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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 169, de 28/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 169
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA M.a BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles, 28 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de
ley de modificación del Real Decreto-legislativo 1302/ 1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real
Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre). (Número de expediente
121/000019.) . . . (Página 4954)
- Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley de modificación del
Real Decreto-legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de
octubre). (Número de expediente 121/000019. . .
Proposiciones no de ley:
- Sobre realización de las actuaciones necesarias de saneamientos y
depuración en varias ciudades de Galicia. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000138.) . . .
(Página 4961)
- Sobre trasladado y establecimiento de la sede de la Confederación
Hidrográfica del Tajo a la ciudad de Toledo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000350.) . . .
(Página 4963)
- Relativa a la necesidad de ejecución urgente de la obra hidráulica
«conexión de la presa de Cuevas del Almanzora con el Poniente
Almeriense», declarada de interés general en el Real Decreto-ley 9/
1998, de 28 de agosto. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000363.) . . .
- Sobre residuos especiales. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000329.) . . .
(Página 4969)
- Sobre la realización de un estudio sobre el abastecimiento y usos
de agua en cada una de las diez ciudades españolas con mayor
población. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000330.) . . .
- Por la que se insta al Gobierno a presentar a la Cámara en un plazo
no superior a un año un proyecto de ley de contaminación acústica.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/000331.) . . . (Página
4975)
- Sobre planificación de las actuaciones que faltan para terminar el
saneamiento integral de las playas de Málaga. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
000409.) . . . (Página 4977)
- Sobre transferencia a la Junta de Andalucía de las confederaciones
hidrográficas que se encuentran en ese territorio. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/000073.) . . . (Página 4981)
- Por la que se insta al Gobierno a la consideración de los gobiernos
de las comunidades autónomas como autoridades competentes para el
conocimiento y la tramitación de los proyectos presentados en el
marco de las convocatorias del instrumento financiero para el medio
ambiente de la Comisión Europea Life, en su ámbito temático Life-
Medio Ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000259.) . . .
(Página 4984)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE LAS
SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REALDECRETO LEGISLATIVO 1302/
1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (PROCEDENTE
DEL REAL DECRETO-LEY 9/2000, DE 6 DE OCTUBRE). (Número de expediente
121/000019.)
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos.
Iniciamos la sesión de esta tarde de la Comisión de Medio Ambiente y
pasamos, si les parece, según el orden del día, a ratificar la
ponencia designada para informar el proyecto de ley de modificación
del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
del impacto ambiental, procedente del Real Decreto-ley 9/
2000, de 6 de octubre. ¿Ratifican SS.SS. la ponencia designada?
(Asentimiento.)
Por unanimidad, queda ratificada.
APROBACIÓN CON COMPETENCIALEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/
1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (PROCEDENTE
DEL REAL DECRETO-LEY 9/2000, DE 6 DE OCTUBRE). (Número de expediente
121/000019.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundopunto del orden del día que
es la aprobación, con competencia
legislativa plena, del informe elaborado por la ponencia.
Existiendo en este momento diferentes enmiendas, si les parece,
comenzamos la defensa de las mismas, y si lo desean los señores
ponentes de cada grupo parlamentario, en el momento de la
intervención defendiendo sus enmiendas, pueden referirse a la
posición de su grupo respecto a las de otros grupos presentes en esta
Comisión de Medio Ambiente.
Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto, con las enmiendas
números 51 a 68, de los señores Saura, Laporta y Labordeta Subías,
que no están presentes. (Pausa.)
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señora presidenta, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, se dan por defendidas las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Imagino que las de la señora Lasagabaster
también se darán por defendidas.
El señor OTXOADE ERIBE ELORZA: Sí, señora presidenta, damos por
defendidas todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora PRESIDENTA:Por tanto, también se dan por defendidas las
enmiendas del señor Vázquez, del Grupo Mixto.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: El Grupo Vasco entiende que el
proyecto de ley del que nos vamos a ocupar hoy, de modificación del
Real Decreto legislativo 1302/1986, se ajusta a la trasposición
debida de la normativa europea y nada tenemos que objetar en su
conjunto. Lo que hemos hecho es presentar unas enmiendas porque
entendemos que una ley de estas características debe prever la
conflictividad que puede presentarse en la aplicación de su
articulado, en función de las competencias que tienen las diferentes
comunidades autónomas, porque se puede crear un problema en su
momento.
Entendíamos que era mejor plantear de salida esa problemática e
intentar encontrar una solución a esos problemas, antes de que se
produzcan, porque inevitablemente puede haber un problema
jurisdiccional. Nos extraña que no haya sido aceptada, al menos, la
discusión de estas enmiendas, porque, insisto, no van en contra del
cuerpo de la ley ni la discuten, simplemente pretenden aclarar en sus
diferentes artículos -estamos hablando solamente de cinco enmiendas-
la posibilidad de que haya un desajuste competencial y tasarlo de
salida en esta ley para que eso no ocurra.
Creo que en todas las enmiendas la justificación está suficientemente
argumentada como para que no sea necesario que este portavoz, en este
momento, les
canse con su relectura. Por tanto, quiero darlas por defendidas,
insistiendo en que nosotros siempre votaremos a favor de esta ley, no
tenemos nada en contra, pero entendemos que sería conveniente que se
viera la posibilidad de tasar ese ámbito competencial y dejarlo
regulado, para evitar problemas en el futuro.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: En el debate de toma en consideración de
este real decreto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
ya planteó que le parecía que era un decreto que tenía algunas
deficiencias, que se debía y se podía ir más allá en las
tramitaciones que se tenían que hacer a las evaluaciones de impacto
ambiental e, incluso, que se tenía que ampliar su contenido.
Pues bien, la primera enmienda que ha presentado nuestro grupo
parlamentario plantea que todos los proyectos, tanto del anexo I como
del II, de este real decreto ley, lo que sería esta ley, se sometan a
los requisitos de autorización de su desarrollo y a una evaluación
con respecto a sus efectos, según se define después en el artículo 2
de la ley. Decimos esto porque el artículo 1.° de la directiva
establece el requisito de autorización para el desarrollo y la
evaluación con respecto a los efectos. Además, creemos que el real
decreto que se omite omitía este precepto, y nosotros consideramos
que es necesario que se incluya para que se pueda recurrir. Nos
parece que es imprescindible que se puedan recurrir jurídicamente las
declaraciones de impacto ambiental para que se integren en el
proyecto los condicionantes ambientales que figuran en los planes,
así como que se incluyan los planes de vigilancia que se puedan
establecer. En nuestro país tenemos experiencias que indican la
necesidad de que los planes puedan ser recurribles ante los
tribunales, precisamente para que éstos no tengan ese vacío legal que
después no pueden llenar con su propia actuación. Por eso, señorías,
planteamos que se debe incluir esta modificación.
La segunda enmienda que ha presentado nuestro grupo parlamentario
tiene que ver con que tanto los proyectos que figuran en el artículo
único, punto 1, como los que figuran en el artículo 1, punto 2,
tengan que someterse, caso a caso, a la decisión del órgano
ambiental. Nuestro país traspuso la directiva anterior de forma
restrictiva. Creemos que la totalidad del segundo anexo debería estar
sometida al previo estudio de evaluación de impacto ambiental. Es
necesario que no solamente se tengan que evaluar los proyectos del
anexo I sino también los del anexo II, precisamente por esa mala
trasposición anterior. Hay legislaciones autonómicas ya en marcha que
son mucho más amplias que la trasposición de la directiva en este
proyecto de ley. Realmente, una ley básica no tendría que quedarse
por
debajo de las legislaciones autonómicas, por lo menos tendría que
estar al mismo nivel.
Nuestra tercera enmienda se refiere a las competencias de las
administraciones públicas. No son solamente las comunidades autónomas
las que tienen las competencias, sino también los ayuntamientos en
algunas ocasiones. Es importante que se incluya a los municipios a la
hora de establecer la obligatoriedad de consulta a las
administraciones públicas; no solamente a las comunidades autónomas
que tengan las competencias, sino también a las administraciones
locales.
Nuestra enmienda número 4 plantea que las consultas que se realicen a
las administraciones competentes en materia ambiental y las
alegaciones que se formulen en la información pública se tomen en
consideración y se incorporen al procedimiento que establece la
evaluación de impacto ambiental. Consideramos importante que se
responda a las alegaciones y que, además, se tenga en la declaración
de impacto ambiental todo el procedimiento de autorización final, con
las consultas, la información y las alegaciones, junto con la
respuesta que se ha dado a las mismas. Es una información mucho más
amplia, que tiene mucho valor para tomar una decisión y se deben
incorporar todas las informaciones que estén en los proyectos que
tengan una declaración de impacto ambiental.
La última enmienda que ha presentado nuestro grupo parlamentario
pretende crear una disposición transitoria nueva en la que pedimos al
Gobierno que, en el plazo máximo de seis meses, remita a la Cámara un
proyecto de ley para que se trasponga la Directiva 96/61 sobre
prevención y control integrado de la contaminación.
Hay un retraso importantísimo en la trasposición de esta directiva,
conocida normalmente como IPPC. Con esto, se pretende que se pueda
utilizar un procedimiento para la evaluación de impacto ambiental,
puesto que las dos directivas tienen mucho que ver, una habla de la
evaluación de impacto ambiental y la otra de la prevención y control
integrado de la contaminación. Por tanto, es importantísimo que se
unifiquen los procedimientos para la evaluación de impacto ambiental
y para la prevención y control integrado de la contaminación. De ahí
que mi grupo parlamentario reclame que, en el plazo máximo de seis
meses, se tenga ese proyecto de ley en esta Cámara que nos permite
tener una visión global de las evaluaciones de impacto ambiental y de
la prevención y control integrado de la contaminación.
Mi grupo parlamentario estaba convencido de que la trasposición de la
directiva podría haber ido mucho más allá, aunque tenemos que
reconocer que esto ha sido un paso adelante, que a nosotros no nos
satisface plenamente, pero, si se tienen en cuenta las enmiendas de
Izquierda Unida y las de otros grupos parlamentarios que nosotros
vamos a apoyar, mejoraría muchísimo el texto que ha traído el
Gobierno y podríamos hablar de tener una ley de evaluación de impacto
ambiental mucho más amplia y completa, que permitiría evaluar de una
manera mucho más real los impactos ambientales de determinados
proyectos sobre nuestro entorno de lo que hasta ahora se ha venido
haciendo.
La señora PRESIDENTA: Las dos enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió se han incorporado. ¿Desean
fijar su posición en esta etapa?
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, en todo caso, apreciar la
capacidad de síntesis de la ponencia, pues tuvo a bien asumir las dos
enmiendas que nuestro grupo parlamentario había presentado. Cuando
llegue el momento, pediremos votación separada de las enmiendas de
todos los grupos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra la señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: El Grupo Socialista presenta un
conjunto de 22 enmiendas a diferentes aspectos del Real Decreto-ley
que traspone la Directiva 97/11 de la Comunidad Económica Europea, en
el sentido, en principio global, de intentar que este proyecto de
ley, una vez que haya sido aprobado en Cortes, guarde similitud con
los trabajos del último año 2000, en el que la Comisión Europea ha
avanzado ya en la redacción de una propuesta de directiva que da un
paso más hacia lo que deben ser los principios que rijan en toda
actuación, económica, territorial o cualquier otra política que
afecte de manera directa al medio ambiente. Incorpora elementos muy
importantes, como el hecho de que a cualquier plan o programa de
actuación deberá incorporarse previamente el estudio de evaluación de
impacto ambiental para intentar minimizar el impacto negativo de
cualquier actividad. En esa dirección incorporamos una serie de
enmiendas con criterios avanzados para ponernos a la cabeza de los
países a la hora de defender el medio ambiente, y no a la cola. Ahora
estamos discutiendo una normativa de trasposición de la Directiva 97/
11, cuando el plazo finalizó en el mes de octubre de 1999, por lo que
han transcurrido más de dos años y creemos que es el momento de no
dejar pasar otros dos años más para poder incorporar los estudios de
impacto ambiental a los planes y programas.
Intentaré ser lo más concisa posible al defender cada una de las
enmiendas a las que he hecho alusión de manera global. La enmienda al
artículo 1 intenta modificarlo en el sentido de recoger las
recomendaciones del Consejo de Estado, que dice en su dictamen que
los estudios de impacto deberán tenerse en cuenta sin las excepciones
que se recogen en este artículo; por el contrario, deberá someterse,
como principio preventivo y de cautela, a la evaluación de impacto
ambiental. En ese sentido, planteamos que estará sujeta donde se
hayan fijado umbrales o criterios objetivos para determinar cuándo un
proyecto es aplicable, de acuerdo con las normas, a la legislación
estatal o a la de las comunidades autónomas según sus competencias.
La enmienda número 22 está, a su vez, relacionada con la número 23,
de adición de un nuevo apartado 3. Desde nuestro punto de vista, los
planes y programas que figuran en el anexo II bis deberán someterse,
igualmente, a evaluación ambiental, antes de su adopción o
aprobación. Como decía anteriormente, avanzando en esa línea respecto
a la posición común aprobada en el Consejo de la Unión Europea de 20
de marzo de 2000, se trata de incorporar ya los planes y programas a
esta nueva legislación sobre medio ambiente.
Nuestra enmienda número 24 propone la adición de un nuevo artículo,
el 7 bis. Proponemos que la evaluación ambiental de los planes y
programas contenidos en el anexo II bis se realizará mediante una
declaración ambiental por parte del órgano ambiental competente.
Dicha declaración deberá elaborarse contemplando una serie de
requisitos: contenidos y objetivos del plan o programa;
características ambientales de todas las zonas que puedan verse
afectadas de manera significativa; problemas ambientales existentes
relacionados con el plan o programa, incluidos los relativos a las
zonas designadas con arreglo a las directivas 79/409 y 92/43 de la
CEE; objetivos de protección ambiental establecidos a escala
internacional, nacional y de comunidades autónomas; repercusiones
ambientales importantes que pueda tener el plan o programa; todas las
formas alternativas, localizaciones y razones por las que se haya
adoptado una decisión en concreto; medidas previstas para prevenir,
reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier
repercusión negativa importante del plan o del programa en el medio
ambiente. Nuestra enmienda hace especial hincapié en que los
programas y planes deberán ser sometidos siempre a información
pública antes de su adopción o de su aprobación. En todo caso, todas
las administraciones públicas afectadas tendrán que participar en el
proceso previo de audiencia y de elaboración del informe de
evaluación ambiental. (El señor vicepresidente, Ruiz López, ocupa la
Presidencia.)
La enmienda número 25 es de adición. Proponemos un nuevo artículo 8
bis con el fin de que, sin perjuicio de las infracciones que, en su
caso, puedan establecer las comunidades autónomas (en muchas de ellas
ya están reguladas por ley), las infracciones en materia de
evaluación de impacto ambiental se clasifiquen en muy graves, graves
y leves. Creemos necesario que haya un régimen sancionador que
contribuya a la eficacia y al cumplimiento de la norma.
La enmienda número 26 guarda relación con la número 25, en el sentido
de fijar las multas para las infracciones en él tipificadas. Por el
Grupo Parlamentario Popular se nos ha facilitado una propuesta para
transaccionar estas dos enmiendas 25 y 26, que estudiaremos.
Como decía, se trata de que, dentro de la normativa
ambiental básica, se tipifiquen las infracciones y se señale la
cuantía de las multas que deben imponerse, sin menoscabo de las
competencias que tienen las comunidades autónomas, que las pueden
ampliar en función de sus propios criterios.
En la enmienda número 27 proponemos una adición de una nueva
disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción: El Gobierno
de la nación modificará, en el plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor de la ley, el reglamento de evaluación de impacto
ambiental, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, con el fin de potenciar la información y participación
pública, a través de la articulación de nuevos instrumentos de
comunicación, audiencias públicas o Internet, en función de las
categorías de los proyectos, planes y programas, para dar el máximo
de transparencia, de publicidad y de facilidad a todas las personas,
administraciones, etcétera, interesados en la aprobación y en el
desarrollo de un proyecto, plan o programa. De acuerdo con el
espíritu de la Directiva 85/337 de la Comunidad Económica Europea, se
trata de potenciar al máximo la información y la participación
pública.
Nuestra enmienda número 28 propone la adición de una nueva
disposición adicional quinta, con el fin de que el Gobierno de la
nación, en el plazo máximo de un año, apruebe, mediante la oportuna
normativa, directrices e instrucciones técnicas complementarias con
el objeto de concretar el alcance técnico de los estudios de impacto
ambiental. Creemos que es importante que haya criterios claros y
homogéneos como punto de partida a la hora de elaborar los informes
de impacto ambiental.
La enmienda número 29 propone la adición de una nueva disposición
adicional sexta, con la siguiente redacción: El Gobierno de la
nación, sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas, establecerá reglamentariamente un procedimiento
administrativo común para cumplir los requisitos del real decreto-ley
y los derivados de la incorporación de la Directiva 96/61, relativa a
la prevención y el control integrados de la contaminación. El
artículo 1.2 de la Directiva 97/11, que se incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico a través de este proyecto de ley, recoge la
posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer un
procedimiento único para cumplir los requisitos de la Directiva 85/
337 y de la Directiva 96/61. Aunque esto debería haberse hecho ya,
estamos en el momento oportuno para establecerlo mediante esta norma.
Algunas comunidades autónomas ya lo han regulado y lo están llevando
a efecto.
En la enmienda número 30 proponemos la modificación de la disposición
transitoria única. La redacción del real decreto-ley excluye el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental a los proyectos que
a laentrada en vigor de esta norma se encuentran en trámite
de autorización administrativa. Nosotros creemos que los proyectos
que están en trámite y que cuenten con el informe de evaluación
ambiental deben seguir el procedimiento hasta el final, sin verse
afectados por esta norma, para no crear ninguna indefensión o vacío
jurídico. Es decir, cualquier procedimiento administrativo, público o
privado, que a la entrada en vigor de esta ley estuviera
desarrollándose no debería de verse afectado.
La enmienda número 31 propone la adición de un nuevo párrafo al
párrafo segundo del apartado c) del grupo 2: Industria extractiva del
anexo I. Consideramos necesario el sometimiento a evaluación de
impacto ambiental de este tipo de instalaciones, concretamente en
dragados marinos para la obtención de mineral que no sea arena, en
aplicación de los principios de prevención y cautela.
La número 32 propone la adición de un nuevo párrafo al párrafo
primero del apartado c) del grupo 2, con la siguiente redacción:
Extracción de minerales mediante dragados en zonas fluviales que no
sean zonas húmedas protegidas. El proyecto de ley habla de las zonas
protegidas, pero nosotros, en concordancia con las directivas de
aguas y con el convenio de Ramsar, consideramos necesario el
sometimiento a evaluación de impacto ambiental de todo tipo de
instalaciones que tengan relación con las zonas húmedas, protegidas o
no, es decir, lagos, lagunas, humedales y envases o que siéndolo no
lleguen a cien mil metros cúbicos.
La enmienda número 33 al anexo 1 propone la modificación del apartado
c) del grupo 3, que en el proyecto de ley dice así: Instalaciones de
reproceso de combustibles nucleares irradiados. Nosotros añadimos: ,
instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos
radiactivos. Se considera importantísimo y necesario el sometimiento
a evaluación de impacto ambiental de este tipo de instalaciones,
pero, en aplicación de los principios de prevención y de precaución y
haciendo uso de la facultad de los Estados miembros para establecer
normas más estrictas de protección, creemos necesario incorporar la
evaluación de impacto ambiental también a los almacenamientos de
residuos radiactivos, que no se recoge en el proyecto.
En la enmienda número 34 planteamos la supresión del apartado g) del
grupo 3: Industria energética del anexo II, en concordancia con la
enmienda anterior.
La enmienda número 35, al anexo I, propone la modificación del
apartado c) del grupo 8: Proyectos de ingeniería hidráulica y de
gestión del agua. Proponemos que se incorpore al proyecto de ley la
declaración de evaluación de impacto ambiental a los proyectos para
el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales.
Consideramos fundamental y necesario que, independientemente de las
características y de los fines de estos trasvases, todos vayan
precedidos de un estudio de impacto ambiental.
La enmienda número 36 se refiere a los proyectos de tratamiento y
gestión de residuos. Proponemos la supresión del requisito de
capacidad que se plantea en el proyecto para que una instalación de
estas características (estamos hablando de incineración de residuos
no peligrosos o de eliminación mediante tratamiento químico) requiera
un estudio de impacto ambiental. Consideramos que todas las
instalaciones de estas características deben ser sometidas a
evaluación de impacto ambiental, porque está en juego la salud
pública. Además, es fundamental que se lleve a efecto en este tipo de
instalaciones incineradoras, dado que debemos ir fijando criterios
más estrictos de protección de la salud pública en cuanto a los
aspectos relacionados con el sistema de tratamiento de residuos.
