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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 444, de 06/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 444
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 6 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a desarrollar en el plazo de tres meses las previsiones contenidas en la disposición final cuarta de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). (Número de expediente 161/001068.) ... (Página 14314)
- Sobre el encauzamiento de las ramblas del cementerio y de la Santa en Totana (Murcia). Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000904.) ... (Página 14318)
- Relativa al establecimiento de los criterios y estándares para determinar la consideración de suelo contaminado, así como a la aprobación de una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001091.) ... (Página 14321)
- Sobre transposición en el plazo de un mes de las directivas 1996/62/CE y 2000/69/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001017.)
... (Página 14325)
- Relativa a la elaboración de una Estadística Nacional Forestal.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001225.) ... (Página 14328)
- Relativa a la construcción de un refugio pesquero en la Isleta del Moro (Almería). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000044.) ... (Página 14331)
- Sobre el proyecto de regeneración medioambiental del río San Pedro (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000380.) ... (Página 14333)
- Relativa a incrementar el esfuerzo inversor en medidas y proyectos destinados a evitar la progresiva desertización de la provincia de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000545.) ...
- Relativa a los efectos derivados para la salud y el medio ambiente de los campos electromagnéticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000777.) ... (Página 14338)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR, EN EL PLAZO DE TRES MESES, LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA DISPOSICIÓN FINAL CUARTA DE LA LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001068.)
PRESIDENTA: Comenzamos la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, dedicada hoy plenamente a debatir proposiciones no de ley. La primera, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es por la que se insta al
Gobierno a desarrollar, en el plazo de tres meses, las previsiones contenidas en la disposición final cuarta de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Para su defensa tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Efectivamente, mi grupo parlamentario trae hoy a esta Comisión de Medio Ambiente una proposición no de ley que se inscribe en el ámbito general de la gestión de los residuos. Paso a continuación a hacer la
presentación y defensa, brevemente, de esta proposición no de ley.
Creemos que el tema de los residuos y de su gestión es recurrente, como creo que debe serlo en esta Comisión y en el Pleno del Congreso -me refiero a la presente legislatura- y voy a tratarlo desde otra óptica en la siguiente proposición no
de ley del orden del día establecido para hoy en esta Comisión de Medio Ambiente. Es un tema recurrente el de los residuos, el de su gestión y en general el del desarrollo de la Ley 10/1998 en la presente legislatura, aunque debemos reconocer que
se ha avanzado notablemente, como he dicho en anteriores ocasiones, y se está avanzando en la gestión con la aprobación de diferentes planes que se han aprobado por el Gobierno, planes nacionales y sectoriales de residuos, con estrecha colaboración
en el desarrollo y la gestión de estos planes por parte de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, pero aun reconociendo este avance que es innegable, creo que llevamos un retraso considerable en la implementación de algunos de
estos planes nacionales y sectoriales, no solamente por una cuestión de coyuntura política, sino también especialmente por una cuestión de recursos económicos y de disponibilidades presupuestarias. Vale la pena recordar la aprobación por parte de
esta misma Comisión de Medio Ambiente el pasado mes de noviembre, a instancias del Grupo Parlamentario Vasco, de una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a adoptar la directiva comunitaria sobre vertidos de residuos, que
posteriormente, al cabo de pocas fechas, se materializó en la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto de fecha 27 de diciembre.
Hoy mi grupo parlamentario trae el tema a esta Comisión y quiere hacer un recordatorio al Gobierno, a la Cámara en su conjunto, en la medida en que estamos pidiendo algo que tendría que haberse hecho ya hace bastante tiempo y no se ha hecho
aún. En concreto, la Ley 10/1998, de Residuos, prevé en su disposición final cuarta que en el plazo de un año desde su entrada en vigor -y recuerdo que dicha ley fue aprobada en el mes de abril del 1998; por lo tanto el mes que viene cumplirá
cuatro años- el Gobierno debería regular el sistema de depósito, devolución y retorno para las pilas usadas. Asimismo, esta norma legal prevé que el Gobierno, en el mismo plazo de un año desde su entrada en vigor, deberá presentar ante el Congreso
de los Diputados, y cito literalmente, un proyecto de ley que regule un régimen fiscal específico para los aceites industriales y lubricantes. Creemos que hemos pasado ya este plazo sobradamente y es un tema que tiene una peculiaridad, creo que
plenamente justificada, de que tal régimen fiscal específico afecte en su totalidad a la financiación de actuaciones ambientales para la gestión de aceites usados desarrolladas por las comunidades autónomas para el cumplimiento de los objetivos
fijados el artículo 1 de la Ley 10/1998, de Residuos.
A estas alturas de la legislatura, del debate en general sobre la sostenibilidad que todos perseguimos y en la que todos coincidimos, con matices, y del debate singular en concreto de la gestión de los residuos en el Estado, puedo ahorrarme
personalmente como portavoz y también a todas SS.SS. una valoración política de las hipotecas que estamos dejando -creo que todos somos conscientes de ello a nuestros hijos y nietos como consecuencia de las asignaturas pendientes que tenemos en
cuanto a la gestión de residuos en España y a la peligrosidad y capacidad contaminante de los mismos, sobre todo de los peligrosos; en concreto, esta capacidad contaminante la tienen y mucho, como todas SS.SS. saben perfectamente, las pilas
usadas, especialmente cuando su vertido es incontrolado, y lo mismo ocurre con los aceites industriales y lubricantes. Mi grupo parlamentario cree que la ausencia de este desarrollo normativo ha afectado a algunas comunidades autónomas en diferente
medida y con diferente intensidad. Quiero informar, porque pienso que es recomendable hacerlo, que la Comunidad Autónoma de Cataluña es uno de esos casos en los que se ha avanzado, aun en esa coyuntura de ausencia de desarrollo normativo que estoy
citando, se ha implicado y ha declarado como servicio público la gestión de las pilas y aceites usados, al objeto de evitar esos efectos contaminantes del vertido incontrolado de dichos productos. Este ejercicio de responsabilidad, que también han
asumido otras comunidades autónomas, aunque no todas, repito, tiene un coste muy elevado y relevante, como todas SS.SS. conocen, que en el caso de Cataluña es asumido por el Gobierno de la Generalitat, cuando no le corresponde el ejercicio de tal
responsabilidad. A su vez y teniendo en cuenta que estamos, como decía hace pocos instantes, a pocas fechas de ese cuarto aniversario de la Ley de Residuos de 1998, creemos que el plazo apuntado en la parte dispositiva de la proposición no de ley,
de tres meses, para que el Gobierno haga el desarrollo oportuno, es razonable y que la regulación del sistema de depósito, devolución y retorno de pilas usadas debía ser un hecho ya, aprobado y desarrollado, así como debería existir la regulación de
un régimen fiscal específico para los aceites industriales y lubricantes. Repito que se trata de un plazo ajustado cuyo cumplimiento, después de los años que llevamos ya de aplicación de la Ley de 1998, no es ninguna utopía y por tanto se trata de
manifestar una mínima o una máxima, no sé cómo calificarlo, voluntad política, teniendo en cuenta, como digo, que ya hace bastante tiempo que debería haberse regulado este tema. Por ello yo no tengo más que pedir el apoyo, creo que justificado, de
todos los grupos al objeto de que la parte dispositiva de esta proposición no de ley pueda ser aprobada y podamos tener en este plazo, creo que ajustado, ponderado y factible, de tres meses esta regulación que todavía el Gobierno no ha podido hacer.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas y, por tanto, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Marón para defender la postura de dicho grupo.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señorías, para el Grupo Socialista la proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió es acertada y se ajusta a la reiterada posición que hemos tenido en las últimas legislaturas. Vamos
a centrarnos brevemente en los dos puntos concretos a cuyo cumplimiento se insta en la iniciativa. En primer lugar, en cuanto a la regulación del sistema de depósito, devolución y retorno de pilas usadas, tal exigencia está prevista, como ya se ha
dicho, en el desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley 10/1998, de Residuos, pero pese al tiempo transcurrido no se ha avanzado en el tema.
Hay un real decreto, 45/1996, de 19 de enero -estaba gobernando el Partido Socialista-, que
incorpora la Directiva 1991/157, que regula diversos aspectos relacionados con pilas y acumuladores y establece además la necesidad de elaborar programas con las comunidades autónomas, completada posteriormente con una orden ministerial, de 25 de
octubre de 2000, que prohíbe ya determinados tipos de pilas con elevado contenido de mercurio. La dejación del Gobierno popular en este tema ha llevado a que España tenga incluso una sentencia condenatoria con la consiguiente multa pecuniaria,
consecuencia de un proceso de infracción abierto por la Comisión Europea por incumplimiento por parte de nuestro país de enviar a la misma un programa para los residuos de pilas usadas, tal como exige la directiva. Al día de hoy yo no sé si tenemos
o no programa. Yo tengo un volumen aquí que dice programa nacional de pilas y baterías usadas, revisión noviembre
de 2000. No lo he visto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Desconozco por tanto si esto se considera programa o si es un borrador.
Realmente me gustaría que a lo largo de esta intervención, por parte del grupo que apoya al
Gobierno, se contestara a esta cuestión. De todos modos, en lo que aquí aparece como programa no existe ningún elemento que pueda considerarse como tal para la coordinación de las comunidades autónomas ni ningún tipo de objetivos, que es lo que
realmente necesita un programa nacional o estatal con compromisos y objetivos bien definidos.
El Grupo Socialista ha venido reiterando la necesidad urgente de esta normativa en distintas iniciativas. Concretamente, en una moción consecuencia de interpelación presentada el 1 de junio de 1999 y debatida el 14 de septiembre, en el
punto 3, se recogía lo referido a pilas y en el punto 4 lo referido a aceites industriales, temas idénticos a los que hoy se presentan por el Grupo de Convergència i Unió. Por cierto, en aquel debate no intervinieron y yo les pregunto a los señores
del Grupo Catalán si recuerdan por casualidad cuál fue su posición en aquella votación. Sería conveniente hacerlo. Posteriormente, en interpelaciones y consiguientes mociones, en febrero de 2000 y diciembre de 2001, sobre incumplimiento de
compromisos derivados la Ley de Residuos, hemos reiterados todos estos temas.
Los mismos argumentos podemos utilizar para el punto 2 de esta proposición no de ley, relativo a la regulación del régimen fiscal específico para los aceites industriales y lubricantes, que también contempla la disposición final cuarta de la
referida Ley de Residuos, cuyo cumplimiento venimos reclamando sin éxito al Gobierno. En el tema de aceites industriales vamos más allá, puesto que el Grupo Socialista presentó el 2 de julio de 1996 una proposición de ley, debatida en el Pleno el 6
de mayo de 1997, cuya toma en consideración tampoco prosperó, y, curiosamente, también el grupo que hoy lo solicita, el Grupo de Convergència i Unió, votó en contra de esta iniciativa del Grupo Socialista. Es más, posteriormente, en el caso
concreto de una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de residuos, la que sería Ley 10/1998, nuestro grupo incluía ya este tema. Rechazada la enmienda a la totalidad, fue planteado después en la misma ley como una adicional para posterior
desarrollo, que pese a los cuatro años transcurridos, no se ha llevado a cabo.
Finalizo ya diciendo que, desde luego, es urgentísima la regulación tanto en el tema de pilas usadas como de los aceites industriales, ya que, por una parte...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora Marón.
Los acuerdos o las conversaciones a las que quieran llegar los señores comisionados intenten hacerlos fuera de la sala porque no se le escucha bien a la ponente.
La señora MARÓN BELTRÁN: Decía que es urgentísima la regulación del vertido tanto de pilas usadas como de aceites industriales, ya que, por una parte, estamos ante un grave incumplimiento y, por otra, es necesario cubrir la situación de
dificultad que viven los ayuntamientos y más en aquellos que mejor cumplen la ley, los que más reciclan, los que más cuidan qué hacen con estos residuos, sabiendo que muchísimas comunidades no han asumido en la práctica esta gestión. Antes, en la
mayoría de los ayuntamientos donde tenían vertederos, había cabida para todo, pero desgraciadamente a costa de contaminar los suelos y los cauces con las miles de toneladas que se están vertiendo de forma incontrolada.
Finalmente, quiero hacer una consideración más sobre estos dos puntos que hoy tratamos. Encubren un tema de mucho más calado y es que al día de hoy seguimos sin un plan nacional de residuos peligrosos, que el Grupo Socialista viene
reclamando para cubrir un vacío normativo, una necesidad social y una obligación del Gobierno. Por tanto, también aprovechamos para reclamar esa iniciativa, cuya necesidad de presentación es ya un auténtico clamor. Votaremos a favor de la
proposición no de ley presentada por coincidir plenamente con lo que venimos reiterando, que es un incumplimiento más de los seis años de Gobierno del Grupo Popular. Nos gustaría por parte del grupo proponente un poco más de coherencia a la hora de
fijar sus posiciones en iniciativas similares.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Acín.
El señor ACÍN BONED: Señorías, tomo la palabra como portavoz del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición en la proposición no de ley de Convergència i Unió para que el Gobierno desarrolle en el plazo de tres meses las previsiones
contenidas en la disposición final cuarta de la Ley 10/1998, de 21 abril, de Residuos. En primer lugar, tenemos que reconocer -creo que es bueno hacerlo siempre- el retraso del Gobierno en el desarrollo de esta disposición, pero esto no significa
que el Gobierno no esté trabajando para darle solución con el mayor consenso posible. No obstante, y respecto a un régimen fiscal específico para los aceites industriales, existen algunas dificultades para la elaboración del tal régimen fiscal y la
necesaria participación activa que por razón de la materia habrían de tener las comunidades autónomas. Particularmente indicativo de las dificultades que supone la posible introducción de este impuesto es el recurso interpuesto el día 12 de
noviembre de 2001 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana al crearse en este país un impuesto sobre aceites lubricantes por importe de 1.200.000 liras por 1.000 kilos de aceite lubricante. Según la interpretación de
la Comisión de las directivas 1992/12/CE y 1992/81/CE, la
condición de hidrocarburo de los aceites lubricantes impide que puedan ser gravados cuando no son utilizados, como es lo habitual, como combustible de calefacción o como carburante. El Gobierno ya se ha visto obligado a modificar en la Ley
24/2001, que acompaña los Presupuestos Generales del Estado de 2002, los tipos de gravamen aplicables en le IVA a ciertos productos y servicios (peajes de autopistas, gases licuados del petróleo y ciclomotores) como consecuencia de sentencias firmes
condenatorias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, caso de los peajes, o de demandas ya interpuestas ante el citado tribunal.
Respecto a las pilas usadas, consideramos que la mejor forma de gestionar las pilas y baterías usadas, fundamentalmente en lo que se refiere a la recogida selectiva, es aplicando sistemas integrados de gestión similares a los que funcionan
en materia de residuos de envases, también como una alternativa al sistema de depósito, con dos ventajas añadidas. El funcionamiento de estos sistemas sería prácticamente idéntico por el hecho de que la recogida es también competencia de los entes
locales, incluso podría aprovecharse de los SIG que están funcionando en materia de envases -el SIG ya sé que SS.SS. conocerán que es el sistema de gestiones integradas-. No sería una novedad para el sector en la medida en que los fabricantes de
estos productos ya están participando en los SIG de envases para sufragar la recogida selectiva de los envases de las pilas. En este caso además podría incluirse la singularidad de que en el acuerdo voluntario del que naciera el SIG se contemplara
el compromiso de los distribuidores de las pilas de actuar como centros de recogida de las pilas usadas en el momento de compra de las nuevas, para lo que habría que dotarles de los correspondientes contenedores, circunstancia que por otra parte
está prevista en el borrador, y de esta manera contesto a la portavoz del Partido Socialista, del programa nacional de pilas y baterías usadas y que, por tanto, ha sido tenida en cuenta a la hora de calcular los costes de gestión.
Dicho todo esto, vamos a apoyar, como no podría ser de otra manera, la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió solicitando al portavoz del Grupo Catalán, si le parece conveniente, que el plazo que solicita de tres meses
pudiera ser, a pesar del retraso que lleva el Gobierno en la aplicación de la ley, ampliado a seis. En este tiempo, señor portavoz de Convergència i Unió y demás portavoces de esta Comisión, podemos o puede el Gobierno desarrollar esta proposición
no de ley y a la vista de lo que he dicho indudablemente también cabría, y lo dejo caer aquí, por informes que obran en nuestro poder, en este tiempo, insisto, si usted accede a ampliar el plazo a los seis meses, incluso modificar la disposición
final, por los problemas fiscales que acabo de anticipar y de los que he dado una muestra, o hacer una nueva redacción -que daría tiempo a pactar- para conseguir los mismos objetivos y, en todo caso, estaríamos hablando de un nuevo régimen que
permitiría lo mismo.
Es cierto y hay que dejarlo constar aquí que estamos tratando un tema importante y grave porque estamos hablando de 400 millones de pilas al año y de 500.000 toneladas de aceites lubricantes vírgenes, de las que el 60 por ciento se destina a
automoción y el 40 por ciento a usos industriales. Luego hay que reconocer aquí, por qué no, que son temas muy importantes para darles solución. Por eso insisto, señorías, señora presidenta, en que nuestro grupo apoyaría la proposición no de ley
si por parte de Convergència i Unió se ampliara el plazo a seis meses; en ese tiempo tenemos tiempo suficiente de una vez para poder, lógicamente, hacer las propuestas que acabo de realizar en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Esta presidencia tiene que recordar a los ponentes, si llegan a un acuerdo sobre la transaccional que se está aportando in voce, que en el momento de la votación, que va a ser a la una, trasladen a la Mesa dicha
enmienda para saber el contenido de lo que se va a votar.
Ha pedido la palabra el señor Martí, de Convergència i Unió.
El señor MARTÍ I GALBIS: Para dos cuestiones, si usted me lo permite. En principio, aunque después nos pondremos de acuerdo seguramente, en función de cuál sea el texto de la transacción sobre la que nos pongamos a trabajar, creo que no
habrá problemas y, efectivamente, para el momento de la votación podremos tener el texto cerrado. Contesto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que mi grupo aceptaría los seis meses en lugar de los tres que contempla el texto de nuestra
proposición no de ley. Pienso que es importante manifestar nuestra posición al respecto.
