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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 85, de 19/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 85
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 4
celebrada el jueves, 19 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Sobre modificación de las normas laborales y de la Seguridad Social
en relación con los contratos de carácter temporal. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/000043) . . . (Página 2304)
- Sobre la problemática del sector marisquero en Galicia. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/
000087) . . . (Página 2308)
- Relativa a la necesidad de hacer compatible la percepción del SOVI
(Seguro obligatorio de vejez e invalidez) por personas mayores de 65
años con la pensión de viudedad. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000140) . . .
(Página 2310)
- Relativa a la pensión del Seguro obligatorio de vejez e invalidez
(SOVI). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000187) . . . (Página 2310)
- Para que se proceda de oficio a la revisión de las pensiones de
incapacidad permanente, de acuerdo con la sentencia dictada por la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación
número 109/1999. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000233) . . . (Página 2313)
Se abre la sesión a las dos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS DE CARÁCTER TEMPORAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
161/000043)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Se abre la sesión, que tiene como primer punto del orden del día el
debate y votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de las normas
laborales y de la Seguridad Social en relación con los contratos de
carácter temporal.
Para la intervención como autor de dicha iniciativa, le concedo la
palabra al señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: Izquierda Unida ha venido insistiendo
reiteradamente en esta Comisión y en la Cámara sobre la elevada tasa
de temporalidad del trabajo de la economía española. No les ocultaré
que a nuestra preocupación tradicional se une la trascendencia
y gravedad del aviso a navegantes poco explicado y, por qué no decirlo,
amenazante del señor Aznar, advirtiendo que sin reformas productivas
laborales y de la Seguridad Social no habría más empleo del que hay.
Seguro que hay mucho de ponerse la venda delante de la herida y más
de reconocimiento del fracaso de una política, pero no puedo dejar de
señalar que esas palabras son sospechosamente idénticas a las
pronunciadas por el jefe de la patronal en la asamblea de los
empresarios, el pasado 23 de mayo, que constituyen la versión más
regresiva de la modernización del modelo social europeo. Sin embargo,
no hemos escuchado reforma alguna que limite el aumento de precios en
la gasolina, el gas o la electricidad. Lo que el señor Aznar nos está
diciendo es que piensa compensar el fracaso de la máxima liberal que
ofrecía productos más baratos
una vez finalizado el monopolio público, con una vuelta de tuerca más
de las prestaciones y derechos sociales. Quienes llevan las de perder
en este terreno son los trabajadores y trabajadoras con contrato
temporal. SS.SS. deberán reconocer que buena parte de las
advertencias, que en 1994 formuló Izquierda Unida, son hoy hechos
constatados: ausencia de derechos, profusión de temporalidad y
evidente desigualdad en el seno de los trabajadores y trabajadoras.
Los altos índices de temporalidad existentes son muy superiores al
resto de los países de la Unión Europea, una situación que debe
llevarnos a una nueva regulación de la contratación laboral y a una
discriminación negativa, incorporando un sobrecoste económico a este
tipo de contratación.
La proposición no de ley que presentamos no formula iniciativas
concretas, sino que sugiere líneas de reflexión. Deseamos estar
abiertos a consensos entre las fuerzas políticas, a reflexiones que
puedan aportar la negociación y el acuerdo entre los agentes
sociales. Proponemos este análisis desde dos perspectivas: la humana
y la que nace de las prácticas del mercado de trabajo. Empezaré por
la perspectiva humana, ya que por una vez podríamos ponerle alma a la
política. Un trabajador temporal cobra menos que un trabajador
indefinido, difícilmente accede a cursos de formación, tiene tres
veces más posibilidades de sufrir un accidente laboral y se irá al
paro normalmente sin poder cobrar el seguro de desempleo; el mercado
de trabajo español ofrece unas prácticas que empeoran esa situación.
No dejaré de señalar que la contratación temporal cumple un papel
deseable en el mercado de trabajo cuando atiende a actividades
circunstanciales en las empresas. El problema surge cuando con
contratos temporales se cubren actividades estructurales, dicho de
otra manera, cuando la contratación se produce con fraude de ley. El
Parlamento ha modificado la ley que regula las ETT; sin embargo, no
podemos negar que, con las ETT o al margen de ellas, se hayan
adueñado del mercado de trabajo español, fractura de difícil
superación. Son prácticas en las que cualquier observador puede
detectar fraudes al espíritu y a la letra de la ley, así como a la
Seguridad Social y, por qué no decirlo, actitudes próximas al
mercadeo de personas más repugnante.
Al formularles esta proposición, deseamos realizar con ustedes una
reflexión general sobre lo que representa la práctica de la
temporalidad en el mercado de trabajo español. Hay una elevada tasa
de temporalidad. Es justo el desempleo la característica más negativa
del mercado laboral en España, como ha señalado la propia Comisión
Europea en sus evaluaciones sobre los planes nacionales de acción
para el empleo. La lucha contra esta temporalidad no puede limitarse
a la política de empleo, sino que debe implicar a toda la política
económica. En este sentido, expreso nuestra preocupación por las
palabras del señor Aznar e insisto en que este alto nivel de
temporalidad se encuentra no sólo en el uso fraudulento de la ley,
sino en el tejido empresarial, igualmente precario. Un ejemplo de
esta afirmación lo constituye el sector de la construcción, en el que
seis de cada 10 trabajadores son temporales y donde se concentra
cerca del 20 por ciento de los asalariados del mercado de trabajo. La
mayoría de la contratación se articula a través del contrato de obra
y parece ajustarse a derecho, pero esto no evita que la tasa de
temporalidad esté casi en 44 puntos por encima de la media europea.
Los efectos son una debilidad estructural del sector, propiciando la
atomización de las unidades empresariales a través de contrataciones
en cascada y minando la base de políticas económicas y de empleo.
Obsérvese, por lo tanto, la estrecha relación entre derechos
personales, fraude de ley y debilidad estructural de la economía
española.
Ha sido ya reconocido aquí en diversos momentos como uno de los
aspectos más evidentes de las fracturas introducidas en el mercado de
trabajo la discriminación de rentas, pero cada vez que esta cuestión
se ha planteado hemos señalado que no sería correcto limitarse
a monetarizar los problemas de la temporalidad, ignorando muchas otras
lesiones producidas de esta modalidad de gestión del mercado de
trabajo.
En definitiva, nuestra proposición no de ley obedece al mal uso y
abuso en la utilización empresarial de la contratación temporal, a
una pasividad de la Inspección de Trabajo y los servicios públicos de
empleo en el control de las posibles situaciones de fraude, a una
importante manga ancha de la jurisprudencia ante casos de
incumplimiento de las razones objetivas del contrato. Proponemos que
la Cámara revise y estudie los efectos de la temporalidad en la
igualdad de derechos laborales y de protección social, corrigiéndolos
en una dirección de igualdad de derechos, afirmando para todo el
sistema el criterio de proporcionalidad respecto a las condiciones
del conjunto de los trabajadores regulados en negociación colectiva.
Este es el sentido del primer punto de esta proposición no de ley:
hacer proporcional los derechos de devengo, incluyendo los períodos
de descanso y vacaciones en función de los regímenes de jornada y
descansos establecidos en los convenios de aplicación.
