CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 318



DEFENSA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ



Sesión núm. 15



celebrada el miércoles, 26 de septiembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Proposiciones no de ley:



- Sobre finalización de la utilización de la zona de las Bardenas
como polígono de tiro del Ejército. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000052.) . . .

(Página 9943)



- Relativa al Castillo de A Palma, en Mugardos (A Coruña). Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000317.)
. . . (Página 9947)



- Sobre la integración del hospital militar «Vigil de Quiñones», de
Sevilla, en la red hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de
expediente 161/000447.) . . . (Página 9952)

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- Sobre la integración del hospital «Vigil de Quiñones», de Sevilla,
en la red asistencial pública del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000456.) . . . (Página 9952)



- Sobre la integración del hospital militar «Vigil de Quiñones», de
Sevilla, en la red sanitaria pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/000752.) . . . (Página 9952)



- Por la que se insta al Gobierno a que incremente los recursos
destinados al desminado.

Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

(Número de expediente 161/000696.) . . . (Página 9958)



- Relativa a la desafectación para uso de la defensa de la sierra del
Retín. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

(Número de expediente 161/000772.) . . . (Página 9963)



- Sobre desafectación y cesión a la Sociedad Estatal para la
Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) de los terrenos de
Camposoto, en San Fernando (Cádiz). Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/
000888.) . . . (Página 9966)



- Sobre instauración de un proceso de selección continua para el
ingreso en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y
marinería. Presentada por el grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 161/000912.) . . . (Página 9970)



- Sobre medidas relacionadas con la cultura de defensa. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/000670.) . . . (Página 9972)



- Relativa a la cultura de defensa. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000930.) . . .

(Página 9972)



Se abre la sesión a las nueve de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Como por caer en la competencia de esta Comisión
no importa ser abundantes, el presidente quiere, interpretando el
sentimiento de los comisionados, dejar constancia del ataque que han
sufrido los Estados Unidos en Nueva York y en Washington; una acción
terrorista a la que nosotros, para su represión o su castigo,
entiendo que nos sumamos. Y debo dejarlo así porque, en cualquier
caso, nosotros tenemos obligaciones, por los compromisos
internacionales tanto bilaterales como multilaterales, de asistir y
secundar la política de castigo que vaya a emprender Estados Unidos a
través de diversas alianzas. Sólo quiero decir eso y, por otra parte,
darle la palabra al vicepresidente segundo para que pronuncie,
también a efectos de que conste en el Diario de Sesiones, un recuerdo
del señor Busquets que fue miembro de esta Comisión y que murió antes
del verano.




El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Únicamente unas breves palabras para
que consten en el Diario de Sesiones de esta Comisión en recuerdo de
Julio Busquets, diputado de esta Cámara durante muchos años, 16 años,
y sobre todo diputado de esta Comisión, que falleció
el pasado día 21 de julio, desde el respeto, creo que de todos
aquellos que no lo conocieron, pero desde luego desde el respeto y el
afecto de los que compartimos con él unos años intensos. Unos años
muy intensos en que la democracia y el cambio de nuestro ejército se
consolidaron en nuestro país.

Julio Busquets fue un militar, sobre todo un militar intelectual, un
militar que creyó profundamente en los valores democráticos. Voy a
insistir muy poco en su biografía porque es muy conocida, sólo decir
que como intelectual y sociólogo es autor de un libro ya clásico en
la sociología militar, como es «El militar de carrera en España», que
fue fundador de la Unión Militar Democrática y que, desde esa
organización, con todas las críticas que desde algunos sectores se le
puedan hacer al hecho de constituir una organización dentro del
ejército, hecha en unos momentos en donde el ejército respondía a
unos planteamientos absolutamente contrarios, significó entonces para
todos los demócratas la esperanza de que no todo el ejército ni todos
los militares respondían a un mismo criterio, y que había un grupo de
militares, en aquellos momentos no se sabía cuán pocos éramos, que
querían defender y mantener valores democráticos distintos dentrodel
ejército.




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Fue un intelectual y además extraordinariamente modesto. En esta
Comisión participó durante 16 años, fue vicepresidente y participó en
todas las leyes importantes que se hicieron en ella y que han llevado
al cambio en nuestros ejércitos.

Sólo quiero decir, para terminar, aludiendo a lo que era ya su
carácter bondadoso, extremadamente bondadoso, y su falta de
presunción, a un recuerdo que de él hace Prudencio García, un coronel
de Ingenieros, intelectual, lo mismo que él, que dice que en alguna
ocasión alguien aludió a los contratiempos y dificultades,
procesamientos y arrestos incluidos, que él soportó por mantener su
posición democrática dentro de un ejército en el que ciertos
planteamientos resultaban extremadamente peligrosos. Su respuesta fue
pragmática y dignificadora.




«Fue una simple cuestión de fechas -dijo-, nos adelantamos en unos
años, dijimos y escribimos aquellas cosas unos años antes de que
pudieran decirse y escribirse. Aquello nos produjo problemas
inevitables, pero aquello que propugnamos, elecciones libres y un
ejército subordinado a la democracia y al poder civil, todos lo ven
hoy como normal». Recordaremos, por consiguiente -y termino también
con las palabras de Prudencio-, siempre a Julio Busquets como lo que
fue, un militar intelectual, vigoroso defensor de los valores
democráticos que incluso frente al riesgo siempre propugnó con
entereza y convicción; un militar, en definitiva, que hizo posible el
ejército que hoy tenemos y del cual nos sentimos legítimamente
orgullosos.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE FINALIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS BARDENAS
COMO POLÍGONO DE TIRO DEL EJÉRCITO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000052.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos el orden del día de debate y votación
de las siguientes proposiciones de ley.

Debo decir a los señores comisionados, para que ordenen también sus
agendas en otras comisiones, que no se votará antes de la una de la
tarde, y que el orden establecido es el que figura en las
convocatorias, salvo las proposiciones que vienen con el número de
orden 5 y 11, que se verán en último lugar, porque es que lo ha
pedido el Grupo Socialista.

En primer lugar, vamos a debatir la primera proposición sobre
finalización de la utilización de la zona de las Bardenas como
polígono de tiro del ejército. Y para ello tienen la palabra para su
defensa el señor Labordeta y la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto,
que son los proponentes de esta proposición.




El señor LABORDETA SUBÍAS: La comarca aragonesa de las Cinco Villas
es la que viene soportando
durante años la servidumbre de paso de los aviones militares que van
a realizar sus maniobras al polígono de tiro de las Bardenas. Esta
situación ha generado una inquietud en los municipios afectados,
reclamando actuaciones desde el Gobierno para proceder al
desmantelamiento de este campo de maniobras porque han sufrido
directamente varios accidentes. El último de ellos muy cercano al
casco urbano de una de las poblaciones, Egea de los Caballeros, con
el potencial peligro que esto supone.

Esta situación ha llevado a que la Diputación de Zaragoza se haya
manifestado mediante sendas mociones favorable al cierre de este
campo de maniobras y a sentirse solidarios con las reivindicaciones
que en el mismo sentido existen en Navarra. Por este motivo se
realiza esta iniciativa conjunta. Además, un anterior ministro de
Defensa expresó ya en 1997 que Bardenas no es el campo ideal para
estas maniobras, que presenta varias limitaciones que van desde las
condiciones meteorológicas hasta sus propias dimensiones y su propia
ubicación geográfica, que obliga a destacar las unidades de
adiestramiento en la base de Zaragoza.

La reciente renovación del contrato es un jarro de agua fría para las
aspiraciones de los vecinos y vecinas, que no sólo no ven satisfechas
sus demandas, sino que incluso ven alejarse las promesas realizadas
por el propio ministro de Defensa el pasado mes de marzo en Zaragoza,
en las que se comprometió públicamente a compensar a estos municipios
por las molestias ocasionadas. Propuesta que el propio responsable de
Defensa volvió a reiterar, esta vez en una sesión plenaria del
Senado, celebrada el pasado mes de mayo de este año, en la que
textualmente se afirmaba que «consideraba legítimo que a estos
municipios se les atienda por las molestias derivadas de la
utilización del campo de tiro». Sin embargo, hasta la fecha de hoy
nada de nada, ni desmantelamiento, ni compensaciones.

Pasando por encima de las declaraciones del Parlamento de Navarra, de
la propuesta de la Unesco, de las mociones de los ayuntamientos
afectados, de las iniciativas aprobadas por la Diputación de
Zaragoza, de las demandas de los 29 colectivos que reclaman su
desmantelamiento, el polígono de tiro está en Navarra, pero las
afecciones y peligros recaen sobre Aragón.

Por este motivo pedimos el voto favorable a esta proposición no de
ley.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Mi intervención quiere ser
complementaria de la del señor Labordeta. Telegráficamente, porque
creo que todos tenemos mucha prisa, quiero darles los datos más
importantes. Como ha dicho el señor Labordeta, este es un parque
natural, declarado por la Unesco reserva mundial de la biosfera en
noviembre pasado, en una especie de sesión en la cual había 24
candidaturas de todo el mundo. Para que sepan ustedes de qué estamos
hablando, aunque muchos lo conocen, esta reserva de



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la biosfera está siendo utilizada desde el año 1951 como polígono de
tiro para entrenamientos aéreos del ejército español y de la OTAN. Y
realmente en los últimos cincuenta años estas prácticas militares han
ocasionado múltiples accidentes y desde luego han acabado también con
la vida de algunas personas, todo hay que decirlo.

En la tercera consideración, estamos hablando de un espacio y un
polígono de tiro que tiene la oposición de la gran mayoría de la
sociedad navarra, también de la aragonesa, como ha dicho el señor
Labordeta. En la última encuesta antes de la celebración del nuevo
contrato, tres de cada cuatro ciudadanos navarros, el 74,5 por
ciento, se oponían al mismo. Todas las opiniones, a través de las
formaciones políticas, al menos tradicionalmente, hasta los últimos
meses, han sido contrarias; digo hasta los últimos meses porque
últimamente alguna formación política no parece haber llevado las
declaraciones que había realizado tradicionalmente a sus
consecuencias en la práctica y en la realidad.

Les explico esto porque voy a señalarles qué es lo que queremos, por
qué hemos hecho una enmienda, qué ha pasado en esta desgraciada
historia (para nosotros desgraciada o al menos no positiva) que tiene
ya demasiados capítulos. Hay una ley del 6 de abril de 1999 que
señala el parque natural de Bardenas Reales y que excluía la parte
del polígono de tiro. Tengan siempre en cuenta que el contrato
terminaba en junio de 2001 y que aparentemente había un sentimiento
común de todas las formaciones políticas, que respondía a la de los
ciudadanos de Navarra, de que este contrato no se renovara o no se
hiciera un nuevo contrato. ¿Qué se hizo? A raíz de una iniciativa
parlamentaria de Eusko Alkartasuna en mayo de 2000 se aprueba una ley
en diciembre de 2000, ley foral de Navarra, que recoge también como
parque natural a esta parte del espacio natural que era el polígono
de tiro. Y ciertamente, no se lo voy a ocultar, que para llegar a la
aprobación de esta ley hay una serie de acuerdos con otras
formaciones políticas que recogen en una disposición final tercera
dos cosas: una, que habrá un plan de ordenación de los recursos
naturales, que será elaborado por la Comunidad de Bardenas y aprobado
por las instituciones de Navarra, en el que se determinarán los usos,
los fines, las compatibilidades, etcétera, de ese espacio natural, y
en el que, en todo caso, en vista de que previsiblemente no se iba a
aprobar ese nuevo contrato, lógicamente se tendría en consideración
el desmantelamiento de ese polígono de tiro. Pero he aquí que,
curiosamente, el 1 de diciembre, el Ministerio de Defensa aprobó un
real decreto considerando esta zona de espacio natural como interés
para la defensa nacional. Lo que nos preocupa, como consecuencia de
este real decreto, es que cualquier destino, cualquier ordenación,
cualquier actuación administrativa, cualquier regulación siempre
tiene que tener la autorización y la compatibilidad del Ministerio de
Defensa. Es decir que, curiosamente, esta
ley del Parlamento Foral de Navarra, que responde a la voluntad de
los ciudadanos navarros, se inutiliza por un real decreto del
Ministerio de Defensa.

Evidentemente, el Gobierno de la Administración central interpone un
recurso de inconstitucionalidad a esta ley, recurso de
inconstitucionalidad en el que se pide también una medida cautelar,
la suspensión de la ley. Quiero que sepan todos ustedes, que en este
procedimiento se persona el Parlamento de Navarra, no así el Gobierno
de Navarra, a pesar de que los propios portavoces del Parlamento de
Navarra se lo piden... También los portavoces del Parlamento de
Navarra piden al Gobierno central que retire el recurso porque se
entiende que va en contra de la voluntad de los ciudadanos de
Navarra, que va en contra del autogobierno de Navarra.

Aquí es donde estamos. A partir de ahí, en junio de 2001 se produce
ese contrato, del que no voy a entrar en este momento en detalles,
pero que ustedes creo que todos conocen, con esa oposición, entre
comillas, de los ciudadanos de Navarra. Es verdad que se aprueba por
la Comunidad de las Bardenas, pero también habría que explicar cómo
está compuesta exactamente, pero en todo caso es un jarro de agua
fría, como decía el señor Labordeta, pero que está ahí, que somos
conscientes de que está ahí. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos?
Según corresponde a esta Cámara, nosotros pretendemos instar al
Gobierno a que derogue ese real decreto, que nos parece que infiere
en lo que es la voluntad de los ciudadanos de Navarra que han
aprobado esa ley y que, por tanto, debe ser ese plan de ordenación de
los recursos naturales el que determine cuáles son las
compatibilidades, los destinos, los fines, en función de lo que
consideren primero, la Comunidad de Bardenas que elabora ese plan y
segundo, las instituciones de Navarra.

Sabemos que no vamos a solucionar toda esta cuestión, pero por el
momento pedimos que se derogue ese real decreto, que entendemos no
es, desde nuestro punto de vista, acorde con la voluntad de los
ciudadanos de Navarra y, por tanto, que se retire el recurso de
inconstitucionalidad.

Solamente un dato, señoras y señores diputados. En esa medida
cautelar (somos conscientes de que es una resolución sobre una medida
cautelar que no prejuzga el fondo) ya el propio Tribunal
Constitucional el 20 de septiembre de este mismo año se pronunció no
concediendo esa medida cautelar, ese levantamiento de la suspensión
(vuelvo a señalar, a la medida cautelar, no al fondo), pero a
nosotros nos parece significativo y lo ponemos en conocimiento de
todos ustedes. En la enmienda que hemos presentado, dada la gran
cantidad de cosas que han sucedido el día de hoy, desde que
presentamos la proposición, pedimos que esta Cámara inste al Gobierno
a que se derogue ese real decreto, que sea la Ley Foral de Navarra la
que determine, como antes he señalado, qué es lo que se debe realizar
en este tema; y en segundo lugar, que se retire, como ya han



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señalado la mayoría de las fuerzas parlamentarias en el Parlamento de
Navarra, el recurso de inconstitucionalidad que les he señalado.

Esto es sólo una primera parte, porque seguiremos teniendo un
contrato del que, desde las formaciones políticas que hemos
presentado esta iniciativa y desde Eusko Alkartasuna desde hace
muchísimos años, vamos a hacer un seguimiento exhaustivo, porque
entendemos que es muy perjudicial, especialmente en esta coyuntura.

Vuelvo a señalarles que es el polígono de tiro de la OTAN, y hay que
seguir muy clara y detalladamente qué es lo que pasa con esas
actuaciones militares, con esa prohibiciones de utilizar
evidentemente material nuclear y otra serie de cuestiones. Ya en su
momento se tuvo la alarma de que se hubiera podido utilizar uranio
empobrecido, por lo que vamos a hacer un seguimiento respecto a esas
condiciones de que se elimine y se desmantele antes de la fecha final
de que se termine el contrato. En definitiva, somos conscientes de
que este es otro paso más, pero no el definitivo, que es el que a
nosotros nos hubiera gustado.

Por eso pedimos a todos ustedes que, en defensa de la voluntad de los
ciudadanos de Navarra, a través de esa ley que promulgaron y
aprobaron en diciembre de 2000, y en respeto, creo, al autogobierno
de Navarra, se derogue ese real decreto y sean los ciudadanos de
Navarra a través de esa tramitación que ellos han establecido los que
determinen destinos, usos y compatibilidades de conformidad con lo
que en este momento hay.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que en la defensa de la proposición no
de ley va implícita la defensa de la enmienda de actualización que
tenían presentada.

Para fijar posiciones, tiene la palabra el señor Marsal del Grupo
Socialista.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: No querría empezar mi intervención sin
expresar la adhesión de nuestro grupo a las palabras pronunciadas
tanto por el presidente como por el vicepresidente. Los que
compartimos largos años en esta Comisión la compañía y, sobre todo,
la amistad del señor Julio Busquets hemos quedado profundamente
afectados. Creemos que España ha perdido a una gran persona y todos a
un gran amigo.

También quiero manifestar, como ya hemos hecho en diferentes
ocasiones, la condena por los atentados y nuestro apoyo a la
necesidad de combatir este mal contra la democracia que es el
terrorismo y que debemos acabar con él para garantizar la propia
permanencia y calidad de la democracia.

Señor presidente, usted ha dicho que las dos proposiciones no de ley
sobre cultura de defensa se aplazaban hasta el último lugar a
petición del Grupo Socialista cuando en realidad era a petición del
Grupo Popular; el Grupo Socialista lo que ha dicho es que no tenía
inconveniente en ello. Únicamente lo digo a efectos de acta.

Entrando ya en la proposición no de ley que se nos presenta por parte
del Grupo Mixto, vemos que en este caso se da una situación en la que
los intereses de las partes no coinciden totalmente. Los intereses y
las necesidades de la defensa nacional, en este caso, no tienen una
plena coincidencia con intereses locales. Hemos de decir que ambos
intereses son perfectamente legítimos y, por lo tanto, la única
manera de encontrar una salida a este problema es la negociación
entre las partes y llegar a acuerdos. Nosotros hemos manifestado,
y mantenemos, que es necesario que nuestras Fuerzas Armadas, si
queremos que sean realmente profesionales, si queremos que sean
modernas, si queremos que sean eficaces, tienen que tener a su
disposición los medios adecuados y, evidentemente, uno de los medios
fundamentales son las condiciones adecuadas para el entrenamiento.

Con los métodos de simulación evidentemente se ha avanzado mucho, y
actuaciones que antes únicamente se podían realizar sobre el terreno
y que daban problemas, en este momento se pueden realizar a través de
la simulación. Sin embargo, la simulación no da solución a todos los
problemas de entrenamiento y sigue siendo necesario mantener algunos
campos de entrenamiento. El campo de las Bardenas tiene unas
características especiales. Hace muchos años que viene siendo
utilizado por el Ejército del Aire como campo de entrenamiento y ya
desde hace muchos años, por parte de este Gobierno y de gobiernos
anteriores ha habido intentos para encontrar una sustitución, para
encontrar un campo alternativo. Sin embargo, las diferentes
alternativas que en algún momento se han planteado no ha sido
posibles llevarlas a cabo. Existen también posibilidades de buscar
campos en el exterior de España, pero esto supone tanto problemas
económicos como en algunos casos también problemas políticos.

Nosotros, desde el momento en que iba a acabar el contrato de
arrendamiento, manifestamos que era necesaria una negociación para
llegar a unos acuerdos. Esta negociación ha merecido por parte
nuestra algunas críticas. Empezó bien, en su desarrollo hubo ciertos
desaciertos, pero en cualquier caso no es el momento ahora de
insistir en ello. Se llegó a un acuerdo que supone mejoras
importantes en el arrendamiento, tanto en un sentido económico como
en un sentido también de compromiso, de inversión en
infraestructuras. Por lo tanto, es una mejora, es un paso adelante,
que creo que merece cierto grado de satisfacción. También contiene un
elemento importante, que es el compromiso del Gobierno de seguir
buscando una alternativa a este campo. Creemos que esto se tiene que
seguir haciendo y vamos a hacer un seguimiento del comportamiento del
Ministerio en este sentido, inquiriendo periódicamente al Gobierno
sobre la marcha de esta búsqueda de una alternativa.




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Por consiguiente, la presentación que se nos hacía de la proposición
no de ley en su contenido originario no podía ser aceptada por
nosotros de ninguna manera, ya que creemos que sigue siendo necesario
por el momento este campo de entrenamiento. Se ha presentado
posteriormente una enmienda, dados los mecanismos normales
reglamentarios; cuando esto sucede se produce una situación en que es
difícil a otro grupo presentar una enmienda a la enmienda. Nosotros
mantenemos la filosofía de que lo mejor es que haya una negociación,
en este caso entre las dos partes que están en una situación llamemos
de conflicto, aunque sea conflicto pacífico y democrático, entre el
Ministerio de Defensa, Gobierno central, y las instituciones de la
comunidad autónoma. Nos parece que debería abrirse una negociación
clara y abierta entre ambas partes para llegar a una solución
satisfactoria en lo que se refiere a retirar el recurso de
inconstitucionalidad y a encontrar una solución que garantice que no
va a haber problemas en los años que va a durar el arrendamiento
sobre la utilización del campo, y que también facilite las
posibilidades de que al cumplimiento de este contrato haya una
solución alternativa. No podemos plantearlo en este momento como una
enmienda, pero ésta es nuestra posición: que vuelva a haber diálogo,
negociación, en este caso entre Ministerio e instituciones forales
navarras, para llegar a una solución de este contencioso.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, don Jaime Ignacio del
Burgo tiene la palabra.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Voy a intentar exponer con claridad la
posición de nuestro grupo parlamentario en relación con la propuesta
que nos formula el Grupo Mixto sobre una proposición no de ley sobre
la que a su vez se ha presentado una enmienda.

Tengo que empezar por decir que reconozco al portavoz del Partido
Socialista la mesura de sus palabras. Considero que son propias de un
grupo parlamentario que ha tenido responsabilidades de gobierno, que
aspira a tener responsabilidades de gobierno y que, en consecuencia,
en este asunto tiene que tener como objetivo muy claro que las
Fuerzas Armadas tienen que tener un lugar de entrenamiento, en el
caso concreto del Ejército del Aire, pues tiene que tener un lugar
donde poder desarrollar... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Ruego a las señoras y señores diputados que
respeten a quien tiene la palabra y, en todo caso, si tienen que
hablar algo, que lo hablen bajito, porque estamos percibiendo las
distintas conversaciones que se producen.




El señor DE BURGO TAJADURA: Sus llamadas al orden, me parece que son
inútiles, señor presidente. Yo pediría que efectivamente hablaran un
poquito más bajo, nada más, para que así, a lo mejor, el pensamiento
que tengo no se me interrumpe.




Quería decirles que el Ejército del Aire necesita un lugar de
entrenamiento y, por tanto, la intervención que ha hecho el señor
Marsal responde realmente al sentido que tiene que tener un grupo
parlamentario que, insisto, tuvo responsabilidades de gobierno, que
intentó buscar una alternativa, no la encontró, y que, desde luego,
en estos momentos el gobierno del Partido Popular, que también se ha
comprometido a buscar una alternativa, tampoco la ha encontrado hasta
el momento.

Nos encontramos con que en esta situación hay un convenio firmado por
el Ministerio de Defensa con la comunidad de Bardenas Reales de
Navarra. Ese convenio permite al Ministerio utilizar ese campo de
tiro durante exactamente 7 años. Y tengo que decir también que el
impacto ambiental que esto produce es bastante relativo, puesto que
si, a pesar del polígono de tiro existente desde hace más de 50 años,
se ha podido declarar a las Bardenas Reales como reserva mundial de
la biosfera, entre otras razones es porque el polígono de tiro ha
permitido establecer un perímetro de reserva, en el que ha florecido
la flora y la fauna, puesto que la zona de impactos es de 100
hectáreas, y estamos hablando de un polígono de tiro de 2.200
hectáreas, dentro a su vez de un conjunto de 42.500 hectáreas. De
manera que todo esto hay que decirlo para situar la verdadera
realidad del problema.

Y dicho esto, quiero dejar bien claro que nosotros, y en concreto en
este momento hablo como miembro de Unión del Pueblo Navarro, somos
también contrarios a que el polígono se mantenga, porque
efectivamente hay dudas razonables de la idoneidad del polígono y es
evidente que las necesidades de la defensa podrían aconsejar un
polígono bastante mejor del que tienen en este momento en Bardenas
Reales. El problema es que, mientras no haya una alternativa,
desgraciadamente no hay más remedio que seguir utilizando el polígono
de Bardenas Reales. ¿Qué ha ocurrido durante todo este proceso que ha
explicado la señora Lasagabaster? Pues que se produjo el Real Decreto
1943/2000, de 1 de diciembre, cuando el Ministerio de Defensa conoció
que el Parlamento de Navarra se proponía aprobar una ley, que
finalmente aprobó, con posterioridad al real decreto, por la que se
pretendía hacer imposible la realidad del polígono de tiro, teniendo
en cuenta que un año antes ese mismo Parlamento había excluido de la
declaración de parque natural de las Bardenas Reales precisamente al
polígono de tiro.

