Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 183, de 06/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 183
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA REYES MONTSENY MASIP,
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 6 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre modificaciones legales para el desarrollo de un cargo de
dirección política en un partido político, o elegido diputado
autonómico o concejal de un ayuntamiento, que no tiene retribución
periódica y/o dedicación exclusiva. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
000230.) . . . (Página 5390)
- Sobre medidas para facilitar la inserción laboral y social de los
inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000298.) . . .
- Para la realización de un estudio comparativo de las reformas
efectuadas en los sistemas de protección de la Seguridad Social de
los países europeos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente 161/000299.) . . .
- Relativa a la adopción de medidas para el reconocimiento del
permiso de paternidad. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000356.) . . .
- Relativa a la revisión de la valoración de discapacidad conferida a
las personas afectadas con infección por VIH-Sida. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000375.) .
. . (Página 5403)
- Relativa a la modificación de los criterios de valoración de la
incapacidad de las personas afectadas por el VIH-Sida. Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto-BNG. (Número de expediente 161/000154.)
. . . (Página 5403)
Se abre la sesión de las diez y cincuenta minutos de la mañana
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE MODIFICACIONES LEGALES PARA EL DESARROLLO DE UN CARGO DE
DIRECCIÓN POLÍTICA EN UN PARTIDO POLÍTICO, O ELEGIDO DIPUTADO
AUTONÓMICO O CONCEJAL DE UN AYUNTAMIENTO, QUE NO TIENE RETRIBUCIÓN
PERIÓDICA Y/O DEDICACIÓN EXCLUSIVA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000230.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Iniciamos esta sesión de
la Comisión de Política Social y Empleo. Pongo en conocimiento de SS.
SS. que ha habido una solicitud de alteración del orden del día. El
Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, tenía
formulada una proposición no de ley exacta a la que hoy se debate en
el punto quinto del orden del día. El artículo 195 del Reglamento
establece que se podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes de
la discusión de la proposición no de ley. No ha habido presentación
de enmiendas. Si todas SS. SS. están de acuerdo, aceptaría la
solicitud del Bloque Nacionalista Galego de debatir y acumular esta
proposición no de ley, puesto que es exacta a la que vamos a debatir
aquí. ¿Hay algún inconveniente? (Pausa.) Queda acordado.
Las votaciones se acumularán al final de la celebración de esta
sesión, y no serán antes de las trece horas.
Pasamos a debatir la proposición no de ley sobre modificaciones
legales para el desarrollo de un cargo de dirección política en un
partido político, o elegido diputado autonómico o concejal de un
ayuntamiento, que no tiene retribución periódica y/o dedicación
exclusiva.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): La propuesta que formula Izquierda
Unida pretende instar al Gobierno a que desarrolle las medidas
legales que permitan a trabajadores de las empresa privadas,
contratados laborales de las administraciones públicas, obtener la
excedencia forzosa o servicios especiales con reserva de puesto de
trabajo y antigüedad en el supuesto de que sea elegido miembro de una
asamblea autonómica o corporación local, cuando carece de retribución
periódica o dedicación exclusiva o es electo cargo de dirección en
una formación política. No creo que sea necesario recordar la
regulación de los derechos de esta naturaleza que existen en la
legislación española, conocidos por sus señorías. Lo que pretendemos
no es otra cosa que resolver evidentes lesiones de los derechos
políticos de los elegidos, que se constatan en la legislación
española, reguladora de estos derechos. Merece la pena que llamemos
la atención sobre la ausencia de derechos de excedencia forzosa o
situación especial para cargos de representación política en las
organizaciones políticas. Esta es una laguna legal que limita el
ejercicio de los derechos políticos cuando estos se ejercen en el
seno de unas fuerzas políticas, a las que consideramos fundamentales
para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia. En este
caso sólo resta la salida de la excedencia voluntaria sin reserva de
puesto ni de derechos inherentes. Tampoco se expresa igualdad de
derechos en el caso de diputados autonómicos cuando estatutos o
reglamentos no contemplan retribuciones periódicas, ni en
ayuntamientos, cuando no se reconoce la dedicación exclusiva. Nos
encontramos, por tanto, con la situación de hacer política en los
ratos libres o de dedicar a la política a quien tiene recursos
económicos. Ambas cuestiones, ratos libres o recursos para hacer
política, determinadas por la única técnica posible de los permisos,
suponen debilitar la eficiencia o poner al conjunto de los cargos
electos en algunas instituciones al arbitrio de la correspondiente
mayoría política. Corresponde a la ley producir el equilibrio y
equiparación de derechos; no parece justificable esta diferencia de
derechos para el ejercicio de la política entre los trabajadores o
incluso entre instituciones.
Estamos seguros que comprenderán la importancia de producir esta
equiparación de derechos y estarán de acuerdo en promover las
reformas legales que proponemos.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muy brevemente, voy a manifestar nuestro voto
favorable a esta proposición no de ley que, en definitiva, pretende
instar a un mejor desarrollo de lo que ya se propone en el artículo
42 de la Ley de acompañamiento de los presupuestos, que a su vez
reconduce el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Entendemos que la competencia que queda pendiente, esta
discrecionalidad hay que regularla, de forma que la nueva redacción
permita que en este artículo 42, las presidencias, vicepresidencias,
delegaciones o detentar responsabilidades en ayuntamientos, entidades
locales o parlamentos autonómicos, tuvieran una cobertura igual que
los otros elementos de elección. La ausencia de derechos de
excedencia forzosa o situación especial para cargos en los partidos,
tendría que estar mejorada en el sentido de que los cargos que se
pudieran detentar en organizaciones políticas tuvieran el refrendo de
una elección congresual. Como principio para poder acogerse a este
derecho de excedencia o de mantenimiento de derechos para los
trabajadores podría establecerse el hecho de pasar por un proceso
electoral público, como puede ser el autonómico o el municipal, o
interno de un partido sujeto a un reglamento o a unos estatutos
suscritos y registrados convenientemente. De todas formas, entendemos
que se puede mejorar en el momento en que este proyecto tire hacia
delante y entonces estableceríamos las correcciones para que este
punto quedara corregido.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ i CHAMOSA: El Grupo Socialista también va a apoyar
esta iniciativa, aunque nos gustaría manifestar una serie de
cuestiones referentes al contenido o al redactado de esta proposición
no de ley. La proposición plantea un problema, que en realidad es muy
importante, porque afecta a cientos de personas y a miles de
compañeros que a veces olvidamos, que son aquellos que hacen un
servicio a la población dedicándose a la política en el primer nivel,
en el nivel más difícil, a veces sin los pocos medios que nosotros
tenemos. A veces nos quejamos, pero en realidad los que menos medios
tienen son los que se dedican a los ayuntamientos y en especial a los
ayuntamientos pequeños. Creemos que la proposición no de ley pone
encima de la mesa un problema que todos padecemos. Yo, cuando leía la
proposición no de ley, pensaba en
concejales de cualquier grupo político, pero especialmente del PP o
del PSOE en el País Vasco, en pequeños municipios, que no sólo tienen
que afrontar lo que tienen que afrontar, sino que además se
encuentran con el problema de que no tienen una cobertura jurídica
que les permita desarrollar su actividad con las garantías
suficientes de que mantienen su puesto de trabajo. Es un problema que
debemos afrontar y debemos de trasladarles el mensaje a todos
nuestros compañeros -aquí creo que estamos afectados todos los
partidos políticos- de que realmente nos acordamos de ellos y vamos a
solventar este problema.
Es cierto, como decía el anterior interviniente, que la exposición de
motivos y la propia disposición son un poco farragosas, porque hacen
referencia a varias leyes, entre ellas, a la ley que afecta a los
cargos sindicales, a la Constitución y a las leyes que hacen
referencia a los cargos políticos. Es como si hubiera un totum
revolutum y no hubiera claridad, pero creo que eso no nos debe
impedir ver la realidad del problema que tenemos y la posibilidad de
plantearle solución a ese problema.
Por consiguiente, mi grupo va a apoyar esta enmienda, aunque nos
reservamos la posibilidad, cuando se traiga esta proposición al
Parlamento, de introducir aquellas enmiendas o modificaciones que
creamos convenientes. Creo que esta es una de las proposiciones que
debemos plantear con mayor urgencia, no por nosotros, sino por
aquellos compañeros que hacen una labor que está más cercana al
ciudadano y que el ciudadano ve más a veces, ya que ser concejal en
un pueblo de cien o de quinientos habitantes no es lo mismo que ser
concejal en Barcelona o Madrid. Y es a ellos a los que tenemos que
procurar enviarles el mensaje de que también nos acordamos de ellos y
que vamos a facilitarles su labor en lo que nosotros podamos, que no
es poco, como garantizarles que no van a perder su puesto de trabajo
y que pueden seguir sirviendo a la comunidad.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora López i Chamosa la invito a ocupar
la Presidencia. (La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la
Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra la
señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: En el turno de palabra que voy a iniciar
ahora, lamento no tener una idea tan clara como la que han expuesto
otros portavoces de otras formaciones políticas. Este es un problema
que quizá se podría analizar más en un futuro, pero de una forma
radicalmente distinta de cómo se ha enfocado hasta ahora, por una
razón. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos decía que
existen pequeños municipios donde un determinado concejal que haya
prestado ahí su actividad pública de defensa de los intereses del
municipio queda sin una cobertura
especial cuando se termina dicho ejercicio de su actividad pública.
Si se quiere enfocar esta proposición no de ley para respaldar
actividades públicas, sobre todo de concejales, puesto que hay mucha
legislación al respecto, tanto en el Estatuto de los Trabajadores
como en la Ley de reforma de la Función pública, no debemos olvidar
que en España hay ocho mil municipios y que hay municipios de cien y
de doscientos habitantes, donde la actividad pública de gestionar los
intereses municipales realmente requiere poquísimo tiempo. No es una
actividad similar al desempeño de una función parlamentaria, ya sea
en el Congreso de los Diputados o en el Senado, o bien en el
parlamento de cualquier comunidad autónoma. Yo personalmente conocí
hace escaso tiempo, a una persona que había sido alcalde durante diez
años de un municipio de Barcelona que tenía una población mediana, y
decía : Cambió mi vida totalmente, casi tuve que empezar de cero,
pero había encontrado su ubicación en la sociedad. Entiendo que hay
una serie de personas que por dedicarse a la actividad pública -que
no son ni funcionarios ni trabajan en una gran empresa donde está
perfectamente delimitada la situación de servicios especiales o de
excedencia- pueden ver alterada esa dedicación. Pero, vuelvo
a repetir, que en España hay ocho mil municipios, algunos de mil o
incluso de quinientos habitantes, y la propia legislación laboral
prevé que, si no excede de un veinte por ciento el horario que se
debe dedicar a esa actividad pública, existe esa doble compatibilidad
del ejercicio del trabajo con el desempeño de una función de concejal
en un municipio pequeño; y creo que en ese caso, si nosotros fuéramos
más allá del propio espíritu, sería algo que la propia sociedad civil
no aceptaría. Yo entiendo que la política, tal y como la conocemos
todos, no debe ser ni funcionalizada ni profesionalizada. A una
formación política que, desde el punto de vista jurídico, es una
asociación para la defensa de un ideario y con la vocación de
gobernar una determinada institución, sea el Estado, sea una
comunidad autónoma, sea un municipio, no se va obligado, se va de
forma voluntaria, y todo el mundo en un momento dado puede elegir lo
que le parezca más compatible con su vida profesional y privada. Por
tanto, no quiero cerrar este debate diciendo que el Partido Popular o
el Grupo Parlamentario Popular, que es como a mi me gusta llamarlo,
no entiende la problemática que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista, pero tengo que decir que eso sería un cambio que la
sociedad no sabría entender; se volvería en contra de todas las
formaciones políticas. Por tanto, hoy lamento tener que decir que no
a esa iniciativa, aunque creo que se podría estudiar de una forma más
pormenorizada, mucho más concreta, que no afectara a ocho mil
municipios, y dejar ese debate para más adelante.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Las votaciones se harán
al final. Pasamos a la siguiente proposición no de ley.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Perdone, señora presidenta. ¿No hay
posibilidad de aclarar esta cuestión? Yo tengo la sensación de que no
se han enterado mucho.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Ya conoce S.S. que este
es el funcionamiento.
- SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR LA INSERCIÓN LABORALYSOCIALDE LOS
INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000298.)
VICEPRESIDENTA La señora (López i Chamosa): Por el Grupo Popular,
para defender la siguiente proposición no de ley, tiene la palabra la
señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señorías, esta proposición no de ley que
presenta nuestro grupo, y que además la presentamos al inicio de la
legislatura, tiene su base en la propia exposición de motivos, además
de una intención muy clara. Por un lado, pensamos que la integración
de los inmigrantes en España debe de ser completa, debe de ser total.
(La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la Presidencia.)
Creemos que es necesario favorecer la promoción laboral y, sobre
todo, pensamos que es necesario garantizar la formación laboral
adecuada, así como una mejor cualificación. Y para nosotros esto se
debe de hacer efectivo a través de los planes de formación, que
precisamente deben de ser adaptados. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA: Un momento señora Muñoz. Señorías, la
persona que interviene no se puede centrar. Señor Amador, la persona
que interviene no se puede centrar.
Continúe, señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Por lo tanto, para nosotros estas medidas se
deben de hacer efectivas a través de esos planes de formación y
además se deben de adaptar a las características específicas del
colectivo, precisamente esa línea es la que nosotros hemos querido
resaltar en esta proposición no de ley. Viendo los datos que facilita
el Gobierno en cuanto a recursos y en cuanto a las líneas que se
están adoptando, las directrices nos parecen acertadas, nos parecen
adecuadas. Esta iniciativa no va en el sentido de implantar o de
poner en marcha, va en el sentido de promover, de seguir impulsando,
y yo creo que ese es el motivo de haber traído hoy aquí esta
iniciativa. Nos parece que la integración en el mercado de trabajo de
las personas con especial dificultad se enmarca claramente en el
programa operativo del Fondo Social Europeo para el período 2000-
2006. Además, en el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España
para el año 2000, en la directriz número 9 se señala concretamente
que hay que prestar una atención especial a las necesidades de las
minorías étnicas y de otros grupos de individuos desfavorecidos,
además de elaborar medidas preventivas que faciliten la integración
de todos ellos en el mercado laboral. En el ámbito europeo, el Fondo
Social Europeo y su propio reglamento establecen cuál debe ser la
financiación de esas actuaciones encaminadas a combatir la
discriminación. Por lo tanto, dentro del ámbito español, dentro del
ámbito europeo y también dentro del propio plan de integración de
inmigrantes, así como del Plan Greco, que incluso propone medidas
encaminadas a que esa formación se establezca en los países de
origen, dentro de los tres ámbitos hay directivas comunes con la
misma orientación, por lo que nos parece que es la mejor vía para
poder llegar a una plena integración.
Como decía, hay actuaciones concretas a favor de personas, también en
cuanto a la mejora de la estructura y del propio sistema, así como
medidas de acompañamiento que ya se están poniendo en marcha en
nuestro país. En cualquier caso, el Grupo de Convergència i Unió ha
presentado una enmienda que nos parece interesante recoger.
Efectivamente, tal y como se recoge en la enmienda de Convergència i
Unió, también las comunidades autónomas tiene un papel fundamental e
importantísimo dentro del ámbito competencial en cuanto a las tareas
de formación a ese colectivo, concretamente en cuanto a la formación
profesional. Esperando que pueda ser una proposición no de ley de
consenso, nosotros queremos proponer una enmienda transaccional a
todos los grupos. Como saben los portavoces de los grupos
parlamentarios aquí presentes, la iniciativa va encaminada
a conseguir esa integración sociolaboral, por lo cual nosotros
propondríamos la siguiente redacción: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno, en colaboración con la comunidades autónomas y
respetando su ámbito competencial, a promover programas de
integración socioprofesional a través de medidas de formación en el
empleo que permitan la inserción laboral y social de los inmigrantes,
así como a facilitar el acceso a la formación profesional». Yo creo
que, como decía al principio de mi intervención, esa debe de ser la
línea que debe de inspirar cualquier política de inmigración. Creemos
que la formación es el mejor objetivo para poder llevar a cabo la
integración y que debe hacerse a través de la propia integración
laboral. Qué mejor camino para llevar a cabo esa integración laboral
que favorecer y facilitar la formación.
En cualquier caso, espero que esta proposición no de ley, como decía
al principio, pueda ser aprobada y consensuada por todos lo grupos.
Se está llevando a cabo por parte del Gobierno, pero nos parecía
importante que quedara constancia de que también el Congreso y
los grupos parlamentarios aprueban esa línea de actuación.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz. Ruego dé traslado de
la enmienda a la Mesa.
Paso a dar la palabra al único grupo enmendante, al representante del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: En estos últimos meses, en esta Cámara
hemos tenido multitud de debates en relación a las políticas
dirigidas a las personas inmigrantes y al marco legal que organiza
las cuestiones de inmigración. Hoy, el Grupo Popular nos plantea una
proposición no de ley, sin lugar a dudas bienintencionada. Yo creo
que el conjunto de grupos de la Cámara estamos de acuerdo en que,
desde las administraciones públicas, hay que impulsar políticas
orientadas a facilitar los procesos de inserción en el campo laboral
de los nuevos ciudadanos de países terceros que se incorporan a
nuestra sociedad, y que, evidentemente, en muchos de estos supuestos,
estas personas inmigrantes van a necesitar recursos específicos que
respondan a sus situaciones personales en diversos ámbitos, desde
posibles déficits en el terreno de la formación, hasta posibles
ausencias de mínimos conocimientos para incorporarse con normalidad a
una sociedad seguramente diferente en algunos aspectos a la suya.
Sobre este desideratum, que, insisto, yo creo que goza de un amplio
consenso, nosotros tan solo planteamos una enmienda orientada a dejar
muy claro que, precisamente por la distribución competencial hoy
existente en el Estado español, estas políticas dirigidas a la
formación, a la formación profesional, a la inserción en el empleo,
están en manos de las comunidades autónomas y que, por tanto, es a
ellas a quienes corresponde desarrollar estas actuaciones. En todo
caso, al Gobierno le puede corresponder la acción de impulso político
de las mismas.
Por otro lado, continuamos sin haber resuelto un debate que quedó mal
planteado en la discusión del programa Greco, cual era la
administración de las políticas de integración social de las personas
inmigrantes. Es evidente que ni la proposición no de ley ni nuestra
enmienda abordan esta cuestión, pero yo creo que buena parte del
debate de los próximos años va por ahí. O el Estado español es capaz
de incrementar sus recursos públicos en sus políticas sociales
dirigidas al conjunto de la población, pero muy especialmente a
colectivos con especiales dificultades, o nos va a costar avanzar
hacia un modelo de mayor cohesión social, que es al que creo que
deberíamos aspirar. La proposición no de ley no aborda esa cuestión,
pero estoy seguro de que con la propuesta de transacción que nos
ofrece la señora Muñoz, y que mi grupo ya en estos momentos anuncia
que acepta, asumimos un mayor compromiso para avanzar en esta línea.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Los andalucistas tenemos tantas cuestiones
relacionadas con la inmigración más graves que la presentada que nos
es difícil extraer el problema de la integración socioprofesional o
de la formación profesional de la inmigración de otros problemas
previos. En el último informe, elaborado por el Defensor del Pueblo
en Andalucía, respecto de la situación de inmigración, es curioso
detectar cómo en las encuestas el abanico de problemas y sus
prioridades, desde el punto de vista de los inmigrantes, no coincide
el punto de vista político. Tenemos un asunto entre manos, que es la
regularización. Aparentemente, desde el punto de vista político, lo
más grave es lograr la regularización administrativa de la
inmigración que está en nuestro país. Sin embargo, desde el punto de
vista de ellos mismos, antes está el problema de habitación, de la
insalubridad, de la falta de servicios mínimos, de hacinamiento. Es
decir, consideran que son más importantes otros problemas, y en el
puesto cuarto, quinto o sexto, figura la regularización
administrativa. En la situación en la que se encuentra el sector de
inmigración, absolutamente sumergido, lumpen, en condiciones
infrahumanas, hablamos de los programas de integración sociolaboral.
Naturalmente, mi grupo va a apoyar que haya programas de integración
sociolaboral y que se incorporen a cursos, pero me temo que la
autosatisfacción en este tema es tan baja que es difícil que la
aprobación de la proposición no de ley provoque una autoestima
parlamentaria respecto a lo mucho que avanzamos en la inmigración,
que ya nos ocupamos del nivel de los cursos de formación profesional
que les tenemos que dar. Por tanto, es una especie de apoyo amargo a
este tema. Estamos en la Comisión de Política Social y Empleo, y hay
que entender la propuesta. Naturalmente, es muy importante la
coordinación de las administraciones, de las comunidades con el
Gobierno en estos programas de integración, pero no tengo más remedio
que dejar entrever que, lamentablemente, este no es el estado de la
cuestión, que tenemos otros déficits importantísimos, más graves
dentro del problema de la inmigración que, naturalmente, tenemos que
abordar.
Por tanto, manifiesto mi posición favorable a esta iniciativa, que yo
creo que no puede quedarse exclusivamente en una filosofía en la que
estamos todos de acuerdo, sino en un análisis, desde el punto de
vista del Gobierno, de cual es la dotación presupuestaria que va
a aplicar a estos problemas y, sobre todo, cómo va a solucionar la
regularización de los inmigrantes que existen para que puedan
solicitar la inscripción en estos cursos. De lo contrario, me temo
que estamos haciendo trampas en el solitario, nos estamos engañando a
nosotros mismos y planteando una proposición que posiblemente
solucione parte del problema, pero la raíz es más profunda y más
grave que la que aquí se manifiesta.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Es curioso que una propuesta
susceptible de ser apoyada, aunque sea insuficiente, utilice su
preámbulo para incluir un discurso sobre la inmigración tan
economicista y alejado de la mera afirmación de derechos y dignidad,
que a uno le hace sentir la tentación de ignorarla. A pesar de todas
las dificultades legales o materiales que puedan existir; ¿no creen
ustedes que en el preámbulo de una proposición no de ley podría
afirmarse el derecho universal al trabajo, a la formación o a la
adquisición de habilidades para insertarse socialmente que
corresponden a todo ser humano? Supongo que tienen ustedes
instrucciones de su partido para aprovechar el paso del Pisuerga por
Valladolid, y colar el discurso sobre la inmigración en cada ocasión.
Las interpretaciones que ustedes hacen de la legislación española,
considerando a la población inmigrante como mano de obra
complementaria, es toda una declaración de principios que puede
traducirse en la calle, en la sociedad, como un mensaje de desprecio
que ustedes deberían cuidar. Expresiones similares se han oído en El
Ejido o en los peores momentos de los conflictos de Murcia. Los
inmigrantes tienen el derecho, y nosotros la obligación, de impulsar
la formación necesaria para su integración y la mejora de las
capacidades necesarias para el ejercicio de un trabajo y la promoción
en el mismo. En este sentido, nuestra obligación es integrar a los
inmigrantes en el conjunto del sistema de formación de nuestro país,
sin condenarlos exclusivamente a la periferia del sistema formativo.
