CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 50



SANIDAD Y CONSUMO



PRESIDENCIA DELEXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ



Sesión núm. 3



celebrada el martes, 19 de septiembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor Subsecretario de Sanidad y Consumo (Sánchez
Fierro) para informar sobre:



- Las líneas de actuación en su área de gestión. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000060.) .

. . (Página 1024)



- Las líneas generales que va a desarrollar en su área de gestión.

Apetición propia. (Número de expediente 212/000060.) . . .

(Página 1024)



- El acuerdo suscrito entre el Ministerio y Farmaindustria con el que
se persigue la financiación de diferentes líneas de investigación del
Instituto de Salud Carlos III, del Centro de Investigaciones
Oncológicas y de la Fundación de Investigación Cardiovascular. A
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
(Número de expediente 212/000084.) . . . (Página 1024)

Página 1024



Proposiciones no de Ley:



- Relativa al futuro del Hospital Central de Asturias. Presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente 161/000002.) . . . (Página 1048)



- Relativa a la asistencia médica y social de las personas que sufren
de fibromialgia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número
de expediente 161/000018.) . . . (Página 1051)



- Sobre declaración como enfermedad profesional de la hepatitis C
contraía por el personal sanitario en su puesto de trabajo.

Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

(Número de expediente 161/000037).) . . . (Página 1054)



- Relativa al concierto del servicio de ambulancias de Zamora.

Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000112.) . . . (Página 1057)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (SÁNCHEZ
FIERRO) PARA INFORMAR SOBRE:



- LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN SU ÁREA DE GESTIÓN. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000045.)



- LAS LÍNEAS GENERALES QUE VAA DESARROLLAR EN SU ÁREA DE GESTIÓN. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/000060.)



- EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO Y FARMAINDUSTRIA CON EL QUE
SE PERSIGUE LA FINANCIACIÓN DE DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS Y DE LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ)
(Número de expediente 212/000084.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos. Damos comienzo a
la sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo con el orden del día
que todos conocen.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor subsecretario del
Ministerio de Sanidad y Consumo deseándole una grata estancia dentro
de lo que es el debate parlamentario, respecto del que estoy
plenamente convencido de que va a ser fluido y enriquecedor para
todos, incluido el señor subsecretario del ministerio.




Sin más preámbulos, cuando quiera, tiene la palabra el señor
subsecretario de Sanidad y Consumo.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Sánchez Fierro): Señor
presidente, señorías, es un motivo de satisfacción especial
comparecer ante esta Comisión de Sanidad y Consumo, a iniciativa del
Grupo Socialista y a petición propia, para exponer las líneas
generales que vamos a desarrollar a través de la subsecretaría de
Sanidad y Consumo. El Grupo Parlamentario Catalán también ha
suscitado mi comparecencia para informar sobre el reciente acuerdo
suscrito entre el Ministerio y Farmaindustria para la financiación de
diferentes líneas de investigación del Instituto de Salud Carlos III.

He de agradecer a la mesa de esta Comisión que me haya permitido unir
ambas comparecencias.




Señorías, querría comenzar destacando que las actuaciones de esta
Subsecretaría estarán, en todo caso, basadas en dos ideas centrales a
las que hizo referencia el presidente del Gobierno en su discurso de
investidura. De un lado, la importancia de la sanidad para la calidad
de vida de los españoles y, de otro, la necesidad de alcanzar el
mayor compromiso y la mayor motivación posible entre los
profesionales de la salud. La gestión a mi cargo estará orientada a
los objetivos que la ministra de Sanidad y Consumo enunció en su
comparecencia ante esta Comisión en el mes de junio pasado. No son
otros que el ciudadano como referencia esencial, porque lo esencial
son las personas; en segundo lugar, hacer del Sistema Nacional de
Salud una realidad tangible y fuerte que asegure el funcionamiento
cohesionado y solidario de los servicios de salud; en tercer lugar,
culminar el proceso de transferencias a las comunidadesautónomas
dentro de la presente legislatura y



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hacer del diálogo político y del diálogo social una práctica habitual
que permita la transparencia y la cooperación entre cuantos estamos
implicados y tenemos un compromiso con el mundo de la sanidad.

Como ustedes saben, señorías, en virtud de las disposiciones
vigentes, corresponden a esta Subsecretaría competencias en materia
de farmacia, de salud pública y consumo, de recursos humanos y
financieros, y también otros aspectos de actividad normativa y de
apoyo general al Ministerio. Me voy a referir a cada uno de estos
ámbitos.

La política en materia de farmacia contempla a los sectores básicos
relacionados con ella: la industria, la distribución y la
dispensación, y ello lo hace a partir de una positiva valoración de
lo que es y lo que representa el medicamento y los productos
sanitarios para el Sistema Nacional de Salud. Este reconocimiento, no
obstante, debe verse acompañado con una especial atención, que es
preciso prestar, al gasto farmacéutico. Es ésta una variable
importante que presiona al alza sobre el gasto sanitario total, con
tasas de crecimiento superiores a las variaciones del PIB nominal;
circunstancia a la que, por cierto, no escapa ninguno de los países
desarrollados. Por ello, en nuestro país, al igual que en los
diferentes Estados miembros de la Unión Europea, se vienen adoptando
desde hace tiempo medidas encaminadas a moderar y contener el gasto
farmacéutico y a propiciar el uso racional del medicamento. Aunque
son muy variados los datos y las cifras que podrían aportarse, parece
bastante expresivo a estos efectos el hecho de que en el periodo de
1986 -año en que entra en vigor la Ley General de Sanidad- a 1999 el
gasto farmacéutico en España ha pasado de 214.000 millones de pesetas
a 1.037.000 millones de pesetas, en valores nominales. Ello
representa una tasa anual acumulativa del 12,91 por 100, bastante por
encima del 8 por 100 que, durante el mismo periodo y en tasa
acumulativa, ha crecido el PIB nominal. Más allá de que para esta
evolución hayan podido contribuir muy diversos factores, como causas
demográficas, medicamentos de alta tecnología, enfermedades
emergentes, etcétera, consideramos que moderar el crecimiento del
gasto farmacéutico y hacerlo sin arriesgar la calidad de esta
importante prestación sanitaria son objetivos necesarios. Por ello,
señorías, hemos entendido e insistido en considerar imprescindible, y
así lo hemos hecho, promover una serie de líneas de acción en este
terreno, a las que querría referirme. Primero, ajustar los márgenes
por la dispensación de los medicamentos con criterios de equidad
entre las oficinas de farmacia; ordenar la remuneración por la
distribución y dispensación de los medicamentos de precios más
elevados; estimular la dispensación de genéricos e incrementar
sustancialmente la oferta de medicamentos genéricos, que todavía no
ha alcanzado en nuestro país los niveles adecuados; impulsar el
desarrollo del sistema de precios de referencia en línea con
experiencias muy positivas que
se han producido ya en otros Estados miembros de la Unión Europea,
como, por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Holanda o Suecia; favorecer
el uso racional del medicamento con acciones de información a
profesionales y usuarios, insistiendo en el campo de la educación
para la salud.

Al servicio de estos objetivos, el Gobierno está adoptando diversas
decisiones, entre las que querría destacar las siguientes: primero,
la aprobación del Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de contención del gasto farmacéutico y de racionalización
del uso del medicamento, convalidado por el Congreso de los Diputados
el 29 de junio pasado; la aprobación de la Orden de precios de
referencia el 13 de julio de este año; la autorización de 89
medicamentos genéricos en julio pasado; la autorización -se espera en
días inmediatos- de otros 112 genéricos más y la previsión de que al
final de este año podamos haber aumentado en casi un 50 por 100 el
total de medicamentos genéricos disponibles respecto a los que
existían al comenzar el año 2000. Todo ello, sin duda, repercutirá en
la evolución del consumo en el Sistema Nacional de Salud en cuanto a
genéricos se refiere. Quiero decir que estas medidas, en realidad, ya
están produciendo algunos efectos, puesto que, por ejemplo, en el mes
de julio, la cifra de envases de genéricos pasó a un millón y medio
frente a 650.000 envases en el mismo mes de 1999. En ese sentido,
también me parece muy importante destacar la preparación de un
proyecto de real decreto sobre promoción publicitaria por parte de la
industria farmacéutica, de modo que se venga a actualizar el Real
Decreto 1416/1994, teniendo presentes nuestras propias experiencias y
las medidas que a este respecto se han adoptado en ciertos países de
la Unión Europea, como por ejemplo el Reino Unido, Francia o Italia.

Permítanme, señorías, unas palabras más en torno a la orden sobre
precios de referencia, medida muy importante, orientada a ordenar y a
racionalizar el gasto farmacéutico. Su importancia se deriva de que
su implantación va a generar un ahorro para los usuarios, que habrán
de realizar un esfuerzo menor, por tanto una aportación inferior, en
relación con los precios actuales, y también un ahorro para el propio
Sistema Nacional de Salud, estimado durante el primer año de vigencia
en un mínimo de 19.500 millones de pesetas. A ello querría añadir que
la publicación de la orden de precios de referencia, simplemente la
publicación, está generando ya algunos efectos de interés, que quiero
poner de manifiesto ante SS.SS. De una parte, quiero señalar que, a
partir del mes de julio pasado, las compañías farmacéuticas están
decidiendo reducciones en sus precios, con vistas al momento en que
entre en vigor en su plenitud el nuevo sistema de precios de
referencia, el 1 de diciembre. Esta reducción está registrándose
tanto respecto de las especialidades bioequivalentes como de las no
bioequivalentes, en este último caso de acuerdo



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con lo establecido en la orden ministerial. La horquilla de dichas
reducciones se sitúa entre el 14,5 y el 15,7 por 100.

Otros resultados de la política que responde a este real decreto-ley
también se expresan en la evolución de la facturación de las recetas
médicas correspondientes al mes de agosto del presente año. Más allá
de algunas cifras respecto del mes de julio, que produjeron cierta
preocupación y que han de entenderse en el contexto de decisiones
previas a la entrada en vigor del real decreto-ley, es lo cierto que,
comparando agosto de 2000 con agosto de 1999, el número de recetas
disminuyó en casi un punto, 0,9 exactamente. En cuanto al gasto por
este concepto, las cifras también parecen indicar un cambio de
tendencia. Así, comparando agosto de 2000 con agosto de 1999, el
incremento fue del 0,4 por 100, mientras que la comparación julio
sobre julio suponía un incremento del 14,4 por 100. Esto hace situar
el comportamiento del gasto farmacéutico, en el periodo enero-agosto,
en un crecimiento de 7,82 por 100 respecto al mismo periodo del año
anterior, mientras que en ese periodo de 1999 el crecimiento
sobrepasó el 10 por 100 respecto de 1998. Por tanto, nuestra
situación ha evolucionado favorablemente en más de dos puntos. Con
todo, habrá que mantener la adecuada atención sobre la evolución que
pueda registrarse en meses posteriores.

Este conjunto de medidas ha sido objeto de diálogo con los distintos
sectores, si bien, ciertamente, con resultados diferentes. Con el
sector de oficinas de farmacia, más allá de los problemas que se
registraron con ocasión de la publicación del real decreto-ley, se
siguen manteniendo contactos fluidos. Estos contactos se pretenden
inscribir prioritariamente en el futuro y en la capacidad de atención
sanitaria que desde estos profesionales y desde las oficinas de
farmacia se pueden ofrecer al conjunto de los usuarios del Sistema
Nacional de Salud. Por lo que se refiere a la industria farmacéutica,
también se mantienen líneas de diálogo, que se orientan a conseguir
un mayor compromiso del sector con el Sistema Nacional de Salud
compatible con el establecimiento de un marco estable que dé
viabilidad y que propicie mejoras en la investigación y en la
tecnología. En este sentido, permítanme, señorías, una mención
especial a la declaración conjunta suscrita por la ministra de
Sanidad y Consumo y Farmaindustria en julio pasado para dar así
respuesta al Grupo Parlamentario Catalán. En virtud de dicha
declaración, Farmaindustria se compromete a contribuir con 5.500
millones de pesetas en el año 2000 en proyectos de investigación del
Instituto de Salud Carlos III, organismo que, según establece la Ley
General de Sanidad, está al servicio de todo el Sistema Nacional de
Salud. Las áreas de investigación prioritarias serán la oncología y
el ámbito cardiovascular, correspondiendo a dicho instituto el
desarrollo de las líneas de trabajo dentro de los objetivos generales
del sistema. Esta declaración conjunta,
que habrá de formalizarse en forma de acuerdo en breve, hay
que situarla en el marco de una política global respecto a este
sector, que habrá de desarrollarse a través del diálogo y la
cooperación. El Ministerio de Sanidad y Consumo reconoce
explícitamente en esta declaración el esfuerzo innovador de las
compañías farmacéuticas, que se traduce en inversiones en
investigación, favorecedoras de la salud y orientadas a consolidar
y dar futuro al tejido productivo. Más allá de esta declaración, están
previstas otras iniciativas de apoyo al sector en orden a la
investigación, al desarrollo y a la innovación en colaboración con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Querría a continuación, señorías, referirme al área de salud pública
y consumo. Como SS.SS. saben, el artículo 43 de nuestra Constitución
a la vez que reconoce el derecho a la protección de la salud obliga a
los poderes públicos a organizar y a tutelar la salud pública
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios. Al mismo tiempo, el artículo 51 de nuestra Carta Magna
demanda a los poderes públicos la defensa de los consumidores y
usuarios, en especial frente a los riesgos que puedan afectar a su
salud o a su seguridad. El Ministerio de Sanidad y Consumo, en
cumplimiento de estos preceptos constitucionales y conscientes de que
salud y consumo son campos de actuación profundamente relacionados
entre sí, ha querido favorecer una acción más eficaz en la gestión
administrativa desde un nuevo planteamiento al atribuir el conjunto
de estos cometidos a una nueva dirección general, si bien preservando
la autonomía del Instituto Nacional del Consumo. Desearía destacar
como objetivos y actuaciones prioritarias en este ámbito los
siguientes: desarrollar programas de detección precoz y atención a
los trastornos de conductas alimentarias mediante protocolos y
creación de una agencia de seguridad alimentaria. Se trata de una
política que guarda relación estrecha con el Libro Blanco de la
Comisión Europea sobre seguridad alimentaria y con los objetivos del
Codex Alimentarius, por tanto con los propósitos y con la filosofía
auspiciados desde la FAO y la OMS, que, por cierto, celebrarán una
reunión en octubre próximo en Madrid. Otro objetivo será potenciar la
red nacional de vigilancia de productos químicos y el sistema de
intercambio rápido de información para favorecer la sanidad
ambiental. Asimismo, queremos impulsar una política de promoción y
educación para la salud que se centrará fundamentalmente en programas
preventivos de diagnóstico precoz y tratamientos dirigidos a las
enfermedades y problemas de mayor incidencia, como son las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer (en el caso de la mujer el
cáncer ginecológico), la menopausia y la depresión. También programas
de prevención del sida y de reducción de los riesgos asociados al uso
de las drogas, actividades de promoción de la salud, prevención de
los factores de riesgo, con especial atención a la disminución del
consumodel tabaco y del alcohol entre los jóvenes y a los



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accidentes de tráfico, sin olvidar la lucha contra las enfermedades
infecciosas. También queremos potenciar la colaboración con las
organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales en la
lucha contra las enfermedades profesionales -las secuencias y la
evolución nos producen, lógicamente, preocupación- y las secuelas de
los accidentes de trabajo. A este respecto, nos proponemos contar con
más medios al efecto en la estructura del departamento y disponer de
una dedicación especializada en el Instituto de Salud Carlos III.

Además, prevemos mejorar la oferta de medicina en el trabajo en el
programa MIR y regular la especialidad de enfermería del trabajo.

También nos proponemos intensificar la cooperación con los agentes
sociales, con las comunidades autónomas y con las sociedades
científicas, reforzando nuestra participación en la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud Laboral. En este mismo ámbito de salud pública,
nos proponemos reforzar nuestras bases de datos y los mecanismos de
cooperación y coordinación interterritorial, auspiciando también
programas prospectivos en colaboración con centros universitarios y
con el Consejo superior de investigaciones científicas.

Señorías, nuestro país cuenta con un amplio marco normativo derivado
de las directivas y reglamentos comunitarios relativos a sustancias y
preparados químicos peligrosos, plaguicidas fitosanitarios,
biocidas?, sustancias nuevas, potabilidad de las aguas, contaminación
atmosférica, residuos tóxicos o radiaciones ionizantes y no
ionizantes, entre otros. Todas estas normas requieren un desarrollo
operativo y la cooperación de todos desde su respectivo ámbito de
responsabilidad y competencia. Pero no basta con la protección sino
que también es necesario promover la prevención de las enfermedades.

Aunque sea un breve apunte, querría referirme a algunas acciones y a
algunos problemas. Un problema de indudable trascendencia social es
el de la anorexia y el de la bulimia, que ha motivado trabajos y
actuaciones con distintos grupos sociales, instituciones y sociedades
científicas. Para dimensionar mejor el problema y las vías de
solución se llevaron a cabo y se van a seguir llevando a cabo
encuestas sobre hábitos alimentarios, estudios sobre imagen corporal
y su proyección publicitaria, edición de manuales sobre alimentación
y nutrición destinados a padres y profesores y se piensa impulsar el
reciente protocolo de atención primaria sobre trastornos alimentarios
que fue recientemente presentado por nuestra ministra. De otro lado,
con relación a la lucha contra el sida, la estrategia viene marcada,
de una parte, por la culminación del Plan de movilización
multisectorial 1997-2000 y por la preparación de un nuevo plan para
el periodo 2001-2005, el cual sin abandonar las actividades en marcha
tenga especialmente en cuenta los siguientes objetivos. En primer
lugar, mayor ayuda y mayores recursos para las ONG que trabajan en
este campo, para tener en cuenta así su destacada e importantísima
labor y su facilidad de
acceso a los colectivos afectados; dar un mayor peso específico a las
campañas con mensajes preventivos; intensificar la cooperación con
comunidades autónomas y las ONG en las actividades de prevención
específicamente orientadas hacia los inmigrantes; mayor colaboración
con los municipios, en especial con aquellos de mayor tamaño en los
que droga y sida presentan una simbiosis de gran importancia que
compromete la salud pública. También queremos establecer un marco
institucional con el Ministerio de Asuntos Exteriores para el
desarrollo de un programa en materia de VIH con los países menos
desarrollados.

En todo caso, querría destacar otras actividades que se están
desarrollando como los programas de formación sobre VIH (sida)
dirigidos a médicos rurales en colaboración con los colegios
oficiales de médicos. Las acciones para la prevención del sida y
tuberculosis entre la población reclusa, la colaboración con el
Consejo de la Juventud, las ayudas para subvencionar proyectos
presentados por las ONG relativos a acciones preventivas o la
publicación de documentos de consenso sobre recomendaciones en el
tratamiento antirretroviral del adulto y profilaxis y tratamiento de
infecciones asociadas al sida.

En materia de sanidad exterior, queremos reforzar el control de
mercancías a través de los puestos de inspección fronteriza en
colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas, además
de atender las exigencias de la red de alerta y al desarrollo del
programa de vacunación internacional sin dejar de mencionar la acción
promocional y de coordinación en cuanto al Plan nacional de residuos
de productos de origen animal y planes específicos para países
terceros.

En otro orden de cosas, la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo
80 ordena al Gobierno elaborar un censo de personas hemofílicas o con
otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis
C como consecuencia de haber sido tratados con concentrados de factores
de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público. He de
manifestar a SS.SS. que en julio pasado se finalizó el censo
provisional para lo que hemos buscado el mayor consenso posible con
las asociaciones hemofílicas. Se ha trabajado atendiendo a las
garantías de confidencialidad y de respeto a la intimidad personal,
siendo de señalar que los datos fueron suministrados por los
hospitales públicos en los que fueron tratados los afectados, y los
criterios de desarrollo de la hepatitis C fueron los avalados por un
comité de expertos y publicados mediante la correspondiente orden
ministerial. Tras el censo provisional, que abarca a quinientas
veinte personas, seguirán los trámites de reclamaciones y de
resolución de las mismas, que actualmente están en marcha, hasta que
pueda aprobarse el censo definitivo. En él estarán incluidas aquellas
personas con derecho a una ayuda social en las condiciones y en la
cuantía que determine



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una ley que habrá de ser tramitada y aprobada al efecto, tal y como
establece el apartado 4 del artículo 8 de la Ley 55/1999.

