciones sociales
básicas a los trabajadores autónomos ... (Página 7)
162/000057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas en relación
al Plan de la minería y el desarrollo alternativo de las cuencas
mineras 1998-2005 ... (Página 8)
162/000058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el servicio universal
de telecomunicaciones ... (Página 9)
162/000059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre realización de las
obras de la variante ferroviaria de Pajares ... (Página 11)
162/000060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre inmigración ... (Página 12)
162/000061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la sobreventa de billetes aéreos
en España ... (Página 14)
162/000062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre concreción de medidas para asumir la
realidad plurilingüe del Estado en sus actuaciones ... (Página 15)
162/000063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, para que se garantice el principio de
neutralidad ideológica en los centros docentes públicos ... (Página 17)
162/000064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la incorporación en
los trabajos de la Convención y preparatorios de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del principio de igualdad
de derechos y oportunidades así como del derecho a la conciliación de
la vida familiar con la vida profesional ... (Página 18)
Comisión de Justicia e Interior 161/000085 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre cesión al
municipio de A Coruña del edificio y los terrenos de la prisión
provincial y construcción en dicha ciudad de un centro penitenciario
adecuado de régimen abierto ... (Página 19)
Comisión de Economía y Hacienda 161/000079 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a
actuaciones de reindustrialización de la comarca de Béjar (Salamanca)
... (Página 20)
Comisión de Infraestructuras 161/000075 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta
al Gobierno a que inicie, a la máxima brevedad y en el menor tiempo
posible, la ejecución material de la duplicación de la carretera N-
340 entre Algeciras y Cádiz ... (Página 21)
161/000076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la construcción del tercer
carril en la autopista A-7 entre MaÁanet de la Selva y La Jonquera-
frontera francesa ... (Página 22)
161/000077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la ampliación y mejora de la
conexión entre la autopista A-7 y la carretera N-II en Figueres Norte
... (Página 22)
161/000080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre servicios ferroviarios entre Huesca y
Zaragoza ... (Página 23)
161/000081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el desdoblamiento de la carretera N-
232, entre Zaragoza y Burgo de Ebro ... (Página 24)
161/000082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
garantice la prolongación del Tren Arco desde Barcelona hasta
Cartagena (Murcia) ... (Página 25)
161/000083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el futuro de la Sociedad Estatal para
las Enseñanzas Aeronáuticas (SENASA) con especial referencia a la
Escuela de formación de Pilotos de Salamanca ... (Página 25)
161/000084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre retirada de la publicación del Mapa
Oficial de Carreteras Interactivo ... (Página 27)
Comisión de Política Social y Empleo 161/000087 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
problemática del sector marisquero en Galicia ... (Página 28)
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas 161/000074
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre elaboración de un Estatuto del Municipio
Turístico ... (Página 28)
Comisión de Medio Ambiente 161/000073 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre transferencia a la Junta de Andalucía de las Confederaciones
Hidrográficas que se encuentran en ese territorio ... (Página 30)
161/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la regeneración de los Baños del
Carmen ... (Página 31)
Comisión de Ciencia y Tecnología 161/000086 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de
reorientación paulatina de la industria militar para fines civiles
... (Página 32)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores 181/000030 Pregunta formulada por el
Diputado don Rafael Estrella Pedrola (GS), sobre posición del
Gobierno ante el posible despliegue de una fuerza multinacional al
sur del Líbano y la eventual participación de España en la misma
... (Página 33)
Comisión de Justicia e Interior 181/000033 Pregunta formulada por el
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre previsiones en
relación con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil ... (Página 34)
181/000035 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Barrero
López (GS), sobre medidas para evitar que la fiscalía se oponga a
determinadas demandas de extradición de mafiosos solicitadas por la
justicia de Italia ... (Página 34)
181/000036 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Barrero
López (GS), sobre medidas para evitar que la policía española rechaze
órdenes de detención cursadas por la justicia de Italia contra
mafiosos de dicho país refugiados en España ... (Página 34)
Comisión de Educación, Cultura y Deporte 181/000037 Pregunta
formulada por el Diputado don José Antonio Labordeta Subías (GMx),
sobre actuaciones para la definitiva creación del Patronato del
Archivo de la Corona de Aragón ... (Página 35)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 181/000038 Pregunta
formulada por el Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez (GP), sobre
información que puede facilitar el Gobierno en relación a los
trabajos experimentales que se vienen realizando para autorizar la
nueva vacuna recombinante para la prevención de enfermedades que
afectan al conejo de monte ... (Página 35)
181/000039 Pregunta formulada por el Diputado don Alfonso Soriano
Benítez de Lugo (GP), sobre situación de las negociaciones del nuevo
acuerdo de pesca con Marruecos por parte de la Unión Europea (UE)
... (Página 36)
181/000040 Pregunta formulada por el Diputado don Alfonso Soriano
Benítez de Lugo (GP), sobre volumen de envíos de tomate de Marruecos
a la Unión Europea (UE) después de suprimidos los certificados de
importación, desde el mes de octubre de 1999 ... (Página 36)
181/000041 Pregunta formulada por el Diputado don Alfonso Soriano
Benítez de Lugo (GP), sobre situación del proyecto de reforma de la
Organización Común de Mercado (OCM) del plátano ... (Página 37)
Comisión de Infraestructuras 181/000028 Pregunta formulada por el
Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre actuaciones para que la
reapertura del paso ferroviario de Canfranc sea una realidad, así
como previsiones respecto a las actuaciones a desarrollar en el nuevo
tramo de carretera Yebra de Basa-Fiscal, en el eje subpirenaico N-260
y en la carretera N-240, entre Lleida-Huesca-Pamplona ... (Página 37)
181/000029 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán
Gracia (GS), sobre fecha prevista para la finalización de las obras
de rehabilitación del antiguo Hospital de San Francisco, en Monzón
(Huesca) ... (Página 38)
181/000031 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán
Gracia (GS), sobre actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el
Gobierno en el tramo de carretera Aren-Pont de Suert, en la carretera
N-230, así como previsiones para la renovación y electrificación de
la vía férrea entre Huesca y Tardienta y la apertura de un nuevo
túnel transfronterizo entre Benasque (España) y Luchon (Francia)
... (Página 38)
181/000042 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Edo Gil (GS),
sobre opinión del Ministerio de Fomento acerca de las declaraciones
del Presidente de la Generalidad Valenciana y del Ministro Portavoz
del Gobierno de que las obras de construcción de
la vía férrea del AVE entre Madrid y la Comunidad Valenciana
comenzarán durante el año 2000 ... (Página 39)
Comisión de Sanidad y Consumo 181/000034 Pregunta formulada por el
Diputado don Jaime Blanco García (GS), sobre medidas para adaptar los
concursos de traslado y de oposición del Insalud a la Sentencia del
Tribunal Supremo relativa a dicha materia ... (Página 39)
Comisión de Medio Ambiente 181/000027 Pregunta formulada por el
Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre reinicio de las obras
del pantano de Montearagón, en la provincia de Huesca, así como
evaluación de la aplicación de la cesión de derechos del agua en las
cuencas del Júcar y del Segura ... (Página 40)
181/000032 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Martí i
Galbis (GC-CiU), sobre soluciones previstas para evitar el doble
gravamen al que pueden verse afectados los usuarios catalanes como
consecuencia de la aplicación del artículo 105 de la Ley de Aguas
y de la Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña ... (Página 40)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/000043
Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca García Manzanares
(GS), sobre posición del Gobierno acerca de la situación en que se
encuentra la comunidad indígena pueblo Mapuche, como consecuencia de
las actuaciones de la empresa española ENDESA en la región del Alto
Bio-Bio de la zona andina de Chile ... (Página 41)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000054
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley de adecuación del Plan de Acción para el Empleo
del año 2000 a las exigencias de la Cumbre de Lisboa en materia de
empleo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de adecuación
del Plan de Acción para el Empleo del año 2000 a las exigencias de la
Cumbre de Lisboa en materia de empleo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Consejo Europeo celebró una sesión especial los días 23 y 24 de
marzo de 2000 en Lisboa para acordar un nuevo objetivo estratégico de
la Unión a fin de
reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como
parte de una economía basada en el conocimiento.
Analizados los documentos a los que se hace referencia en el Plan de
Acción para el Empleo del Reino de España para el año 2000, aprobado
por el Gobierno en el mes de abril, llegamos a la conclusión de que
es necesario adecuarlo a las exigencias de la Unión en materia de
empleo. La Unión establece un objetivo estratégico claro y acuerda un
programa ambicioso de creación de infraestructura del conocimiento,
de aumento de la innovación y de la reforma económica y de
modernización del bienestar social y de los sistemas educativos.
Es una realidad que nuestro sector de servicios está subdesarrollado,
en particular en los ámbitos de las telecomunicaciones e Internet.
Hay una necesidad cada vez mayor de cubrir la demanda de
cualificaciones, sobre todo en tecnología de la información, sector
en el que hay un número cada vez mayor de puestos de trabajo
desocupados.
La Unión ha fijado un nuevo objetivo estratégico con el fin de que
nuestra economía basada en el conocimiento sea más competitiva y
dinámica. Para ello requiere una estrategia global dirigida a mejorar
las políticas relativas a la sociedad de la información y de I+D,
modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en capital
humano y la lucha contra la exclusión social, y aplicar un conjunto
de medidas políticas macroeconómicas adecuadas.
Por todo ello, y analizando la realidad española, tenemos que hacer
una serie de consideraciones encaminadas a encauzar la dicotomía que
nos encontramos en lo referente a demanda de puestos de trabajo,
sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías y los ciclos
formativos existentes. Asimismo hay una necesidad imperiosa por
alfabetizar informáticamente tanto a las generaciones que han
concluido su período formativo como a las que lo están desarrollando
en la actualidad.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«1. Incluir las conclusiones de la Cumbre de Lisboa en el Plan de
Empleo Español para el año 2000, de forma que:
1.1 Todos los jóvenes desempleados y los parados de larga duración
reciban, antes de finalizar el año 2002, una formación en las nuevas
tecnologías de la información.
1.2 En los planes de formación continuada se incluyan con carácter
preferente, cursos de adaptación a
las nuevas tecnologías de la información, intensificando este
esfuerzo en los empleados mayores de 45 años.
1.3 Se aumenten las líneas financieras de apoyo a jóvenes
emprendedores en el ámbito de las nuevas tecnologías, mediante el
fomento de sociedades de capital riesgo.
2. Establecer las bases presupuestarias y de coordinación necesarias
entre los Ministerios afectados por las conclusiones de la
presidencia del Consejo Europeo de Lisboa, las Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos y agentes sociales, con el fin de garantizar ante la UE
los plazos de ejecución a los que se hace referencia en dichas
conclusiones.
3. Garantizar que las empresas y los ciudadanos tengan igualdad de
acceso a una infraestructura de comunicaciones mundial y barata, así
como a un amplio abanico de servicios. Todo ciudadano debe poseer los
conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la nueva sociedad
de la información.
4. Incluir en todos los ciclos educativos módulos de información y
orientación laboral, créditos de formación mediante prácticas
externas en los diferentes ámbitos de actuación profesional, así como
una mayor intensificación en las enseñanzas de lenguas extranjeras
que garanticen mayor facilidad para el uso de las nuevas tecnologías
y para conseguir mayores facilidades de acceso al mercado laboral.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2000.-Rafael
Velasco Sierra, Diputado.-Leire Pajín Iraola, Diputada.-María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
162/000055
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la revisión y a la finalización de
determinadas concesiones de uso privativo de aguas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
revisión y a la finalización de determinadas concesiones de uso
privativo de aguas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas estableció en su articulado
que todo uso privativo de las aguas, salvo los exceptuados por la
propia Ley, requieren concesión administrativa.
Las concesiones se otorgan según las previsiones de los Planes
Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y
cinco años, siendo susceptibles de revisión.
La Ley 9/1996, de 15 de enero, de medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes como consecuencia de la persistencia de la
sequía modificó el artículo 63 de la Ley de Aguas relativo a la
revisión de las concesiones con la finalidad de agilizarla.
De ese modo, las concesiones podrán ser revisadas no sólo cuando de
forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de
su otorgamiento, en casos de fuerza mayor, a petición del
concesionario o cuando lo exija su adecuación a los planes
hidrológicos, sino que las concesiones para el abastecimiento de
poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que
se acredite que el objeto de la concesión pueda cumplirse con una
menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso,
que contribuya a un ahorro del mismo. Para este último supuesto las
Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de
las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y
utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión.
Por otra parte, las concesiones se extinguen, entre otras causas, por
término o finalización de su plazo. Al extinguirse el derecho
concesional, revertirán a la Administración competente gratuitamente
y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas para la
explotación del aprovechamiento, sin perjuicio de las condiciones
estipuladas en el documento concesional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir,
en el plazo de seis meses:
1. Un informe sobre las previsiones de reversión de los caudales
concedidos por finalización de concesiones, así como de obras a la
Administración General del Estado como consecuencia de la extinción
de los derechos concesionales existentes.