Por su contenido restrictivo, la propuesta nos parece insuficiente;
desde luego apoyamos las medidas que ustedes señalan, pero creemos
que las iniciativas a ofrecer a la inmigración deben ser más amplias,
incluibles en programas específicos de educación, formación y empleo.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Intervengo en nombre del Grupo Socialista
para fijar nuestra posición en relación a la proposición no de ley
que hoy nos presenta el Partido Popular. En aras al rigor y por la
seriedad y preocupación que para los socialistas tiene el tema de la
inmigración, fundamentalmente después de ver los planteamientos del
Partido Popular en este tema, nos gustaría, al hilo de esta
proposición, analizar el trasfondo de la iniciativa que se nos ha
presentado. Desde hace mucho tiempo, el flujo migratorio en nuestro
país tiene tintes de convertirse en un problema para el Estado, y
así, desgraciadamente, está siendo. Este país, lejos de prepararse
para asumir la inmigración bajo prismas modernos o prismas europeos,
ha optado por un prisma
un poco arcaico. En vez de contemplar la diversidad como un valor
positivo y básico para la convivencia y enriquecedor de la sociedad,
la contempla como una amenaza para la estabilidad. Estas entiendo que
son dos forma de entender la inmigración y sobre ello no cabe ninguna
duda.
En este marco, donde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
tenido muy poco que decir en el tema de la inmigración y ha sido el
Ministerio del Interior quien ha asumido, con más sombras que luces,
la cuestión de la inmigración, ustedes, de modo general y sin ningún
compromiso concreto, nos proponen crear módulos formativos, adaptados
a las especiales características de los inmigrantes. Para objetivar y
legitimar su particular visión de la inmigración, acuden al Foro para
la Integración, según el cual la discriminación en la fase de acceso
al empleo se ampara en algunas ocasiones, y repito, lo dice bien
claro, en algunas ocasiones en la falta de formación de los
trabajadores inmigrantes; no es la única causa. Y a renglón seguido,
ustedes en su proposición, se van a nuestra Constitución para
recordarnos que el derecho a la formación profesional es un derecho
básico de la relación laboral. Hasta aquí, señorías, estamos todos de
acuerdo, pero a partir de aquí, explíquennos por qué determinados
derechos fundamentales, que son inherentes al ser humano como tal y
que también aparecen recogidos en nuestro texto constitucional, no
pueden ejercerlos los inmigrantes en general y sin distinción.
Llegados a este punto, tengo que reconocerle que a uno le surgen
serias dudas sobre el verdadero sentido de su propuesta, profundas
dudas sobre si esta iniciativa no es más que una operación de imagen
y marketing de su partido para distraer la atención de los verdaderos
problemas y necesidades que la inmigración, no sólo la regular sino
también la irregular, tiene en estos momentos en nuestro país, y a la
que usted, por decirlo de algún modo, no les han dado muchas
soluciones. Mi grupo se pregunta, aunque no esperamos su
contestación, si ustedes se sienten verdaderamente satisfechos con
esta medida que nos presentan y si supone el despliegue de toda su
capacidad y de todos sus medios.
Señores del Partido Popular, hacen falta soluciones integrales para
la acogida y la integración de los trabajadores inmigrantes. La
formación es una buena y necesaria medida, pero no es la única ni la
más relevante, y cuando en nuestro país asistimos diariamente a casos
de explotación laboral, a nuevas formas de esclavitud en esta
sociedad moderna, a uno le parece cuando menos ridícula esta medida
aislada si no se acompaña de una política global, rigurosa y también
generosa para este colectivo de personas con derechos a garantizar.
En esta Comisión, señorías, apenas se ha hablado de inmigración desde
la perspectiva laboral y social; debatir sobre el tema de la
formación profesional para los inmigrantes es empezar la casa por el
tejado sin plantear primero cimientos sólidos; hablar de formación
como medida
esperanzadora y de integración a palo seco y, repito, aisladamente,
es querer ponerse una venda para no querer ver los profundos
problemas que achacan a la inmigración en nuestro país. Por lo tanto,
en este momento, donde la cuestión de la inmigración ha desbordado al
Gobierno y también a la sociedad, es más necesario que nunca que esta
Comisión y el ministerio afectado se hagan oír. La inmigración
necesita que se la contemple desde otros prismas, y la visión laboral
y social es fundamental. De aquí, señorías, han de salir propuestas
serenas, serias y previsoras, que hagan fácil la integración de los
trabajadores extranjeros en el conjunto de nuestra sociedad,
propuestas que incentiven el empleo y mejoren las condiciones
sociales, laborales y también formativas de todos los trabajadores,
entre los que incluyo a los inmigrantes. Además, desde el punto de
vista interesado de los propios españoles, la integración de los
inmigrantes en el mundo laboral puede ser necesaria y positiva para
el mantenimiento de nuestro sistema público de pensiones que, con la
baja tasa de natalidad y el envejecimiento de nuestra población,
requiere la incorporación de nuevos cotizantes para asumir el pago de
futuras pensiones. La integración también puede ser beneficiosa para
los trabajadores españoles si se regula en las mismas condiciones y
derechos, porque los trabajadores españoles no tendrían que competir
con trabajadores extranjeros que prestan sus servicios en condiciones
laborales y económicas precarias que empeoran gravemente el mercado
laboral.
Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista votará favorablemente
esta propuesta, así como la enmienda que se ha presentado; cualquier
iniciativa que avance en el camino de la solidaridad y la igualdad es
bien recibida por nuestro grupo y fundamentalmente por el colectivo
de los inmigrantes, a los que, a pesar de todo, esta medida les debe
de saber a poco. Los socialistas le pedimos al Partido Popular que
encauce el debate de la inmigración con miras más amplias; el camino
iniciado está demostrando que no es el más adecuado y provoca
demasiada confrontación. No niguneen el problema ni le pongan
pequeños parches; sean valientes y decididos, porque rectificar a
tiempo no es ninguna debilidad, sino, en todo caso, una gran virtud.
La señora VICEPRESIDENTA: De la intervención de la señora Muñoz
deduzco que se admite la enmienda transaccional presentada por
Convergència i Unió.
-PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS REFORMAS
EFECTUADAS EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE
LOS PAÍSES EUROPEOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000299.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al debate de la tercera proposición
no de ley para la realización de un estudio comparativo de las
reformas efectuadas en los sistemas de protección de la Seguridad
Social en los países europeos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: La proposición que planteamos persigue
justamente lo que ya define el propio título, y lo tenemos que
plantear en esta Comisión habida cuenta de la particular
característica de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo.
Hemos tenido oportunidad de ver y de conocer, dentro de los múltiples
comparecientes que han pasado por dicha Comisión, a los secretarios
de Estado de Seguridad Social de, entre otros países, Alemania,
Suecia, Holanda y Portugal. Hemos visto también cómo diversos
expertos en materias también variadas, económicas, demográficas,
etcétera, nos han puesto sobre aviso sobre la expectativa, previsible
al día de hoy, de una España dentro de cincuenta años con treinta
millones de habitantes y treinta millones de habitantes viejos.
Sabemos que tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de todo
el mundo; incluso estamos observando y asistiendo a fenómenos
novedosos para nosotros, como la inmigración, que en los últimos y
recientes años se vienen produciendo en nuestro país. Incluso
instituciones de tanto prestigio como el INE, el Instituto Nacional
de Estadística, se ha visto en la necesidad de pasar a incorporar,
cara al futuro inmediato, como referente dentro de sus expectativas
demográficas el parámetro de hijos nacidos de los inmigrantes que
residen y trabajan en España, porque este ya empieza a ser un factor
de incidencia en nuestro desarrollo poblacional. La cuestión es que
otros países van por delante y van por delante por su propia
estructura social y económica. Países europeos, como Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Italia, etcétera, tienen un sistema de
previsión que ha sido objeto de una oleada masiva de pensionistas, de
jubilados y, por lo tanto, han tenido experiencias en sus sistemas de
seguridad social que presumiblemente dentro de pocos años nos van a
afectar a nosotros. Dichos países sufrieron la segunda guerra mundial
y tuvieron posteriormente esa generación baby boom después del año
1945, situación que no se produjo en España. Con ello quiero decir
que tenemos referentes en los sistemas de seguridad social en los
cuales se ha avanzado, que nos pueden servir para conocer las medidas
que han adoptado para mantener y preservar la viabilidad y
estabilidad del sistema, para conocer también los problemas reales
con los que se han encontrado y de qué forma y manera los han
acometido. En este sentido, es obvio, y lo decimos en la exposición
de motivos, que las pensiones son, al día de hoy, un elemento
importante del debate, no sólo en España, sino en todos los países
industrializados. Un proceso de adaptación en los sistemas de
protección social se está llevando
a cabo en todos los países de nuestro entorno; lo hemos visto por
supuesto en el caso claro de Alemania, Portugal también tienen una
legislación reciente, y en otros. Todo ello responde a múltiples
factores, y en particular a la madurez de los regímenes de protección
social, al cambio de contexto socioeconómico y a la evolución de las
perspectivas demográficas, y yo diría también sanitarias, con mas
perspectivas de longevidad, las perspectivas de incidencia, que en el
siglo pasado han provocado un enorme incremento de la vida de
nuestros ciudadanos en relación a cuando nació el sistema de
protección social en España. En los últimos cuarenta años las
personas que llegan a los 65 años tienen siete años más de vida que
quienes vivieron hace cuarenta años y, por lo tanto, perciben siete
años más de pensiones. Todas estas razones parece que nos obligan a
que ante este nivel de comparecencias y de estudios, fuera más que
oportuno que el Gobierno facilitara a la Comisión no permanente del
Pacto de Toledo un análisis detallado, un estudio de derecho
comparado, sobre los sistemas de protección social, de Seguridad
Social de los países europeos de nuestro entorno, porque, como dije
hace un momento, son referentes temporales a los cuales nos podremos
remitir en un futuro inmediato. Eso contribuirá a facilitar ideas,
escenarios y posibilidades de actuación política que la propia
Comisión del Pacto de Toledo podrá adoptar. Hace un momento teníamos
una reunión con diputados, senadores y miembros de los sindicatos y
la patronal mexicana, y decían que no hemos de buscar el agua tibia
ni el hilo negro. Efectivamente me acojo a ese dicho para que
intentemos hacer valer aquello en lo que otros han avanzado y que
nosotros podemos conocer, en su caso copiar o, en todo caso, saber
por qué y cómo se han adoptado.
