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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 408, de 19/12/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 408
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 28
celebrada el miércoles, 19 de diciembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por el
temporal acaecido en la provincia de Granada en el mes de octubre de
2001. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/001066) . . . (Página 13276)
- Sobre medidas relativas al sector lácteo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
000171) . . . (Página 13278)
- Relativa a la remotorización de la flota artesanal por motivos de
seguridad cuando se dedica específicamente a labores de pesca de
percebe. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000819) . . . (Página 13280)
- Para impulsar una política más activa de creación de reservas
marinas en el litoral atlántico y cantábrico y, en particular, a
estudiar la viabilidad de una reserva en el entorno de la isla de
Sálvora y los islotes de Sagres. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
000820) . . . (Página 13281)
- Sobre medidas para combatir la plaga de la ceratitis capitata o
mosca de la fruta. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/1074) . . . (Página 13283)
- Relativa a la privatización de la empresa pública COOSUR Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/
001103) . . . (Página 13286)
- Sobre reordenación de la industria harinera. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001125) . . . (Página 13289)
- Por la que se insta al Gobierno a la adopción inmediata de medidas
para garantizar la calidad del yogur. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) . (Número de expediente
161/001129) . . . (Página 13292)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 28 de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Antes de empezar con las
proposiciones no de ley, quisiera decirles que, tal como acordó la
Mesa y portavoces de la Comisión, el orden del día será modificado en
el sentido de incluir dos proposiciones no de ley que iban a ser
calificadas por la Mesa. Les propongo que, por asentimiento,
aprobemos su inclusión. (Pausa.) Como no hay ningún portavoz que
manifieste su oposición, las incluiremos como puntos 8 y 9 del orden
del día.
En segundo lugar, les quisiera comentar que la proposición que figura
con el número 2, del Grupo Parlamentario Mixto Bloque Nacionalista
Galego, ha sido retirada. En tercer lugar, quiero decirles que la
proposición que figura en el orden del día con el número 5 será
tratada en primer lugar, siguiendo a continuación el debate del resto
de las proposiciones no de ley.
Finalizada la Comisión de Agricultura, celebraremos Mesa y
portavoces. Por último, les comunico que las votaciones no se
producirán antes de las doce y media.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL
TEMPORAL ACAECIDO EN LA PROVINCIA DE GRANADA EN EL MES DE OCTUBRE DE
2001. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001066.)
El señor PRESIDENTE: Entramos a debatir la proposición que figura en
el orden del día con el número 5. Para la defensa de esta iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la
señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Quiero dar las gracias a todos los
portavoces por permitir que esta iniciativa se debata en primer
lugar, pues tengo que intervenir en otra Comisión.
Señorías, esta proposición trae causa de los temporales que afectaron
a varios municipios de la costa granadina el pasado mes de octubre y
un mes después se reiteraron esas lluvias huracanadas y ese viento.
Estos hechos afectaron a varios municipios, algunos de los cuales
volvieron a sufrir el temporal, lo cual hizo que mi grupo presentara
otra proposición no de ley que intentó reunir a ambas en una sola. El
pasado miércoles 12, se aprobó una parte de la proposición no de ley
en la Comisión de Interior, aquella que afectaba a los asuntos
relacionados con la urgente presentación de un real decreto-ley para
solicitar las ayudas que habitualmente conceden a zonas puntuales de
nuestro país. Señorías, mi grupo ha presentado una autoenmienda para
resolver el único problema que quedaba sin contemplar en esta
proposición no de ley. En el litoral granadino, como ocurre con parte
del litoral almeriense y con algún otro del resto del Mediterráneo,
el tipo de agricultura son básicamente explotaciones agrarias de
invernadero. Los últimos temporales de lluvia, granizo,
viento, así como la formación de los tornados que han asolado la
parte de la zona del litoral granadino han puesto de manifiesto que
el seguro no cubre la producción de esta agricultura intensiva. ¿Por
qué? Porque el seguro agrario subvencionado por el Ministerio de
Agricultura no se adecua normalmente a las producciones de estas
explotaciones de agricultura intensiva que tienen tres cosechas
anuales. Ya conocen SS.SS. que el tipo de seguro agrario
subvencionado por el Ministerio de Agricultura sólo contempla una
cosecha y no la triple campaña anual con lo que a los agricultores el
seguro les queda muy bajo y difícilmente pueden resolver sor sí solos
situaciones como las que han provocado estos últimos temporales. Como
les decía, la semana pasada, se aprobó instar al Gobierno a que, en
el ámbito de sus competencias, en colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía y los municipios afectados y tras haber
realizado el proceso de valoración de daños producidos por estos
episodios de lluvia y viento, presente un real decreto-ley que
incorpore las medidas legales de reparación y ayuda a todos los
afectados. La autoenmienda que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta hoy en esta Comisión pide que el Ministerio de Agricultura
junto con las organizaciones agrarias y la Consejería de Agricultura
de la Junta de Andalucía, realice un estudio de la situación real y
las necesidades actuales de la agricultura intensiva para abordar la
elaboración de un seguro agrario subvencionado que se adecue a las
demandas de este sector agrario de agricultura intensiva. Espero el
apoyo de los grupos parlamentarios y quedo nuevamente agradecida por
la disponibilidad de los portavoces para cambiar el orden del día.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra su portavoz, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo para apoyar la proposición que se
nos presenta y añadir algo a lo manifestado por la portavoz del Grupo
Socialista. Estamos hablando de una zona en la que la agricultura,
además de ser fuente de riqueza y de generación de empleo, en caso de
que al final no pudiesen seguir manteniendo la producción, se verían
abocados al algo que creemos que hay que corregir y es que el turismo
y la construcción se conviertan en el monocultivo de esta zona.
Ayudar en estos momentos difíciles a los agricultores de la costa
granadina y a losde otras zonas del litoral supone también el
mantenimiento de la actividad agraria y evitar que la especulación
turística acabe ocupando todo el litoral desde Gibraltar hasta
Almería. Es importante tener en cuenta este elemento. Hay que apoyar
la agricultura en el litoral porque es lo que puede diversificar la
economía y servir de equilibrio ecológico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Covergència i Unió), tiene
la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Vamos a fijar nuestra posición respecto
de esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Nuestro grupo
tradicionalmente ha estado a favor de los seguros agrarios. Creemos
que es la salida natural. No se trata tanto de las subvenciones, sino
de que aquellos productos que puedan ser asegurados se aseguren a
unos precios asequibles para el agricultor. Los seguros agrarios
están cofinanciados por el Estado, por las comunidades autónomas y
por la agricultura que es la que paga. En este momento tienen un
problema y es que no tienen competencia, están en monopolio, porque
no hay ningún seguro que reciba financiación externa de las
administraciones. Tenemos que exigir que funcionen lo mejor posible,
pero, sobre todo -yo creo que funcionan razonablemente bien-, que se
adapten a las peculiaridades productivas de cada territorio. Sabemos
que eso es complejo, pero para que nos sirva a todos tiene que tener
esa capacidad de adaptarse a las peculiaridades productivas de cada
territorio.
He llegado tarde y no sé si figuraba este punto en el orden del día,
pero he oído el final de la intervención de la diputada del Grupo
Socialista y estoy de acuerdo en lo que hace referencia a la
potenciación, diversificación y adaptación de los seguros agrarios a
las características de las producciones intensivas de esa zona del
Estado español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: El Grupo Popular va a aceptar la autoenmienda
del PSOE a su proposición no de ley por solidaridad y compromiso con
los agricultores afectados. Esta misma iniciativa, como se ha dicho,
se ha visto recientemente en la Comisión de Justicia e Interior y
ayer mismo se vieron en Pleno varias proposiciones de ley para daños
similares acaecidos en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y
Canarias. En todas ellas ha primado la voluntad de los grupos de dar
respuesta a los daños, para acelerar los trabajos de evaluación de
daños producidos por la lluvia y vientos huracanados, en colaboración
con las comunidades autónomas y los municipios afectados. Se ha
acordado la elaboración inmediata de un decreto- ley que incorpore
las necesidades legales de reparación y ayuda a los afectados y que
se establezcan los mecanismos de coordinación y colaboración con las
comunidades autónomas.
Aceptado y consensuado lo anterior, volvemos de nuevo a consensuar
conjuntamente con las organizaciones agrarias y la Consejería de
Agricultura de la
Junta de Andalucía un estudio sobre la situación y necesidades de la
agricultura intensiva para elaborar un seguro agrario que se adecue a
las demandas de este sector. Estas situaciones imprevistas, tanto de
sequía como de lluvias y vientos huracanados, se dan con demasiada
frecuencia en Andalucía y en el resto de España por lo que el
ministerio está potenciando la política de seguros agrarios con
incentivos y subvenciones para facilitar su contratación, que puede
llegar hasta el 47 por ciento del coste, que puede ser hecho efectivo
por la Administración central y por los Gobiernos autónomos.
Para las producciones afectadas por estos siniestros, como el
aguacate, las hortalizas al aire libre y las hortalizas invernadero
existen seguros que cubren los daños producidos por lluvias
torrenciales y por vientos huracanados. En el caso de las hortalizas
de invernadero, además de estos daños a la producción, el seguro
prevé una compensación de los gastos de salvamento, por el cual el
agricultor asegurado recibe un indemnización por el coste de los
materiales y mano de obra utilizado en la reconstrucción de la
estructura y cubierta del invernadero. Desde el principio de la
campaña el agricultor granadino, que es el que nos ocupa, como el
resto de los españoles ha podido contratar su seguro eligiendo entre
diversas opciones. A pesar del interés de las comunidades y del
ministerio en esta apuesta por el seguro, el nivel de contratación en
esta comarca granadina es muy reducido. Hay que tener en cuenta que
en el acuerdo por el que se aprueba el plan de seguros agrarios
combinados para el ejercicio 2001, se establece que no se concederán
ayudas o beneficios de carácter extraordinario para paliar las
consecuencia de los daños ocasionados por riesgos contemplados en el
presente plan sobre producciones asegurables. Así, todos los
agricultores que tengan contratados su seguro contra los riesgos
acaecidos percibirán la indemnización que les corresponde en función
de los daños reales sufridos en su producción. Si la indemnización
fuera para todos y no sólo para los que han demostrado voluntad
aseguradora, se produciría un agravio comparativo y un efecto
desincentivador del seguro agrario, que es una apuesta del Gobierno
para garantizar, precisamente, las rentas del agricultor y permitir
la continuidad de la actividad agraria. El agricultor debe saber que
para garantizar las cosechas debe suscribir una póliza de seguros y
en este caso, con el fin de perfeccionar el sistema, nuestro grupo
apoya esta proposición no de ley.
- SOBRE MEDIDAS RELATIVAS AL SECTOR LÁCTEO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
000171.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley
que figura en el orden del día con
el número 1. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Discutimos y votaremos una iniciativa que se
presentó el día 10 de julio de 2000 y que, por tanto, tiene algunos
elementos ya superados, pero la hemos mantenido porque, junto con
estos puntos que deben ser modificados, hay otros que siguen siendo
válidos y merecerían una breve reflexión de esta Comisión con el
consiguiente acuerdo. En la exposición de motivos se dice que los
ganaderos dedicados a la producción de leche estaban atravesando un
momento crítico y que no podían soportar por más tiempo los precios
de entonces. Aunque el momento crítico sigue y se ha convertido en un
período crítico, tenemos que reconocer que la capacidad de soportar
del sector es mucho mayor de lo que creíamos. La realidad es que año
y medio después el sector de producción de leche sigue necesitando
mayor atención de la Administración y de la Unión Europea. La
explotación agraria familiar necesita un respaldo que no le dan ni
los presupuestos que mañana terminaremos de aprobar ni otras medidas
del Gobierno del Partido Popular. Lo que quedaría vigente de nuestra
iniciativa es ese intento de consolidar un número elevado de
producciones a través de ese apoyo a la explotación agraria familiar
mediante la distribución equitativa de los derechos de producción,
las transferencias de las cuotas a través de la reserva nacional y la
modulación de la supertasa. Son elementos que podrían contribuir
a que la explotación familiar agraria no fuese al final la que siempre
acaba pagando las crisis, como viene ocurriendo no ya en este sector
sino, en general, en la agricultura y en la ganadería para abrir un
horizonte de tranquilidad en un sector que está atravesando por un
período crítico.
Por otra parte, estimamos que hay que definir nuevos incentivos para
promover una calidad respetuosa con el medio ambiente o con los
principios de seguridad alimentaria. La política agraria común de la
Unión Europea hace demasiada literatura pero poca realidad y habría
que plantear elementos concretos sobre los que reflexionar. Los
presupuestos del Estado habrían sido un buen momento para desarrollar
este punto. Desafortunadamente, no ha sucedido así, pero nosotros no
nos vamos a desanimar y vamos a seguir manteniendo nuestra opinión
porque es el camino para que la agricultura y la ganadería tengan
futuro en la Unión Europea, de otra manera sería imposible su
mantenimiento más allá de los límites de las grandes explotaciones
cuya rentabilidad rentabilidad económica y social dejan mucho que
desear.
Esta era la intención de nuestra iniciativa, más allá de los datos
concretos reflejados en la exposición de motivos pues evidentemente
desde el 10 de julio de 2000 muchos están bastante superados, por no
decir desfasados. Aceptamos la enmienda del Grupo Popular
porque supone una esperanza, en la medida en que se concreten. Una
vez aprobada esta iniciativa sería bueno que el Gobierno lo plasmara
en elementos concretos que sirvan para mejorar la situación actual.
Nos alegra llegar a un acuerdo con el Grupo Popular; no creemos que
se debe a que la enmendante no es su portavoz habitual, sino a que el
Gobierno tiene en este caso la posibilidad de mover ficha. Reitero
que para este portavoz acostumbrado a que no se le aprueben
iniciativas, supone una cierta satisfacción despedir el año con una
propuesta aprobada.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la intervención del
grupo enmendante. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, la señora Vázquez
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Como portavoz ocasional, intervengo hoy en
la defensa de esta proposición no de ley. Quiero que conste en el
«Diario de Sesiones» que previamente me he reunido con mi portavoz,
como novata que soy en esta Cámara, para ver a qué acuerdos
llegábamos y hasta qué punto podíamos presentar una enmienda que
favoreciese a este sector. Así lo hemos hecho y la hemos presentado.
