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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 91, de 31/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 91
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 31 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación, en su caso de la celebración de las solicitudes de
comparecencia de los señores ministros, presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista (Números de expediente 213/000096, 213/
000099) y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(Número de expediente 213/000108)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía, de la
Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa (Folgado Blanco), para
informar sobre:
- La coyuntura de la economía española. Comparecencia cuatrimestral,
previa remisión del informe correspondiente. (Número de expediente de
expediente 212/000287) . . . (Página 2440)
- Estrategia, posición y actuación del Gobierno en las instituciones
financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). A solicitud del grupo
parlamentario federal de izquierda unida. (número de expediente 212/
000091). . . . (Página 2440)
- Efectos que -según previsiones del gobierno- tendrá el alza de los
precios energéticos sobre la economía española y sobre las finanzas
públicas. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 212/000099). . . . (Página 2440)
- El plan de energías renovables, de la política de liberalización
del sector eléctrico y situación de los expedientes relativos a los
costes de transición a la competencia (CTC), así como del desarrollo
y aplicación del plan 1998-2005 de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras. A petición propia. (Número de
expediente 212/000286) . . . (Página 2462)
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas a doptar para el desarrollo de las comarcas mineras
de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000013) . . . (Página 2479)
- Sobre tributación de las percepciones recibidas por prejubilación.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000179) . . . (Página 2473)
Se abre la sesión a las diez y diez de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Como
cuestión previa a la reunión de la Comisión de Economía y Hacienda
del día 31 de octubre, quiero comunicar a SS.SS. que la Mesa y Junta
de Portavoces de esta Comisión, después de haber estudiado la
petición del Grupo Socialista de aplazar la sesión prevista el día 2
de noviembre para la tramitación del proyecto de ley que teníamos que
estudiar ese día, ha decidido que dicha sesión, para la cual serán
citadas SS.SS., se celebre el 13 de noviembre, lunes, a las diez de
la mañana, después de haberse debatido la ley de presupuestos
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA CELEBRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
COMPARECENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS, PRESENTADAS POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Números de expediente 213/000096, 213/
000099) Y POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(Número de expediente 213/000108)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuestión previa del orden del día:
aprobación, en su caso, de la celebración de dos solicitudes de
comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos
Económicos y ministro de Economía. La primera, del Grupo Socialista
con el número de expediente 213/000096, para informar de la política
de liberalización
del sector eléctrico y sobre la situación de los expedientes
relativos a los costes de transición a la competencia. La segunda,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con el número de
expediente 213/000108, que solicita la comparecencia del
vicepresidente segundo y ministro de Economía para que explique las
medidas del Gobierno con relación al desarrollo y aplicación del plan
1998-2005, de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las
comarcas mineras.
Vamos a votar si procede o no la comparecencia del vicepresidente en
este momento, salvo que previamente quieran hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Estoy sorprendido con esta audacia del Grupo
Popular, porque no es ya sólo que luego en la práctica protejan en
exceso, desde mi punto de vista, al vicepresidente Rato, sino que el
gesto de hacer revocar la solicitud de una comparecencia se compadece
mal con lo que entiendo debe ser el funcionamiento de esta Comisión,
del Parlamento y de la democracia. No es sólo un problema de los
asuntos tratados, sino también de que los interlocutores con los que
se trata son importantes. Aunque nosotros y otros grupos habíamos
solicitado tratar algunas cuestiones con el vicepresidente para mí
-no sé para el Grupo Popular o para otros grupos-, no es lo mismo que
comparezca un vicepresidente del Gobierno que un secretario de
Estado. La responsabilidad política quetiene el vicepresidente en
estos asuntos no excluye el
que tengamos que solicitar su comparecencia para mantener un debate a
otro nivel distinto al que tendremos con el secretario de Estado de
Economía. Me parece que no ha lugar a la propia solicitud. Si la
lleváramos al extremo, al final, acabaríamos discutiendo los asuntos
con los subdirectores generales. Deberíamos darle algo más de peso
político al Parlamento, a esta Comisión. Desde la oposición, que
aspira a controlar al Gobierno y no a los funcionarios, no ha lugar a
esta solicitud.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Con mucha brevedad, señor
presidente.
Mi grupo entiende que es necesario que el vicepresidente y ministro
de Economía comparezca en la Comisión de Economía periódicamente, al
igual que el ministro de Hacienda que ahora también depende de la
Comisión de Economía. De hecho, la Mesa y la Junta de Portavoces de
la Comisión fijaron la comparecencia de ambos, una para el 28 de
noviembre y otra para el 13 de diciembre, si no me confundo.
Es voluntad del Grupo Parlamentario Popular que el vicepresidente y
ministro de Economía y el ministro de Hacienda respondan a las
cuestiones que se solicitan por los grupos de la oposición. Entre
ambos ministros han respondido ya a nueve interpelaciones, cuando en
toda la anterior legislatura el ministro de Economía, que ahora tiene
sus tareas divididas entre dos, respondió a 13 interpelaciones y en
la V Legislatura, 17; es decir, han respondido a más de la mitad que
en las anteriores legislaturas en un solo período de sesiones. Ambos
ministros han contestado a más de 50 preguntas en el Pleno de los
miércoles, más de un tercio, en un solo período de sesiones que en
las dos anteriores legislaturas o en cada una de ellas. Están fijadas
las comparecencias de ambos con fecha para que los distintos grupos
de la Cámara puedan interpelar al ministro en el seno de la Comisión
lo que crean conveniente.
Mi grupo parlamentario entiende que las comparecencias de los
secretarios de Estado son políticamente solventes. De hecho, hemos
aprobado las comparecencias cuatrimestrales de los secretarios de
Estado, también a solicitud del Grupo Socialista, porque los
secretarios de Estado forman parte del Gobierno y tienen que
responder en esta Comisión de las cuestiones que se susciten. Por
todo ello, las dos comparecencias que hoy se van a responder por el
secretario de Estado tienen una respuesta política, solvente y
absolutamente precisa en la comparecencia del secretario de Estado,
señor Folgado, que va a empezar dentro de pocos minutos.
El señor PRESIDENTE: Como no hay más intervenciones, pasamos a la
votación sobre la celebración de estas solicitudes de comparecencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11,
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las solicitudes de
comparecencia del señor vicepresidente segundo.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA
ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FOLGADO BLANCO), PARA
INFORMAR SOBRE:
- LA COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL,
PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE. (Número de expediente
(212/000287)
-.ESTRATEGIA, POSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, BANCO
MUNDIAL Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/
000091)
-.EFECTOS QUE -SEGÚN PREVISIONES DEL GOBIERNO-TENDRÁ EL ALZA DE LOS
PRECIOS ENERGÉTICOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y SOBRE LAS FINANZAS
PÚBLICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA
I UNIÓ). (Número de expediente 212/000099)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
que es la celebración de las comparecencias del secretario de Estado
de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa. Antes
de entrar en este punto, deseo anunciarles que las votaciones que se
celebrarán en esta Comisión en el día de hoy sobre dos proposiciones
no de ley que están contenidas en el orden del día se harán a la una
y treinta.
Como SS.SS. conocen, hay tres peticiones de comparecencia del
secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y
Mediana Empresa. La Mesa y Junta de Portavoces en su reunión proponía
que se acumulasen las tres primeras y hay una cuarta, para informar
sobre el plan de energías renovables, de la
política de liberalización del sector eléctrico y situación de los
expedientes relativos a los costes de transición a la competencia,
así como del desarrollo y aplicación del plan 1998-2005 de la minería
del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que no
se acumula. ¿Aprueba la Comisión esta propuesta? (Asentimiento.)
Pasamos, entonces, a la comparecencia del señor secretario de Estado,
al cual doy la más cordial bienvenida a la Comisión de Economía y
Hacienda, y le cedo la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍAY DE LA
PEQUEÑAY MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Si me lo permiten SS.SS.,
quisiera que mis primeras palabras fueran de condolencia para las
familias y amigos de las víctimas de la barbarie terrorista que se ha
cobrado nuevas víctimas en el día de ayer.
Siguiendo el orden del día establecido, en el que se han acumulado
varias de las comparecencias que se habían solicitado -espero no
cansarles demasiado por la densidad y la amplitud de los temas a
tratar-comienzo, en primer lugar, a hablar de cómo vemos la situación
de la economía española en estos momentos, con las perspectivas de
1999-2000 y de 2001. Como secretario de Estado de Economía inicio
estas comparecencias periódicas para hacer balance de cómo se está
comportando la economía española.
El año 1999, como saben SS.SS., se cerró con un crecimiento del PIB
del 4 por ciento en términos reales, cifra que supone una revisión al
alza de tres décimas respecto a las estimaciones previas, que también
han sido modificadas en el mismo sentido alcista en los tres años
anteriores. La expansión de la economía española ha sido, por tanto,
más intensa de lo que se había estimado y esta fase alcista se ha
prolongado, e incluso acentuado, en el primer semestre de este año,
período en el que se ha alcanzado un crecimiento interanual del 4,2
por ciento en términos tendenciales. Por otra parte, se ha mantenido
un diferencial positivo con la zona euro del orden de medio punto
porcentual, continuando así el proceso de convergencia en renta real
y empleo con las economías más avanzadas.
En un contexto de elevada confianza de las empresas y las familias,
la demanda interna privada es todavía el motor fundamental de la
expansión, en claro contraste con el práctico estancamiento del
consumo público y con una aportación neta del sector exterior, que ha
seguido presentando un signo negativo en el conjunto del primer
semestre. No obstante, dicha aportación ha experimentado una
tendencia a la mejora, contrarrestando la gradual moderación en el
ritmo de avance de la demanda interna, lo que ha llevado a una
composición del crecimiento económico en el presente año más
equilibrada que la que se produjo en 1999. El
crecimiento económico mundial ha experimentado una notable
aceleración en el primer semestre, de forma que en el conjunto del
presente año el PIB global puede alcanzar el 4,7 por ciento, según el
Fondo Monetario Internacional, la cifra más elevada en la última
década.
Después de las dificultades de 1997 y 1998, esta recuperación en 1999
y 2000 de la economía mundial se ha apoyado, desde un punto de vista
geográfico, en numerosos pilares: el vigor de la economía
estadounidense; la aceleración de la expansión europea; la gradual
consolidación japonesa; y la reactivación de las economías emergentes
de Iberoamérica y sudeste asiático. Por otra parte, es el resultado
de la combinación de una fase cíclica expansiva tradicional con la
llegada de innovaciones tecnológicas importantes que favorecen el
avance de la productividad, hecho, como ya es conocido, especialmente
evidente en el caso de Estados Unidos.
Ahora bien, el crecimiento mundial ha alcanzado un máximo en el
presente año, previéndose una ralentización en el próximo, causada,
entre otros factores, por la mayor restricción monetaria y el efecto
de la subida de los precios del petróleo. Dichos precios se han
triplicado en dólares desde comienzos de 1999, acentuándose esta
subida en euros debido a la depreciación de nuestra moneda respecto
al dólar. El avance simultáneo de la demanda de petróleo en numerosas
áreas no ha sido cubierto por un aumento equivalente de la oferta, de
tal forma que los precios actuales, en torno a 31 dólares barril,
siguen situados muy por encima de la banda objetivo de la OPEP de
entre 22 y 28 dólares, y no dan muestras de flexibilizarse
significativamente a la baja, al menos de forma inmediata. Todo ello
ha llevado a revisar ligeramente a la baja las previsiones de
crecimiento en la Unión Europea para el próximo año. En la zona euro
en concreto el crecimiento económico, según la Comisión Europea, se
estima que será del 3,5 por ciento en el presente año, reduciéndose
el ritmo hasta el 3,2 por ciento en el 2001.
Volviendo a la economía española en 1999, la demanda interna registró
un crecimiento del 5,5 por ciento, muy similar al del año anterior.
Por su parte, la demanda externa presentó, para el conjunto del año,
una contribución neta al avance del producto interior bruto
ligeramente más negativa que en 1998: 1,5 puntos frente a 1,3. La
influencia de las importaciones de bienes y servicios no fue muy
dispar en ambos años, con crecimientos del 11,9 y 13,4 por ciento
respectivamente. Sin embargo, el perfil temporal de las exportaciones
es claramente diferente. Mientras en 1998 tiene una clara
desaceleración, en 1999 la evolución es justamente la contraria, una
progresiva aceleración desde el 3,2 por ciento del primer trimestre,
hasta el 10,6 por ciento del último. Desde el punto de vista del
empleo, 1999 volvió a ser un año muy favorable, con un aumento de los
ocupados del 4,6 por ciento, frente al 1,7 por ciento registrado en
el conjunto de la Unión Europea y
una reducción de la tasa de paro hasta el 15,9 por ciento, frente al
18,8 por ciento del año anterior. Esta fuerte creación de puestos de
trabajo condujo a un nuevo aumento de la participación de los
asalariados en la renta nacional, continuando así la tendencia
observada en estos últimos años.
Ya en el año 2000 las estimaciones de la contabilidad nacional
trimestral reflejan, como se ha señalado, un crecimiento interanual
del PIB real en términos de ciclo tendencia del 4,2 por ciento en el
primer semestre, con tasas idénticas en los dos trimestres. La
expansión económica sigue siendo, por tanto, muy intensa, aunque
parece haber alcanzado un techo en la primera mitad del año,
respondiendo a la desaceleración de la demanda interna. Este agregado
redujo su contribución en cuatro décimas entre el primer trimestre y
el segundo, desde 5,1 puntos hasta 4,7 puntos porcentuales. La
demanda externa, por el contrario, mejoró su aportación negativa en
igual cuantía, reduciéndose de menos 0,9 hasta menos 0,5 puntos
porcentuales. Estas tendencias se han prolongado en el tercer
trimestre a juzgar por la información disponible. Entre los
componentes de la demanda interna, la ralentización es claramente
perceptible en el consumo de los hogares, que amortiguó su ritmo de
avance desde el 4,9 por ciento en el primer trimestre al 4,4 por
ciento en el segundo. Esta evolución, que previsiblemente se
prolongará en los próximos meses, se explica por una serie de
factores. Entre otros, cabe destacar la gradual internacionalización
de los efectos de la reforma del IRPF, el repunte de los tipos de
interés que incentiva el ahorro y encarece el gasto en bienes de
consumo duradero, el elevado nivel de equipamiento que las economías
domésticas han adquirido en los últimos años y la mayor moderación en
el ritmo de creación de empleo. De hecho, el consumo de bienes
duraderos, que es el que más ha crecido en los últimos años, muestra
una desaceleración muy acusado, a juzgar, entre otros indicadores,
por las disponibilidades de bienes de consumo duradero y las
matriculaciones de automóviles. Por último, hay que tener en cuenta
que la tasa de ahorro de las familias, tras varios años de tendencia
descendente, se ha situado en niveles muy bajos, por lo que es
razonable suponer que ya se ha estabilizado y que podría orientarse
al alza en el próximo año.
El consumo de las administraciones públicas, por su parte, ha
prolongado la trayectoria de moderación que ha caracterizado su
evolución en los últimos años en paralelo con la tendencia
descendente del déficit público. La contabilidad nacional trimestral
estima un aumento interanual tendencial del agregado, en términos
reales, del 1,2 por ciento en el primer semestre del año, tasa muy
inferior a la que se registró en 1999. La formación bruta de capital
fijo es el agregado de la demanda que ha crecido a mayor ritmo en la
última fase expansiva, coincidiendo el dinamismo de la inversión en
equipo con el que también ha mostrado la construcción.
No obstante, el agregado tendió a moderar su ritmo de
avance a lo largo de 1999, prolongándose esta evolución en la primera
mitad del presente año. En el segundo trimestre, el crecimiento
tendencial de la inversión fija total se situó en el 6,5 por ciento,
una décima por debajo del registrado en el trimestre previo. Esta
ligera ralentización se ha debido a la reducción de la tasa de
aumento del componente de equipo, mientras que la inversión en
construcción seguía intensificando su ritmo. Las condiciones siguen
siendo favorables para la inversión en equipo, dada la saneada
situación financiera de las empresas, los tipos de interés todavía
bajos, inferiores a la rentabilidad, el todavía buen pulso de la
demanda, la elevada utilización de la capacidad productiva y el aún
notable crecimiento mundial.
En cuanto a la construcción, el componente más expansivo está siendo
el residencial, en el que la demanda sigue acusando la positiva
evolución del empleo, el descenso de los tipos hipotecarios hasta
mediados del pasado año y el clima de confianza entre las familias.
El agotamiento de algunos de estos factores, entre ellos la flexión
al alza de los tipos de interés, unida al aumento de los precios de
la vivienda, debería traducirse en una ralentización del crecimiento
en los últimos meses del año, aunque ello podría compensarse por el
tono expansivo de las obras públicas. Ello explicaría el fuerte
crecimiento que ha seguido registrando el consumo de cemento en los
últimos meses, en concreto el 12,8 por ciento en el tercer trimestre.
Desde la perspectiva de la oferta, todas las grandes ramas de
actividad han presentado en el primer semestre contribuciones
positivas al crecimiento del producto interior bruto, salvo la
primaria, cuyo valor añadido bruto experimentó un ligero retroceso
(menos 0,3 por ciento). No obstante, su evolución ha cambiado de
signo a lo largo del año, lo que permite esperar un crecimiento para
el conjunto de 2000. Por lo que respecta a las ramas no agrarias, el
mayor crecimiento de la primera mitad del año correspondió a la
construcción (7,9 por ciento), seguida de la industria (5,1 por
ciento) y los servicios (3,6). Uno de los principales rasgos del
crecimiento económico español es que resulta muy intensivo en empleo.
Según la encuesta de población activa, a finales del primer semestre
de 2000 la ocupación alcanzó la cifra de 14 millones 449.500
personas, esto es, 676.500 personas más que hace doce meses. Así, el
ritmo de creación de empleo se situó en un notable 5,3 por ciento en
el primer trimestre y en un más moderado 4,9 por ciento en el
segundo. Aunque estas tasas son muy significativas, incluso
superiores a las registradas en 1999, señalan una suave ralentización
en el proceso de generación de empleo, confirmada por otros
indicadores como el número de afiliaciones a la Seguridad Social y la
consecuente recuperación de la productividad aparente del trabajo.
Esta tendencia a la desaceleración en algunas de las variables es muy
tenue, como están reflejando los últimos datos, por
ejemplo, de afiliación a la Seguridad Social en septiembre, que sigue
manteniendo un ritmo muy elevado.
El elevado dinamismo de la economía y las buenas perspectivas
laborales han sido un estímulo para amplios segmentos de la
población, que han decidido incorporarse al mercado de trabajo. Así,
uno de los rasgos más destacables de nuestro mercado laboral a lo
largo de este año ha sido el notable crecimiento de la población
activa que ha aumentado en el conjunto del primer semestre a una tasa
anual del 2,9 por ciento. Este fenómeno ha sido especialmente intenso
entre las mujeres, que han aumentado su presencia en un espectacular
4,6 por ciento, aunque también se ha producido entre los hombres para
los que el crecimiento se acelera hasta el 1,8 por ciento, según los
últimos datos disponibles. Como resultado, la tasa de actividad de la
población de 16 años y más se sitúa en el segundo trimestre de 2000
en el 51,2 por ciento, un nivel que no se registraba desde 1978. El
notable aumento de la población activa no ha impedido una
significativa reducción del paro gracias al fuerte ritmo de creación
de empleo. A lo largo del primer semestre, el paro se redujo a una
tasa interanual del 8,6 por ciento. De esta forma el número de
parados se sitúa en el 14 por ciento el nivel más bajo desde 1981.
La inflación es la variable con un comportamiento más desfavorable en
el actual ejercicio. Tras la evolución alcista registrada a lo largo
de 1999, que elevó la tasa de variación del IPC hasta el 2,9 por
ciento en el pasado diciembre, el aumento de los precios mostró una
notable estabilidad en el primer trimestre de este ejercicio, sin
embargo, en el trimestre siguiente se trocó dicha estabilidad,
intensificándose el proceso alcista en los meses de verano hasta una
tasa del 3,7 por ciento en el pasado septiembre. Esta orientación al
alza de la inflación ha obedecido fundamentalmente al persistente
encarecimiento del precio del barril del petróleo en pesetas, que ha
seguido elevando el precio de los combustibles y carburantes, así
como a la evolución de algunas partidas de comportamiento muy
volátil, como los alimentos no elaborados, los servicios turísticos,
los viajes todo incluido y recientemente el tabaco.
La denominada inflación subyacente, excluida energía y alimentos no
elaborados, anotó una evolución positiva en el primer semestre,
manteniéndose por debajo del nivel alcanzado en el pasado diciembre
(2,4 por ciento) y situándose en el 2,3 por ciento en junio. Sin
embargo, en los meses centrales del verano y debido al fuerte aumento
de los precios del turismo y hostelería y del servicio telefónico, la
inflación subyacente aumentó hasta el 2,7 por ciento en agosto,
permaneciendo en esa cota en septiembre. El moderado aumento de esta
tasa a lo largo del año y su significativa divergencia, un punto
porcentual, con la del índice general, refleja de forma clara que las
tensiones inflacionistas se concentran en los componentes más
erráticos del IPC (alimentos no elaborados, carburantes, combustibles,
turismo y hostelería.) En la unión económica y monetaria
la inflación en términos armonizados también ha evolucionado al alza
en los tres primeros trimestres del año, hasta una tasa del 2,8 por
ciento en septiembre, 1,1 punto superior a la de diciembre de 1999.
Dicha trayectoria obedece esencialmente a la escalada del componente
energético y de los alimentos no elaborados, así como a la
intensificación de la fase expansiva en la eurozona. La tasa de
avance anual del IPC armonizado de España fue del 3,7 por ciento en
septiembre, por lo que el diferencial de inflación se situó en 0,9
puntos porcentuales, habiéndose mantenido el intervalo 0,9 a 1,3
puntos desde principios de 1999.
Por lo que respecta a los costes laborales, los crecimientos de las
ganancias salariales que se recogen en la encuesta de salarios
mantuvieron en 1999 una tónica de moderación, lo que contribuyó muy
positivamente a la creación de empleo. No obstante, el perfil
trimestral de su evolución a lo largo del pasado año muestra una
cierta aceleración que se ha prolongado hasta el segundo trimestre de
2000, último período disponible. Esta tendencia al alza se confirma
con la estadística de convenios colectivos, que recoge hasta
septiembre una elevación de las tarifas salariales del 2,9 por
ciento, 3,2 por ciento si se incluye el impacto de la cláusula de
salvaguardia correspondientes a 1999, ocho décimas superior a la
pactada en los convenios con efectos económicos en 1999.
En este marco, el mantenimiento de una senda de moderación salarial
constituye, sin duda, un elemento clave en la prolongación del
proceso de crecimiento de la economía española y de la generación de
empleo, a través de la adecuada evolución de los costes unitarios de
producción y sus efectos positivos sobre la competitividad. En el
primer semestre del presente año la aportación de la demanda externa
neta al crecimiento ha mejorado notablemente, prolongando la
tendencia iniciada a mediados de 1999, una vez superados los efectos
negativos sobre el comercio mundial derivados de la crisis de los
mercados emergentes de 1997-1999. La contabilidad nacional trimestral
ha estimado que dicha contribución fue negativa en 0,7 puntos
porcentuales, cifra que contrasta favorablemente con la de menos 1,2
puntos del semestre precedente. Esta mejoría ha sido posible gracias
tanto a la aceleración de las exportaciones como a la ralentización
de las importaciones. Las operaciones corrientes y de capital con no
residentes en el semestre dieron lugar a una necesidad de
financiación de la economía frente al exterior de 1.443,6 millardos
de pesetas, el 2,9 por ciento del PIB, según la cuenta del sector
resto del mundo publicada por el INE. Esta magnitud supone una
ampliación de la registrada en 1999, que en su mayor parte procede
del fuerte avance del déficit comercial, que se ha visto afectado por
el encarecimiento de los precios de la energía. El saldo dela balanza
energética ha supuesto en torno al 36 por
ciento del déficit comercial, frente a un 20 por ciento en 1999. Las
restantes operaciones corrientes empeoraron estos resultados, con lo
que la sustancial mejora del superavit de las operaciones de capital
sólo compensó parcialmente el aumento del déficit corriente. Desde la
perspectiva sectorial, es preciso destacar que la mayor necesidad de
financiación exterior procede del sector privado, cuyo ahorro ha sido
inferior a la fuerte inversión realizada, mientras que el sector
público ha registrado una importante reducción en su necesidad de
financiación. Les ahorro a SS.SS. el entrar a profundizar en el
comportamiento del sector público, habida cuenta de las comparecencia
que ha habido últimamente y en particular en el debate en relación
con los presupuestos para 2001.