Señora presidenta, la proposición no de ley, con este objeto
concreto, que espero sea asumido por todos, no tiene más alcance que
el que digo, que es un alcance práctico, un alcance de interés, un
alcance para facilitar a la Comisión no permanente del Pacto de
Toledo sus estudios y posibilidades de propuesta y resolución. Por
todo ello planteamos que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno para que realice un estudio comparativo de las reformas
efectuadas en los sistemas de protección de la seguridad social de
los países europeos. Dicho estudio deberá presentarse no en esta
Comisión, sino, lógicamente, en la Comisión no permanente para la
valoración de los resultados del Pacto de Toledo, y establecemos un
plazo, creemos que razonable, de seis meses, para que se lleve a fin.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario, Mixto tiene la
palabra don José Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: La intervención matiza una cuestión que
pretendo que sea una enmienda invoce que pueda ser aceptada por el
proponente, en el
sentido de que el análisis europeo de las reformas en los sistemas de
protección no debe hacerse solamente como un análisis de unidades de
un puzzle, que compare lo que pasa en Alemania, lo que pasa en
Francia, lo que pasa en Italia, sino que tiene también un sentido de
globalidad, que es el análisis globalizado de los números. En tanto
en cuanto las previsiones de cada un de los países no son previsiones
autárticas, sino que tienen un contexto europeo, no estaría mal que
en este estudio, además de incluir esto, hubiera una frase que
dijera: y contrastación de sus previsiones globales. Es decir, de lo
que se trata es que de las reformas se comprendan dentro de un
escenario europeo porque con las previsiones, sobre todo
demográficas, de crecimiento, de inmigración, de tercer mundo, nos
puede suceder lo que ocurre muchas veces en planeamiento urbanístico
en relación con las previsiones de crecimiento en un área muy densa,
que cada municipio hace la suya, que cada municipio globaliza los
crecimientos al suyo, y cuando se suman los crecimientos de todos los
municipios sale una locura. En tanto en cuanto el escenario europeo
es un escenario de plena libertad de movimientos de personas, en el
que cabe pensar que la generación que nos suceda no entienda de
fronteras, las previsiones de crecimiento demográfico por país
europeo siguen siendo todavía muy autárquicas, como si cada uno de
ellos tuviera sus claves y viera cuánto crecemos los españoles,
cuánto crecen los franceses, cuánto crecen los ingleses; si sumáramos
esas previsiones de crecimiento interaccionadas nos daríamos cuenta
de si cada uno está metiendo un imput, de entrada que sumado da un
número razonable, o si entre todos estamos viendo sobre todo las
previsiones migratorias de fuera de Europa de forma distinta. De modo
que estando de acuerdo con el estudio, yo le propondría al Grupo
Popular que aceptara que cuando termina diciendo: reformas efectuadas
en los sistemas de protección, entiendo que nos son sólo las reformas
sino los sistemas, no la distribución del sistema de protección, de
la seguridad social de los países europeos, por lo que habría que
añadir una frase que dijera: y contrastación de sus previsiones
globales. Es decir, que también nos dieran el escenario sumado de
todas las previsiones de modificación, sobre todo demográficas estoy
pensando, para que nuestro enfoque fuera europeo no porque es suma de
muchos países sino porque estamos viendo los números globales de
todos los países juntos y por tanto tendríamos un enfoque bastante
más sistémico y los números podrían ser más razonables que si cada
uno de ellos es aislado. Espero que haya más fluidez, más movilidad y
eso nos tiene que forzar a una comprensión del fenómeno europeo, en
el sentido de un solo país. Por tanto, les rogaría que aceptaran esta
enmienda, y por supuesto estoy de acuerdo con que se remita a la
Comisión del Pacto de Toledo que es donde tenemos que debatir en
profundidad esta cuestiones.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: Señor Azpiroz, con todo respeto, casi que nos
atrevemos a ofrecerles nuestras bibliotecas y servicios de
documentación, aunque también los servicios técnicos del Ministerio
correspondiente tienen esta información y han realizado resúmenes
bastante útiles y brillantes junto a otras instituciones sobre esta
cuestión. Desde luego no nos opondremos nunca a la publicidad y
extensión del conocimiento, háganse los estudios que ustedes deseen,
pero si esta propuesta, según se deduce del preámbulo, es una
anticipación de conclusiones para impulsar una modificación del
sistema de pensiones en la dirección de la capitalización privada,
deseo advertirle que conocemos las experiencias existentes en este
sentido y su publicitación no conmoverá nuestra opinión en este
punto. Como he dicho que iba ser breve, nada más que eso.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Grau por el Grupo
de Convergència i Unió.
El señor GRAU BULDÚ: Señora presidenta, en aras de la brevedad
también diré que esta propuesta redunda en mejorar y obtener los
resultados que esperamos de la Comisión no permanente de los
resultados Pacto de Toledo, por lo que nuestro voto será favorable a
esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular. De
todas formas entendemos que supone una cierta interferencia o al
menos una redundancia o una colusión con los trabajos que está
haciendo la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, porque en
definitiva está siguiendo favorablemente un estudio de la realidad
o de los resultados habidos desde la implantación de los nuevos
sistemas de protección social, cómo ha evolucionado hasta ahora;
después nos han presentado ya los técnicos las predicciones de futuro
con los rompimientos que se producen hacia el año 2025 y, la
estabilidad que se restablece hacia el año 2050. Nos hubiera gustado
más que la propuesta del Grupo Popular hubiera sido para rehacer o al
menos para insistir en los estudios de proyección de población y de
análisis de la situación de protección social en estos próximos años.
Finalmente, como ya recordaba el señor Azpiroz en su intervención, se
ha insistido mucho en el derecho comparado respecto a los sistemas
extranjeros porque realmente, como también ha citado, existen en
Alemania y en Suecia cambios importantes sobre las dos matizaciones
de la repartición y de capitalización, mediante los cuales los
sistemas del futuro van a tener que compaginar estas dos formas de
funcionamiento. También las presencias de los secretarios de Estado
explicando en su momento las informaciones de que dispone la Comisión
no permanente en cuanto a las situaciones que se están generando,
sobre todo en Suecia y en Alemania,
redundan en favor de estos estudios. Consideremos lo más positivo de
esta propuesta del Grupo Popular su petición de que se matice o al
menos se defina el período de tiempo en el cual los estudios tengan
que estar terminados para que al menos los resultados o los frutos
propios de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo puedan
empezar a fructificar en este mismo año y que las previsiones, las
actuaciones o las nuevas regulaciones que se puedan preconizar cara a
esta Comisión las podamos tener lo más pronto posible. Por esta
razón, en beneficio de la eficiencia, en beneficio de la amplitud de
la información y en beneficio de establecer ya mecanismos que
permitan que el sistema español esté en concordancia con los sistemas
europeos y que de alguna forma en un futuro más o menos no lejano
podamos pensar en una armonización de los sistemas de protección
social, nuestro voto será favorable a esta propuesta del Grupo
Popular.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ i CHAMOSA: Como decían los anteriores intervinientes,
es cierto que en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo
tenemos con una intensa actividad y estamos viendo los distintos
proyectos. Han pasado por la Comisión secretarios de Estado de
Alemania, Suecia, Portugal, Holanda, lo que pasa es que también es
cierto que en una comparecencia a veces es difícil conocer un
sistema, y más de países como Alemania o Suecia que han hecho una
reforma recientemente, aunque desde luego nos pueden orientar. Mi
grupo parlamentario y yo personalmente creemos que las posibles
reformas o recomendaciones del Pacto de Toledo es una de las tareas
más importantes que este Parlamento va a tener en esta legislatura,
al margen de las demás y con esto no quiero quitar importancia
a otras. Desde mi punto de vista, hablar de lo que es la protección
social, de lo que son las pensiones, del futuro de nuestra pensiones,
consolidarlas y garantizarlas, así como transmitir fundamentalmente a
la opinión pública un mensaje de tranquilidad donde todos los grupos
parlamentarios participamos, es sumamente importante. Es más, tenemos
una Comisión muy trabajadora, no quiero decir con esto que otras no
lo sean, cuya Mesa y Portavoces incluso tienen previsto desplazarse
a alguno de estos países que han hecho las reformas. Por su
consiguiente, aunque sea redundar en lo mismo, como aquello que ayuda
no hace daño, hay que avanzar en esa línea. Ahora, hay una cosa que a
la hora de redactar no han tenido en cuenta y que debería ser
fundamental. Es decir, analizar sólo las reformas nos puede llevar a
equívocos, porque, claro, no sabemos lo que reformamos. Sería
importante que el Grupo Parlamentario Popular lo aceptase, cuando
habla de estudio comparativo, de los sistemas y de las reformas
efectuadas.
¿Por qué? Porque eso nos permitirá hacerlo más en profundidad,
conocer cuál era el sistema, qué es lo que han reformado, en qué
dirección va. Eso es lo que realmente nos puede ayudar a nosotros,
porque, repito, por si mismo lo que ha sido la reforma o lo que
pretende ser la reforma en Alemania lo tenemos en papel y por la
comparecencia de su secretario de Estado, y respecto a Suecia lo
mismo. A lo mejor lo que no tenemos globalmente son todos los
sistemas europeos y todas las reformas que se han hecho en los
últimos tiempos y en qué dirección han ido encaminadas.
Eso es lo que esta proposición tiene de positivo, por ello es
importante que se lleve a término y, por supuesto, mi grupo
parlamentario va a votar a favor, esperando que el señor Azpiroz tome
en consideración esta enmienda pequeñita que le hacemos.
La señora VICEPRESIDENTA: Se han formulado un par de enmiendas in
voce, ¿quiere analizarlo ahora o con posterioridad, señor Azpiroz?.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señora presidenta, muy rápidamente si son
acertadas en su tramitación para que puedan ser atendidas por este
diputado, y si no hay ninguna objeción por ningún grupo como
reglamentariamente se precisa, acepto la enmienda de la señora López
i Chamosa en sus términos. Simplemente le diré que cuando nosotros en
la redacción hablábamos de estudio comparativo de las reformas
efectuadas, lo hacíamos justamente con ese sentido, que ella ha
indicado, que, bueno, contribuye a clarificar y a que expresamente
quede dictaminado así. Por lo tanto no tenemos ningún inconveniente y
posteriormente leeré, a efectos del 'Diario de Sesiones' cómo
quedaría el texto definitivo de la proposición no de ley.
En cuanto a la enmienda planteada por el señor Núñez le diré que
compartimos su idea, sobre todo en lo relacionado a los factores
demográficos como él indicaba, no a los factores generales de cada
sistema de seguridad social porque obviamente las bases de partida de
cada país son diferentes y por lo tanto no son homogéneas, ni las
conclusiones lo pueden ser, pero sí en el factor relevante de los
flujos demográficos, que como él bien dice, probablemente en un
futuro sean más movibles entre naciones. Por lo tanto el texto
quedaría de la siguiente forma: 'El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que realiza un estudio comparativo de los sistemas y
de las reformas efectuadas'. Perdón, ¿la señora López i Chamosa lo
incluye ahí exactamente? Señora presidenta, es que va a haber una
redundancia en el texto, porque quedaría: realice un estudio
comparativo de los sistemas y las reformas efectuadas.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Azpiroz, sile parece puede usted
redactar el texto definitivo con la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y luego lo incorporamos.
Gracias.
-RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERMISO
DE PATERNIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000356)
Pasamos al punto cuarto del orden del día. La señora VICEPRESIDENTA:
Para la defensa tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señorías quería decirles que esta
proposición no de ley que defiende el Grupo Socialista la hemos
planteado ya en varias ocasiones. La verdad es que el diputado José
Griñán la defendió en noviembre de 1998, a propósito de las medidas
que en su momento presentó el Grupo Socialista para favorecer la
conciliación familia-trabajo. Presentamos una serie de propuestas a
la Ley de Medidas de Acompañamiento del año 1999 y lo hemos hecho
inclusive también en el debate de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
la Ley de conciliación, en la cual nuestro grupo defendió esta
proposición no de ley que a continuación les expongo en su contenido.
Como ustedes saben, lo que pretende el Grupo Socialista, en
definitiva, es establecer un permiso de paternidad. Sin duda ustedes
saben que la maternidad ha sido favorecida, dentro de las medidas
laborales, con el establecimiento de un período de descanso para la
madre. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es necesario
establecer un permiso de paternidad, el derecho del padre a disfrutar
exactamente de cuatro semanas de permiso para cuidar al hijo y
atender al hogar durante los nueve primeros meses del nasciturus.
Hablábamos de un permiso independiente del permiso de maternidad y
desde luego intransferible, por tanto sólo disfrutable por el padre.
Las razones que nos llevan a esto son sustancialmente tres. La
primera es que ustedes saben, y acabamos de oír un argumentario en
este sentido al señor Azpiroz, que nuestra tasa de fecundidad sigue
siendo bajísima y que razones demográficas nos obligan a estimular la
maternidad en nuestro país. Por cierto les quiero decir que España
realmente sigue teniendo un retraso extraordinario en lo que es el
apoyo a la familia, la ayuda familiar sigue siendo en España
bajísima. En concreto un profesor de la Universidad de Barcelona
acaba de publicar un documentado e interesante estudio que establece
que las ayudas en España a la familia sonaproximadamente siete u ocho
veces menores que en el conjunto de Europa; el libro publicado se
llama La política familiar en una perspectiva comparada. Por cierto,
esto tiene que ver con el segundo argumento, porque es
extraordinariamente preocupante que en los últimos años se esté
produciendo en España un freno al
proceso de incorporación de la mujer al trabajo, freno que se añade a
un dato que también es una de nuestras anomalías en relación con
Europa, ya que ustedes saben mejor que yo que la tasa de actividad
femenina, es muy baja en relación con los países de nuestro entorno.