Entonces, cuando se llevaron a cabo las conversaciones con la Junta
de Bardenas y se vio que efectivamente se podía llegar a un acuerdo
entre el Ministerio de Defensa y la Junta de las Bardenas para
ampliar un nuevo plazo de utilización del polígono, diversas fuerzas
políticas, que desde luego no tienen sensibilidad con la defensa
nacional (y aquí tengo que decir que allí el Partido Socialista hizo
otra cosa diferente a lo que hemos escuchado aquí), lo cierto es que
amparados en



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una legítima mayoría parlamentaria promovieron una reforma
legislativa nada más que dirigida a evitar que se pudiera poner el
polígono de tiro.

Ante esa circunstancia, el Ministerio de Defensa hizo uso de las
facultades que la Constitución le confiere y aprobó un real decreto
por el que se declaró zona de interés para la defensa nacional el
campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de las Bardenas Reales.

Posteriormente, cuando la ley fue aprobada, esta modificación de la
ley foral, el Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad
que pende de la resolución del Tribunal Constitucional.

Por cierto que la sustitución o la retirada del recurso de
inconstitucionalidad no resolvería nada desde el punto de vista de la
eficacia de la sustitución del polígono de tiro, porque hay una
disposición dentro de la ley que dice que se procederá a la inclusión
en el parque natural (estoy hablando de memoria) al cabo de un año a
contar desde el momento en que se proceda al desmantelamiento del
polígono de tiro y de las instalaciones militares que allí hay. Luego
quiere decir que si ya tenemos un convenio que dura hasta el año 2008
ó 2009, y resulta que hasta el año siguiente no se podría incluir
como parque natural, no tendría absolutamente ninguna posibilidad de
eficacia el que se retirase el recurso desde el punto de vista de los
objetivos que pretenden los grupos que han presentado esta
iniciativa.

Pero sí hay una cuestión que a nosotros nos parece importante
destacar: se ha hecho referencia a que este real decreto y la
actuación del Gobierno de la nación son contrarias al autogobierno de
Navarra. Tengo que decir que no son contrarias al autogobierno de
Navarra por lo siguiente: el amejoramiento del fuero, la señora
Lagasabaster lo sabe muy bien, se fundamenta en algo que no tienen
los estatutos de autonomía, pero que sí lo tiene el régimen foral de
Navarra, y es que el desarrollo del fuero, es decir, de la autonomía
de Navarra, tiene una limitación, que es la unidad constitucional. Es
decir, que por esencia de fuero, el fuero significa autonomía, pero
dentro de lo que significa también respeto a la unidad
constitucional. Y si hay alguna materia que es de unidad
constitucional sin discusión es la defensa, porque evidentemente no
vamos a pretender que Navarra tenga su propio ejército, me imagino
que el País Vasco en estas circunstancias tampoco lo querrá tener,
mientras forme parte, que espero que sea siempre, de la comunidad
española, etcétera. Por lo tanto, la defensa nacional es una
competencia inherente a la unidad constitucional y, en consecuencia,
el Gobierno lo que ha hecho es uso de un mecanismo que tiene en la
propia legislación del Estado en materia de defensa, que le permite
garantizar las necesidades de la defensa. Lo que ocurre es que desde
competencias forales, que efectivamente las hay en materia de
ordenación del territorio, se ha querido ir y colisionar con esa otra
competencia del Estado en materia de defensa.

Ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional. Tengo la
impresión, por sentencias que ya ha dictado al respecto, que cuando
se produce esta colisión prevalece, como no podía ser de otra manera,
la defensa nacional. Por tanto, eso no implica ningún demérito para
el autogobierno de Navarra y habría que pensar si a veces no se
utilizan o se invocan competencias forales para desconocer las
competencias del Estado en una actuación que podríamos calificar de
claramente torticera.

De manera que, y tengo que decirlo con dolor, porque es mi propio
parlamento, siento que el Parlamento de Navarra haya protagonizado
semejante desafuero, porque también los parlamentos autónomos, cuando
se salen de sus competencias o cuando tratan de evitar que el Estado
ejerza las suyas, siempre que sean legítimas por parte del Estado,
pueden cometer desafueros.

En consecuencia y como resumen de todo esto, vamos a votar en contra
de esta propuesta. Entendemos que el real decreto no es un atentado
contra el autogobierno de Navarra, entendemos que el recurso de
inconstitucionalidad es una actuación legítima por parte del Gobierno
y que además, precisamente para eso, está el Tribunal Constitucional,
para determinar y dirimir los conflictos que puedan plantearse cuando
no haya podido llegarse a un acuerdo, que en este caso, señor Marsal,
no ha sido posible encontrar entre todas las fuerzas políticas,
porque a lo mejor a algunas (y tengo que decirlo aquí, y no me
refiero al Grupo Socialista, sino a otros grupos) les importa una
higa, con todos los respetos, las necesidades de la defensa nacional.

A nosotros, como grupo político (en este momento estoy hablando en
nombre de UPN), sí nos importa, porque siempre entendemos que nuestra
autonomía, que nuestro autogobierno ha sido solidario con las
necesidades de la comunidad nacional de la que nos sentimos
orgullosamente parte.




- RELATIVA AL CASTILLO DE A PALMA, EN MUGARDOS (A CORUÑA). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000317.)



El señor PRESIDENTE: Damos por debatida esta proposición, el punto
primero del orden del día, y pasamos a la segunda proposición, cuyo
título es «relativa al Castillo de A Palma, en Mugardos, A Coruña»,
presentada por el Grupo Mixto y que la va a defender don Francisco
Rodríguez, en nombre del grupo proponente.

Tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: En primer lugar, expresar en paralelo con
el señor presidente de la Comisión nuestra condena de los atentados
terroristas y nuestra posición favorable a que se busque a los
culpables y que sean debidamente castigados. Si bien queremos
expresar que no compartimos el criterio de que se pueda apoyar
cualquier tipo de guerra que empeore



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la situación internacional o que ayude a establecer un orden
internacional más injusto.

Por lo demás, expresar también nuestra evocación de la figura del
señor Busquets, al que no conocimos personalmente, pero sí
intelectualmente con un libro que se titula, si no recuerdo mal, «El
profesional de carrera en España», y su contribución a la
democratización del ejército en el Estado español.

Vamos a hablar de un tema que tiene una importancia crucial para la
comarca de Ferrol Terra, que es el referido a otro más de los
castillos que tienen una ubicación privilegiada en la entrada de la
ría de Ferrol. Castillos, en este caso, el de A Palma, que como el de
San Felipe, tiene su origen en el siglo XVI y que en la actual
estructura arquitectónica, visualmente perceptible, es del siglo XIX.

Se trata de fortalezas defensivas de mayor o menor tamaño que están
escalonadas a lo largo de la entrada de la ría, que tuvieron un papel
defensivo muy importante desde prácticamente el siglo XVI hasta bien
entrado el siglo XX. Posiblemente no haya en toda la costa del Estado
español construcciones más singulares, e incluso de más importancia
estratégica o más simbólicas de este tipo de arquitectura de carácter
defensivo.

El Castillo de San Felipe afortunadamente ya está en manos de la
Administración local, después de haber sido comprado por el
Ayuntamiento de Ferrol por 160 millones de pesetas al Ministerio de
Defensa, en un precio que afortunadamente fue bastante más sensible,
más bajo, al precio inicialmente situado en lo que fueron las
distintas subastas públicas que la Gerencia de Infraestructuras
intentó realizar con él. Hoy está debidamente abierto al público,
empieza a ser cuidado y está a la espera de un plan director de usos.

En el caso del Castillo de A Palma, ubicado en un ayuntamiento mucho
menor, el de Mugardos, un ayuntamiento que tiene sobre 7.000
habitantes, se encuentra ahora en un estado de espera, precisamente
depurando todas las cuestiones administrativas que pueden conducir a
su transferencia a través de convenio, o bien por venta a una
administración local, en este caso sería el Ayuntamiento de Mugardos.

Es un castillo que se encuentra en mucho mejor estado que el de San
Felipe porque mantuvo los usos militares hasta bien entrada la década
de los años noventa. Y desde, en concreto, la guerra civil, fue
prisión para jefes y militares del ejército.

Hay que tener en cuenta que estas dos joyas arquitectónicas, tanto el
Castillo de A Palma como el de San Felipe, forman parte de toda esa
arquitectura que, junto con el arsenal, todas las instituciones
locales de la zona están empeñadas con algunas academias de carácter
artístico en que en una perspectiva de 10 ó 15 años puedan alcanzar
la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad.

El Bloque Nacionalista Gallego se ha preocupado desde hace muchos
años de todo este tipo de patrimonio
que va siendo desafectado y que tiene un importante valor
histórico y artístico. Por eso, por citar solamente las dos gestiones
últimas, ya el 8 de noviembre de 2000 nos preocupábamos porque el
Castillo de San Felipe iba a ser desafectado y queríamos que antes de
que fuese enajenado en pública subasta o en una venta indiscriminada
fuese transferido (bien por compra o bien por convenio) a una
administración pública, en este caso al Ayuntamiento de Mugardos. En
concreto, en el mes de julio de 2000 el Gobierno respondía a nuestras
preguntas de la siguiente manera, en concreto el 31 de julio de 2001,
la respuesta llegó el otro día, se dice que el Castillo ya está
desafectado de fin público y que está declarada su posibilidad de ser
enajenado. El 8 de agosto de 2001 en concreto se dice que se comunicó
a la Dirección General del Patrimonio del Estado, por si tenía algún
interés algún organismo central del Estado en su adquisición, y tiene
tres meses para responder. Por lo tanto, estamos en un período de
tiempo que sería importante, porque si a la Administración General
del Estado no le interesa el edificio, se pudiese preparar todo el
dispositivo para que la Administración local se pudiese hacer cargo
del mismo. Y por fin sabemos que el ayuntamiento está interesado, y
así se ha dirigido a la Gerencia de Infraestructura de Defensa
diciendo que tiene interés en poder acceder a la propiedad del
castillo, si bien a nadie se le oculta que un ayuntamiento de 7.000
habitantes no tendrá la capacidad económica para poder comprarlo, y
menos en pública subasta, pero sí en una negociación directa, a la
que contribuyesen también otras administraciones públicas, como la
Xunta de Galicia o la Diputación provincial. Hay, por tanto, una
formalización en cierta manera de propuesta por parte del
ayuntamiento que se puede explicitar muchísimo mejor cuando se sepa
el valor del edificio, qué disponibilidad hay por parte de las otras
administraciones públicas de Galicia a participar en su compra y,
cuando se sepa también, si el Ministerio tiene total disponibilidad a
entrar primero por este tipo de negociación antes que cualquier tipo
de venta en el mercado. En todo caso, nosotros lo que queremos es
forzar y presionar para que se realice una transferencia por un
precio asumible y ponderado, para que sea dedicado a un fin de
carácter público.

Volvemos a repetir que es inseparable esta transferencia de todo el
conjunto de la problemática que hay en la zona, que abarca desde un
monasterio medieval barroco situado prácticamente a medio kilómetro
de ese castillo, del otro que ya fue comprado, de los muchos pequeños
que están situados en la parte más exterior de la entrada de la ría y
de todo el arsenal. Creemos que el carácter público de todo este
conjunto se debe mantener y a este fin va destinada esta proposición
no de ley, como otras muchas que hemos presentado a lo largo de
nuestros años de presencia en este Congresode los Diputados.




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Y por una economía procesal, me voy a referir a la enmienda
presentada por el Partido Socialista diciendo que la aceptamos, pero
no como enmienda de sustitución, sino de la siguiente forma:
El punto primero de la enmienda socialista sustituiría a nuestro
punto primero. Tenemos que decir que a lo largo de estos años no
hemos podido comprobar fehacientemente que el castillo estuviese
declarado bien de interés cultural, aunque conocíamos que en la
referencia del ayuntamiento dirigiéndose al Ministerio de Defensa sí
hacía alusión a esta declaración como bien de interés cultural ya
desde el año 1994. No sabemos si esa declaración de interés cultural
la ha realizado la Administración autonómica o la Administración
General del Estado. De ahí nuestra duda, y por eso habíamos mantenido
en nuestra proposición no de ley que está registrada el 8 de
noviembre de 2000, hace prácticamente un año, la petición de que se
declarase bien de interés cultural. Como esto parece ser que está
logrado, lo sustituiríamos por el punto 1 de la enmienda del Partido
Socialista.

La segunda parte de la enmienda del Partido Socialista sería un
añadido como punto número 3, porque completaría bien nuestro punto
número 2. Y entonces sería, punto número 3: «contribuir a la creación
de un consorcio firmado por la Xunta de Galicia, la Diputación Foral
de A Coruña y el Concello de Mugardos, que ya ha manifestado su
voluntad de participar proporcionalmente con la finalidad de
adquirir, acondicionar, mantener y conservar dicho castillo», que
está dentro del espíritu y la intención de nuestra proposición no de
ley.




El señor PRESIDENTE: A continuación, en efecto, el grupo que ha
presentado una enmienda a esta proposición es el socialista, y como
portavoz y defensor de la misma interviene don Guillermo Alejandro
Hernández.




El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Este Castillo de A Palma, que fue bien
descrito por el proponente, forma parte de una tríada de castillos
con el de San Felipe (al otro lado de la ría de Ferrol) y el llamado
Fuerte de San Martín.

Los tres castillos, con una variación de tiempo muy leve, se
construyeron a finales del siglo XVI bajo la protección de Felipe II,
y dado el ritmo de su construcción, recogiendo la historia, tal
parece que se asemeja mucho a la planificación de las
infraestructuras que proyecta el Partido Popular para Galicia
actualmente, dado que fue una construcción lenta, tuvo una escasez de
presupuestos asignados, se limitaron los materiales, hasta el punto
de que en ninguno de ellos se respetó el proyecto original. El
Castillo de A Palma no es que, por ejemplo, fuera reconstruido en el
siglo XIX, es que ya ni se respetó nada de lo original, salvo el
nombre y el carácter militar.

Pero volviendo a la actualidad interesa resaltar que se presenta esta
proposición no de ley por parte del Bloque
Nacional Gallego, en la que se solicitan dos cuestiones que han
quedado claras: la declaración de bien de interés cultural y, en
segundo lugar, que se ofrezca a la Administración local o autonómica,
empleando una disyuntiva excluyente, para su uso público.

Estando de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley,
presentamos una enmienda que ya hemos oído que ha sido aceptada por
el proponente y esperemos que sea votada asimismo por el resto de la
Comisión. Y por eso vamos a ir directamente a reafirmar el carácter
de estas enmiendas, dado que fueron presentadas a este diputado con
el apoyo directo y por unanimidad del Concello de Mugardos, presidido
por don Ramón Toimil, miembro del Partido Socialista de Galicia.

En primer lugar, justifico y aclaro la primera parte de la
proposición no de ley. El castillo de A Palma tiene una referencia
catastral número 8826001, y es propiedad del Ministerio de Defensa;
fue declarado bien de interés cultural a raíz de su declaración
genérica por un decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de
castillos españoles. Más tarde, y por parte del gobierno socialista,
quedó inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
del Patrimonio Histórico Español mediante resolución del 17 de
octubre de 1994, con categoría de monumento y código de
identificación RI518856. El interés histórico viene dado por la
histórica defensa del puerto de Ferrol, el interés arquitectónico por
la visión estética de la boca de la ría de Ferrol, y su carácter
urbano le da un interés especial para la ciudad.

Sólo se permitiría, en este caso, un tipo de obra, aquella que
tuviese por finalidad el aprovechamiento de las dependencias para
usos históricos, turísticos, en caso de cese de este uso militar. Y
precisamente las obras de rehabilitación, adaptación del interior,
mantenimiento, etcétera, de la arquitectura militar es por esta
razón.

En cuanto a la segunda parte de la proposición no de ley hay que
señalar lo siguiente: que a partir del momento en que el Ministerio
de Defensa comunica al Concello de Mugardos, el 20 de abril de este
año, que está próximo a finalizar el proceso de depuración física
y jurídica de la propiedad del castillo, y ante la prevista
enajenación, se solicita al Concello que manifieste su interés por la
adquisición de la propiedad. La contestación de Mugardos es
afirmativa, pero el problema es que el Ministerio de Defensa no hizo
una propuesta formal indicando el precio de venta, las
características del castillo, plazos de pago, etcétera. Yo creo que
el precio fijado por el Ministerio de Defensa de 218 millones de
pesetas es posible rebajarlo a través de una negociación. El Concello
de Mugardos, a propuesta de su Junta de portavoces celebrada el 18 de
junio de 2001, acuerda por unanimidad dirigirse, antes de dar una
respuesta concreta al Ministerio de Defensa, a la Administración
central para que se adopten las medidas necesarias que



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hagan posible que el castillo sea también de interés y servicio
público. Para ello están dispuestos a participar en un convenio de
colaboración con la Xunta de Galicia y la Diputación provincial de A
Coruña, para conseguir por compra precisamente el castillo. Ése es el
interés de la enmienda que agradezco que haya sido acogida por el
proponente. El hecho de que para el Concello sea imposible disponer
de medios y presupuestos, ya que tiene un presupuesto anual de 417
millones, máxime cuando posteriormente se lleve a acometer la reforma
y el mantenimiento, nos lleva directamente a que, para salvaguardar y
garantizar el interés de la comunidad en conservar precisamente este
carácter público del castillo, se proponga su compra por un consorcio
que, encabezado por el Concello, cuente con la presencia de la Xunta
de Galicia y la Diputación.

El Ministerio de Defensa debe ejercer su liderazgo institucional para
lograr la implicación de las instituciones gallegas citadas en un
proyecto de compra que, de no llevarse a cabo, constituiría una
pérdida irreparable para el patrimonio de Mugardos y su alejamiento
del interés público. Por eso queremos que se respete la unanimidad de
la corporación municipal y solicitamos que sea aprobada la
proposición no de ley.

Por ello, hemos adjuntado la enmienda de la que disponen la
presidencia y los miembros de la Comisión, que esperamos sea
aprobada, que se adopten las medidas necesarias que hagan posible que
el Castillo de A Palma, que se ha declarado como bien de interés
cultural desde el 17 de octubre de 1994, lo sea también de interés y
servicio público a través de un proceso de venta a las
administraciones públicas interesadas; y contribuir a la creación de
un consorcio formado por la Xunta de Galicia, la Diputación
Provincial de A Coruña y el Concello de Mugardos, que ya ha
manifestado su voluntad de participar proporcionalmente, con la
finalidad de adquirir, acondicionar, mantener y conservar dicho
castillo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, don Roberto Soravilla
tiene la palabra.




El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Debo confesar que no tengo antecedentes
gallegos, aunque en la posición que vamos a adoptar voy a tomar un
estereotipo gallego, espero que lo tomen con la ironía adecuada,
porque a la proposición no de ley presentada por el señor Rodríguez
no nos oponemos, pero votaremos en contra... Bueno, lo que quiero
decir es que entendemos y además ahora, de las palabras del señor
Vázquez, que han rectificado en gran medida... (El señor RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ: Me llamo Rodríguez y siempre se entiende lo que quiero
decir.) Si ha resultado ofensivo, lo retiro.

Quiero decir, señorías, señor presidente, que entendemos la intención
de la proposición no de ley, pero que
no compartimos en absoluto los procedimientos que en un primer
momento apuntaba esta proposición. Dicho todo esto, la petición que
se hacía en ella, el petitum de esta proposición no de ley, era lo
que nos obligaba en definitiva, que es lo que se vota, a votar en
contra.

El señor Rodríguez ha hecho luego una rectificación sobre la marcha
acudiendo a una respuesta del Gobierno que había recibido en estos
días, y además ha habido una modificación por parte del Partido
Socialista, y que él de alguna manera ha asumido en su petición. En
principio el asunto estaba en los términos de que se iniciaran los
trámites de bien de interés cultural del Castillo de A Palma, y lo
otro era que se otorgara un derecho preferente de adquisición a las
administraciones local o autonómica a un precio ajustado, decía, a
los fines públicos a los que sería dedicado.

Luego, esto ha cambiado. Me voy a referir de alguna manera a todo
ello. Por una parte, veo que lo que hay entre los dos intervinientes
que me han precedido son algunas diferencias históricas, porque por
un lado se dice que es Felipe II, luego en el XIX, yo también he
visto algún otro antecedente donde se habla de un castillo del siglo
XVIII, etcétera. Parece ser que, efectivamente, el castillo tardó
bastante tiempo, pero respondiendo a lo que ha dicho el representante
del Partido Socialista, yo llegaría a pensar más bien que Felipe II
fue un precursor del socialismo por el poco celo que había puesto en
las obras públicas en Galicia.

Con respecto al primer punto, le puedo garantizar la enorme
sensibilidad personal que tengo, por razón de profesión (yo en otros
tiempos era pintor), y sobre todo de mi grupo, con respecto a lo del
tema de bien de interés cultural, que supongo que iba destinado
fundamentalmente a la preservación de todo ese conjunto por todas las
garantías que ofrece el ser bien de interés cultural.




Efectivamente hay un antecedente parlamentario, que es una respuesta
del 4 de octubre de 1999 al que entonces era diputado el señor Meyer,
donde ya se dice que este castillo era un bien de interés cultural y
está inscrito, efectivamente, en el Registro de Bienes de Interés
Cultural, con una resolución del 17 de octubre de 1994. Lo que sí
debo decir a este respecto, han citado incluso el código con el que
figura, es que esta inscripción fue a solicitud precisamente de la
Xunta de Galicia, que, si yo no recuerdo mal, gobernaba mi partido.

Lo cual quiere decir que teníamos la suficiente sensibilidad, que
parece ser que nos habíamos adelantado a ella y que sigue gobernando
en Galicia y que previsiblemente lo va a seguir haciendo en el
futuro, por lo que parece.

Los castillos, como saben, a ello se ha referido también el portavoz
del Grupo Socialista, tenían ya una protección genérica con un
decreto de 1949, que luego quedó recogido además en la Ley de
Patrimonio Histórico de 1985, en la disposición adicional segunda. Yo
creo que estos datos, como usted ha dicho, los conoce



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también el ayuntamiento de Mugardos, y yo creo que ahí quizá usted
debería haber hecho un poco más de acopio de información previa al
hacer una petición tan clara, cuando lo que era muy claro es que
estaba ya registrado. Entonces, quiero decir que en este primer punto
no es que nos opongamos, es que ya nos hemos adelantado y realmente
está cumplido y además a iniciativa, como bien digo, de mi propio
grupo.

Con respecto al segundo, ahora cambia un poco el asunto, pero lo que
es evidente es que no podíamos compartir el procedimiento, y además
yo creo que estamos ahora precisamente en un trámite donde no procede
el ir tomando determinadas medidas que vayan condicionando ese
procedimiento. Procedimiento que usted pretendía con una especie de
concepto jurídico bastante indeterminado, como era el de un precio
ajustado a unos determinados fines a los que se iba a adscribir, pero
realmente la Gerencia de Infraestructuras tiene de alguna manera, y
no puede ser menos en una cámara legislativa, y debemos además
potenciarlo, que ajustar todos sus actos a la ley. En este caso es la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, es decir, la de acompañamiento de los
Presupuestos Generales. Y en el último párrafo del punto 6 del
artículo 71, que es de adaptación del organismo autónomo a la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa a la Ley 6/1996, de 14 de
abril, dice textualmente: «la enajenación de estos bienes inmuebles
por el organismo autónomo será comunicada previamente al Ministerio
de Economía y Hacienda (que hoy es Hacienda sólo), que podrá decidir
afectar estos bienes a cualquier otro servicio de la Administración
del Estado o de sus organismos públicos, previa compensación
presupuestaria a favor del organismo autónomo por el valor de
tasación del inmueble».

Es decir que, como puede ver, no tenía nada que ver con la pretensión
que usted proponía en la propia enmienda y que de alguna manera aquí
queda un poco más enmascarada, pero que yo creo que tampoco tiene
mucho sentido. Es decir, el artículo, por una parte, no contempla en
ningún caso un derecho que sea de adquisición preferente, y además se
habla precisamente de un valor de tasación, que eso sí que es ya un
concepto jurídico mucho más determinado. No podíamos en aquel
momento, y ahora creemos que por el procedimiento tampoco, ni
saltarnos las restricciones jurídicas ni entorpecer lo que ya está en
marcha. Esto es un problema de control y otro de coherencia.

Resumiendo, el castillo (usted, señor Rodríguez, lo ha dicho) se ha
desafectado del fin público y ha sido declarada su alienabilidad por
resolución del Ministerio de Defensa de 31 de julio de 2001. La
comunicación preceptiva a la Dirección General de Patrimonio del
Estado, que es previa a la enajenación, se ha hecho el 8 de agosto de
2001. Y en este momento, es decir, desde agosto, está transcurriendo
el plazo por si algún organismo de la Administración General del
Estado
está interesado en su adquisición, que es lo que dice estrictamente
la ley.