También quería, si usted me lo permite, señora presidenta, contestar en diez segundos a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que acusaba a mi grupo de falta de coherencia. Tengo que decirle que en las fechas a las que ella hacía
referencia este portavoz, si no tengo mala memoria, no era diputado en esa legislatura en la que ella dice que esos temas se discutieron y se aprobaron, pero en todo caso lo que no puedo de ninguna manera es aceptar según qué tipo de lecciones de
coherencia política -y hablo a título personal como portavoz en esta Comisión de mi grupo parlamentario-, porque creo que recientemente el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido posiciones que han demostrado una gran incoherencia política en
temas medioambientales, como el Plan Hidrológico Nacional, y en otros temas fiscales, en los que no entraré, pero creo que no es de recibo que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista manifieste que mi grupo parlamentario no es coherente con
determinadas posiciones políticas en materias de medio ambiente y en materia de ámbito fiscal. (La señora Marón Beltrán pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Marón, en las intervenciones cada uno defiende su postura. Si no, estaríamos por alusiones respondiéndonos unos grupos a otros y creo que en estos momentos no vale la pena entrar en este debate. ¿Quiere decir
algo, señora Marón? (Asentimiento.) Tiene dos minutos, por alusiones.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, desde luego me sobran dos minutos.
Yo creo que el Grupo Socialista ha sido un grupo de gobierno durante trece años y ha demostrado su coherencia política sobradamente y la está demostrando en la oposición. Yo le tengo que decir al portavoz del Grupo de CiU que ha negado tres
veces esta misma iniciativa en el plazo de dos años. El hecho de que usted no estuviera en el Parlamento no quiere decir que su grupo parlamentario no haya sido incoherente con esto. La palabra incoherencia desde luego en este caso no puedo
retirarla bajo ningún concepto. Han votado en contra de una proposición de ley que recoge justo el tema de los aceites, han votado en contra de una moción que tiene dos puntos exactamente como los que usted plantea hoy en esta iniciativa y que
nosotros vamos a votar a favor por coherencia política con lo que venimos diciendo reiteradamente y, desde luego, no retiro el calificativo de falta de coherencia. Yo creo que la vida parlamentaria es así.
- SOBRE EL ENCAUZAMIENTO DE LAS RAMBLAS DEL CEMENTERIO Y DE LA SANTA EN TOTANA (MURCIA) PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000904.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3 del orden del día, que se debatirá antes del número 2 por problemas de uno de los ponentes. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre el encauzamiento de
las ramblas del cementerio y de La Santa, en Totana, para cuya defensa tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, no es la primera vez que discutimos en esta Comisión de Medio Ambiente no sólo sobre los encauzamientos de determinadas ramblas, sino sobre las consecuencias que la invasión del dominio público hidráulico
durante tantos años produce cuando estas ramblas o los torrentes, en zonas fundamentalmente del Levante, se ven afectados por la gota fría o por lluvias torrenciales, en que no solamente corren riesgo las propiedades o los cultivos, sino también en
muchas de las ocasiones la vida de las personas. Todos somos conscientes de que esto tiene pocas soluciones. Una de ellas es que el Gobierno, a través de los programas de deslinde del dominio público hidráulico, haga todos los deslindes del mismo
y proceda en muchas ocasiones a derribar viviendas que llevan años consolidadas invadiendo este dominio público hidráulico; una segunda alternativa es la de acometer obras de encauzamiento o desvío de las ramblas que a su paso por las poblaciones
producen los efectos devastadores en el momento de gota fría o de lluvias torrenciales. En este caso, señorías, estamos hablando de dos ramblas que atraviesan el municipio de Totana y que, en principio, no están inscritas en las prioridades que el
Gobierno central y el Ministerio de Medio Ambiente tienen a la hora de establecer infraestructuras hidráulicas o de mejora de las mismas. En la Región de Murcia, dentro del Plan Hidrológico Nacional, hay otras obras, como la rambla de Lebor, que
están incluidas y que se van a llevar a cabo pero en este caso, señorías, esta obra no se ha realizado, a pesar de las muchas iniciativas que se han presentado en esta Cámara. Mi grupo parlamentario, desde hace ya varias legislaturas, presenta de
manera continuada enmiendas a los presupuestos para que sea incluida en los mismos y en el plan de infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente ahora, anteriormente Ministerio de Infraestructuras. Se trata de unas obras necesarias y además
creemos que son prioritarias por los grandes destrozos y por las importantes pérdidas económicas que en estos momentos supone mantener estas dos ramblas en las condiciones actuales. Señorías, afectan a barrios donde viven personas y afectan a
polígonos industriales del pueblo o del municipio de Totana. No es nuevo que en este municipio se puedan producir estas inundaciones. Ahora está lloviendo en Murcia y como dice una canción: 'En la meua terra no sap ploure', en nuestra tierra no
sabe llover: o no llueve y nos morimos de sed o desde luego la lluvia nos inunda y nos ahogamos. Ahora ya está inundada la rambla y está produciendo inundaciones a las zonas aledañas.
En estos momentos no es que haya lluvias torrenciales, pero
llueve.
También tiene que ver con la situación de las ramblas y los cauces, que además de la invasión del dominio público, se encuentran en un estado de suciedad, de abandono y de deterioro que también ayuda a que se pueda producir con más
facilidad este tipo de inundaciones. Creemos que es una obra prioritaria por los daños económicos que puede causar y, desde luego, señorías, estaríamos evitando también el riesgo, aunque en estos últimos años afortunadamente no se han perdido vidas
humanas, de que se puedan producir dichas pérdidas además de los daños económicos. Tendrían que estar incluidas entre las obras prioritarias del propio Gobierno dentro del Plan Hidrológico Nacional o, desde luego, de manera clara y contundente en
los planes de infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente, porque bajo nuestro criterio, señorías, muchas de las obras de infraestructura tanto del ministerio como tal ejecutor como del propio Plan Hidrológico Nacional son mucho más caras o
precisan de una mayor inversión económica y, desde luego, tienen una menor rentabilidad social que las que mi grupo parlamentario está planteando en estos momentos.
Creemos que estas obras son imprescindibles y lo único que se está
diciendo en nuestra iniciativa es que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de quien tiene la competencia, que es la Confederación Hidrográfica del Segura, acometa, de acuerdo con los ayuntamientos y con la comunidad autónoma, el
encauzamiento de esta rambla y que se incluya la presupuestación necesaria en los próximos ejercicios para que se pueda llevar a cabo la obra en el menor tiempo posible. Aquí estaríamos hablando, señorías, de una obra de infraestructura con una
rentabilidad social y además económica y eso sí es prioritario para mi grupo parlamentario y creemos que debería de serlo para el Gobierno y para el Ministerio de Medio Ambiente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda. Para su defensa tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Juan Carlos): No podemos por menos desde el Grupo Parlamentario Popular que compartir las palabras que ha dicho la señora Urán como portavoz de Izquierda Unida en el sentido de la necesidad de que se lleve adelante
el encauzamiento de las ramblas de La Santa y del cementerio. Creo que es necesario, como se ha dicho y así lo tiene señalado el Partido Popular, y es ese el sentido de la enmienda que nosotros presentamos esta mañana aquí. En definitiva, de lo
que se trata es de que se haga ese encauzamiento, que, como bien dice, tiene una utilidad social y puede solucionar muchos problemas, pero en definitiva hay que poner un poco por parte de cada uno para que ese encauzamiento, esta obra de relevancia
para el municipio de Totana salga adelante.
Apreciando personalmente a la señora Urán, como conoce la señora portavoz que ocurre, a veces uno se queda sorprendido, porque parece que ahora se da cuenta el Grupo de Izquierda Unida de que hay que hacer obras en ramblas y que esa política
de la que tanto nos han acusado al Partido Popular, la política del cemento, resulta que es necesaria, y lógicamente lo está demostrando presentando este tipo de iniciativas que nosotros, por supuesto, apoyamos. Cuando le damos la bienvenida a esa
posibilidad y a esa necesidad de encauzar y de hacer ciertas obras también decimos que eso no estaba incluido en el Plan Hidrológico Nacional porque, como usted comprenderá, no pueden estar todas las obras de todos los encauzamientos de todas las
ramblas de toda España y hay que hacer unas antes que otras.
Como muy bien ha dicho, el Plan Hidrológico Nacional recoge el encauzamiento de la rambla de Lebor, en Totana también, que efectivamente sí es prioritaria, pero, señoría, y por abundar en
lo que estaba diciendo, no hemos encontrado ninguna enmienda del Grupo de Izquierda Unida para incluir dentro del Plan Hidrológico Nacional, en su sección de obras de la cuenca del Segura, el encauzamiento de estas ramblas. Pues si era tan
prioritaria, lo lógico hubiera sido que hubiera presentado S.S.
una enmienda en este sentido, que nosotros hubiéramos estudiado con mucho interés, pero teniendo en cuenta las necesidades y las limitaciones presupuestarias que conlleva hacer una
ley, como usted sabe, de esa envergadura, y a veces no pueden estar todas las ramblas que haya que encauzar.
En definitiva, lo que quería dejar claro aquí esta mañana es que el Partido Popular se quiere comprometer a que se encauce esta rambla y es el sentido, como decía, de nuestra enmienda, pero, todos sabemos, usted, que es muy buena política,
como sabemos todos los miembros de esta Comisión, y nuestro compañero del Partido Socialista, José Antonio Gallego, también como usted buena persona y gran político, que las iniciativas tienen que salir, como ustedes han hecho y como hacemos desde
el Partido Popular, del propio ciudadano y así ha sido en ésta que nosotros también hemos recogido en el municipio de Totana, y al ser así, lógicamente, quien lidera a esos ciudadanos tiene que implicarse si quiere que se solucionen estos problemas.
¿Cuál es el sentido de esta explicación o de esta constatación de su trabajo dentro de esta Cámara? Que quien lidera a los ciudadanos de esos municipios, que es una coalición de Izquierda Unida y del Partido Socialista, aunque, como bien saben, ahí
ganó el Partido Popular, tiene que implicarse y la mejor manera de que esto se haga ya, que es el sentido, como he dicho, de nuestra enmienda, es que sea a través de los fondos FEDER, donde, como usted bien sabe, tiene que estar implicado el Estado
y otras administraciones. Me consta que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está dispuesta a poner dinero para que esto sea así, pero también el alcalde de Totana tendrá que poner dinero o voluntad para que se lleve adelante el
encauzamiento de esta rambla. Ese es el sentido de nuestra enmienda, que, si le parece, señora presidenta, paso a leer. Diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a formalizar, a la mayor brevedad (que es lo que nos interesa), un
convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los ayuntamientos afectados (en este caso, hay un problema de redacción: el ayuntamiento afectado) para abordar el encauzamiento de la rambla de La Santa y de Los Arcos en
Totana, que deberá contemplar las actuaciones a llevar a cabo y la participación económica de las partes, de tal manera que las inversiones puedan financiarse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Ese es el sentido de nuestra
enmienda. Si queremos que se solucione, tendremos que implicarnos todos. No se puede decir que papá Estado venga a encauzarme la rambla, cuando entre todos podemos hacer que esa obra que necesitan los ciudadanos de Totana se pueda hacer y, desde
luego, el Partido Popular está comprometido y sólo le pido que acepten esta enmienda para que esto, al final, se lleve adelante.
La señora PRESIDENTA: Después de esta amable y realista intervención, tiene la palabra para la defensa de la posición del Grupo Socialista el señor Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: En el mismo tono de amabilidad y agradeciendo las palabras del portavoz del Grupo Popular, a mí me gustaría compartir con él algunas cosas y diferir en otras. Es cierto que los ciudadanos que se van a beneficiar de
las obras y las administraciones que los representan más cercanamente, como el ayuntamiento, deben implicarse, estoy de acuerdo, pero el Gobierno del Partido Popular debía de haber dotado a las corporaciones locales en otro tipo de iniciativas, que
no son de este caso, de los fondos y de los medios suficientes para poder resolver los problemas puntuales de cada sitio, como en este caso no ha hecho, porque el plan de prevención de avenidas del Segura y sus afluentes, aquella gran obra que se
hizo con otros gobiernos en otros sitios para encauzamiento del río Segura, que ha solucionado el tema de las avenidas en lo que es el cauce principal, sin embargo, se ha detenido por la falta reiterada de inversiones públicas de este Gobierno del
Partido Popular desde 1996 en el resto de la cuenca. Como también decía la señora portavoz de Izquierda Unida, este tema no viene por primera vez al Parlamento, porque yo ya recuerdo en el Senado hace cuarto años, cuando gobernaba un alcalde del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Totana, que también se iba a resolver este tema y en una comisión especial que se creó en el Senado de prevención de riesgos catastróficos compareció el entonces consejero de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y dijo que ya se estaban terminando los estudios pertinentes para el encauzamiento de estas ramblas de la margen izquierda del río Guadalentín, y a mí me hubiera gustado, en esas visitas que hacemos la Comisión de
Medio Ambiente a determinados sitios, que hubiéramos estado este fin de semana en el cauce de estas ramblas y hubiéramos visto el temor ya de los vecinos porque empezaba a bajar agua a raíz de la tormenta que descargó sobre el macizo de sierra
Espuña, pues se acercaba a los 40 litros por metro cuadrado, aunque después, por suerte, cuajó en nieve y esa nieve está todavía en las cumbres de dicha sierra, cosa que en nuestra tierra es bastante extraña.
Hace falta más inversión pública. Hacen falta menos estudios y hacen falta convenios, pero convenios que liberen a los ayuntamientos de cosas que no pueden soportar. El encauzamiento de esa rambla le supone al ayuntamiento no solamente la
participación porcentual que correspondía en los fondos FEDER sino también la aportación de los terrenos necesarios para esas obras y usted sabe que como características hidrogeográficas de esas ramblas es que tienen en su cauce alto y medio unos
grandes barrancos, son muy profundas y que después, justo por el casco urbano de Totana y unos metros más abajo, de pronto desaparecen, por dos efectos, uno natural y otro artificial. El natural es porque los mismos aportes de los arrastres de esas
lluvias torrenciales que vienen de vez en cuando van elevando la desembocadura al cauce del río Guadalentín y esas avenidas desparraman una especie de cono. Esas tierras se han roturado porque eran muy fértiles, precisamente por la aportación de
esas avenidas, y luego ha habido dos obras, no recientes sino de hace mucho tiempo, que han actuado como barreras artificiales, que fue la vía férrea en su momento, al final del siglo XIX, y el antiguo trazado de la N-340.
En fin, se conoce el tema, hay estudios, hay papeles y hacen falta pesetas. El ayuntamiento no puede aportar los terrenos para casi 8 kilómetros de encauzamiento que le exige la confederación hidrográfica, porque las gestiones se han hecho.
Por lo tanto, a mí me gustaría que la enmienda del Partido Popular fuera mucho más concreta y que como ya están claras las actuaciones que hay que llevar a cabo y como de cara a la participación económica de las partes ya ha manifestado cada una lo
que está dispuesta a aportar, incluso lo ha manifestado el ayuntamiento, que esa aportación se concretara. En ese aspecto, el Ayuntamiento de Totana lo que dice es que no tiene que ser menos que otros ayuntamientos donde la inversión ha corrido a
cargo de fondos europeos, del Ministerio de Medio Ambiente y de la comunidad autónoma, y el municipio de Totana no es un municipio boyante, como tantos otros. Por lo tanto, si concretara el Partido Popular, a lo mejor estaríamos dispuestos a tener
en cuenta su enmienda, pero en principio apoyamos la propuesta de la portavoz de Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: El señor Gallego sabe que todos los miembros de esta Comisión de Medio Ambiente estamos dispuestos a convertirla en una comisión también itinerante como una nueva función y, por tanto, el ofrecimiento de la visita ya
se formalizará y mientras le damos la palabra a la señora Urán para que nos diga cuál es la postura respecto a la enmienda del Grupo Popular.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, yo creo que la posición de mi grupo parlamentario respecto a la filosofía del Plan Hidrológico Nacional y las obras en él incluidas está clara en esta Cámara y no me voy a extender en mayores
explicaciones, entre otras cosas, señorías, porque los encauzamientos de ramblas no tienen que ver con la gestión del agua, sino que tienen que ver con obras de infraestructuras para evitar precisamente las inundaciones. Además, señorías, existen
formas de encauzamientos que nada tienen que ver con aplicación de cemento. Hay nuevas formas de hacerlo que además son mucho mejores porque evitan los arrastres de tierras y sujetan esas tierras, evitando la colmatación de las zonas donde tienen
que desembocar las aguas de las ramblas. Señoría, es algo que conozco bastante bien porque viviendo en Valencia, a orillas del
Mediterráneo, sabe uno muy bien cómo funcionan las ramblas, las gotas frías, las lluvias torrenciales y las inundaciones. Por lo tanto, hay mecanismos suficientes para que no sea una política de cemento y sí una política bastante más
respetuosa con el entorno, solucionando los problemas de los ciudadanos.
El Partido Popular es muy celoso siempre -a nosotros nos parece bien y compartimos esa posición- con las competencias que tienen todas las administraciones y nunca pretende entrometerse en ellas; al contrario, normalmente se nos acusa al
resto de los grupos parlamentarios de que intentemos que haya colaboración por parte de la Administración central cuando hablamos de una competencia autonómica o local. En este caso, señorías, es una competencia sólo y exclusivamente estatal.
Pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Segura los barrancos o las ramblas que atraviesan la población de Totana y, por lo tanto, la competencia ha de ser solamente del Estado. No vamos a negar la posibilidad de que se pueda hacer algún tipo
de convenio y compartiendo las palabras del portavoz del Grupo Socialista en cuanto a la situación económica de los ayuntamientos y en concreto del Ayuntamiento de Totana, mi grupo parlamentario estaría dispuesto a aceptar la enmienda, siempre y
cuando el convenio de colaboración se hiciera entre la Administración central y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entre otras cosas porque nos consta la voluntad política del Ayuntamiento de Totana y de los grupos que configuran el
Gobierno municipal y que han estado haciendo las gestiones necesarias para que se pueda llevar a cabo esta obra; negociaciones y gestiones que estamos seguros van a seguir llevando a cabo porque el interés que tiene este Gobierno municipal es el de
solucionar este problema de los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: ¿Se puede considerar que ha aceptado la enmienda del Grupo Popular?
La señora URÁN GONZÁLEZ: Si se acepta la transaccional. Si no, no.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Juan Carlos): Sólo deseo hacer constar que mi intervención ha ido en la línea de que si el ayuntamiento, que tanto necesita y que tanto pide esta obra, no se implica, parece un poco anacrónico. Aquí no estamos
formalizando ni la cantidad ni los miles de millones de pesetas que tendría que poner el ayuntamiento, ni si es el 1 por ciento o el 0,5 por ciento, sino lo que él estime adecuado a sus posibilidades económicas, y eso es lo que tendrá que negociar.