Tenemos ya dos datos importantes, el del fomento de la fecundidad y
desde luego también el de favorecer la incorporación de la mujer al
trabajo; ambos argumentos frenados en si mismos por el conjunto de lo
que es la problemática de la maternidad.
Hay una tercera razón que me gustaría exponerles más en relación con
lo que es nuestra actualidad, porque soy consciente de que el Grupo
Popular me va a decir, y está así en las reformas legales
establecidas en los últimos años a favor de la maternidad, que se
incorporó a nuestra legislación laboral la posibilidad de que diez de
las dieciséis semanas de maternidad que disfruta la madre puedan ser
transferidas al padre. Esta es la gran medida que, respecto a lo que
es compartir la maternidad, se ha introducido en nuestra legislación
laboral. Pues bien hoy es el momento de hacernos una pregunta, y es
si esta medida sirve o no, porque creo que es una ocasión espléndida
para que reflexionemos sobre este tema, a la vista de los datos, a la
vista de que la fecundidad sigue muy baja y a la vista de que se está
produciendo un freno, repito que preocupante, en la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo. La respuesta, señorías, es que lo
absolutamente mayoritario, es que la madre disfruta los cuatro meses,
muchas veces no le basta, y lo normal es que los padres no sustituyen
a las madres, en el permiso de maternidad, a pesar de que la ley lo
contempla y se lo permite. Yo les haría una pregunta, que yo no puedo
responder, aunque quizás el portavoz del grupo que apoya al Gobierno,
pueda darnos esta información. Quisiera saber, desde que esta
disposición legal existe, cuántos padres sustituyen a las madres en
los primeros meses del permiso de maternidad. Porque si concluimos
que los hombres no cogen estas semanas que pueden compatibilizar con
el permiso de maternidad, habremos concluido que la medida no ha
servido. Y les pregunto más, ¿ustedes creen que si los hombres
tuvieran un permiso propio, independiente del de la madre, lo
cogerían? La respuesta es que sí. Se trata, señorías, de una apuesta
de familia, una apuesta de igualdad y una apuesta de política social
a favor de la maternidad. Sin duda es muy oportuno que hablemos de
esto en estas fechas, ahora que volveremos, dentro de dos días, a
escuchar todo el discurso oficial, casi siempre triunfalista, sobre
las extraordinarias medidas que el Gobierno está adoptando en favor
de la igualdad, en favor de la conciliación familia- trabajo. Pues
bien, señorías, esta medida que les proponemos es de verdad una
apuesta por la familia porque padre y madre, cuidando al menor y
atendiendo al hogar, configuran un modelo que se contrapone al modelo
cultural de nuestro país, a la idea de que sólo la madre cría a los
niños recién nacidos. Porque no hay
mejor imagen para sustentar valores de familia, que probablemente
todos los grupos defendemos por igual, que la imagen de la
corresponsabilización real entre padre y madre en la atención del
hogar y de los hijos. Y es una medida de igualdad porque sólo cuando
el hombre asume realmente las tareas domésticas puede la mujer
plantearse su sustitución. Sin permiso independiente, los hombres lo
más que hacemos es ayudar en el hogar, es responsabilizarnos, pero
aprendiendo solamente algunas tareas complementarias. Hace falta
cambiar la conciencia de los hombres para responsabilizarnos de
verdad, para que realicemos las labores, para que pensemos en las
tareas, lo que desgraciadamente no hace casi nadie. Había pedido a
mis responsables sobre los temas de la mujer que me dejaran
intervenir en este debate para evitar que sea una mujer la que, de
manera sistemática, haga la defensa de estas tareas y que seamos los
hombres quienes hagamos este discurso; ¡ojalá! que lo practiquemos
también en nuestra vida familiar.
Quería decirles, para ir terminando señorías, que el permiso de
paternidad nos va a permitir poner al frente del hogar al hombre. El
permiso de paternidad nos va a permitir poner al hombre ante su
responsabilidad en su función reproductora, que actualmente no la
ejercemos, el permiso de paternidad facilitará el reparto de las
tareas domésticas y, sobre todo, una cosa que me parece
importantísima, extenderemos la cultura laboral de que las
restricciones en la carrera profesional que sufre la mujer por ser
madre, no son sólo de las mujeres. Ustedes saben como yo que hoy en
día es frecuentísimo que en muchas empresas incluso se pregunte a las
chicas si tienen novio, no ya si están casadas, sino si tienen novio
porque temen que se casen y temen que tengan hijos. Si este es un
problema real, les pregunto si no les parece muy razonable, como nos
dijeron en su día las mujeres francesas -las mujeres socialistas
francesas, pero seguramente muchas mujeres francesas al margen de su
ideología- que si obligamos a las empresas a costear la paternidad,
esta discriminación, absolutamente intolerable, dejará de producirse.
Si las empresas tienen que pagar cuatro semanas a los padres por
serlo, muy probablemente las mujeres, que son discriminadas por la
potencialidad de su maternidad, dejarán de sufrir esa restricción,
porque el coste o el sobrecoste de la maternidad será de la
maternidad y de la paternidad; porque todos los jóvenes que puedan
casarse y tener hijos tendrán este sobrecoste. Me dirán señorías que
esto puede representar un coste para las empresas, yo admito que así
es: el que tienen ya las mujeres. ¿Que será un coste para los
empresarios alto? Discutámoslo, nuestra proposición no de ley no
establece a quien corresponderá el gasto, sino que propone al
Gobierno que lo regule y que establezca la fórmula más adecuada.
Nosotros no decimos cual, estamos dispuestos a que esto pueda ser
objeto de otro tipo de complementos, de bonificaciones, en algunos
casos la maternidad ya lo
es, de bonificaciones de Seguridad Social, de objeto de negociación
colectiva. Muy bien, posibilidades en el campo de la relación laboral
hay muchas, lo que estamos pidiendo es que se introduzca en nuestro
mercado laboral, en nuestra regulación laboral mejor dicho, esta
nueva figura, el permiso de paternidad y que esto efectivamente
transforme, como estoy explicándoles, gran parte de los contenidos de
esta política. Termino ya, señora presidenta, diciendo que las
políticas de integración a favor de la mujer son y deben de ser algo
más que propaganda, son hechos y son leyes por ejemplo como ésta.
La señora VICEPRESIDENTA: Ha sido presentada una enmienda por el
Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la
señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Interesante y persistente
iniciativa, señor Jáuregui, a juzgar desde luego por la reincidencia
en la presentación de la misma que, en cualquier caso, pretende
introducir en nuestro ordenamiento jurídico el derecho del padre a un
permiso de paternidad independiente e intransferible y, además,
distinto de aquel que le transfiere la madre desde la titularidad de
su derecho al permiso de maternidad, incorporando y haciendo
necesarias cinco características que expresan en dicha proposición no
de ley.
Efectivamente señorías, los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales
de la Unión Europea, reunidos el pasado mes de junio, -en su fecha 29
y no 7, por cierto- adoptaron una resolución sobre la participación
equilibrada sobre hombres y mujeres en la actividad profesional, por
la que invitan a los gobiernos a evaluar la posibilidad, y cito
textualmente, de que los respectivos ordenamientos jurídicos
reconozcan a los hombres trabajadores un derecho individual e
intransferible al permiso de paternidad con motivo del nacimiento o
adopción de un hijo. Sin embargo, señorías, mientras la Unión Europea
invita a evaluar, el grupo proponente, con toda la buena intención
del mundo desde luego, pretende con esta iniciativa hacer algo que
sin duda es novedoso e interesante, aunque también hay que reconocer
que no existe ningún precedente en ningún Estado de la Unión y que,
en palabras de la proponente, supone desde luego situarnos en la
vanguardia de las legislaciones europeas. Desde nuestro grupo
pensamos, a tenor de lo que se especifica en el mismo texto europeo,
que se requiere como decimos el oportuno análisis y el oportuno
estudio.
Señorías, permítanme decirles que cuando hacen ustedes alusión a
situarnos en la vanguardia, he de recordarles que en la vanguardia
nos hemos situado hace tiempo. No quiere decir que ello tenga que ser
un camino que esté finiquitado, sino más bien y en todo caso habrá
que continuar andando pero, desde luego, empezamos a situarnos en
nuestra legislación con iniciativas
tan interesantes como aquellas que llevamos a cabo, el coste cero por
ejemplo, o promoción de las mujeres en oficios masculinizados y, cómo
no, a dar redacción y elevar a rango de ley la conciliación para la
vida familiar y laboral. Esa ley que la proponente califica de tibia
adaptación. Esa ley que tuvo el coraje de salir a la luz, creo
recordar, por cierto, que sin su apoyo, introdujo cambios
legislativos importantes en el ámbito laboral a partir de su entrada
en vigor. En cualquier caso permitía facilitar que los hombres
pudieran ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo
momento del nacimiento o desde la incorporación a la familia y todo
ello, señorías, en virtud de conceder a la madre la opción de que sea
el padre, en este caso de que fuera el padre, el que disfrutase hasta
un máximo de diez semanas de las dieciséis correspondientes al
permiso de maternidad, pudiendo en todo caso simultanearlas.
Asimismo, y en el caso de tratarse de adopciones o acogimientos, el
padre puede disfrutar de todo el período, que en estos casos es de
veinte semanas de permiso, independientemente de la situación laboral
de la madre, acogiéndose así el padre ya a una situación de permiso
parental intransferible e independiente, por lo que de aceptar el
petitum que viene especificado en el punto quinto, situaríamos a los
hombres en una posición privilegiada respecto del padre biológico.
Tengo que decirles que, en cuanto a los tres primeros puntos, nuestro
grupo no encuentra novedad al respecto, salvo, naturalmente, que se
hace referencia al vocablo nasciturus, que sinceramente pensamos no
es apropiado en el texto tal cual viene especificado. En cuanto al
punto cuarto y al punto quinto, entendemos que parecen contradecir el
mismo petitum de la iniciativa, ya que por una parte se habla de un
permiso personal e intransferible para el padre, resultando, sin
embargo, que volvemos a hablar de acuerdo entre las partes. Nuestro
grupo diría, señorías, que a veces se quieren hacer las cosas
deprisa, y quizá correr en asuntos de importancia no es recomendable;
ya saben aquello de que las prisas son malas consejeras y desde luego
hacen cometer errores, e incluso a veces puede ocurrir, como es el
caso, que se vuelve a reincidir en ellos. Digo esto porque, señorías,
el texto de la proposición y su contenido supone, desde luego, una
auténtica proposición de ley y, de ser aceptada, se estaría aprobando
ya un texto legal con mandato al Gobierno para introducir las
modificaciones pertinentes en el Estatuto de los trabajadores y en la
Ley de medidas para la Función pública, haciendo caso omiso de la
indicación de la Unión Europea de evaluar antes que legislar. No
queremos, ser más unionistas que la Unión Europea, parafraseando
aquello de no ser más papistas que el Papa, y desde nuestro grupo
pensamos que sería conveniente, a tenor de esas mismas
recomendaciones de la Unión Europea, instar al Gobierno para elaborar
un informe o un estudio sobre la viabilidad de introducir en nuestro
ordenamiento jurídico las modificaciones necesarias para la
posible ampliación del permiso de paternidad. Sabemos, efectivamente,
que está reconocido, si bien con escasa duración, en nuestra
legislación, y esto viene referido, quisiera leerles textualmente, en
el mismo Estatuto de los trabajadores, en su artículo 37.3, b)
modificado precisamente por la Ley de conciliación, por la que el
trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración por alguno de estos motivos o por
el tiempo siguiente: b) dos días por el nacimiento de los hijos y
cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un
desplazamiento, a cuyo efecto el plazo será de cuatro días. Luego, de
una forma escueta y muy limitada en el tiempo, efectivamente, este
derecho ya viene reconocido. Por lo tanto, se sitúa esta excepción en
esa modificación efectuada por la Ley de conciliación y en lo
referente al Estatuto de los trabajadores.