Sin entrar a discutir las cifras que figuran en la motivación de la
proposición, porque efectivamente fue ya hace algún tiempo, la
realidad es que desde hace algo más de un año se viene produciendo un
descenso en el precio de la leche, llegando incluso a un 3 por ciento
menos respecto al año 1998. Desde 1992, cuando hubo un aumento, hemos
sufrido un retroceso. Esta situación, debida en buena parte a la
coyuntura del mercado, que ha provocado la caída generalizada del
precio de la leche en toda la Unión Europea, es objeto de
preocupación ya no sólo por los productores, sino por el propio
Ministerio de Agricultura y del Gobierno. Consciente del problema, el
Gobierno ha planteado como objetivo dotar de la mayor transparencia
posible a este mercado. Así se han emprendido una serie de
actuaciones en el ámbito de calidad, de programas de control tanto en
la leche producida por las explotaciones como en los productos que
finalmente se ofrecen al consumidor y, por otra parte, en las
relaciones interprofesionales fomentando y apoyando la constitución
de la interprofesional lechera INLAC.
Con relación al segundo punto de la proposición, relativo a defender
el mantenimiento del régimen de cuotas más allá de la fecha propuesta
para su desaparición, debemos señalar que en la negociación de la
reforma de la OCM España siempre estuvo a favor de la continuidad del
régimen de cuotas. No obstante, el acuerdo de Berlín incluye la
exigencia de que la Comisión, antes del año 2003, remita una
evaluación intermedia de la situación y efectúe propuestas.
Consideramos prematuro en estos momentos un compromiso de
apoyo a un régimen cuya efectividad depende en gran medida de
factores como del adecuado nivel de cuota de la Unión Europea, de los
mecanismos de flexibilidad que contiene y de otros factores.
En cuanto al tercer punto, el apoyo a la explotación familiar
agraria, es más evidente en el sector lácteo que en otros sectores
agrarios. El consolidar un número de explotaciones no tanto elevado
como suficiente y que estas explotaciones sean rentables es un
objetivo prioritario del Gobierno. El marco de una producción
contingentada, el aumento de la dimensión económica de las
explotaciones, dependen en gran medida de la desaparición de otras
que son menos rentables y que están más envejecidas. No obstante,
queda un importante campo para la mejora de los costes de producción,
como S.S. ha dicho. La consolidación debe promoverse mediante la
redistribución equitativa de derechos, transferencias a través de la
reserva nacional y modulación de la supertasa. En relación con ésta,
el margen de maniobra está limitado únicamente a la aplicación de los
criterios de la compensación nacional, que actualmente tiene en
cuenta el tamaño de la explotación y el nivel del excedente
declarado. Por otra parte, no se nos debe olvidar que las
competencias en materia de agricultura y ganadería de las comunidades
autónomas determinan su intervención en el establecimiento de las
condiciones prioritarias en las explotaciones para acceder a los
repartos de cuota láctea.
En cuanto al último apartado, promover la producción de calidad
respetuosa con el medio ambiente, nos parece totalmente oportuno y lo
relativo a los principios de seguridad alimentaria son también un
objetivo de la política agraria común.
Señorías, deseo agradecer al grupo proponente el que haya aceptado
nuestra enmienda y nos felicitamos por este consenso que hoy ha
reinado en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir?
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque
Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Con mucha brevedad, queremos manifestar que
la proposición no de ley de Izquierda Unida plantea una serie de
cuestiones necesarias y positivas para el sector lácteo. La relativa
a que se fomenten los marcos de negociación entre productores e
industrias para conseguir precios estables que signifiquen una
garantía de renta para los productores, nos parece muy importante
porque uno de los problemas que tiene el sector son los vaivenes de
los precios, fijados muchas veces unilateralmente. Por otra parte,
que se tomen medidas para mantener un importante número de
producciones familiares, nos parece también básico porque este tipo
de explotaciones
son las que fijan población rural y las que mantienen la actividad
económica de muchas zonas de vocación ganadera. Por último, nos
parece de gran interés que se demanden incentivos que promuevan
producciones de calidad respetuosas con el medio ambiente. Es básico
que los productos agrarios o ganaderos de calidad se obtengan a
través del respeto al medio ambiente. Vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra su portavoz, el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Los portavoces que ya han intervenido han
dejado claramente expuesta la problemática, pero voy a profundizar en
un tema que me parece de vital importancia, en la incertidumbre que
existe sobre el futuro de las cuotas. Sin cuotas lácteas el problema
no tiene nada que ver. Estamos de acuerdo con la calidad, con la
sanidad, con la potenciación de las empresas familiares agrarias, con
una producción que respete el medio ambiente, pero todo eso
difícilmente tiene futuro si se renuncia a las cuotas lácteas. No
podemos olvidar posturas de algunos países como el Reino Unido que
divergen, la incorporación de los países PECO, y que pasar de los
Quince a la Unión Europea de los veinticinco o de los veintisiete en
cuatro o cinco años con algunos países con producciones importantes
de leche, va a cambiar el panorama. Tenemos que tener presente los
acuerdos de la cumbre de Berlín respecto a la financiación de la
política agraria comunitaria y, sobre todo, el compromiso aquí
mencionado de que en la citada cumbre de Berlín se asumió que el
sistema se tendría que revisar el año 2003 para adecuar las cuotas de
cara a la posible supresión a partir del 2006. Efectivamente, en 2003
habrá una revisión, pero habrá que ver si es para la consolidación o
la supresión de las cuotas en el año 2006. Ese es el gran
interrogante que se nos plantea. Todo lo mencionado está muy bien y
lo vamos a apoyar, pero si se suprimen las cuotas el panorama será
muy diferente y algunas zonas del Estado español lo van a pasar muy
mal. Vamos a apoyar la proposición no de ley, instando al Ministerio
de Agricultura -sabemos que lo hace- a que sea capaz de encontrar los
socios europeos suficientes para sacar una propuesta constructiva que
asegure la viabilidad de las empresas de productos lácteos en el
Estado español.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Gorostiaga.
La señora GORIOSTIAGA SAIZ: El Grupo Socialista también va a apoyar
esta proposición no de ley. Aunque su portavoz ya ha manifestado que
algunos
de los puntos contenidos en el número 1 ya se lograron en la
interprofesional, lo ideal es que agrupara también a otros agentes
intervinientes, a los distribuidores y consumidores, que en estos
momentos no intervienen en el precio.
Respecto al segundo punto, las cuotas han demostrado ser una buena
fórmula para la consolidación de los ganaderos. Creemos que todavía
sería bueno mantenerla para proteger a las explotaciones de ganado
vacuno que aún no han alcanzado las condiciones suficientes para
competir en libertad. Es cierto que no va a depender sólo de
nosotros, pero no estaría mal que defendiéramos el mantenimiento de
esa fórmula.
En cuanto al punto número 3, estamos absolutamente de acuerdo porque
la permanencia de vida en el medio rural es una garantía para evitar
el despoblamiento, muy perjudicial para todos, como conservación de
una cultura, de unas tradiciones y por razones medioambientales.
Respecto a definir los incentivos que promuevan una producción de
calidad respetuosa con el medio ambiente, es un punto en el que
estamos absolutamente de acuerdo porque lo ideal sería ir a la
producción respetuosa con el medio ambiente acordes con lo que exige
el consumidor.
A pesar de que la proposición tiene más de casi un año desde su
presentación, cualquiera de sus puntos, exceptuando una parte del
primero, están absolutamente vigentes y por lo tanto la apoyaremos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida para manifestar si acepta la enmienda que se ha
presentado.
El señor CENTELLA GÓMEZ: La aceptamos.
- RELATIVA A LA REMOTORIZACIÓN DE LA FLOTA ARTESANAL POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD CUANDO SE DEDICA ESPECÍFICAMENTE A LABORES DE PESCA DE
PERCEBE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000819.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al debate de la
propuesta que figura en el orden del día con el número 3.
Tiene la palabra su portavoz, el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: De acuerdo con las recientes noticias, de
ayer por la tarde, de ampliación de seis meses más de la vigencia de
la actual POP 4 -Plan de Orientación Plurianual- y en el
desconocimiento de si se va a redactar un nuevo POP y de las medidas
que va a contemplar, de acuerdo con las medidas concretas que se
recogen el Real Decreto 580 para aumentar la potencia de propulsión
de los barcos de más de doce metros de eslora, en coherencia con la
enmienda presentada con el Partido Socialista, con la
cual hubiésemos estado de acuerdo de ampliar el ámbito de
embarcaciones, consideramos innecesario debatir esta proposición no
de ley y la retiramos del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Hay un problema real que afecta a más de 4.500
embarcaciones. Pensábamos que este aspecto concreto de los
percebeiros no estaba recogido. Pedimos al Grupo Parlamentario
Popular que el Gobierno, en la nueva reglamentación que haga de este
tema, permita que las embarcaciones que están hoy en situación
irregular, se puedan normalizar. Por ello, apoyamos esta retirada.
- PARA IMPULSAR UNA POLÍTICA MÁS ACTIVA DE CREACIÓN DE RESERVAS
MARINAS EN EL LITORAL ATLÁNTICO Y CANTÁBRICO Y, EN PARTICULAR, A
ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE UNA RESERVA EN EL ENTORNO DE LA ISLA
SÁLVORA Y LOS ISLOTES DE SAGRES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000820.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 4.
Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Intervengo en nombre del Grupo Popular para
defender la proposición no de ley que solicita del Gobierno impulsar
una política más activa de creación de reservas marinas en el litoral
atlántico y cantábrico. Las medidas de protección directa de los
recursos de interés pesquero, entre las que se encuentran las
reservas marinas, están insertas entre las competencias que la
Constitución atribuye a la Administración del Estado en aguas
exteriores. El artículo 13 de la reciente ley aprobada por esta
cámara, Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado, en
lo referente a la declaración de zonas de protección pesquera y
dentro del capítulo sobre medidas de protección y regeneración de los
recursos, establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación mediante orden ministerial podrá declarar zonas de
protección pesquera para favorecer la protección y regeneración de
los recursos marinos. Dentro de las zonas de protección pesquera las
reservas marinas vienen a definirse como aquellas zonas que por sus
especiales características se consideran adecuadas para la
regeneración de los recursos pesqueros.
En el ámbito de la Unión Europea y dentro de su política estructural,
ésta demandó de cada país la elaboración de un plan sectorial de
pesca en el que se fijaran las líneas prioritarias de las acciones
estructurales para el período 1994-1999. Como una línea prioritaria,
la Administración española identificó las reservas marinas. Esta
línea ha sido igualmente incorporada al marco de las ayudas
estructurales para la pesca en la Unión Europea con los fondos IFOP
para el período 2000-2006. Pues bien, señorías, las reservas creadas
en el ámbito competencial de las administraciones pesqueras
constituyen una medida específica que contribuye a lograr una
explotación sostenida de los recursos de interés pesquero,
estableciendo para ello medidas de protección específicas en áreas
delimitadas de los caladeros tradicionales. En la selección de estas
áreas se tiene en cuenta su estado de conservación y, cómo no, el
hecho de que reúnan unas características determinadas que permitan la
mejora de las condiciones de reproducción de las especies de interés
pesquero, así como la supervivencia de sus formas juveniles. Diversos
estudios científicos han demostrado la eficacia de la declaración de
reservas de interés pesquero en determinados puntos del litoral
mediterráneo español, ya que la regulación de la pesca en aquellas
zonas conlleva un incremento a medio y largo plazo de las poblaciones
de peces de interés comercial que eran objeto de explotaciones en
esas zonas. El efecto de una reserva marina se manifiesta, pues, en
una recuperación significativa de los caladeros en los que ésta se
inserta.
Estas medidas de protección vienen a incluirse, como decía
anteriormente, dentro de esas líneas de actuación prioritarias de los
programas referidos al acondicionamiento de las zonas marinas
costeras. Junto a estas medidas de protección específicas se incluyen
otras medidas, como puede ser la instalación de arrecifes
artificiales destinados preferentemente a la disuasión en el uso
ilegal de artes de pesca, así como acciones de regeneración de los
recursos mediante repoblación de especies de interés pesquero. El
conjunto de estas acciones contempladas en estas líneas de actuación
responde, por un lado, a la exigencia comunitaria de integrar medidas
de carácter medioambiental en las distintas políticas sectoriales, en
este caso en la política pesquera, así como, por otro lado, responde
igualmente a las previsiones del convenio de diversidad biológica, en
las que se contempla la aplicación de medidas de protección en áreas
predefinidas al objeto de preservar dicha diversidad.
En el proceso de creación de una reserva marina intervienen todos los
organismos e instituciones relacionadas con la protección o
explotación de los recursos pesqueros. La idoneidad de la zona
propuesta se debe determinar mediante unos estudios de carácter
pesquero y ecológico que definan claramente cuál es el objetivo de
esta reserva marina, así como que delimite
claramente cuál es el área elegida para su implantación. Una vez
realizado este estudio, dará lugar a una propuesta de norma de
creación de la reserva para cuya publicación se solicitará el
consenso de las organizaciones representativas del sector, así como
del organismo correspondiente de la comunidad autónoma para una
eventual actuación coordinada en el área a proteger.
Una vez que se ha constituido la reserva, se creará un órgano
destinado a la evaluación de los efectos de la reserva, que recogerá
las propuestas de actuación que se asigna a cada reserva marina
constituida, que se denominará comisión de gestión y seguimiento y en
la que se invitará a participar al sector pesquero y a organismos e
instituciones relacionadas con la protección del medio marino. Las
acciones que regularmente se llevan a cabo en el ámbito de las
reservas marinas y para cuya definición se recurre a esta comisión
son, entre otras, delimitación del área a proteger mediante su
balizamiento, puesta en marcha de mecanismos de difusión de las
medidas de protección hacia el sector pesquero y hacia otros posibles
usuarios del ámbito marino de la reserva, así como puesta en marcha
de un seguimiento científico de los efectos de la reserva sobre los
recursos y sobre el sector pesquero artesanal.
Pues bien, señorías, actualmente son ocho las reservas marinas o
espacios protegidos que han sido creados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, ninguno de ellos en el litoral
cantábrico ni atlántico. Pero no son sólo estas ocho reservas o
espacios protegidos existentes, sino que existen otros ocho de ámbito
exclusivamente autonómico creados por las Comunidades de Cataluña,
Valencia, País Vasco e Islas Baleares.
En la proposición no de ley que hoy presentamos instamos a que se
impulse esa política de creación de reservas marinas en el litoral
peninsular atlántico y cantábrico. Establecíamos, en particular, la
zona de la ría de Arosa por considerar que reunía las características
exigibles para constituir una reserva marina dada su gran riqueza
pues en esta zona se encuentran algunas de las zonas marisqueras de
las más conocidas de Galicia como son la Isla de Sálvora y los
islotes de Sagres. En conversaciones con los distintos grupos cuyo
apoyo pedíamos, no sé si existe una enmienda transaccional.
Estaríamos dispuestos a modificar el texto de nuestra proposición no
de ley.