Aquí no estamos instando al ayuntamiento -no se sienta el Ayuntamiento de Totana instado por esta Cámara-, sino que a quien instamos es al Gobierno a que realice ese convenio. Por lo tanto yo no considero que estemos forzando ni metiendo en ningún
callejón sin salida al Ayuntamiento de Totana. Le estamos dando la posibilidad de que lo haga o de que no lo haga, porque está en su libre albedrío hacerlo o no hacerlo.
Quiero que quede constancia, y es el sentido de la enmienda, que el ayuntamiento, que lidera a los ciudadanos, debe estar implicado en la solución de un problema de todos los ciudadanos de Totana y eso es lo que quiere el Partido Popular y
por eso creo que se debe mantener la participación del ayuntamiento dentro de la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, ¿mantiene la proposición no de ley con la redacción con la que se presenta?
La señora URÁN GONZÁLEZ: Así es, señora presidenta.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA DETERMINAR LA CONSIDERACIÓN DE 'SUELO CONTAMINADO', ASÍ COMO A LA APROBACIÓN DE UNA LISTA DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DE LOS SUELOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001091.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la tercera proposición no de ley, que aparece en el orden del día en segundo lugar, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, relativa a los criterios y estándares para determinar la
consideración de suelo contaminado, así como a la aprobación de una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos. Para su defensa tiene la palabra el señor Martí. (El señor vicepresidente, Ruiz López, ocupa la presidencia.)
El señor MARTÍ I GALBIS: De nuevo, el Grupo Parlamentario Catalán trae a esta Comisión otra proposición no de ley que se inscribe, como la primera del orden del día, en el desarrollo de la Ley 10/1998, de Residuos. Esta ley, en su artículo
3, apartado p), establece el concepto de suelo contaminado sobre la base de unos criterios y de unos estándares que deben ser determinados por el Gobierno en el ejercicio de sus competencias y, eso sí, previa consulta con las comunidades autónomas.
En concreto, para centrar el debate, este concepto contenido en el artículo 3.p) es el siguiente: Se considera suelo contaminado todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de
componentes de carácter peligroso de origen humano en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios
y estándares que se determinen por el Gobierno. Precisamente, la frase final del articulo 3.p) es la que da origen a esta proposición no de ley.
Como decía en la presentación y defensa de la proposición no de ley primera del orden del día, han pasado casi cuatro años desde la aprobación de esta Ley de Residuos y todavía no disponemos de esos criterios y estándares que la misma
determina. Esta indefinición tiene una causa clara, digamos, la inactividad del Gobierno y creemos que repercute negativamente en la capacidad de actuación de todas las administraciones competentes, especialmente las administraciones autonómicas y
las autoridades ambientales de cada una de ellas. Asimismo, en el artículo 27.4 de esta Ley de Residuos se prevé que el Gobierno apruebe y publique una lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo, al objeto de obligar a los
titulares de los emplazamientos dedicados al desarrollo de dichas actividades a llevar a cabo un control periódico de las mismas y a facilitar a la administración competente los datos necesarios para evaluar si un emplazamiento debe incluirse en el
correspondiente inventario. Como todas SS. SS. conocen, esta segunda previsión de la Ley de Residuos a la que hace referencia la proposición no de ley que hemos presentado tampoco ha sido desarrollada por el Gobierno o al menos no le consta a
este portavoz desde que mi grupo parlamentario presentó la iniciativa el pasado mes de noviembre del año pasado. Ante este vacío constatamos que algunas comunidades autónomas han aprobado recientemente o hace unos meses algunas normas que regulan
el estatuto jurídico de los suelos contaminados, pero según la información que tiene este diputado, solamente una comunidad, que es la catalana, tiene aprobados, aunque sea de manera provisional o transitoria, algunos criterios de calidad del suelo
que también son de aplicación, por extensión, por parte de otras autoridades ambientales, aunque también puede ser que en los últimos tiempos haya habido alguna otra comunidad autónoma que haya aplicado o esté aplicando criterios que sí han sido
aprobados por parte de autoridades ambientales de otros países de la Unión Europea ante este evidente vacío que hay en el Estado español en esta cuestión.
Estamos, pues, ante una evidente indefinición técnica del concepto de emplazamiento contaminado debido a una voluntad política limitada del Gobierno para superar las dificultades, y objetivamente debemos afirmar que hay dificultades para
llevar adelante esta regulación y por tanto creemos que se debería haber impulsado de una manera mucho más clara, aunque, repito, las dificultades no facilitan el trabajo. Ante este escenario podemos plantearnos algunas preguntas, por ejemplo,
cuándo sabemos si estamos ante un suelo contaminado si no se ha realizado esta regulación o este desarrollo, cuándo debe informarse a la Administración de la existencia de un suelo contaminado o qué obligaciones -y el tema creo que es más
importante- se derivan de la contaminación del suelo. En ese sentido, debemos tener muy presentes los múltiples efectos que pueden derivarse de la contaminación de los suelos y sus consecuencias, por ejemplo, en el caso de la compraventa de un
emplazamiento destinado a una actividad que sea incompatible con la misma contaminación, este es un caso que se repite a diario; o por ejemplo aquellos casos en los que las entidades financieras internacionales se aseguran de la ausencia de
episodios o de casos de contaminación de suelos antes de prestar fondos destinados a la adquisición o al desarrollo de activos industriales; o también por ejemplo en aquellos casos en los que la normativa de seguridad e higiene industrial impide el
uso de estos emplazamientos, incluso en aquellos ámbitos en los que el endurecimiento del ámbito penal sobre la responsabilidad ambiental es una realidad o pueda serlo, como todas SS. SS. saben, yo diría en un corto o medio espacio de tiempo
cuando vea la luz, esperemos que la vea dentro del plazo establecido o en función de lo que pide la sociedad y de las exigencias ambientales que debemos defender, la futura directiva comunitaria de responsabilidad ambiental, en la que nos consta, al
menos a los portavoces, que el Gobierno está trabajando, tiene algunos borradores y creo que debemos estar atentos a cuál es la definición final en función de cuál es la posición de la Unión Europea al respecto para que todos los Estados miembros
puedan adaptar su normativa interna a los requerimientos de la futura directiva comunitaria de responsabilidad ambiental. Tampoco podemos perder de vista lo que prevé la Ley de Residuos en relación con la posibilidad de inscribir en el registro de
la propiedad la declaración de un emplazamiento como contaminado y, por lo tanto, sujeto a cargas, y recuerdo que son cargas muy pesadas y muy costosas que se derivan de la obligatoriedad de sanear y recuperar el mismo emplazamiento contaminado.
Hasta ahora esta determinación de suelos contaminados, desigual en distintas comunidades autónomas, está en esta situación y ha dependido del grado de sensibilidad ambiental y de la voluntad política de la administración ambiental de cada comunidad
autónoma y del criterio técnico, recuerdo, no reglamentado, al que se acoja cada una de esas comunidades autónomas. Ahí podemos entrar en otro debate que creo que no tocaría hoy en relación con esta autoexigencia de las comunidades autónomas y de
las autoridades ambientales de cada una de ellas sobre temas medioambientales y sobre la diferencia de criterios de unas y de otras a la hora de reglamentar cada uno de esos supuestos. Todos sabemos que hay comunidades autónomas que aplican
criterios más laxos que otras, y tenemos un ejemplo muy reciente que es el de la ley sobre IPPC, que estamos tramitando precisamente en esta Comisión en esos momentos, tema sobre el que, por ejemplo, mi comunidad autónoma ya aprobó su ley en el año
1998 y ahora tenemos que ponernos al día con los consiguientes perjuicios seguramente para
el sector industrial que ya tenía su horizonte fijado en los requerimientos de la ley catalana de IPPC de 1998.
Lo que pedimos a esta Comisión es el apoyo a una proposición no de ley que lo que plantea es la aplicación estricta de la ley de 1998 y, por lo tanto, lo que prevé es el desarrollo de un artículo sobre un tema concreto, que es el de los
suelos contaminados, y creemos que hemos perdido demasiado tiempo al respecto y que tenemos que recuperarlo para tener ya una regulación que dé pistas claras no solamente a las administraciones ambientales responsables de su aplicación sino sobre
todo al tejido industrial del Estado, para que sepan exactamente cuáles son las normas a seguir y no tengan espacios de indefinición que lo que hacen, en definitiva, es perjudicar las expectativas económicas y sociales de un territorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la cual tiene la palabra el señor Martín Soledad.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de mi grupo con relación a la presente proposición no de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, me
gustaría agradecer al grupo proponente la iniciativa, pues compartimos con ellos la preocupación por la aplicación de los contenidos del título V, artículo 27, epígrafes 1 y 4, de la Ley 10/1998, de Residuos, ya que en ellos se establece claramente
que las comunidades autónomas declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados debido a la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente de
acuerdo con los criterios y estándares que en función de la naturaleza de los suelos y de los usos se determinen por el Gobierno -y como coletilla muy importante-, previa consulta a las comunidades autónomas. Deseo hacer mención explícita de este
tenor literal, pues desde la aprobación de la ley han sido distintas las iniciativas surgidas dentro del grupo de trabajo de calidad ambiental de residuos, que está integrado por técnicos del ministerio y de las distintas comunidades autónomas, que
se engloba dentro de los trabajos de la conferencia sectorial de Medio Ambiente y que procedieron a realizar un estudio exhaustivo de los criterios que debían incluirse. Una vez realizado este trabajo y redactadas sus conclusiones se procedió por
parte del ministerio a la elaboración de un borrador de real decreto, remitido en su día a todas las comunidades autónomas para que hicieran aportaciones, sin que a fecha de hoy ninguna haya hecho aportación alguna. No podía ser de otra forma, pues
el tema en cuestión es bastante más controvertido de lo previsto. Baste comentar que con el listado de las actividades potencialmente contaminantes del suelo estaríamos hablando del 75 u 80 por ciento de toda la actividad industrial de este país.
Comentaré un poco como anécdota que uno de los países que actúan como referentes en temas de protección medioambiental es Holanda, que ha mantenido en vigencia una normativa provisional desde hace catorce años, que es su ley de protección del suelo
de 1987, alguno de cuyos artículos actualmente están en fase de derogación debido a que con la normativa incluida en la mencionada ley gran parte del territorio holandés entraría dentro de la categoría de suelo contaminado.
Por otro lado, quiero informar a SS.SS., con relación al segundo punto de la presente proposición no de ley relativa a la aprobación y publicación de una lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo, también incluida en el
literal de la presente Ley de residuos, punto cuarto del artículo 27, que el estado de la cuestión es similar al del punto anterior, agravado por el hecho de que la adopción de criterios sumamente estrictos podría tener graves consecuencias para
gran parte de las empresas. Por todo ello abogamos por el máximo consenso a la hora de elaborar el mencionado listado. Este listado de actividades potencialmente contaminantes de suelos, así como la adopción de los niveles genéricos de referencia
según los usos del suelo ha sido y es motivo de falta de acuerdo entre los técnicos de las distintas comunidades autónomas, en gran parte motivado por el distinto grado de desarrollo industrial de cada una de las regiones.
Todo ello, unido a la incidencia que para el desarrollo de una determinada zona puede tener la consideración de suelo contaminado, nos obliga a extremar la cautela y la necesidad de búsqueda del consenso más amplio posible para el que
consideramos desde luego que el plazo de tres meses será totalmente insuficiente. Este es el motivo por el cual presentamos la enmienda de modificación por la que, al igual que el punto primero y dada la necesidad y la búsqueda de este necesario
consenso, proponemos la elevación a un plazo de seis meses para que salgan tanto el real decreto sobre suelos contaminados, así como el listado de actividades potencialmente contaminantes y sus niveles de referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: De manera muy breve, anunciaré que vamos a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entre otras cosas, señorías, porque, precisamente, al estar recogido en una ley el
que se tiene que hacer un listado de cuáles son los contaminantes o los suelos contaminados que se pueden considerar como tales, con independencia de que el grupo proponente acepte o no la enmienda que le ha planteado el Grupo Parlamentario Popular,
creemos que es
totalmente necesario negociarlos y llegar a ese consenso, aunque, desde luego, el Gobierno ha tenido tiempo suficiente desde que se aprobó la ley de residuos para poder establecer esos criterios. Estamos hablando de una ley que se aprobó en
el año 1997, pero que venía gestándose desde hacía ya bastante tiempo y que, por lo tanto, no solamente se pacta la ley, sino que debe pactarse también su propio desarrollo para que luego se pueda llevar a cabo de una manera mucho más rápida y no
nos encontremos cuatro años después con que todavía no tenemos un listado de las industrias que pueden ser contaminantes de los suelos ni un listado que permita que las competencias de las comunidades autónomas se puedan llevar a la práctica,
faciliten ese mapa de suelos contaminados y se firmen los convenios necesarios con la Administración central para poderlos descontaminar o poner en marcha las políticas que descontaminen estos suelos.
Señorías, estamos hablando de un problema serio. La contaminación de los suelos nos lleva también a la contaminación de las aguas subterráneas y, por lo tanto, incide también en la calidad de las aguas. Las políticas medioambientales, en
esta Comisión lo hemos dicho muchísimas veces, no son políticas aisladas, sino que están totalmente unidas y tienen siempre reacción con otros ámbitos que no son sólo y exclusivamente el propio que se trata en la proposición de ley, en la ley o en
la iniciativa que se esté llevando a la práctica.
Creemos que es necesario que se haga esto y solamente esperamos que, si se acepta por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) la iniciativa, dentro de seis meses tengamos conocimiento de que ya se ha hecho el listado y de que se pueden
poner en marcha las políticas necesarias para descontaminar y tener el mapa de suelos contaminados del Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Visto que en otros puntos del orden del día se han repartido flores, aunque no ha llegado la primavera, le voy a regalar una al grupo proponente porque creo que es una iniciativa muy interesante, pertinente y
necesaria, pero no podremos evitar repartir calabazas al Gobierno, aunque no haya llegado el mes de junio. Parece, por lo que se nos ha dicho, que se preparan para los exámenes pero luego es que no se presentan y, entonces, suspenden por
incomparecencia. Miren, llevamos, ya se ha dicho aquí, casi cuatro años y el Gobierno no ha aprobado ni publicado la lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo y, si en materia de medio ambiente se ha dicho y con razón que no
podemos esperar y no podemos equivocarnos, lo decía el V Programa comunitario de medio ambiente, quizá en suelos contaminados estemos ante una de las materias donde cobra mayor importancia esa necesidad de una acción inmediata y precisa.
Tengo que recordar que ya en marzo de 1994 se promulga la ley orgánica que define de forma más concreta las competencias transferidas sobre la base de los estatutos de autonomía, entre las que se hayan las medioambientales, y en la
Conferencia sectorial de Medio Ambiente, que tuvo lugar en la localidad extremeña de Trujillo, en octubre de 1994, constituida por el ministerio y las consejerías de Medio Ambiente de las comunidades autónomas, se adoptan las directrices para la
redacción del plan de recuperación de suelos contaminados que fue aprobado por Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, con vigencia para el período 1995-2005. Se partía de la consideración de que un espacio está contaminado cuando su calidad
natural ha sido alterada por la presencia de componentes de carácter tóxico y peligroso de origen antrópico con el consiguiente desequilibrio en las funciones propias del suelo y este plan nacional ponía de relieve la gravedad de la situación
existente en materia de contaminación del suelo. En concreto, se indicaba en dicho documento que se habían detectado 4.532 emplazamientos potencialmente contaminados por razón del tipo, concentración de contaminantes y potencial de dispersión de
los mismos, el sistema biofísico y antrópico en el que se encontraban y la vulnerabilidad que presentaban estos medios.
Pues bien, partiendo de la gravedad de la situación, el legislador aprovechó la aprobación de la ley de residuos a la que se ha hecho referencia para dedicarle el título quinto, al que también se ha citado, compuesto tan sólo de dos
artículos, el 27 y el 28, para regular el régimen jurídico de los suelos contaminados y atribuye a las comunidades autónomas las competencias para declarar, delimitar y hacer un inventario de los suelos contaminados, evaluando -decía- los riesgos
para la salud humana o el medio ambiente de acuerdo con los criterios y estándares que según la naturaleza de los suelos y de los usos se determinen por el Gobierno del Estado.
Se ha dicho que han pasado ya cuatro años y aquí nos encontramos todavía.
Vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a apoyar también la enmienda, si es que el grupo proponente la acepta, para que, dentro de seis meses -estaremos en septiembre,
época otra vez de exámenes-, el Gobierno la apruebe definitivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Martí, para indicar si acepta o no la enmienda.
El señor MARTÍ I GALBIS: En nombre de mi grupo parlamentario voy, en primer lugar, a agradecer las florecitas, aunque no estemos en primavera, que me ha lanzado mi compatriota, el señor Sabaté, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y
le agradezco también, ¡cómo
no!, el apoyo a esta iniciativa. Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y, aunque el Gobierno no ha aprobado esa asignatura en tiempo y en forma, como decía el portavoz socialista, esperemos que la reválida sí la apruebe
dentro de seis meses.
- SOBRE TRASPOSICIÓN EN EL PLAZO DE UN MES DE LAS DIRECTIVAS 1996/62/CE Y 2000/69/CE, SOBRE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
161/001017.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos al punto 4 del orden del día: Trasposición en el plazo de un mes de las directivas 1996/62/CE y 2000/69/CE, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, bien está que en la Comisión de Medio Ambiente nos tiremos florecitas o que podamos plantearle calabazas al Gobierno, entre otras cosas porque también nos compete preservar las florecitas y las calabazas
que, además, tienen no solamente un beneficio ecológico, sino también un beneficio económico para los agricultores que las cultivan. Por nuestra parte creemos que vamos a tener que potenciar este cultivo porque no solamente le podemos dar nosotros
calabazas al Gobierno como grupo que está en la oposición y critica aquellas políticas que no nos parecen adecuadas, sino que en este caso las calabazas se las da la Sala quinta del Tribunal Europeo de Justicia que condena al Reino de España a pagar
las costas por no haber traspuesto en el plazo adecuado la directiva marco o más conocida como la directiva marco de calidad del aire. Señorías, quiero que se queden ustedes bien con la fecha en la que se aprobó esta directiva que fue el 27 de
septiembre de 1996, es decir, cuando ya el Gobierno del Partido Popular estaba en nuestro país llevando las riendas de nuestros designios y, desde luego, teniendo que aplicar las directivas aprobadas por la Unión Europea. Está condenado como otras
tantas veces y fundamentalmente en materia medioambiental.