El quinto punto de la proposición no de ley se refiere a considerar
globalmente la legislación laboral española.
La normativa sobre contratas y subcontratas resulta obsoleta para
regular adecuadamente la nueva realidad productiva y para garantizar
los derechos básicos laborales. Por otra parte, la nueva directiva
europea sobre contratos de duración determinada, fruto del acuerdo
entre la CES y la UNICE concreta algunas medidas que es necesario
trasponer a nuestra legislación, como la causalidad de esta forma de
empleo y la duración máxima total de los sucesivos contratos
temporales, entre otras, para facilitar la reducción de la
temporalidad.
Pretendemos que se refuercen, desde la propia norma legal, las
razones objetivas por las que se puede hacer contrato de duración
determinada, precisamente para evitar que se rompan en las prácticas
cotidianas. Debe clarificarse la utilización de los sucesivos
contratos temporales, fijando límites al puesto de trabajo y al
trabajador para ser objeto y sujeto de este tipo de contratos.
Desearíamos incluir en el Estatuto de los Trabajadores, de forma
expresa, el mencionado principio de no discriminación. En definitiva,
sugerimos el análisis de una regulación, el refuerzo del principio de
causalidad, la fijación de límites temporales, medidas que deberían
acompañarse de un sobrecoste económico de la contratación temporal.
No hará falta extenderse sobre los efectos en los derechos de la
Seguridad Social de este tipo de prácticas, de la proliferación, por
ejemplo, de contratos de lunes a viernes, aprovechando los días
festivos y de inactividad de las empresas para causar baja laboral.
Los puntos 2, 3 y 4 de la proposición no de ley afirman el derecho de
la Seguridad Social, su capacidad de sanción, la consideración de
delito de las bajas irregulares en la Seguridad Social, la necesidad
de determinar sanciones adecuadas a infracciones graves, como la
falta de altas o descubiertos en las cotizaciones.
Señorías, la estabilidad en el empleo debe ser un elemento central.
Reducir de manera drástica la tasa de temporalidad y de precariedad,
incorporar una batería de medidas que buscan disminuir la
temporalidad, recausalizando la contratación, taponando la rotación y
cerrando el paso a la contratación abusiva es nuestro objetivo.
Los presupuestos del Estado para el próximo año incluyen entre las
partidas del Inem más de 88.000 millones de pesetas para
contrataciones laborales de ayuntamientos y administraciones
públicas. Dicho de otra manera, el presupuesto del Estado destina el
13 por ciento de los recursos de fomento de empleo a intervenir en
temporalidad. Algún ejemplo habría de darse, evitando señales en la
dirección incorrecta a la economía española.
Para terminar, esta proposición no de ley pretende enviar un mensaje
contundente a la sociedad española. Este mensaje no puede ser otro,
efectivamente, que causalizar la contratación temporal y, muy
especialmente, el contrato de obra y servicio. Poner límites a la
sucesión de contratos, penalizar los contratos temporales,
regularizar la subcontratación, ampliar los derechos de información
sindical y reiterar la reordenación y reducción del tiempo de trabajo
como un elemento clave para la creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Socialista para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la
proposición no de ley que ha presentado hoy el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, proposición que, según deduzco de su
lectura, viene a plantear en esta Cámara un problema hartamente
denunciado por los sindicatos y los trabajadores, cual es la
proliferación del contrato temporal, sobre todo, y el más
preocupante, el contrato temporal diario y el de lunes a viernes.
Compartimos con Izquierda Unida la preocupación y la razón de esta
proposición, aunque no compartimos sus puntos, porque no los
entendemos acordes con la exposición de motivos, y porque no vienen a
solucionar el problema.
Es cierto que últimamente nos estamos encontrando con una
proliferación que es excesiva, y en muchos casos abusiva, del
contrato de trabajo temporal. El Grupo Socialista está preocupado por
esta proliferación y esperamos que en la próxima negociación
colectiva que lleven a cabo los agentes sociales puedan dar solución
a lo que nos está ocurriendo. Lo cierto es que las cifras que está
ofreciendo el Inem, así como los últimos datos conocidos de la EPA,
están encendiendo la luz de alarma en la contratación temporal, donde
se constata que cada vez se requiere un mayor número de contratos
para considerar que se ha creado un nuevo empleo. Si se requieren más
contratos es porque, evidentemente, su duración es más corta. En un
momento de crecimiento económico y de creación de empleo, resulta
cuando menos sorprendente y escapa a la lógica, aunque entendemos que
responde al fraude de ley. Fraude con el que el empleador consigue
básicamente dos objetivos, en primer lugar, como indica Izquierda
Unida en su proposición no de ley, ahorra cotizaciones a la Seguridad
Social, ahorra la cotización del descanso semanal y, en segundo
lugar, merma los derechos laborales del trabajador que ante la
necesidad de empleo y la proximidad de la finalización del contrato,
acepta las condiciones que le impone el empleador, porque cuando uno
necesita el empleo lo primero es el salario y su mantenimiento y,
evidentemente, después los derechos. Por tanto, señorías, se están
pervirtiendo las razones y la filosofía por la que se crearon las
diferentes modalidades de contratación temporal. Creemos que se hace
bueno en esta materia el dicho español de: hecha la ley, hecha la
trampa. Son muchos los empresarios en nuestro país que son proclives
a utilizar la picaresca y a darle la vuelta a las cosas, para
terminar haciendo lo
contrario de lo que prevé la norma. Aquí es donde reside el problema.
La ley existe y regula correctamente las diferentes modalidades de
contratación temporal, pero se está haciendo un uso indebido de los
mismos y en esta cuestión tienen mucho que decir y que trabajar las
organizaciones sindicales para controlar y denunciar el fraude, y la
Administración para actuar. Lo que no es de recibo es la pasividad,
lo que no se puede permitir es que determinados empresarios,
utilizando la fórmula del contrato de lunes a viernes o del contrato
diario -y además lo están haciendo de modo continuado-, estén
raptando derechos laborales al trabajador delante de nuestras narices
y con total impunidad. No creemos que sea una cuestión de vacío
legal, es una cuestión de eficacia y exigencia en el cumplimiento de
la ley que es reprobable en este caso al Gobierno.
Centrándonos en la proposición no de ley que presenta Izquierda
Unida, nos gustaría hacer alguna matización a los puntos que la misma
recoge. En relación con el primer punto, no es necesario reformar las
normas laborales para que los contratos temporales tengan incluidos
en el devengo salarial los períodos de descanso y vacaciones. No es
correcto porque nuestro Estatuto de los Trabajadores, en sus
artículos 34, 37 y 26, viene a decir que la jornada máxima es de 40
horas semanales que se pueden distribuir de modo irregular siempre
que se respete el descanso semanal; en segundo lugar, que el descanso
semanal, a 40 horas semanales, es de día y medio y, en tercer lugar,
que el descanso semanal debe ser retribuido de acuerdo con el salario
correspondiente a la jornada legal de cada actividad. La ley -en este
caso el Estatuto de los Trabajadores- nos viene a decir que cada día
de trabajo agrega al salario del día la parte proporcional del
descanso semanal y festivo y en esta materia es copiosa y numerosa la
jurisprudencia que tenemos. En relación con las vacaciones, estamos
en la misma situación. La ley viene a establecer que las vacaciones
han de disfrutarse pero, en el caso de que no sea así, se han de
compensar en proporción al tiempo efectivamente trabajo. El sistema
punitivo también es correcto porque las infracciones en materia
laboral son consideradas graves.