Las condiciones monetarias y financieras han ido experimentando un
endurecimiento gradual a lo largo de 2000, conforme el Banco Central
Europeo aumentaba el grado de restricción monetaria, elevando los
tipos de interés oficiales. Así, el tipo básico de referencia ha
experimentado desde noviembre del pasado año, en que se produjo la
primera subida, siete elevaciones, por un monto total de 2,25 puntos
porcentuales, situándose actualmente en el 4,75 por ciento.
La subida de los tipos de interés oficiales se ha transmitido, como
es lógico, a los diferentes segmentos del mercado monetario y, a
través de ellos, a los tipos bancarios, que en España son muy
relevantes en la toma de decisiones de gasto del sector privado. Pese
a ello, en el pasado agosto la financiación recibida por las empresas
y familias españolas todavía crecía a tasas muy elevadas, cerca del
17 por ciento, frente al 10 por ciento en el conjunto del área euro,
aunque desacelerada respecto a meses anteriores. Tengo que decir que
los datos de avance de septiembre también indican que la financiación
recibida por las familias españolas e instituciones sin fines de
lucro continuaba también al ritmo del 17 por ciento. Cabe suponer que
dicha desaceleración deberá continuar a lo largo de los meses
restantes del año, conforme vayan haciéndose notar los efectos de las
sucesivas elevaciones de los tipos de interés habidas hasta el
momento y la situación más delicada en el ámbito internacional
motivada por la elevación de los precios del petróleo.
En contraste con los tipos a corto plazo, los tipos de interés a
largo plazo, diez años, apenas han experimentado variaciones en lo
que va de año, situándose actualmente en el 5,5 por ciento, mientras
que los depósitos a tres meses negociaban su rentabilidad al 5,1 por
ciento, es decir, casi 1,7 puntos porcentuales por encima del nivel
de finales de 1999. Esta reducción de la pendiente de la curva de
rendimientos podría señalar -creemos que es así-que los agentes no
tienen expectativas alcistas sobre la inflación futura, pese al
actual tensionamiento de precios debido a los altos precios de la
energía. Hay un claro aplanamiento de las curvas, de la curva de
tipos a largo, lo cual indicaría, que los mercados
no están descontando una aceleración de la inflación en el medio
y en el largo plazo.
Si las condiciones monetarias y financieras se han endurecido a
través de las subidas de los tipos de interés monetarios, la sensible
depreciación experimentada por el euro en los mercados de cambio
durante el presente año ha ejercido un efecto inverso sobre la
actividad económica, al impulsar las exportaciones de los países del
área, aunque para España, como es sabido, dicho efecto es claramente
inferior al de otros países. Las expectativas de crecimiento y de
tipos de interés elaboradas para Europa y Estados Unidos en la pasada
primavera, propiciaron que la tendencia a la depreciación que
arrastraba el euro en los primeros meses del año se quebrara durante
los meses de mayo y junio, en los que la divisa europea llegó a
apreciarse más del 5 por ciento frente al dólar. No obstante, la
constatación de que la economía estadounidense, pese a su trayectoria
de aterrizaje suave, mantenía un elevado grado de fortaleza y la
evolución del precio el petróleo, cuyos efectos negativos tienen
mayor incidencia sobre la economía europea que sobre la americana,
determinaron que el dólar en su cruce con el euro volviera a
apreciarse significativamente desde el mes de julio. Entre finales de
junio y de septiembre el euro llegó a depreciarse más de un 10 por
ciento, lo que propició una intervención conjunta del Banco Central
Europeo y los principales bancos centrales en el mercado de divisas
el día 22 de septiembre. Dicha intervención obedeció a la
constatación de que la cotización de la divisa europea no se
corresponde con sus determinantes fundamentales, tales como el tamaño
de su economía y las perspectivas de crecimiento económico y
estabilidad de precios. Pese a dicha intervención, el euro ha vuelto
en octubre a situarse en mínimos históricos frente al dólar y el yen,
alcanzando el día 26 de este mes un valor de 0,8252 dólares y 89,30
yenes, equivalente a una depreciación en la parte transcurrida del
año del 18 por ciento y 13 por ciento respectivamente. Los signos más
claros de desaceleración de la economía americana parecen haber dado
un cierto respiro al euro en los días finales de octubre.
Pasando a las previsiones macroeconómicas para el periodo 2000-2001,
la evolución reciente de la economía española, la perspectiva de la
economía mundial y las orientaciones de la política económica
incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado de 2001 apoyan
las previsiones de los agregados macroeconómicos para el período
2000-2001 que se detallan a continuación. El crecimiento del PIB real
en el presente año cumplirá con holgura la cifra estimada del 4 por
ciento, tres décimas más de lo previsto cuando se presentaron hace un
año los Presupuestos Generales del Estado de 2000. Esta mayor
expansión se ha logrado además con una composición de crecimiento más
equilibrada, ya que en comparación con las estimaciones iniciales,el
aumento de la demanda interna se ha orientado ligeramente
a la baja, lo que ha sido compensado con una contribución del sector
exterior menos negativa de lo que se había anticipado. En concreto,
en el año 2000 la aportación de la demanda externa neta se estima que
será de menos 0,6 puntos porcentuales, lo que implica una diferencia
positiva de tres décimas respecto a la previsión inicial.
La expansión económica parece haber alcanzado tasas máximas en la
primera parte del año, siendo previsible una cierta ralentización en
el segundo semestre que se prolongarán en 2001, de forma que, en
dicho año, el crecimiento previsto es del 3,6 por ciento. Hay que
tener en cuenta, por una parte, los elevados niveles alcanzados por
la demanda interna de nuestra economía y, por otra, la ya aludida
reducción del ritmo de crecimiento esperado de las economías
industrializadas, y en particular de las de los principales países de
la UE. En todo caso, la economía española mantendrá un diferencial de
crecimiento positivo con el conjunto del área en éste y en el próximo
año, prolongándose el proceso de convergencia real con los países más
avanzados.
En cuanto a la composición del crecimiento, en 2001 disminuirá la
aportación de la demanda interna y mejorará la de la externa, aunque
ésta última seguirá siendo ligeramente negativa. Todos los
componentes de la demanda interna experimentarán una cierta
ralentización y, en particular, el consumo de los hogares, cuyo
avance previsto es del 3,4 por ciento frente al 4,3 por ciento de
2000. Esta desaceleración del consumo es ya perceptible en numerosos
indicadores, dentro del fuerte ritmo que todavía mantiene, como pone
de manifiesto el mencionado dinamismo en septiembre del crédito a los
hogares. Tal tendencia a la desaceleración debería prolongarse
debido, entre otros factores, al mayor nivel de los tipos de interés,
a una previsible flexión al alza de la tasa de ahorro familiar, que
podría haber alcanzado un mínimo cíclico tras varios años
consecutivos de descensos, y a la moderación del ritmo de avance del
empleo.
La inversión seguirá siendo el agregado más dinámico de la demanda
interna, en particular su componente de equipo, para el que se espera
en 2001 una tasa de aumento del 8 por ciento; esta cifra, 2,5 puntos
porcentuales superior a la estimada para 2000, supone una nueva
flexión al alza del ritmo de avance de este tipo de inversión tras la
pausa observada en los últimos trimestres. La saneada situación
financiera de las empresas, el todavía bajo coste del uso del
capital, la perspectiva de que las subidas pendientes de los tipos de
interés a corto plazo no son muy elevadas, el marco de crecimiento
estable introducido por el euro y la necesidad de aumentar la
productividad e incorporar avances tecnológicos en un entorno cada
vez más competitivo, son factores que sustentan estas previsiones.
La inversión en construcción, por su parte, también seguirá creciendo
a buen ritmo, aunque en este caso se
prevé una desaceleración debido al debilitamiento esperado en el
subsector de edificación residencial, que es el que más ha crecido en
los últimos años. El nivel de actividad es ya muy alto y existen
diversos elementos que contribuirán a apaciguar la demanda; entre
ellos, cabe citar: el aumento de los tipos de interés hipotecario, el
menor ritmo de expansión de la renta familiar y los fuertes
crecimientos que han experimentado los precios de la vivienda. Ello
se unirá a una cierta ralentización en el segmento de edificación no
residencial a causa del menor avance de la actividad, lo que lleva a
prever para el conjunto del sector una tasa de aumento más moderada
en 2001, a pesar de que se espera una recuperación para el subsector
de obra civil. En concreto, la correspondiente previsión de
crecimiento de la inversión en construcción es del 6,5 por ciento en
el próximo año, frente al 7,9 por ciento estimado para 2000.
Como resultado de la evolución descrita para los distintos agregados
de la demanda interna, ésta experimentará una reducción de su ritmo
de crecimiento desde una tasa estimada, para el año 2000, del 4,4 por
ciento hasta el 3,9 por ciento en 2001, lo que reducirá la presión
sobre los precios y el sector exterior de la economía. En cuanto a la
demanda externa, su evolución en el presente año ha venido marcada
por la continuidad en la recuperación de las exportaciones como
consecuencia de la intensificación del avance del comercio mundial,
de la depreciación del euro y de la rápida expansión de las economías
europeas. No obstante, la tasa de aumento interanual de las
exportaciones tenderá previsiblemente a debilitarse en la segunda
parte del año, debido a los elevados niveles registrados en el
segundo semestre de 1999 y a la flexión a la baja del crecimiento del
comercio mundial. Creemos que esta tendencia se prolongará en 2001,
de tal forma que la previsión de aumento de las exportaciones de
bienes y servicios en dicho año es del 8,8 por ciento frente al 9,5
por ciento de 2000. Ello será compensado con una ralentización más
acusada de las importaciones acorde con el menor ritmo de avance de
la demanda final. En concreto, se estima para las importaciones un
crecimiento del 10,8 por ciento en este año y del 9,5 por ciento en
2001. En consecuencia, mejorará en dos décimas la contribución de la
demanda externa neta, aunque continuará mostrando un signo negativo,
menos 0,4 puntos.
Pese a la citada mejora de la aportación de la demanda externa en
términos reales, el saldo comercial en pesetas corrientes ha acusado
negativamente, en el presente año, el impacto de la fuerte alza de
los precios de importación, en particular del componente energético.
Ello se ha traducido en un aumento de la necesidad de financiación
frente al resto del mundo hasta una cifra estimada del 2,5 por ciento
de PIB, en media anual. Para el próximo año se prevé un nuevo
incremento, aunque más moderado, del déficit de las operaciones
de bienes que no podrá ser compensado con otras operaciones, lo que
supone un ligero aumento de la necesidad de financiación hasta el 2,9
por ciento del producto interior bruto.
La creación de puestos de trabajo seguirá siendo muy intensa, aunque
dentro de una tendencia de moderación del crecimiento que ya reflejan
los indicadores disponibles. Así, los ocupados en términos de empleo
equivalente a tiempo completo, tal como lo define la contabilidad
nacional, aumentarán el 3 por ciento en 2000 y el 2,5 en 2001, lo que
facilitará un mayor aumento de la productividad aparente y tendrá
efectos positivos sobre los costes unitarios de producción y sobre la
competitividad de la economía. La evolución del empleo, junto con la
esperada amortiguación del ritmo de avance de la población activa,
permitirá seguir reduciendo la tasa de paro en un proceso de rápida
convergencia con el promedio de la Unión Europea. Para ello es
imprescindible que los salarios mantengan crecimientos moderados, lo
que a su vez requiere ignorar en el proceso de negociación colectiva
los aumentos transitorios de la inflación causados por la escalada de
los precios del petróleo y el consiguiente deterioro de nuestra
relación real de intercambio con el exterior. Por otra parte, tras la
desfavorable evolución del IPC en el presente año, se espera una
flexión a la baja de la inflación a lo largo del próximo. Los
elementos que apoyan esta previsión son, entre otros: la esperada
disminución de los precios del crudo, el también esperado mejor
comportamiento de los precios alimenticios y la menor presión de la
demanda interna de bienes de consumo. El aumento de los precios en
términos de deflactor del PIB se estima que será del 2,6 por ciento
en 2000 y del 2,3 por ciento en el próximo año.
Señor presidente, éste es el resumen del comportamiento de la
economía española en los nueve primeros meses del presente año, las
principales estimaciones que hacemos para el conjunto del mismo y las
previsiones para el próximo ejercicio. En síntesis, entendemos que se
mantiene el dinamismo económico, puesto que seguimos con una
velocidad de crucero de al menos el 4 por ciento. Este año culminará
con un crecimiento de un 4 por ciento holgado; es decir que, tal como
se están comportando las variables en el tercer trimestre y según las
previsiones que estamos elaborando, sin duda alguna se alcanzará ese
nivel. La segunda característica es un crecimiento más equilibrado,
algo más compensado; se desacelera algo la demanda interna, en
particular la de consumo, y, en cambio, la aportación neta negativa
del sector exterior es cada vez menos negativa. En tercer lugar, se
trata de un crecimiento intensivo en cuanto al empleo con aumento de
la productividad, que se acelera desde ritmos del 0,5 por ciento de
aumento en los dos últimos años a ritmos en el entorno del 1 por
ciento en el presente año, y lo mismo se espera para el próximo. En
definitiva, se trata de una economía que cuenta con resortes de
fortaleza suficientes para hacer
frente a los problemas, que entendemos coyunturales, planteados por
la situación actual en relación con los precios de la energía y con
el comportamiento del euro; éste último es extremadamente débil y
pensamos que no responde a fundamentos económicos reales, por lo cual
suponemos que su tipo de cambio actual no persistirá durante
demasiado tiempo -por lo menos, así lo deseamos-. Éste era el primer
punto del orden del día. Había un punto, señor presidente, en el que
se me pedía que explicara la estrategia, posición y actuación del
Gobierno en las instituciones financieras internacionales (Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de
Desarrollo.)
Por supuesto que no tendría ningún inconveniente en exponer este
punto, lo que sucede es que me gustaría transmitirles a SS.SS. que,
como consecuencia de la organización administrativa orgánica que se
ha realizado con el nuevo Gobierno a partir de las elecciones, este
ámbito de actuación y de responabilidadresponsabilidad` forma parte de
las competencias de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo,
por lo que les remito a la comparecencia que en próximas fechas
tendrá en esta Comisión el secretario de Estado de Comercio
y Turismo. Así lo había transmitido, señorías, hace unos días cuando
plantearon este punto y no es que no quiera contestar, con mucho
gusto podría hacerlo, pero entiendo que hay unas áreas de
responsabilidad y que deben responder los responsables de cada una de
las áreas, que lo pueden hacer mucho mejor. (El señor Sevilla Segura
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Me sorprende muchísimo que por una parte se
sea tan cuidadoso a la hora de que no se solapen comparecencias con
el mismo tema entre el secretario de Estado y el vicepresidente, y,
por otra, no se haya sido en absoluto, no ya digo cuidadoso, sino
cortés con la petición del secretario de Estado de Economía respecto
a que esta comparecencia no iba bien dirigida. Creo que si hemos
aceptado la comparecencia del secretario de Estado de Economía para
hablar de estos temas tiene que hablar de ellos.
El señor PRESIDENTE: En la reunión de la Mesa y portavoces se atendió
la petición de comparecencia del señor secretario de Estado de
Economía hecha por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
y en aquel momento nadie dijo nada. Realmente ahora la petición que
hace el secretario de Estado de Economía esta Presidencia la
considera oportuna, con independencia de que tal vez lo debíamos
haber planteado en su momento en la Mesa. Si realmente lo que se pide
es que se hable por parte de un representante del Gobierno sobre
estas cuestiones relativas a las instituciones
financieras internacionales y como dentro de muy pocas fechas vendrá
el secretario de Estado de Comercio y Turismo, me parece que la
petición que hace hoy el señor Folgado es oportuna. (El señor Sevilla
Segura pide la palabra.)
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Señor presidente, yo no hago más que pedir
que se cumpla el orden del día. (El señor Martínez-Pujalte pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, por parte del Grupo
Popular.
LÓPEZ:
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE Señor presidente, podemos polemizar todo el
día sobre todo. Cuando se configuró este orden del día ya mi grupo
parlamentario dijo, viendo la lista de comparecencias, que lo normal
era pedirles a los grupos parlamentarios que fijaran sus
comparecencias para el responsable del área adecuada, y de hecho
algunas de las comparecencias de Izquierda Unida que iban dirigidas
al ministro de Industria y Energía les pedimos que a través de los
servicios de la Cámara dijeran a quién iban dirigidas, porque ese
ministro ya no existía.
Entiendo también que se configuró un orden del día donde se solicitan
unas respuestas a un responsable de un área determinada de temas que
no son de su competencia. Eso figuraba en el orden del día y mi grupo
parlamentario entiende que la respuesta del secretario de Estado es
la adecuada, que es remitirlo al responsable de ese área determinada.
Por tanto, mi grupo entiende que podemos polemizar de lo que se
quiera, pero que lo normal es que responda quien tiene la
competencia. Si alguien no lo entiende así le comprendo, pero lo
normal es que responda de los temas quien está haciendo el trabajo
diario y quien tiene las competencias para responder, y no se pide
que no se responda de estos temas, sino que se remita a la
comparecencia que el día 21, creo, va a celebrar el secretario de
Estado de Comercio y Turismo en esta misma Comisión y que dará
cumplida respuesta a los temas que solicita el Grupo de Izquierda
Unida que, por cierto, no se encuentra en esta Comisión ahora mismo.
(El señor Sevilla Segura pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Me sorprende que se sea tan cuidadoso con
las formas en unas partes del trabajo de esta Comisión y tan amplio
de mangas respecto a otras. Creo que, en todo caso, si esa es la
opinión del Grupo Popular, debería pedir una modificación del orden
del día, someterla a votación y, entonces, suprimir esta
comparecencia. Mientras conste en el orden del día, lo siento,
secretario de Estado, usted tiene que hablar de ello. (El señor
MartínezPujalte López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, se le puede decir
al secretario de Estado que no ha respondido con profundidad, pero sí
que ha respondido a la pregunta que se le ha hecho remitiéndose
a otro responsable de otra área. Esto a un grupo le puede gustar o no,
pero la respuesta me parece absolutamente lógica, y es que el Grupo
de Izquierda Unida, que no está en esta Comisión, le ha preguntado a
un responsable de un tema y éste responde diciendo que le compete dar
cumplida respuesta de este tema a otro responsable. Ha respondido. Si
no es del gusto de algunos señores de esta Comisión ese será otro
problema y tendrán los mecanismos suficientes para decirlo en el
turno que luego tienen y no interrumpir las comparecencias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, realmente en el caso que nos ocupa hay
un fallo, que yo reconozco después de escuchar al señor Sevilla, pero
será de la propia Mesa y portavoces, porque tal vez debíamos haber
planteado en su momento que era preferible cambiar la comparecencia
para que viniera el responsable de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo. En cualquier caso, el señor secretario de Estado
ha dado su opinión, ha contestado. Aalgún grupo le podrá parecer que
ha sido acertada o no la respuesta, pero el señor secretario de
Estado ha respondido, y naturalmente esta Comisión tendrá la
posibilidad de tratar estos temas con el responsable y competente,
que es el señor secretario de Estado de Comercio y Turismo.
Continuamos con el punto número 3.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍAY DE LA
PEQUEÑAY MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Como saben SS.SS. el
precio del barril se ha más que triplicado desde febrero del año
pasado, llegando a superar los 35 dólares barril a comienzos de
septiembre pasado; en la actualidad cotiza, como saben SS.SS., en
torno a 32 dólares. En el momento presente los niveles de sotcks son
muy reducidos, haciendo que el mercado sea muy sensible a
determinados acontecimientos internacionales como, por ejemplo, las
tensiones en Oriente Medio. Aello se une la perspectiva de incremento
de la demanda, sobre todo de gasóleo para calefacción, a lo largo del
invierno en el hemisferio norte. Pasado el invierno, dada la menor
demanda, no sólo por la distinta estación del año, sino por la
desaceleración económica prevista en la economía internacional, cabe
pensar en una ligera caída del precio para situarlo en niveles más
cercanos a la banda del objetivo 22-28 dólares que se había marcado
la OPEP.
El impacto del encarecimiento del petróleo sobre el mundo
desarrollado es sensible, sin duda ninguna, pero menor que en el
pasado por los siguientes motivos: los
niveles de precios en términos reales están por debajo de los
alcanzados en choques anteriores; las economías de la OCDE son ahora
menos dependientes del petróleo de lo que lo eran hace veinticinco
años y las economías del mundo desarrollado están ahora más saneadas,
con menor inflación y menores déficit públicos, y son más flexibles
que hace veinticinco años.
Según estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y
la OCDE se observa que el impacto sobre la producción y la inflación
es superior en Europa y Japón que en Estados Unidos. Según la OCDE
,por cada 8 dólares de incremento del precio del barril mantenido
durante un año el impacto sobre la producción en Estados Unidos es de
3 décimas y en la Unión Europea de 6 décimas. En términos de
inflación el impacto en Estados Unidos es de 4 décimas y en la Unión
Europea de 7 décimas. Las experiencias del pasado nos enseñan cuáles
son las adecuadas respuestas de política económica para hacer frente
a un choque de oferta negativo. Es necesario otorgar un signo
restrictivo a las políticas de demanda, monetaria y fiscal, para
suprimir el exceso de demanda resultante de la caída de renta real
del país importador de crudo.
En el área micro hay que avanzar en el incremento de la competencia y
en la flexibilidad de los mercados de productos y de factores, con
ello se consigue que los ajustes necesarios ante la transferencia de
renta de los países importadores hacia los exportadores de petróleo
se realice vía precios y no a través de menor producción y empleo. En
este último sentido conviene insistir en la equivocación de compensar
la subida del precio del crudo con una bajada de los impuestos, con
ello se elimina la información de los precios y, pese al
encarecimiento de un determinado producto se evita la lógica
disminución de su consumo. Además, esta compensación incrementa la
transferencia de renta hacia los países productores, puesto que con
precios más elevados se mantiene la demanda. Naturalmente es muy
complicado, porque hay que hacer muchas y muy diferentes hipótesis
sobre cuál es exactamente el impacto sobre la inflación y sobre el
crecimiento que tiene la elevación de los precios del petróleo. Como
saben SS.SS., la elevación de los precios del petróleo significa que
tenemos que transferir más rentas al exterior por el mismo producto,
es decir, que disponemos de menos rentas para otros bienes si no se
quiere disminuir la demanda de ese bien, o, si se disminuye la
demanda de ese bien, quedarán más rentas para otros bienes. En
cualquier caso, y globalmente, tenemos en España, en el conjunto de
un año, aproximadamente algo más de un billón de pesetas menos para
asignar a otros bienes y servicios, porque por la misma cantidad de
bien son mayores las transferencias que tenemos que hacer a los
países exportadores de petróleo.
Lógicamente, se ve el impacto que está teniendo la subida de los
precios del petróleo, tanto el impacto directo en el IPC como el
impacto que tiene sobre otros
sectores productivos, porque luego, en la medida en que haya mayor o
menor competencia en el mercado, se podrá trasladar al consumidor
final ese mayor aumento de los costes de la energía.
En cuanto al producto interior bruto, uno de los factores que
naturalmente explica el que se prevea una desaceleración del producto
interior bruto de un ritmo que va del 4,2 por ciento, que era la
velocidad de crucero del primer semestre del presente año, al 3,6 por
ciento para el año que viene, es que precisamente detrás de esa
desaceleración está también el fuerte aumento de los precios del
petróleo, sin que se pueda decir exactamente en qué partidas está
cuantificado el efecto. Ahí están los datos de la OCDE y del Fondo
Monetario Internacional, que no dejan de ser estimaciones y, por lo
que hemos podido observar, son estimaciones que fluctúan mucho según
los escenarios que se contemplen o según las hipótesis de partida, de
manera que de unas estimaciones a otras varía sustancialmente. Pero
qué duda cabe de que hay un efecto sobre ambas variables, tanto sobre
los precios como sobre el crecimiento. Ese efecto será más coyuntural
o más estructural a largo plazo en la medida en que se reaccione o no
correctamente ante esta situación coyuntural. Es decir, si como
consecuencia del aumento de los precios de la energía, en particular
del petróleo, y del consiguiente empeoramiento de las rentas
disponibles en el país, o sea, empobrecimiento, se pretende cargar
sobre otros ciudadanos este empobrecimiento relativo y no se tiene en
cuenta este factor a la hora, por ejemplo, de la negociación
colectiva o en las transacciones entre clientes y proveedores,
estaríamos en una situación mucho más delicada, porque estaríamos
consolidando una inflación creada coyunturalmente desde un punto de
vista estructural y los efectos sobre la inflación, sobre la pérdida
de competitividad, sobre el empleo, en definitiva, sobre el
crecimiento económico a medio y largo plazo serían mucho más
importantes.