De no ser así, entonces, efectivamente, se informaría favorablemente
para que la Gerencia de Infraestructuras procediera a su vez a la
enajenación, que tiene que hacerse evidentemente por el valor de
tasación que sea. Y esto se puede hacer a través de un convenio, a
través de una permuta o a través de la enajenación directa, con la
comunidad autónoma, la diputación provincial o con el ayuntamiento, y
la contraprestación podría ser tanto económica como en permuta por
otras propiedades de las administraciones públicas a las que he hecho
referencia.




El Grupo Socialista ha dicho, y con toda razón y así me consta, que
el Ayuntamiento de Mugardos ha manifestado estar ya dispuesto a
participar en un convenio de participación con todas estas
instituciones, para el caso, efectivamente, de que en este plazo no
haya ningún organismo de la Administración General del Estado que
esté interesado en esa adquisición. Pero lo que sí le digo es que, en
cualquier caso, lo que está garantizado es que el castillo va a estar
destinado a un servicio público. Es decir, hemos visto por activa y
por pasiva, tanto por parte del propio Ministerio o de la Gerencia de
Infraestructura, como de las propias administraciones gallegas, la
enorme sensibilidad que todos sentimos por el patrimonio gallego. Y
me cuesta mucho trabajo pensar que eso no se vaya a realizar,
teniendo en cuenta que debemos respetar el plazo de los tres meses.
Y sólo en el caso de que no hubiera ningún tipo de propuesta formal de
adquisición por ninguna de estas instituciones, cosa que sería un
caso que creo que sería único, porque nunca ha ocurrido, la Gerencia
de Infraestructuras sería cuando tendría la oportunidad de enajenar
el castillo por el método de subasta pública o el método de venta
abierta, desde luego con arreglo a la normativa vigente. Pero lo que
es evidente es que tenemos muy claro que el castillo estará destinado
al servicio público, que el castillo además está debidamente
conservado, porque hasta el año 1998 estuvo perfectamente en activo.

Ha mantenido desde entonces una serie de retenes militares, y lo que
ahora se garantiza es que ese castillo va a quedar vigilado por una
empresa de seguridad privada.

Consecuencia: a pesar de las modificaciones que introduce la enmienda
del Grupo Socialista, nosotros, por razones de respeto a todo el
procedimiento y al plazo que en este momento sigue transcurriendo,
vamos a votar en contra, por una parte, porque el hecho de que es ya
un bien de interés cultural hace innecesaria por completo la votación
de cualquiera de esos puntos que se refieren a ello y, por otra,
porque se encuentra en ese trámite y no vamos a dar unos pasos
previos ni a instar a nadie a que haga nada hasta que tengamos la
seguridad efectivamente de que el plazo transcurrido de los tres
meses se puede iniciar todo el otro procedimiento, que yo estoy
seguro que va a llegar a buen fin.




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Y con esto, y sintiendo no poder votar a favor, pero estando, desde
luego, dentro del espíritu de lo que se solicita, votaremos en
contra. Y yo le ruego, de todas formas, que admita mi disculpa si en
un primer momento he podido ofender a una región de España, a una
comunidad autónoma que tiene para mí toda las simpatías y que además
es uno de mis puntos habituales de veraneo.




El señor PRESIDENTE: Creo que no ha lugar a la mención directa que ha
hecho, estupendo.




- SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR «VIGIL DE QUIÑONES», DE
SEVILLA, EN LA RED HOSPITALARIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS).

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.

(Número de expediente 161/000447.)



- SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR «VIGIL DE QUIÑONES», DE
SEVILLA, EN LA RED ASISTENCIAL PÚBLICA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
(SAS).

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000456.)



- SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR «VIGIL DE QUIÑONES», DE
SEVILLA, EN LA RED SANITARIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000752.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a uno de los puntos acumulados, tres en
uno, que son las proposiciones 3, 4 y 7, conforme figuran en el orden
del día.

Los grupos, a través de sus portavoces, defenderán estas
proposiciones no de ley en función de la antigüedad de las mismas, es
decir, que empieza don José Luis Centella, de Izquierda Unida, le
seguirá don José Núñez, y en tercer lugar doña Isabel Pozuelo.

Tiene la palabra, entonces, el señor Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: El hospital militar «Vigil de Quiñones», de
Sevilla, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene una capacidad
de tratamiento y de camas que son homologables a otros hospitales
públicos, aunque tiene unas características que son similares a otros
hospitales de la red hospitalaria militar, y es que está
infrautilizado.

Nosotros creemos que carece de lógica y que solamente viene a agravar
una situación del problema de la red sanitaria andaluza y general del
Estado el que existan diferencias tan grandes como la de que, por
ejemplo, la media de intervenciones quirúrgicas por especialistas
en hospitales del Insalud fue en 1999 de 142 intervenciones
por especialista quirúrgico, mientras que la media en hospitales
militares es de 80,31 por especialista. (El señor vicepresidente,
GONZÁLEZ PÉREZ, ocupa la presidencia.)
Creemos que ésta es una realidad que hay que resolver y que, también,
tras las modificaciones y los avances que se ha realizado en la
planificación de nuevas necesidades de defensa y el paso a un
ejército profesional es fundamental y necesaria la culminación de la
transferencia sanitaria de estas instalaciones a las comunidades
autónomas, que también están recibiendo o han recibido ya casi en su
totalidad las competencias sanitarias. Hay que mejorar esta
utilización de los recursos sanitarios, y no es posible que en una
misma zona haya un hospital infrautilizado y una carencia de
instalaciones sanitarias; por tanto, en este caso que nos compete
sería de urgencia el traspaso a la Comunidad Autónoma Andaluza. El
problema para nosotros, repito, es bastante fácil de solución e iría
en beneficio de toda la comunidad, porque se aliviarían las listas de
espera y además, en este caso, también se conjugaría el sentido común
y los recursos que son escasos en el territorio andaluz.

Pero es que además también en el caso del hospital militar «Vigil de
Quiñones», de Sevilla, según la comparecencia del propio
subsecretario de Defensa, el señor Torre de Silva y López de Letona,
en diciembre del 2000 se planteaba que este hospital no estaría en la
lista de hospitales militares que el Ministerio de Defensa piensa que
pueden ser imprescindibles para sus usos actuales. Por lo tanto,
todavía redunda mucho más el que su traspaso a la Comunidad Autónoma
Andaluza no originaría ningún tipo de problema y, repito, se
solucionaría la situación que hay de saturación y de congestión en el
área hospitalaria de Valmes.

Por ello nuestra proposición no de ley plantea dos puntos: en primer
lugar, que se alcance un acuerdo con la Comunidad Autónoma Andaluza
para que se transfiera al Servicio Andaluz de Salud este hospital
«Vigil de Quiñones», de Sevilla, que actualmente es dependiente del
Ministerio de Defensa y, en segundo lugar, que no se proceda en
ningún caso a su venta o cesión a una empresa privada o entidad no
pública. Porque ya sería el colmo, permítanme que lo diga, que al
final de todo este proceso, hospitales de la red militar puedan
acabar en gestión privada. Ésta es nuestra iniciativa, que además
coincide con las que plantea el Grupo Mixto y el Grupo Socialista, y
creemos que sería importante que hoy la Comisión de Defensa aprobase
esta iniciativa que permitiría abrir una vía que, evidentemente,
seguirían y deberían seguir otras instalaciones del mismo tipo.




El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Tiene la palabra don José
Núñez para defender la proposiciónno de ley.




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El señor NÚÑEZ CASTAIN: Yo creo que el portavoz que me antecede en la
palabra ha expuesto perfectamente el problema. Creo que estamos ante
la cesión de un hospital que tiene una infrautilización importante,
porque atiende a una población muy pequeña respecto a la
potencialidad del propio hospital, en un área, como el área de
Sevilla, donde hay un déficit de camas para cumplir los ratios de
cuatro camas por cada 1.000 habitantes, de casi 2.500 camas. En un
área donde hay un déficit de 2.500 camas, discutir cuál es el futuro
de este activo público, yo creo que no tiene mucho sentido y da una
sola solución: este hospital tiene que seguir siendo un hospital que
forme parte de la red pública.

Yo creo que hay tres cuestiones bien sencillas en este traspaso entre
Defensa y la Junta de Andalucía competente de la sanidad en
Andalucía, una, la defensa de la titularidad pública, es decir, no
admitir que el hospital está al mejor postor, y que ha salido como
una especie de oferta, donde quien más dé se lo lleva, sea público o
sea privado. No, yo creo que el hospital está claramente en la red
pública, por tanto es bueno que aquí nos manifestemos ante el
objetivo de mantener su titularidad pública. Otra, que hay que
realizar unas gestiones, que me consta que se están realizando, con
diferencias de gestión, de dinero o de precios en valoración de
activos y, demás, que habrá que resolver. En ningún caso se puede
presentar al ciudadano que no se puede traspasar el hospital porque
no nos ponemos de acuerdo en cuál es la fórmula de la gestión. Y por
tanto, hay que insistir en que el Gobierno continúe negociando con la
Junta de Andalucía para conseguir este traspaso, porque la situación
actual no es neutra, es decir, como ya públicamente se sabe, desde
hace mucho tiempo, lo que va a pasar, el hospital digamos que está al
ralentí, con poca moral de funcionamiento, con un tanto por ciento
importante desocupado y con una incertidumbre del propio personal.

Y aquí entro en la tercera cuestión, que es en el mantenimiento del
empleo. El personal no puede estar dudando de qué va a pasar. Defensa
verá, cuando haga el traspaso, si parte del personal suyo propio lo
reubica en los hospitales que siguen abiertos o, en su caso, son
personas, como ha pasado en otras cesiones, que pueden pedir la
excedencia y pasar a la red sanitaria andaluza. Y en todo caso,
habría que mantener el empleo, naturalmente, en todos los contratados
laborales.

Por tanto, son tres cuestiones básicas en las que podemos y debemos
estar todos de acuerdo y que, en parte, están recogidas en las tres
proposiciones: defensa de la titularidad pública de este hospital,
acelerar o instar al Gobierno a que siga negociando con la Junta de
Andalucía este traspaso, y que se garantice el mantenimiento del
empleo en esta instalación.

El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Por el Grupo Socialista
tiene la palabra doña Isabel Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: El pasado mes de diciembre, en esta Comisión
de Defensa el subsecretario de Defensa informó en esta Comisión de
los planes de su departamento para poner en marcha una reforma
sustancial de la red sanitaria dependiente del Ministerio. Esta
reforma conllevaría la desafección para el uso sanitario o
asistencial de varios centros y hospitales militares situados en
distintas comunidades autónomas. Actualmente el Ministerio cuenta con
una red hospitalaria formada por 16 centros, y el plan de reforma
emprendido significará que 10 de ellos dejarán de tener ese uso
sanitario en un proceso que pretende estar culminado a 31 de
diciembre de 2002.

Hago esta referencia para señalar la complejidad, la dificultad y las
importantísimas implicaciones sociales y asistenciales de un proyecto
que pretende cerrar, que pretende hacer desaparecer 10 hospitales de
la red pública sanitaria del Estado español, algunos de los cuales
están en comunidades autónomas en las que las competencias de
planificación, de gestión y asistencia sanitaria a la población
pertenecen aún al Insalud, y en otros casos, como los que tratamos
hoy del hospital militar de Sevilla «Vigil de Quiñones», están en
comunidades que tienen desde hace muchos años transferidas estas
competencias y, por lo tanto, también la responsabilidad ante sus
ciudadanos de gestionar la planificación y la prestación de los
servicios sanitarios.

Y es precisamente por esta razón, en el ejercicio de esta
responsabilidad, por la que el Gobierno andaluz, a través de su
Consejería de Salud, se dirigió al Ministerio de Defensa en el mismo
mes de diciembre, nada más tener conocimiento de estos planes del
Ministerio, manifestándoles su voluntad inequívoca de integrar el
hospital militar de Sevilla en la red del sistema sanitario público
andaluz, solicitándole asimismo la apertura inmediata de
negociaciones para que, con la mayor celeridad, pudiera realizarse
una integración efectiva de este hospital dentro de la red pública
andaluza.

Hay que tener en cuenta que las negociaciones que tienen lugar en un
proceso de transferencia deben abordar aspectos diversos y complejos,
económicos, de valoración de inmueble, de integración de plantilla,
de inventario, y todo ello sin que haya deterioro de las
instalaciones en los recursos existentes y sin menoscabo del servicio
público que se está prestando. Y en este caso además, al hablar de un
recurso sanitario, que en la actualidad presta un servicio público a
una parte de la población, tenga ésta o no carácter militar, la
Administración que reciba la transferencia debe planificar, prever y
dar respuesta adecuada a una eficaz integración en la red de
equipamientos generales ya existente, y sobre todo dar una respuesta
adecuada a los ciudadanos que van a integrarse en una nueva red
asistencial.

Señorías, el 12 de diciembre pasado compareció en esta Comisión el
subsecretario. Y en esa comparecencia sus palabras fueron muy claras
en cuanto a la determinación del cierre de 10 hospitales de la red
sanitaria



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militar, entre ellos el de Sevilla. Pero absolutamente ambiguas en
cuanto al procedimiento a seguir, en cuanto a la voluntad del
Gobierno de garantizar que estos hospitales sigan siendo hospitales
públicos, y en garantizar a los trabajadores la continuidad en sus
puestos de trabajo.

El señor Torre de Silva daba por supuesto que no siempre iba a ser
posible la integración de los hospitales militares en la red pública
de aquellas comunidades donde residían, bien por falta de interés de
los otros, como él mismo decía, o bien porque la compensación
económica que se ofrezca no sea la que espera el Ministerio de
Defensa. Es decir, Defensa está imponiendo, y lo dice claramente en
sus comunicados públicos, unas condiciones para transferir los
hospitales a las comunidades que lo están demandando. Ésta es su
prioridad por encima de cualquier otra prioridad de interés general.

Pero en el caso de Andalucía, en el caso de Sevilla, la situación no
deja lugar a dudas: la voluntad de la Administración competente es
nítida y clara.

Por ello, la carta que el consejero de Salud envía al ministro de
Defensa en el mismo mes de diciembre no deja lugar a duda; le
comunica en primer lugar que estaba dispuesto a estudiar cualquier
tipo de oferta que permitiese que el hospital de Sevilla, como
recurso de la sanidad pública española que es, se mantuviera como
tal, incluyendo la posibilidad de integración la transferencia
o cualquier forma de responsabilidad compartida entre ambas
Administraciones. En segundo lugar, le comunica la necesidad, el
interés y la decisión de la Junta de Andalucía de que el hospital de
Sevilla se integre en la red pública sanitaria andaluza, dentro del
marco de las relaciones entre dos Administraciones públicas del
Estado. Y en tercer lugar, dice que se solicita el inicio inmediato
de negociaciones para que se pueda conducir a tal fin.

A partir de ese momento y hasta la fecha todas las comunicaciones
desde la Junta de Andalucía hacia el Ministerio de Defensa han tenido
este mismo carácter y han ido en este mismo sentido. Pero por el
Ministerio de Defensa se sigue dilatando la creación de una mesa de
negociación de transferencia sin saber nadie muy bien por qué razón.

En el mes de marzo la excusa o la razón que dio el Ministerio de
Defensa fue que era necesario hacer una tasación del hospital por
parte de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio,
y que hasta tanto no estuviera concluida no se podía convocar a la
comisión negociadora de ambas administraciones. Pero, increíblemente,
en el mes de mayo, el propio ministro, en una respuesta a una
pregunta en el Senado, afirmó que la mesa de negociación entre
Defensa y la Junta de Andalucía para la transferencia del hospital no
se producía porque estaban a la espera de que la Junta hiciera esa
tasación, esa valoración económica del hospital.

Evidentemente el ministro no estaba bien informado; la Junta de
Andalucía había ofrecido a Defensa con
anterioridad, en concreto el día 30 de marzo en un escrito, la
posibilidad de que los técnicos y los servicios propios de la
comunidad autónoma hicieran esa tasación, esa valoración económica, y
Defensa declinó esa oferta aduciendo que era la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento quien debía hacer la tasación
correspondiente. Éste es un planteamiento, por lo tanto, desde
nuestro punto de vista, poco razonable e inadmisible. Existen razones
de interés general para que se inicie y se culmine el proceso cuanto
antes. Y como decía con anterioridad, en un proceso de transferencia,
y más en un proceso de transferencia de recursos sanitarios, no tiene
ni puede ser la prioridad el aspecto exclusivamente económico. La
prioridad, desde nuestro punto de vista, tiene que ser, en primer
lugar, asegurar su integración en la red sanitaria pública de
Andalucía; en segundo lugar, acabar con la incertidumbre generada en
la sociedad sevillana y, por supuesto, entre el personal del
hospital; y en tercer lugar, evitar el deterioro del mismo por la
infrautilización y la disminución sustancial de servicios que se
están produciendo. El hospital, con una capacidad asistencial de 700
camas, está en este momento bajo mínimos. Es un hospital sin apenas
enfermos, ni en las plantas, ni en las urgencias, ni en las unidades
de cuidados intensivos, mientras que el resto de los hospitales
sevillanos se ven con serias dificultades para atender y dar servicio
al conjunto de la población a que está obligado.

En Sevilla les aseguro que nadie puede entender esto, nadie puede
comprender qué está pasando, por qué el Ministerio de Defensa no
responde de forma rotunda al deseo de la mayoría de sus ciudadanos e
instituciones que se han manifestado y que quieren que se transfiera
a la Junta de Andalucía el hospital «Vigil de Quiñones». Lo ha pedido
el ayuntamiento de la ciudad, el arzobispado, el Parlamento Andaluz,
los sindicatos, los trabajadores del hospital y, por supuesto, miles
de ciudadanos que participan activamente desde hace meses en los
actos que reclaman la transferencia del hospital a la Junta de
Andalucía, y que se asegure que el hospital, por lo tanto, siga
siendo un hospital público.

No es razonable que un recurso sanitario de este carácter, de
carácter público, pueda ser puesto a la venta en el mercado privado,
existiendo, como existe, una rotunda voluntad de la Administración
competente de la comunidad autónoma de integrarlo en su red
sanitaria. No es razonable que se provoque el deterioro de un
hospital excelente, como es el «Vigil de Quiñones», con una magnífica
plantilla de profesionales y que además funciona como hospital
universitario, y que Defensa no tenga en cuenta las repercusiones
sociales y sanitarias que esta situación está produciendo en nuestra
comunidad y en nuestra provincia.

Por ello, el Grupo Socialista pide tres cosas bien sencillas y que
son coincidentes con las propuestas que han hecho el Partido
Andalucista e Izquierda Unida, y



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que entendemos que pueden ser perfectamente asumibles por el Grupo
Popular, por el grupo que sostiene al Gobierno.

Se pide sencillamente, en primer lugar, que se aceleren al máximo las
conversaciones con la Junta de Andalucía para la integración del
hospital de Sevilla, «Vigil de Quiñones», en la red sanitaria pública
andaluza; se pide en segundo lugar que se faciliten al máximo las
condiciones de esa integración, eliminando en la negociación
cualquier ánimo de lucro por parte de la Administración del Estado y
ofreciendo unas condiciones asumibles y equivalentes a las que se
ofrecieron en su momento para la integración de otros hospitales
militares en otras comunidades autónomas, como la catalana o como la
gallega; y se pide, en tercer lugar, que todo ello se haga en el
marco que debe presidir el entendimiento leal entre dos
administraciones públicas cuando se abordan asuntos relacionados con
la transferencia de recursos públicos desde el Gobierno central a una
comunidad autónoma.

Por eso espero, señorías, que esta proposición, como las que
anteriormente se han expuesto, puedan ser aprobadas en esta Comisión
de Defensa en el día de hoy.




El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Para la fijación de
posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Manuel
Atencia.




El señor ATENCIA ROBLEDO: Como ha dicho el presidente, intervengo en
nombre del Grupo Popular para fijar la posición de este grupo
parlamentario en relación con las tres iniciativas que acaban ser
defendidas tanto por el Grupo Mixto, por el diputado del Grupo del
Partido Andalucista, señor Núñez, como por los grupos de Izquierda
Unida y Grupo Socialista.

Y me gustaría, en primer lugar, para centrar el debate de lo que hoy
se discute, la integración del hospital militar «Vigil de Quiñones»
de la capital hispalense, hay que remontarse a la comparecencia del
subsecretario del Ministerio de Defensa, el pasado día 12 de
diciembre, del año 2000, donde planteó la necesidad de racionalizar
la red hospitalaria de Defensa, la necesidad de acometer una profunda
reforma de la red hospitalaria militar y la necesidad de que la red
hospitalaria de Defensa resultante estuviera sometida a las
necesidades operativas de nuestras Fueras Armadas, frente a un modelo
pasado, superado de hospitales militares y de red hospitalaria
militar.

En este sentido, en la propia comparecencia, el subsecretario del
Ministerio de Defensa señaló que se estaba estudiando con todo
detenimiento la red vigente y que se había determinado, según algunos
estudios que había hecho el Ministerio de Defensa, que nuestras
Fuerzas Armadas requerían un conjunto de hospitales en España, y se
señalaba que en la zona sur haría falta un hospital, y concretamente
se ubicaba en el término municipal de San Fernando, concretamente el
hospital
de «San Carlos». A partir de ahí señaló las líneas generales (por
cierto, asumidas por el Grupo Socialista) del mecanismo y de la
estructura resultante. Y el mecanismo que planteó el subsecretario
respecto a la fórmula para desprenderse de esos hospitales no
significaba el cierre de los hospitales, señora Pozuelo, ni el cierre
de los hospitales de Sevilla, como malsana y falsariamente algunos
han ido diciendo en Sevilla, faltando a la verdad en muchas cosas y
utilizando un asunto que debe arreglarse lealmente que pronto
referiré. Lo que se ha planteado por parte del Ministerio de Defensa
y del subsecretario, y así consta en su intervención del día 12 de
diciembre, es declarar transferibles determinados hospitales, y se
establece claramente, en líneas generales, que lo preferente es que
esos hospitales se integren en la red sanitaria del Servicio Nacional
de Salud, red sanitaria pública, bien del Insalud o de los servicios
autonómicos competentes en materia sanitaria.

También se establecía que la prevalencia fundamental a la hora de
buscar cualquier solución sería la prevalencia, el respeto de los
puestos de trabajo, por encima de cualquier interés legítimo que
podría tener el Ministerio de Defensa, que no sé por qué se discute
aquí. Una comunidad autónoma puede tener interés legítimo por obtener
unos réditos, pero no puede tenerlo el Gobierno. En realidad es un
mecanismo un poco singular, que sólo pretende aplicar la ley del
embudo, y es que según dónde se esté se analizan las cosas de una
forma. Pero, en cualquier caso, eso se decía perfectamente claro. Y
en referencia al único hospital de la zona sur afectado, y por lo
tanto transferible, que sería el hospital «Vigil de Quiñones»,
evidentemente se declaraba como transferible. Y en esa comparecencia
el propio subsecretario del Ministerio de Defensa ya dijo: «a título
de ejemplo, cabe indicar que la decisión de transferirlo no se tomará
para los hospitales antes del año 2002», ése es el término en que se
señalaba, y siempre con respeto escrupuloso a los períodos de
preaviso establecidos en el ordenamiento. Ése es el marco que señaló
el Ministerio de Defensa, y ése es el marco que esta Comisión debe
tener en cuenta a la hora de hacer las valoraciones políticas,
independientemente de la posición de cada uno. A partir de ahí, la
voluntad clara del Ministerio de Defensa y del Grupo Parlamentario
Popular es la posibilidad de transferir el hospital militar de
Sevilla a la Junta de Andalucía, al Servicio Andaluz de Salud. Ése es
el criterio prioritario y así el Grupo Parlamentario Popular, en tal
sentido lo votó en el Parlamento de Andalucía y en las instituciones
que ha estado.

Lo que no se puede es faltar a la verdad jugando con los intereses de
los trabajadores del hospital. No se puede decir en Sevilla que va a
ir a la calle el personal civil; no se puede decir en Sevilla que
corre riesgo el personal sanitario del hospital, porque en la propia
comparecencia el subsecretario dijo perfectamente claro que, en
primer lugar, la voluntad era transferirlos a los sistemas sanitarios
públicos. Sin embargo, no se



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cierra el Ministerio de Defensa ni se cierra este grupo parlamentario
cuando un hospital no sea susceptible de transferirlo al sistema
sanitario público porque no interese a la administración que le tiene
que ser transferida, o las condiciones que propongan no sean
aceptables para las dos partes que tienen que ponerse de acuerdo,
pero lógicamente la voluntad clara es que siempre su destino sea
asistencial en el sentido más amplio de la palabra.