Señorías, siguiendo las recomendaciones del texto en el que ustedes
basan su proposición no de ley, desde mi grupo parlamentario
entendemos que de seguir la vía establecida por las recomendaciones
del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales y Trabajo de la Unión
Europea, del pasado 29 de junio, y a los efectos de llevar a cabo las
modificaciones necesarias para una posible ampliación de ese permiso
por paternidad como permiso independiente, tal y como ustedes lo han
planteado, y autónomo del que pueda derivarse del de maternidad,
hemos presentado, como tienen ustedes en la lista ya, una enmienda
transaccional única, que esperamos sea aceptada por la proponente, y
que vendría a sustituir los cinco puntos de la iniciativa presentada
por el Grupo Socialista. Procedo a la lectura de la misma aun bien
teniéndola en su poder el Grupo Socialista. El texto vendría a quedar
redactado de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que, de conformidad con la resolución del Consejo y de
los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, de
veintinueve de junio de 2000, elabore un estudio que evalúe la
posibilidad de que se reconozca a los hombres trabajadores un derecho
individual e intransferible al permiso de paternidad con motivo del
nacimiento o de la adopción de un hijo independientemente del permiso
de maternidad de la madre.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muy breve, señora presidenta, exclusivamente
para manifestar nuestra apoyo a una posición progresista que nos
parece un paso más, que no es solamente el reconocimiento del derecho
del padre, con consentimiento de la madre, para que éste pueda
consumir parte del que le corresponde a la madre por maternidad, sino
el derecho propio, en el sentido de considerar que un niño tiene
padre y madre y no tiene o padre o madre. Nos parece bastante más
lógico que se desarrolle esta propuesta que,
desde luego, tiene connotaciones económicas y sociales muy
importantes. Por tanto vamos a dar nuestro apoyo, sobre todo si se
consensúa la propuesta, a que se considere que el Gobierno elabore
este estudio con las repercusiones a que hubiere lugar porque nos
parece positivo para el niño, para la sociedad y para la pareja, en
definitiva para la familia, que se haga un reconocimiento expreso, y
no transferido de la madre, de la paternidad respecto a los permisos.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Empezaré diciendo, para que se entienda bien mi
afirmación siguiente, que disponemos de una Ley de conciliación de la
vida familiar y doméstica que contiene avances significativos,
progresistas y útiles para el fin que pretende. Esta ley constituye
un compromiso público para impulsar a los hombres a compartir las
responsabilidades y repartir el trabajo doméstico. Ya señalamos en la
discusión de la ley, y en posteriores debates, que esta legislación
podría nacer envejecida en un punto por el hecho de que el derecho
del padre fuera una concesión de la madre y no un derecho individual
del padre.
El nuevo programa de igualdad de la Unión Europea ha venido a pedir a
los Estados miembros que se reconozca este derecho de forma autónoma
respecto al que le corresponde a la madre, y su ejercicio también
independiente del que corresponde a la madre. Efectivamente la
proposición viene a recordar esta circunstancia, que ya fue propuesta
en esta Cámara en diversas ocasiones. Compartimos el alcance de la
propuesta, y desearíamos su aprobación. En todo caso, desearíamos
conocer si el partido del Gobierno está en condiciones de
comprometerse a trasponer la recomendación del Plan quinquenal de
igualdad de la Unión Europea. El derecho al permiso de paternidad es
una forma eficaz y comprometida de impulsar la participación
equilibrada de hombres y mujeres en la vida social, y un avance en la
igualdad real y efectiva. La actual regulación concede que la
interesada determine la opción y distribuya el tiempo. El permiso de
paternidad se convierte así en algo tutelado. Un derecho derivado, un
mensaje equívoco sobre la responsabilidad. En este punto, para
terminar, tenemos una excelente oportunidad de lanzar un mensaje
correcto a nuestra sociedad y a la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente, la iniciativa del Grupo
Socialista incide en una realidad compleja que se ha convertido en
los últimos años en una prioridad tanto de buena parte de las
políticas de apoyo a las familias, como también de las políticas
de creación de empleo, como es toda la amplitud de permisos y
licencias parentales de maternidad y de paternidad. Es evidente que
la legislación española en los últimos años ha empezado a avanzar en
la senda que nos marcaba la propia Unión Europea, y también es cierto
que en algunos aspectos nuestra legislación seguramente puede empezar
ya a quedar superada por otra realidades europeas. He de recordar
que, en estos momentos tanto Dinamarca como Finlandia tienen ya
desarrollados sus permisos parentales, en la línea de lo que apunta
el Grupo Socialista y, por tanto, más allá de las previsiones de la
propia recomendación del Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales de junio del año pasado.
Nuestro grupo en anteriores ocasiones no ha dado su apoyo a esta
iniciativa del Grupo Socialista. Entendíamos que en esos momentos lo
que nos tocaba era el desarrollo de lo que luego fue la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral, pero hoy, una vez que se
ha publicado esa recomendación de la Unión Europea y la legislación
española se empieza a desarrollar, nos parece oportuno y necesario
abrir esta mayor visión sobre esta materia, con el objetivo de
hacernos asumir a los hombres -a los hombres con responsabilidades
familiares, a los hombres que son padres- su corresponsabilidad en la
gestión de los núcleos familiares. Es evidente que la menor
utilización por parte de los varones de los permisos de maternidad es
una realidad no tan sólo española, sino del conjunto de los países de
la Unión Europea; incluso las cifras de utilización de los permisos
por parte de varones en Dinamarca y en Finlandia, creo recordar que
se mueven alrededor de un 32 por ciento de los hombres, y en el caso
de las mujeres más del 80 por ciento. No es un tema fácil, porque
seguramente no por tener una legislación en esta línea los hombres
asumiremos no ya una mayor responsabilidad, sino nuestra simple
responsabilidad como personas corresponsables de las labores que se
derivan de la condición de padres. Ahí hay cuestiones de cultura, y
es en el cambio de mentalidades donde todos tendríamos que
esforzarnos. No obstante es evidente que ese cambio de legislación
puede permitir esa mayor asunción de responsabilidades por parte de
los hombres. Por tanto, nuestro grupo ve con simpatía esta
proposición no de ley, y la enmienda que le plantea el Grupo Popular
nos parece prudente; antes de avanzar hacia una legislación concreta,
efectuar una evaluación y un estudio de las responsabilidades
asumidas hasta ahora por parte de los varones con las actuales
posibilidades de la legislación, nos parece una línea correcta. Nos
consta que en estos momentos, por las intervenciones de los otros
grupos, el Grupo Socialista plantea también, en relación a la
propuesta del Grupo Popular, que se establezca un plazo máximo de
presentación de este estudio, de esta evaluación. Nos parece acertada
esta propuesta porque de esta manera comprometemos alGobierno a dar
cumplimiento a aquello que le manda la
Cámara de una manera más específica. Por tanto, nuestra posición va a
ser favorable a esta previsible transacción que se va a aceptar
dentro de unos momentos.
La señora VICEPRESIDENTA: Entiendo que ha habido una transaccional
entre el grupo ponente y el grupo enmendante. Tiene la palabra el
señor Jáuregui para su aceptación.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Efectivamente, pero antes permítame decir
que la transacción la hemos obtenido porque he observado que la
enmienda del Grupo Popular planteaba una cosa que está bien, como es
elaborar un estudio previo, aunque con una extraordinaria levedad, en
el sentido de que encargaba la elaboración de un estudio que evalúe
las posibilidades. Bueno, se dice en la Administración que cuando no
se quiere hacer un cosa, lo mejor es encargar un estudio o crear una
comisión. Les he propuesto a los responsables del Grupo Popular que
añadamos al final de su propuesta una coletilla que establezca un
plazo. Es una frase al final de la enmienda de totalidad que ha
presentado y que dice: y a que lo presente ante la Cámara en el plazo
de seis meses. Ellos lo han aceptado así y eso es lo que le transmito
a la presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Seller, ¿están ustedes de acuerdo?
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: efectivamente señora presidenta.
- RELATIVAA LA REVISIÓN DE LA VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD CONFERIDA A
LAS PERSONAS AFECTADAS CON INFECCIÓN POR VIH-SIDA. PRESENTADAPOR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000375)
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA
INCAPACIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH-SIDA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO-BNG. (Número de expediente 161/000154)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del
día, al que, según hemos puesto en conocimiento de SS.SS, se va a
acumular una proposición no de ley que había presentado el Grupo
Mixto.
Interviene primero el grupo proponente. Tiene la palabra la señora
Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La proposición no de ley que ha
presentado mi grupo parlamentario tiene que ver con la historia de la
valoración de las discapacidades en España. La valoración de las
discapacidades tuvo su origen en la aprobación por unanimidad en esta
Cámara en el año 1982 en la Ley de integración social de los
minusválidos, la conocida popularmente como la Lismi. Esta ley
establecía una serie de prestaciones, algunas económicas, otras en
especie, como farmacia o asistencia sanitaria en aquellos momentos.
Por ello fue necesario elaborar un baremo que diera cobertura a la
calificación de las minusvalías y que homogeneizara, en cierta
medida, el tratamiento que de las mismas se hacía. En concreto, el
Real Decreto 3/1983 estableció que para el subsidio de garantías de
ingresos mínimos se establecería, en un plazo de seis meses, la
aprobación definitiva del baremo, y esto dio lugar a una orden
ministerial el 8 de marzo de 1984. La trayectoria, yo creo histórica,
de este baremo fue válida, en relación a la valoración de las
discapacidades; sin embargo, fueron apareciendo una serie de
enfermedades nuevas o de situaciones nuevas de discapacidad o de
minusvalía que obligaron a los técnicos y a los responsables
políticos a tomar una serie de decisiones vinculadas, sobre todo, a
las personas afectadas por el VIH. Realmente lo que se hizo fue
homologar, porque era tal el colapso que se estaba ocasionando en los
centros base, en los centros de valoración de discapacidades, que se
tomó la decisión, en colaboración con todas las comunidades
autónomas, de homologar los baremos y automáticamente, a quien fuera
seropositivo, se le concedía el 65 por ciento de la discapacidad. Nos
pareció un mal menor y una solución de arreglo momentáneo, aunque
desde el año 1992 se estaba trabajando ya en la aplicación y en la
aprobación de nuevos baremos. La elaboración de estos nuevos baremos
ha sido consensuada con todas las comunidades autónomas, y formaron
parte de este proceso de elaboración de los nuevos baremos el Consejo
rector de minusválidos del Imserso, y los técnicos que cada comunidad
autónoma quiso designar para los trabajos conjuntos que se hicieron
en relación a la nueva regulación de los baremos.
El nuevo baremo tiene una serie de implicaciones que no solamente
valoran la enfermedad, sino que lo que se valora en la actualidad son
las secuelas que causan las enfermedades. Es bien cierto que algunos
grupos, sobre todo la Comisión nacional antisida y las comisiones
autonómicas antisida han alertado sobre el nuevo baremo, diciendo que
la regulación genera una serie de dificultades añadidas en este
colectivo y, por lo tanto, creemos que hay que hacer un esfuerzo para
ser consecuentes con sus demandas y también para acomodar cuáles son
las nuevas situaciones que genera la aplicación de baremo, lo que
tendremos que estudiar conjuntamente.