2. Un informe sobre las auditorías y controles de las concesiones
realizados por las Confederaciones Hidrográficas.
3. Un informe sobre las concesiones revisadas o que van a ser objeto
de revisión en cada una de las cuencas hidrográficas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Víctor
Morlán Gracia, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000056
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Proposición no de Ley sobre prestaciones sociales básicas a los
trabajadores autónomos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión ante el
Pleno, una Proposición no de Ley relativa a prestaciones sociales
básicas a los trabajadores autónomos.
I. Exposición de motivos
Los trabajadores autónomos son, desde un punto de vista sociológico,
trabajadores que económica y jurídicamente, desarrollan una actividad
por la que obtienen un lucro imprescindible para su subsistencia. Su
singularidad radica en la forma de llevar a cabo esa actividad, de
forma autónoma e independiente. Esta peculiar característica, hizo
que la normativa de la Seguridad Social, cimentada en la figura del
trabajador por cuenta ajena -en el que destacan las notas de
dependencia y ajenidad-, fuera difícilmente extensible a los
autónomos, por lo que fueron incluidos con posterioridad en el ámbito
de la Seguridad Social, englobándolos en un régimen especial, con la
excepción de aquellos trabajadores autónomos del mar y del campo, que
ya habían sido incorporados con anterioridad en función de las
especialidades de dichos sectores económicos.
En la actualidad, la pervivencia del Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos (RETA) en la Seguridad Social parece
ampliamente aceptada por los agentes sociales y la doctrina
especializada, debido fundamentalmente a las peculiaridades que
informan la actividad de los trabajadores de este amplio colectivo.
Pero también es palpable que la acción protectora que contempla el
citado régimen especial debe ser ampliamente mejorada, tal y como se
puso de manifiesto en la disposición adicional primera de la Ley 24/
1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema
de Seguridad Social; y porque además, es obvio y objetivo que
persisten diferencias en cuanto al nivel de protección y prestaciones
que le son reconocidas a los trabajadores por cuenta propia en
relación a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen
General, aun teniendo en muchos casos necesidades protectoras
semejantes, y sin que, por otra parte, dichas diferencias respondan
ni a las distintas concepciones de los dos regímenes de la Seguridad
Social ni a diferencias en cuanto al esfuerzo contributivo.
Por lo tanto, queda patente la necesidad de realizar un esfuerzo
político en orden al reconocimiento de una mejora sustancial de las
prestaciones del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social, y cuyo objetivo principal sea eliminar las
diferencias de protección no justificadas que existen entre los
autónomos y los trabajadores encuadrados en el Régimen General.
II. Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al GobiernoMinisteriode Trabajo y
Asuntos Sociales a promover
las medidas legislativas y reglamentarias oportunas, que permitan el
reconocimiento efectivo de las siguientes prestaciones sociales
básicas a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos:
A) En orden a la incapacidad temporal:
1.o Establecer el derecho de percepción del subsidio por incapacidad
temporal desde el cuarto día de la baja del trabajador.
2.o Restaurar el derecho de opción para formalizar la cobertura de la
incapacidad temporal por parte de los trabajadores autónomos, de
forma que puedan acogerse voluntariamente a dicha cobertura, bien con
la Seguridad Social, o bien con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
3.o Suprimir la necesidad de que el trabajador autónomo acredite la
necesidad de que otro trabajador regente el establecimiento en los
casos en que la incapacidad temporal no supere los seis meses. En los
supuestos en que la incapacidad temporal sobrepase ese período, se
fijarán reglamentariamente los supuestos en los que se exigirá la
sustitución para tener derecho a prestación.
4.o Contemplar bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en
los casos en que la causa de la baja temporal sea por maternidad del
trabajador o trabajadora autónomo, tanto las satisfechas por el
autónomo como por el empleado/a que lo sustituya durante el período
de baja maternal, con la misma extensión que en el Régimen General.
B) En relación con la incapacidad permanente:
1.o Incluir la protección de la incapacidad permanente parcial para
la profesión habitual a todos los trabajadores incluidos en el RETA.
2.o Reconocer el derecho a incrementar el 20 por 100 correspondiente
a la incapacidad permanente total cualificada en las mismas
condiciones que en el Régimen General, y especialmente cuando el
trabajador autónomo alcance los 55 años de edad y no desempeñe otra
ocupación.
3.o Posibilitar que la fecha de inicio de los efectos económicos del
subsidio por incapacidad permanente, en todas sus modalidades, sea el
día en que se extingue la incapacidad temporal, o en su defecto, el
día en que se cursa la solicitud de incapacidad permanente.
4.o Reconocer el derecho a la integración de lagunas en los períodos
que no existió la obligación de cotizar a efectos de cálculo de la
base reguladora de la pensión de incapacidad permanente,
complementándolas con las bases mínimas vigentes para los
trabajadores mayores de 18 años.
C) En lo relativo a la jubilación:
1.o A reconocer, en los mismos términos que en el Régimen General, y
conforme al apartado anterior relativo a la incapacidad permanente,
el derecho a la integración de lagunas en los períodos que no existió
la obligación de cotizar con las bases mínimas vigentes para mayores
de 18 años, a efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión
de jubilación.
2.o Establecer el derecho a jubilación anticipada a los 60 años a
aquellos trabajadores autónomos que, en su día tuvieron reconocido
ese derecho, por haber tenido la condición de mutualistas con
anterioridad al 1 de enero de 1967, y que posteriormente quedaron
encuadrados en el RETA, de manera que la puedan obtener en las mismas
condiciones que en el Régimen General de la Seguridad Social.
3.o A instaurar la posibilidad de que los trabajadores autónomos
puedan solicitar la jubilación parcial en similares términos a los
establecidos en el Régimen General, exigiendo en todo caso, que dicha
cesación parcial en la actividad se complemente con la actividad de
una nueva persona, ya sea en régimen de cuenta propia o ajena.
D) En relación a las prestaciones por muerte y supervivencia:
1.o Reconocer, en todos los casos, que los efectos económicos de las
pensiones por muerte y supervivencia se trasladen al día del
fallecimiento del trabajador, en vez del último día del mes en que se
produce la muerte del autónomo.
E) En orden a las prestaciones por desempleo:
1.o Impulsar el reconocimiento a obtener una prestación por desempleo
en condiciones semejantes a los trabajadores por cuenta ajena,
siempre que acrediten el período mínimo de cotización que por dicha
prestación se les exige a éstos, así como justificar que la situación
de paro involuntario se debe a causas técnico-económicas no
imputables a la negligencia profesional de los mismos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Iñaki
Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
162/000057
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre medidas en relación al Plan de la minería
y el desarrollo alternativo de las cuencas mineras 1998-2005.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en el Pleno de la Cámara.
La minería del carbón en nuestro país es un sector económico
deficitario, que necesita de las ayudas públicas para sobrevivir, a
la vez es el único recurso energético autóctono fósil del que se
dispone.
El Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras pactado entre el Ministerio de Industria y
Energía, la Federación Minero Metalúrgica de CC.OO. y la FIA-UGT,
consta de dos partes perfectamente determinadas, por un lado la
definición del sector en el ámbito temporal del mismo, y por otro, el
Plan de Desarrollo Alternativo que pretende facilitar las condiciones
para favorecer la creación de empleo en las comarcas mineras.
Transcurridos más de dos años de la puesta en marcha del Plan, vemos
con preocupación que no se presenta la planificación pendiente para
la empresa HunosaFigaredo, se cuestionan las subvenciones a la Mina
La Camocha o no se están cumpliendo parámetros importantes en lo
referido a la defensa del sector, se está tendiendo por el contrario
a acelerar la reducción de actividad en las empresas y el cierre de
las mismas, incumpliendo los compromisos de recolocación.
En lo que se refiere al Plan de Desarrollo Alternativo está en
cuestión la adicionalidad de los fondos comprometidos, tanto por el
no mantenimiento del monto global de inversión pública en las cuencas
mineras, cuanto por la deslocalización de proyectos empresariales
fuera de las cuencas y la utilización de las subvenciones de los
fondos mineros como sustitutivos de otros fondos como los dispuestos
de acuerdo con la Ley de Incentivos Regionales (L.I.R.).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en relación al Plan
de la minería y el desarrollo alternativo de las cuencas mineras
1998-2005:
1. Convocar inmediatamente los órganos del Instituto para la
Reordenación y el Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras.
2. Evaluar en este marco el grado de cumplimiento del Plan de la
minería y el desarrollo alternativo de las cuencas mineras 1998/2005,
tanto en lo relativo a la consolidación del sector, como en relación
a las medidas comprometidas de desarrollo alternativo de las comarcas
mineras.
3. Garantizar el sostenimiento de la producción y el empleo,
comprometidos en el sector minero, de forma equilibrada entre las
distintas comarcas mineras y entre el sector público y el sector
privado.
4. Garantizar la adicionalidad de las inversiones en
infraestructuras, ayudas a empresas y compromisos de formación del
denominado Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras
1998-2005.
5. Defender ante la UE el cumplimiento del Plan del Carbón, más allá
de la fecha prevista de finalización del tratado CECA y, en todo
caso, hasta la fecha comprometida del año 2005.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
162/000058
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre el servicio universal de
telecomunicaciones.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente proposición no de Ley sobre el
servicio universal de telecomunicaciones, para su debate en el Pleno
de la Cámara.
Con la entrada en vigor de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, las telecomunicaciones dejan de ser servicios
esenciales y pasan a ser considerados servicios de interés general y,
directa o indirectamente, vinculados o en gran medida condicionados
a los criterios del mercado.
En la Ley General de Telecomunicaciones, concretamente en su Título
III, se enumeran aquellos servicios que están sometidos a
Obligaciones de Servicio Público dividiéndolos en:
a) El servicio universal de telecomunicaciones.
b) Los servicios obligatorios.
c) Otros servicios adicionales.
Con el servicio universal que se ofreció por parte del Gobierno no se
iba mucho más allá del servicio telefónico básico que ya existía.
Esto quedó aún más evidenciado en el Real Decreto 1736/1998, de 31 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla
el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo
al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones
de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la
prestación de los servicios y en la explotación de las redes de
telecomunicaciones, donde la calidad queda referenciada por los
contratos concesionales existentes, es decir, a la baja, y las
velocidades de acceso que dificultan sobremanera el posible
desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Dado que actualmente es evidente que las telecomunicaciones son un
elemento básico para evitar el crecimiento de los desequilibrios
sociales económicos e interterritoriales, las regiones, empresas o
ciudadanos que se vean privados de la utilización de las
posibilidades que brindan, no podrán obtener los beneficios derivados
de la situación de crecimiento económico y, en consecuencia, tendrán
disminuidas las posibilidades de acceso al trabajo, a la formación y
a la cultura.
La existencia en la actualidad de zonas extensas de Galicia, León y
Asturias, entre otras, en las que sólo se dispone de sistemas de
telefonía ya arcaicos, como la Telefonía Rural de Acceso Celular
(TRAC), que no posibilitan de ninguna forma el desarrollo de
actividades soportadas por el progreso en el campo tecnológico
deberían producir sonrojo en un Gobierno comprometido con el
desarrollo equilibrado de las regiones.
De lo expuesto resulta evidente el peligro de que la falta de
actuaciones pueda condicionar negativamente el desarrollo equilibrado
de las regiones, de los colectivos de rentas bajas y de las personas
que sufren discapacidades de cualquier tipo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta la
siguiente Proposición no de Ley:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Facilitar o adaptar el acceso de todos los ciudadanos y pequeñas
empresas, a las nuevas redes y servicios de telecomunicaciones,
dentro del concepto de servicio universal.
2. Presentar, en el plazo de 6 meses, un Libro Blanco con un plan
para la Promoción de Infraestructuras de banda ancha, así como el
calendario de implantación con los parámetros de calidad de servicio
con que los operadores deben prestar cada servicio. Este Plan al
menos deberá incluir la obligación de proporcionar el acceso sobre
red pública y el suministro de acceso a información en línea, y en
particular a Internet, a todos los centros sanitarios públicos, la
conexión de todos los centros públicos de enseñanza y bibliotecas
públicas a redes de banda ancha, así como la interconexión de todas
las administraciones públicas, embajadas y consulados, para un mejor
servicio a los ciudadanos.
3. Promocionar y facilitar ayudas para la utilización de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con objeto de
incrementar el tejido empresarial y para la generación de empleo, así
como para aumentar la generación de rentas en las zonas o regiones de
menor renta 'per capita', de forma que se produzca el reequilibrio
social, económico y regional necesario dentro del Estado.
4. Incluir en las obligaciones de servicio universal y en su
financiación, las infraestructuras de banda ancha.
5. Regular adecuadamente la utilización de los datos personales de
los usuarios por los operadores, así como preservar el derecho a la
intimidad de los usuarios y que todos los gastos ocasionados para
confirmar o denegar la citada autorización corran por cuenta de los
operadores que lo soliciten.
6. Regular el acceso de los usuarios discapacitados o con necesidades
sociales especiales, al servicio telefónico fijo disponible para el
público, en condiciones que les equipare al resto de usuarios.