Pero también dijo el subsecretario en la comparecencia que no se iba
a perder ningún puesto de trabajo y que era un elemento fundamental y
que prevalecía, insisto, el interés por el mantenimiento de todos los
puestos de trabajo. Y por lo tanto, si estamos hablando del hospital
militar de Sevilla, también. Concretamente señaló que el personal
militar, como es natural, tendrá un destino militar. El personal
militar que está allí, si el hospital deja de ser militar, irá a su
destino militar. El personal civil sanitario va con su propio
hospital, y por tanto tendrá que ser asumido, en su caso, por la
sanidad pública andaluza. Y el personal civil no sanitario, al ser
personal de Defensa, el Ministerio de Defensa -y lo dijo el propio
subsecretario- le mantendría un puesto de trabajo en la misma ciudad.

Y en el caso de Sevilla es perfectamente factible. Éste es el
parámetro donde se mueve la posición del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Simplemente pediría a SS.SS. y especialmente al mismo Grupo
Socialista, que en este asunto, que juguemos limpio, que no
deformemos la realidad, porque aquí se trata de buscar una solución a
un asunto que el Gobierno, en vías de racionalización, ha planteado y
que además tiene un amplio consenso en esta Cámara.

A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que viene
haciendo el Ministerio de Defensa con la tranquilidad y el marco
temporal que ha señalado. De pronto SS.SS., tan acostumbrados a la
continua confrontación que, si me permite la digresión, personalmente
también conozco, de cualquier asunto quieren hacer un gran debate
mundial para vender agravios.

Por cierto, si la ciudad de Sevilla no tiene cubiertas sus
necesidades sanitarias desde el punto de vista hospitalario, la única
y exclusiva responsabilidad es de la Junta de Andalucía, que tiene
las competencias plenas desde hace más de diez años. Por tanto, en
ese sentido, resuélvase. ¿Que la transferencia al SAS del hospital
militar de Sevilla puede resolver esa situación? Sin duda. Por eso
también hay una política de concierto. Pero, ¿En qué marco tiene que
situarse esto desde el punto de vista del Grupo Popular? En un marco
de relaciones leales, mutuas, y no de deslealtades permanentes por
parte del Partido Socialista y de las instituciones de la Junta de
Andalucía. Espero que las cosas se reconduzcan, no sé si S.S. está
informada, y ésa es la voluntad del Gobierno.

Por eso me parece que no hay que enquistarse en cartas, sino en
el diálogo.

Ha habido correspondencia, a la que S.S. ha hecho referencia, por
parte del consejero de Salud dirigida al Ministerio de Defensa y por
parte del propio viceconsejero de la misma Consejería, ha habido una
reunión técnica en Sevilla y ha habido otra serie de contactos,
fundamentalmente para entrar en la vía de un acuerdo para la
transferencia. Evidentemente el Ministerio y el gobierno han
señalado, que quieren hacer una valoración del propio hospital, y que
se lo ha encargado a la empresa Segivsa. En cualquier caso, si la
Junta de Andalucía quiere hacer una oferta, que la haga. Pero sí le
digo que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular,
nos parece que en relación con el hospital militar de Sevilla la
posición debe ser la de transferirlo a la Junta de Andalucía, pero
previo acuerdo de las dos partes. Y también tienen que resolverse
cuestiones importantes, pensando en los intereses de los ciudadanos,
y es la deuda que todavía mantiene la Junta de Andalucía con el
Ministerio de Defensa con ocasión, precisamente, del propio hospital.

Evidentemente algunos conocemos el legado de morosidad que maneja la
Junta andaluza, pero me parece que hay que resolver los asuntos a la
hora de hacer un planteamiento, como ha hecho S.S., desde el punto de
vista leal. Y por tanto, ¿lealtad por parte del Gobierno de la
nación? Sí, pero lealtad también por parte de la Junta de Andalucía y
juego limpio. En esa línea será posible alcanzar un acuerdo, pero
sabiendo que, cuando hay intereses públicos encima de la mesa, éstos
tienen que prevalecer sobre cualquier planteamiento partidista, por
muy legítimo que sea.

Y en cuanto al contenido concreto de las proposiciones no de ley, y
no haré más referencias que SS.SS. ya conocen en respuestas
suficientes del Gobierno, como puede ser la respuesta a una pregunta
escrita del diputado don Felipe Alcaraz del pasado mes de mayo, donde
se explican todos los pasos, con mayor detalle de lo que yo acabo de
explicar, de la actuación por parte del Gobierno y los contactos con
la Junta de Andalucía.

El Grupo Parlamentario Popular es partidario de transferir el
hospital militar de Sevilla a la Junta de Andalucía con carácter
preferente, si hay un acuerdo y resolviendo los contenciosos que haya
pendientes entre parte y parte (fundamentalmente las deudas que tiene
la Junta de Andalucía) y buscando soluciones que también habrá que
dar desde el punto de vista sanitario, y llegando a acuerdos entre el
hospital de San Fernando, que va a permanecer, y el hospital militar
de Sevilla y la Junta de Andalucía, ya que son relaciones
bilaterales.

Y en cuanto al texto concreto de las iniciativas, señora Pozuelo, no
podemos votar favorablemente la suya porque usted habla de acelerar
al máximo las negociaciones. Esto es un asunto de dos partes y, por
tanto, me parece que debe enmarcarse en el propio ámbito temporalque
el Gobierno estableció en esta sede. Y por



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cierto, ustedes no dijeron nada en relación con ese planteamiento,
igual que tampoco hicieron más preguntas respecto a algunas
cuestiones que hoy plantea aquí, cuando no está el Gobierno; se
podían haber planteado en esa sesión o en otro mecanismo de control,
que para eso hay esa figura parlamentaria, porque ésta no es una
figura de control, sino de impulso al Gobierno.




Después ustedes hablan de ánimo de lucro. El mayor ánimo de lucro lo
tiene la Junta de Andalucía con las deudas que no paga, pero me
parece que son argumentos que sólo valen desde el punto de vista
dialéctico. En cualquier caso, este grupo no puede respaldar que se
diga que alguien tiene ánimo de lucro y, por lo tanto, no podemos
compartir el segundo asunto.

La referencia genérica a la lealtad entre las administraciones, es
obvia, porque está en el marco constitucional y estatutario. Me
parece que lo obvio no tiene sentido ser respaldado, sin prejuicio de
que hagamos apelaciones a que se cumpla por los principales
especialistas en la confrontación sin ningún resultado, y me remito
al desastroso resultado de la política confrontatoria que planteó el
señor Chaves en la pasada legislatura, que no tuvo ningún resultado y
que tuvo un grave perjuicio para Andalucía, como este grupo
parlamentario en Madrid y en Andalucía denunció y como los hechos,
desgraciadamente, nos han dado la razón, con la pérdida de
importantes recursos económicos para Andalucía, por quedarse fuera de
un sistema de financiación. Pero, en cualquier caso, aprendan ustedes
de esa situación; los ciudadanos andaluces también se lo agradecerán,
y nosotros a cumplir con nuestra obligación.

En cuanto a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, la vemos
llena de buena voluntad y propia de sus planteamientos políticos. Le
contestaré a los dos planteamientos que usted hace, señor Centella.

En cuanto a alcanzar un acuerdo, estamos en ello, en la voluntad de
alcanzar un acuerdo. Ahora bien, desde el Grupo Popular entendemos
que hay que transferirlo preferentemente al Servicio Andaluz de
Salud, pero si el Servicio Andaluz de Salud pone unas condiciones
inaceptables o no lo quiere, ¿qué vamos a hacer, lo vamos a regalar?
¿Por qué hay que regalar el dinero de los ciudadanos? ¿O es que el
dinero de los ciudadanos vale cuando son recursos de la Junta de
Andalucía y no vale cuando son recursos del Ministerio de Defensa?
No, tiene que ser en base al principio de lealtad y de igualdad.

Usted no plantea problema, porque, desde el punto de vista
ideológico, es evidente que usted sólo quiere el sistema público, y
yo lo respeto, pero como no lo compartimos no podemos estar ahí. Pero
la voluntad, insisto, del Gobierno es transferirlo al sistema
público, en este caso al Servicio Andaluz de Salud, órgano gestor de
la Junta de Andalucía de las competencias sanitarias que tiene
asumidas desde hace algún tiempo, por tanto no podemos respaldar su
iniciativa.

En cuanto al planteamiento que hace el Grupo Mixto a través del
diputado de Andalucía señor Núñez, el primer punto (mantener la
titularidad pública) es la voluntad del Gobierno y del Grupo Popular,
pero no nos vamos a cerrar en esa posición, porque me parece que hay
que plantearlo en el marco general de la racionalización de la red
hospitalaria, que ya el Gobierno meridianamente dejó claro en su
comparecencia del mes de diciembre y que el Grupo Parlamentario
Popular respalda, que creo que S.S., que es persona sensata, y su
grupo también, entienden. En cualquier caso, me parece que las demás
gestiones están en el marco de lo que se está realizando. Ahora,
hacer recomendaciones, como mantener en cualquier caso los puestos de
trabajo de la plantilla actual, está resuelta mediante la propia
voluntad y compromiso del Gobierno en ese tenor. Creo que por los
propios matices que tiene la plantilla del hospital militar de
Sevilla respecto al personal militar en el sentido estricto, personal
sanitario civil y personal civil no sanitario, las soluciones están
perfectamente garantizadas. Y repito, aunque S.S., sin duda, lo
conoce: el personal militar, en el caso de ser transferido el
hospital militar al Servicio Andaluz de Salud u otra solución,
mantendría su puesto militar, el personal civil de carácter sanitario
tiene que ir con el hospital, manteniendo su carácter hospitalario,
como defiende el Grupo Popular, y al personal civil de carácter no
sanitario tendrá que buscarle su solución el Ministerio de Defensa,
como se ha comprometido públicamente, y en ese sentido no debe haber
ningún temor.

Y por eso, compartiendo la buena disposición de S.S. en buscar una
solución a la transferencia del hospital militar de Sevilla, reafirmo
los principios que antes he establecido desde el punto de vista del
Grupo Popular: sí a la voluntad de transferirlo, sí que se haga con
lealtad, mantenimiento de los puestos de trabajo y resolución de las
situaciones que en este momento están pendientes, que afectan a la
Junta de Andalucía en materia sanitaria y al Ministerio de Defensa, y
que fundamentalmente se refieren a una deuda pendiente desde hace
mucho tiempo. Espero que al punto de vista del sentido común, de la
lealtad institucional y de anteponer los intereses de los ciudadanos
a la voluntad clara del Gobierno y del Partido Popular responda una
actitud sensata y leal por parte de la Junta de Andalucía. (La señora
Pozuelo Meño pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, las palabras que ha vertido
el señor diputado me han resultado insultantes a mi persona y a
determinadas instituciones de este país, y por eso le solicito la
palabra muy brevemente.




El señor PRESIDENTE: Me ha dicho el vicepresidente que me sustituía y
que no está ahora que se iba a



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producir esta petición de palabra para defensa por alusiones
directas, pero dice que no había tales. En cualquier caso, yo creo
que no se puede subrogar S.S. en la defensa institucional, allá con
su responsabilidad, en la personal, sí. En ese sentido le doy dos
minutos, para que tenga defensa por esa alusión personal.




La señora POZUELO MEÑO: Aunque sea al menos por esa alusión personal,
quiero decir que me han parecido insultantes, y quiero que así
consten en acta, las palabras del diputado del Partido Popular cuando
se ha referido a juego sucio, a falsedades malsanas, a
manifestaciones falsarias que se están vertiendo por parte de esta
diputada y por miembros del Grupo Socialista, del Partido Socialista,
aquí o en cualquier otro lugar del Estado español. Y por supuesto
también a la que ha hecho referencia a otras instituciones públicas.

Quiero decir que no es admisible, ni ha sido el tono de las
intervenciones en esta Comisión por parte de ninguno de los diputados
y, por supuesto, tampoco de la mía. Decir simplemente que ese tono de
confrontación al que él se refería achacándolo al Grupo Parlamentario
Socialista o a los responsables políticos socialistas, en esta
Comisión hoy se ha puesto de manifiesto que el único que utiliza ese
tono de confrontación burda, insolidaria y que no lleva a ningún
sitio, es precisamente el Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Ha hecho lo que se dice en derecho la
compensación de injuria. Al contestar también en el mismo tenor, no
tengo más remedio que darle la palabra al señor Atencia, y doy por
terminado el incidente. Por favor, eviten las agresiones verbales de
unos contra otros. En dialéctica cabe todo, pero desde luego en
debate parlamentario y en las normas de cortesía de esta Comisión no.

Tiene por un minuto, un minuto solamente, don Manuel Atencia.




El señor ATENCIA ROBLEDO: En primer lugar, desde el punto de vista
personal no he realizado ninguna alusión, y si así lo he hecho
téngase por retirada en cuanto a la diputada que ha intervenido. Las
valoraciones desde el punto de vista político respecto a actuaciones
políticas o a actuaciones de instituciones, las mantengo en su
integridad y me remito a los hechos y a mi experiencia política, por
el conocimiento que tengo de lo que significa la utilización de las
instituciones. Pero, en cualquier caso, es un debate político, y como
tal a ello me remito. (La señora Pozuelo Meño: Que se insulte a una
institución en el Parlamento es inadmisible.)



El señor PRESIDENTE: A mí me puede parecer inadmisible, yo no lo
discuto, pero allá con su responsabilidad. Lo que sí digo es que
usted no tiene derecho nada más que a defender las alusiones
personales que le han hecho, y la presidencia la ha amparado y la ha
respetado. Lo que pasa es que usted termina también devolviendo las
agresiones verbales.

En cualquier caso, doy por zanjado el incidente.




- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE INCREMENTE LOS RECURSOS
DESTINADOS AL DESMINADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000696.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
que es la sexta proposición, que ha recibido tres enmiendas, dos del
Grupo Socialista y una del Grupo Popular. Es decir, el enunciado de
la proposición es por la que se insta al Gobierno a que incremente
los recursos destinados al desminado, cuyo proponente es el Grupo
Catalán de Convergència i Unió, y que va a defender don Carles
Campuzano. Tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente hoy el Grupo
Parlamentario Catalán presenta una proposición no de ley orientada a
que esta Comisión inste al Gobierno a incrementar el conjunto de
medios y recursos que el Estado español destina a este desminado.

La movilización política en todo el mundo en la lucha contra las
minas antipersonales viene de lejos, viene como mínimo desde 1980,
cuando en el marco de las Naciones Unidas se impulsó la convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados, de la que es parte desde 1994 España,
continúa en la década de los noventa, ya en el contexto de la
postguerra fría, con la puesta en marcha del fondo fiduciario de
Naciones Unidas para el desminado, en 1993, y también con la decisión
de las Naciones Unidas de proponer la suspensión mundial a las
exportaciones de las minas antipersonales, con las conferencias de
revisión de la convención del año ochenta, de 1995 y 1996, que poco
o mucho quedó bloqueada en el seno de Naciones Unidas, y con el proceso
de Ottawa, iniciado en el año 1996. Un proceso, el de Ottawa, que es
paradigma de las muchísimas posibilidades que en el ámbito de las
relaciones internacionales y en ese escenario posterior a 1989 se
habían abierto: una cooperación potente entre una coalición de
organizaciones no gubernamentales con determinados Estados europeos y
norteamericanos, orientados a poner en marcha un dispositivo
internacional que acabase con esas minas; un proceso que tuvo éxito
porque, por primera vez y fuera del marco del sistema de Naciones
Unidas, se impulsaba una convención que ha implicado a un elevado
número de Estados, comprometidos en esa erradicación de las minas
antipersonales; un proceso de Ottawa que, como



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principal inconveniente, eso sí, tiene que los principales
productores de minas hasta ahora no han querido sumarse a esta
iniciativa de la comunidad internacional.

Desde la perspectiva del Estado español este proceso creo que es
positivo, a pesar de algunas reticencias, que creo que los que
sabemos esta cuestión que tuvo el Gobierno en la pasada legislatura.

El impulso de la sociedad civil desde la campaña española por la
prohibición de las minas antipersonales, que llevó a la aprobación en
marzo de 1997 a una proposición no de ley que impulsaba esta
actuación en el seno del Estado español, la Ley de Prohibición de las
Minas Antipersonales, que se aprobó como resultado de esa proposición
no de ley, la participación española en todo el proceso de Ottawa,
siendo Estado firmante del mismo, y finalmente el cumplimiento de los
compromisos de Ottawa en aquello que hacía referencia a la
prohibición española de producción y exportaciones y a la destrucción
del stock de minas antipersonales configuran seguramente una parte de
esa movilización necesaria para acabar con las minas antipersonales.

Pero es evidente que la batalla contra las minas no ha terminado
porque, como decía anteriormente, determinados Estados no se han
sumado a esa prohibición de carácter mundial (Estados Unidos, China,
Pakistán), porque además existen dispositivos que producen los mismos
efectos que las minas antipersonales, que no son contemplados en la
propia Convención de Ottawa, y sobre todo porque hoy más de 110
millones de minas antipersonales continúan desplegadas en más de 87
países del mundo.

Las cifras por Estados son realmente contundentes: Egipto, 22
millones de minas; Angola, 15; Iraq y Afganistán, 10 millones
(Afganistán, hoy tan presente, de actualidad, con 10 millones de
minas antipersonales en su territorio); en Croacia y en Bosnia, 2
millones de minas; en Mozambique, Sudán, Somalia, 1 millón de minas
antipersonales. Además, más allá de estas cifras debemos ser
conscientes que muchas veces el problema no se sitúa tanto en la
cantidad de minas que pueden existir en un país, sino la ubicación de
una mina en concreto, en un área, en una zona de cultivo que impide
a la población civil recuperar un espacio determinado que puede servir
para recuperar también la economía de esa sociedad o dar respuesta a
las necesidades sociales más que evidentes. Hoy la presencia de minas
antipersonales constituye un obstáculo real para la reconstrucción
postbélica y el desarrollo postbélico de muchas sociedades afectadas
por conflictos internacionales o por situaciones de guerra civil. Las
minas antipersonales constituyen un obstáculo para el desarrollo
a largo plazo de estas sociedades. Y ahí existe un gran reto del
conjunto de las políticas públicas y de las políticas de las ONG
destinadas a la cooperación al desarrollo.




El desminaje cuesta dinero, cuesta dinero porque hay que pagar a
trabajadores especializados o no, hay
que pagar equipos, hay que hacer esfuerzo para la investigación, hay
que activar la gestión administrativa de estos procesos, hay que
poner en marcha políticas de seguros. Existen iniciativas concretas,
como las relacionadas con la utilización de perros para buscadores de
minas. En definitiva, actuaciones que necesitan de un apoyo público
potente. Y además, estas políticas de desminaje deben de responder a
las principales necesidades de la población civil sometida al flagelo
de las minas.

En esta materia y desde la perspectiva de lo que son las
responsabilidades del Gobierno español, no nos podemos sentir
satisfechos. Hoy la política de desminaje, en la práctica no forma
parte de la política de cooperación al desarrollo. E invito a SS.SS.

a que hagan una atenta lectura, por ejemplo, del plan de acción de
Ottawa para la cooperación para el año 2002, donde no existe ninguna
referencia a esta política de desminaje en el ámbito del principal
instrumento anual de la cooperación al desarrollo oficial española, y
después, y de manera yo creo que bastante significativa, el escaso
compromiso presupuestario que hasta ahora el Gobierno ha sido capaz
de concretar en esta materia.

Si hacemos un esfuerzo de análisis comparativo en base a las cifras
oficiales que se utilizan, tanto por parte de las Naciones Unidas,
como por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa o como por parte de la campaña internacional para el
desminado, sobre lo que es el compromiso español en esta materia,
realmente el balance que puede hacer España es un balance, insisto,
muy pobre.

En estos momentos estamos a la cola entre el conjunto de Estados de
la Unión Europea que destinan recursos a las minas antipersonales. En
cifras, por ejemplo, del año 1999, Austria más de 5.000 millones de
dólares; Bélgica, cerca de 8.000 millones de dólares; Francia, cerca
de 7.000 millones de dólares; Alemania, 18.000 millones de dólares;
Italia, 7.300 millones de dólares; Holanda, 12.000 millones de
dólares; Dinamarca, 15.000 millones de dólares; Suecia, 11.000
millones de dólares; Reino Unido, 25.000 millones de dólares; y
España, 1.500 millones de dólares. Realmente son cifras muy escasas.

Si además nos remitimos a las últimas informaciones que el propio
Gobierno español ha hecho llegar a la OSCE, referidas al año 2000,
esas cifras aún son más pequeñas. Y si, por ejemplo, analizásemos las
aportaciones al Fondo Fiduciario para las Naciones Unidas, el Estado
español también se sitúa entre los Estados de la Unión Europea que
menos aportan a esta política.

De alguna manera, al entender del Grupo Parlamentario Catalán, el
Gobierno se aleja del contenido literal y del espíritu del artículo 6
de la Ley de prohibición total de las minas antipersonales, que
establece ahí unos compromisos del Gobierno muy claros en esta
materia. Por tanto, España debería asumir un mayor compromiso en su
política de minas antipersonales,



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para dar cumplimiento al artículo 6 de la ley, y para situarse como
mínimo en la media de los recursos que nuestros socios en el marco de
la Unión Europea están destinando.

Y señorías, añadamos dos consideraciones más: una, recordar que
España ha sido Estado exportador de minas antipersonales y que en
determinados países de África y de América Central hoy continúa
habiendo minas españolas. Creo recordar que la última moratoria que
se tomó en el marco español se produjo en el año 1995-1996, por tanto
antes de esa época España había estado produciendo y exportando minas
antipersonales, y dos, que desde la perspectiva de nuestra
responsabilidad en el área mediterránea existen al menos un mínimo de
tres espacios donde las minas continúan presentes: en el conflicto
del Sahara occidental, en el conflicto griego-turco, en el ámbito de
la isla de Chipre, y evidentemente en el conflicto árabe-israelí. Por
lo tanto, desde la perspectiva de nuestros intereses mucho más
cercanos, es evidente que nuestro compromiso, más allá del ámbito de
las políticas de la cooperación al desarrollo, debería ser más acorde
con el que tiene el conjunto de los países de la Unión Europea.

En este sentido, la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán, que
ha ido precedida de algunas preguntas para intentar confirmar estas
cifras, pretende poner de manifiesto esta necesidad de incrementar
estos recursos. En concreto, nuestra iniciativa prevé o plantea la
necesidad del incremento de los recursos a los programas específicos
de carácter bilateral, la incorporación de acciones educativas y de
sensibilización, un incremento de las aportaciones al Fondo
Fiduciario de las Naciones Unidas, además la puesta en marcha de una
convocatoria específica para las ONG al desarrollo en esta materia (y
en este sentido existen iniciativas en otros países de la Unión
Europea extremadamente sugerentes, de cooperación entre el Estado y
las ONG en ese ámbito); planteamos la necesidad de continuar
incrementando lo que son las actuaciones de desminado por parte de
las Fuerzas Armadas españolas (yo creo que existen precedentes ya hoy
sugerentes e interesantes), y finalmente planteamos la necesidad de
que en el seno de la comunidad internacional España se movilice para
conseguir esa adhesión al Tratado de Ottawa de esos principales
productores y exportadores de minas antipersonales.

Desde la perspectiva de Convergència i Unió nos parece además que esa
proposición no de ley, que entra en el registro de la Cámara en abril
de este año, hoy es seguramente más necesaria que nunca. La necesaria
coalición internacional que debemos de articular para acabar con el
terrorismo que ha afectado a Estados Unidos en este mes de septiembre
necesita también impulsar esas políticas que a medio plazo son las
que pueden permitir el desarrollo de sociedades afectadas por el
flagelo de la guerra, y por tanto hoy nos sentimos más obligados a
presentar esta proposición no de ley y a
suscitar a su alrededor el apoyo del conjunto de los grupos de la
Cámara.




El señor PRESIDENTE: Para defender las dos enmiendas del Grupo
Socialista, tiene la palabra doña Blanca García.




La señora GARCÍA MANZANARES: Vaya por delante nuestra bienvenida a
esta oportunísima proposición no de ley y nuestro apoyo, sin duda.

La firma del Tratado de Ottawa sobre prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y
sobre su destrucción supuso la primera vez que el derecho
internacional humanitario prohibía un arma de uso generalizado. Es la
primera vez que esto ha ocurrido.

Para la entrada en vigor de dicho tratado, recordarán SS.SS., debía
ser ratificado por 40 Estados, lo que sucedió ya en septiembre de
1998 y a primeros de agosto de 2001; es decir, en el segundo
aniversario de su aplicación, el tratado ha sido ya ratificado por
118 países, aproximadamente dos tercios de los países de todo el
mundo. Lamentablemente faltan las grandes potencias, como decía el
representante de CiU. Pero es importante el avance que se ha
conseguido: dos tercios de los países de todo el mundo han prohibido
el empleo, la producción, el desarrollo, el almacenamiento, la
transferencia de minas antipersonales y se han destruido millones de
minas que estaban almacenadas, y además los gobiernos han asignado
más recursos para desminado, para sensibilización en cuanto al
peligro de las minas, para la asistencia a las víctimas.