Señorías, el retraso de este Gobierno en la aplicación de las directivas en materia medioambiental, bajo nuestro punto de vista, es altamente escandaloso. Estamos hablando de una directiva que tenía que haberse traspuesto como mucho el 21
de mayo de 1998 y hablamos de una directiva marco que después ha tenido directivas que en la Unión Europea se les llama hijas, una de ellas, ya también concluido su plazo para la transposición, es la directiva marco o la directiva hija que establece
los valores límites de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo en el aire. También, señorías, está a punto de concluir su plazo la segunda de las directivas hijas que tiene que ver con los nuevos valores límites por benceno y
monóxido de carbono.
Si se dan ustedes cuenta, señorías, estamos hablando de productos altamente contaminantes que están en nuestro ambiente, que están en nuestro aire, que es el que respiramos todos los días. Nuestro Gobierno no ha traspuesto estas directivas
y, desde luego, nuestro Gobierno no sabe cuáles son los valores que hoy por hoy tenemos en nuestro ambiente, entre otras cosas, porque estas trasposiciones tendrían que ser legislación básica ya que son competencias transferidas a las comunidades
autónomas, que tendrían que tener claro cuál es el marco regulador para que se pueda indicar cuáles son las mediciones que tienen que llevar a la práctica y, además, adecuar. Nosotros creemos que junto con la Administración central, los aparatos
tienen que medir las diferentes emisiones que se lanzan a la atmósfera, al ambiente, en los valores que marcan las directivas y en los productos, en los contaminantes que se emiten a la atmósfera. Señorías, en el territorio del Estado español hay
estaciones de medición, pero no todas las necesarias que tendría que haber. Hay zonas que sufren altas contaminaciones del aire, que en principio se podría suponer que están libres de contaminación, como pueda ser, por ejemplo, la sierra madrileña,
pero donde se han detectado altos grados de contaminación que no se pueden controlar porque no hay ninguna estación estable que pueda hacer esas mediciones periódicas, y eso se puede trasladar al resto del territorio del Estado español. Antes
comentaba el portavoz del Grupo Socialista en la iniciativa que ha precedido a ésta que en materia medioambiental no podemos perder el tiempo, que es urgente, que es necesario y que los retrasos supone llevarnos a situaciones bastante límites que
después tienen una solución más difícil, que además suele ser siempre mucho más costosa económicamente y que, desde luego, necesita un plazo mayor de tiempo.
Señorías, nuestra iniciativa no solamente pretende evitar que una vez más el Estado español pueda ser multado por la no trasposición de directivas europeas, por el incumplimiento -entre comillas si quieren ustedes- de las leyes de la Unión
Europea, sino también nuestra intención con esta iniciativa es la de que el Gobierno se ponga en marcha con tiempo, que lo ha tenido, tiempo que ahora ya prácticamente no tiene, para presentar una legislación básica con la que las comunidades
autónomas puedan ponerse a trabajar, marcar claramente cuáles son sus políticas y ponerlas en práctica, puedan programar las inversiones que sean necesarias y, desde luego, establezcan -creemos nosotros que así es necesario- la colaboración con la
Administración central para poder llevar a cabo sus políticas, que, en definitiva, también es la política del Estado español, sobre todo ante la Unión Europea. Señorías, fundamentalmente, la sentencia que condena en este caso al Estado español es
porque no se ha
comunicado cuáles son las autoridades competentes y los organismos a los que se refiere el artículo 3 de la directiva 1996/62/CE, de 27 de septiembre de 1996. No le han servido a la sala quinta del Tribunal Europeo de Justicia las
alegaciones que planteó el Estado español diciendo que tenía transferidas las competencias en materia de calidad del aire a las comunidades autónomas, no se lo han dado por válido y le han pedido, y por eso le han condenado, que comunique
oficialmente cuáles son esos organismos a los que la directiva hace referencia. Sin embargo, lo más importante, señorías, es que los ciudadanos de todo el territorio del Estado español tienen derecho a respirar un aire con menos contaminación y eso
se hace a partir de una legislación básica que permita y obligue al mismo tiempo a que las comunidades autónomas puedan aprobar sus propias legislaciones y sus propias políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Tampoco voy a ser menos que los que me han precedido y voy a echar flores y calabazas. Las flores se las voy a echar a la compañera de Izquierda Unida por presentar esta proposición no de ley y, como es lógico,
las calabazas se las voy a dar al Gobierno porque en el fondo es un..., vamos, en el fondo y en la superficie su comportamiento es un escándalo.
Así, en 1999, desde el mes de julio, que es cuando se inicia la V legislatura del Parlamento Europeo, la Comisión Europea publicitó contra el Reino de España nueve denuncias por incumplimiento de las directivas.
En el año 2000 las denuncias
fueron once y en el año 2001 el número de denuncias fue quince. En total, y en algo menos de tres años la Comisión Europea nos ha denunciado 35 veces, convirtiéndonos en el país que más denuncias ha tenido de los quince que conformamos la Unión.
Es decir, tenemos el honor de ser el Estado más transgresor y este desagradable honor se nos concede bien por haberse producido una violación de la legislación o por una incorrecta aplicación de la misma. Da lo mismo que hablemos de aguas
residuales que de aguas potables, de pilas gastadas que de azufre en los combustibles, de residuos de envases que de incineración de residuos o de la calidad del aire. El resultado es el mismo: el Gobierno español no cumple, como no cumple, la
Comisión Europea nos denuncia y el Tribunal Europeo de Justicia nos condena y nos condena con multas de una cuantía importante para nuestro país.
En definitiva, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que seguramente se preocupa de algo pero ese algo no se aplica a las directivas europeas ya que, cuando no se trasponen, se incumplen. A esto hay que poner fin. Hay que obligar al
ministerio a que cumpla con su obligación, que no es otra que trasponer las directivas y vigilar la aplicación de las mismas, porque, independientemente de infringir la legislación, así como el perjuicio que causa la medio ambiente, quiero llamar la
atención de SS.SS. sobre la situación en que el Gobierno nos está poniendo a todos los españoles y eso es inaceptable.
También, y por eso presentamos la enmienda, queríamos dejar una mayor constancia de la necesidad de garantizar la información pública, así como que también quedase constancia de la garantía de control y reducción de los niveles de
contaminación. Sin embargo, como la propia trasposición trae consigo el contenido de la enmienda, para que no se pierda el sentido de la proposición de Izquierda Unida, mi grupo la retira y anuncia el voto favorable a la proposición no de ley, ya
que el Gobierno debe cumplir con los compromisos que adquiere y trasponer las directivas es uno de ellos, compromisos que hasta ahora, como las estadísticas demuestran, no los cumplen.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pol.
La señora POL CABRER: Quisiera comenzar diciendo que el pasado mes de noviembre, exactamente en la Comisión de Medio Ambiente del día 28 de noviembre, debatimos esta proposición no de ley, que llevamos entre el Grupo Catalán y esta disputa.
Siento decir que la señora Urán en aquellos días no pudo asistir por problemas familiares.
Tenemos aquí el 'Diario de Sesiones' y consta perfectamente que como Gobierno somos conocedores de la sentencia y de las directivas. También sabemos que estas directivas son de muy difícil aplicación porque la misma Comisión Europea, los
mismos ministros europeos modifican sus propias directivas ¿Qué significa esto? Que las directivas, a pesar de ser del año 1997, de 1998 y distintos años, se han ido modificando.
Prueba de ello es que la directiva marco 1996/62/CE del Consejo, de
27 de noviembre de 1996, sobre evaluación y gestión del aire ambiente, ha sido ya modificada por la Unión Europea. Asimismo, en España, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de esta directiva, se ha aprobado la resolución de 23 de enero
de 2002 de la Secretaría General Técnica, MMA, por la que se dispone la publicación de la relación de autoridades competentes y organismos encargados de realizar determinadas actividades y funciones para la aplicación de dicha norma comunitaria,
'BOE', número 28, 1 de enero de 2002. En consecuencia, las palabras que nos ha dicho al señora Urán nada tienen que ver puesto que la relación de autoridades competentes y organismos está debidamente acreditada:
Corresponde a las comunidades autónomas ejecutar la obligación de la designación de tales organismos y a
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ejercer la coordinación en dicha materia en todo el territorio nacional.
Hemos de recordar, puesto que se ha dicho anteriormente, que la directiva está siendo desarrollada por distintas directivas hijas. La primera de ellas, la directiva 1999/30/CE, sobre valores límites de dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno, oxígeno de nitrógeno, partículas y plomo en el aire, en fecha 18 de julio, en la conferencia sectorial de 2001, fue objeto de una revisión con las comunidades autónomas. Estas directivas han sido debidamente estudiadas y son de muy
difícil aplicación, por lo que el Gobierno ha tenido distintas reuniones con las comunidades y con el sector de medio ambiente. Hay que decir que el Parlamento Europeo, en el Consejo de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores del límite para el
benceno y el monóxido de carbono en el aire, también estableció los valores mínimos para tal fin. La principal fuente de emisión de estos contaminantes es el tráfico rodado.
Actualmente, está todo en estudio y está a prueba de los señores diputados que se interesen, porque hay un borrador de todo ello. Este borrador de Real Decreto ya se remitió a las comunidades autónomas desde la conferencia sectorial de
Medio Ambiente, por lo que la gestión del aire está más que en estudio. Con casi toda seguridad, en el transcurso de este mismo mes, el Consejo de Estado va a aprobar el borrador, que consta de 17 artículos y distintas disposiciones transitorias,
donde figura el período, el valor límite, el margen de tolerancia, etcétera, todo. El Gobierno viene cumpliendo y casi con toda seguridad, señorías, como ya dije en la fecha de 18 de noviembre, vamos a aplicar un real decreto que va a encuadrar las
dos directivas y consideramos que cumplimos con ello.
No aceptamos las proposiciones ni del Grupo Socialista y del Grupo Popular porque nuestro partido, casi con toda seguridad, insisto, en estos próximos meses, va a tener aprobado un real decreto sobre la calidad del aire.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Entendemos que ha querido decir del Grupo Socialista y de Izquierda Unida. (Asentimiento.)
Para la defensa de la postura o de la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ Y GALBIS: Muy brevemente, sólo para recordar que, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la anterior sesión de esta Comisión, de fecha de 28 de noviembre, mi grupo parlamentario defendió, y yo como su
portavoz, una proposición no de ley diría que casi exacta que la que presentaba para hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que no pudo sustanciarse precisamente por cuestiones de problemas personales de la portavoz. En todo caso, en su
momento, en esa sesión del día 28 de noviembre, al aceptar una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, veníamos a estar de acuerdo en que esa aceleración de los trámites de la trasposición fuese un hecho. Recuerdo que habíamos
pasado mucho el plazo para esta trasposición y, dado que el Grupo Parlamentario Popular aportó la información del Gobierno en relación con que el proyecto de real decreto estaba muy avanzado, que estaba pendiente en próximas fechas de dar traslado
del mismo al Consejo de Estado, entendimos que la aprobación de este real decreto sería cuestión de pocas fechas.
Por lo que respecta a la argumentación, como he dicho que mi intervención va a ser muy breve, lo único que puedo hacer es remitirme, por lo que hace referencia a los contenidos de la proposición no de ley, a lo que ya dije en su día y que
consta en el 'Diario de Sesiones' de fecha 28 de noviembre.
En todo caso, a mi grupo parlamentario le hubiera gustado, y todavía mantiene la esperanza, que esta proposición no de ley pueda ser aprobada con algunas de las enmiendas presentadas al objeto de proyectar esta unidad, porque yo creo que hay
un consenso básico de todos los grupos parlamentarios al respecto. Con el antecedente de la proposición no de ley aprobada el 28 de noviembre, sería bueno que hoy también pudiera ser aprobada ésta, que va en la misma línea y además cuenta con el
apoyo muy claro y con el compromiso explícito del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno debido a la inminente aprobación del real decreto en el que confluirán las dos directivas comunitarias sobre calidad del aire.
Nosotros nos reiteramos en la defensa de los argumentos que dimos el 28 de noviembre y, por coherencia, anunciamos que estamos dispuestos a votar favorablemente esta proposición no de ley porque va en los mismos términos de la presentada y
aprobada, repito, el pasado 28 de noviembre, a iniciativa de mi grupo parlamentario. Confiamos en que a última hora haya ese consenso y ese acercamiento de posiciones, porque todos estamos hablando de lo mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señora Urán, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, quedaría sólo una enmienda, que es la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, puesto que la del Grupo Parlamentario Socialista se ha retirado.
Señorías, desconocía, y pido disculpas a la Comisión por ello, que se hubiera discutido una iniciativa similar el pasado de 28 de noviembre.
Aún así, si el 28 de noviembre se aprobó una iniciativa y además había un compromiso y una
comunicación por parte del Gobierno de que era inminente la aprobación de un real decreto que hacía la trasposición de la directiva marco y de una de las directivas hijas sobre calidad del
aire, no estaría de más que, tal cual está, la iniciativa de mi grupo parlamentario fuera aprobada, porque han transcurrido desde el mes de noviembre hasta aquí bastantes meses para que se hubiera podido aprobar el Real Decreto puesto que
era de manera inminente. La iniciativa que presenta mi grupo parlamentario plantea el plazo de un mes para que se haga la trasposición, y quizás por aquello de que se pueda poder llegar a un acuerdo, a lo único que estaríamos dispuestos a
renunciar, señorías, sería a que no se incluya la Directiva 2000/69/CE, que también está ya en plazo de trasposición, desde luego, bajo nuestro punto de vista, es tan importante como las dos anteriores puesto que habla de valores límites por benceno
y monóxido de carbono y no creo que sea necesario explicar en esta comisión las consecuencias para la salud de las personas que estos dos contaminantes pueden tener.
Esa sería la única enmienda que mi grupo parlamentario aceptaría, puesto que, además, se está diciendo por parte del Grupo Popular que el Gobierno está a punto de publicar un decreto. Estaba a punto de publicarlo el 28 de noviembre y meses
después sigue estando a punto de publicarlo.
Señorías, se debe publicar ya. Por lo tanto, a lo único que nosotros no renunciamos es al plazo de un mes. Podemos dejar para un aplicación posterior la directiva 2000/69/CE, pero no las dos directivas
que ya están cumplidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señora Pol, si quiere le doy la palabra y si no intenten ponerse de acuerdo hasta la hora de la votación y comunicarlo a la presidencia.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UNA ESTADÍSTICA NACIONAL FORESTAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001225.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos al siguiente punto del orden del día que es la proposición no de ley que aparece con el número 5. Para su defensa tiene la palabra el señor Campoy.
El señor CAMPOY SUÁREZ: La Constitución española otorga a la Administración general del Estado la capacidad de elaborar estadísticas a escala nacional recabando de las comunidades autónomas los datos que sean de plena competencia de estas.
La existencia de un conjunto de datos elaborados de forma homogénea y coherente que permitan conocer nuestro patrimonio forestal con el mayor detalle posible es imprescindible para realizar cualquier tarea de planificación y asignación de
recursos. Además, existe el compromiso de elaboración de este compendio de información derivado del reglamento de la Unión Europea 1615/1989, del Consejo de 29 de mayo, por el que se crea el sistema de información y comunicación forestal. Para
ello es fundamental que la obtención de datos se realice de forma sistemática y con la imprescindible y extraordinaria coordinación entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas e incluso, dentro de la propia Administración,
entre aquellos organismos que ostentan competencias al respecto. En este sentido cabe mencionar a título de ejemplo, en relación con la necesidad de esta cooperación, la existencia en Cataluña de un inventario ecológico y forestal muy completo cuya
estructura se ha trasladado a otras comunidades autónomas y que tiene la posibilidad de acceso del público a los datos que la misma contiene, publicidad de datos correctos sobre bosques y montes españoles que es parte también del derecho a la
información que en materia de medio ambiente nuestra legislación reconoce.
Por otra parte, también hay que afirmar que muchos de los datos necesarios para elaborar esta estadística existen ya dentro de la propia Administración, pero en estos momentos están repartidos y dispersos por varios y diferentes organismos.
El área que presenta mayor carencia de datos es la que hace referencia a la gestión forestal de los bosques, así como a las actuaciones llevadas a cabo y a las inversiones realizadas tanto por el ministerio como por las comunidades autónomas.
Con respecto a las producciones forestales, los datos existentes son menos fiables, por una parte, en fin, por una serie de motivos, entre ellos las implicaciones fiscales que existen y de otro tipo que enmascaran en muchos casos la
realidad.
Además, sería necesario que dentro de las actuaciones estadísticas se incluyeran las precisas para tener un mejor conocimiento del estado del suelo en nuestro país y, en especial, del avance de los procesos erosivos de forma que permitan
tomar medidas oportunas para controlar este problema. En este sentido, el mejor conocimiento estadístico de los incendios, sus causas, extensiones, medios para su extinción, etcétera, puede contribuir a optimizar los medios materiales y humanos
necesarios para su lucha y prevención futura.
Afortunadamente, esta necesidad de mejorar el conocimiento estadístico sobre el bosque y el monte español ha sido recogido en el borrador del plan forestal español que recientemente se ha presentado y que en estos momentos se encuentra en
fase de discusión y formación entre los diversos sectores implicados y presentado también al público en general.
Por tanto, cabe instar en estos momentos al Gobierno, por una parte, la agilidad de esta cuestión básica y que en el documento definitivo del plan forestal español se contemplen las medidas concretas necesarias para la puesta en marcha de la
obtención y sistematización de los datos precisos y que todo este proceso se realice en el menor plazo de tiempo, con el fin de contar
con este instrumento básico para el medio ambiente forestal español.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señoras y señores diputados, voy a intervenir para fijar nuestra posición sobre la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular sobre estadísticas forestales.
La intervención del portavoz del Grupo Popular ha dejado el tema mucho más claro que la exposición de motivos de la propia proposición no de ley.
Por lo tanto, si bien es cierto que nuestro grupo era reticente a la exposición de motivos
presentada, hoy sí que está de acuerdo en las líneas generales de la presentación.