Esto es lo que quería decir, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la intervención de los grupos
parlamentarios en relación a la comparecencia que, en su primera
parte, está realizando el secretario de Estado de Economía, de la
Energía y de la pequeña y mediana empresa.
En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señor Folgado.
No puedo por menos que empezar diciéndole que, como profesor que
usted es, debería saber que la época en la que el profesor llegaba a
clase y leía el libro de texto ha pasado, porque buena parte de su
intervención figura en el informe que nos ha remitido. Creo que debe
partir de la idea de que los diputados sabemos leer y
que nos podíamos haber ahorrado escucharlo, salvo que quisiera hacer
una versión audiovisual del informe de coyuntura económica.
Podríamos entrar en la discusión técnica respecto a la situación de
la economía y, más que las previsiones, la coherencia o no entre
alguna de las previsiones. No acabo de ver cómo se puede sostener que
la aportación negativa del sector exterior va a ser menor el año que
viene cuando simultáneamente se prevé una ralentización del
crecimiento mundial y por tanto del comercio mundial; tampoco acabo
de ver la compatibilidad que hay entre la inflación medida como
deflactor del PIB y la inflación medida como IPC. Pero honestamente
le digo que no es eso lo que más me preocupa hoy aquí, no es eso lo
que creo que debamos discutir en el Parlamento.
Lo que creo que debemos discutir es una cosa que me preocupa mucho, y
es que empiezo a percibir una diferencia importante entre la España
oficial y la España real, entre el mundo en el que los responsables
políticos de mi país siguen viviendo y lo que los ciudadanos nos
encontramos leyendo la prensa: «La tasa de ahorro de las familias ha
caído casi cuatro puntos desde 1995 y este año se situará en un
mínimo histórico». «La confianza en la economía se desploma». «La
desconfianza del consumidor». «En España los indicadores de consumo
privado pierden fuerza». «Fuerte aumento del riesgo de una espiral de
precios y salarios». «España se sitúa a la cabeza de la UE en la
subida de las gasolinas». «La nueva subida de las gasolinas desata
las protestas». «Los operadores aumentan sus críticas al Gobierno por
los precios telefónicos». Hay presentadas demandas ante el Tribunal
de Defensa de la Competencia por parte de los operadores
independientes del sector petrolífero porque entienden que las
grandes operadoras, en connivencia con el Gobierno, están
dificultando la competencia. Los sindicatos se quejan de pérdidas de
poder adquisitivo por desviaciones persistentes en la inflación. Y
usted no ha hablado de casi nada de esto. Quiero creer que lo hará
como respuesta a mi intervención y no porque no le preocupe, porque
en ese caso sí que mi preocupación aumentaría.
El problema básico creo que radica en que ustedes se han quedado sin
modelo de política económica. Si en el programa de estabilidad
descubrieron el motor que funciona con agua, descubrieron un supuesto
modelo de crecimiento casi indefinido y sin inflación, basado en una
presunción de que, a diferencia de lo que había ocurrido en otros
ciclos expansivos de la economía española, que los ha habido, el
consumo privado iba a crecer menos que la economía en su conjunto.
Esa era la base esencial de su llamado modelo de crecimiento
económico. Bueno, eso no se ha dado. Se ha dado todo lo contrario y
estamos en una situación en la cual, a nivel comparativo con otros
ciclos de crecimiento, volvemos a tener tensiones inflacionistas y
déficit exteriores, como ha sido tradicional en cualquier
fase expansiva de la economía española. Y lo que me parece más
preocupante es que se ha cambiado el signo de lo que hace unos años
era una reducción del diferencial de inflación con la media europea y
un aumento del diferencial de crecimiento con la media europea, y
creo que en los últimos meses, sobre todo en las perspectivas para el
año que viene, caminamos hacia una situación inversa: un mayor
incremento en el diferencial de inflación y una reducción en el
diferencial de crecimiento.
Esa es una situación nueva ante la que mi impresión es que no saben
muy bien qué hacer. Van un poco a la deriva, a la que salta y, desde
luego, por detrás de los acontecimientos. Parece que no les preocupa
la baja productividad de la economía española, creo que este es uno
de los elementos, de los rasgos distintivos que más debería preocupar
a un responsable de política económica, más allá de la discusión o
del debate sobre cómo se mide y hasta qué punto está bien o no
medida. Lo cierto es que si algo caracteriza a eso que se ha dado en
llamar nueva economía, en cualquier caso, al modelo de funcionamiento
en Estados Unidos, es que se ha sido capaz de incrementar
sustancialmente la productividad del sistema económico, y ese es un
termómetro que permite saber la medida en la cual se ha extendido
y ha penetrado en el tejido industrial y en el tejido productivo del
país, lo que se ha dado en llamar la nueva sociedad de la información
y, por tanto, indirectamente permite medir cuáles son los esfuerzos
que las políticas económicas de los gobiernos respectivos están
haciendo para mejorar la formación en capital humano, para mejorar
las infraesctructuras, la investigación y el desarrollo, en general,
para mejorar lo que está siendo, según todo el mundo, la base
fundamental del crecimiento en estos momentos, lo que se llama la
economía del conocimiento.
Si la productividad la tomamos en el sentido de termómetro que mide
hasta qué punto las sociedades están incorporándose o no las
sociedades del conocimiento y hasta qué punto las políticas
económicas de los gobiernos lo están facilitando o no, hay que darles
un cero, porque es evidente que no sólo tenemos una baja
productividad en relación con Estados Unidos, sino que la que tenemos
es de las más bajas dentro de la Unión Europea, y eso significaría
que aquí, a diferencia de lo que se hace en Estados Unidos o en otros
países de la Unión Europea, no se están haciendo aquellas cosas que
pueden mejorar la productividad, insisto, como termómetro que mide el
nivel de implantación y de desarrollo de la sociedad del conocimiento
de la nueva economía.
No voy a hablar del cómputo o no de fragatas en I+D y este tipo de
contabilidades creativas que ustedes hacen; tampoco voy a hablar de
los programas presupuestarios en infraestructuras que no se cumplen y
tampoco voy a hablar de la escasa preocupación presupuestaria
respecto a la mejora de la formación y no ya sólo
de la educación. Pero todo eso está detrás del dato de la baja
productividad de la economía española, más allá de los cambios
metodológicos que haya introducido el INE a la hora de calcular la
población o a la hora de calcular el propio producto. Por cierto,
¿por qué cambia tanto el INE cuando pasa a definitivo lo que era
provisional? ¿Lo hacen mal? Porque las desviaciones que se están
produciendo entre los datos definitivos y los provisionales desde
luego siempre han existido, pero no con la profusión y con la
importancia que se están produciendo últimamente. No sé si es un
problema de peor funcionamiento del Instituto pero, en cualquier
caso, merecería alguna reflexión al respecto.
No les preocupa tampoco la inflación. Durante muchos meses, lo hemos
estado viviendo en esta Cámara y en declaraciones públicas, ustedes
han hecho una operación política que era apuntarse la bajada de la
inflación como mérito de su política económica y, en el momento en
que la situación se ha invertido, en el momento en que la inflación
ha repuntado, la culpa ha sido de otros, primero de la subida de
precios del petróleo (que sin duda influye, no seré yo quien lo
niegue) y, de una manera más discutible y más curiosa, la culpa
también es del Banco Central Europeo, que al parecer hace una
política monetaria que no es de su agrado. Pero nunca es suya, parece
que esta inflación subyacente del 2,7 por ciento no tiene nada que
ver con las políticas económicas del Gobierno y tampoco les preocupa,
que es lo que a mí más me preocupa. Su falta de preocupación al
respecto es lo que más preocupa, porque si yo les viera conscientes
del problema que esto entraña, más allá de las palabras, esperaría
que hicieran algo para corregirlo. Si las declaraciones que recibimos
son que esto es algo pasajero, que es una nube de verano y que todo
lo que sube baja y que todo lo que baja sube y que sólo es un
problema de esperar, entonces no se tienen por qué ver forzados a
adoptar medidas para combatir, compensar o reducir la elevada tasa de
inflación que, sin duda, tiene efectos macroeconómicos muy conocidos
sobre la competitividad de la economía española. En el último informe
del World Economic Forum, que ustedes en la oposición utilizaban
mucho, España ha perdido puestos en el ranking de competitividad de
los países europeos, pero tiene también mucho que ver con las
pérdidas de poder adquisitivo que se están produciendo y no ya en los
funcionarios, que también, sino en general en el conjunto de los
trabajadores, que ven cómo sus pactos salariales quedan superados
normalmente por los resultados de la inflación y no por las
previsiones.
Hablando de previsiones, ustedes han cometido un ejercicio de grave
irresponsabilidad política con la previsión de inflación para el año
que viene. Yo creo que todos los gobiernos tienen que fijarse
objetivos ambiciosos de inflación, pero objetivos que han de ser
creíbles, porque, si no son creíbles, no son puntos de referencia
a la hora de la negociación colectiva. Y ustedes
han fijado un objetivo de inflación del 2 por ciento para el año que
viene que, desgraciadamente, nadie se cree, en mi opinión ni ustedes.
Esto hace que, en un momento en el cual continuar con el proceso de
moderación salarial es esencial para la economía española en el
contexto del euro, el Gobierno haya abandonado su responsabilidad
a la hora de contribuir a esta moderación salarial, por una parte, con
políticas antiinflacionistas y, por otra parte, con fijación de
objetivos de inflación ambiciosos pero creíbles y que haya descargado
sobre las espaldas de los interlocutores sociales toda la
responsabilidad respecto a la moderación salarial, mientras él se
lava las manos, y se limita simplemente a hacer recomendaciones de
que, por favor, sean buenos y, a pesar de que yo no haga nada para
ello, hagan ustedes lo que el país necesita. Creo que este es un
serio ejercicio de irresponsabilidad política, porque el argumento de
que no se puede fijar otro objetivo más que el 2 por ciento no sé de
dónde lo sacan. Es evidente que el Banco Central Europeo fija el 2
como promedio de la zona euro, pero todo el mundo sabe que promedio
quiere decir que habrá unos por encima y otros por debajo. No
encuentro ninguna razón lógica por la cuál no se pueda fijar un
objetivo de inflación para el año que viene ambicioso pero creíble y
que, por tanto, facilite la negociación colectiva en unos términos de
moderación salarial que, insisto, me sigue pareciendo muy importante.
Tampoco les preocupa la baja tasa de ahorro, lo cual es curioso,
porque hicieron una reforma del IRPF para fomentar el ahorro y desde
que han hecho esta reforma el ahorro de las familias en España no ha
hecho más que caer. Alguna explicación deberíamos tener, no sé si por
su anterior faceta o no, de cómo es posible que se haga una reforma
fiscal para fomentar el ahorro y el resultado sea que se fomenta el
consumo y que el ahorro cae: o se engañó con la propaganda o se hizo
mal la reforma fiscal desde ese punto de vista. Si dejamos que la
tasa de ahorro sea una variable independiente, volvemos otra vez a
encontrarnos con un Gobierno al que las cosas le van como le van, si
van bien es gracias a él y si van mal es culpa del destino. Ahora la
tasa de ahorro parece que no tiene nada que ver tampoco con la
política ni general ni concreta del Gobierno, y lo más que podemos
pensar es que, como ya está tan baja no puede hacer más que subir;
muy bien, pero ¿qué van a hacer ustedes para que suba? si es que de
verdad les preocupa el tema, que supongo que sí.
Antes he mencionado lo de la inflación y los asuntos ausentes, o que
a mí me hubiera gustado tratar hoy aquí, vinculándolo con el proceso
de negociación social que se está produciendo en España, donde yo
detecto, por mis propias conversaciones con quienes participan en ese
proceso, una gran voluntad de llegar a acuerdos, detecto una gran
sensatez por parte de todos los interlocutores y detecto una política
de bandazos por parte del Gobierno. Hay días en los que se dice que
son los interlocutores sociales los que tienen que llegar a acuerdos
en los temas esenciales y al día siguiente aparecen ministros
planteando chantajes, como que si no se aceptan determinadas rebajas
en el coste del despido entonces los complementos a mínimos los
consideraremos como contributivos y no financiables con cargo a los
impuestos generales del país; hay días en los que parece que la cosa
debe respetar los ritmos que marquen los interlocutores sociales y al
día siguiente oíamos declaraciones del presidente del Gobierno
diciendo que si en un plazo muy breve no se llega a un acuerdo, en el
sentido que él dice que tiene que ir ese acuerdo, entonces se tomarán
medidas.
La situación es lo suficientemente delicada como para que todos,
incluido el Gobierno, tengamos una alta dosis de prudencia en este
asunto.
Cuantas menos declaraciones y menos interferencias hagan ustedes, mi
impresión es que mejor saldrá el resultado de la negociación en
general, tanto en lo que tiene que ver con los aspectos más
directamente vinculados a la negociación salarial como en lo que
tiene que ver con la reforma eventual del mercado laboral o incluso
con la reforma de la negociación colectiva. Mostrar ahí por parte del
Gobierno nerviosismo creo que es malo y ustedes hasta ahora han
demostrado mucho nerviosismo y además en situaciones a veces, desde
mi punto de vista, inaceptables, porque para cualquier lector de
algunas de las declaraciones que se han hecho lo que se estaba
planteando era un claro chantaje a los sindicatos y no pienso que ni
los sindicatos españoles ni este país se merezcan que el Gobierno les
chantajee en temas tan sensibles.Por cierto, ¿usted considera que los
complementos a mínimos son contributivos o no contributivos o no
sabe, no contesta?
Una de las cosas que ha mencionado y que venía en una entrevista este
fin de semana con el vicepresidente Rato es que el Gobierno es
partidario de un euro fuerte. Me parece bien, pero ¿qué hacen para
ello? Algo más que ser meros espectadores o analistas son en el tema
del euro. Y creo que de las muchas discusiones que se puedan tener en
torno a la debilidad relativa o fortaleza relativa del euro respecto
al dólar o del dólar respecto al euro hay algunas cosas en las que
casi todos los analistas están de acuerdo: por una parte, hay dos
elementos que contribuyen, entre otros, a explicar la debilidad del
euro, que son las tensiones inflacionistas que vuelven a resurgir en
Europa y las perspectivas de la economía europea, consideradas peores
que las perspectivas de la economía americana, con razón o sin ella,
pero consideradas peores. A lo primero España contribuye de una
manera decisiva, es decir, estamos a la cabeza de los países de la
zona euro en cuanto a crecimiento de precios y, por lo tanto, alguna
responsabilidad tenemos respecto a que la mayor inflación de la zona
euro pueda afectar negativamente a la cotización de la moneda.
Respecto a lo segundo, y engarzo con el principio de mi intervención,
si las medidas de avance de la
productividad reflejan, como yo creo que deben hacerlo, que se están
haciendo las cosas bien de cara al futuro, el hecho de que también
ahí nosotros contribuyamos de manera decisiva por nuestra baja tasa
de crecimiento en la productividad, a la baja productividad en
general de la zona euro, nos hace también especialmente responsables
indirectamente de la baja cotización del euro. Por lo tanto, pienso
que algo más que declaraciones de principios respecto a que se es o
no partidario de un euro fuerte y algo más que una actitud imparcial
de analista debería tener el Gobierno a la hora de decir qué va a
hacer él para evitar la situación de debilidad del euro, si es cierto
que es partidario de un euro fuerte.
Vamos al petróleo, que es la otra de las comparecencias. Aquí yo
entiendo que el debate es bastante claro. Todos hemos estudiado en
los libros de economía (los que hemos estudiado economía) que cuando
se produce un alza de un bien, en este caso del petróleo, se produce
una transferencia de renta de unos países a otros. Perfecto. Yo
quiero profundizar un poquito más. Yo creo que la transferencia de
rentas no se produce de unos países a otros, sino de los que no
tienen petróleo a los que lo tienen, que no siempre coincide
exactamente con los países. De la subida de precios del petróleo no
siempre se benefician los países donde hay pozos de petróleo, se
benefician quienes son dueños de los pozos de petróleo, que no son
normalmente sus ciudadanos. Si lo planteamos en los términos de que
la transferencia se produce entre quienes tienen petróleo y quienes
no lo tienen, la cosa cambia porque ya no es un problema de país y
país, sino que dentro de algunos países como España hay quien tiene
petróleo y quien se está beneficiando de la subida de precios del
petróleo y obviamente me refiero a las compañías petrolíferas
españolas que tienen pozos de petróleo. Pero hay una cosa que sí que
es cierta en todos los casos y es que el Estado siempre se beneficia
de la subida de precios del petróleo, siempre a través de la mayor
recaudación, fundamentalmente por el IVA, tal y como está montado el
sistema de que el IVA se aplica sobre el precio final, entendiendo
que el precio final incluye los impuestos especiales. Por lo tanto,
el panorama es muy distinto en el interior de un país. Colectivamente
perderemos ese billón o billón y medio de pesetas en que usted ha
estimado el coste, pero el reparto de ese coste es muy distinto: hay
dos ganadores, que son las compañías petrolíferas que tienen pozos y
el Estado, y un perdedor, que es la inmensa mayoría de los
ciudadanos, que no tiene petróleo. Por consiguiente, se podría
plantear el reparto más solidario de ese coste en el interior del
país, haciendo que las compañías petrolíferas contribuyeran algo a
financiar ese coste y que el Estado contribuyera también algo a
financiar ese coste, sobre todo en un contexto en el que -y yo estoy
de acuerdo- en general la economía española y occidental está mejor
preparada que otras veces para hacer frente a este shock
petrolífero. Ese argumento, desde mi punto de vista, lo que hace es
darle mayor validez a la petición de que el reparto interno de costes
se haga de una manera más equitativa. Por cierto, ¿ha habido pacto de
colaboración con las compañías petrolíferas para que nos trasladaran
a precios todo lo que deberían trasladar? Porque sí que me gustaría
qsue hubiera aclaraciones al respecto. Si no lo ha habido, dígase y
en ese caso tendríamos que analizar las quejas que hay por parte de
los operadores independientes respecto a que se está haciendo dumping
en el sector; y si ha habido ese pacto de colaboración entre el
Gobierno y las compañías petrolíferas, exijo que se nos expliquen los
términos del pacto, a cambio de qué se le ha pedido a las compañías
petrolíferas que no trasladaran íntegramente los precios o que no los
trasladaran en los momentos que políticamente al Gobierno no le
parecían adecuados, si es que ello ha ocurrido.
Usted dice que no se pueden tocar los impuestos especiales de
hidrocarburos o el IVA que grava el hidrocarburo. Y yo pregunto ¿por
qué? Es decir, por qué tenemos el fetiche de que en política
económica en situaciones graves se puede tocar todo, se puede tocar
incluso en situaciones excepcionalmente graves hasta la revisión de
las pensiones y, sin embargo, el único elemento intocable de todo el
edificio de política económica de un país son los impuestos de
hidrocarburos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tocar el IRPF, por qué
podemos tocar el impuesto de sociedades, por qué podemos tocarlo todo
menos eso? Está el argumento de la traslación, y también me lo
conozco. Pero estamos hablando de trasladar los precios, los precios
antes de impuestos. Nadie está pidiendo que se subvencionen los
precios antes de impuestos, como, por cierto, sí que se hizo a
mediados de los setenta y así nos fue. Nadie está pidiendo eso. Lo
que se está pidiendo es que el Estado deje de ser beneficiario de la
subida de precios del petróleo y contribuya solidariamente a pagar el
mayor coste que por factura energética tenemos que pagar como país.
Hay muchas maneras de hacerlo, algunas muy alambicadas, algunas de
ellas han llegado a ser firmadas por algunas organizaciones, aunque
todavía no las han visto ni plasmadas ni muchos de ellos consideran
que sean ya adecuadas después de las últimas subidas de precios, pero
yo no veo ninguna razón teórica ni me atrevería a decir política de
por qué no nos podemos plantear una contribución del Estado a la
financiación de ese mayor coste de la factura energética a través de
una rebaja del impuesto de hidrocarburos e incluso una rebaja
temporal del IVA. Algún miembro de su grupo ha hablado de los
impuestos acordeón. Es cierto, no veo por qué los impuestos no pueden
ser acordeón, no veo por qué no pueden formar parte de los
estabilizadores automáticos. En ese sentido, comparto plenamente la
opinión de la comisaria Loyola de Palacio cuando sugería que los
países de la Unión Europea tenían que plantearse que el IVA que
grava los productos petrolíferos debería ser un IVA acordeón, debería
ser un IVA que dosificara su gravamen en razón de cómo evolucionaran
los precios del petróleo. Y sobre eso tampoco, más allá de posiciones
que no por mucho reiterarlas se convierten en ciertas, he encontrado
respuestas y sí que me gustaría tenerlas.
Vuelvo un poco, por ir finalizando, al principio, a lo que de verdad
me preocupa, más allá, insisto, de la décima arriba, la décima debajo
de la inflación, del consumo privado o de la aportación del sector
exterior. Se ha producido un cambio en el clima y en las expectativas
de los agentes económicos en España, nos guste o no nos guste, esté
justicado o no esté justificado, y como esos cambios de expectativas
acaban incidiendo sobre el comportamiento y sobre las decisiones que
adoptan los operadores, creo que, efectivamente, vamos hacia una
situación que no sé si está muy bien descrita o no pero sobre la que
el vicepresidente Rato decía que vienen tiempos menos buenos pero no
peores. No sé qué quiere decir menos buenos pero no peores, pero, en
cualquier caso, me quedo con la primera parte, vienen tiempos menos
buenos. Mi pregunta es: ¿qué hace el Gobierno? No somos fedatarios de
la actividad económica, no somos simples analistas de coyuntura
económica, no somos simples descriptores de lo ocurre, sino que
algunos tienen responsabilidades para actuar sobre la situación y
otros aspiramos a tenerlas. Ahí es donde yo veo que radica el
principal fallo. Si uno empieza por no acabar de reconocer la
situación y dice que vienen tiempos menos buenos pero no peores...;
si es menos bueno es peor, sin necesidad de que eso sea un drama. Si
el año que viene, en la peor de las perspectivas, la economía crece
-insisto, en la peor de las perspectivas- el 3 por ciento, es un
crecimiento razonable pero, desde luego, es inferior al de este año
y, por supuesto, al que necesitamos para alcanzar la media de la
Unión Europea, incluso en los términos restrictivos de convergencia
real que ustedes barajan, que es simplemente la renta per cápita. Mi
pregunta es: ¿qué hacen, cuáles son los planteamientos que ofrecen
para corregir la inflación, para mejorar la productividad, para
contribuir a un reparto más equitativo del coste de la factura
energética, para que mejore el ahorro de las familias españolas, para
que mejore la confianza de los consumidores y de los inversores? Mi
preocupación es que difícilmente van a hacer algo si no son
conscientes de que el problema existe. Hasta ahora lo que ustedes han
venido diciendo es que no existe un problema de inflación, que no
existe un problema de productividad, que simplemente hay una
situación coyuntural que se despejará en breve. En esa falta de
sintonía entre su discurso y la percepción mayoritaria no ya de los
analistas económicos, no ya desde luego de mi grupo parlamentario,
sino incluso de los ciudadanos que empiezan ya a reflejar a través de
las encuestas que sus perspectivas están empeorando, en esa falta de
sintonía entre ese discurso oficial y el discurso real
es donde yo sitúo mi principal preocupación porque si ustedes ni tan
siquiera son conscientes de que hay un problema, difícilmente serán
capaces de ofrecer una solución al mismo con independencia de que
luego estemos o no de acuerdo con la solución que ofrezcan. Por lo
tanto, no les vendría mal una cierta dosis de humildad a la hora de
reconocer que no todo lo que hacen está bien y una cierta dosis de
escucha, no sólo de lo que quieren oír sino incluso aquello que no
quieren oír. Si eso ocurre se darán cuenta de que muchas de las
decisiones que han adoptado hasta ahora han sido equivocadas;
decisiones que tienen que ver con la mal llamada defensa de la
competencia. Honestamente pienso que ustedes, no creen en la
competencia y desde luego no creen en los órganos independientes de
defensa de la competencia. Es un tema que está muy en boga por
asuntos muy importantes vinculados al sector eléctrico como la fusión
de Endesa e Iberdrola, pero que afecta a otras muchas cosas. El otro
día leí que también tienen sobre su mesa el expediente de fusión de
dos compañías de cerveza. Yo me preguntaba: ¿qué tiene que ver el
Gobierno de una España en el año 2000 decidiendo si dos compañías de
cervezas se fusionan o no y en qué condiciones? Eso quiere decir que
ustedes han incrementado muchísimo el intervencionismo del Gobierno
sobre la economía, que han debilitado los organismos independientes,
que son quienes en otros países juzgan la conveniencia o no y las
condiciones o no que deben de tener determinadas operaciones
empresariales, que, por otro lado, deben de ser libremente decididas
por esas propias empresas. Es un poco chocante cuando uno lee en la
prensa -no siempre uno se la tiene que creer, pero tampoco tiene que
estar permanentemente engañada- que determinadas operaciones, antes
de presentarse, tienen que contar o no con el visto bueno del
Gobierno. Ese es un mal diseño institucional, un mal diseño de
política económica, un mal diseño de política de la competencia e
incluso me atrevo a decir que ese es un mal diseño en términos
democráticos porque ahí el Gobierno se está arrogando una serie de
responsabilidades ante las que no rinde cuentas a nadie y uno siempre
sospecha, igual que con el pacto o no de colaboración con las
compañías petrolíferas, que será siempre a cambio de algo o, por lo
menos, ese riesgo existe. Por tanto, le pido, señor Folgado, que sean
conscientes del clima que existe tanto en lo público como en lo
privado y que asuman que no son simples espectadores que se apuntan
las cosas buenas del ciclo mientras que cuando las cosas van menos
bien -en términos del señor Rato- es culpa de otros o ustedes no
tienen nada que hacer nada más que ser simplemente notarios del hecho
a través de sus intervenciones aquí; le pido que actúen de verdad, en
el sentido que a veces dicen pero no hacen, preocupándose y
anteponiendo el bienestar de los ciudadanos al farragoso proceso de
reordenación y fortalecimiento de los operadores dominantes en cada
uno de los sectores que
parece que es lo que les ocupa la mayor parte de su tiempo.