Conocemos, por los informes internacionales de las ONG y por los
datos a los que todos podemos acceder, que la infancia de al menos 70
países en el mundo está hoy amenazada por las minas terrestres que
están en los lugares de la tierra donde residen. Más de 110 millones
de minas, decía el representante de Convergència, y así es, no
solamente más de 110 millones de minas terrestres, hay también varios
millones más de bombas que no han hecho explosión y que esperan
ocultas a que cualquier inocente las active, como quien juega con una
pelota.

España ratificó el Tratado de Ottawa en esta Cámara, y en esta Cámara
aprobamos la Ley 33/1998, de prohibición total de minas
antipersonales y armas de efecto similar. Pues bien, en su exposición
de motivos se dice claramente que esta ley pretende contribuir al
objetivo de salvar la vida de miles de víctimas inocentes y que es la
expresión de la solidaridad de España con todos los pueblos de la
tierra. Texto literal de la exposición de la ley.

Y la proposición no de ley que hoy debatimos, lógicamente, recoge
ampliamente los compromisos adquiridos tanto en el Tratado de Ottawa
como en el texto de la Ley 33/1998. Sus artículos 5 y 6 son bien
detallados en cada uno de los puntos que refleja esta proposición



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no de ley, pero entendemos que esta iniciativa, que pretende la
aplicación efectiva de la voluntad de esta Cámara, sin una ampliación
presupuestaria clara, no saldría adelante; poco se podría avanzar en
ese puesto de cola que ocupamos dentro de los países de la Unión
Europea en cuanto a aportaciones. Tampoco queremos que, en el mejor
de los casos, el incremento que solicita la proposición no de ley se
detrayera de otras partidas existentes para cooperación. Todos
sabemos que esto se utiliza ampliamente.

Es por ello que hemos presentado dos enmiendas con la clara intención
de que estos compromisos que todos compartimos tengan su traducción
específica en los próximos presupuestos generales del año 2000 con
partidas presupuestarias específicas, no generalizadas o no
detraíbles de otras. De tal manera que si el grupo proponente nos las
aprueba, encantados. Lo que pretendemos, efectivamente, es apoyar
esta iniciativa y que, como dice el texto de la exposición de motivos
de la ley, sea la expresión de la solidaridad de España con todos los
pueblos de la tierra. Y esto lamentablemente hoy, más que nunca, se
traduce en pesetas.




El señor PRESIDENTE: Don Ramón Moreno tiene la palabra.




El señor MORENO BUSTOS: Señorías, si con la proposición no de ley que
hoy presenta aquí el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no
estuviéramos, al menos en el fondo, de acuerdo, se nos tacharía con
cualquier calificativo no precisamente muy agradable, y con toda la
razón del mundo. Esta es, entiendo, una iniciativa que justamente ha
preocupado al Gobierno del Partido Popular y a grupos como el de
Convergència i Unió y otros grupos y por los que se ha apostado y así
se ha demostrado en los últimos años. Y digo esto porque hay que
recordar cómo España ha sido pionera del control y la posterior
eliminación de las minas antipersonales. Defendió la necesidad de
hacer más estricto el régimen de la Convención de las Naciones Unidas
sobre prohibiciones y restricciones de ciertos tipos de armas
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados en 1980, declaró
una moratoria unilateral en la exportación de minas en 1994, a la que
el Gobierno del Partido Popular dio carácter indefinido en 1996, se
adhirió a la acción común de la Unión Europea de 28 de noviembre de
1997 y se sumó entusiasta a la propuesta canadiense para la
Convención de Ottawa sobre prohibición total de las minas
antipersonales, en vigor ya en España desde el 1 de julio de 1999. Es
más, a instancias del Parlamento, como ya se ha reconocido aquí,
prácticamente por unanimidad en este punto y por medio de una
proposición no de ley, se elaboró la Ley 33/1998, que va más allá de
la propia convención al reducir en un año (tres, en lugar de cuatro)
la obligación de destrucción de las minas españolas.

Esto simplemente quiere reflejar la voluntad que ha tenido y tiene el
Gobierno español ante este tema, y así estamos convencidos de que
esta iniciativa parte del anuncio realizado por el presidente del
Gobierno el pasado 15 de noviembre del año pasado, del año 2000,
donde con ocasión de la finalización de la destrucción del arsenal de
minas antipersonales, anunciaba el proyecto más ambicioso en este
ámbito: la creación de un centro internacional de desminado que, como
decía el propio presidente del Gobierno, ponga los conocimientos y la
experiencia de los técnicos españoles en Centroamérica y los Balcanes
al servicio de un mundo mejor. Este centro podrá ser ofrecido a
organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Por otra
parte, no nos cabe la menor duda que en un futuro inmediato, y así se
ha dejado claro por parte del Ministerio de Defensa, este centro al
que me refería con anterioridad tendrá definida la plantilla de
personal, la dependencia orgánica y la financiación, emitiéndose a
continuación la correspondiente norma de creación.

A su vez España, que se ha convertido en el primer país europeo en
deshacerse, efectivamente, de su stock de minas antipersonales, está
aportando fondos para las operaciones de desminado de las zonas más
afectadas a nivel mundial, con la preparación y formación del
personal nativo, como así se pidió en la Convención de Ottawa, ya que
son los Estados afectados quienes deben responsabilizarse de las
acciones de desminado, y así nuestro Estado está contribuyendo en
Bosnia-Herzegovina, dentro de la estructura de SFOR, con dos grupos
de desactivación de explosivos y otros dos integrados en KFOR,
realizando labores de desminado y acometiendo la limpieza de las
minas y remanentes de guerra que, por su complejidad técnica y
peligrosidad, requieren una alta preparación. Actualmente, tanto el
despliegue de los Balcanes como las colaboraciones internacionales en
enseñanza absorben casi la totalidad de los especialistas en
desminado y en desactivación de explosivos, por lo que desde el
Ministerio de Defensa se está potenciando el número de diplomados,
proceso que todos ustedes entenderán que es bastante lento.

Igualmente y conforme con lo recomendado en el artículo 11 del
segundo protocolo enmendado de la CCW y el artículo 6 del Tratado de
Ottawa se han realizado asistencias con Perú y Ecuador, y actualmente
se está realizando otra con el Líbano.

También me gustaría destacar que el Gobierno español, a través de sus
distintos departamentos, así como desde las propias Fuerzas Armadas,
está apoyando e impulsando las nuevas adhesiones a la Convención de
Ottawa desde dos vías: por un lado, las operaciones de licencia dan
prioridad a los Estados firmantes del Tratado; y por otra parte,
cuando se realizan colaboraciones con Estados, ya sean de la Unión
Europea o fuera de ésta, que no hayan ratificado la convención, se
insiste en la importancia de este paso, tanto en los contactos



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directos previos a la asistencia como durante la asistencia en sí
misma.

Nadie podrá tachar al Gobierno español, y más concretamente al
Ministerio de Defensa, de inoperante en este tema. Se podrá
cuestionar si los recursos destinados hasta ahora han sido escasos,
eso siempre es subjetivo, pero sí me gustaría recordar que la
destrucción de nuestro arsenal de minas antipersonales, finalizado
con anterioridad al plazo establecido, ha tenido ya un coste de casi
538 millones de pesetas. A su vez, la ayuda destinada por la
cooperación española a programas de desminado y de asistencia directa
o indirecta a las víctimas o posibles víctimas de estas terribles
armas, desde 1995 ha ascendido a un total de más de 4.200.000 euros,
de los que 2.400.000 euros han servido para la financiación de
programas de desminado de la Organización de Estados Americanos en
Centroamérica, y otros 600.000 euros para un proyecto bilateral de
desminado en la frontera entre Perú y Ecuador.

Otra vía de actuación para la cooperación española son las
contribuciones al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para las
labores de desminado. En total, desde 1997, éstas ascienden a más de
180 millones de pesetas, y se han concentrado principalmente en las
tareas de desminado en Angola, Mozambique y Kosovo. Lo que demuestra
a las claras la voluntad de este Gobierno y el compromiso de futuro
en la lucha contra las secuelas del uso indiscriminado de las minas
antipersonales.

España ha cumplido con sus compromisos, pero, estoy seguro, continúa
dispuesta a contribuir junto a la comunidad internacional a que las
minas antipersonales dejen de representar un peligro oculto para
millones de personas en el mundo.

Así, señor presidente, y ya acabo, creo haber entrado o al menos
haber repasado todos los puntos de la iniciativa presentada por el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Únicamente, pues, me
queda resaltar que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, en
base a lo anteriormente expuesto, una enmienda de sustitución, que me
gustaría llegase a transaccionarse, ya que la iniciativa defendida
por el señor Campuzano, en la que estamos totalmente de acuerdo en el
fondo, nos gustaría se modificase en algunos términos con el fin de
que una cuestión tan importante como ésta consiguiera la unanimidad
de los grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el señor
Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Por supuesto, queremos fijar nuestra
posición, que no puede ser menos que la de apoyar este tipo de
iniciativas, pero también resaltando, como ya han hecho otros grupos,
y por eso nosotros también apoyaríamos las enmiendas que ha
presentado el Grupo Socialista, que en este tema, como en otros
muchos, sobran declaraciones testimoniales y faltan actuaciones
concretas.

Creo que la iniciativa va por ahí, por intentar que España deje de
ser un país que vaya a la cola de las inversiones en la solución de
este problema, y por lo tanto creemos que sería importante la
aprobación de una iniciativa que fuese realmente útil, que fuese
realmente eficaz. Y para ello, la partida presupuestaria sería algo
que no podría ir de otra manera. Por lo tanto, apoyamos esta
iniciativa y esperamos que sea aprobada por la mayoría de la
Comisión.




El señor PRESIDENTE: Le corresponde al grupo proponente un turno
sobre la aceptación o rechazo de las enmiendas propuestas por el
Grupo Socialista y el Popular.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Creo que el portavoz del Grupo Popular
tiene ya elaborada una posible propuesta de enmienda transaccional,
que yo no sé en qué momento procesal debería ser comunicada al
conjunto de los grupos de la Cámara, que al menos en los términos en
los que mi grupo la conoce, de hace unos minutos, le parece
suficientemente satisfactoria, en la medida en que se mantiene este
compromiso de avanzar hacia un mayor compromiso presupuestario del
Gobierno en la lucha contra las minas antipersonales.

Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, yo creo que es
evidentemente oportuna y necesaria. Si no existe concreción
presupuestaria en los próximos ejercicios, es evidente que es muy
difícil evidenciar este mayor compromiso de España en esta materia.

Pero en aras del consenso con el grupo que ostenta la mayoría de la
Cámara, una mención específica a los Presupuestos Generales del
Estado de 2002 no podrá figurar. Estoy seguro de que el Grupo
Socialista entenderá el porqué de esta decisión, y que el texto que
sería bueno, quizás, que el portavoz del Grupo Popular leyese, podría
suscitar también su apoyo.




El señor PRESIDENTE: Señor Moreno.




El señor MORENO BUSTOS: Como decía, en aras a conseguir la unanimidad
de los grupos parlamentarios, la transaccional que se propondría
sería en el apartado a), donde pone «incremento de los recursos
destinados a», sería «adopte las medidas oportunas para avanzar en la
asignación de recursos destinados a», y mantener el resto; en el
apartado b), empezaría con «acuerde el estudio a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional», y se mantendría el resto del
texto; en el apartado c), el comienzo sería «estudie la posibilidad
de incrementar el personal militar profesional destacado», y se
mantendría el resto del texto; y en el apartado d), «continúe
impulsado aquellas iniciativas en el seno de la comunidad
internacional», y se mantendría el resto del texto.

No obstante, se lo haré llegar a la mesa para que tenga constancia
por escrito.




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El señor PRESIDENTE: La presidencia entiende, entonces, que los demás
grupos enmendantes están también de acuerdo con esta transacción, con
este texto que conocen ya.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: Quien tiene que aceptar o no la
transacción es el grupo proponente, en este caso.




El señor PRESIDENTE: Eso puede alterar también la aceptación de la
enmienda.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Como he comunicado anteriormente,
nuestro grupo acepta la transaccional que el Grupo Popular leía.




El señor PRESIDENTE: Ésta es la que se va a votar, entonces, pero
pregunto si mantiene el Grupo Socialista su enmienda no aceptada.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: Señor presidente, evidentemente nosotros
la mantenemos en su contenido, lo que pasa es que formalmente, si no
la acepta el grupo proponente, no va a ser puesta a votación. Otra
cosa es que tenemos el legítimo derecho de aceptar la propuesta
transaccional del Grupo Popular, cuando acabemos de decidir cuál va a
ser nuestro voto en el resultado de lo que se va a someter a
votación.




- RELATIVA A LA DESAFECTACIÓN PARA USO DE LA DEFENSA DE LA SIERRA DEL
RETÍN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 161/000772.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la proposición octava, relativa
a la desafectación para uso de la defensa de la sierra del Retín; es
proponente el Grupo Federal de Izquierda Unida, y por lo tanto, el
señor Centella tiene nuevamente la palabra.




El señor CENTELLA GÓMEZ: La proposición que plantea nuestro grupo
para que se desafecte para uso de la defensa la sierra del Retín
tiene que tener evidentemente una relación con la situación que se
vive en estos momentos en el municipio de Barbate, fruto entre otras
circunstancias de la falta de acuerdo pesquero entre España y
Marruecos. Durante los pasados meses hemos hablado bastante de este
tema; por desgracia, hemos hablado bastante de la situación en la que
quedaba la zona afectada, y desde el Gobierno fundamentalmente se ha
planteado que se pondrían en marcha mecanismos compensatorios para
resolver esta situación.




Nosotros seguimos sosteniendo, evidentemente, que el primer elemento
que habría que buscar sería mantener el convenio pesquero, para que
la gente que vive de la pesca siga viviendo de la pesca, pero ése,
evidentemente,
no es este debate. Por tanto, creemos que lo que se plantea y
se ha planteado con fuerza por parte del Gobierno es que el turismo
sea una alternativa para el desarrollo de la zona de Barbate. Ésta es
una posibilidad que nosotros contemplaríamos independientemente de
que se mantuviese el acuerdo pesquero con Marruecos, porque es claro
que la situación de Barbate la sitúa como un elemento con unas
posibilidades grandísimas para su desarrollo turístico. Pero allí nos
encontramos con una circunstancia que es de sentido común, como
planteábamos en otra iniciativa que anteriormente hemos defendido, y
es que lo militar está completamente reñido con lo turístico. No es
posible desarrollar una zona turística si hay instalaciones militares
y si además se producen, como en esta zona, unas maniobras militares.

Nadie se lo piensa, y en estos momentos sería todavía más evidente
que sea una zona turística aquella que puede ser objetivo militar.

Repito, en estos momentos todavía puede haber una mayor sensibilidad,
pero haciendo una abstracción de estas circunstancias que esperemos
que no sean duraderas, en cualquier momento nadie piensa que una zona
que pueda ser objetivo militar tenga cualquier posibilidad de
desarrollo turístico.

Por eso, nosotros consideramos que es imprescindible que se produzca
esta negociación con el Ayuntamiento de Barbate, para que se revierta
lo que es la sierra de Retín, para que se pueda hacer ese plan de
desarrollo sostenible del municipio de Barbarte. Sin esta realidad
nosotros creemos que no sería posible y que al final estaríamos
generando más frustración en una zona que ya tiene demasiada, porque,
repito, si le cerramos este camino, estamos incitando a la población
a que tenga que utilizar para vivir otros medios de subsistencia, que
no son precisamente los que mejor pueden servir a la sociedad.

Por lo tanto, estamos en un momento clave, creemos además que no cabe
prórroga de el tiempo para tomar esta decisión. Por eso, nuestro
primer punto es que se proceda a la desafectación para uso de la
defensa de la sierra de Retín y que se inicien negociaciones con la
corporación municipal de Barbate, para una solución pactada para uso
público, y que sea ésa la contribución a lo que es el plan de
desarrollo sostenible.

Antes se ha planteado por parte del entonces portavoz del Grupo
Popular, señor Atencia, la legitimidad de que una administración
pueda rentabilizar económicamente un bien o unos terrenos. Nosotros
creemos que eso se llama especular, nosotros creemos que la
Administración nunca debe especular, porque cuando estamos hablando
de traspasar de administración a administración, no estamos hablando
de sacar beneficios económicos. Estamos hablando de traspasar bienes
públicos de una administración pública a otra administración pública.

Por tanto, si ahí se intenta obtener un beneficio, nosotros eso, por
muchas vueltas que se ledé, lo calificamos como especulación, porque
no tendría



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que tener valor lo que pasa de una administración pública a otra
administración pública.

A partir de ahí, tenemos un segundo punto que creemos importante y es
que si queremos que realmente haya un desarrollo en esta zona no debe
de haber maniobras militares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo
mismo; nadie piensa que en una zona donde se producen, como se
produjeron en el año 1998, maniobras de la OTAN importantes, con
desembarcos anfibios, con ocupación de playas y territorios, pueda
ser una zona turística, porque los turistas huirían corriendo cuando
viesen aparecer el primer marine en la playa, valga un poco la ironía
del tema. Creemos que tendría que quedar claro en esta proposición no
de ley el hecho de que si queremos que Barbate tenga un desarrollo
turístico tiene que desaparecer de esa zona cualquier relación con lo
que pueda ser militar. No creemos que la Sierra del Retín sea un
elemento estratégico para nuestra defensa y que sea la única zona del
Estado donde se puedan dar este tipo de maniobras, por lo que,
repito, hoy podemos tener la ocasión de abrir una puerta de esperanza
a una población muy machacada en los últimos meses, y espero que el
Partido Popular no contribuya a cerrar también esta puerta, porque,
repito, a partir de hoy no engañamos a la población de Barbate. Si
sigue manteniendo instalaciones militares, si sigue siendo objetivo
militar la zona de Barbate, evidentemente no habrá ningún desarrollo
turístico en esta zona.

Por eso, estaríamos de acuerdo en unir la primera parte de nuestra
proposición con la parte que se nos planteaba por parte del Partido
Socialista, pero de alguna manera también tendríamos que mantener
nuestro segundo punto según está, en el sentido de no autorizar
maniobras en el término municipal de Barbate, donde evidentemente se
incluyen sus playas, que es donde se producen estas maniobras. Por
tanto, creemos que sería importante alcanzar el acuerdo. No hemos
recibido ninguna propuesta de enmienda ni de transaccional por parte
del Partido Popular, no sabemos si es porque simplemente va a
rechazarla sin más o porque a estas alturas no la tiene elaborada.

Nos gustaría que el Partido Popular no dijese que no, simplemente,
sino que propusiese algo como alternativa votable, no solamente de
buenas intenciones.

Y al Grupo Socialista decirle que estaríamos dispuestos a ver nuestro
primer punto con su enmienda, pero manteniendo también nuestro
segundo punto.




El señor PRESIDENTE: Hay presentada una enmienda presentada por parte
del Grupo Socialista que va a defender doña Carmen Romero, que tiene
la palabra.




La señora ROMERO LÓPEZ: Para defender la enmienda transaccional que
hemos presentado en el sentido de una proposición que refleja
prácticamente
los términos de la enmienda presentada por nosotros. Nuestro grupo ha
presentado una enmienda que no ha sido aceptada por el Grupo de
Izquierda Unida y, en su defecto, hemos intentado llegar a un acuerdo
presentando una enmienda transaccional.

La enmienda transaccional hace referencia a que es el municipio de
Barbate el que debe de negociar con Defensa la zona que pudiera
desafectarse. Creemos que no debemos entrar aquí en un debate de si
deben existir o no los polígonos de tiro o de en qué lugar deben
ubicarse, puesto que en estos momentos estamos hablando de fracaso de
las negociaciones pesqueras. Por lo tanto, queremos darle una salida
al municipio de Barbate, dando la posibilidad a este municipio de
poder utilizar la zona que el municipio acuerde, como, por otra
parte, se está haciendo también con el municipio de San Fernando
o con otros municipios. Ésa ha sido nuestra intención y, por lo tanto,
en esos términos es en los que hemos mantenido nuestra enmienda y la
enmienda transaccional.

Creemos que en estos momentos lo que interesa es avanzar soluciones
para el municipio de Barbate y no introducir unas posiciones que
puedan ser ahora mismo incompatibles con la soluciones para este
municipio.

Por supuesto que a nosotros tampoco nos gustan los polígonos de tiro,
y preferiríamos que las fuerzas de la defensa no fueran necesarias y
preferiríamos que no existieran instalaciones de esta naturaleza,
pero no estamos en ese debate; estamos ahora en el debate de procurar
alternativas al municipio de Barbate. Por esa razón hemos propuesto
esta enmienda transaccional que esperemos que el Grupo de Izquierda
Unida acepte. En el supuesto de que la zona que el municipio acuerde
con el Ministerio de Defensa sea desafectada, por supuesto en esa
zona no habría maniobras militares. Ésta es nuestra posición con
respecto a nuestra enmienda.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, interviene don
Jesús Mancha, para fijar la posición.




El señor MANCHA CADENAS: Creo que en el ánimo de la Comisión no puede
existir una afirmación tan extraordinariamente contundente de que lo
importante y lo deseable sería que no existiese la defensa nacional,
no existiese, en su consecuencia, un ejército, y prácticamente se
pudiese apartar definitivamente del mapa de nuestro país cualquier
terreno que ocupasen las Fuerzas Armadas. Yo creo que no está en el
ánimo absolutamente de nadie. Puede haber, a lo mejor, algunos puntos
donde la divergencia sea manifiesta o donde la colocación política de
cada uno nos lleve precisamente a que haya una filosofía distinta.

El 22 de mayo del año en curso se debatió en esta Comisión una
proposición no de ley del Grupo Socialista que venía prácticamente a
recoger lo que dice la enmienda que presenta la señora Romero. Esa
enmienda,



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a la que yo no me tengo que referir, puesto que va presentada a la
propuesta de Izquierda Unida, amortigua muy mucho, está claro, la
radicalización que en este momento Izquierda Unida hace de algo tan
extraordinariamente sensible como es la defensa nacional.

Quisiera, señor Centella, y se lo digo con el máximo respeto, que
centrásemos un poco el contencioso, en el sentido de no aceptar, por
lo menos yo no lo voy a asumir, que se hable de especulaciones.

Muchos ayuntamientos de Izquierda Unida han adquirido bienes de otras
administraciones onerosamente, lo sabemos, en la provincia de Cádiz.

Es lógico y es natural, porque podría introducirse entonces la
iniciativa privada, y a lo mejor no es interesante que se introduzca
la iniciativa privada. La filosofía del Partido Popular es
extraordinariamente contradictoria con la de Izquierda Unida en este
caso.

Yo, señor Centella, siempre que digo algo, intento soportar lo que
digo en la razón. Cuando usted ha manifestado «no sabemos si dirá
algo el portavoz del Grupo Popular, y qué va a decir y si va a tener
soporte», yo voy a intentar que lo tenga. Voy a ser también, señor
presidente, muy telegráfico en mi intervención porque se está
repitiendo el eco de la Comisión de mayo del presente año. Pero me
parece importante que sepamos exactamente dónde nos encontramos.

Hasta la década de los sesenta, la Armada española tenía muchos
puntos de adiestramiento y de maniobras. Eso provocaba lógicamente en
la ciudadanía molestias, y era conveniente -y yo creo que se hizo con
buen tono, entonces no gobernaba lógicamente el Partido Popular- que
en el año 1981 se centrara claramente dónde y en qué lugares debía de
encontrarse el adecuado marco de adiestramiento del ejército.

Efectivamente, en el año 1981 se busca, y es muy complicado, la
ubicación; se busca un lugar que por lo menos tuviese los requisitos
siguientes: estar próximo a la costa y disponer de una playa
abordable de una longitud de al menos 1.500 metros; tener la tensión
suficiente y la topografía adecuada para permitir la progresión desde
la costa al despliegue y la realización de ejercicios tácticos de
infantería de marina (estamos hablando, en su consecuencia, de la
playa), y permitir la ejecución de ejercicio de tiro real del mayor
número posible de armas de que dispone la infantería de marina.