La enmienda número 37 es una modificación puntual. El proyecto recoge
que estarán sometidos a evaluación de impacto ambiental los parques
eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores. Nosotros creemos que
tienen que ser menos, porque el impacto paisajístico que pueden
causar tiene que ser estudiado independientemente del número de
aerogeneradores, en función del principio de prevención del medio.
La enmienda número 38 va en la misma línea, aunque se refiere al
anexo I, párrafo 8 del Grupo 10, donde habla de las líneas aéreas
para el transporte de energía eléctrica, con una longitud -dice el
texto- superior a 3 kilómetros. Nosotros consideramos que la
evaluación de impacto ambiental tiene que hacerse en cualquier caso,
sea inferior o superior.
La enmienda número 39, al anexo II, modifica varios apartados
relacionados con la agricultura, silvicultura, etcétera. Proponemos
que la plantación inicial de masas forestales y talas de masas
forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo
tiene que estar sometida a evaluación de impacto ambiental. En ese
sentido, consideramos muy oportuno mantener el texto que recoge la
propia directiva 97/11/CE, porque es mucho más preciso y, desde
luego, más preventivo.
La enmienda número 40, al anexo II, es de adición. Planteamos un
nuevo apartado d), que quedará redactado de la forma siguiente:
Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola
intensiva no incluidos en el anexo I. Consideramos que tienen que
estar sometidos también a evaluación de impacto ambiental. En ese
sentido, también viene recogido en el anexo II de la directiva 97/11/
CE.
La enmienda número 41, al anexo II, es de adición. Se añade un nuevo
apartado c), relativo a las presas y otras instalaciones destinadas a
retener agua o almacenarla, por largo tiempo, de menos de 15 metros
de altura, cualquiera que sea la capacidad.
Por último, la enmienda número 42, al anexo II, plantea un nuevo
anexo II bis, referido a los planes y programas de planeamiento y
ordenación del territorio, a sus modificaciones y, en todo caso, a
los planes y programas de infraestructuras de transporte, de energía,
de
industria, de gestión de residuos y de gestión de recursos hídricos.
De esta manera se recoge la posición común, de 20 de marzo de 2000,
de la Comisión Europea, y la propuesta de directiva del Consejo 96/
0511.
El conjunto de todas estas enmiendas, como he dicho al principio,
intenta incorporar a este proyecto de ley el espíritu con el que ya
se está trabajando en Europa, para que tengamos ese talante de
prevenir, de preservar y de cuidar nuestro entorno en la línea
marcada por la propia comunicación de la Comisión Europea.
Lamentaríamos mucho que todas las propuestas que hacemos, que van en
esa dirección, no fueran asumidas, porque nos veríamos dentro de un
tiempo no muy lejano en una situación parecida a la que nos
encontramos hoy, con dos expedientes abiertos por la Comisión de
Justicia de la CE, precisamente por la falta de voluntad en la
aplicación de esta directiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijación de posición, por
el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Antes de entrar en la fijación de posición
relativa a las distintas enmiendas, al Grupo Popular le gustaría
hacer un preámbulo diciendo lo que se ha pretendido con la ley, lo
que no se ha pretendido y lo que le gustaría destacar. De esta forma
se entendería mejor la posición del Grupo Popular respecto a
determinadas enmiendas.
El proyecto de ley que hoy debatimos es una modificación del Real
Decreto-ley 1302/1986, es decir sólo pretende modificar la
legislación existente y, de hecho, mantiene su estructura; de ahí que
no se trate de hacer una legislación nueva, sino de modificar la que
hay. En segundo lugar, pretende una trasposición correcta de la
Directiva 85/337, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia
de la CE del 2 de mayo de 1996. En tercer lugar, es una trasposición
de la Directiva 97/11. En cuarto lugar, es la adecuación a la
sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de enero de 1998, de la
que se desprende que hay que tener una exquisita coordinación entre
las distintas administraciones y fomentar el compromiso institucional
y social con nuestro territorio. Hasta aquí lo que la ley pretende.
Lo que la ley no ha pretendido en ningún momento es hacer una
normativa de evaluación estratégica de planes y programas, que ahora,
a nivel de las comunidades europeas, está en un documento que se
llama posición común, es decir está en debate dentro de los distintos
países de la Unión Europea. Concretamente, el documento que conocemos
es la posición común 25/2000, que es la antesala de lo que será la
directiva, pero que todavía no lo es. Entendemos, y así lo ha
expresado el Gobierno a través de la intervención del ministro, que
es preferible esperar a que se pronuncie la directiva para abordar el
tema de la evaluación estratégica. Tampoco el proyecto de ley es una
normativa de
prevención y control integrado de la contaminación. En el debate a la
totalidad, se recalcó también que el proyecto de ley está presentado
en la conferencia sectorial y pretende la trasposición de la
Directiva 96/61; por tanto, no toca ese proyecto de ley que está
ahora mismo sometido a informe de la conferencia sectorial.
Nos gustaría destacar del proyecto de ley -y esto nos va a servir
para justificar nuestra posición respecto a algunas enmiendas- el
alto grado de consenso con autonomías y agentes sociales y
económicos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) No es que
quiera destacarlo por una singularidad, es que creo que debe ser así.
Es decir, entender el Estado de las autonomías sin llegar a consensos
amplios con las administraciones es negar la realidad. Este proyecto
de ley tiene la virtud de haber alcanzado un gran consenso, y
modificar ese gran consenso puede suponer desandar el camino andado.
Además, el proyecto, al mantener la estructura del que ya existía,
deja un amplio margen y una importante capacidad normativa a las
comunidades autónomas, en coherencia con lo que se ha dicho
anteriormente. Otra de las cosas que nos gustaría destacar es el paso
de 21 proyectos o iniciativas a evaluar a 115. No se les oculta a SS.
SS. la gran complejidad administrativa que requiere pasar de evaluar
21 proyectos a evaluar 115; de ahí que a la hora de presentar
modificaciones a lo legislado, se deba contemplar lo que suponen, más
allá de su trasposición a una ley. Hay que destacar también la
innovación que existe en el artículo 2.2 respecto a la consulta que
deba hacer el promotor al órgano administrativo para disminuir de
alguna forma la tramitación administrativa. Por último, hay que
destacar el carácter básico de esta ley.
Expuesto ese preámbulo, nos gustaría fijar nuestra posición respecto
a las enmiendas presentadas. Si me permite la Presidencia, voy a
seguir el mismo orden de numeración de las enmiendas porque me
facilita el trabajo.
Las enmiendas números 2 a 5, que son cuatro, son presentadas por el
Partido Nacionalista Vasco. Las tres primeras son al artículo 5.3 y
plantean un artículo 5.4 nuevo y una disposición transitoria tercera.
Entendemos que las enmiendas 2 y 3 son cuestiones de procedimiento
y que son más propias de reglamento que no de una ley básica, de ahí
que no se acepten las enmiendas. El texto de la disposición
transitoria tercera que plantea en su enmienda número 4 entendemos
que está subsumido en el artículo 5.3, que es la consulta previa,
y en todo caso es alargar un poco el tema competencial del que, como
dije antes, nuestro grupo y el Gobierno entienden que se ha hecho una
exquisita interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional
respecto a las competencias del Estado y de las distintas comunidades
autónomas.
La enmienda número 5 del PNV plantea una disposición adicional cuarta
nueva respecto a ampliar proyectos. Entendemos que esto está
contemplado en el
segundo párrafo del artículo 1.1 y que sería redundar en lo ya
legislado.
Las enmiendas 6 a 10 están presentadas por Izquierda Unida. La número
6 plantea un artículo 1 nuevo. Entendemos que es un tema de
terminología. Donde la directiva habla de autorización de desarrollo
la trasposición habla de evaluación de impacto ambiental. Otra cosa
es el procedimiento sustantivo que sigue la legislación española de
autorización donde la declaración de impacto ambiental está
subsumida. Entendemos que tal como viene en la ley es coherente con
la Ley de procedimiento administrativo.
La enmienda 7, respecto al artículo 1.2 nuevo, entendemos que no
añade nada, porque es cambiar lo de caso por caso para el anexo 1 por
en su caso y cada caso. Pensamos que caso por caso y en su caso es lo
mismo, que es un tema de terminología. Respecto a la enmienda número
8, al artículo 5.3, del informe a los municipios, entendemos que la
competencia constitucional la tienen las comunidades autónomas y que
es un tema de procedimiento y que en cualquier caso siempre se le
puede dar audiencia y consultar a los ayuntamientos, que tal y como
está sigue siendo respetuoso con la sentencia del Tribunal
Constitucional. La enmienda número 9 plantea un artículo 5.4 nuevo
que pensamos que es un tema de procedimiento que está contemplado,
además, en la Ley 30/92 de las Administraciones públicas. La enmienda
10, como muchas, aborda el tema del proyecto de ley de control
integrado de la contaminación, que ya hemos dicho que está en la
conferencia sectorial y que no tocaba aquí. Las enmiendas 11 a 16 son
del Grupo Mixto. Como se han dado por defendidas sólo voy a decir que
entendemos que las tres primeras, la 11, la 12 y la 13 plantean temas
competenciales. Reitero una vez más que nuestro grupo y el Gobierno
entienden que está suficientemente contemplado en la ley. Las
enmiendas 14 y 15 plantean temas de procedimiento que entendemos que
es materia más de reglamento que de ley. La enmienda 16 plantea un
tema de seguridad jurídica, la retroactividad de la ley, y nuestro
grupo y el Gobierno entienden que la ley no debe ser retroactiva.
Las enmiendas 17 a 20 son también del Grupo Mixto, de Eusko
Alkartasuna, de la señora Lasagabaster. También plantean temas
competenciales que nuestro grupo entiende que no deben mezclarse en
la ley tal como está. La enmienda 21, de Coalición Canaria, ha sido
aceptada y está dentro del informe de la Ponencia.
Las enmiendas 22 a 42 son del Partido Socialista. Respecto a la
enmienda número 22, nuestro grupo entiende que, al ser una normativa
básica, siempre se pueden fijar nuevos umbrales por ley y que pueden
cambiarse los anejos y ampliarlos, pero que ahora conviene mantener
la ley tal como está, porque tiene relación con las dos siguientes,
que son los planes y programas y la evaluación estratégica, que ya
hemos dicho que no se contempla en esta ley. Las enmiendas 23, 24
y 27 abordan la evaluación estratégica de planes y programas. Nuestro
grupo sigue insistiendo en que al estar en una posición común de la
Comunidad Económica Europea no conviene abordarlo ahora.
Las enmiendas 25 y 26 también han sido presentadas por el Partido
Socialista. Entendemos que es una oportunidad incorporar un
procedimiento sancionador a la ley y tipificar las faltas. Sin
embargo, como muy bien ha dicho la señora García Hierro, hemos
presentado unas enmiendas transaccionales a las dos, con la buena
intención de mejorar la propuesta del Partido Socialista y estamos
abiertos a hablarla, porque, repito, creemos que es una oportunidad
de enriquecer el proyecto de ley que hoy se presenta.
La enmienda 28 plantea que en la ley se contemplen directrices
básica. Nuestro grupo entiende que el Estado no debe llegar a
establecer directrices básicas precisamente para ser respetuoso con
las competencias de las comunidades autónomas. La enmienda 29 hace
mención a la ley de contaminación, que ya hemos dicho que no tocaba
ahora.
Las enmiendas 30 a 42 son temas del anexo. Como saben, en el anexo
hay 115 proyectos. La enmienda 31, que es del anexo I, interpretamos
que es la cuarta del grupo 2. La 32, también del anexo I, creemos que
plantea el tema de una forma muy generalista y el Partido Popular
entiende que para no complicar ya el gran número de proyectos que
deben ser evaluados hay que acotarlos y ponerles umbrales. En ese
sentido entendemos que, tal como está en la ley, con un umbral,
parece más acorde con la realidad.
La enmienda 33 entendemos que está en el anexo II, en la 6.3, igual
que en la directiva. La enmienda 34, referida al anexo II, es
coherente con la anterior y pensamos que está bien contemplada en la
directiva. La enmienda 35, también del anexo I, creemos que tal como
está en la directiva, con umbrales, puede ser más realista, porque
podemos caer en el detalle de que una simple tubería que traspase la
frontera de una autonomía pueda considerarse como un trasvase. En ese
sentido, creemos que hay que ponerle barreras al campo. Lo mismo nos
ocurre con la 36, que la ley pone umbrales mínimos al tratamiento de
residuos y baja los umbrales. Una cosa similar sucede en la 37 y en
la 38, que se bajan los umbrales de los aerogeneradores en la
enmienda 37 y la longitud de las líneas eléctricas en la 38.
La enmienda 39 del Partido Socialista también es relativa al anexo
II. Entendemos que consta en el anexo I con umbral. La enmienda 40
está aceptada e incorporada al informe de la Ponencia. Respecto a la
enmienda 41 volvemos a decir lo mismo: la Ley de grandes presas habla
de presas de más de 15 metros y de más de 100.000 metros cúbicos de
capacidad. No poner límite a las presas e intentar evaluar todo lo
que almacene agua nos puede llevar a un montón de proyectos agrícolas
pequeñitos, de depósitos, de charcas,
de albercas, de balsas, que por su propia dimensión son manejables;
pero evaluarlos todos por ley puede significar una carga
administrativa difícil de manejar, es aquello de que, cuando se dicta
una norma para controlar algo y no se valora si es controlable,
podemos estar tirando tiros al aire.
La enmienda número 42 vuelve a ser una modificación del anexo II
respecto a planes y programas, que hemos dicho que no se contemplaba
en este proyecto de ley, y no se admite. Las enmiendas 43 a 49 son
las del Partido Popular que están incorporadas en el informe de la
ponencia, y queríamos hacer una observación de dos errores
tipográficos, uno es en la enmienda 46, que habla del anejo I cuando
debe decir anejo II, y el otro en la enmienda 48, que habla del anejo
II cuando debe decir anejo I.
Las enmiendas 49 y 50 ya han sido incorporadas a la ponencia. Las
enmiendas 51 a 68, que son de Iniciativa per Catalunya-Verds y la
Chunta Aragonesista, en primer lugar, intentan que se legisle la
evaluación estratégica de planes y programas que hemos dicho que no
toca y, en segundo lugar, gran parte de estas enmiendas, de la 53 a
la 56 y de la 64 a la 68 abordan temas del reglamento de impacto
ambiental, que no es objeto de esta ley. Respetamos mucho la
iniciativa de ambos grupos pero entendemos que no es el momento. Hay
otras enmiendas de carácter competencial y nuestro grupo prefiere
quedarse con la versión dada en el proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Acabado el debate y la defensa de las enmiendas
que en este momento tienen vivas los diferentes grupos con relación
al proyecto de ley de modificación del Real Decreto-legislativo 1302/
1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente
del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), si les parece, su
votación la trasladamos a las ocho de la tarde, que será cuando
votaremos el resto del orden del día, puesto que ahora vamos a
debatir el tercer punto, que son proposiciones no de ley. (La señora
García-Hierro Caraballo pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Hay una enmienda que íbamos a
transaccionar y lo correcto sería pasarla a la Mesa para que la den
lectura todos los grupos y ver la posibilidad de transaccionarla,
puesto que se requiere la unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Señora García-Hierro, como vamos a debatir
proposiciones no de ley, si les parece bien los grupos se ponen de
acuerdo y en el momento de la votación, a las ocho de la tarde, todas
las enmiendas que hayan transaccionado esta Presidencia las expondrá
y ustedes las votarán.
Respecto a lo que ha alegado el señor Jiménez de algún defecto
respecto a la significación de los anejos,
los servicios técnicos de la Cámara se pondrán enseguida en contacto
con el señor Jiménez para poder solventar ese problema.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- SOBRE REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS DE SANEAMIENTOS Y
DEPURACIÓN EN VARIAS CIUDADES DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000138.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de
ley sobre realización de las actuaciones necesarias de saneamientos y
depuración en varias ciudades de Galicia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señorías, la iniciativa que traemos hoy a la
Comisión de Medio Ambiente es relativa a la construcción de la
estación depuradora de aguas residuales y el emisario submarino de
Coruña. Estas son obras reiteradamente reclamadas por la necesidad y
la urgencia de adecuarnos a las directivas europeas sobre saneamiento
y depuración de aguas residuales y desde luego es una obligación que
sienten las ciudadanas y ciudadanos coruñeses de mantener el litoral
libre de toda contaminación.
La obra ha sido declarada de interés general en el año 1996, afecta a
una ciudad de más de 250.000 habitantes, a la que hay que añadir la
conexión de varios municipios de la mancomunidad. No olvidemos que la
configuración geográfica de casi insularidad de la ciudad agrava, si
cabe más, la situación actual con una planta de pretratamiento del
todo insuficiente que, además, tiene un emisario escaso, totalmente
destrozado por los golpes de mar, y cuya reparación no ha sido
abordada en ningún momento ni por la Xunta de Galicia ni por el
Gobierno por las dificultades técnicas que ello conlleva y la
inminente construcción de una nueva depuradora.
Cuando se presentó esta iniciativa era el mes de junio del año 2000,
ante la inminente elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado, urgiendo una dotación presupuestaria adecuada para llevar a
cabo esta obra tan urgente y necesaria. En los Presupuestos Generales
del Estado hemos visto con satisfacción consignada este año la
cantidad de 1.120 millones de pesetas, por lo que nos parece una
partida adecuada para iniciar las obras de la estación depuradora de
aguas residuales, iniciándose también en estos últimos meses las
conversaciones entre el Ayuntamiento de La Coruña y la Confederación
Hidrográfica para definir el proyecto, la ubicación definitiva y
demás gestiones entre ambas instituciones. En estos momentos ha sido
ya
publicado el concurso para evaluación de impacto ambiental y espero
que los trámites se efectúen con la agilidad necesaria para que este
año, como es el deseo tanto de la Confederación Hidrográfica como del
propio ayuntamiento, llegara a efectuarse la licitación y
adjudicación de esta obra, lo que ya sin duda es un avance
significativo.
El Grupo Socialista quiere resaltar la importancia de esta obra y la
necesaria colaboración política entre las instituciones, como he
dicho antes, ayuntamiento, Ministerio de Medio Ambiente y
Confederación Hidrográfica, que redundará en preservar todo el
entorno litoral, la calidad de las aguas de nuestras playas, la
riqueza marisquera y pesquera de zonas, y así cuidaríamos el
contenido de nuestra plural biodiversidad.
Me anuncia el portavoz del Grupo Popular que podríamos llegar a una
transaccional y por parte del Grupo Socialista la aceptaríamos,
puesto que está en nuestro ánimo llevar a buen término la
construcción de esta importantísima obra. Urgimos seguir los trámites
con celeridad y un compromiso de dotar presupuestariamente con
cantidades significativas que permitan avanzar esta obra, tanto en
este año como en el año 2002, aprovechando siempre las bonanzas
climatológicas, puesto que conocemos y valoramos la dificultad
técnica de la obra, de nuestra climatología y el entorno litoral
donde se encuentra ubicada.
Por todo ello, aprovechando esos tiempos de bonanza y la dotación
presupuestaria adecuada, y a la espera de que se concrete por el
Grupo Popular la enmienda transaccional, estaría en disposición de
aceptarla.
La señora PRESIDENTA: Efectivamente, desde el Grupo Popular se nos ha
hecho llegar la enmienda transaccional que expondrá en su
intervención el portavoz de dicho grupo.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: A pesar de haber sido, como dijo la señora
Marón, su proposición no de ley redactada antes de conocer las cifras
y el propio proyecto de la ley de Presupuestos Generales del Estado
para este año 2001, seguimos creyendo que esa iniciativa es una
iniciativa oportuna. A mí se me escapa, como autor de otra iniciativa
similar y más ambiciosa, por qué en su momento no se acumuló esta
otra proposición no de ley con la que ahora estamos discutiendo, pero
cuando entre en el orden del día esta otra proposición no de ley
tendremos ocasión de discutirla.
Efectivamente, hay una directiva comunitaria que establece que antes
del ya pasado 1 de enero de 2001 las aglomeraciones de más de 15.000
habitantes debían contar con sistemas de tratamiento secundario,
sistema que ni en A Coruña ni en Ferrol existen, son las dos últimas
depuradoras obras de interés general declaradas que van a ser
ejecutadas en todo el Estado. Lo que
ha dicho la diputada Carmen Marón de que esta depuradora daría
servicio no sólo a la ciudad de A Coruña, sino a toda su área de
influencia, a toda la metrópolis de ACoruña, es totalmente cierto y
compartimos lo que señaló sobre el emisario submarino de Bens. Con lo
que ya no estamos tan de acuerdo es con que las cifras que se
consignan en los presupuestos generales para este año sean tan
positivas, sobre todo cuando -así también lo ha reconocido de alguna
manera el director general de Aguas y Costas, del Ministerio de Medio
Ambiente, en las comparecencias previas a la elaboración de enmiendas
al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado- el retraso
que se lleva en la ejecución de esta obra, de esta infraestructura
exigida por la normativa comunitaria, tanto en A Coruña como en
Ferrol, es un retraso evidente.