Respecto al segundo punto de la proposición no de ley que presenta
Izquierda Unida, entendemos que en este trámite no es oportuno el
debate sobre la posibilidad de considerar delito social la baja
irregular en la Seguridad Social ya que requiere, cuando menos, un
estudio sosegado y riguroso sobre la idoneidad o no de considerar un
nuevo tipo delictivo en materia laboral. Los principios de equidad y
ponderación exigen un tratamiento pormenorizado que no se da en este
caso y no creemos que este sea el trámite correcto. En relación con
los puntos cuarto y quinto, entendemos que no se ciñen a la
exposición de motivos y que nos vienen a solucionar el objetivo
fundamental, que es evitar los contratos de lunes a viernes y el
fraude que está produciéndose
al no cotizarse ni abonarse el tiempo de descanso semanal. Como hemos
comentado antes, se produce un enriquecimiento injusto del empleador
y una merma de derechos sociales de los trabajadores, que por otra
parte son derechos irrenunciables y que pueden llegar a afectar muy
negativamente en el reconocimiento de aquellas prestaciones que
requieren un número determinado de días de cotización al sistema
público de la Seguridad Social.
Para finalizar, en concordancia con la enmienda que va a presentar el
Grupo Socialista y que leeré a continuación, entendemos que la
legislación es adecuada; que nuestro ordenamiento jurídico no
permite, ni por acción ni por omisión, este tipo de prácticas
indeseables, y que cuando se pretende burlar la ley, los poderes
públicos han de exigir el cumplimiento de la misma y ser implacables
en su persecución, porque, señorías, ello es un signo de salud
democrática, y en cualquier caso, es una muestra de respeto al Estado
de derecho.
Ahora pasaré a leer la enmienda que presenta el Partido Socialista,
de modificación, que dice: Instar al Gobierno a incluir en los planes
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el seguimiento y
control de estas infracciones, y solicitar a las correspondientes
direcciones territoriales de las comunidades autónomas que extremen
el grado de sanción aplicable en estos supuestos, para disuadir a los
empleadores del uso y abuso de estas prácticas fraudulentas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: A esta portavoz le sorprenden mucho
determinadas manifestaciones que han hecho los portavoces de los
grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra.
El portavoz de Izquierda Unida ha hablado de fracaso laboral.
Teniendo pesente los frutos que ha dado la presente legislatura en
cuanto a acuerdos sociales, constituciones de mesas y diálogo entre
los agentes sociales, que culminarán básicamente con la reforma del
artículo 15 del Estatuto, fruto de un acuerdo interconfederal para la
estabilidad en el empleo, habría que matizar mucho las palabras que
se emplean en esta Comisión. El Grupo Parlamentario Popular, que
apoya al Gobierno, quiere seguir apostando por ese fracaso laboral al
que se refiere el representante de Izquierda Unida, porque queremos
seguir creando empleo. La política socioeconómica apostó, mirando al
futuro, por los acuerdos entre los agentes sociales; apostó por que
los propios agentes sociales, las organizaciones sindicales y las
empresariales llegarán a un acuerdo, para que fruto de esa confianza,
y de todos esos grandes y trascendentales acuerdos, el Gobierno
culminara con el éxito esta legislatura.
En cuanto a la representante del Grupo Socialista, S.S. no estaba en
la pasada legislatura, pero yo no estaría muy orgullosa de haber
dejado un tejido productivo
escaso, con algo más de 12 millones de afiliados a la Seguridad
Social, cuando en este momento hemos sobrepasado los 15 millones.
El presidente del Gobierno inauguró, el pasado lunes, el congreso
centenario de la Seguridad Social. Con una declaración enfática,
manifiesta que quiere seguir apostando por el futuro y que tienen que
ser el mercado, los agentes sociales y las organizaciones
empresariales las que se pongan de acuerdo para que las pequeñas y
medianas empresas, que son en definitiva las que crean ese tejido
productivo, sigan creándolo. Sólo las pequeñas y medianas empresas
que crean el 90 por ciento de los puestos de trabajo en nuestro país
son capaces de tener confianza cuando el Gobierno lleva a cabo
aquellas iniciativas legislativas que se aprueban en esta Cámara,
para que haya dicha ilusión y confianza en el futuro.
En la exposición de motivos se llega a insinuar que el Gobierno
incentiva la contratación temporal. Si tenemos familiares que están
en de desempleo, si hacemos conciencia todos estaremos de acuerdo en
que preferimos que encuentren un trabajo temporal a que estén
permanentemente en las listas del desempleo, que luego se agotan, y
no el dejar una tasa del 40 por ciento de paro juvenil en nuestra
sociedad. Se ha hablado de delito social y de que no se persigue el
fraude de ley cuando hay contratación temporal, pero hay que destacar
que el Estatuto de los Trabajadores habla de que, cuando se demuestre
este fraude de ley, los contratos celebrados con ese carácter
temporal se convierten en indefinidos.
Con relación a las infracciones y sanciones, están debidamente
reguladas en la Ley 8/1988, de 7 de abril, regulación que trajo a
esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, el Gobierno
Socialista. En cuanto a las cuantías de las sanciones, la ley prevé
los mecanismos necesarios para que puedan ser aumentadas cuando
exista alguno de los requisitos de los cuales se pueda deducir que se
ha celebrado un contrato temporal en fraude de ley.
Señorías, la apuesta del Gobierno para seguir creando empleo y sus
resultados están a la vista de todos. Queremos fabricar más tejido
productivo para el futuro, que se creen empresas y que haya
iniciativas empresariales para crear puestos de trabajo. Y sólo eso
es ilusión y futuro. En estos días en que muchos miembros de esta
Cámara estamos asistiendo a la Comisión no Permanente del Pacto de
Toledo, vemos que toda Europa va por delante de nosotros estamos
preocupados porque queremos solucionar problemas en el futuro y no
recrearnos en demagogias que no conducen a nada.
La mayor colaboración de SS.SS., de los representantes de otros
grupos parlamentarios, sería traer a esta Cámara iniciativas para
seguir creando empleo, con sentido común, porque no hay otra cosa que
pueda resolver la crisis de la sociedad, la ilusión en el futuro, ni
siquiera el sistema de pensiones de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: No se había presentado ninguna enmienda dentro
del plazo que establece el Reglamento. No obstante, la portavoz del
Grupo Socialista ha hecho en su intervención lo que podríamos
denominar una enmienda. Esta Presidencia debe consultar al grupo
autor de la iniciativa si admite que se haya presentado esa enmienda
en ese acto, porque si no lo acepta quedaría rechazada por haberse
presentado fuera de plazo. Prefiero que sea el señor Ruiz López quien
nos diga si admite como tal la enmienda in voce presentada por el
Grupo Socialista, no respecto al contenido. Si admite que la enmienda
se da por presentada, quedará recogido en el «Diario de Sesiones» y
S.S. debería pronunciarse, además, sobre si debe incorporarse o no su
contenido al texto de la proposición de su grupo.
