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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 132, de 13/12/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 132
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Página
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a aprobar en el actual periodo
de sesiones el Real decreto por el que se establecen los criterios
de reparto de la cuota láctea adicional aprobada en Berlín.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000025) ... (Página 3836)
- Sobre la política del Gobierno relacionada con el cultivo del
arroz, transformación y comercialización del mismo. Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000155)
... (Página 3836)
- Relativa a la reforma de la OCM del arroz. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000313)
... (Página 3840)
Página
- Sobre ayuda a los productores citrícolas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000239) . . .
(Página 3842)
- Relativa al acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000335) . . . (Página 3844)
- Relativa a la adopción de medidas en materia de control y
prevención relacionadas con la escefalopatía espongiforme bovina.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000336) . . . (Página 3850)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR EN EL ACTUAL PERÍODO DE
SESIONES EL REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE
REPARTO DE LA CUOTA LÁCTEAADICIONALAPROBADA EN BERLÍN. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 161/000025)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 9 de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Antes del debate de las proposiciones
no de ley, quisiera comentarles que la que figura con el número 1,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
insta al Gobierno a aprobar en el actual PERÍODO de sesiones los
criterios de reparto de la cuota láctea adicional aprobada en Berlín,
ha sido retirada por el Grupo proponente. Asimismo, ha sido
solicitado el aplazamiento de la que figura con el número 7, para la
elaboración de un estudio sobre el sector cinegético y su
consideración para el desarrollo del medio rural, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, se inicia esta sesión con
el resto de las proposiciones no de ley. A efectos organizativos
quisiera decirles también que las votaciones serán todas en conjunto
y no antes de las 12 de la mañana.
- SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO RELACIONADA CON EL CULTIVO DEL
ARROZ, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MISMO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000155)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la proposición número 2, sobre la
política del Gobierno relacionada
con el cultivo del arroz, transformación y comercialización
del mismo. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la
palabra su portavoz, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Esta proposición sobre el cultivo del
arroz, en la fecha en que se hizo y ahora, tiene una notable
actualidad que además va creciendo por momentos. Asistimos a un
cultivo que tiene más de 15.000 explotaciones, que afecta a 100.000
hectáreas, pero que tiene además unas condiciones técnicas muy
especiales. No es un cultivo cualquiera, es lo primero que tenemos
que considerar, sino que tiene una alternativa muy difícil, por no
decir imposible. Por otro lado, la proposición no de ley que hace el
Grupo Socialista, como verán ustedes, voy a intentar demostrarlo
rápidamente, coincide ampliamente con las opiniones más diversas y
más autorizadas, así como con el criterio de las organizaciones
profesionales agrarias y de las cooperativas. Bueno es que comencemos
con el dictamen que hace el Comité Económico y Social de la Unión
Europea, documento que es del 19 de octubre de 2000.
El dictamen del Comité Económico y Social ante la propuesta de
anteproyecto de reglamento que le hace la Comisión, que
fundamentalmente consiste en integrar el arroz en el régimen de
cultivos herbáceos, es decir, en suprimir la intervención y en
flexibilizar el mercado, es decir, favorecer las importaciones con
una rebaja importante de aranceles y permitir la entrada masiva de
arroz de fuera, lo cual contribuiría a bajar aún mucho más el precio,
se manifiesta de la siguiente manera. Primero, sobre el punto 4.3 de
las conclusiones, el Comité no está de acuerdo con la supresión de la
intervención y se pregunta si el objetivo de la Comisión no es
ensayar esta medida en un sector menos reivindicativo, para hacerla
extensiva al resto de los cereales una vez sentado el precedente. El
Comité Económico y Social se da cuenta de la doble jugada que hay, lo
cual hace particularmente perverso en este caso el criterio o la
propuesta que se hace de modificación de la organización común del
mercado del arroz, ya que lleva implícita dos cosas,la desaparición
de la propia intervención y el impulso a
que una vez que se haya convertido y se haya entrado en el bloque de
cultivos herbáceos, desaparezca la intervención para todos los
cultivos herbáceos. El Comité Económico y Social insta a la Comisión
a que aclare y cuantifique lo que entiende por ayuda al
almacenamiento privado en caso que se produzca una crisis del sector
y en su punto 4.5 recuerda que aunque las negociaciones han de
llevarse a cabo con los exportadores de arroz, estas sólo afectan al
60 por ciento de las importaciones actuales, porque el resto está en
forma de cuota, que se ha pactado con países terceros. El Comité
sugiere que la Comisión examine más cuidadosamente la posibilidad de
conceder ayudas directas a los productores, teniendo en cuenta los
aspectos sociales y medioambientales que caracterizan el cultivo del
arroz. Finalmente, en el punto 4.7, el Comité llama la atención de la
Comisión sobre el papel fundamental e insustituible del arroz en la
conservación del ecosistema de los humedales y parques naturales.
Tengo un dossier de prensa, que por no fatigar a SS.SS. no voy a leer
detalladamente, en el cual hay una unanimidad entre organizaciones de
arroceros, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones
empresariales -el Copa-Cogeca también se manifiesta en contra-, pero
sí voy a detallar, por lo que tiene de significativo, el documento,
que es de 18 de octubre de 2000, que firma la confederación de
cooperativas, la Unión de Pequeños Agricultores y la Coordinadora de
Agricultores y Ganaderos, la COAG, sobre el arroz, en cuyo punto 1
dice que el desequilibrio que se conoce en la actualidad en el
mercado comunitario del arroz y la acumulación de stocks son debidos
fundamentalmente al extremado volumen de las importaciones
procedentes de países terceros. En el punto 2, dice: El conjunto del
sector arrocero español defiende como reivindicación prioritaria la
preservación del mecanismo de intervención. En puntos posteriores
sigue insistiendo en el mantenimiento de la intervención a su nivel
de precios actuales. En el punto 5 dice que la propuesta de reforma
de la organización común de mercado debería tener en cuenta los
factores externos del mercado comunitario, que vulneran su
equilibrio, una vez superado el proceso de renegociación arancelaria.
En su punto 5.1 llama la atención sobre la utilización abusiva del
régimen de perfeccionamiento activo. Es la voz, prácticamente, de
todo el sector vertebrado del campo, de las cooperativas, Unión de
Pequeños Agricultores, y de la Coordinadora de Agricultores y
Ganaderos. Por lo tanto, el primer punto de la proposición no de ley
que hace el Partido Socialista pretende oponerse a la desaparición de
la intervención que contempla la nueva OCM del arroz, es decir, lo
que dice el consenso de toda la sociedad y de todo el mundo implicado
en el arroz, sean cultivadores, sean organizaciones profesionales
agrarias o cooperativas, evitar la desaparición de la preferencia
comunitaria, que afecta claramente a las importaciones de que nos
hablan productores
y cooperativas, e impedir la disminución brusca
o desaparición de aranceles para el arroz, que va en el mismo sentido.
Estos son puntos compartidos por la inmensa mayoría. Ahora, ¿quién no
los comparte?, y, claro, a la hora de votar, entonces sabremos quién
está de acuerdo con unos y quién está de acuerdo con otros. ¿Esto es
unánime, lo comparte todo el mundo? Pues no. Hay quien está muy de
acuerdo en que esto no es así. Sólo es una empresa, justamente la que
tiene una tendencia innata a monopolizar determinados sectores de la
producción agraria. Voy a decir el nombre, Ebro Agrícolas, para que
conste. Nos monopoliza el azúcar y también las compras del arroz y el
arroz. Está completamente de acuerdo con la reforma. Entonces, votar
en contra de esta proposición es votar a favor de Ebro Agrícolas, es
votar a favor de los que quieren la liberalización, es decir, votar a
favor del interés de muy pocos ignorando el interés de la mayoría;
esa es la única significación que puede tener el voto, porque a los
únicos que favorece es precisamente a la empresa que prácticamente
monopoliza las compras.
La situación del arroz, precisamente por la presión que tiene de
arroces de fuera y del sistema empresarial de casi monopolio de
compra en determinadas zonas, es un monopolio casi auténtico. Esto
obliga a que tengamos en cuenta la posibilidad de desarrollo
comercial y de transformación que tienen las cooperativas. Las
cooperativas hace ya algunos años están montando plantas, primero, de
secado de arroz; después están montando descascarilladoras, molinos
y, por último, envasadoras. En definitiva, las cooperativas son
capaces de transformar su arroz, el arroz cáscara recogido del campo,
en arroz envasado para poderlo vender directamente. Esta es una
situación en la cual yo creo que teníamos que ayudar a las
cooperativas; esa es la razón de los puntos cuarto y quinto de la
proposición no de ley, que cierran la política arrocera que pretende
el Grupo Socialista. Proponemos una línea específica de créditos
subvencionados a las cooperativas y a las organizaciones de
productores destinados a la producción, a la comercialización y a la
promoción de las marcas que tienen las cooperativas arroceras. Pienso
que la defensa que hemos hecho de la opinión del Consejo Económico y
Social, del Copa-Cogeca, de la confederación de cooperativas, de las
organizaciones profesionales agrarias y la argumentación que hemos
hecho ya tienen suficiente peso para que el voto sea a favor.
Llamamos la atención por último, y con esto termino, señor
presidente, sobre una cuestión: el arroz no es un cultivo normal, el
arroz es un cultivo que necesita unos requisitos técnicos muy
especiales; requisitos técnicos que son una capa freática poco
profunda que permita retener el agua y unas condiciones de
encharcamiento que impidan totalmente cualquier alternativa de
cultivo. Es decir, donde hay arroz difícilmente puede ir otro
cultivo. Puede ir el alpiste, que es casi la únicaalternativa técnica
que hay, pero no tenemos suficientes
canarios para emplear tanto alpiste, con la superficie de arrozal con
que contamos. Por lo tanto, hay que singularizarlo también y en este
sentido hay que darle el tratamiento especial que desde el Grupo
Socialista pedimos. Por todo lo dicho, nosotros tenemos casi la
seguridad que la mayoría de los grupos de esta Cámara van a apoyar,
como no puede ser menos, a la totalidad de los agricultores y de las
cooperativas y pienso que no van a estar del lado de un interés tan
singular como el que mencionaba antes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición en esta
proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán, de Convergència i Unió, tiene la
palabra su portavoz el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, creía que tanto la
proposición no de ley del Grupo Socialista como la del Grupo Popular
se iban a discutir a la vez, pero parece ser que no, que se va a
hacer de forma separada. En todo caso, mi intervención, que no sé si
luego la voy a repetir otra vez, iría en la misma línea, tanto
respecto a una como a la otra, porque a pesar de que el portavoz del
Grupo Socialista y, con toda seguridad, el portavoz del Grupo Popular
querrán matizar posiciones propias de cada formación política, creo
que el problema es único. El problema es si la reforma del arroz va a
afectar positiva o negativamente a todo el sector. Ese es el gran
quid de la cuestión.
Estoy básicamente de acuerdo con alguna de las manifestaciones que se
han hecho hasta este momento diciendo que el arroz es un cultivo
minoritario en el conjunto del Estado español, pero también es cierto
que ese cultivo es propio de unas zonas determinadas, donde las
alternativas son difíciles y donde tiene, incluso, un carácter
medioambiental importantísimo. El arroz se cultiva en zonas
encharcadas, donde las concentraciones de sales son altas y, por
tanto, es difícil encontrar cultivos alternativos. El Gobierno tendrá
que estar especialmente vigilante para que la modificación de la OCM
del arroz no sea negativa para los intereses del conjunto de los
productores del Estado español.
Mi Grupo Parlamentario presenta en estos momentos, in voce, una
enmienda que pretende aunar de alguna manera tanto el posicionamiento
que he oído en estos momentos del Grupo Socialista como creo que
también el del Grupo Popular. Desearía que antes de las votaciones
hubiese tiempo para poderla analizar y ver si es posible aceptarla.
En todo caso, soy consciente, conozco el Reglamento perfectamente, de
cuál es el plazo de presentación de enmiendas y, por tanto, en ese
momento hago una propuesta in voce, en la línea siguiente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que defienda durante
la próxima reforma de la OCM del arroz las siguientes actuaciones: El
mantenimiento de un sistema de intervención para la
producción comunitaria de arroz, al objeto de estabilizar los
mercados y garantizar un nivel de vida digno para la población
agraria afectada. El establecimiento de una restitución para la
obtención de almidón procedente del arroz para su posterior
utilización como materia prima industrial. En el caso de optar por la
integración del arroz dentro del sistema de cultivos herbáceos,
garantizar que esta se producirá de manera progresiva, puesto que se
trata de un sector diferenciado con características peculiares. En
este ámbito, primero, se solucionará compatibilizar la superficie
base de arroz con la superficie de base de maíz de regadío. La ayuda
a la superficie de siembra de estos cultivos se pagará en función de
los rendimientos específicos correspondientes, es decir, los del maíz
para el maíz y los del arroz para el arroz. Se establecerá la
obligatoriedad de regionalizar la superficie de base estatal. No
existirá la obligatoriedad de destinar el 10 por ciento a la
superficie para la retirada de los cultivos al objeto de recibir las
ayudas por hectárea. El cálculo de las penalizaciones por superación
de la superficie de base se efectuará de manera lineal. El punto 4
sería el establecimiento de ayudas de carácter agroambiental para el
cultivo de arroz.En grandes líneas esa sería la propuesta que nuestro
grupo pondría encima de la mesa y creo que podría recoger tanto la
voluntad del Grupo Socialista como la del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al portavoz del Grupo
Popular, entiendo que esta es una enmienda in voce que hace a las dos
proposiciones no de ley. Por lo tanto, antes de la intervención del
Grupo Parlamentario Popular, vamos a darle la palabra...
El señor COMPANYS SANFELIU: Entiendo que la Presidencia es la que
dirige el debate, pero, en todo caso, pediría que la decisión se
tomase antes de las votaciones, cosa que dejaría a las dos
formaciones políticas más tiempo para reflexionar.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Entonces vamos a continuar con los
debates, una vez finalizados los cuales dejaremos cinco minutos para
que los diferentes portavoces puedan reflexionar en torno a la
propuesta que hace Convergència i Unió y posteriormente someteremos a
votación aquello que salga del consenso. Por lo tanto, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Albiach.
El señor ALBIACH CHISBERT: En relación con las manifestaciones
realizadas por el portavoz del Grupo Socialista sobre el cultivo,
transformación y comercialización del arroz, el Grupo Popular
mantiene una concepción que para nada coincide con la suya. El sector
del arroz se encuentra en la actualidad en una situación difícil,
derivada del incremento de su coste financiero, como consecuencia
fundamentalmente del incremento del recurso de la intervención. Este
incremento
se ha producido en las últimas campañas debido fundamentalmente al
aumento de las importaciones, estimuladas por acuerdos preferenciales
con países terceros, y a las dificultades para poner en el mercado
internacional las existencias, como consecuencia de los compromisos
de exportación contraídos en la ronda Uruguay del GATT. Para resolver
esta situación la Comisión Europea propuso una reforma de la OCM del
arroz que aunque presenta unos aspectos positivos, sin embargo, tiene
otros negativos para el sector nacional. La citada propuesta suprime
el régimen de intervención, justificando con ello un rearme
arancelario para protegernos de las importaciones. Ese rearme sería
el resultado de unas negociaciones en la Organización Mundial de
Comercio, que ni siquiera han comenzado y que se presentan muy
difíciles. Por lo tanto, se desconoce como quedaría definitivamente.