7. Definición de la estructura tarifaria de todos los servicios de
telecomunicaciones y de las tarifas correspondientes a los
componentes del servicio universal de telecomunicaciones, de forma
que en todos los casos quede especificado el concepto de
asequibilidad para los colectivos desfavorecidos, así como de
aquellos otros colectivos que realmente permitan el reequilibrio
social territorial. La guía para al cálculo de precios asequibles se
basará directamente en la aplicación de los precios más bajos del
mercado, pero ponderados según el caso, por las rentas de las
personas o por la renta 'per capita' de la zona geográfica, de esta
forma se conseguiría de hecho una tarifa plana para Internet al
precio más bajo y para ciertos colectivos casi gratis.
8. La inclusión automática en el Servicio Universal, de cualquier
servicio de telecomunicaciones, o de las facilidades asociadas al
mismo, que haya alcanzado en el mercado residencial y de la pequeña y
mediana empresa, un nivel de penetración igual o superior al 30 por
100 en el mercado residencial medido en términos de porcentaje de
usuarios del servicio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
162/000059
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre realización de las obras de la variante
ferroviaria de Pajares.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer
su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al
Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula
la siguiente proposición no de Ley para su debate en Pleno.
Los nuevos accesos ferroviarios al Norte y Noroeste de España, se han
convertido en un elemento clave para la mejora del ferrocarril en las
Comunidades Autónomas del cuadrante Noroccidental y de Asturias en
particular, después de un largo período en que la escasez y el
desequilibrio de inversiones en ferrocarril en detrimento del Norte,
hayan generado una situación penosa y, como consecuencia, la caída en
picado del tráfico de viajeros y mercancías.
Dentro de estos nuevos accesos, la variante de Pajares tiene una
importancia fundamental en el futuro del ferrocarril en Asturias. Sin
embargo, después de un período inicial de euforia y compromiso
político del PP, en los últimos meses estas expectativas se están
viendo oscurecidas por diversas razones políticas, técnicas,
económicas o ambientales, que relegan esta obra en relación con
«otras» prioridades en materia de carreteras o con el ferrocarril de
alta velocidad con Cataluña, Levante, Andalucía o País Vasco, o que
pretenden, en contra de la Ley, subordinar su realización a la
finalización de la variante de Guadarrama.
En relación con la variante de Pajares, todas estas circunstancias
han contribuido al retraso en la resolución sobre las alegaciones
presentadas y la realización del estudio e impacto ambiental,
poniendo en cuestión la ejecución del proyecto de construcción y el
inicio de obra en los plazos comprometidos por el PP en el Congreso
de los Diputados, en el marco de la aprobación de la Ley sobre la
variante de Pajares, en donde el PP garantizó la resolución del
estudio informático y de impacto a lo largo de 1998 y el proyecto
constructivo y el inicio de la ejecución a lo largo de 1999.
Por el contrario el Ministerio de Fomento ha anunciado el estudio de
impacto para el segundo semestre del 2000 para a continuación
realizar un estudio geológico, a lo largo del 2001, la redacción del
proyecto básico en el 2002, el proyecto constructivo en el 2003 y el
inicio de la obra en el 2004.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cumplimiento efectivo a la Ley del Congreso que declaró
prioritaria la ejecución de la variante ferroviaria de Pajares, sin
subordinar dicha obra a la ejecución de otras obras ferroviarias,
sean o no troncales.
2. En este sentido, instar al Gobierno a resolver el estudio de
impacto ambiental, no más allá del primer semestre del presente año
2000.
3. Licitar, durante el segundo semestre del 2000, el proyecto
constructivo, junto a los estudios complementarios (estudios
geológicos, proyecto básico, etc.), comprometiendo la realización de
los mismos a lo largo del año 2001.
4. A continuación, garantizar, en definitiva, el inicio efectivo de
las obras de la variante ferroviaria de Pajares, no más allá del año
2002.
5. Para todo ello, a consignar en los proyectos presupuestarios para
los años 2001 y 2002 y siguientes, un volumen presupuestario
significativo que permita la culminación de dicha obra ferroviaria en
torno al bienio 2007-2008.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
162/000060
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre inmigración.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
inmigración, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su Integración Social, fue aprobada el
23 de diciembre de 1999, y entró en vigor el 1 de febrero de 2000.
Como consecuencia de la aprobación de esta Ley, se inició la
regularización extraordinaria, el 21 de marzo de este año y
finalizará el 31 de julio próximo.
El Gobierno de la anterior Legislatura y el actual, han mostrado una
indisimulada hostilidad a esta Ley. El fracasado intento de modificar
su texto en el Senado, ha sido seguido por reiteradas proclamas a
favor de reformar con urgencia la ley.
Todos los acontecimientos que se vienen produciendo en este tema, son
sistemáticamente utilizados por el Gobierno y su partido en la misma
dirección: Intentar justificar la necesidad de esta reforma. Las
noticias relacionadas con las actuaciones contra los inmigrantes
ilegales; las informaciones sobre cifras de regularización
o cualesquiera otras, vienen siendo respondidas desde el Gobierno con
un mensaje de culpabilización a la Ley por el denominado «efecto
llamada».
Igualmente, la unificación de funciones administrativas y políticas
sobre inmigración en el Ministerio del Interior y el alarmismo con
que el titular de este Ministerio dio su entrada al nuevo Secretario
de Estado, han generado una creciente sensación de preocupación ante
un problema colectivo de orden público y de convivencia. La respuesta
es «policializar» el tema como si de una cuestión de orden público se
tratara. Brillan por su ausencia otras manifestaciones, otros
mensajes, otras medidas, sobre un tema de acusados perfiles
socioeconómicos para nuestro país y para toda la Unión Europea.
Difícilmente se puede llevar a cabo una política global de
inmigración sin atender las necesidades estructurales de los países
de origen de los inmigrantes.
La cooperación al desarrollo no resuelve todos los problemas pero
ayuda a afrontar este tema con más rigor y sensatez.
Llegados a este punto, forzoso será recordar algunos elementos
objetivos de la situación:
Primero.-La Ley actual acaba de entrar en vigor, y el proceso de
Regularización Extraordinaria está en marcha. Antes de abordar su
reforma, es preciso agotar el período de regularización y hacer una
evaluación más sosegada de los problemas, ventajas e inconvenientes
que han surgido con el nuevo texto legal.
No es sólo el Grupo Parlamentario Socialista quien recomienda una
prudente espera. Los juristas, las ONGS del Foro de la Inmigración y
la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunidas en
Ginebra han recomendado al Gobierno no precipitarse en la reforma de
esta Ley, antes de poder evaluarla con prudencia y calma.
Segundo.-El número de inmigrantes irregulares que están entrando en
nuestro país no es, por su número, cuantitativamente más dramático
que el de años anteriores.
Por otra parte, no parece que el Gobierno esté llevando a cabo las
actuaciones que serían necesarias para paliar los efectos que está
teniendo está llegada de inmigrantes a las zonas tradicionales de
nuestro territorio.
Invocar la reforma de la Ley, sin proponer las actuaciones necesarias
para solucionar los problemas, nos parece una manipulación interesada
de este problema.
Tercero.-Nuestra cifra de inmigrantes sigue siendo bajísima en
comparación con los países de nuestro entorno europeo, y es conocida
la demanda empresarial para la incorporación de más inmigrantes a
determinados sectores de la economía.
Cuarto.-Las ONGS del sector ya habían previsto entre 120.000 y
150.000 el número de inmigrantes que se calculaba como irregular y
que podría salir a la luz en este proceso de regularización, cabe
pues considerar que la cifra de inmigrantes no desborda las
previsiones, exceptuando las del propio Gobierno.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y
votación.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, para que aborde la
política de inmigración con acciones diversas que incluyan medidas y
actuaciones en todos los planos en los que se manifiesta el problema.
En consecuencia, se acuerda:
1.o) Finalizar el proceso de regularización extraordinario previsto
en la Ley 4/2000, de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social y remitir a la Cámara
al finalizar el presente año un informe que analice y evalúe los
efectos de la entrada en vigor de la nueva Ley, proponiendo, en su
caso, las medidas de reforma que aconsejen la experiencia y los
resultados obtenidos.
2.o) Intensificar el control de fronteras especialmente en el
Estrecho y en Canarias y contra las mafias de inmigración ilegal.
3.o) Desarrollar una política de creación de centros de emergencia
para inmigrantes ilegales, al objeto de que se respeten los derechos
humanos de estas personas mientras se tramita su repatriación y
puedan, en su caso, solicitar asistencia letrada si son demandantes
de asilo o refugio.
4.o) Ordenar la inmigración en origen a través de Convenios y
Acuerdos con los países ribereños de nuestro entorno. Esta ordenación
se hará planificando el número de inmigrantes que se necesitan por
Comunidades Autónomas y sectores económicos, en colaboración con las
organizaciones empresariales.
5.o) Crear un plan de coordinación con las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales.
Este plan de coordinación debería abordar las siguientes cuestiones:
- Financiación de la integración social de los inmigrantes: Vivienda,
Educación y Sanidad.
- Planificación del número de inmigrantes que se necesitan anualmente
y los sectores económicos que los demandan. Asimismo, se determinará
si la estancia y contratación deben ser o no temporales.
- Inspección de las condiciones de los contratos de trabajo o, más
bien, de su ausencia, que es uno de los problemas más graves que se
están produciendo. Evitando los abusos sobre los trabajadores
inmigrantes irregulares, que llevan a situaciones sociales de mucho
riesgo por las condiciones en las que se encuentran: falta de
vivienda, falta de asistencia sanitaria, salarios por debajo del 50
por 100 con respecto a otros trabajadores legalizados, etc.
- El reagrupamiento familiar desde una perspectiva de integración de
la inmigración. El derecho a la reagrupación familiar de los
inmigrantes es un derecho fundamental de las personas. Hay que
avanzar en el desarrollo de este derecho sin producirse retrocesos o
restricciones sobre lo que nuestra legislación establece.
6.o) Establecer una política de co-desarrollo, a medio plazo, con los
países ribereños y con los países de donde proceden la mayor parte de
los inmigrantes.
7.o) Implementar una política específica sobre menores indocumentados
no acompañados:
- Creación de centros especificados de acogida de emergencia para
estos menores, por Comunidades Autónomas.
- Colaboración en la gestión de estos centros entre las
Administraciones Central, Autonómica y Local.
- Respecto a la Convención de La Haya para la Protección de la
Infancia; a los criterios de actuación del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados y de la Resolución de la Unión
Europea sobre menores no acompañados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Ramón
Jáuregui Atondo, Diputado.- Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
162/000061
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la sobreventa de billetes aéreos en
España.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en el Pleno, relativa a la sobreventa de billetes aéreos en
España.
Motivación
A lo largo de los últimos años y como consecuencia del debilitamiento
experimentado por la Dirección
General de Aviación Civil -del Ministerio de Fomento- a la que
corresponde las funciones de control e inspección de las compañías
aéreas, de las políticas de transporte aéreo y, del grado de
cumplimiento de la normativa en vigor en tales materias aeronáuticas,
no ha venido ejerciendo el cumplimiento de dichas obligaciones, como
se pone de manifiesto en el elevado grado de discrecionalidad con el
que operan las compañías aéreas españolas en lo referente a la
sobreventa de billetes con la consiguiente «denegación de embarque»,
con la que se encuentran inesperadamente aquellos viajeros que
cumpliendo con todos los requisitos derivados de la compra anticipada
de los billetes, se encuentran con el hecho del incumplimiento
injustificado de la compañía transportista, que no le permite
incorporarse al avión con el que presta el servicio contratado.
Decenas de miles de ciudadanos españoles que utilizan los medios de
transporte aéreos, a lo largo de los últimos meses se han visto
afectados por el uso abusivo que significa el que las compañías
transportistas, excediéndose en el uso de la normativa actualmente en
vigor contenida en el Reglamento Comunitario 295/91 sobre
«indemnizaciones por denegación de embarque», producen una sobreventa
del número disponible de asientos en el avión, que trae consigo el
que un número no determinado de pasajeros se encuentren en la
sorprendente situación de no poder embarcar, como consecuencia de que
el número de plazas vendidas sobrepasa al de plazas o asientos
disponibles en el avión.
Los medios de comunicación han puesto de manifiesto que este proceder
de las compañías transportistas aéreas españolas, y prácticamente
todas las de la Unión Europea, se encuentra muy generalizado y suele
ponerse de manifiesto en aquellos meses en los que se incrementa el
número de pasajeros. Se suele coloquialmente conocer como
«overbooking», y el propio Reglamento Comunitario número 295/91 «por
el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de
compensación por denegación de embarque en el transporte regular»,
explicita las normas mínimas comunes aplicables en los casos en que
se deniegue el embarque en un vuelo regular con exceso de reserva, a
pasajeros que posean un billete válido y una reserva confirmada, con
salida de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro
y sujeto a las disposiciones del Tratado, independientemente del
Estado en el que se encuentre establecida la compañía transportista
aérea, de la nacionalidad del pasajero y del lugar de destino. En
dicho Reglamento se establecen mecanismos para compensar en forma de
«indemnizaciones» económicas a los viajeros afectados por
irregularidades del tipo referido, pero no establece mecanismos de
«penalización» a las compañías por vender mayor número de billetes
que los reales asientos disponibles. Tales «indemnizaciones» van
desde las 12.000 a las 50.000 pesetas, según la distancia del viaje y
la duración de la
espera, además de incluir la manutención y el alojamiento hasta que
se reanude el viaje.