Es necesario decir que la nueva normativa sí permite un marco común a
todas las administraciones y fija, además, una misma vía
jurisdiccional para resolver recursos y reclamaciones que no existía
en la orden ministerial de 1982. Se establece también un anexo que
está calificado por un modelo propuesto por la Organización Mundial
de la Salud, en la calificación internacional de deficiencias,
discapacidades y minusvalías, conocido como CIDDIN. El criterio que
rige la aplicación del nuevo baremo, en realidad implica estudiar las
consecuencias que tiene para las actividades de la vida diaria, y en
su caso, las discapacidades o deficiencias que genera para la
actividad laboral. Se consigue, por lo tanto, eliminar y corregir un
error conceptual muy frecuente, que consistía en identificar la
enfermedad con el estado funcional de un enfermo, lo que llevaba a
establecer correspondencias entre un diagnóstico y el grado de
discapacidad, y, como he dicho, había otra serie de enfermedades en
las que también pueden darse unas situaciones muy complejas, como
pueden ser cáncer, diabetes, etcétera, en las cuales no se homologaba
esta situación. En el nuevo baremo se estudian cuatro elementos y se
valora el grado de minusvalía teniendo en cuenta el estado funcional
de la persona, su repercusión en la capacidad para realizar las
actividades de la vida diaria, que sería su aspecto médico. Se
valoran también los aspectos psicológicos y, según la interferencia
con el desarrollo personal, laboral y social, se combinan una serie
de elementos de valoración de factores sociales.
Las personas afectadas, no obstante, por el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida han planteado, como ya he dicho al
comienzo, una serie de reivindicaciones y después de hablar con los
expertos que tiene cada una de las comunidades y con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, es bueno poder decir que estarían en una
disposición favorable a aceptar la propuesta que hemos hecho en la
proposición no de ley. Quiero dejar patente ante esta Comisión que
hoy mismo me ha llegado una respuesta escrita del Gobierno en
relación a qué número de infectados por el VIH existen en España.
Dicen que de acuerdo con la proposición no de ley del Congreso de los
Diputados, aprobada el día 10 de noviembre de 1998, para la creación
de un sistema de información de vigilancia epidemiológica del VIH, el
Ministerio de Sanidad y Consumo ha consensuado con las comunidades
autónomas y con las ONG la definición y la característica del
proyecto de creación y el funcionamiento del sistema. La Secretaría
del Plan nacional sobre el sida, sensible a la petición de estas ONG,
de evitar la identificación de las personas en el sistema de
información estatal, consensuó con las comunidades autónomas, el
pasado 20 de octubre de 2000, las principales características del
sistema, informando puntualmente al Consejo asesor de las ONG, de las
características del mismo; estamos hablando de noviembre de 1998.
Siguiendo los preceptos de la Ley orgánica 15/1999, de protección de
datos de carácter personal, el pasado 12 de enero de 2001, por orden
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 18 de diciembre de 2000, se
ha creado un nuevo fichero del sistema de información de nuevas
infecciones de VIH, inscribiéndose
en la Agencia de Protección de Datos como fichero de titularidad
pública. Quiero dejar patente que, desde el 10 de noviembre de 1998
al 12 de enero de 2001, ha transcurrido bastante tiempo, yo diría que
excesivo tiempo y, desde su creación hasta la fecha, este fichero no
contiene datos, manteniéndose a la espera de recibir los casos
recabados en las comunidades autónomas. Me parece, sinceramente, que
esta pregunta pone en evidencia que, a pesar de haber existido una
proposición no de ley en el Congreso, aprobada por todos los grupos
parlamentarios, no se ha mostrado una diligencia suficiente para que
podamos conocer de qué número o qué colectivo objetivo estamos
tratando. Por tanto, es necesario urgir también al Ministerio de
Sanidad y Consumo para que este fichero tenga una relevancia
importante y por lo menos en la próxima conferencia sectorial se
solicite a las propias comunidades autónomas que lo actualicen y que
lo gestionen debidamente, porque no hay cosa peor que estar hablando
de un número. No se piden datos confidenciales, se pide, única y
exclusivamente, el número de afectados por el VIH y todavía en
España, transcurridos tres años de esta proposición no de ley, no
podemos contar con ningún dato, porque la respuesta del Gobierno es
que no existe.
La proposición no de ley que defendemos ante esta cámara pretende que
de acuerdo con el propio baremo, del Real Decreto 1971/1999, se
establezcan una serie de revisiones de oficio para los afectados o
las personas que obtienen una serie de calificaciones ante la
minusvalía y la discapacidad, e instamos al Gobierno a que, en plazo
de seis meses, realice un estudio con el fin de analizar el impacto
de la aplicación del nuevo baremo, recogido en el anexo uno del
decreto de referencia, siempre a las personas afectadas por el VIH-
SIDA. Las conclusiones de dicho estudio serán remitidas a los
miembros de la Comisión de Política Social y Empleo, dejando en
suspenso para este colectivo las revisiones que de oficio se pudieran
efectuar.
La señora VICEPRESIDENTA: Como se ha incorporado el debate de otra
proposición no de ley idéntica, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Efectivamente, como ha dicho la señora
Cortajarena, por medio de este Real Decreto 1971/1999, se deroga la
orden de 8 de marzo de 1984 y se introducen nuevos criterios de
valoración de las minusvalías a los efectos de la Ley de integración
social de los minusválidos, entre otros, y como ella ha dicho, a los
efectos de percepción de pensiones no contributivas. La nueva
regulación, que, por cierto, no fue discutida con las organizaciones
antisida -fue discutida con organizaciones como la ONCE, pero no con
los comités ciudadanos antisida, ni con la Mesa estatal de
minusvalías- sustituye a la anterior,perfectamente adaptada a las
recomendaciones de
Atlanta y de la Organización Mundial de la Salud, y basada en
criterios médicos claros y objetivos. Esta nueva regulación atiende a
criterios, desde nuestro punto de vista, de dudosa corrección
científica, aunque tiene, hay que reconocerlo, una funcionalidad
clara: reducir el número de minusvalías reconocidas por causa de
sida, y, por tanto, el número de prestaciones no contributivas que la
Seguridad Social deba satisfacer. Todo esto en un momento de
expansión económica y todo esto en un Estado con uno de los niveles
de protección social más bajos de Europa, como ha quedado también
patente en el debate del punto cuarto del orden del día de esta
Comisión; lógicamente, también sin reparar en las graves
consecuencias sociales producidas por este recorte. De acuerdo con la
nueva regulación, para tener derecho a pensión no contributiva, para
que un infectado por el virus de inmunodeficiencia humana sea
calificado como minusválido, se atiende, prácticamente en exclusiva,
al número de hospitalizaciones en cómputo anual y resultan así las
siguientes categorías con derecho a percepción de prestaciones. Clase
3, minusvalía del 25 al 49 por ciento, paciente diagnosticado con
infección por VIH que precisa de tratamiento continuado, con un grado
de discapacidad moderada y que presenta de tres a seis episodios
anuales de dolencias relacionadas con inmunodeficiencia, que precisan
de atención médico-hospitalaria de al menos 24 horas cada uno o
durante más de 30 días al año. Clase 4, minusvalía del 50 al 70 por
ciento, paciente diagnosticado con infección de VIH, precisa
tratamiento continuado, grado de discapacidad moderada y más de seis
episodios anuales de enfermedades relacionadas con inmunodeficiencia
que precisan de atención médica de hospital y de al menos 24 horas
cada uno o durante más de 60 días. Clase 5, minusvalías superiores al
75 por ciento, grado de discapacidad muy grave y tratamiento
continuado. En la práctica este nuevo real decreto prescinde de
cualquier valoración de tipo social; y digo en la práctica porque
para que los factores sociales sean tenidos en cuenta es necesario
que el grado de minusvalía por las enfermedades oportunistas, por las
enfermedades relacionadas con el sida, sea superior al 25 por ciento,
lo cual supone obviar que, tristemente, aún en nuestras sociedades el
sida sigue siendo un estigma social y el hándicap añadido que para
los infectados por el virus de inmunodeficiencia humana supone
encontrar un trabajo o dedicarse a una actividad remunerada.
Nuestra oposición al Real Decreto 1971/1999 es una oposición de
partida y apoyada, como digo, en un error del que parte este real
decreto. Cuando la exposición de motivos de este nuevo real decreto
critica la anterior clasificación dice que está basada en
circunstancias clínicas muy heterogéneas y en marcadores
inmunológicos, y por ello es frecuente que en una misma categoría
clínica e inmunológica estén incluidos enfermos con grados de
capacidad muy diferentes. Decía, por ejemplo,
que la categoría C3 se refiere tanto a enfermos de sida curables
como a enfermos de sida incurables. Que nosotros sepamos no hay sida
curable y sida incurable, únicamente hay enfermedades oportunistas
más o menos graves, más o menos incapacitantes, pero el sida como tal
sigue siendo curable. Por tanto, impugnamos ya esta diferencia entre
sida curable y sida incurable, por cuanto no hay ningún tipo de
curación por lo menos ahora; lo que se puede hacer es mitigar los
síntomas pero nada más. Pero es que además los criterios son oscuros
e imprecisos. Por ejemplo, ¿acaso la disfunción física, fácilmente
apreciable en el caso de la retinitis, no es igualmente afirmable en
el caso de una tuberculosis pulmonar, con los desórdenes
inmunológicos y funcionales que conlleve? Con este real decreto, este
afectado por tuberculosis pulmonar no tendría derecho a pensión.
Sabemos que hay una negociación en marcha corrigiendo por lo menos la
omisión habida durante el procedimiento de elaboración del real
decreto, y ya hubo contactos entre la mesa estatal de minusvalías y
representantes del Imserso; pero también sabemos que, al mismo tiempo
que se desarrollan estas negociaciones, en las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular -entre ellas conozco directamente
la de Galicia- se están ya revisando de oficio valoraciones
realizadas hace dos años y en consecuencia, al amparo de este nuevo
Real Decreto 1971/1999, denegando el derecho a pensión. Por eso, a
pesar de que vamos a votar favorablemente la proposición no de ley
del Partido Socialista, ésta no nos satisface. En estos momentos, por
lo menos en Galicia y en otras comunidades autónomas, ya tenemos
experiencias suficientes de las consecuencias que produce la
aplicación del Real Decreto 1971/1999. No es tiempo de estudios; es
tiempo, como reclama la mesa estatal de minusvalías, de derogar el
Real Decreto 1971/1999, de volver transitoriamente a la Orden de 8 de
marzo de 1984 y, entonces sí, estudiar las correspondientes reformas;
reformas que, por cierto, deben de partir de la definición que la
Organización Mundial de la Salud da de la incapacidad, es decir,
restricción de la capacidad para realizar actividades en la forma o
dentro del margen que se considera normal para un ser humano, y de
una constatación dura pero real, como ya dije, de que el sida siga
siendo en nuestras sociedades un estigma social, y que por tanto
estos factores sociales deben ser valorados autónomamente. Por esta
razón y porque tampoco podemos aguardar a que se concreten las
medidas comprometidas por el Imserso: elaborar de una circular en la
que se contengan instrucciones claras dirigidas a los equipos de
valoración, paralizar temporalmente las revisiones de oficio, revisar
a medio plazo los casos ya baremados, sustituir el número de
hospitalizaciones por número de atenciones médicas relacionadas con
laenfermedad, mantenemos nuestra proposición no de
ley en sus términos, sin perjuicio -como ya dije- de votar
favorablemente la del Partido Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Estas dos iniciativas del Grupo
Socialista y del Bloque Nacionalista Galego ponen hoy encima de la
mesa las consecuencias que en el ámbito de los enfermos del sida, se
pueden derivar de la aplicación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre; real decreto que ya anuncio que va a ser objeto de otras
iniciativas en esta Cámara, porque al menos a este grupo le llegan,
como mínimo, preocupaciones de otros colectivos de ciudadanos con
discapacidades afectados por las nuevas valoraciones que se
introducen en el mismo. Por tanto, sería bueno que la Cámara tuviese
muy abiertas sus antenas en relación con las implicaciones que puede
tener para las personas discapacitadas el real decreto en cuestión.