Por otra parte, el rearme arancelario no supondrá una defensa clara
de las importaciones, ya que actualmente casi dos tercios de las
mismas se realizan en condiciones preferenciales, que no se verán
afectadas por el rearme arancelario y son suficientes para
desequilibrar el mercado comunitario. Además la intervención
constituye la única red de seguridad mínima para mantener la renta de
los productores. Si desaparece, existiría el riesgo de una reducción
de la misma, no siendo razonable ni justo hacer pagar las
consecuencias de concesiones a países terceros a los productores
comunitarios del arroz.
La postura del Gobierno en la Unión Europea ha sido siempre contraria
a la desaparición del régimen de intervención del arroz. Es necesario
dotar de competitividad a la producción comunitaria de arroz, y una
reducción en el precio de la intervención debería ser compensada con
un incremento de la ayuda para conseguir unos niveles de renta futura
razonables. Tanto la reducción como la compensación citadas deberían
establecerse sobre la base de los mismos criterios adoptados para los
cultivos herbáceos en la Agenda 2000. Por ello la postura defendida
por el Gobierno es aceptar la incorporación del arroz a los cultivos
herbáceos, siempre que se modifiquen las siguientes condiciones de la
propuesta. En primer lugar, que para el arroz no se aplique la
retirada de cultivo obligatoria, puesto que en las zonas de marismas
y salinas lo medioambientalmente positivo es el cultivo y no la
retirada, tal como propone la Comisión Europea, y además es una
medida que tiende de forma exclusiva al ahorro presupuestario por
reducción de la producción comunitaria. En segundo lugar, han de ser
compatibles la superficie base de maíz de regadío actual con la
superficie base de arroz futura, pagándose las ayudas a las
superficies de siembra de cada uno de sus respectivos rendimientos,
pues cualquier otro escenario de pago es negativo para nuestros
productores. En tercer lugar, debería establecerse un incremento de
la ayuda siguiendo los criterios ya citados, de ampliación de la
Agenda 2000. Por ello, esta ayuda debería ser superior a los 63 euros
/tonelada,
que constituye la cifra a los cultivos herbáceos que se propone, y su
magnitud definitiva dependerá del grado de compensación adoptado. Por
último, la propuesta de reforma supondría unos recortes
presupuestarios importantes, derivados de la eliminación de la
intervención fundamentalmente. La reforma que se realice debe
garantizar, como mínimo, el equilibrio financiero actual del sector y
mejorarlo de acuerdo con los criterios adoptados en la Agenda 2000.
En concreto, la propuesta de reforma de la Comisión consiste en la
eliminación de la intervención para conseguir un teórico rearme
arancelario que nos proteja de la importaciones. Paralelamente y como
compensación a los agricultores por la desaparición de la
intervención, se prevé la integración del arroz en el sistema de
cultivos herbáceos, incrementándose, por tanto, la ayuda actual, de
52,65 hasta los 63 euros/tonelada. En los grupos de trabajo del
Consejo, el Comité especial de Agricultura y el Consejo de Ministros,
la delegación española se ha opuesto a la eliminación de la
intervención y al precio de ésta y, consecuentemente, a la
preferencia comunitaria actual y al cambio brusco del sistema de
derechos a la importación vigente. En consecuencia, no procede
aceptar los tres primeros puntos de la proposición no de ley por
innecesarios, a la vista de que ya están asumidos por el Gobierno.
En relación a los puntos cuarto y quinto, sobre la creación de una
línea especifica de créditos subvencionados destinados con
preferencia a las cooperativas de productores, con la aplicación de
los reglamentos comunitarios 1257/99, del Consejo del 17 de mayo, y
1750/99, de la Comisión del 23 de junio, relativos al desarrollo
rural, con cargo al Feoga, existe una línea de ayudas a la mejora de
las condiciones de comercialización y transformación de las
producciones agrícolas; en el desarrollo de dichos reglamentos se
contempla la regionalización de las ayudas y está incluido, entre
otros, el sector del arroz. Existe un tratamiento diferenciado en
relación a los porcentajes de subvención a aplicar, con preferencia a
las cooperativas respecto al resto de beneficiarios, con un
porcentaje mayor de subvención, que, incluso, es superado por las
organizaciones de productores. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación está tramitando un real decreto por el que se establece
la normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora de
las condiciones de transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación, donde sí está contemplado
el sector del arroz, que será beneficiario de estas ayudas hasta el
año 2006. Por lo tanto, los puntos cuarto y quinto de la proposición
no de ley tampoco pueden ser aceptados y el Grupo Popular votará en
contra de esta proposición no de ley. (El señor vicepresidente, Isasi
Gómez, ocupa la Presidencia.)
- RELATIVA A LA REFORMA DE LA OCM DELARROZ. PRESENTADAPOR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000313)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Debatida esta segunda
proposición que figura en el orden del día, procedemos a continuación
a debatir la proposición número 3, sobre ayuda a los productos
citrícolas, presentada por el Grupo Socialista. Para defender esta
proposición no de ley tiene la palabra, por parte del Grupo
Socialista...
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, para una cuestión de
orden. Hemos quedado en que se debatirían independientemente las dos
proposiciones no de ley que hay sobre el arroz. Entiendo que hemos
debatido sólo la primera y quedaría la segunda, simplemente por una
cuestión de procedimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Este presidente en funciones
no tenía conocimiento de esa circunstancia y, por supuesto, no tiene
ningún inconveniente, siempre que los portavoces acepten esta
propuesta. Señor Madero, señor Companys, señor Vázquez, ¿dan su
consentimiento a cambiar el orden del día para debatir las dos
proposiciones no de ley que se refieren al tema del arroz?
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, es más lógico que en
este momento procedamos a debatir la otra proposición no de ley sobre
el arroz que dejarla para más tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Si hay unanimidad de los
portavoces, esta Presidencia no tiene ningún inconveniente, sino todo
lo contrario; se limita a coordinar la voluntad unánime de los
portavoces. En ese caso, pasamos a debatir la proposición no de ley
que figura con el número 4, relativa a la reforma de la OCM de al
arroz, presentada por el Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz,
señor Albiach.
El señor ALBIACH CHISBERT: Los ministros de Agricultura de los Quince
reconocieron mayoritariamente la necesidad de una reforma en el
sector del arroz. Sin embargo, el presidente del Consejo, Jean
Gavany, no ve puntos de acuerdos imaginables sobre la propuesta
presentada el pasado mes de junio por la Comisión Europea, en tanto
en cuanto no se conocen las exigencias de los países terceros con los
que Bruselas debe negociar una modificación de la protección de las
fronteras comunitarias.
Varios Estados miembros productores consideran que la intervención,
cuya supresión ha propuesto Bruselas, es un instrumento clave del
funcionamiento de la PAC y una garantía de renta para los
productores. Algunos de ellos podrían presentar propuestas
alternativas a
la de la Comisión, por ejemplo España. Se presenta ante nosotros una
difícil y problemática reforma de la OCM del arroz. En la actualidad
están autorizadas 104.973 hectáreas de cultivo de arroz en toda
España. Es la denominada superficie máxima garantizada. El
rebasamiento de esta superficie implica sobrepasar un límite impuesto
por la Unión Europea y, por tanto, entrar dentro de las
penalizaciones sobre los pagos compensatorios que deben recibir los
arroceros por hectárea cultivada. Las previsiones que se manejan a
partir de los datos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación es que en la presente campaña 2000-2001 la superficie
sembrada habrá aumentado cerca de un 10 por ciento, lo que supondría
una penalización en los pagos compensatorios del 40 por ciento. El
crecimiento de la superficie cultivada no se realiza de forma
uniforme, destacando notablemente unas comunidades sobre otras. El
descontrol de las superficies dedicadas al cultivo del arroz por
parte de ciertas autoridades competentes afecta al resto de arroceros
de igual manera, puesto que la superficie máxima garantizada lo es a
nivel nacional. Dado que se prevé que en breve se va a reformar la
OCM del arroz, pensamos que ese debería ser el momento de plantear
las posibles modificaciones que afecten al sector. Por ello instamos
al Gobierno a que defienda durante la próxima reforma de la OCM del
arroz su integración en el sistema de los cultivos herbáceos, de
forma que pueda compatibilizarse la superficie de base de arroz con
la superficie de base de maíz de regadío y que la ayuda a las
superficies de siembra de estos cultivos sea en función de los
rendimientos específicos correspondientes, es decir, los del maíz
para el maíz y los del arroz para el arroz.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Al no haber presentado
enmiendas, corresponde en estos momento el turno de fijación de
posición. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, Convergència y Unió, tiene la palabra el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: En la línea de mi anterior intervención
tengo que decir que en este momento hay una preocupación importante
en el sector productor de arroz por la aprobación de la próxima OCM y
por la posibilidad de que el propio sector quede en una situación
difícil. Por lo tanto, nuestro grupo estaría en la línea de instar al
Gobierno para que en las negociaciones que se deben de llevar
adelante en la aprobación de la OCM tenga unas directrices
absolutamente claras al respecto. ¿Cuáles serían esas? Básicamente,
la primera sería el mantenimiento del sistema de intervención para la
producción comunitaria, al objeto de estabilizar los mercados. Una
segunda sería el establecimiento de una restitución para la obtención
del almidón procedente del arroz. Una tercera sería el
establecimiento de ayudas de carácter agroambiental
para el cultivo también. Una cuarta, en el caso, como parece ser que
el Partido Popular ha decidido ya directamente, de que se optase por
la integración del arroz dentro del sistema de cultivos herbáceos, es
que se tendría que solicitar la compatibilidad de la superficie de
base arroz con la superficie base de maíz. Las ayudas a las
superficies de siembra de esos cultivos se pagarían en función de los
rendimientos específicos. En eso estaríamos de acuerdo con la
propuesta que ha hecho el Grupo Popular. Se establecería la
obligatoriedad de regionalizar las bases de superficie estatal. Yo
creo que eso es básico, porque si no llegamos a la regionalización,
no hay ningún sistema para poder controlar los excesos de producción.
No existirá la obligatoriedad de destinar el 10 por ciento de la
superficie para retirada de cultivos y el cálculo de las
penalizaciones para las supresión de la superficie base se hará no de
forma proporcional sino de forma lineal. Básicamente esa sería
nuestra propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Por parte del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Estamos hablando de una reforma que en la
comunicación que tengo del Copa-Cogeca, que es del 8 del noviembre,
dice que se verá aproximadamente en torno al primer semestre del año
2001, es decir, que queda todavía mucha negociación por delante, y lo
que a mí me sorprende es que el Grupo Popular haga ya suya como
política oficial del Gobierno justamente la exposición de motivos del
anteproyecto de reforma de OCM que tiene la Unión Europea, porque no
entiendo yo cómo va a negociar nuestro Gobierno o qué capacidad se le
da para que negocie cuando ya se empieza asumiendo desde el primer
momento toda la exposición de motivos, que es donde están las
intenciones, lógicamente. Por lo tanto, se asume ya la mayor. Eso
realmente no es negociar, sino admitir lo que se dice sin más. ¿Tan
poca fe tiene el ministro Arias Cañete en sí mismo y en su capacidad
negociadora que ya asume todo lo que dice la reforma, en contra, como
hemos visto en la anterior proposición no de ley, del criterio
unánime de todo el sector, salvo quien hemos dicho que sí está de
acuerdo y a quien sí le conviene? No tiene mucha lógica, porque la
posición de ver cuáles son las medidas singulares que tiene que tener
el arroz dentro del bloque de herbáceos hay que adoptarla una vez que
el Gobierno haya perdido la primera batalla, la batalla más
importante, que es la de mantener, como todos queremos, la
singularidad de una organización común de mercado específica para el
arroz.
Por otro lado, alguna de las argumentaciones que se dan respecto a
cuál es la situación de mercado no tienen base alguna en cuanto a lo
que se dice que es el mal y al remedio que se propone. El remedio que
se propone
en la proposición anterior estaba clarísimo: tiene que haber
mantenimiento de la preferencia comunitaria y, desde luego, de la
política arancelaria que en estos momentos se tiene. También a veces
nos cuesta mucho entender que porque se esté elaborando un real
decreto, que no se conoce, se diga que lo que pedimos en cuanto al
apoyo a los agricultores, al apoyo a las cooperativas y a líneas de
subvención o de crédito ya lo va a contemplar ese real decreto
futuro: tengan ustedes fe y como ya va a salir, entonces no hace
falta ponerlo. Esa es una dejación de esta Comisión, que tiene la
obligación de instar al Gobierno, no de ilustrarle. Por lo tanto, le
instamos. ¿Que lo recoge después el real decreto? Para eso instamos,
para que lo recoja, pero decir lo contrario es pervertir un poco el
espíritu de lo que realmente tiene que ser una comisión
parlamentaria. El Gobierno ya lo va a hacer; por lo tanto no se
preocupen ustedes. No, es todo lo contrario. El Gobierno lo hace,
entre otras cosas, porque nosotros lo decimos. Así que, por lo tanto,
ese argumento no es válido.
Lo peor de la cuestión es que al Gobierno le prestamos un flaco favor
también cuando desde aquí salga, estará en el 'Diario de Sesiones',
que estamos ya totalmente de acuerdo con los principios de reforma de
la OCM del arroz y con la integración en el bloque de herbáceos. Le
hemos quitado toda capacidad negociadora y de ahí solamente se puede
derivar una posición de franca debilidad del Gobierno. No me parece
de recibo tampoco que el Gobierno se ponga el parche antes de que
salga el grano y diga: como voy a perder la negociación, ni siquiera
negocio. Eso realmente es hacer una dejación de una obligación que
claramente tiene.