Era la situación en los años sesenta, e insistimos en el acierto en
el año 1981 de la UCD, y posteriormente del Partido Socialista, de
acordar declarar urgente que el lugar denominado sierra Retín, en el
término municipal de Barbate, sin lugar a duda era la ubicación
perfecta para esa localización de las Fuerzas Armadas, y la única
localización que tiene dentro de la comunidad andaluza. En el año
1982 y siguientes, el Gobierno socialista toma medidas para cuidar el
medio ambiente en la sierra de Retín, obliga a los vehículos de
cadena que crucen la carretera P-2223, que une las poblaciones de
Barbate y Zahara, por un solo punto y siempre
de forma administrativa, es decir, sin atender a los requisitos
operativos de adiestramiento. En cuanto al fondeo de buques durante
el ejercicio anfibio previamente se comunica el correspondiente aviso
al navegante, de forma que siempre se mantenga la seguridad de la
navegación. De 1982 a 1996 son extraordinariamente frecuentes las
propuestas de Izquierda Unida y del Grupo Mixto dirigidas al Gobierno
socialista pidiendo la desafectación del suelo de Retín. Y hay que
decir la verdad, que para mí el magnífico diputado Willy Meyer, de la
provincia de Cádiz por Izquierda Unida, hace un ejercicio en el año
1998 ciertamente importante e intenta llamar a la puerta del Partido
Popular, ya en el Gobierno, en el sentido de la desafectación, a la
cual ya me referí cuando se debatió la propuesta en mayo de 2001, y
el Partido Socialista intenta amortiguar los efectos (lo mismo que en
este momento está haciendo) y presenta una enmienda en la que de
alguna manera se intenta hacer entender a Izquierda Unida la
necesidad de Retín y la necesidad de las maniobras militares. El
señor Meyer, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
acusa al Grupo Socialista de tibieza, de falta de apuesta y, en su
consecuencia, no acepta la enmienda del Grupo Socialista. En mayo de
2001 la señora Romero insiste, ahora ya desde otra perspectiva
totalmente distinta a la anterior de 1996, en la posibilidad de que
exista un convenio entre ambas administraciones (el ayuntamiento y
Defensa) y que al mismo tiempo también se desafecte por lo menos una
parte de ese suelo.

Yo puedo, y voy terminando, señor presidente, hacer algunas
afirmaciones que me parecen contundentes, por parte de mi grupo. En
primer lugar, el Ayuntamiento de Barbate está gobernado por el
Partido Popular, en este momento y exclusivamente por el Partido
Popular, y le puedo asegurar, señor portavoz de Izquierda Unida, que
el alcalde es el abanderado de la reivindicación de la sierra del
Retín. Le puedo asegurar, señor Centella, que los parlamentarios
gaditanos del Partido Popular queremos que se desafecte la sierra del
Retín, pero también, tanto el alcalde como los parlamentarios del
Grupo Popular, entendemos claramente la postura de Defensa en cuanto
que en el informe que a mí me dan, que a mí me hacen llegar, sobre la
proposición no de ley de Izquierda Unida, al igual que la que
presentó el Grupo Socialista, me dicen textualmente: «no es posible
a corto plazo desafectar nada relativo al campo de adiestramiento, el
cual es de utilidad permanente por las Fuerzas Armadas, especialmente
por la Armada, valga la redundancia».

Su consecuencia: querer buscar como único culpable de la situación de
Barbate, si existe esa situación, a Defensa, nos parece cómo mínimo
un gesto de frivolidad. Barbate ha sufrido ciertamente la pérdida de
un convenio importante de pesca con el Reino de Marruecos, que estaba
condenado desgraciadamente a su fin en el año 1995, porque los
anteriores convenios hablaban



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siempre de prórrogas. En el año 1995, ustedes lo saben, señorías, ya
el Reino de Marruecos habla de que no existirá ningún acuerdo más. Y
por mucho que toda la Administración (las autonómicas, el Ejecutivo
nacional y los grupos políticos) hemos intentando sensibilizar a la
Unión Europea, no ha sido posible ese acuerdo. Y bien que lo
lamentamos, y lo sufre en sus propias carnes Barbate como uno más. No
puedo estar de acuerdo, señor Centella, en que Barbate tenga que
buscar irremisiblemente los caminos, casi diría que del delito para
su supervivencia, porque no es cierto.

Barbate está en una situación en estos momentos, que no ha tenido
antes, de empezar o iniciar un resurgir extraordinariamente positivo.

Le puedo decir que en el campo del turismo, hace escasamente tres o
cuatro meses se ha diseñado un plan turístico muy importante tanto en
Zahora, como en Zahara, como en los aledaños de Barbate y en el
propio Barbate; que ya hay diseñado un polígono industrial en
Barbate, que va a ser gestionado parte por la zona franca de Cádiz y
que, en su consecuencia, no entenderíamos claramente que se quisiera
hacer un polígono industrial en la playa del Retín, en el litoral del
Retín; que la pesca del atún es una fuente inagotable de riqueza para
el pueblo de Barbate, y que se va a invertir en escasos años más de
30.000 millones de pesetas solamente en la localidad de Barbate para
amortiguar el efecto negativo de la pesca y para amortiguar también,
claro es, las servidumbres tremendas a que se ve sometida la ciudad
de Barbate.

Junto a ello, decirle, señor Centella, señora Romero, que hay otro
corsé en Barbate, otro corsé que tiene también una dimensión
extraordinaria que es el parque natural, el paisaje natural, que
respetamos. Pero lo que solicitamos y hemos solicitado a la Junta de
Andalucía no es tanto que entregue parte de ese parque natural,
porque sería algo claramente en contra del medio ambiente, en contra
de nuestra riqueza, sino que lo cuide, que lo conserve...




El señor PRESIDENTE: Señor Mancha, le ruego que vaya concluyendo.




El señor MANCHA CADENAS: Termino, señor presidente, no hay en los
presupuestos de la Junta de Andalucía ni una sola peseta para el
parque natural de Las Breñas en Barbate.

En su consecuencia, la postura del Grupo Parlamentario Popular en
esta proposición no de ley de Izquierda Unida es la congruencia: no
puede ser contraria a la de mayo de 2001, y en su consecuencia
también, insisto y termino, vamos a votar desfavorablemente la
propuesta de izquierda unida.




El señor PRESIDENTE: Sólo a los únicos efectos de admitir la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Ya he dicho que estaríamos dispuestos a
admitirla en el primer punto, manteniendo el segundo punto. De todas
formas, si no es así, se votaría en sus términos nuestra propuesta.




- SOBRE DESAFECTACIÓN Y CESIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL PARA LA
PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SUELO (SEPES) DE LOS TERRENOS DE
CAMPOSOTO, EN SAN FERNANDO (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000888.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición que figura con el
número 9 en el orden del día, sobre desafectación y cesión de la
Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES)
de los terrenos de Camposoto en San Fernando (Cádiz), que es del
Grupo Parlamentario Socialista, y que doña María del Carmen Sánchez
Díaz va a defender en su nombre.




La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Esta es la segunda ocasión en esta
legislatura en la que traemos a esta Comisión una proposición no de
ley para la desafectación de los terrenos de Camposoto en San
Fernando. La primera vez fue hace menos de un año, concretamente el 7
de noviembre pasado.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que en esta ciudad
hay que conciliar los intereses que tiene la defensa nacional con el
desarrollo sostenible de la ciudad, y para ello San Fernando necesita
poder hacer uso de los terrenos de Camposoto, unos terrenos que
representan la esperanza de futuro para los ciudadanos de la isla.

La proposición no de ley anterior fue rechazada por el Grupo
Parlamentario Popular, al considerarla corta, demagógica y
oportunista. No representa ningún problema para nosotros que sea más
larga. Estamos de acuerdo en que en San Fernando hay que hacer un
gran convenio en el que se recoja todo el suelo que el Ministerio de
Defensa tiene en su globalidad, como manifestaba el señor Mancha en
esta Cámara el pasado 7 de noviembre, pero en aquel caso, y también
en el que hoy nos ocupa, nosotros queremos centrarnos en la
desafectación de los terrenos de Camposoto, porque creemos que se
pueden desafectar en su totalidad.

De todas formas, no tenemos ningún inconveniente en traer otras
proposiciones sobre instalaciones de Defensa en esa ciudad, por
ejemplo, sobre el incumplimiento del acuerdo firmado entre el
Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Fernando, de fecha
1991, por el cual el polígono Janer iba a ser revertido a la ciudad
íntegramente. Ahora parece ser que en el año 2001 nos enteramos de
que sólo se cede una parte, porque el resto lo van a destinar a una
residencia y a un club naval de oficiales.




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Pero volviendo al principio, un mes más tarde de ser rechazada esa
proposición que era oportunista y demagoga, el Ministerio de Defensa
comenzó unas negociaciones con el ayuntamiento que se han llevado en
el más absoluto de los secretos, y que tan sólo a través de alguna
respuesta parlamentaria sabemos que ha habido una oferta del
Ministerio en la que se habla de desafectar 225.000 metros cuadrados
de Camposoto, los polvorines de Fadrica y parte del polígono Janer.

Posteriormente, el Ayuntamiento de San Fernando hizo una contraoferta
a principios de febrero, de la que no sabemos mucho, simplemente que
no aceptaba los 225.000 metros cuadrados de desafectación por
considerarlo insuficiente.

Se tenía previsto concluir el convenio (primero dijeron que en Semana
Santa, luego que el 31 de julio) para nada se ha cumplido, y ni tan
siquiera sabemos si esas negociaciones están paralizadas o van a un
ritmo más que lento.

También queremos decir que en estas negociaciones entre el Ministerio
y el Ayuntamiento de San Fernando no se está teniendo en cuenta la
opinión de los partidos políticos de los grupos municipales en el
ayuntamiento ni las opiniones de los ciudadanos representados a
través de una plataforma. Y no se está teniendo en cuenta ni por
parte municipal, que les prometió informarles de la contraoferta
hecha a Defensa, ni por el propio Ministerio, donde la propia
plataforma solicitó hace meses una reunión.

Y hoy el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, no sólo son
diputados de Cádiz, sino que estamos consensuados con nuestro grupo
parlamentario, volvemos a pedir ante esta Comisión la desafectación
de los terrenos de Camposoto. Y que quede claro que no queremos echar
ni a los militares ni a ninguna instalación militar de San Fernando.

Pero sí es cierto que las instalaciones que el Ministerio de Defensa
tiene en Camposoto es posible reubicarlas en otra zona de la ciudad,
y aunque es competencia del Ministerio de Defensa estamos aquí para
aportar ideas. Por ejemplo, el Centro de Instrucción de Marinería
está vacío, la Carraca infrautilizada, y en la población militar de
San Carlos hay sitio de sobra. De esta manera podríamos dejar libre
el suelo de Camposoto para el desarrollo económico y turístico de la
ciudad, porque consideramos que tan sólo una mínima parte tiene
interés para la defensa y, repetimos, esa mínima parte podría ser
ubicada en otro lugar de la ciudad.

Lo que no se puede obviar es que las necesidades de la defensa hoy no
son las mismas que hace cinco o diez años, y que la reestructuración
del ejército ha supuesto en esta ciudad la reducción de la presencia
militar en más de un tercio, como así se ha reconocido a través de
una respuesta parlamentaria. De hecho, en otras ciudades, el
Ministerio está liberando parte de su patrimonio. Sin embargo, en San
Fernando esa reducción no se ve acompañada por desafectación de
suelo, a fin de que
pueda cambiarse la calificación urbanística y pueda ser utilizada
para cubrir demanda de servicios públicos de equipamiento o
contribuir al modelo de desarrollo económico alternativo.

Más bien al contrario, lo que no tiene utilidad estratégica para la
defensa nacional, se está convirtiendo en residencias. Y la isla ya
no puede vivir del sector económico de la defensa, porque este sector
se está enfrentando allí a una decadencia, por eso necesita buscar
nuevas vías de desarrollo económico y nuevos espacios, ya que está
limitándose ese crecimiento y ese desarrollo por falta de suelo.

Según estudios socioeconómicos además, la ciudad de San Fernando es
la segunda ciudad más pobre de España, cuenta con amplias extensiones
de terrenos que permanecen sin un uso militar evidente pero afectadas
a la defensa nacional, lo que está imponiendo restricciones sobre
unos suelos que no se usan y se necesitan, y cuya reubicación
representaría una esperanza de futuro para los isleños.

Y aquí pedimos al Ministerio de Defensa un ejercicio de sensatez y de
responsabilidad sobre las verdaderas necesidades de instalaciones y
terrenos que para la defensa nacional tiene en la ciudad de San
Fernando, y que no ponga restricciones a unos suelos que no están
utilizando y que, sin embargo, dice que se necesitan, algo que es
evidente cuando se ve por allí. Además, entendemos que no es ninguna
solución para el desarrollo económico y turístico de la ciudad
desafectar sólo una parte del suelo de Camposoto, y además mantener
la construcción de una galería de tiro, que podría ser construida en
otro lugar de la ciudad, ya que ninguna empresa turística va a
invertir en ese sitio con esas condiciones.

También en esta proposición no de ley pedimos que, una vez
desafectados los terrenos de Camposoto, se ceda la gestión del mismo
a la Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento del Suelo,
para que lo incorpore a usos civiles dentro del nuevo plan general de
ordenación urbana que está elaborando el Ayuntamiento de San
Fernando. Y lo solicitamos porque el Ayuntamiento ha declarado que no
se va a convertir en promotor inmobiliario y que no va a pagar nada
por los terrenos de Camposoto, por lo que entendemos que se ha de
buscar unas fórmulas de gestión más sencillas que permitan la
recuperación de estos terrenos. Pero además, entendemos que la SEPES
podría intervenir entre las partes afectadas o pensar en las
necesidades de cada una de ellas y aportando agilidad al proyecto.

Por último, instamos al Gobierno a que, una vez cedido a la SEPES, se
realice un convenio con el Ayuntamiento de San Fernando donde se
defina el desarrollo urbanístico de la zona y se califique dentro del
plan general de ordenación urbana.

Señorías, poder contar con los terrenos de Camposoto desafectados
representa para los ciudadanos de San Fernando progreso y futuro.




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El señor PRESIDENTE: No tiene enmiendas esta proposición. Para fijar
su posición, el señor Núñez, del Grupo Mixto, tiene la palabra.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Vamos a ver si me aclaro, porque yo he debido
entender mal la proposición en sus términos. Vamos a empezar por lo
importante, que es que estamos de acuerdo en que hay que desafectar
los suelos e incorporarlos al Ayuntamiento.

La proponente del Grupo Socialista ha hecho una exposición de la
historia de esta reclamación, que desde luego es muy antigua, porque
el gobierno municipal andalucista lleva muchos años pidiendo esta
desafectación y, por tanto, es una satisfacción tener aquí una
propuesta, en este caso hoy aquí del Partido Socialista, de pedir
esta desafectación.

Pero hay cosas que no entiendo. Pedir esta desafectación cuando se
cita que hay ahora mismo un proceso de negociación entre el
Ayuntamiento y Defensa, y es cierto que hay el proceso de
negociación. Este diputado desconoce si el gobierno municipal, en
este proceso de negociación, está negociando e informando
perfectamente a los grupos de la oposición o no, será un problema
interno del gobierno municipal, pero en cualquier caso se está
realizando esta negociación. Y sin embargo, hay un argumento que yo
no sé textualmente cuándo se ha dicho ni en qué contexto, que
propugna que el Ayuntamiento en principio no es un promotor
inmobiliario y no quiere pagar, sino que se le ceda el suelo, cosa
que por otra parte piden todos los ayuntamientos, acabamos de verlo
hace un segundo con Barbate. Entonces, no entiendo por qué el Grupo
Socialista presenta una transaccional y dice que Defensa negocie la
desafectación con el Ayuntamiento de Barbate y se la ceda al
Ayuntamiento. Y al minuto dice, que no, que Defensa no, que Defensa
se lo pase al SEPES y que el SEPES negocie con el Ayuntamiento. Pues
yo no entiendo por qué no está cualificado el Ayuntamiento, el
gobierno municipal, la corporación y la gerencia de Defensa para
negociar con precio o sin precio. Ya lo hemos dicho muchas veces hoy
aquí por la mañana que estos son bienes públicos y que al cambiar de
mano no deberían tener carácter especulativo, y por tanto el
Ayuntamiento los querrá para espacios libres, para equipamiento o no
directamente para promoción, sino para sacar suelo a otros
promotores, no tiene por qué ser directamente el Ayuntamiento.

Por tanto, yo no entiendo, leyendo la propuesta, la paralización de
las negociaciones entre el Ayuntamiento y Defensa, porque aquí dice
el punto tres muy claro que, primero se desafecta, después se cede a
SEPES, y que entonces, una vez cedido, SEPES realice un convenio con
el Ayuntamiento. De todas formas, si el resultado de las
negociaciones entre la gerencia de Defensa y el Ayuntamiento
entienden que instrumentalmente es bueno que pase por SEPES, no tengo
ningún inconveniente, que pase por SEPES o por donde ellos vean,
pero forzar a que el que negocie con el gobierno municipal sea SEPES
en vez de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, no lo
entiendo y además lo veo contradictorio con el punto anterior. Cada
vez que un municipio tiene terrenos de Defensa y quiere negociar su
desafectación, hoy lo hemos visto en Sevilla con el hospital, o en
Barbate con este tema anterior, los interlocutores son dos: Gerencia
de Infraestructuras de la Defensa y el Ayuntamiento. Ya verán en el
acuerdo a qué solución llegan. Por tanto, nosotros estamos con el
espíritu de la propuesta, creemos que esta cesión tiene que
producirse, que es bueno que el ayuntamiento coja estos suelos y que
los rentabilice en beneficio de los ciudadanos y en beneficio de la
ciudad. Y esto lo lleva pidiendo el gobierno municipal desde hace
décadas. Por tanto, admitido.

Lo que no entendemos muy bien, salvo que sea una decisión
instrumental de esa relación bilateral, es el que tenga que entrar
aquí el Ministerio de Fomento a negociar lo que está negociando el
Ministerio de Defensa con la corporación municipal. Pero en fin, para
que no se malentienda y no se confunda lo instrumental con el fondo,
en el fondo vamos a estar de acuerdo, pero sí quiero que conste en el
acta de la Comisión que nosotros desde luego no somos partidarios de
que este tema se le quite a la gerencia de Defensa y pase a SEPES,
así porque sí, y que sea SEPES el que negocie con el Ayuntamiento,
sino que queremos que se continúen las negociaciones entre la
Gerencia de Infraestructuras de Defensa y el Ayuntamiento, que me
consta que siguen, y que hay contactos. Si hay contactos, yo creo que
no hay que cortocircuitarlos.

Y después, la segunda confusión, que no entiendo bien, se refiere al
primer punto, que se puede entender de dos maneras: por un lado se
dice: «que se desafecten los terrenos de Camposoto, que realmente no
tienen interés para los fines de la defensa nacional de usos
militares». Esto se puede ver de dos maneras: que se desafecten
aquellos terrenos de Camposoto que no tienen interés, o que se
desafecten todos los terrenos de Camposoto porque no tienen interés.

Desde luego, no está claro en el punto. Si lo leemos textualmente:
«que se desafecten aquellos terrenos de Camposoto que realmente no
tienen interés», son aquellos que no tienen interés; o lo entendemos
como que se desafecten todos, porque no tienen interés. En cualquier
caso, queda difuso, porque es un tema gramatical, habría que haber
puesto o todos o aquellos para aclarar. Porque yo, desde luego, he
entendido al leer la propuesta que es lo que están negociando, que se
desafecten los terrenos y más cosas que antes ha dicho la proponente,
que no tienen interés, porque es que los que tienen interés no se
pueden desafectar, salvo que la propuesta quiera decir que ella
sostiene que todos los terrenos no tienen ningún interés, y por tanto
hay que darlos todos. Como eso es lo que ha dicho en su exposición,
yo creo que naturalmente a más, más, mientras más terrenos cedan,
mejor;



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y desde luego no vamos a votar que aquellos terrenos que tienen
interés se desafecten, sino que entendemos que no tienen interés y
que, por tanto, se desafectan.

Pero sí quisiera decírselo a la proponente, porque yo desde luego me
había confundido al leer el texto, porque está escrito de una manera
que parece que está pidiendo que se desafecten aquellos que no tienen
interés. Pero en fin, del discurso de la proponente, ella misma ha
dicho se puede entender que ninguno tiene interés, pues que se
desafecten todos.

Dejo aclarada la posición andalucista, de acuerdo con el fondo,
aunque con las matizaciones que he dicho respecto al procedimiento,
la forma en que hay que desafectar, si tiene que ser con
intermediación de SEPES o sin intermediación de SEPES.




El señor PRESIDENTE: Para exponer también la posición del Grupo
Popular, el señor Mancha tiene nuevamente la palabra.




El señor MANCHA CADENAS: Con suma rapidez, señor presidente, voy a
intentarlo. El Grupo Parlamentario Popular tiene que alinearse con
muy buena parte del discurso pronunciado por el señor Núñez. Hay
incongruencias clarísimas en la proposición no de ley. Está claro.

Empezamos incluso por la motivación: el término municipal de San
Fernando es de 3.000 hectáreas, de las que 3.000 están ocupadas por
instalaciones del Ministerio de Defensa… (La señora Sánchez Díaz:
trescientas). En la que yo tengo pone 3.000. Y 300 tampoco, hay más,
hay 1.000, porque ya lo dijo en la anterior intervención la señora
Sánchez, son 1.000, no 300. Si son 3.000, pues no es posible.

Y en segundo lugar, no entendemos el punto primero, que se desafecten
los terrenos de Camposoto que realmente no tienen interés para la
defensa nacional de uso militar. No entendemos, pero lo entendemos.

Yo no puedo entender nada más que lo que estoy leyendo, que se
desafecte lo que no tiene interés para la defensa nacional, no hay
otra posible lectura. Lo que sucede es que en los medios de
comunicación de ayer mismo, la señora Sánchez se manifiesta
claramente, sin medias tintas, por la totalidad de los terrenos de
Camposoto. Lo dice claramente, vuelve a pedir otra vez todo el
terreno de Camposoto. Y hay una pregunta de la señora Sánchez muy
reciente al Ministerio de Defensa a la que el ministro le contesta en
los siguientes términos: «el Ejército de Tierra ha manifestado
reiteradamente el gran interés que para dicho ejército tiene la
totalidad del inmueble conocido como Camposoto. No obstante, ante las
reiteradas solicitudes del Ayuntamiento de San Fernando se está
estudiando (y ahí está el concierto, y ahí está el convenio que hay
que dejarle que de una manera pausada vayan avanzando, y se está
avanzando), la posibilidad de prescindir de alguna zona, que aunque
necesaria, como anteriormente se ha dicho, no
ponga en peligro el cumplimiento de las misiones que las unidades
allí ubicadas tienen encomendadas y que permitan la expansión de la
ciudad hacia la playa». Eso ya se ha hecho, parte de la playa ha sido
desafectada por completo y limpiada durante todo este tiempo
transcurrido. O sea, hemos avanzado.

En el segundo punto, y me vuelvo a alinear otra vez con el señor
Núñez, se produce un chirrido, perdone usted la expresión, cuando se
viene a decir «Defensa cédalo a SEPES y SEPES negocie con el
Ayuntamiento». Esto, sencillamente, señora Sánchez, no es posible,
porque la entidad pública empresarial del suelo SEPES está adscrita
al Ministerio de Fomento y para nada (yo hablaba ayer con el ministro
de Fomento sobre este tema) puede inmiscuirse en una negociación que
está llevando Defensa con el Ayuntamiento de San Fernando.

Si usted lo que me viene a decir es que, una vez desafectado y una
vez consumado el convenio, el ayuntamiento intente negociar con
SEPES, otra vez insisto, con zona franca como está haciendo en el
polígono Janer, etcétera, le aplaudo. Si eso es así, sí, pero luego
tal como se dice en el punto segundo no lo entendemos ni el señor
Núñez ni yo, los dos somos muy torpecitos, no lo entendemos, señoría.

Yo creo que usted ese día no estaba lo clarividente que debería estar
y ha hecho una proposición no de ley que es muy turbia. Que se
desafecte todo, que Defensa se lo entregue a la SEPES y, por último,
llega a decir que, una vez cedido a la SEPES, señora Sánchez, se
empiece un convenio con el ayuntamiento. Ése es el tercer punto. Y le
digo que el convenio existe, que hay comunicación del alcalde de San
Fernando del Partido Andalucista con los portavoces, y la señora
Castro se lo puede decir, a lo mejor no punto a punto, pero sí lo
suficiente para que sepamos cómo se va avanzando, que el papel de la
SEPES aquí sería totalmente de invitado de piedra, que podrá ser
luego, pero que ahora no, y que en su consecuencia, en una
congruencia que el Grupo Popular debe tener, desgraciadamente tenemos
que oponernos nuevamente a una liturgia que parece que va a ser una
constante durante toda la legislatura, que es, cada seis meses,
presentar otra vez la propuesta de Camposoto. No va a ser así porque
antes va a haber un convenio.

Pero, por favor, no nos quedemos como la estatua de sal, miremos un
poquito para atrás, y pensemos en los que ha gobernado el Partido
Socialista en San Fernando, si se ha podido desafectar un solo gramo
de arena, con uno me basta, porque Fadrica, Janer, el polvorín, todo
ha pasado en la época del Partido Popular, en la época del Gobierno
Popular.