Efectivamente las comunidades autónomas hacen sus estadísticas y estoy seguro que de una forma muy concienzuda, pero es difícil tener una visión del sector forestal desde el ámbito general porque en muchos casos los datos de las estadísticas
que se elaboran por las comunidades autónomas no son homologables entre ellos. Se pueden analizar los datos de cada comunidad autónoma, pero es muy difícil que esos datos se puedan utilizar para tener una visión general de la problemática forestal
del Estado. En ese aspecto sí que estaríamos de acuerdo en que el Estado, véase el Ministerio de Medio Ambiente, aprovechando cualquier mesa sectorial conjuntamente con las comunidades autónomas, aprobase un modelo estadístico que permitiese la
homologación de los datos y una visión real de la situación del sector forestal.
Por ejemplo, se ha citado aquí el caso de la Generalitat de Catalunya, que sí conozco, donde trimestralmente se elaboran datos sobre aprovechamientos forestales. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Un momento, señor Companys. Por favor, ruego a los señores comisionados que bajen el tono. Si no, no se puede escuchar la intervención del señor portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Decía que la Generalitat, caso que sí que conozco, elabora trimestralmente datos sobre aprovechamientos forestales que, a final de año traslada al Ministerio de Agricultura. Por cierto, a lo mejor sería bueno ver si realmente el Ministerio
de Agricultura los traspasa al Ministerio de Medio Ambiente, porque a lo mejor se quedan solamente en el Ministerio de Agricultura.
Por otra parte, elabora, y por cierto lo va a presentar dentro de poco tiempo, el tercer inventario nacional forestal, que en el caso de Cataluña y que se completa con un inventario ecológico forestal elaborado por el CREAF. Por lo tanto,
es un elemento muy importante como base de datos para saber la realidad.
De esos inventarios se desprenden datos sobre superficies forestales, existencia, volúmenes sanitarios de los bosques catalanes y se hacen con una periodicidad de diez años. También se realizan estadísticas sobre superficies quemadas y sus
efectos que también se incorporan anualmente en esos inventarios.
Sin embargo, quizá, habría que profundizar sobre los datos de producción de madera, que también se han puesto encima de la mesa, de sus aprovechamientos reales y compararlos con los datos de las industrias transformadoras, hecho que
permitiría a las comunidades autónomas tomar decisiones más ajustadas a la problemática real, lo que permitiría una mejor planificación del sector y adaptarlo a la demanda.
En definitiva, si lo que se pretende es tener una estadística forestal en el ámbito del Estado que pueda usarse como elemento planificador, es necesario introducir en ella no sólo al sector productor a nuestro entender, sino también el
sector industrial que podría estar complementado por censos de silvicultores, número de industrias, estudio sobre las explotaciones, etcétera. También dispondríamos de una magnífica herramienta que nos permitiría planificar lo que es planificable
en una sociedad liberalizada -se puede planificar sólo lo que es planificable sólo- y como consecuencia nos parecía una buena idea.
Decía antes que, efectivamente, no ha salido el tema de la exposición de motivos, pero, desde luego, no estaríamos de acuerdo en que es necesario hablar de la Constitución y decir que nos obliga a modificar la actual Ley de montes, porque
eso no es cierto. La Constitución no nos obliga.
Seguramente es una necesidad, pero para mí, que llevo unos cuantos años de diputado en esta Cámara, ha habido diferentes proyectos de leyes sobre montes que nunca han visto la luz y esperemos que un
día lleguen, eso no tiene nada que ver con la Constitución.
Se habla también de un régimen sancionador. Eso es un desconocimiento absoluto de la realidad. ¿Cómo vamos a hacer un régimen sancionador? Lo que habría que hacer -hoy no toca, pero sí que tocará otro día- es hablar de una política fiscal
de los montes. Eso sí que sería una acción necesaria y ya hablaremos en su momento. Desde luego, nuestro grupo ha redactado diferentes proposiciones no de ley al respecto, algunas con éxito, otras sin él.
Por lo que hace referencia a la coordinación en la gestión de los bosques, desde luego, es muy difícil porque la actuación es porque los bosques de una misma comunidad autónoma, de una misma zona, de una misma comarca, según sea el
microclima su actuación no tiene nada que ver y, por tanto, la planificación en ese aspecto me parece más un desconocimiento de la realidad que otra cosa. De todas formas, queda pendiente
una ley forestal, una ley de montes y en ella podríamos hablar.
Resumiendo, a nuestro grupo le parece positiva la proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento y que tiene su origen en el Partido Popular. Si me permite, señor presidente, vamos a presentar una enmienda in voce que entiendo
puede mejorar el redactado y al cual, efectivamente, daríamos nuestro voto positivo. Diría lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de acuerdo con las comunidades autónomas, ponga en marcha una base de datos homologable del conjunto del sector que permita la elaboración de una estadística nacional forestal que
facilite el conocimiento más exacto de la realidad de nuestros montes.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Ya sabe que todos los grupos tienen que estar de acuerdo para que la enmienda sea admitida. Rogaría a los grupos que intenten que las enmiendas se presenten por escrito en los plazos debidos, sobre
todo para que los grupos puedan estudiarlas con mayor detenimiento.
Para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: En primer lugar, diré que por parte de mi grupo parlamentario no hay ningún inconveniente en que se acepte la enmienda in voce.
En segundo lugar, señor presidente, me gustaría tener que dejar de dar calabazas al Gobierno en esta sesión de la Comisión, entre otras cosas porque, estando de acuerdo con lo que se plantea por parte de la iniciativa, nos gustaría poder
decir que al Gobierno le pillamos en un momento de muchas prisas y que no ha podido ponerlo en práctica. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular lleva ya muchos años gobernando y sabe perfectamente que necesita de una estadística nacional
forestal, entre otras cosas, para saber exactamente con la aplicación del Protocolo de Kioto, que pronto ratificaremos en esta Cámara, cuál es el efecto sumidero que hacen nuestros bosques y qué cantidad de bosques tenemos a la hora de poder
contabilizar ese efecto sumidero. Igual que necesitamos saber el efecto que los incendios forestales hacen precisamente en ese efecto sumidero y también qué efecto provocan las reforestaciones. Por lo tanto, señorías, para que se pueda hablar de
política forestal y para que se pueda llevar a cabo la estrategia forestal española, que ya tiene aprobada el Gobierno del Partido Popular, es imprescindible conocer cuál es esa estadística nacional. Desde luego, lo que nos parece insólito es que,
después de tanto tiempo, cuando ya está aprobada la estrategia forestal española, cuando estamos hablando ya de que es necesario conocer el efecto sumidero que van a tener nuestros bosques para que se contabilizan las emisiones de gases de efecto
invernadero en aplicación del Protocolo del Kioto, hoy el Grupo Popular nos presente una iniciativa instando al Gobierno al que soporta a que haga con urgencia esa estadística nacional forestal.
Con todo y con eso, señorías, y sobre todo si se admite por el grupo proponente la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), mi grupo parlamentario estará dispuesto a apoyarla, entre otras cosas, porque es necesario, y
en eso tiene totalmente la razón el portavoz del Grupo Catalán, que se haga una estadística, con unos métodos homologados para todas las comunidades autónomas para que todos los indicadores que se utilicen sean los mismos y tengamos una estadística
con una base real, concreta y medible por todo el mundo en las mismas condiciones. Creemos que es importante y suponíamos que el Gobierno estaría haciendo la estadística nacional forestal, porque, si no, no puede llevar a cabo la estrategia
forestal española y mucho menos ningún proyecto ni ninguna política que tenga que ver con el cambio climático y con la aplicación del Protocolo de Kioto. Por eso, señorías, si además se admite la enmienda que ha presentado el grupo Catalán
(Convergència i Unió), la votaremos a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Estamos una vez más ante una iniciativa del Grupo Popular que podríamos tildar, siendo muy suaves, de sospechosa.
¿Instar al Gobierno a lo que tenía que haber realizado ya? Ya hubo una iniciativa del Grupo Socialista del 24 de abril de 2000 en la cual proponía que se hiciera un inventario forestal, y se rechazó como es natural
¿Es esto una maniobra dilatoria para retrasar la aprobación del necesario plan forestal español? ¿No está ya recogido un inventario forestal entre la documentación que obra en poder del Consejo Nacional de Bosques dentro de ese proyecto de
plan forestal español? Por cierto, ¿en qué situación está la terminación de ese plan? El día 28 de febrero finalizó el plazo de enmiendas ¿Qué plazo hay para contestarlas?
¿Hace falta una nueva estadística? Creemos que sí. Siempre hace falta una nueva estadística pero creemos aún más. Hace falta un método, un mecanismo, unos medios para una actualización permanente de los datos sobre el estado de nuestros
bosques. Lo que tiene que hacer el Gobierno es incidir más en la puesta en marcha del plan forestal, porque si nos pide un plazo de tiempo para hacer una nueva estadística, ¿qué plazo de tiempo? Insisto, ¿va a impedir eso la puesta en marcha del
plan forestal?
Pensamos que ya hay datos forestales suficientes sobre la superficie y tipo de los espacios forestales, sobre la clasificación y uso de los espacios forestales, hay datos suficientes sobre las tierras disponibles e idóneas para la
reforestación, etcétera (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Gallego, un momentito.
Por favor, ruego también el silencio debido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para que pueda terminar su intervención.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Hay datos suficientes, decía, para las tierras disponibles e idóneas para la reforestación, hay datos suficientes sobre la calidad y magnitud de los recursos forestales, hay datos suficientes sobre el estado de
vulnerabilidad de las especies forestales autóctonas, hay datos suficientes sobre las propiedades forestales, las que son del Estado y las particulares, etcétera. Lo que tiene que hacer el Gobierno es reunir más al Consejo Nacional de Bosques, que
lo tiene un poco marginado. Lo que tiene que hacer es coordinar actuaciones, al hilo de lo que se decía anteriormente, con otras administraciones; coordinar actuaciones también con otros planes, por ejemplo, con el Plan de lucha contra la
desertización y su relación con el plan forestal, con el Plan de la regulación del clima, con el Plan de mejora de calidad de las aguas, incluso con el Plan de mejora del medio rural. Lo que tiene que hacer el Gobierno también es invertir más en
reforestación y no cargar sobre las comunidades autónomas, sobre los ayuntamientos u otros organismos el tema tan importante en España de la reforestación. Parece que el Gobierno está más interesado por las presiones que recibe de propietarios
particulares y que no antepone la función social que tiene todo lo relacionado con los bosques.
En resumen, si nos convencen algunos argumentos que finalmente pueda exponer el portavoz del Grupo Popular, a lo mejor podríamos apoyar esta iniciativa siempre que se concreten plazos y métodos de finalización de esa estadística para evitar
la sospecha que decía al principio de que fuera una maniobra disuasoria, porque es urgente que se apruebe el plan forestal ya que, entre otras cosas, y el verano está cerca, la prevención de los incendios forestales debe estar recogida en ese plan.
Por lo tanto, quedamos a la expectativa de la negociación última que pueda haber con la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra postura.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Campoy, ha sido emplazado por parte del portavoz y también para fijar su posición sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPOY SUÁREZ: Sí, voy a empezar por el final, contestando al portavoz socialista.
Lamento que el portavoz socialista no haya tenido la oportunidad de escuchar mi intervención porque parece que ha venido con una intención preparada, buscando sospechas y entrando en un mundo de búsqueda de fantasmas donde no existen. Por
el contrario, el resto de los grupos han dejado clara una posición a raíz de mi intervención.
Con respecto a la enmienda que ha presentado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), simplemente diré que tenemos la obligación de aceptar dicha enmienda por dos motivos: Uno, porque está de acuerdo con el contenido de mi
intervención y, por lo tanto, con el espíritu de esta iniciativa y, dos, porque es una realidad que efectivamente mejora el texto de la proposición.
Agradecemos al Grupo de Izquierda Unida que se sume también a esta iniciativa, y lo único que pedimos y esperamos es que también el Partido Socialista haga un esfuerzo y no vea nada más que lo que aquí se ha debatido y se ha expuesto en aras
de conseguir lo que es más importante, que es contar con una estadística nacional forestal.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO PESQUERO EN LA ISLETA DEL MORO (ALMERÍA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000044.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos al punto 6.º del orden del día: Proposición no de Ley relativa a la construcción de un refugio pesquero en la Isleta del Moro (Almería), cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señorías, la Isleta del Moro es una barriada del municipio de Níjar que tiene solamente 165 habitantes. La Isleta del Moro junto con San José, Los Escullos, Aguamarga conforman lo que podríamos llamar la zona
marítima del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Esta barriada se constituyó, con las primeras familias que procedentes de Gata llegan a mediados del siglo XIX y su actividad económica fundamental era la pesca y la agricultura. Una grave crisis
a finales de siglo que cae sobre la agricultura hace que la actividad económica se desplace hacia las canteras, pero sigue la pesca y la cantería. Posteriormente, las minas de oro de Rodalquilar hacen que esta actividad sea fundamental para el
sustento de las pocas familias de la pequeña población de esta barriada del municipio de Níjar. A mediados de los años 70 la actividad económica se desplaza, fundamentalmente, hacia el turismo y se conserva la actividad pesquera. Podríamos decir,
por tanto, que la pesca ha sido una constante en la actividad económica de este pequeño núcleo de población y también podríamos afirmar, sin mucho temor a equivocarnos, que la historia de la Isleta es la historia de la relación entre sus pobladores
y el mar.
Hago esta introducción para que todas SS.SS. comprendan, fundamentalmente las del Grupo Popular, que
en algún momento han puesto en duda cuál era la intencionalidad de la Junta de Andalucía, que lo que pretendemos exclusivamente con la proposición no de ley que hoy vamos a defender es que se construya un refugio pesquero que dé satisfacción
a una aspiración histórica de los pobladores de la Isleta. Creemos que es necesario el desarrollo sostenible, creemos que es imprescindible preservar los valores naturales que, sin lugar a dudas, tiene el parque natural de Cabo de Gata y su
bellísimo paraje, pero también creemos que es imprescindible dar una salida a una situación que ya viene siendo de clara injusticia respecto de estos trabajadores de la mar.
Como he dicho anteriormente, esta proposición no de ley no es la primera vez que viene a la Comisión. Se debatió el 19 de mayo del año 1999 y en aquella ocasión el ponente del Grupo Popular, señor Arqueros Orozco, decía: El puerto no será
pesquero sino deportivo, ya que las organizaciones ecologistas tienen la seria sospecha de que se trata de un proyecto de puerto deportivo a ubicar en una zona protegida en la que estas instalaciones no tienen cabida. La operación urbanística es
ilegal.
No sé de qué operación urbanística se está hablando aquí. Serias sospechas de que se trata de un puerto deportivo. Pero ¿por qué esas serias sospechas? ¿Quién ha dicho que la Junta de Andalucía, cuando el Parlamento de Andalucía fue
precisamente quien hizo la definición de parque natural, ahora va a vulnerar ese valor ecológico, ese valor natural que tenemos en Almería? ¿Por qué esas serias sospechas? Esta argumentación falaz no debiera tener cabida hoy aquí en esta nueva
edición en la Comisión donde lo que pretendemos, fundamentalmente, es resolver los problemas de unas familias que se dedican históricamente a la pesca.
Esta proposición no de ley llegó aquí, a la Comisión de Medio Ambiente, porque el día 12 de febrero del año 1999 la Dirección General de Costas emitió un informe desfavorable a la adscripción de los terrenos de dominio público
marítimo-terrestre a la Consejería de Obras Públicas para hacer posible el proyecto. Con la proposición no de ley que hoy presentamos no le estamos pidiendo al Gobierno que haga el refugio pesquero. No le estamos diciendo que gaste ni una peseta.
Lo que estamos pidiéndole es que la Dirección General de Costas dé autorización para el espacio marítimo-terrestre y que se pueda hacer esta actuación. Creemos que lo que hizo la Dirección General de Costas es una clara vulneración del derecho
porque no le compete a ella decir si hay o no perjuicio medioambiental. Es precisamente la Junta de Andalucía quien tiene que dar esa declaración de impacto ambiental, que lo hizo en tiempo y forma.
También, la junta rectora del parque, las
cuarenta y cuatro personas que la conforman, dieron el visto bueno a ese proyecto, proyecto que está valorado en 250 millones de pesetas.
No obstante, en esta ocasión en la que vamos a debatir de nuevo esta proposición no de ley, nosotros no queremos hacer una polémica estéril, porque evidentemente las primeras perjudicadas serían las familias y nosotros queremos que se
resuelva su problema. Estamos dispuestos, por tanto, a aceptar una transaccional y por conversaciones mantenidas ya con el director general de Costas sabemos que estaba en buena sintonía para que se redimensione el proyecto. Nosotros estamos
dispuestos a redimensionar el proyecto, es decir, que se haga un puerto o un refugio pesquero más pequeño pero, indiscutiblemente, ese puerto o ese refugio pesquero, aunque sea más pequeño, tiene que cumplir la finalidad para la cual está pensado,
que es dar refugio a la flota pesquera censada en la Isleta. En concreto son cuatro embarcaciones industriales que se dedican a la pesca de cerco, que tienen una actividad pesquera media de 250 días al año y que tienen una masa de entre 25 y 40
toneladas de registro bruto. Por tanto, estas embarcaciones han de tener cabida en ese refugio, si no, no tendría sentido, no estaríamos hablando de nada, y también a cinco embarcaciones pequeñas artesanales dedicadas al trasmallo y cuya actividad
se sitúa en los 180 días al año con una masa de entre una y 6 toneladas de registro bruto; por tanto toda esta flota son nueve embarcaciones, cinco medianas y cuatro grandes, y doce embarcaciones auxiliares.
Es importante saber que la actividad pesquera está generando en estos momentos el 70 por ciento del producto interior bruto de la Isleta y que el otro 30 por ciento restante es del turismo. Por tanto, estos datos indican claramente que la
actividad fundamental es la pesca, que históricamente la Isleta ha estado ligada a la pesca y que con esta proposición no de ley venimos a solucionar una reivindicación histórica y justa de estos pobladores de la Isleta.
Ya digo que estaríamos dispuestos desde el Grupo Socialista a aceptar esa enmienda in voce, si se presenta por parte del Grupo Popular, para que el proyecto se redimensione, pero que evidentemente ese redimensionamiento tiene que pasar por
dar cabida a esta flota, que es la que está censada en estos momentos en la Isleta.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señores diputados, efectivamente, el municipio de Níjar, de la provincia de Almería, lleva muchos años, prácticamente desde mediados de los 80, solicitando que los pescadores de la Isleta del Moro cuenten con una
instalación marítima que garantice la seguridad de las personas y los barcos censados en la Isleta del Moro.