El señor RUIZ LÓPEZ: Respecto al método, flexibilidad total. Si se ha
presentado un minuto antes, no hay problema. En cuanto al contenido
de la enmienda, es nuestra opinión.
El señor PRESIDENTE: Como he indicado antes, la votación de las
iniciativas que constituyen el orden del día se realizará al final de
la sesión. Para dejar cerrado este debate y suspender la sesión hasta
las cuatro de la tarde, le ruego indique si acepta o rechaza esa
enmienda y su contenido para incorporarla a su proposición no de ley.
El señor RUIZ LÓPEZ: Hay alguna duda que querría aclarar. Mi grupo no
tiene problema alguno en aceptar esa enmienda como una enmienda de
adición. Ahora bien, si es de sustitución de toda la proposición no
de ley, cambiaría nuestra opinión. Si es una enmienda de sustitución
de toda la proposición no de ley, no estaríamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señora Peris, ¿puede iluminarnos sobre la
enmienda?
La señora PERIS CERVERA: Señor presidente, es una enmienda de
sustitución.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, señor Ruiz López, ¿no lo acepta?
El señor RUIZ LÓPEZ: No, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, se votará el texto de la
proposición tal como la defendió y registró el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las dos y media de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
- SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR MARISQUERO EN GALICIA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/
000087)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Segundo punto del orden
del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
sobre la problemática del sector marisquero en Galicia. Tiene la
palabra la señora Varela.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, en la Comunidad Autónoma de
Galicia existen alrededor de 2.300 mariscadoras cuya gran
preocupación es la no renovación por parte de la Conselleria de
Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Xunta de Galicia de los permisos
para marisqueo a pie. La negativa de la Conselleria para actualizar
el permiso habilitante para poder ejercer el marisqueo a pie viene
dada por la aplicación de la disposición adicional del Decreto 425/
1999, de 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente
sobre el permiso o explotación para ejercer la actividad pesquera y
marisquera, y por la Orden de 31 de mayo de 1995, mediante la cual se
regula la expedición y renovación del permiso de explotación para
ejercer la actividad pesquera y marisquera en su capítulo 2, artículo
7.3.b). Estas disposiciones obligan a los titulares del permiso de
explotación a darse de alta en el régimen especial de la Seguridad
Social de los trabajadores del mar, y ya desde la publicación de la
Ley 6/1993, de 11 de mayo, se viene discutiendo por parte del sector
y de la Administración la probabilidad de que el subsector marisquero
a pie pueda hacer frente al pago de la Seguridad Social por el
sistema de cuota fija del ISM, debido sobre todo a las escasas rentas
obtenidas por este colectivo a lo largo del año.
Ya en aquel entonces, en aquel año, bajo un acuerdo tácito entre
sector y Administración, se acordó la resolución de no aplicarlo
hasta el momento en que las rentas obtenidas se considerasen
suficientes. Pero es en la renovación del permiso para marisqueo a
pie para este año 2000 cuando la Conselleria de Pesca exige a todo el
sector la aplicación de esta norma y, a nuestro entender, no tiene en
cuenta dos cuestiones que son fundamentales. Primero, la desigualdad
en el reparto de las rentas entre las distintas zonas de Galicia,
porque, aun reconociendo que en determinadas zonas costeras las
rentas medias conseguidas por las mariscadoras a pie superan el
salario mínimo interprofesional, en concreto en Cabo de Cruz, en
Puebla do Caramiñal, en Rianxo, Vilaxoan y cerca de El Grove, también
es incuestionable que la renta media por mariscador/año en 1999 fue
de 437.647 pesetas.
Y teniendo en cuenta que en Galicia existen 63 zonas de marisqueo,
podemos deducir que la mayoría de las mismas no superan las 200.000
pesetas de media anual. Segundo, la edad media de las mariscadoras.
La edad media de las mariscadoras gallegas está situada entre los 55
y 60 años, y esto supone un grave problema a la hora de cotizar por
el actual sistema, debido al establecimiento de períodos mínimos de
cotización para alcanzar la jubilación con pensión contributiva, los
quince años cotizados. Nos encontramos, por tanto, con la
obligatoriedad de afrontar el pago de una Seguridad Social, que en
este caso son 15.143 pesetas al mes, que en la mayoría de los casos
tan sólo es útil para la renovación de los permisos de marisqueo y
para las altas médicas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista propone y defiende la
inclusión de todas las mariscadoras gallegas en la Seguridad Social,
cotizando por un sistema acorde con su trabajo real, y por tanto
consideramos que sería positivo y necesario abrir una mesa de diálogo
y negociación en la que estén presentes el ISM, la Conselleria de
Pesca de la Xunta de Galicia y el sector de marisqueo a pie, con el
objeto de evaluar las distintas posibilidades de encuadre de las
mariscadoras en la Seguridad Social y con el objeto también de
alcanzar las mejores fórmulas para no perjudicar al sector, siempre,
por supuesto, incluyendo a todas las mariscadoras dentro de la
Seguridad Social.
Los puntos que se deberían tratar entre las partes interesadas
serían, por ejemplo, primero, cotización a tiempo completo siempre
que las rentas alcancen el salario mínimo interprofesional; segundo,
cotización a tiempo completo cuando voluntariamente o/e
individualmente lo decidan las mariscadoras con rentas inferiores al
salario mínimo interprofesional; tercero cotización por días de
actividad y horas trabajadas, sistema similar a la cotización de los
trabajadores fijos discontinuos o a tiempo parcial, teniendo en
cuenta además que este colectivo realiza jornadas mensuales de entre
ocho y diez días, con promedios de tres-cuatro horas diarias; y
cuarto cotización por días de actividad y rentas para las zonas en
las que los ingresos son ínfimos. De hecho, hay que añadir que la
propia Conselleria de Pesca reconoce las trabas y problemas que
tienen las mariscadoras para poder cotizar y, reconociendo estas
trabas y con el fin de incentivar las altas en el ISM, firmó en el
año 1999 y en el presente un protocolo de colaboración con la
Conselleria de Familia, mediante el cual se subvenciona con 200.000
pesetas, modalidad pago único y alta en el ISM, estando obligadas las
mariscadoras a permanecer por lo menos tres años continuados en este
régimen.
Por último, quiero recordar al Gobierno y también a todas SS.SS. que
en el Parlamento de Galicia se aprobó en el Pleno, en la sesión del
día 9 de noviembre de 1999, por unanimidad de los grupos políticos,
una proposición no de ley en la que, en el apartado 2, se
instaba al Gobierno gallego a dirigirse al Gobierno de la nación, del
país, a fin de que fije, en el caso de la actividad marisquera, unas
cotizaciones a la Seguridad Social en función de los ingresos
obtenidos por el número de días trabajados que garanticen unas rentas
dignas para mariscadoras y mariscadores.