Finalizo deseando unas felices fiestas a esta Comisión de
Agricultura, en la que siempre es un honor intervenir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por ese deseo y ese espíritu
navideño. ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz
Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, después de escuchar
con atención la intervención documentada de la portavoz del PP tengo
que decir que para nosotros es una proposición no de ley en la que el
Parlamento no debería instar a la Xunta de Galicia a acometer lo que
aquí se demanda. Si nos fijamos en dónde se concretan las
actuaciones, observaremos que se ciñen a las aguas de la Comunidad
Autónoma de Galicia, una de las zonas más ricas de la comunidad
autónoma, la ría de Arousa, en donde no solamente hay recursos sino
donde está concentrada la mayoría de la flota de bajura. De entrada,
rechazamos la iniciativa porque no creemos que desde aquí se le pueda
decir al Gobierno de Galicia lo que tiene que hacer. No entendemos
que el Grupo Parlamentario Popular que gobierna en Galicia diga lo
que tiene que hacer el Parlamento español. Tendría que venir un
acuerdo por el que el Parlamento gallego demandara del Gobierno del
Estado, a través del Parlamento, un plan conjunto para explotar todo
esto. Para nosotros hay un problema claramente competencial. No nos
negamos a que haya un plan para una política activa de creación de
reservas marinas en el litoral atlántico y cantábrico en el que
colabore la Xunta de Galicia, pero sí a que se haga en aguas
interiores. Nuestra enmienda in voce propondría la supresión de la
frase: «y en particular a estudiar la viabilidad de una reserva en el
entorno de la isla Silvón y los islotes de Sagres». El texto diría:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una
política más activa de creación de reservas marinas en el litoral
atlántico y cantábrico en colaboración con la Xunta de Galicia y los
representantes del sector pesquero». Hacer una reserva marina en el
entorno de Silvón y los islotes de Sagres es muy fácil porque allí
está todo. Con que cuidáramos un poco la reserva marina los
resultados serían espectaculares, pero es que ya hay la reserva. Lo
que pedimos es que se haga un esfuerzo y se busque una ubicación
acorde con el interés que se persigue, pero que no se intente
resolver el tema de forma fácil buscando la reserva en aguas de
Galicia y donde ya hay reserva.
Repito que no estamos en contra de la iniciativa, pero si de la
ubicación concreta porque invade una competencias y desde aquí no se
pueden invadir competencias.
El señor PRESIDENTE: Como hay una propuesta de transacción, para su
aceptación o rechazo, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Quiero decirle al portavoz del Grupo
Socialista que al principio de mi intervención hablaba de
competencias de la Administración del Estado en las aguas exteriores,
no es deseo de este grupo invadir competencias autonómicas.
Con este consenso de fin de año que invade esta Comisión, aceptamos
esta enmienda transaccional, que diría: «El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a impulsar una política más activa de creación de
reservas marinas en el litoral atlántico y cantábrico, en
colaboración con la Xunta de Galicia y los representantes del sector
pesquero». Sólo matizar que cuando hablábamos de la viabilidad de una
reserva en el entorno de las islas no estábamos determinando un área
concreta.
- SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA PLAGA DE LA CERATITIS CAPITATA O
MOSCA DE LA FRUTA. PRESENTADA EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001074.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley, que figura
en el orden del día con el número 6 del Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del grupo
proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Edo.
El señor EDO GIL: Señorías, lo que era un problema que se iba
llevando se ha convertido en una plaga y, tal vez, en el principal
problema que en la actualidad tienen que afrontar los sectores
frutícolas, en concreto, el citrícola. Es evidente que nos
encontramos ante un cambio climático, que este hecho facilita la
proliferación de la Ceratitis capitata o mosca de la fruta, pero
también es cierto que cuando los responsables del Gobierno conocen un
problema y no lo solucionan debidamente están haciendo dejación de
sus funciones o, cuando menos, cometiendo torpezas en sus
actuaciones. Es responsabilidad del Gobierno solucionar los problemas
y no escudarse en las responsabilidades de las comunidades autónomas,
que también las tienen.
La mosca denominada Ceratitis capitata, debido a su tamaño y a su
peculiar transparencia, es difícil de apreciar su presencia, pero los
resultados de su picada en la fruta son devastadores. A los pocos
días la fruta afectada estará podrida y en el suelo, pero, eso sí,
con el proceso de reproducción, desgraciadamente, puesto en marcha.
En menos de un mes estarán volando, después del proceso puesto en
marcha de reproducción, las nuevas moscas y a la vez iniciando cada
una de ellas un nuevo ciclo reproductor y como consecuencia más y más
frutas afectadas.
El sistema que se está utilizando para combatirla no es otro que el
tratamiento aéreo y terrestre con malatión, un producto en principio
eficaz pero que en estos momentos y en vista de los resultados hay
sospechas de que ya no lo es tanto y, en cualquier caso, tampoco se
puede simplemente combatir una plaga, hay que ir mucho más lejos y
erradicarla. Para ello hay que combatirla, desde varios frentes y, ya
que se
han demostrado eficaces en otros países, habrá que emplearlos aquí.
Entre éstos se encuentra el tratamiento con sistemas que preserven
también el medio ambiente. El más eficaz es, como se ha demostrado en
otros sitios, la suelta de machos estériles de Ceratitis capitata,
evitando así que las hembras no sean fecundadas. Como es evidente,
siempre habrá machos con capacidad de fecundar, por lo que hay
combatirlos con la dispersión de feromonas de confusión sexual.
A pesar de la gran efectividad que se puede producir en este tipo de
tratamientos, hemos de ser conscientes de que se ha de complementar
la lucha -y remarco complementar- con tratamientos fitosanitarios,
con productos que resulten más eficaces que los que actualmente está
resultando el malatión, que los hay, como el spinosad, pero que
todavía no cuenta con el beneplácito de Europa o el festión, que no
cuenta con el beneplácito de Estados Unidos. Tiene que actuar el
Gobierno de español para facilitar el uso de esos productos que han
demostrado ser mucho más eficaces que el usado actualmente. El más
efectivo sin lugar a dudas, como de todos es sabido, es el frío.
Cuando bajan las temperaturas la mosca de la fruta desaparece
totalmente, pero para ese tratamiento no tenemos antídoto; hay que
esperar a que el tiempo cambie y así solucionar la plaga. Dado que es
un problema que afecta a varias comunidades autónomas, ha de tratarse
desde una coordinación y una efectividad en el ámbito nacional.
Es responsabilidad del Gobierno crear los medios y coordinar las
soluciones para que surtan efecto en todas las comunidades autónomas
productoras de frutas y, en especial, cítricos. Es posible acabar con
esta plaga, en otros países ya se ha hecho. Para ello, el Grupo
Socialista insta al Gobierno, primero, a que se inicien las gestiones
necesarias para la puesta en marcha de una central de producción de
machos estériles de Ceratitis capitata de ámbito nacional; segundo, a
que se dote de medios necesarios, tanto humanos como presupuestarios,
para la utilización de sistemas como la dispersión de feromonas de
confusión sexual y trampas más novedosas que las actuales mediante
acuerdos del Ministerio de Agricultura con todas las comunidades
autónomas afectadas por la plaga de Ceratitis capitata, tercero,a
que, ante la gravedad de la plaga de la Ceratitis capitata, se llegue
a un acuerdo urgente con las comunidades autónomas afectadas para la
retirada y posterior destrucción de la fruta infectada por la mosca,
consiguiendo así eliminar el principal foco de propagación de la
plaga.
En el año 1999 ya sufrimos la mosca en forma de plaga y no se hizo
nada para erradicarla, prueba de ello es que este año ha existido
otra vez la plaga. Este año tampoco se ha hecho nada. Sí se ha
trabajdo para combatirla sobre el terreno cuando estaba, pero no para
erradicarla. El año que viene, si el Partido Popular no apoya esta
iniciativa, volveremos a tenerla y el siguiente
y así hasta que consigan que nules se coma la clemennules de Florida.
No lo descarto. Déjense de historias partidistas y apoyen esta
proposición no de ley. Aquí no venimos a hablar de comunidades
autónomas, sino de una gestión integral como Estado desde el
Ministerio de Agricultura.
Creo que el Partido Popular va a votar en contra, alabará sus
bonanzas en la gestión y esgrimirá la desinformación de la oposición.
Entra dentro de la dinámica del Partido Popular. Votar en contra de
esta proposición no de ley significa, desde nuestra forma de ver,
aceptar que las cosas están bien como están y que el ministerio hace
bien en no implicarse. Ustedes verán.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar
posición? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
portavoz, el señor Prim.
El señor PRIM TOMÁS: El Grupo Parlamentario Socialista porsu diputado
señor Edo nos propone una iniciativa nosotros calificaríamos, como
muy bien ha adelantado el señor diputado, de indocumentada. A la
vista de esa proposición no de ley, leída y explicada así por el
señor Edo, comienza siendo catastrofista puesto que ya, desde el
principio, nos narra una situación apocalíptica en esta campaña, y
también habla del cambio climático. Menos mal que añade que no es
culpa de la Administración. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Que el cambio
climático fuera culpa de la Administración.
Saben el señor Edo y todos los diputados que componemos esta Comisión
que son claros los efectos del cambio climático a corto y medio
plazo, pero está también claro que en cincuenta años hemos tenido
otoños más cálidos, más fríos y, que ello no se ha debido al cambio
climático, sino al clima; unos años son más cálidos y otros más
fríos. Meter en el saco el cambio climático en estos momentos no
viene a cuento, como tampoco viene a cuento comentar que
practicamente este año nos ha comido la mosca, como ha hecho el señor
Edo.
Según opinan los expertos, los niveles de población, que se han
producido en esta campaña de exportación de cítricos de Ceratitis
capitata no han sido sensiblemente importantes como para destacarlos
este año; lo que pasa es que el Partido Socialista en este caso pesca
en río revuelto. A partir de noviembre la prensa sensacionalista
lanza que han llegado una serie de cajas a Estados Unidos de
clementinas podridas y se le imputa a la Ceratitis. Como debe saber
el señor Edo, no fue esa la causa. Los titulares de la prensa
valenciana hablaban de un millón de cajas de clementinas podridas por
la Ceratitis, pero era mentira. Se debió a una maduración interna y
externa desequilibradas, y se puede demostrar. Fue una campaña que
empezó en el mes de noviembre por intereses creados, informaciones
sensacionalistas que motivaron un desprestigio de nuestra
fruta en los mercados exteriores y estamos recogiendo de esos polvos
estos lodos.
La realidad es que los señores del Partido Socialista, comenzaron a
hablar de la Ceratitis. Ante un otoño cálido hay que preservar la
fruta de la Ceratitis y como bien sabe el agricultor valenciano, hay
unos medios para preservarla. La Comunidad Valenciana y otras
comunidades autónomas tienen muy claro como luchar contra la
Ceratitis. Si S.S. tiene en su poder - en caso contrario, cuando
acabe esta Comisión, se lo daré- boletín de avisos que edita la
Generalitat Valenciana, observará que hay un decálogo que cumple el
agricultor valenciano, como es: solicitar los productos
fitosanitarios, los tratamientos terrestres que la consellería
entrega de forma gratuita a través de cooperativas, consejos locales
agrarios y ayuntamientos; que vigile sus campos de frutales y
cítricos e inicie los tratamientos en el momento oportuno; que
realice los tratamientos con la frecuencia necesaria cada siete
o diez días, depende de la climatología; que se protejan los frutales y
variedades tempranas de cítricos hasta el final de la recolección,
siempre que los niveles de la plaga lo aconsejen; que se respete el
período de tiempo que debe transcurrir desde la última aplicación de
insecticida y la recolección; que los tratamientos frutales aislados
para evitarla se conviertan en focos de multiplicación es
fundamental; que se recojan y destruyan los frutos caídos es otro
tema del punto tercero de la propuesta; que se elimine la fruta no
recolectada de plantaciones regulares y árboles diseminados; que se
ponga en conocimiento de los consejos locales y ayuntamientos los
vertederos incontrolados de frutas para que puedan ser tratados
adecuadamente; y se tengan en cuenta los tratamientos aéreos y
terrestres que realiza la Consellería de Agricultura, que sirven para
reducir las poblaciones de moscas en zonas amplias.
Es fundamental tener en cuenta que estas premisas las cumple el
agricultor valenciano y que muchos otros agricultores de otras
comunidades autónomas también lo saben puesto que se hace esa campaña
por parte de otras comunidades autónomas.
Para que se conozcan estos tratamientos químicos tanto a pie de suelo
como aéreos, vamos a entrar en la propuesta del Partido Socialista.
En primer lugar, habla de iniciar la puesta en marcha de una central
de producción de machos estériles de Ceratitis capitata. Le diré al
señor Edo que en España y por el Instituto de Investigaciones
Agronómicas se produjeron estos insectos en la factoría de El Encín,
Alcalá de Henares hasta el año 1984, con escasa eficacia dado que se
esterilizaban conjuntamente hembras y machos y las primeras seguían
picando la fruta aunque no evolucionase la plaga. En la actualidad,
España está incluida en un proyecto de utilización de estos machos
estériles que serían producidos en una factoría de Bratislava con
capacidad para abastecer a todos los países europeos
donde la Ceratitis capitata representa un serio daño económico. Esta
factoría estaría subvencionada por la Unión Europea, por lo que no
parece lógico que nuestro país inicie la construcción de una central
para esta actividad. Diré más. Hay fábricas en Guatemala y en
Argentina de donde también se está surtiendo nuestro país de machos
estériles. Es donde yo vivo, en el término de Torreblanca, donde
próximamente se va a hacer una suelta en cien kilómetros cuadrados de
un ensayo para reducir población.
Esta iniciativa olvida que ya hay una solución subvencionada en el
ámbito europeo. Esta iniciativa está ya en marcha con un componente
económico que resultaría mucho más ventajoso que instalarlo en España
con los costes que ello comportaría, por lo que desestimamos el punto
primero. En cuanto al punto segundo, tengo que informar al Grupo
Parlamentario Socialista -porque lo mantiene en el preámbulo, con
mayúsculas, cuando habla de feromonas de confusión sexual y trampas
más novedosas- que no hay feromonas de confusión sexual, que se han
confundido de nombre porque no hay tales feromonas de confusión
sexual. Cariñosamente se lo digo al portavoz del Grupo Socialista.