Dejando para un momento posterior de esta comparecencia los aspectos
relacionados con el papel del Instituto Nacional del Consumo y la
colaboración y respaldo a las asociaciones de consumidores y
usuarios, querría, a continuación, referirme al área de recursos
humanos y de financiación en todo aquello, quiero insistir, que
compete a esta Subsecretaría, ya que, como SS.SS. saben muy bien, hay
otros aspectos que corresponden a la Secretaría General de Gestión y
Cooperación Sanitaria, cuya comparecencia también ha sido convocada.

En lo que concierne a esta Subsecretaría, están planteados los
siguientes objetivos: el desarrollo y la ordenación de las
profesiones sanitarias, así como la elaboración y aprobación de un
marco común para el ejercicio profesional en el sistema nacional de
salud; el impulso y la mejora de la formación especializada de
postgrado, aspecto que incluye también adecuar los contenidos
formativos a las especialidades y a los avances científicos y a las
nuevas tendencias; el desarrollo de las llamadas áreas de
capacitación específica y de las especialidades de enfermería y el
apoyo técnico para los futuros acuerdos sobre financiación para el
periodo 2002/2005.

Comenzaré expresando algo que estoy convencido todos compartimos, y
es la trascendencia que tiene el personal sanitario para todos
nosotros, ya que constituye sin lugar a dudas el principal activo del
Sistema Nacional de Salud. Son ellos, los profesionales de la
sanidad, quienes prestan la asistencia que es la razón misma de ser
del servicio. Por otra parte, la importancia de este capítulo en
términos económicos es capital, ya que los recursos humanos
representan algo más de la mitad del total del gasto sanitario
público. Corresponde además a los propios profesionales el papel
protagonista en la aplicación y en el uso de los restantes recursos.

Aspiramos a conseguir el mayor consenso posible con las comunidades
autónomas y con los sindicatos, con vistas a lograr tres objetivos:
en primer lugar, establecer una política de personal fundada en
criterios básicos compartidos; en segundo lugar, un estatuto marco y,
en tercer lugar, un desarrollo adecuado de lo previsto en el apartado
último del artículo 84 de la Ley General de Sanidad sobre colectivos
específicos. Estos objetivos favorecen la solidez del Sistema
Nacional de Salud, contribuyen a una eficaz gestión de los servicios
de salud y de los centros e instituciones sanitarias y a la
motivación y al desarrollo profesional de los sanitarios.

Sabemos que es éste un desafío muy difícil, no en vano han pasado
diecisiete años desde que el entonces naciente anteproyecto de ley
general de sanidad previera un estatuto marco, pero también hay que
pensar que el propio transcurso del tiempo ha permitido madurar
más las ideas de todos y que el cambio de circunstancias y el actual
contexto y el futuro del Sistema Nacional de Salud habrían de
propiciar las soluciones. Va a ser necesario dialogar, y dialogar
mucho, en los planos social y político, y a ello nos vamos a aprestar
con toda decisión. Va a ser preciso buscar nuevos caminos para hacer
posibles los deseables acuerdos en el Consejo Interterritorial y con
los sindicatos. Probablemente antes de nada habrá que intentar
confluir en unos criterios básicos respecto de la política de
personal, para luego definir los aspectos en términos jurídicos y
económicos. Es necesario un trabajo intenso que sea sentido como un
trabajo de todos porque el esfuerzo vale la pena; conseguir un
resultado positivo será tanto como lograr mayor motivación y
compromiso de los profesionales sanitarios; ampliar sus oportunidades
en todo el territorio nacional y poder gestionar mejor los recursos
humanos en beneficio de la calidad asistencial. Ciertamente habrá que
distinguir qué es básico y lo que, siendo importante, no lo es, a fin
de que queden respetadas las competencias de cada uno, pero siempre
con la voluntad de avanzar en la misma dirección: potenciar el
desarrollo de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud.

Por lo que respecta a la formación de los especialistas es indudable
que el sistema actual vigente, conocido como sistema MIR, aunque es
mejorable, ha demostrado a lo largo de estos años su eficacia. Sus
resultados se constatan a través del elevado nivel y la cualificación
profesional de nuestros especialistas y se reflejan en la calidad que
ha alcanzado la sanidad en nuestro país, tal y como reconoce la
Organización Mundial de la Salud. Uno de los problemas pendientes
desde hace tiempo y que incide sobre el programa MIR es el desajuste
entre las plazas que se ofertan en cada convocatoria y el número de
aspirantes a las mismas. Hay que lamentar que los compromisos,
laboriosamente conseguidos en 1997 en el seno del Consejo de
Universidades, no hayan alcanzado un nivel homogéneo, ni suficiente
de cumplimiento. Ello ha generado dificultades que habrá que superar.

Para esto es imprescindible contar con la corresponsabilización y el
compromiso de todas las autoridades autonómicas, en particular de las
educativas y de las académicas. El sistema de formación médica
especializada no puede atender a una demanda de formación ilimitada y
ello por varias razones: primero, porque es preciso mantener un
control de los requisitos mínimos de acreditación de los centros y
unidades docentes; segundo, porque hay que cuidar la calidad de la
formación impartida y la no interferencia en el desarrollo de las
actividades asistenciales y, tercero, porque hay que evaluar las
necesidades presentes y futuras de profesionales en el Sistema
Nacional de Salud y en el conjunto de la sanidad. Para propiciar
tales soluciones, además del llamamiento a la correponsabilización al
que he hecho antes mención, queremos contar con cuantos están
interesados en ella. En



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esto estamos trabajando ya: Consejo estatal de estudiantes de
medicina, conferencia de decanos de medicina, consejo y comisiones
nacional de especialidades, sociedades científicas y, por su puesto,
Ministerio de Educación, Recientemente se han adoptado diversas
medidasrelativas al programa MIR que, al menos, querría mencionar.

Así, se ha modificado el baremo de los méritos académicos valorables
en las convocatorias MIR, a efectos de adecuar los expedientes
académicos a la estructura de los nuevos planes de estudio. Estamos
trabajando en orden a perfeccionar el proceso de evaluación de la
formación, aspecto en el que jugarán un papel relevante las
comisiones de docencia y los tutores. Pretendemos también potenciar
las auditorías docentes de centros hospitalarios y servicios y la
implantación del libro del residente.

Otras cuestiones que están previstas abordar son las especialidades
emergentes y la regulación de las áreas de capacitación específica
que han sido objeto de un borrador de real decreto cuya tramitación
se espera se inicie en breve. Supondrá la aprobación de áreas de
capacitación en foniatría, psiquiatría infantil, enfermedades
infecciosas, neonatología, urgencias y emergencias, cirugía
cardiovascular y cirugía torácica. Me parece importante subrayar
también que estamos trabajando en nuevas especialidades como la salud
laboral, adecuándola a las necesidades de los trabajadores y buscando
el reconocimiento de la especialidad en el marco de la Unión Europea.

Por lo que se refiere a los diplomados universitarios en enfermería
hay que resaltar la consolidación de la formación a través del
sistema de residencia en las especialidades de obstetricia
ginecológica y salud mental. Un nuevo objetivo será un plan de acción
que permita desarrollar progresivamente el Real Decreto 992/1997, lo
que implicará materializar el desarrollo de las especialidades de
enfermería, de salud laboral, de enfermería geriátrica y de
enfermería pediátrica, siendo sensibles así a las necesidades
sociosanitarias de nuestro país. Respecto de las especializaciones
farmacéuticas me satisface señalar que está previsto que próximamente
se inicie la formación vía MIR de las especialidades farmacia
industrial y galénica y análisis y control de medicamentos y drogas.

De otro lado, a partir de 1984 en las convocatorias de pruebas
selectivas para la formación especializada se han venido incluyendo
plazas destinadas a biólogos, químicos y bioquímicos, sin que se
hubiera creado previamente la especialidad sanitaria correspondiente.

Ello ha determinado que haya un importante número de profesionales
químicos, bioquímicos y biólogos debidamente formados en las
especialidades sanitarias, pero carentes del correspondiente título
acreditativo. Queremos resolver esta situación cuanto antes
promoviendo la normativa correspondiente.

Me parece obligado hacer una mención al desarrollo del Real Decreto
1497/1999, por el que se estableció un procedimiento excepcional para
el acceso al título de especialista a determinados facultativos
comúnmente conocidos como mestos. Puedo manifestar a SS.SS. que, una
vez constituida la Comisión Mixta de Sanidad- Educación, se han
creado tres grupos de trabajo que están procediendo al estudio y
análisis de más de 12.000 solicitudes presentadas. Una vez ultimada
esta fase se procederá a la convocatoria de las correspondientes
pruebas previstas en la mencionada norma. El Real Decreto 1753/1998
estableció un procedimiento excepcional para acceder al título de
medicina familiar y comunitaria. Para dar cumplimiento al mismo se
están manteniendo diversos contactos con la comisión nacional
correspondiente y con los representantes sindicales, a fin de
desarrollar lo previsto en esta disposición de común acuerdo.

Hay, pues, señorías, muchas tareas por hacer y necesidad evidente de
hacerlo a través del diálogo y de la cooperación de todos. Se trata
de mejorar la situación y el futuro de nuestros profesionales
sanitarios. Capacidad de diálogo y voluntad de compromisos van a ser
la clave sin duda alguna. Se hace preciso hacer mención al ámbito
financiero del Sistema Nacional de Salud. En este punto hay que
recordar las mejoras introducidas a través del acuerdo 98/2000 y
recordar que será necesario dialogar, negociar y buscar acuerdos para
la financiación 2002-2005.

Cuando está próximo a comenzar el último año de vigencia del acuerdo
de financiación actual resulta de interés señalar que este acuerdo
alcanzado con las comunidades con competencia transferida introdujo
indudables mejoras frente a lo que hubiera sido la mera prolongación
del acuerdo previo, tanto a través de fondos generales como de fondos
específicos que implicaron mejoras, factores correctores e incentivos
a la racionalización en la gestión del sistema. Hay que destacar
especialmente que un objetivo que se propuso el Gobierno del Partido
Popular y que venía demandado por los agentes sociales se ha
conseguido plenamente. Me refiero a la separación de las fuentes de
financiación o, si se quiere, al sostenimiento del Sistema Nacional
de Salud íntegramente con cargo a impuestos. Como hemos dicho, no
tardando mucho habrá que debatir el modelo para el periodo 2002-2005.

Llegará el momento en que será preciso que se aporten por todos
criterios, que se definan por todos posiciones y que, con sentido de
Estado, estemos todos dispuestos a negociar y a alcanzar acuerdos.

Serán acuerdos que expresen la solidaridad interterritorial, acuerdos
que expresen la cohesión social y que ayuden a la calidad del
sistema, siendo sensibles a los nuevos objetivos derivados de la
evolución, de los cambios demográficos y de los cambios sociales. En
el programa del Partido Popular se señala en este sentido la atención
sociosanitaria como un punto de referencia que va a requerir



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la colaboración de las distintas administraciones -la estatal, la
autonómica, la municipal-, y de los distintos departamentos
ministeriales.

Señorías, voy a ir concluyendo haciendo algunas consideraciones, como
les había anunciado, sobre el papel del Instituto Nacional del
Consumo y nuestras actividades en el campo de promoción formativa,
comunitario e internacional.

Como señaló la ministra, en su comparecencia de junio pasado, los
objetivos relacionados con el Instituto Nacional del Consumo no son
otros que los de fortalecer su carácter de órgano de apoyo a las
comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones de consumidores
y usuarios, además de desarrollar el plan estratégico de protección al
consumidor. Es evidente también que la introducción del euro va a
requerir el concurso del Instituto Nacional del Consumo y la
colaboración de las asociaciones de consumidores y usuarios, y que
ello va a ser una tarea muy importante a cargo del mencionado
instituto. Durante estos últimos meses, el observatorio consumo-
empresa, establecido en el Instituto Nacional del Consumo, ha
aportado consideraciones y elementos de reflexión que pueden ayudar a
que la introducción del euro sea menos compleja.

El Ministerio de Sanidad y Consumo forma parte de la comisión de
seguimiento establecida a estos efectos y sin duda durante los
próximos meses habrá que incidir en esta línea de trabajo. Por otro
lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo seguirá esforzándose por la
adopción de medidas de respaldo al movimiento consumista, además de
promover acciones de información ciudadana, respaldo al sistema
arbitral y desarrollo de iniciativas de información y educación para
el consumo. Queremos también reforzar con algunas reformas, que
estamos ya discutiendo con el Consejo de Consumidores, el papel del
propio Consejo de Consumidores, que pretende desarrollar su actividad
-y así lo compartimos- en línea con las orientaciones del comité
consultivo europeo. Deseamos actualizar las normas de protección a
consumidores y usuarios ante la aparición de nuevos productos y de
nuevos servicios. De hecho, se acaba de aprobar al efecto un real
decreto, el pasado 1º de septiembre, actualizando el catálogo de
bienes, productos y servicios de uso común y generalizado,
establecido en 1991. Pedimos la cooperación de las comunidades
autónomas a través de la conferencia sectorial y de las distintas
comisiones de trabajo que en ellas están establecidas.

Señorías, desde mayo pasado se ha trabajado en el plan normativo, en
la preparación de un real decretoley, 13 reales decretos, nueve
órdenes ministeriales, buena parte de los cuales suponen trasposición
de directivas comunitarias, para sintonizar mejor nuestros objetivos
sanitarios y de salud con los de la Unión Europea. En el terreno
comunitario, quiero destacar que se están llevando a cabo los
primeros trabajos para la preparación de la presidencia española, que
tendrá
lugar a lo largo del primer semestre del año 2002. Todo ello, sin
olvidar otras actuaciones previstas respecto de OMS, FAO, OCDE, OPS y
el estrechamiento de relaciones con los países iberoamericanos, en
los que queremos potenciar la formación de recursos humanos mediante
la concesión de becas para profesionales.

Señor presidente, señorías, me he referido en esta exposición a las
grandes líneas de acción en el ámbito de competencia de esta
subsecretaría. Les quedo muy agradecido por la atención que me han
dispensado y estoy a su disposición para responder a las cuestiones y
aclaraciones que SS.SS. deseen plantearme sobre los asuntos que han
sido objeto de esta comparecencia.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Valentín Navarro, por el
Grupo Parlamentario Socialista.




La señora VALENTÍN NAVARRO: Señor presidente, señor subsecretario, en
primer lugar, quiero darle la bienvenida, en nombre del Grupo
Socialista, a la Comisión de Sanidad y Consumo. Espero que estas
comparecencias se hagan de forma periódica, para que la información
nos llegue directamente, de primera mano, y no, como en muchas
ocasiones, a través de los medios de comunicación.

Me gustaría plantear una serie de cuestiones. Algunas de ellas han
aparecido en su exposición pero querría abundar en algunos detalles y
hay otras que no estaban incluidas en el contenido de su exposición.

En primer término, si es posible, querría que nos comentara como
subsecretario la modificación de la estructura orgánica del
Ministerio de Sanidad y Consumo, qué razones han llevado al cambio de
la estructura, modificada también en el año 1996, cuando el Partido
Popular tomó posesión del Gobierno de la nación, y qué mejoras se
pretenden fundamentalmente, cara a los ciudadanos, con esta
modificación de la estructura orgánica. ¿Dónde está la Organización
Nacional de Trasplantes, que antes dependía directamente de la
Subsecretaría, o la creación, dentro de la Dirección General de Salud
pública, como órgano intermedio entre el subsecretario y el Instituto
Nacional de Consumo; antes era un organismo que dependía directamente
del Instituto Nacional de Consumo?
Sobre la financiación, señor subsecretario, no hemos avanzado
absolutamente nada en la información recibida con respecto a la
comparecencia que tuvo la señora ministra de Sanidad y Consumo. Me
gustaría que, (aparte de las consultas y negociaciones que se tengan
que llevar con todas las comunidades autónomas, transferidas y no
transferidas -no como ocurrió en el año 1997, que solamente se
negoció con aquellas comunidades autónomas que están gestionando
directamente la asistencia sanitaria-, se pidiera opinión y formaran



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parte de la mesa de negociación todas las comunidades autónomas en la
definición del nuevo modelo de financiación. Además, querría saber si
el Gobierno, si el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Economía
tienen algún criterio ya a la hora de definir o encauzar el nuevo
modelo de financiación de la sanidad para todos los españoles para el
periodo 2002/2005.

Respecto a las transferencias, aunque es una cuestión que dependa
también de la Secretaría General de Gestión y Cooperación, me
gustaría que, como subsecretario del Ministerio, me informara sobre
si el Ministerio de Sanidad, si el Insalud, está en disposición de
iniciar inmediatamente el proceso de negociación del traspaso de
competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Yo formulé una
pregunta por escrito a la señora ministra y la respuesta fue que se
tenían que poner de acuerdo ambas partes. Es una respuesta tan obvia
que creo que no es digna de ser enviada por escrito por la máxima
responsable del Ministerio de Sanidad. Hay comunidades autónomas que
han solicitado ya el traspaso de competencias de la gestión de la
asistencia sanitaria y se tendría que tomar en serio está cuestión.

Sobre la política de trasplantes, a la que tampoco ha aludido, ya le
he preguntado dónde queda la ONT, respecto a su dependencia, en la
nueva estructura orgánica del Ministerio, pero nada he escuchado nada
sobre política de trasplantes y me gustaría que el señor
subsecretario nos explicara las líneas que el Gobierno, el Ministerio
de Sanidad, quiere llevar a cabo en este sentido. Aprovechando este
tema, querría que el señor subsecretario nos explicara por qué está
dispuesto el Gobierno a perder la Presidencia de la Comisión Europea
de Trasplantes con el cese de don Rafael Matesanz. En cuanto a la
donación de órganos, la hemodonación, ¿tiene previsto el Ministerio
llevar a cabo políticas de promoción, de concienciación de la
sociedad, de la necesidad de donar órganos o de donar sangre? Somos
desde hace mucho tiempo, gracias a la política que se impulsó por
parte de los gobiernos socialistas, un país referente con respecto a
los trasplantes. Nos gustaría seguir siéndolo y que precisamente la
política de concienciación de la sociedad para la donación de órganos
también fuera una de las prioridades del Ministerio de Sanidad.