En consecuencia con todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista considera que, efectivamente, es necesario analizar en
profundidad la problemática del sector marisquero a pie y encontrar
la solución o soluciones más beneficiosas para este colectivo, y por
ello presenta esta proposición no de ley en la que se insta al
Gobierno a que, con el concurso de la Conselleria de Pesca de la
Xunta de Galicia y diálogo con el sector afectado, realice un estudio
sobre la situación económica, social y laboral de las mariscadoras a
pie y evalúe sus repercusiones sobre el sistema de Seguridad Social.
Dicho estudio deberá presentarse a la Comisión de Política Social y
Empleo en el plazo de tres meses desde su aprobación, si fuera el
caso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Al margen de las diversas consideraciones que
la señora Varela ha hecho en defensa de la proposición no de ley que
ahora nos ocupa, me voy a centrar en el contenido dispositivo de la
proposición no de ley que debatimos. En esta proposición no de ley se
insta al Gobierno a que Gobierno y Xunta de Galicia elaboren un
estudio, estudio que habría de presentarse en el plazo de tres meses
a esta Comisión. La problemática, tal y como ha dicho la señora
Varela, reside en que la Xunta de Galicia no renueva los permisos de
marisqueo o no los expide en algunos casos, exigiendo el alta en el
régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores del mar, a
personas con escasos recursos. La problemática no tiene tanto que ver
con el régimen de la Seguridad Social como con el entorno
sociolaboral en el que se está desarrollando esta actividad. Es
lógico, por otra parte, que la Xunta de Galicia exija este alta en la
Seguridad Social, porque lo que se pretende es una profesionalización
del sector, y esta profesionalización la habremos de entender en un
marco perfectamente congruente con la propia normativa de la
Seguridad Social y también, cómo no, con la propia Ley de Pesca de
Galicia.
El encuadramiento, como dije antes, a efectos de Seguridad Social
está en el régimen especial de trabajadores del mar. Este es un
régimen que ya data del año 1974, no es algo nuevo, y este
encuadramiento considera ya las peculiaridades que afectan a esta
actividad (su carácter intermitente, la escasa organización
empresarial en este sector, el desarrollo de la actividad en zonas
costeras determinadas, temporadas de abundancia y de escasez), y se
establecen dos posibilidades.
Una, la de los trabajadores por cuenta ajena, que no es el caso que
ahora mismo nos ocupa, y otra, la de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, que están sujetos a una cuota fija que viene
determinada por cada provincia y por las modalidades de pesca y
categorías profesionales, sobre la base de valores medios de
retribución percibidos en el año inmediatamente anterior, y además se
le aplica a esta cuota fija un coeficiente reductor, en este caso se
les exige un tercio de esa cuota fija. Por lo tanto, estamos ante un
sector que tiene, a efectos de cotización, un menor esfuerzo
contributivo que otros sectores. Este menor esfuerzo contributivo no
se traduce, sin embargo, en una disminución de la acción protectora.
Saben ustedes, señorías, que para el cálculo de las prestaciones se
tienen en cuenta las cuotas íntegras. Como he dicho, es un sistema
que contempla las especiales circunstancias que concurren en el
sector y, de cualquier manera, yo estoy en condiciones de asegurarles
que el Instituto Social de la Marina está dispuesto a colaborar, a
buscar las soluciones posibles a esta problemática. Me consta también
que la Xunta de Galicia está haciendo un esfuerzo en este sentido con
el propio Instituto Social de la Marina. Por lo tanto, y a la espera
de lo que resulte de esas negociaciones y del proceso de diálogo
social, nosotros vamos a rechazar esta proposición no de ley.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE HACER COMPATIBLE LA PERCEPCIÓN DEL SOVI
(SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ) POR PERSONAS MAYORES DE 65
AÑOS CON LA PENSIÓN DE VIUDEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000140)
- RELATIVA A LA PENSIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ
(SOVI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000187)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de
ley, abordamos el siguiente punto del orden del día, que a va a
suponer la tramitación agrupadamente de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de hacer
compatible la percepción del seguro obligatorio de vejez e invalidez
por personas mayores de 65 años con la pensión de viudedad, y la del
Grupo Mixto, relativa a la pensión del seguro obligatorio de vejez e
invalidez. Por el orden de registro de los promotores de cada una de
las dos iniciativas, en primer lugar le concedo la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, a la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Esta es la segunda ocasión que traigo a
esta Comisión (la pasada legislatura
ya lo hice) una proposición de estas características referida
al SOVI. En la ocasión anterior, los compañeros del PP y los de
Convergència presentaron una enmienda y me dijeron que no podíamos
hacerla compatible porque no sabíamos de lo que estábamos hablando y
que lo razonable era hacer un estudio para saber realmente de lo que
hablamos, cuántas personas, cómo son, es decir, cómo afectaría. A mí
me pareció realmente razonable aquella propuesta y la acepté, y la
aprobamos por unanimidad. Y realmente se ha hecho un estudio de las
características de las personas a lasque afecta el SOVI, cuántas son
y demás. A pesar del estudio, que ya se hizo en el año 1999, y que en
los pasados presupuestos ya intentamos en la ley de acompañamiento
arreglar esta situación, no fue posible, por eso hemos vuelto a
presentar una iniciativa, que, aunque con distintas palabras,
coincide con la que trae el señor Puigcercós. ¿Por qué traigo esta
proposición? En breve espacio de tiempo va a venir al Congreso una
asociación que va a presentar 750.000 firmas recogidas en todo el
Estado para que se arregle y se mejore la pensión de viudedad, porque
la pensión de viudedad, señorías, en estos momentos es una pensión
bastante injusta, tiene unas separaciones que son incomprensibles, no
es posible diferenciar la cantidad que cobra una viuda de sesenta
años con una de sesenta y cuatro o con una de sesenta y cinco, como
si no tuvieran las mismas necesidades una de sesenta que una de
sesenta y cinco. Pero las que están en pero situación son aquellas
personas que cobran el SOVI, porque no tienen la cuantía de días
suficientes para tener otra pensión o porque no han podido cotizar,
aunque hayan trabajado y tuvieran derecho a la pensión. En total,
estamos hablando en estos momentos, al mes de agosto, de un total de
325.571 afectados. Para que se hagan una idea, a 31 de marzo de 1999,
eran 397.894. Es una pensión que va en declive total, es decir, que
es una pensión que no aumenta. Porque, miren ustedes, según el
estudio que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las
personas que cobran el SOVI, hombres y mujeres, mayores de 70 años,
es decir, de 70 a 95, representan el 75 por ciento de los
perceptores. Es decir, que cuanta más edad más volumen hay, de 50 a
60 años hay doscientas y pico personas que cobra el SOVI. Por lo
tanto, estamos hablando de personas muy mayores que cobran una
cantidad muy pequeña, porque el SOVI saben que está en torno a 40.000
pesetas, treinta y siete o treinta y ocho mil y pico, y ¿qué sucede?,
que en su mayoría son mujeres que no han podido cotizar en su
totalidad. Para que veamos la diferencia entre hombres y mujeres, los
perceptores en total son 304.560 mujeres y 98.000 escasos hombres ¿Y
qué les pasa? Pues estas señoras cobran una pensión, viven en pareja,
su marido cobra una pensión, normalmente una pensión que está en el
mínimo, porque provienen también desalarios bajos, y al quedarse
viudas se encuentran con
la obligación de tener que elegir entre una pensión u otra. ¿Y qué
sucede? ¿Qué plantean estas mujeres, en concreto algunas asociaciones
con las cuales me he reunido? Me dicen: «Oye, es que yo, aunque falte
mi marido, tengo que pagar luz, agua, teléfono, impuestos, todo, y,
si pago alquiler de piso, también alquiler de piso». Es decir, que
prácticamente los gastos del mes son los mismos para ella, y sin
embargo la hacemos elegir entre una pensión y otra. Pero es más, es
que si estuviéramos hablando de miles de miles de millones que
realmente pudieran poner en peligro la situación financiera de la
Seguridad Social o pudiera poner en peligro algo o fuera un gasto que
no pudiera asumir el Estado, lo entendería, pero, es que -perdonen la
expresión- se le queda a una la cara un poco de tonta, por no decir
otra cosa, cuando ve que el propio informe dice que compatibilizar el
SOVI con la pensión de viudedad supondría un coste al año de 7.519
millones de pesetas. Eso es lo que dice el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en este informe, que ése sería el coste de
compatibilizar el SOVI con la pensión de viudedad.