Ahora no estamos en la batalla de cómo se tiene que considerar el
arroz dentro del bloque de los herbáceos; ahora estamos en una
batalla previa y es qué singularidades conseguimos para el cultivo
del arroz dentro de los intereses nacionales arroceros, que además en
este caso tengo que decir que coinciden con los intereses italianos y
con los intereses griegos, es decir, con la posición de los que
realmente tienen arroz dentro de la Unión Europea. Es más, si
nosotros aceptamos, así, sin más, lo que nos estamos es descolgando
del resto. Por lo tanto yo pediría, aprovechando este turno en esta
segunda proposición no de ley, la reconsideración del Grupo Popular y
que la retirase, que creo que es lo mejor para el propio Gobierno -no
digamos para el sector arrocero-, porque todo lo demás es dar por
descontado que la cuestión ya está decidida y que el arroz va a
entrar en el bloque de herbáceos. Más adelante estudiaremos la
propuesta in voce que ha hecho a la proposición no de ley anterior en
el tema del arroz el Grupo Catalán de Convergència i Unió, pero creo
que tenemos que dejar nítidamente claras aquí las tres cuestiones
fundamentales: una, que hay que negociar; dos, que el arroz es un
cultivo muy singular, que no es un cultivo que consuma grandes
cantidades de agua, comose dice por ahí -el arroz no tiene por qué
consumir
10.000 metros cúbicos hectárea/año; eso solamente es cuando el arroz
se cultiva en tierras que no son arroceras-, y que se impone, por lo
tanto, una singularización de las tierras arroceras y de las
superficies arroceras, que son terrenos que no admiten, por supuesto,
barbecho de ninguna clase, porque no hay alternativa ninguna y las
posibilidades que tiene de otros cultivos son prácticamente nulas, y,
en tercer lugar, que la unanimidad que hay en el sector no puede ser
sospechosa para nadie. No hay la menor fisura ni por parte de las
organizaciones profesionales agrarias ni por parte de las
cooperativas. Aquí hay que mantener la intervención, la preferencia
comunitaria y el sistema arancelario y se necesitan unos sistemas
específicos de ayuda tanto para las cooperativas en la parte
industrial como para la comercialización. Después, las negociaciones
irán dando lo que den de sí y seguramente este tema volverá de nuevo
a la Comisión; entonces será, si el Gobierno fracasa, si el ministro
de Agricultura, Arias Cañete, fracasa, cuando tendremos que empezar a
hablar de cómo tratamos el arroz dentro del paquete de herbáceos.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez) Gracias por su ilustración,
señor Amarillo.
- SOBRE AYUDA A LOS PRODUCTORES CITRÍCOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000239)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Debatida esta cuarta
proposición no de ley, procede a continuación pasar justamente a la
anterior, a la número 3, sobre ayuda a los productos citrícolas,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Edo.
El señor EDO GIL: La pasada campaña citrícola la han calificado los
agricultores, precisamente ellos, como la peor de los últimos 15
años. Se ha caracterizado por unos precios en el huerto que podemos
catalogar de ruinosos, además de quedarse toneladas de fruta colgando
de los árboles. Ahora estamos en plena campaña, afrontamos una nueva,
el precio está evolucionando de forma aceptable en cuanto a las
mandarinas y concretamente a la clementina nulera, pero no así en
cuanto a las naranjas como es la navelina, que en estos momentos no
está teniendo aceptación y prácticamente no tiene precio en el
huerto, si bien la cosecha actual es de las más flojas de los últimos
años, lo cual también puede dar lugar -sólo faltaba eso- a que incida
en favor de los precios; al ser tan baja, no compensará
suficientemente a los agricultores y agravará más la situación que
estos padecen Sinceramente creo que si no es por una cosa es por
otra, pero la realidad es que lo cojamos por donde lo
cojamos, la falta de planificación del sector tradicional está
convirtiendo al mismo en ruinoso, haciendo inviable que familias que
tradicionalmente vivían dignamente de las explotaciones familiares,
ahora, si consiguen salir adelante, lo hacen trabajando por cuenta
ajena y la mayoría de las veces en las grandes plantaciones, las
cuales también en demasiados casos son propiedades de industriales
que invierten sus ganancias en plantaciones de naranjos, cuya
rentabilidad anual, dada la procedencia de la inversión, les importa
poco o nada, pues, como es obvio, no subsisten de ellas, pero
consiguen que el agricultor tradicional, que mencionaba
anteriormente, no pueda salir adelante por sus medios.
Tampoco podemos permitir que sea el sector citrícola quien pague, de
cara a Europa, ciertas negociaciones y los trastos que puedan haber
roto otros sectores por no haber hecho bien las cosas, por lo que no
debemos permitir un recorte por parte de Bruselas al sector. Nos
jugamos 21.000 millones de pesetas y todo predice que va a haber este
recorte, y es que una vez más el ministro Arias sólo demuestra genio
donde no debiera. Es en Bruselas donde debiera mostrar sus cualidades
políticas y, si hace falta, poner allí los atributos de los que aquí
presume y sacar adelante una OCM con ventajas para los españoles. Las
últimas reformas de la OCM respecto a los cítricos beneficia a los
países cuya producción no ha aumentado, que, por supuesto, no es el
caso de España, sí el de Italia; pero como nos tiene acostumbrados el
PP desde que gobierna, porque antes decía otra cosa radicalmente
opuesta, toda la culpa la tiene Bruselas. Desde el Ministerio de
Agricultura en la actualidad a la incapacidad ahora se le llama
imposibilidad y a la ineficacia incomprensión, pero lo cierto es que,
campaña tras campaña, los productores tradicionales de cítricos,
concretamente naranjas y mandarinas, lo tienen más difícil para
continuar sus explotaciones.
Desde hace cinco o seis años no existe un censo citrícola con
superficies reales por cada variedad. Es una reclamación que viene de
años e incomprensiblemente no se ha realizado. Es esencial saber qué
se ha vendido y comido para deducir qué queda y, en consecuencia,
facilitar con esa información permanente a cada productor o
comercializador dónde se encuentra y qué se puede esperar de la
evolución del mercado para adoptar sus propias decisiones, por lo que
urge también tomar medidas al respecto. No lo digo yo sino el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que recientemente
revelaba que el 70 por ciento de las fincas de naranjos no son
competitivas y del 30 por ciento restante la mayoría empieza a no
tener justificación económica. El dato es escalofriante para un país
que todavía es líder y es el mayor exportador en cuanto a cítricos en
fresco del mundo. Tiene además el sector la lacra de las carencias
vitales, como son las deficiencias hídricas; también están ahí, por
supuesto, las plagas, como el minador, la piñolá, la picadura de la
mosca y tantos etcéteras, pero, sobre todo, la tristeza, que está
contribuyendo aún más a lo descrito anteriormente. Respecto a la
tristeza quería hacer hincapié en que está suponiendo la muerte
escalonada de todos los naranjos y, por lo tanto, la replantación de
los mismos por plantones que no adquieran la enfermedad. Hay que
modificar la ayuda y dar ésta al arranque en lugar de al plantón; así
conseguiremos dar alternativas a los agricultores para poder cambiar
de cultivo, a la vez que evitaríamos la especulación en las grandes
plantaciones de nueva implantación.
Señorías, es necesario afrontar de una vez por todas las necesidades
reales del sector productor de cítricos. Para ello el Gobierno
español debe crear un plan de ayudas que entren en vigor durante esta
misma campaña, paliando así lo que para este diputado y para el Grupo
Socialista es negativo en el acuerdo de la última OCM. No vale decir
que no lo permite Bruselas. Ya existe el precedente de Italia. Al
Gobierno de ese país no le están doliendo prendas a la hora de ayudar
a los suyos. Este mismo año presentaba un plan similar al que hoy les
expongo yo aquí, con una dotación de 5.000 millones de pesetas -lo
tengo aquí-, destinado a afrontar el presente, pero, sinceramente
tiene una duración de tres años y, por lo tanto, también es con miras
al futuro.
El Gobierno español también debe invertir en los siguientes frentes:
seguimiento de mercados, registro de variedades, en I+D, comunicación
y promoción, apoyo a consorcios y asociaciones de productores de
productos de calidad, asistencia técnica a productores y un largo
etcétera. De todo esto sólo se ha iniciado, con bastante acierto, por
cierto aunque con poca intensidad, una campaña de promoción
publicitaria, tanto en nuestro país como en varios países europeos.
Del resto, todo por hacer. Tenemos el precedente de Italia y el
reglamento 398/2000, de la Comisión Europea, que nos permite hacerlo,
sin infringir para nada las normas comunitarias. Sólo falta la
voluntad política. Veremos si ustedes, los del PP, tienen esa
voluntad.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Acontinuación tiene la palabra
el señor Albiach para defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular.
El señor ALBIACH CHISBERT: La campaña de cítricos 1999-2000 registró
precios a la producción muy bajos, lo que se justifica por diversas
razones: en primer lugar, por el incremento de producción en relación
a la campaña anterior, especialmente en los grupos de naranjas y
mandarinas. Este incremento de producción se debió fundamentalmente a
un muy favorable desarrollo de las condiciones de cultivo,
especialmente en la fase de floración y cuajado de los frutos,
independientemente de la tendencia al crecimiento que se está
detectando durante los últimos años. También hay que señalar que se
ha producido un incremento de oferta muy importante en otras frutas,
que ha impulsado los precios a la baja con carácter general
afectando igualmente a los cítricos. Por otra parte, hay que señalar
que el sector hortofrutícola en general y el de cítricos en
particular no han alcanzado todavía la utilización óptima de los
mecanismos que contempla la organización común de mercado de frutas y
hortalizas. En este sentido hay que señalar la necesidad de conseguir
un incremento de la producción integrada en organizaciones de
productores, quienes son las que pueden llevar a cabo una mejor
regulación de la oferta y la demanda en el mercado. Por otra parte,
una mayor utilización del mecanismo de ayuda a las transformaciones
de cítricos, instrumentada a través de las mismas organizaciones de
productores, ayudará a equilibrar la oferta y la demanda en campañas
excedentarias. Finalmente, la posibilidad de la retirada en los
límites que contempla la normativa comunitaria y a pesar de las
dificultades de tipo medioambiental que lleva consigo es otro aspecto
a considerar para mejorar la situación de los mercados en campañas
excepcionales, como ha sido la de 1999-2000. Si bien se ha hecho un
gran esfuerzo para garantizar la economía del sector desde la entrada
de la OCM actual en 1996, es preciso intensificar esta acción para
que, como objetivo fundamental, la comercialización de las
producciones se realice de manera más favorable para el productor,
pero también para que puedan utilizarse con agilidad y eficacia los
mecanismos de la OCM que se han puesto a disposición del sector. De
hecho, la crisis de precios registrada durante la pasada campaña ha
sido especialmente significativa para los agricultores que no se
encuentran integrados en organizaciones, mientras que los
agricultores organizados han percibido mejores precios. Por todo ello
e independientemente de la problemática que se pueda producir en los
próximos años como consecuencia de un incremento continuado en las
superficies de cultivo, la manera más eficaz de actuar es mejorar los
mecanismos que contempla la actual OCM para el sector y que
actualmente ya se está abordando con las propuestas de modificación
del reglamento 2200/96, relativo a productos frescos y que afecta a
las organizaciones de productores de cítricos, y del 2202/96, que
regula las ayudas a las transformaciones de ciertos cítricos. Las
modificaciones tienden a mejorar las dotaciones y la aplicación
práctica de las ayudas concedidas a los fondos operativos
constituidos por las organizaciones de productores para mejorar la
producción y la comercialización de los productos. También en
relación a los cítricos se pretende incrementar los umbrales de
transformación, con lo que las penalizaciones que se han aplicado en
los últimos años se reducirán o eliminarán dentro de una evolución
favorable de las producciones repercutiendo directamente en los
precios y en las rentas de los productores.
En el marco de la organización común de mercado existen líneas de
intervención suficientes para regular el sector y actualmente se está
analizando una serie de propuestas de índole puramente económica, que
suponen
el aumento del presupuesto y una mejora en las líneas de regulación.
Todo ello hace suponer que aumente considerablemente la eficacia de
aquellas medidas referidas al sector de cítricos y que se concretan
en los fondos operativos de las organizaciones de productores y en
los umbrales de transformación. La mejora de la dotación de los
fondos operativos se espera que provoque la respuesta inmediata de
aumentar los efectivos productivos integrados en las organizaciones
de productores, lo que permitirá una mejor planificación
y comercialización de las producciones y la no penalización de la ayuda
para los cítricos enviados a la transformación, con una producción
situada en unos límites razonables.
Respecto a la campaña 2000-2001, que todavía va a regirse por la
normativa actual, se estima que las producciones no se incrementarán
en relación con el año anterior, sino que las previsiones sean
ligeramente a la baja, principalmente en cítricos dulces, por lo que
tampoco procede analizar las medidas especiales de apoyo, dado que en
los mecanismos de la OCM, bien utilizados, no es de esperar que se
repita la problemática de la campaña pasada. Por consiguiente, no
procede aprobar los puntos primero y segundo de la proposición de
ley. Como alternativa a estos dos puntos, el Grupo Popular propone la
siguiente enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
proponer en el seno de la Unión Europea, ante la próxima modificación
del Reglamento 2.202/96, una fijación de los umbrales de cítricos
para transformación suficientes para asegurar un precio adecuado al
agricultor y estimular la comercialización del producto con dicho
destino. El sector citrícola no necesita un plan global especial
determinado desde la Administración para dotarlo de instrumentos
suficientes para las regulaciones de la campaña y para asegurar las
rentas de los agricultores. En efecto, se encuentra suficientemente
bien organizado para analizar y dar solución a problemas dentro de
las estructuras organizativas, tanto a nivel de productor como a
nivel interprofesional. Asimismo, las organizaciones de productores
llevan a cabo operaciones, principalmente de comercialización, que
permiten valorar de forma óptima el producto, ya que llegan en muchas
ocasiones a realizar las ventas directamente a la gran distribución.
La relación con la industria está regulada a través de los contratos
anuales y plurianuales que la normativa comunitaria establece y
promueve. Por otra parte, el sector se encuentra organizado de manera
vertical en las dos interprofesionales existentes: Intercitrus,
Interprofesional Citrícola Española, relativa a los cítricos dulces;
y Ailimpo, Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo. Todos los
sectores, producción, comercio e industria, se encuentran encuadrados
en estas dos organizaciones, cuyo objetivo final es mejorar la
situación a nivel de regulación de la oferta e influir en la demanda
mediante campañas de promoción del consumo. Esto, unido a la
información que elaboran y disponen sobre el
seguimiento de los mercados, tanto en el interior como en el
comunitario e internacional, constituyen elementos suficientes para
considerar que el sector dispone de suficiente iniciativa y líneas de
trabajo entre los dos sectores de la cadena comercial que hacen
innecesaria una actuación especifica del Gobierno. Por lo que procede
rechazar este apartado tercero de la proposición no de ley. Como
conclusión, el punto tercero no es aceptado, y el Grupo Popular
presenta a los puntos primero y segundo de la proposición no de ley
del Grupo Socialista la enmienda anteriormente señalada. En caso de
ser aceptada votaría a favor.
El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o no de la enmienda, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Edo.
El señor EDO GIL: Yo llevo poco tiempo de parlamentario, pero no
había visto una enmienda que dijese tan poco; no dice absolutamente
nada. No sé a qué viene un texto, que me da la impresión de que es
tan oficial, tan largo y tan bien presentado, para no decir nada al
final. Lo que sí está claro es que se carga totalmente el espíritu de
la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. No tiene
sentido excusarse tan vagamente para no apoyar la proposición no de
ley de mi grupo. Por tanto, como es obvio, no se puede aceptar porque
no tiene sentido siquiera presentar esta enmienda y excusarse para no
apoyarla o no votarla.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, no queda aceptada la enmienda.