Ultimamente en la prensa gallega la Xunta de Galicia ha anunciado que
también por su parte iba a realizar una inversión varias veces mil
millonaria para establecer la red de saneamiento de ACoruña, parece
que también a destiempo, y nos gustaría -esperaremos la intervención
del portavoz del Grupo Popular para conocer los términos de su
enmienda y la transacción a la que llegue con la diputada Carmen
Marón- que en esta enmienda transaccional hubiese un compromiso claro
de acelerar, sobre los plazos previstos, la ejecución de la estación
depuradora de aguas residuales tanto de A Coruña como de Ferrol,
porque -y es un argumento que se emplea muchas veces en esta Cámara-,
como derecho comunitario obliga, también en este caso asumamos esa
obligación y ejecutémosla. Si estamos ya en mora, que este retraso
sea el mínimo posible.
La señora PRESIDENTA: Por parte de los grupos parlamentarios, ¿quién
desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Se ha hablado de la oportunidad de la
proposición no de ley que ahora estamos debatiendo. Yo creo que todas
las iniciativas que se presentan en esta Cámara son igualmente
oportunas, pero esta nos viene de la mano de la diputada doña Carmen
Marón, que une a su condición de diputada la de concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de La Coruña. Eso la hace especialmente
sensible a un tema como este y también comprensiva, como ha dicho en
su intervención, a las dificultades técnicas y económicas que una
obra de este tipo conlleva. Es cierto - comparto absolutamente su
apreciación- que es una obra muy importante, puesto que beneficia no
sólo a los habitantes de la ciudad de La Coruña, sino a todos los
habitantes del área metropolitana, a un conjunto aproximado de unos
300.000 habitantes. Es una obra importante por su contenido económico
y también por
los aspectos turísticos de la propia ciudad de La Coruña, tan
importantes desde los puntos de vista social y económico.
La declaración de interés general de estas obras tuvo lugar en junio
de 1997, como consecuencia de la ley de 8 de junio, y a partir de esa
fecha la Confederación Hidrográfica del Norte inició los estudios
para definir los sistemas generales de saneamiento utilizando dos
vías: por una parte, aprovechando los contratos de asistencia técnica
que habían sido puestos en marcha por la Xunta de Galicia y, por otra
parte, con asistencia técnica contratada a cargo del propio
Ministerio de Medio Ambiente.
Se han dado pasos importantes ya en estas obras, no sólo la
consignación presupuestaria a la que se ha aludido, sino que se han
realizado ya los estudios de alternativas de ubicación de la estación
depuradora de aguas residuales de Bens; se ha puesto en marcha una
campaña de muestreo y análisis para evaluar las características de
los afluentes de esta estación depuradora; se encuentra en redacción
el pliego de bases para el concurso de proyecto y construcción de
ampliación de la EDAR y se están elaborando los estudios
oceanográficos para determinar la incidencia del vertido en el medio
receptor. Una vez finalizados todos los estudios y proyectos se
elaborará la programación específica de las obras, unas obras en las
que el Ministerio de Medio Ambiente prevé invertir un total de 8.800
millones de pesetas, 5.800 en la EDAR de Bens y otros 3.000 en el
emisario submarino. Por otra parte, también está prevista la
conclusión de convenios entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la
Xunta de Galicia para fijar definitivamente los plazos de ejecución y
el sistema de financiación de estas obras.
De cualquier manera, no quiero dejar de señalar, por la importancia
que, esto tiene, que, habida cuenta de las especiales características
de la zona de implantación y del medio receptor, está previsto
someter la estación depuradora de aguas residuales de Bens al
procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental mediante la
aplicación de la Directiva 11 de 1997, una directiva que si bien
todavía no está transpuesta, sí se va a aplicar y que podría obligar
a un ajuste de los plazos establecidos a este efecto.
De cualquier manera, como ha señalado la señora Marón, los pasos que
se han dado son importantes, las proyecciones de inversión, esos
8.800 millones de pesetas, también son muy importantes. En
consecuencia, nosotros le proponíamos -y en conversaciones que hemos
mantenido, hemos acordado transigir- una enmienda a la proposición no
de ley que ya ha presentado, instando al Gobierno a que se continúen
agilizando los trámites del expediente al objeto de que se proceda
a la finalización de las obras en el menor tiempo posible. Espero que
sea aceptada esta enmienda transaccional, tal y como se ha anunciado,
y confío en que
en el ejercicio de 2001 podamos ver la licitación de las obras.
- SOBRE TRASLADADO Y ESTABLECIMEINTO DE LA SEDE DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL TAJO A LA CIUDAD DE TOLEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000350.)
La señora PRESIDENTA: Punto número 4 del orden del día, proposición
no de ley sobre traslado y establecimiento de la sede de la
Confederación Hidrográfica del Tajo a la ciudad de Toledo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Mi grupo, y yo en su nombre, hemos
presentado esta proposición no de ley para conseguir la comprensión
por parte de todos a fin de que la Confederación Hidrográfica del
Tajo tenga su sede en la ciudad de Toledo. Parece que en estos días
que vivimos en este siglo es un poco anacrónico que una Confederación
Hidrográfica como es la del Tajo, una de las más importantes de
España, no tenga su sede en ninguna de las provincias ni en ninguna
de las ciudades por las cuales el río Tajo discurre y, sin embargo,
tenga su sede en la ciudad de Madrid, muy respetable pero que nada
tiene que ver con el río Tajo, a no ser esa peculiaridad tan
importante de ensuciarlo día a día. Para nosotros es muy importante
que en el momento actual y en este Estado de las autonomías no exista
el más mínimo interés por buscar la eficacia territorial y la
suficiencia. La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene su campo de
actuación sobre el río Tajo -un río Tajo que pasa por una comunidad
autónoma altamente generosa en materia del agua, y por ciudades
importantes y famosas, como puedan ser Toledo y Lisboa, que además le
dan prestigio internacional- y está un poco abandonado por esa
Confederación, que no muestra el interés y el celo que debiera.
Decía que este es un río generoso, porque desde hace muchos años su
agua no discurre solamente por los cauces naturales del río, sino
también por un acueducto para trasvasar agua a otras regiones
deficitarias o que al menos se dice que lo son. Desgraciadamente para
las gentes de la ciudad donde yo vivo, los toledanos, el río Tajo, a
su paso por nuestra ciudad, es una cloaca ya que su cauce recoge las
aguas sin depurar de otros ríos como el Jarama, el Henares y el
Tajuña, y esto es así desde hace muchos años y, sin embargo -sentimos
mucho decirlo-, la Confederación Hidrográfica del Tajo, asentada
junto al Paseo de la Castellana, en Agustín de Bethencourt, ha
permanecido impertérrita y, cuando no, colaborando activamente a que
se cometa algún desaguisado que otro en las márgenes y riberas del
río Tajo. Me refiero, para ser preciso, a la demolición
de unas turbinas de hace varios siglos, un edificio histórico
catalogado en el Plan especial del casco histórico de la ciudad de
Toledo, que ha dado lugar a que se interponga hasta una querella
criminal contra esta institución. Este río, al que se hacen vertidos
incontrolados desde las fábricas situadas en su cuenca o en las
cuencas de sus afluentes y sobre el que se producen vertidos de miles
de litros de combustible, como ha ocurrido el pasado verano y ha sido
noticia nacional desgraciadamente con motivo de unas fugas en la
central térmica de Aceca, que ocasionó una contaminación sin
precedentes y la muerte de numerosas especies. Por cierto, esta
central térmica, que es propiedad de la empresa Iberdrola, es una de
las que les han subvencionado con miles de millones de pesetas y
además se le ha concedido algún otro premio importante. Pues bien,
este río está bajo los auspicios de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, que no se entera de lo que pasa y que además propicia estos
desaguisados. Cabría preguntarse cuáles han sido -y por qué tan
pocas- las iniciativas en el transcurso de los años de la
Confederación Hidrográfica del Tajo para mejorar las riberas, los
márgenes y el caudal del río Tajo; por qué tal despreocupación y
falta de interés, y diría con pena que siempre instalados, como decía
antes, en el Paseo de la Castellana los excelentísimos e ilustrísimos
señores comisarios y directivos. Y, claro, desde la Castellana -y lo
digo con una ironía que ruego que se me permita-, no hay visión
suficiente como para ver el río Tajo, que pasa a 71 kilómetros de
estos edificios, por lo que mal se puede ver la realidad del río, su
contaminación, su déficit de caudal, sus olores, y es que les cae
demasiado lejos. Sí quiero decir, en honor a la verdad, que una
pequeña delegación de la Confederación Hidrográfica del Tajo poco
puede hacer ante un desastre medioambiental de esta magnitud.
No es lógico ni normal que en la tarea descentralizadora del Estado
se haya quedado al margen la Confederación Hidrográfica del Tajo,
produciéndose un agravio comparativo con otras regiones y ciudades de
España. No quiero dejar de reseñar aquí que esto es así y voy a decir
dónde tiene su sede cada una de las confederaciones hidrográficas,
que es lo normal y natural. Así, por ejemplo, la Confederación
Hidrográfica del Duero tiene su sede en Valladolid; la del Ebro, en
Zaragoza; la del Guadalquivir, en Sevilla; la del Guadiana, en
Badajoz; la del Júcar, en Valencia; la del Segura, en Murcia; la del
sur de España, en Málaga, y la del Tajo, como decía anteriormente, al
lado de la Castellana, en Agustín de Bethencourt, número 25. Así no
se puede vigilar ni se puede ver ni se puede oler cómo va el río Tajo
a lo largo de la ciudad de Toledo, por cierto, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad, que recibe más de 2 millones de turistas
al año y que se avergüenza a diario con sus espumas y sus olores, y
los turistas y todos los que la visitan se llevan una impresión
negativa. De esto culpo, sinceramente, a la Confederación
Hidrográfica
del Tajo, que no toma el interés que debiera y que, desde luego, si
estuviera al lado de su río, sí podría apreciar este cúmulo de
situaciones y circunstancias tan nefastas para la ciudad y, en
definitiva, para el medio ambiente. Esto es lo que nos obliga a pedir
la comprensión del grupo mayoritario y a solicitar que la sede de la
Confederación Hidrográfica del Tajo pase de Agustín de Bethencourt,
junto al Paseo de la Castellana y los Nuevos Ministerios, a la ciudad
de Toledo.
La señora PRESIDENTA: El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
ha repetido en su intervención en varias ocasiones el nombre de una
calle, de un canario, por cierto, Agustín de Bethencourt, que fue un
ingeniero muy importante en obras públicas, y sobre todo en obras
públicas hidrográficas. Por tanto, es posible que algo tuviese que
ver con la ubicación. (Risas.)
No se ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Esteve
Ferrer.
El señor ESTEVE FERRER: Al inicio de su intervención el portavoz del
Grupo Socialista nos pedía comprensión, igual que al final, y la
verdad es que había intención de comprender, algo que ha sido
completamente imposible. Yo esperaba que en la intervención de hoy
nos diera un poco de luz a la motivación de la proposición no de ley,
pero, aparte de algo más de literatura, poco ha aportado hoy a lo que
ya dice el texto. Y el texto viene a decir tres cosas: que se pide el
traslado de la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo a la
ciudad de Toledo por tres razones. Una es que el río Tajo en su paso
por la ciudad de Toledo es una auténtica cloaca, según versión del
proponente; otra es que hay una cierta dejación de funciones de la
Confederación, y, por último, que hay un agravio comparativo con
otras ciudades y regiones. De entrada, parece que esta podría ser la
última razón que justificara el traslado de una sede, pero, como
veremos cuando llegue a ella, tampoco es razón suficiente.
La primera motivación viene a decirnos que el río Tajo recoge las
aguas sin depurar de otros ríos como el Jarama, el Henares y el
Tajuña, y no es del todo cierto. Yo no sé si el portavoz socialista
sabe que en la ciudad de Madrid se encuentran en explotación siete
depuradoras en las que se va a invertir para su ampliación y mejora
unos 8.100 millones de pesetas, gracias al segundo Plan de
saneamiento integral del Ayuntamiento de Madrid, que se encuentra en
ejecución por la Confederación, a la que tildaba de tener pocas
iniciativas o falta de interés, la sección de Fuenlabrada de la
depuradora de Culebro, y se está preparando la licitación inmediata
de la sección de Getafe de esa misma depuradora. Además, están a
punto de comenzar las obras de la depuradora de la Gavia. Es decir,
estamos hablando de una inversión en la provincia de Madrid de unos
25.000 millones de pesetas. Además, la Comunidad
de Madrid, junto con las plantas de depuración que ya están
ejecutadas, tiene programada una inversión de 14.000 millones de
pesetas destinadas a la construcción de 47 nuevas depuradoras en las
cuencas de los ríos Jarama, Henares y Tajuña.
Sin embargo, frente a esta vorágine inversora, en Castilla-La Mancha,
en concreto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del señor
Bono, sólo tiene prevista una inversión de 1.200 millones de pesetas
para plantas de tratamiento convertidas en aguas de los ríos Henares
y Tajuña. Para mí, eso es falta de iniciativa. Pero, claro, no cuento
la pronta licitación de las obras de la depuradora de Guadalajara con
fondos de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ayuntamiento
de Guadalajara. Es decir, que no hay ni una sola actuación en la
ciudad de Toledo y además el volumen más relevante de presupuesto de
inversiones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a fin de
mejorar la infraestructura hidráulica, se produce en la Comunidad de
Madrid, cuestión lógica, por otro lado, si tenemos en cuenta el
volumen de los abastecimientos, usos industriales y vertidos que se
realizan en una comunidad y en otra.
Después de estas explicaciones, que yo creo que deberían ser
innecesarias, en primer lugar porque son datos públicos que debería
conocer el portavoz socialista, pero que me he visto obligado a
hacer, entre otras cosas, para ver quién tiene iniciativa inversora y
quién no y cuál es la que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, gobernada por el Partido Socialista. Al menos otros
invierten, aunque no sea el Gobierno del Partido Socialista de
Castilla-La Mancha, y no me negará el portavoz socialista que esas
inversiones van a contribuir a mejorar la calidad de las aguas cuando
lleguen a Toledo.
De todas formas, esta es la primera motivación. Todos nos preguntamos
aquí -y yo el primero- qué tendrá que ver para la mejora de la
calidad de las aguas donde esté la sede de una confederación
hidrográfica. Por lo menos, lo expuesto hasta aquí sirve para
argumentar también la segunda de las motivaciones, en la que usted
decía que hay dejación de funciones por la confederación. Está claro
-y en millones de pesetas lo he expuesto- que no es así y si alguien
está haciendo dejación de funciones, también ha quedado claro que es
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que, repito, gobierna
el Partido Socialista, cuyo grupo ha representado hoy y representa.
Pero es que además utiliza ejemplos erróneos. Habla de la demolición
de las Turbinas de Vargas, que dice que tienen siglos de antigüedad.
No, de finales del siglo XIX. Esta demolición que usted califica,
tanto en el texto como hoy, como desaguisado, por parte de la
confederación, demuestra un absoluto desconocimiento de cuál es la
realidad. En primer lugar, el edificio conocido como Turbinas de
Vargas estaba previsto en un proyecto general de acondicionamiento
del río Tajo, a su paso
por Toledo, a propuesta de la Fundación Juanelo y el propio
Ayuntamiento de Toledo, institución que usted conoce, pues no en vano
ha sido alcalde de esa ciudad, para reconstruir -y eso sí que es una
obra de ingeniería- el artificio de Juanelo. Digo que esa sí que es
una obra de ingeniería porque son bienes del siglo XVII, la conoce
todo el mundo que tenga conocimientos de historia de la ingeniería.
Juanelo Uturriama era tan famoso como puede ser Pier Luigi, pero hay
que estudiar para saberlo, y no estudió quien en el siglo XIX lo
derribó, construyó allí una caseta de mampostería sin ningún valor
patrimonial ,y, en la misma línea el Partido Socialista en Toledo
está empeñado en defender una caseta que ya está derruida, en
perjuicio de una auténtica obra de ingeniería como este artificio de
Juanelo. Pero es que además los cimientos y el alojamiento de la
rueda hidráulica, es decir de la turbina del ingeniero Vargas siguen
estando donde estaba, bajo la caseta derruida en el mismo cauce. Ése
es el elemento hidráulico. Usted confunde el edificio que se denomina
las Turbinas de Vargas con los elementos, es decir con las propias
turbinas que hizo este ingeniero, menciona tanto en el texto como hoy
que hay una querella criminal contra la confederación hidrográfica
para respaldar este supuesto desaguisado. Pues bien, usted sabe y no
lo ha mencionado, que esa querella se mantiene única y exclusivamente
contra dos funcionarios -que ya veremos cuál es la culpa que los
pobres tienen-, un director técnico y un ingeniero de obra, que se
hizo en plena campaña de las elecciones de 1999 con fines
electoralistas y que tuvieron escaso éxito, como lo demuestra el
hecho de que la alcaldía de Toledo la ostenta el Partido Popular.
Tampoco dice que cuando se interpuso esa querella el fiscal jefe
entonces, de la Audiencia Provincial de Toledo dijo que si él hubiese
sido el ingeniero también la hubiera derruido, para dar una idea de
la importancia del edificio del que estamos hablando.
El plan especial del casco histórico de Toledo no puede decir que
tenga catalogado ese edificio porque si lo tuviera podía haberlo
sacado hoy aquí y leer la línea donde se encuentra catalogado ese
edificio. No está catalogado. Lo que están catalogados son los
elementos hidráulicos que están en el cauce, lo dice en general,
y entre esos elementos hidráulicos están las turbinas, no el edificio
que se conoció con el nombre de Turbinas de Vargas, sino las propias
turbinas que, como ya he dicho, siguen existiendo en el mismo cauce.
No creo que un ex alcalde de Toledo como usted confunda edificios
como el Baño de La Cava o la Torre del Hierro con una caseta o una
nave industrial de este tipo.
Sabe también -y tampoco lo ha dicho- que todo el problema en esa
materia venía en si la confederación debía solicitar licencia o no a
la hora del derribo de la caseta por la propia confederación. Creemos
que cuando una obra se declara de interés general no hace falta
solicitud de licencia, pero no creo que sea tampoco
para querellas criminales. A lo mejor con un contencioso-
administrativo hubiese bastado.
Utiliza otro ejemplo erróneo, tildando de culpa in vigilando a la
Confederación Hidrográfica del Tajo en el vertido de combustible
proveniente de la central térmica de Aceca. Y digo que es erróneo
porque usted sabe, o debería saber, que el control, policía e
inspección de las instalaciones industriales causantes de eventuales
vertidos corresponde a las comunidades autónomas, y en concreto en
este caso a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo
estatuto de autonomía incluye estas competencias en su artículo 31.1.
Sabe también que el propio delegado de la Consejería de Industria en
la ciudad de Toledo así lo reconoció, a pesar de que 15 días después
sus compañeros en las Cortes de Castilla-La Mancha vinieron a
interpretar que estas competencias de control o de inspección casi se
remiten única y exclusivamente a revisar calefacciones, y ahí está el
«Diario de Sesiones» para comprobarlo.
No hable de dejación de funciones cuando si alguien hizo dejación de
funciones en aquel tema fue por ejemplo la consejera de Industria,
que tardó un mes en visitar las instalaciones; y no diga que hubo
dejación de funciones cuando el consejero de Agricultura, que ese
mismo día fue con el señor Bono y el delegado de la empresa causante
de los daños a hacerse la foto, vio que la propia confederación ya
tenía montado el dispositivo de emergencia. Repito, esa misma tarde.
La confederación hidrográfica ha llevado controles sistemáticos del
vertido autorizado a la central de Aceca, es decir los referidos
única y exclusivamente al agua procedente de la refrigeración de la
planta y los servicios sanitarios, y esas son sus competencias. Podía
haber tenido dejación de funciones si el vertido de las aguas de
refrigeración hubiese pasado de 3 a 30 grados; pero no si cae un
camión cisterna de gasoil en el río. Volvemos a lo mismo de antes. Yo
me pregunto, los que me están escuchando en esta Comisión se
preguntarán -voy terminando, presidenta- qué tendrá que ver dónde
esté la sede para que se derrumbe una nave o hayan vertido
accidentalmente o no de una industria.
Entra en la tercera de las motivaciones -el agravio comparativo- y
nos desarrolla una a una. Las cuencas están bien donde está el cauce
principal, bien en aquellos cauces que son tributarios de los
principales o bien de los cauces que conforman la cuenca hidrográfica
respectiva. En estos dos últimos casos están tanto la Confederación
Hidrográfica del Norte que ha mencionado usted, en Oviedo, del río
Gajo, afluente del Nalón, o la Hidrográfica del Sur, donde está el
río Guadalmedina. Pero hay otros, y los menciona usted, como que la
Confederación Hidrográfica del Duero está en Valladolid, claro que
sí, porque lo que pasa por Valladolid, y de ahí el dicho, es el
Pisuerga, que es un cauce que va a la cuenca, de la misma forma que
en Madrid está el
Manzanares, que va a la cuenca del Tajo. Por tanto, ese argumento
sirve para que se quede donde está, y no me hable de agravio
comparativo cuando yo le podía preguntar por qué en Toledo y no en
Talavera o en Guadalajara. En Guadalajara existe también una oficina
delegada, y allí no sólo está la Comisaría de Aguas, también está un
director técnico. Ha hablado de que trasvasamos aguas desde la
cabecera y tal vez tendría más sentido Guadalajara; a lo mejor el
agravio comparativo lo está haciendo usted.