Actualmente se está trabajando en la aplicación de nuevos atrayentes
sexuales, no feromonas, distintos al Trimeldure, que es el que
habitualmente se utiliza, y que sólo atrae a machos que sólo se
aplican para el conocimiento del vuelo, o sea, control de vuelo, para
saber cuándo hay que iniciar los tratamientos químicos. Actualmente
se están haciendo experiencias con atrayentes de hembras -eso sí es
importante-, con lo que también se disminuye el número de frutos
picados para lo que se utilizan tres materias activas: acetato
amónico, putrescina y trimetillamina, así como un nuevo tipo de
trampa registrado con el nombre de Tephri Trap, con resultados
esperanzadores. Le comento técnicamente: se colocan de dos a cuatro
trampas por anegada y ya se han repartido gratis a los agricultores
para que comprueben la bondad del tratamiento y siempre hablando de
reducir población, nunca en un tratamiento integral concreto para no
utilizar tratamientos químicos. De momento es una utopía apartar los
tratamientos químicos, pero en esa lucha integrada esto está en
marcha y, por supuesto, es un tema carísimo. Se está subvencionando
este reparto a los agricultores, tanto en frutales diseminados como
en parcheo, para que se den cuenta de la bondad del tratamiento de la
atracción de hembras y no de confusión sexual. La Administración,
pues, está subvencionando ya el tema.
Por último, habla S.S. de la necesidad de que se llegue a un acuerdo
urgente con las comunidades autónomas afectadas para la retirada y
posterior destrucción de la fruta infectada por la mosca. Puede ser
interesante para evitar que la fruta infectada actúe como hospedante
de larvas y pupas de este insecto. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la mosca inverna bajo tierra
y de poco servirá esta medida si cuando se acerque la próxima
primavera e incluso antes si el invierno es climatológicamente
benigno, no se toman medidas con tratamientos adecuados basados en
una buena red de seguimiento de vuelo de los insectos adultos que nos
indique el lugar y el momento adecuado para la adopción de estos
tratamientos.
Señores del Partido Socialista, yo calificaría esta proposición no de
ley de pesca en río revuelto. Ha habido un confusionismo comercial
por el cierre de fronteras de Estados Unidos achacándosele a la mosca
de la fruta cuando a mí particularmente se me hablaba de que no
existía la mosca de la fruta, sino de que era mosca del vinagre. En
algunos casos ha habido una confusión comercial verdaderamente
importante en los puertos de Filadelfia. Esta iniciativa no es
oportuna porque están en marcha una serie de medidas presupuestarias
importantes que tanto la Comunidad Valenciana como otras comunidades
autónomas están aplicando. Saben SS.SS. que en los años ochenta la
competencia del servicio de plagas fue trasferida a las comunidades
autónomas y la Comunidad Valenciana, con un peso específico del 70
por ciento de cítricos, es la que tiene la voz cantante y es la que
lidera todos estos ensayos, dando ejemplo y ayudando a todas estas
comunidades autónomas. No es oportuna, es oportunista. El Partido
Popular no se niega, no se ha negado nunca a mirar el progreso y a
luchar contra las plagas; la Ceratitis ha sido una plaga controlada
no sólo este año, sino también en años anteriores. Repito otra vez
que no ha habido desmadre con la Ceratitis, que lo que ha habido es
un desmadre con esa demagogia que se ha hecho por algún sector de
fuera de nuestro país, que quería evitar que nuestra naranja entrara
en seria competencia con la mandarina de Estados Unidos. En parte lo
han conseguido, pero el Gobierno español y el Gobierno autonómico
están haciendo todo lo posible para solucionar este problema. Hemos
mezclado a la mosca con temas de otro calado, lo cual nos parece un
oportunismo.
No vamos a votar en contra de esta iniciativa porque sí, porque la
propone el Grupo Socialista, sino porque el Gobierno del Partido
Popular cree honestamente que están poniéndose todos los medios y que
el problema se irá subsanando. Los ensayos y la investigación cuestan
y este portavoz ya ha ofrecido sus argumentos. (El señor Edo Gil pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Edo.
El señor EDO GIL: No quiero reabrir el debate, sino hacer una
puntualización y decir que presentamos la proposición no de ley el 30
de octubre de 2001. Mire S.S. la fecha, que es mucho antes de lo
ocurrido enEstados Unidos. De oportunismo, nada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su precisión, señor Edo. (El
señor Prim Tomás pide la palabra.)
Señor Prim.
El señor PRIM TOMÁS: Medio minuto, si me lo permite, señor
presidente.
Quería decir que si a partir del día 30 de octubre, que menciona el
portavoz socialista, han visto lo que ha sucedido, podían haber
rectificado. Han mantenido su proposición no de ley y yo me he
limitado a rechazarla.
- RELATIVA A LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA COOSUR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/001103.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición que
figura en el orden del día con el número 7, del Grupo Parlamentario
Socialista. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra su
portavoz, el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: En principio, la privatización de una empresa
pública no sería un debate político que haya de tener la Comisión de
Agricultura. El Grupo Parlamentario Socialista de manera intencionada
lo ha traído aquí porque entendemos que en cuanto a la privatización
de esta empresa, lo menos preocupante y la crítica que le hacemos al
Gobierno es mantenerla en términos puros y duros de mercado, para
hacer caja, y detrás de ello hay un problema que afecta al sector del
aceite de oliva y este es el motivo de que hayamos pedido que el
debate se produzca en la Comisión de Agricultura.
El pasado día 23 de noviembre el Gobierno puso en marcha la última
fase de la privatización de la empresa pública Coosur y al día de hoy
lo que sabemos con certeza es que el Gobierno nos ha engañado a
todos. Van a hacer justamente lo contrario de lo que han dicho. No es
que sea nada nuevo ni nada espectacular, forma parte de la norma de
actuación del Gobierno; eso sí lo tenemos claro. Lo que no sabemos es
qué intereses hay detrás o debajo de la mesa para haber optado por
hacer lo contrario de lo que se decía hace cuatro meses. Desde luego
ustedes van a privatizar Coosur contra los intereses del sector del
aceite de oliva, contra los intereses de los productores de las
cooperativas y contra los intereses de la provincia de Jaén.
La secuencia política de la privatización de Coosur tiene tres
partes. En los meses anteriores a las elecciones generales de marzo
de 2002 este tema saltó en la provincia de Jaén entre los propios
trabajadores y los pueblos afectados y en aquel momento la respuesta
que se dio era la correspondía para, imagino, no perder ningún voto.
El señor Díaz, muy conocido en esta
Comisión, en una comparecencia anterior a petición de este diputado y
que tanto juego político daba por otra parte, a la pregunta de si se
iba a privatizar Coosur contestó, en ese estilo aznariano: no, sin
más adjetivos ni nada; que no. Don Cristóbal Montoro, a la sazón
entonces candidato a diputado por la provincia de Jaén, en los medios
de comunicación de la provincia cuando fue preguntado sobre este tema
dijo que el Gobierno no tenía intención de privatizar Coosur.
Segundo, segunda parte (la película se compone de tres). Después de
las elecciones generales, cuando Coosur entra dentro del paquete de
empresas de la SEPI, empieza a moverse el tema otra vez y este
diputado interpela en esta Comisión al señor Lamela Fernández,
subsecretario del Ministerio de Agricultura y persona cualificada
sobre este tema. Leo del Diario de Sesiones de 27 de junio de 2000 lo
que dijo textualmente (estaba hablando de la privatización de
Coosur): Se contará con el sector olivarero español en cualquier
decisión que el Gobierno pueda adoptar durante esta legislatura en
relación con el futuro de la compañía Coosur. Esas fueron las
declaraciones textuales del señor Lamela. Por otra parte, en la misma
línea, don Cristóbal Montoro se comprometió, ya ministro de Hacienda,
en la provincia de Jaén a contar, como podría ser de otra manera, con
el sector olivarero, con el sector productor en la privatización.
Tercera parte de esta anómala película. El 23 de noviembre la SEPI
pone en los medios de comunicación un anuncio público donde da diez
días de plazo para los que estén interesados por el tema. Por tanto,
entre las primeras partes de la película, donde se iba a contar con
todo el sector para esto, y un anuncio dando diez días de plazo para
que el que esté interesado que lo diga, parece que hay una diferencia
abismal. Por eso digo que el Gobierno, al menos en este tema, nos ha
engañado a todos.
Ahora bien, ¿cuál es realmente el problema de fondo? El problema de
fondo es que el aceite español tendrá un futuro garantizado si lo
asentamos sobre el pilar de la comercialización, ese es el pilar
clave: la calidad y la comercialización, ese es el futuro del aceite
de España, en un contexto, como ustedes saben, digo a más a más, como
dicen en Cataluña, de restricciones presupuestarias, de incorporación
de los PECO, de negociaciones en la OMC, quiero decir que donde las
ayudas van a ser cada vez un pilar más débil precisamente obtener
plusvalías a través de la comercialización es la clave de este
asunto. Pues bien, Coosur es una oportunidad única, probablemente uno
de los últimos trenes importantes que pasen por delante del sector
para convertir a esta empresa en un operador de comercialización del
aceite del sector, y ustedes, con el sistema por el que han optado,
de hacer una privatización pura y dura de mercado en términos de
caja, en donde ustedes saben que una privatización de esta
naturaleza, abierta sin más, el sector no puede concurrir,
por definición, por mucha dialéctica que ustedes le apliquen a esta
cuestión, han cercenado totalmente esa posibilidad. Hay algo más
grave. Yo no sé, y esto me duele especialmente, qué concepto tienen
ustedes del Estado democrático y de derecho autonómico, lo
desconozco, pero al día de hoy, siendo la Comunidad de Andalucía la
que produce el 85 por ciento del aceite de España -por tanto, donde
el problema está radicado con más fuerza-, y un tema menor, siendo
propietaria de algo más del 5 por ciento de las acciones de Coosur,
al día de hoy, de esta mañana, el Gobierno ni formal ni informalmente
le ha comunicado nada de este asunto al Gobierno de la Junta de
Andalucía. Insisto, más allá de otras disputas políticas, no sé qué
concepto tienen ustedes del Estado democrático de derecho y de
respeto a las autonomías, lo desconozco, pero es una situación
insoportable y me parece un hecho extraordinariamente grave.
A partir de aquí yo no voy a decir nada en esta Comisión de la
situación de Coosur que pueda entorpecer ni una coma el futuro de
esta empresa. Lo que sí quiero decir es que está, como todo el mundo
sabe, en una posición difícil. Nosotros estamos de acuerdo en que se
privatice. No nos asusta para nada la palabra. Es más, el Gobierno
socialista ya puso sobre la mesa el tema de la privatización. Ahora
la propuesta que nosotros hacíamos antes y hacemos ahora es que por
qué el Gobierno no ha abierto un proceso de negociación con el sector
productor, con las cooperativas, con la participación de las
comunidades autónomas afectadas, en cualquier caso de la Junta de
Andalucía por las circunstancias que he dicho, un proceso de
negociación sobre el futuro de Coosur con un objetivo claro, que
Coosur, una empresa con una marca de prestigio en el mercado y para
la venta de aceite de calidad, se hubiera podido quedar en manos de
este sector cooperativo y hubiera sido ese operador de
comercialización, ese operador importante que necesitan las
cooperativas; haber abierto el proceso de negociación; que se llegue
a algún resultado. Fenómeno, eso es lo que todos queríamos y lo que
ustedes decían públicamente ¿Que no se llega a ningún resultado
porque el sector no asume su parte de responsabilidad en el tema?
Pues entonces entramos en la siguiente fase de privatización pura y
dura en términos de mercado, pero Coosur era una empresa donde se han
enterrado miles de millones de dinero público en los últimos años en
inversiones y probablemente se lo van a adjudicar ustedes al mejor
postor en las condiciones que ustedes sabrán, porque hasta el día de
hoy no ha habido ninguna reunión entre los trabajadores y los
directivos de esta empresa para decirles nada, y eso es totalmente
inexplicable.
Voy a terminar mi intervención, porque poco hay que decir sobre este
asunto, diciéndoles que nuestra posición es clara. Abran ustedes un
debate, una negociación con el sector y con la Junta de Andalucía
para
intentar que Coosur de cara al futuro pueda jugar ese papel de
instrumento de comercialización que, todos estamos de acuerdo, está
necesitando el sector, en primer lugar. Cuenten con la Junta de
Andalucía porque es su obligación más allá de ciertas miserias
políticas, que no son aplicables en un caso de esta naturaleza, y, en
tercer lugar, garanticen ustedes en esta negociación que la actividad
industrial y los puestos de trabajo se van a mantener en la provincia
de Jaén, que es una provincia deprimida y que produce casi el 50 por
ciento del aceite de España y donde está ubicada la actividad de
Coosur. No vale poner en marcha este proceso de privatización y que
Cristóbal Montoro diga que el Gobierno va a garantizar los puestos de
trabajo. Ese es otro engaño más, porque una vez privatizada una
empresa pública, se pueden hacer todas las declaraciones de
principios y todos de los deseos que uno quiera -además pronto serán
las fechas de los Reyes Magos, con más motivos-, pero nadie puede
garantizar que quien compra la empresa va a mantener las
instalaciones industriales o los puestos de trabajo, nadie, porque no
existe condición alguna por la que un empresario particular, una vez
que ha adquirido la empresa, vaya a garantizar eso. Yo no digo que no
los garantice y no cuestiono nada ni pongo ninguna duda; digo que el
Gobierno no puede afirmar: vamos a garantizar esto. Mi deseo es que
ocurra pero a partir de ahí nada. Por lo tanto, si pueden,
reconduzcan la situación, negocien con el sector, negocien con la
Junta de Andalucía. El sector ha manifestado que tiene interés en el
asunto y estoy seguro que eso sería mucho más positivo con vistas al
futuro para este sector del aceite de oliva, por supuesto para los
cooperativistas que están necesitando en este caso de Coosur o de
otro instrumento, pero en un mercado problemático, tan difícil, tan
encorsetado, con tantas asimetrías como ocurre en el del aceite de
oliva me parece que han elegido ustedes el camino equivocado y lo que
me temo es que hay intereses no confesables públicamente detrás,
pero, en cualquier caso, dentro de unos meses lo veremos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señorías, si estuviéramos en el debate del
punto anterior este portavoz piensa que el señor Pliego confunde la
Ceratitis capitata con la Drosophila melanogaster, que son dos de los
bichos que han aparecido en el debate de la proposición no de ley
anterior y yo desde luego, señor Pliego, creo que esta proposición no
de ley no se la ha pensado S.S. adecuadamente, porque, de verdad,
frente al estilo aznariano que S.S. achaca a determinadas personas
del Gobierno yo, modestamente, después de oír su exposición,
en algunos aspectos me va a permitir que la califique con un cero
zapatero.
Yo creo, señor portavoz, que no se puede hablar con esa seguridad
cuando se dice que el Gobierno nos ha engañado a todos y que
posiblemente haya intereses no confesables. Yo entiendo que son unas
afirmaciones absolutamente gratuitas porque este portavoz pregunta:
¿se ha negado el Gobierno alguna vez a negociar con alguien? ¿se le
ha negado el diálogo a alguien del sector? Es más, pregunto: ¿sabe S.