- RELATIVAAACUERDO DE PESCA UNIÓN EUROPEA-REINO DE MARRUECOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000335)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición
no de ley, que figura como número 5 en el orden del día, relativa al
Acuerdo de Pesca Unión Europea-Reino de Marruecos, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego. Tiene la
palabra su portavoz señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: En un día como el de hoy, en el que los más
negros augurios se ciernen sobre el futuro de la flota que faena en
aguas de soberanía marroquí, el Bloque Nacionalista Galego presenta
una nueva proposición no de ley -a lo peor una de las ultimas
iniciativas sobre esta cuestión- que desea que sea apoyada por los
grupos y que pretende que desde esta Cámara se emita una opinión
clara en defensa del futuro de esta flota que tan indisolublemente
vinculada está al mantenimiento de este acuerdo de pesca.
En innumerables ocasiones el Bloque Nacionalista Galego insistió en
esta Cámara (la mayoría de las veces con la incomprensión -hay que
decirlo- del grupo
mayoritario) en la necesidad de considerar la importancia social y
económica de la flota a la que nos estamos refiriendo; por tanto, la
necesidad de que el Gobierno y la Unión Europea, considerando esa
importancia, actuase con la suficiente energía, poniendo los
mecanismos políticos y económicos de los que sin duda dispone al
servicio de la consecución de un acuerdo satisfactorio. Denunciamos
una y otra vez la ausencia de voluntad política real por parte del
Gobierno y de la Unión Europea para llevar a buen puerto las
negociaciones; denunciamos una y otra vez la ausencia de una
auténtica política de pesca, tanto del Gobierno como de la Unión
Europea, como una vez tras otra se pone de manifiesto; denunciamos la
falta de peso político del Gobierno en la determinación de la
política pesquera de la Unión. Cuando llevamos más de un año con la
flota amarrada, la realidad es que todas estas denuncias y todos los
peores diagnósticos llevan camino de confirmarse.
Es obvio que los intereses de nuestros pescadores van a ser
abandonados, van a ser utilizados una vez más como moneda de cambio
con la mayor tranquilidad, pero vamos a dejar siempre una puerta a la
esperanza, salvo si in extremis no se corrige por parte del Gobierno
el rumbo político que de esta negociación ha llevado hasta el
momento. Porque si no se produce ese cambio de rumbo, la no
consecución de un acuerdo satisfactorio inevitablemente conducirá a
la perdida de la actividad económica de la que viven muchas personas;
una actividad económica que yo quiero dejarles claro que no se
recuperará. Esta situación no se salva simplemente con la idea, que
parece instalada en el conjunto de la Unión Europea y en muchas de
sus señorías, de que con la aportación de fondos económicos vamos a
resolver el problema, vamos a salir de este problema; fondos
económicos que naturalmente irían destinados a desguaces, a
jubilaciones, etcétera. Yo quiero insistirles en una cosa. Esos
fondos podrán salvar o dar salida individual a los problemas de
algunas personas, no lo dudo, pero lo que no evita es la pérdida de
esta actividad básica que no se recuperará y para la que no existe
alternativa; porque no existe alternativa.
Nosotros creemos que es hora de que el Gobierno salga del limbo en el
que está instalado, salga de la impotencia, actúe demandando
soluciones concretas y poniendo mecanismos concretos de actuación, y
acepte de una vez por todas enfrentar el problema en su verdadera
importancia. Nos parece, y creo que al sector también, que ya es hora
de que el Gobierno, si de verdad está interesado en alcanzar algún
acuerdo de pesca con Marruecos, se plante de una vez y exija un
cambio en la estrategia negociadora de la Unión Europea. Pida incluso
(ya lo dije el otro día en la comparecencia del señor ministro y lo
vuelvo a repetir ahora) el relevo de un equipo negociador que en este
momento se ve absolutamente incapaz de alcanzar un acuerdo de pesca
satisfactorio. Un equipo y una estrategia pesquera de la Unión
Europea que mezcla el desinterés con la incapacidad,
que persiste en aislar las negociaciones pesqueras en lugar de
incluirlas en los acuerdos globales y que se hace evidente cada vez
más que practica una política a nivel de acuerdos pesqueros
claramente discriminatoria para nuestros intereses. Véase si no lo
acontecido recientemente en la renovación del acuerdo con Cabo Verde,
por poner un ejemplo, y en la renovación del acuerdo con Groenlandia.
¿Cuál fue la diligencia, en ambos casos, de la Unión Europea y de
este equipo negociador que lleva adelante la política pesquera en
este momento? Yo creo que es más que evidente. Por tanto, también es
necesario en este sentido que el Gobierno se aclare de una vez por
todas; que aclare cuál es su posición respecto a esta negociación
(seguimos sin conocer exactamente cuál es su postura en esta
negociación) y que aclare cuál es su política respecto al conjunto
del sector pesquero. Es decir, si el Gobierno en estos momento
apuesta por ese acuerdo o apuesta, como parecen indicar todas las
noticias que aparecen, por la reconversión de la flota. Eso es lo que
tendremos que aclarar de una vez por todas, porque hasta el momento
no está aclarado.
Quiero decirles también que la no consecución de un acuerdo de pesca
satisfactorio con Marruecos va a significar inevitablemente un
fracaso político de este Gobierno. Aparte de eso tendrá consecuencias
graves para economías de varias partes, en concreto para economías
como las de Galicia que, como sus señorías saben, en este momento
están sometidas a unas continuas e ilimitadas políticas de
reestructuración permanente de todos sus sectores productivos
básicos. Por decirlo también con claridad, hasta están sometidas a
políticas que llegan a la destrucción de su tejido económico básico.
Está el sector lácteo en crisis, ahora aparece la crisis en el sector
de la carne, ya sólo falta también que el sector de la pesca, uno de
los pocos dinámicos y competitivos que tenemos, también se vea
abocado a una reestructuración a la que, desde luego, si hubiera un
paraguas político adecuado no se produciría. Por tanto, para el
Bloque Nacionalista Galego -y lo tenemos que decir con toda la
claridad- no es asumible esta situación, y por ello demandamos por
enésima vez sensibilidad al Gobierno y también al Grupo Popular, que
es mayoritario en esta Cámara.
Nosotros creemos que no es asumible, señoras y señores diputados,
porque insistimos en que no es creíble la imposibilidad de llegar a
un acuerdo de pesca con Marruecos con las posibilidades reales de
compensación que tiene la Unión Europea, salvo que otros intereses
políticos y económicos, tanto del Gobierno como de la Unión Europea,
primen sobre estos intereses pesqueros. Esa es la única explicación
posible; es decir, que quien se encarga de esta negociación haya
tomado ya la decisión de utilizar la pesca como moneda de cambio. Yo
les digo que no es creíble, porque es conocido que en aguas de
soberanía marroquí faenan flotas de otrosEstados, incluidas flotas de
otros Estados europeos. Ya
sé que me contarán que es vía alquiler de licencias, etcétera. En
todo caso, faenan flotas de otros Estados europeos en aguas
marroquíes, mientras se va a expulsar a una parte importante, si no
se llega a la totalidad, de nuestra flota. Tampoco es creíble porque
todos sabemos que Marruecos, de hacerse con esta parte de la pesca
que en este momento extrae la flota española, al final va a tener que
vender su producción pesquera, como curiosamente ya lo hace en estos
momentos una parte importante en este territorio. Nosotros insistimos
en que es fundamental que tanto la Unión Europea como el Gobierno
abandonen esa idea, en la que creemos que están instalados, de que es
asumible la reconversión de esta flota y se hagan los esfuerzos que
hasta ahora no se hicieron. Además, no es porque lo digamos nosotros
como Bloque Nacionalista Galego, sino que el sector pesquero explicó
por activa y pasiva lo que quieren; y quieren un acuerdo de pesca que
permita mantener la actividad de la flota, no otra cosa.
Por recordar este proceso negociador, debemos llegar a la conclusión
de que algo evidentemente falló. No se abordaron las negociaciones
antes del amarre del pasado 30 de noviembre; no hubo un planteamiento
de negociación claro por parte de la Unión Europea; no se utilizaron
los mecanismos, como decía antes, de que dispone la Unión y que sin
duda usa para alcanzar otros fines comerciales.
Todo este cúmulo de despropósitos y de malos planteamientos nos sitúa
en esta situación límite, con una propuesta marroquí simplemente
inaceptable, y, sin conocer (si en esta Cámara hay alguien que lo
conozca que nos lo diga) cuál es la contrapropuesta de la Unión
Europea. Es decir, ¿cuáles son los mínimos que la Unión Europea, y
por tanto también el Gobierno español, está planteando en esta
negociación qué es necesario alcanzar? Porque en este momento lo
único que oímos es que se le pide a Marruecos mayor flexibilidad.
Y yo pregunto: ¿Qué flexibilidad sobre una propuesta que es
inaceptable? ¿Qué significa pedir más flexibilidad a una propuesta
simplemente inasumible? También se le pide más tiempo para
reconvertir. Eso es lo que oímos. En esencia está tomada la decisión
de reconvertir la flota, de desguazarla, pero que nos den más tiempo.
Y aun por encima de todas esas estrategias, que nosotros creemos
equivocadas, se transmite a Marruecos por parte de la Unión y también
por parte del Gobierno que estamos dispuestos a realizar la
reconversión de la flota desde la miope e insolidaria perspectiva de
que es más barata que mantener la actividad. Esos son los términos en
que se está manejando este problema. Es más barato reconvertir que
mantener activa esta flota. Nosotros creemos que con esta estrategia
lo único que se hace es reafirmar la posición de Marruecos de que las
negociaciones al fin y al cabo son un paripé y que en el fondo tanto
el Gobierno como la Unión Europea están dispuestos a desguazar lo que
sea necesario. Porque salvo esto, vuelvo a insistir, seguimos
sin conocer cuáles son los objetivos mínimos que se plantea
alcanzar la Unión Europea, y, por supuesto, seguimos sin conocer qué
medios se están poniendo al servicio de esta negociación.
El Bloque Nacionalista Galego presenta una nueva proposición no de
ley en el sentido siguiente. Un punto primero que dice que se demande
a la Unión Europea que la propuesta de negociación con el Reino de
Marruecos se establezca bajo el criterio de alcanzar un acuerdo de
pesca que permita el mantenimiento del número de barcos y condiciones
en las que faenaban hasta el 30 de diciembre de 1999. A ese fin, la
Unión Europea contemplará las contrapartidas adecuadas. A mí me
parece, y llevamos insistiendo todo este año, que es el planteamiento
mínimo inicial de negociación que se puede hacer. Por cierto,
planteamiento aceptado en su día por todas las fuerzas de esta Cámara
al aprobar una moción en ese sentido, si no recuerdo mal en
septiembre de 1999, y que luego naturalmente se abandonó. En segundo
lugar, demandar a la Unión Europea la financiación precisa para
mantener las actuales ayudas a tripulantes y armadores más allá del
año 2000 y, por tanto, hasta la consecución de un nuevo acuerdo.
Puestos en esta situación, lo que queremos decir con este punto es
que es mejor no precipitar la firma de un mal acuerdo o abandonar las
negociaciones. Un año después es mejor esperar algo más, y para ese
fin hay que mantener las ayudas a tripulantes y armadores. El tercer
punto demanda de la Unión Europea la paralización temporal de
cualquiera otros procesos de negociación pendientes con el Reino de
Marruecos hasta que se alcance un acuerdo de pesca satisfactorio. ¿Y
por qué ponemos este tercer punto? Porque algún mecanismo habrá que
poner encima de la mesa con la suficiente identidad, y si no es esté,
pongan los demás otros mecanismos para que Marruecos sea consciente
de que para la Unión Europea este es un objetivo de primer orden y no
un objetivo secundario.
Concluyo diciendo que es necesario que, aunque estemos ya en una
situación prácticamente límite, el Gobierno fije de una vez por todas
una estrategia negociadora y los medios adecuados para llegar a una
solución satisfactoria. Por último, demandamos también del Grupo
Popular que sea sensible a este reivindicación, que no permanezca en
el lamento estéril. Una forma de demostrar sensibilidad con el sector
es apoyando esta proposición no de ley, en tanto en cuanto el Grupo
Popular no presente otras alternativas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar
posición? Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene
la palabra su portavoz señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: La verdad es que estamos ante la crónica de
un desastre anunciado, y nopor repetido y por anunciado deja de ser
menos grave
la situación. El señor Arias Cañete no ha hecho más que declaraciones
optimistas. Su primera declaración fue anunciar para antes del verano
incluso la firma del acuerdo, y mientras tanto no se tomaban medidas
eficaces, medidas que realmente fuesen en el sentido de provocar esa
negociación que al final concluyese con un acuerdo. Quienes
conocíamos al comisario Fischler de otras negociaciones no nos
podíamos creer que fuese tan poco beligerante, que tuviese una mano
tan blanda y que esto no fuese posible si no había algo detrás. Y la
verdad que cuando van concluyendo las etapas vamos llegando a la
conclusión de que existe detrás la voluntad de reconvertir la flota
española y buscar una excusa que al final no tenga cargas sociales
o políticas para la Unión Europea; si no es así no nos podemos explicar
la postura negociadora de la Unión Europea. Y lo peor es que sabiendo
eso el Gobierno español no ha sido capaz de exigir que esta postura
negociadora cambie. Lo que nos puede llevar a la conclusión de que el
Gobierno español en cierto modo es cómplice, cuando no actor
principal, de este intento de reconversión salvaje de una parte de
esta flota.
Hace semana y pico, cuando el ministro compareció, terminó
señalándonos que en una entrevista directa con el comisario Fischler,
le iba a plantear la exigencia de que la Unión Europea se volcase en
este tramo final, que echase el resto y que plantase cara de una vez
por todas al Reino de Marruecos para forzar una verdadera
negociación. La verdad es que no hemos visto que haya tenido ningún
efecto esa declaración del señor ministro, porque el último tramo
negociador ha tenido tan bajo nivel como el resto. La realidad es que
no hemos asistido a una verdadera negociación, sino que ha tenido un
nivel bajísimo, en algunos casos incluso rayando la farsa, en el
sentido de que las cartas estaban marcadas y en ningún caso se han
querido poner sobre la mesa. Nosotros, repito, no hemos visto esa
contundencia de la Unión Europea que en otros momentos se ha
evidenciado, no se ha utilizado arma alguna sino que simplemente se
han ido cubriendo etapas y se ha ido dejando que se agote el tiempo
para ahora plantear que no hay nada, que no hay ningún acuerdo,
porque evidentemente siempre es mejor ningún acuerdo que el que se
nos podía brindar. Es al final a donde la Unión Europea nos quiere
llevar con la complicidad del Gobierno español. Pero en este final de
etapa hay que poner también sobre la mesa que este Gobierno nunca ha
querido venir al Parlamento a pedir el apoyo de los grupos políticos,
que siempre se lo hemos brindado, sino que cuando este tema se ha
debatido en esta Cámara, y ha sido bastantes veces, siempre ha venido
el Gobierno a dar explicaciones y nunca ha tomado la iniciativa de
pedir apoyo a la hora de plantear contundencia en la negociación.