Entendemos que es necesario revisar «al alza» tales indemnizaciones,
incluidas en la Carta de los Derechos de los Pasajeros de la U.E.,
invocar la «responsabilidad» y la «ética» de las compañías como
asimismo la «responsabilidad» de algunos pasajeros que habiendo
adquirido un billete no se presenten en el vuelo que les corresponde.
Debiendo quedar suficientemente claro que estos últimos casos no
pueden en modo alguno justificar el endurecimiento en el trato con el
que las compañías han tratado a los pasajeros indiscriminadamente.
Dada la importancia que el transporte aéreo o los aeropuertos
españoles tienen en España y el papel que juegan en la política
aeronáutica europea así como el de potente destino turístico, se
justifica en consecuencia el papel activo que el Gobierno español
debe desempeñar en la búsqueda de una solución común para la U.E. y
siempre a favor de los intereses de los usuarios.
El Gobierno español, previo diálogo con las asociaciones de líneas
aéreas y con las asociaciones de consumidores, debería impulsar el
proceso anhelado que conduzca a la elaboración definitiva de «la
Carta europea para la protección de los pasajeros en el sector aéreo»
que agrupe todas las medidas ya existentes en la materia, actualmente
dispersas en textos diferenciados, tales como información sobre
vuelos y reservas, sobre contrataciones, compensaciones por
accidentes, protección de datos y transporte aéreo en el marco de
vacaciones a tanto alzado, etcétera.
En consecuencia y por las razones apuntadas, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los diputados insta al Gobierno a que:
1. De inmediato proceda a dictar resoluciones que impidan la práctica
de la sobreventa de billetes por las compañías transportistas aéreas
españolas. Tales resoluciones deben surgir de un acuerdo común entre
la Administración aeronáutica española y las asociaciones de líneas
aéreas que mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no se dicte por
parte de las instituciones comunitarias un nuevo Reglamento que
desarrolle las normas de protección de los derechos de los usuarios
de líneas aéreas comunitarias.
Todo ello, con el objeto de que en las fechas próximas en las que
como consecuencia de la etapa estival se producirá un previsible
incremento del número de viajeros que utilizan tales medios, se
renuncie a la práctica habitual de la 'sobreventa de billetes' y a la
vez, se lleven a cabo actuaciones publicitarias conducentes a evitar
duplicidades de reserva por parte de reducidos números de usuarios.
2. Asimismo y dado que los contenidos del Reglamento Comunitario 295/
91 permiten que el usuario al que le haya sido 'denegado el embarque'
tenga derecho a una indemnización, siempre que el vuelo se califique
como 'regular', proceda a remitir a las instituciones comunitarias
competentes la posición española en demanda de la modificación del
referido Reglamento 295/91, en el sentido de introducir en el mismo
una nueva serie de normas relativas al sistema de compensación por
'denegación de embarque', en la línea de la defensa de los intereses
de los pasajeros y que debe contener, entre otros:
- Equiparación entre 'vuelos regulares' y 'vuelos no regulares' con
el objeto de eliminar la perniciosa diferenciabilidad que actualmente
contiene el mencionado Reglamento.
- Reforzar la información al pasajero mediante la aplicación de una
razonable cantidad de medios que se establezcan por parte de la
Administración aeronáutica.
- Aumentar las indemnizaciones con el objeto de que ello se erija en
una medida disuasoria ante las compañías transportistas que actúe en
defensa de los intereses de los usuarios.
- Precisar con claridad el hecho de que la 'denegación de embarque',
que constituye un claro incumplimiento de un contrato que vincula al
pasajero o usuario con la compañía transportista aérea, constituye
responsabilidad exclusiva de la compañía y es a ella a quien
corresponde el abono de la indemnización pertinente.
3. Elabore un anteproyecto de nueva 'carta de los derechos de los
usuarios' que se eleve a las instituciones comunitarias y que sirva
como propuesta y aportación española a la futura necesaria 'carta
europea para la protección de los pasajeros en el sector aéreo'.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-José
Segura Clavell, Diputado.-María Teresa Riera Madurell, Diputada.-
Felipe Hernández Rodríguez, Diputado.-Alberto Moragues Gomila,
Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
162/000062
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre concreción de medidas para asumir la
realidad plurilingüe del Estado en sus actuaciones.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la concreción de medidas para
asumir la realidad plurilingüe del Estado en sus actuaciones, para su
debate en el Pleno de la Cámara, a instancia del Diputado Joan Saura
Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.
El Título VIII de la Constitución reconoce las Comunidades Autónomas
como forma de organización territorial del Estado, los Estatutos de
Autonomía como la norma institucional básica de cada una de ellas,
integradas en el ordenamiento jurídico del Estado y las
nacionalidades y regiones, como signo de la pluralidad política,
territorial y cultural que conforma el Estado español.
Algunas de estas Comunidades Autónomas, llamadas históricas, y otras
que sin tener este tratamiento tienen la misma identificación, han
mantenido unas realidades socioculturales diferentes del resto del
Estado.
Tal vez, la seña de identidad que ha reflejado y hecho posible el
mantenimiento de estas Comunidades en su especificidad sociocultural
haya sido la lengua. Ello ha hecho del Estado español un Estado
plurinacional y plurilingüe. Todas estas diversas realidades deben
ser conocidas por todos los ciudadanos y las ciudadanas, en aras de
una mayor comprensión y entendimiento y para mejorar la convivencia
entre todos los pueblos que conforman el Estado español.
La Constitución española atribuye, en su artículo 9.2, a los poderes
públicos la obligación de promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas. Esta función de los poderes públicos
precisa de un espíritu activo que no existirá hasta que los
ciudadanos y ciudadanas de las diferentes Comunidades de España
tengan un conocimiento sólido de las características propias de cada
uno de ellos.
Es opinión de grupos, entidades y de muchos ciudadanos y ciudadanas
que hasta ahora no se ha favorecido un mayor conocimiento de las
lenguas españolas no castellanas fuera del ámbito de las Comunidades
en las que cada una de estas lenguas se utiliza social y
oficialmente. Ni siquiera existe hasta ahora una política lingüística
integradora en todas las Comunidades Autónomas con lengua propia para
alcanzar la plena normalidad del uso de la lengua propia común en
todos los ámbitos de la sociedad. Que un ciudadano sea abucheado por
usar su lengua materna en un acto público al hacer una cita o al
cantar una canción es muestra de ignorancia, ignorancia salvada con
una actuación política decidida.
Unos requisitos mínimos en un Estado plurilingüe serían los
siguientes: el reconocimiento extraterritorial de las lenguas
españolas no castellanas, el derecho a cualquier ciudadano o
ciudadana a expresarse en la lengua oficial del territorio en las
relaciones con las Administraciones del Estado en los servicios
públicos, el derecho de los representantes públicos a expresarse en
la lengua oficial que elijan en el seno de las respectivas
instituciones y que la Administración del Estado haga uso de las
lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
Para avanzar hacia un verdadero Estado de las Autonomías que respete
la pluralidad del Estado español significa fomentar el conocimiento
mutuo de las diferentes lenguas y culturas en todo el territorio del
Estado español. Y, en concreto, promover desde los medios de
comunicación, programas, campañas e iniciativas destinadas a debatir
los problemas históricos de la sociedad española y a mostrar mejor
las características de cada una de las Comunidades; favorecer el
conocimiento intercultural voluntario entre los estudiantes de las
diferentes Comunidades, incidir en el aprendizaje optativo de una de
las lenguas diferentes del castellano desde la ESO en todo el
territorio del Estado español y la concreción en los manuales de
humanidades, de la realidad plurinacional plurilingüe del Estado,
entre otras muchas medidas que han de conseguir satisfacer las
necesidades expuestas anteriormente.
A partir de esas consideraciones, el pleno del Congreso de los
Diputados ya aprobó el 16 de diciembre de 1997 una moción
consecuencia de la interpelación urgente sobre política del Gobierno
en materia del desarrollo de la realidad plurilingüe del Estado, a
instancias del Diputado Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario
Mixto) que instaba al Gobierno a fomentar un conocimiento general de
la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado, a promover un
conocimiento básico de todas las lenguas españolas diferentes del
castellano en todo el territorio, a garantizar el respeto efectivo en
la realidad plurilingüe, a garantizar la presencia de la realidad
plurilingüe en las instituciones, a garantizar el ejercicio del pleno
derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse con la
Administración en el idioma oficial que elijan y a garantizar la
promoción y difusión de todas las lenguas españolas en el ámbito
internacional, especialmente en el territorio de la Unión Europea.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Pleno del Congreso de los Diputados considera necesario que, en
el seno de la Comisión Constitucional, se proceda a la creación de
una Subcomisión Parlamentaria para la concreción de medidas para
asumir la realidad plurilingüe del Estado en sus actuaciones. Dicha
Subcomisión, en el plazo de seis meses, deberá emitir un conjunto de
recomendaciones legislativas y administrativas destinadas a:
a) Revisar la legislación vigente, tanto de Derecho privado como de
Derecho público para formular propuestas de modificaciones
legislativas acordes con el pluralismo lingüístico reconocido en el
artículo 3 de la Constitución.
b) Revisar la legislación vigente, tanto de Derecho privado como de
Derecho público sobre materia lingüística, para su mejor adaptación,
en su caso, a la realidad actual.
c) Proponer medidas políticas y legales para el desarrollo de los
apartados contenidos en el punto primero de la moción sobre política
del Gobierno en materia del desarrollo de la realidad plurilingüe del
Estado aprobada el 16 de diciembre de 1997 por el Pleno del Congreso
de los Diputados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2000.-Joan Saura
Laporta, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
162/000063
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley para que se garantice el principio de
neutralidad ideológica en los centros docentes públicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer
su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al
Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para que se
garantice el principio de neutralidad ideológica en los centros
docentes públicos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestra Constitución, después de garantizar en su artículo 16.1 el
derecho a la libertad religiosa y de culto, declara, en el apartado 3
de dicho artículo, la aconfesionalidad del Estado. La neutralidad del
Estado en materia religiosa se convierte, así, en el presupuesto para
la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas
existentes en una sociedad plural y democrática.
La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones
de la Constitución, tiene entre sus fines, el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno, así como su formación en el respeto a los
derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia [artículo 27.2 CE y artículo 2.a) y b) LODE]. Siendo esto
así, son derechos básicos de los alumnos una formación que asegure el
pleno desarrollo de su personalidad, que respete el derecho a su
integridad y dignidad personales y que respete su libertad de
conciencia, así como sus convicciones religiosas y morales [artículo
6.a), c) y d) LODE]. Los padres tienen derecho a que sus hijos
reciban una educación conforme a los fines establecidos en la
Constitución, a escoger centro docente [artículo 4.a) y b) LODE] y a
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones [artículo 27.3 CE y artículo 4.
c) LODE].
En el ámbito de la enseñanza pública, la conjunción de estos derechos
con la libertad de enseñanza, tambiénreconocida constitucionalmente,
artículo 17.1 CE,
y en la LODE, artículo 3, nos lleva, una vez más, a la necesidad de
una proclamación de neutralidad en la misma línea que lo señalaba
nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 5/1981, de 13 de
febrero (FJ 9), al declarar que la neutralidad ideológica ha de
exigirse a todas las instituciones públicas y muy especialmente a los
centros docentes como garantes de nuestro sistema jurídico basado en
el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa y la
aconfesionalidad del Estado. Por ello, la LODE consagra, en su
artículo 18.1 la neutralidad de los centros docentes públicos y el
respeto a las opciones religiosas y morales a que hace referencia el
artículo 27.3 CE.
Es a los padres a quienes se les reconoce el derecho a elegir la
formación religiosa y moral de sus hijos y si, en el ejercicio de la
libertad de cátedra, se violentara el carácter ideológico propio del
centro por medio de enseñanzas hostiles a su contenido axiológico,
neutralidad al tratarse de centros docentes públicos, o por medio de
símbolos que no coinciden con sus propias creencias, se estaría
vulnerando su derecho reconocido constitucionalmente.
Si bien es cierto que la libertad de enseñanza puede ser entendida
como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y el
derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u
opiniones [artículos 16.1 y 20.1.a) CE], no es menos cierto que, en
tanto en cuanto la enseñanza es una actividad encaminada de modo
sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un
determinado cuerpo de conocimientos científicos, la libertad de
cátedra en el ámbito docente se encuentra limitada por el ejercicio
de esta actividad y por el puesto docente que se ocupa. Las
características de nuestro Estado de Derecho determinan que la
impartición que se haga desde dicho puesto docente se efectúe
respetando dichos límites, como garantía de los principios y valores
que consagra nuestra Constitución.