La flota pesquera de la Isleta del Moro, según datos que la Junta de Andalucía ha aportado, es de 10 barcos. De ellos, cuatro tienen un registro bruto de 200 toneladas, entre 5 y 20 toneladas no hay ninguno y el registro bruto de los demás
va desde las 5 toneladas del Capi a la 1,5 de Cabo de Gata y del Chapi.
El presidente de la Junta de Andalucía, señor Chávez, comprometió esta infraestructura con los nijareños y, bueno, ocurrió lo que suele ocurrir siempre cuando Chávez compromete algo. Así, creo que es prudente y necesario para el
conocimiento de esta Comisión y de la opinión pública en Almería que de una vez por todas se conozcan los antecedentes que traen aquí esta proposición no de ley.
En 1990 se redacta el proyecto para construir este refugio y se presenta un proyecto, recordemos que para nueve barcos, que quiere construir un puerto con una superficie abrigada de 12.000 metros cuadrados y 6.400 metros cuadrados de
superficie para zona de servicio en tierra. El presupuesto de 1990 ascendía a más de 300 millones de pesetas que, a precios de hoy, serían 600. Este, que es el primer expediente sobre la construcción de un puerto en la Isleta, se denegó en 1991 y
ello por considerarse que la ubicación no era adecuada, que era absolutamente desproporcionado para las necesidades de la Isleta y que de construirse traería consigo un grave deterioro estético en una zona tan singular del parque natural del Cabo de
Gata, además de unos cuantos atentados más contra el medio ambiente.
Tiempo después el tema fue retomado por la empresa pública Puertos de Andalucía y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en 1997 remitió el proyecto básico de refugio pesquero en la Isleta del Moro a la
Dirección General de Costas. A la vez, solicitó la adscripción de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre a ocupar por la obra. Este proyecto, debido a la anterior declaración de impacto ambiental, propone construir un puerto de 5.700
metros cuadrados de superficie abrigada y de 6.700 metros cuadrados más en tierra y con presupuesto de ejecución en contrata de unos 250 millones de pesetas. Con este proyecto ocurre igual que con el anterior. Su dimensión sigue siendo
desproporcionada para atender las necesidades de la flota de la Isleta, lo que hace pensar a una serie de organizaciones ecologistas y vecinos de la zona que o bien se piensa ampliar considerablemente la flota pesquera, cosa que no es posible en la
actualidad, o que lo que realmente se piensa es destinar a embarcaciones de recreo. Estos últimos pensamientos son lógicos si en la propia memoria del proyecto se habla de sus efectos positivos sobre el turismo y sobre todo cuando el director
gerente del ente portuario Puertos de Andalucía, tras ser requerido, aclara, y esto es textual, que un puerto pesquero y sus actividades y posibilidades pueden ser motivo de atracción turística.
Lo endeble de estos argumentos, unido al desastroso impacto ambiental sobre el paisaje, sobre la dinámica litoral de sedimentos y sobre la fauna y flora marina, es lo que influyó en la resolución de la Dirección General de Costas, de fecha
12 de febrero de 1999, informando desfavorablemente la adscripción a la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre a ocupar por las obras contempladas en el proyecto de
refugio pesquero en la Isleta del Moro. Ya sabe usted y si no lo sabe, se lo digo yo que todos los partidos políticos de Almería se han pronunciado favorablemente a la construcción de una instalación marítima en la Isleta del Moro siempre que tal
infraestructura no esté sobredimensionada y sea respetuosa con el medio ambiente.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no es correcto traer a esta Comisión este asunto a debate sin traer los deberes hechos. Digo esto porque lo que ustedes tenían que haber hecho es redactar un proyecto adecuado o modificar
el actual y, luego, venir aquí a solicitar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y no venir a solicitar no sé qué declaración tras una exposición de motivos en la que sólo se hace referencia a un proyecto en el que se ha llamado
ya demasiadas veces la atención por su incorrección. Es más, los dirigentes socialistas de Almería no están siendo leales con los vecinos de Níjar y con los pescadores de la isleta porque están intentando hacer ver que tienen una disposición que no
tienen. Lo que necesitan los vecinos de Níjar y los pescadores de la isleta son hechos y no palabras. Y es lo que ustedes deben hacer. Usted debe pedir que se redacte un nuevo proyecto por la autoridad competente y, cuando hayan redactado este
nuevo proyecto, respetuoso con el medio ambiente y adecuado a las necesidades de los pescadores de la isleta, aquí nos encontraran. Para hacer brindis al sol, no cuenten con nosotros.
Es por ello que por no les vamos a apoyar esta proposición no de ley. Lo único que siento por los vecinos de Níjar y los pescadores de la isleta es que quizá tengan que esperar a que el Partido Popular tenga un presidente en la Junta de
Andalucía para que esta infraestructura se pueda llevar a cabo.
- SOBRE EL PROYECTO DE REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO SAN PEDRO (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000380.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Parece que hablar de la primavera en esta Comisión les ha alborotado, señorías.
Seguimos con el orden del día previsto. Para la defensa de la proposición no de ley que aparece con el número 7, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Traemos a esta Comisión una proposición no de ley en la que el protagonista es el río San Pedro, que es un ecosistema singular y único del parque natural de la bahía de Cádiz que pasa por la ciudad de Puerto Real y
que ha sido tradicionalmente la única playa de esa ciudad. En la década de los 70 se produjeron actuaciones en su cauce que han provocado
un deterioro de su margen izquierda con graves consecuencias naturales y sociales. El deterioro que ha sufrido el río San Pedro en la última década se ha agravado en los últimos años hasta el punto de que buena parte del paseo marítimo de
esa zona ha sido cerrado al tránsito de peatones por problemas de seguridad y algunas playas están perdiendo bastante terreno. ¿Por qué se está produciendo esta situación? Porque en la zona llamada del Bajo de la Cabezuela en la playa del Levante
se ganaron terrenos al mar estrechando la entrada del río. Estas actuaciones desviaron el cauce natural del río que desde entonces recorre un camino distinto al que la naturaleza le ha encomendado y perjudica al tramo que bordea el paseo marítimo
de la zona de los pinares y la playa. Así, en los últimos años la playa situada a la altura de la rotonda, que se le llama popularmente la ministra y que recorre algunos metros, ha ido perdiendo terreno y la erosión ha ido provocando la pérdida de
pinos y deterioros del paseo marítimo. Para combatir la erosión Costas instaló hace algunos años un muro de contención para frenar la degradación, aunque esta actuación no ha evitado la pérdida de la daños en el paseo.
Es evidente que el proceso
de desplazamiento del canal hacia la escollera no ha alcanzado todavía una situación de equilibrio dado que continúan produciéndose erosiones al pie de la estructura de defensa y aguas del caño cortadura. Hay que indicar que esta situación es
progresiva y, que si no se remedia pronto, seguirá empeorando con sus consecuencias naturales y sociales, porque afecta a muchos ciudadanos de Puerto Real.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la solución del problema del río San Pedro pasa por la urgente ejecución de un proyecto de restauración ambiental que permita la recuperación de su cauce natural y evite, por tanto, la erosión
de márgenes y sedimentación de arena.
Pues bien, ante una situación tan delicada el Gobierno actúa con la mayor tranquilidad del mundo. Sí es cierto que se han realizado muchas visitas para ver la situación del río. Me imagino que las visitas han sido agradables porque la
vista es así en esa zona. Por recordar, ha pasado el subdirector general de Costas, el subdirector general adjunto, el jefe de demarcación, etcétera. Todos han coincidido en que es vital la urgencia de que se empiece a trabajar en ello, pero esa
urgencia la declararon en julio de 2000. También dijeron que en el año 2001 se realizarían trabajos de regeneración del río. Tan sólo se ha hecho alguna obra de parcheo, pero no en la base fundamental, sino aportando arenas a algún tramo pequeño
de la playa. El año pasado Costas se comprometió a acometer la reforma con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2002. No hemos visto mucho y la última noticia que se ha comunicado es que el Ministerio de Medio Ambiente en el mes de
enero pasado dijo que comenzarían las obras en mayo. Lo que pasa es que también nos han dicho muchas veces ese comienzo de las obras pero seguimos manteniendo nuestra incredulidad.
¿Por qué hemos dicho que vamos a pasos muy lentos? Podemos poner el ejemplo de 1999 cuando Costas realizó un anteproyecto. No sabemos que ha pasado con ese anteproyecto; si era válido o no, si se ha realizado. Lo único que sabemos es que
ha sido el ayuntamiento de la ciudad el que ha realizado el estudio y el que ha pagado el proyecto. Sí, han escuchado bien. El Ministerio de Medio Ambiente aquí ha eludido su responsabilidad, se ha buscado un colaborador, lo ha encontrado en el
ayuntamiento, le ha ayudado en esas competencias que tenía que tener el Ministerio de Medio Ambiente y corrido con los gastos de ese proyecto.
Como al Gobierno le salen colaboradores yo espero que con la aprobación de esta proposición no de ley podamos ver la colaboración del Gobierno permitiendo que se inicie urgentemente y en un plazo muy corto un proyecto de restauración
ambiental que permita, como digo, la recuperación del cauce natural de este río y que evite los problemas de erosión de márgenes y sedimentación de arenas que tiene y que es la principal actuación que hay que acometer ya.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma y para fijar la posición sobre la proposición, tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: El Grupo Socialista presentó esta proposición no de ley el 22 de noviembre de 2000 y piensa que desde entonces no se ha hecho nada. Ellos, desde luego, no han hecho nada, pero yo quiero mencionar las actuaciones que
ha habido, que no concuerda en absoluto con la paralización que la diputada del Grupo Socialista quiere hacer ver, ha incurrido el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual no es cierto. Ya en marzo de 2000, bastantes meses antes de la proposición no
de ley socialista, hubo una reunión del alcalde con la Dirección General de Costas en la que el director general se comprometía a encargar un estudio que recogiera las actuaciones necesarias para recuperar el cauce del río San Pedro. Las reuniones
no se celebraban sólo para ver el paisaje in situ en Puerto Real, sino que tuvieron lugar todas ellas en Madrid en la Dirección General de Costas. En julio de 2001 hubo otra reunión en Madrid en la que la dirección general se comprometía a una
serie de actuaciones, algunas de las cuales se hicieron como la aportación inmediata de arena en la zona cercana a la depuradora, y otras no llegaron a hacerse puesto que se incorporaron al anteproyecto que se había encargado. Costas y el
ayuntamiento acuerdan que sea éste el que gestione la redacción del proyecto y que se encargue a la empresa Itma, pero no para sorprendernos como se sorprende, por desconocimiento seguramente, la diputada socialista de que
sea el ayuntamiento el que haya pagado el proyecto, hecho falso. El ayuntamiento no ha pagado el proyecto, sino que lo ha encargado. Decía el propio ayuntamiento que esta gestión podría adelantar en seis los plazos normales de la
Administración pública. Fue en octubre de 2001 cuando acordó el pleno del ayuntamiento de Puerto Real encargar la redacción del citado proyecto.
Hubo entonces unas manifestaciones en la prensa del portavoz del Grupo Socialista en las que se decía que no entendía cómo, si no pagaba siquiera el proyecto, iba a hacer las obras y que en los Presupuestos Generales del Estado no figuraba
partida alguna. Una de dos: o ustedes no se enteran o, algo peor, quieren intoxicar. Eso no es en absoluto así.
Hay obras que son de emergencia que no tienen por qué figurar, no puede figurar en los presupuestos de 2002 una obra que no tiene
proyecto. Eso se hacía en su época donde eso era un totum revolutum, pero ahora es más serio y las cosas no se hacen de esa manera. Quiero añadir que hubo otra reunión el 30 de enero de 2002 en la que el alcalde y el director general de Costas
deciden adjudicar los trabajos por vía de urgencia, emplazando a que en dos o tres meses comenzaran las obras sirviendo de base el estudio de la empresa Itma.
Nosotros estamos de acuerdo con el diagnóstico de la situación que hace el Grupo Socialista en la exposición de motivos, pero en absoluto con la parte resolutiva puesto que piden la ejecución de un proyecto de restauración medioambiental que
ya existe, que se establezca una plataforma de cooperación institucional entre el ayuntamiento, Costas y, curiosamente, Junta de Andalucía, que hasta ahora no ha dicho nada. Yo no sé si la diputada socialista tendrá guardado un papelito como su
compañero, señor Fernández Chacón, que en una Comisión anterior sacó un papelito por el que la Junta de Andalucía se comprometía una vez que el ayuntamiento y el ministerio han llegado a acuerdos de todo tipo. A lo mejor por afán de protagonismo,
la Junta de Andalucía pretende incorporarse. Si así fuera, bienvenida sea, pero ni usted presenta documento alguno ni hay aportación de la Junta de Andalucía.
En nuestra opinión. Deberían retirar esta proposición no de ley por desfasada. Se cumplen todos los puntos que piden, pero como las obras no han comenzado el Grupo Popular presenta una enmienda de modificación que dice textualmente lo
siguiente: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar y a agilizar las actuaciones ya emprendidas orientadas a la recuperación ambiental del río San Pedro (Cádiz) de singular importancia dado el efecto que tiene sobre el parque
natural de la Bahía de Cádiz'.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Tiene la palabra la señora Sánchez para fijar su posición respecto a la enmienda ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: La enmienda del Partido Popular nos parece un tanto light, sin un compromiso firme. Dado que el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que en mayo comenzarían las obras, esta Comisión podría arrancar con un
compromiso mayor, y por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda transaccional in voce que me gustaría leer: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en un plazo de tres meses desde la aprobación de esta
iniciativa, inicie el proyecto de restauración ambiental del río San Pedro (Cádiz) de singular importancia dado el efecto que tiene sobre el parque natural de la Bahía de Cádiz'.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): El señor Sánchez Ramos por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para fijar su postura y, si no, para abrir una negociación que pueden hacer llegar a la Mesa antes de la votación.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: No es necesario, señor presidente. El Grupo Popular está en condiciones de aceptar esa enmienda transaccional dado que el compromiso del ministerio es firme y no va a haber ningún problema en que se inicien las
obras en ese plazo.
- RELATIVA A INCREMENTAR EL ESFUERZO INVERSOR EN MEDIDAS Y PROYECTOS DESTINADOS A EVITAR LA PROGRESIVA DESERTIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000545.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos al punto número 8 del orden del día, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO REY: En España nos enfrentamos a cuestiones extremadamente graves en todo lo que el medio ambiente se refiere. La desertización y los incendios forestales amenazan la supervivencia del suelo fértil. Son dos de las
cuestiones más preocupantes en la Comunidad Valenciana, concretamente, en la provincia de Alicante.
Voy a argumentar mi exposición aunque mi querida amiga y compañera por la provincia de Alicante me ha adelantado que va a mantener una postura en contra de esta proposición no de ley con datos. Yo también voy a ofrecer los facilitados por
el Gobierno a preguntas de esta diputada. En la Comunidad Valenciana la superficie recorrida por el fuego en los últimos años se ha incrementado notablemente, pasando de 700 hectáreas en los años 1996 y 1997, a casi 2.000 en 1998 y a 6.356, en el
año 1999. Sin embargo -también según datos del Gobierno-, la superficie repoblada en nuestra
comunidad pasó de 1.505 hectáreas en 1997, a 1.250 en 1998 y, lamentablemente, cayó en picado en 1999, con sólo 236 hectáreas y 27, en el año 2000. En la provincia de Alicante es donde se presentan los procesos más acusados de degradación
de los ecosistemas y desertización de los suelos en un porcentaje que está comprendido entre el 30 y el 50 por ciento del territorio, lo que supone entre 175.000 y 290.000 hectáreas.
La Convención de Naciones Unidas de la lucha contra la desertización describe las condiciones particulares de la región del Mediterráneo norte, que coinciden plenamente con los problemas que tenemos en la provincia de Alicante. Tenemos unas
condiciones climáticas semiáridas que afectan a grandes zonas; sequías estacionales, una variabilidad de las lluvias y unas lluvias súbitas y de gran intensidad; contamos con unos suelos pobres con marcada tendencia a la erosión, con un relieve
desigual, con laderas escarpadas; tenemos grandes pérdidas de la cubierta forestal a causa de los repetidos incendios; contamos con una concentración de la actividad económica en las zonas costeras y, por supuesto, tenemos una explotación
insostenible de los recursos hídricos con la consiguiente salinización y agotamiento de los acuíferos. España fue firmante del Convenio de la lucha contra la desertización y como tal adquirió la obligación de desarrollar el programa de acción
nacional contra la desertización. Las directrices de este plan, el PAN, fueron presentadas en Murcia en junio del año 2000. Aún estamos esperando la presentación del borrador en la conferencia sectorial del Medio Ambiente para su aprobación.
Especialmente en nuestra provincia tenemos interés en que este programa se ponga en marcha lo antes posible porque el avance del desierto es alarmante. Es un problema ambiental, por supuesto, pero también se convierte en una preocupación económica
y social porque la degradación de nuestro entorno afecta a la salud y a la calidad de vida de las poblaciones locales.
Como muy bien dice José Luis Rubio, presidente de la Sociedad Europea para la Conservación del Suelo, la lucha contra la degradación de las tierras cumple un objetivo más amplio porque el suelo actúa como regulador del dióxido de carbono,
uno de los gases que provocan el efecto invernadero.
Al luchar contra la desertización se mejoran las condiciones generales en zonas como la cuenca del Mediterráneo, una de las áreas de mayor riesgo ante el calentamiento de la Tierra que conlleva
mayor peligro de incendios forestales, de deforestación y de salinización. En la Conferencia de Naciones Unidas para la lucha contra la desertización los ministros de Medio Ambiente reconocieron que es precisamente la escasez de recursos la que nos
impide afrontar la lucha contra la degradación de la tierra con perspectivas de éxito. Se calculó que la desertización priva a España de 350 millones de dólares anuales y que para revertir esa tendencia sería necesario realizar esfuerzos eficaces
durante veinte años.
Sabemos que la lucha contra la desertización es una batalla a largo plazo, con inversiones bien planificadas en el tiempo y en el espacio. No tenemos que dejar que nos ganen la batalla porque esto sería hipotecar el bienestar de nuestras
futuras generaciones. Por ello, esta proposición insta al Gobierno a incrementar el esfuerzo inversor en proyectos y medidas destinados a evitar la progresiva desertización de la provincia de Alicante, porque, efectivamente -y mi compañera Maribel
lo sabrá- los alicantinos cada vez tenemos dificultades para encontrar un paraje de nuestro hermoso bosque mediterráneo que no esté degradado o haya sufrido los ataques del fuego. Con una política adecuada y con los esfuerzos económicos necesarios
es posible recuperarlos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque las críticas sobre la reducción en la inversión en la lucha contra la
desertización de nuestro grupo parlamentario en todos los Presupuestos Generales del Estado han sido continuadas.