Tampoco al Partido Popular le hemos visto especialmente interesado,
como ha podido ocurrir en otros sectores, en buscar el apoyo de la
Cámara para que el Parlamento español respaldase una
negociación, una postura de firmeza del Gobierno. Todo esto vuelve a
redundar en que el Partido Popular sabía desde el principio que el
tema estaba perdido, o que quería buscar excusas para poder ir hacia
esa reconversión de nuestra flota. No sólo han sido cuatro los años
perdidos, por mucho que el ministro quisiera señalar algunos
encuentros anteriores, la verdad es que han sido años perdidos que
ahora nos sitúan ante una situación grave, y a estas alturas ya no
sabemos si existe posibilidad material de llegar a acuerdos. Igual
que el portavoz anterior, queremos pensar que todavía, aunque sea en
la prórroga del partido, podemos llegar a algún acuerdo, porque no
queremos imaginarnos lo que ocurriría si eso no es así. No estamos
hablando de mantener indefinidamente unas subvenciones, que sería
imposible y además ilógico.
Aquí hay que ver qué es lo que se plantea ¿Qué significa la
reconversión? Esa que tan alegremente apuntaba el ministro hace pocos
días. Y hablo de zonas de Andalucía como Barbate, cuyo único futuro
es ser pasto de la especulación urbanística derivada del turismo ¿Eso
es lo que se está ofreciendo? La realidad es que no se soluciona el
problema con dinero y subvenciones; se soluciona manteniendo la
actividad pesquera en las zonas en que ahora se las quiere privar; y
eso el Gobierno no está en condiciones de garantizarlo ni ahora ni
mucho menos a medio plazo.
Para terminar, nosotros vamos a apoyar, aunque sea ya en la prórroga,
esta proposición no de ley, esperando que se encienda alguna luz y
cambiar lo que aquí se ha venido diciendo, pero no sabemos si hay
tiempo ya para eso. Lo que sí sabemos es que hay y vamos a exigir
responsabilidades políticas; aquí hay un ministro que es responsable
político de uno de los mayores fracasos que va a tener un Gobierno
español en muchos años. Y también vamos a exigir medidas, repito, que
pasen por el mantenimiento de la actividad pesquera en las zonas
afectadas. Hace pocos días miles de personas en Barbate decían que
querían trabajar, que no querían subvenciones sino que se les diese
la posibilidad de trabajar. Y eso no solamente es un derecho
constitucional, señorías, sino que es una obligación que este
Gobierno tiene que asegurar. Por tanto, vamos a ser contundentes,
vamos a ser inflexibles a la hora de exigir responsabilidades
políticas, pero sobre todo de exigir medidas que aseguren el
mantenimiento de la actividad pesquera en las zonas afectadas. Ya no
podemos repetir más, aunque lo hagamos de nuevo, nuestro ofrecimiento
al Gobierno para alcanzar una unanimidad, un consenso parlamentario,
un consenso social en defensa de los intereses de este país; esos
intereses que el Gobierno del Partido Popular, el señor Arias Cañete
no ha sabido o no ha querido defender.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra su portavoz, señor Fernández Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Nos encontramos ante un problema que
podemos decir que estaba anunciado, un problema que no nace ahora
sino hace ya cuatro años.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo
Nacionalista Galego, porque entendemos que va en el mismo sentido que
nosotros vamos a tomar mañana en una interpelación al Gobierno, a la
que seguirá posteriormente una moción consecuencia de la anterior,
porque viene a poner el dedo en la llaga al decirnos a todos cuál ha
sido la política pesquera de este Gobierno. Yo diría que no ha habido
política pesquera sino una dejación manifiesta del Gobierno ante el
problema de uno de los sectores más importantes del tejido económico
y social de España, ante el problema de miles de pescadores, ante el
problema de muchas comarcas y pueblos de España que dependen
íntegramente de la pesca, como Barbate en Cádiz y otros.
Nosotros creemos que se ha llegado a esta situación por una
negligencia manifiesta del Gobierno. El Gobierno ha hecho la política
de laisse faire, dejar hacer; esperar a la muerte lenta del sector,
porque si analizamos -y ahora lo expondré- lo hecho hasta ahora
llegaremos desgraciadamente a esa conclusión. Hemos visto cómo este
último año el ministro, señor Arias Cañete, ha recorrido diversos
pueblos afectados por la crisis pesquera por falta de acuerdo de la
Unión Europea con Marruecos, diciendo al sector que se tranquilizara,
que no había problemas y que el acuerdo era inminente; eso lo hizo en
mayo, posteriormente en junio y también en septiembre. También hemos
visto cómo el ministro estaba más preocupado por desmovilizar al
sector, incluso con las ayudas que este Gobierno dio tanto a
armadores como pescadores, con estas soflamas que hacía en aras de la
tranquilidad para que el acuerdo que se iba a firmar de forma
inminente fuera aceptable para todos. Hemos visto cómo se hacía la
política real de este Gobierno, la de tranquilizar al sector,
narcotizar al sector, como se decía el otro día en una manifestación
multitudinaria en Barbate, para de alguna manera llegar a un punto en
el que fuera muy difícil la marcha atrás y dejar ver a las
poblaciones afectadas que era un hecho consumado, que era una
situación a la que se había llegado porque la Unión Europea y
Marruecos tenían la culpa de la firma de un acuerdo aceptable para
todos. Pero esa política, que hay que denunciar y que nosotros hemos
venido denunciando, creemos que ha sido inconsecuente porque, como
decía al principio de mi intervención, va a dejar problemas muy
serios, problemas muy graves, tanto al sector extractivo como al no
extractivo, muy importante, el sector comercializador, y porque
además va a poner contra la espada y la pared a poblaciones que
dependen íntegramente de la pesca, como es el caso de Barbate y otras
en Galicia.
Creemos que se ha cometido otro gran error en este proceso. Otro gran
error ha sido el que se han tenido
cuatro años para ir arreglando los problemas del sector, para ir
poniendo la flota en condiciones de pescar en otros caladeros, porque
todos sabíamos que era muy difícil que se llegara a un acuerdo de
pesca similar al que había. Nosotros no queríamos hacer sangre,
reconocíamos esas dificultades, pero hemos comprobado que el Gobierno
no ha hecho ni la más mínima presión al equipo negociador. Por
cierto, hasta hace poco se desconocían quiénes eran los negociadores
que estaban llevando a cabo este pretendido acuerdo de la Unión
Europea con Marruecos. Y por eso ese equipo negociador ha llegado
tranquilamente a la situación en la que estamos hoy: un año sin
conseguir absolutamente nada. Las propuestas de Marruecos -lo
anunciamos aquí porque así lo dicen los sectores afectados- son
totalmente inaceptables para el sector. Eso es lo mismo que no tener
ningún acuerdo. Pero es que además lamentablemente se han perdido
cuatro años, porque en aquellas comarcas muy afectadas por la
situación del no acuerdo pesquero no se ha hecho absolutamente nada.
El ministro dijo varias veces que habría que reconvertir, que habría
que llevar a cabo un cambio en el tejido económico de esas
poblaciones, pero hasta la fecha no ha hecho nada. Pero en nuestra
opinión no era en este último año. En estos últimos cuatro años se
han tenido que prever las dificultades que tenemos hoy aquí y haber
hecho una política económica para que estos pueblos y estas comarcas
no dependieran íntegramente del sector pesquero; me estoy refiriendo
concretamente al pueblo de Barbate, que depende íntegramente de la
pesca. Pues bien, en Barbate este Gobierno no ha puesto ni una sola
peseta para diversificar el tejido socioeconómico de la población; y
en otros pueblos y en otras comarcas ídem de ídem. Con lo cual
estamos ahora ante dos problemas. Uno es que si desgraciadamente el
acuerdo llega va a estar capitidisminuido y probablemente no se va a
solucionar el problema de estas comarcas; y por otro lado, estamos
ante la falta de presión del Gobierno para haber corregido con los
fondos suficientes y los planes necesarios la dependencia de estos
pueblos y comarcas del sector pesquero a que me refiero.
El Grupo Socialista, como ustedes saben muy bien, presentamos dos
enmiendas en ese sentido porque sabíamos el problema que había y
porque queríamos que el Gobierno y el Parlamento se comprometieran a
que se diversificaran los tejidos socioeconómicos de estas
poblaciones que dependen íntegramente de la pesca, ante los problemas
inminentes.
Concluyendo, señor presidente, nosotros queremos que el acuerdo sea
el mejor posible, que sea similar al que había. Aunque conocemos las
dificultades, el Grupo Socialista quiere que se presione, que este
Gobierno sea alguien ante la Unión Europea, que no sea un don nadie
como hasta ahora ha demostrado en las negociaciones de este sector, y
que consecuentemente presione al equipo negociador para que se
consiga un acuerdo como mínimo similar al anterior. En
segundo lugar, nosotros queremos que se pongan en la mesa ya medidas
concretas para ayudar tanto a los pescadores como a los armadores, al
sector en su conjunto, también al sector no extractivo, para que,
como se ha dicho aquí anteriormente, haya tiempo para que ese acuerdo
se produzca y la Comunidad Europea disponga de los medios necesarios
para que no se precipite tampoco la firma de un acuerdo que puede ser
pernicioso si se firma rápidamente. Por eso solicitamos que se
mantengan esas ayudas, como mínimo, y que también se contemple al
sector no extractivo, que hasta ahora no se ha contemplado. Queremos
además que se pongan planes ya sobre la mesa para corregir las
deficiencias que hay actualmente en pueblos y comarcas que dependen
del sector pesquero íntegramente, para ayudar a que su tejido
socioeconómico se diversifique, de acuerdo con lo que en la ley vamos
a aprobar, y corregir, como decía, la situación actual en la que las
comarcas y algunos pueblos están desesperados porque no saben cuál va
a ser su situación, su salida económica ante la negligencia, la
dejadez y la falta de sensibilidad de este Gobierno para con el
sector pesquero.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Una vez más en esta Cámara debatimos el
acuerdo de pesca con Marruecos y, como decía el portavoz del Bloque
Nacionalista Galego, precisamente un día en que las noticias no son
nada halagüeñas. Ayer se han roto las negociaciones técnicas, y
lógicamente hay que dar paso a las negociaciones políticas. No es la
primera vez que ocurre que con Marruecos técnicamente no hemos
alcanzado ningún acuerdo y es posible alcanzar acuerdos políticos.
Pero antes de nada quisiera responder a todos los portavoces que han
pedido el uso de la palabra diciendo tan solo una cosa: que el Grupo
Popular puede aceptar cualquier argumento o consideración de los
demás grupos, pero lo que no está dispuesto a aceptar bajo ningún
concepto es que los demás grupos tengan más interés que el Grupo
Popular en que se firme el acuerdo con Marruecos; eso no lo aceptamos
bajo ningún concepto, porque si alguien está interesado en alcanzar
un acuerdo con Marruecos es sin duda el Gobierno y el Grupo Popular.
Partiendo de esta base, por desgracia está aconteciendo lo que este
portavoz auguraba hace algún tiempo. Es decir, el acuerdo que nos
propone Marruecos es totalmente infumable. Se le ha calificado de
muchas formas pero yo creo que es inasumible o infumable, como
quieran ustedes decirlo. Pero no es infumable por la reducción que
proponen, porque la reducción que proponen es importantísima y sin
duda negociable, pero como no sean negociables otros aspectos este
acuerdo sería difícilmente operativo. Como bien saben sus señorías,
Marruecos pretende la reducción de las
flotas -vamos a llamar- industriales hasta el 90 por ciento, o sea
que solamente pueda faenar el 10 por ciento, en tanto que en las
artesanales, que afectan más a Andalucía, la reducción sería sólo del
50 por ciento. Pero hay una serie de aspectos, vuelvo a recordar a
sus señorías, que nosotros mucho nos temíamos que Marruecos iba a
poner encima de la mesa como es la vinculación económica, que se
traduce en varios apartados. Uno de ellos es el incremento del 50 por
ciento en la licencia de pesca que tienen que pagar los armadores;
otro, el mantener las ayudas anuales que percibe de la Unión Europea,
más de 20.000 millones de pesetas, pese a que pide la reducción de la
flota, que aproximadamente queda reducida al 30 por ciento en
general. Pero hay otros temas que son también preocupantes, como que
el 25 por ciento de la tripulación tiene que ser marroquí. Queremos
recordar a S.S que los barcos españoles tienen la obligación de tener
a bordo el 15 por ciento de marroquíes, pagándoles sueldos españoles,
claro, en tanto que la flota industrial marroquí, que ya supera los
500 barcos, tiene como tripulación a chinos y a coreanos, pagándoles
lógicamente los salarios que corresponden a sus respectivas naciones.
Otro tema muy preocupante es la descarga de la totalidad de las
capturas en puertos marroquíes. Esto no solamente supone un
incremento de costes importante, porque lógicamente hay que descargar
y traerlo para la Península, cuando se puede evitar esa operación,
sino que además pueden controlar a su manera tanto la calidad como la
cantidad de la flota capturada. Repito que es tema tremendamente
preocupante.
Yo simplemente quería recordar al portavoz del Grupo Socialista
algunos aspectos. Desde 1985 a 1999, los sucesivos convenios o
acuerdos que se han firmado con Marruecos han ido cada vez a peor,
han ido cada vez con más condicionamientos. Quiero recordar una vez
más que en 1992, con la firma del acuerdo, la flota española decía
que el acuerdo era inasumible y ruinoso. El de 1995 ha sido todavía
peor. Sin embargo ustedes ahora pretenden mantener, al igual que hace
el Grupo Popular, que el acuerdo que se firme sea de similares
características a las que habíamos firmado en el último acuerdo.
Quiero decir al portavoz del Grupo Socialista que en 1983 en esos
caladeros faenaban buques españoles, alrededor de 800 unidades; a
finales de 1999, en el último acuerdo firmado por ustedes, el número
de buques en esa flota es de 400. O sea que la reducción
prácticamente ha sido del 50 por ciento, y eso -vuelvo a repetirles-
fue un acuerdo que ustedes han firmado. Insisto en que sin
menospreciar ni mucho menos su forma de negociar, estamos totalmente
convencidos de que ustedes en cada momento y en cada ocasión han
firmado el mejor acuerdo que han podido, o lo ha firmado la Unión
Europea presionado por el Gobierno de ustedes. También quiero decir
otra cosa. Como bien saben ustedes, en el último acuerdo no hay
cláusula de renovación, y no la hay sin duda no por olvido sino
porque
había sido imposición de los marroquíes que no hubiese cláusula de
renovación, al contrario de lo que venía ocurriendo con los demás
acuerdos firmados, aunque los marroquíes, como bien saben SS.SS., de
vez en cuando interpretaban a su criterio, a su único y exclusivo
criterio, cuáles eran las cláusulas que firmaban en el convenio.