S. si han negociado o no, si han hablado o no, si ha habido diálogo o
no sobre esta materia? Estamos hablando no de Coosur, estamos
hablando de Alycesa, estamos hablando de un bien público, de una
empresa pública que tiene dos ramas: Coosur, aceite de oliva, ubicada
en Jaén, y Olcesa, aceite de girasol fundamentalmente, ubicada en
Cuenca, y este portavoz no puede aquí afirmar categóricamente que el
Gobierno se ha negado al diálogo con el sector. Es más, afirmo
categóricamente que ha habido conversaciones con el sector. Yo creo
que decir que nos ha engañado y que hay intereses no confesables es
un exceso y como tal lo acusamos.
Nos dice que qué concepto tenemos en nuestro grupo o en el Partido
Popular del Estado de derecho y democrático. Pues exactamente el que
está definido en la Constitución. Lo que digo yo es que qué intereses
tiene la Junta de Andalucía ahora en participar, según S.S. y su
grupo señalan en la proposición no de ley, cuando dicen: con la
participación de la Junta de Andalucía, que permita que la empresa
La Junta de Andalucía ha tenido, y no hace tanto, no sé si varias
pero una ocasión de ampliar de forma importante esa participación
minoritaria que ahora tiene en Coosur, y la Junta de Andalucía ha
renunciado a ese derecho, no ha querido ir a la ampliación de
capital. Por tanto ha mostrado por lo menos una falta de interés en
el tema en una ocasión esencial y muy importante, porque ahora la
Junta de Andalucía podría ser un accionista mucho más importante que
no con la participación minoritaria que tiene, repito, porque en su
momento se negó a ir a la ampliación de capital, a suscribir esos
derechos que la empresa le brindaba.
Tampoco mi grupo entiende eso de una privatización pura y dura y mi
pregunta es: ¿es que además de privatizaciones puras y duras hay otro
tipo de privatización? No entendemos que haya distintos tipos de
privatización, sino que Alycesa, si va a ser privatizada, y a
nosotros nos parece correcta la actuación y la decisión del Gobierno
en ese sentido, lo que tiene que hacer es entrar en el camino de la
normativa, muy estricta por cierto, que hay a la hora de vender un
bien público a manos privadas, sean cooperativas o sea otro tipo de
empresas. Al fin y al cabo las cooperativas están formadas por
personas privadas y en cualquier tipo de venta de un bien público,
una empresa pública importante como es Alycesa debe, por supuesto y
no va a ser de otra manera, entrar en esa normativa estricta y
estrecha,
que no es, en definitiva, defender un bien público que se enajena,
es, por supuesto, defender los puestos de trabajo, y S.S. no lo ha
dicho tan en positivo como lo digo yo aquí, pero manifestamos nuestra
absoluta seguridad y esperanza de que se mantengan los puestos de
trabajo tanto en Jaén como en Cuenca y, en ese sentido, mi grupo
envía desde aquí un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores
y directivos de la empresa. Asimismo, mediante esta normativa, en
este proceso que se inicia ahora de privatización de Alycesa se
garantiza la defensa de la actividad mercantil, lógicamente, allí
donde están los centros fabriles. La materia prima aceituna y los
centros fabriles de Vilches están en la provincia de Jaén, y allí se
va a seguir manteniendo la actividad mercantil y, por tanto, los
puestos de trabajo, y la materia prima girasol, fundamentalmente en
el núcleo de Castilla-La Mancha y especialmente de la provincia de
Cuenca y en la factoría de Tarancón va a seguir estando donde está.
Por tanto, no hay que sembrar dudas donde no las hay.
Abrir un proceso negociador con el sector cooperativo, eso no es
vender, eso es otra cosa, y vuelvo a la pregunta que me hacía al
principio. Nos consta que ha habido contactos, nos consta que ha
habido conversaciones, nos consta que ha habido aproximación de
posturas hasta donde las haya podido haber con el sector, con el
sector en general y con el sector cooperativo en particular, repito,
no con la junta de Andalucía, que ya en su momento, como socio de la
empresa, se negó a ir a la ampliación de capital en una decisión
absolutamente legítima, pero que, claro, ahora si quiere volver sobre
sus pasos, a lo mejor está bien, pero que se reconsidere su postura,
puesto que anteriormente hizo, repito, una dejación de derechos.
Mi pregunta, señor presidente, señorías, es si es que se quiere que a
esta empresa se le apliquen condiciones distintas al resto de las
empresas que se privatizan. Si así se quiere, dígase aquí claramente,
porque las empresas que se privatizan, repito, están sujetas a una
normativa estricta que está en el «Boletín Oficial del Estado». Si se
quiere aplicar otros procedimientos, dígase claramente. Desde luego,
de lo que sí estamos seguros es que no se vende por hacer caja, dicho
de esa manera un tanto despectiva, y, tendrá el señor portavoz que
justificar y que responder de esas palabras de que esta venta pura y
dura por hacer caja responde a intereses no confesables. Sobre todo
los intereses no confesables, que aquí rechazamos de plano y que nos
parece un exceso, repito una vez más que estamos seguros que el señor
portavoz tendrá indicios de lo mismo y o bien en sede parlamentaria o
bien en sede judicial responderá de qué son esos intereses no
confesables, quién los tiene y cuáles son. Por otro lado, señor
presidente, al sector aceitero y concretamente al sector cooperativo
nuestro grupo le reconoce una capacidad empresarial y financiera
importante y con
una absoluta libertad para concurrir con quien sea y como sea para la
adquisición de esta empresa. Por tanto, esta es nuestra postura y
nada más. (El señor Pliego Cubero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pliego, ¿a qué efectos desea intervenir?
El señor PLIEGO CUBERO: Al habérseme formulado por parte del portavoz
del Partido Popular una pregunta directa, para que quede constancia
en la Comisión me gustaría contestarla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por veinte segundos.
El señor PLIEGO CUBERO: Solamente quiero decir que no siento
absolutamente ningún temor a la amenaza judicial en el estilo Rato.
Aquí usted da en hueso. En segundo lugar, sobre si el Grupo
Parlamentario Socialista desea otro tipo de privatización sobre esta
empresa, exactamente eso es lo que dice la proposición no de ley: que
deseamos otro tipo distinto a aquel por el que se ha optado;
exactamente eso es.
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, ¿desea contestar?
El señor MADERO JARABO: Deseo matizar que yo no amenazo. Yo
simplemente tomo nota de lo que se ha dicho. Aquí se ha dicho que hay
una venta de una empresa con intereses no confesables y yo digo que
quedamos a la espera de ver por dónde sale esa afirmación, bien aquí
en sede parlamentaria o bien en sede judicial, mediante la denuncia
que suponemos que él va a presentar contra los beneficiarios de esos
intereses no confesables; quedamos ahítos de ver por dónde sale la
cuestión. Repito, ni estilo aznariano ni estilo Rato. Señor
presidente, en este caso, para el señor Pliego, cero zapatero, lo
repito.
- SOBRE REORDENACIÓN DE LA INDUSTRIA HARINERA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001125.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de
ley que figura en el orden del día como número 8. El autor es el
Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de esta iniciativa
tiene la palabra su portavoz, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: El objeto de esta proposición no de ley es
seguir con los trabajos que ya se iniciaron en esta misma Comisión de
Agricultura hace ya varios meses con la presentación de una
iniciativa de carácter parecido para impulsar desde las
administraciones, en este caso desde el Ministerio de
Agricultura, que en colaboración con el propio sector, con el sector
de las harinas españolas, se pueda llegar a hacer un informe, un
estudio o una propuesta que pueda llegar a reordenar el sector sobre
la base de los criterios que el propio sector está proponiendo y
sobre los que de hecho se está trabajando en el propio Ministerio de
Agricultura.
El principal problema que padece el sector en España, al igual que en
el resto de los países de la Unión Europea, es un exceso de capacidad
en la producción que requiere esta ordenación a la que anteriormente
nos referíamos. Conocemos que se trata de un problema común en el
seno de la Unión Europea y también conocemos que ha habido dos países
hasta la fecha, Reino Unido y Francia, que han aplicado ya una serie
de medidas con resultados verdaderamente satisfactorios en función de
esta reordenación. Con relación a este asunto y refiriéndome también
a la propia enmienda que ha presentado el Partido Socialista, se pide
que se sigan unos criterios similares al francés. En este sentido
diría que dejáramos que fueran el propio sector y el ministerio -a lo
que posteriormente me referiré- los que vieran exactamente cuáles son
los factores que mejor pueden venir al sector harinero español.
Posiblemente, por las características, conocedores como somos también
del sistema francés, es muy posible que sea muy parecido y similar a
esos elementos que ha aprobado y que ha puesto en marcha, pero,
lógicamente, la propuesta inglesa también tiene otros elementos que a
nuestro juicio pueden llevar a que nuestro sector tenga mayor fuerza
y dinamismo.
España, dentro de esta fuerte sobredimensión del sector, tiene una
capacidad productiva con una utilidad media del 40 por ciento, que
lógicamente, a todas luces, ya constituye una cuestión totalmente
inviable y, en definitiva, un padecimiento que el sector tiene que
soportar. Esto ha generado problemas estructurales con resultados
negativos desde el punto de vista económico en el sector, pone en
peligro al conjunto del sector harinero español, hace de paso un
flaco favor al sector productor, especialmente a los agricultores, en
tanto en cuanto no tiene una garantía de futuro desde el punto de
vista de los cultivos, y también, lo hemos tratado en esta Comisión
en otras ocasiones con relación a la política agraria común, al poder
ser un cultivo refugio desde el punto de vista de la viabilidad
económica y de lo que puede ser su promoción hacia el futuro
quedarían mermadas sus posibilidades al no tener claro el sector
agroalimentario el tema de la ordenación de su propio sector y la
viabilidad de futuro. Aprovecho para decir que hoy estamos debatiendo
en relación a las harineras, pero otros sectores previsiblemente
pueden padecer también un problema, si no similar desde el punto de
vista de la sobredimensión, sí desde el punto de vista de la
aportación de materia prima de los agricultores, teniendo en cuanta
las variantes tan cambiantes desde el punto de vista de la
importación de otros productos y también muchas veces de las propias
medidas que se toman en el seno de la Unión Europea, que hacen más o
menos atractivos los distintos cultivos, en definitiva, problemas de
abastecimiento a futuro que se podrían dar dentro de este sector o
dentro de otros subsectores agrarios. Provoca directamente una
dispersión de los mercados con un deterioro de los mismos, con
precios de venta con los que ha habido ocasiones en que se ha llegado
incluso a las pérdidas, y, en definitiva, se utiliza más como un
elemento estratégico para eliminar competencia que no como un
elemento para crear un sector fuerte y competitivo. En definitiva, se
crea o se genera una rueda antieconómica, como la pescadilla que se
muerde la cola, y al final en el medio no solamente cae la industria
sino el propio sector productor y esto ha ocasionado un
debilitamiento del sector y especialmente, cuestión preocupante,
falta de incentivo en cuanto al tema de las inversiones. Es decir,
para seguir siendo competitivos, para seguir teniendo un sector
pujante, lógicamente necesitamos tener una industria que siga
invirtiendo no sólo con criterios técnicos y competitivos, sino
también con la aplicación de una legislación cada día más exigente
desde el punto de vista de lo que es la calidad alimentaria.
Tengo que decir sobre el sector brevemente que la en última década ha
desaparecido aproximadamente el 50 por ciento de las harineras
existentes: en los años noventa estábamos rozando las 500 y en la
actualidad estamos sobre las 230. Los puestos de trabajo también se
han reducido prácticamente en un 50 por ciento: de 5.000 a 2.500.
Como cuestión yo creo que importante, prácticamente el cien por cien
de las industrias harineras son de capital español y además
pertenecen a pequeñas y medianas empresas de capital familiar. Tienen
un fuerte arraigo dentro de las zonas tradicionalmente cerealistas y,
lógicamente, han sido uno de los dinamizadores en el sector de los
secanos españoles en la actividad agraria. De acuerdo con la
asociación de fabricantes de harinas entendemos que debemos tender
hacia un sector desconcentrado, que hay que aprovechar ese pilar que
nos aporta la política agraria común del desarrollo rural
integrándolo dentro de lo que sean esas políticas. Sabemos que las
ayudas que nos vienen desde la Unión Europea, desde la aprobación de
la política agraria común, son ayudas básicamente desacopladas al
mercado, con lo cual tenemos que incidir en otros apoyos; que la
importancia del sector en lo que es el cómputo agroalimentario
español tiene realmente mucha fuerza, aproximadamente es el 10 por
ciento del gasto alimentario -casi rondamos un billón de pesetas del
año 2000 en cuanto a productos transformados a partir de las harinas
y de las sémolas de cereales- y que, en definitiva, el esfuerzo del
sector por la adecuación con los mecanismos de control en materia de
calidad, seguridad
medioambiental e higiene es una constante y, lógicamente, eso irá muy
de la mano de esa reordenación que estamos planteando. También,
lógicamente, entraremos en asuntos como el papel en la consolidación
con el propio medio rural dentro de ese pilar básico que es la
política agraria comunitaria.
Como consecuencia de nuestra anterior proposición no de ley de hace
varios meses el Ministerio de Agricultura financió un estudio sobre
la calidad de los trigos que ha dado pie a una serie de propuestas.
En esta proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular se
plantean una serie de cuestiones como realizar un estudio de la
situación actual de la industria, la creación de una comisión
interministerial, comisión interministerial que ya anuncio que se ha
constituido recientemente, es decir, que entre los trabajos que hemos
estado realizando durante estos últimos meses para la presentación de
acuerdo con el propio sector, el ministerio ha tomado conciencia y ya
se ha constituido esta comisión interministerial y está trabajando de
acuerdo con la Unión Europea, en tanto en cuanto han visto con buenos
ojos que tras el ejemplo inglés y el ejemplo francés, lógicamente, en
España sería muy positivo llevar adelante un programa de estas
características en cuanto a la reordenación del sector. Los contactos
con la Unión Europea se están manteniendo a través de la Dirección
General de Agricultura y en definitiva nosotros esperamos que se
lleve a cabo en breve plazo el Partido Socialista habla en su
enmienda de seis meses. Nosotros no estamos de acuerdo en poner seis
meses porque previsiblemente puede ser incluso antes, pero,
lógicamente, entendemos que el espíritu de la enmienda que nos ha
presentado el Partido Socialista es positivo, en este sentido no
tenemos que hacer absolutamente ninguna crítica, y sabemos también,
lógicamente, que la obligación de la oposición es forzar al máximo a
la Administración para que cumpla con sus objetivos. Señor Cuadrado,
creo que es usted el responsable de esta enmienda, en conversaciones
mantenidas con el propio sector estamos viendo cómo nos están
pidiendo a los diputados, a los responsables en este caso de la
Comisión de Agricultura, que apoyemos todas las medidas que está
planteando el Ministerio de Agricultura y que, en definitiva, están
llevando a buen puerto en tanto en cuanto a la creación de esa
comisión interministerial, que era una propuesta de nuestra
iniciativa, y en cuanto sobre todo a las iniciativas planteadas de la
cara de la Unión Europea y a las responsabilidades conjuntamente del
Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Economía, con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para llevar a buen puerto este proyecto de
reordenación del sector dentro de nuestro país y también para
conseguir las medidas de apoyo financiero que fueran necesarias.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley a presentado una
enmienda el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa y la
fijación de la posición de su grupo tiene la palabra su portavoz,
señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: No he entendido si se acepta la enmienda o
no. Creo que sí, que se acepta en los términos en los que se ha
presentado. Veo, con la indicación que se me hace, que no se va a
aceptar. Como había una valoración, digamos, positiva, entendía que
se iba a aceptar e indudablemente es importante para fijar la
posición de mi grupo.