En Toledo -lo ha dicho y es así- existen dependencias administrativas
y técnicas que asumen de forma directa e inmediata cualquier
problemática que se pueda plantear y entre ellas las de control e
inspección. Usted dice que hay que estar allí para ver. Por eso está
allí la Comisaría de Aguas, y por eso vamos a votar en contra de la
proposición no de ley. Por eso y porque el 70 por ciento del volumen
de asuntos que se presentan en la Confederación Hidrográfica del Tajo
corresponden a la provincia de Madrid, por eso porque la ciudad de
Madrid es el núcleo poblacional más importante en cuanto a
abastecimiento y usos industriales, por eso porque el volumen más
relevante del presupuesto se ejecuta en la Comunidad de Madrid, no
tendría sentido que todos estos municipios tuvieran que trasladarse a
Toledo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: ¿Podría replicar un momento por una
alusión, señor presidenta?
La señora PRESIDENTA: Brevemente, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Quisiera decir varias cosas, señor Esteve,
a lo que usted ha manifestado.
En primer lugar, el único Plan de saneamiento integral de Madrid que
existe vigente fue el que hizo don Enrique Tierno Galván en su día y
todavía se está viviendo de las rentas del mismo. Por eso ha dicho
usted con posterioridad que se tenía la previsión de invertir, pero
todavía no se ha invertido ni un duro. La depuradora de Fuenlabrada,
la de Guadalajara y todas ésas tienen la previsión de hacerlas, no
digo que no; las harán ustedes, pero no están hechas. Eso en primer
lugar.
En segundo lugar, yo no sé si usted, posiblemente lo haya visto o se
lo han dicho, pero cuando quiera, el próximo día le puedo traer un
ejemplar del Plan especial del casco histórico y lo que considera
usted un chamizo o una caseta vea que está contemplado dentro de los
edificios catalogados, no las turbinas y las tuberías, que sería un
disparate catalogar turbinas, ruedas y tuberías, sino el edificio,
ese edificio de mampostería que usted dice no vale para nada.
Es un poco osado por su parte decir -y perdón por la expresión- que
la querella no tiene importancia y
que se podía haber presentado un contencioso-administrativo. En
primer lugar, el que determina quién va a poner la querella -en este
caso no es usted ni su grupo- sino el que cree que se ha infringido
una norma, y desde luego, no debe ser tan baladí la querella o la
pretensión del que la ha puesto cuando ha sido admitida a trámite y
se están practicando las oportunas averiguaciones. Como usted muy
bien ha reconocido, están implicados en la misma varios funcionarios
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Evidentemente tienen que
ser personas físicas, no jurídicas. En cuanto a lo que ha dicho usted
de la importancia de los afluentes, perdóneme, comparar el Manzanares
suena a broma, comparar la importancia del Manzanares es crucial para
este país, sobre todo por el agua que trasvasa al Tajo, que vuelvo a
repetir da vergüenza. Usted lo ha justificado, está en su derecho y
yo lo respeto y lo asumo; para eso es usted del grupo mayoritario.
(El señor Esteve Ferrer pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Esteve, el señor Sánchez Garrido ha
intervenido, por alusiones, e incluso esta Presidencia, de forma un
poco amplia ha permitido que aun intervenga en temas que no eran
puramente de alusiones, pero entrar ahora en un debate me parece que
ustedes ya han expuesto además largamente y de forma profunda y muy
preparada en las diferentes intervenciones las posturas de cada grupo
parlamentario.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE EJECUCIÓN URGENTE DE LA OBRAHIDRÁULICA
«CONEXIÓN DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA CON EL PONIENTE
ALMERIENSE», DECLARADA DE INTERÉS GENERAL EN EL REAL DECRETO-LEY 9/
1998, DE 28 DE AGOSTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000363.)
La señora PRESIDENTA: La siguiente proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Socialista, es la relativa a la necesidad de ejecución
urgente de la obra hidráulica conexión de la presa de Cuevas del
Almanzora con el poniente almeriense, declarada de interés general en
el Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Contreras.
Por el Grupo Socialista también se ha presentado una enmienda de
sustitución, que el señor Contreras en su intervención imagino
defenderá y expondrá.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señorías, Almería, como todos ustedes
saben, es una tierra seca, probablemente la provincia con índice
pluviométrico más bajo de España, y por esta razón la aprobación del
Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, supuso una gran esperanza y
una extraordinaria alegría para la ciudadanía
de Almería, sobre todo para los sectores económicos que dependen
fundamentalmente de este bien universal, el agua. Me estoy refiriendo
naturalmente al turismo y muy prioritariamente a la agricultura.
A pesar de esto, Almería tiene un déficit hídrico importante,
evaluado en 288 hectómetros cúbicos al año, según la valoración que
hace el Plan hidrológico nacional y en 320 hectómetros cúbicos, según
la Mesa de las infraestructuras. No es cuestión ahora de polemizar
sobre si son 280 ó 320, lo evidente es que Almería tiene un fuerte
déficit hídrico y que su economía depende fundamentalmente de este
bien esencial que es el agua. Por tanto, este Real Decreto supuso una
gran expectativa, supone todavía una gran expectativa para los
ciudadanos y era un puente entre la situación que había y la
aprobación del Plan hidrológico nacional.
Las obras más importantes que contempla este decreto son el
encauzamiento del río Andarax, la conexión del Negratín-Almanzora,
las actuaciones para defensa y recarga de los acuíferos del poniente,
la presa de Canjáyar y la presa de Nacimiento, y la actuación a la
que hoy nos estamos refiriendo, que sin lugar a dudas es la obra más
importante para Almería. Algunos la han venido a llamar la autovía
del agua de Almería, y es de fundamental importancia para la
regulación hidráulica de la provincia tanto para la explotación de
abastecimiento como para regadío.
Esta conexión va a suponer que podrán pasar más de 140 hectómetros
cúbicos de la presa de Cuevas al poniente almeriense, 90 se deberán a
la desaladora de Carboneras, que no hace muchas semanas inauguró
felizmente el ministro de Medio Ambiente, con gran regocijo de todos
los almerienses pues fue una alegría para toda la ciudadanía de
Almería. Esta desaladora ya está en marcha, obra fundamental de las
que consta esa conexión, pero tenemos dudas sobre si otras
actuaciones están o no están en marcha. De ahí la enmienda que hemos
presentado para que se clarifique ante la opinión pública cuáles son
definitivamente las actuaciones que se van a llevar a la práctica y
las relaciono.
La central de bombeo en la presa de Cuevas de Almanzora; la
conducción general desde la central de bombeo hasta los llanos de
Aguadulce, con una longitud aproximada de 144 kilómetros; la conexión
de la desaladora de Carboneras hasta Venta del Pobre, con una
extensión de 27 kilómetros; la conexión de las presas de Nacimiento y
Canjayar, ésta es una de las dudas por la que he planteado la
enmienda a la proposición no de ley; la conexión de la desaladora de
Almería y la rehabilitación de la antigua presa de Isabel II, de
Níjar. Esta es otra duda, porque, según una respuesta escrita del
Gobierno a una pregunta de este diputado, en este momento aunque
estaba la obra ya valorada y el presupuesto hecho por 67,8 millones
de pesetas, se estaba dudando si se iba o no se iba a llevar a la
práctica. En otra respuesta del Gobierno nos dice que la conexión de
Venta del Pobre-Níjar la obra está licitada y adjudicada.
La impulsión de la instalación de la desaladora de agua del mar de
Carboneras también está licitada y adjudicada, y todo esto compone la
primera fase de esta actuación. En una segunda fase se trata de hacer
la conexión de Almanzora con Venta del Pobre, y todo esto, según
respuesta del Gobierno, se va a hacer tanto la licitación del
proyecto como la obra a lo largo de 2001.
Por tanto, creo que no estamos pidiendo nada excepcional si decimos
que este compromiso se ratifique en sede parlamentaria, es decir que
todo lo que supone la conexión de la presa de Cuevas del Almanzora
con el Poniente almeriense se licite proyecto y obra a lo largo del
año 2001. Esta es la primera parte de la proposición.
La segunda parte de la proposición no de ley es que en un plazo de
tres meses el Gobierno comprometa un calendario con las fechas de
ejecución de las obras que comprenden el desglosado, lo que no quiere
decir que tenga que ser en el 2001, sino que diga cuáles son las
previsiones de fecha que tiene para toda la obra.
Nosotros tenemos una serie de dudas que no son solamente del Grupo
Socialista, creo que son de todos los ciudadanos informados sobre
esta materia, porque el presupuesto de esta actuación son 19.359
millones de pesetas, la inversión que se había realizado a finales
del mes de septiembre era de 155 millones de pesetas, es decir no
llegaba al 1 por ciento del total de la obra lo que la empresa Acusur
había invertido en esta importante infraestructura. En la desaladora
de Carboneras se habían invertido 113 millones de pesetas. Sumando
ambas cantidades son 268, una cantidad muy inferior a los 19.359
millones que cuesta el total previsto de esta actuación. Esto es lo
que nos hace insistir en que sería bueno para todos, para el Gobierno
en primer lugar, pero sin lugar a dudas para todos los ciudadanos de
Almería, tener una previsión de obras, de actuaciones sobre esta
importante infraestructura de la provincia de Almería.
Finalmente y para terminar, otra duda que se nos plantea es que el
Plan hidrológico nacional no contempla, no sabemos cuál es la razón,
si en el primer anexo de inversiones se contemplaba no en el anexo de
inversiones del proyecto de ley ni la presa de Nacimiento ni la presa
de Canjáyar, y en este contexto sería bueno clarificar si es que no
se van a hacer y se sustituyen por la desaladora del poniente que no
estaba inicialmente prevista, o si es que por el contrario si se
piensa hacer aunque no esté en el anexo de inversiones.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora
Espinosa López.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señorías, como bien ha dicho el diputado
del Grupo Parlamentario Socialista, el déficit hídrico de la
provincia de Almería es de unos 320 hectómetros cúbicos, como así ha
sido reconocido y comprendido por el Gobierno del Partido Popular.
El Plan Almería y el Plan hidrológico nacional por fin atienden las
demandas de los almerienses. Este déficit se saldará por el Gobierno,
esté bien seguro, con diversas actuaciones, algunas de ellas se
contienen en el Plan del agua de la provincia de Almería, que tantas
dudas le ocasiona.
Este Plan, como sabe, ha sido encomendado a la sociedad estatal de
aguas de la cuenca del Sur, a Acusur; pero tengo que decir que desde
que esta sociedad se creó, y aún antes, ha tenido que sortear
muchísimas zancadillas en su camino, y digo esto porque como pronta
reacción al anuncio de la ministra Isabel Tocino de las actuaciones
del Plan de Almería y de la creación de Acusur, desde el Gobierno de
la Junta de Andalucía se acusó al Ministerio de Medio Ambiente de
estar haciendo demagogia, política de escaparate y vendiendo humo.
La señora Narbona, por su parte, primero se malicia en septiembre de
1998 de que las obras del plan no estarían terminadas antes de ocho
años. Después vuelve al ataque y en enero de 1999 se dedica a decir
que el Partido Popular y su Gobierno sólo presentan el plan y crean
Acusur para disponer de promesas electorales de cara a las elecciones
que se avecinaban, municipales y generales. El consejero de la Junta
de Andalucía, señor Vallejo, por su parte, viendo que el Plan de
Almería iba adelante, amenaza con poner un recurso a la creación de
la sociedad por no contar con el Gobierno autonómico. Ahora me dice
usted que pongamos un calendario. Seguro que terminamos antes de los
ocho años que vaticinaba la señora Narbona; esté seguro de ello.
Éstas son algunas de las chinitas que Acusur ha tenido que gestionar
para superar un plan que necesariamente ha de contar con la confianza
y aportación económica de los regantes de Almeria, quienes ante el
bombardeo del Partido Socialista en Almería desconfiaban de su
ejecución. Hoy, día 28 de febrero de 2001 -por cierto, día de
Andalucía- el plan de Almería se está desarrollando y algunas de sus
actuaciones, como sabe bien, están concluidas.
Respecto a la actuación a que se refiere la proposición no de ley,
que es la conexión de la presa de Cuevas del Almanzora con el
poniente almeriense, que en Almería se conoce popularmente como la
autopista del agua, le informo que la desaladora de Carboneras, y eso
sí lo sabe, hace poco puso la primera piedra el ministro, señor
Matas, será la más grande de Europa, será la segunda más grande del
mundo, tendrá una capacidad de producción de 42 hectómetros cúbicos,
ampliables a 84, supondrá una inversión de más de 14.000 millones de
pesetas y los usuarios aportarán una parte significativa de este
dinero. El agua desalada hay que impulsarla; se impulsa al punto de
conexión con el pantano de Cuevas, que se situará en la Venta del
Pobre, donde va a nacer lo que se llama la autopista del agua. Para
ello es necesario construir conducciones que supondrán una inversión
de 8.450 millones, de las que
los regantes también van aportar una parte significativa que ronda el
25 por ciento. Esta obra, según nuestras previsiones, según las
previsiones de Acusur, comenzará a ejecutarse el próximo mes y
previsiblemente esté terminada antes del verano de 2002. Acusur habla
del primer o segundo trimestre, yo voy a dar más tiempo y
a conformarme con que esté antes del verano de 2002. También en el
próximo mes de marzo se comenzarán a ejecutar las obras de la fase
primera de la autopista del agua, es decir desde la Venta del Pobre
hasta la rambla de Inox en Níjar, prácticamente hasta el límite de
este término municipal con el de Almería. Esta obra supondrá una
inversión de 7.845 millones de pesetas, de los que los regantes
también aportan una cantidad significativa. En esta fase se ha
modificado el proyecto inicial, añadiendo dos ramales a petición de
los regantes. Uno irá a Fernán Pérez y otro a la Cerrata, y la
previsión es que esta obra esté concluída también antes del verano
del 2002. La autopista de agua continúa hasta el pantano de Cuevas
del Almanzora; ésta es su fase segunda, y dicha actuación está en
estudio. Su presupuesto asciente a 4.500 millones de pesetas, y como
bien ha dicho S.S., se licitará a lo largo de este año. Se están
manteniendo contactos con los regantes, porque son parte importante
en estos proyectos, tanto de cara a su forma de ejecución como por
las aportaciones económicas que realizan; por ello, no debemos marcar
unos límites a personas, agricultores y regantes de Almería, que
están estudiando lo más conveniente para sus intereses. Ésta es una
de las razones por las que no vemos conveniente entrar en plazos.
Finalmente, le participo que serán necesarios depósitos de
regulación. Actualmente está en estudio el de la presa de Isabel II,
a la que usted se ha referido, y puede ser uno de ellos; va a
depender de los estudios técnicos de las personas competentes, de los
ingenieros de caminos que están ahora mismo estudiando la posibilidad
de que sirva como depósito de regulación y también va a depender de
los regantes de Almería, puesto que con esta presa y por estar en una
cota alta, sería muy costoso subir el agua. Es absolutamente
necesario que la Junta de Andalucía acometa las redes secundarias de
regadío, porque toda esta autopista del agua que empieza a acometerse
en el próximo mes necesita de una red secundaria también para el
verano de 2002.
Me habla de los embalses de Nacimiento y Canjáyar. En Almería ha
habido fuerte oposición por parte de los vecinos de Nacimiento a
tener allí esa presa y en Canjayar ha ocurrido lo mismo. Además, ha
habido que adicionar los problemas técnicos por el terreno en que se
iban a ubicar estos embalses. Serán también los técnicos los que
deban darnos los criterios para que podamos tomar las decisiones y
desde el Ministerio se decida qué se puede hacer.
Por todas estas razones le informo que el Grupo Parlamentario Popular
votará en contra de la proposición
no de ley que ha presentado, junto con las enmiendas que han
presentado ustedes mismos. Espero que entienda, y se lo digo sabiendo
que la labor de oposición es más complicada y más en una tierra en la
que se están acometiendo grandes obras hidráulicas que son altamente
valoradas por los vecinos de Almería, cuando el Gobierno trabaja bien
y cumple con sus compromisos. Entiendo que quiera plazos, pero
también debe entender que no los podamos dar, que el compromiso del
Gobierno del Partido Popular, del Ministerio de Medio Ambiente es
tener las obras lo antes posible, pero atendiendo a todas las
circunstancias y a todos los sectores implicados que como los
agricultores de Almería sé que usted siente el mismo cariño que yo
por ellos.
Espero que el motivo de esta iniciativa, y me remito a la
introducción que he hecho, no sea un cambio de discurso en Almería,
pues viendo que las obras se están acometiendo, que el problema del
agua se solucionará en Almería, no vayan a presionar sobre los
plazos. Las cosas hay que hacerlas bien. Tampoco queremos que Acusur
pague miles de millones de pesetas por obras que van a empezar el mes
que viene. Tendremos que pagarlas cuando comiencen, no vamos a dar el
dinero de antemano. Me gustaría que una autopista del agua en
Almería, que ha de servir además de para canalizar el agua de la
desaladora para repartir el agua del Ebro por toda Almería, espero
que esta proposición no de ley que han presentado sea el comienzo de
un cambio de criterio de su grupo parlamentario en cuanto al Plan
hidrológico nacional y el trasvase del Ebro.
- SOBRE RESIDUOS ESPECIALES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000329.)
La señora PRESIDENTA: La siguiente proposición no de ley cuyo titular
es el Grupo Parlamentario Popular, es relativa a los residuos
especiales. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Campoy Suárez.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Es un hecho indiscutible que el desarrollo
económico ha producido el crecimiento galopante en el volumen de
generación de residuos, que afecta no sólo a España sino también a
todos los países industriales desarrollados. El esfuerzo que viene
realizando el Ministerio de Medio Ambiente se pone de manifiesto por
las reiteradas declaraciones del ministro, que demuestran su voluntad
decidida de seguir impulsando, a través de los instrumentos que la
legislación actual le permite esto es en materia de legislación
básica, medidas que den solución a los problemas que en esta materia
se plantean. Desde el punto de vista normativo, el conjunto de normas
promulgadas desde el Ministerio, junto con los planes nacionales y
las actuaciones de las administraciones autonómicas y
locales configuran la política de residuos del futuro. Así, se han
aprobado la Ley 11/1997 de envases y residuos; la Ley 10/1998 de
residuos; el Real Decreto 952/1997 sobre residuos peligrosos y otras
normas que son un magnifico punto de partida sobre la regulación de
residuos a la vez que una exigencia comunitaria. La Ley 10/1998 de
residuos, constituye la norma básica general, define y clasifica los
distintos tipos de residuos que podemos dividir en tres bloques:
urbanos, especiales y peligrosos. En su artículo 5, establece que la
Administración general del Estado, mediante la integración de los
distintos planes autonómicos, elaborará planes nacionales para los
distintos tipos de residuos. En su consecuencia, se aprueba el Plan
nacional de residuos urbanos, cumpliendo con la prescripción legal de
la ley, y estableciendo los principios y normas que conforman la
legislación básica en este tipo de residuos, que como SS.SS. saben
compete a la Administración General del Estado, marcando el camino,
por tanto, para la redacción del Plan de residuos especiales que
quedaban fuera de su aplicación. A pesar de la ausencia de muchos
planes autonómicos y de las dificultades de su integración por su
inexistencia o por falta de contraste de datos, es absolutamente
esencial contar con una regulación para este tipo de residuos.
El ministro de Medio Ambiente en su intervención en el Pleno de esta
Cámara con motivo de la interpelación del Grupo Socialista sobre
medidas de política general en materia de residuos, resaltó el
considerable avance que se ha producido en los últimos años,
confirmando la existencia de borradores para cada uno de los seis
planes específicos, concretando además que el plan de neumáticos
usados, el de lodos de depuradoras, el de residuos de construcción y
demolición se encuentran en período de exposición pública y que los
tres restantes -esto es el de vehículos fuera de uso, residuos de
matadero y los voluminosos- se hallan en espera de su adecuación con
la normativa europea que está en estos momentos en negociación.
Este grupo considera imprescindible que la aprobación de este plan
cuente por un lado con la financiación adecuada, y por otro con el
consenso de las comunidades autónomas, entre otras razones y de
manera fundamental porque les corresponde su aplicación, al igual que
le compete al Gobierno la legislación básica y la coordinación de los
distintos planes.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular, consciente de la necesidad
de adoptar medidas específicas en relación a los residuos especiales
formula la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que en el menor tiempo posible elabore
normas específicas para el adecuado tratamiento de residuos
especiales, garantizando así el correcto tratamiento de los mismos y
su eliminación, con total respeto a la conservación del medio
ambiente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) se
ha presentado una enmienda de adición. El señor Martí tiene la
palabra para su defensa.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, muy brevemente.