La Administración educativa competente debe velar por el cumplimiento
de que la actividad educativa se desarrolle con sujeción a los
principios constitucionales y, por ende, como señala el artículo 18.2
en relación con el apartado 1 del mismo artículo, por la garantía de
neutralidad ideológica y respeto de las operaciones religiosas y
morales a que se refiere el artículo 27.3 de la CE.
Es al Gobierno a quien le corresponde la alta responsabilidad de
conducir un Estado no confesional, separando con claridad la
protección de derechos y libertades religiosas de lo que son sus
obligaciones en materia de enseñanza pública, y evitar, así, la
tendencia a confundir la plena libertad para difundir y expresar
cualquier creencia, con el fomento de una determinada creencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presente la
siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas oportunas para que en los centros docentes públicos la
actividad educativa se desarrolle con sujeción al principio de
neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales
a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución, e impida
la utilización de cualesquiera símbolos que pudieran violentar esos
derechos reconocidos constitucionalmente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2000.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
162/000064
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la incorporación en los trabajos de
la Convención y preparatorios de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, del principio de igualdad de
derechos y oportunidades así como del derecho a la conciliación de la
vida familiar con la vida profesional.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Convención encargada de la elaboración del proyecto de Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de acuerdo con las
reuniones del Consejo Europeo de Colonia y Tampere, está llevando a
cabo los trabajos que deben estar finalizados para el Consejo de
Niza.
En dicha Convención, el Presidente del Gobierno español designa un
representante personal.
Y considerando que el principio de igualdad, por su carácter básico,
debe estar integrado en los derechos fundamentales de los europeos,
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse en los
trabajos de la Convención y preparatorios de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, el que se incorpore el principio
de igualdad de derechos y oportunidades, así como el derecho a la
conciliación de la vida familiar con la vida profesional.»
Madrid, 5 de junio de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia e Interior
161/000085
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre cesión al municipio de A Coruña del
edificio y los terrenos de la prisión provincial y construcción en
dicha ciudad de un centro penitenciario adecuado de régimen abierto.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Carlos
Aymerich Cano (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Con casi ochenta años de antigüedad, la prisión provincial de A
Coruña se halla en un estado lamentable de conservación y es, en este
momento, un centro totalmente inadecuado para cualesquiera
actividades penitenciarias. Aún así, en este momento sigue
funcionando como centro de régimen abierto para los reclusos
clasificados en tercer grado y para los condenados a cumplir arrestos
de fin de semana sin reunir las condiciones mínimas de salubridad e
higiene exigidas por la legislación penitenciaria vigente.
La construcción del CP de Teixeiro ha supuesto que la vieja prisión
coruñesa haya perdido, como centro penitenciario, toda su razón de
ser. Dicho sea lo anterior sin perjuicio de que en la ciudad se
construya un nuevo centro de régimen abierto y para el cumplimiento
de arrestos de fin de semana adecuado y respetuoso con la dignidad de
las personas que se vean obligadas a utilizarlo.
A la vista de estas circunstancias y dada su ubicación -en el paseo
marítimo y frente a la torre de Hércules- y la falta de equipamientos
comunitarios en esta zona de la ciudad, consideramos que la
Administración del Estado debe proceder, con la mayor celeridad
posible, a la cesión del edificio de la antigua prisión de A Coruña y
de los terrenos que lo circundan al Concello de A Coruña.
Sobre la forma y condiciones de la cesión, parece que la cesión
gratuita prevista en los artículos 74 y siguientes de la vigente ley
de Patrimonio del Estado es la vía más adecuada no sólo porque los
terrenos en que se ubica la prisión provincial de A Coruña fueron en
su momento adquiridos gratuitamente por el Estado, sino porque
también concurren las razones de utilidad pública e interés social a
que alude el artículo 77 de la mencionada LPE. En efecto, aun
barajándose a nivel municipal diversas alternativas para este
inmueble -desde un nuevo museo, como defiende el Gobierno municipal
de A Coruña, a un centro de ocio y cultura comunitario, como reclaman
los vecinos- es indudable que todas ellas merecen tal calificación.
Proposición no de Ley
«Así pues, en atención a los motivos que anteceden se formula la
siguiente Proposición no de Ley.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ceder gratuitamente
al Concello de A Coruña el edificio y los terrenos de la prisión
provincial de A Coruña y a que construya en dicha ciudad un centro
adecuado para el cumplimiento de sus penas por los reclusos
clasificados en tercer grado (régimen abierto) y los condenados
a arrestos de fin de semana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2000.-Carlos
Aymerich Cano, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000079
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a actuaciones de reindustrialización
de la comarca de Béjar (Salamanca).
Acuerdo:
Entendiendo que la referencia a la Comisión de Industria, Energía y
Turismo contenida en el apartado tres de la parte dispositiva de esta
iniciativa se hace a la Comisión de Economía y Hacienda, y
considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a actuaciones de reindustrialización de la comarca de
Béjar para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
La ciudad de Béjar y con ella su comarca viene padeciendo desde hace
veinte años una aguda crisis de la base económica industrial
tradicional de la ciudad: El sector textil. Esta crisis ofrece
características particularmente graves a partir de la década de los
noventa.
La relevancia del sector textil para Béjar se puede medir con el
siguiente dato: Aún en 1990 el 58 por 100 de los establecimientos y
el 80 por 100 del empleo industrial pertenecían a dicha rama del
textil y la confección, organizada en torno al tejido de la lana como
núcleo funcional de todo el sistema. Hasta ahora no han tenido
arraigo otro tipo de industrias, ni siquiera las de base primaria.
Este marcado desequilibrio de la estructura industrial constituye uno
de los mayores obstáculos a los que se enfrenta Béjar desde que
comienza el proceso de regresión del textil.
La industria textil en general ha sufrido en las dos últimas décadas
una intensa reestructuración derivada de la entrada en el mercado de
nuevos países competidores, modificaciones en la demanda de tejidos e
introducción de innovaciones tecnológicas en la gestión empresarial,
en el control de calidad y en el proceso de fabricación. Esta
situación ha provocado una drástica reducción del empleo textil,
tanto en la Unión Europea como en España, a pesar de que la
producción aumentó durante el período mencionado.
La ciudad de Béjar ha tenido la siguiente evolución del empleo en el
sector textil:
1997: 3.050 empleos.
1980: 2.193 empleos.
1985: 1.620 empleos.
1990: 1.614 empleos.
1995: 843 empleos.
1999: 550 empleos.
Son múltiples las empresas que, en los últimos años, han cerrado sus
puertas provocando un serio deterioro de la situación industrial en
Béjar y provocando un aumento alarmante de sus índices de paro.
Por todo ello, el grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para:
1. Establecer, de forma coordinada con la Junta de Castilla y León,
un programa coordinado de actuaciones
para la reindustrialización de la comarca de Béjar. A tales efectos,
ambas Administraciones Públicas suscribirán un Convenio en el que se
contengan los objetivos, instrumentos y compromisos presupuestarios
del programa. En el marco de este programa, la Junta de Castilla y
León declarará prioritaria a la comarca de Béjar para la aplicación
de los programas propios de fomento de la actividad económica y el
empleo y de la iniciativa PYME de desarrollo empresarial.
2. Considerar a la comarca de Béjar como zona prioritaria a los
efectos de:
Aplicar los recursos presupuestarios dotados en los programas de
reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía.
Aplicar los Fondos Estructurales que cofinancian el programa de
desarrollo regional de la Junta de Castilla y León.
Aplicar los recursos presupuestarios dotados en los programas ATYCA y
aquellos otros gestionados por el Ministerio de Industria y Energía y
los organismos dependientes.
3. Enviar semestralmente a la Comisión de Industria, Energía y
Turismo del Congreso de los Diputados un informe de seguimiento y
evaluación de los resultados de las actuaciones realizadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2000.-Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Infraestructuras
161/000075
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que inicie, a
la máxima brevedad y en el menor tiempo posible, la ejecución
material de la duplicación de la carretera N-340 entre Algeciras y
Cádiz.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer
su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar
en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente proposición no de Ley por la que se
insta al Gobierno a que inicie, a la máxima brevedad y en el menor
tiempo posible, la ejecución material de la duplicación de la CN-340
entre Algeciras y Cádiz para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
Motivación
La conexión por carretera entre las bahías de Algeciras y Cádiz es
una necesidad vital para unir y revitalizar una provincia que aún se
encuentra a la cabeza del desempleo, menor renta familiar media o
precariedad social.
Por otra parte, los puertos de Algeciras y Cádiz necesitan
imperiosamente de una mejor conexión por carreteras para aprovechar
sus potencialidades.
Además, los ciudadados que transitan entre Algeciras y Chiclana se
encuentran con 100 kilómetros con solo dos carriles de tramos
peligrosos e impropios de una carretera nacional.
Por todo ello, es un clamor social, empresarial, sindical y político
ese desdoblamiento del que depende en gran parte el futuro de la
provincia de Cádiz y su correcta vertebración.
En 1994 se firmó un Convenio de Colaboración entre el entonces
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Junta
de Andalucía para la financiación y ejecución de obras de carreteras
en el corredor bahía de Cádiz-bahía de Algeciras, con el objetivo de
ejecutar obras que mejorasen las condiciones socioeconómicas de la
zona. Pero han transcurrido cinco años y el desdoblamiento de la
carretera Algeciras-Cádiz sigue sin hacerse a pesar de que el
Ministerio de Fomento anunció que en 1999 saldrían a licitación
pública las obras.
Es por ello por lo que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
presento la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie, a la
máxima brevedad y en el menor tiempo posible, la ejecución material
del desdoblamiento por carretera de la bahía de Algeciras con la
bahía de Cádiz, CN-340.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2000.-Salvador
de la Encina Ortega, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavozdel Grupo Parlamentario Socialista.
161/000076
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la construcción del tercer carril en
la autopista A-7 entre MaÁanet de la Selva y La Jonquera-frontera
francesa.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la construcción del tercer carril en la autopista A-7 entre MaÁanet
de la Selva y La Jonquera-frontera francesa, para su debate en la
Comisión de Infraestructuras.
Exposición de motivos
En los últimos días ha sido anunciada por parte del Ministerio de
Fomento la intención de establecer la gratuidad del tramo de la
autopista A-7 entre las salidas Girona Norte y Girona Sur, para su
funcionamiento como ronda de circunvalación de la ciudad de Girona.
Esta iniciativa había sido reiteradamente reclamada por instituciones
y organismos gerundenses.
La autopista A-7, en su recorrido entre Barcelona y La Jonquera,
dispone de tres carriles en el tramo Barcelona- MaÁanet de la Selva y
de dos carriles hasta La Jonquera-frontera francesa.
La conversión del tramo de la A-7 a su paso por Girona en vía libre
alternativa hace indispensable la ampliación a un tercer carril, pues
es evidente que deberá soportar flujos de tráfico más elevados.
El incremento del tráfico en esta vía en los últimos años, junto a
las novedades citadas en su funcionamiento, ponen en evidencia la
necesidad de plantear la construcción del tercer carril desde MaÁanet
de la Selva hasta La Jonquera-frontera francesa. Es una mejora viaria
legítimamente exigible por los extraordinarios beneficios de que
disfrutan las concesionarias de la gestión de un servicio público
como el de autopistas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los
trámites necesarios para la construcción del tercer carril de la
autopista A-7 en el tramo entre MaÁanet de la Selva y La Jonquera-
frontera francesa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2000.-Montserrat
Palma i Muñoz, Diputada. María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000077
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la ampliación y mejora de la
conexión entre la autopista A-7 y la carretera N-II en Figueres
Norte.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la ampliación y mejora de la conexión entre la autopista A-7 y la
carretera N-II en Figueres Norte, para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
Exposición de motivos
La autopista A-7, en su recorrido entre Barcelona y La Jonquera-
frontera francesa, a su paso por el término municipal de Figueres,
dispone de dos salidas o enlaces con la carretera N-II.
El enlace norte (salida 3-Figueres Norte) no permite los dos sentidos
de comunicación entre las dos vías, limitación que persiste desde la
construcción de la autopista. Dicha limitación significa que la
salida Figueres Norte sólo puede ser utilizada para acceder a la
autopista en dirección a La Jonquera o para salir de la autopista los
vehículos provenientes de La Jonquera. Falta por lo tanto un acceso
que permita la salida para aquellos vehículos que circulan en sentido
Barcelona-La Jonquera y la entrada a la autopista para aquellos
vehículos que circulan en el sentido La Jonquera-Barcelona.