Con respecto a la farmacia, antes de entrar en otro tipo de detalles,
quiero hacerle una pregunta directamente, y es si el Ministerio de
Sanidad sigue empeñado, como manifestaba la ministra a través de los
medios de comunicación, en que los pensionistas de la Seguridad
Social tengan que aportar alguna cantidad para el pago de los
medicamentos. Independientemente, los últimos datos del gasto
farmacéutico de que disponemos, a pesar de que usted ha avanzado los
del mes de agosto, son preocupantes, sobre todo desde el punto de
vista del incremento, tanto del Insalud como a nivel nacional, del
gasto con respecto al mes de julio del año anterior. El Insalud se
pone por encima de la media
nacional, con un incremento del 14,80 por 100. Nos gustaría que las
medidas que se puedan poner en marcha sean realmente medidas
evaluadas y que puedan ser efectivas, porque recuerdo que, cuando se
aprobó el modelo de financiación de la sanidad para el periodo 1998/
2001, uno de sus pilares fundamentales era el supuesto ahorro del
gasto farmacéutico, evaluado en 65.000 millones de pesetas. Yo a esto
le llamaba, desde el primer momento, el cuento de la lechera; no
suponía dinero puesto sobre la mesa para incrementar la aportación
a la financiación de la sanidad y además estaba basado en unas
cuestiones absolutamente imprevisibles, no se sabía cómo iban a
evolucionar y no se sabía a ciencia cierta si este ahorro se iba a
producir. ¿Se ha producido algún ahorro de esos 65.000 millones de
pesetas? Sobre el acuerdo con Farmaindustria, que se firmó también en
aquel momento y que preveía retornos ¿cuánto se ha aportado de
aquellas cantidades inicialmente previstas? Si no se han ahorrado los
65.000 millones de pesetas ¿cómo se suple este déficit? ¿De dónde se
saca el dinero? ¿Se quita de alguna otra partida presupuestaria
referida a Sanidad para paliar este déficit en farmacia?
De las medidas que usted anunciaba, me gustaría hacer una breve
referencia a una cuestión que me parece muy importante. Usted hablaba
de genéricos; desearía saber qué porcentaje suponen los genéricos
dentro del mercado español de medicamentos. También voy a hacer un
comentario con respecto a los precios de referencia ligados a la
existencia de genéricos. Cuando el Real Decreto 1035/1999 regula los
precios de referencia lo que regula es la financiación de las
especialidades farmacéuticas bioequivalentes. Estas especialidades no
están definidas en la Ley del Medicamento; sin embargo, se
constituyen como pieza fundamental del sistema de precios de
referencia. El real decreto no define el concepto de especialidad
farmacéutica bioequivalente sino que es el director general de la
Agencia Española del Medicamento quien hace la calificación de la
bioequivalencia. No establece el real decreto un precio de referencia
para cada principio activo, por tanto, no todas las especialidades
farmacéuticas tienen precio de referencia. Nosotros propusimos en su
momento que el precio de referencia no debería aplicarse por
conjuntos homogéneos de fármacos sino por principios activos, que son
los que tienen establecida la caducidad de la patente. Porque se
puede dar la paradoja de que haya medicamentos en el mercado que no
sean genéricos y que tengan un precio más barato que los medicamentos
genéricos; además, esto conlleva a que no todas las presentaciones de
un mismo principio activo tengan precios de referencia y por tanto
precios tasados, por llamarlo de alguna manera. El mayor número de
conjuntos homogéneos que aparecen con precios de referencia en el
listado que hizo el Ministerio corresponden a principios activos
destinados a patologías infecciosas, dándose la circunstancia de que
en



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la publicación que se hace de indicadores de la prestación
farmacéutica del Instituto Nacional de la Salud, del primer semestre
de 1999, estos principios no aparecen de forma significativa en los
datos de consumo, con lo cual estamos poniendo en duda la efectividad
de la medida. La política de unidosis adecuada a los tratamientos, la
política de formación e información a determinados colectivos para
uso racional del medicamento, la revisión sistemática del valor
terapéutico de los medicamentos y la información permanente y
adecuada a los médicos sobre las distintas especialidades. Tampoco he
escuchado nada sobre la autorización y registro de los nuevos
fármacos, el establecimiento del precio y la financiación por parte
del Sistema Nacional de Salud. Creo que esto se debería hacer de una
forma absolutamente rigurosa, porque sí que es cierto algo que usted
ha dicho, que el número de recetas desde hace mucho tiempo no crece
en la proporción que crece la factura farmacéutica. Esto deja claro
que lo que cada vez es más alto es el precio de los medicamentos.

Con respecto a los medicamentos para uso animal y productos
veterinarios, también me gustaría comentar alguna cuestión. La
Administración central, Agricultura y Sanidad, tiene competencia para
la autorización de los productos veterinarios, de los laboratorios
fabricantes y el control del comercio exterior. Las comunidades
autónomas tienen el control sobre la comercialización de estos
productos o de estos medicamentos veterinarios. Pero se da una
paradoja; hay una base de datos de medicamentos veterinarios, que se
llama Medicavet, en donde teóricamente tienen que aparecer todos
aquellos medicamentos veterinarios que están en el mercado, con
especificación de si necesitan o no receta veterinaria
y estableciendo los tiempos de espera, es decir, el tiempo que tiene
que mediar entre la toma por parte del animal de ese medicamento y el
sacrificio, para que no pueda producir perjuicio a la salud de las
personas. Hay una publicación en el Boletín Oficial del Estado, de
fecha 14 de mayo y 13 de junio de 1998 y 22 de abril de 1999, que no
supone ni siquiera el 2,5 por 100 de todos los medicamentos
veterinarios que están en el mercado. Por tanto, las comunidades
autónomas difícilmente podrán hacer el seguimiento y el control de la
venta de estos medicamentos cuando no se les facilita por parte del
Ministerio de Sanidad y del de Agricultura esta herramienta, que yo
creo que es básica precisamente para que puedan hacer ese control y
este seguimiento.




Otra de las cosas que me gustaría comentar es la relacionada con el
plan integrado de salud, si el Ministerio tiene pensado elaborar
definitivamente este documento que compendia los planes de salud de
las comunidades autónomas y establece criterios homogéneos en el
territorio. En una comparecencia del subsecretario anterior, el señor
Castellón, el 17 de octubre de 1996, ya explicaba, en la presentación
de los presupuestos, que había una partida para trabajar en este
campo y que de forma casi inmediata la iban a sacar. Quisiera conocer
su opinión al respecto. También me gustaría saber si el Ministerio
tiene pensado homogeneizar los criterios para el tratamiento de los
enfermos mentales en todo el territorio nacional, con la elaboración
de un plan nacional de salud mental, conocer las nuevas prestaciones,
tanto sanitarias como sociosanitarias, y en qué grado de elaboración
se encuentran o qué propuestas tienen en este momento, si es que se
están estudiando por parte del Ministerio.

Sobre los organismos autónomos y por lo que se refiere al Instituto
de Salud Carlos III, el Grupo Parlamentario Socialista pidió el día
12 de mayo de este año 2000 el presupuesto de ingresos y gastos para
los años 1999 y 2000 aprobados por la Fundación Carlos III para la
investigación del cáncer, junto con las memorias explicativas
correspondientes y las plantillas de personal de cada uno de los
ejercicios. La fecha oficial para la contestación terminó el 29 de
junio y hasta estos momentos no hemos recibido ninguna información
sobre los datos que pedíamos referidos precisamente al Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señor subsecretario, nos
gustaría conocer qué proyectos están investigando, cuál es el
presupuesto y cómo se financia. Son datos que pedimos a la ministra y
en su momento no recibimos contestación.

La Agencia de Seguridad Alimentaria. ¿Qué funciones concretas va a
tener? ¿De quién va a depender, del Ministerio de Agricultura, del
Ministerio de Sanidad? En su comparecencia, el ministro de
Agricultura se la adjudicaba a su departamento y no sabemos qué
competencias ni qué dependencia va a tener. Desde el Grupo Socialista
pensamos que, si va a depender del Ministerio de Agricultura, los que
van a perder van a ser precisamente los ciudadanos como consumidores.

Con respecto a la cuestión profesional, nos gustaría saber en qué
fase se encuentra la carrera profesional de enfermería, que ustedes
se comprometieron a desarrollar, o si tienen un plazo. Exactamente lo
mismo quisiéramos saber del estatuto marco. Ha hecho una referencia
al mismo, pero es la misma que hizo la señora ministra en su
comparecencia, sin abundar más. También querríamos saber algo
respecto a la necesidad de reducir la interinidad a través de
convocatoria de plazas en las ofertas públicas de empleo o de la
formación mir. Son temas espinosos que nos preocupan y que se tienen
que negociar y aprobar llegando al máximo consenso posible; creo que
es una necesidad apremiante en estos momentos establecer el marco de
relaciones laborales donde se tienen que mover los profesionales
sanitarios.




Sobre la salud pública, y muy rápidamente, de forma telegráfica,
señor presidente, habla de la puesta en marcha de programas de
prevención de cáncer ginecológico, menopausia, etcétera. Esto estaba
incluido en la cartera de servicios de atención primaria por el
anterior Gobierno, de su mismo signo político. La verdad es que



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no sé si se llegó a poner en marcha en muchas comunidades autónomas
-tengo entendido que no- en toda su extensión. Sí les pediría que las
cosas que se anuncien, que se transmitan a la población, desde el
punto de vista de la prevención de la enfermedad o de la promoción de
la salud, no se queden en mero escaparate sino que se pongan
efectivamente en funcionamiento, porque redundarán en su beneficio
sin lugar a dudas. Con relación a la anorexia y la bulimia, los
estudios me parecen perfectos, pero ¿tiene pensado el Ministerio
poner en marcha algún tipo de recurso asistencial distinto de las
unidades de asistencia psiquiátrica en los hospitales para tratar
este gravísimo problema? Con respecto al sida, nos ha llegado una
información que me gustaría que nos comentara y que es la posibilidad
de que desde el Ministerio se retiren las pensiones no contributivas
a aquellos enfermos de sida que vayan mejorando. Aunque las pensiones
no contributivas no dependan de usted directamente, al tratarse de
enfermos de sida, creo que una medida de este tipo siempre tendría
que estar hablada y consensuada con el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

Por último, porque me está diciendo el presidente que tengo que
terminar, me gustaría que a todos los órganos consultivos, tanto el
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el
Consejo de Consumidores, se les plantearan aquellas cuestiones que
son verdaderamente importantes y se les pidiera opinión precisamente
para hacerles partícipes en la toma de decisiones. Yo he asistido
durante cinco años a los consejos interterritoriales y la verdad es
que, en los últimos tiempos, ni siquiera el presupuesto del Insalud
pasaba por el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud
antes de ser aprobado definitivamente. Me parece que, por respeto a
los representantes de las comunidades autónomas y a los responsables
de las asociaciones de consumidores y ususarios, esta participación
en la toma de decisiones tendría que ser realmente efectiva, sobre
todo en aquellos asuntos de más importancia. Una última cuestión,
señor presidente. Un minuto. También me gustaría saber algo del
control que lleva el Ministerio de Sanidad en las comunidades
autónomas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, comúnmente conocida
como enfermedad de las vacas locas. Creo que sería necesario
conseguir alguna especie de protocolo en colaboración con las
comunidades autónomas, mucho más rígido que el que puede existir en
este momento, precisamente para controlar y vigilar que los animales
que puedan estar infectados por esta enfermedad en España no lleguen
a perjudicar la salud de los ciudadanos.

Por mi parte, dada la escasez del tiempo, nada más.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valentín. Ha sobrepasado
el tiempo justo en el cien por cien. (Risas.) Nada más, sólo en eso,
el cien por cien.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Martí i Galbis.




El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, señoras y señores
diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) agradezco al señor subsecretario del Ministerio de Sanidad y
Consumo, señor Julio Sánchez, su comparecencia hoy ante esta
Comisión, solicitada en su día por nuestro grupo parlamentario. Mi
intervención se va a referir, en principio, exclusivamente al acuerdo
que se suscribió hace un tiempo entre el Ministerio y Farmaindustria.

Por tanto, en primer lugar tengo que agradecer al señor subsecretario
la información que nos ha facilitado al respecto, aunque ha sido
digamos que no muy detallada teniendo en cuenta que ha estado
subsumida en la comparecencia general. También me referiré a esta
solicitud de comparecencia. (La señora vicepresidenta, Fernández de
Capel Baños, ocupa la Presidencia.)
La razón de esta solicitud ante esta Comisión se originó cuando, a
mediados del mes de julio, diversas empresas del sector de la
industria farmacéutica y algunos medios de comunicación hicieron
público un presunto compromiso de la patronal de la industria
farmacéutica con el Ministerio de Sanidad y Consumo. Se trata, según
tenemos entendido, de un preacuerdo o una declaración conjunta -en
términos digamos más exactos-, según la cual la industria
farmacéutica contribuirá con unos 5.500 millones de pesetas para
financiar la investigación que se lleva a cabo entre el Instituto de
Salud Carlos III, el Centro de Investigaciones Oncológicas y la
Fundación de Investigación Cardiovascular. En ese sentido, si me lo
permite el señor subsecretario, quiero recordar que, como usted mismo
decía en su intervención anterior, el programa electoral con el que
el Partido Popular se presentó a las elecciones generales el pasado
mes de marzo incorporaba el compromiso efectivo de poner en pleno
funcionamiento (según figura textualmente en el programa electoral
del Partido Popular) el Centro Nacional de Investigación Oncológica
y el Instituto de Investigación Cardiovascular; sin embargo, lo que no
especificaba (y permítanme el comentario) eran las fuentes de
financiación de los mismos. A partir de esta noticia, de sus
repercusiones sanitarias, políticas y económicas, nuestro grupo, y el
sector en su conjunto, tienen el máximo interés en conocer la
valoración del Ministerio en relación con este preacuerdo y qué lo
justifica, así como sus consecuencias para la investigación (lo que
ahora llamamos IDI, investigación y desarrollo más innovación), para
el sector de la industria farmacéutica, para el conjunto de la
política de farmacia del Ministerio y también para las comunidades
autónomas que, como es el caso de Cataluña, tienen ambiciosos
proyectos puestos en marcha en el campo de la investigación
sanitaria, en particular en el ámbito oncológico y cardiovascular.




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Nuestro grupo tiene una posición en relación con el abordaje del
problema del incremento del gasto farmacéutico que es conocida por el
equipo directivo ministerial, de la misma forma que lo era por el
anterior Gobierno popular. Si algo ha caracterizado nuestro discurso
y nuestra acción política ha sido el realismo, la voluntad de diálogo
y de consenso y la búsqueda constante del equilibrio entre las
necesarias reformas y los intereses de los sectores, de sus
profesionales, de los usuarios y del país en su conjunto. Permítanme
decirles que, como discípulo, aunque muy poco aventajado, que me
considero de Xavier Trías, el portavoz de nuestro grupo
parlamentario, con quien tuve la suerte de colaborar durante algunos
años en el departamento de Sanidad de la Generalitat de Catalunya, al
abordar la problemática del gasto farmacéutico (y creo que lo que
aquí nos convoca hoy está intimamente relacionado con esta temática)
tengo siempre en mente una advertencia que hacía a sus
interlocutores, y aún hace, cuando se discute sobre este problema del
gasto farmacéutico. Decía y dice: Las decisiones que se toman en
política farmacéutica no son decisiones estrictamente sanitarias; son
decisiones que afectan a la política industrial y por lo tanto a la
economía productiva del Estado en su conjunto.

Si a esta breve referencia, detrás de la cual creemos que se esconde
una verdadera declaración política de intenciones, le añadimos que
nuestra coalición gobierna desde hace algunos años en la Generalitat
de Catalunya y por tanto dirige el departamento de Sanidad,
llegaremos a la conclusión de que nuestras propuestas y también las
que afectan a una partida tan importante como es la farmacéutica
deben ser forzosamente constructivas y equilibradas. En ese sentido,
mi compañera de grupo y portavoz en esta Comisión, Zoila Riera, en su
intervención del pasado 13 de junio, durante la primera comparecencia
de la señora ministra ante esta Comisión de Sanidad y Consumo, decía,
al referirse a la contención del gasto farmacéutico, algo que por
descontado suscribo al cien por cien. Decía la señora Riera: Es
importante que afrontemos la política farmacéutica, no como una
política de parches, sino con reformas estructurales, con ideas
claras y con políticas que no sólo contemplen la farmacia sino
también la industria farmacéutica. Pues bien, continuamos creyendo
que no es bueno ni para el Sistema Nacional de Salud, ni para la
industria farmacéutica, ni para las oficinas de farmacia, ni para los
profesionales sanitarios, que, ante el constante incremento de la
factura del gasto farmacéutico, a alguien se le ocurra que lo que
conviene un día es bajar los márgenes comerciales a las farmacias o a
la industria, que al día siguiente se liberalice el sector o que al
día siguiente se exijan nuevos sacrificios a los usuarios.

No voy a referirme -aunque consideramos que puede perjudicar
seriamente la credibilidad del equipo directivo ministerial- a los
acontecimientos que tuvieron
lugar pocos días, incluso horas, antes de que el Gobierno
aprobara el Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de
racionalización del uso de medicamentos. Este episodio confirmó hasta
qué punto el Ministerio de Economía toma decisiones que
corresponderían al Ministerio de Sanidad y que desconciertan al
sector sanitario en lo relativo a su interlocución con el Gobierno.

Volviendo al tema que nos ocupa, y considerando que desde que se hizo
pública la declaración conjunta entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y Farmaindustria del pasado 12 de julio no hemos tenido
noticias de las intenciones del Ministerio sobre su implementación,
querríamos conocer las previsiones al respecto, teniendo en cuenta
que el documento o declaración conjunta establece que los compromisos
expresados deben realizarse en el transcurso del presente año. El
señor subsecretario nos acaba de especificar en su intervención
anterior que esta declaración conjunta se convertirá en un acuerdo
que se formalizará en breve. En todo caso, le pedimos una pequeña
concreción al respecto, es decir, si esta formalización va a tener
lugar en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos
meses. Creemos que tal medida, o sea la aportación de 5.500 millones
de pesetas de la industria farmacéutica para contribuir al uso
racional del medicamento, adecuando el gasto farmacéutico en el marco
del Sistema Nacional de Salud, puede llegar a ser una medida
aceptable y positiva, pero siempre que forme parte de una política
global y horizontal, a la que antes me refería, y siempre que se
tengan en cuenta aspectos como la transparencia y la
descentralización de los fondos estatales dirigidos a la
investigación. También, por qué no, la discriminación positiva de las
empresas farmacéuticas que invierten fuertes sumas en investigación,
desarrollo e innovación, respecto de aquellas empresas que lo hacen
en menor medida. En ese sentido, no debemos olvidar en ningún caso,
especialmente el Gobierno, que es a quien corresponde llevar la
iniciativa política, que el gasto sanitario crece y continuará
creciendo los próximos años por encima del incremento del PIB
nominal, como muy bien decía el señor subsecretario, y que por tanto
será muy importante la planificación de su financiación en el futuro.

En esta misma línea, la industria farmacéutica española, y muy
singularmente la industria farmacéutica catalana, que representa
aproximadamente un 50 por 100 de la del Estado, basa una buena parte
de su estrategia en el éxito de la investigación, el desarrollo y la
innovación, por lo que debe darse apoyo a esta línea de trabajo.

Sobre todo, al actuar sobre la contención del gasto, debe tenerse en
cuenta la situación individual de cada una de las empresas.

Otro dato que, aunque conocido, ayuda a contextualizar el tema que
nos ocupa, es el del gasto en innovaciónde la industria farmacéutica.

Ese gasto, que es del



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5,43 por 100 de la cifra de negocios del sector, contrasta con el
1,64 por 100, que es el porcentaje para el total de la industria.

Después de la industria aeroespacial, la industria farmacéutica es la
que ha tenido un mayor incremento en los gastos de innovación,
concretamente un 34 por 100 de variación. Otro ejemplo indicativo es
que el 68 por 100 de los gastos dedicados a innovación por las
empresas farmacéuticas corresponde a actividades de I+D, siendo ese
porcentaje, para el conjunto de las empresas industriales, del 43 por
100, o sea un 25 por 100 menos. Finalmente, tampoco puede obviarse
que el consumo farmacéutico per cápita en el Estado español es el más
bajo -sólo por encima de Grecia- en el marco de la Unión Europea,
según datos de hace dos o tres años. Todo ello nos lleva a
interrogarle sobre la filosofía que sustenta el acuerdo objeto de la
comparecencia, las perspectivas de su implementación y sus
consecuencias sobre el sector desde una posición política de diálogo,
de colaboración y de responsabilidad que mi grupo parlamentario
suscribe plenamente cuando a eso se refería el señor subsecretario.

En último lugar y para concluir este primer turno de intervención, en
nombre de mi grupo parlamentario quisiera poner un acento especial,
que en el fondo es una de las principales razones que justifican
nuestra solicitud de comparecencia, en el hecho de que una parte
importante de la industria farmacéutica del Estado ha acogido la
iniciativa del Ministerio con alguna cosa más que recelos. En este
sentido, pediría al señor Sánchez Fierro las razones por las cuales
la declaración conjunta firmada el pasado 12 de julio entre el
Ministerio y Farmaindustria, teniendo la trascendencia que tiene, fue
suscrita con la precipitación con que parece que lo fue. Es evidente,
como decía anteriormente, que lo que necesita el sector es diálogo,
más diálogo y consenso, y este tipo de decisiones no contribuyen a
que los agentes del Sistema Nacional de Salud, y en este caso la
industria farmacéutica, puedan planificar sus estrategias
industriales, comerciales y corporativas dentro de un marco estable,
al que también se refería el señor subsecretario hace unos minutos,
aunque ese marco incorpore medidas o sacrificios que a la larga todo
el mundo deberá asumir si lo que se pretende es hacer viable el
Sistema Nacional de Salud.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida?
(Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? Tiene la palabra
la señora Julios Reyes.