Aquí hay dos tipos de iniciativas. Se pueden hacer más
clasificaciones en la Comisión de Agricultura, pero hay dos tipos de
iniciativas que se van contrastando más o menos comisión tras
comisión. Una es la que hacen los grupos de la oposición, que casi
siempre encuentran en el grupo mayoritario la misma respuesta, lo
hemos visto antes respecto a la mosca mediterránea, es decir, no hace
falta que se haga esta propuesta porque ya el Gobierno está actuando.
El otro tipo son las que hace el Grupo Popular, en las que insta al
Gobierno a hacer algo y, por lo tanto, se supone que el Gobierno no
lo está haciendo, pero hoy me he encontrado con una novedad, y es que
no solamente se insta al Gobierno a hacer algo, sino que ya lo está
haciendo, hasta el punto, por ejemplo, que en el apartado 2 de la
propuesta se dice que se cree una coordinación interministerial, pero
a la vez se habla de que ya está hecha, ya está en marcha.
Efectivamente, el Congreso, no la oposición, que tiene, digamos, su
propio campo de actuación, debe cumplir una función en relación a la
acción del Gobierno y para eso se hacen propuestas. Esa función es la
de no sólo fiscalizar, sino incentivar la acción del Gobierno en la
solución de algunos problemas. Hemos tratado a lo largo de la mañana
algunos.
Los antecedentes de la propuesta señalan y reconocen que la situación
del sector es muy grave, es crítica. Cuando se habla de que hay una
sobredimensión que se puede calificar en el 40 por ciento (lo dice la
propia proposición) estamos hablando de una gravísima crisis. Si el
Gobierno hubiera actuado diligentemente, difícilmente hubiéramos
podido llegar a una situación como ésta, porque este asunto,
efectivamente, tiene antecedentes. Hoy no hace falta clarificar como
se ha hecho que este es un asunto estrictamente nacional, que la
Unión Europea no interviene, no lo ha hecho en el programa de
reordenación inglés, ni tampoco en el francés. Esto ya lo saben el
Gobierno español y el sector. El propio sector ha presentado un plan
de reordenación en Bruselas, que tiene la bendición de las
autoridades europeas, pero al mismo tiempo la respuesta lógica de
remitir al sector al Gobierno español. Si estamos como estamos es
porque no se ha actuado diligentemente. Sobre todo, después de la
crisis más aguda del sector, después de 1999, estamos
perdiendo mercados por no actuar, estamos perdiendo mercados
importantes en Oriente Medio y en el norte de África. Por lo tanto no
se ha actuado y por eso hay una enmienda que presenta mi grupo en el
sentido no solamente de instar al Gobierno a que haga algo, que es lo
que dice la propuesta, sino a que haga algo con plazos y en alguna
dirección. Además, si se pide que se haga un estudio desde el
Congreso de los Diputados, que el Congreso de los Diputados participe
al menos en la valoración de ese estudio. Cuando se habla de un plan
de reordenación no se olvide que tiene dos componentes fundamentales,
el cierre de fábricas y establecer contingentes. Nosotros también
hemos hablado con el sector y, lógicamente, sabemos en qué dirección
van las alternativas que proponen a la gravísima crisis que están
viviendo. Indudablemente, si se quiere la participación del Congreso
de los Diputados, esta participación debería estar resuelta en la
propia propuesta. Por eso presentamos la enmienda y lamento
sinceramente que el Grupo Popular no la acepte, porque establece no
solamente el ruego o la instancia al Gobierno para que actúe; haga
usted algo, que esto desaparece, que este sector está en una
situación francamente difícil, que otros países han actuado y cuando
hablábamos de mercados exteriores significa que perdemos cuotas de
mercado porque otros han actuado y nosotros no lo hemos hecho. Cuando
se pide algo hay que hacerlo con más concreción, porque si no,
estamos hablando de algo que no obliga al Gobierno, que no le
incentiva en la línea que a nosotros nos parece necesaria.
Quede claro en primer lugar que la Unión Europea en este asunto ya ha
dado su opinión, es decir, no es un asunto en el que tenga que
intervenir. En segundo lugar, otros países ya han actuado, ya tienen
planes y por eso lo citamos en concreto. Cuando decimos que se siga
el ejemplo francés lógicamente lo hacemos en relación con los
objetivos que aparecen en la enmienda que son los objetivos del
propio sector; por ejemplo, en relación con los cultivos herbáceos la
Comisión Europea, Dirección General de Agricultura, ya se ha
pronunciado sobre el propio plan del sector. El propio Fischler se ha
pronunciado expresamente sobre la necesidad de hacer este tipo de
reformas. Cuando hablamos de enfrentarnos a un problema de
sobredimensión estamos hablando de reestructuración del sector, con
cierre de fábricas, y por lo tanto si estamos instando al Gobierno a
ir en esa dirección será participando también en la propia valoración
de la propuesta concreta que se haga. Estamos hablando de asignación
de cuotas y la enmienda establece plazos y objetivos, eso es lo que
quiere hacer, y, además, establece un compromiso en la financiación
de una propuesta de reordenación, que ha de tener un coste, en la que
querríamos que se diera participación a la propia Comisión de
Agricultura y al Congreso de los Diputados.
Esta es la posición de mi grupo y, por lo tanto, lamento muchísimo la
no aceptación de la enmienda
El señor PRESIDENTE: Un momento me está haciendo señales el señor
Pintado y creo que va a aceptar algo.
El señor CUADRADO BAUSELA: No voy a empezar otra vez la intervención,
señor presidente, por eso le preguntaba al principio, que no sería
radicalmente diferente,pero si se acepta la enmienda, me alegro,
lógicamente, de que se haga, porque establece concreción en el
compromiso del Gobierno. Me parece perfecto que pasemos de una
propuesta en la que se le dice al Gobierno que haga algo a una
propuesta en la que se dice al Gobierno que haga algo concreto, que
lo haga en un tiempo concreto y que lo haga además en una dirección
que permita ser fiscalizada en su actuación por parte del Congreso de
los Diputados. Ahora sí que termino mi intervención alegrándome de
que se acepte esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene
la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Voy a ser breve en esta intervención.
Efectivamente, he escuchado con atención la intervención del portavoz
del Grupo Popular y también la del Grupo Socialista y me alegra
muchísimo que se haya llegado en un tema tan claro a una posición de
consenso. No hace falta que sea Navidad para queen temas tan claros
nos pongamos de acuerdo. (El señor vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa
la presidencia.)
El sector de la industria harinera está pasando por una situación de
crisis importante, pero no es de ahora, es un problema que viene
arrastrado como mínimo de los últimos diez años, donde han tenido que
cerrar más del 50 por ciento de sus industrias y, por tanto, se ha
sometido a este sector a una reconversión absolutamente salvaje y que
difícilmente el mercado puede arreglar. Es importante esta
proposición no de ley, sobre unos temas que incluso el propio sector
cree que el Gobierno ya ha acometido, porque, efectivamente, esta
proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular
tiene tres apartados. En el primero pide realizar un estudio de la
situación actual del sector harinero en España y en Europa. Yo creo
que debe ser una documentación que debería tener de forma constante
el ministerio y además al día, porque con las pocas competencias que
tiene, porque la mayoría son de las comunidades autónomas, como
mínimo tendría que tener en su mano la documentación sobre esos temas
que son de coordinación general, sobre todo cuando es un sector en el
que la crisis no aparece hace tres horas, sino que hace más de diez
que estamos sometidos a esta
situación. En el segundo punto se solicita la creación de una
comisión interministerial para analizar los aspectos relacionados con
el sector -parece ser que eso ya está en marcha- y medidas para la
reordenación. Por tanto, no sería necesario que el Congreso de los
Diputados instara al Gobierno o al ministerio a hacer una cosa que
debería hacer de iniciativa propia. Nos alegra que esa proposición no
de ley se apruebe por unanimidad, pero yo entiendo que no es nada más
que el cumplir la obligación que tiene el Ministerio de Agricultura
y, por lo tanto, que lo haga y lo haga pronto y lo haga bien.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Señor Pintado, para manifestar
su posición respecto de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.
El señor PINTADO BARBANOJ: Tal como ha quedado de manifiesto, el
señor Cuadrado, que ha tenido que salir ahora mismo, anteriormente me
ha cogido la parte por el todo. Nosotros lo que ofrecemos al Grupo
Socialista es una transaccional a su enmienda en cuanto a que
acoplara a nuestra redacción, que de aquí a las votaciones vamos a
prepararla, el hecho de incorporar con criterios similares al plan
francés, que, lógicamente, sería el sistema que mejor de adecua a las
intenciones del sector harinero español.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A lo largo de la mañana, antes
de las votaciones, pónganse ustedes de acuerdo en esa transaccional y
nos la pasan a la Mesa y, de esta manera, el ministerio se verá
respaldado por esta Cámara en esta iniciativa.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN INMEDIATA DE MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL YOGUR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ)
(Número de expediente 161/001129.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Pasamos a la proposición que
figura en el orden del día con el número 9, presentada por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió. Tiene su portavoz la palabra para
exponerla a la Comisión.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señoras y señores diputados, hemos
discutido en múltiples ocasiones el tema de la calidad de los
productos lácteos y de forma muy especial lo que se refiere al yogur.
Les adelanto, a pesar de que lo conocen perfectamente, nuestra
posición contraria a considerar el yogur pasteurizado como un tipo de
yogur y que no es necesario ser muy docto en la materia para entender
que estamos hablando de dos productos absolutamente diferentes. El
yogur es un producto fresco, es un producto perecedero, que se
obtiene mediante fermentación
de la leche, pero que en el producto final los microorganismos
responsables de la transformación de leche en yogur continúan
presentes en gran cantidad siendo viables y activos, y esa es,
básicamente, la base de la definición de lo que es un yogur. Como
consecuencia, estamos frente a un alimento probiótico, que contiene
microorganismos vivos que contribuyen a la mejora de la salud,
calidad que se pierde en buena parte en el momento en que dicho
producto se somete a un tratamiento térmico como puede ser la
pasteurización. Es más, existe una copiosa literatura científica que
ensalza las propiedades beneficiosas de los yogures: acciones
positivas en la flora bacteriana del colon, aumento de la necesidad
de lactosa, etcétera, pero todas esas propiedades prácticamente
desaparecen con los yogures pasteurizados. Ya no será necesaria la
cadena de frío, no será necesario el frigorífico para la
conservación, se podrá guardar debajo de la escalera y, según una
propuesta de orden que tiene preparada el Ministerio de Agricultura,
el producto tendrá un aura milagrosa que le permitirá ser
prácticamente inmortal, ya que no se le prevé ni fecha de caducidad,
hecho que en este momento parece casi sobrenatural, por lo cual, lo
que prevé en este momento el ministerio tiene una triple
problemática. Con esta estrategia, a nuestro entender, se va a lograr
confundir al consumidor, si me lo permiten y en el buen sentido de la
palabra, engañar al consumidor. No sé si es lo que pretende el
ministerio. Yo pienso que no, que el ministerio no pretende eso, pero
con toda seguridad dentro de pocos meses veremos una campaña
mediática en donde el gran logro serán los nuevos yogures que se
conservarán sin conservantes, sin necesidad de cadena de frío y
durarán, durarán, durarán. Los efectos que va a tener serán
negativos, no sólo para el consumidor sino para el sector productor,
ya que ese es el método tradicional utilizado por los países que
producen excedentes de leche, como Inglaterra, Alemania y Holanda,
que utilizan estos productos para colocar sus excedentes fuera de sus
fronteras a bajo precio en mercados que por problemas de caducidad
hasta ahora no les eran rentables, problema que se verá agravado con
la ampliación de la Unión Europea de quince a veinticinco o
veintisiete Estados miembros en los próximos años, con la aplicación
de la agenda de 2000 y sobre todo por la mundialización que se está
imponiendo a través de la Organización Mundial del Comercio. Por lo
tanto, con esta decisión facilitaremos que recalen en España
productos de este tipo que procederán de excedentes de grandes países
productores con unos precios que, efectivamente, no podrá superar el
sector en el ámbito del Estado español. Eso se pretende hacer en
contra de un acuerdo que por unanimidad se tomó en el marco de esta
Comisión, se va a hacer en contra de la mayoría del sector, sin un
dictamen del Consejo de Estado y tampoco sin un dictamen de la
comisión de la agencia alimentaria que se
va a crear dentro de pocos días. Es más, el proyecto de orden
ministerial dice textualmente. Esta disposición se dicta al amparo de
lo previsto en el artículo 149.1.13 y 149.1.16 de la Constitución, y
ustedes saben que este es siempre el gran caballo de batalla en esta
Comisión. Cuando el ministerio recurre al artículo 149.1.13 y
149.1.16 de la Constitución es que no tiene competencias al respecto.
Por tanto, cuando se basa en la rebaja de la calidad de los productos
agroalimentarios y eso se hace avocando la coordinación de la
planificación general de la economía o de la coordinación general de
la sanidad, yo casi en ese momento le pido al ministerio que no nos
coordine porque para coordinarnos de esta manera ya estábamos bien
como estábamos. Tengo la sensación que el ministerio está cediendo a
presiones externas. Todos los indicios hacen pensar que en la reunión
del día 21 se pretende tomar ese acuerdo. Por ese motivo nosotros
hemos presentado esta proposición no de ley que dice exactamente lo
siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar
cumplimiento inmediato al acuerdo que por unanimidad se tomó en el
marco de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del pasado 13
de abril de 1999 y que obliga al Gobierno a garantizar la calidad del
producto yogur tal como establece la vigente norma general de calidad
para dicho producto, aprobada por orden del Ministerio de Relaciones
con las Cortes, de 1 de julio de 1987, y posteriormente modificada
por orden del Ministerio de la Presidencia de 16 de septiembre de
1994, a los efectos de evitar confusiones al consumidor relativas a
productos diferentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Para fijar posición sobre la
proposición no de ley y defender su enmienda, tiene la palabra la
señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Más bien para defender nuestra
enmienda, señor presidente, muchas gracias.