Para conseguir una plena utilización de la autopista A-7, evitando
rodeos y desplazamientos innecesarios, especialmente molestos en el
caso de los vehículos pesados y de transporte de mercancías, es
absolutamente necesario que se elabore el proyecto de ejecución de
las obras para completar el enlace entre la autopista A-7 y la
carretera N-II en la zona norte de Figueres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de
acuerdo con la concesionaria de la
autopista A-7, ACESA, elabore el proyecto para mejorar y completar la
conexión entre la autopista A-7 y la carretera N-II en el sector
norte de la ciudad de Figueres y a que inicien los trámites para su
ejecución con la mayor urgencia posible.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2000.-Montserrat
Palma i Muñoz, Diputada. María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000080
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre servicios ferroviarios entre Huesca y
Zaragoza.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
servicios ferroviarios entre Huesca y Zaragoza, para su debate en la
Comisión de Infraestructuras.
Motivación
Próximas a finalizar las obras de renovación de vía y electrificación
entre Tardienta y Huesca, va a ser
posible que la comunicación ferroviaria entre Huesca y Zaragoza
mejore de manera sustancial, de forma y manera que tanto en tiempo
como en material rodante, la calidad del servicio de viajeros,
fundamentalmente, mejore de manera destacada; sin embargo, las
noticias aparecidas respecto al uso de unidades de gasoil y la
indefinición sobre las características de los servicios que se van a
prestar, hacen pensar que estas mejoras en la infraestructura
ferroviaria no van a tener una repercusión inmediata en una mejora de
las prestaciones a ofrecer por parte de Renfe a los ciudadanos/as que
utilicen el tren como medio de comunicación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que para la prestación del servicio de viajeros entre Huesca y
Zaragoza, una vez finalizadas las obras, se utilicen, de forma
inmediata, unidades electrificadas.
2. Que los servicios que se presten entre Huesca y Zaragoza para el
transporte de viajeros, sean considerados de Cercanías.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2000.-Víctor
Morlán Gracia, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000081
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el desdoblamiento de la carretera N-232,
entre Zaragoza y Burgo de Ebro.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
desdoblamiento de la carretera N-232 entre Zaragoza y Burgo de Ebro
para su debate en la Comisión de Infraestructuras.
Motivación
El desdoblamiento de la carretera N-232 entre Zaragoza y Burgo de
Ebro es una necesidad evidente cuya realización -para la que existe
proyecto y partida presupuestaria en el presente ejercicio- viene
demorándose excesivamente. La sensibilidad y exigencia social de
dicha obra ha sido reiterada por los alcaldes de la zona y respaldada
por movilizaciones ciudadanas que vienen repitiéndose en los últimos
meses a causa del retraso de la licitación de dicho proyecto.
Asimismo y por las mismas razones que en su día justificaron esta
obra, se hace necesario el desdoblamiento de dicha N-232 entre Burgo
de Ebro hasta el desvío a Pina de Ebro de tal manera que se
permitiera la conexión con la N-II y la autopista Zaragoza-Barcelona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar, en el plazo de un mes, el proyecto de desdoblamiento de
la N-232 entre Zaragoza y Burgo de Ebro.
2. Asimismo, iniciar de forma inmediata el estudio del desdoblamiento
de la mencionada carretera entre Burgo de Ebro y el desvío a Pina de
Ebro.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2000.-Alfredo
Arola Blanquet, Diputado. María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000082
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que garantice
la prolongación del Tren Arco desde Barcelona hasta Cartagena
(Murcia).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, por la que
se insta al Gobierno a que garantice la prolongación del Tren Arco
desde Barcelona hasta Cartagena para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
Motivación
El pasado mes de abril RENFE ha dado a conocer su interés de
sustituir a partir del próximo 28 de mayo el Tren Expreso Estrella,
que comunicaba Cartagena y Murcia con Barcelona, por el Tren Arco, de
mayores prestaciones, pero que parte de la estación de Murcia,
olvidándose de los usuarios de la ciudad de Cartagena, que se quedan
así sin esta comunicación con todo el corredor mediterráneo.
Esta no es la primera supresión de líneas ferroviarias que sufre
Cartagena en los últimos cuatro años, quedando cada vez más
desconectada del resto del territorio nacional.
Desconocemos cuáles han sido las razones que han llevado a RENFE a
tomar esta decisión, que está siendo
clamorosamente criticada por las fuerzas sociales y políticas de toda
la comarca, incluyendo a empresarios, sindicatos, vecinos y
ciudadanos en general que se ven víctimas una vez más de la
discriminación de su ciudad.
La comarca de Cartagena precisa de más y mejores comunicaciones que
permitan su integración territorial y el aprovechamiento de sus
posibilidades y no se supriman los escasos servicios con que cuenta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la
prolongación del Tren Arco hasta Cartagena, con el fin de mantener a
la ciudad y su comarca conectadas con Barcelona y el corredor
mediterráneo con un tren de mayores prestaciones y mayor número de
servicios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2000.-Amparo
Marzal Martínez, Diputada. María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000083
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el futuro de la Sociedad Estatal para las
Enseñanzas Aeronáuticas (SENASA) con especial referencia a la Escuela
de Formación de Pilotos de Salamanca.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
futuro de la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas
(SENASA) con especial referencia a la Escuela de Formación de Pilotos
de Salamanca, para su presentación ante la Comisión de
Infraestructuras del Congreso de los Diputados.
Motivación
SENASA es una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Fomento,
cuyas actividades básicas son la formación de controladores y
técnicos de navegación aérea y aeropuertos, formación, promoción y
apoyo a la aviación deportiva, formación de tripulaciones de líneas
aéreas y alumnos-pilotos y formación de pilotos en la Escuela de
Pilotos de Salamanca, donde dispone de pistas, espacio aéreo, flota y
simuladores de calidad. En la pasada sexta legislatura, el Grupo
Parlamentario Socialista requirió en reiteradas ocasiones un debate
parlamentario que tuviese por objeto analizar la situación de las
enseñanzas que se imparten en España y que conducen a la obtención de
los conocimientos que permiten el ejercicio de cualquiera de las
especialidades en el sector aeronáutico.
En tal sentido, tanto en Comisión como en el Pleno del Congreso de
los Diputados, demandamos la comparecencia de responsables de la
Administración en dichas materias, al objeto de recibir información
específica sobre las enseñanzas aeronáuticas, su inserción en el
sistema educativo español, proliferación de academias de formación
aeronáutica, el funcionamiento de SENASA, el déficit estructural en
el número de controladores, circunstancia a la que, por cierto,
responsables gubernamentales han imputado ser la causa esencial del
caos aéreo sufrido en los últimos años.
El Boletín del Congreso de los Diputados del 14 de junio de 1999,
publicó una moción en la que solicitaba, por parte del Grupo
Socialista, la constitución de una Comisión de investigación sobre la
situación de las infraestructuras aeroportuarias y del transporte
aéreo, a la que se le atribuía la obligación de estudiar una larga
serie de aspectos vinculados a la moderna gestión del transporte
aéreo y de entre los cuales figuraba el funcionamiento de SENASA con
especial atención a los cursos de especialización y formación de
controladores. Lamentablemente, esta moción resultó derrotada y en
consecuencia no se constituyó la Comisión de investigación cuya
finalidad esencial era la de conocer la situación de todos y cada uno
de los aspectos aeronáuticos que en ella se solicitaban con la
intención de proponer soluciones tendentes a la mejora de los
servicios
del transporte aéreo, que tan deficientemente han funcionado en los
últimos años.
Sorprendentemente, hace pocos días, la Escuela de Formación de
Pilotos de SENASA, situada en Salamanca, viene comunicando a un
número importante de trabajadores de la misma la amortización y
extinción de los puestos de trabajo por «razones económicas,
organizativas y de producción». A ello se unen las veladas amenazas
de la dirección, insinuando el traslado de dicha Escuela a las
instalaciones que SENASA tiene en Ocaña, así como al hecho de que la
Escuela de Pilotos de Salamanca, como tal, ya no recibe alumnos para
realizar el curso de pilotos, puesto que ha creado una Sociedad,
Adventia, con participación de diversas compañías aéreas que parece
ser gestionará dicha Escuela de Pilotos.
El Grupo Parlamentario Socialista considera inadmisible el que, como
consecuencia de una negligente gestión por parte de Ministerio de
Fomento en lo que se refiere a la formación de pilotos, de
controladores y de especialistas en tantas otras materias específicas
que facultan al desempeño de la actividad laboral en el mundo de la
empresa aeronáutica, se opte por una reconversión de SENASA, sin
información alguna y sin que previamente haya mediado un
replanteamiento en profundidad de las enseñanzas aeronáuticas, que
vienen solicitando diversos colectivos de distintas procedencias, así
como en función de la cada vez más compleja normativa europea.
Resulta inconcebible que, aún hoy, las únicas enseñanzas que conducen
al ejercicio de funciones cualificadas en los diversos sectores
aeronáuticos, como las de pilotos o de controladores aéreos, no se
hayan insertado en la normativa académica global de las restantes
enseñanzas de naturaleza tecnológica, que vienen regladas en la
normativa académica española, imposibilitando la consecución de la
titulación académica pertinente.
Asimismo, es de destacar que conscientes de la demanda social
existente, algunas universidades españolas como la Autónoma de
Madrid, han desarrollado títulos académicos propios de segundo ciclo
universitario con las cuales se cualifican -entre otros- a
especialistas en gestión de empresas aeronáuticas.
En consecuencia y ante las precipitadas decisiones adoptadas por la
Dirección de SENASA, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«La Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a:
1. Dictar, por parte del Ministerio de Fomento, las oportunas
instrucciones para dejar sin efecto la resolución de la Dirección de
SENASA por la cual se rescinde el contrato a los trabajadores que
prestan sus servicios en la Escuela de Formación de Pilotos de
Salamanca. Cualquier medida que haya de afectar a
dicha plantilla habrá de ser negociada con la representación sindical
de los trabajadores afectados.
2. Mantener SENESA como una sociedad estatal con sus funciones
actuales, lo que supondrá el mantenimiento de los diversos centros de
formación existente, y en especial la Escuela de Pilotos de
Salamanca, con independencia de la posible participación de otras
entidades públicas o privadas en la gestión de la misma, siempre que
se garantice el control mayoritario de SENESA sobre dicha Escuela de
Pilotos y el nivel de empleo actual, todo ello perfectamente posible
dado el crecimiento de la demanda de enseñanzas aeronáuticas en los
últimos años, de lo cual da fe el hecho de que SENASA haya expedido
un 26 por 100 más de títulos entre los años 1996 y 1998.
3. Informar, por parte del Ministro de Fomento, a la Comisión de
Infraestructuras de esta Cámara, acerca de la situación de SENESA y
de los proyectos de modernización de la misma.
4. Ampliar las enseñanzas de SENESA en Salamanca a otras
especialidades, como las de controladores aéreos, como consecuencia
del reducido número de los mismos y de las necesidades de futuro.
5. Que por parte de SENESA se proponga a la Universidad de Salamanca
la elaboración de un convenio de colaboración que posibilite la
implantación de nuevas especialidades y consolidación académica de
las actuales en línea equivalente al que SENESA ha suscrito con otras
Universidades, con el que se permita la optimización de los actuales
recursos materiales y humanos del centro de Salamanca, a la vez que
se amplíen las especialidades que en el referido centro se imparten
en la actualidad».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000084
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre retirada de la publicación del Mapa
Oficial de Carreteras Interactivo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de
Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en Comisión.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo la edición del Mapa
Oficial de Carreteras Interactivo. En esta edición se detallan mapas,
rutas y consejos varios. La edición 35 se refiere a la comarca del
Ripollés en la provincia de Girona. Este número está plagado de
errores e incorrecciones que no sólo dan una mala imagen sino que
también pueden inducir a errores a los que los usen. Dicho mapa está
lleno de errores de toponímicos, de localización de vías de
comunicación, con datos no actuales de las carreteras y propuestas de
rutas absolutamente absurdas, especialmente las que unen los núcleos
rurales con la capital de la comarca, Ripoll.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que el Ministerio de Fomento establezca las acciones oportunas para
retirar primero la publicación del Mapa Oficial de Carreteras
Interactivo hasta que no se hayan adaptado los datos y subsanando los
errores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2000.-Joan
Puigcercós i Boixassa, Diputado. Francisco Rodríguez Sánchez,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Política Social y Empleo
161/000087
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la problemática del sector marisquero en
Galicia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
problemática del sector marisquero en Galicia, para su debate en la
Comisión de Política Social y Empleo.
En la Comunidad Autónoma Gallega existe una gran preocupación por la
no renovación por parte de la Consellería de Pesca, Marisqueo y
Acuicultura de los permisos para marisqueo a pie, de alrededor de
2.300 mariscadoras en toda Galicia.
La negativa a renovar el permiso actualizante para ejercer el
marisqueo a pie por parte de la Consellería viene dada por la
aplicación de la disposición adicional del Decreto 425/1993, de 17 de
diciembre y por la Orden del 31 de mayo de 1995.