En su consecuencia, señora Sánchez, lamento de verdad que haya
redactado usted la proposición en un mal momento. Sin embargo, yo la
entiendo, quiero entenderla, porque para eso estamos, para intentar
entender lo que nuestros compañeros dicen, y volver otra vez a
mantenernos en la posición que mantuvimos



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en mayo de 2001: no podemos aceptar su propuesta sobre algo que en
este momento se está negociando y hay que guardar respeto absoluto a
las dos administraciones.




El señor PRESIDENTE: Como quiera que se han planteado alusiones doy
un turno lo más breve posible a la señora Sánchez.




La señora SÁNCHEZ DÍAZ: El primer punto está claro que defiende la
posición del Grupo Parlamentario Socialista y no la posición del
Ministerio de Defensa, por tanto, nuestra formulación era que se
desafectaran los terrenos de Camposoto que realmente, y eso es lo que
pedimos en el debate, no tienen interés para la defensa nacional. Y
he dicho en el debate algo muy claro: para el Grupo Parlamentario
Socialista lo que realmente no tiene interés para la defensa nacional
es todo Camposoto, pero, tenemos que dejar el campo abierto al
interés de la defensa nacional, porque es el Ministerio de Defensa
quien tiene que decidir qué tiene interés para la defensa nacional y
qué no tiene interés para la defensa nacional en esos terrenos, pero
nuestra posición, repito, es que no tienen para nada ningún tipo de
interés para la defensa nacional los terrenos de Camposoto. Y se
haría un beneficio muy grande a la ciudad el poder tenerlos.




El señor PRESIDENTE: En cualquier caso lo ha dicho clarito, y más
fuerte lo podía haber dicho también, pero lo ha dicho muy bien. Es
decir, es suficiente con eso para formar el criterio en orden a la
votación subsiguiente.




- SOBRE INSTAURACIÓN DE UN PROCESO DE SELECCIÓN CONTINUA PARA EL
INGRESO EN LAS FUERZAS ARMADAS COMO MILITAR PROFESIONAL DE TROPA
Y MARINERÍA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000912.)



El señor PRESIDENTE: Por terminado este debate. Pasamos a la
proposición número 10 sobre instauración de un proceso de selección
continua para el ingreso en las Fuerzas Armadas como militar
profesional de tropa y de marinería, de la que es proponente el Grupo
Popular, y por lo cual tiene la palabra su portavoz en este tema
señor don Miguel Campoy.




El señor CAMPOY SUÁREZ: Llegados ya a la plena profesionalización de
nuestras Fuerzas Armadas, el Grupo Parlamentario Popular entiende que
se hace necesario profesionalizar la profesionalización, entendiendo
por tal, no como la ausencia o falta de profesionales a cargo del
proceso de selección, ni tampoco entendido como ausencia de métodos
objetivos en
dicho proceso, sino entendido por tal mejorar el sistema que conforma
la fuente que suministra el caudal continuo y que garantiza el pilar
esencial de la profesionalización, que no es otro que el capital
humano.

Por lo tanto, profesionalizar la profesionalización significa que
ésta no es ya un reto, sino un hecho irreversible que hay que dotar
de mayor agilidad y eficacia. Pretende esta iniciativa, pues,
implementar los fines de este proceso, que se mantienen invariables y
cuya mejora en el método de consecución no hará sino garantizar la
cantidad y calidad del capital humano que, como he señalado, son el
fin y objetivo en sí mismo de unas fuerzas armadas modernas y
preparadas para atender las nuevas misiones que precisa nuestra
sociedad en los tiempos que corren.

Cabe hacer una referencia histórica de los trabajos parlamentarios
anteriores, y en concreto a una proposición no de ley que presentó el
Grupo Parlamentario Popular y que fue aprobada por unanimidad el 23
de noviembre de 1999, en cuya exposición de motivos ya se hacía
referencia al dictamen de la Comisión Mixta, en donde se argumentaba
la necesidad de estudiar mecanismos para ir implantando
progresivamente un sistema continuado de selección. Así, en el debate
de dicha proposición no de ley, el que fuera diputado de este grupo y
portavoz en esta Comisión, el señor Fernández de Mesa, ya expresó la
necesidad de encontrar un procedimiento ágil y flexible, aludiendo a
la necesidad de desarrollar lo que él llamó en aquella ocasión
profesiogramas.

Pues bien, la exposición de motivos de la proposición no de ley
actual hace referencia al actual sistema que lleva en funcionamiento
desde 1996, y del que podemos hacer una especie de diagnosis a estas
alturas. Hemos pasado ya de esa fase de estudio a la que aludía el
dictamen de la Comisión Mixta a una fase más ejecutoria y, por tanto,
se hace necesario hacer un diagnóstico de cómo está ese proceso. Y en
este sentido, el Grupo Parlamentario Popular considera que existen
unos inconvenientes que pueden y deben superarse, como por ejemplo la
pérdida de aspirantes durante las distintas fases del proceso, la
ausencia de orientación del aspirante y los abandonos por la no
aceptación de la plaza asignada. En definitiva, y en desarrollo de la
Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, el
sistema de selección continua giraría en torno a centros de selección
en los que los aspirantes realizarían las pruebas oportunas y que, a
nuestro juicio, conllevaría las siguientes ventajas: por una parte,
integraría las aptitudes del aspirante con sus preferencias y, dentro
de las necesidades de las Fuerzas Armadas, permitiría una primera
selección excluyente de los casos más notorios en dicho centro;
asimismo permitiría la búsqueda de un puesto atractivo,
simplificaría, por otra parte, acortar y centralizar el proceso de
selección, y permitiría por último una mejor programación de las
actividades en formación.




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Para finalizar, señor presidente, como no quiero extenderme, sí me
gustaría que me permitiera pronunciarme, a efectos de economía
procesal, sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.

Respecto a la cual, este Grupo Parlamentario, que siempre tiene a
bien aceptar de buen grado lo que es crítica constructiva, y en este
caso tras una profunda reflexión, considera que esta enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista enriquece el espíritu de la
proposición nuestra y, por tanto, tendremos mucho gusto en aceptarla.




El señor PRESIDENTE: El enmendante de la proposición no de ley es el
Grupo Socialista, y su portavoz, señor Marsal, tiene la palabra.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: Después de la intervención del
representante del Grupo Popular, casi podría ahorrar mi intervención,
ya que ha aceptado plenamente la enmienda que nosotros hemos
presentado. Sin embargo, como el tema es suficientemente importante
y hay coincidencia en el fondo, sí que es bueno, aunque sea a efectos
de actas y a efectos, incluso, de nuestra reflexión, que ahondemos un
poco en la problemática de la situación, que es a lo que responde
tanto la iniciativa del Grupo Popular como la enmienda que nosotros
hemos presentado.

Compartimos las reflexiones que ha hecho el Grupo Popular sobre la
necesidad de un cambio en el sistema de selección. ¿Por qué? Yo creo
que hay muchos motivos: hay motivos, digamos, a los que se refería el
propio proponente, como esta profesionalización de la
profesionalización, ya sea acertada y que en su explicación es buena
y correcta, pero también hay una situación, de hecho, en que nos
encontramos en la culminación. Yo diría que más que la culminación
del proceso de profesionalización, lo que culminamos a 31 de
diciembre es la desaparición del servicio militar obligatorio, lo
cual no coincide, como siempre hemos dicho, con la culminación del
proceso de profesionalización. La verdad es que el proceso de
profesionalización nunca va a ser al cien por cien. ¿Por qué? Porque
la profesionalización no es únicamente que todos los militares sean
profesionales, sino que es mucho más que esto.

Nosotros dijimos ya desde el primer momento que nosotros coincidíamos
en el modelo, coincidíamos en la profesionalización, y que en el
desarrollo de este modelo nosotros aportaríamos nuestras iniciativas
y también nuestras discordancias, cuando existiesen, con la posición
del Gobierno.

Nos encontramos en una situación difícil que todos sabemos. Hay pocos
aspirantes, hay problemas en la selección y esto es un hecho, no
debemos hacer nadie bandera de ello, sino que lo que debemos es
reflexionar sobre qué medidas debemos tomar para superar esta
situación y llegar al ejército profesional que todos queremos. Y por
lo tanto, en este sentido hay que entender
estas reflexiones. Un sistema de profesionalización de selección
continuada ofrece una serie de ventajas, también ofrece algunos
inconvenientes, y por lo tanto debemos ser conscientes de ellos y
esta Comisión debe hacer un seguimiento del procedimiento que el
Ministerio vaya a seguir en este proceso de selección continua.

Nuestra enmienda respondía, por un lado, a que creíamos que, habiendo
un acuerdo de fondo en lo que se iba a hacer, el redactado concreto
de la proposición del Grupo Popular era un poco confusa de entender,
era casi un problema de redacción sintáctica. Como que es corta, voy
a leerla: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a instaurar
un proceso de selección continua, donde las preferencias en cuanto a
actividades formativas a elegir, por los que se incorporan a nuestras
Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería, sean
consideradas en orden a potenciar las mismas».

La formulación era un poco difícil de comprender. Y por lo tanto,
nosotros hemos redactado una enmienda, que coincide en el fondo, pero
que creemos que incorpora, en primer lugar, una redacción más
comprensible, pero además también le dota de algunos contenidos en
los que hay acuerdo. Fundamentalmente en un contenido que es que esa
selección tiene que hacerse también, como el sistema actualmente
vigente, en base a los propios principios que fija la ley. La Ley 17/
1999 de 18 de mayo fija que se deben garantizar, como es lógico, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como
el de publicidad. Estos principios deben estar siempre presentes sea
cual sea el sistema de selección. Por lo tanto, era bueno fijar que
se mantenían estos principios. Pero el sistema de selección continua
no es unívoco, puede realizarse de muchas maneras; puede haber un
sistema en el que los centros de reclutamiento sean propios de cada
ejército, o que sean centros de reclutamiento comunes a todos los
ejércitos, o incluso en algún momento por parte de algún mando
militar se ha hecho alguna reflexión sobre la conveniencia de que los
centros de reclutamiento fuesen incluso de las unidades específicas,
y que esto podría permitir, incluso, un sistema de competencia y
competitividad entre los propios ejércitos y las propias unidades,
que podían mejorar la propia calidad de la profesionalización. Es un
tema que se puede discutir. En cualquier caso, existen varias
fórmulas, y nosotros lo que no hemos hecho es proponer qué fórmula,
porque esto es responsabilidad del Ministerio. El Ministerio debe
reflexionar, suponemos que lo está haciendo, y debe definir cuál es
el modelo concreto del sistema de selección continuada: centros de
las Fuerzas Armadas en conjunto, centro por ejércitos, etcétera. Cada
uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y por lo tanto
en este momento no nos pronunciamos sobre ello. Lo que sí decimos es
que hay un elemento importante que se fija ya en la propia exposición
de motivos de la proposición no de ley del Grupo Popular: que la asig
nación



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definitiva de las plazas debe realizarse de una forma centralizada.

Es decir, una cosa es el sistema de captación que se realice, que
puede ser múltiple, pero para garantizar precisamente estos
principios constitucionales a los que hacíamos referencia, el sistema
del acto administrativo de la admisión, o sea, de decir sí al chico o
chica que se ha presentado en el centro que sea, sí que tiene que ser
centralizado para evitar una dispersión de criterios que no sería
buena.

Por lo tanto, este principio sí que creemos que tiene que
garantizarse, sea cual sea la fórmula, y la centralización de la
decisión es un mecanismo que lo permite. Como que existen diferentes
formas de desarrollar este sistema, creemos que es bueno que el
Ministerio, en el momento que tenga ya diseñado totalmente el modelo,
venga a la Cámara, a la Comisión de Defensa, a exponer cuál es la
fórmula que ha decidido finalmente y que, por tanto, por parte de
todos los grupos parlamentarios se puedan hacer las reflexiones
pertinentes sobre las ventajas y problemas que puede tener el sistema
que el Ministerio haya elegido. Éste es el sentido de nuestra
enmienda. Creemos que nuestra enmienda, como decía al principio,
recoge esos principios y estos elementos en los que concordamos tanto
el Grupo Popular como nosotros mismos y que, por lo tanto,
agradecemos y creemos que es bueno que el Grupo Popular haya aceptado
nuestra enmienda que, como también es corta, voy a leer para
comprobar que su redacción es más operativa que la anterior. Y por lo
tanto, el resultado sería: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a instaurar un proceso de selección continua donde se
integren las aptitudes del aspirante, las preferencias que manifieste
y las necesidades de las Fuerzas Armadas, se introduzcan tareas de
orientación a los aspirantes durante el propio proceso, y la
asignación definitiva de las plazas, de una forma centralizada, se
efectúe a través de los sistemas definidos en la Ley 17/1999 de 18 de
mayo de Régimen de Personal de Fuerzas Armadas, en la que se
garantizan, en todo caso, los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Definido el
nuevo proceso, el Gobierno informará ante la Comisión de Defensa de
las características del mismo y del calendario para su implantación.»
Creemos que esto recoge plenamente todos los elementos de contenido
que se han puesto de manifiesto tanto en la intervención del
representante del Grupo Popular como en la mía propia, y el redactado
es una muestra de que una comisión parlamentaria, de forma
constructiva y estando de acuerdo el grupo que apoya al Gobierno y el
grupo que está en la oposición, puede llegar a fórmulas
satisfactorias para el objetivo que tenemos todos: tener un modelo
profesional de Fuerzas Armadas que sea satisfactorio y que garantice
que nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir aquellas misiones que
tienen y van a tener asignadas en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Honra, evidentemente, al Grupo Popular que haya
aceptado esta enmienda, de lo que la presidencia se alegra, por lo
que tiene también de lógica la intervención tan clara del señor
Marsal.




- SOBRE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA CULTURA DE DEFENSA,
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000670.)



- RELATIVA A LA CULTURA DE DEFENSA, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000930.)



El señor PRESIDENTE: A continuación cerramos el orden del día con el
debate del último punto que son dos proposiciones no de ley
acumuladas: la 5 y la 11, que por el orden de antigüedad de las
mismas van a ser defendidas. En efecto, el Grupo Socialista, por boca
del señor Marsal, puede defender la que figura con el número 5. Tiene
la palabra.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: Esperamos y estamos convencidos de que en
el debate de esta proposición no de ley el Grupo Popular va a mostrar
la misma amplitud de miras que ha tenido en la anterior, ya que
existe, o creemos que existe, una coincidencia fundamental en los
objetivos, e incluso yo diría que en los contenidos, dejando aparte
los matices que hay entre la proposición del Grupo Popular y la
nuestra. Y por lo tanto, con permiso del señor presidente, al mismo
tiempo que presento nuestra proposición, voy a hacer referencia a la
proposición que ha presentado el Grupo Popular.

Constituye ya un acervo, si no de la sociedad española sí al menos de
esta Comisión y del ámbito de la comunidad de defensa, la importancia
que tiene la cultura de defensa para un país. Ha dicho el senador
americano, en el debate que ellos tienen, que únicamente un pueblo
bien formado en la defensa es una garantía de que la defensa sea
eficaz. Y compartimos esta afirmación. En este sentido las
afirmaciones genéricas que existen en la Directiva de defensa
nacional 1/2000, las afirmaciones que realizamos en las conclusiones
de la Comisión Mixta sobre la profesionalización y las propias
referencias que existen a otros documentos hacen que todos
coincidamos en la necesidad de desarrollar y profundizar la cultura
de defensa en nuestro país. Por ello es bueno que, incluso como parte
de este proceso de incremento de la conciencia y de la cultura de
defensa, tengamos este debate en la Comisión.

Creemos que no es suficiente con decir que hay que desarrollar la
cultura de defensa; además tenemos que reflexionar y tenemos que
pronunciarnos sobre qué contenidos debe tener esta cultura de
defensa. Lo de cultura de defensa, como antes decíamos en el proceso
de selección continuada, puede aplicarse en formas distintas.




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Los contenidos de la cultura de defensa pueden ser también distintos.

Estoy convencido de que no tiene que haber profundas diferencias
entre los contenidos de la cultura de defensa que pueda defender el
Gobierno y los que pueda defender este Grupo Socialista, por lo que
nosotros presentamos esta proposición no de ley.

No es nuestra intención decir que presentamos esta proposición no de
ley porque el Gobierno no está haciendo nada y, como que no está
haciendo nada, el Parlamento le tiene que decir que lo haga. No es
éste el sentido. Sin embargo, sí creemos, y tenemos como ejemplo una
respuesta de 15 páginas que se nos transmitió a una pregunta nuestra
sobre qué es lo que estaba haciendo el Gobierno sobre cultura de
defensa, que, a pesar de un listado de actuaciones diversas, que en
principio nos parecen correctas, tal vez aún no exista la suficiente
coordinación y línea política por parte del Gobierno en el desarrollo
de esta cultura de defensa.

La respuesta es una respuesta, por ejemplo, que no tiene carácter
unitario, sino que es la suma de lo que está haciendo el órgano
central por un lado, y lo que está haciendo cada cuartel general por
otro. Y como ejemplo, incluso formal, la sistematización de la
respuesta es totalmente distinta en los apartados de cada uno de los
cuarteles generales. Unos cuarteles generales, por ejemplo, entienden
que forman parte de la cultura de defensa ciertas actividades que
realizan y, en cambio, otros cuarteles generales no lo incluyen, y
por tanto es de suponer que no consideran que aquello forma parte de
su actividad para la cultura de defensa. Por lo tanto es bueno que a
través de esta reflexión que hacemos en esta Comisión de Defensa
ayudemos al Gobierno a desarrollar, a implementar y a definir
claramente el desarrollo de la cultura de defensa.

La propuesta que realiza el Grupo Popular nos parece que es una
propuesta correcta, pero puramente formal: incide en los instrumentos
y en los métodos por los que el Ministerio de Defensa tiene que
desarrollar esta cultura. La nuestra, además de incluir, y
coincidimos en ello, cuáles son estos instrumentos, ha intentado
introducir también elementos de contenido.

Así, nuestra propuesta, y paso ya a su defensa estricta, resumiéndola
rápidamente, consta de varios puntos. El primer elemento es que se
debe promover esta cultura de defensa en el conjunto de la sociedad
civil, en los movimientos ciudadanos, en las organizaciones no
gubernamentales, etcétera, para que exista una conciencia y una
cultura de que la defensa no es algo marginal a la sociedad, sino que
forma parte de la propia existencia de esta sociedad y que, por
tanto, el propio concepto de defensa, entendido en un sentido
moderno, forma parte también de la propia existencia y del
mantenimiento de las instituciones democráticas en esta sociedad.

En el segundo punto hacemos una referencia (yo creo que es un avance
importante y que supone afirmaciones incluso de cierto riesgo para
nosotros mismos)
de que uno de los ámbitos fundamentales en que debe desarrollarse
esta cultura de defensa es el sistema educativo general; lógicamente,
el mundo universitario es evidente que es un elemento central, pero
el conjunto del ámbito de la educación es un medio básico.

Y entramos a partir de aquí en el elemento de cuáles son los
contenidos que debe tener esta cultura de defensa. Por ejemplo, en el
punto tercero introducimos uno de los documentos que refleja lo que
entendemos que debe ser la cultura de defensa, cultura de paz,
cultura de respeto de las instituciones de defensa, de las libertades
y de la democracia; es un documento, como pueden ser otros, nosotros
aquí ponemos un ejemplo, que es el código de conducta sobre los
aspectos político militares de la seguridad que fue adoptado por los
Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa, que entró en vigor el 1 de enero de 1995; por
tanto, es un documento en vigor, es un documento aprobado por el
Gobierno español, y que compartimos con toda seguridad.

Introducimos a continuación una reflexión y un elemento tal vez más
novedoso: el desarrollo de la cultura de la defensa no comporta
únicamente una actitud de promoción del Gobierno en el conjunto de la
sociedad civil de esta cultura de defensa, sino que hay también otro
elemento importante, que es el propio desarrollo de la cultura de
defensa como un elemento fundamental en la propia enseñanza militar.

La enseñanza militar ha sufrido (en el buen sentido de la palabra)
avances importantes, los contenidos de los planes de estudio se han
ido adaptando a lo largo de los años de desarrollo de la democracia,
y creemos que en esta línea debemos ir avanzando. Hacemos unas
propuestas de avance en esta línea. Así, en el punto cuarto, creemos
que la enseñanza militar debe incorporar plenamente y desarrollar
como una filosofía general de lo que es el papel de las Fuerzas
Armadas, conceptos como la cultura de paz y seguridad compartida y
defensa colectiva, que se basa en valores comunes de democracia,
desarrollo sostenible y solidario, respeto a los derechos humanos y
tolerancia; o la identidad europea de seguridad y defensa, como pilar
de la construcción de la Unión Europea; o las propias reflexiones
sobre el derecho de injerencia humanitaria, su justificación, fines y
aplicaciones.

Y por lo tanto, en el punto quinto proponemos que se realice una
actualización en este sentido de los planes de estudio en un marco
fundamental que todos compartimos, que es asegurar, garantizar que el
sistema educativo militar y los planes de estudio se ajustan a los
criterios señalados en los apartados anteriores y basada en el
principio de fomentar los principios y valores constitucionales,
contemplando la pluralidad cultural de España, redacción que está
tomada al pie de la letra de lo que ya se contempla en el artículo
70.1.b) de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, y al cual tantas referencias hacemos.




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Introducimos finalmente dos puntos: uno, que es apoyar a cuantos
institutos, centros, fundaciones, asociaciones desarrollan una
actividad en este sentido, por lo que éste es un punto claramente
instrumental, en la misma línea de la propuesta del Grupo Popular; y
otro (que es un elemento muy concreto en el que creemos que en el
fondo puede haber acuerdo, y tal vez tendría que ser fruto de una
iniciativa más concreta para no mezclarlo en el debate general (por
lo que no nos hacemos fuertes en él en este momento) es instituir un
premio con carácter anual que sirva para reconocer los méritos y
servir de ejemplo ante la sociedad y ante las Fuerzas Armadas de
aquellos (sean individuos o colectivos) que se hayan distinguido en
la defensa y promoción de la cultura de la defensa. Creo que éste es
un elemento importante. Y hacemos una propuesta concreta, y es que
este premio tenga un nombre importante y significativo en el
desarrollo de la cultura democrática de defensa y se le diese el
nombre de «Premio Capital General Gutiérrez Mellado».

Evidentemente, acabamos nuestra propuesta en el mismo sentido que
decíamos antes. Como este desarrollo de la cultura de defensa puede
tener distintas implementaciones, instamos al Gobierno a que en el
plazo de un año el informe al Congreso de los Diputados de cuáles son
las acciones que se han llevado a cabo en este sentido para
desarrollar la cultura de defensa.

Creo que nuestra propuesta no es contradictoria con la del Grupo
Popular. La del Grupo Popular se centra, como he dicho, en los
instrumentos; la nuestra también introduce elementos de contenido, en
los que creo que podemos estar de acuerdo. Y por lo tanto, esperamos
que sea posible en este debate llegar a una formulación de un
redactado conjunto de las dos proposiciones que pueda ser votado de
forma unánime por parte de todos los miembros de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Así lo celebraría la presidencia. Tiene la
palabra para defender su proposición sobre el mismo tema el Grupo
Popular, cuyo portavoz tiene la palabra en estos momentos.




El señor ATENCIA ROBLEDO: En primer lugar, voy a presentar la
iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular somete a la
consideración de esta Comisión de Defensa en relación con la cultura
de defensa y sobre la necesidad de incentivar, desarrollar,
profundizar en la misma.

Creo que el ánimo que mueve al Grupo Parlamentario Popular es
coincidente con el ánimo que mueve al Grupo Parlamentario Socialista.

Coincido en esa coincidencia, valga la redundancia, que el señor
Marsal estableció al principio de su intervención en cuanto a los
objetivos que debemos cumplir, e incluso creo que hay un alto grado
de coincidencia en los instrumentos para profundizar, para
desarrollar la cultura de defensa necesaria en nuestro país.




Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es necesario
seguir aumentando los esfuerzos por acercar las Fuerzas Armadas a la
sociedad, cada día más, con vistas a afianzar, a aumentar el
creciente respaldo que la mayoría de los ciudadanos españoles les
otorga. Y en coherencia con las iniciativas desarrolladas, tanto en
la anterior legislatura como en ésta, para el fomento de la cultura
de defensa, nosotros planteamos esta iniciativa.