El Grupo Parlamentario Catalán ha presentado una sola enmienda, como
bien decía usted misma, basada en la adición de una frase muy
concreta, y sería añadir «de acuerdo con las comunidades autónomas»
después de la mención de que se avance en el menor tiempo posible en
la elaboración de esas normas específicas.
Aunque el proponente hacía alusión a la distribución de competencias
en relación a la competencia exclusiva del Estado por lo que se
refiere a dictar normas básicas, creemos que en este contexto hay una
concurrencia de competencias en materia de residuos, y
específicamente en residuos especiales, entre las comunidades
autónomas y el Gobierno del Estado. Pensamos que cualquier actuación
de la Administración general del Estado debe tener en cuenta a las
comunidades autónomas y las actuaciones de sus gobiernos, las que
hayan llevado a cabo o no.
El proponente comentaba la falta de datos de algunas comunidades
autónomas. Es cierto, hay algunas comunidades autónomas que no han
presentado datos suficientemente claros o simplemente no los han
presentado, no podemos decir nada al respecto, pero creemos que esta
circunstancia a nuestro entender, no invalida, la necesaria
cooperación de las comunidades autónomas en la elaboración de esas
normas específicas que al fin y al cabo van a afectar correcto
ejercicio de las competencias de cada uno de sus gobiernos.
Por tanto, pensamos que no sobra, al contrario enriquece la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
la enmienda que presenta nuestro grupo en relación a que se tengan en
cuenta las comunidades autónomas en la elaboración de esas normas
específicas.
La señora PRESIDENTA: ¿El portavoz del Grupo Popular desea intervenir
en relación a este enmienda? (Asentimiento.)
Tiene la palabra.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Para decir escuetamente que como ha podido
apreciar el portavoz de Convergència i Unió en mi intervención he
dicho textualmente que consideraba este grupo imprescindible que la
aprobación del plan cuente por un lado con la financiación adecuada,
y por otro con el consenso de todas las comunidades autónomas. Siendo
afán de este grupo buscar la perfección allá donde sea posible, y tal
como ha dicho el portavoz enriquece y mejora el texto -así lo
consideramos-, por tanto vamos a admitirla.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la
señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, desde luego es
sorprendente, luego comentaré la enmienda que (La señora Urán
González pide la palabra.) ¿Sigo en el uso de la palabra?
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora Marón, como en anteriores
iniciativas no había intervenido el Grupo de Izquierda Unida, ni
siquiera me he permitido preguntarle si iba a intervenir. ¿No le
importaría? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos
tiene acostumbrados a traer a esta Cámara iniciativas por las que
insta al propio Gobierno que respalda y además cuando el ministro de
Medio Ambiente normalmente siempre ha planteado la preocupación o la
necesidad de tener que tomar algún tipo de medida sobre todo respecto
al tema de residuos.
La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular no va más
allá de la mera declaración de intenciones que realmente no permite
al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida apoyarla, pero no
porque no estemos de acuerdo con que se tenga que hacer lo que
ustedes están planteando en esta iniciativa, sino porque ya tendría
que estar aquí el plan de residuos especiales que el Gobierno tiene
comprometido desde hace tiempo y ya tendríamos que estar hablando de
cómo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para poder
integrar las competencias que ellas tienen en estos temas y poder
realmente tener claro qué vamos a hacer con los residuos especiales,
e incluso, señoría, algo que ustedes aquí no nombran, con los
residuos peligrosos.
Por tanto, señoría, no es un problema de no estar de acuerdo, es que
su propia iniciativa ni siquiera marca un tiempo al Gobierno para que
traiga aquí las normas específicas para el adecuado tratamiento de
los residuos especiales; es sencillamente una declaración de
intenciones, las declaraciones de intenciones ya las hace el propio
ministro y desde luego nosotros no estamos dispuestos a respaldarlas,
por mucho que compartamos la necesidad, ya sean del ministro o del
Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, ruego, acepte las disculpas por
haber dado un pequeño salto en las intervenciones.
Por el Grupo Socialista tiene ahora la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, desde luego el Grupo
Socialista está continuamente instando al Gobierno para que
desarrolle la
Ley 10/1998, de residuos, y que presente los correspondientes planes
de residuos especiales, nada menos que seis como aquí se ha dicho, y
uno de ellos, concretamente el de vehículos fuera de uso, con una
directiva ya de obligado cumplimiento desde el mes de septiembre del
pasado año 2000. Por tanto, la obligación es la presentación de estos
seis planes de residuos especiales y la presentación también del plan
de residuos peligrosos tan necesario precisamente en el momento que
estamos viviendo.
La última vez que el Grupo Parlamentario Socialista ha instado al
Gobierno a la presentación de estos planes ha sido nada más y nada
menos que hace dos semanas con la interpelación correspondiente en
materia general de residuos y la pasada semana con la moción
correspondiente donde fijando puntos concretos instábamos al Gobierno
a que presentara los correspondientes planes nacionales tanto de
residuos especiales como de residuos peligrosos.
Es curioso oír al portavoz del Grupo Popular decir que iba a aceptar
la enmienda que ha presentado Convergència -que nos parece muy
interesante- porque anteriormente se ha criticado en el Pleno -y así
consta en el «Diario de Sesiones»- que nuestra moción dijera que se
hiciera en colaboración con las comunidades autónomas porque
estábamos invadiendo la autonomía y las competencias de las
comunidades autónomas. Realmente es un sinsentido la contradicción de
los discursos que las mismas personas mantienen en un ámbito o en
otro según quien insta la petición correspondiente.
Me parece que la iniciativa, como se ha dicho, es importante, pero en
este momento estamos urgiendo a que el Gobierno presente los planes,
el Grupo Popular que presenta esta iniciativa es el grupo que tiene
mayoría en esta Cámara, tiene por tanto capacidad y autonomía
suficiente para presentarlos y lo que tiene que hacer es traer a esta
Cámara los correspondientes planes y no jugar a la dilación y al
entretenimiento con iniciativas sin contenido alguno como la que hoy
presenta y ya en la pasada sesión de la Comisión tuvimos alguna
experiencia.
Mi grupo no va a entrar en ese juego ni siquiera invirtiendo el
tiempo que reglamentariamente le corresponde, por lo que anunciamos
nuestro voto en contra e instamos nuevamente al grupo proponente a
que actúe con rigor y seriedad en estas materias, porque con esta
actitud lo único que está haciendo es una dejación de sus funciones,
dejando un vacío normativo importantísimo sin cubrir, con los
tremendos resultados de que muchísimos ciudadanos, y sobre todo como
he dicho en el Pleno el otro día muchísimos ayuntamientos, tienen que
sufrir las consecuencias por falta de infraestructuras y por falta de
recursos económicos. Nuestro grupo votará en contra de esta
proposición no de ley. Esperamos, señorías, que traigan a esta Cámara
los correspondientes planes, tanto de residuos especiales como de
residuos peligrosos.
- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL ABASTECIMIENTO Y USOS
DE AGUA EN CADA UNA DE LAS DIEZ CIUDADES ESPAÑOLAS CON MAYOR
POBLACIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/000330.)
La señora PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día es una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la
realización de un estudio sobre el abastecimiento y usos de agua en
cada una de las 10 ciudades españolas con mayor población.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Martín Soledad.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Señora presidenta, señorías, la presente
proposición no de ley tiene por objeto instar al Gobierno a la
realización de estudios en las 10 ciudades españolas con mayor
población, así como su posterior extensión a otros núcleos urbanos,
tendentes a conocer de forma exhaustiva el abastecimiento y usos del
agua, con la intención de promover un uso racional del recurso y una
calidad del mismo acorde con el destino que se le va a dar.
Con la colaboración de las distintas administraciones, utilizando sus
criterios técnicos y políticos, las entidades implicadas en la
gestión y uso del agua, los distintos centros universitarios -que
aportarán el rigor científico necesario- y las entidades ecologistas
-por su sensibilidad medioambiental-, tendremos la ventaja de incidir
sobre medidas ahorradoras y de mejora de la gestión. Observando la
evolución de los consumos en los últimos años, hemos pasado de un
consumo medio recogido en el Plan hidrológico nacional de 326 litros
por habitante y día en agua de abastecimiento en el año 1987 a 289
litros por habitante y día en el año 1998, e incluso ha habido
consumos inferiores en el área mediterránea. Medidas simples de
gestión y ahorro han permitido hasta un 8 por ciento de descenso en
el consumo, como en el caso de la ciudad de Alicante, donde la
introducción de cambios en la estructura tarifaria, campañas de
concienciación ciudadana, eliminación de pérdidas en las redes de
distribución, etcétera, han contribuido en gran medida al ahorro. El
estudio y dotación de las infraestructuras, los hábitos de consumo,
las técnicas ahorradoras de reutilización y la participación de todos
los agentes implicados en los usos y gestión del agua, así como las
políticas encaminadas a corregir las pérdidas, han de conducir a
crear las condiciones necesarias que promuevan una verdadera cultura
del agua, basada en un uso eficiente y en el ahorro.
Señorías, aun reconociendo la escasa repercusión porcentual de los
consumos urbanos -un 14,5 por ciento del total según el Libro Blanco
del agua-, el perfil de la población urbana poco concienciada de la
importancia de una gestión racional, a diferencia de la
población rural, condiciona que el suministro hídrico a esos núcleos
urbanos presente unas características específicas, como son la
necesidad de una garantía y fiabilidad del suministro al cien por
cien y un consumo que tiene una distribución temporal uniforme,
excepto en aquellos núcleos urbanos con una actividad turística o de
segunda residencia, produciéndose aquí unos picos de consumo
previsibles. De este 14,5 por ciento del total de consumo, se destina
entre un 60 y un 65 por ciento a consumo humano e higiene, entre un
10 y un 15 por ciento a mantenimiento de servicios públicos y un 25
por ciento a pequeñas industrias. La fiabilidad del suministro debe
garantizar el abastecimiento a la población, los procesos productivos
urbanos de pequeñas industrias, comercio y turismo, así como el
mantenimiento de los servicios públicos. Por tanto, y siempre según
los datos del Libro Blanco del agua de diciembre de 1998, se puede
hacer un cálculo de necesidades estimado en 4.700 hectómetros cúbicos
para suministro urbano, pretendiendo incidir con estos estudios sobre
aquellos aspectos encaminados a lograr una gestión racional que
permita un uso eficiente y duradero, así como garantizar ahorro y
reutilización.
Señorías, un convenio de colaboración firmado entre la Confederación
Hidrográfica del Tajo, el Canal de Isabel II y la Universidad
Complutense de Madrid para la edición de la publicación del
abastecimiento y los usos del agua en la historia de la villa de
Madrid, y otro convenio firmado entre esa misma Confederación
Hidrográfica del Tajo y WWF Adena, dentro del programa europeo Life,
con el título de Acción interdisciplinar para una ciudad respetuosa
con los usos del agua en Alcobendas, son dos ejemplos de cómo el
conocimiento histórico del abastecimiento en los grandes núcleos
urbanos, de sus infraestructuras, de los usos domésticos en consumo,
higiene y limpieza, y de los saneamientos urbanos, han condicionado
el tipo de abastecimiento elegido a lo largo de la historia. La
recopilación de toda esta información permitirá conocer todo el ciclo
del agua de abastecimiento en esos núcleos, pudiendo incidir sobre la
gestión y los mecanismos de ahorro y reutilización, de tal forma que
este conocimiento de la totalidad del ciclo y la disponibilidad del
recurso interactúe a la hora de decidir sobre temas de ordenación del
territorio urbano, desarrollo económico y organización social.
Señorías, por último quiero señalar que en los núcleos urbanos objeto
de esta proposición no de ley se concentra un gran porcentaje de la
población total del país, así como una gran parte de la riqueza. De
ahí la importancia que desde el Grupo Parlamentario Popular damos a
la aprobación de esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado
dos enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Martí i Galbis, para la defensa de su enmienda.
El señor MARTÍ I GALBIS: Con esta enmienda, del mismo tenor que la
presentada a la anterior proposición no de ley, pretendemos que se
clarifique el texto de la proposición no de ley del Partido Popular
cuando señala que el Gobierno tiene que colaborar con los organismos
y entidades que considere conveniente. Entendemos que es una frase
demasiado genérica y que debería concretarse. Creemos que la enmienda
presentada por mi grupo parlamentario clarifica al proponer que el
Congreso inste al Gobierno a realizar su trabajo de acuerdo con las
comunidades autónomas en las que estén radicadas las ciudades
afectadas. Entendemos que las ciudades afectadas forman parte de unas
comunidades autónomas en las que sus gobiernos y sus parlamentos
tienen competencia en materia de abastecimiento, usos y
aprovechamiento del agua. Creemos que la presentación de esta
enmienda está más que justificada porque sería, digamos, extemporáneo
que el Gobierno hiciese este estudio, a instancias de este Congreso,
sin la participación y la colaboración directa de las comunidades
autónomas, de sus gobiernos y también, en su caso -¿por qué no?-, de
los ayuntamientos afectados.
En resumen, creemos que este texto -del mismo tenor que la enmienda
anterior- clarifica y perfecciona una proposición no de ley que
entendemos positiva, pero que perdería toda su validez si no tuviera
en cuenta la participación de las comunidades autónomas y, de los
ayuntamientos afectados.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para
defender su enmienda, tiene la palabra la señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señora presidenta, antes de
referirme al texto alternativo que proponemos a la proposición no de
ley del Grupo Popular, y coincidiendo con la compañera que ha
intervenido antes, quisiera hacer una breve referencia a que si bien
este tipo de iniciativas son legítimas y el grupo que sustenta al
Gobierno está en su derecho al plantearlas, no deja de ser
sorprendente que, después de cinco años de Gobierno -de la nación y
también de muchas comunidades autónomas-, se plantee en este momento
hacer un estudio sobre los consumos del agua en los grandes núcleos
urbanos, cuál es la demanda y qué medidas hay que adoptar para hacer
una adecuada política de aguas que fomente el ahorro de un recurso
tan limitado como éste. Nosotros compartimos el fin, pero con la
referencia de que uno se tiene que ajustar por pura y estricta
responsabilidad parlamentaria. Consultando a los presupuestos, a los
objetivos y a las actividades que ustedes se planteaban cuando
llegaron al
Gobierno, tengo que recordarles que ya la Dirección General de Obras
Hidráulicas y de infraestructura urbana de saneamiento y calidad de
las aguas tenían partidas presupuestarias de más de 5.994 millones de
pesetas destinados a este fin para el año 1997. Para el año 1998 se
repiten, y no me estoy refiriendo al presupuesto de las
confederaciones hidrográficas, donde se especifican, en el programa
512, estudios técnicos que se realizarán con este fin. Cinco años
después el propio grupo que sostiene al Gobierno va a instar al mismo
a que haga los estudios, eso sí, en colaboración con las comunidades
autónomas, con las instituciones que tengan competencia, con los
agentes sociales, ciudadanos y expertos que puedan aportar
conocimientos e ideas. Tal y como está redactada la propuesta, decir
que lo que el Gobierno estime conveniente me parece que es darle
carta blanca.
Se hace referencia a un convenio de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, del Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid y la
Universidad Complutense de Madrid. Yo no pude tener ese convenio en
mi poder hasta anoche, no parece que esté auspiciado por
instituciones públicas, porque no había forma de encontrarlo ni en
las publicaciones oficiales de mi comunidad autónoma ni en el
Ministerio. No deja de sorprenderme que ese sea el leit motiv de esta
proposición. El 14 de diciembre de 1995, el recién estrenado
consejero de Hacienda, señor Beteta, del Grupo Popular, reconocía que
los estudios que se habían realizado por el Canal de Isabel II y por
sus antecesores en el Gobierno eran lo suficientemente cualificados y
fundamentados como para poder tener un conocimiento de cuáles eran
los usos y la demanda de los madrileños y que, por tanto, había que
abordar propuestas complementarias a lo que era ya el Plan de
saneamiento, depuración y reciclado del agua para la reutilización en
posteriores usos. ¿Qué pensamos nosotros sobre esta proposición? Que
las cosas no hay que dejarlas para tan largo tiempo, cinco años. Es
verdad que no hemos tenido la premura de la sequía pero estos
problemas hay que abordarlos por el principio básico de que estamos
hablando de un recurso limitado, que a su vez genera riqueza o
desequilibrios, según cómo sea su uso, dentro de un mismo territorio,
y es importante que se lleven a cabo estudios en profundidad. En la
Comunidad de Madrid, con los datos actualizados desde 1995 hasta
ahora, sin menospreciar el estudio que haya podido hacer la
Universidad Complutense, que desconocemos, sabemos que de ese tercio
del consumo de agua, fundamentalmente de uso doméstico, más del 50
por ciento lo utiliza sólo un sector de la población, el que vive en
una determinada vivienda y el que tiene una determinada renta per
cápita. Habrá que conducir las políticas de ahorro de consumo de
aguas en todos los grandes núcleos urbanos, más allá de quienes
consumen tan poca agua que ni siquiera llegan a lo que está estableci
do
como cánones medios de consumo por habitante y día. ¿Compartimos el
espíritu de la proposición? Sí, pero creemos fundamental, en primer
lugar, que se haga en colaboración con las comunidades autónomas, con
los municipios, que también tienen competencias y muchos datos que
aportar, con organismos públicos y privados y, en segundo lugar, con
una participación amplia de agentes sociales y ciudadanos. ¿Para qué?
Para estudiar cuál es el abstecimiento, no sólo cuál es la demanda o
cuáles son los usos que se dan del agua, como el doméstico, el
industrial, que es aproximadamente el 70 por ciento de lo que se
consume en los grandes núcleos urbanos, sino el uso que hacen las
administraciones, por ejemplo para el regado de parques y jardines,
limpieza de calles, etcétera, que están haciendo uso de un agua de
primera calidad en lugar de seguir adelante con la Directiva 91, de
depuración y reciclado de agua. En Madrid, por ponerles un ejemplo,
hay 14 campos de golf que siguen transgrediendo la normativa de la
Confederación Hidrográfica del Tajo y siguen regando en lugar de con
aguas recicladas con aguas potables de primera calidad. Por tanto,
hacen falta estudios en profundidad, rigurosos, con participación,
con transparencia y con una finalidad última, que es que no se queden
en un estudio y en una publicación más sino que planteen ideas y
propuestas que, en un plazo razonable de seis meses, nos lleven a
presentar un plan integral de gestión del agua para los grandes
núcleos urbanos. No debemos esperar a Santa Bárbara, porque ya
sabemos que al rezar a Santa Bárbara ni truena ni llueve. (La señora
Díez de la Lastra Barbadillo: ¡Qúe falta de fe!) Seguro que no,
créanme. No esperemos a que haya sequía, hagámoslo.
La señora PRESIDENTA: Señora García-Hierro, se le agota su tiempo.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Termino ya, señora presidenta.
No esperemos a que transcurran otros cinco años. Esta proposición no
de ley tiene ese elemento de sorpresa, que sean ustedes precisamente,
después de cinco años y de casi 6.000 millones de pesetas
presupuestadas, los que la traigan a esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Tengo que volver a decir que no dejo de
sorprenderme por las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular. La
semana pasada entró en esta Cámara el Plan hidrológico nacional y se
supone que el Gobierno debería haber hecho todos los estudios
necesarios para presentarnos un plan hidrológico donde se contemplen
los usos, el ahorro y la reutilización de las aguas que
fundamentalmente las grandes ciudades están utilizando en nuestro
país.
Comparto que esto se tiene que hacer, creemos que es necesario. Nos
gusta mucho más la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista porque la consideramos más amplia, pero eso no nos va a
llevar, en esta ocasión, a no votar a favor de la iniciativa. Lo que
nos parece, señorías, es que esta iniciativa llega un poco tarde
porque vamos a discutir una planificación hidrológica en nuestro país
por un período de tiempo bastante amplio, con las modificaciones que
habría que introducir después para poder fomentar el ahorro y un
mayor aprovechamiento y además reducir el impacto ambiental de las
infraestructuras que se tienen que utilizar para un abastecimiento en
una gran ciudad y que luego se pueda trasladar a ciudades más
pequeñas. El Gobierno tendría que haber llevado a cabo todos estos
estudios y no sólo en las grandes ciudades sino en las zonas de
regadío y en los usos y aprovechamientos que se hacen en los grandes
parques de ocio que están proliferando por nuestro país. Desde luego,
si no lo ha hecho, mal Plan hidrológico nacional tendremos y, si lo
ha hecho, esta iniciativa resultaría ociosa; aún así, la votaremos a
favor.
La señora PRESIDENTA: El portavoz del Grupo Popular tendrá que decir
si acepta alguna de las enmiendas o las dos.