El señor PRESIDENTE: Van a intervenir todos los grupos. En primer
lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROLI MUNTÉ: Antes que nada quiero agradecer al señor
secretario de Estado su comparencia en esta Comisión para el informe
sobre la evolución del último cuatrimestre de la economía española y
también para atender a una solicitud de comparecencia presentada por
mi grupo parlamentario respecto de la incidencia en la economía
española de la evolución del precio del crudo y el impacto en las
magnitudes económicas fundamentales.
Respecto de la primera parte de su intervención, voy a ser muy
rápido. Es conocida por diversas intervenciones de mi grupo
parlamentario en el Pleno y en esta Comisión la valoración positiva
global que se hace por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) de la situación de la economía española y, por
tanto, constatamos plenamente la satisfacción que causan las cifras
que el secretario de Estado ha ido desgranando en su intervención
respecto a la creación de empleo o el crecimiento de la actividad
económica superior al 4 por ciento a finales del año 2000. No me
entretendré especialmente en esta primera parte, aunque luego volveré
sobre ella al final de mi intervención.
Mi grupo parlamentario había pedido su comparecencia para hablar del
impacto de la evolución del precio del crudo en la economía española.
Lo cierto es que el alza del precio del crudo ha sido realmente
intensa y hay una serie de cifras que así lo acreditan, como es el
hecho de que desde enero de 1999 hasta agosto del año 2000 se haya
registrado el incremento más agudo en la última década, exceptuando
quizá un preciso aumento en el otoño del año 1990. (El señor
vicepresidente, Eguiagaray Ucelay, ocupa la Presidencia.) Es verdad
que el punto de partida era especialmente bajo -11 dólares por
barril-. Pese a este punto de partida especialmente bajo, esta subida
desde enero de 1999 hasta agosto 2000 ha repercutido claramente en el
componente energético de los precios de importación, industriales
y finales. Desde enero de 1999 hasta agosto del año 2000 la cotización
media mensual del barril de crudo brent en dólares ha aumentado un
167,4 por ciento y la cotización media mensual del dólar además en
euros, lo ha hecho en un 28,3 por ciento. Esta superposición de
efectos dañinos para el precio del crudo en los mercados internos
españoles realmente se ha dejado sentir en la evolución de los
índices de precios al consumo. De hecho el aumento de la cotización
media mensual del barril brent en euros y, por tanto también en
pesetas, ha sido el 242,1 por ciento, un incremento
realmente significativo. Es verdad que en comparación con otros
países de la Unión Europea, España cuenta con unos precios de las
gasolinas y el gasóleo en pesetas inferiores a la media de los países
europeos, aunque también es cierto que medidos en términos de renta
nacional estas diferencias tienden a igualarse y a que ambas
magnitudes se sitúen en torno al 80 por ciento de la media europea.
Lo cierto es que esta concatenación de circunstancias ha dado lugar a
que desde enero de 1999 hasta agosto del año 2000 el IPC del precio
al consumo de la energía haya aumentado en un 21,5 por ciento,
habiéndose incrementado el IPC general en un 5,4 por ciento en este
mismo período, aunque también es cierto -hay que reconocerlo, usted
ha hecho referencia en su intervención-otros factores han incidido
fuertemente en la evolución del índice, fundamentalmente los precios
relativos al turismo y la hostelería. Ello ha repercutido, a su vez,
en un incremento del déficit comercial español, así, según datos del
Ministerio de Economía, el 62 por ciento del incremento del déficit
comercial en el primer semestre del año 2000, que fue de 3,3 billones
de pesetas, se debió esencialmente al déficit energético. El aumento
de las compras energéticas en este período fue del 173,2 por ciento,
mientras que la importación no energética aumentó tan solo en un 13,
9 por ciento. Las cifras son claramente reveladoras. Además, la tasa
de cobertura de las exportaciones respecto a las importaciones se ha
reducido al 65,3 por ciento desde el 68,7 por ciento del primer
semestre de 1999 y el 85,2 por ciento del mismo período en el año
1998. A esta evolución ha influido claramente la tradicional
y estructural fuerte dependencia petrolífera de España respecto del
exterior que alcanza en la actualidad un 98,4 por ciento.
La evolución del precio del crudo en el mercado internacional y la
evolución de la cotización del euro respecto del dólar -que
evoluciona desde la media de enero de 1999 en 1,16 dólares hasta los
0,8451 de cotización al cierre al día de ayer, aunque con un ligero
repunte como usted ha indicado en su intervención en los últimos días
de octubre- han incidido clarísimamente en la evolución de la
actividad económica española. Pese a este fuerte impacto que las
cifras que acabo de desgranar acreditan claramente, la situación
económica española sigue siendo satisfactoria y, por tanto, debemos
valorarla positivamente. Esta evolución de la cotización del euro
respecto del dólar y esta evolución del precio del crudo en los
mercados internacionales, pese a que en el contexto general de la
actividad española no enturbien la valoración positiva que a mi grupo
parlamentario le merece, indican que hay dos magnitudes que deben ser
objeto de análisis porque preocupan profundamente no solo a mi grupo,
sino a todo el arco parlamentario. Uno es la evolución respecto a la
inflación. No voy a incidir especialmente en este ámbito porque la
posición del Gobierno quedó claramente manifestada en el debate de
presupuestos que se llevó a
cabo la pasada semana en el Pleno del Congreso de los Diputados y mi
grupo parlamentario a través de su presidente y portavoz manifestó
las dudas que suscitaba el objetivo de inflación del 2 por ciento
para el año 2001. Sin embargo, la posición del Gobierno es clara, se
confía en este objetivo de inflación y no incidiremos en ello, aunque
cierto es que preocupa la posibilidad de conseguir este objetivo de
inflación. Pero no me remitiré especialmente a ello, porque, insisto,
fue objeto análisis detallado ya en el debate de enmiendas a la
totalidad del proyecto de presupuestos en el Pleno del Congreso de
los Diputados la pasada semana.
La segunda circunstancia a que quería hacer referencia es el impacto
de esta evolución del precio del crudo y de la incidencia de la
cotización euro-dólar en determinados sectores productivos que ha
sido objeto de análisis y debates en el Pleno de la Cámara en los
últimos meses de forma profusa, fundamentalmente en los sectores
agrícola, en los sectores de transporte por carretera de mercancías y
de personas y en el sector pesquero. Se aprobó un importante paquete
de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 10/2000, que fue
convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 19
de octubre con el voto favorable de mi grupo parlamentario, voto
favorable que, lógicamente, no podía ser de otra manera, habida
cuenta de que la estructura fundamental de estas medidas que se
aprobaron en el Real Decreto-ley 10/2000 era consecuencia también de
intensas negociaciones de miembros del Gobierno con los sectores
afectados. Esta estructura de medidas venía a coincidir,
fundamentalmente, con una moción consecuencia de interpelación
urgente que, presentada por mi grupo parlamentario y pactada con el
Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada de forma amplia en el Pleno
del Congreso de los Diputados. Recordemos, que estas medidas las
valoramos positivamente en el debate del 19 de octubre en el sentido
de que levantaban las limitaciones que tienen las cooperativas
agrarias para vender gasóleo B a los terceros no socios, el
incremento de la compensación en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca hasta el 8 por ciento, partiendo del 5
por ciento para explotaciones agrícolas forestales y del 7 por ciento
para explotaciones ganaderas o pesqueras y también las bonificaciones
en Seguridad Social para el régimen especial de trabajadores del mar.
También valoramos positivamente las dos nuevas deducciones del
impuesto sobre sociedades, aun cuando no formaran parte del contenido
de la moción, consecuencia de interpelación urgente que presentó el
Grupo Parlamentario Catalán.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Señor diputado, a
instancias de varios grupos y por voluntad de la Mesa, habíamos
pensado someter a su consideración la posibilidad de suspender por
unos minutos la celebración de la Comisión para que el que lo desee
pueda incorporarse a la expresión de silencio
que se hace fuera del edificio del Congreso. Si le parece oportuno,
continuará su intervención posteriormente, porque todavía le queda un
minuto.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, lo considero oportuno y
necesario.
El señor VICEPRESIDENTE: Si es así, suspendemos la Comisión en este
momento.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Reanudamos la sesión.
Señor Padrol, usted estaba en el uso de la palabra, así que tiene
derecho a volver a tomarla.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señor presidente. Además, ha
sido una interrupción absolutamente gustosa por el motivo de
solidaridad que nos movía a todos a observar este tiempo de silencio.
Antes de la interrupción, recordaba el contenido del Real Decreto-ley
10/2000 y también que mi grupo había presentado una iniciativa
parlamentaria, de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, para
tratar de impulsar medidas del estilo de las que, finalmente, se
adoptaron en el Real Decreto-ley 10/2000. Por ello, por nuestra parte
votamos la convalidación de este texto normativo el 19 de octubre.
Ahora bien, quiero formular una pregunta al secretario de Estado, que
es la siguiente. Si estamos en un contexto en el que recientemente se
han venido produciendo subidas (ayer tuvimos la constatación, a
través de los medios de comunicación y en los propios postes de
gasolina, de un nuevo incremento de precios de alguna compañía); si
además no ha llegado, como se dice coloquialmente, el frío de forma
rigurosa, con el incremento o el impulso de la demanda de productos
petrolíferos que ello conlleva; si además se anuncia (y han sido
noticias que hemos podido leer en distintos medios de comunicación,
incluso desde determinados ámbitos de la Administración pública) que
ante una hipotética bajada del precio del crudo en los mercados
internacionales, los operadores españoles tardarían en poder
repercutir esa bajada del precio del crudo, debido precisamente a ese
margen inexistente o en algunos casos -se afirma-negativo en lo que
es la específica distribución de carburantes en territorio español,
ante esta situación, es decir, ante este posible incremento de la
demanda con motivo de la estación invernal y ya que los márgenes
deteriorados de la distribución petrolífera (no de la producción, no
del refino, sino de la distribución) harían difícil que una
hipotética bajada del precio del crudo en el mercado internacional se
repercutiera con cierta celeridad en
los consumidores finales, a mi grupo le interesa conocer la posición
del Gobierno si esta situación persiste (y la cotización del barril
de petróleo en los mercados de futuro así lo parece indicar). ¿Cuál
sería el planteamiento del Gobierno? ¿Son las medidas del Real
Decreto-ley 10/2000 un punto final o se está trabajando, existen
conversaciones para tratar de dar respuesta a situaciones evolutivas
o incluso a aquellos ámbitos que no vieran satisfechas sus
pretensiones en virtud de la aprobación de este real decreto-ley? Es
una pregunta de difícil contestación, soy consciente de ello, puesto
que la hipótesis de la pregunta es una determinada evolución
económica que veremos si se produce, aunque bien es cierto que la
lógica parece apuntar a que esa evolución del precio del crudo se va
a producir. Por desgracia, hay determinados factores que así lo
apuntan; la propia evolución del precio en los mercados de futuro
también parecen indicarlo.
Una última pregunta sería cómo valora el Gobierno el mecanismo
automático de estabilización de precios que utiliza la OPEP. Si
durante 20 días consecutivos el precio del barril de petróleo está
por encima o por debajo de la horquilla de 22 a 28 dólares, ese
mecanismo automático de sustracción de 500.000 barriles diarios que
anunció el presidente en ejercicio del cartel, sr. Rodríguez,
ministro de Energía de Venezuela, entiende el Gobierno que puede
tener una incidencia positiva o simplemente es una sustracción poco
relevante desde el punto de vista del precio del barril de crudo en
una evolución de esta magnitud. El Gobierno español poco puede hacer
en la incidencia de este mecanismo automático de la OPEP, pero sí que
es interesante conocer su valoración. En cambio, la posición del
Gobierno es clave respecto de la primera de las preguntas que le hace
mi grupo parlamentario, como es su posición ante una más que, por
desgracia, insisto, previsible no reconducción del precio del crudo
en los mercados internacionales y, por tanto, en los mercados
internos.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, dado que esta es
mi primera intervención como portavoz de macroeconomía y energía en
esta Comisión quisiera decir, brevísimamente, en qué creo que deben o
pueden consistir estas intervenciones del grupo parlamentario que
apoya básicamente al Gobierno, aunque le apoyan otros más, en las
cuales no se debe reiterar lo ya dicho por el representante del
Gobierno, en este caso el secretario de Estado, sino quizá relacionar
la postura del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular con lo que
es la ideología o los programas del Partido Popular y, al mismo
tiempo, en cuanto a lo que otros grupos han dicho. Como es lógico,
las que sean respuestas directas del Gobierno es el representante del
Gobierno el que las tiene que dar, pero las que puedan ser elementos
de confrontación en el sentido más noble de la palabra entre grupos
parlamentarios las contestaré de hecho y también me referiré al
sustrato ideológico de otros grupos parlamentarios y su relación con
lo que aquí se ha dicho.
Refiriéndome a la economía en general, voy a centrarme sobre todo en
tres puntos, aunque luego haré una alusión muy breve a otros más, que
son la productividad, que ya ha sido aludido; otro tema que hoy,
curiosamente, no ha sido mencionado, que es la distribución de la
renta pero que sí se ha abordado en muchas intervenciones del Grupo
Parlamentario Socialista y el de la inflación, al que se le ha dado
bastante importancia.
En cuanto a la productividad, me produce alguna extrañeza la postura
del Grupo Parlamentario Socialista. Permítanme una pequeña ironía -es
parte del juego parlamentario-; yo no sé cuáles son los autores de
ese partido socialista libertario, pero hay un autor como Amartya
Sen, por ejemplo, que es catedrático de Harvard, premio Nobel, que
tiene un magnífico libro sobre elección de técnicas, y podría ser
interesante en estos momentos recordar algunos de sus puntos. Cuando
el Partido Popular llega al Gobierno hereda de ustedes, del Grupo
Parlamentario Socialista, un 24 por ciento de paro. En ese caso, lo
lógico es un desarrollo rápido y relativamente intensivo en trabajo
porque el trabajo es un factor no utilizado incluso en la cuarta
parte de la población activa, aparte de que la relación población
activa-población total sea baja. Es normal hacerlo así. En una
elección de técnicas de teoría de la política económica se dirá que
hay que hacerlo con ese enfoque. ¿Cuál sería el enfoque alternativo?
¿Decir que se mantuvieran solamente los empleados, que no creciera el
empleo ni cayera el paro y que montáramos un sistema muy de capital
intensivo? Si eso es lo que el PSOE defiende, que lo diga. ¿Eso
llevaría en este momento a medio millón de parados más? Pues que lo
diga tranquilamente, si es ese su modelo. Hablando de productividad,
hay que decir que en España la productividad por trabajador empleado
está a nivel de Europa. Sobre esto hace poco hemos sacado un trabajo
que mandaré gustoso al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
pero la productividad por trabajador empleado está a esos niveles. El
problema es si se quiere llevar a mucho más de esos niveles la
productividad por trabajador empleado, o si alternativamente lo que
se quiere es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, que es
montar un modelo en el que la rentas del trabajo han incrementado muy
rápido la economía. Lo ha hecho, en primer lugar, porque una masa de
parados, una cantidad muy importante de parados, han pasado a ser
empleados y además porque estos han mantenido e incluso mejorado la
capacidad adquisitiva de sus salarios, como explicaba con amplitud el
ministro Montoro
cuando hablábamos de presupuestos. Parece que este modelo es más
lógico ante la intensidad del paro recibido como recurso ocioso, y no
solamente desde el punto de vista económico sino desde el humano dado
el problema de que es una población marginal con muchos problemas
humanos y sociales; aumenta el bienestar general no solamente de la
economía sino también de la sociedad en sí el que se incorporen a la
actividad productiva. Se dice que puede haber otros modelos, como el
norteamericano. El modelo norteamericano se basa en un modelo de
pleno empleo. El pleno empleo tiene que crecer, es lógico, por
desarrollo del factor capital con relación a cada persona empleada.
La España de los sesenta, con un modelo muy distinto a la
Norteamerica de hoy, también creció con un modelo relativamente de
capital intensivo, pero si usted ha heredado un 24 por ciento de paro
lo lógico es que empiece por utilizar un modelo relativamente
intensivo en trabajo, cuando además la productividad por empleado es
ya la media de la productividad europea. Apesar de todo eso, que
parece no entenderse por las llamadas a la productividad por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, lo digo con el máximo respeto a
dicho grupo parlamentario, España está en una época que puede
llamarse de transición; simultáneamente tenemos que seguir
incrementando el empleo de manera importante. Es posible que el paro
al final de la próxima legislatura se coloque a la mitad de la
herencia que recibió el Partido Popular pero, aun así, tiene que
seguir aumentando el empleo. Pero, al mismo tiempo, hay que
desarrollar un modelo mixto, en el que se capitalice más por persona
empleada. Por ejemplo, la importancia del I+D, o la importancia de la
inversión pública dentro de los nuevos presupuestos, etcétera forman
parte de este modelo más mixto que busca también introducir las
nuevas tecnologías, sin duda, dentro del modelo de crecimiento y de
desarrollo español en la actualidad. Pero es lógico y ha sido muy
positivo el modelo existente tanto en términos económicos como
humanos y sociales. La disminución del paro en España ha sido un
elemento muy importante desde que el Partido Popular está en el
Gobierno.
Hoy, curiosamente, no ha habido referencias a la distribución de la
renta. No sé si el Grupo Parlamentario Socialista considera que es un
tema tan recurrente en sus intervenciones sobre que este tipo de
desarrollo no afectaba a los grupos de renta más baja que lo ha
olvidado, aunque lo volviera a decir en el discurso de presupuestos.
Pero, como no quisiera que este tema, por si vuelve a surgir, quedara
sin respuesta, haré brevísimamente algunos comentarios. El primero de
todos ellos es que, en una población en la que ha habido un fuerte
trasvase de parados a empleados, y muchos de los parados no son
personas de renta alta, en la que los empleados han mantenido o
mejorado su capacidad adquisitiva, en que los pensionistas han
mantenido su capacidad adquisitiva, parece que se han extendido a
amplias
masas de la población, sobre todo de la media hacia abajo, los
efectos del crecimiento económico. Además de ello, el presupuesto del
año 1995, cuando gobernaba el Partido Socialista, sin duda fue un
presupuesto social. El 50 por ciento del gasto público se dedicaba a
gasto social y en el presupuesto del año 2001 se dedica un 55 por
ciento. Por lo tanto, desde esa lealtad a la que a veces ha aludido
el nuevo secretario general del PSOE desde la oposición, que se
reconozcan estos datos, porque, aparte de eso, se aporta precisamente
a solidaridad por la forma de realizar el presupuesto. No quiero dar
muchos más datos al respecto, simplemente recordaré que por ejemplo
el umbral de la pobreza, definido como aquellas familias que tienen
la mitad de los ingresos medios familiares, ha disminuido de manera
importante desde 1995 hasta la actualidad, de forma que todos los
indicadores nos demuestran que este ha sido un tipo de distribución
en el que al mismo tiempo los grupos de renta baja fueron los que
experimentaron los efectos positivos de la misma. Voy a hacer un
último comentario al respecto. Comprendo que al Partido Socialista,
dada su tradición, no sé si libertaria o liberal, la distribución de
la renta le preocupe mucho. Es un tema muy polémico. En las últimas
estadísticas que acaba de sacar Julio Alcaide se refleja que en el
año 1974 el 10 por ciento de personas que más ganaban en España se
llevaban el 40 por ciento de la renta; en el año 1981 eso había
pasado al 29,2 y cuando el PSOE dejó el poder había pasado al 28,3.
Con el PSOE se hizo una redistribución en 13 años de un punto; se
hizo alguna, pero tampoco fue una redistribución intensa al respecto.
No obstante, aparte de lo ocurrido en el pasado, quiero destacar este
modelo de crecimiento español, en el cual los indicadores demuestran
que los grupos de rentas más bajas se han visto claramente
beneficiados por el tipo de crecimiento que se ha producido con el
Gobierno Popular.
Con respecto a la inflación, en primer lugar lo importante son los
diferenciales de inflación. Estamos en una zona monetaria. ¿Qué es lo
que más importa en el campo de la inflación? ¿Cuál es el diferencial
de inflación respecto a los países de la eurozona? Es obvio, porque
España ya no puede hacer lo que el Gobierno del Partido Socialista
hizo a principios de los noventa: devaluar cuatro veces frente al
marco y el franco; eso ahora no se puede hacer. Por tanto, lo primero
es eso. ¿Y cuáles son algunas cifras muy simples de inflación que sin
duda se han incrementado este año? A principios de año en la eurozona
estaba en el 1,7 y ahora está en el 2,8; en Estados Unidos estaba en
el 2,7 y ahora está en el 3,5; en España estaba en el 2,9 y ahora
está en el 3,7. España está en cifras cercanas a las norteamericanas
y el diferencial de inflación frente a la zona euro ha disminuido a
lo largo de este año. Por cierto, he oído de pasada que uno de los
problemas del euro es que la inflación en Estados Unidos crece más
que en Europa; al contrario. Por otra parte, otro de los
problemas de la inflación diferencial que está cortando respecto a la
zona que más nos interesa sería el de la competitividad en el sector
exterior, pues hemos visto como indicadores más importantes que la
aportación del sector exterior al PIB en el año 2001 va a mejorar
respecto al año 2000. Luego, hay otra serie de factores que llevan a
esta evolución de la competitividad exterior.
Los economistas somos muy malos prediciendo, pero lo normal en el
terreno de la inflación, si no ocurren acontecimientos inesperados en
un próximo futuro, es que disminuya durante el año que viene. Es
decir, la política monetaria más restrictiva de las autoridades
monetarias europeas tiene, como ustedes saben, desfases en el tiempo,
los cuales se notarán más a lo largo del año 2001. La política de
llevar el presupuesto al mal llamado déficit cero -es una
contradicción terminológica-, de conseguir un presupuesto
equilibrado, es en sí también desde la demanda un elemento
antiinflacionario. Yo no sé exactamente cómo se plasmaron sus
enmiendas, pero el discurso de su portavoz el otro día en el Congreso
parecía decir que ahora no debíamos llegar al déficit cero, sino que
debíamos posponerlo.
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Gámir. Como estamos con la
comparecencia de un secretario de Estado y no estamos debatiendo
sobre los presupuestos, aunque todo sin duda alguna se pueda
relacionar, me gustaría que no convirtiese su intervención en una
especie de réplica o de debate con el Grupo Socialista. Se trata de
la comparecencia del secretario de Estado. Yo no quiero ser
extraordinariamente rígido con esa interpretación, pero me temo que
el tono de su intervención está siendo el de un debate entre usted y
el portavoz del Grupo Socialista, pero no es lo que corresponde.
El señor GÁMIR CASARES: Sí, señor presidente. Este no es un debate de
presupuestos; simplemente, como el señor presidente sabe, porque es
conocedor de estos temas, las alternativas de la política fiscal son
muy importantes para el tema de la inflación y por eso aludía a ella
de pasada en este campo de las alternativas de uno y otro partido,
como también añadiré totalmente de pasada que los decretos-leyes
liberalizadores que desde la oferta afectan a la inflación fueron
votados en contra por el Grupo Parlamentario Socialista, viendo la
importancia que desde dicho grupo se ha dado al tema de la inflación.