La señora JULIOS REYES: Quiero agradecer en nombre de Coalición
Canaria al señor subsecretario su comparecencia y la exposición que
nos ha hecho sobre las principales prioridades, dentro de los
diversos campos que abarcan su área de responsabilidad. Voy a
intentar referirme -recorriendo esas áreas- a algunos de los aspectos
que a nosotros nos parecen más importantes
para empezar a trabajar a lo largo de esta legislatura. En lo
que respecta a la financiación, nuestra posición la hemos dado a
conocer y solamente quiero resaltar que uno de los retos más
importantes es comenzar a planificar ya, y en su momento afrontar, la
negociación del nuevo pacto de financiación para la sanidad.

Entendemos, que, con independencia de que se tiene que dar la
cadencia de cerrar los presupuestos del año 2001, sería bueno que
empezáramos a planificar un poco el trabajo, puesto que se tendrá que
plasmar a lo largo del año entrante en la elaboración de los
presupuestos de 2002. En este sentido, nosotros estamos de acuerdo
con que uno de los principios básicos debe ser el de la solidaridad
interterritorial y que el pacto de financiación que tenemos ahora
supuso un avance con respecto a la situación anterior. Por supuesto
que así fue. Sin embargo, lo cierto es que se ha acumulado una
experiencia y que cada vez son más las comunidades que tienen
transferida la gestión dentro del Sistema Nacional de Salud, lo que
es importante que se tenga en cuenta, para que, como usted decía,
todos empecemos a aportar criterios y posiciones con respecto a las
variables sobre financiación.

En ese sentido, pensamos que hay que empezar a valorar cuáles son las
circunstancias y las particularidades de cada territorio. No me voy a
extender, pero me refiero a aspectos como la dispersión, que no sólo
afecta al caso insular, sino también a otros territorios, lo que en
nuestro caso se añade al coste insular y a la lejanía. También hay
aspectos con relación al coste que suponen los desplazados internos
dentro del país y los desplazados externos, sobre todo dentro de lo
que es la Unión Europea. Hoy por hoy tendríamos que tener una mayor
fluidez de información con respecto al Insalud para conocer la
facturación que se está ocasionando a través de los convenios
internacionales con respecto a esos epígrafes. En última instancia,
debemos tender -porque es responsabilidad de todos, de las
administraciones autonómicas y de la del Estado, ya que aunque se
esté en un proceso de descentralización de la gestión, hay una
responsabilidad desde el punto de vista de la financiación que
continúa recayendo en el Ministerio y en el Gobierno- a la
suficiencia financiera, para que las comunidades puedan dar respuesta
y atender las demandas de nuestra población.

En cuanto a necesidades de salud, estas demandas también son
variables en el tiempo, porque hay nuevas patologías y aspectos
sociosanitarios que, como usted comentaba, cada vez impactan más.

Así, en el futuro, el incremento de los costes se deberá al
envejecimiento de la población y a la demanda de aspectos
sociosanitarios cuya linde a veces es difícil de separar.

Pensando también en los presupuestos del 2001, es importante que
caminemos hacia converger con los países de nuestro entorno europeo
en lo que es nuestra equiparación al porcentaje del gasto público
sanitariocon respecto al PIB.




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En lo que se refiere a aspectos de política sobre recursos humanos,
coincidimos en que el valor más importante que tiene el Sistema
Nacional de Salud es el recurso humano, ya que es el motor que ha
sustentado los cambios de mejora y de calidad que ostenta el Sistema
Nacional de Salud, pero también es el elemento clave e importante
para continuar afrontando estos cambios. No se pueden resolver en
tres meses problemas como el del estatuto-marco, que lleva muchos
años pendiente, pero es importante la oferta de consenso que usted ha
hecho con todas las fuerzas políticas, sindicatos, administraciones
autonómicas, etcétera, para que ya se priorice el iniciar esta tarea.

Hablar de cambios y de modernización de la gestión sanitaria dentro
del Sistema Nacional de Salud se puede convertir en agua de borrajas
si no hablamos de cambios en las herramientas de la gestión de
recursos humanos, porque es la piedra de toque de cualquier
modernización, de cualquier proceso de incentivación de los
profesionales, de que estos estén de acuerdo en satisfacer las
necesidades objetivas y subjetivas, en el trato a la población en
última instancia.

En cuanto a otros aspectos de la política de recursos humanos y en lo
que se refiere a la formación especializada y al MIR, estamos de
acuerdo con el sistema MIR y coincidimos en que ha supuesto un avance
importante en la calidad de la formación en España, no tanto en
aspectos cualitativos como en aspectos cuantitativos desde el punto
de vista de adaptar, de una forma más adecuada la relación oferta y
demanda de determinadas especialidades. Por supuesto la oferta no
puede ser limitada y hemos comentado desde nuestro grupo que se
sufren carencias históricas de especialidades en Canarias que, de
alguna forma, en algunas islas ponen en grave peligro determinadas
prestaciones sobre todo en relación con la anestesia dentro del
ámbito quirúrgico. En relación con lo anterior, se puede avanzar en
la modificación de los cupos, atendiendo a particularidades, para que
las ofertas que cada comunidad autónoma hace puedan verse satisfechas
o cubiertas con el examen MIR, y también comentaba que se va a
valorar lo que se refiere a ciertas especialidades cuyo
reconocimiento hay que potenciar y acreditar en el contexto europeo,
como es la de salud laboral.

También quiero hacer una mención a la salud pública, porque ahora
mismo tenemos vía MIR la especialidad en medicina preventiva y salud
pública, pero sólo desde el punto de vista estrictamente
hospitalario, aunque por supuesto esa vía de formación ha desempeñado
y desempeñará un importante papel en nuestro mundo hospitalario. Sin
embargo, existen otros aspectos de la salud pública desde el punto de
vista epidemiológico y comunitario, como son los de la formación en
administración y gestión sanitaria en los que creo que debemos
profundizar y abrir una puerta para resolver el problema de cantidad
de profesionales que se han formado a través de la Escuela Nacional
de Salud, a través de
otras escuelas autonómicas o en el extranjero y que hoy por hoy no
pueden acreditarse como especialistas dentro del territorio español.

Por lo que se refiere al gasto farmacéutico -no me voy a extender,
puesto que en su momento, cuando se debatió este tema en el Pleno, ya
lo hablamos-, y con independencia de que hay que esperar a tener más
datos para ver la tendencia de las medidas tomadas, lo cierto es que
seguimos planteando la necesidad de apostar por estrategias más
globales, más integradoras en una gestión del gasto farmacéutico en
su conjunto, para que las medidas que se vayan tomando no sean
coyunturales y puedan tener una repercusión más a largo plazo.

Es cierto que el actual porcentaje que ocupa el medicamento con
respecto al gasto sanitario es alto -todos estamos de acuerdo con
eso- y que de alguna forma no permite que crezcamos, por así decir,
en otros aspectos y prioridades dentro del sistema sanitario, pero
para afrontar realmente la raíz del problema también hay que empezar
a utilizar otro tipo de indicadores. El señor subsecretario es
consciente de que hay que modernizar nuestros sistemas de información
en ese sentido. Nosotros nos preguntamos cuál sería el porcentaje del
gasto que dedicaríamos al producto farmacéutico si el porcentaje del
gasto sanitario con el PIB fuera otro. Evidentemente tendría un
impacto diferente.

Además de eso hay que hablar también de lo que es el consumo
expresado en unidades de medicamentos por habitante, ya no sólo el
gasto per cápita, que también nos puede dar una idea, porque pudiera
tener el sesgo de que los precios de los medicamentos son iguales en
toda Europa. Sin embargo, en lo que es el consumo por habitante, que
es un buen indicador, desde mi punto de vista objetivo, España ya no
ocupa los primeros lugares de Europa. Como usted bien expresaba, el
número medio de recetas va disminuyendo y lo que está ocurriendo es
que hay un factor determinante, que es el crecimiento del coste medio
de la receta, y hay un crecimiento del precio efectivo del
medicamento. Esta es una tendencia a la cual no nos vamos a poder
sustraer, porque es así en todos los países de la Europa
desarrollada. Se está produciendo una progresiva equiparación
y convergencia de los precios del medicamento en toda Europa, y
lógicamente el impacto en España, puesto que partíamos de precios
bastante más bajos, es mayor. Eso quiere decir que hay que hacer un
esfuerzo de responsabilidad por parte de todos para armonizar esta
convergencia, que va a ser inevitable, de forma que no nos hipoteque
el crecimiento en otros apartados del presupuesto.

Nosotros apostamos por que hay que seguir actuando en toda la cadena,
desde la producción, distribución y dispensación del medicamento, y
en ese sentido es necesario que trabajemos en un pacto, nosotros
decíamos un pacto de Estado, en cuanto al gasto farmacéutico, porque
implica a muchos sectores, como ya se comentaba antes, desde la
industria al farmacéutico.




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Entendemos que el farmacéutico tiene que aportar, pero no sólo él, es
necesario el consenso con los profesionales, el médico de atención
primaria juega un papel importantísimo, hay que seguir potenciando su
corresponsabilidad a todos los efectos sobre el sector sanitario,
pero sobre todo en lo que se refiere al gasto en medicamento.

Para terminar con el tema de farmacia, hay que potenciar listas
positivas y listas negativas. Han desaparecido los UTB, medicamentos
de utilidad terapéutica baja, pero mientras se sigan registrando y
financiándose automáticamente medicamentos como los que tenemos,
nuevamente tendremos medicamentos UTB, pero además con un coste mayor
del que había antes e, insisto, seguiremos igual, por lo que creemos
que hay que abarcar toda la cadena.

En lo que se refiere a salud pública ha mencionado bastantes puntos
desde el punto de vista legislativo. Entendemos que algunos aspectos
de la legislación española están un poco obsoletos. Me refiero, por
ejemplo, a la necesidad de avanzar en un nuevo real decreto sobre
producción, distribución y almacenamiento de carne fresca y sus
derivados, ya que el real decreto que tenemos ahora es de l984 y está
algo obsoleto. Lo mismo ocurre con lo que se refiere a comidas
preparadas que afecta a catering y a comedores; a la normativa de
piscinas, que es de los años sesenta, y que afecta más a las
comunidades autónomas en las que el turismo es una fuente de riqueza
importante; a todo lo que se refiere a pastelería, bollería,
etcétera.

Es necesario que el Ministerio de Sanidad y Consumo, aunque no sea
estrictamente de su competencia, inste al Ministerio de Medio
Ambiente para que desarrolle una normativa que adecue la legislación
básica sobre las condiciones de reutilización de las aguas depuras.

Insisto en estas citas legislativas porque dentro de la Ley General
de Sanidad, en salud pública muchos aspectos de la legislación son
norma básica.

Con respecto a la sanidad exterior usted ya ha comentado la necesidad
de potenciar su desarrollo. Esto, que es competencia del Estado,
tiene una vital importancia en comunidades autónomas como Canarias.

Creo que es necesario reforzar su control porque ahora mismo los
recursos que existen en las islas en que los hay son escasos, por lo
que le rogaría que dedicara un poco de atención a este tema ya que
hay islas en las que no existe, como tal, el recurso de sanidad
exterior y cada vez son más las exportaciones extracomunitarias,
Africa, Asia, Sudamérica, que hay en el territorio autonómico. El
número de inspectores veterinarios es escaso y, con independencia de
la profesionalidad de los responsables y de los funcionarios que alli
actuan, hay una falta de medios que ocasiona en algunos casos
controles superficiales o pérdida de mercancías cuando éstas son
perecederas. Quiero recordar la importancia que tiene para Canarias
el control de las personas y de los animales que vienen en
los barcos desde países en los que existen enfermedades
transmisibles.




El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.




La señora JULIOS REYES: Sé que me he extendido un poco en el tiempo,
señor presidente. Reitero el agradecimiento por su comparecencia,
señor subsecretario, y espero que tengamos una labor fructífera en
esta Comisión a lo largo de esta legislatura.




El señor PRESIDENTE: Le pido autorización a la señora Uría para
conceder la palabra por unos breves minutos a la señora Castro.

Tiene la palabra la señora Castro,



La señora CASTRO FONSEC: Muchas gracias, señora Uría.

Intervengo brevemente para agradecer al señor subsecretario de
Sanidad y Consumo su comparecencia en esta Comisión y para hacerle
tres preguntas telegráficamente respecto a su intervención.

Izquierda Unida ha venido preguntando en la legislatura anterior
reiteradas veces sobre este tema y de nuevo yo le vuelvo a hacer al
subsecretario la misma pregunta. ¿Qué pasa con la situación de los
medicamentos radiofármacos en España? ¿Qué ocurre con su distribución
y venta fuera del cauce legal, administración a pacientes de
productos radiactivos no autorizados, utilización de radiofármacos en
indicaciones clínicas no aprobadas, ensayos clínicos sin
autorización? Esta misma pregunta ha sido respondida por el
subsecretario, pero negando la existencia de irregularidades y, sin
embargo, recientemente en la prensa especializada, concretamente en
Diario Médico, aparecen noticias que alarman a esta diputada y por
eso pretendo que el señor subsecretario, si es posible, nos aclare
este tema.

Me gustaría preguntarle qué hay respecto al plan de choque de cirugía
sobre el que en los medios de comunicación ya ha sido reconocido que
no se va a alcanzar el objetivo de resolver este tema en tres meses.

También quiero saber qué política piensa seguir el Ministerio
respecto al Fondo de Compensación Interterritorial sanitario y cómo
piensan ustedes financiar el gasto sanitario de los inmigrantes.

Una última pregunta y con esto termino. Respecto al Consejo
Interterritorial, ¿ustedes han hecho una valoración de cuáles son los
defectos de funcionamiento de este Consejo? Y, si es así, qué medidas
piensan ustedes adoptar para mejorar su funcionamiento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Antes de agradecer su presencia al señor
subsecretario, querría hacer alguna pequeña observación en cuanto al
turno de las intervenciones. Una está habituada a que cuando estas



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alteraciones se producen primero es la propia representante del grupo
solicitante quien lo pide. La señora Castro es nueva en esta
legislatura y sin duda por eso no lo ha hecho, pero tampoco el
presidente me había consultado. Yo también pertenezco a un grupo
pequeño obligado a estar en tres o cuatro sitios a la vez, a ir de la
Ceca a la Meca; no obstante, la amabilidad es para mí norma, pero he
encontrado extraño el no haber sido ni siquiera consultada.




El señor PRESIDENTE: Señora Uría, esta Comisión, quizá no como otras,
no en esta legislatura sino en legislaturas anteriores, estableció
cómo se intervenía; primero, el grupo mayoritario, y a continuación
de mayor a menor, cerrando el grupo del Gobierno, y se ha mantenido
esa misma tradición. En el caso concreto de la señora Castro, le
había dado la palabra antes, no estaba, y me pareció un deber de
cortesía darle unos minutos que me ha pedido personalmente, y yo
también he invocado a su generosidad para que me lo concediese. No
obstante, esta presidencia no tiene absolutamente ningún
inconveniente en que se establezca otro turno de intervenciones.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, no voy a hacer causa de
esto. Creía que el turno era normal en comisiones, de menor a mayor,
de hecho ha empezado la representante de Coalición Canaria, y me
parecía que lo mínimo era haberme consultado si yo tenía otras
ocupaciones. Repito, la amabilidad y la corrección en el trato
parlamentario son para mí una norma, y no tengo inconveniente, lo
único es que me hubiese gustado ser consultada antes.




El señor PRESIDENTE: La amabilidad la tiene corroborada a lo largo de
muchas legislaturas.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, presidente.

Señor subsecretario, quiero también comenzar saludándole en nombre
del grupo al que represento, ya que es nuestra voluntad el tener la
mejor relación institucional posible con todos los ministerios, con
toda la Administración del Estado, aun cuando seamos conscientes de
que no corren excesivos buenos tiempos para la reciprocidad al
respecto.

Le agradezco enormemente el contenido y la extensión de su
intervención, y procurará no incurrir en reiteraciones en relación
con cuestiones que ya le han sido planteadas por portavoces de otros
grupos. Sí quiero, sin embargo, hacerle alguna mención en cuanto a la
parte de su intervención en la que ha aludido al Decreto- ley llamado
de medidas liberalizadoras en lo que hace al medicamento. Bien está
que recibamos alguna explicación aunque sea a posteriori, puesto que
la señora ministra en su primera comparecencia en esta Comisión para
explicar cuál era su programa para esta legislatura no hizo mención
ninguna a que tuviese intención
de hacer nada al respecto, aunque quince días después nos vimos
sorprendidos por el anuncio en el Consejo de Ministros de un paquete
de medidas liberalizadoras. Ello avala la teoría que ya sostuvimos en
el Pleno, que está recogida en el «Diario de Sesiones», de que el
contenido de la medida estaba fundamentalmente vinculado a lo
económico y no tanto a lo que puede ser salud o conservación de la
salud, que es lo propio de la Comisión en la que ahora estamos.

Enlazando con las afirmaciones que usted ha hecho en relación con
culminar el proceso de transferencias en esta legislatura en materia
sanitaria, y también con la expresión que ha utilizado de potenciar
el diálogo político y social, y sobre todo con lo que yo creo que es
contenido del alto cargo que usted ocupa, que es el de la
Subsecretaría, y en relación con el artículo 15, apartado g) de la
Lofage, en la cual se responsabiliza del asesoramiento jurídico al
ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le
corresponden, y en particular en el ejercicio de la potestad
normativa, sí quisiera plantearle una cuestión que a mi grupo y al
Gobierno vasco, cuyo consejero en estos momentos pertenece a mi misma
formación política, nos inquieta de manera importante en relación con
un borrador de orden que durante el mes de agosto fue transmitido a
los distintos gobiernos que tienen competencia, en el que se aborda
la posible regulación de los criterios de concesión de licencia de
funcionamiento destinado a la fabricación de productos sanitarios a
medida. Se pensará por algunos que, en una intervención o debate de
política general, es traer una cuestión menor o puntual a la
Comisión, pero en la medida en la que voy a intentar explicar la
generalidad del problema que se plantea, creo que se podrá entender
perfectamente a qué me refiero.

El esquema, constitucionalmente querido, de ejercicio de las
competencias en materia de sanidad -lo conoce de sobra el señor
subsecretario porque he comprobado su historial profesional y sé que
es un excelente jurista- es el de bases, desarrollo, y lo
constitucionalmente querido es que los estatutos de cada autonomía
asuman un determinado nivel competencial y que, después, esto se
plasme mediante pacto en una comisión mixta de transferencias y que
se publique mediante real decreto. Al final de legislatura pasada
tuvimos alguna sorpresa en relación con este funcionamiento. Nos
encontramos con que la Ley de acompañamiento, en su artículo 76, la
Ley 55/1999, transfería a las comunidades autónomas una competencia
en materia sanitaria que nos pareció sorprendente. No seremos
nosotros quienes nos quejemos de obteneresas competencias, pero no
parece que la Ley de acompañamiento, no seguida de decreto alguno y,
desde luego, sin acuerdo, sea el instrumento más adecuado para el
traspaso de competencias.

Ocurre que el proyecto de orden que se quiere someter ahora al
Consejo interterritorial es desarrollo de esta modificación
contemplada por la Ley de acompañamiento



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del pasado año y, curiosamente, utiliza el eufemismo de decir que el
artículo correspondiente de la Ley de acompañamiento lo que hace es
salvaguardar competencias de las comunidades autónomas. Eso siempre
está bien, pero a cualquiera que se le dé a examinar el artículo y
verá que, en puridad, no salvaguarda nada, sino que transfiere una
competencia nueva que hasta ahora no estaba establecida como tal en
norma básica alguna y que, repito, no había tenido el proceso
subsiguiente de decretos de transferencias.