El señor MARTÍN SOLEDAD: La posición del Grupo Popular con relación a
las dos enmiendas presentadas es de aceptación de la enmienda de
Convergència i Unió y de la primera parte de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, donde efectivamente la competencia en el
abastecimiento de agua en las grandes ciudades es eminentemente local
y en último término autonómica, por tanto, en colaboración con las
comunidades autónomas nos parece un término adecuado.
Con relación a la enmienda del Partido Socialista, esta sorpresa que
manifiestan respecto a la presentación de esta proposición no de ley
y esta reacción tardía del actual Gobierno del Partido Popular, quizá
llegue 19 años tarde, cinco de gestión del Partido Popular y 14 de
gestión del Partido Socialista. Por tanto, mi posición es de rechazo
a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y de aceptación a la
enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: En el sentido de aceptar, como ha dicho al
principio de su intervención, la primera parte de la enmienda del
Grupo Socialista, a esta Presidencia le gustaría que hiciera constar
lo que va a hacer constar ahora.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Creo, señora presidenta, que queda
sustanciada con la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Queda explicado lo que parecía que no decía.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR A LA CÁMARA EN UN PLAZO
NO SUPERIOR A UN AÑO UN PROYECTO DE LEY DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/000331.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
que es la proposición no de ley del Grupo Popular por la que se insta
al Gobierno a presentar a la Cámara, en un plazo no superior a un
año, un proyecto de ley de contaminación acústica.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra la
señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Me van a permitir que empiece
con algo que se está dando últimamente en esta Comisión -no sé si
también en otras- por parte de los grupos de la oposición,
específicamente por parte del Grupo Socialista y del Grupo de
Izquierda Unida, y siento que se haya ido la señora Urán. Parece que
hay un sentimiento de desagrado por el hecho de que el Grupo Popular
presente cualquier tipo de iniciativa. Yo, en la sesión anterior,
dije que el Grupo Popular no es Gobierno, que es un grupo
parlamentario y que está absolutamente legitimado para presentar
cualquier proposición no de ley y para instar al Gobierno. No
practicamos el seguidismo que se dio en otras épocas y en un momento
dado podemos instar al Gobierno a que acelere cualquier plan o
cualquier proyecto de ley. Siempre hay críticas: que llega tarde, que
el Gobierno debería haberlo hecho, que nos hemos adelantado. Parece
que no sienta bien que haya esas iniciativas por parte del Grupo
Popular.
Dicho esto, entro en la proposición no de ley. Es evidente que el
ruido no sólo afecta a la salud del hombre, sino también a la
convivencia colectiva, siendo un foco de deterioro del medio ambiente
en general. El ruido es un problema para la salud. Uno de cada tres
europeos se queja del ruido y más de 10 millones tienen trastornos
del sueño a causa del ruido. La lucha contra el ruido es una batalla
declarada. En España, hoy día, la preocupación por el medio ambiente,
y en concreto por el ruido, es claramente perceptible en las
innumerables quejas que los ciudadanos hacen llegar a las distintas
administraciones y que incluso han llegado al Defensor del Pueblo.
Pero no siempre hay soluciones rápidas y eficientes por el vacío
legal que hay donde debería haber respuestas. (El señor
vicepresidente, Ruiz López, ocupa la Presidencia.) La legislación en
materia de medio ambiente es muy amplia y abarca prácticamente todos
los problemas ambientales; sin embargo, existe un problema que carece
de un marco normativo que regule la forma de paliarlo: el ruido. La
legislación básica es competencia del Estado y corresponde a las
comunidades autónomas el desarrollo
legislativo y su ejecución, sin perjuicio de la posibilidad de estas
últimas de dictar normas adicionales de protección. En definitiva, es
al Estado a quien compete fijar las bases de actuación en la lucha
contra el ruido, pero, actualmente, en España no hay una ley de
carácter general sobre esta lucha contra el ruido y hemos de acudir
al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, aprobado por decreto en diciembre de 1961, para encontrar
un marco legal de alcance estatal en el que haya referencias
importantes al problema que nos ocupa.
A la espera de la normativa estatal, diversas comunidades autónomas,
en virtud de competencias transferidas, han regulado márgenes en este
problema acústico y algunos ayuntamientos han dictado ordenanzas en
este sentido, pero no todos. Actualmente se está discutiendo en el
seno de la Unión Europea una propuesta de directiva marco de ruido
ambiental que, si bien en este momento del expediente plantea
problemas de aplicación basados en los períodos horarios de medición
de niveles de ruido, es apoyada por nuestro país. Esta directiva
tiene como objeto establecer un marco común para prevenir los efectos
nocivos del ruido ambiental en la salud. Dicha directiva deberá ser
traspuesta al derecho interno de los países miembros antes del 30 de
junio del año 2003.
En España, no cabe duda de que el problema del ruido es realmente
importante; creo que es uno de los países de la Unión Europea que más
problemas tiene y, desde luego, nos parece que es aconsejable no
esperar a la elaboración de dicha directiva marco para regular el
tema, aunque la legislación requiera luego una adaptación en algún
aspecto específico. Es urgente abordar los temas de armonización, de
métodos de medida, de indicadores físicos, de límites y la adopción
de medidas homogéneas de disminución de ruido para asegurar un mínimo
común de calidad de vida frente al ruido para todos los españoles.
Por eso, dado que todos sentimos el problema que supone el ruido que
hay en todas partes, pensamos y deseamos que esto tenga el apoyo de
todos los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE ( Ruiz López): Aesta proposición se han
presentado dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo
Socialista.
Para la defensa de la enmienda de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Mi grupo parlamentario ha presentado una
enmienda de adición que propone añadir un segundo párrafo al texto de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. La enmienda
es del siguiente tenor. El proyecto de ley que el Grupo Parlamentario
Popular insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara debería tener
en cuenta las competencias que en materia de medio ambiente tienen
atribuidas las comunidades autónomas, así como la
legislación que al amparo de esas competencias hayan aprobado los
parlamentos autonómicos o asambleas legislativas.
Es una enmienda que va en la misma línea que las dos anteriormente
presentadas y defendidas por este portavoz en anteriores
proposiciones no de ley. En ese sentido, creemos que alguna comunidad
autónoma ha legislado ya al respecto y alguna otra, como es el caso
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, va a tramitar en las próximas
semanas un proyecto de ley de contaminación acústica. Creemos que la
distribución competencial y la iniciativa legislativa de las
comunidades autónomas vendrían a justificar la presentación de esta
enmienda. Por tanto, esperamos que el grupo proponente la tenga en
consideración y sea aprobada.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para la defensa de la enmienda
del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Solicito una aclaración. ¿Tendría otro turno
para fijar la posición de mi grupo o lo hago al mismo tiempo?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): El turno es para la defensa de
la enmienda y para fijar la posición.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En la misma línea que el portavoz de Convergència i Unió, nosotros
hemos propuesto una enmienda de adición, que consistiría en añadir,
al final del párrafo único, la siguiente referencia: coherente con la
propuesta de directiva europea y en coordinación con las comunidades
autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, a fin de que se
armonicen los indicadores y se establezca el objetivo de reducción de
ruido en las decisiones de planificación local.
Justificamos esta enmienda casi en los mismos argumentos que ha
expuesto la portavoz del Grupo Popular, que basaba su defensa en la
propuesta de directiva europea que se está gestionando.
Por otra parte, señora Díez de la Lastra, no se preocupe de si nos
sientan bien o mal las proposiciones no de ley o las iniciativas del
Grupo Popular; lo que a nosotros nos preocupa es que determinadas
iniciativas del Grupo Popular -como ésta- pueden parecer una tabla de
salvación o una especie de cortina de humo que oculta incumplimientos
del Partido Popular. Tengo aquí delante un ligero recorrido por las
últimas iniciativas que se han presentado en la anterior legislatura
sobre este tema. Del Grupo Socialista, a principios del 1997 -ya
gobernaba el Partido Popular-, hay una pregunta con respuesta escrita
sobre la elaboración de una ley de carácter básico que regule la
contaminación acústica. La respuesta del Gobierno fue que
se estaba trabajando en ello, en la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, y que se estaba constituyendo un grupo de
trabajo. Quizás como consecuencia de esta pregunta el Grupo Popular
se vio obligado a interesarse sobre el tema, y formuló una pregunta
oral en Pleno el 25 de junio de 1997, a la que la señora ministra de
Medio Ambiente -también es otra iniciativa del Grupo Popular-
contestó como ella solía hacer: Que le parecía muy bien la pregunta,
y que el Ministerio estaba trabajando en un anteproyecto de ley
básica, habiéndose constituido una Comisión ad hoc con técnicos, con
científicos y con representantes de las tres administraciones, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Sociedad
Estatal Acústica. Y decía más, algo así como que estaban trabajando
en ese borrador y que a finales del año 1997 lo presentarían a la
opinión pública, esperando que a lo largo de 1998 fuese un
anteproyecto de ley que, tras ser aprobado por el Consejo de
Ministros, entrase en esta Cámara para su debate correspondiente. Han
pasado tres años desde entonces y ustedes, como en los partidos de
fútbol, nos piden una prórroga, un año más, con lo cual estamos de
acuerdo, ya que es un tema tan importante que un año más no va a su
poner mucha modificación.
Ahora bien, los incumplimientos del Gobierno del Partido Popular nos
hacen desconfiar, ya que en 1999 volvimos a preguntar qué pasaba con
este proyecto de ley y ustedes nos contestaron lo mismo que dos años
atrás, que estaba en estudio y, aunque nosotros les poníamos un plazo
perentorio, seis meses, para que lo presentasen, ustedes nos
respondían que en el momento actual el grupo de trabajo estaba
elaborando una propuesta de anteproyecto de protección contra la
contaminación acústica que se encontraba en fase de análisis jurídico
y que, dada la complejidad del proyecto de ley, se preveía que el
proceso de consulta y observación iba a ser largo, por lo que no era
posible fijar una fecha para su presentación. Ahora se ve que ya han
terminado de elaborar el anteproyecto de ley y pueden fijar una
fecha. Bienvenido sea. Nosotros creemos que el problema del ruido es
importante y que, además de afectar a las poblaciones, sobre todo a
las grandes poblaciones y, dentro de éstas, a los sectores que son
más sensibles a la contaminación acústica, como los ancianos o los
niños, provoca problemas de salud: estrés, sordera, cardiopatías
y alteraciones del sueño, aparte de tener efectos negativos en el
aprendizaje de los escolares. La contaminación acústica se recoge
como un problema fundamental de salud dentro del VI Programa de
acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente para el
período 2001-2010, viéndose como uno de los contaminantes de origen
humano que más afecta a los ciudadanos.
Así pues, nosotros nos congratulamos de que el grupo que sustenta al
Gobierno se comprometa a presentar
este proyecto de ley en el plazo de un año, queriendo que dicho
proyecto se haga de acuerdo con la propuesta de directiva europea que
se está elaborando y que tenga en cuenta los mapas de ruido a que
obliga dicha directiva, así como un aspecto muy importante en el que
insiste la propuesta de directiva europea, esto es, la información a
los ciudadanos, que se haga pública para que el ciudadano conozca los
riesgos a los que están sometidos y puedan tomar medidas si no lo
hacen las administraciones y que se acepte lo que ofrece esa
propuesta de directiva, la ayuda de la Comunidad Europea a los
Estados miembros para la elaboración de normas que coordinen los
métodos de unos y otros Estados para que se armonicen las medidas y
la evaluación y así sean más eficaces. Nosotros proponemos nuestra
enmienda en ese sentido, aparte de manifestar que se coordinen con
las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, los cuales, como
ya se ha dicho, tienen competencia en este tema, porque así será más
eficaz. Así pues, esperamos que se admita nuestra enmienda,
anunciando que, si así se hace, apoyaremos la propuesta del Grupo
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para decir si acepta o no las
dos enmiendas presentadas a esta proposición, tiene la palabra la
señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Tenía tentaciones de decir
que precisamente la muestra de que somos un grupo parlamentario y no
el Gobierno es que instamos a éste a que cumpla algo que había dicho,
lo que pasa es que también se estaba esperando a la directiva
europea. En fin, como hay partes de la enmienda de Convergència i
Unió y partes de la enmienda del Partido Socialista que van en el
mismo sentido, si le parece bien al portavoz socialista, puesto que
con el portavoz de Convergència i Unió ya lo he comentado,
presentamos una transaccional para no repetir las competencias de las
comunidades autónomas. Así pues, sería añadir al final del único
párrafo lo siguiente: coherente con la propuesta (eso lo admitimos)
de la directiva europea (es obvio, lógicamente, porque no va a hacer
lo contrario de lo que dice la directiva europea) y en coordinación
con las comunidades autónomas y corporaciones locales. Asimismo, se
tendrán en cuenta las legislaciones aprobadas por los parlamentos
autonómicos. ¿Le parece a usted bien? (Asentimiento.) En ese caso,
aceptamos esta transaccional para que no sean dos enmiendas
distintas, pero iguales a la vez, agradeciendo la disposición de los
grupos de la oposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señora portavoz, le ruego que
haga llegar a la Presidencia esa enmienda transaccional.
- SOBRE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE FALTAN PARA TERMINAR EL
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS PLAYAS DE MÁLAGA. PRESENTADAPOR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
000409.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Habiendo terminado con el punto
número 8 del orden del día, pasamos al 9: Proposición no de ley sobre
planificación de las actuaciones que faltan para terminar el
saneamiento integral de las playas de Málaga, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para defenderla, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Esta proposición no de ley que hoy
defendemos fue presentada en diciembre del año 2000 en el marco de
una petición relacionada con el sector del turismo. La preocupación
estaba provocada por la escasa consignación que se recogía en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 para el
saneamiento de la Costa del Sol, instándose a los diputados
malagueños a trasladar dicha preocupación a esta Cámara. Se pidió al
Gobierno que sobre todo concretase la fecha de finalización para que
de una vez por todas Málaga supiese cómo se iba a enfocar este plan
de saneamiento, el cual lleva más de 20 años realizándose, pero sin
un calendario específico ni concretándose las actuaciones que faltan
para terminarlo. El señor Atencia presentó un documento, un informe o
un escrito -no sé cómo denominarlo- en ese mismo marco de reuniones
con el Patronato de turismo, en el que figuraban presupuestos y se
indicaban algunos plazos de las actuaciones citadas. Y señorías, no
es que dudemos de los datos que nos proporcionó de aquella reunión el
señor Atencia, hoy presente en este debate, sino que lo que se
pretende es que el compromiso sea del Gobierno, puesto que es el que
se tiene que comprometer. El señor Atencia es un digno portavoz del
Partido Popular, pero no puede comprometer al Gobierno. Así pues,
repito, lo que se pretende con esta iniciativa es que sea el Gobierno
el que se comprometa, ya que es su obligación.
Señorías, tenemos motivos para dudar y no es que seamos gente con
mala fe ni personas que dudemos por dudar, pero es que durante los
últimos tres años, por no remontarme a años anteriores, de los
presupuestos han ido desapareciendo año tras año más de 10.000
millones de pesetas que estaban previstos presupuestarse el año
siguiente. Así pues, si se hubiese cumplido el plazo que el Partido
Popular estableció en los presupuestos, en este año 2001 podrían
haberse terminando todas las actuaciones, algunas de las cuales aún
no se han comenzado. Por tanto, alguna duda podemos tener. Si lo que
el señor Atencia nos dijo en aquella ocasión es cierto, no nos
importa servir de pretexto a través de esta
iniciativa para que el Gobierno del Partido Popular se luzca. Lo que
sí nos parece grave es que el señor ministro de Medio Ambiente no
haya querido reunirse a estas alturas con el Patronato de turismo de
la Costa del Sol, no solamente porque este patronato representa a un
sector que aporta más de un billón de pesetas a las arcas del Estado,
sino porque son cientos de miles los ciudadanos que dependen de esta
actuación. No nos gustaría que nuestra generación acabase con una de
las mayores riquezas medioambientales que tiene nuestra zona, esto
es, nuestro litoral y nuestras aguas. Lo que queremos es que de una
vez por todas se deje de ver, en cada pregunta que hacemos acerca de
cuándo se va a empezar una obra, una coletilla que realmente es la
que nos lleva a maltraer, una coletilla que dice que el inicio de
cualquier obra dependerá la disponibilidad presupuestaria. Esto es lo
que pretende nuestra iniciativa.
Señorías, no voy a repetir aquí cosas que ya se han dicho, ya que es
un debate recurrente. La terminación del saneamiento integral es en
estos momentos el reto más importante que tiene la industria
turística malagueña, ya que dicha terminación ofrece garantías al
litoral de contar con unas playas en condiciones y con calidad de
competir en un mercado turístico muy difícil, puesto que en la
actualidad presenta una serie de deficiencias que venimos denunciando
año tras año. También es una garantía para no incumplir durante más
tiempo la normativa europea, puesto que ya estamos fuera de plazo,
señoría, y por tanto la estamos incumpliendo. Esto no es una cuestión
baladí. Esto significa que estamos en una lista negra de zonas de
litoral sin sanear, y mientras nos gastamos cientos de millones en
promoción y vamos a las ferias de Londres y Berlín a promocionar
nuestras costas, estamos en esa lista negra. No queremos que se
incumpla el plazo del 2005, pero estamos hablando de actuaciones que
necesitan 36 meses para realizarse; hagamos las cuentas. Las obras
que no empiecen ya, difícilmente van a poder alcanzar el plazo del
2005. Estamos ante uno de los temas más sentidos en la provincia
malagueña y en toda la industria turística andaluza.
Quiero terminar pidiendo el voto favorable para esta iniciativa. Si
ya existe, bienvenida sea y, si no, sería motivo para que el Gobierno
se comprometiese, porque lo que falta es un compromiso del Gobierno
para que en el plazo máximo de tres meses, es decir, antes de mayo,
se presente una planificación con los plazos y la forma de
financiación de las actuaciones que faltan para terminar el
saneamiento integral de las playas de Málaga. Queremos que el
Gobierno se comprometa y le pedimos al Grupo Popular formalmente y,
sobre todo, a los diputados malagueños del Grupo Popular, que no
hagan de parapeto del Gobierno, que ayuden a que el Gobierno se
comprometa, que su buena voluntad en estos momentos pasa por situarse
en la línea de hacer comprometerse al Gobierno en estos plazos y en
esta forma de financiación.
Aprovechando esta intervención, nos pronunciamos favorablemente sobre
la enmienda del Grupo Socialista, con la inclusión de la depuradora
de Ronda en este listado de depuradoras que faltan y cuyas obras
deberían iniciarse durante el presente año. Es posible técnicamente,
si quitamos la coletilla de la disponibilidad presupuestaria y si no
hacemos trampa, si no estiramos los plazos legales para que al final
esa disponibilidad presupuestaria sea la que impida que las obras no
se inicien. Si hoy lo aprobamos aquí, conseguiremos que 2001 sea el
año del saneamiento integral de la Costa del Sol.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A esta proposición no de ley se
ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Los socialistas vamos a votar favorablemente
esta proposición no de ley porque consideramos fundamental que el
Gobierno aclare los plazos, la fecha y la forma de financiación de
las actuaciones que faltan para terminar el saneamiento integral de
la Costa del Sol. Al mismo tiempo, nuestro deseo es que se inicien en
el presente año las obras de cuatro depuradoras que aún no han
comenzado: la de Fuengirola, la de Torrox, la de Nerja y la de
Algarrobo/ costa, a la que habría que añadir la de Ronda. Por ello,
hemos presentado esta enmienda a la proposición no de ley.
Los socialistas queremos recordarle al Partido Popular que el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur apareció en los
medios de comunicación el 5 de noviembre de 1999, en una estupenda
foto, y se comprometió, y ese era el titular, a que en el año 2000 se
iba a iniciar lo que restaba de saneamiento integral en la provincia
de Málaga. Sin embargo, ha quedado claro que de cada tres anuncios
que realiza el señor Villegas, cuatro no son ciertos. Además, la
ministra de Medio Ambiente, la señora Tocino, en plena campaña
electoral, también se comprometió ante los medios de comunicación
a que en el año 2000 se iban a licitar las depuradoras de Fuengirola,
Torrox, Nerja y Algarrobo. No obstante, el Partido Popular ha
incumplido sus compromisos con los malagueños, puesto que a día de
hoy continúa sin existir plazo ni fecha para iniciar la citada
depuradora. Según un conjunto de recientes respuestas parlamentarias,
con fecha de salida febrero de 2001, el Gobierno reconoce que aún no
sabe cuándo van a dar comienzo las obras de la depuradora de
Fuengirola ni la de Nerja ni la de Torrox ni la de Algarrobo/costa.