Señorías, yo apelo a su tan publicitado dicho de que España va bien,
que la economía sube no sé cuánto, que estamos en un momento que
gracias a la subida de la gasolina y los impuestos y todo eso tiene
el Gobierno ingresos superiores a lo previsto, y yo creo que no sería
hacer ningún despilfarro destinar 7.500 millones al año para atender
las necesidades de unas personas que, repito, son mayores de 70 años
en su mayoría, y aunque no fuera más que por el respeto a la edad y
el respeto a las condiciones de vida de nuestros mayores, tendríamos
que hacer ese esfuerzo. Yo les pediría que tuvieran en consideración
esto.
Seguramente serían más proclives a hacerlo si ustedes hubieran traído
la propuesta, pero estamos en un Parlamento, en una democracia, y no
debemos de valorar cosas como estas cuando afectan de verdad a un
colectivo muy importante. A mí no me importaría firmar una propuesta
en términos similares a estos conjuntamente con algún representante
del PP, para que nadie se apuntara el tanto. Porque mi interés al
traer esta propuesta es realmente solventar el problema de estas
trescientas y pico mil personas, fundamentalmente mujeres, que al fin
y al cabo somos las siempre nos toca perder.
Sé que está abierto el Pacto de Toledo, pero esta no es una cuestión
del Pacto de Toledo, se trata de ir solucionando problemas, lo mismo
que el Gobierno va dictando decretos que afectan a colectivos o
situaciones referentes a la Seguridad Social. Y en lo que sí
tendríamos que ir pensando es en las mujeres que hoy tienen cuarenta
y cinco o cincuenta años, que dejaron de cotizar a la Seguridad
Social y que se van a encontrar cuando se vayan a jubilar que a lo
mejor tienen que ir al SOVI otra vez. Esa sí que es una cuestión del
Pacto de Toledo; pero esta no.
Entonces, yo les pediría de verdad que hicieran un esfuerzo. Creo que
es una cosa de justicia para nuestras personas mayores. Ya hemos
hecho el estudio, el estudio nos da la razón, y tampoco es tanto
esfuerzo. España va bien y esto es el chocolate del loro en los
Presupuestos Generales del Estado. Por eso les pido que tengan
ustedes un poco de consideración, piensen en estas mujeres y
realmente démosles la alegría de que puedan compatibilizar la
viudedad con este subsidio. Lógicamente, vamos a apoyar también la
proposición del Grupo Mixto, porque es evidente que va en la misma
línea y tiene el mismo contenido. Señores del PP, pisen un poco
tierra, sean generosos con estas señoras, no con el Partido
Socialista, con estas señoras, que realmente necesitan de esa ayuda
para seguir tirando adelante, no bien, sino un poquitín mejor de lo
que lo hacen ahora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Enlazando con la exposición de doña
Isabel López, nuestro grupo también pide en esta proposición no de
ley que se pueda compatibilizar el SOVI con las diferentes pensiones
de viudedad. Entendemos que es una situación injusta que se viene
acarreando en los últimos años. Hace poco, en el Pleno, se aprobó una
moción de Esquerra Republicana que trataba de un aspecto colateral en
este tema que estamos tratando hoy. Por ejemplo, en la discusión de
la Ley de Arrendamientos Urbanos se ponía de manifiesto que cuando
acabe la transitoriedad de ley, a partir de los ocho años de la
previsión que se hizo de la gente que no se quería acoger en los
alquileres a la actualización de la renta, mucha gente mayor puede
quedar en una situación muy complicada, muy difícil, porque le va a
subir mucho el alquiler. Y entendemos que eso es una especie de
cóctel que se está produciendo: muchas pensiones bajas, mucha gente
que no puede sumar la viudedad al SOVI, que va a tener unos
alquileres altísimos, los servicios sociales de muchos ayuntamientos
o de muchas comunidades autónomas que están absolutamente colapsados
a la hora de atender a la gente mayor, son situaciones que se van
sumando y que van creando injusticia.
Es verdad que se han dictado muchas sentencias, ha habido
jurisprudencia en este aspecto del SOVI, y el mismo Tribunal
Constitucional reconoció la incompatibilidad. Pero también es verdad,
y también lo reconoció el mismo Tribunal Constitucional, que, por
ejemplo, la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local sí es compatible con prestaciones que no sean de la misma
naturaleza, cosa que no ocurre en el caso del SOVI. Entendemos, pues,
que es una cuestión de justicia.
Como indica el estudio que se recomendó en la pasada legislatura en
una proposición no de ley también de la señora López, esta
reivindicación no implica un gran desembolso presupuestario, estamos
hablando de un poco más de 7.000 millones de pesetas/año. Y, como ha
dejado muy claro la señora López, el número de personas que perciben
este subsidio se va reduciendo de forma drástica. Las cifras que
ofrecía la diputada eran evidentes. Nosotros entendemos que no es un
gran problema. Anunciamos aquí que en la ley de acompañamiento
nuestro grupo presentará estas enmiendas en este mismo sentido. Y,
como muy bien decía, un colectivo de personas mayores ha recogido más
de 700.000 firmas en todo el Estado que van a ser traídas al Congreso
en las próximas semanas, para intentar modificar la situación de
muchas mujeres que hoy en día se encuentran en una situación de
dificultad clara y evidente.
Por estas razones, el Grupo Mixto de Esquerra Republicana de
Catalunya pide el voto afirmativo para estas dos proposiciones de
ley, ya avanzamos también nuestro voto afirmativo a la proposición no
de ley del Grupo Socialista. Creemos que es una situación de
justicia, posible dentro de los Presupuestos Generales del Estado,
y entendemos que el voto a favor del Grupo Popular a estas
proposiciones no de ley y podría solucionar perfectamente este
problema en el próximo debate de presupuestos que tendremos en esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: En relación con estas proposiciones no de ley
había una enmienda del Grupo de Coalición Canaria, pero en este
momento no hay en la sala ningún miembro de dicho grupo. ¿Algún señor
o señora diputado desea mantener la enmienda de Coalición Canaria?