Así pues, quiero destacar que lo normal es que la inflación descienda
a lo largo del año 2000. Como es lógico, la previsión europea de las
autoridades monetarias es la que hay que tomar como referencia dentro
de los países de la zona euro, que es la conocida por todos.
Voy a intervenir brevemente acerca de otros puntos. Se ha hablado de
un análisis de coyuntura quizá basado
en titulares de periódicos, dicho sea con el máximo respeto. Un
análisis de coyuntura serio nos llevaría a una ligera ralentización
del crecimiento, dentro de que es un importante crecimiento
diferencial con respecto a Europa. Como tal, nos encontramos con que
seguimos ganando en convergencia real, acercándonos en inflación
respecto a la zona del euro y, como antes he dicho, sobre el sector
exterior.
Se ha mencionado la cuestión del ahorro. El ahorro total es el ahorro
público más el ahorro privado entre otras cosas, aparte del ahorro
exterior. El ahorro público ha cambiado totalmente, ha pasado de
tener más desiete puntos de déficit a cero. Que el ahorro hiciera
disminuir una parte de mayor seguridad en los puestos de trabajo es
normal, es lo que tenía que ocurrir y lo que ha ocurrido en la
economía española.
Se ha comentado dentro de la situación económica general la
importancia del Tribunal de Defensa de la Competencia. Yo estoy de
acuerdo. Simplemente quiero recordar la Ley de 1989, que no parecía
establecer ninguna separación al respecto. A veces uno se pregunta
si, cuando el partido de uno está en el Gobierno, se quiere que el
Gobierno sea más fuerte y, cuando se está en el partido de la
oposición, uno quiere que ese Gobierno sea más débil, porque no se me
ocurre otra explicación recordando la ley de 1989 sobre el Tribunal
de Defensa de la Competencia. Y, al contrario, la importancia que
tiene ahora el Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia es
mucho mayor que la que tenía antes.
En este terreno se ha mencionado por el secretario de Estado el I+D+
I. No quiero repetir lo ya dicho en un Pleno. Solamente quiero
recordar la importancia de lo manifestado por el secretario de Estado
sobre este tema en la economía española. El I+D+I en investigación no
solamente se debe relacionar con el porcentaje de la renta nacional,
sino que también se debe relacionar dependiendo del grado de
desarrollo; es decir, se ve, y es estadísticamente significativo, que
a mayor grado de desarrollo más porcentaje de la renta nacional se
dedica a investigación y desarrollo. Pues bien, la virtud que tiene
el Plan de I+D+I al que ha hecho referencia el secretario de Estado
es que en el año 2003 España dedicará por primera vez en su historia
a I+D+I la cantidad que le corresponde a su grado de desarrollo en
ese momento, lo que fortalece de otra manera lo expresado en
porcentaje respecto a la renta nacional por parte del secretario de
Estado. Dicho sea de paso, en el caso de que hoy discutamos sobre las
energías renovables, sin duda el I+D+I es una materia prima
fundamental para dicho tema.
Paso a continuación a la otra comparecencia y con muchísima brevedad
voy a hablar acerca de los efectos de los precios del petróleo. Este
es sin duda un tema sobre el que se ha trabajado mucho. Cuando suben
los precios del petróleo nos encontramos con una gran cantidad de
análisis, como la de la década de los setenta,
un hecho que a algunos de nosotros nos tocó vivir intensamente. Se
produce un efecto de recesión, que es la demanda agregada, porque en
la función clásica de demanda agregada M en valor aumenta (M
importaciones) y por otra parte se produce un efecto precios, es
conocido el efecto recesivo inflacionario. Ese efecto será menor
dependiendo de cuál sea la política del Gobierno. Si lo que hace el
Gobierno es no mandar esos indicadores a los precios y rebajar los
impuestos, el efecto aumenta y aumenta porque, desde la demanda, la
elasticidad del precio lleva a que se consuma más energía. Desde la
oferta, las funciones son más energético- intensivas y, en
comparación, la cantidad de petróleo que hay que importar es mayor.
Con esa política nos volvemos más vulnerables y el efecto total es
más grande, como ocurría en la España de 1973, año en el que, por
cierto, en términos netos no hubo subsidios a los precios del
petróleo, sino que prácticamente cayó la renta del petróleo, como se
llamaba en aquel momento.
En este sentido se diferencian mucho las políticas de los gobiernos
de la democracia cuando uno ha estado en el Gobierno, pero que yo
ahora escucho al Partido Socialista. Tanto la UCD como el Partido
Socialista como ahora el Partido Popular en el Gobierno, cuando han
tenido un problema parecido -el Golfo Pérsico, la crisis de 1979-
1980, o la actual-, han repercutido en la subida de los precios del
petróleo, precisamente por una creencia en el juego de los precios
relativos. Ahora, desde la oposición, parece que el Partido
Socialista quiere bajar los impuestos. Yo no digo que el portavoz del
Partido Socialista haya ironizado, pero ha hecho algún comentario
sobre una expresión que yo alguna vez he utilizado sobre los derechos
acordeón. Los derechos acordeón -en los que alguna vez tuve que
trabajar, como sabe el presidente de esta Comisión, cuando trabajé en
temas de protección efectiva- se unen a los famosos prélèvements
agrarios, en los que uno tiene que fijar un precio interno y cambiar
el derecho según cambia el precio internacional. Esto es volver a la
fijación de precios internos. ¿El Partido Socialista quiere volver a
la fijación de precios internos? Porque los derechos acordeón suponen
volver a la fijación de precios máximos, de precios internos,
dejándolos fuera del mercado. Si quiere eso, dígalo. Si no, no
defienda los derechos acordeón, porque esa es la consecuencia lógica
de cuando había esta política agraria, que, como es lógico, era una
política de precios fijados, que va contra toda la política de
liberalización en el sector.
Lo que ha realizado el Partido Popular es algo mucho más positivo.
Creo que ha sido muy sugerente la intervención del representante de
Convergència i Unió en cuanto a la transferencia de rentas, no por la
vía de disminuir los impuestos de los hidrocarburos -que, dicho sea
de paso, el impuesto básico es un impuesto específico, lo único que
se devalora es el IVA-, sino por la vía de rentas directamente al
sector, con lo cual simultáneamente se consideraba que la
forma de transmitir esas rentas fuera un sistema que incrementaba la
competitividad de ese sector y que disminuía los problemas de
contaminación y medio ambiente, con lo cual se cubrían dos objetivos
de la política económica simultáneamente. Me parece bastante más
adecuado, desde cualquier punto de teoría de la política económica,
este enfoque que el enfoque alternativo de los derechos acordeón, que
parece que es ¿la novena postura del Grupo Parlamentario Socialista
entre las que les he venido oyendo a lo largo de los últimos meses?
¿Otra postura más? Lo que ustedes me digan. Yo conté cinco, tres más,
hoy derechos acordeón; estaríamos ante una novena postura un tanto
especial, dicho sea de paso.
En resumen, esto ayuda a otra serie de planes, como las energías
alternativas, en los cuales su gran problema son los precios
relativos. Yo acabaría hablando de dos puntos. En primer lugar, sobre
lo que hemos dicho hasta ahora, la situación económica se ha
ralentizado, pero estamos en una buena situación económica, en la
cual seguimos creciendo en un diferencial frente a Europa; el
diferencial de inflación está disminuyend;, estamos con el ajuste
fiscal adecuado, y hemos dicho lo que ocurre en la aportación del
sector exterior al PIB. En cuanto a los precios del petróleo, se ha
hecho la política más adecuada, que da la casualidad de que es
similar a la que hizo el PSOE en el Gobierno hace equis años, o a la
que hizo la UCD en la época de la democracia.
Permítaseme una última nota final, ya de cierre, sobre lo que había
comentado de la interrelación entre las posturas ideológicas y las
posturas que se defienden aquí. Yo he defendido que el Partido
Popular hace un crecimiento con solidaridad y que eso tiene que ver
con la postura ideológica del Partido Popular como partido de centro.
El crecimiento basado en la economía de mercado y con solidaridad
encaja muy bien en un partido de centro. Desde el punto de vista del
Partido Socialista, hay una definición cercana, a la que aludió muy
de pasada el ministro Montoro -y quiero referirme a ella en tres
palabras-, y era que el Partido Socialista se definía simultáneamente
como partido libertario. A mí esto del socialismo libertario me ha
parecido muy atractivo en el mundo de las ideas -las paradojas
siempre son atractivas-, porque la Real Academia de la Lengua, en el
Diccionario de la Lengua Española, define libertario como el que
defiende la supresión de todo gobierno y de toda ley; y socialismo,
entre otras cosas, como el sistema basado en la regulación por el
Estado de las actividades económicas. Regulación y Estado, y en el
otro termino, no puede haber ni ley o regulación ni gobierno. Las
paradojas a veces son atractivas, y yo creía que en este tipo de
debates, nada menos que sobre toda la política económica y
energética, se iba a realizar una magnífica y brillante disertación
sobre cómo se aplicaba lo del socialismo libertario
a la política económica y a la política energética. Hoy no ha sido,
estoy seguro de que otro día será.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍAY DE LA
PEQUEÑAY MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Quiero empezar
manifestando mi sorpresa porque el señor Sevilla comienza hablando de
la diferencia entre la España oficial y la España real, se crea una
especie de maniqueo yuxtaponiendo la España oficial y la España real;
basándose en unos titulares de prensa sobre si la confianza de los
consumidores españoles se desploma, la tasa de ahorro de las familias
está bajo mínimos o la subida de la gasolina en España está a la
cabeza de la Unión Europea. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) A mí me gustaría que, a la hora de hacer afirmaciones
de ese tenor con relación a que parece que son dos mundos distintos,
el mundo oficial y el mundo real, profundicemos un poco en los
propios datos -los tenemos todos- para ver de qué estamos hablando.
No entendería yo mucho una situación poco menos que catastrofista
sobre la base de unos datos que tenemos de más de 700.000
afiliaciones a la Seguridad Social el último año, que termina en
septiembre; de más de 500.000 nuevos empleos y de que incluso en
septiembre los créditos a las familias, a los hogares, estén
creciendo a ritmos del 17 por ciento. Yo a eso le llamaría confianza,
no una situación de semipánico, como parece que se quiere traslucir
de algunas manifestaciones. Incluso podíamos decir que los niveles de
desaceleración que se están produciendo son bastante menores de los
que esperábamos a comienzos de verano. Por eso en mi primera
intervención dije que este año se iba a cumplir con holgura el
crecimiento previsto antes del verano, antes de presentar los
presupuestos, del 4 por ciento.
Son datos oficiales de una España real que está funcionando sin duda
ninguna. Diría más. Nosotros hemos previsto una desaceleración en
determinadas variables, entre otras, la del empleo, como he dicho
antes, porque, a la luz de los datos que tenemos en la actualidad, es
mejor para un crecimiento equilibrado que se desacelere la demanda
interna, pero en absoluto hay ahora una situación de pérdida, de
desplome de confianza, como lo reflejan los datos básicos de empleo,
afiliados o crédito, y como lo reflejan también datos de actividad:
consumo de energía eléctrica, índice de producción industrial,
consumo de cemento y otros muchos. Es verdad que hay algunos
indicadores -además era esperable- en bienes de consumo duradero o en
matriculación de automóviles, que se han desacelerado, lo cual, dicho
sea de paso, entendemos que en esta fase del ciclo es positivo.
Yo no sé si esa diferenciación entre la España oficial y la real se
introduce como punto de partida para querer decir -que es la segunda
afirmación- que no hay modelo de política económica y que por eso
pasan esas cosas. Se nos podrá criticar -y, desde luego, la
perfección nunca es una realidad permanente, es una búsqueda
permanente- muchas cosas: que podríamos ir más lejos en la política
presupuestaria, con superávit, que no hemos ido suficientemente
deprisa o que hemos ido despacio en los procesos de privatización o
liberalización, pero ¿qué no hemos tenido un modelo de política
económica? Yo supongo que sí se ha enterado de la fiesta, porque, si
no, yo le diría brevemente que tenemos un modelo muy claro de
política económica, basado en la disciplina presupuestaria -y me
remito a la experiencia de los últimos cuatro años-, en
privatización, liberalización, flexibilización del sistema económico
-y hemos aplicado muchas disposiciones oficiales en esa línea- y
diálogo social para introducir los mecanismos de flexibilidad y de
protección social basados en ese diálogo social, diálogo social que
dio muy buenos frutos en la legislatura pasada y que ahora se busca
con intensidad. No sé si tenemos un lenguaje equívoco sobre esa
materia, pero me parece que está muy claro. Para nosotros -y lo ha
dicho el presidente del Gobierno- es prioritario el diálogo social
con los interlocutores sociales en orden a lograr introducir medidas
que profundicen en protección social y en un mercado de trabajo
acorde con lo que exigen los tiempos actuales para ser competitivos.
Este modelo es el que nos ha permitido durante estos años tener un
crecimiento económico mucho más elevado que los otros países de la
Europa comunitaria. Tanto es así que mientras que ahí estaban
viviendo la crisis financiera del año 1998 y parte de 1999 con ritmos
de crecimiento muy bajos, en España prácticamente no nos enteramos,
con crecimientos claramente superiores, por encima del 4 por ciento.
Es obvio que en un contexto así de debilitamiento que había en Europa
y de crecimiento intenso en España, ese crecimiento se basaba mucho
más en la demanda interna, y el sector exterior tenía que tener algún
deterioro. No obstante, estamos hablando de deterioros, después de
cuatro años de crecimiento muy intenso en la economía española,
perfectamente asumibles, y nada tienen que ver con los deterioros que
habíamos tenido en inflación y en el sector exterior en otras fases
históricas de crecimiento intenso. Ahora mismo no hay una especial
preocupación por la posición del sector exterior, y el hecho de que
la aportación negativa del sector exterior se esté reduciendo tan
drásticamente, de 1,3 puntos de aportación negativa hace poco más de
doce meses a una de medio punto o poco más en la actualidad, indica
una corrección muy importante en la posición del sector exterior, a
medida que los demás países también se recuperan. De hecho, ha habido
un estado de confianza interna basado en el consumo y en la inversión
que ha
hecho que la economía española haya estado creciendo por encima del 4
por ciento mientras que las economías que nos rodean lo han hecho en
torno al 2 por ciento.
Han insistido ustedes mucho en la productividad. Es verdad que la
productividad aparente, factor trabajo, producción, empleo, ha
crecido a ritmos modestos en los últimos años, 0,5, 0,6, y ahora está
creciendo en torno al 1 por ciento. Me remito, porque lo suscribo
plenamente, a lo que ha dicho el señor Gámir sobre la productividad,
pero hay un hecho evidente: aumenta la productividad relativamente
poco porque están aumentando mucho las dos cosas, el numerador y el
denominador. La alternativa podría ser que el PIB creciera el 4 por
ciento, la productividad creciera enormemente también el 4 por
ciento, y empleo cero. A lo mejor quiere aplicar un modelo de
política económica que nos lleve a esa conclusión. Que el que aumente
el PIB al 4 por ciento y el empleo al 3 por ciento me parece una
relación excelente. Además si es continuada, porque está sobre bases
sanas, mucho mejor, que es lo que está pasando: el crecimiento del
PIB al 4 por ciento y del empleo al 3 por ciento.
La relación intensa de capital-empleo, esa relación de intensivo
factor trabajo por unidad de producto, es consecuencia de varios
factores, entre otros, la propia moderación en los costes laborales,
porque obviamente cuando se produce un crecimiento muy fuerte del
coste de un factor se tiende a ahorrar de manera más intensa en
términos de otro factor. En ese sentido quiero reconocer que la
actitud responsable de los interlocutores sociales con los acuerdos
desde 1997 ha contribuido muy poderosamente a tener una relación de
producción y empleo excelente para la economía española, y es lo que
ha permitido que hayamos tenido un aumento del empleo en todo este
período de más de dos millones de puestos de trabajo en términos
netos. Entiendo que esto es muy importante. Luego vienen otros
factores o relaciones técnicas de producción. Y tenemos que la
productividad aumenta más en la industria que, por ejemplo, en
servicios. En la industria aumenta el 2,6 y en servicios el 0,2. Amí
me resulta sorprendente -supongo que a SS.SS. les pasará lo mismo-
que caiga la productividad en el sector de la construcción el 1,4 por
ciento. Esto nos podría llevar a un análisis técnico acerca de las
cifras que estamos teniendo en el numerador. A mí me resulta
sorprendente y yo se lo he dicho a los responsables del Instituto
Nacional de Estadística, porque, en un proceso de actividad económica
racional, las relaciones de producción y empleo que se administran
por un empresario buscarán la racionalidad, y no parece muy lógico
que la productividad ahí sea negativa. Puede serlo temporalmente en
algún supuesto por el efecto composición, pero lo normal es que la
industria aumente más y eso hace que los costes laborales unitarios
se coloquen en una posición que permita la competitividad de la
empresa española, como lo están demostrando las exportaciones, que
casi se ha multiplicado
por 3 el ritmo de crecimiento, en términos reales, de bienes y
servicios. En los servicios, lo normal es que el factor trabajo sea
más intensivo en términos generales, y que la productividad aumente
menos intensamente. Esas son las relaciones técnicas de producción, y
yo preferiría dejar a los millones de empresarios que establezcan
esas relaciones técnicas de producción y empleo. ¿Qué es lo que nos
corresponde a nosotros? Crear las condiciones propicias para que haya
un crecimiento intenso de la actividad y para que eso se traduzca en
creación de puestos de trabajo. Esa es la conformación global de este
modelo de política económica que ha marcado por primera vez un
elemento diferencial en relación con los demás países con crisis
financiera internacional, y sin que fuera el sector exterior el que
tirase de nuestra economía. Esto ha sido muy importante. Entre otras
cosas, el hecho de que se haya pulverizado el déficit público, que
era de 5 billones de pesetas y pasemos a nada, significa que en los
últimos cinco años hemos pasado de que el sector público acaparase el
90 por ciento de todos los recursos nuevos que el Banco Central
Europeo vertía sobre la economía para financiar la expansión, a que
sea cero y quede espacio libre para la iniciativa privada. Eso ha
sido clave para poder explicar uno de los elementos que mantienen el
dinamismo económico, que es que haya apalancamiento financiero
positivo en las empresas. Tenemos apalancamiento financiero positivo
con niveles históricos, como la central de balances lo refleja, al
menos desde cuando tenemos datos en 1981. Eso es lo que hace,
precisamente durante todo este período, que las inversiones en equipo
estén aumentando a los ritmos a que lo están haciendo. Y esa es la
mejor manera de ampliar el potencial de crecimiento al tiempo que se
contribuye a la demanda agregada en estos momentos.
Naturalmente que hay elementos que nos preocupan y no es que no
escuchemos a otras personas o que todo lo hacemos bien. No, nosotros
intentamos trabajar cada día para lograr que este país progrese, que
aumente el empleo, que es la mejor manera de dignificar a la persona
y de hacer progreso, para que haya confianza empresarial. Uno de los
elementos que nos preocupa, por ejemplo, es el relativo a la
inflación. Seríamos irresponsables si no nos preocupase la inflación,
a nosotros y a todos los países europeos. Estamos con una inflación
del 3,7 por ciento, y por supuesto que la querríamos más baja. Como
decía el señor Gámir -estoy totalmente de acuerdo con él-, la
inflación es muy importante en lo que tiene de diferencial con los
países con los que se comercia y con los que se compite, y
particularmente el referente tiene que ser también el área en el cual
el principal instrumento para el marco de estabilidad es el euro, y
no ha subido. Es verdad que tenemos un diferencial. Me gustaría oír
si es posible lograr en el largo plazo la convergencia real plena, es
decir, crecer mucho más que
los demás países permanentemente durante muchos años sin que la
inflación crezca algo más que en los otros países con los cuales
queremos la convergencia real. No es verdad que el diferencial se
haya acelerado; de hecho, ha pasado de 1,1 a 0,9, pero tampoco eso me
tranquiliza, porque a lo mejor el próximo mes puede volver a ser del
1. Estamos de acuerdo en que la inflación tiene que ser objeto de
ocupación y preocupación permanente de todos los gobiernos, lo único
que sucede es que tenemos que entrar en las raíces de los problemas y
ver cómo podemos afrontarlos. En primer lugar, la inflación tiene un
efecto demanda como consecuencia de una determinada política
económica y, en particular, política monetaria. Durante algunos años
se aplicó una política monetaria especialmente laxa para nosotros.
Sería la conveniente para todos los países europeos, porque como
estaban pulsando con mucha debilidad, probablemente sería la política
monetaria que debería ser aplicada para ellos, pero para el ritmo de
crecimiento que tenía la demanda en España era una política monetaria
particularmente laxa. Naturalmente, eso provoca unos efectos muy
expansivos sobre la demanda, que tiene un efecto sobre la inflación
inevitable, y más en un contexto de la fase del ciclo en la que
nosotros nos encontrábamos frente a otro país que está creciendo al 1
por ciento, como era el caso de Alemania o el de Italia. Por
consiguiente, la política monetaria es la que tiene que ejercer el
papel básico para crear el marco de estabilidad, y la subida
escalonada -como dije en la intervención inicial- de 2,25 puntos que
ha habido de los tipos de interés en la intervención del Banco
Central Europeo, nos permite que se desacelere algo la demanda y
reconducir también la inflación. Bien es verdad que hay unos desfases
temporales desde cuando se hace la política monetaria restrictiva
hasta cuando tiene plenamente los efectos sobre la economía real.
Pero sin duda alguna, es uno de los elementos que nos permite decir
que esta desaceleración que se está produciendo en la demanda interna
favorece una reconducción de los niveles de inflación que tenemos en
la actualidad. No mucho más pueden hacer los gobiernos salvo aquello
en lo que nosotros estamos comprometidos. No hay que echar más leña
al fuego con la política presupuestaria. De ahí que el déficit
público que hace un año programamos que fuera del 0,8 en el año 2000,
ya en estos momentos está estimado en el 0,3, y para el año que viene
cero. Eso es una aportación a la estabilidad o a tratar de contener
la inflación. Lo mismo ocurre con todas las medidas que quieran
introducir mayor competencia en los mercados. También queremos que el
diálogo social no tenga en cuenta elementos que son coyunturales y
volátiles impuestos desde el exterior, porque si no consolidamos una
gangrena, un mal. Yo pienso que los sindicatos, al menos por las
manifestaciones que he podido oír, tienen una actitud bastante
responsable.
La inflación nos preocupa, pero tampoco podemos decir que en estos
momentos sea algo que haya creado una situación irreversible. Tenemos
la inflación que Estados Unidos, tanto la del IPC global como la
subyacente; no se ha ampliado el diferencial con los países euro y
estamos adoptando las medidas que creemos pertinentes para evitar que
la inflación se dispare. Quiero hacer un llamamiento a las empresas
en la formación de sus beneficios, en la medida en que ellas puedan
tener una capacidad de control de mercados, y a los representantes de
los trabajadores para evitar que se acelere la inflación; eso es
absolutamente básico. ¿Los Estados europeos que tienen un impuesto
especial sobre hidrocarburos y un IVA se benefician de la subida de
los carburantes? Naturalmente que al subir el precio del bien la base
sobre la que gira el impuesto sobre el valor añadido hace que se
incrementen algo más los recursos, pero no es una aspiración del
Gobierno el querer recaudar más. De hecho, las medidas que hemos
pactado con los representantes de pescadores, agricultores y
transportistas superan los ingresos adicionales que puede haber como
consecuencia de la elevación del precio del petróleo. No hay ningún
interés en querer recaudar más en términos netos. Aquí hay dos
cuestiones muy importantes. Una, la de tener una especial
consideración hacia aquellos sectores especialmente afectados por la
subida de los precios del petróleo, como los tres que acabo de
mencionar, porque representan una parte importante de los costes de
producción. Y dos, la búsqueda de salidas no puede ser -ésta es
nuestra opinión y entiendo que haya opiniones diferentes- sobre la
base de reducir el impuesto sobre hidrocarburos, sino de aprovechar
para introducir medidas que permitan recuperar rentas en esos
sectores especialmente afectados y, sobre todo, aprovechar este pacto
para mejorar y modernizar esos sectores, sea con la adquisición de
barcos, de camiones menos contaminantes, o para otro tipo de
material, en definitiva, para mejorar su capacidad y su
competitividad. Entendemos que esto es mucho mejor que bajar los
impuestos de un producto cuyos precios vienen impuestos del exterior,
porque si no es lo mismo que decirles a los ciudadanos que aquí no ha
pasado nada y a los países exportadores de petróleo que pueden seguir
aumentando los precios que no pasa nada en el país consumidor. Pues
sí pasa, nos han empobrecido, y esto lo tenemos que percibir todos
los españoles. Eso es lo que hace que los efectos globales sean mucho
más reducidos y se puedan asimilar perfectamente. De hecho, España
tiene uno de los impuestos especiales sobre hidrocarburos más bajos
de Europa, y hemos sufrido muchas presiones de la Comisión Europea
para que subamos los impuestos especiales sobre hidrocarburos por
razones medioambientales, la llamada ecotasa. Nosotros hemos dicho
que una subida del impuesto sobre hidrocarburos podría ser
contraproducente para nuestro potencial de crecimiento, como también
es
contraproducente bajar el impuesto especial, porque, desde el punto
de vista del ahorro energético, sería poco eficiente adoptar medidas
para incentivar otras energías y en particular las renovables, de las
que hoy tendremos que hablar.