Estas disposiciones obligan a los titulares del permiso de
explotación a darse de alta en el régimen especial de la Seguridad
Social de los trabajadores del mar y ya desde 1993 se viene
discutiendo por parte del sector y de la Administración la
probabilidad de que el
subsector marisquero a pie pueda hacer frente al pago de la Seguridad
Social por el sistema de cuota fija del ISM, debido sobre todo a las
escasas rentas obtenidas por este colectivo a lo largo del año. Aun
reconociendo que en determinadas zonas costeras las rentas medias
recaudadas por las mariscadoras a pie superan el salario mínimo
interprofesional, también es incuestionable que la renta media por
mariscadora/año en 1999 fue de 437.647 pesetas, y teniendo en cuenta
que en Galicia existen 63 zonas de marisqueo podemos deducir que la
mayoría de las mismas no superan las 200.000 pesetas de media anual.
Por otro lado la edad media de las mariscadoras gallegas está situada
entre los 55-60 años y esto supone en la práctica la obligatoriedad
de afrontar el pago de una Seguridad Social (15.143 pesetas/mes) que
en la mayoría de los casos tan sólo les es útil para la renovación de
los permisos y para las bajas médicas.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y
votación.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con el
concurso de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia y diálogo
con el sector afectado, realice un estudio sobre la situación
económica, social y laboral de los mariscadores a pie, y evalúe sus
repercusiones sobre el sistema de Seguridad Social. Dicho estudio
deberá presentarse a la Comisión de Política Social y Empleo en el
plazo de tres meses.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2000.-Arrate
Varela Vázquez, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas
161/000074
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre elaboración de un Estatuto del Municipio
Turístico.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Régimen de las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la
Comisión de Economía y Hacienda.
Los municipios turísticos, a pesar de sus peculiaridades, todavía no
han obtenido una carta de naturaleza en nuestro ordenamiento
jurídico. En este sentido, los municipios turísticos sufren un
desequilibrio entre su configuración de derecho y su realidad de
hecho. Ello supone la obligación de prestar una serie de servicios
públicos.
Irregularidades en el tiempo, por la estacionalidad de esta industria
y desproporcionados, en relación con los servicios, que
correspondería prestar en función de sus habitantes de derecho.
A los municipios turísticos se les exigen, en beneficio de la
industria turística, la puesta en marcha de una serie de prestaciones
públicas distintas a las de otros municipios (mayores servicios de
limpieza, limpieza de playas y ríos, abastecimiento de agua para una
población que duplica a la de derecho, planeamiento urbanístico,
etc.).
Todo esto requiere un aparato técnico y una infraestructura
administrativa cuya existencia ha generado una carga impositiva que,
actualmente, tienen que soportar solamente los vecinos empadronados
en estos municipios, a pesar de que los beneficios revierten en el
general de la economía del Estado.
Por lo tanto, la problemática de estos municipios, como las de otros
que tienen características específicas, requieren un tratamiento
diferenciado y así lo ha venido reclamado sin éxito la FEMP, ya que
sólo dentro de un marco legal apropiado es posible incardinar todas
las medidas coyunturales y estructurales que estos municipios
requieren.
La reclamación de un tratamiento específico se hace no solamente por
el bienestar de los vecinos de derecho de estos municipios, que
sufren una presión fiscal añadida
e injusta, sino que se hace, sobre todo, por la mejora de la
oferta turística española, con las repercusiones que esto representa
en nuestra balanza de pagos y en la creación de empleo, ya que de
continuar la situación actual es posible que se tengan que dejar de
prestar determinados servicios, que son imprescindibles para la
configuración de un producto turístico de calidad.
Esta propuesta no debe ser como el otorgamiento de un privilegio que
se da a municipios ricos, sino que, al contrario, tiene un importante
carácter progresista, ya que, por una parte, al no disponer de
suficiente financiación, los Ayuntamientos turísticos tienen la
excusa perfecta para privatizar servicios, reducir plantilla y, sobre
todo, para justificar financiaciones a través del urbanismo a la
carta o de convenios, tras los cuales se esconden los grandes
negocios, pero es que, por otra parte, lo que se invierte en turismo,
se está invirtiendo en la principal industria del país.
La actividad turística representa uno de los pilares básicos de la
economía de nuestro país, acogiendo al 8 por 100 del turismo
receptivo, siendo, además, España la segunda potencia mundial en
cuanto a número de turistas, y suponiendo este hecho el mantenimiento
de cerca de 700.000 empleos directos y más de 450.000 empleos
indirectos. Por otro lado, la riqueza que genera el sector para la
economía nacional, en términos de balanza de pagos y valor de las
reservas en divisas, puede estimarse en más de 3 billones de pesetas.
Por otra parte, la industria turística tiene como materia prima una
serie de infraestructuras de titularidad municipal que utilizan
quienes nos visitan, de estos servicios e infraestructuras depende,
en gran medida, la calidad de nuestro producto turístico. El
mantenimiento de esta competitividad se debe resaltar el importante
papel que hagan los Ayuntamientos con los enormes esfuerzos que
tienen que hacer para atender a poblaciones, que, en muchos casos,
son más del doble de las de derecho, y a las que deben prestarse
servicios con la calidad que el turista reclama, no sólo en la
acogida, sino, sobre todo, en el entorno, calidad medioambiental,
limpieza viaria, atención sanitaria, etc.
Los municipios turísticos se ven forzados, pues, a un sobreesfuerzo
económico y social, existiendo el problema que en un momento
determinado los Ayuntamientos deban dejar de prestar determinados
servicios, o, al menos, bajar la calidad de los mismos, por falta de
capacidad financiera; pero, en todo caso, en la actualidad son los
habitantes de derecho quienes tienen que soportar cargas económicas
superiores a las que deberían soportar.
Es necesario que las administraciones, central y autonómica,
contemplen el concepto de población asistida, con la consiguiente
financiación específica de los municipios de carácter turístico,
siendo el primer paso que hay que dar el reconocimiento legal de la
condición específica de estos Ayuntamientos; sólo dentro de un marco
legal apropiado es posible incardinar todas
las medidas coyunturales y estructuras que estos municipios requiren.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración de
un Estatuto del Municipio Turístico que defina el marco, la situación
legal, que enmarque las medidas coyunturales y estructurales que
estos municipios requieren. El Estatuto del Municipio Turístico que
al menos recoja los siguientes puntos:
1. Definición de municipio turístico en función del número de
población que deben atender por encima de la población de derecho.
2. Órganos competentes para su declaración.
3. Servicios públicos de prestación necesaria en los municipios
turísticos. Exigencia de los mismos en atención a sus diversas
categorías.
4. Competencias y facultades de los municipios turísticos, para la
prestación de servicios de repercusión en el turismo.
5. Financiación de los municipios turísticos en función de la
población asistida y de los servicios a prestar.
Desde estas perspectivas la industria turística española podrá
conservar uno de los elementos que configuran un producto turístico
de calidad que demanda unos turistas cada vez más exigentes con los
servicios que reciben, ya que en el desarrollo de la actividad
turística intervienen como materia prima no sólo las instalaciones
hoteleras, sino también una serie de infraestructuras y de servicios
que son de responsabilidad pública y que como tal, deben ser
asumidos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2000.-José Luis
Centella Gómez, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Medio Ambiente
161/000073
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre transferencia a la Junta de Andalucía de
las Confederaciones Hidrográficas que se encuentran en ese
territorio.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la
Comisión de Medio Ambiente.
Las características especiales de la comunidad autónoma Andaluza en
materia hidrológica hace cada vez más evidente la necesidad de una
correcta planificación territorial, ambiental y del tejido económico
y social, de manera que los limitados recursos existentes se repartan
desde puntos de vista de justicia social y de equilibrios ecológicos.
En este sentido los instrumentos de Planificación deben ser flexibles
teniendo en cuenta el modelo de Estado de las Autonomías que
contempla la Constitución, y en este sentido se hacen cada vez más
necesarias unas Confederaciones Hidrográficas renovadas, con
clasificación de sus competencias, reestructurando su organización y
medios, democratizándose, a fin de que hagan una gestión transparente
de sus recursos y se establezcan verdaderos órganos de participación
de usuarios, Ayuntamientos, organizaciones ecologistas, agrarias,
etc.
Desde estas perspectivas es imprescindible el descentralizar
y traspasar competencias de acuerdo con la Constitución y el Estatuto
de Autonomía de Andalucía y de acuerdo con un enfoque de demanda en
el uso y ordenación de los recursos, con el fin de evitar los
entrenamientos que con demasiada frecuencia se producen en torno a
las políticas de aguas.
La actual estructura en la gestión del agua se caracteriza por la
ausencia de trasparencia y control no democrático. Además se está
produciendo en ese ámbito una tendencia a la privatización del
abastecimiento a
favor de empresas privadas, lo que plantea problemas para el control
del servicio. El agua es un bien público de modo que es necesario
regular de la forma más democrática la gestión del agua.
Las sequías o situaciones de déficit hidráulicos que realmente
existen en Andalucía deben cubrirse con políticas de ahorro y
optimización de recursos desde la óptica de racionalidad y
solidaridad, pero también necesita una mayor atención inversora que
venga a cubrir los déficit que se vienen arrastrando desde hace años.
La eficiencia en el uso del agua es una necesidad de forma general,
pero aún más, que una comunidad como la Andaluza, en la que por una
parte los sectores agrícolas y turísticos tienen una importante
dependencia de los recursos hidráulicos y por otra parte la
distribución de los recursos hidráulicos son muy irregulares, cuando
no escasos. Escasez que se debe a la sequía, pero también a un
consumo excesivo de agua y a la aplicación de técnicas obsoletas de
sistemas de riegos, por lo tanto cuando se habla de ahorrar agua hay
que complementar actuaciones en todos los sentidos señalados, de
manera que se puedan modernizar las infraestructuras y la aplicación
de técnicas de control y eficacia del agua en las explotaciones
agrarias, a la vez que se corrigen desequilibrios y se lucha contra
la erosión y la degradación de un bien limitado como es el agua.
Por lo tanto desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
entendemos que no se puede retrasar más la transferencia urgente de
las competencias sobre las Cuencas Hidrográficas del Guadiana II, Sur
y Guadalete-Barbate, así como es necesario modificar la legislación
vigente en materia de agua, al objeto de posibilitar en el menor
plazo posible la transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía
de las competencias sobre la Cuenca del Guadalquivir.
Es evidente que las competencias que se reclaman deben ir acompañadas
de la dotación de recursos económicos, humanos y cuantos otros sean
necesarios para la gestión y administración de las mismas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse los
cambios normativos necesarios, para poder proceder a las
Transferencias de las Confederaciones Hidrográficas, que se
encuentran en territorio andaluz a la Junta de Andalucía.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2000.-José Luis
Centella Gómez, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000078
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la regeneración de los Baños del Carmen.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
regeneración de los Baños del Carmen, para su debate en la Comisión
de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Hace siete años, en 1993, el Ayuntamiento de Málaga aprobó el plan
especial para regenerar los Baños del Carmen, un plan para el cual el
Gobierno central se había comprometido a invertir 1.200 millones de
pesetas durante 1995 para recuperar la playa y su entorno.
Este plan tenía el apoyo del Ayuntamiento de Málaga capital, de la
Dirección General de Costas y de los vecinos y planteaba la
regeneración de la playa, la unión de los paseos marítimos Pablo Ruiz
Picasso y Pedregalejo, un parque a distintos niveles, la
rehabilitación del edificio del balneario (que actualmente es un
restaurante), un parque, diversos equipamientos deportivos y un
edificio comercial.
No obstante la llegada del PP al gobierno de Málaga capital detuvo
totalmente la puesta en marcha de dicho plan, ya que durante mucho
tiempo se ha estado apostando por la construcción en esta zona de un
puerto deportivo.
Durante varios años han sido numerosas y constantes las protestas de
los vecinos de esta zona malagueña, que solicitaban una solución para
una playa que cada vez se encontraba en peor estado y que debido al
desinterés del PP sufría una pérdida paulatina de arena provocada por
los temporales.
Sin embargo, después de tantos años de desidia por parte del
Ayuntamiento malagueño ante una cuestión tan importante para miles de
malagueños, la postura contraria de la Dirección General de Costas a
crear un puerto deportivo en esta zona, ha conducido a un cambio de
postura al Ayuntamiento malagueño.
Los socialistas consideramos que sería fundamental poner en marcha el
proyecto redactado en su momento por la Dirección General para que la
playa consiguiera una superficie de arena de 40 metros de ancho.
Por todo el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«La Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a que:
1. Se comprometa a poner en marcha la regeneración de los Baños del
Carmen para que esta playa consiga una superficie de arena de 40
metros de ancho.
2. Se comprometa en el plazo máximo de seis meses a iniciar la
regeneración de esta importante playa malagueña.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2000.-Carmen
Olmedo Checa, Diputada. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Ciencia y Tecnología
161/000086
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley de reorientación paulatina de la industria
militar para fines civiles.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley de
reorientación paulatina de la industria militar para fines civiles,
para su debate en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La industria militar es un reflejo de la capacidad tecnológica y la
base económica-presupuestaria sobre la que se asienta. En el caso
español, sin obviar completamente alguno de los nichos productivos
que posea, la realidad industrial militar parecería que se acerca más
a una industria madura, con escasa tecnología punta.