(Pausa.) Pues, si no concurriese ninguno de los miembros del Grupo de
Coalición Canaria en el curso de la sesión, se votará sin más el
texto de la misma en el momento de votar la proposición no de ley. En
todo caso, plantearemos la aceptación de la enmienda, en su caso, por
alguno de los dos grupos proponentes al terminar el debate de esta
proposición.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Lo decían los portavoces que han intervenido
con anterioridad, no es la primera vez que debatimos esta cuestión en
esta Comisión. No solamente es la segunda vez en el caso del Grupo
Socialista, también hay una propuesta de resolución de CiU, que se
aprobó en el Pleno, para hacer un estudio similar al que el Grupo
Socialista había pretendido. En el Senado recientemente, el día 14
del mes de junio, el ministro Aparicio contestaba a una pregunta de
un senador de la Entesa Catalana de Progrés.
Todo parece muy fácil cuando quienes tienen que hacer las cosas son
otros. Esto se pudo haber resuelto anteriormente con otros gobiernos,
otros gobiernos.
¿Es poco dinero? Vamos a ver, si yo tuviera el compromiso de los
grupos políticos de esta Cámara de que no iban a presentar ninguna
otra petición de coste económico más que esta del SOVI, pues
seguramente lo aceptaría. Pero son siete mil millones de aquí, ayer
se nos pedía el incremento del salario mínimo interprofesional,
etcétera.
Se han hecho apelaciones a que es una cuestión de justicia. Líbreme
Dios de pensar que haya algún grupo político, algún grupo
parlamentario, que pueda presentar una iniciativa injusta. Todos
sabemos de qué estamos hablando, de una pensión cuya naturaleza es
contributiva, aunque todos hemos discutido en muchas ocasiones si la
naturaleza es contributiva o no contributiva o si es una naturaleza
mixta, que en ningún caso viene a compensar rentas de activo. Se
trata de prestaciones causadas hace más de treinta años. Y uno de los
grupos hace referencia en su exposición de motivos a situaciones
especialmente delicadas o situaciones conflictivas. Bueno, esas
situaciones se dan no solamente entre los perceptores del SOVI. Es
decir, ¿tenemos que dictar una proposición, una norma que suponga una
discriminación positiva a favor de unos ciudadanos por el hecho de
que se les ha permitido, o se les permite, mantener una expectativa
en función de que no podían incluirse en el nuevo sistema de
Seguridad Social? Yo creo que no. Yo creo que, de todas maneras, lo
que tenemos que hacer es discutir esto en el foro adecuado. El foro
es esta Cámara, pero quizá el lugar no sea esta Comisión, sino la
Comisión no permanente para el estudio del Pacto de Toledo. Y es ahí
donde nosotros vamos a asumir los compromisos electorales. El
programa electoral del Partido Popular contiene varias referencias a
pensiones y también a las pensiones SOVI. Nosotros nos hemos
comprometido ante los ciudadanos españoles, en esta España que va
bien y que pretendemos que siga yendo bien, a mejorar las pensiones
de viudedad, especialmente en las situaciones de carencia de otras
rentas; al establecimiento de un nuevo marco de compatibilidades de
la pensión de viudedad, permitiendo el mantenimiento de esta pensión
cuando se contraigan nuevas nupcias en los supuestos de personas
mayores con menores niveles de renta; a la subida escalonada de las
pensiones del extinguido SOVI no concurrentes con otras pensiones. El
ministro ha hablado de esto en el Senado y ustedes lo saben.
Efectivamente, el ministro ha dicho que se van a llevar a cabo no
sólo modificaciones económicas sino también de concepto en algunas de
estas pensiones. Piensen ustedes, señorías, que en la proposición no
de ley que el Grupo Socialista presentó en la legislatura pasada se
hablaba de tener en cuenta las rentas de los beneficiarios, en la
propuesta de resolución de CiU se hablaba también de tener en cuenta
las rentas de los beneficiarios. Ahora ya no se habla ni siquiera de
eso.
Por todas estas razones, señorías, nosotros nos vamos a oponer a la
aprobación de estas dos proposiciones no de ley, pero les emplazamos
a que este tema sea objeto de debate en la Comisión no permanente
para el estudio del Pacto de Toledo. (La señora López i Chamosa pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Si es que no hay ya ningún turno más, lo sabe S.
S. perfectamente.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: No voy a reiniciar el debate.
El señor PRESIDENTE: Pero si ya se ha explayado, yo creo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Seré muy breve.
El señor PRESIDENTE: Pues tiene un minuto.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Sólo quiero decirle dos cosas al portavoz
del PP.
Evidentemente tienen mayoría. Si no la votan, no saldrá; pero no dude
que la llevaré al Pacto de Toledo y entonces le recordaré las
palabras de que entonces lo quieren debatir. Sólo un ruego: no tarden
mucho en cumplir su programa electoral con respecto al SOVI, porque
cada año quedan menos beneficiarios, no vaya a ser que cuando lo
cumplan ya no haya personas que cobren el SOVI.
El señor PÉREZ CORGOS: Señor presidente, intervengo sólo para decir
que los programas electorales están para cumplirlos. Nosotros hemos
cumplido en la anterior legislatura, cumpliremos en ésta, y no se
preocupe, que no esperaremos a que se haya extinguido el SOVI.
- PARA QUE SE PROCEDA DE OFICIO A LA REVISIÓN DE LAS PENSIONES DE
INCAPACIDAD PERMANENTE, DE ACUERDO CON LA SENTENCIA DICTADA POR LA
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL RECURSO DE CASACIÓN
NÚMERO 109/1999. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000233)
El señor PRESIDENTE: Abordamos el último punto del orden del día, que
es la proposición no de ley del Grupo Socialista para que se proceda
de oficio a la revisión de las pensiones de incapacidad permanente,
de acuerdo con la sentencia dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo en el recurso de casación 109/1999. Por el Grupo
Socialista, la señora López i Chamosa tiene la palabra.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Esta proposición no de ley pretende que se
aplique la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de febrero en lo que
hace referencia a las bases para decidir la pensión de la incapacidad
permanente total, es decir, unificar.
Hasta ahora había unas discrepancias y, según en qué lugares, se
aplicaban unos criterios, empezaron a dictarse una serie de
sentencias y al final se ha hecho un recurso de casación. Lo que
pretendemos es lo siguiente: la Seguridad Social venía aplicando a
todas aquellas pensiones de incapacidad permanente, a las que venían
derivadas de la incapacidad común o de incapacidad provisional las
bases inmediatamente anteriores al cause de la invalidez total y
permanente, con lo cual sufrían una merma muy importante, porque como
sabemos no hay la obligatoriedad de cotizar cuando se está en
invalidez provisional.