Reitero que no hacemos ascos a ninguna competencia que se nos
transfiera, pero tenemos la sensación, puesto que estamos hablando de
sectores como el de ortopedia técnica y el de los protésicos
dentales, en los que la regulación no voy a decir que no exista, pero
es caótica. Existe una cierta desregulación y basta mirar el
enunciado de los expedientes que se le transfiere a cada una de las
comunidades autónomas -por cierto, sin que exista fecha cierta desde
cuándo- para comprobar que se trata de lo que, en términos vulgares,
se denominaría un marrón. Es algo que es incómodo de gestionar, que
va a crear problemas probablemente con el sector, cuya concesión de
licencias en cuanto al ejercicio de la actividad no está claro. La
propia existencia de los colegios, y del Consejo de Protésicos, ahora
está en tramitación en esta Cámara, repito que es un sector que puede
resultar conflictivo como he dicho anteriormente, y al Ministerio le
vino bien, en un momento determinado, quitárselo de en medio y decir
que las comunidades autónomas ahí se las apañen. La orden que se
ofrece al Consejo interterritorial no aclara estas cuestiones y,
sobre todo, no tiene fecha cierta en cuanto a desde qué momento se
nos va a hacer entrega del correspondiente paquete de expedientes. No
hay, en el momento actual, normativa específica, sino mare magnum de
normas, y creemos que a ello no pone solución el proyecto que se nos
ofrezca.

He traído esta cuestión a su comparecencia porque creo que puede ser
definitoria de unas formas de actuar, de unas pautas de actuación que
no son el esquema querido. El que en sectores tales como el de la
sanidad, en el que desde la Administración vasca hace tiempo que se
viene ejerciendo esta competencia, creo yo que de forma muy bien
valorada por los ciudadanos, de repente se introduzcan competencias
nuevas, como ya ha ocurrido con el decreto-ley de medidas
liberalizadoras en materia de medicamentos, cuando ya teníamos al
sector vasco de acuerdo con la Administración vasca y no existían
problemas, hace ahora que empiecen a existir fisuras, y que después,
a través del correspondiente acuerdo en el Consejo interterritorial,
se vaya a proceder a lo que creemos no debe hacerse de esta manera en
modo alguno.

Nos gustaría también conocer, ya que en nuestra creencia se trató de
una transferencia introducida en Ley de acompañamiento, si conforme a
lo que exige la Ley de Gobierno, aprobada la legislatura pasada, en
su
artículo 22, fue objeto de análisis e informe por el Ministerio de
Administraciones Públicas, puesto que toda norma que pretenda la
delimitación competencial o una modificación en la misma, así debe
serlo conforme a la Ley de Gobierno. Y también, en qué medida se cree
que con un proceder de este estilo se cumple la normativa
correspondiente de la Ley 30/1992, modificada también en la
legislatura pasada en lo que hace referencia a las relaciones entre
administraciones públicas.

Quiero con esto poner sobre la mesa un problema respecto del cual
formulé también pregunta oral en Pleno a la señora ministra. Me
gustaría saber, desde el primer momento, cuál es el campo de juego
que tenemos acotado. Puesto que se imputa a algunos partidos la
pretensión de querer reformas en el ordenamiento, a lo mejor las
queremos, pero jugamos desde dentro, siempre desde el respeto a la
legalidad y quisiéramos saber si la idea de este sistema de bases de
desarrollo, decretos de transferencias para la asunción de
competencias se va a respetar también en esta legislatura o va
a existir un esquema distinto. Nos gustaría que tomasen buena nota de
esto los partidos que están gobernando en otras comunidades autónomas
o quienes están a punto de recibir las transferencias por haberse
modificado sus estatutos en la legislatura pasada.

No quiero insistir, repito, en cuestiones que ya han sido puestas
sobre la mesa por representantes de otras formaciones y simplemente
teniendo la certeza absoluta de que todos los temas van a ser por
usted contestados, de momento dejaría mi intervención en este punto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Mingo.




El señor MINGO ZAPATERO: Señor presidente, señorías, bienvenido,
señor subsecretario, en su primera comparecencia a esta Comisión de
Sanidad en lo que estoy seguro que será una asistencia continuada y
continua a lo largo de la legislatura para dar cuenta de la evolución
de la política sanitaria en su departamento.

Quiero felicitarle por su intervención, que ha dado un repaso amplio
a todas las áreas de su competencia y ha insistido en algunos
aspectos muy concretos dando una visión especial de las problemáticas
que afectan a las distintas áreas. No voy a mencionar ni a insistir
en cualquier punto que no sea de su competencia y que lo sea de otros
miembros del gabinete de la señora ministra. Me estoy refiriendo a la
investigación, el Instituto Carlos III o la Organización Nacional de
Trasplantes. Respecto a estas dos organizaciones, Carlos III y la
Organización Nacional de Trasplantes, todas SS.SS comparten el mejor
criterio que esta Comisión tiene en relación con esas instituciones,
que están por encima de las personas y cualquiera que fuere el nombre
del director, las han hecho buenas en la década de los ochenta y en
la década de los noventa. El doctor Zamarrón



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o el doctor Matesanz o la doctora Miranda han llevado a cabo una
magnífica labor en la dirección de la Organización Nacional de
Trasplantes y esta Comisión ha manifestado públicamente en numerosas
ocasiones la bondad de esa organización y su enorme repercusión no
solamente en España, sino en el mundo entero. Por lo tanto, no voy a
entrar en áreas que no competen directamente a la subsecretaría del
Ministerio, sino que voy a incidir muy brevemente, señor presidente,
en aquellos puntos más concretos de la acción de responsabilidad del
subsecretario, que son la política farmacéutica, la salud pública y
el consumo, la financiación y las líneas generales básicas de la
política de recursos humanos.

Me gustaría destacar, señor presidente, el enorme esfuerzo que se ha
hecho en los últimos meses en relación con la política farmacéutica
que viene a ser la continuación de un programa de gobierno, ya de
cuatro años, del Partido Popular presidido por el presidente Aznar.

La acción es conjunta, amplia, incide en distintas vertientes y en
los últimos datos afecta, fundamentalmente, al incremento de los
genéricos, la puesta en marcha de los precios de referencia y todas
las decisiones que abarca el real decreto que aprobamos en el pasado
mes de junio.

Las cifras aportadas por el señor subsecretario son esperanzadoras y
se ha visto cómo esas medidas que ya anunciaba el Gobierno que iban a
tener una repercusión inmediata, han incidido en un descenso,
afortunadamente considerable, en el gasto farmacéutico en relación
con los criterios que previamente se buscaban.

No me gustaría cerrar el capítulo de política farmacéutica sin poner
de relieve el diálogo que el subsecretario ha llevado a cabo con los
representantes farmacéuticos y con los representantes de la industria
en los pasados meses, y que continúa en la actualidad, según ha
dejado constancia en su comparecencia. En el programa electoral del
Partido Popular, nuestro compromiso con los ciudadanos, se recoge
perfectamente cuál es la consideración que el Grupo Popular tiene en
relación con la magnífica labor que los farmacéuticos desarrollan en
todo el territorio nacional.

Quiero destacar también las directrices que el subsecretario ha
marcado en el capítulo de salud pública y de consumo, con unos
objetivos muy concretos, como es la creación de la agencia de
seguridad alimentaria, como es la potenciación de la sanidad
ambiental, incidiendo de una manera especial en aquellos campos menos
desarrollados, como es la salud laboral; continuar en el campo de la
prevención de las distintas enfermedades, como ya se realizó en la
pasada legislatura, y abrir nuevos campos en aquellas materias menos
desarrolladas, como es el capítulo de las enfermedades profesionales
y de los accidentes de trabajo, con los que la sociedad española está
enormemente sensibilizada.

Asimismo, el subsecretario ha aportado datos concretos en relación
con los hemofílicos y también con la sanidad exterior, efectuando un
enfoque más ambicioso si cabe en la lucha contra el sida para que de
una manera definitiva, en los próximos años, podamos ver erradicada
esta terrible enfermedad en lo que afecta no solamente al territorio
español sino con el trabajo de prevención a nivel de la Organización
Mundial de la Salud, fundamentalmente en el continente africano.

El subsecretario ha incidido en la política de recursos humanos y en
los dos grandes objetivos del Ministerio de Sanidad, que no son otros
que la calidad de vida de los ciudadanos, la calidad en la asistencia
basada en una medicina en la evidencia y fundamentalmente en el
compromiso del Ministerio con los profesionales a través de la
carrera profesional, a través del estatuto marco, a través de la
ampliación de las áreas de capacitación, no sólo para los médicos
sino también para las enfermeras, y en las líneas nuevas en relación
con la puesta en marcha de lo que ya acordó esta Comisión en
iniciativas legislativas tanto a nivel de los médicos de medicina
familiar como los Mestos, cuya ordenación definitiva se producirá
próximamente, como ha anunciado el señor subsecretario.

Asimismo, quiero insistir en la importancia que tiene el Instituto
Nacional de Consumo y la labor a desarrollar en este periodo de
implantación del euro. Quiero felicitar al subsecretario por la labor
que su departamento está realizando en colaboración con otros
departamentos ministeriales en algo de tanta transcendencia para la
política y la economía española en relación con la entrada en la
moneda única.

Por último, quería insistir en la política de diálogo que tantas
veces ha enumerado en su intervención el señor subsecretario.

Política de diálogo en el Parlamento, en las instituciones y en la
sociedad para abarcar el gran reto de la financiación sanitaria para
el periodo 2002/2005, con criterios, como se ha dicho ya, de
corresponsabilidad, de solidaridad, de cohesión social y de calidad
en la asistencia, con un incremento en la cartera de servicios. Ése
es el gran reto que ya anunció y enunció la ministra de Sanidad en su
comparecencia del pasado mes de junio y el señor subsecretario ha
insistido en esa línea.

El Grupo Parlamentario Popular quiere unirse al resto de los grupos
en la felicitación al subsecretario en relación con el incremento de
las partidas presupuestarias para ese periodo 2002/2005.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, cuando quiera puede dar
contestación a las distintas intervenciones. Ante la batería tan
enorme de preguntas a las que se ha visto sometido, si no cuenta en
este momento con los datos o no puede aportar alguna aclaración,
puede reglamentariamente enviarla por escrito al grupo parlamentario
que la haya formalizado dicha pregunta.




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Cuando quiera, señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Sánchez Fierro): En
primer lugar, tengo que agradecerles a todas SS.SS. las palabras de
acogida en esta Comisión. Aunque ustedes tienen la potestad y la
facultad de llamarme cuantas veces deseen a comparecer, quedo a su
disposición muy gustosamente porque es muy grato que fluya la
información, para que con esa información y con debates contribuyamos
a la luz y a la transparencia.

Como bien decía el presidente, va a ser virtualmente imposible, salvo
que dedicáramos varias horas, poder contestar a todas y cada una de
las preguntas que se han formulado de una forma pormenorizada. Por
eso, a quienes no conteste de una manera específica les ruego que no
lo tomen como una descortesía, sino como un afán de no prolongar en
exceso esta comparecencia y, al mismo tiempo, me brindo a hacer
cualquier aclaración adicional.

Contestando al Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer a su
portavoz las aportaciones hechas en su intervención. Es una gran
profesional, tiene un plus que siempre hay que agradecer y valorar.

Como se desprende de alguna intervención posterior, como la que ha
hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hay algunas
preguntas que corresponden a la Secretaría General de Gestión y
Cooperación Sanitaria. Quiero decir que en aquellos extremos en los
que no incida, se debe a que la competencia no me corresponde, lo
cual no quiere decir que no conteste a todo lo que pueda muy
gustosamente.

Una primera línea de preguntas estaba relacionada con la nueva
configuración organizativa del Ministerio. Con carácter general se
puede decir que la idea es reforzar el Sistema Nacional de Salud como
objetivo prioritario. Se ha querido dotar de imagen y de medios al
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud y hacer de la
antigua Secretaría de Asistencia Sanitaria una nueva Secretaría
General que estuviera al servicio del Sistema Nacional de Salud. La
preocupación fundamental se llama Sistema Nacional de Salud, porque
es la forma de atender debidamente a los ciudadanos de una manera
equilibrada, cohesionada y con garantías de igualdad en el territorio
nacional. Esa es la filosofía de fondo. Otro elemento, por destacar
algunos de los aspectos básicos, es la idea de planificación
sanitaria. Cuando uno quiere conseguir la cohesión social, la
solidaridad y la calidad asistencial, no lo quiere para un momento
determinado, sino que necesita prever la evolución que va a tener
para el futuro y, por tanto, contemplar distintos escenarios. Es
obvia la aceleración en los cambios de carácter social, económico y
tecnológico que inciden en los ciudadanos, en la salud pública, en la
sanidad, en los recursos y en el dispositivo sanitario. Este es otro
de los elementos o fundamentales.




Por otro lado, se ha querido que esa solidaridad se exprese con mayor
intensidad todavía, si cabe, en aquellos elementos que podían estar
de mejor manera al servicio del Sistema Nacional de Salud, como los
trasplantes, donde el dispositivo tiene que funcionar a la perfección
y donde estos factores son fundamentales para la pervivencia de una
persona. Por eso, se entendió que la ubicación más correcta de otros
aspectos de carácter de definición científica sería en la Secretaría
General de Gestión y Cooperación Sanitaria. Ahí, hay una doble idea,
de gestión y también de cooperación.

En esta información de carácter general tendría que destacar por qué,
en el caso de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, se ha
querido dar una visión integradora. Como exponía a SS.SS., la
relación entre el consumo y la salud pública es intensísima. Por eso,
se ha considerado conveniente tener una visión lo más integrada
posible. Naturalmente, hay una idea adicional -para dar respuesta a
lo que planteaba S.S.- y es que el dispositivo humano y técnico con
el que cuenta la Dirección General de Salud Pública y Consumo,
anteriormente de Salud Pública, no se concentrara exclusivamente
hacia el interior sino que se pusiera a contribución de todas las
necesidades del Instituto Nacional de Consumo en su función de apoyo
a las asociaciones de consumidores y usuarios y a disposición del
Consejo de Consumo. Probablemente, alguna de las claves que pueden
explicar el nuevo diseño de la estructura del Ministerio es la
potenciación de la gestión y cooperación sanitaria y, por otra parte,
conseguir expresarlo de una manera muy gráfica en la potenciación del
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En materia de financiación, hay que destacar uno de los
planteamientos que se han hecho en las distintas intervenciones de
SS.SS. -y creo que se ha dicho muy bien por la portavoz del Grupo
Canario-, que es un tiempo para prepararse para la discusión, para
esa negociación y acuerdo. En este momento, tenemos un compromiso
inmediato, los presupuestos para el año 2001, pero todos los medios
de comunicación social se han hecho eco en estos días de cómo
distintos grupos políticos, entre ellos el Grupo Socialista, tienen
previstas reuniones esta semana para prepararlos y trabajarlos, lo
cual nos parece absolutamente positivo; es la manera de que, cuando
llegue el momento exacto de empezar estas conversaciones, tengamos
todos muy maduros esos criterios que podemos compartir con otros
grupos políticos, que yo he visto en los medios de comunicación
social, y los pongamos efectivamente en acción y en valor. Las ideas
de solidaridad, de cohesión, la necesidad de calidad asistencial son
importantes, pero también es importante traducirlas en decisiones
concretas. Se han mencionado algunos problemas sobre
descentralización, distribución geográfica, evolución y estructura de
la población y habrán de valorarse otros muchos factores que
indudablemente tendrán



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que tenerse presentes. Es muy necesario que cada grupo político vaya
estudiándolos y debatiéndolos, para que ese diálogo sea lo más
fructífero para bien del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

En lo que se refiere a las transferencias de competencias, como bien
saben SS.SS., en el Ministerio se trabaja como un equipo, pero la
competencia específica corresponde precisamente a quien tiene
atribuido el apoyo, el respaldo y el buen funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud, que es la Secretaría de Gestión y Cooperación
Sanitaria. Es evidente (y así se ha mencionado en ocasión reciente
por el secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria) que
tiene que haber una buena interrelación entre el planteamiento desde
el punto de vista financiero y el planteamiento desde el punto de
vista de transferencia de competencia. Creo que aún tenemos un
tiempo, aunque no mucho, y tenemos que aprovecharlo para culminar un
proceso que se inicia en el año 1986 con una ley importante, como es
la Ley General de Sanidad, cuyo proceso de desarrollo, por su propia
complejidad, ha necesitado un tiempo. Es bueno, conveniente, posible
y deseable que en esta legislatura esté culminado ese proceso y, como
hay coincidencia en este objetivo por parte de todos los grupos
políticos, yo estoy convencido de que encontraremos los
procedimientos y los mecanismos para ello.

Me parece necesario hacer referencia a un planteamiento que hacía la
portavoz del Grupo Socialista y que yo comparto plenamente, y es que
hay que insistir en algunas líneas de concienciación ciudadana, por
ejemplo, en lo que se refiere a donaciones de órganos y de sangre.

Todos tenemos que cooperar y estoy convencido de que, entre las
distintas opciones y grupos políticos, vamos a encontrar puntos de
coincidencia para saber cómo se puede llegar mejor a la población en
tan importantes cuestiones.

En materia de farmacia, efectivamente, los datos de junio eran malos,
los de julio no eran buenos y los de agosto son esperanzadores. Las
medidas que se han adoptado tienen que madurar y producir sus
efectos; algunos ya se están produciendo, pero hay que dar un margen
para ver cómo van encaminadas en la buena dirección. Naturalmente, se
trata de medidas evaluables. En mi exposición he mostrado una serie
de indicadores, pero no he querido cansar a SS.SS. con otros muchos
que se podrían haber aportado; evidentemente, están a su disposición.

Respecto a los acuerdos con los sectores que son básicos en el mundo
de la farmacia, entendemos su necesidad y existe la máxima voluntad
para conseguirlos. Afortunadamente, más allá de los desencuentros que
pueden producirse en una historia de acuerdos con el mundo de la
farmacia, que ya va siendo larga (desde los años setenta hasta
nuestros días se han sucedido acuerdos con una profundidad mayor o
menor, pero casi todos ellos con un denominador común, aunque hubiera
argumentos y razones que en cada circunstancia
pudieran ser distintos), las ideas de descuento, reducción,
etcétera, han estado presentes. Basta con darse una vuelta por las
hemerotecas para comprobar que esto ha sido así. Cualesquiera que
hayan sido los gobiernos que hayan tenido la responsabilidad de
afrontar este tema, el denominador común ha sido tratar de conseguir
un desarrollo ordenado del gasto farmacéutico. En esa política de
acuerdos -que siempre es preferible-, nosotros vamos a proseguir.

Respecto al conjunto de los sectores que integran el mundo de la
farmacia deseamos tener una política integradora, una política
global, que se formalice con una visión también integradora y global.

Si solamente se atendiera la problemática de las oficinas, pero no la
de los laboratorios, estaríamos ante una política de parcheo, que no
daría los resultados que todos esperamos. Hay que trabajar con todos
para conseguir que al final haya -no sé si expresado formalmente así
o de otra manera- un gran acuerdo con el mundo de la farmacia. No sé
si se traducirá en acuerdos específicos, en un acuerdo total, o cómo
será, porque lo importante es que se alcancen pactos, acuerdos, y que
éstos, cualquiera que sea su formalización, tengan la máxima
coherencia y utilidad para el destinatario final, que son los
ciudadanos, garantizando lo que la Ley del medicamento, de 1990 -una
ley también muy importante-, pretendía y destacaba: la calidad, la
eficacia, la seguridad y el uso racional. Hay que trabajar en estos
objetivos y estoy seguro de que el esfuerzo que se haga va a valer la
pena.