Como bien ha dicho el señor Companys, estamos hoy aquí hablando de un
tema que esta Comisión de Agricultura ha debatido extensamente en dos
ocasiones: en abril y en diciembre de 1999; por lo fallida que
resultó esta última la voy a obviar, ya que se retiró la proposición
no de ley que había presentado en aquel momento el Grupo Popular. En
el mes de abril de 1999, en que se debatieron conjuntamente una
proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió y otra de
nuestro grupo, hubo un debate que yo obviaré en este momento porque
ha hecho alusión a él el señor Companys, en cuanto a los argumentos
que nos llevaban a hacer aquella proposición no de ley a los dos
grupos, pero sí querría hacer apelación, y me imagino que por parte
del Grupo Popular no habrá ningún problema porque les gusta mucho
hablar del pasado, como argumento de valor sobre lo que hoy en esta
Comisión defendemos desde nuestro grupo, a la intervención que aquel
momento tuvo el representante del Grupo Popular, el señor Pintado, y
voy a leer textualmente lo que dijo en aquella Comisión: Como bien
conocen SS.SS. por sus exposiciones, las posiciones en el Estado
español están encontradas entre distintos miembros del mismo sector,
entre los que defienden la modificación y los que se oponen a
cualquier modificación. De ahí que nos haya sorprendido la iniciativa
del Grupo Socialista (como siempre) en cuanto a instar al Gobierno a
una cuestión que claramente y con diligencia por parte del mismo
ministerio se está realizando a la hora de prohibir cualquier
comercialización tanto de productos realizados en España como de
productos importados con la denominación yogur a aquellos que no
contengan bacterias vivas. Por parte del Grupo Popular se nos dijo en
aquel momento que había un compromiso claro del Ministerio de
Agricultura en cuanto a no modificar la orden ministerial de 1987,
revisada en 1994, como ha dicho ya el señor Companys, y se aprobó el
texto que prácticamente es similar o el mismo que hoy somete a
votación Convergència i Unió, y más adelante defenderé la enmienda
que nuestro grupo propone.
Nos sorprenden las noticias que van llegando respecto a que hay que
cambiar la norma, porque además está circulando -a nosotros nos ha
llegado como les habrá llegado a otros grupos de esta Cámara y de
esta Comisión- la carta del director general de Alimentación, don
Francisco Simón, en la cual se dice claramente lo siguiente por parte
del departamento de Agricultura: Este departamento no efectuará
cambio alguno en la norma del yogur. También dice otra cosa muy
importante: salvo que el sector lo solicite de forma unánime y clara.
Esta carta, por cierto, tiene fecha de 9 de junio de 2000, del año
pasado. No sé qué circunstancias pueden haber cambiado en el sector
desde junio de 2000 a diciembre de 2001, fecha a la que siempre
recurrimos en este tema porque debe de ser el momento en el que se
muevan las cosas para cambiarlas. Todos los grupos aquí presentes
tenemos la impresión de que el sector ni tiene una posición unánime
ni tiene un posición clara; más bien mantiene posiciones encontradas.
Echamos de menos también cualquier referencia a consumidores, a
organizaciones de consumidores que en el pasado y siempre se han
manifestado en contra de esa modificación.
Como el señor Companys y yo compartimos circunscripción, somos los
dos reacios a hablar de cuestiones que no competen al ámbito claro de
la política. Es decir, cuando los políticos nos ponemos a hacer
trazados de carreteras, tenemos autovías por construir años y años;
cuando nos ponemos a hablar de temas científicos y de temas concretos
que afectan a situaciones como la que estamos debatiendo en este
momento, podemos equivocarnos. Por eso nuestro grupo ha presentado
una enmienda que plantea que una organización
ajena al Ministerio de Agricultura, que es el que debe dictar la
orden ministerial, ajena a este Parlamento, que ha dicho claramente
cuál era su posición en abril de 1999, diga claramente cuál es la
situación en la que se encuentra en este momento el producto, de tal
manera que nosotros no nos veamos sometidos a las diversas presiones
que se puedan efectuar sobre los grupos (presiones, entiéndaseme, en
el buen sentido de la palabra) para la modificación o la no
modificación. Hemos propuesto que sea la Agencia de Seguridad
Alimentaria, que se pondrá en funcionamiento el 1 de enero de 2002,
porque creemos que es un organismo punto de encuentro en el que se
pueden recabar, además, informes de sectores independientes, que
pueden ayudar o pueden orientar al Ministerio de Agricultura, en este
caso, a tomar una decisión.
También es verdad que si el Grupo Popular -al cual se lo hemos
ofrecido en privado y no me importa decirlo ahora- quisiera que en
vez de este organismo fuera otro, que no fuera la Agencia de
Seguridad Alimentaria, no tendríamos ningún inconveniente, porque
nosotros queremos que quede clara una cosa: que hay un ministerio que
es responsable de esa orden ministerial. Este Congreso sólo es
responsable del acuerdo que adoptó en abril de 1999. No nos han
llegado noticias, al menos a nuestro grupo, de que las condiciones
hayan cambiado, de que las condiciones de los productos sean
diferentes. No nos consta que por parte del ministerio se haya hecho
una amplia prospección respecto de los sectores. No nos consta que se
haya hablado con los consumidores. No sé si han hablado con otros
grupos -me imagino que con el Grupo Popular sí-, con el nuestro desde
luego no se ha hablado, pero estamos hablando de una competencia que
es clara y nítida del Ministerio de Agricultura. Una orden
ministerial le corresponde al ministro competente dictarla en un
sentido o en otro. Como nosotros queremos que esa decisión no
provoque fricciones, que no provoque batallas comerciales entre los
sectores que en estos momentos tienen posiciones confrontadas y como
nadie nos ha dicho que la posición del mes de junio de 2000 del
director general de Alimentación haya cambiado porque se haya
producido alguna novedad, creemos que el ministerio debe asumir su
responsabilidad. Es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
el que debe decir cuáles son los motivos que lo llevan a cambiar esa
orden ministerial. Como no sabemos si hay motivos, no podemos
pronunciarnos respecto de los motivos que el ministerio tenga para
proceder a esa revisión. Evidentemente, si cambia la norma, si el
Grupo Popular hoy apoya o vota en contra de lo que votó aquí en abril
de 1999, tendrá que dar explicaciones. Esperamos oírlas de boca del
representante del Grupo Popular. Pero, en cualquier caso, nos parece
que lo sensato, lo que aportaría serenidad en este momento a este
sector, lo que tranquilizaría a los consumidoressería que el
ministerio, antes de tomar una
decisión, hiciera esa amplia prospección sobre diversos sectores,
hablara con los distintos grupos y, si no quiere hablar con los
grupos, que hable con aquellos representantes que le puedan asesorar
a la hora de dictar una orden ministerial que no sea fuente de
conflicto, sino que sea fuente de acuerdo de los sectores, también de
los sectores políticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Para fijar posición,
comenzamos por el Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Brevemente, porque el señor Companys ya
hizo documentada exposición sobre el tema que tratamos, quiero decir
que para nosotros la palabra yogur define un producto concreto con
características específicas y, desde luego, también para los
consumidores tiene un significado concreto y claro.
Nosotros no desconocemos que, detrás de cuestiones como esta existen
intereses económicos concretos, todos naturalmente respetables, que
presionan en un sentido o en otro, y si estamos discutiendo de esto
aquí, en este Congreso, es porque esa realidad existe. Efectivamente,
se aprobó en el año 1999 una proposición no de ley que hoy trata el
Grupo Catalán de Convergència i Unió de que se ratifique. A nosotros
nos parece en principio y a falta, como muy bien decía la portavoz
del Grupo Socialista, de razones de fondo que nos hagan variar de
opinión, que la definición de yogur debe mantenerse en los términos
actuales y, por tanto, vamos a votar a favor de la proposición no de
ley que plantea el Grupo Parlamentario Catalán.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación tiene la
palabra, para fijar su posición, el señor Mardones, en nombre de
Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo, Coalición Canaria, me ha
encomendado expresamente estar presente hoy aquí, como portavoz en
esta Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para fijar
nuestra posición inequívoca a favor de esta iniciativa del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), de esta proposición no de ley a la que
vamos a dar todo nuestro apoyo no solamente con nuestro voto, sino
también con nuestro apoyo político. Como no podía ser de otra forma,
vamos a ratificar un acuerdo que se tomó en esta Comisión en abril de
1999, por unanimidad de todos lo grupos, para que se dé cumplimiento
al mismo, para que el Gobierno garantice la calidad del producto que
se conoce oficial y terminológicamente, como producto de consumo y
bioalimentario, con el nombre de yogur. También le daremos nuestro
apoyo si el grupo proponente acepta la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, porque nos parece muy oportuna. Coincidimos
plenamente en los términos, porque creemos que la Agencia de
Seguridad Alimentaria no debe comenzar su andadura certificando un
muerto, como se trata de hacer el próximo día 21 a través de la CIOA.
Compartimos todos los argumentos que se han dicho aquí, pero el Grupo
de Coalición Canaria quiere enumerar las razones que nos llevan a
este apoyo. El asunto del yogur empieza a ser un tema recurrente, y
hablamos de él todos los años igual que hablamos de la cuota de pesca
o de la cuota láctea o de cualquier otra. Hablamos de él como un
género literario que tiene una clasificación en los ordenadores de
este Congreso de los Diputados con el nombre de debates sobre el
yogur.
Pues bien, señorías, ¿qué ha ocurrido aquí? En este momento, el 90
por ciento del yogur que se consume en Canarias es de fabricación
insular, de las distintas ramas comerciales. Las leyes canarias, como
no podía ser de otra forma, no prohíben a ninguna industria láctea
instalarse en el archipiélago y producir cualquier producto lácteo,
incluido el yogur. Se producen 20.000 toneladas. El 10 por ciento
restante del yogur que se consume normalmente es producido en la
península, sometido a los 28 días de período de caducidad que marca
la reglamentación que regula el yogur como producto perecedero, y en
estos 28 días está una de las claves de por qué es un producto
biológico y por qué es un producto perecedero. Por tanto, bienvenida
sea cualquier industria que venga a Canarias a producir en el mercado
canario y a crear puestos de trabajo, porque quien trate de conculcar
la normativa actual del yogur y quiera una liberalización del
producto no creo que vaya a tomar una cuota importante de mercado
canario o peninsular. Las leyes de la Unión Europea, por la libre
circulación de mercancías, van a transformar cualquier destino
español en destino de un producto desnaturalizado, confuso para el
consumidor, denominado yogur. Ojo, a este tema. En Canarias tenemos
experiencia en esta cuestión por la libertad de franquicias
portuarias que otorga la antigua ley de puertos francos y el actual
régimen económico y fiscal de Canarias. No queremos que Canarias sea
un vertedero de productos esterilizados que conculcan normas de
protección jurídica que hasta ahora España ha mantenido. Por tanto,
hay que tener cuidado porque esto no es una reserva de mercado en
exclusiva. Las leyes y los compromisos de España como miembro de la
Unión Europea tienen que abrir todo el mercado nacional a todo
productor de este pseudoyogur, se fabrique en Francia, en Holanda, en
Bélgica, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia o en cualquiera de
los países miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, mucho cuidado
al respecto.
Pero es más. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Estado se dirigió el 31 de mayo pasado al Gobierno de Canarias, a la
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para someterle a
opinión un borrador de proyecto de orden por la que se modifica la
norma de calidad para el yogur o yogur
destinado al mercado interior, aprobado por la orden de 1 de julio de
1987. Pues bien, el Gobierno de Canarias, al amparo de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas, artículos 3.2 y 4, pide opinión al respecto. La Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias remite al Ministerio de Agricultura en Madrid, dentro del
plazo señalado, el informe desfavorable a esta orden ministerial, por
dos razones: confusión entre los consumidores y, tratándose de un
alimento probiótico, por alteración también de los principios
comerciales que rigen en el archipiélago canario. Posteriormente, la
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias eleva al propio
Gobierno de Canarias su dictamen, que se suma al también desfavorable
de la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, al respecto.
El Gobierno de Canarias, según el acta que se me ha facilitado por la
presidencia del Gobierno de Canarias, tras deliberar y a propuesta
del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
acuerda por unanimidad, el día 25 de junio de 2001, solicitar al
vicepresidente segundo del Gobierno de la nación para Asuntos
Económicos y ministro de Economía, señor Rato, al ministro de
Agricultura y a la ministra de Sanidad que no procedan a modificar
las normas de calidad para el yogur o yogur destinado al mercado
interior, lo que se denominaba yogur pasterizado después de la
fermentación, por el perjuicio que dicha modificación ocasionaría a
los consumidores y a las industrias de Canarias. Esto -aviso de
navegantes- significa que el Gobierno de Canarias (que está en estos
momentos con el Gobierno de la nación española negociando ante la
Unión Europea un nuevo arbitrio, el denominado AIM, ya que por las
exigencias de la norma comunitaria Canarias debe modificar su régimen
actual de arbitrio y sustituirlo por este, que se llama arbitrio a la
importación y entrega de mercancías en Canarias), perfectamente
legitimado por la Constitución española y por el estatuto de
autonomía, utilizará todos los instrumentos jurídicos, en
coordinación con el Ministerio de Economía del Gobierno de España,
para la legítima protección de los consumidores y del sector
industrial, laboral, empresarial y sindical del archipiélago canario.
Posteriormente, y cumpliendo el mandato del presidente del Gobierno
de Canarias al señor consejero de Agricultura, se han dirigido
escritos -cursados el día 12 de diciembre- dando traslado del acuerdo
del Gobierno de Canarias, al vicepresidente segundo del Gobierno de
España, y ministro de Economía, señor Rato, al ministro de
Agricultura, señor Cañete, y a la ministra de Sanidad, señora
Villalobos.
Espero, señor presidente, que por una cuestión puramente de capricho
comercial no se cometa un error político entre dos gobiernos que
están funcionando parlamentaria y políticamente con un gran sentido
de Estado
en la coordinación de intereses superiores nacionales. Por una
nimiedad, como este asunto del yogur, no queremos poner en tela de
juicio esta línea extraordinaria de eficacia y de colaboración en
bien de la economía del Estado español y de cualquiera de sus
regiones. Ignora este diputado lo que sucede en otras comunidades
autónomas; suponemos que el Ministerio de Agricultura dirigiría el
mismo escrito que he citado aquí a los respectivos gobiernos el 31 de
mayo de 2001 para recabar su información. Yo aquí he dado testimonio
de cuál ha sido el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Para fijar la posición del Grupo Nacionalista
Vasco me gustaría plantear la realidad industrial y comercial
respecto a estos productos y productos semejantes o parecidos en el
mercado español. La normativa española en esta materia, como todos
ustedes saben, define yogures naturales a todos aquellos productos
que tengan un contenido superior al 2 por ciento de materia grasa,
pero el artículo 11 establece, no obstante, las exigencias de que
esta disposición no se aplicará a los productos de importación leal y
legalmente fabricados y/o comercializados en los restantes países
miembros de la Unión Europea. Y esta es la gran realidad que existe
en este Estado con respecto a los yogures, en este caso yogures
naturales.