Ante ello, los diferentes Gobiernos han importado armas
tecnológicamente más avanzadas y han querido amortiguar la caída de
compras interiores, dadas las limitaciones tecnológicas de la
industria nacional, por medio de la venta a cualesquiera regímenes
políticamente correctos, de su muestrario armamentístico, incluso
abusando para ello de los Fondos de Ayuda al Desarrollo. Con los
datos que poseemos, el Ministerio de Defensa para el año todavía
dedica para el mantenimiento y compra de armamento, la impresionante
cantidad de 131.574 millones de pesetas.
Pero todo tiene un límite. Porque si socialmente, vía presupuestos
del Estado, se limita la capacidad de compra armamentística, se
prohíbe la fabricación de minas y por fin se hace transparente el
comercio de armas que no cabe duda supondrá un corsé a unas ventas
indiscriminadas, se está determinando la situación real de nuestra
industrial militar.
La propuesta alternativa a esta situación ya esta descubierta. Y poco
desarrollada reorientación paulatina de la industria militar, a
civil. Algo se hizo, pero se acabó el impulso político y falta de
presión social. Así, se hizo un pacto con los sindicatos para
fabricar las paletas de los generadores eólicos en Toledo y se está
diversificando algo, haciendo, por ejemplo, determinados elementos
precisos para cogeneración industrial. Pero la situación es
manifiestamente mejorable. Hay demandas insatisfechas y recursos
industriales, tecnológicos y humanos ociosos. Por ejemplo, la
cogeneración en hospitales públicos es un terreno todavía lleno de
potencialidades y ventajas: Mejoraría el rendimiento térmico, con una
menor contaminación global y una menor factura a pagar por los
contribuyentes.
Entre otras posibilidades el campo de aplicación tecnológica a las
minusvalías físicas o sensoriales está sin desarrollar. Los
instrumentos técnicos que alivien la situación de esas personas son
muchas veces importados, en otros casos tienen características
individuales que impiden un tratamiento en serie y en casi todos los
casos hay, lógicamente, una cobertura potencial de la seguridad
social no realizable porque no existen los utensilios precisos.
Los detectores de minas, las cocinas solares, y todas aquellas
aplicaciones industriales de bajo consumo energético adecuadas a las
necesidades de colectivos de zonas subdesarrolladas, etc. deberían
ser otro campo de demanda de esas industrias militares reconvertidas
a cubrir necesidades civiles.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que antes de finales de este año, realice y presente ante esta
Cámara un plan de reorientación y reindustrialización de la industria
militar española con el objetivo de ampliar su capacidad de
producción civil. Con ello se diversificarán sus líneas de producción
y se consolidarían los puestos de trabajo.
Este plan servirá de indicación tanto a las empresas públicas y
privadas, y contará con la colaboración de las partes afectadas,
propietarios, sindicatos, asociaciones de solidaridad, ecologistas,
discapacitados, y otros colectivos, y la participación de los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas que tengan centros fabriles en
su territorio.
2. Favorecer que las líneas de producción civil prioritarias
garanticen el mantenimiento y estabilidad en el empleo sean, entre
otras, las energías renovables y el ahorro energético, las paliativas
o correctoras de minusvalías y productos adecuados a las necesidades
de zonas menos desarrolladas y propias del desarrollo sostenible.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2000.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000030
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).
Posición del Gobierno ante el posible despliegue de una fuerza
multinacional al sur del Líbano y la eventual participación de España
en la misma.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado: don Rafael Estrella Pedrola
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno ante el posible despliegue de una
fuerza multinacional al Sur del Líbano y la eventual participación de
España en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2000.-Rafael
Estrella Pedrola, Diputado.
Comisión de Justicia e Interior
181/000033
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Previsiones en relación con la entrada en vigor de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado: don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
Prevista la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil para
el mes de enero de 2001, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Va a mantener el Gobierno la entrada en vigor de la LEC en la
fecha inicialmente prevista?
2. ¿Va a llevar a cabo alguna modificación de la LEC antes de su
entrada en vigor?
3. ¿Qué medidas ha adoptado y/o piensa adoptar el Gobierno para que
la LEC pueda ser aplicada adecuadamente por los Juzgados y
Tribunales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000035
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Barrero López, Javier (GS).
Medidas para evitar que la fiscalía se oponga a determinadas demandas
de extradición de mafiosos solicitadas por la justicia de Italia.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado: don Javier Barrero López
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para evitar que la fiscalía se
oponga a determinadas demandas de extradición de mafiosos solicitadas
por la justicia italiana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2000.-Javier
Barrero López, Diputado.
181/000036
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Barrero López, Javier (GS).
Medidas para evitar que la policía española rechace órdenes de
detención cursadas por la justicia de Italia contra mafiosos de dicho
país refugiados en España.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado: don Javier Barrero López
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para evitar que la policía
española rechace órdenes de detención cursadas por la justicia
italiana contra mafiosos de ese país refugiados en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2000.-Javier
Barrero López, Diputado.
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
181/000037
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Actuaciones para la definitiva creación del Patronato del Archivo de
la Corona de Aragón.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte
Diputado: don José Antonio Labordeta Subías
Texto:
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno español para la
definitiva creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón,
de acuerdo con lo establecido en los cuatro Estatutos de Autonomía
(Leyes Orgánicas) de las Comunidades de la antigua Corona de Aragón
(Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia), y también para dar
cumplimiento a lo ya aprobado en 1996 en una Proposición No de Ley
por la Comisión de Educación del Congreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2000.-José
Antonio Labordeta Subías, Diputado.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
181/000038
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Información que puede facilitar el Gobierno en relación a los
trabajos experimentales que se vienen realizando para autorizar la
nueva vacuna recombinante
para la prevención de enfermedades que afectan al conejo de monte.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
Diputado: don Teófilo de Luis Rodríguez de Lugo
Texto:
¿Qué información puede facilitar el Gobierno en relación a los
trabajos experimentales que se vienen realizando para autorizar la
nueva vacuna recombinante para la prevención de enfermedades que
afectan al conejo de monte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2000.-Teófilo
de Luis Rodríguez de Lugo, Diputado.
181/000039
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Situación de las negociaciones del nuevo acuerdo de pesca con
Marruecos por parte de la Unión Europea (UE).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
Diputado: don Alfonso Soriano Benítez de Lugo
Texto:
¿En qué situación se encuentran las negociaciones del nuevo acuerdo
de pesca con Marruecos por parte de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2000.-Alfonso
Soriano Benítez de Lugo, Diputado.
181/000040
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Volumen de envíos de tomate de Marruecos a la Unión Europea (UE)
después de suprimidos los certificados de importación, desde el mes
de octubre de 1999.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Mixta para la Unión
Europea
Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo
Texto:
¿Conoce el Gobierno el volumen de envíos de tomate marroquí a la
Unión Europea después de suprimidos los certificados de importación,
desde el mes de octubre de 1999 hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2000.-Alfonso
Soriano Benítez de Lugo, Diputado.
181/000041
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Situación del proyecto de reforma de la Organización Común de Mercado
(OCM) del plátano.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Mixta para la Unión
Europea
Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo
Texto:
¿Cuál es la situación actual del proyecto de reforma de la OCM del
plátano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2000.-Alfonso
Soriano Benítez de Lugo, Diputado.
Comisión de Infraestructuras
181/000028
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Actuaciones para que la reapertura del paso ferroviario de Canfranc
sea una realidad, así como previsiones respecto a las actuaciones a
desarrollar en el nuevo tramo de carretera Yebra de Basa-Fiscal, en
el eje subpirenaico N-260 y en la carretera N-240, entre Lleida-
HuescaPamplona.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras
Diputado: don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Qué pasos va a dar el Gobierno, tras la última cumbre Hispano-
Francesa, para que la reapertura del paso ferroviario de Canfranc, en
el Pirineo Aragonés, sea una realidad? ¿Qué previsiones tiene el
Gobierno respecto a las actuaciones a desarrollar en el nuevo tramo
de carretera Yebra de Basa-Fiscal, en el eje subpirenaico N-260? ¿Qué
previsiones tiene el Gobierno respecto a las actuaciones a
desarrollar en la N-240 entre LleidaHuesca-Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2000.-Víctor
Morlán Gracia, Diputado.
181/000029
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Fecha prevista para la finalización de las obras de rehabilitación
del antiguo Hospital de San Francisco, en Monzón (Huesca).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Cuándo piensa finalizar el Gobierno las obras de rehabilitación del
Antiguo Hospital de San Francisco, en Monzón, provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2000.-Víctor
Morlán Gracia, Diputado.
181/000031
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en el tramo
de carretera Aren-Pont de Suert, en la carretera N-230, así como
previsiones para la renovación y electrificación de la vía férrea
entre Huesca y Tardienta y la apertura de un nuevo túnel
transfronterizo entre Benasque (España) y Luchon (Francia).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en el tramo
de carretera Aren-Pont de Suert, en la N-230?
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para la
renovación y electrificación de la vía férrea entre Huesca y
Tardienta? ¿Tiene previsto el Gobierno plantear al Gobierno de
Francia la apertura de un nuevo túnel transfronterizo entre Benasque
(España) y Luchon (Francia)? ¿Qué razones existen para que en la
línea férrea entre Huesca y Tardienta no se utilicen unidades
electrificadas hasta el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Víctor
Morlán Gracia, Diputado.
181/000042
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).
Opinión del Ministerio de Fomento acerca de las declaraciones del
Presidente de la Generalidad Valenciana y del Ministro Portavoz del
Gobierno de que las obras de construcción de la vía férrea del AVE
entre Madrid y la Comunidad Valenciana comenzarán durante el año
2000.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras
Diputado don Mario Edo Gil
Texto:
Tras la reunión mantenida entre el Presidente del Gobierno, señor
José María Aznar, y el Presidente de la Comunidad Valenciana, señor
Eduardo Zaplana, en fecha 29 de mayo de 2000, tanto el Presidente
Zaplana como el Ministro Portavoz del Gobierno, señor Pío Cabanillas,
afirmaron que las obras del AVE entre Madrid y la Comunidad
Valenciana se iniciarán este mismo año.
En consecuencia, formulo la siguiente pregunta:
¿Comparte el Ministerio de Fomento las declaraciones del Presidente
de la Generalidad Valenciana y del Ministro Portavoz del Gobierno de
que las obras de construcción de la vía férrea del AVE entre Madrid y
la Comunidad Valenciana comenzarán durante este año en curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2000.-Mario Edo
Gil, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000034
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Blanco García, Jaime (GS).
Medidas para adaptar los concursos de traslado y de oposición del
Insalud a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a dicha materia.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Jaime Blanco García
Texto:
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de
1998 estableció la oferta pública de empleo para cubrir plazas de
Médico en los hospitales del Insalud, mediante las figuras de
traslado y concurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la convocatoria por
errores jurídicos que afectaban a los derechos fundamentales.
Recientemente el Tribunal Superior ha ratificado la sentencia, y por
lo tanto, ha desestimado el recurso del Insalud.
Como quiera que la convocatoria de 1998 era para cubrir 4.200 plazas,
de las cuales 646 fueron en su día resueltas, interesa preguntar:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para adaptar los concursos de
traslado y de oposición del Insalud a la sentencia del Tribunal
Supremo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Jaime
Blanco García, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente
181/000027
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Reinicio de las obras del pantano de Montearagón, en la provincia de
Huesca, así como evaluación de la aplicación de la cesión de derechos
del agua en las cuencas del Júcar y del Segura.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio
Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado
preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Cuándo se va a producir el reinicio de las obras del pantano de
Montearagón, en la provincia de Huesca?
¿Qué evaluación hace el Gobierno sobre la aplicación de la cesión de
derechos del agua, incorporada en la última reforma de la Ley de
Aguas, en las cuencas del Júcar y del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2000.-Víctor
Morlán Gracia, Diputado.
181/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Martí i Galbis, Jordi (GC-CiU).
Soluciones previstas para evitar el doble gravamen al que pueden
verse afectados los usuarios catalanes como consecuencia de la
aplicación del artículo 105 de la Ley de Aguas y de la Ley aprobada
por el Parlamento de Cataluña.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio
Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LASCORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputado don Jordi Martí i Galbis
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente arbitrar alguna
solución que evite el doble gravamen al que pueden verse afectados
los usuarios catalanes por el mismo concepto como consecuencia de la
aplicación del artículo 105 de la Ley de Aguas y de la Ley aprobada
por el Parlamento de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2000.-Jordi
Martí i Galbis, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000043
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: García Manzanares, Blanca (GS).
Posición del Gobierno acerca de la situación en que se encuentra la
comunidad indígena pueblo Mapuche, como consecuencia de las
actuaciones de la empresa española ENDESA en la región del Alto Bio-
Bio de la zona andina de Chile.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2000.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Diputada doña Blanca García Manzanares
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno acerca de la situación en que
encuentra la comunidad indígena pueblo Mapuche, como consecuencia de
las actuaciones de la empresa española ENDESA en la región del Alto
BioBio de la zona andina de Chile?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2000.-Blanca
García Manzanares, Diputada.