Se han hecho muchas preguntas muy minuciosas. Más allá de que
disponga o no del dato inmediato, les pido a SS.SS. comprensión para
no prolongarme en exceso. Me preguntaban por la significación de los
genéricos dentro de la oferta de medicamentos en España. El punto de
partida con el que nos hemos encontrado, según los datos de los que
he dispuesto y que he manejado, que proceden de la OCDE y de alguna
otra organización, es que en el año 1997 estábamos rondado el cero y
pico por 100. En este momento, con carácter general, estamos
aproximadamente en un 5 por 100, dato que no es bueno pero que es
mejor que el de otros países de nuestro entorno. En Francia, por
ejemplo, se sitúa a poco más del 3 por 100. Nos falta mucho camino
por recorrer, consiguiendo que en las políticas de genéricos estén
siempre presentes las ideas de calidad, eficacia y seguridad. Si
conseguimos que los ciudadanos lo entiendan así, la política de
medicamentos genéricos progresará. Es evidente que tiene que
producirse un cierto cambio cultural, y esto tiene que hacerse con
rigor y con decisión. Hay países, como Finlandia -si no recuerdo
mal-, que sobrepasan cifras del 30 por 100. Nos falta camino por
recorrer, pero en un plazo bastante corto se han dado avances
importantes.

La señora Valentín tiene mucha ventaja respecto del compareciente en
esto y en muchas cosas más a la horade referirse a bioequivalencias y
a grupos bioequivalentes



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o no bioequivalentes pero quiero decirle que el planteamiento técnico
al que responde la orden de precios de referencia se ha estudiado con
todo rigor y que posiblemente admita otras formulaciones distintas.

Nosotros estimamos que ésta por la que hemos optado ya está
produciendo efectos positivos. Las compañías farmacéuticas están
tomando decisiones para acercarse al precio de los genéricos cuando
llegue el 1 de diciembre, hecho muy positivo en sí mismo. Aunque las
medias son siempre más o menos discutibles, los datos de los que
dispongo en este momento señalan que los medicamentos genéricos
implican un menor coste, no inferior al 25 por 100, en términos de
media. El Sistema Nacional de Salud, el desarrollo equilibrado de las
cuentas, es decir, otras partidas del gran presupuesto sanitario,
podrán ser más reequilibradas en la medida en que se liberen
recursos.

Con respecto a unidosis sí o no, tipo de envases, etcétera, es un
asunto que a nosotros nos preocupa. Ustedes saben perfectamente que
dentro del Ministerio de Sanidad y en el área de competencia de esta
Subsecretaría está la Comisión interministerial de precios del
medicamento y les puedo decir que se está estudiando este tema con
todo interés, para saber si la política de envases que hay en este
momento va en una dirección buena, mala o que para ciertas cosas es
buena y para otras mala. No es lo mismo hablar de ciudadanos que de
hospitales y centros hospitalarios. La política no va a ser
necesariamente blanca o negra, sino que habrá que tomar decisiones.

Queremos avanzar en ellas y en su momento podremos informar a esta
Comisión. Coincido también con otra idea que expresaba la portavoz
del Grupo Socialista relativa a la formación de los profesionales y a
la información en lo que se refiere al uso racional de los
medicamentos. Pensamos que es la adecuada dirección, tenemos algunas
previsiones concretas, sobre todo de difusión pública sobre la
utilización y las ventajas de los medicamentos genéricos y esperamos
que la opinión pública tenga elementos evaluables para saber que eso
es algo que tiene interés y que vale la pena.

Se han producido intervenciones de los diversos grupos parlamentarios
sobre los nuevos medicamentos y sus precios. No siempre lo caro es
caro, a veces lo barato puede resultar caro, depende de cuál sea la
eficacia, la calidad y la seguridad. No tenemos ningún a priori, sino
que en el seno de la Comisión interministerial de precios se tiene en
cuenta algo que yo antes mencionaba, y les vuelvo a recordar, y es
que nos importa el gasto sanitario, pero también que la prestación
sanitaria farmacéutica tenga plena calidad para los destinatarios de
la misma. También comparto la reflexión que se hacía en cuanto a los
medicamentos de uso veterinario. Vale la pena estudiar todo lo que
suponga mejora en el uso de herramientas y de información de todas
las comunidades autónomas y autoridades competentes en este tema y
nosotros así lo vamos a hacer.

Con respecto al plan integral de salud, he señalado al principio de
este turno que nos pareció fundamental recuperar la idea de
planificación sanitaria para hacer que el desarrollo del Sistema
Nacional de Salud sea solidario y esté puesto al día. En este momento
nuestro objetivo fundamental, sin perjuicio de la vocación de cumplir
con el objetivo del plan integral de salud, es tener una visión en
materia de planificación sanitaria que, desde un punto de vista
técnico y más pormenorizado, está llevando a cabo, en el seno de la
Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria, la dirección
general correspondiente. Hay que incidir -es un tema que corresponde
a esa dirección general- en estudios sobre cómo conseguir una
homogeneidad mayor en el tratamiento de la salud mental o cómo pueden
abordarse las prestaciones sanitarias y sociosanitarias. Desde que
tomó posesión el director general de Planificación, uno de los temas
en los que está poniendo especial énfasis es en la atención
sociosanitaria, porque es algo que demandan la sociedad, los grupos
políticos y distintas asociaciones y entidades ciudadanas. Con
respecto a organismos autónomos que no dependen directamente de la
Subsecretaría, voy a remitirme a la información que facilitará el
secretario general.

En cuanto a la Agencia de Seguridad Alimentaria, es para nosotros una
prioridad. Aquí habría que distinguir entre una ley general
alimentaria y la Agencia de Seguridad Alimentaria. Como es lógico, la
vocación del Gobierno es actuar de una manera coherente y no
fraccionada por casillas, estableciendo esto es del departamento tal
o del departamento cual. Va a haber una cooperación muy activa y
queremos poner el énfasis en la seguridad alimentaria, como su nombre
indica; la colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el Ministerio de Sanidad y Consumo va a ser muy
activa, pero la Agencia de Seguridad Alimentaria debe poner el acento
en la seguridad alimentaria.

En cuanto a la carrera profesional de enfermería, quiero decirles que
el desarrollo del decreto que contempla la enfermería viene urgido
por las propias demandas sociales; especialmente la geriatría, la
pediatría y la salud laboral nos parecen fundamentales. Aunque es
importante, no estamos ante el mero posicionamiento, hemos mantenido
unos contactos primarios, todavía no completos, con algunas
representaciones sindicales y con el consejo profesional
correspondiente que habrán de verse completados con otros contactos
ulteriores. Tenemos una vocación decidida de sacar cuanto antes estas
especialidades.

En cuanto al estatuto-marco, aunque a SS.SS. pudiera parecerles que
yo he sido poco preciso, mi voluntad ha sido la de ser máximamente
preciso. Valdría la pena volver a recordar tres mandatos que tiene la
Ley General de Sanidad, una ley que en determinados objetivos ha
resistido el paso del tiempo. En su momento se señalaron algunos
objetivos que es necesario que salgan adelante en beneficio del
sistema y de los profesionales.




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Les animo no a hacer una relectura de la Ley General de Sanidad, sino
una nueva lectura de esta ley, y verán cómo se alude a los tres
aspectos a los que yo hacía mención como los indicadores para ir
avanzando por la buena vía. Por una parte, la existencia de unos
criterios básicos sobre política de personal. Si uno lee la Ley
General de Sanidad es lo primero que se va a encontrar antes de
llegar al estatuto-marco; luego, está el mismo estatuto-marco y en el
mismo artículo se habla de colectivos específicos, sin perjuicio de
lo dicho en párrafos anteriores. La ley señala perfectamente el
camino a seguir. La otra herramienta, la que cierra el cuadro, son el
diálogo y el compromiso. Han transcurrido muchos años no en balde.

Hay disposiciones que arrancan de 1966 y que están todavía vigentes,
pero también hay normas, alguna con rango de ley, de 1999. Hay una
falta de sintonía entre el rango de algunas disposiciones y la
importancia que, desde el punto de vista jurídico, tienen. Hay un
gran trabajo y un compromiso. Puedo decirles que los contactos que se
tienen que producir no han caído en el vacío y que en los primeros
contactos con las distintas centrales sindicales, como no podía ser
menos, este tema estuvo presente, no para rehuirlo, sino todo lo
contrario, para aunar esfuerzos y sacarlo adelante. En la legislatura
anterior se hizo un trabajo importante y se dieron algunos pasos,
pero probablemente la gran asignatura pendiente es hacer confluir en
un paso armónico las aportaciones en el Consejo interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y los acuerdos, compromisos y criterios que
se tienen que producir necesariamente con los sindicatos que operan
en la sanidad.

Coincidimos en que hay cosas que son complicadas, como son la
interinidad, el programa MIR y sus perfeccionamientos, pero que sean
temas espinosos en modo alguno va a hacernos rehuir buscar sus
soluciones. Hay ahí un reto importante. En el periodo 1997/99, a
través de sucesivas OPE, se ha tratado de solucionar este tema, pero
lamentablemente ha habido dificultades cuya solución se ha confiado a
los tribunales. Esto ha determinado que el ritmo en la ejecución de
alguna de estas OPE no sea el que nosotros hubiéramos deseado. Desde
las OPE de 1997 hasta las de los últimos años, hay un total de 19.000
plazas que suponen un cambio efectivo de tendencia muy importante.

Nos gustaría que problemas que vienen arrastrándose desde hace mucho
tiempo de traslados de quienes tienen su plaza en propiedad y que
crean dificultades respecto a las expectativas de los interinos, o de
los interinos respecto de otros colectivos que desean entrar en el
sistema, se vean resueltos pronto armónicamente.

Con respecto a programas preventivos en materia de salud pública,
quiero decirles a todos los portavoces que queremos trabajar y que
tenemos la firme convicción de que esto ha de hacerse en estrecha
colaboración con las comunidades autónomas. La Comisión de Salud
Pública dentro del Consejo interterritorial del
Sistema Nacional de Salud se reunió escasamente a la semana de
incorporarme a la Subsecretaría, en los próximos días se vuelve a
reunir, y hay un trabajo muy fluido y muy positivo.

En materia de anorexia y bulimia no basta sólo con acciones de
cultura social, que son imprescindibles por otra parte, sino que
también hay que disponer de información y de recursos desde el punto
de vista del Sistema Nacional de Salud. Hemos mantenido reuniones
tanto con la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria
como con la Semfyc con objeto de organizar jornadas técnicas, de
trabajo, que permitan acercarse más a las personas que se encuentran
en dificultades o a sus familiares.

En cuando al sida y pensiones contributivas, francamente no tengo esa
información y no le puedo contestar en este momento. En materia de
control en las vacas locas es un asunto que la Dirección General de
Salud Pública sigue con todo interés y atención... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Sánchez Fierro): En
cuanto a la aportación que usted hacía en materia de un posible
protocolo, emplazo desde ya a la dirección general correspondiente
para que vea su viabilidad y cómo llevarlo a cabo.

La intervención del Grupo Parlamentario Catalán, referida básicamente
(ha explicado por qué, y yo he agradecido que se haya admitido la
comparecencia conjunta) a la declaración conjunta entre
Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo requiere algunas
consideraciones en función de los planteamientos que S.S. ha
expuesto. Lo ha calificado muy bien: se trata de un preacuerdo.

Evidentemente habrá de ser formalizado mediante un acuerdo, con todas
las garantías administrativas y jurídicas que corresponde. La idea es
que se formalice en las próximas semanas. Está hecho no como una
acción improvisada, sino dentro de un contexto de fortalecimiento del
diálogo entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo. Es
simplemente la expresión de que hay voluntad de cooperar en algo que
interesa a los ciudadanos y al conjunto de los laboratorios y las
compañías. Las compañías tienen una función muy importante, pero, al
mismo tiempo, es necesario que socialmente se exprese su compromiso
con el conjunto del Sistema Nacional de Salud a través de temas tan
sensibles y tan importantes como son el cáncer o el corazón. Responde
a esa filosofía. En modo alguno es un planteamiento aislado. Nuestra
voluntad -así lo expresamos al recuperar con otro vigor diferente
esas relaciones con Farmaindustria- es llegar a acuerdos que permitan
el desarrollo estable, viable y sin sobresaltos de un sector que,
como usted muy bien indicaba, es extraordinariamente



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importante, desde el punto de vista económico. tecnológico y del
empleo. Son no menos de 40.000 empleos los que da el sector de
industria farmacéutica, junto con una serie de empleos anexos o
conectados.

Coincido con S.S. en la idea de estabilidad, de política global y de
subrayar que una cosa es esa solidaridad del sector, íntegramente
considerado con objetivos del sistema, y otra cosa es el respaldo a
su acción innovadora, de investigación y de desarrollo tecnológico.

En el I+D+I, en el específico de las compañías, van a encontrar
nuestro apoyo a sus proyectos. En esos contactos que hemos venido
desarrollando en estos meses con el sector no sólo hemos brindado
nuestro apoyo al Ministerio de Ciencia y Tecnología sino que le hemos
transmitido nuestra voluntad de que las decisiones que se puedan
adoptar en este terreno sean decisiones compartidas en esa dimensión
que usted mencionaba con todo acierto.

En lo que se refiere a otras intervenciones -y no querría cansarles
porque algunos aspectos ya han sido contestados-, compartimos muchas
de las reflexiones que en materia de financiación ha hecho el
portavoz del Grupo canario. Creemos que la solidaridad
interterritorial y la singularidad que presentan determinadas
comunidades autónomas hay que tenerlas muy en cuenta. La mejora de la
gestión sanitaria no es solamente un problema organizativo porque,
por encima de todo, es un problema de buena gestión de los recursos
humanos. Y esto supone contar con unas normas jurídicas que lo
permitan, con una previa definición: una adecuada política de
personal con criterios básicos que todos pudiéramos compartir.

En cuanto a la adecuación de la oferta y la demanda, hay que tener
muy en cuenta ese espectro de igualdad de oportunidades en el
territorio nacional. Efectivamente, en la oferta de plazas en el
programa MIR la sensibilidad que puede haber por un tema en un
territorio o en otro es absolutamente razonable. A cada uno le duele
lo suyo, es absolutamente lógico. Por otra parte, el conjunto de
oportunidades del programa MIR tiene que estar abiertos a todos los
estudiantes del territorio nacional. En ese sentido las necesidades
del sistema sanitario y las oportunidades para los estudiantes de
medicina en todo el territorio nacional son dos objetivos que habría
que conjugar.

Su señoría se ha referido a otros muchos aspectos que nos llaman a
tener un planteamiento equilibrado dentro del gasto sanitario total
entre lo que es la farmacia y otros puntos importantes en el
presupuesto y evidentemente no podemos estar más de acuerdo. Si
tuviéramos un PIB más alto, posiblemente nuestra reordenación tendría
otros significados o la ordenación actual tendría otra valoración,
pero el PIB que hay es el que tenemos y a lo que debemos que aspirar
es a que crezca de una manera sostenida, pero hemos de manejar los
datos que hoy día existen.

En cuanto a algunos proyectos de disposición que S.S. mencionaba
(comidas preparadas, entre otros muchos que señalaba), se está
trabajando en el seno de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo en estas materias. Hay algunas de las que usted ha mencionado
que vienen requeridas por normas comunitarias, como es, por ejemplo,
el envasado de carne fresca, el problema de los plásticos, etcétera,
y en este momento se está preparando un proyecto de disposición para
hacer la trasposición de esta directiva.

En cuanto a sanidad exterior, comparto con usted la preocupación, más
allá del tema de las mercancías, de que por encima de todo están las
personas. En ese sentido, hemos mantenido y mantenemos una fluida
comunicación con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
brindando y ofreciendo toda la cooperación que sea necesaria; en el
caso de Canarias y en otros que han podido sobrevenir en otras
comunidades españolas.

Con respecto a planteamientos que se han hecho por el Grupo Federal
de Izquierda Unida, en materia de medicamentos y radiofármacos tuve
alguna reunión apenas incorporarme a la Subsecretaría. Se está
trabajando en el seno, no ya del Ministerio, sino específicamente en
el ámbito de mi competencia, y espero que podamos aportar información
más precisa. Esa preocupación que usted mostraba nosotros la
compartimos y estamos trabajando teniéndola en cuenta.

Por otra parte, sobre el plan de choque en materia de cirugía he de
remitirme a la comparecencia que tenga posteriormente el secretario
general.

En cuanto al gasto sanitario de inmigrantes nosotros desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo estamos siguiendo muy de cerca los
trabajos de desarrollo de la aplicación de la Ley de extranjería, y
nuestra preocupación es que no falten recursos, como es lógico, para
prestar la atención a la que con pleno derecho tiene la población
inmigrante en nuestro país.

Compartimos la idea de mejor funcionamiento del Consejo
Interterritorial que se ha traslucido de muchas de las
intervenciones, no solamente como objetivo sino como medio. Se ha
creado una dirección general que se dedica exclusivamente a atender
el tema del Consejo Interterritorial, con una subdirección general de
apoyo con sus servicios técnicos, y como apoyo al propio
funcionamiento de relaciones con las comunidades autónomas se ha
creado una dirección general de relaciones que está llamada a
fortalecer el funcionamiento y la operatividad máxima del Consejo.

Agradezco la intervención del Grupo Parlamentario Vasco con sus
palabras tan amables. Más allá de diferencias políticas que pueden
surgir (y estas son cosas que suceden en el funcionamiento de la
democracia), en su momento, cuando hubo que trabajar en el seno del
Consejo Interterritorial y hubo que afrontar un problema importante,
como era el de las listas de espera, el representante del Gobierno
vasco en aquella reunión supo apoyar y respaldar objetivos de interés
general, y



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nosotros así lo valoramos en su día. El decreto-ley al que S.S. se
refería, más allá de que en su comparecencia en esta Comisión la
ministra lo desarrollara (no podía desarrollarlo porque todavía
estaba, por así decirlo, en unas fases previas) se pudo exponer,
defender y ser objeto de intervenciones en la ratificación que se
hizo en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En lo que se refiere al desarrollo de la Ley 55/1999, a propósito de
lo que usted decía, de una manera muy gráfica y, por tanto, muy
expresiva, de este marrón trasladado veraniegamente a las consejerías
de sanidad, etcétera, quiero decirle que nada más lejos del propósito
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios que
colocar marrones en verano. En todo caso, deseo expresarle que es un
borrador y que, desde el régimen de borrador y no todavía de
proyecto, se consulta, como no puede ser de otra forma, con las
consejerías. ¿Para qué? Para que un asunto importante que afecta a un
sector sensible se pueda hacer con el mayor acierto posible. La
cercanía a los ciudadanos está presente en esta decisión y, por
tanto, estoy convencido de que, si los problemas técnicos o de otro
tipo que pueda haber se pueden resolver, podrá ser un avance asimismo
importante. En todo caso -insisto-, es un borrador que está abierto,
y existe respeto a los estatutos de las comunidades autónomas, como
no puede ser menos, en lo básico.

Al Grupo Popular quiero agradecer el respaldo y las amables palabras
de su portavoz. En el Parlamento, en la sociedad, en los colegios
profesionales, en las comisiones nacionales, en la sociedad
científica y, de una manera muy especial, con los sindicatos, las
confederaciones sindicales, las organizaciones de consumidores
y usuarios, es donde se practica el diálogo. Nosotros queremos
practicarlo porque viene bien para todos, y eso es bueno. Coincido en
que la idea de prevención en materia de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo es un asunto en el que hay que insistir; es un
tema nuevo, pero desgraciadamente no los es tanto, porque el problema
de las enfermedades profesionales, su escaso conocimiento, la
necesidad de superar situaciones de subnotificación que puedan
existir en este momento, preocupa al Ministerio, y estamos
convencidos de que vamos a poder avanzar.

El sida y la preocupación por la situación de los países pobres, que
usted también destacaba, es un tema en el que se muestra la
solidaridad y nos sentimos muy comprometidos en este orden.