Cuando se analizan las posiciones de los distintos gobiernos en
relación con la cultura de defensa, hay que partir de la directiva de
defensa nacional de 1992, que si mi memoria no me falla, hace la
primera referencia en un documento de esta categoría a esa necesidad
de desarrollar, profundizar en cultura de defensa. Los elementos más
cercanos que tenemos los encontramos fundamentalmente en la
legislatura pasada y en ésta, por las especiales circunstancias que
se han dado de transformación del escenario estratégico
internacional, de los cambios y mayor compromiso de España no sólo en
lo que ha significado nuestra presencia integrada en el ámbito
militar en la Alianza Atlántica o en otros organismos
internacionales, sino especialmente por la elaboración con mayor
profundidad de la implicación de nuestro país en operaciones de paz y
operaciones de ayuda humanitaria, y por el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas, que en la pasada
legislatura tuvo tan amplio consenso parlamentario. Por impulso del
Gobierno y con respaldo fundamental de los grupos que respaldaban al
Gobierno, pero también del principal grupo de la oposición, se
consiguió el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la
profesionalización, que no sólo se quedaba en eso, como SS.SS. saben,
y que después se ha plasmado en distintos textos de carácter
legislativo, donde sin duda el más importante, como ha dicho el señor
Marsal, es la Ley 17/1999.

Por lo tanto, en coherencia con esas iniciativas y con la directiva
de defensa nacional 1/1990, de 20 de diciembre, donde entre los tres
objetivos básicos de esa directiva ya se señalaba el profundizar y
dedicar esfuerzos a la cultura de defensa, en la vigente directiva de
defensa nacional 1/2000, de 1 de diciembre del pasado año, que ha
sustituido a la anterior y que tiene por objeto establecer las líneas
básicas de la política del Gobierno en el área de defensa, se ha
incluido entre sus objetivos prioritarios el fomento de la conciencia
de defensa nacional en la sociedad española a través de la cultura de
defensa.

Después de esta directiva de defensa nacional del presidente del
Gobierno, como SS.SS. saben, el Gobierno modificó la estructura
orgánica del Ministerio de Defensa. Y en esa modificación de la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, creando la Secretaría
General de Política de Defensa, además de otros objetivos, que no
vienen al caso del debate que tenemos, fundamentalmente se establece
la creación de una



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Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa. Se
crea por real decreto de 27 de enero del presente año, 2001, con
objeto de promocionar, difundir y fomentar la conciencia de defensa
nacional. Es decir, el interés de la sociedad española en los temas
relacionados con la defensa y la seguridad de los españoles el cambio
de la nueva coyuntura y los nuevos perfiles que tiene la política de
seguridad y defensa de España, pero en ese marco colectivo,
compartido, en el que nos encontramos.

Creo que es un hito importante a la hora de valorar lo realizado en
los últimos tiempos, y agradezco las palabras del portavoz del Grupo
Socialista, cuando dice que si vienen a plantear esta iniciativa no
es porque el Gobierno no haya hecho nada, sino porque quieren aportar
nuestras reflexiones. Ese espíritu que, sin ninguna duda, anima al
Grupo Socialista lo aplaudimos desde el Grupo Popular y vemos además
que es la contribución leal, la contribución de un grupo que ha sido
gobierno y que aspira a ser gobierno y que, en cualquier caso, en
esta materia siempre tenderemos a encontrarnos en la posición en que
cada uno esté. El que aspire a ser gobierno, no significa que
nosotros le vayamos a ayudar, pero en términos políticos lo
importante y fundamental en este asunto es que las principales
fuerzas políticas, sin excluir a ninguna, fundamentalmente las
fuerzas políticas que son fuerzas de gobierno o partidos del
gobierno, se esté o no en el Gobierno, vayamos alcanzando criterios
en este sentido. Aquí hay algunas otras fuerzas que son también parte
del Gobierno en un ámbito territorial, que han contribuido desde la
transición democrática de forma muy importante al gobierno de España
y al avance en la conquista de las libertades y en el mantenimiento y
profundización de las libertades. Creo que en esta materia tenemos un
amplio nivel de acuerdo, y sobre todo la voluntad de no quedarnos
parados. Es decir, la voluntad de que, en la medida en que se avance,
podamos hacerlo con el mayor consenso posible.

La iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Popular, señor
presidente, plantea en un texto global mecanismos, instrumentos,
mediante los que entendemos que se debe impulsar la política de
profundización en la cultura de defensa. Y después, refiriéndome a la
iniciativa del Grupo Socialista, haré referencia a algunas
actuaciones que, sin duda, SS.SS. conocen, pero que creo que es
obligado hacer referencia a ellas, actuaciones que por parte del
Gobierno se han puesto en marcha.

Proponemos, en primer lugar, como es lógico, que se impulsen las
acciones necesarias para interesar a la sociedad española en el
conocimiento, en el debate, en la reflexión sobre el nuevo concepto
de defensa nacional. Los que estamos dedicados a estas tareas la
conocemos bien, pero la sociedad española debe conocerla, porque la
sociedad española puede tener nula percepción o una percepción que
corresponde a conceptos superados, afortunadamente. Y por tanto, ese
marco
más amplio de seguridad compartida con nuestros socios y aliados en
el que está enmarcada la política de defensa española debe ser
conocida por la sociedad española a través de todos los instrumentos.

Proponemos en esta iniciativa, en particular, que en el ámbito de la
cultura de defensa se promueva todo ese conjunto de iniciativas que,
en colaboración con universidades o instituciones educativas,
estudien, analicen o debatan las cuestiones relacionadas con la paz,
con la seguridad y con la defensa. Y también entendemos que deben
impulsarse acciones culturales y de preservación del patrimonio
histórico artístico vinculado a lo que es el departamento del
Ministerio de Defensa y un conjunto de iniciativas que signifiquen un
fogueo y una relación con todos los medios de comunicación social, a
fin de profundizar y de difundir la conciencia de defensa nacional en
el seno de la sociedad española, una sociedad democrática del siglo
XXI. También nos parece importante, y lo planteamos desde el grupo
que respalda al Gobierno, que se coordinen los esfuerzos que se
realizan por parte del Ministerio de Defensa para conseguir que el
ciudadano tenga un conocimiento más profundo de la realidad de sus
Fuerzas Armadas. Ésos son los objetivos, el tenor casi literal de
esta iniciativa, que coincide en muchos aspectos con lo que ha sido
defendido por parte del Grupo Socialista. Ésta no es una iniciativa
en el aire; en el reciente debate del estado de la nación, en una de
las resoluciones aprobadas, hay una referencia específica al fomento,
al impulso de la política de la cultura de defensa. Reconozco incluso
que el tenor literal de la resolución aprobada es coincidente con el
inicio de nuestra iniciativa, lo que pasa es que nosotros
profundizamos en más aspectos que el carácter que aquel tipo de
debate nos permitió hacer. Esta iniciativa la hemos planteado porque
entendemos que ésa es una preocupación del Gobierno, del Grupo
Parlamentario Popular, sabemos que también del Grupo Socialista y
demás grupos de esta Cámara, pero nos parecía bueno el debate en esta
Comisión.

Nosotros no estamos cerrados a recibir propuestas de otros grupos y a
poder avanzar. Desgraciadamente el propio desarrollo del debate lo
complica cuando hay dos textos que tienen tenor distinto. Hemos
procurado establecer unas líneas básicas, donde debe moverse, y el
Grupo Socialista ha buscado una profundización y concreción que
nosotros agradecemos, pero que complica la posibilidad de sacar un
texto conjunto. De todas formas, no me parece que aquí sea lo
esencial. Por encima del resultado del voto final del texto que se
apruebe, lo que sí nos parece importante es resaltar las
coincidencias.

En todo caso me gustaría destacar que el Grupo Parlamentario Popular,
y ya estoy, señor presidente, fijando posición respecto a la
iniciativa del Grupo Socialista, si bien se muestra conforme con la
argumentación utilizada por el portavoz titular del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Marsal, en el sentido de que la res
ponsabilidad



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en materia de cultura de defensa afecta al conjunto de todos los
órganos del Gobierno, no es menos cierto que, como he dicho antes,
por parte del Gobierno de la nación y especialmente del Ministerio de
Defensa se han dado pasos muy importantes que recogen plenamente el
espíritu de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Socialista.

No voy a incidir en lo que ya he dicho para justificar nuestra
iniciativa: los principios, las referencias que se han mencionado, no
sólo la directiva de defensa nacional del año 1992, sino la directiva
de defensa nacional del año 1996, y así concretamente a los que la
propia directiva de defensa nacional vigente del año 2000 incluye
entre sus tres objetivos prioritarios el de fomentar la conciencia de
defensa nacional en la sociedad española a través de la cultura de
defensa, y que concreta, como una de sus líneas básicas, impulsar
decididamente la cultura de defensa de la sociedad española, de
manera que perciba como propias las cuestiones relacionadas con su
seguridad, su libertad y la defensa de sus intereses.

Posteriormente, y simplemente hago alguna referencia temporal al tema
de las iniciativas, mediante la modificación de la estructura básica
del Ministerio de Defensa de principios del presente año se creó la
Secretaría General de Política de Defensa, a la que antes hice
referencia, y como consecuencia de ello la creación de la Dirección
General de Relaciones Institucionales de Defensa. Además no es una
novedad, es una práctica continuada del Ministerio de Defensa en los
últimos años, gobernase quien gobernase, pero que especialmente se
hace referencia como consecuencia de la reforma de la estructura
orgánica del Ministerio de Defensa, se le encomienda al Instituto
Español de Estudios Estratégicos la labor de impulsar, de coordinar
la política de promoción, difusión y fomento de la conciencia de
defensa nacional. Y a tal fin se potenciará las actuaciones conjuntas
con otros ministerios, con otros ámbitos de la Administración, como
puede ser el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y las
universidades e instituciones educativas. Es decir, que ése ya no es
un mandato que ahora nos podamos sacar de la manga; es, en
definitiva, una línea de actuación que el propio Gobierno de la
nación al reformar, al establecer la nueva estructura orgánica del
Ministerio de Defensa, establece expresamente en uno de los
organismos ya existentes, que se enmarca dentro de la Secretaría
General de Política de Defensa.

Y en este sentido, nos parece que hay que recordar algunas
actuaciones, que sin duda SS.SS. conocen, y que especialmente por
impulso del Ministerio de Defensa se están llevando a cabo en esta
materia. Y en ese sentido me gustaría decir, en relación con la
propuesta 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista, que las
diferentes directrices generales de los planes de estudio de los
militares profesionales ya aprobadas o en trámite de regulación
orgánica contemplan, entre
otros, los principios y valores constitucionales, a los que ha hecho
referencia el señor Marsal: la pluralidad cultural de España, la
formación cívica y humanitaria en la cual se incluyen aspectos de
misiones de paz, la Unión Europea, organismos internacionales,
etcétera. Además, cabe señalar que las directrices a las que acabo de
hacer mención tienen como objetivo adaptar los planes de estudio hoy
en vigor a los nuevos mandatos de la ley de la profesionalización, la
Ley 17/1999 del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, teniendo
presente siempre que el sistema de enseñanza militar está integrado
en el sistema educativo general.

Además, señorías, creo que es oportuno recordar las actividades que
realiza el Centro de Estudios de la Defensa Nacional, CESEDEN, en el
que algunos miembros, yo creo que bastantes miembros de esta
Comisión, hemos tenido oportunidad de asistir a distintos cursos o
a actividades organizadas, y ver qué actividades se realizan para
contribuir a la apertura social en general y al ámbito universitario
en particular, con una amplia difusión de los nuevos conceptos, los
nuevos planteamientos en política de seguridad y defensa que están
teniendo importante repercusión. El señor Marsal ha hecho referencia
a una pregunta del diputado don Alberto Moragues en la que el
Gobierno detallaba todas esas actividades, pregunta a la que
lógicamente, como está publicada, tenemos acceso todos los miembros
de esta Cámara.

Asimismo me gustaría destacar en relación con los objetivos 3 y 4 de
la proposición no de ley del Grupo Socialista, en relación con los
altos estudios militares, que los conceptos de cultura y paz,
seguridad compartida y defensa colectiva, iniciativa europea de
seguridad y defensa, injerencia humanitaria, así como el código de
conducta sobre los aspectos político-militares de la seguridad, están
presentes con marcada importancia tanto en el curso de Alto Estado
Mayor como en el curso de capacitación para el ascenso, tanto en los
empleos de general de brigada como de contraalmirante.

Y para finalizar, las actividades que realiza el CESEDEN en apoyo de
institutos, centros, fundaciones, asociaciones o cualquier otra
entidad de carácter público o privado, es cada año, cada día mayor.

Todo ello, como SS.SS. saben, con la finalidad de promover o difundir
la cultura de defensa.

Es verdad que se pueden hacer más cosas, es verdad que aparecen
nuevas circunstancias, es verdad que todavía no se han alcanzado los
objetivos que en esta materia sin duda a SS.SS. y a nosotros mismos
nos gustaría, pero creo que ha habido un importante avance en los
últimos años y nos parece que, en todo caso, es necesario impulsar,
instar al Gobierno para poner en marcha más iniciativas, para animar
a que la sociedad se implique, para implicar a los medios de
comunicación, para que el papel activo de la universidad sea cada vez
más y en más universidades, para coordinar las actividades del
Ministerio, y por eso, señorías, entendemos



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que la iniciativa que formula el Grupo Parlamentario Popular, con los
debidos respetos para la buena iniciativa del Grupo Socialista, es la
que este grupo parlamentario va a respaldar.

Quiero decir a SS.SS. que el no poder respaldar la iniciativa del
Grupo Socialista no significa ninguna falta de respeto ni de atención
ni de valoración parar el esfuerzo que el Grupo Parlamentario
Socialista hace no sólo con esta iniciativa, sino permanentemente con
su preocupación por estas materias. El problema es que el propio
debate de la iniciativa y el tenor en el que estamos, nos dificulta
mucho poder aprobarla de otra forma. Pero en cualquier caso, y lo
sabe el señor Marsal y lo hago extensivo a todas SS.SS., señor
presidente, que la disposición, la voluntad del Grupo Parlamentario
Popular es avanzar entre todos en lo que significan las políticas de
profundización en la cultura de defensa, en la necesidad de que la
conciencia de defensa nacional cale en nuestra sociedad conforme a
los valores constitucionales y democráticos y a la realidad que en
este momento preside nuestro país, y en ese sentido creo que ninguna
aportación es baladí.

Quiero insistir en este aspecto porque el no respaldo a la iniciativa
del Grupo Socialista en modo alguno significa que no compartamos ni
los objetivos ni muchas de las medidas que se plantean, sin perjuicio
de que, como he dicho, algunas referencias que se hacen en la misma
en este momento están contempladas y se está profundizando en ellas.

Por tanto, impulsar medidas que ya se están desarrollando, está bien,
pero, aunque lo que abunda no daña, no nos parece acertado y creemos
que en la línea en la que hay que trabajar es en la que plantea
nuestra iniciativa. Insisto con la mayor humildad y el mayor respeto
a la iniciativa que tan bien como siempre ha defendido el señor
Marsal.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Atencia, por también su
clarificadora intervención. Ha pedido la palabra para fijar posición
por el Grupo Catalán el señor Carles Campuzano, que tiene la palabra,
por el tiempo más breve posible.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Estas dos iniciativas del Grupo Popular
y del Grupo Socialista inciden sobre una cuestión que ha sido objeto
de múltiples intervenciones por parte de los responsables del
Ministerio de Defensa en los últimos años, como es el fomentar ese
concepto a veces polémico de la cultura de la defensa.

Es evidente que en el Estado español la valoración del papel de los
profesionales de las Fuerzas Armadas es la que es, y que a lo largo
de estos años se han sucedido fenómenos de carácter sociológico
seguramente únicos en el conjunto de la Unión Europea. Somos el
Estado de la Unión con un mayor número de objetores de conciencia,
somos el Estado de la Unión Europea donde un movimiento social como
la insumisión ha
encontrado un amplio apoyo social y político, somos un Estado de la
Unión Europea donde el proceso de desaparición del servicio militar
obligatorio está íntimamente relacionado con el desapego que buena
parte de la ciudadanía del Estado español tiene ante la institución
de las Fuerzas Armadas. Y es evidente en este sentido que las
iniciativas que desde los diversos gobiernos del Estado se han
producido en esta materia, seguramente no han podido corregir
tendencias de fondo y de muchísimos años. Algunas de ellas
directamente relacionadas con el papel en la política interna
española que han tenido las Fuerzas Armadas a lo largo del siglo XIX
y del siglo XX, de la escasa presencia de las Fuerzas Armadas en los
conflictos bélicos que han caracterizado al siglo XX, el aislamiento
que ha vivido España como resultado de la guerra civil y de la
posterior dictadura franquista. También, en ese paisaje que nos
permite entender por qué las Fuerzas Armadas han tenido esa
valoración en el conjunto de la sociedad, el porqué esa deseada
cultura de defensa es tan débil, es evidente que la no presencia en
las Fuerzas Armadas del carácter nacional de Cataluña, del País Vasco
y de Galicia, contribuye a ese alejamiento.

En este sentido entendemos que algunas de las consideraciones que
realizan estas proposiciones no de ley seguramente son oportunas,
pero me gustaría apuntar simplemente cuatro ideas. Una, que una mayor
cultura de defensa exige una mayor transparencia en los asuntos
militares de la que hasta ahora hemos tenido. Dos, que una mayor
cultura de defensa implica empezar a hablar de una cultura de
seguridad en el conjunto de Europa. Hoy creo que queda obsoleto el
insistir en el concepto de defensa a nivel de Estado, cuando el reto
que tenemos en los próximos años es construir una cultura europea de
seguridad y de paz. Tres, que la colaboración con la sociedad civil
debe extenderse también a aquellos que son críticos con la política
de defensa. Yo creo que uno de los fracasos hasta ahora en esta
materia ha sido tan sólo buscar la complicidad y alianza de quien ya
está convencido. Y cuatro, en este sentido significativo de la
propuesta del Grupo Socialista, esa dimensión plurinacional del
Estado español debe de encontrar también algún reflejo en las Fuerzas
Armadas. Si no es así, yo creo que la distancia entre el ejército
español y buena parte de las sociedades del Estado va a continuar
reflejándose.

Y un último comentario. No sé cómo, en el contexto de este nefasto
septiembre del año 2001, podríamos articular estas proposiciones no
de ley ante las nuevas necesidades que en esta materia de seguridad
se imponen después del 11 de septiembre, y cómo seríamos capaces
quizás de articular una cultura de paz y de seguridad que permita
acercarnos a Marruecos, a Argelia, que son aquellos Estados con los
que hoy España debe de reforzar sus relaciones desde la perspectiva
de su seguridad y de la seguridad compartida que deberíamos tener con
esas sociedades. Quizás hubiese valido



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la pena haber introducido alguna referencia a ese aspecto de la
dimensión mediterránea ante la perspectiva de la próxima presidencia
española de la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de todas las
proposiciones. (El señor Marsal i Muntalá pide la palabra.)
Tiene la palabra.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: Si me permite, para hacer una propuesta de
síntesis de las dos proposiciones. No hemos presentado una enmienda a
la propuesta del Grupo Popular porque teníamos la esperanza, por lo
que habíamos hablado, de que se haría una propuesta de síntesis de
los dos por parte del propio Grupo Popular. Nosotros tenemos
preparada una, que creo podría ser una fórmula que permitiese votar
un solo texto en el que se recogiese el sentido de las intervenciones
del señor Atencia y mías.




El señor PRESIDENTE: Esta presidencia no tiene ningún inconveniente,
si el Grupo Popular acepta esta fórmula, en este método de trabajo y
coincide además con la suspensión de la sesión por cinco minutos, a
los efectos de esperar a algún rezagado.

Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Señores, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a
la votación, conforme habíamos convenido, a partir de la una de la
tarde.

La votación se va a producir conforme viene en el orden del día, y no
cómo ha sido la discusión. En la discusión se ha alterado el orden
del día a los efectos sólo de facilitar a algunos de los diputados su
presencia en otras comisiones.

Así pues, empezamos con la votación de la primera proposición sobre
finalización de la utilización de la zona de las Bardenas como
polígono de tiro del ejército. Se había recibido una autoenmienda,
por así decirlo bien, y que sustituía al texto originario.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 3;
votos en contra, 16; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La segunda proposición es relativa al castillo de A Palma en
Mugardos, en A Coruña, defendida también por el Grupo Mixto. Ha
recibido asimismo una enmienda del Grupo Socialista, cuyo texto
conjunto se vota en este acto.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
votos en contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las proposiciones 3, 4 y 7 se votan de forma conjunta en sus términos
respectivos.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
votos en contra, 18; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se vota también de forma conjunta la 5 y la 11, de las que ha
resultado un texto unido, al que da lectura el señor Marsal.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: Si me permite, señor presidente, no es
largo, además difícilmente podríamos votar algo de lo que no tiene
conocimiento el conjunto de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: No me refiero a eso, me refiero a que hubiese
una explicación sobre lo que se ha incluido de una y de otra, y allá
los que estaban ausentes, pero no leer toda la proposición. Adelante,
de todas maneras.




El señor MARSAL I MUNTALÁ: Sí, señor presidente, hemos llegado al
acuerdo de un redactado único que nos permitiría retirar las
proposiciones del Grupo Popular y la nuestra y poner a votación este
texto que es síntesis resumida, y por lo tanto no será largo de leer,
de los dos textos. Así quedaría el texto que después pasaré a la
presidencia: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno», primer
punto sería el texto del Grupo Popular, con el único cambio que donde
dice «a impulsar y llevar a cabo», diga «seguir impulsando y llevando
a cabo»; el segundo punto quedaría redactado de la siguiente manera:
«seguir impulsando una cultura de defensa basada en los valores
comunes de la democracia, los derechos humanos y el Estado de
derecho, un concepto integral de la seguridad que relaciona la
consecución y el mantenimiento de la paz con el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, el desarrollo de
un concepto de unas fuerzas armadas al servicio de la paz, de la
solidaridad, de la democracia, de los derechos humanos y de los
valores, derechos y libertades establecidos en la Constitución».

Tercer punto: «seguir profundizando en los planes de estudios de las
enseñanzas militares, desarrollando los conceptos de cultura de paz y
seguridad compartida y defensa colectiva, basada en los valores
comunes de la democracia y solidaridad, identidad europea de
seguridad y defensa en el marco de la Unión Europea y de la OTAN,
derecho de injerencia humanitaria…, fomento de los principios
y valores constitucionales contemplando la pluralidad cultural de
España»; y, como cuarto punto, «informar a la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados en el plazo máximo de un año de las medidas
realizadas y los resultados conseguidos».




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El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 31;
votos en contra, 1; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El punto sexto corresponde también a una proposición no de ley que ha
recibido tres enmiendas, y como resultado ha dado un texto también de
transacción, que le ruego al secretario que de lectura a la Comisión.




El señor SECRETARIO (Ricomá de Castellarnau): «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para
avanzar en la asignación de recursos destinados: a) programas
específicos de desminado y asistencia a las víctimas a través del
apoyo financiero, tanto de carácter bilateral como multilateral;
programas que contemplen acciones educativas y sensibilización de la
población civil afectada por la masiva presencia de minas
antipersonales; programas y proyectos para la detección,
desactivación y desmantelamiento de minas en otros Estados; las
aportaciones al fondo fiduciario de las Naciones Unidas para
programas de desminado; b) Acuerde el estudio, a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, de una convocatoria de ayudas
a organizaciones no gubernamentales para que éstas lleven a cabo
programas de cooperación y asistencia a las víctimas de minas
antipersonales, incluyendo programas de concienciación, prevención de
accidentes, educación y rehabilitación; c) estudie la posibilidad de
incrementar el personal militar profesional destacado en tareas de
desminado en misiones específicas para realizar las correspondientes
actuaciones de detección, limpieza y eliminación de las minas
antipersonales, de acuerdo con los compromisos o acuerdos de
cooperación para operaciones de desminado que, por acuerdo bilateral
o a solicitud de los organismos internacionales, hayan sido
contraídos por el Estado español; d) continúe impulsado las
iniciativas en el seno de la comunidad internacional, y más
concretamente en el seno de la Unión Europea, destinadas a incorporar
nuevas adhesiones de Estados a la Convención de Ottawa.




Efectuada la votación dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




Pasamos a la proposición cuyo enunciado es relativo a la
desafectación para uso de la defensa de la sierra del Retín,
propuesta de Izquierda Unida que recibió una enmienda del Grupo
Socialista, y que no aceptó. Se somete, entonces, a votación la
proposición no de ley del grupo proponente.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 2;
votos en contra, 31; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a la proposición número 9, del Grupo Socialista, cuyo enunciado
es sobre desafectación y cesión de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), de los terrenos de
Camposoto en San Fernando (Cádiz), sin enmienda ninguna, en sus
términos.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
votos en contra, 18; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Respecto de la proposición décima y última de las votaciones, sobre
instauración de un proceso de selección continua para el ingreso en
las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería,
tenía una enmienda que fue asumida. La proposición es del Grupo
Popular y fue asumida la enmienda del Grupo Socialista. Lo que se
vota es un texto de voluntad unificada, ya luego lo veremos en el
boletín.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.




Nota.-El presente «Diario de sesiones», de la Comisión de Defensa,
del 26 de septiembre de 2001, no guarda la relación cronológica
habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de
Sesiones» ya elaborados.