Recordábamos aquella famosa cláusula tercera para la paradas
biológicas que ellos consideraban que podían hacer cuando les
apeteciese. Por tanto hemos asistido a la firma de muchísimos
acuerdos, muchos de ellos a última hora, en los cuales Marruecos está
presionando cada vez más para conseguir contrapartidas mucho más
convenientes para ellos.
Quiero preguntar a sus señorías -y me gustaría que me contestasen- si
estuvieran en la situación del Gobierno marroquí qué harían con la
flota española y la portuguesa. Sin duda actuarían exactamente de la
misma manera. También tenemos que insistir una vez más en que
Marruecos tiene un problema acuciante de paro. Como bien ustedes
saben, porque lo estamos diciendo en reiteradas ocasiones, nosotros
tenemos 4.000 tripulantes españoles en el caladero marroquí, lo que
supone aproximadamente 20.000 empleos entre directos e indirectos.
Pues eso exactamente le puede ocurrir a Marruecos, que pretende
lógicamente incentivar su empleo y para ello buscan vinculaciones
económicas en tierra. Lo de la descarga en tierra va por esos
derroteros para controlar la calidad, que muchas veces no se cumple,
o la cantidad capturada. Marruecos, como bien saben también sus
señorías, tiene 3.000 pateras que están destrozando el caladero pero
que deben de estar dando de comer a 9.000 ó 10.000 familias
marroquíes en la costa, que es precisamente donde tienen su mayor
problema de paro.
El Gobierno español, con el ministro y el presidente a su frente,
incluso el Rey, que han intentado interceder para llegar a un
entendimiento, reitero el Gobierno y el Grupo Popular están por lo
menos tan interesados como ustedes en que haya un buen acuerdo con
Marruecos. No desesperamos de que lo haya, pero sin duda tenemos que
ponernos también en la mala situación, que es lo que tenemos que
hacer y lo que hemos venido haciendo desde hace tiempo. Ustedes bien
saben, pues se ha aprobado en el Congreso, que en los presupuestos
pasados, los que van a tener vigencia a partir del primero de enero
del año 2001, van 7.500 millones de pesetas en previsión de que no
haya acuerdo. Ya lo saben ustedes; no es novedoso. Por tanto el
Gobierno está tomando las medidas necesarias por si el acuerdo no se
produce. Y hay un aspecto que ustedes intentan ocultar o no conocen;
yo creo que no lo conocen. Hay un aspecto que es importantísimo, y es
que la Unión Europea sí está interesada en el acuerdo. Tanto es así
que a partir del primero de enero del 2001 estará prohibido
tajantemente cualquier tipo de ayuda a los marineros en el supuesto
de que no hubiese acuerdo. Bien saben que la Unión Europea ya ha
dicho que va a
autorizar que se mantengan las subvenciones que venían teniendo los
tripulantes hasta ahora, o sea, 152.500 pesetas, creo que son, los
tripulantes, y dos millones de pesetas los armadores. Por tanto, ese
punto que viene en la proposición no de ley ya está contemplado. Y
también ha dicho otra cosa. No es que sea para aplaudirlo, pero por
lo menos como mal menor es bueno, y es que la Unión Europea está
dispuesta a aportar a las flotas española y portuguesa todo el dinero
que estaban dando a Marruecos, más de 20.000 millones de pesetas, no
para el desguace, como ustedes dicen, sino para la creación de
puestos de trabajo. Hay zonas en que son fácilmente subsanables los
puestos de trabajo que se pueden perder; por ejemplo en Morrazo. Yo
creo que en Morrazo sería fácil la búsqueda de soluciones para paliar
los puestos de trabajo que se puedan perder. Andalucía tiene más
complicaciones, están mucho más desperdigados los tripulantes en esa
región, y, por tanto, no es tan fácil, no están tan localizados como
pueden estar en Galicia. Pero estamos absolutamente convencidos de
que si hay alguna flota que en el acuerdo de Marruecos puede ser
favorecida, o menos perjudicada, será la flota artesanal andaluza;
estamos convencidos de que será la flota que en su gran parte se
mantendrá en el caladero -lo esperamos y lo deseamos- en tanto que la
flota industrial tendrá más problemas posiblemente. Partiendo de esa
base, no podemos aceptar en este caso ninguna proposición no de ley
porque nosotros seguimos presionando a la Unión Europea para que haya
un acuerdo, pero no similar, que es una de las premisas de la
proposición no de ley y el portavoz del Bloque Nacionalista Galego
bien sabe que ese punto precisamente nosotros no lo podemos asumir
por no condicionar a la Unión Europea a que busque el mejor convenio.
No somos demasiado optimistas, pero, deseamos, como ha ocurrido en
otras ocasiones, que del desacuerdo técnico haya un acuerdo político
y que sea lo más inmediato posible. Y no les quepa la menor duda a
sus señorías de que por el Gobierno y con el ministro a la cabeza
seguiremos presionando ante la Unión Europea para que este acuerdo
sea feliz para todas las partes.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE CONTROLY PREVENCIÓN
RELACIONADAS CON LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000336)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la
proposición que figura con el número 6, relativa a la adopción de
medidas en materia de control y prevención relacionada con la
encefalopatía espongiforme bovina, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su presentación tiene la palabra su
portavoz señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señor presidente, quiero hacer una
aclaración previa. Esta proposición no de ley, en medio de toda una
serie de iniciativas que ha ido tomando el Grupo Socialista sobre
esta materia (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cuadrado.
Señorías, les ruego que guarden silencio, dada las malas condiciones
acústicas de esta sala.
Continúe señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Digo que es necesario una aclaración
porque en medio de una batería de iniciativas que ha ido tomando el
Grupo Socialista, algunas en el ámbito de la agricultura, pesca y
alimentación, otras en el ámbito de la sanidad y consumo, esta es una
más y, por tanto, sólo quiero recordar muy rápidamente que hay otras.
Por ejemplo, una presentada el día 13 de noviembre sobre la
prohibición del uso de harinas de origen animal en los piensos; otras
referidas a la Agencia Alimentaria, al Comité Director, etcétera. Por
tanto, esta enmienda es limitada en el conjunto de medidas que el
Grupo Socialista piensa que deben tomarse con carácter inmediato,
todas ellas para atajar una grave crisis como la llamada del mal de
las vacas locas.
Dicho esto, esta iniciativa en concreto se refiere a cuatro aspectos.
Uno tiene que ver con el análisis de la situación, es decir, el
estado de la cabaña, y por tanto se refiere a los test que han de
pasar de una situación de investigación pasiva, como la que tenemos
hasta ahora, a una investigación activa, con lo que eso significa
desde el punto de vista de medios, de recursos y sobre todo de
logística. En esa misma dirección otro aspecto se refiere al
laboratorio de referencia nacional. Un tercer aspecto tiene que ver
con la necesidad de acometer las medidas con carácter homogéneo en
todo el territorio nacional. Y por último, una medida que nos parece
estratégicamente decisiva, que es la garantía de la eliminación
efectiva de los materiales específicos de riesgo.
En relación con estas propuestas tengo que decir en una aclaración
previa también, en primer lugar, que ha de entenderse -al menos así
lo piensa mi grupo- que con la experiencia adquirida en esta
enfermedad en concreto desde que surge en el Reino Unido hasta hoy, y
con otras de carácter similar, aunque quizás no tan profundas, la
alarma a la que nos referimos con frecuencia que ha de evitarse en
nuestras sociedades, unas sociedades maduras, no se genera porque no
se dé la información o porque los poderes públicos no se enfrenten
directamente a la crisis. Al contrario, está demostrado y hay
estudios más que suficientes sobre la materia, el último y voluminoso
es el de Lord Phillips, que lo refleja con absoluta contundencia. No
hay peor medida para evitar la alarma que dar la impresión ante los
consumidores de no dar información, porque pudiera crear inquietud,
desconfianza, etcétera. Esa es justamente la
base más importante de la creación de inquietud y de desconfianza
entre los consumidores, porque lo perciben rápidamente. Y no se puede
tratar a una sociedad madura de una manera que no considere
precisamente esa madurez como elemento fundamental en las relaciones
de poderes públicos y ciudadanos. No se entendería además, de otra
manera, cómo es posible que un país, el nuestro, que solamente tiene
dos casos, esos dos casos provoquen la reacción que han provocado: la
caída del consumo, la caída de los precios en origen, y un dato muy
importante que a veces se olvida: la pérdida de los mercados más
importantes del país en carne vacuno. Eso se explica por varias
razones, pero yo creo que se ha acertado y se está acertando en el
enfoque más común para explicar el origen de una situación como ésta;
y eso tiene que ver con el tratamiento que el Gobierno español (y en
esto, repito, hay coincidencia unánime) ha dado a este problema. En
la primavera pasada, incluso hasta junio y julio, según el Gobierno
español la comunicación más importante que necesitaba dar al conjunto
de la sociedad y a nuestros clientes en el exterior era que España es
un país que no tiene riesgo, llegando incluso a insultar de una
manera grave (y esto ha sido recordado como no podía ser de otra
manera durante estos días) al Comité Director Europeo y a la propia
Comisión Europea por haber calificado a España con un informe
voluminoso también y bien fundamentado, basado en misiones
veterinarias celebradas en España durante todo este año, como una
zona geográfica de riesgo de nivel 3. Quien haya leído el dictamen y
también los informes entenderá que era absolutamente razonable esa
calificación; lo que no era razonable era esconder la cabeza debajo
del ala; y eso con una inspección de carácter pasivo, sin que se haya
iniciado una investigación activa. Basta recordar los datos de los
análisis que se han hecho en España. Conviene también no alardear de
datos que, mezclados, confunden a la opinión pública, porque luego
resulta que cada uno da un dato diferente. En el año 1999, esa
investigación pasiva tiene como resultado la realización de 495 test
en bovino (a veces se dan los datos mezclándolos con los de ovejas y
cabras), 495 test de muestreo dirigido en los que 61 presentaban
síntomas clínicos nerviosos. La alarma está producida
fundamentalmente por la incapacidad del Gobierno español para
enfrentarse adecuadamente a esa situación.
En esta iniciativa se proponen medidas concretas. La primera tiene
que ver con la necesidad de que en España se pase (está hecha el 14
de noviembre) de un sistema de investigación pasiva, denunciada por
las investigaciones y las misiones veterinarias europeas en España
como no solvente, a una investigación activa. Hay una cosa que a mí
me preocupa muchísimo en esa investigación pasiva que se ha hecho
durante estos tres años, y es que los síntomas clínicos de la
enfermedad no son fáciles de identificar cuando no se tiene una
preparación suficiente y sobre todo cuando no se tienen
los medios suficientes. Esa es una obligación que insistentemente
aparece en las recomendaciones de la Comisión Europea, una labor del
Gobierno español que debería haber puesto en marcha y que ahora no
tendrá más remedio que hacerlo, pues está perdiendo mucho tiempo.
Pero lo que proponemos es pasar a una investigación activa, con miles
de test que afecten al conjunto de la cabaña de una manera ordenada,
claro está, según la edad de los animales y con los criterios
científicos perfectamente conocidos. La segunda medida se refiere al
laboratorio. Cuando se hacían las declaraciones de la primavera
pasada, uno podía entender que se firmaba un convenio para poner en
marcha un laboratorio de referencia en Zaragoza con los medios que se
contemplaban en el convenio entre el Gobierno y el laboratorio. Lo
que no podía entender en ningún caso es que se estuviera en esas
condiciones de logística cuando la situación estaba perfectamente
detectada, los niveles de riesgo también estaban perfectamente
detectados y se sabían cuáles eran los circuitos que justificaban
esos riesgos. La tercera medida se refiere a un plan homogéneo, un
plan nacional. No tengo ningún problema para utilizar el término plan
nacional, porque la conferencia sectorial que a veces ha sido citada
con los acuerdos lo recoge, habla de plan nacional, firmado por todos
los consejeros. Un plan nacional de seguimiento de esta enfermedad es
lo único sensato que se puede hacer en esta materia. Ahora bien, ¿eso
quiere decir invadir competencias o no otra cosa que utilizar los
mecanismos vigentes en nuestro país de cooperación, coordinación,
etcétera? Claro que sí. De qué otra manera se puede tratar, para unos
consumidores que reaccionan homogéneamente en el conjunto del país,
que no sea con una respuesta de carácter nacional que afecte a todo
el territorio nacional y con una actuación de manera homogénea en
todas las medidas que hay que tomar.
Para terminar, quiero detenerme en la última de las cuatro
propuestas: la eliminación efectiva de los materiales específicos de
riesgo. Se ha hablado desde todos los sectores, especialmente desde
el ganadero, por cierto el sector más perjudicado en esta crisis y el
más interesado en que las medidas que se adopten sean las correctas y
las que afecten al corazón del problema, de la desconfianza de los
consumidores. Si no se supera la desconfianza de los consumidores se
puede entonar música celestial, lo que se quiera, pero no se
soluciona el problema. Desde todos los sectores se denuncia una
cuestión clave para reducir y acabar con la enfermedad, para suprimir
el problema de una manera planificada: eliminar los materiales
específicos de riesgo. Se han cometido errores de bulto durante estos
años. Desde que en junio de 1996 se empieza a proponer, con el
conocimiento que se tenía sobre la enfermedad en el Reino Unido, de
manera urgente y exigente que se haga una retirada efectiva, el
Gobierno español vota en contra sistemáticamente. Pero es que al
Gobierno español le han recordado, como no podía ser de otra manera,
los propios
comisarios europeos, el de Agricultura y el de Sanidad, así como
científicos españoles, que en la primavera de este año la reacción
del ministro de Agricultura del Gobierno español sobre esta cuestión
fue tan irresponsable como decir dos cosas a la obligación de que a
partir del 1 de octubre los Estados tenían que garantizar esta
retirada. Una, que era irresponsable proponer esto. La calificación
que le merecía al Gobierno español es que era exagerado para el caso
de España y que, además, era demasiado caro sin tener ningún
beneficio para un país absolutamente libre de ese riesgo. Esas son
las palabras de la primavera de este año y estamos en la situación en
la que estamos: no se ha hecho nada desde el 1 de octubre, y ahora
está todo por hacer: la retirada de cadáveres, el transporte, la
organización... Si no, de otra manera alarmamos más a la población
que cuando un ganadero gallego se atreve a denunciarlo, llama a los
medios de comunicación para que se vean sus dos vacas en el establo,
muertas, sin retirada, llamando por teléfono para que las retiren;
nadie acude, y al final tiene que actuar por su cuenta durante varios
días. Eso es lo que crea alarma. ¿Cómo me están diciendo que está
garantizada la retirada de materiales específicos de riesgo si yo veo
esto que estoy viendo? Eso es lo que realmente crea alarma. Por eso,
desde ese criterio, en nuestro grupo estamos interesados en que se
produzca una reacción del Gobierno, que pensamos aún no se ha
producido. Porque ninguna de las medidas, ni siquiera un real
decreto, que tiene ese interés de visualizar que se hace algo, es
suficiente. Ni siquiera hacer un real decreto, que ya no era
necesario, por cierto, ya era obligatorio antes, pero no siquiera
hacer ese real decreto tiene sentido si no se ponen los medios,
visibles para que se haga efectiva esa retirada.