En definitiva, en lo referente al euro y a sus consecuencias va a
haber un esfuerzo importante con las asociaciones de consumidores y
usuarios y desde el propio Ministerio, tanto para el periodo
inmediatamente anterior a la introducción del euro, especialmente a
partir del mes de septiembre de 2001, prácticamente ya, como
específicamente en el periodo de convivencia de las dos monedas, es
decir, entre enero de 2002 y el 1 de
marzo de 2002. Es un trabajo importante, al que vamos a dedicar todo
nuestro esfuerzo y nuestro interés.

Muchísimas gracias, señor presidente; muchísimas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario por su
comparecencia. (La señora Valentín Navarro pìde la palabra.)
Señora Valentín, sabe una vez más -y se lo acabo de recordar-, que no
existe un segundo turno de réplica en las comparecencias. Para evitar
llamadas de atención por lo mal que todos andamos de tiempo, no vamos
a entablar discusión sobre si sí o si no. Le doy un tiempo de dos
minutos para alguna aclaración puntual, lo mismo que a cualquiera de
los demás grupos parlamentarios que lo deseen; para una aclaración
puntual, exclusivamente dos minutos, y voy a cronometrarlos.




La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señor presidente, por su
generosidad.

Creo que tengo bastante con dos minutos, señor presidente.




Con respecto al sida, señor subsecretario, si no estoy mal informada,
ya que usted venía de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, me gustaría que se leyera el Real Decreto
1971, del día 23 de diciembre de 1999, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, precisamente, que se publicó en el Boletín Oficial
del Estado el día 26 de enero del presente año, en el que se
establece procedimiento para reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía. Este real decreto afecta
precisamente a la declaración de minusvalía de los enfermos de sida.

Algún medio de comunicación este mismo mes publicaba que el Estado
ahorrará 9.000 millones de pesetas con la retirada de las pensiones
por VIH. Me gustaría que, si en este momento no tiene la información,
nos la enviara o que en otro momento nos informara, porque es un
asunto que reviste cierta gravedad.

Respecto a las transferencias, no dudo de su palabra de que se
realizarán en esta legislatura, pero permítame que le diga que en la
primera comparecencia del anterior ministro, Romay Beccaría, él dijo
exactamente lo mismo; han pasado los cuatro años, hemos iniciado el
quinto y las cosas están en el mismo punto en el que estaban.

Financiación sanitaria. El Grupo Socialista lo que quiere es
garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con
independencia de su lugar de residencia ante los servicios
sanitarios. Tenemos margen de crecimiento respecto al PIB en relación
con la media de la Unión Europea, y tiene que hacerse ese esfuerzo.

Termino. Señor subsecretario, sigue sin constestarnos a si los
pensionistas de la Seguridad Social van a



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tener que hacer frente a algún tipo de copago para la adquisición de
los medicamentos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió) tiene la palabra el señor Martí.




El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, solo intervendré durante
dos minutos.

Respecto a la respuesta que muy amablemente nos ha dado el señor
subsecretario a las cuestiones que habíamos planteado, permítame que
le exprese mi interés sobre dos temas muy concretos que se han
quedado en el tintero y solicitamos que, si no es ahora, en lo
sucesivo nos pueda facilitar dicha información.

En primer lugar, querríamos conocer los criterios que se utilizarán
en la distribución de esos 5.500 millones de pesetas destinados a
investigación en las instituciones públicas. En ese sentido no sé si
ustedes han previsto algún tipo de convocatoria pública y abierta y,
si este no es el caso, quisiéramos conocer cuál es la razón que lo
impide. No es justificable que esas ayudas se otorguen exclusivamente
por criterios de centralidad geográfica, teniendo en cuenta que hay
otras comunidades autónomas en las que también existen instituciones
públicas de investigación, punteras en especialidades como la
cardiovascular y la oncológica.

En segundo lugar, permítame que más allá de los criterios en los que
ha fundamentado sus explicaciones cuestionemos desde nuestro grupo
parlamentario, en la misma línea que lo cuestiona -según nuestras
informaciones- una parte del sector de la industria farmacéutica, el
método empleado con Farmaindustria en esta ocasión, como sistema de
obtención de recursos para la investigación. Nuestra opinión,
modesta, pero es nuestra opinión es que las empresas que hacen
investigación no deberían detraer recursos propios. Asimismo las
empresas seleccionadas por esta metodología -que invierten poco en I+
D+I- deberían tener como mínimo la posibilidad de determinar el
destino de sus recursos.

Finalmente, quiero expresar nuestro interés en la voluntad de
profundizar en la colaboración y el diálogo con la industria
farmacéutica de tal forma que sea más que palabras y se alcance el
diálogo que todos deseamos y que usted nos ha ofrecido.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, cuando quiera pueda
contestar.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Sánchez Fierro): En
primer lugar, voy a contestar a la señora Valentín. Efectivamente yo
fui secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y por ello
me siento especialmente honrado, pero en el último año, es decir, el
año en que esta disposición se elaboró, yo era secretario primero de
la Asamblea de Madrid. Esto no me excusa, porque yo tengo obligación
de leerme todas las disposiciones que se publican, pero estuve
concentrando mi esfuerzo como parlamentario autonómico durante este
periodo. Por ello pido disculpas por no tener esa información fresca;
en todo caso, la disposición procede del Ministerio de Trabajo.

Nosotros por la vía parlamentaria correspondiente, podremos obtener
la información, pero, señoría, en ese sentido solo me siento un poco
culpable por no tener fresca la lectura del boletín en este momento
porque estaba en otras tareas de carácter parlamentario.

Acerca de la transferencia de competencias, la voluntad de un modelo
en el que la cooperación y coordinación sanitaria sea una realidad
existía en el año 1986 y ha necesitado un periodo relativamente
largo. Estamos tocando ya con los dedos la culminación de un proceso
que es tremendamente importante y al mismo tiempo tremendamente
sensible para los ciudadanos. Yo le aseguro que la voluntad política
expresada por nuestra ministra en su comparecencia ante esta Comisión
es muy decidida.

En relación con la financiación, nosotros insistimos en que se pueda
establecer a través del acuerdo que en su momento se alcance, con un
tratamiento que asegure que no haya discriminación o desigualdades
entre los ciudadanos ante la sanidad.

Con respecto al tema del copago, nuestra ministra en modo alguno se
pronunció diciendo que quería imponerlo o establecerlo. Lo que
nuestra ministra dijo entonces era que había que estudiar y había que
reflexionar sobre este tema porque no admitía una solución
precipitada sin tener en cuenta algo que ustedes, desde su grupo,
valoran máximamente, que es la capacidad de renta de las personas.

Esos fueron los elementos que la señora ministra expuso.

Ante las aclaraciones que me pedía el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán, una vez más acierta en sus apreciaciones.

Efectivamente, los recursos, cuando estén disponibles por la
formalización, van a contar con vías de accesibilidad, de tal manera
que centros investigadores de toda España van a poder acceder también
a estas líneas de trabajo. Nosotros valoramos máximamente el esfuerzo
de los distintos investigadores que hay a lo largo y ancho del
territorio nacional y por supuesto está prevista esa accesibilidad.

También quería comentar que esa idea de no quedarse tan sólo en lo
que es el propio Instituto Carlos III lleva, en las previsiones que
existen -cuando el acuerdo se suscriba lógicamente podremos dar la
información precisa-, a alguna posible colaboración de investigadores
en el ámbito internacional, como puede ser con algunos investigadores
de diferentes países con dificultades. En definitiva, se han
contemplado aspectos tanto el plano territorial como incluso algunos
internacionales.




Evidentemente, en toda organización social, ya sean partidos
políticos, ya sean asociaciones o hasta comunidadesde vecinos, es
previsible que alguien opine otra



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cosa pero, al final, se vota y se decide. Yo le puedo asegurar que la
asamblea de Farmaindustria votó favorablemente este acuerdo. A lo
mejor podía haber sido de otra manera, yo esto no lo quiero discutir,
pero sí que hubo una voluntad colectiva expresada en un punto
incluido en el orden del día para que nadie pudiera encontrarse con
una cosa que no estuviera prevista. En todo caso, el apoyo técnico a
la acción innovadora y de investigación, que tienen todo el derecho y
al mismo tiempo toda la responsabilidad de hacer las compañías,
contará con el apoyo político de nuestro Ministerio en lo que
concierne a nuestras competencias, así como a las del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.




El señor PRESIDENTE: Agradecemos la comparecencia del señor
subsecretario, así como su disposición a comparecer en días sucesivos
a requerimiento de los miembros de la Comisión.

Suspendemos la sesión durante dos minutos para, posteriormente,
continuar con el segundo punto del orden del día. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- RELATIVA AL FUTURO DEL HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 161/000002.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
debate y votación de proposiciones no de ley. En primer lugar,
sometemos a debate la proposición no de ley relativa al futuro del
Hospital Central de Asturias, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Para su presentación y defensa, tiene la
palabra el señor Llamazares.




El señor LLAMAZARES TRIGO: Para tranquilidad de SS.SS., intentaré
hacer esta presentación con brevedad.




El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.




Le agradezco su indicación en este sentido porque, en aras de lo
avanzado de la hora y debido a que llevamos ya toda la mañana de
sesión, quería pedir a todos los ponentes concisión en la exposición
y en los debates. También quiero decir que la votación se efectuará
al final de los debates, que en ningún caso creo que sea antes de las
dos.




El señor LLAMAZARES TRIGO: De acuerdo, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta una
iniciativa que tiene que ver con el Hospital Central de Asturias y
cuyo principal objetivo es una solución negociada a los problemas que
están presentes desde hace una década en el Hospital Central de
Asturias.

El Hospital Central de Asturias tiene su origen en varias
instituciones e instalaciones sanitarias, de distinta responsabilidad
administrativa, que confluyen finalmente en un solo hospital, de
referencia para el área central y también de referencia regional.

Esta pluralidad de origen está en el fondo de buena parte de los
problemas, también de las ventajas, del Hospital Central. Una ventaja
muy importante es la cultura sanitaria de estas organizaciones e
instituciones de origen, pero los problemas arquitectónicos y los
problemas funcionales del Hospital Central tienen mucho que ver con
el origen del Hospital Central en el Instituto Nacional de Silicosis,
en el Hospital Nuestra Señora de Covadonga, del Insalud, y en el
hospital de la Diputación Provincial. Ahí está el origen, con
distintas culturas sanitarias, con distintos modelos de organización,
que han provocado desde hace una década problemas para la integración
del conjunto del Hospital Central. Se llama central, pero es un
hospital que tiene poco de central o de integrado.

En estos momentos, hay dos problemas en el Hospital Central que están
provocando la preocupación de los asturianos y de las asturianas.

Parece que uno de ellos, el problema funcional, va por el camino de
empezar a solucionarse. Ha habido diversos convenios para integrar
funcionalmente las distintas instalaciones del Hospital Central;
convenio muy polémico que ha provocado recursos y, recientemente, una
sentencia de los tribunales que considera válido el convenio, por
tanto que abre la posibilidad de un relanzamiento de la fusión
hospitalaria -fusión hospitalaria que hasta estos momentos es
meramente administrativa- junto con urgencias y algún servicio en
concreto. Pero, en general, es una fusión hospitalaria que tiene el
80 por 100 por hacer.

Hay otro problema adicional, que es el arquitectónico. Estos
distintos centros de origen del hospital central, en algunos casos
centros obsoletos en su propia situación arquitectónica, provocan una
disfuncionalidad del hospital central, que necesita ser solucionada a
corto plazo. Llevamos una década intentando dar una solución al
problema de la modernización del Hospital Central de Asturias y ya no
es el conflicto entre los gestores y los trabajadores y
profesionales, como en el caso del convenio, sino el conflicto entre
las distintas administraciones el que está dificultando la solución
definitiva al problema arquitectónico y al problema de la
modernización del hospital central. Hace una década, el conflicto era
entre las administraciones central y autonómica y hoy continuamos con
problemas entre la Administración central y la autonómica, que tienen



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diversas soluciones para el futuro del hospital central. En el caso
de la Administración central, favorable a una remodelación a fondo de
dicho hospital, y en el caso de la administración autonómica,
favorable, por el contrario, a la construcción de un nuevo hospital
central en Asturias, con distinta ubicación que el actual. Ese es el
problema que tenemos en relación con el hospital central, un problema
enrevesado, que corre el peligro de convertirse en un problema
insoluble. Nosotros creemos que los asturianos y las asturianas, los
usuarios, no se merecen la eternización de este problema y que por
tanto debe haber una solución negociada. Y hay condiciones para ello.

Por una parte, la resolución de los tribunales en relación con el
convenio de fusión es, en nuestra opinión, un buen punto de partida
para acelerar el proceso de fusión hospitalaria y, por otra, la
reciente reunión entre la Administración central y autonómica parece
que abre la vía del diálogo y la negociación entre las dos
administraciones con respecto al futuro arquitectónico del hospital
central. Por eso, consideramos que es el momento para pedir desde
esta Cámara a la Administración central que apure todas las
posibilidades de diálogo, que termine con un acuerdo con la
administración autonómica en torno al futuro del hospital central,
tanto a su futuro funcional, al futuro que se ha reflejado en los
distintos convenios de fusión, como a su futuro arquitectónico y
estratégico. Creemos que la solución no está en un debate de
principios sobre construcción de un nuevo hospital central o
remodelación del que ya existe, que en muchos casos remite a
posiciones nominalistas, sino en una negociación a fondo, en un
acuerdo a corto plazo que permita que, a partir del próximo año,
empiece a verse en los Presupuestos Generales del Estado, y también
en los presupuestos de la comunidad autónoma asturiana, una voluntad
de concretar la modernización del Hospital Central de Asturias.

Pensamos que esto es muy importante en Asturias, donde tenemos un
grave declive económico e industrial, una cierta dispersión
territorial, también de las organizaciones sociales y políticas, y
una cierta falta de credibilidad de nuestras instituciones. En estos
casos, en los que se dan estas circunstancias tan negativas, es
preciso que haya puntos comunes, objetivos comunes y acuerdos
amplios, y creemos que el hospital central puede ser un objetivo
común y puede suscitar un acuerdo amplio no solamente entre las
administraciones autonómica y central, sino también con los
representantes de los trabajadores sanitarios y de la sociedad
asturiana, en general.




El señor PRESIDENTE: A dicha proposición no de ley ha sido presentada
una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Fernández
Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, contesto a la petición razonada del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. El señor Llamazares y yo ya hemos tenido ocasión de
hablar sobre estos temas en el Parlamento asturiano, muy
especialmente sobre el futuro del Hospital Central de Asturias.

Antes de referirme en concreto a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, quisiera hacer referencia a los
antecedentes respecto al hospital central. El actual equipo del
Insalud se encontró hace cuatro años con un hospital con urgentes
necesidades en materia de infraestructuras hospitalarias, como
consecuencia de la obsolescencia de sus instalaciones, y con un
presupuesto en el que no figuraba cantidad alguna asignada al
Hospital Central de Asturias ni estaba previsto ningún tipo de
actuación para resolver su situación. Para dar solución a esta
situación, se acuerda en 1997, conjuntamente con el Principado, la
creación de un grupo de trabajo que, analizando el estado del
hospital y estudiando las necesidades futuras, formulara las
correspondientes propuestas para la corrección de las deficiencias
estructurales y de ordenación existentes, a las que acaba de
referirse precisamente el portavoz señor Llamazares. En 1998,
finalizado el estudio, se alcanza un preacuerdo con el Principado
para solucionar definitivamente los problemas del citado hospital,
aportando como la mejor propuesta la que permitiría obtener un único
y nuevo hospital en el mismo espacio físico que el actual, respetando
y modificando sustancialmente aquellos edificios que técnicamente
resulten útiles, demoliendo aquellos que se consideren necesarios y
acometiendo la construcción de otros nuevos o la incorporación de
nuevas superficies. Se contemplaba también el mantenimiento del
edificio del Hospital de Nuestra Señora de Covadonga y la demolición
de los restantes.

A pesar del preacuerdo, la comunidad autónoma cambió radicalmente su
postura, abriendo nuevos frentes sin ningún fundamento y dilatando la
toma de cualquier decisión, lo que imposibilitó adoptar una solución
definitiva para el hospital central. Por ello, el Insalud, con la
finalidad de no demorar más la solución a los problemas del hospital
central, consigna en los presupuestos de 1999 la cantidad de cien
millones de pesetas, a fin de dotarse del crédito necesario para
iniciar los trámites de encargo del plan funcional y del proyecto
arquitectónico. Igualmente, de acuerdo con los estudios técnicos
elaborados, el Insalud se compromete a realizar una inversión de unos
21.000 millones de pesetas para poder acometer la actuación prevista.

La propuesta del Insalud es una postura concreta, orientada al
usuario. Se convierte así en la garantía de que el Hospital Central
de Asturias va a poder contar con los mejores medios en el más corto
plazo posible. La apuesta del Insalud es construir un nuevo hospital,
ubicado en el mismo espacio físico que el actual, con



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un 60 por 100 aproximadamente de superficie de nueva planta,
manteniendo su conexión con el campus universitario y sin limitar
futuras modificaciones o ampliaciones al dejar libre el nuevo
hospital el 60 por 100 de la actual finca. Para ello se demolerían
los edificios que técnicamente se recomiende, se utilizarían, una vez
reformados, aquellos que sigan siendo útiles y se acometería la
construcción de las nuevas superficies que se requieran, elevándose
aproximadamente a unos 120.000 metros cuadrados la superficie del
hospital.

A nuestro juicio, es la propuesta más consolidada, sustentada en
criterios estrictamente técnicos y suficientemente contrastada -se
está desarrollando con plena normalidad en los hospitales más
emblemáticos del Insalud, resulta plenamente compatible con la
actividad asistencial-, es la propuesta más eficiente -un hospital en
otro emplazamiento resultaría un 33 por 100 más caro, sin contar el
coste de las perentorias actuaciones a realizar sobre los actuales
edificios- y más rápida, ya que aunque no habría diferencia en los
plazos finales, permitiría poner en funcionamiento nuevos servicios
en aproximadamente veinticuatro o treinta meses desde el inicio de
las obras y ofrecer a los ciudadanos y profesionales los nuevos
servicios que demandan. Asturias contaría así con un único y nuevo
hospital, con instalaciones ya plenamente operativas en un plazo de
veinticuatro o treinta meses desde el inicio de la obra, lo que
consolidaría definitivamente el hospital como un hospital de
excelencia y de referencia, potenciando así su triple dimensión
asistencial, investigadora y docente.

Por ello, al encontrarnos con la propuesta del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, no podemos más que manifestar nuestro sincero
agradecimiento a lo que se expresa en el fondo de su petición.

Estamos de acuerdo en que no se puede privar más tiempo a los
ciudadanos asturianos de los recursos y medios hospitalarios que
exige una asistencia sanitaria pública de calidad ni se pueden dejar
pasar otros diez años sin acometer la reforma de las actuales
infraestructuras. Efectivamente, hay edificios del hospital que ya no
aguantarían diez años más. Así lo entendió el Gobierno y así lo ha
previsto en los Presupuestos Generales del Estado, donde se
comprometen cien millones para la elaboración del proyecto del
hospital central, para acometer sin más dilaciones las actuaciones
necesarias para que los ciudadanos de Asturias cuenten con los
mejores medios en el plazo más corto posible.

Durante el tiempo transcurrido desde que la Administración del
Principado rompió en su día unilateralmente el necesario consenso
técnico alcanzado sobre el futuro del hospital central en el verano
de 1998 se ha podido constatar la falta de voluntad de colaboración
por parte de la Administración del Principado, que se ha descolgado y
atrincherado con la mera formulación de una nueva propuesta que, sin
ningún soporte técnico, vuelve a enunciar un viejo planteamiento de
hace
10 años, con el objetivo de que el Insalud dilate sin plazo la
realización de inversión alguna en el hospital central. Me refiero a
la ubicación que los socialistas asturianos quieren darle en Oviedo.