No sabemos cómo pueden evolucionar los precios del crudo en el
futuro. Ahora mismo las cotizaciones que hay a dos o tres meses es
que se situará en torno a 30 ó 31 dólares/barril. Podemos aventurar
hipótesis. Sabemos que, como consecuencia del fuerte aumento del
precio del crudo durante el último año y medio, se entiende que
aumentará la oferta, no ya por decisión política, como ahora, de
subir 500.000 barriles diarios, que yo pienso que el efecto en todo
caso sería modesto, sino por el hecho de que pozos que no eran
rentables a diez dólares/barril estarán preparándose para entrar en
funcionamiento porque les resulta rentable. Ésa es la información que
uno recibe. Esto quiere decir que andando los meses habrá mayor
oferta de petróleo que se vierte sobre los mercados y, como
consecuencia de que tiene un efecto contractivo sobre la actividad
-ya lo dijimos antes-, igual que tiene un efecto sobre los precios,
la demanda a partir del invierno probablemente será menor, y eso
llevará a una reducción de los precios del petróleo. Igual que han
subido y se repercuten en el consumidor final los precios de los
productos de la gasolina o el gasóleo cuando sube el petróleo y
además se deprecia el euro, cuando se produzca la situación inversa
estaremos vigilantes para que se beneficien los consumidores -de la
misma manera que ahora tienen que asumir el coste- del menor coste de
los productos energéticos. Eso es lo que desearíamos que se produjese
en los próximos meses.
En cuanto al mecanismo que establecieron los países de la OPEP para
mantener los precios entre el 22 y 28 dólares, ya se ha visto que no
se ha cumplido, porque se ha mantenido casi todos los días por encima
del límite superior, de los 28 dólares. Nos gustaría que fueran
suficientemente eficaces para que se encontrasen en esa banda.
Probablemente estaríamos hablando de una banda que beneficiase a
todos: al crecimiento, a los países importadores y también a los
países exportadores, pero el hecho cierto es que no se ha cumplido,
aunque también es verdad que tienen una capacidad limitada de influir
en los precios. Al fin y al cabo, los países exportadores de petróleo
controlan poco más del 40 por ciento de todo el petróleo que se
produce.
Desde luego yo soy escéptico en cuanto al efecto cuantitativo que
puede representar este aumento de 500.000 barriles diarios, al menos
durante algún tiempo. De hecho, las expectativas de todos los
operadores -y yo me baso en ellas- es que, al menos durante un par de
meses, se mantendrá en los niveles en los que actualmente está; por
lo menos a ese precio es al que se está traficando en los mercados.
Ojalá nos sorprendan, nos vendría muy bien a todos, pero es un
mercado que nos desborda.
Lo mismo pasa con la relación dólar-euro. Entiendo que es verdad que
Estados Unidos ha demostrado gran capacidad de crecimiento -es una
economía muy flexible- y de desarrollo de las nuevas tecnologías;
pero también es verdad que Europa tiene una gran capacidad de
desarrollo, tiene altas tecnologías y tiene 325 millones de
consumidores. El euro también está respaldado por una comunidad muy
importante dentro del espacio mundial y, desde luego, ninguna de las
variables básicas justificaría la posición de debilidad que tiene
actualmente. De hecho, si se cumplen las expectativas, esta posición
debería cambiar en los próximos meses; al menos, así lo deseamos.
No tenemos pacto con las petroleras, en absoluto. Ellas deciden qué
precios aplican al consumidor y lo deciden con arreglo a sus
estrategias. Por un lado, se quejan de que tienen muchos beneficios
y, por otro, de que no repercuten. Viendo los márgenes de
distribución, las petroleras independientes que tienen estaciones de
servicio se quejan de que se les han estrechado mucho los márgenes de
comercialización; eso ha pasado en toda Europa. En estos momentos,
tal como están los precios de los distintos productos antes de
impuestos, en particular la gasolina de 95 octanos sin plomo y el
gasóleo de automoción, los de España son muy similares a la media de
los de los países europeos; la diferencia es mínima después de la
última subida. Es verdad que retribuye poco hablando de márgenes de
distribución, pero no aquí, en toda Europa; eso pasa cuando suben los
precios de la materia prima, y aumentan algo más esos márgenes -esa
es la evidencia histórica- cuando sucede lo contrario. Ahora bien, el
hecho cierto es que la situación es pareja más o menos a la de otros
países; la gasolina no ha subido mucho más aquí ni tampoco mucho
menos, porque yo no sé con qué nos quedamos. Los grandes operadores
no han practicado aquí una subida peseta a peseta, que es la política
de algunas petroleras en algunos países; lo han hecho, en cambio,
como otras: con contención, sabiendo que los márgenes se estrechaban,
y aplicando luego una subida de cuatro pesetas. Al final, por lo que
yo puedo ver, los precios en España antes de impuestos están muy a la
par con la media de los demás países europeos, de manera que los
márgenes de comercialización serán similares también.
Por último, en cuanto a los órganos de la competencia, creemos
naturalmente en la independencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y la practicamos, pero me ha sorprendido enormemente que
se nos diga que, en una ordenación de la economía, el Gobierno no
tiene nada que decir en relación con determinadas operaciones que
pueden suponer una ineficacia enorme en el funcionamiento del sistema
económico. ¡Si es precisamente lo que hacen todos los países cuando
flexibilizan y liberalizan! Es decir, lo que justamente tiene que
ocurrir -ha pasado en todos los países más flexibles y desarrollados,
empezando por Estados Unidos- es que
adquieran más relevancia los servicios de defensa de la competencia.
(El señor Sevilla Segura: Pero no el Gobierno.) Es el Tribunal de
Defensa de la Competencia el que tiene que emitir dictamen sobre esa
materia y el Gobierno tiene que garantizar que se produce esa
competencia y la eficiencia del mercado. Me parece que eso es lo
normal en la ordenación de una economía flexible y libre. Desde luego
creo que a ustedes les gustaba mucho más la intervención directa que
esta de ordenación de la economía basada en la libertad, garantizando
la competencia y la eficiencia, y con organismos independientes y
solventes. (El señor Sevilla Segura pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla, hemos tenido unos tiempos muy
amplios. Le daré la palabra si quiere hacer alguna puntualización
escueta.
El señor SEVILLA SEGURA: Entiendo que se han hecho suficientes
referencias como para justificar una breve intervención.
El señor PRESIDENTE: Llevamos mucho retraso con el orden del día; se
han concedido tiempos mucho más amplios que los previstos en el
Reglamento y tenemos que continuar. Le ruego que haga solo una
escuetísima aclaración. Si no, no vamos a poder terminar.
El señor SEVILLA SEGURA: Solo me referiré al último punto. La
actuación que ha tenido el Gobierno español en fusiones como la de
Endesa e Iberdrola, en Estados Unidos hubiera sido un delito, porque
el Gobierno tiene prohibido intervenir en este tipo de actuaciones;
para eso están los órganos independientes de defensa de la
competencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor secretario de Estado contestar a
la última referencia? (El señor Folgado Blanco: No.)
- EL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES, DE LA POLÍTICA DE LIBERALIZACIÓN
DEL SECTOR ELÉCTRICO Y SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS
COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA (CTC), ASÍ COMO DEL DESARROLLO
Y APLICACIÓN DEL PLAN 1998-2005 DE LA MINERÍADELCARBÓN YDESARROLLO
ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS. (Número de expediente 212/
000286)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
comparecencia del señor secretario de Estado de Economía, de la
Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa para informar sobre el plan
de energías renovables, de la política de liberalización del sector
eléctrico y situación de los expedientes
relativos a los costes de transición a la competencia, así como del
desarrollo y aplicación del plan 1998-2005 de la minería del carbón y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
Tiene la palabra el señor Folgado. (El señor Sevilla Segura pide la
palabra.)
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Intervengo por una cuestión de orden. Sabe
usted que mi grupo votó en contra de esta comparecencia por
considerar que estos eran temas que habíamos dirigido al
vicepresidente económico. Pues bien, acogiéndome al precedente que se
ha sentado a la hora de tratar el punto 2 del orden del día, en el
cual el secretario de Estado de Economía ha considerado que no era
competente para hablar de ese asunto, tengo que manifestarle al
secretario de Estado, con todo mi respeto personal, que no le
considero políticamente competente para hablar de estas cuestiones y
que remitiremos la comparecencia al vicepresidente del Gobierno y
abandonamos la Comisión en este momento. (El señor Martínez-Pujalte
López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, intervengo
simplemente para que conste en el «Diario de Sesiones». Si se
entiende que el secretario de Estado de Energía no es competente para
hablar del Plan de energías renovables y del Plan de minería del
carbón, pienso que lo que está sucediendo hoy aquí es que el Grupo
Parlamentario Socialista una vez más desprecia al Parlamento y el
debate parlamentario y no tiene interés en debatir a fondo las
cuestiones que interesan a los ciudadanos españoles. (El señor
Sevilla Segura pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Señor presidente, si hablamos en términos de
desprecios al Parlamento, lo desprecia quien vulnera el orden del día
aprobado en esta Comisión, lo desprecia quien hace que revisemos
solicitudes de comparecencias en esta Comisión y ese ha sido el Grupo
Popular. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, lo que dice el
señor Sevilla es absolutamente falso. El orden del día de esta
Comisión se ha respetado y el grupo que no quiere que se debatan esos
asuntos en la Comisión o que no quiere participar en los debates que
sí se van a producir -porque interesa a los españoles que hablemos de
energías renovables y del plan de la minería del carbón-, el que se
retira del Parlamento, es el Grupo Parlamentario Socialista. Quien
demuestra su desprecio por el Parlamento es el que abandona la sede
donde reside la democracia española y el lugar para el debate
público; eso es lo que hace el Partido Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que el secretario de Estado
de Economía y de la Energía es el competente para hablar de estos
asuntos, tal como ha hecho en las anteriores comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍAY DE LA
PEQUEÑAY MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Atendiendo a los puntos
del orden del día sobre los cuales se había solicitado mi
comparecencia, comienzo con el Plan de fomento de la energías
renovables.
Como saben SS.SS., el Consejo de Ministros de 30 de diciembre del
pasado año aprobó el Plan de fomento de energías renovables como
respuesta al compromiso adquirido por la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, que establecía como objetivo que
para el año 2010 las fuentes de energía renovable cubran como mínimo
el 12 por ciento del total de la demanda energética en España.
Este Plan de energías renovables tiene dos objetivos fundamentales
con un horizonte amplio. En primer lugar, disminución sustancial de
los impactos ambientales. Tiene una gran virtualidad, y es que, dada
la sensibilidad que existe, y además fundada, por parte de todos los
países -y de ahí los acuerdos de Kyoto-, para contribuir a un medio
ambiente más limpio y tener menos emisiones de CO2, el Plan de
energías renovables es una contribución enormemente positiva
precisamente para reducir la emisión de contaminantes. De hecho, a la
energía se le responsabiliza del 75 por ciento de las emisiones de
gases que contribuyen al efecto invernadero.
La otra razón básica de llevar a cabo un Plan de fomento de las
energías renovables está en su carácter autóctono y la aportación que
en gran medida hacen a la diversificación de fuentes de energía
primaria y, por tanto, a la seguridad de suministro, sobre todo si
tomamos en consideración la estructura energética de nuestro país,
caracterizada por un muy bajo nivel de autoabastecimiento y una
importante dependencia de una fuente concreta de energía como es el
petróleo.
El Plan de fomento de energías renovables hace por tanto suyo el
objetivo de la ley de situar al menos en el 12 por ciento de la
demanda de energía primaria de España en el año 2010 la cobertura a
través de fuentes de energías renovables y lo hace con voluntad de
alcanzar una participación creciente y sostenible de las mismas en el
suministro energético futuro. Actualmente el peso de las energías
renovables en la estructura energética española es de aproximadamente
un 6 por ciento,
por lo que el objetivo del plan supone duplicar su aportación en
términos relativos en el próximo decenio. Por lo demás, dado el
fuerte incremento de la demanda energética prevista para los próximos
años, el objetivo propuesto implica que alcanzar ese 12 por ciento
supone una aportación en términos absolutos superior a la simple
duplicación de la actual, es decir, multiplica por 2,3.
En cuanto a las características del plan, debe destacarse su
condición de planificación indicativa, al definirse en un contexto de
liberalización creciente. Por otro lado, uno de los rasgos más
positivos del plan reside en su carácter estructural al permitir la
conformación de un sector moderno, con fuerte tasa de crecimiento, en
un momento estratégico en el que coinciden la maduración de diversas
tecnologías y la confianza en el mercado. El plan confiere a las
acciones que contempla un valor añadido industrial que va más allá de
la consecución de una cuota de participación en el balance
energético.
Con carácter previo a la presentación de forma más pormenorizada y
desglosada por tecnologías de los objetivos del plan, quisiera hacer
una breve referencia a la metodología que se ha seguido en la
elaboración del plan y que ha supuesto un profundo análisis de la
situación y potencialidades del sector. Se ha hecho un análisis
prospectivo de la demanda energética, con el horizonte 2010, desde la
perspectiva de un escenario de ahorro base, que quiere decir un
escenario en el cual no se prevé un muy fuerte crecimiento de la
demanda de energía porque se entiende que van a introducirse medidas
de eficiencia energética. Se estima un consumo en el año 2010 de 135
millones de toneladas equivalentes de petróleo, frente a los 114
millones de toneladas equivalentes de petróleo de 1998. Por tanto, el
cumplimiento del plan depende en gran medida del esfuerzo del sector
y de las administraciones públicas y también de la efectividad de
aplicación de las políticas de eficiencia energética.
La valoración del estado de las energías renovables en términos de
energía primaria a finales de 1998 representaban 7,17 miles de
toneladas equivalentes de petróleo de aportación al balance
energético nacional. El objetivo mencionado del 12 por ciento en el
año 2010 significa, como decía anteriormente, multiplicar por 2,3, es
decir, elevarlo a 16,6 Kilo-TEP.
Viendo las diferentes áreas de producción de energías renovables,
tenemos, en primer lugar, la energía eólica. Esta tecnología, que
pone en marcha las tecnologías de aprovechamiento de la energía
cinética del viento, ha experimentado un significativo despliegue en
esta década con un crecimiento exponencial en los últimos años en los
que se ha configurado un mercado consolidado y con grandes tasas de
crecimiento. Las claves de este desarrollo se encuentran en el
esfuerzo coordinado de la Administración, a través del diseño de un
sistema de ayudas públicas y un adecuado marco
normativo, y la industria, que ha logrado un descenso de costes y un
aumento de la fiabilidad.
El potencial técnicamente aprovechable para este recurso, energía
eólica, se sitúa en el rango entre 7.500 y 15.000 megavatios. El plan
propone como objetivo el incremento de 8.140 megavatios sobre la
potencia instalada del año de referencia, que era el año 1998; en
1998 eran 834 megavatios y propone llegar en el 2010 a 8.140. La
verdad es que los años transcurridos nos permiten estar esperanzados
de que se van a cumplir plenamente los objetivos, a pesar de ser
ambiciosos, porque en el año 1999 se pasó a 1.459 megavatios, de esos
834 que teníamos en el año 1998; en el año 2000 creemos que se
situará aproximadamente en 2.500 megavatios. Se está produciendo una
subida realmente importante.
En cuanto a la energía hidroeléctrica, que supone el aprovechamiento
de la energía potencial gravitatoria del agua, seguirá experimentando
una tasa de crecimiento medio y continuo con pocas fluctuaciones,
mejorando las prestaciones y calidad de sus producciones
y equipamientos. En la evaluación de recursos y establecimiento de
objetivos en esa tecnología se establecen dos tramos de potencia:
hasta 10 megavatios, donde los recursos desarrollables se estiman en
2.419 megavatios, y se propone un objetivo de incremento de potencia
de 720 megavatios, frente a lo que es la cifra teórica absoluta,
2.419, y lo que se propone, que es realista, de 720 megavatios.
Por otro lado, las comprendidas entre 10 y 50 megavatios, donde los
recursos desarrollables se estiman en 10.387 megavatios, se propone
un objetivo de incremento de potencia de 350 megavatios. Sus señorías
están viendo cómo el objetivo que se propone es muy modesto en
relación con el potencial total que podríamos tener de generación de
megavatios por la vía hidráulica, aunque habría que incrementar toda
clase de presas y turbinas. Pero esto tiene grandes
contraindicaciones de carácter medioambiental. Entendemos que las
dificultades que puede haber en ese orden hacen que, en relación con
el potencial teórico, se quede en unas cifras claramente modestas.
En cuanto a energía solar, hay tres tipos: energía solar térmica de
baja temperatura, energía solar térmica de alta temperatura y energía
solar fotovoltáica. En cuanto a la primera, la de baja temperatura,
el aprovechamiento térmico de la radiación solar en España, a pesar
del gran potencial que representa y de sus ventajas medioambientales,
no ha logrado las cuotas deseables, aunque sí ha conseguido alcanzar
una cierta madurez industrial y comercial. Como es de esperar, por
las condiciones climatológicas españolas, la evaluación de recursos
arroja unos potenciales muy altos. En realidad estaríamos hablando de
26,5 millones de metros cuadrados de paneles solares, con capacidad
para producir 2 millones de toneladas equivalentes de petróleo, para
medirlo en términos homogéneos. Sin
embargo, la propuesta del plan para el horizonte 2010 se sitúa, como
no podía ser de otra manera, por distintas implicaciones, entre
otras, de costes, de niveles de eficiencia y de costes relativos, en
la instalación de 4,5 millones de metros cuadrados de paneles
solares. Tengo que decir que en el año 1998 teníamos 352.000 metros
cuadrados y en el año 1999 teníamos 362.000 metros cuadrados; hasta
los 4,5 millones de metros cuadrados, queda un horizonte claro.
Entendemos que, hoy por hoy, las dificultades con la tecnología
actual que hay, en cuanto a coste relativo de unas energías y otras,
hace que esto, por lo menos en los primeros años, vaya con lentitud,
pero sería realmente importante su aprovechamiento.
En cuanto a la energía solar térmica de alta temperatura, solar
termoeléctrica, tenemos desde hace más de 20 años la plataforma solar
de Almería, siendo una potencia mundial en ese campo, habiendo
logrado una gran experiencia en explotación, por lo que en el plan se
ha estimado que es el momento de lanzar una acción precomercial. Los
objetivos energéticos que se proponen sitúa la realización en el 2010
de 200 megavatios de potencia eléctrica instalada.
Finalmente, la energía solar fotovoltaica ha tenido una alta tasa de
crecimiento y una ampliación continua de abanico de aplicaciones con
un continuo descenso de costes unitarios. Quizá una de las
aplicaciones más emergentes de esta tecnología sea el importante
desarrollo técnico acaecido en los sistemas conectados a red,
impulsado por el establecimiento de una interesante prima específica
a este tipo de aplicaciones. Por lo demás, no se olvida que este es
un sector de exportación en continua expansión. El mercado potencial
se estima en 2.300 megavatios, aunque los objetivos de instalación
que se plantea para el año 2010 es de 135 megavatios, el 6 por ciento
del potencial.
Otra energía renovable es la biomasa, que es materia fotosintética,
de la cual se aprovecha su contenido energético en una primera
transformación -residuos agrícolas, forestales, cultivos energéticos-
y en una segunda etapa, residuos animales transformados a biogas,
biocarburantes, etcétera. El área de biomasa se convierte en una
parte importante de los objetivos energéticos del plan, la energía
primaria, que se divide en tres áreas: biomasa térmica, biogas y
biocarburantes. El plan propone, en materia de biomasa térmica, la
captura de 2,65 millones de toneladas equivalentes de petróleo de
residuos y la generación de cultivos energéticos con 3,35 millones de
toneladas equivalentes de petróleo.
En cuanto al desarrollo de la tecnología de aprovechamiento de biogas
en España ha sido creciente y el conocimiento tecnológico actual es
cada vez mayor, existiendo un mercado definido de posibles
aplicaciones, especialmente en depuración de residuos biodegradables,
sobre todo residuos ganaderos. El potencial de recursos evaluados se
sitúa en 546.000 toneladas
equivalentes de petróleo, proponiendo el plan la puesta en
explotación de 78 megavatios.
Por último, biocarburantes cuenta con una posición incipiente,
apoyada en experiencias de demostración, y presenta un horizonte de
alta potencialidad, existiendo dos líneas de sustitución de
carburantes por combustibles vegetales: el etanol, por un lado, en
las gasolinas y el biodiesel, por otro, en sustitución del gasoil.
Los recursos potenciales se cifran en 640.000 toneladas equivalentes
de petróleo y en el plan se propone la producción de 500.000.
También existe tecnología de plantas basadas en la reducción de
residuos sólidos urbanos por incineración y el aprovechamiento
energético consiguiente. Ha tenido un desarrollo incipiente en
España, eso sí, con una contestación social en relación con las
emisiones contaminantes atmosféricas. En todo caso, su desarrollo
debe basarse en el consenso de todas las fuerzas sociales, debiendo
ir precedida cualquier medida a tomar en este aspecto de un análisis
previo y exhaustivo de alternativas, seleccionando las de menor
impacto. En esta área el plan propone la instalación de 168
megavatios hasta el 2010.
Estos son los planteamientos generales del Plan de energías
renovables, señor presidente, que quería exponer a esta Cámara. He
estado dando unos datos relativamente actuales, pero en lo que se
refiere a la financiación del plan, está perfectamente expuesto en el
documento que se entregó a los portavoces y a él me remito.
Otra de las intervenciones que se me había pedido es la relativa a la
política de liberalización -creo que reza así exactamente- del sector
eléctrico y situación de los expedientes relativos a los costes de
transición a la competencia. En cuanto a la política de
liberalización del sector eléctrico -voy a hacer una exposición breve
de ambos temas-, después de un proceso inicial de tímida apertura en
los mercados energéticos, que se inició con motivo de nuestra entrada
en la Unión Europea con el desmantelamiento del monopolio del
petróleo, el gran impulso liberalizador tiene lugar a partir de 1996,
momento en el que se aborda una transformación profunda de los
sectores energéticos, coincidiendo en el tiempo, por lo demás, con el
impulso liberalizador procedente de la Unión Europea. (El señor
vicepresidente, Eguiagaray Ucelay, ocupa la Presidencia.) El Gobierno
durante la pasada legislatura traspuso las directivas comunitarias
aprobadas en materia de electricidad y gas, yendo más allá de los
objetivos allí planteados y demostrando de esta forma la voluntad de
profunda reforma en estos sectores.
La Ley 54 /1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico incorpora
las previsiones de la directiva sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad, modificando sustancialmente la
regulación eléctrica en nuestro país. Por otro lado, mediante la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos
se emprende la renovación de la normativa en materia de hidrocarburos
líquidos y gaseosos con objeto de conseguir una regulación abierta,
permitiendo al mismo tiempo que los poderes públicos salvaguarden los
intereses generales. Centrando la atención en el objeto de esta
comparecencia, la Ley del sector eléctrico tiene como fin básico la
regulación del sistema eléctrico con los tres objetivos de garantizar
el suministro, la calidad del mismo y que éste se realice con el
menor coste posible. Se abandona la noción de servicio público,
sustituyéndolo por servicio esencial. Así, la explotación unificada
deja de ser servicio público de titularidad estatal y sus funciones
son asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas, Red Eléctrica
y Omel, responsables de la gestión económica y técnica del sistema.
La planificación estatal queda restringida a las instalaciones de
transporte, abandonándose la idea de una planificación determinante
en las decisiones de inversión de las empresas eléctricas, que es
sustituida por una planificación indicativa de los parámetros bajo
los que cabe esperar se desenvuelva el sector eléctrico.