La provincia de Alicante es una zona de las más deterioradas de todo el territorio del Estado español en cuanto a la desertización y el avance del desierto. Hay estudios de expertos que nos dicen que ya hay zonas que tienen un carácter
irreversible. Cuanto más tiempo tardemos en aplicar políticas agresivas para que sean eficaces, mayor porcentaje del suelo ya afectado por la desertización en la provincia de Alicante será irreversible. Si ahora nos encontramos con un porcentaje
mínimo y no aplicamos las políticas necesarias, los proyectos y la inversión adecuada, dentro de poco tiempo nos encontraremos con un porcentaje mucho mayor.
Señorías, no voy a abundar en los datos que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha expuesto en su intervención, sino recordarles la comparecencia de la secretaria general de Medio Ambiente previamente a la discusión de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, en la que precisamente una de las críticas de mi grupo parlamentario era el descenso presupuestario de los proyectos globales, no específicos sino globales, en la lucha contra la desertización,
descenso que viene siendo habitual. La secretaria general de Medio Ambiente nos decía que no solamente se luchaba contra la desertización a través del programa concreto, sino que había otras políticas encaminadas hacia esa lucha, como la
preservación de los bosques de rivera en los ríos y otras actuaciones implícitas en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. No queremos dudar que esto sea así, pero si no encontramos los proyectos específicos en los Presupuestos Generales
del Estado para determinar cuáles son las políticas que se están aplicando,
porque no están claros, y si tampoco vemos en la práctica que se esté haciendo una política que nos permita decir que se está luchando contra la progresiva desertización, en concreto en la provincia de Alicante, tendremos que concluir, por
mucho que se empeñe el Ministerio de Medio Ambiente en se está haciendo el trabajo, que el resultado, los proyectos y las medidas cuando se pisa la tierra alicantina no se ven.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Tengo que decir como diputada alicantina comparto la preocupación de la señora Torrado en cuanto al proceso de desertización de la provincia de Alicante. Es verdad que esa preocupación afecta a
España y a parte del mundo. Pero debo añadir que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección General para la Conservación de la Naturaleza, tiene suscrito con la Generalidad Valenciana un convenio de colaboración para la restauración
hidrológica forestal, control de la erosión y defensa contra la desertización en cuencas degradadas. La existencia de dicho convenio estriba en que las competencias son claramente de la Generalidad Valenciana, la gestión de los montes y la
conservación de la naturaleza de su territorio, y la Administración general del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es apoyar esas inversiones de la Generalidad Valenciana, es decir, que ésta planifica y ejecuta estas
inversiones en su comunidad autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente colabora en ella.
No estoy de acuerdo en que ha disminuido la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, porque desde 1996 al 2001 ha aumentado un 500 por ciento.
Su señoría ha hecho referencia al Plan Nacional de Acción contra la Desertificación, problema que se está analizando a través de cuatro factores que se consideran fundamentales, que son: la erosión, los incendios forestales, el uso no
sostenible de los recursos hídricos y, sobre todo, la sequía. Hay que tener en cuenta que una parte importante del territorio valenciano, especialmente en Alicante, se encuentra en lo que denominamos la región saharianosubmediterránea, que se
caracteriza por una escasez generalizada de lluvias con un período muy seco y muy largo. Es necesario, pues, repoblar y generar las cubiertas forestales que protejan el suelo y permitan retener las aguas de lluvia y favorecer la recarga de los
acuíferos. A este respecto, la Consellería de Medio Ambiente ha comprobado que las obras realizadas en restauraciones hidrológicas forestales hasta el momento son importantes con la declaración de las zonas de actuación urgente y ya se están
redactando en la provincia de Alicante dos proyectos de zonas de actuación urgente en el sur de Alicante: Crevillente, Albatera y Elche, y en el centro: Bussot, Alicante, La Vila y Relleu. El presupuesto estimado para este plan es de 1.000
millones de pesetas, 6 millones de euros, y el total tiene obras de corrección de cauce y de repoblación forestal en clima mediterráneo genuino. Además, existen convenios con la CEAM y con CEDEX que suponen un incremento en los presupuestos y una
planificación de los proyectos que se van a hacer para mejorar estas inversiones de la repoblación forestal de Elche, de Crevillente, de San Fulgencio y de Albatera.
Usted ha hablado de los incendios. La erosión, normalmente, es la consecuencia de la sequía y, sobre todo, de incendios forestales. No sé de dónde ha sacado usted los datos que nos ha ofrecido en la Comisión.
Supongo que tendrá usted
coordinación con sus compañeros de las Cortes valencianas, pero yo le puedo decir que la superficie quemada en la Comunidad Valenciana, en el período 1989-1994, era de 264.000 hectáreas, que en el período 1995-2000 es de 18.000 hectáreas y que de
1989 a 1994 se quemaron cada mes más hectáreas de monte de las que se han quemado anualmente entre 1995 y 2000. La política tiene unas líneas de actuación y de inversión y cuentan con una prioridad en los presupuestos y en la acción de gobierno.
La inversión en prevención y extinción de incendios de 1991 a 1995 ascendió a 21.000 millones y ahora se destinan 45.000 millones de pesetas. Habla S.S. de que ha habido un descenso presupuestario en la política de acción contra la desertización,
-a mí me preocupa también personalmente-, pero no es así cómo se debe de enfocar el tema. Añade que no se está haciendo nada, pero debo replicarle que hay que ser coherente. Una de las maneras de evitar la desertización es la restauración
hidrológica forestal. S.S. no estuvo en el Pleno que aprobó el Plan Hidrológico Nacional, como tampoco estuvo el señor Císcar. No sé con quién se alinea S.S. en este momento si con la señora Sornosa, con el señor Plá, con el señor Císcar, con el
señor Iglesias, con el señor Zapatero o con el señor Blanco. Como lo desconozco, no sé si es consecuente o no, pero las inversiones en el Plan Hidrológico Nacional no solamente se reducen al trasvase al que ustedes se han ceñido exclusivamente,
sino que hay para la Comunidad Valenciana en acondicionamiento de cauces y prevención de avenidas 60.000 millones de pesetas y en restitución hidrológica forestal, 11.000 millones de pesetas.
Y les pediría que dejaran esas posturas tan dispares, que fueran consecuentes con sus planteamientos y no pidieran más dinero porque, como le he demostrado, desde 1996 hasta 2001 ha habido un 500 por ciento más en la aportación del
Ministerio de Medio Ambiente para luchar contra la desertización de la Comunidad Valenciana. La sequía y la falta de recursos hídricos lo reconocemos todos, además de los diputados de Murcia, Almería y de la Comunidad Valenciana se resuelve en el
Plan Hidrológico Nacional con esa aportación de los recursos
excedentes del Ebro, con la modernización de los regadíos y con un uso del agua muchísimo más racional.
Espero que fuera de la Comisión me diga S.S. cuál es su postura porque, sinceramente, a esta diputada la tiene sumida en la confusión el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señora Torrado tiene S.S. la palabra para explicar lo que le ha solicitado la señora diputada del Partido Popular. Le ruego también que lo haga con la brevedad propia de este tipo de turno.
La señora TORRADO REY: Los datos que tengo, que le puedo facilitar, son del propio Gobierno, no me los saco de la manga. Quizás su confusión viene de que el Gobierno da distintos datos a diferentes diputados.
Respecto al hecho que yo no estuviera presente en el Pleno el día de la votación del Plan Hidrológico Nacional, sabrá usted que conmigo coincidían en el Consejo de Europa algunos de sus compañeros que tampoco estuvieron en la votación. A lo
mejor también debe preguntarles a ellos cuál su posición.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Tiene la palabra la señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Sólo quiero añadir que los datos que le ha proporcionado a la señora Torrado el Gobierno son los de la Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Debo destacar de nuevo, que la
competencia es de la Comunidad Valenciana y que precisamente los datos sobre el descenso de incendios y las acciones que se están acometiendo (se lo puede preguntar S.S. a sus compañeros de las Cortes Valencianas) provienen de la misma.
- RELATIVA A LOS EFECTOS DERIVADOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000777.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos al último punto del orden del día cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la cual y de una enmienda presentada también por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados, buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una proposición no de ley hace ya bastantes meses solicitando al Gobierno la creación de una
comisión de expertos independientes de reconocido prestigio que estudie los efectos que tienen para la salud y el medio ambiente los campos electromagnéticos especialmente provocados por las líneas de alta tensión.
Esta iniciativa no es nueva y es necesario explicar por qué consideramos conveniente volver a plantearla. En el Congreso de los Diputados y en el Senado desde hace casi una década mi grupo parlamentario y otros grupos manifiestan la
preocupación creciente que hay en la ciudadanía ante el desconocimiento de los efectos perniciosos que pudiera tener sobre la salud y sobre el entorno ambiental todo lo que está relacionado con los campos electromagnéticos. En los últimos años y
meses la preocupación es mayor ya que nos vemos sombreados no sólo de tendidos y cables eléctricos sobre nuestras ciudades, sino también de la telefonía móvil y de todos y cada uno de los electrodomésticos que hacen la vida más fácil, sobre todo a
las mujeres (digo a las mujeres porque nos ocupamos fundamentalmente de esos trabajos), pero la realidad es que la comunidad científica ya desde hace años tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea viene realizando estudios de todo tipo y
fundamentalmente epidemiológicos para comprobar los efectos que tienen sobre la salud desde el punto de vista del estrés nervioso, abortos, leucemias infantiles, etcétera.
Es verdad que hay diferentes informes y opiniones que son muy controvertidas, pero lo cierto es que en 1999 la Unión Europea hizo una serie de recomendaciones, después de cinco años de estudios, a todos los países miembros para que tomaran
unas medidas mínimas, manteniendo la precaución y la cautela, además de desarrollar un programa que terminará en el 2005 en el que nuestro país tendría que estar incorporado.
Cierto es también que nuestras iniciativas parlamentarias como las de otros grupos, la del Defensor del Pueblo o la de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia no han tenido eco en esta Cámara, pero hoy en día la
preocupación de la ciudadanía es mayor. Por el estrés, el desconcierto y porque cada vez le llegan más datos. Nosotros hemos modulado muy bien nuestra propuesta y le pedimos al Gobierno y, por tanto, al grupo que lo sustenta, que se cree un comité
de nueve expertos independientes -cuando decimos expertos independientes lo decimos en el sentido que lo contempla un informe del Ministerio de Sanidad, de junio de 2001- la elaboración de un estudio. Estos nueve expertos, que yo no tengo por qué
juzgar que no sean rigurosos ni expertos pero eran dependientes todos ellos como funcionarios públicos de los ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente, hacen un informe basado en el estudio de la bibliografía que hay sobre esta cuestión y,
finalmente, hacen una serie de recomendaciones: no es un asunto cerrado, hay que profundizar en el asunto y hacer estudios epidemiológicos (venimos pidiéndolo desde hace más de cinco años pero no se ha hecho ninguno) para ver los efectos que tienen
sobre la salud los campos electromagnéticos. Avanzan otras medidas y propuestas, hasta en eso
les reconozco el rigor, a pesar de que algunos compatibilicen su actividad profesional con algunas compañías eléctricas de reconocido nombre, de esas que producen apagones cuando tienen un incremento de la demanda de la energía y que, al
mismo tiempo, se han beneficiado de 1,3 billones de pesetas de este Gobierno hace tan sólo cuatro años por la supuesta pérdida cuando se liberara la competencia del sector eléctrico en nuestro país.
Nosotros como representantes de la ciudadanía tenemos que transmitir tranquilidad, sosiego y sólo podemos hacerlo de verdad llevando a la práctica lo que dicen países como Estados Unidos o la Unión Europea, que tienen una larga historia en
estos trabajos. Reconozco lo positivo en muchos aspectos de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, pero no es una cuestión de este ministerio, es una cuestión interdisciplinar. Es muy importante que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se
moje porque no podemos tener un Ministerio de Sanidad cumpliendo aparentemente la normativa (digo aparentemente, porque no profundiza, como el texto dice, está abierto) y un Ministerio de Ciencia y Tecnología que favorece los intereses de las
compañías eléctricas y no presiona sobre ellas para que cumplan los mínimos establecidos por la Unión Europea desde el año 2000.
Si tenemos un Gobierno que debiera representar -así lo creo- los intereses de la ciudadanía, debería aceptar la propuesta que hacemos que, como he dicho, hemos modulado en el interés de profundizar como el resto de los países de nuestro
entorno desde la confianza absoluta de que si se hace mediante un sistema concursal en el que puedan presentarse diferentes expertos, así como la iniciativa social que lleva años trabajando ello, estaremos contribuyendo a no incrementar la tensión,
porque, si no, no se va a poder evitar lo que ha estado sucediendo estos últimos cinco años.
Cinco años llevan desoyendo que había que reglamentar, que había que tomar medidas, que había que trasponer las directivas pertinentes y cada vez que surge
un problema localizado hay un lío espantoso, se la da una solución que es un parche, pero en el ánimo de la ciudadanía queda la preocupación de si es la solución correcta, o si tendrá algún problema derivado de una de las instalaciones que les rodea
o sobrevuela.
Les hemos ofrecido la oportunidad de transaccionar con una enmienda. Sé que el portavoz del Grupo Popular está teniendo muy buena voluntad pero suscita mucha preocupación en el Gobierno, sobre todo cuando se nos dice que suprimamos el
término independientes. Eso sí que nos preocupa a nosotros, que haya quien esté dando instrucciones de que independientes son todos. Si son todos, que no se ponga en el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de junio de 2001. Suponemos
que todos son expertos, pero la comunidad científica ni es inicua ni es aséptica. Tiene que haber un criterio por el cual podamos en este Parlamento comprobar que los conocimientos de la comunidad científica están al servicio de la salud de los
ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda al Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Revuelta.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Señorías intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Popular, con respecto a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Se trata de una iniciativa de carácter marcadamente técnico que destaca en
su motivación los posibles riesgos que tanto para la salud como para el medio ambiente puede conllevar la exposición cada vez mayor a los campos electromagnéticos. En este sentido, refiere las propuestas internacionales y europeas que se están
adoptando para investigar y prevenir sus efectos más nocivos. Entre ellas cabe señalar, como realiza en su argumentación la diputada proponente, las recomendaciones del Consejo de Europa de 12 de julio de 1999. En estas recomendaciones, que
cuentan con 7 puntos, y que voy a resumir brevemente, se recomienda a los Estados miembros, en el punto primero, asignar a las cantidades físicas enumeradas en la parte a) del anexo el significado que en éste se les atribuye. En el punto segundo,
para promocionar un elevado nivel de protección de la salud contra la exposición a los campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían adoptar un marco de restricciones básicas y deberes de referencia, aplicar medidas y procurar que se
respeten las restricciones básicas. En el punto tercero, para facilitar y promover el respeto de las restricciones básicas, los Estados miembros deberían tener en cuenta los niveles de referencia, evaluar las situaciones que implican fuentes de más
de una frecuencia y podrían tener en cuenta cuando conviniese criterios tales como la duración de la exposición, las partes del organismo expuestas, la edad y las condiciones sanitarias de los ciudadanos. En el punto cuarto, los Estados miembros,
al decidir si hay que actuar o no con arreglo a la presente recomendación, deberían tener en cuenta tanto los riesgos como los beneficios. En el punto quinto, deberían proporcionar al ciudadano información, en un formato adecuado, sobre los efectos
de los campos electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas para hacerles frente. En el punto sexto, deberían promover y revisar la investigación pertinente sobre campos electromagnéticos y salud humana en el contexto de sus programas de
investigación nacionales.
Y en el punto séptimo, deberían elaborar informes sobre las experiencias obtenidas con las medidas que adopten en el ámbito de la presente recomendación.
Quiero anticipar que la materia objeto de la presente proposición no de ley excede ampliamente el ámbito competencial del Ministerio de Medio Ambiente y, por
lo tanto, de esta Comisión. Si nos atenemos a los antecedentes parlamentarios sobre esta materia, ya en la V Legislatura se debatió una proposición no de ley en Comisión, del Grupo Popular, sobre un plan para erradicar de los núcleos
urbanos los tendidos aéreos de alta tensión. En su intervención del 23 de junio de 1995, el diputado señor Gortázar Echevarría señaló que existía una preocupación social sobre los tendidos de alta tensión en los núcleos y en proximidades de las
viviendas y su incidencia sobre el impacto medioambiental. En la motivación de la iniciativa se hacía referencia expresa a los estudios de diversos organismos internacionales sobre el posible impacto que la exposición a los campos electromagnéticos
pudiera tener sobre la salud humana, que, aunque no eran concluyentes, habían determinado que en diversos países se empezasen a adoptar diversas medidas.
Este plan que proponía el Grupo Popular contemplaba los siguientes aspectos: designación de las características de los tendidos aéreos a enterrar; realización por parte de las comunidades autónomas de un catálogo de tendidos; diseño de un
sistema de financiación; elaboración de propuestas, etcétera. Todas estas medidas fueron rechazadas por el Grupo Socialista a través de su portavoz, el señor Marcos Merino quien, aun reconociendo que los estudios no eran concluyentes, señaló que
los informes y los estudios de los científicos en este momento no solamente no avalaban la preocupación que sostenía al iniciativa, sino todo lo contrario. Excepto un solo estudio realizado en Suecia, los demás mantenían que los campos
electromagnéticos tenían una repercusión neutra sobre la salud humana. De otro lado, se indicaba que en ese momento había legislación suficiente para solucionar los problemas que pudieran plantearse respecto a las instalaciones ya existentes. La
intervención se concluyó señalando que no existía ningún argumento científico que llevase a crear alarma ni a tener más preocupación de la normal por las consecuencias que pudieran tener los campos electromagnéticos en la salud pública. La
iniciativa resultó, como es evidente, rechazada con el voto en contra del Grupo Socialista.