Y una última consideración. La retirada de materiales específicos de
riesgo ha sido valorada por todos los estudios científicos, por todas
las investigaciones, por todo el seguimiento de esta enfermedad,
desde que aparece en el Reino Unido, como la cuestión clave, porque
esos materiales específicos de riesgo, esos cadáveres abandonados de
otra manera terminan en harinas de origen animal, proteínas animales
y piensos, y se producen una serie de situaciones con un descontrol
difícil de evitar si no se toman las medidas previas a las que me he
referido.
Y voy a leer lo que piensa el sector ganadero de hasta qué punto es
necesario que los piensos que dan a su ganado aparezcan perfectamente
especificados en las etiquetas de los propios piensos. Lo dicen los
ganaderos: Por garantía nuestra, queremos saber lo que le damos al
ganado cuando le compramos a una fábrica piensos compuestos. Queremos
que se especifique exactamente, por ejemplo, si tiene harinas de
origen animal o no, para nuestra garantía: Y lo dicen de esta manera.
Esta medida ha sido tradicionalmente reivindicada por el sector, y
aunque su argumentación se harealizado ampliamente en la introducción
de este informe,
conviene redundar en la idea sencilla que desde nuestra organización
queremos transmitir: el ganadero sólo será responsable de la
alimentación de su ganado cuanto ésta venga detallada en la etiqueta
de los piensos, y se extiende sobre la necesidad de que se
especifique lo que no se especifica a fecha de hoy. Por tanto,
medidas, medidas y medidas. Esto es lo que puede acabar con la
desconfianza de los consumidores españoles y con la desconfianza de
nuestros clientes: rusos, polacos, etcétera.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
Para su defensa, y la fijación de posición de su grupo, tiene la
palabra el portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: En pocos días es la cuarta vez que en este
Congreso de los Diputados debatimos sobre este tema de la
encefalopatía espongiforme bovina: dos veces en Pleno, con motivo de
la interpelación que presentó el Grupo Socialista; una vez en
Comisión, por la comparecencia del señor ministro para informar sobre
esta materia; y, por última vez, por ahora, aquí, en esta Comisión,
nuevamente sobre el mismo tema. Cuatro veces que este portavoz ha
oído decir las mismas cosas al Grupo Socialista.
Es indudable que la contestación por mi parte, incluida la enmienda
que queremos transaccionar con el grupo proponente, tampoco encuentra
ya palabras nuevas, puesto que la opinión y los criterios sobre esta
materia son divergentes en el Grupo Popular y en el Grupo Socialista.
Con todo respeto diré una vez más que creo que el Partido Socialista
ni entiende ni se está enterando del problema de la encefalopatía
espongiforme; que el Grupo Socialista está presentando aquí
diagnósticos radical y absolutamente equivocados; que el Grupo
Socialista está creando un alarmismo innecesario y está contribuyendo
de manera fehaciente, y creo que inmerecida por parte del sector, al
hundimiento, precisamente, del sector; está presentando unas críticas
con unos argumentos absolutamente fuera de la realidad, nada veraces,
y propone cosas absolutamente irrealizables, quizá desenterrando
aquella vieja máxima de que seamos sensatos, pidamos lo imposible.
Pues bien, aun a fuerza de ser repetitivo, señor presidente,
señorías, este portavoz en nombre de su Grupo tiene que decir aquí,
una vez más, que entendemos que el Gobierno ha actuado con total
transparencia y con total responsabilidad informando rápidamente a la
sociedad y compareciendo en el Parlamento; que ha habido una total y
absoluta coordinación y colaboración con las comunidades autónomas,
que son las depositarias de esta materia de sanidad animal; que el
Gobierno ha aprobado absolutamente todas las propuestas de prevención
y control hechas por la Comisión, a nivel europeo, no solamente las
propuestas hechas por el Consejo
de Ministros de la Unión Europea sino también del Comité Veterinario
permanente, y que se ha concretado, como bien es sabido porque lo
hemos repetido ya unas cuantas veces, en la retirada de todos los
cadáveres de animales de la cadena alimentaria animal. Este fue un
dictamen del Comité Veterinario del 22 de noviembre. Un programa de
vigilancia con medidas múltiples, que no voy a repetir aquí
nuevamente. Una ampliación importante de la lista de los materiales
específicos de riesgo de todos los bovinos. Este dictamen es del
Comité Veterinario del 30 de noviembre.
Las medidas adoptadas en Consejo de Ministros del día 4 de diciembre
se refieren a la prohibición, y también las ha apoyado el Gobierno
español, del uso de harinas de carne y hueso en la alimentación
animal. Y, además, se aprobó retirar de la cadena alimentaria a todos
aquellos animales de más de treinta meses que no se les hubiera hecho
el test, delegando, por cierto, en el Comité Veterinario permanente,
para el establecimiento de las modalidades de aplicación.
En todos los debates comunitarios, señorías, la posición española ha
sido siempre la de defender todas las medidas que otorguen el mayor
nivel posible de seguridad, para devolver la seguridad y confianza a
los consumidores. El Gobierno, finalmente, se ha comprometido a poner
en practica, inmediata y con todo rigor, las decisiones comunitarias
aprobadas.
Pero es que además hemos dicho, y reiteramos nuevamente aquí en
Comisión, que el Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre
adoptó las siguientes medidas legislativas, necesarias también para
atajar esta crisis: real decreto por el que se regula la destrucción
de los materiales específicos de riesgo en relación con las
encefalopatías espongiformes transmisibles de las especies bovina,
ovina y caprina, real decreto que establece las condiciones en que
deben mantenerse en todo momento los materiales específicos de riesgo
con el fin de evitar la contaminación cruzada, y la autorización por
el órgano competente de la comunidad autónoma (que a alguno se le
olvida esta materia) de las industrias incineradoras de
transformación y de eliminación del material de riesgo. Además se
creó una comisión interministerial de seguridad alimentaria encargada
de coordinar las actuaciones de la Administración General del Estado
en esta materia y dar efectividad a los principios y al sistema de
protección de la salud que para los consumidores y usuarios -y esto
es lo importante- se prevé en la legislación especifica.
Con las comunidades autónomas se está negociando, y a punto de
llegarse a un acuerdo, el coste y la cofinanciación de las medidas
que se aplicarán con carácter de urgencia; es decir, la retirada y
destrucción de los materiales específicos de riesgo del ganado vacuno
y ovino, la recogida de cadáveres del campo, la actualización de los
laboratorios de las distintas comunidades autónomas para realizar los
test de detección rápida prionix, así como la prohibición del uso de
harinas de carne en la
alimentación animal. Por cierto, ya el Gobierno ha comprado los test
rápidos prionix, que serán financiados por el Gobierno, y para ello
aprobó la partida correspondiente en el Consejo de Ministros del
viernes día 1 de diciembre. Se están poniendo, en definitiva, todos
los medios para reconducir adecuadamente la crisis. El futuro no está
escrito y nadie está restando importancia a la situación y nadie está
lanzando campanas al vuelo diciendo que el tema está superado.
Repito, el futuro no está escrito, aunque esperamos y deseamos, y
queremos colaborar a que las cosas se sigan haciendo bien, como se
están haciendo hasta ahora.
En aras de el Congreso de los Diputados y esta Comisión de
Agricultura pueda ofrecer un texto aprobado por todos los grupos, mi
grupo presenta una enmienda con seis puntos, que creo que es una
enmienda con un contenido más exigente, más realista y más completo
que la proposición no de ley que trae el Grupo Socialista. Nos parece
mejor y, por eso, presentamos esa enmienda de cuya lectura hago
gracia a SS.SS., puesto que la conoce la Mesa, y creo que la conocen
los portavoces, y si no, aquí tengo preparadas copias para todo aquel
que lo quiera conocer, y pido a la Presidencia la flexibilidad
suficiente para que se pueda, incluso, durante un breve tiempo,
dialogar para ver si se admite este texto transaccional que mi grupo
ofrece.
Prácticamente, las únicas variaciones importantes es la inclusión de
las palabras comunidades autónomas, que a alguien aquí
permanentemente se le está olvidando, porque las comunidades
autónomas son las que tienen transferidas de manera exclusiva esta
materia de la sanidad animal. Hasta ahora, para el Grupo Popular, y
para este portavoz, hasta donde conoce, la coordinación y la
colaboración entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades
autónomas ha sido ejemplar y deseamos que así siga.
No hacemos ninguna mención a laboratorio de referencia, puesto que
está funcionando perfectamente, y aprovecho esta ocasión para
felicitar una vez más al profesor Vadiola y a su equipo porque lo
están haciendo haciendo muy bien. Por tanto, lo que habrá que hacer,
en todo caso, a solicitud de los científicos, es reforzar su
capacidad de trabajo y mejorar, si es posible, sus procedimientos de
análisis y de trabajo en estas materias.
Por mi parte nada más, señor presidente, que ofrecer esta transacción
al resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar
posición?
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego,
tiene la palabra su portavoz, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Estamos ante una proposición no de ley que
esta formulada antes del estallido de la crisis actual; por tanto
queda, entre comillas, un poco anticuada, no por el contenido sino
por el tiempo real en que estamos. En todo caso, plantea propuestas
sensatas.
También es verdad que ayer a última hora en el Pleno estuvimos todos
debatiendo sobre este tema y sobre las medidas a adoptar, pero
teniendo en cuenta también que no hubo acuerdo, es probable que,
salvo haya situaciones milagrosas, esta mañana tampoco consigamos un
acuerdo. Por ello me voy a limitar a reiterar, brevemente, algunos de
nuestros argumentos sobre esta cuestión, ya que el debate también
está girando alrededor de la crisis en general.
Es conocida nuestra posición, en el sentido de decir que realmente
estamos ante un problema que debe ser asumido en toda su gravedad.
Por no ponernos nerviosos, hay que decir que estamos ante un problema
que, efectivamente, está afectando al Estado español, está afectando
a toda la Unión Europea, y es más que dudoso que no esté afectando a
terceros países. Por tanto, asumir esa gravedad no significa que
tengamos que ponernos, a veces, en una posición irreductible, en el
sentido de que todo lo hecho hasta ahora por el Gobierno o todo lo
hecho hasta ahora por la Unión Europea estuvo perfectamente, porque
en realidad hay que concluir que no fue así, pero sin más dramas,
¿no?
El problema es que todas las medidas que se adoptaron hasta el
momento fueron insuficientes, limitadas, de alguna manera ineficaces,
porque lo que sí constatamos todo el mundo es que la enfermedad de
las vacas locas, o de la encefalopatía espongiforme bovina, no
solamente no se erradicó, sino que se sigue extendiendo. Por tanto, a
mí me parece que es inevitable concluir, para poder avanzar en la
solución de los problemas (porque si uno no reconoce lo que no se
hizo bien no va a poder avanzar), que, efectivamente, las medidas que
se adoptaron hasta el momento, cuando menos, no fueron las necesarias
para controlar la extensión de esta enfermedad. Y tampoco fueron las
adecuadas para controlar un problema como el de la crisis del sector.
Todas las medidas que se adoptaron hasta el momento no solamente no
resolvieron la crisis a que está sometido el sector sino que, según
va pasando el tiempo, se profundiza.
Por tanto, nosotros creemos que hay que concluir también que el
conjunto de las medidas que se adoptaron en el pasado y, por lo que
parece, de las que adoptó el último Consejo de Ministros de Economía
de la Unión y se van a adoptar en el futuro, están siempre
condicionadas por el factor económico, que yo no dudo que sea un
factor muy importante, pero ese es el denominador común de las
medidas, que al final vienen siendo tibias, parciales, a medias
tintas, y no acaban de entrar en el fondo del problema por una forma
de actuación, en general, de todos los Estados, consistente en, más o
menos, limitar el problema, minimizarlo, decir que no pasa nada, que
no es grave, etcétera, hasta que, efectivamente, la situación es
imposible de mantener y revienta, como es más que evidente, no
solamente en el caso del Estado español, sino también en otros
Estados
europeos. Yo ayer hacía referencia al problema francés, que
seguramente nos puede servir de ejemplo de cómo ocultar los problemas
no sirve de nada, porque, una vez que estalla esa nueva crisis, tan
pronto se empiezan a hacer análisis mínimamente necesarios, salta que
existen muchos más casos.
Yo quiero decirles que esto no es crear alarma social, porque
nosotros somos partidarios de no alarmar más a la población de lo que
ya está. Probablemente para no alarmar más a la población una
política de información más adecuada que la que se está haciendo
contribuiría más, digo probablemente, a no crear esa alarma que las
posiciones políticas que podamos mantener los grupos en este
Congreso. Por tanto, una cosa es no crear alarma y otra cosa no
opinar sobre un tema desde distintas perspectivas. Al revés. Yo soy
de los que creo que, minimizando el problema, no es como se consigue
que los ciudadanos tengan confianza en que se está actuando a fondo
en este tema.
Tampoco se consigue minimizándolo y goteando casos durante años y
años, porque, ya se recordó en otras ocasiones, estamos hablando de
un problema que no es de ahora, que no es de ayer, que no es nuevo,
sino que, cuando menos, lleva quince años rondando por toda la
estructura ganadera del conjunto de la Unión y, desde luego, estoy
seguro que más allá de la Unión Europea.
Yo creo que lo normal es aceptar que es necesario actuar a fondo, que
hay que afrontar el coste económico de las soluciones a adoptar, por
importante que sea, y que se debe actuar en el conjunto de la Unión,
también en el Estado español y, desde luego también, ir pensando en
actuar más allá de las fronteras europeas, porque si no lo único que
va a suponer esto es que haya efectos rebote nada deseables.
Por tanto, tomar medidas (algunas de ellas las hemos planteado a lo
largo de los debates), como actuar a fondo en la detección y
eliminación de los focos. Yo creo que eso es absolutamente
imprescindible. Y, desde luego, medidas dirigidas a actuar sobre las
causas. Yo vuelvo a insistir en esto porque, si existen unas causas
demostradas, y una de ellas es la famosa causa de la alimentación de
estos animales con piensos fabricados con restos cárnicos, la única
solución real (otra cosa es que tenga coste económico) que puede
existir es prohibir definitivamente la fabricación de estos piensos
y, por tanto, conseguir que, no solamente las reses bovinas, sino
todo el resto de los animales no sean alimentados con estos piensos,
porque las prohibiciones cautelares o las limitaciones de uso hacen
imposible, mientras se sigan fabricando estos piensos, que se pueda
controlar su distribución, es absolutamente imposible.