La iniciativa del Grupo Socialista y del BNG se centra exclusivamente
en las personas afectadas por el síndrome del sida. Nuestro grupo,
por la realidad que conoce en mi país, Cataluña, de preocupación por
parte de la sociedad civil comprometida en esta materia y por parte
de los propios gestores de este ámbito desde la sanidad pública
catalana, entiende que la propuesta del Grupo Socialista es prudente
y, por tanto, va a encontrar nuestro apoyo. Nos parecería bueno y
necesario que el Gobierno efectuase esa valoración, ese estudio de lo
que está implicando hoy en la realidad el impacto de este nuevo real
decreto, que no sé si fue aprobado con conocimiento o no de las
asociaciones ciudadanas vinculadas al sida, pero sí con un nivel de
transparencia escaso respecto a los intereses afectados por el mismo,
y al mismo tiempo, mientras se efectúa ese estudio, dejar en suspenso
la revisiones de oficio que se estuviesen realizando. Me parece una
propuesta prudente. Nosotros no nos opondremos a la propuesta que
realiza el Bloque Nacionalista Galego, desconocemos cuál es la
realidad en su país, Galicia, pero nos parece que primero deberíamos
avanzar hacia la revisión y la suspensión de oficio. Por tanto, en la
propuesta del Bloque Nacionalista Galego nuestro grupo se va a
abstener, aunque invitamos a los dos grupos a que intenten consensuar
un texto, porque las posiciones no son tan distantes.
La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ LÓPEZ: Intervengo en nombre de mi grupo para
debatir la proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista
y la añadida del Grupo Mixto, instando al Gobierno a la modificación
del Real Decreto 1971, de 1999, sobre la revisión de la
valoración de discapacidad en personas con infección por VIH-sida.
La proposición no de ley presentada se ocupa de un tema muy delicado
que afecta a un grupo social especialmente frágil y sensible y que
requiere atenciones y apoyos desde diversos niveles, familiares,
sociales, médicos, psicológicos, etcétera, y que por tanto demanda
una atención legislativa adecuada, con un alto grado de sensibilidad
y solidaridad, abarcando a un colectivo amplio pero que, además, por
sus características particulares requiere en la mayoría de los casos
una atención individualizada. Consciente de todo ello, el Gobierno de
la nación elaboró en el Real Decreto 1971, del 23 de diciembre, las
nuevas normas para la valoración de la discapacidad en personas con
infección por VIH, siendo estas normas absolutamente necesarias y
reclamadas por las distintas comunidades autónomas y por los
representantes del entonces Consejo rector de minusvalías. Los nuevos
baremos fueron elaborados con representantes de todas las comunidades
autónomas bajo el asesoramiento de especialistas en las materias
requeridas; incluso previamente a su publicación, este nuevo baremo
fue remitido a las diferentes organizaciones no gubernamentales,
integrantes del Consejo rector de minusválidos, para su valoración y
posible aportación de objeciones. Quiere decir, por tanto, que este
real decreto fue consensuado con todas las comunidades autónomas y
presentado el Consejo rector de minusválidos antes de su tramitación.
Se consideró esta normativa de gran importancia, por una parte, ante
la necesidad de actualización de los baremos anteriores que se
remitían al año 1984 y, por otra, ante la obligación de crear una
normas iguales e igualitarias para todas las comunidades autónomas,
además de formar un marco jurídico común para los recursos y
reclamaciones a que hubiera lugar. El grado de discapacidad se
obtiene valorando dos aspectos: la situación clínica o médica del
paciente y su situación psicológica; y el grado de minusvalía lo
obtenemos añadiendo al grado de discapacidad los factores sociales.
Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden ser cambiantes, se
revisan cada dos años, opción que tampoco contemplaban los baremos de
1984.
En cuanto a la proposición no de ley que hoy se presenta en esta
Cámara y los motivos en que basa su argumentación, es llamativo que
para un grupo tan heterogéneo de pacientes, en la mayoría de los
casos con tantos problemas añadidos de tipo social, familiar,
laboral, adicción a drogas, desestructuración, etcétera, su argumento
se basa fundamentalmente en la valoración de un patrón biológico. Si
el problema fuera exclusivamente ese, habría que decir que los nuevos
tratamientos antirretrovirales han incidido de un modo espectacular
en la evolución y pronóstico de estos pacientes. Basta decir que el
número de enfermos hoy ingresados en los hospitales, la mortalidad
atribuida a esta enfermedad y el absentismo laboral han disminuido
drásticamente. Es decir, los tratamientos antirretrovirales han
modificado radicalmente la capacidad funcional de estos pacientes. En
un grupo considerable de ellos su enfermedad es crónica, no sabemos
hasta cuándo y lógicamente requiere consultas médicas, horarios
específicos de medicación, etcétera. Con todo ello quiero decir que
todos sabemos que en los enfermos crónicos de cualquier patología su
actividad laboral y social se puede ver entorpecida por su enfermedad
y que, por tanto, hay que buscar métodos de adaptación. Algunas
formas de diabetes, por poner un ejemplo altamente frecuente,
presentan en muchos casos más dificultades para mantener una
actividad normal que en muchos pacientes infectados por VIH. El
número de comidas y de analíticas al día, el ejercicio físico, el
número de dosis de insulina diarias -con toda la parafernalia que
conlleva-, las revisiones médicas múltiples en distintas
especialidades, etcétera, complican -como ya he dicho antes- su
actividad laboral. Por otro lado, esa actividad, o al menos la
capacidad de tenerla, es lo que le permite en parte sentirse como los
demás y no autodiscriminarse. Los nuevos tratamientos
antirretrovirales fortalecen el sistema inmunológico y esto conduce a
una mejoría sustancial de la enfermedad, aunque para ello dependan de
un tratamiento continuado en el tiempo, al igual que otras
enfermedades crónicas importantes. Conscientes por otra parte de que
dentro de este grupo de pacientes existen subgrupos, que por sus
condiciones sociales, relación con la droga, falta de formación
profesional, paro continuo, y que al existir continuamente avances en
el conocimiento de la enfermedad y en su tratamiento la situación de
cada paciente puede cambiar, es por lo que pueden someterse
a revisiones periódicas sobre las valoraciones iniciales. Considero por
tanto, señorías, que se trata de un baremo objetivo que valora todo
tipo de discapacidades, sea cual sea la deficiencia y/o la enfermedad
inicial, y que además aporta criterios que permiten valorar
igualitariamente a los distintos grupos de personas con discapacidad.
El Gobierno, dando muestras de sensibilidad, ha convocado
recientemente reuniones con la mesa estatal de minusvalías por VIH y
se ha elaborado un informe por la Subdirección General del Plan de
Acción y Programas para personas con discapacidad sobre la aplicación
del nuevo baremo y la posibilidad de perder la prestación no
contributiva por no alcanzar en las revisiones el grado de minusvalía
necesario para dicha prestación, que es del 65 por ciento. Sobre
estos temas se está trabajando desde el mes de enero con los equipos
de valoración de las comunidades autónomas. Asimismo, se ha mantenido
una reunión entre responsables expertos de la citada Subdirección
General y de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida con objeto
de analizar los aspectos más importantes que se refieren a la
valoración del hecho de discapacidad de las personas con infección
VIH-sida y llegar a un consenso sobre las posibles interpretaciones
del baremo, siempre
dentro de lo que significa la evaluación de la discapacidad, que
permitirán una valoración más adecuada de los enfermos de sida. Como
consecuencia de ello, se remitirán instrucciones a todos los
responsables de los órganos técnicos de valoración de las comunidades
autónomas a fin de corregir los efectos restrictivos que la falta de
interpretación más clara pudiera estar originando, lo que seguramente
mejorará el grado de minusvalía de los afectados por dicha
enfermedad. Se ha elaborado, además, un protocolo que será remitido a
todas las comunidades autónomas para conocer la incidencia de las
revisiones de valoración de la discapacidad de afectados por VIH-sida
y la eventual pérdida de pensión que pudiera estar originando el
nuevo baremo. Asimismo, se hará el seguimiento una vez tenidas en
cuenta las instrucciones que se cursarán a los equipos de valoración
de la discapacidad y obtener así un conocimiento de los perfiles y
situación de necesidad de aquellas personas que no alcancen el grado
suficiente para tener derecho a pensión y elaborar alternativas
posibles de respuestas sociosanitarias en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, a través del Plan nacional del sida, al margen
de la protección económica derivada de las pensiones no contributivas
por invalidez.
Por todos los motivos expuestos, señoría, mi grupo no cree necesario
votar a favor de esta proposición no de ley, ya que las medidas
adoptadas por el Gobierno, y que acabo de citar, no sólo contemplan
aspectos médicos como justificante de discapacidad, sino que van más
lejos, incidiendo en todos los aspectos y consideraciones
sociosanitarias que pudieran encontrarse individualmente las personas
infectadas por VIH-Sida.
La señora VICEPRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda
transaccional entre las dos proposiciones no de ley del punto 5, su
aceptación o rechazo, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El texto definitivo queda así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis
meses realice un estudio con el fin de analizar el impacto de la
aplicación del nuevo baremo, recogido en el anexo I del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, a las personas afectadas por el VIH-
sida. Las conclusiones de dicho estudio serán remitidas a los
miembros de la Comisión de Política Social y Empleo, dejando en
suspenso para este colectivo las revisiones que se hayan efectuado
desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto 1977/1999 o se
tenga previsto efectuar. Esto sería el texto de la enmienda
transaccionada por el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario
Mixto, Bloque Nacionalista Galego. (El señor Aymerich Cano pide la
palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA: Entiendo que se haaceptado una enmienda
transaccional entre el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto, ya nos han
leído el texto completo y creo que no procede dar más turnos de
palabra.
El señor AYMERICH CANO: Como eran dos proposiciones no de ley, sólo
quería explicar por qué se llega a la transaccional. Le pido un
minuto para explicar el sentido.
La señora VICEPRESIDENTA: señor Aymerich, sería abrir otro debate. La
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha leído la enmienda
transaccional que aceptan los dos grupos y con ello terminamos este
debate.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señora presidenta, había quedado pendiente,
en la proposición no de ley en la que intervine, el texto que
finalmente como enmienda transaccional a las dos in voce propongo. Lo
lea y la pasaré luego a la Mesa. Dice así: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que realice un estudio comparativo
de los sistemas de protección de la Seguridad Social, así como de las
reformas acometidas por los países europeos, y de contraste de sus
previsiones demográficas globales. Dicho estudio deberá presentarse
en la Comisión no permanente para la valoración de los resultados de
la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo en el plazo
de seis meses.
La señora VICEPRESIDENTA: Se suspende la sesión hasta las trece
horas. (Pausa.)
Vamos proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley que
han sido debatidas.
Se somete a votación el primer punto del orden del día, la
proposición no de ley sobre modificaciones legales para el desarrollo
de cargos de dirección política carentes de retribución periódica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
votos en contra 21.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a la votación del segundo punto del orden del día, la
proposición no de ley sobre medidas para
facilitar la inserción social de los inmigrantes en los términos
resultantes del debate.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del tercer punto del orden del día, la
proposición no de ley para la realización de un estudio comparativo
de las reformas efectuadas en los sistemas de protección de la
Seguridad Social en los países europeos, también en los términos
resultantes del debate.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del cuarto punto del orden del día, la
proposición no de ley sobre adopción de medidas para el
reconocimiento del permiso de paternidad, en los términos también
resultantes del debate.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, señorías, pasamos a la votación del quinto punto del
orden del día, la proposición no de ley sobre la incapacidad de
personas afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia Sida. Como ha
habido una enmienda transaccional entre la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido incorporada
hoy a este debate, y la del Grupo Parlamentario Socialista, entiendo
que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto ha sido
retirada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 17;
en contra 21.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.