Después de varios recursos de varias personas afectadas, casi todas
las sentencias que yo tengo son sentencias a favor. Luego se presenta
un recurso de casación y el Tribunal Supremo evidentemente hace
unificación de doctrina. No tengo ninguna duda de que la Seguridad
Social aplicará esta sentencia y a partir de ahora aplicará a todas
las personas en esta situación el cálculo de su base reguladora de
acuerdo a la sentencia; pero el que nosotros traigamos aquí esa
propuesta es por dos motivos. Uno, porque consideramos que debe de
ser aplicada a todas las personas afectadas por esta situación y dos,
que debería de hacerse de oficio, es decir, que los afectados no
tengan que enterarse de esta sentencia y no tengan que presentar
recurso. Por lo tanto, no proponemos tanto que se aplique, porque
evidentemente ya sabemos que se aplicará, como que se aplique con
retroactividad y además se haga la revisión de forma automática. ¿Por
qué pedimos esto? Pues muy sencillo, porque resulta que por mucho que
informemos habrá un montón de personas que no harán el recurso, no
llegará a todas las personas afectadas la sentencia y no se les
aplicará. Entonces, para demostrarle al ciudadano que la
Administración del Estado es más eficiente y cada vez está para
solventarle los problemas y no para creárselos, y puesto que este
problema ha sido creado por la Seguridad Social al interpretar mal
una norma, sería de justicia (lógicamente todo lo que traemos aquí es
de justicia) y además razonable que de oficio se les aplicara la
subida automática, es decir, se les revisaran las bases, se les
aplicaran los atrasos y realmente no tuvieran las personas afectadas
que hacer ningún recurso. Es en ese sentido, les pediría a todos los
diputados presentes que dieran un voto de confianza y aprobáramos
esta moción, que realmente resolvería el problema de mucha gente. Y
además estas personas, para hacer la reclamación de lo que les
corresponde, tendrán que recurrir a un profesional, que en la mayoría
de los casos les cobrará de veinticinco a cincuenta mil pesetas.
Entonces, evitémosles
ese gasto y realmente demostremos a los ciudadanos que la
Administración está para resolver cada día mejor sus problemas y no
para creárselos; es más, que está para corregir aquellos errores que
la Administración o la Seguridad Social ha cometido por ser tacaña
y cicatera a la hora de aplicar las bases de cotización en estos casos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Nuestro grupo parlamentario tiene
conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo para
unificación de doctrina en relación a la base reguladora aplicable
para hallar la incapacidad permanente en los casos a que se ha
referido la representante del Grupo Parlamentario Socialista. Nuestro
grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley por la razón
siguiente: el Instituto Nacional de la Seguridad Social ya ha asumido
los planteamientos contenidos en la citada sentencia del Tribunal
Supremo y por lo tanto parecería una contradicción votar ahora
favorablemente una proposición no de ley que ya el INSS ha asumido de
una forma concreta y cierta.
Se nos dice que hay que formular un recurso para aquellas personas
que hubieran obtenido con arreglo al criterio anterior la base
reguladora que calcula una pensión de invalidez permanente. Pero no
se trata de un recurso. Todos los beneficiarios que pudieran estar en
dicha situación reciben, recibirán o han recibido una comunicación
del Instituto Nacional de la Seguridad Social para decirles que están
en el caso de poder solicitar dicha revisión. Sólo tienen que
personarse en el INSS o en una dirección provincial y rellenar unos
impresos oficiales en que sólo hay que solicitar la revisión en
relación al expediente número tal. Por lo tanto, sería asumir que no
se cumple por parte de la Administración de la Seguridad Social la
sentencia. Pero no sólo ha quedado en eso. Los representantes legales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que son los letrados
de la Seguridad Social, ya tienen una orden por escrito para que no
recurran ninguno de los recursos que se hallaren en el presente
planteamiento. Con lo cual, aquellas sentencias que hubieren sido
dictadas por los tribunales de lo social con arreglo al anterior
criterio, ya no van a ser recurridas; por lo tanto, van a tener la
versatilidad que dice el propio contenido de la sentencia.
Por lo tanto, señora representante del Grupo Parlamentario
Socialista, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Administración de la Seguridad Social acatan, como no podría ser de
otra forma, la sentencia dictada para unificación de doctrina que
cambia el criterio que en un momento dado hallaba la base reguladora
calculando los períodos en que realmente no se cotiza, y por eso
creemos que el problema
que se plantea por parte del Grupo Parlamentario Socialista es
inexistente. En consecuencia, vamos a votar negativamente la presente
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Como quiera que hemos anunciado que la votación
tendría lugar a las diecisiete treinta horas, se suspende la sesión
hasta ese momento en que se procederá a efectuar las votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a las votaciones, que se habían anunciado para esta
hora.
Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida, sobre modificación de las normas laborales y de la
Seguridad Social en relación con los contratos de carácter temporal.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; votos en contra, 19; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la segunda proposición. (La señora Peris pide
la palabra.)
La señora PERIS CERVERA: Nos gustaría que se votara la enmienda que
hemos presentado el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: No se puede votar, señoría, porque no ha sido
admitida por el grupo autor de la propuesta y por lo tanto no cabe
votar esa enmienda.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Yo he entendido, la pena es que no está el
proponente... (Varios diputados: Sí, sí está.) Ah, pues qué bien. Es
que él puede aclararlo mejor, porque él sí ha admitido que se vote
nuestra enmienda, sólo que él no la iba a votar.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. La enmienda no se ha presentado en
términos reglamentarios. Por lo tanto, en principio, no cabe formular
una enmienda in voce en una proposición no de ley. No obstante, con
la voluntad que quien ejerce hoy la Presidencia tiene siempre en las
comisiones que ha presidido en el sentido de que toda aportación o
enriquecimiento que a cualquier texto se pueda producir tenga un
cauce posible, yo he interesado del proponente siaceptaba que esa
enmienda en definitiva tuviese trámite,
aunque tuviese esa dificultad reglamentaria. Él lo ha aceptado y
después incluso aceptaba que si se trataba de añadir a su texto el
texto de la enmienda, añadir, sumar por lo tanto un nuevo elemento
ordinal del contenido de la proposición no de ley, la enmienda del
Grupo Socialista. También estaba dispuesto a aceptarlo, pero no como
de sustitución. Y expresamente le he preguntado a la señora Peris si
era de sustitución. Ha dicho que sí. Y en ese caso el autor de la
iniciativa no la ha aceptado. Al no haberla aceptado, no cabe su
votación.
Continuamos con las votaciones.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
problemática del sector marisquero en Galicia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
votos en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la
necesidad de hacer compatible la percepción del Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez por personas mayores de sesenta y cinco años con la
pensión de viudedad.
No habiendo comparecido en la sesión ningún representante del Grupo
de Coalición Canaria, se da por decaída la enmienda que habían
presentado a dicha proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
votos en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la
pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
votos en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Y finalmente, proposición no de ley del Grupo Socialista para que se
proceda de oficio a la revisión de las pensiones de incapacidad
permanente, de acuerdo con la sentencia dictada por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 109/
1999.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
votos en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Terminado el orden del día, señorías, muchas gracias. Se levanta la
sesión.
Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política
Social y Empleo, del jueves, 19 de octubre de 2000, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.