Yo ayer hacía referencia, y hoy quiero repetirlo como ejemplo, a cómo
mientras se prohibió la utilización de estos piensos en algunos
países europeos para la alimentación del ganado, Gran Bretaña, en
concreto, seguía exportando estos piensos a terceros países, y más
que probablemente contribuyó con ese tipo de
exportaciones a la aparición de casos de vacas locas en otros Estados
y, cuando menos, ya empiezan a aparecer casos de transmisión humana.
Estas cosas hay que afrontarlas así. Efectivamente, habrá que
compensar a las industrias, habrá que dar ayudas para replantear su
producción actual, y yo creo que eso sería perfectamente factible. Y,
desde luego, habría que prepararse convenientemente para conseguir
tener materia prima para la alimentación del ganado que aporte
proteínas no cárnicas al ganado. Eso también es posible a través de
proteínas vegetales. Claro que ahí, evidentemente, habrá que revisar
los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos, por
ejemplo, sobre esta materia.
Por lo tanto, hay que tomar medidas de este nivel, hay que aumentar
los fondos destinados a investigación. Desde luego, las
compensaciones a los ganaderos deberían concretarse y ponerse en
marcha de manera inmediata. Asimismo, hay que aumentar la confianza
del consumidor, señoras y señores diputados, con una información
veraz y transparente en esa información.
Nosotros también somos partidarios, lo hemos dicho en otras
ocasiones, de que, dentro de esta actuación a fondo, dentro de esta
transparencia, o dentro de este no minimizar el problema, no se haga
recaer el peso de una crisis sobre una determinada comunidad
autónoma, como en este momento está sucediendo, que es la Comunidad
Autónoma de Galicia. No, y lo digo con toda claridad, porque tengamos
el menor deseo o interés en que aparezcan casos en otros lugares, por
aquello de que mal de todos consuelo de tontos. Nada de eso.
Simplemente es porque nosotros creemos que transmitirle a la opinión
pública que el asunto está aislado no ayuda a recuperar esa
confianza. Asimismo, la discusión sobre el modelo de producción
debería no obviarse. Y acabo, señor presidente, diciendo que yo creo
que deberíamos hacer un esfuerzo todos los grupos políticos, también
el grupo mayoritario, para plantearnos seriamente esta cuestión,
porque el problema es suficientemente grave como para hacerlo. Yo
comprendo, y lo comprendo absolutamente, que uno deba defender la
actuación gubernamental (seguramente si yo estuviera en ese caso
haría lo mismo), pero eso no nos debe llevar a ponernos una venda en
los ojos y a no darnos cuenta de que es necesario actuar, y actuar a
fondo. Yo ya dije en otras ocasiones que, para esa actuación a fondo,
el Ministerio, o el Gobierno en general, contará con la poca o mucha
ayuda que pueda suponer el apoyo del Bloque Nacionalista Galego.
Pero, desde luego, para actuaciones que nosotros estamos convencidos
de que no van a resolver el problema, no. En ese viaje nosotros no
vamos a participar.
El señor PRESIDENTE: Tendría la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. No obstante, el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular ha pedido un tiempo libre para poder negociar
esa enmienda. (Pausa.)
¿Quiere ya manifestarse en torno a la enmienda del Partido Popular?
Yo como usted quiera. Si quiere o suspendemos por unos minutos y
negocia con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, o, si ya
tiene el criterio claro, le cedo la palabra. Lo que usted diga, señor
Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Desde luego mi grupo no se opone a cuantas
reuniones sean necesarias. Es consciente el señor portavoz del Grupo
Popular que ayer hemos estado reunidos para tratar una cuestión
similar, es decir, al tratamiento que debe darse desde el Parlamento
a las medidas, pero si considera necesario que hagamos una nueva
reunión, por mi parte no hay ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Si ustedes lo estiman oportuno, suspendemos la
sesión por unos minutos. Hacemos la llamada a la votación, y se
acercan a la mesa para ver si se acepta la enmienda in voce
presentada por CiU sobre el tema del arroz y para ver si aceptan la
enmienda del Partido Popular, o alguna que sea sustitutiva.
Suspendemos, por tanto, la reunión por unos minutos. (Pausa.)
Reiniciamos la sesión con la manifestación del portavoz del Grupo
Socialista, señor Cuadrado, sobre la aceptación, o no aceptación, de
la enmienda del Grupo Popular.
Tiene la palabra, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Con respecto a la enmienda, como muy sabe
el portavoz del Grupo Popular, es una cuestión que no es nueva. Hemos
debatido ya las diferencias entre unas propuestas y otras, en este
caso, entre la proposición no de ley y la enmienda que se presenta
ayer.
La primera cuestión es que la enmienda que presenta el Grupo Popular
tiene un carácter excluyente. La plantea en los siguientes términos:
o lo tomas o lo dejas. Es decir, sustituir el cien por cien de la
propuesta que hace el Grupo Socialista por la enmienda, en su cien
por cien, del Grupo Popular.
Pero la razón para fijar la posición en los términos en los que lo
voy a hacer están relacionados sobre todo con los cuatro puntos
concretos de esta proposición no de ley, porque hay unas cuestiones,
por ejemplo, que no contempla la enmienda del Grupo Popular, como la
retirada de harinas, etcétera. La primera cuestión se refiere al
laboratorio. Hombre, decir que no es necesario lo que propone el
Grupo Socialista en relación con la logística que hay que tener en el
país para poder pasar de una vigilancia pasiva... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, para eso está la
Presidencia, para interpretar el Reglamento.
Sabe usted que en este turno única y exclusivamente el portavoz
acepta o no acepta la enmienda presentada. Puede hacer algunas
manifestaciones en cuanto a si la
acepta parcial o totalmente, Pero, claro, si reabre el debate,
tendríamos que darles también la palabra a los diferentes portavoces.
Creo que no es la intención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista reabrir el debate. Yo le rogaría que se centrase y dijera
si acepta o no acepta la enmienda, y, si no la acepta y quiere alguna
explicación técnica, pero no de debate, que se manifieste en esos
términos.
Tiene la palabra, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Como comprenderá, señor presidente, con
respecto a la alarma que el Grupo Socialista crea, me gustaría
intervenir y no lo hago. Estoy hablando de la justificación
especifica para el rechazo de la enmienda, por eso hablo de
laboratorio, pensaba hablar de test, pensaba hablar de tratamiento
homogéneo y de los MER, que son el contenido al que pretende
sustituir la enmienda. Puedo ser más breve, indudablemente, puedo
decir sí o no, pero me parece que ese turno no tendría sentido, ¿no?
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, es que precisamente este turno
es para saber si acepta o no acepta la enmienda. (El señor Isasi
Gómez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor CUADRADO BAUSELA: ¿Pero lo dice el presidente o el
vicepresidente?
El señor PRESIDENTE: No, no, no.
Señorías, yo creo que para eso está el presidente, y cuando no esté
el presidente será el vicepresidente el que presida las reuniones.
(Rumores.) Señorías, por favor. Realmente es complicado hablar en
esta sala, por la acústica, pero sobre todo lo es intentar que las
explicaciones sean coherentes en cuanto a la interpretación del
Reglamento.
Usted sabe, porque también se produce de manera similar en el Pleno,
que este turno única y exclusivamente es para aceptación o no de las
enmiendas presentadas. Si tiene alguna explicación técnica, o si
parcialmente es aceptada, bien, pero si va punto por punto a decir
por qué no la acepta, en algunos términos es reabrir el debate. Ami
juicio, me da la impresión de que es reabrir el debate, y me imagino
que todos los grupos querrán también manifestarse sobre esos aspectos
que contienen los puntos de la enmienda. Por tanto, yo le rogaría que
brevemente dijera: sí o no, y con esas explicaciones técnicas, pero
muy someras, porque, si no, como le digo, reabre usted el debate.
Tiene la palabra, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Le aseguro que habría terminado ya. Mire,
sobre laboratorio, no se recoge nada en la enmienda y, por tanto, no
tiene sentido que admitamos una enmienda que elude la propuesta que
hace mi grupo. En segundo lugar, sobre los test. Indudablemente
tampoco hay una referencia a la voluntad
específica que se manifiesta. Con respecto a los MER, que me parece
lo más importante de todo, no tiene nada que ver la enmienda con la
propuesta que hace el Grupo Socialista, que es sobre la garantía, al
estilo francés, para entendernos, de retirada efectiva de estos MER.
Esa es la razón por la que decimos que no.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado, por su
comprensión.
También quisiera que se manifestase el Grupo Parlamentario Socialista
sobre la proposición no de ley, que figura con el número 2, sobre el
cultivo del arroz, y sobre la enmienda in voce presentada por el
Grupo de Convergencia i Unió.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Nosotros aceptaríamos de la enmienda in
voce los puntos 1, 2 y 4. El 3 no lo podemos aceptar, porque dice: En
caso de optar por la integración... Nosotros creemos que ese debate
es posterior y creo que no debemos mezclarlo. Creo que procede, como
hemos dicho antes, el que se mantenga la singularidad respecto a la
organización común del mercado del arroz y, en caso de que el
Gobierno fracase, es cuando tendríamos que contemplar el punto 3. Ese
es el motivo, no porque estemos en desacuerdo con la filosofía del
punto 3, sino específicamente porque creemos que no es el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Lamentablemente no disponemos de la enmienda. Si
nos la pudieran pasar, podríamos incluso someterla a votación. Pero
yo quisiera que el portavoz del Grupo Socialista nos dijera cómo
quedaría conformada la proposición, los puntos 1, 2, 4 de CiU, y qué
complementa el Grupo Socialista a esa proposición de CiU.
Señor Amarillo, ¿nos podría decir cómo quedaría conformado el texto
final de la proposición no de ley, incluyendo la enmienda del Grupo
de CiU?
El señor AMARILLO DOBLADO: Añadiríamos el 2. No estaría el 3, y el 4
pasaría a ser un punto 7.
El señor PRESIDENTE: ¿El 3? ¿Cuál no aceptaría? CiU.
El señor AMARILLO DOBLADO: El 3 de CiU. Quedaría: el 1, nuestro. El 2
es exactamente igual al 2 nuestro: oponerse a la desaparición de la
intervención que contempla la nueva COM del arroz. El 1 nuestro es
exactamente igual que el 1 de la propuesta que hace CiU, que es
mantenimiento del sistema de intervención. Por tanto, habrá un sólo
1.
El señor PRESIDENTE: Pero, ¿con qué texto? ¿Con el de CiU?
El señor AMARILLO DOBLADO: Es indiferente totalmente...
El señor PRESIDENTE: No, no. Elija uno.
El señor AMARILLO DOBLADO: Admitimos el texto de CiU.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, entonces tendría la proposición
no de ley 7 puntos ¿verdad?
El señor AMARILLO DOBLADO: Tendría 7 puntos.
El señor PRESIDENTE: Tendría: El 1 sería el 2 de CiU. El 2, el 2 de
CiU. El 3 ¿cuál sería?
El señor AMARILLO DOBLADO: El 3 sería el 2 nuestro.
El señor PRESIDENTE: ¿El 4?
El señor AMARILLO DOBLADO: El 3 nuestro.
El señor PRESIDENTE: ¿El 5?
El señor AMARILLO DOBLADO: El 4 nuestro.
El señor PRESIDENTE: ¿El 6?
El señor AMARILLO DOBLADO: El 5 nuestro.
El señor PRESIDENTE: ¿Y el 7?
El señor AMARILLO DOBLADO: El 4 de CiU.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Albiach, para que acepte, no acepte, o proponga algún
texto alternativo de su proposición no de ley con respecto al arroz y
en referencia a la enmienda presentada por CiU.
Tiene la palabra, señor Albiach.
El señor ALBIACH CHISBERT: Por parte del Grupo Popular, respecto a la
enmienda que presenta el portavoz del Grupo Catalán, Convergencia i
Unió, nosotros estaríamos de acuerdo en los puntos 1 y 2 de la
enmienda.
En el punto 3, en el segundo renglón, cuando habla de garantizar que
esta se producirá de manera progresiva; pretendemos eliminar
progresiva y poner adecuada. Pediríamos la eliminación, en el punto
3, del apartado e), y el punto 4 lo dejaríamos pendiente para pasarlo
por medio de desarrollo rural.
El señor PRESIDENTE: Esto supondría, por parte de CiU, una
modificación de su enmienda. ¿Está de acuerdo
en modificarla en esos términos? (Asentimiento.) El portavoz de CiU
acepta modificar su enmienda in voce. ¿Quiere manifestarse, señor
Companys?
El señor COMPANYS SANFELIU: Aceptamos la supresión de esos dos
puntos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Someteremos a votación ese texto.
(El señor Amarillo Doblado pide la palabra.)
Señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Para que quede claro lo que votamos en
cada caso, la Presidencia podríamos leernos exactamente el texto.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a leer la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que tendría 7 puntos.
El punto 1 sería el punto 1 de la proposición de CiU, que dice
textualmente: El mantenimiento del sistema de intervención para la
producción comunitaria de arroz, al objeto de estabilizar los
mercados y garantizar un nivel de vida digno para la población
agraria afectada.
El punto número 2 sería: El establecimiento de una restitución para
la obtención del almidón procedente del arroz para su posterior
utilización como materia prima industrial.
El punto número 3 coincide exactamente con el punto número 2 de la
proposición del PSOE, que dice: Evitar la desaparición de la
preferencia comunitaria del arroz.
El 4, el punto número 3 del Grupo Parlamentario Socialista: Impedir
la disminución brusca o desaparición de aranceles para el arroz.
El 5 coincide con el 4 suyo, que es: Crear una línea especifica de
créditos subvencionados destinados exclusivamente a las
organizaciones de productores, con preferencia las cooperativas
destinadas a la financiación de industrias transformadoras de arroz.
El 6 coincide con el 5 suyo: Crear una línea especifica de créditos
subvencionados, destinados exclusivamente a las organizaciones de
productores arroceros, con preferencia a las cooperativas destinadas
a la promoción y comercialización de arroz envasado.
Y el 7, el 4 del antiguo de CiU: Establecimiento de ayudas
agroalimentarias para el cultivo del arroz.
Procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 21
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proporción no de ley que figura con el número 4,
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la reforma, también, de
la OCM del arroz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, nueve; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley que figura
en el orden del día con el número 3, sobre los productos citrícolas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley que figura en
el orden del día con el número 5, relativa al Acuerdo de pesca Unión
Europea-Reino de Marruecos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley que figura
en el orden del día con el número 6, relativa a la adopción de
medidas en materia de control y prevención, relacionadas con la
encefalopatía espongiforme bovina, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, 12;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, del miércoles, 13 de diciembre de
2000, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no
retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.