Al Partido Popular no le ha interesado lo más mínimo que se incumpla
la Directiva comunitaria 91/271, sobre depuración de aguas
residuales, ni los efectos que eso pueda tener sobre el sector
turístico de la Costa del Sol. No se entiende cómo el Gobierno del
Partido Popular, a pesar de que esta directiva comunitaria establece
que antes del primero de enero de 2001 todos los municipios con más
de 15.000 habitantes de la Costa del Sol deben depurar de forma
adecuada sus aguas residuales, al día de hoy, ya en 2001, no sólo no
sabe cuándo se van a iniciar estas obras pendientes, sino que ni
siquiera sabe cuándo se van a licitar. El incumplimiento de esta
directiva comunitaria puede tener efectos negativos para el sector
turístico malagueño, y si eso no le preocupa al Partido Popular, sí
nos preocupa a los socialistas. El turismo es una de las principales
fuentes económicas de la provincia de Málaga y, por ello, los
socialistas le exigimos al Gobierno del Partido Popular que se
preocupe más por el saneamiento integral, porque relacionados con el
sector turístico viven miles de malagueños.
La única verdad que ha dicho el Partido Popular en los cinco años de
gobierno con relación a este tema ha sido a través de la señora
Tocino en septiembre de 1999, cuando dijo que Medio Ambiente tenía
olvidado a Málaga en saneamiento integral. Esa es la única verdad del
Partido Popular en cinco años con relación al saneamiento integral.
Los socialistas deseamos que el Partido Popular esté dispuesto a
impulsar este tema, puesto que los 2.489 millones que figuran en los
Presupuestos Generales del Estado para este año y para el saneamiento
integral de nuestra provincia son insuficientes. Por ello, demandamos
al Partido Popular que vote favorablemente esta proposición no de ley
y que no vuelva a hacer lo mismo que hizo hace unos meses en esta
Comisión, cuando votó en contra, cuando se opuso a impulsar las
depuradoras de Fuengirola y la de Benalmádena.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señorías, como bien dice el presidente,
tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Popular sobre la
iniciativa que acaba de ser defendida por el portavoz de Izquierda
Unida, señor Centella.
Quiero hacer una primera precisión. El saneamiento integral de la
Costa del Sol estuvo olvidado, olvidado por el Gobierno socialista
del señor González con distintos ministros hasta el año 1996. Sólo
hay que remitirse a los hechos. Todos los malagueños lo saben. En
1984, cuando la Junta de Andalucía asume por decreto del Gobierno de
la nación las competencias en materia de saneamiento en su
integridad, salvo aquellas que fueron declaradas de interés general,
nada se realiza respecto al saneamiento integral. No obstante, cuando
en los años noventa se nombra al señor Borrell como ministro de Obras
Públicas, Medio Ambiente y Urbanismo, y la Junta de Andalucía asume
las actuaciones de saneamiento en todo el litoral malagueño, el valle
del Guadiaro, con exclusión del área metropolitana
de Málaga, específicamente la zona de influencia de Málaga hasta
Torremolinos, nada se avanza, nada se hace, no hay ni un papel ni un
proyecto ni un duro para realizar el saneamiento integral. Es cuando
llega el Gobierno del Partido Popular y el presidente Aznar nombra
ministra de Medio Ambiente a la señora Tocino cuando se impulsa el
saneamiento integral, no sólo en Málaga, sino en otros lugares de
España, donde se ponen en marcha actuaciones concretas que SS.SS.
conocen. Son precisamente esas actuaciones las que permiten que en
este momento tengamos encarrilado el saneamiento integral en la
provincia de Málaga, no sólo en la parte occidental de la provincia,
sino especialmente en la parte oriental del litoral malagueño de la
Costa del Sol, donde nunca se había hecho ni una sola actuación ni de
colectores ni de saneamiento. Hoy están en marcha importantes
actuaciones que SS.SS. conocen, aunque no lo quieran reconocer, y
después hablaré de ellas. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
Antes de hablar de la iniciativa en concreto, me gustaría hacer
alguna precisión respecto a la intervención del señor Centella. Es
verdad que tuvimos una reunión los parlamentarios con el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol y nos plantearon su inquietud sobre el
saneamiento, inquietud que algunos se habían empeñado en amplificar
torpemente produciendo un daño al sector turístico sin motivo. Este
diputado facilitó la información que corresponde y que le pidió el
Patronato respecto al saneamiento integral, previa consulta con el
Gobierno, y el pasado 27 de noviembre del año 2000 remití a la
gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y secretaria de
la junta rectora, doña Ana Gómez Gómez, información detallada del
conjunto de actuaciones que por importe cercano a 25.000 millones de
pesetas estaban previstas en la provincia de Málaga en cuanto al
saneamiento integral, tanto obras en ejecución, entonces obras por
importe de 11.500 millones de pesetas, como obras en tramitación y
las anualidades correspondientes para hacer frente al conjunto de las
obras. Información que, por de pronto, tiene el Patronato de Turismo
de la Costa del Sol, al que por cierto, señor Centella, usted
pertenece representando al sector turístico malagueño. Simplemente
quisiera decir -no es éste el foro adecuado- que curiosamente ese
patronato y esa junta rectora a la que pertenece el señor Centella no
se han dirigido en ningún momento, aunque se comprometieron en la
reunión a la que yo asistí, a la Junta de Andalucía ni a la propia
Diputación, de la que depende el Patronato de Turismo económicamente,
para exigirle que realicen las actuaciones en materia de saneamiento
que corresponden a estas administraciones. Yo digo, para ilustración
de SS.SS. que no son de Málaga, que en este momento el 70 por ciento
de los municipios malagueños no depuran sus aguas porque la Junta de
Andalucía, o la Diputación en su caso,administraciones competentes en
la materia, no han
realizado las inversiones necesarias. En cambio, el Gobierno de la
nación, el Gobierno del Partido Popular, está impulsando todas
aquellas actuaciones consideradas de interés general del Estado para
realizarlas en el menor plazo posible. Evidentemente la directiva
comunitaria no se va a poder cumplir en todos sus términos
precisamente porque ustedes no hicieron los deberes, ustedes, señores
del Partido Socialista, pero nosotros estamos trabajando (El señor
Morlán Gracia: Hala, hala, a seguir trabajando.), y por eso le voy a
dar los datos que sin duda usted debería conocer porque son
sobradamente conocidos.
En función de los compromisos que el Ministerio de Medio Ambiente
asumió se está afrontando el saneamiento integral de la Costa del Sol
malagueña y se está ejecutando un conjunto importante de
infraestructuras, y voy a detallarlas una a una con sus plazos. Tomen
nota y verán ustedes el compromiso del Partido Popular y del
Gobierno. En este momento, de las 13 actuaciones que contempla la
parte correspondiente al saneamiento integral competencia del
Gobierno de la nación, hay una pendiente de un pequeño modificado,
pero terminada en términos de consumo del importe presupuestado, que
son las obras de acondicionamiento y mejora del sector de Arroyo de
la Miel, subsector Torremuelle y colector de Mijas, conocido como los
colectores de Torremuelle, por importe de 1.250 millones de pesetas.
La obra está prácticamente finalizada y, por tanto, sería la primera
de las actuaciones llevadas a cabo.
Se encuentra en este momento en ejecución un conjunto de obras que en
su totalidad suman más de 13.000 millones de pesetas, de las que voy
a dar los datos y las fechas de finalización, de acuerdo con los
contratos firmados, que SS.SS. deberían conocer. Por una parte nos
encontramos con que los colectores de Rincón de la Victoria, por
importe de 1.243 millones de pesetas, estarán finalizados dentro de
este primer semestre del año 2001, como podrán comprobar ustedes sin
duda sin van a visitar las obras. La estación depuradora de
Benalmádena, por importe de 2.784 millones de pesetas, estará
finalizada en el segundo semestre de 2002, como corresponde al
contrato firmado con la empresa constructora. La estación depuradora
de aguas residuales de Rincón de la Victoria, en ejecución, por
importe de 1.054 millones de pesetas, estará finalizada en el primer
semestre de 2002. Asimismo, la depuradora de Vélez-Málaga, en
ejecución, por importe de 1.460 millones de pesetas, estará terminada
en el primer semestre del año 2002. Igual ocurre con los colectores
de Vélez-Málaga, por importe de 1.333 millones, que también estarán
terminados en el primer semestre de 2002. Exactamente igual que las
actuaciones correspondientes a los colectores de Manilva, Estepona y
Fuengirola, que fueron licitados el pasado verano y que, por importe
de 2.062 millones de pesetas, tienen
que estar finalizados en el primer semestre del próximo año 2002.
Es decir, que del conjunto de las siete primeras actuaciones que se
han acometido, una está prácticamente terminada y la inmensa mayoría
de ellas, quitando la de Benalmádena que es más compleja y más
cuantiosa en su presupuesto, estarán finalizadas dentro de un año.
Además, señorías, se encuentran pendientes de licitación, por una
parte, la ampliación de la estación depuradora de Fuengirola-Mijas,
que, por cierto, está en el término municipal de Mijas, y ha habido
algunos problemas respecto a los terrenos por alguna Administración
socialista que hay allí, aunque afortunadamente he leído en la prensa
que está desbloqueado. El anteproyecto de esta obra está terminado,
ha sido aprobado técnicamente, y una vez que se tenga la
disponibilidad del terreno, el Ministerio podrá proceder a su
licitación. También tenemos las actuaciones correspondientes a los
colectores y estaciones depuradoras de Nerja y Torrox, y en este
momento se están haciendo ambos anteproyectos. De acuerdo con la
propia previsión que el Gobierno anunció y que en Málaga anunció el
secretario de Estado de Aguas y Costas, en este año 2001 está
prevista la licitación cuando menos del proyecto de Torrox. Por
cierto, señor Centella, el proyecto de Torrox es posible que en este
momento esté en condiciones, de licitarse, una vez que se termine el
anteproyecto, porque ha habido colaboración con el actual
ayuntamiento socialista y popular frente a la falta de cooperación de
la época en que gobernaban ustedes en ese ayuntamiento, que dijeron
que no querían depuradora y no colaboraron y no pusieron el terreno a
disposición.
Por último, dentro de estas actuaciones que corresponden al litoral,
en cuanto a la mejora y ampliación del saneamiento en Algarrobo, en
la parte de Algarrobo costa, en este momento está en fase de
redacción del anteproyecto. Además, afectan a la Costa del Sol, pero
no pertenecen formalmente al litoral, las actuaciones
correspondientes a la depuradora de Ronda.
La señora PRESIDENTA: Señor Atencia, está agotando su tiempo.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Termino en un minuto, señora presidenta.
La depuradora de Ronda, por importe de 1.700 millones de pesetas, fue
adjudicada en noviembre de 2000; está en estos momentos redactándose
el proyecto, porque es proyecto y obra, y el plazo de ejecución es de
30 meses. Ustedes tomen nota y saquen el cálculo. En cuanto al tramo
correspondiente a Istan, del colector principal, por importe de 800
millones de pesetas, el proyecto está en redacción y se licitará este
mismo año.
Por tanto, señorías, el saneamiento integral de la Costa del Sol va a
buen ritmo, los plazos son conocidos, los presupuestos significan un
compromiso claro de financiación de los proyectos y a ellos hay que
remitirse. En consecuencia, el Gobierno cumple, el Gobierno tiene un
plan muy claro y hay un presupuesto que garantiza su financiación. Yo
le aconsejaría a SS.SS. simplemente que vayan a Málaga y reconozcan
la realidad: el saneamiento se está resolviendo, el futuro para el
sector turístico está perfectamente claro, y lo demás es decir algo
que no es verdad y además hacer un daño tremendo a un sector que está
en auge gracias no a ustedes, sino al propio sector que es pujante y
al impulso de la sociedad malagueña. (La señora Díez de la Lastra
Barbadillo: Muy bien, pero que muy bien.)
La señora PRESIDENTA: Encuentro a los intervinientes procedentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, quizá porque hoy es su día, el
día de la comunidad autónoma, muy bullangueros y con mucha fuerza en
sus intervenciones.
El señor Centella tiene la palabra como defensor de la proposición no
de ley para comunicar al Grupo Socialista si admite su enmienda.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Ya le he dicho, señor Atencia, que en Torrox
no gobierna el Partido Popular sino Izquierda Unida con el PSOE.
Dicho esto, ya habíamos anunciado que aceptábamos la enmienda del
Partido Socialista con la corrección del añadido de Ronda entre las
depuradoras que se planteaban.
- SOBRE TRANSFERENCIA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE LAS CONFEDERACIONES
HIDROGRÁFICAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESE TERRITORIO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
161/000073.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la siguiente
proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, relativa a la transferencia a la Junta de Andalucía de las
confederaciones hidrográficas que se encuentran en ese territorio.
El señor Centella tiene la palabra para defenderla.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, le agradezco la cita que
ha hecho a la festividad del Día de Andalucía, aunque nos hubiese
gustado que se hubiese tenido en cuenta en la Cámara y no se hubieran
celebrado hoy sesiones, porque creemos que lo merece el Día de
Andalucía, y no solamente de esta Comisión sino de otras muchas que
se han reunido en el día de hoy, porque no lo consideramos oportuno.
Dicho esto, pasamos a defender una iniciativa que creemos que sí
tiene bastante relación con el día que hoy se celebra en Andalucía,
porque hace veinte años, señorías, los andaluces tuvimos que hacer
frente a una campaña en la que desde la derecha y desde el centro se
nos decía que a los andaluces no nos interesaba la autonomía plena.
Tuvimos que soportar los intentos de la derecha de utilizar todas las
artimañas legales para frenar lo que era un clamor popular. A pesar
de todo ello, el pueblo andaluz conquistó la autonomía plena y el
derecho a gestionar sus propios recursos, aunque parece que no hemos
conquistado el derecho a que se reconozca en el Parlamento que el Día
de Andalucía sea un día sin actividad parlamentaria. Hoy, veinte años
después, tenemos que seguir soportando que se intenten utilizar
artimañas para privarnos de nuestros recursos. Entendemos que los
recursos hidráulicos deben ser gestionados, porque así lo acordamos
los andaluces en su día, por el Gobierno autonómico.
Señorías, las características especiales de la Comunidad Autónoma
andaluza en materia hidrológica hacen que cada vez sea más evidente
la necesidad de una correcta planificación territorial, ambiental y
del tejido económico y social, de manera que los limitados recursos
existentes se repartan desde el punto de vista de justicia social y
de equilibrio ecológico. En este sentido, entendemos que los
instrumentos de planificación deben de ser flexibles, teniendo en
cuenta sobre todo el modelo de Estado de las autonomías que contempla
la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. Se hacen cada vez
más necesarias unas confederacioneshidrográficas renovadas, con
clarificación de sus competencias, unas confederaciones
reestructuradas en sus medios, unas confederaciones más democrática,
que hagan una gestión más transparente y sea más participativas con
los usuarios, los ayuntamientos, las asociaciones ecologistas,
agrarias, etcétera, unas confederaciones, en definitiva, que sean
gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde esta
perspectiva, entendemos que es imprescindible descentralizar
y traspasar las competencias, de acuerdo con la Constitución y con el
Estatuto de Autonomía de Andalucía. No es justo que se utilicen
artimañas jurídicas y administrativas para privarnos de la gestión
del Guadalquivir que, por más que se empeñen algunos en no
reconocerlo, es un río andaluz que debe ser gestionado por los
andaluces y andaluzas a través de su órgano autonómico. La sequía y
la situación de déficit histórico que existen en Andalucía deben
cubrirse con políticas de ahorro, con políticas que optimicen los
recursos desde la óptica de la racionalidad y de la solidaridad.
Necesitamos, además, una mayor atención inversora que venga a cubrir
los déficit que venimos arrastrando desde hace años.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida cree que no se
pueden retrasar más las transferencias urgentes de las competencias
sobre las cuencas hidrográficas
del Guadiana 2, del Sur y del Guadalete-Barbate, y que es necesario
modificar la legislación vigente en materia de aguas al objeto de
posibilitar en el menor espacio de tiempo posible la transferencia a
la Comunidad Autónoma de Andalucía de las competencias sobre la
cuenca del Guadalquivir. Es evidente que las competencias que se
reclaman deben ir acompañadas de la dotación de recursos económicos y
humanos y de cuantos otros sean necesarios para la gestión y
administración de las mismas. Desde luego, nunca mejor que hoy, en
este día en que celebramos una fiesta que no debe dejar de ser
reivindicativa y de lucha, porque así fue aquel 28 de febrero. El
Partido Popular debe rectificar lo que no pudo hacer aquel día y
confiar en que los andaluces seamos capaces de gestionar nuestros
recursos; no debe seguir poniendo trabas al desarrollo de la
autonomía plena de Andalucía, que no nos fue regalada -repito- sino
que fue conquistada, a pesar de lo que en su día hicieron allí la
derecha y el centro.
La señora PRESIDENTA: No existen enmiendas presentadas a esta
proposición no de ley.
Para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra el señor
Contreras, por el Grupo Socialista.
El señor CONTRERAS PÉREZ: El Grupo Socialista apoyará la propuesta
del Grupo Federal de Izquierda Unida por varias razones. Algunas de
ellas ya han sido mencionadas por el señor Centella, pero conviene
insistir sobre todo en lo que dice el Estatuto de Autonomía,
y fundamentalmente en el artículo 148.1.10 de la Constitución, que paso
a leer textualmente: se contempla la posibilidad de que las
comunidades autónomas asuman los proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos
de interés de la comunidad autónoma, las aguas minerales y termales.
Creo que esto da pie, si existe voluntad política, a abrir una
negociación entre el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía
para buscar un mecanismo de transferencia no sólo de aquellas
confederaciones cuya cuenca está íntegramente en territorio andaluz,
que evidentemente no tendría que tener ningún problema y se debería
haber hecho ya, sino también de la del Guadalquivir, como ha dicho el
portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida. Se podrían buscar
modelos de cogestión si existiera voluntad política de hacerlo. Algo
tan esencial como el agua para cualquier territorio, pero mucho más
para una comunidad como la andaluza, es de vital importancia que se
pueda planificar en el contexto que dice aquí: de interés de la
comunidad autónoma. No dice que esté íntegramente en el territorio
nacional.
En un día como hoy, tal como han dicho varios intervinientes, el Día
de Andalucía, celebro que estemos aquí porque puede ser un día
propicio para que reflexionemos sobre la necesidad que tiene
Andalucía de
que se sigan haciendo transferencias. Espero que con las
confederaciones hidrográficas no ocurra como con el censo. Andalucía
tiene que tener la posición que le da el Estatuto de Autonomía y la
Constitución, independientemente de quién gobierne la comunidad.
Parece que hay ciertas reticencias en el Gobierno de la nación a
hacer transferencias porque el Partido Socialista gobierna en este
momento la Junta de Andalucía. No me gustaría oír esta tarde
argumentos tan desafortunados y fuera de lugar como los que empleó no
hace mucho tiempo el señor Villegas, presidente de la Confederación
Hidrográfica del Sur, diciendo que no era momento oportuno y
preguntando por qué se reivindicaba en este momento desde la Junta de
Andalucía la transferencia de las confederaciones hidrográficas si
los socialistas tuvieron catorce años y no la hicieron. Creo que ese
no es un argumento válido, tenemos que seguir andando y no podemos
estar permanentemente haciendo referencias a si hubo o no tiempo
durante los gobiernos anteriores.
Aún me parece mucho más peregrino decir que un asunto tan complejo
con éste de las transferencias no se puede hacer cuando hay
inversiones pendientes. Bueno, entonces no se hubiese podido hacer
absolutamente nada porque siempre hay proyectos pendientes y siempre
hay inversiones pendientes. Es fundamentalmente una cuestión de
voluntad política y me gustaría que, en un día como hoy, el grupo
mayoritario -el Grupo Popular- hiciera lo mismo que va a hacer el
Grupo Parlamentario Socialista y apoyara la proposición no de ley del
Grupo Federal de Izquierda Unida, de modo que hubiese unanimidad en
la Cámara. Andalucía lo necesita y una buena articulación del
territorio necesita indiscutiblemente de una competencia como la de
la planificación y programación hidráulica.
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muchas gracias por la referencia que ha hecho
al Día de Andalucía, presidenta. Permítanme que manifieste hoy aquí
mi orgullo de ser andaluz y, además, felicite a todos los andaluces
en un día tan señalado.
Entrando en el objeto de la proposición no de ley y viendo los
antecedentes que me habían pasado, veo aquí múltiples iniciativas del
final de la pasada legislatura. También he tenido conocimiento de la
nula iniciativa parlamentaria que el Partido Socialista manifestó a
este respecto mientras tuvo mayoría absoluta en Madrid y en Sevilla.
Por lo visto, con la llegada del Gobierno de José María Aznar, se
despertó el espíritu reivindicativo del Gobierno andaluz, sumiso
hasta entonces e ignorante de la realidad a pesar de que no se
prodigaba en concesiones ni transferencias.
El PSOE no pide las transferencias, pide la cogestión de las
confederaciones. Cada vez que la pide, nosotros le contestamos lo
mismo: ustedes ya participan en la gestión porque están representados
en los órganos de gobierno de las confederaciones: en la junta de
gobierno, que es el máximo órgano, en el consejo del agua de las
distintas cuencas y en la comisión de desembalse; es decir, que están
ustedes cogestionando las confederaciones. (El señor Martí i Galbis:
¡Qué más queréis!- El señor Morlán Grancia: Lo mismo que vosotros.)