Pero el propósito liberalizador de esta ley no se limita a acotar de
forma más estricta la actuación del Estado en el sector eléctrico,
sino que se introducen cambios importantes en su regulación con
objeto de conseguir un sector eléctrico que funcione bajo los
principios de objetividad, transparencia y libre competencia, en el
que la libre iniciativa empresarial debe adquirir el protagonismo que
le corresponde, todo ello sin olvidar la necesidad de avanzar en el
ahorro, la eficiencia energética y la protección al medio ambiente,
como pone de manifiesto el impulso dado en esta ley a las fuentes de
energías renovables. Las sucesivas modificaciones que la ley 54/1997,
del sector eléctrico ha tenido han configurado un sector que no ha
hecho más que avanzar y profundizar en el proceso de liberalización.
He de destacar, en particular, las medidas introducidas en el Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios,
cuyo espíritu se encuadra en la consecución de los objetivos que
acabo de mencionar.
De acuerdo con lo anterior, podemos enunciar los objetivos de las
medidas recientemente adoptadas en el sector eléctrico, que no hacen
sino completar y profundizar el proceso de liberalización de nuestro
sector eléctrico en las siguientes: en primer lugar, son medidas que
incrementan la competencia. En efecto, por una parte se limita el
incremento de la capacidad de producción de los operadores que
ostentan una cuota importante de cuota de mercado durante tres años,
si la cuota es superior al 20 por ciento e inferior al 40, y cinco
años si la cuota es superior al 40. Además, se establece la
limitación a la participación de más de un operador principal,
impidiendo igualmente que existan consejeros comunes entre los
grandes grupos del sector.
Estas medidas, a su vez, incrementan el número de oferentes y
demandantes, ampliando el mercado y posibilitando nuevas formas de
contratación. Así, se incorporan al sistema de ofertas al mercado
mayorista determinadas instalaciones de producción en régimen
especial que acudirán a este mercado, en unos casos de forma
obligatoria y en otros voluntaria, para verter sus excedentes de
energía eléctrica. Asimismo, se introducen nuevas posibilidades para
los comercializadores de adquirir y vender energía, lo que aumentará
la competencia del mercado a través, fundamentalmente, de aquellos
comercializadores no integrados en grupos empresariales con unidades
de producción en España. Esto podrá posibilitar, por lo demás, una
reducción de precios. Se adquiere el compromiso, igualmente, de
instrumentar antes del 1 de noviembre de 2000 nuevas formas de
contratación de suministro, a plazo máximo de un año, integradas en
el mercado de producción de energía eléctrica. En el día de hoy se
remite a la Comisión Nacional de la Energía la orden ministerial que
regula esta contratación a plazo en la confianza de que sea un
mecanismo que colabore a dar estabilidad en los precios de la energía
eléctrica contratados en el mercado. Estas medidas también tienden a
la liberalización del suministro. En efecto, se produce la total
liberalización del suministro de energía eléctrica a partir del 1.o
de enero del año 2003. Con ese objeto se establecerá una nueva
estructura antes del 1.o de enero del año 2001 y precios de las
tarifas de acceso para adaptarse al nuevo marco de liberalización. El
1.o de enero del año 2007 desaparecerán las tarifas de alta tensión.
Se facilita de forma muy importante el ejercicio de la condición de
consumidor cualificado mediante el establecimiento de la obligación a
todas las empresas distribuidoras de emitir un certificado gratuito a
los consumidores conectados a sus redes. La inscripción en el
registro pasa a ser necesaria solo en el caso de que el consumidor
vaya a actuar como agente de mercado y a partir del año 2003 se
establece la obligación a las empresas distribuidoras de facilitar en
alquiler a los consumidores de baja tensión los aparatos necesario
para la medida de la energía eléctrica a precios fijados por el
Gobierno.
Estas medidas pretenden lograr por otra parte, un importante control
de costes, crean el marco adecuado para que los grandes consumidores
puedan ir accediendo al mercado a precios competitivos frente a sus
actuales tarifas, a través de la aplicación de la tarifa de acceso
del escalón 6 de tensión. Se reduce el importe a cobrar en concepto
de garantía de potencia por los productos, desde 1,15 pesetas
kilovatio/hora a 0,80 pesetas kilovatio/hora. Se modifican los
derechos de cobro de la garantía de potencia a los generadores,
obligando a un funcionamiento mínimo de 480 horas anuales. Se fija un
tope máximo en el precio de las centrales eléctricas a partir del
cual no se tiene derecho al cobro de la prima al consumo de carbón
autóctono, limitando de
esa forma los precios de casación en el mercado de producción. Por
último, se prevé la rebaja de las tarifas de baja tensión en el 9 por
ciento máximo durante el período 2001-2003, tomando en consideración
la evolución de los tipos de interés, la demanda y el reparto de vida
a la competencia. Por último, estas medidas pretenden lograr una
mayor transparencia; se facilita la transparencia y por tanto de
acceso a información sobre los consumidores cualificados,
salvaguardando el derecho a la confidencialidad de datos que ello
requiere y la obligación de publicidad de información por el operador
de sistema y operador de mercado.
A modo de valoración global sobre la liberalización del sector
eléctrico llevada a cabo en estos últimos años, debo apuntar algunos
datos significativos. El mercado eléctrico en el momento actual
cuenta con 61.529 consumidores cualificados, que son atendidos
directamente por los comercializadores y que representan el 53,74 por
ciento del consumo de energía eléctrica. Por lo demás, la
liberalización total del mercado se producirá el 1 de enero de 2003
en consonancia con la política que se quiere impulsar para toda la
Unión Europea de acelerar el calendario de liberalización previsto en
las directivas comunitarias.
Desde el punto de vista de evolución de las tarifas eléctricas, éstas
han venido experimentando rebajas muy significativas estos últimos
años, de forma que desde el año 1996 se ha producido una rebaja en
las mismas del 17 por ciento en términos nominales y del 25 por
ciento en términos reales. Por su parte, los consumidores
cualificados que han optado por el mercado libre han obtenido unas
rebajas sobre las tarifas que les resultarían de aplicación, que se
sitúan entre el 10 y el 20 por ciento. Además de estas cifras, debe
tomarse en consideración la evolución de la demanda de la energía
eléctrica en España que viene experimentando estos últimos años con
crecimientos en torno al 6 por ciento, por encima del crecimiento de
la economía, lo cual evidencia que el sector eléctrico en nuestro
país ha afrontado los retos planteados por la liberalización,
demostrando que se trata de un sector plenamente competitivo.
Respecto a la situación del expediente relativo a los costes de
transición a la competencia, los principales hitos de este proceso
podrían resumirse de la siguiente forma. La Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico plasma el acuerdo alcanzado con el
sector eléctrico y reconoce los costes de transición a la competencia
por importe de un billón 988.561 millones de pesetas, que se reparte
por utilización de carbón autóctono 295.276 millones de pesetas y por
tecnologías un billón 639.285 millones de pesetas. Cuando el coste de
la generación es superior a 6 pesetas kilovatio/hora, el exceso
cobrado se deduce del importe a recuperar por cada empresa. La Ley
50/1998, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
reduce la cuantía de los CTC a recuperar por tecnología a un billón
350.000
millones de pesetas y se asigna la recuperación de un billón 50.000
millones de pesetas mediante la afectación del 4,5 por ciento fijo de
la tarifa eléctrica, dejando la diferencia al cobro por el sistema de
diferencias. Se mantiene la limitación de cobro de los CTC por encima
de las 6 pesetas kilovatio/hora.
Respecto a las relaciones de este tema con la Comisión Europea, en
enero de 1998 se produce la comunicación a España de la transposición
de la Directiva sobre mercado interior de electricidad. En julio de
1999 la Comisión toma la decisión de excluir los CTC de las
compensaciones por servicio público previstas en la directiva y
considerándolas en el ámbito de ayudas públicas. En diciembre de 1999
se emite un informe por parte de Oxera, una consultora independiente
y a petición de la Comisión, que concluye dando por válida la cuantía
de los CTC por tecnología.
La situación actual es que la Comisaría de Competencia se está
planteando la apertura de procedimiento público para la aprobación de
la totalidad de los expedientes de los países que reconocen la
existencia de costes hundidos a las empresas del sector como
consecuencia del proceso de liberalización del sector eléctrico,
incluido en la directiva sobre reglas comunes del mercado interior de
electricidad, justificando tal apertura en motivos meramente
formales. Dado el amplio conocimiento que la Comisión ya tiene sobre
los costes de transición a la competencia en España y los estudios ya
realizados, la apertura del procedimiento mencionado, entendemos que
se sustanciaría en un período de tiempo que no iría más allá de los
ocho meses. En definitiva, las razones formales que la Comisaría de
la Competencia baraja en el planteamiento de un procedimiento público
junto al conocimiento que la Comisión ya posee sobre los CTC
españoles, aconsejan que se estudien posibles soluciones a los
aspectos que la Comisión pueda plantear como problemáticos y que en
ningún caso afectan a aspectos que podríamos calificar como
cuestiones de fondo. La problemática planteada por la Comisión se
centra en los siguientes puntos.
En primer lugar, la Comisión considera preciso que se garanticen en
todo caso mecanismos que aseguren en la percepción de costes hundidos
o de costes de transición a la competencia la capacidad de revisión
de lo cobrado por las empresas, así como su ajuste final. En segundo
lugar, la Comisión Europea considera que la financiación de los CTC,
vía recargo del 4,5 sobre la tarifa eléctrica, podría constituir una
tasa parafiscal que impide el desarrollo del mercado interior,
indicando que deben estar excluidas las importaciones de electricidad
y sometidas a dicha tasa las exportaciones; es decir excluir las
importaciones e incluir las exportaciones.
Por último, existe otro elemento de discusión que se centra en el
mecanismo de contabilización del límite máximo que se aplica sobre el
incentivo o prima al consumo de carbón autóctono, que se sitúa en el
15 por ciento de producción de electricidad. En efecto, existen
dos posibilidades de contabilización de este límite, ya que puede
quedar referido a períodos anuales o bien podría tomarse en
consideración el período transitorio global. Este es el caso de
España hasta el año 2007.
En conclusión, no podemos olvidar en primer lugar que la motivación
que aduce la Comisión para anunciar la apertura de un procedimiento
público tiene una justificación meramente formal. En segundo lugar, a
pesar de la actitud mantenida por la Comisaría de la Competencia,
consideramos que la Comisión tendrá muy en cuenta los esfuerzos
demostrados por España en relación con la liberalización del sector
eléctrico, en definitiva el esfuerzo demostrado por introducir
competencia y por hacer transparentes los costes del sistema. En
tercer lugar, el tratamiento en sede comunitaria del tema de los CTC
españoles se prolonga desde el año 1998, período durante el cual las
ayudas ya han sido estudiadas con gran detenimiento por los servicios
comunitarios. La apertura del nuevo procedimiento simplemente
demoraría la resolución definitiva de una cuestión que entendemos no
plantea problemas de fondo significativos, dado el profundo
conocimiento que la Comisión ya tiene sobre los costes de transición
a la competencia en España. En efecto, basta recordar el informe
emitido por la consultora independiente Oxera, a petición de la
propia Comisión que dio por válidas las cuantías de los CTC
españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguigaray Ucelay): Por el grupo
parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Intervengo muy brevemente por razones de
horario, y aun cuando mi grupo parlamentario no haya pedido la
comparecencia del señor secretario de Estado para estas cuestiones,
quiero manifestar mi agradecimiento por la información que ha
aportado a esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguigaray Ucelay): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Creo que es lógica una brevísima
intervención, porque lo contrario parecería una especie de
connivencia pasiva o de complicidad con el grupo parlamentario que se
ha retirado. Por ello, simplemente queremos agradecer al señor
secretario de Estado su amplia información, decir que el plan de
energía renovable es totalmente coherente con la política realizada
sobre los impuestos de hidrocarburos y con el plan de I+D+I y
destacar la política de liberalización eléctrica del Gobierno en
contraposición con la antigua Losen, de forma que en la actualidad la
mitad de la demanda del mercado eléctrico está ya en situación de
poder elegir y se va -termino rápidamente- en dicha dirección.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguigaray Ucelay): Tiene de nuevo la palabra
el secretario de Estado en relación con la solicitud de comparecencia
sobre el desarrollo y aplicación del Plan del carbón.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍAY DE LA
PEQUEÑAY MEDIANA EMPRESA (Folgado Gómez): Voy a intervenir brevemente
sobre el último tema que se me había solicitado en el orden del día
de esta Comisión.
Han transcurrido dos ejercicios completos de aplicación del Plan del
carbón, por lo que ya puede realizarse un balance con datos que
permiten una valoración que sinceramente sólo puede positiva. Como
SS.SS. conocen, el Plan del carbón 1998-2005 nació desde el
convencimiento de que el proceso de ajuste de este sector debería
comprender tanto medidas compensatorias dirigidas al cierre, a la
reducción de actividad o a la rentabilización de las empresas como a
actuaciones que apoyasen la creación de un sistema productivo
alternativo y nuevo dependiente de la producción de carbón. De
acuerdo con ello, el plan se estructura en dos grandes áreas de
actuación: la reestructuración de la minería de carbón, por un lado,
y la reactivación de las cuencas mineras, por otro. Las medidas de
reestructuración previstas en el plan y que se están desarrollando
son, en primer lugar ayudas al funcionamiento, cuyo importe anual
global está determinado por las autorizaciones de Bruselas, teniendo
que disminuir el 4 por ciento anual, lo cual viene realizándose desde
1998 en que ascendieron a 85.640 millones de pesetas, hasta el año
2000 que han significado 78.190 millones de pesetas. Para el año 2001
está prevista una ayuda global de 75.426 millones de pesetas, porque
tiene que irse reduciendo con arreglo a lo que nos impone
imperativamente Bruselas. En segundo lugar están las ayudas a la
reducción de capacidad. El Plan del carbón contiene una previsión de
reducció de 630.000 toneladas por año en la producción de carbón con
ayudas. La ayuda consiste en una cantidad por tonelada dejada de
suministrar, cantidad que está en función de los poderes caloríficos
de los carbones y de una valoración de las termias resultantes. En
1998 se pagaron 13.729 millones de pesetas; en 1999 5.132 millones, y
están previstos para el presente ejercicio 11.096 millones de pesetas
por este concepto de reducción de capacidad. Se ha pagado, por tanto,
hasta el 31 de diciembre, 29.958 millones de pesetas en todo este
período. En tercer lugar están las ayudas a la financiación de stocks
en centrales. Esta ayuda está orientada a evitar variaciones bruscas
en los suministros a centrales térmicas. Por este concepto, el coste
de los dos primeros años del plan ha sido de 2.100 millones de
pesetas en 1998 y 984 millones de pesetas en 1999. Tenemos también la
línea de ayudas al transporte de carbón entre cuencas, con 520
millones de pesetas pagadas en 1998 y 630 millones de pesetas pagadas
en 1999.
Por último, en el área de reestructuración voy a exponerles algunos
datos sobre el desarrollo de las prejubilaciones y bajas incentivadas
producidas en el sector y sobre el vale del carbón. Entre los años
1998 y 1999 se han producido en el sector privado 4.959 bajas por
prejubilaciones y bajas incentivadas, estando previsto para el año
2000 que se produzcan otras 958 bajas, en total, 5.917 en casi tres
años del plan. Esta línea de actuación está suponiendo un importante
esfuerzo financiero para el Estado, y no se comprende cómo a veces no
se valora en su justa medida por determinados sectores. En ocasiones,
la crítica ha llegado a manifestar que las bajas se están produciendo
aceleradamente, lo cual equivale a decir que se cumplen años muy
rápidamente, opinión que debo decir que comparto. Realmente, el
sistema se pactó en el plan y tras una larga negociación con los
sindicatos hasta conseguir que la edad de prejubilación se rebajara
en dos años; luego el sistema es el acordado. Por otra parte, la
jubilación es un derecho reconocido, no un deber ni una obligación,
es voluntaria, y si se cumplen las condiciones el Gobierno seguirá
concediéndolas. En cuanto al vale del carbón, basta decir que se han
concedido ayudas para más de 24.000 beneficiarios. Esta es el área de
reestructuración o reconversión.
La otra gran área que mencioné al principio es la de reactivación que
se plasma en tres ayudas concretas: la realización de
infraestructuras, el apoyo a los proyectos empresariales generadores
de empleo y la formación. Siguiendo este orden establecido, sólo por
el importe de las ayudas concedidas puedo señalarles lo siguiente. En
el bienio 1998-1999, el importe de los 354 convenios firmados con las
comunidades autónomas para infraestructuras ha comprometido un
importe de 198.256 millones de pesetas, y con el proceso ya iniciado
de conversaciones con las comisiones de seguimiento de los
protocolos, se firmarán otros 20.000 millones de pesetas en el
próximo futuro.
En cuanto a los proyectos empresariales, los datos disponibles en el
período 1998-1999 son los siguientes. En el año 1998 se han puesto en
marcha 90 proyectos empresariales con una ayuda de 5.891 millones de
pesetas, y se ha comprometido la creación de 1.532 puestos de
trabajo. En 1999, los proyectos son 169, la ayuda asciende a 14.280
millones y el empleo a 2.343. En el año presente, estando la
convocatoria de ayudas próxima a cerrarse, los datos aproximados
serían: proyectos, 200; ayuda, 14.000 millones de pesetas y empleo,
3.000. Como pueden suponer, estos datos, no son definitivos, pudiendo
variar en función de las afectaciones y las renuncias.
Por último, tenemos los datos de ayudas a la formación. En las dos
convocatorias celebradas se han concedido 2.321 becas en la
convocatoria 1998-1999 y 3.069 becas en la convocatoria 1999-2000.
Estas son becas a estudios secundarios, universitarios y de posgrado.
Además hay becas para idiomas. Se han concedido
714 becas en el año académico 1998-1999 y 1.592 en el año 1999-
2000. También están las becas para informática: en el ejercicio 1998-
1999, 492 becas, y 1.012 becas en el 1999-2000. Es evidente que se
está haciendo un importante esfuerzo, pasando de un total de 3.527
becas en 1998-1999 a 5.673 en 1999-2000. En las ayudas para la
formación en zonas mineras para empleos alternativos, en la primera
convocatoria se presentaron 1.686 solicitudes, por importe de 8.384
millones de pesetas, concediéndose ayuda para 224 acciones, por un
importe algo superior a los 1.000 millones de pesetas.
Los datos que les he suministrado, señorías, son reales y en mi
opinión, tal como les decía al principio, permiten una valoración muy
positiva del Plan del carbón. No debe realizarse una descalificación
de conjunto del plan tan sólo porque en relación con un trabajador o
una empresa en concreto se produce algún problema o un retraso en una
ayuda. Asuntos puntuales siempre surgen y surgirán, pero ello no
puede llevar a valorar negativamente el desarrollo de un plan como el
actual, difícil por el número de beneficiarios, por el importe muy
elevado de recursos administrados, por municipios, provincias y
comunidades autónomas afectadas, y en definitiva por su enorme
volumen. Entiendo que la ejecución del plan hasta el momento no puede
calificarse más que como satisfactoria en los dos objetivos a los que
el plan trata de responder: la reestructuración del sector aquejado
de importantes problemas y la dinamización de las zonas y poblaciones
excesivamente dependientes de esta industria, posibilitando así la
aparición y desarrollo de sistemas productivos alternativos.
Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguigaray Ucelay): Muchas gracias, señor
Folgado. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, para evitar que no haya
debate, que no haya intervención, desde los grupos parlamentarios,
agradecemos la intervención del señor secretario de Estado, y en otro
momento seguiremos hablando de lo bien concebido que está el Plan de
minería del carbón.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguigaray Ucelay): Muchas gracias, señor
secretario de Estado.
Con esto terminamos la comparecencia prevista en el orden del día.
Nos quedan dos proposiciones no de ley. Les ruego que continúen en
sus escaños. (El señor vicepresidente,Padrol i Munté, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): Reanudamos la sesión
después de haber concluido la comparecencia del secretario de Estado
de Economía.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS
DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000013).
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): Vamos a tratar y a debatir
el siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas a adoptar para el desarrollo
de las comarcas mineras de Galicia.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, por el Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Las comarcas mineras de As Pontes de
García Rodríguez y Meirama, en la provincia de A Coruña, verán
agotados sus lignitos pardos, la primera en el año 2008-2010 y la
segunda ya en el año 2005.
La pérdida de puestos de trabajo que se ha producido en estas dos
comarcas mineras en Galicia equivale al 10 por ciento en el conjunto
de la minería del Estado español y desde el punto de vista de la
producción representa bastante más del 30 por ciento del denominado
carbón nacional. Por darles un dato significativo, solamente en la
comarca minera de As Pontes de García Rodríguez se extraen al año
9.000.000 de toneladas. Además, en estas dos comarcas mineras hay dos
centrales térmicas que estuvieron montadas al amparo de este mineral
que se produce a cielo abierto, creando en los dos ayuntamientos pero
especialmente en el de As Pontes, una especie de paisaje lunar
característico.
Las dos centrales térmicas, por tanto, se encuentran en peligro de
desaparición en el horizonte del 2005- 1010, en función no solamente
de las directivas europeas que intentan reducir la contaminación de
emisiones a la atmósfera, también derivado de la falta de recursos
energéticos autóctonos, que se producirían a partir de ese horizonte
temporal; pero, sobre todo, si no se opta por la instalación o la
continuidad de las mismas a través del ciclo combinado con gas.
Hoy en día las empresas que siguen siendo propietarias de la central
térmica de As Pontes y de Meirama son lógicamente empresas privadas,
aunque una de ellas haya sido privatizada recientemente, en concreto
el caso de Endesa, y por tanto van a actuar en función de los
intereses del mercado y en función de intereses políticos
estratégicos que tienen en cuenta no solamente la base demográfica
existente en el Estado español, sino también las perspectivas de
crecimiento y desarrollo económico de las distintas zonas del Estado.
En todo caso, debe saberse que las dos centrales térmicas que han
venido funcionando a partir de los recursos del propio país tendrán
continuidad si se establece una planta de gas en el caso concreto de
la comarca de Ferrol-Terra y si además la fusión Iberdrola-Endesa no
provoca la venta o una eliminación de sus activos que tenga una vez
más como víctima la situación que estamos viviendo en Galicia.
En todo caso, para los efectos de esta proposición no de ley, después
de esta introducción que intenta contextualizar el problema, debe
saberse que las dos comarcas quedaron excluidas en principio de los
beneficios establecidos a través de la mesa del carbón y de los
planes para la minería del carbón en los año 1996 y 1997, en su
momento de gestación. Afortunadamente, a través de la reivindicación
de la sociedad de As Pontes de García Rodríguez, en especial de su
institución local y del sindicalismo, que pensaban no se podía
permitir que una central que había dado gran cantidad de ganancias
para una empresa como Endesa, hasta el extremo de que el presidente
de la misma reconoció en sede parlamentaria que gracias a Endesa-As
Pontes Endesa se convirtió en una empresa potente de tipo energético
y pasó de ser prácticamente de poca importancia en los años setenta a
tener las dimensiones actuales, a pesar de esto, vuelvo a repetir, la
comarca minera de As Pontes quedaba excluida de los planes del
carbón.
Felizmente, toda esta movilización, incluida también nuestra
insistente demanda desde el momento que llegamos aquí en 1996, dio
como producto que el propio Partido Popular, el 11 de febrero de
1997, presentase una proposición no de ley para integrar, aunque
fuese limitadamente a estas dos comarcas en los planes de la minería
del carbón. Esta integración se hizo en los aspectos que eran
compatibles con la Decisión 3632/93 CECA, que dejaba excluidos en
algunos aspectos a los lignitos pardos, pero que no tenía por qué
excluirlos en relación con obras de infraestructuras o
prejubilaciones. Así, a partir de ese momento, febrero de 1998, el
plan contempló algunas actuaciones en las comarcas mineras de Galicia
en infraestructuras. En concreto se introdujeron infraestructuras en
el tramo de Catabois a Igresáfeita de una autovía Ferrol-Vilalba que
aún no se ejecutó; el tramo primero de la carretera Cabanas-As Pontes
de García Rodríguez, que aún no se ejecutó; y la variante del acceso
al polígono de Os Zairíos, que da la casualidad de que es eliminada
últimamente de las referencias de obras a acometer a corto plazo. Se
ve que este tipo de concesión es pírrica y tiene un montante de 4.500
millones de pesetas, cuando en el conjunto de las comarcas mineras ya
hay prácticamente repartidos 200.000 millones de pesetas. Es decir,
lo que se va a invertir en Galicia no llegaría ni al 2,5 por ciento
de las obras, que en las otras comunidades autónomas están casi todas
ellas ejecutadas o liquidadas. En el caso de Galicia estamos
esperando todavía a ejecutarlas y a liquidarlas.