Es evidente que es distinto estar en el Gobierno que estar en la oposición, señora García-Hierro, y sé que me podrá argumentar que de entonces a aquí ha habido nuevos avances, hay muchos más campos emisores de corrientes electromagnéticas,
pero también tendrá que convenir conmigo en que se han realizado muchos más estudios y que todos esos estudios no hacen sino concluir que sigue sin haber ninguna evidencia científica que relacione los campos electromagnéticos con problemas de salud.
A su vez, en la VI Legislatura, se debatieron una serie de iniciativas, como la proposición no de ley en Comisión, del Grupo Popular, sobre la constitución de un grupo de trabajo en el seno del CIEMAT que estudiara o informase sobre los
eventuales riesgos de la contaminación electromagnética derivados de las líneas para transporte de energía eléctrica existentes en nuestro país. Esta iniciativa que instaba al Gobierno a que en el seno del CIEMAT se constituyese un grupo de trabajo
interdisciplinar de carácter temporal, fue debatida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del 11 de marzo de 1997 y aprobada por unanimidad. Otra iniciativa fue la solicitud de creación de una subcomisión encargada de realizar un estudio
sobre las alteraciones ambientales que pudieran suponer los campos electromagnéticos, presentada por el Grupo Mixto y que caducó por disolución de las cámaras, igual que la proposición no de ley en Comisión, del Grupo Mixto BNG, con el fin de
ejecutar un proyecto de desvío de la línea de alta tensión a su paso por Merza, en Villadecruces. Otra iniciativa igualmente caducada fue la solicitud de creación de otra subcomisión para el estudio de los efectos derivados para la salud y el medio
ambiente, del Grupo Socialista, que caducó por el mismo motivo. Hubo una proposición no de ley en Comisión, del Grupo Socialista, sobre los efectos derivados para la salud y el medio ambiente de los campos, en especial de los provocados por las
líneas de alta tensión, que fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente, de 31 de julio del año 1999, al oponerse a la misma nuestro grupo, el Grupo Popular, dado que la iniciativa hacía recaer en el Gobierno y en las compañías eléctricas
responsabilidades que eran y son competencia directa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Por fin, en esta VII Legislatura se han producido una serie de iniciativas, entre ellas una pregunta oral en el Senado de la senadora popular Posada, sobre la incidencia de los campos electromagnéticos en la salud pública. En su
contestación la ministra de Sanidad y Consumo, la señora Villalobos Tabero, se refirió a la creación de un comité de expertos cuyas conclusiones no sólo estaban de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea, sino que las habían ampliado. A
raíz de la presentación de este trabajo, el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con el de Ciencia y Tecnología estaba elaborando un real decreto clasificador de estas cuestiones. Junto a ello, destacó la ministra Villalobos la apuesta
decidida de su departamento por seguir la línea de investigación comenzada a través del FIS, del Instituto Carlos III. Igualmente, se han presentado en esta legislatura diversas preguntas escritas al Congreso del Grupo Socialista, a través de su
parlamentaria Varela Vázquez sobre los efectos de los campos electromagnéticos y las medidas para hacerles frente. La contestación del Gobierno, en fecha 6 de octubre de 2000, fue la siguiente: El Gobierno respalda las conclusiones del comité
científico director de la Unión Europea. Sin embargo, por un principio de precaución y cautela, conviene seguir investigando y revisando los límites de exposición laboral y doméstica a los CEM. En esta línea, con el objetivo de dar respuesta a la
preocupación social por los posibles riesgos
para la salud humana de la exposición a CEM, el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea ha aprobado una recomendación relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los CEM de 0 hertzios a 300 gigahertzios. Esta
iniciativa se basa en las directrices de la comisión internacional de protección contra la radiación no ionizantes, en la evidencia científica disponible y en el informe del comité científico director de la Unión Europea.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, por su parte, ha participado activamente en la elaboración y aprobación de la citada recomendación.
Los ciudadanos tienen derecho a reclamar una información objetiva y transparente sobre los niveles de
referencia y las restricciones básicas procedentes de cualquier fuente o práctica que dé lugar a la exposición a campos electromagnéticos. Con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho, el Ministerio de Sanidad y Consumo está elaborando un
documento técnico y un folleto explicativo de las medidas que deben tomarse, siendo previsible que en los próximos meses esté terminado el citado documento.
Por último, quiero señalar que también en el transcurso de la actual legislatura los Grupos
Socialista, Izquierda Unida y Convergència i Unió han formulado preguntas escritas referidas a las previsiones existentes para suprimir las líneas eléctricas de alta tensión a su paso por los núcleos urbanos, que han tenido cumplida contestación por
parte del Gobierno.
Estamos de acuerdo, señorías, en que todas las administraciones públicas deben informar a la población sobre estos temas. Permítanme que traiga a esta Comisión, como ejemplo de ese buen quehacer, la denominada monografía de comunicación
científica Antenas y salud (señora García-Hierro, luego se la haré llegar), que casualmente fue repartida por toda Galicia este domingo con el diario de mayor tirada de esta comunidad autónoma. Para que el grupo proponente no me acuse de parcial o
de partidista le diré que este tríptico está elaborado por los museos científicos coruñeses y patrocinado e impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña, presidido, como todos ustedes bien conocen, por un insigne miembro del Partido Socialista, don
Francisco Vázquez.
En la monografía se realiza una de afirmaciones y preguntas que me voy a permitir leer textualmente: ¿Son peligrosos los campos electromagnéticos producidos por los cables de alta tensión? Las primeras voces de alarma sobre los peligros de
los campos electromagnéticos para la salud surgieron en Estados Unidos hace treinta años hablando de los posibles efectos de los campos producidos por los tendidos eléctricos. Desde entonces y a pesar de que se han estudiado de forma exhaustiva
(ahora en letra negrita, señala) no se han podido encontrar pruebas que demuestren esta relación, ni siquiera entre los profesionales que pasan mucho tiempo cerca de estas instalaciones. Los tendidos eléctricos generan campos de 50 hertzios, pero
la intensidad puede ser grande en las líneas de alta tensión. Al igual que ocurre con todos los campos electromagnéticos, su intensidad decrece con el cuadrado de la distancia; a diez metros del cable la intensidad es diez mil veces menor que a
diez centímetros.
Algunos organismos han recogido la recomendación de limitar el uso de los móviles entre los jóvenes y evitar la instalación de antenas de telefonía en las cercanías de colegios, hospitales, parques y centros de ocio.
Tales
medidas no se deben a que se hayan identificado riesgos concretos en estas situaciones, sino que se plantean como una forma de disminuir la percepción de riesgo por parte del público. Se pregunta por qué algunos países han rebajado los límites de
exposición. Las autoridades de Suiza y de algunas regiones italianas han rebajado notablemente estos límites.
Dice que organismos internacionales competentes en la materia han criticado unas medidas en las que priman los intereses políticos sobre
los científicos.
En definitiva, a nuestro juicio, esto sí es informar con rigor a la población y no hacer, con todos los respetos, la demagogia y el alarmismo que la señora proponente, García-Hierro, ha realizado aquí esta mañana. A nosotros nos parecería,
en principio, razonable la creación de una comisión de expertos siempre que desde el Ministerio de Medio Ambiente o desde el Ministerio de Sanidad y Consumo no se hubiese articulado ya algo similar. Y es que resulta que el Ministerio de Sanidad y
Consumo ya ha coordinado un grupo de expertos independientes que ha estudiado y revisado la evidencia científica disponible sobre los campos electromagnéticos y riesgos para la salud humana, realizando un metaanálisis sobre toda la información
disponible. Este grupo de expertos ha elaborado un informe denominado 'CEM y salud pública', cuyos resultados ya fueron avanzados a la opinión pública el día 11 de mayo de 2001. Actualmente, los dos ministerios afectados, el Ministerio de Sanidad
y Consumo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no el de Medio Ambiente, están elaborando un real decreto para establecer límites de exposición procedentes de emisiones radioeléctricas.
Como ya hemos señalado, esta proposición no de ley desborda ampliamente las competencias del Ministerio de Medio Ambiente. Como quiera que nuestro grupo, el Grupo Popular, comparte con el resto de los grupos, si no más, al menos la misma
preocupación medioambiental y por la salud de los españoles, en aplicación de las normativas comunitarias e internacionales y de ese principio de precaución y cautela, hemos presentado la enmienda que SS.SS. conocen y que nos gustaría que pudiese
contar con la aceptación de la diputada proponente y el consenso posterior de todos los grupos.
No quisiera finalizar esta intervención sin mostrarle, señora García-Hierro, mi malestar como médico, como profesional de la ciencia, por sus palabras de descrédito hacia los profesionales que se dedican a la investigación,
porque S. S. ha puesto en duda su imparcialidad y en modo alguno la imparcialidad de cualquier persona dedicada a la ciencia se puede poner en cuestión en un lugar como el Parlamento de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Con independencia de la ilustración que nos ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las iniciativas que los diferentes grupos parlamentarios hemos presentado en esta Cámara, es un debate que hemos
llevado a cabo en los últimos meses en distintas comisiones del Congreso de los Diputados. Siempre hay un punto en el que parece que no terminamos por entrar. Se han hecho informes, estudios por parte de los expertos y la mayoría de ellos
concluyen no sólo que hasta ahora no se ha demostrado los efectos que para la salud tienen los campos electromagnéticos, sino que todos dicen lo mismo: que no hay estudios epidemiológicos. Si no recuerdo mal, hay un informe del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid en el que se decía que les faltaban los datos necesarios para concluir que los campos electromagnéticos no producían efectos contra la salud de las personas, fueran de líneas de alta tensión o por las
antenas de telefonía móvil.
Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea han establecido restricciones que podremos compartir o no, parecernos excesivas o mínimas, porque cada vez que pasa el tiempo y hay más estudios se van aproximando más,
aunque con falta de datos, en que puede haber riesgos para la salud de las personas. Algo que no se ha estudiado, que no se ha tenido en cuenta pero que a nosotros nos parece también importante es el efecto que sobre el medio ambiente producen los
campos electromagnéticos. La iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista no escapa a la competencia del Ministerio de Medio Ambiente, lo que sucede más bien es que éste no ha entrado en este debate como un ministerio más que se puede ver afectado
por esta situación. Yo no voy a poner en duda ni la capacidad ni la imparcialidad de los expertos a la hora de hacer sus estudios e informes, pero, señorías, todas las personas tenemos nuestra visión de las cosas y de cómo llevarlas a cabo y, desde
luego, los expertos y los científicos no son un mundo aparte para que no se vean influidos por la sociedad, no son ajenos a lo que ocurre en ella.
Nuestro grupo parlamentario cree -por eso va a apoyar esta iniciativa- que no está mal que se cree una comisión de expertos independientes, aparte de la que pueda crear el Ministerio de Sanidad, porque el aumento de investigaciones y de
informes nos puede acercar mucho a una visión más realista que evite que los ciudadanos sigan teniendo esa sensación de peligro que tienen hoy por hoy, para que se rebaje la alarma social que los campos electromagnéticos, los tendidos de alta
tensión y las antenas de telefonía móvil están provocando. Esta iniciativa va en la línea de hacer más claro lo que está sucediendo con este tema y eliminar o al menos rebajar la alarma social que existe en estos momentos. Cuanta más opacidad,
cuantas más declaraciones se producen por parte de los responsables políticos pretendiendo eliminar el riesgo, más se asusta la población. No hace falta que nadie les diga que puede ocurrir algo; intentando disminuirla, la forma en la que se hace
y la falta de rigor en algunas ocasiones genera mayor alarma social. Por eso, señorías, es necesario que se haga esa comisión de expertos independientes, que pueda elaborar un estudio epidemiológico, que no se ha hecho hasta ahora, y que pueda
investigar también cuáles son los efectos que sobre el medio ambiente se producen por los campos electromagnéticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para manifestar su posición respecto a la enmienda presentada por el Grupo Popular tiene la palabra la señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: En primer lugar, no manipule usted las palabras. Yo le reconoceré sus méritos como médico el día que le vea ejercer. Hoy está usted aquí como diputado. (Rumores.) Ha hecho una serie de alusiones a unas
iniciativas que se presentaron hace siete años. Siete años después, en 1991 y en agosto de 2001, la comunidad científica internacional viene a decir a todos los países que tomen medidas de precaución y de cautela, porque lo que no se ha demostrado
es que esos tendidos eléctricos o la telefonía móvil sea inocua, sino todo lo contrario.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señoría, le ruego que no abra debate de nuevo, sino que fije su posición.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Es muy importante resaltarlo. Estoy refiriéndome a la enmienda, señor presidente, porque en ningún momento -constará así en el 'Diario de sesiones'...
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Me obligará a abrir debate.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: En ningún momento ha habido descrédito hacia los profesionales que han hecho este documento. Sus conocimientos no se han puesto en duda. Lo que sí he comentado es su relación laboral y su relación de
dependencia en algunos casos -es así, es comprobable- por los trabajos que se les han encargado desde compañías eléctricas. Por supuesto que aquí todos sabemos de qué estamos hablando; si queremos de verdad ir al fondo de la cuestión, simplemente
le remito de nuevo a que podríamos aceptar una enmienda, como la que hemos
estado viendo, que les entregamos a principio de la mañana, en la cual ustedes de lo que hacen caballo de batalla es del término independientes, cuando vuelvo a decir que figura en el texto del Ministerio de Sanidad.
Se convocó a un grupo
de nueve expertos independientes. Yo doy lectura a la propuesta que hacemos, que se la entregamos a principios de la mañana al portavoz del Grupo Popular. En consecuencia, ustedes tomarán la decisión porque tienen la mayoría absoluta, pero se
harán responsables de seguir incumpliendo algo, si no es una respuesta favorable, que sí es de su competencia. Ustedes no pueden estar eludiendo permanentemente los asuntos diciendo: esto es de las comunidades, esto es de los ayuntamientos, y de
camino se les olvida lo de la financiación, claro, que es competencia también de los ayuntamientos. Nuestra enmienda dice: Se continúe fomentando la investigación sobre los efectos producidos por la exposición a los campos electromagnéticos
procedentes de distintas fuentes emisoras, así como la identificación de fuentes y prácticas de riesgo. Para llevar a cabo dicha investigación se contará con expertos independientes y se informará de los resultados de la misma al Congreso de los
Diputados. Segundo punto: Se promueva en colaboración con las comunidades autónomas, ayuntamientos, comunidad científica y organizaciones vecinales campañas informativas sobre los efectos para la salud y el medio ambiente que generan la exposición
a campos electromagnéticos, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud y los regulados por la Unión Europea. Son criterios que han seguido Inglaterra, Italia. Incluso han dado un plazo a las compañías eléctricas, en el caso de
Italia, como máximo de dos años para reordenar todo el sector y su enterramiento. Luego, estamos en una actitud que no es ni más ni menos que la de nuestros compañeros de la Unión Europea. Nos parecería lógico -al menos así lo entiendo yo- que el
Partido Popular, el Grupo Popular aquí no estuviera, eso sí, sometido a ninguna presión que no fuera la del interés ciudadano.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Revuelta, tiene la palabra, pero con la mayor brevedad.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Es cierto que hemos estado negociando una enmienda que proponía esta mañana la diputada García-Hierro, pero ella conoce que a esa enmienda nosotros le hemos presentado otra alternativa que tampoco ha sido aceptada
por ella. Le recuerdo, como ya le he dicho, que no es competencia del Ministerio de Medio Ambiente el asunto que se trae a esta Comisión y que hemos aceptado debatir y negociarlo por deferencia al trabajo de esta Comisión. No podemos aceptar que
se ponga en duda o en cuestión la independencia de los diferentes expertos. Por lo tanto, Señoría, como no podemos aceptar esa enmienda que usted nos presenta, como usted no acepta la que nosotros le ofrecemos, tendremos que votar en contra de la
proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Se entiende, por lo tanto, que se votará la proposición no de ley en sus propios términos iniciales.
Habiendo agotado el orden del día y habiendo sido la Presidenta quien ha marcado la hora de votación
en la una, suspendemos la sesión hasta entonces.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señorías, reanudamos la sesión para realizar las votaciones correspondientes a los debates de los puntos del orden del día que hemos tratado esta mañana. Empezamos por la que aparece como número 1 por
la que se insta al Gobierno a desarrollar, en el plazo de tres meses, las previsiones contenidas en la disposición final cuarta de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (El señor Acín Boned pide la palabra.)
Sí, señor Acín.
El señor ACÍN BONED: En mi intervención anterior en la Comisión he pactado con el portavoz de Convergència i Unió ampliar el plazo a seis meses y parecía que estaba conforme. Lo digo para que vote a favor, si le parece bien.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Efectivamente, se vota en los términos de la enmienda final debatida.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos ahora a la votación de la proposición no de ley que aparece como número 2, relativa al establecimiento de los criterios y estándares para determinar la consideración de suelo contaminado, así como a la aprobación de una lista
actividades potencialmente contaminantes de los suelos. A esta proposición no de ley había una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que fue aceptada por el proponente de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición número 3, sobre el encauzamiento de las ramblas del cementerio y de la Santa en Totana (Murcia), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Esta proposición se
vota en los términos propios de la proposición puesto que no se aceptó la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; votos en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición número 4, sobre transposición en el plazo de un mes de las directivas 1996/62/CE y 2000/69/CE, sobre la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, a la cual había una enmienda del Grupo Socialista que se retiró y del Grupo Parlamentario Popular que no fue aceptada. Por lo tanto, se vota en los propios términos de la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley que aparece como la número 5 relativa a la elaboración de una estadística nacional forestal, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular y que recibió una enmienda in voce del Grupo de
Convergència i Unió, que fue aceptada por el proponente del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición número 6, relativa a la construcción de un refugio pesquero en la Isleta del Moro (Almería), del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos puesto que no hubo enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; votos en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición número 7, sobre el proyecto de regeneración medioambiental del río San Pedro (Cádiz), con la enmienda a la cual han llegado a acuerdo los grupos. Por lo tanto, la votamos en los propios términos del
debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición número 8, relativa a incrementar el esfuerzo inversor en medidas y proyectos destinados a evitar la progresiva desertización de la provincia de Alicante, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. No hay enmiendas; por lo tanto, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; votos en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda rechazada.
Por último, votamos la proposición número 9, relativa a los efectos derivados para la salud y el medio ambiente de los campos electromagnéticos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A ella hay una autoenmienda; la que presentó
el Grupo Parlamentario Popular no fue aceptada por la proponente. Por lo tanto, se vota en los términos referidos del grupo proponente, que es la del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.
NOTA.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Medio Ambiente, del miércoles 6 de marzo de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya elaborados.