Curiosamente, lo que comercialmente nos afecta y nos condiciona
tremendamente, sobre todo a unas áreas, yo entiendo que no, por
ejemplo, a las Islas Canarias, pero sí a otras y enormemente por
proximidad y por introducción comercial, es la normativa francesa.
Curiosamente, la normativa francesa, al definir lo mismo que la
española, permite que yogur natural sea aquel producto que tenga una
cantidad superior al 1 por ciento de materia grasa. Además, nos
encontramos en la Unión Europea, con lo cual, vuelvo a decir, se
crea, lógicamente, una tremenda competencia, una tremenda disfunción
en los mercados en donde compiten, por decirlo de alguna manera, las
dos industrias. Pero, curiosamente, la Unión Europea plantea la
sentencia del 22 de septiembre de 1988 y declara que los artículos 30
y siguientes del Tratado deben interpretarse en el sentido de que se
oponen a que un Estado miembro aplique una normativa nacional que
condiciona el derecho a emplear una denominación de venta de un
determinado producto al requisito de que tenga un contenido mínimo en
materias grasas respecto a los productos del mismo tipo importados de
otro Estado miembro. Con esto, ¿qué nos encontramos en el mercado?
Primero, que es incompatible con el Tratado ylos objetivos del
mercado común extender la aplicación
de las normas nacionales a los yogures del mismo tipo procedentes de
otros Estados, con lo cual la disminución de competitividad de
nuestros productos con respecto a otros que compiten en nuestro
propio mercado es enorme. Y segundo, que el resultado real, vuelvo
a insistir, es que la empresa española, la empresa estatal, la empresa
que compite en otros mercados, está teniendo mayores costos fijos de
producción y lógicamente menores márgenes de beneficio, y además se
está situando en una clara posición de desventaja competitiva frente
a la francesa. Por lo tanto, la posición del Grupo Nacionalista Vasco
es que hay que ir urgentemente en esta materia a una armonización
legal en toda la Unión Europea, con el fin de ofrecer una mayor
competitividad ante los yogures de procedencia comunitaria y que
cuenten con unos parámetros más permisivos que los de la legislación
española.
Toda esta reflexión que hemos realizado respecto a los yogures
naturales es de aplicación cuando se habla de los famosos yogures
pasteurizados. Otros Estados pueden legislar con respecto a esta
materia en un orden distinto de la legislación española, pero pueden
exportar sus productos directamente al mercado español sin ninguna
traba, por lo menos de cara al derecho comunitario. Entiendo que aquí
a cada uno, aparte de cierta coherencia con ciertos planteamientos,
le está influyendo la situación de mercado y la lucha mercantil al
aplicarlo en el ámbito del mercado al cual representa. Por ello el
Grupo Vasco no va a apoyar esta proposición y desearía acabar,
además, con una pequeña reflexión. Si verdaderamente lo que queremos
es ayudar a la industria láctea nacional y, además, defender los
productos perecederos, sería de enorme interés que, por ejemplo,
influyéramos más sobre la distribución comercial en el propio Estado
español y se comenzaran a aplicar a los productos perecederos, las
condiciones de que los pagos por dichos productos por parte de la
gran distribución sean anteriores a la fecha de caducidad.
Por lo tanto y para finalizar nuestra exposición, no nos vamos a
posicionar a favor de la proposición no de ley aquí planteada.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Finalmente, para fijar la
posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez
Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Hoy nos toca debatir sobre una proposición
no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
referida al yogur, en la que se nos solicita que votemos y
ratifiquemos algo que aprobamos en la anterior legislatura. Viene a
decir textualmente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
dar cumplimiento al acuerdo que tomó la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca el pasado 13 de abril de 1999 y que obliga a
garantizar la calidad del producto llamado yogur.
Ante esta proposición no de ley yo quisiera decir, como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, que no parece lógico que nos
ratifiquemos cada vez que se inicia una legislatura en algo que ya
fue aprobado en la anterior, más aún en un tema como el que es objeto
de la proposición no de ley, que ya el Gobierno se ha venido
manifestando a lo largo de toda la legislatura. A nuestro juicio, no
parece procedente ratificarse en algo aprobado ya. Consideramos que
ha debido tener suficiente desarrollo en aquella legislatura, porque
se supone que las actuaciones del Gobierno a lo largo de esa
legislatura van siempre en el sentido que más favorezcan al sector
lácteo español. Consideramos que el Gobierno conoce cuál es su
función, qué es lo que debe hacer y no hace falta recordárselo cada
vez que se inicia una legislatura. No creemos que esta proposición no
de ley deba ser tenida en cuenta y, por lo tanto, votaremos en
contra.
El Grupo de Convergència i Unió ha mencionado diferentes aspectos de
la norma que hacen referencia al yogur y a las diferentes cuestiones
que le afectan que, siendo muy respetables, merecen algún tipo de
comentario por parte de este portavoz del Grupo Popular.
Yo no voy a entrar en el fondo de estos temas técnicos, pues estimo
que el Gobierno del Partido Popular tiene suficiente criterio y lo
tiene claro. Además, se han consultado, tal y como reconocía el
portavoz del Grupo de Coalición Canaria, a comunidades autónomas
e incluso a diferentes grupos lácteos y asociaciones lácteas españolas.
Pero ante lo dicho por algunos portavoces y habida cuenta de que
parece que ha habido secretismo y ocultismo, yo quisiera leer lo
manifestado por el ministro de Agricultura en contestación a una
pregunta del Grupo Catalán (Convergència i Unió) realizada
precisamente el 23 de mayo. Le respondía lo siguiente el ministro
sobre la situación de la modificación del código alimentario español,
y leo textualmente: El código alimentario español desde su
publicación ha sido objeto de posterior desarrollo mediante la
publicación de diferentes disposiciones y sucesivas modificaciones,
teniendo en cuenta la necesaria adaptación de nuestra legislación a
la normativa comunitaria, a los avances tecnológicos de la industria
y a la propia demanda de los consumidores de los nuevos productos. En
lo que se refiere al objeto de su pregunta (se refería al señor
Companys), a los productos lácteos, en el momento actual este
ministerio está procediendo a la elaboración de varios proyectos de
normas que modifican determinadas normas de calidad que desarrollan
el código alimentario. Dichos proyectos se encuentran en diferentes
fases de trámite reglamentario para la elaboración de disposiciones
que implican, entre otros, la realización de estudios y evacuación de
informes previos, la consulta a las comunidades autónomas, la
comunicación a la Unión Europea y el informe de la comisión
interministerial para la ordenación
alimentaria. Ante mayores precisiones del portavoz del Grupo Catalán,
decía el señor ministro: Quiero detallarle que los proyectos que
están en tramitación reglamentaria son el proyecto de orden que
modifica la orden del 12 de julio de 1983, por la que se aprueban las
normas generales de calidad para la nata y nata en polvo con destino
al mercado interior; la orden que modifica la orden del 25 de octubre
de 1983, por la que se aprueban las normas de calidad para la leche
condensada; el proyecto de orden por la que se suprime la norma de
calidad para el queso danablu, en cumplimiento de la normativa
comunitaria; el proyecto de orden que modifica la orden de 1 de julio
de 1987, por la que se aprueba la norma de calidad para el yogur
destinado al mercado interior, y el proyecto de orden que modifica la
norma de calidad para quesos y quesos fundidos, aprobada por orden de
29 de noviembre de 1985. Decía y precisaba el señor ministro: En
cualquier actuación del ministerio seguiremos siempre normas de
transparencia y haremos etiquetados para que el consumidor sepa
perfectamente los productos que está consumiendo, su proceso de
elaboración y sus componentes, como estamos haciendo en todos los
sectores alimentarios, y por supuesto nos moveremos siempre dentro
del cumplimiento exquisito de la normativa comunitaria.
Estas eran las posiciones del Gobierno el pasado mayo y les voy a
comentar cómo está la situación actual. Decía la portavoz del Grupo
Socialista que había un cierto margen de discrecionalidad, que no
había información, que no se había explicado, y yo he de decirle que
no ha habido ocultismo y que sí ha habido bastante diálogo con los
sectores. Por lo tanto, algo se ha avanzado en el objetivo de regular
unos productos que en la actualidad se encuentran sin una regulación
precisa.
He de decirle también, como ha reconocido algún portavoz, que en
estos momentos está en circulación un proyecto de orden por la que se
modifica la norma de calidad para el yogur destinado al mercado
interior, aprobado por orden de 1 de julio de 1987, con el fin de que
a este proyecto de norma se hagan alegaciones. Como ha dicho el
portavoz del Grupo de Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias ha
hecho su alegación y la práctica totalidad del sector lácteo español
está haciendo sus aportaciones y sus reflexiones.
Por lo tanto, el Gobierno está donde estaba en el mes de mayo y en
espera de las modificaciones que se puedan producir sobre la base de
las alegaciones. El Grupo Parlamentario Popular está apoyando lo que
hace en estos momentos el Gobierno, como es lógico. Podrá haber
opiniones, como aquí se han manifestado, muy diferentes, pero en
estos momentos el Gobierno está valorando qué es lo mejor para el
sector lácteo español. Hemos escuchado cómo el portavoz del Grupo
Vasco hacía referencia a que un yogur como el español, con un 2 por
ciento de grasa frente al 1 por ciento de grasa
del yogur francés, es prácticamente inviable que se pueda exportar a
Francia, porque el incremento de la grasa es un factor que encarece
el producto y que no lo hace competitivo. La interprofesional
francesa de productos lácteos ha llegado a un acuerdo con la gran
distribución para no comprar productos lácteos de fuera de Francia.
La norma española en materia láctea, por ejemplo, para la leche
pasteurizada es muy diferente en España -seis días- que en Francia
-quince días-, lo que hace prácticamente inviable que la leche
española pueda entrar en esos mercados. Por lo tanto, algo hay que
hacer con la legislación española para ser competitivos, para poder
entrar en ciertos mercados. Podrá haber opiniones para todos los
gustos.
De lo manifestado por los diferentes grupos, quisiera hacer también
alguna reflexión en voz alta. Habría que preguntarse en qué situación
estamos en la Unión Europea, porque parece que aquí el yogur tiene
una reglamentación. En el futuro se puede cambiar, no se sabe
exactamente qué es lo que va a ocurrir. Yo he de decir cuando se
hablaba de un vertedero de productos perecederos, que hay países que
sí que lo admiten. Hay países, como Alemania, Holanda, Gran Bretaña,
Finlandia, que aceptan otra denominación de yogur termizado, incluso
otros países, como Estados Unidos, Canadá y Australia, tienen este
producto y no son vertederos de este tipo de yogures.
En la legislación comunitaria no hay una armonización, cada Estado
puede mantener una potestad legislativa y, en ese sentido, cada uno
legisla como quiere. Hay dos bloques de países: por un lado,
Portugal, Francia, Grecia, Bélgica, Italia y Luxemburgo que en estos
momentos tienen la misma legislación que España, y por otro, el resto
de países que, como les he dicho anteriormente, tienen otra.
De acuerdo con la legislación vigente en España, como ha dicho el
señor Companys, para que un producto pueda denominarse yogur los
microorganismos productores de la fermentación láctica deben ser
viables y estar presentes en el producto terminado en una cantidad
mínima. Esto es lo que hemos venido a llamar yogur tradicional, que
se distribuye en cadena de frío y tiene una vida comercial limitada.
Sin embargo, todos ustedes son conscientes de que en los últimos años
se han desarrollado nuevos productos. En estos momentos existen en el
mercado nuevos productos que es necesario regular e incluso hay
productos derivados de yogur que tienen un tratamiento térmico
posterior a la fermentación, lo que equivale a una pasteurización,
que inactiva las bacterias lácticas específicas y se comercializa
a temperatura ambiente y durante un período prolongado.
Esta es la situación actual que, resumida, viene a ser que en estos
momentos tenemos derivados lácteos que no tienen regulación, que es
necesario regular, que algunos de estos nuevos productos son
similares al yogur, pero que en la actualidad y con la regulación que
tenemos no se pueden denominar yogur. Lo lógico sería denominarlos de
una manera clara, teniendo en cuenta el yogur tradicional y que debe
ser respetado como tal.
Como conclusión y para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular, quisiera incidir en lo que he dicho y que se puede resumir
en la necesidad de regular legalmente estos productos nuevos que
existen en el mercado para que puedan tener una denominación clara,
unas normas específicas y unas exigencias legales, pero, eso sí, con
pleno respeto al concepto de yogur tradicional y, por supuesto,
también con una plena garantía de que todo lo que se haga será
pensando en los consumidores.
Esta es la posición del Grupo Popular y, por lo tanto, votaremos en
contra de la proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Concluida la totalidad de las
proposiciones no de ley que figuran en el orden del día, creo que
sería oportuno suspender por unos minutos para ordenar las votaciones
y recibir de los grupos parlamentarios alguna de las transaccionales
anunciadas a lo largo de los debates. (Pausa.-El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar las proposiciones
no de ley. En primer lugar, votaremos la que figura en el orden del
día con el número 1, sobre medidas relativas al sector lácteo, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, según la transacción
que ha sido aceptada con la enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Las proposiciones no de ley 2 y 3 han sido retiradas, y pasamos a
votar la que figura en el orden del día con el número 4, relativa a
las reservas marinas en el litoral atlántico y cantábrico, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a votar la proposición que figura en el orden
del día con el número 5, sobre medidas urgentes para reparar los
daños producidos por el temporal acaecido en la provincia de Granada
en el mes de octubre, según la transacción del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a continuación a votar la proposición que figura en el orden
del día con el número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
medidas para combatir la plaga de la ceratitis capitata o mosca de la
fruta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
votos en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a votar la proposición que figura en el orden
del día con el número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la privatización de la empresa pública COOSUR.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
votos en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a votar la proposición que figura en el orden
del día con el número 8, sobre reordenación de la industria harinera,
del Grupo Parlamentario Popular, a la que se ha añadido la
transacción del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a continuación a votar la proposición que figura en el orden
del día con el número 9, por la que se insta al Gobierno a la
adopción inmediata de medidas para garantizar la calidad del yogur,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con el añadido
de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
votos en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, recordándoles que tenemos ahora una
reunión de la Mesa, les deseo unas felices Pascuas y próspero año
2002.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, del miércoles, 19 de diciembre de
2001, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no
retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.