Es más, en el conjunto de proyectos de la Xunta de Galicia entregados
al Miner quedan fuera obras muy importantes: por supuesto la segunda
fase de todos los proyectos a los que aludí; obras de
infraestructuras en la comarca minera de Meirama; tampoco está
aceptado el ferrocarril Ferrol-As Pontes, que sería fundamental desde
el punto de vista de la integración de toda la comarca de Ferrol-
Terra, y en concreto con los medios de comunicación tan importantes
como el puerto de Ferrol, y así sucesivamente. Nosotros presentamos
esta proposición no de ley que tienen como objetivo tres aspectos.
Primero, que se considerasen urgentes todos los proyectos contenidos
en el plan de actuaciones, ya que muchísimos quedaban para la
segunda, tercera y cuarta fase. Esto se logró en parte, pero incluso
los que fueron adelantados ni siquiera van a estar acabados en el año
2001. Por otra parte, que se contemplen todos los proyectos de la
Xunta de Galicia, muchos de ellos postergados; incluso alguno de los
que se habla en la enmienda que presenta el Partido Popular.
En segundo lugar, nos autoenmendamos para que el Gobierno tenga en
cuenta que en todo caso las inversiones en las comarcas mineras de
Galicia tienen que equivaler al 10 por ciento del total, con lo cual
nos tendrían que tocar 40.000 millones de pesetas, y no los 4.000 que
hay contemplados en términos absolutos. En tercer lugar, mostramos
nuestra preocupación porque continúen las centrales térmicas, pero
como centrales de ciclo combinado en el futuro, que es otro de los
objetivos. Estas son las tres cuestiones básicas de nuestra
proposición no de ley.
Para no intervenir nuevamente, aunque la enmienda del Partido Popular
reduce sensiblemente nuestra aspiración de que figuren todos los
proyectos, no ya los nuestros sino los preparados por la Xunta de
Galicia; lo circunscribe a adelantar los convenios específicos en
función de los proyectos ya aprobados o contemplados, elimina la
preocupación por que continuemos teniendo centrales de ciclo
combinado para que no haya una deflacción brutal en la producción
energética de Galicia y para posibilitar que esas comarcas no
padezcan más, teniendo en cuenta que sí contempla la segunda fase del
polígono de Penalpurreira, que es un proyecto muy importante para la
comarca de As Pontes, vamos a aceptarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): Diversos grupos
parlamentarios han presentado enmiendas, aparte del propio Grupo
Parlamentario Mixto, que las ha defendido en su intervención. El
resto de los grupos son el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista. Por orden de presentación, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DELGADO ARCE: Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar la posición
de nuestro grupo en relación con esta proposición no de ley del
señor Rodríguez y para defender la enmienda de sustitución que hemos
presentado.
Siempre resulta muy gratificante hablar del desarrollo alternativo de
las comarcas mineras de Galicia, que afectan a Meirama, As Pontes y a
los concellos limítrofes. Estamos en un tema claramente importante
para la Comunidad Autónoma Gallega que se ha debatido con profusión,
no solamente aquí con anterioridad, sino también en el Parlamento de
Galicia, en el que además se da la circunstancia de que estuvimos
como diputados los tres que vamos a intervenir en este acto en el día
de hoy.
Alude el proponente, señor Rodríguez, en la exposición de motivos al
plan de la minería del carbón, sobre el yo quisiera hacer algunas
puntualizaciones. Las comarcas mineras de Galicia se benefician de
las ayudas de este plan como consecuencia del impulso dado por el
acuerdo adoptado el 11 de febrero de 1977, acuerdo que se consigue
gracias al esfuerzo y a las reivindicaciones sociales de concellos,
agrupaciones de trabajadores y empresarios, pero también gracias a la
iniciativa desplegada aquí por el Grupo Parlamentario Popular que, a
través de su diputado Jesús Manuel Pérez Corgos, defendió la
inclusión de estas dos cuencas mineras de Galicia que inicialmente
estaban excluidas por tratarse de lignitos pardos, es decir de
carbones, no de la CECA. Esto sirvió para que fueran incluidos en el
plan de desarrollo de la minería y que dentro del programa de
desarrollo alternativo se incluyeran líneas de infraestructuras,
programas de formación y apoyo a proyectos empresariales generadores
de empleo.
En el anexo segundo de este plan se contiene una relación de
actuaciones que el conjunto de las comunidades autónomas deseaba
realizar a cargo de los fondos del Instituto para la reestructuración
de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras. Eran unas actuaciones que no estaban valoradas
económicamente, ni en su mayoría estaban tampoco realizados los
propios proyectos por los que se incluyeron de forma orientativa, ya
que los compromisos se recogen a la firma de los convenios, tal y
como establecen los protocolos que firman el Ministerio de Industria
y Energía y las comunidades autónomas. Fue el 12 de febrero de 1998
cuando se firmó el protocolo de colaboración entre el Ministerio de
Industria y Energía y la Comunidad Autónoma de Galicia para la
promoción y desarrollo alternativo de estas zonas mineras del carbón
de Meirama, en el concello de Cerceda, y de As Pontes, y por eso se
incluyen en este plan de la minería un conjunto de actuaciones en las
zonas referenciadas para hacer frente a los efectos originados por la
reducción paulatina de la actividad en estas zonas mineras. Pues
bien, en este anexo segundo para Galicia,de modo indicativo,
figuraban cinco actuaciones
para la primera fase, cuatro para la segunda, cuatro para la tercera
y uno en la cuarta fase.
Por lo que se refiere a los convenios firmados en desarrollo de este
programa, al día de hoy están firmados, con fecha 21 de septiembre,
tres convenios por actuaciones valoradas en 4.678 millones de pesetas
y son los que aludía el señor Rodríguez: la carretera A Cabana-A
Capela-Goente, con un presupuesto de 1.371 millones de pesetas que,
afortunadamente, podemos decir que estas obras se están ejecutando y
está previsto que concluyan en junio del año 2002; el desdoblamiento
del corredor de Cataboisa a Igresafeita, lo que se inscribe dentro
del contexto de la autovía FerrolVilalba, con un presupuesto de 2.783
millones de pesetas, obras que ya están adjudicadas y en este momento
en fase de desbroce, y el proyecto que se mantiene de la variante de
acceso al polígono de Os Ziríos, con un presupuesto de 108 millones
de pesetas.
Por lo que se refiere a los proyectos empresariales generadores de
empleo, a los que nosotros damos tanta importancia, quiero subrayar
que, en el año 1998, seis empresas se beneficiaron de este tipo de
ayudas, con una subvención de 328 millones de pesetas y que hoy estas
seis empresas están en producción, generando una inversión total de
4.283 millones de pesetas. El total de proyectos presentados en el
año 1999 asciende a 13, con una subvención total de 1.337 millones y
en el año 2000 se han presentado ya 34 proyectos en Galicia, siendo
24 de ellos para As Pontes y concellos limítrofes y 10 para Cerceda y
concellos limítrofes. Esto indica que hay un alto interés por parte
de las empresas gallegas en ubicarse en estas zonas y que se está
produciendo la tan ansiada diversificación productiva de estas zonas
que tanto dependían de la actividad minera, como eran As Pontes y
Meirama. ¿Cuál es el objeto de la enmienda de sustitución que
nosotros planteamos? Justamente dar el valor a la iniciativa
presentada por el Bloque Nacionalista Galego, la importancia que el
Grupo Parlamentario Popular concede a ocuparse permanentemente de
estos temas y hacerlo en el marco de una propuesta constructiva. Así,
nosotros pedimos en nuestra enmienda que se dé celeridad a la firma
de los convenios de colaboración específicos correspondientes a las
infraestructuras viarias que están recogidas en el protocolo y que
son vitales para mejorar las comunicaciones de estas zonas. Con la
finalidad de incrementar la necesaria disponibilidad de terrenos que
permitan la afloración de inversiones que estimulen el desarrollo de
las zonas mineras y más específicamente de As Pontes, pedimos la
ampliación del parque empresarial de Penapurreira entre las
actuaciones acogidas por el protocolo de colaboración. Hace muy pocos
días, el 26 de octubre, se reunía la comisión de seguimiento de este
tema, y ya se nos dio a conocer que el conselleiro de Industria de la
Xunta de Galicia estaba a punto de firmar este protocolo con el
Instituto de la Minería para financiar esta segunda fase. Es una
obra imprescindible para relanzar esta importantísima zona, con la
que nosotros mantenemos y reiteramos nuestro compromiso.
Remato ya, agradeciendo al grupo proponente, al señor Rodríguez, en
nombre del Bloque Nacionalista Galego, su sensibilidad y nos
congratulamos de poder votar afirmativamente todos esta iniciativa de
impulso.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): A continuación tiene la
palabra, para la defensa de sus enmiendas, el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor DÍAZ DÍAZ: Nosotros también coincidimos sustancialmente con
la propuesta que hace el BNG. En Galicia hay dos centrales térmicas
que trabajan con lignito pardo, que se extrae a cielo abierto, son
dos yacimientos que tienen fecha de caducidad. Parece que la
producción de energía eléctrica va a continuar con carbón de
importación y gas, pero algo claro es que en el corto plazo va a
desaparecer el empleo que se dedica hoy a la extracción de lignito lo
cual exige, para que no genere paro, construir infraestructuras para
poder diversificar. Por otra parte, la reconversión de las plantas
para producir energía con carbón y con gas también exige de
infraestructuras.
A pesar de que el portavoz del Partido Popular es muy optimista, en
estos momentos esas infraestructuras son claramente insuficientes.
Nosotros apoyamos la propuesta números 1 y 2 del grupo parlamentario
de BNG. Para que estos puntos se puedan cumplir es necesario que se
dote de mayores fondos porque el plan está presupuestado, hay unos
compromisos, y para ampliarlos debe haber mayore dotación económica.
Estamos radicalmente en contra de la propuesta número 3 que el Grupo
Parlamentario Popular silencia, porque tenemos discrepancias
radicales con los costes de transición a la competencia y el tiempo
nos vuelve a dar la razón. Señorías, la operación intercambio de
activos diseñada en la propuesta de fusión Endesa-Iberdrola pone en
evidencia y desautoriza la postura definida por el Gobierno sobre la
legitimidad del abono de las eléctricas de 1,3 billones de pesetas
por los costes de transición a la competencia que pagan los
consumidores desde enero del año 1999 con un recargo del 4,5 por
ciento sobre sus facturas eléctricas. Resulta difícil defender que
las empresas fusionadas prevean ayudas públicas por valor de medio
billón de pesetas por la venta de unos activos cuyo valor contable va
a verse superado con creces por su valor real de mercado.
Consideramos que el Gobierno debe de proceder a anular estas ayudas
por transición a la competencia, no sólo porque dicha competencia no
está garantizada, sino porque el propio mercado se ha encargado de
convertirlas en innecesarias y, por tanto, en un auténtico regalo que
pagan los usuarios. En coherencia con nuestra posición, proponemos
suprimir el punto 3. En todo
caso, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular nos parece poco
ambiciosa, pero si el proponente la acepta nosotros también vamos a
apoyarla.
El señor DELGADO ARCE: Señor Díaz, solicito la palabra para una
aclaración en relación con sus manifestaciones. Nuestra enmienda de
sustitución implica que los tres puntos se transformen en dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): A los efectos de aceptar
las enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El contenido del punto tercero no quiere
decir que estemos a favor de los costes de transición a la
competencia. Si las están cobrando, una vez que las ganancias
sustanciales de Endesa en As Pontes -reconocido por el señor Martín
Villa- fueron las que posibilitaron que Endesa sea hoy la gran
transnacional que es, lo normal es que una parte de esas
compensaciones las aplicaran invirtiéndolas en el país. Pero ya está
eliminada desde el momento en que aceptamos la enmienda del Partido
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): Sometemos a votación la
proposición presentada que queda redactada de la forma en que ha sido
enmedada por el Grupo Parlamentario Popular.
Procedemos a su votación.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acumulamos la votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): La votación se realizará al
final de la sesión.
- SOBRE TRIBUTACIÓN DE LAS PERCEPCIONES RECIBIDAS POR PREJUBILACIÓN.
PESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000179.)
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté.): Pasamos al siguiente punto
del orden del día: proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre tributación de las percepciones
regidas por prejubilación.
Tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Voy a tratar de explicar una cuestión que
es muy técnica de una manera rápida. A estas horas seguramente no
estamos para grandes disquisiciones en materia tributaria, y
muchísimo menos para un ejercicio de erudición sobre lo que
significan rentas regulares e irregulares en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas. En todo caso, me gustaría decir que
estoy planteando esta cuestión no
sólo desde una perspectiva técnica, sino también y principalmente
desde una perspectiva política. Estoy hablando de un problema que
afecta a unas 25.000 personas, como mínimo, en el conjunto de España
,que son el resultado de los procesos de jubilación o de
prejubilación en la Compañía Telefónica. En 1990 la Compañía
Telefónica tenía unas 75.000 personas, terminará este año con unas
42.000. En ese proceso que se ha puesto de relativa moda en muchas
compañías en nuestro país, que desde la perspectiva de las empresas
está justificado por el objetivo de reducción de costes, un buen
número de personas ven afectado su porvenir profesional y también sus
rentas en el tiempo. Con indepedencia de que se puedan producir
situaciones mejores y peores, no todo el mundo tiene los mismos
tratamientos ante estos procesos y algunas personas como las que han
trabajado en Telefónica puedan tener un tratamiento relativamente
mejor del que han tenido en otras empresas o menos malo del que
tendrían, no cabe duda de que se produce una pérdida patrimonial, una
pérdida de expectativas, además de otros procesos que son dignos de
ser tomados en consideración, como es el hecho de que a partir de los
50 ó cincuenta y algún años, algunas personas dejen de ser
consideradas casi como parte de la población activa. Con esto quiero
decir que el sector público el Estado, debiera velar porque quienes
ven no sólo truncada su vida profesional sino también sus rentas
presentes y futuras no sufrieran menoscabo superior al que, desde una
perspectiva comparativa, debieran sufrir. Es obvio que las
percepciones que tienen derivan del trabajo y es obvio también que se
pueden instrumentar de formas muy variadas. Lo que trato de discutir
es la intrepetación que se está haciendo en este momento por la
Agencia Tributaria y la que está siendo propiciada también a través
de la compañía de seguros filial de la Compañía Telefónica, que es
quien hace los pagos correspondientes a las personas que han suscrito
los contratos voluntarios -entre comillas- de prejubilación. Y digo
entre comillas porque las técnicas son variadas para hacer que
algunas de las personas que son objetivos para la Compañía Telefónica
de prejubilación, acaben por asumir esos contratos que desde el punto
de vista formal se suscriben voluntariamente.
¿Qué es lo que ocurría antes de la actual Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas de 1991? Según esa legislación,
refrendada en su interpretación por la Administración tributaria a
través de sus diferentes delegaciones, e incluso por los tribunales
económicos-administrativos, y sin duda por distintas sentencias de
tribunales superiores de Justicia de carácter regional, las
compensaciones, indemnizaciones, o como quieran calificarse
jurídicamente, que acompañaban a las prejubilaciones tenían el
tratamiento de rentas irregulares, rentas del trabajo de carácter
irregular. Eso explica que en los años 1995, 1996, 1997, etcétera, no
se produjeran diferencias de interpretación ni quejas de
ningún tipo y ésta fuera una práctica usual de todos los que estaban
en esa situación. A partir del año 1998, sin embargo, se produce un
cambio; por un lado, por la aparición de nuevas y más perfeccionadas
fórmulas de prejubilación y, en segundo lugar, por la modificación de
la legislación fiscal, en concreto, la entrada en vigor de la Ley 40/
1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A partir
de ese momento tenemos un problema que afecta a un buen número de
personas en toda la geografía española, a sus familias, a sus rentas.
Es un problema que se puede expresar en estos términos: ¿son rentas
regulares ordinarias que tributan por la totalidad las que se
perciben en virtud del contrato de prejubilación que todos
voluntariamente, entre comillas, tienen que firmar con la compañía
Telefónica? ¿O son rentas irregulares generadas a lo largo de más de
dos años, de toda la vida, que se devengan en un único momento, a la
firma del contrato, con independencia de que después se reciban
periódicamente a través de los pagos de una compañía de seguros,
filial de la compañía Telefónica, como es la compañía de seguros
Antares? A partir del nuevo impuesto sobre la renta de las personas
físicas tenemos una diferencia de interpretación y entonces tenemos
algunos conflictos en diferentes delegaciones y, desde luego, una
situación que yo creo que no puede resolverse en los términos en los
que hasta ahora está siendo resuelta.
Me gustaría decirles que ni de acuerdo con el propio texto de la Ley,
artículo 17 del impuesto sobre la renta, ni de acuerdo con el
Reglamento del impuesto sobre la renta, la interpretación rigorista
que cambia la tradición anterior en relación con el impuesto sobre la
renta antes vigente debiera perdurar, entre otras cosas porque el
artículo 17 del impuesto sobre la renta dice que, como regla general,
se computarán los rendimientos íntegros, excepto que les sea de
aplicación algunas de las reducciones siguientes: un 30 por ciento de
reducción en los casos en los que los rendimientos tengan un período
de generación superior a dos años y no se obtengan de forma periódica
o recurrente, así como aquellos que se califican reglamentariamente
como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Y el
propio Reglamento del impuesto sobre la renta en su artículo 10,
apartado f), dice que estarán en esta situación, quedarán por tanto
calificadas como irregulares aquellas cantidades satisfechas por la
empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la
relación laboral. Hay una norma adicional en ese reglamento, en el
apartado 2 del artículo 10, en virtud de la cual cuando los
rendimientos del trabajo se generen en dos años hay una norma para
establecer, en los casos en los que haya pagos fraccionados, cómo se
debe hacer el cómputo.
Pero a lo que voy y sin entrar en elementos de detalle de lo que es
la ley y el reglamento, mi pregunta y mi consideración política tiene
que ver con los antecedentes de la ley, con lo que ocurría antes, con
el número de
personas afectadas, con jurisprudencia de distintos tribunales
superiores de Justicia en esta materia y en materias relacionadas con
las indemnizaciones, compensaciones por pérdida de puestos de trabajo
en casos de reconversión inicialmente y posteriormente en casos de
prejubilación y, desde luego, tiene que ver con la discusión que
hicimos en esta Cámara cuando, con motivo del intento del Gobierno y
del Grupo Popular de encontrar una solución al problema de las stock
options, se trató de hacer una regulación más dura para determinadas
percepciones. Esa regulación, que compartimos en buena parte aunque
discrepamos en otra, llevó en su momento a la portavoz de mi grupo,
doña Arantxa Mendizábal, a advertir, en la sesión del día 18 de
noviembre de 1999, de si acaso, con motivo de penalizar el
tratamiento fiscal de las stock options, no se iban a generar
penalizaciones en el tratamiento de otras indemnizaciones que nada
tenían que ver con las que percibían los titulares de stock options.
El señor Martínez-Pujalte tranquilizó a la Cámara y a la opinión
pública en aquella misma sesión diciendo, cito textualmente: ningún
empleado de la empresa que usted ha mencionado -Teléfonica, por
ejemplo-, señora Mendizábal, va a tener que tributar por una
indemnización como aquélla a la que usted se refiere.
Yo quiero reclamar que eso que ya denunciamos en su momento, que
afecta ahora a todos los prejubilados de Telefónica, que rompe la
tradición anterior y que significa un criterio de interpretación más
riguroso, distinto y peor para retribuciones que derivan del trabajo
y que nada tienen que ver desde luego con pelotazos, sino con la
pérdida de posición económica de los prejubilados de Telefónica, sea
criterio unánime de esta Cámara en la interpretación que transmitamos
a la Agencia Tributaria. Esto es una proposición no de ley. si con
ella no fuera posible llegar a la misma interpretación a que se llegó
con la ley anterior, la jurisprudencia y la interpretación de las
autoridades en materia de Hacienda, mi grupo esta dispuesto a
introducir una modificación de carácter legislativo.
Creo que el Grupo Parlamentario Popular hará honor a sus compromisos,
a los que entonces mantuvo y a los que hizo llegar a la opinión
pública, en cuanto a que una cosa eran las stock options y otra los
prejubilados.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): ¿Grupos que deseen fijar su
posición?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Dice el artículo 1 del IRPF: El
impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo de
carácter personal y directo, que grava según los principios de
igualdad, generalidad y progresividad -igualdad y progresividad,
quiero señalar específicamente estos dos principios-
la renta de las personas físicas, de acuerdo con sus circunstancias
personales y familiares.
Dije, digo y reiteraré cuantas veces sea preciso. Cuando se modificó
la regulación del artículo 17, que habla de rendimientos irregulares,
estableciendo un tope, manifesté que ningún desempleado, ningún
trabajador que perdiera su puesto de trabajo, iba a verse perjudicado
porque el artículo 7 del IRPF reconoce en su punto e) que las
indemnizaciones por cese o despido, en la cuantía que está
establecida en el Estatuto de los Trabajadores, están exentas. Ahora
estamos hablando de otra cosa distinta: si tiene carácter irregular
una renta que se recibe mensualmente durante toda la vida laboral, de
una manera continua y en cantidad equivalente a la que se recibía
cuando uno estaba en activo. ¿Tiene sentido, señorías, que estemos
interpretando como rendimiento irregular una cuantía económica que
puede suponer de siete a diez veces el salario mínimo
interprofesional y que un señor va a recibir durante toda su vida
hasta los 65 años, y que sin embargo el ciudadano que recibe el
salario mínimo interprofesional tenga que pagar integrando en su base
el cien por cien? ¿Tiene sentido que a un señor que recibe diez veces
el salario mínimo interprofesional le declaremos exento un 30 por
ciento de ese salario mientras otro que recibe el salario mínimo
interprofesional tiene que integrar el cien por cien? ¿Estamos dando
cumplimiento al artículo 1 del impuesto de la renta de las personas
físicas, que habla de igualdad?
Señorías, el artículo 17 es claro. Establece lo que deben ser los
rendimientos irregulares con una reducción del 30 por ciento, para
dar una respuesta clara a la necesidad de corregir la progresividad
que se señala en el artículo 1, diciendo: Si usted va a recibir una
cuantía económica en un momento determinado que le hace aplicable la
progresividad del impuesto y, por tanto, tributar más de lo que debe,
yo, legislador, le corrijo esa progresividad con una reducción del 30
por ciento.
Pero hoy lo que se está sustanciando aquí, en la proposición no de
ley del Grupo Socialista, es que en unas cantidades que se reciben de
forma periódica y recurrente desde el momento en que un señor firma
un acuerdo hasta los 65 años en que cobra la jubilación, se corrija
una progresividad que no se produce en ningún caso. Señorías, no hay
que corregir progresividad cuando ésta no recae sobre las rentas,
porque recibe las rentas de forma periódica y recurrente, que es uno
de los requisitos que establece el artículo 17 para que no sea
considerado rendimiento irregular.
Dice el señor Eguiagaray: Es que esto es una especie de indemnización
que se ha generado a lo largo de la vida laboral de estos
trabajadores. Yo comprendo su opinión, incluso se puede analizar y
seguro que lo ha estudiado a fondo, pero aquí lo que se produce es
que
un señor cobra su nómina de manera periódica y recurrente y llega un
momento en que firma un pacto con la empresa, por el que va a seguir
recibiendo de forma periódica y recurrente el cien por cien de su
salario, además va a seguir cotizando a la Seguridad Social por la
tarifa que le corresponde y esa cotización a la Seguridad Social la
va a pagar la empresa por el, porque la paga el trabajador y luego la
entrega la empresa, la cual le reintegra el importe. Eso, señorías,
no es una indemnización derivada de los años de trabajo, eso es un
pacto firmado en un momento determinado, que da origen al cobro de
unas rentas periódicas y regulares, con cotización a la Seguridad
Social que da derecho a pensión.
Señorías, mi opinión -y es opinión de mi grupo parlamentario- es que
estamos hablando de un rendimiento regular. Es opinión de mi grupo
parlamentario que cuando hay una indemnización por despido el
trabajador tiene exenta la renta hasta 45 días por año trabajado
y hasta 20 días si es con motivo de una regulación de empleo, y por eso
no paga, pero las rentas periódicas y regulares tienen que tributar
por el principio de igualdad, porque si no situaciones similares
tendrían tratamientos fiscales distintos, y eso nos parece que rompe
los principios de este impuesto.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): Sometemos, por tanto, a
votación los últimos puntos del orden del día.
En primer lugar, la votación sobre el punto quinto, proposición no de
ley sobre medidas a adoptar para el desarrollo de las comarcas
mineras de Galicia, presentada por el Bloque Nacionalista Galego,
Grupo Parlamentario Mixto, en la redacción que resulta de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que ha sido aceptada
por el proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Pardol i Munté): Queda aprobada por
unanimidad. Último punto del orden del día, votación de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista sobre tributación de las percepciones recibidas por
prejubilación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 17; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Padrol i Munté): Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.