Al señor Centella le quiero decir que es inasequible al desaliento.
(El señor Centella Gómez: Somos así.) Mira que le han dado palos
políticos; me acuerdo ahora de un rapapolvo impresionante que le dio
la ministra de Medio Ambiente en una interpelación, al final de la
legislatura anterior, por falta de rigor en sus planteamientos. No le
ha servido de mucho porque sigue en sus trece; me recuerda a esas
multicopistas que circulan todavía por los ayuntamientos de nuestra
Andalucía, que son incapaces de modificar una coma a pesar de que se
les da argumentos. Todavía solicitan al Gobierno las transferencias
de una serie de confederaciones que, con la Constitución en la mano,
con el Estatuto de Autonomía y con la Ley de aguas, es legalmente
imposible transferir; pero se sigue erre que erre.
Estamos de acuerdo con el espíritu de esta proposición no de ley; con
lo que, desde luego, no estamos de acuerdo es con la exposición que
ustedes hacen considerando que las confederaciones no son
democráticas, que la gestión no es transparente, que no tienen
participación de los usuarios ni de los ayuntamientos ni de las
organizaciones ecologistas y agrarias. Pues los ayuntamientos, las
organizaciones ecologistas, las agrarias y el Estado, todos forman el
consejo de aguas de las cuencas y todos están representados.
Ustedes quieren las transferencias. Es como si pidieran que se les
transfiriera el Servicio Meteorológico Nacional para hacer que llueva
más. Mire usted, hay técnicos, los presidentes de las confederaciones
son andaluces y se rigen por lo que marca la ley, tanto en su
estatuto como en cuanto a nombramientos de personal -mayoritariamente
andaluz-. No puede hacer usted una crítica de este tipo creyendo que,
una vez que se transfiera, van a echar ustedes a todos los
funcionarios que están allí, van a quitar a todo el mundo, van a
cambiar las leyes y eso funcionará de otra manera: lloverá más, habrá
más inversiones y todo estará mucho mejor. Hay que ser un poco más
realista en la exposición.
Dicen ustedes: hacen falta más inversiones. Eso sí es verdad;
inversiones ha habido poquitas, las mínimas, casi ninguna con los
gobiernos anteriores. Nosotros tenemos ahora un Plan hidrológico
nacional que contempla bastantes actuaciones -algunas ya están en
marcha- que van a dar respuesta a lo que ustedes nos están pidiendo.
Usted habla -y aquí sí le doy toda la razón del mundo- de que pasamos
de la sequía, del consumo
excesivo de agua, de la aplicación de técnicas obsoletas de regadío.
Es verdad, pero también tiene que saber que se está creando una serie
de sociedades estatales para evitar esto, sabe que hay 50.000
millones en unas sociedades estatales creadas por el Ministerio de
Agricultura, aparte de las sociedades estatales del Ministerio de
Medio Ambiente. Usted sabe que nunca como ahora se han limpiado los
cauces y tengo cartas de varios alcaldes, no precisamente del Partido
Popular, felicitando a las confederaciones y al Ministerio en ese
sentido. Le puedo citar una serie de actuaciones importantes del Bajo
Guadalquivir, del Guadalcacín, de los márgenes del Genil. Todo no
está tan mal como usted está diciendo.
La gestión de los regadíos, efectivamente, es autonómica, pero la
Junta de Andalucía hace valer sus derechos. Por ejemplo, el Gobierno
ha tenido que declarar de interés general la zona de Guadalcacín, una
zona muy importante de Cádiz, para que los riegos se puedan llevar a
cabo, porque la Junta de Andalucía dice que es suya, pero como no
pone un duro, los regantes dicen que será suya, pero si no hay dinero
no es de nadie. El Ministerio de Agricultura ha tenido la amabilidad
de hacerlo, con un presupuesto de casi 20.000 millones, y ya está en
marcha. Hace unos meses, el ministro de Medio Ambiente inauguró los
canales principales y para los canales secundarios y terciarios están
estas sociedades en funcionamiento.
Es verdad que esas confederaciones no pueden ser transferibles, como
he dicho antes, por la Constitución, el Estatuto y la Ley de aguas,
pero hay otras que sí pueden serlo. Nosotros estamos de acuerdo y el
Partido Popular también lo ha pedido. En la Confederación del Sur,
con excepción del Almanzora, que está interconexionado con Murcia y
Almería, el trasvase del Negratín, el abastecimiento de Ceuta y
Melilla, hay una serie de inconvenientes técnicos que hay que
discutir y negociar con la comunidad autónoma para que esto pueda
llevarse a buen término.
En el río Guadiana -y se lo cito para que vea que estamos de acuerdo
con ese tema-, sería correcto jurídicamente el traspaso tanto del río
Piedra, como el Tinto, el Odiel y el canal del Chanza, pero hay que
tener en cuenta problemas técnicos como los que pudieran surgir con
Portugal por la posibilidad del trasvase Guadiana-Guadalquivir. El
Gobierno de la nación no puede decir al Gobierno portugués que no
pueden gestionar porque tiene transferida la competencia a una
comunidad autónoma que después dirá lo que tenga que decir. Esas
cosas hay que preverlas y acordarlas antes. También serían
transferibles las unidades hidrogeológicas de Ayamonte-Huelva,
Niebla-Posadas, Almonte-Marismas; no olvidemos que está ahí Doñana
con necesidades hídricas, también de competencia nacional. Dentro de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está la cuenca del
Guadalete-Barbate, que no la quieren porque lleva implícito el
abastecimiento
de agua, hay que hacerlo y cuesta dinero. Creo que habría que ser
coherente y asumir lo positivo y lo negativo, lo que son cargas y lo
que son prebendas. ¿Qué ocurre entonces? Realmente, dentro de la
actitud favorable del Gobierno a estas transferencias, que el Partido
Popular de Andalucía también solicita, aunque no haya problemas
jurídicos, sí los hay técnicos y hay que negociar, aclarar,
determinar y coordinar para evitar esos condicionamientos, tanto
internacionales como intracomunitarios por motivos de trasvase, y que
puedan quedar salvaguardadas estas actuaciones.
Señoría, le quiero decir que a mi grupo le consta la voluntad del
Gobierno de realizar los traspasos que legalmente procedan; que gran
parte de los temores que S. S. ha expuesto tienen solución con el
Plan hidrológico nacional y que existe la posibilidad de una
negociación que pueda aclarar todos estos aspectos. Por ello, mi
grupo considera que no es precisamente hoy, en puertas de esa
negociación, cuando se deba tomar esa decisión, aunque sí estamos de
acuerdo, como ya he manifestado, en mantenerla, hacerla y
conseguirla.
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS GOBIERNOS
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL
CONOCIMIENTO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL
MARCO DE LAS CONVOCATORIAS DELINSTRUMENTO FINANCIERO PARA EL MEDIO
AMBIENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA LIFE, EN SU ÁMBITO TEMÁTICO LIFEMEDIO
AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA
I UNIÓ). (Número de expediente 161/000259.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día:
Proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió, por la que se
insta al Gobierno a la consideración de los gobiernos de las
comunidades autónomas como autoridades competentes para el
conocimiento y la tramitación de los proyectos presentados en el
marco de las convocatorias del instrumento financiero para el medio
ambiente de la Comisión Europea Life, en su ámbito temático Life-
Medio Ambiente.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Martí i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señorías, muy brevemente.
La presentación de esta proposición no de ley tiene su origen en las
previsiones del Reglamento 1655/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo al instrumento financiero
para el medio ambiente Life, a través del cual se abre una tercera
etapa de cinco años, que finaliza en 2004, al objeto de
contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política
comunitaria de medio ambiente, un reglamento que prevé la
participación de las autoridades estatales y por supuesto de la
Comisión Europea, como autoridad a la que deben remitirse las
propuestas de proyectos que pueden financiarse en virtud de lo
dispuesto en el citado reglamento, que se refiere a tres ámbitos
diferentes, Life-Naturaleza, Life-Medio Ambiente, que es el que ahora
nos ocupa, y Life-Terceros Países.
Existe, sin embargo, un planteamiento político que subyace en la
presentación de esta iniciativa parlamentaria, que viene a coincidir
con el planteamiento que este diputado había defendido en una
anterior Comisión de Medio Ambiente, el 20 de septiembre del año
pasado, con motivo de la tramitación de una proposición no de ley
análoga, en concreto la que perseguía la consideración de las
comunidades autónomas con competencias en medio ambiente como
autoridades competentes para el conocimiento y la tramitación de los
proyectos presentados en el marco de las convocatorias Life-
Naturaleza de la Comisión Europea. El hecho de que esa proposición no
de ley fuera aprobada por esta Comisión con la introducción de una
enmienda de carácter técnico, presentada en su momento por el Grupo
Parlamentario Popular, me permite esperar que esta proposición que
ahora nos ocupa también vaya a ser aprobada por una lógica, basada no
sólo en la bondad objetiva de la misma, sino también por el hecho de
la equivalencia respecto a la aprobada en la Comisión de Medio
Ambiente del 20 de septiembre del año pasado.
Al objeto de economizar los tiempos que tenemos asignados los grupos
y teniendo en cuenta este referente de la anterior proposición no de
ley aprobada el año pasado y, si me lo permiten los usos
parlamentarios, quisiera dar por reproducidas cada una de las
argumentaciones y criterios que utilicé en la presentación y defensa
de la proposición no de ley a la que me he referido, con una sola
salvedad, una salvedad referida a que si la participación de las
comunidades autónomas en el proceso de coordinación y tramitación de
los proyectos ante el Gobierno del Estado en el marco del programa
Life-Naturaleza estaba justificado -y esta Comisión así lo creyó-,
cuando en aquel caso la mayor parte de los proyectos presentados eran
de las comunidades autónomas por la propia naturaleza del programa
LifeNaturaleza, creemos que está más justificada aún la participación
de las comunidades autónomas en los proyectos del programa Life-Medio
Ambiente, teniendo en cuenta que, en su mayoría, como SS. SS. saben
-y agradezco que en su día el portavoz socialista, en una
intervención que tuvo en la anterior tramitación de la proposición no
de ley sobre Life-Naturaleza, se encargara de recordarlo-, los
proyectos presentados a través del instrumento Life-Medio Ambiente
son proyectoselaborados por empresas, especialmente pequeñas
y medianas empresas, y también especialmente por corporaciones
locales en general. Creemos que está más justificado por la simple
razón de que las comunidades autónomas, obviamente en el marco de sus
competencias en materia de medio ambiente, impulsan diferentes
programas de protección del medio y de fomento de la gestión
sostenible del entorno natural, con lo cual su intervención en este
tipo de proyectos comunitarios aporta una clara coherencia a sus
políticas, al tiempo que con ello se profundiza en el principio de
subsidiariedad en materia medioambiental. Creemos que también
responde adecuadamente al reparto competencial en materia del medio
ambiente entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas,
modelo basado en la concurrencia competencial y en una intensa
colaboración no sólo entre estos dos niveles de la Administración,
sino también entre ellas y las corporaciones locales.
En coherencia, pues, con la aprobación de la proposición no de ley
sobre el programa Life-Natruraleza del pasado 20 de septiembre, pido
el voto favorable a la presente proposición no de ley a los
diferentes grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda
a esta proposición no de ley. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Casi sería innecesaria mi intervención, dado
que el representante del Grupo de Convergència i Unió ha hecho
referencia también a la argumentación que hicimos en su momento en la
sesión de la Comisión a la que se ha referido de 20 de septiembre del
año pasado, y va a ser la misma. Por eso nos congratulamos de la
presentación de esta proposición no de ley.
Ya en aquel momento, nos preguntábamos por qué no se incluía en la
misma Life-Medio Ambiente, que es el que hoy se trae aquí. Ese día
dijimos que estaba mucho más claro que con el Life-Medio Ambiente las
comunidades autónomas podían jugar un gran papel colaborando con la
Administración central en la difusión y tramitación de esta
convocatoria, por entender que va dirigida a las administraciones
locales y a las empresas. Tenemos claro a quién corresponden las
competencias de tramitación de los proyectos que hoy analizamos y el
papel que pueden jugar las comunidades autónomas en este caso, por lo
que presentamos una enmienda que, manteniendo el espíritu del
proponente, creemos que aclara mejor cuáles pueden ser las
atribuciones de las comunidades autónomas con competencia en materia
de medio ambiente con respecto a las convocatorias siempre citadas.
Solamente dos puntualizaciones. Primera, no conocemos si la
iniciativa Life-Naturaleza ha sido aprobada por el Consejo nacional
de la protección de la naturaleza, tal como recogía la enmienda
presentada por el
Grupo Popular que modificaba la proposición no de ley de CiU.
Segunda, al ser una convocatoria europea, le corresponde al
Parlamento Europeo la modificación de que las comunidades autónomas
españolas sean competentes para la tramitación de los proyectos Life
ante la Unión Europea, como consideramos que va implícito en esta
iniciativa. Pero entendemos que podemos dar una mayor profundización
al programa Life. Somos los primeros que queremos desarrollar, como
ha dicho también el proponente, el principio de subsidiariedad, por
lo que entendemos que ante los pocos recursos humanos de que disponen
las administraciones locales, las comunidades autónomas pueden
ejercer la labor de asesoramiento y difusión de este programa incluso
canalizando y remitiendo los proyectos al organismo competente
reconocido por la Unión Europea, como es el Ministerio de Medio
Ambiente.
Con este planteamiento esperamos la consideración y aceptación de
nuestra enmienda, que ha sido presentada, y que dice: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que reconozca y otorgue, en el
marco de la distribución competencial existente en materia de medio
ambiente y mediante el procedimiento oportuno, la consideración de
los gobiernos de las comunidades como autoridades competentes para
hacer conocer, difundir y asesorar a las administraciones locales y
empresas como principales beneficiarios de la convocatoria Life-Medio
Ambiente y la tramitación de los proyectos al Ministerio de Medio
Ambiente como órgano competente nacional.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Voy a ser muy breve para no redundar en lo
que ya dijimos en aquella ocasión, pero sí quiero hacer alguna
puntualización.
Respecto a lo que decía el portavoz de Convergencia i Unió, la
enmienda que en aquel momento se introdujo a propuesta del Grupo
Popular más que de carácter técnico diría que es de carácter
político, ya que estaba de acuerdo con el portavoz de Convergencia
siempre y cuando ello se produjera tras la aprobación de la
iniciativa en el seno de la Comisión nacional de protección de la
naturaleza.
También entendemos la importancia de estos proyectos Life-Medio
Ambiente, pero tenemos una duda sobre el texto propuesto por el Grupo
de Convergencia respecto a que en este caso esta iniciativa tenga que
ser aprobada en el seno de la Comisión nacional de protección de la
naturaleza. Después de haber escuchado al portavoz del Grupo
Socialista y haber leído su enmienda, creemos que tal vez dicha
enmienda, con algunas matizaciones, es más completa y redundaría en
un mayor beneficio de estos proyectos.
La señora PRESIDENTA: Para aceptar o rechazar la enmienda, tiene la
palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Nuestro grupo aceptaría a grandes rasgos la
enmienda del Grupo Socialista, pero propondríamos una transacción que
afectaría muy levemente al texto original. Cito las palabras
afectadas. Creemos que cuando la enmienda del Grupo Socialista hace
referencia a los gobiernos de las comunidades la palabra justa sería
«comunidades autónomas»; por tanto, añadiríamos la palabra autónomas
después de comunidades. A continuación, después de administraciones
locales y empresas, propondríamos una especificación relativa a que
fuesen -entre comas- especialmente las pequeñas y medianas, porque
creemos que las pyme son las principales afectadas o beneficiarias
posibles de estos proyectos. Finalmente, el texto de la enmienda
transaccional acabaría donde pone «órgano competente». Creemos que la
palabra «nacional», más allá de la terminología, supone una
reiteración al contenido mismo de la enmienda. Paso a los servicios
de la Cámara el texto transaccional, y aceptaríamos la enmienda del
Grupo Socialista si éste acepta la transacción.
La señora PRESIDENTA: Señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: La aceptamos. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señorías, habíamos decidido que la votación se
llevaría a cabo a las ocho de la tarde. Como hemos acabado un poco
antes, esperaremos a que se incorporen el resto de los comisionados
que en este momento no están aquí.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores comisionados, comenzamos con
las votaciones, puesto que ya se supera la hora de las ocho de la
tarde. Vamos a intentar hacerlo de la forma más ágil y clara posible.
Vamos a votar las diferentes enmiendas de los grupos al proyecto de
ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real
Decretoley 9/2000, de 6 de octubre). En cuanto a dos enmiendas
transaccionales que parecer ser que querían cerrar el Grupo
Socialista y el Grupo Popular, ¿las han cerrado? ¿Las quieren
incorporar?
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Sí, presidenta, hemos llegado a un texto
consensuado y estamos en disposición de entregárselo a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que lo pasen a la Mesa y haremos
lectura del mismo antes de la votación de cada una. Vamos a ir poco a
poco, porque ha habido muchas peticiones de votación separada.
Enmienda 51, del Grupo Mixto, de los señores Saura Laporta y
Labordeta Subías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 52.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 53, 54, 65 y 66.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 y 64.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 22; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 59 y 67.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 32.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por último, enmienda 68.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 22; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Lasagabaster Olazábal, también del Grupo
Mixto.
Enmienda 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 31; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 18 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 31; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 19 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 22; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último la enmienda número 20 de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 21; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Vázquez.
Enmiendas números 11 y 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 13 y 15 del señor Vázquez Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 14 del señor Vázquez Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 16 del señor Vázquez Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 32; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario PNV. Enmienda
número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 3 también del Grupo Parlamentario del PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 4 del Grupo Parlamentario PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.
PRESIDENTA:
La señora Queda rechazada. Última enmienda, número 5, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,14;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Empezaremos con la enmienda número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,13;
en contra, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 7, del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 22; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 8, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 9 y 10, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
números 22 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 22; abstenciones, una
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 23, 24 y 27. En este grupo están las 25 y 26, pero
se votará una transaccional que han acordado el Grupo Socialista y el
Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 21; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
y 39, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 22; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 41, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 22; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 42, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 21; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Los comisionados conocen ya el contenido de las enmiendas. Pasamos a
votar la enmienda transaccional al artículo 8 bis.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda transaccional al artículo 8 ter.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Ahora pasamos a votar el texto del proyecto de ley, de acuerdo con la
ponencia, más las enmiendas que acabamos de aprobar. Lo haremos en
tres bloques, de acuerdo con las peticiones de los diferentes grupos
parlamentarios.
El primer bloque incluye la disposición transitoria única; el anexo
I, grupo 3, i); anexo I, grupo 10, c); anexo I, grupo 10, 7.°; anexo
II, grupo 1 bis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 12; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Pasamos ahora a la votación del segundo bloque: artículo 1, artículo
5, artículo 7; en el artículo 2, la disposición adicional tercera y
la disposición final tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Pasamos al tercer bloque: resto del articulado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votación de la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar las proposiciones no de ley que se han debatido esta
tarde.
Proposición no de ley sobre realización de las actuaciones necesarias
de saneamiento y depuración en varias ciudades de Galicia. A esta
proposición no de ley se presentó una enmienda transaccional por el
Grupo Popular, que fue admitida. En ese sentido, pasamos a votar
directamente la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre traslado y establecimiento de la sede de
la Confederación Hidrográfica del Tajo a la ciudad de Toledo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la necesidad de ejecución urgente de
la obra hidráulica conexión de la presa de Cuevas del Almanzora con
el Poniente Almariense, declarada de interés general en el Real
Decretoley 8/1998, de 28 de agosto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre residuos especiales. A esta proposición
no de ley se presentó una enmienda de adición por el Grupo de
Convergència i Unió, que fue aceptada, y así se vota.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 11; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre la realización de un estudio sobre el
abastecimiento y uso de agua en cada una de las diez ciudades
españolas con mayor población. Se presentaron dos enmiendas, una del
Grupo Socialista, que fue rechazada, y una de Convergència i Unió,
que fue aceptada. Pasamos a votarla.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a presentar a
la Cámara, en el plazo no superior a un año, un proyecto de ley de
contaminación acústica. Se elaboró una transaccional entre los tres
textos y así pasamos a votarla.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
A la proposición no de ley sobre planificación de las actuaciones que
faltan para terminar el saneamiento
integral de las playas de Málaga, se aceptó la enmienda presentada
por el Grupo Socialista. Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre transferencia a la Junta de Andalucía de
las confederaciones hidrográficas que se encuentran en ese
territorio.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la
consideración de los gobiernos de las comunidades autónomas como
autoridades competentes para el conocimiento y la tramitación de los
proyectos presentados en el marco de las convocatorias del
instrumento financiero para el medio ambiente de la Comisión Europea
Life, en su ámbito temático Life-Medio Ambiente. Se ha presentado una
enmienda del Grupo Socialista que se transaccionó, y en base a ese
texto transaccionado de todos los miembros de la Comisión pasamos a
votarla.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.