La postura mantenida por el Gobierno del Principado ha puesto de
manifiesto también la contradicción permanente en el partido que le
sustenta, ya que mientras estuvo en el Gobierno en la legislatura de
1993 a 1996 el Insalud rechazó sistemáticamente la construcción de un
nuevo hospital central, tanto en su actual ubicación como en otra
finca distinta. Paradójicamente, los anteriores responsables del
Insalud ahora en Asturias plantean la misma propuesta que rechazaron
entonces. En este sentido, las contradicciones del actual consejero
de Salud del Principado de Asturias son flagrantes.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Rozada, le ruego que finalice y
se centre en la enmienda presentada.




El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Voy finalizando, señor presidente.

En definitiva, la responsabilidad de la asistencia en Asturias es del
Insalud, por lo que debemos dar respuesta a una necesidad demandada
tanto por los ciudadanos como por los profesionales. No obstante,
tenemos que seguir agotando todas las vías de diálogo posibles con la
Administración del Principado, sobre la base de propuestas con
respaldo y soporte técnico para solucionar el futuro del hospital
central. Por ello, en una reunión de coordinación, y ya finalizo, el
Insalud y la Consejería de Salud del Principado el pasado día 15 de
este mes estudiaron una nueva solución para el hospital de Asturias.

El director general del Insalud y el consejero de Salud se han
reunido y han declarado la voluntad de trabajar conjuntamente tanto
en la revisión de los protocolos de inversiones en los centros de
salud como en tratar de llegar a un acuerdo definitivo que acerque
posiciones respecto a la decisión del Hospital Central de Asturias.

Para el nuevo proyecto el Insalud ofrece 21.000 millones de pesetas;
el resto, alrededor de un 30 por 100, debería ser financiado por la
comunidad autónoma. La previsión del Insalud es introducir en los
presupuestos del año 2001 cien millones para la redacción del plan
funcional y el encargo del proyecto arquitectónico y en los años
sucesivos se incluirían en los presupuestos las partidas
correspondientes necesarias para la construcción. Propone que el
comienzo de las obras del nuevo hospital empiecen el año 2001 y
considera que su duración nunca será inferior a cinco años.

Nosotros, estando de acuerdo en el fondo general de la petición,
formulamos una enmienda de sustitución, que leo literalmente, y así
finalizo: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar
con las actuaciones iniciadas para que los ciudadanos del Principado
de Asturias cuenten en el plazo más corto posible



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con un Hospital Central de Asturias moderno y con mejores medios,
dando una respuesta adecuada y acorde a las necesidades demandadas,
tanto por los ciudadanos como por los profesionales sanitarios. Y,
segundo, todo ello se efectuará dentro del marco de diálogo entre el
Gobierno central, Gobierno del Principado de Asturias, sobre la base
de propuestas con respaldo social y soporte técnico, en aras a
propiciar la mejor de las soluciones para el futuro del Hospital
Central de Asturias.

Paso a la Mesa el contenido de la enmienda de sustitución.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
El señor Llamazares tiene la palabra a los efectos de aceptar o
rechazar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.




El señor LLAMAZARES TRIGO: Nuestra propuesta era más ambiciosa.

Pretendía que el diálogo no sólo fuera entre las administraciones,
sino también con los profesionales y los trabajadores de la sanidad,
que es uno de los factores para dar solución al problema. En todo
caso, a nosotros nos parece, tal y como está la correlación de
fuerzas, que hay que aceptar la realidad y, si ésta sirve para que
continúe el diálogo y la negociación entre las dos admistraciones y
al final el acuerdo solucione el problema del hospital central,
bienvenida sea.




- RELATIVA A LA ASISTENCIA MÉDICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE SUFREN
DE FIBROMIALGIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número
de expediente 161/000018.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la presentación y debate de la
siguiente proposición no de ley, relativa a la asistencia médica y
social de las personas que sufren de fibromialgia. Ha sido presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Saura
Laporta.




El señor SAURA LAPORTA: Como usted muy bien ha dicho, esta es una
proposición no de ley que plantea que el Gobierno tome determinadas
medidas de asistencia médica y social con relación a las personas que
sufren la fibromialgia. Esta es una enfermedad catalogada
recientemente, porque la Organización Mundial de la Salud hasta el
año 1993 no reconoció la fibromialgia como enfermedad. Es una
enfermedad crónica, que tiene unos efectos de múltiples
localizaciones de dolor en el cuerpo, un cansancio generalizado; está
considerada como un tipo de enfermedad reumática y tiene dificultad
de diagnóstico, ya que los síntomas que tiene son comunes a otras
muchas enfermedades:
dolores en la zona lumbar, cansancio extremo, alteraciones
del sueño, ansiedad, estados depresivos. Dada su reciente
catalogación y la multiplicidad de síntomas, provoca a menudo que las
personas que tienen esta enfermedad estén sometidas a largos
itinerarios médicos y que no gocen de algunas de las prestaciones
sociales que tienen los enfermos en otro tipo de enfermedad.

Recientemente, el director del Instituto de reumatología
y enfermedades óseas, único centro, si no estoy mal informado, en el
Estado español, que tiene una unidad específica para este tipo de
tratamiento, decía que en el Estado español más del 90 por 100 de los
enfermos que padecían esta enfermedad no estaban diagnosticados,
y que, tanto según las cifras de la Organización Mundial de la Salud
como del propio director del Instituto de reumatología, en España se
calcula que puede haber cerca de un millón de personas que tengan
este tipo de enfermedad, que fundamentalmente afecta a las mujeres,
porque más del 90 o del 92 por 100 de los afectados por esta
enfermedad son mujeres.

En el Estado llevamos un cierto retraso, tanto en la asistencia
médica como en el reconocimiento de determinadas prestaciones, han
aparecido recientemente diversas entidades de usuarios afectados para
hacer frente a esta enfermedad, y lo que proponemos son cuatro
medidas muy concretas. La primera, que se incluya esta enfermedad
entre las prestaciones de invalidez de la Seguridad Social; la
segunda, que se mejore o se amplíe algún apoyo integral de asistencia
sanitaria a las personas afectadas por esta enfermedad; la tercera,
que se haga un esfuerzo de sensibilización y capacitación al personal
sanitario en su conjunto para que puedan detectar y hacer un mejor
tratamiento a los enfermos de fibromialgia; y, cuarto, que se
refuerce y se establezcan unas relaciones de colaboración y
cooperación más importantes aún de las que existen con las
asociaciones de afectados que se han creado recientemente.




El señor PRESIDENTE: A dicha proposición no de ley ha sido presentada
una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya
presentación y defensa tiene la palabra el señor Zambrano.




El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Señor presidente, voy a tratar de ser
breve y por eso no me voy a parar a describir los síntomas ni el
contexto de toda esta enfermedad denominada fibromialgia, porque creo
que se ha hecho bien en el planteamiento. Sí quiero recordar que la
Organización Mundial de la Salud la reconoce en 1993, que es de una
etiología desconocida y que ambas modalidades, sus dos grandes
modalidades, en su estadío más grave, pueden producir incapacidad,
sobre todo para los trabajos de esfuerzo físico. Hasta aquí, estamos
totalmente de acuerdo, pero lo que no podemos aceptar, y estamos en
absoluto desacuerdo, esque esta enfermedad, o, mejor, estos enfermos
estén



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discriminados ni por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo en
cuanto a una asistencia sanitaria insatisfactoria ni por parte del
Ministerio de Trabajo en cuanto a prestaciones sociales, y mucho
menos a la prestación de invalidez.

Empiezo argumentando que los puntos 1.o y 4.o no deberían debatirse
en esta Comisión porque entendemos que están dentro de las
competencias del Ministerio de Trabajo, especialmente el punto
primero. No obstante, referente al mismo y con respecto a la
prestación de invalidez, me permito recordar que cualquiera de las
contingencias de la invalidez, ya sea por enfermedad común, por
enfermedad profesional, por accidente laboral o no laboral, en
cualquiera de sus grados, parcial, total, absoluta o gran invalidez,
no se concede en función de la enfermedad sino en función de los
requisitos que marca la legislación vigente. Y lo que parece
desprenderse de la literalidad de su propuesta es que esta persigue
que el enfermo de fibromialgia pueda acceder por el mero hecho de
padecer esta enfermedad a una prestación de la Seguridad Social. Le
aclaro más, no existe listado ni catálogo alguno de enfermedades
invalidantes, ni para cotizantes ni para no cotizantes o
insuficientemente cotizantes, como sabe, es decir, para las
modalidades contributivas o no contributivas.

Los grados de invalidez, como S.S. sabe, para las pensiones
contributivas se valoran y lo son en función no de la enfermedad,
sino del porcentaje de reducción, lesiones o secuelas, en definitiva,
de discapacidades, que produzcan en la capacidad de trabajo y
ganancia del ciudadano. Es decir, no se tiene en cuenta solamente la
alteración continua de la salud, sino sobre todo la incidencia en la
realización de actividad profesional. En cuanto a las no
contributivas, está claro que no se hace para suplir una pérdida de
rentas salariales, sino para atender unas necesidades económicas
básicas, y aquí lo que se evalúa es una minusvalía, una disminución
de las capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, que debe
alcanzar un grado de un 65 por 100. Por tanto, creemos que nada
impide que cualquier afectado de fibromialgia pueda acceder a la
plenitud de la prestación de invalidez de la Seguridad Social en las
mismas condiciones de igualdad que cualquier otro español sano o
enfermo, tal y como propone usted en su punto.

En cuanto al punto cuarto, tampoco creemos que debiera entrar en ello
esta Comisión porque afecta fundamentalmente al Ministerio de
Trabajo, pero tengo que decirle que al menos el Insalud, como entidad
gestora -no sé en las comunidades autónomas-, siempre ha estado
abierto y dispuesto a colaborar con todas las asociaciones de
enfermos, por entender que se contribuye de una forma decisiva a
facilitar aspectos que no están contemplados propiamente en la
asistencia y que suponen un gran apoyo psicológico y para canalizar
y orientar a los afectados por estas enfermedades respecto a la
Administración.

Sobre los puntos segundo y tercero, que sí consideramos competencia
de esta Comisión, le recuerdo que la Ley General de Sanidad y el real
decreto de ordenación de prestaciones, así como el resto de la
normativa que regula la asistencia sanitaria, no discriminan ninguna
enfermedad en cuanto a la asistencia sanitaria. Tampoco existe
listado o catálogo de enfermedades acogidas o excluidas de la
asistencia sanitaria pública. Si usted quiere, yo le leo lo que
excluye ese real decreto de ordenación de prestaciones sanitarias,
que son certificados, reconocimientos, cirugía estética, etcétera. No
contempla para nada la fibromialgia. Por el contrario, el Sistema
Nacional de Salud presta para todas las enfermedades una asistencia
sanitaria integral, que recoge los aspectos preventivos, curativos y
rehabilitadores, y además coordinada en atención primaria,
especializada y urgente. Por tanto, creemos que la asistencia
integral y coordinada que usted pide se presta con independencia de
la patología que pueda presentar cualquier enfermo y por eso
consideramos innecesario este punto, dado que ni usted aporta en su
proposición ni nosotros conocemos dato alguno que permita deducir que
los afectados de fibromialgia no disfrutan del apoyo integral de
asistencia sanitaria que el Sistema Nacional de Salud garantiza a
todos los ciudadanos.

En cuanto al punto tercero, una vez más en esta Comisión tenemos que
reiterar que los profesionales del Sistema Nacional de Salud, según
nuestro criterio y en términos generales, tienen una elevada
cualificación y formación profesional. No sé si estará de acuerdo S.

S., pero después de una formación de seis años con prácticas y
después de una especialización de cuatro años más por sistema mir,
creo que esto está garantizado. La dificultad en el diagnóstico y en
el manejo de esta enfermedad no puede ni debe achacarse en absoluto
a un posible problema de formación o sensibilización de los
profesionales, porque esto sería algo así como desconocer la realidad
del sistema sanitario público y la complejidad de esta enfermedad.

Sobre la propuesta de elaborar un protocolo específico, le precisamos
que desde hace ya diez años, en 1990, existe un protocolo elaborado
por el Colegio Americano de Reumatólogos, ampliamente difundido y que
puede encontrarse en cualquier manual de medicina interna o de
reumatología. Este protocolo cuenta además con un consenso muy amplio
de la comunidad científica internacional y por eso es habitualmente
empleado para el diagnóstico de esta enfermedad, que, repito, es
compleja.

No obstante estas consideraciones, no encontramos inconveniente en
aceptar que desde la Administración sanitaria pública, y más
concretamente desde cualquier entidad gestora, sea dentro del
Ministerio de Sanidad o en las comunidades autónomas, se propicie la
máxima difusión de esta patología, de su protocolo o diagnóstico y de
las alternativas terapéuticas disponibles. También le recuerdo que el
Insalud continúa trabajando en



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la protocolización de todos los procesos en colaboración con las
sociedades científicas.

Concluyo diciéndole a S.S. que no podemos apoyar, por estas razones,
su proposición no de ley en los términos que la plantea. No obstante,
como consideramos y entendemos que la sensibilidad y la buena
voluntad de S.S. recoge las inquietudes de un colectivo afectado por
una enfermedad muy compleja ciertamente, a través de una asociación
reconocida, que de forma altruista quiere dar apoyo, orientación e
información a enfermos y familiares, y entendiendo asimismo que el
eventual establecimiento de colaboración con los grupos de ayuda
mutua que existan alrededor de cualquier patología compleja, y
concretamente hoy en la fribromialgia, es siempre una iniciativa bien
valorada, hemos presentado, como sabe S.S., una enmienda de
sustitución en la que ya hemos alcanzado un acuerdo, añadiéndole una
palabra, que creo que recoge de una forma más consecuente las
necesidades que razonablemente puedan plantear estos enfermos y el
sentido de esta proposición no de ley.

Si me lo permite el señor presidente, le leo el primer punto, que es
el que varía una sola palabra: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno, primero, a analizar en el seno del Consejo interterritorial
del Sistema Nacional de Salud la incidencia -y aquí añadimos- y la
problemática de la fibromialgia. Lo demás todo quedaría igual.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.




El señor BLANCO GARCÍA: Voy a ser muy breve, en nombre del Grupo
Socialista, porque, en principio, teníamos previsto intervenir
expresando nuestro apoyo y nuestro voto favorable a la proposición no
de ley presentada por el Grupo Mixto, pero dado que, al parecer, por
los conocimientos que tenemos, el proponente, señor Saura, admite la
enmienda propuesta por el Grupo Popular, obviamos todo tipo de
explicación al respecto y nos sumaremos al voto positivo de esa
enmienda del Grupo Popular.

Quiero decir algo que, a nuestro juicio, subyace en toda esta
problemática de la fibromialgia y es que lo fundamental no es en sí
mismo la declaración de invalidez o no, porque esto vendrá dado por
la discapacidad que tenga cada persona, como ya se ha dicho, sino
establecer un protocolo que diagnostique fehacientemente a los
enfermos y de una manera temprana, para un mejor tratamiento y una
mejor rehabilitación. Creo que es ahí donde deberíamos incidir y no
se debería dejar al margen, con todos los respetos para la comisión
interterritorial, para la atención primaria, a la Sociedad Española
de Reumatología, que es donde se concentran los expertos en la
materia, para que se actualice el protocolo,
si es que hay que actualizarle, y para que se disponga por
parte de los profesionales de la atención primaria del mismo, de
manera que, como ya he dicho, se diagnostique lo más pronto posible a
esos enfermos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: Quiero manifestar en nombre de mi grupo
parlamentario el apoyo y nuestro voto favorable a esta proposición no
de ley y al mismo tiempo felicitar al proponente, al señor Saura,
porque nos parece que la iniciativa se corresponde con una situación
que viven muchas personas, que tienen una problemática muy difícil
que, si se me permite que haga política de género, afecta
principalmente a las mujeres muchas de las cuales tienen verdaderos
problemas en recibir tratamientos adecuados, porque tarda muchísimo
en diagnosticarse la enfermedad, y cuando en esta situación se
encuentran mujeres, que están realizando su trabajo en casa, en
tareas domésticas, que se ven penosamente afectadas, sin que nadie
las ayude, sin que nadie reconozca muchas veces la imposibilidad que
esto representa para realizar cualquier tarea. Debo recordar que uno
de los síntomas de la fibromialgia es la pérdida prácticamente total
de fuerza, incluso muchas veces de tacto en las extremidades
superiores, lo que y esto repercute en un nivel de calidad de vida
bajo mínimos, cuando no, que ocurre muchas veces, en situaciones de
depresión. Por tanto, apoyaría también el comentario que ha hecho el
representante del Grupo Socialista, en el sentido de que se tenga en
cuenta que un protocolo sobre cómo atender esta enfermedad se hace
totalmente necesario.

Valoramos favorablemente que el Grupo Popular presente una
transacción y que el proponente la acepte y, por tanto, reitero, va a
contar con nuestro voto favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Castro.




La señora CASTRO FONSECA: Intervengo en nombre de mi grupo para
adelantar que vamos a votar positivamente esta proposición no de ley
del Grupo Mixto y para, como mujer y diputada, agradecerle
personalmente al diputado Joan Saura la presentación de esta
proposición no de ley en esta Comisión, porque yo, como la señora
Riera, voy a barrer para casa, que se dice en mi tierra.

Esta enfermedad afecta fundamentalmente, como han dicho el ponente y
el resto de los intervinientes, a las mujeres. Es una patología de
etiología desconocida. Me parece que está perfectamente formulada la
proposición porque, partiendo de la base de que tenemosunos
profesionales sanitarios extraordinariamente bien



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formados, no es menos cierto, señor Zambrano, que la formación en
todos los ámbitos profesionales debe de ser continuada, y es evidente
que en medicina las sorpresas por fortuna son permanentes para los
profesionales y para los usuarios, y lo que se pide yo creo que es de
sentido común. Se pide formar más a los profesionales en una
patología de etiología desconocida, repito, y que muy frecuentemente
se ha resuelto de la siguiente manera. Decía que agradecía al
diputado Saura esto de una manera especial, porque esta es una de las
paradas en el largo calvario de las mujeres, y en las historias
clínicas -y a esta señora que les habla no se lo han contado, lo ha
visto- generalmente lo que los médicos acaban concluyendo son
estigmas a los que estamos muy acostumbradas las mujeres, como son
neurosis obsesiva entre interrogaciones; esto, añadido a la falta de
comprensión en el entorno familiar, dado que el diagnóstico médico es
que no tienes nada más que estás un poco de los nervios, va
aumentando la leyenda de las vacas locas, pero en este caso referida
a la especie humana.

Es una proposición muy interesante, muy oportuna, y como además el
ponente ha dicho ya que va a aceptar la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, quiero congratularme una vez más de que salga
adelante esta proposición no de ley, porque lo vamos a agradecer
todas y todos pero fundamentalmente las mujeres de este país.




El señor PRESIDENTE: Señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Brevísimamente a efectos de aceptar la
enmienda, y simplemente con dos añadidos. Uno, agradecer el hecho de
que se haya felicitado la presentación de esta iniciativa, y decir
que cuando el ponente del Partido Popular ponía en cuestión mi juicio
sobre la capacidad del personal sanitario, nada hay de todo eso. Ha
habido ya intervenciones, especialmente de las señoras Riera y
Castro, que lo han dicho. Este verano he leído un libro de una médica
catalana, Carmen Valls, que se titula Las enfermedades en las
mujeres, donde demuestra cómo hay determinadas enfermedades en que
cómo los que han investigado son los hombres no se diagnostican bien.

En este caso estamos ante una de ellas; más del 90 por 100 de esta
enfermedad son mujeres porque, mira por dónde, es una de esas muchas
que afectan a las mujeres que no se diagnostican. Por tanto, no es un
problema de capacitación del personal sanitario, sino que es un
problema que hay que modificar porque hasta ahora, y aún hoy,
fundamentalmente el mundo lo deciden los hombres.

La otra cuestión es que le voy a pasar al señor Zambrano
documentación que tengo yo en relación a algunos déficits del
personal sanitario, no por incapacidad. Yo he hablado con una mujer
que tenía en Suiza un tratamiento de esta enfermedad que ha venido
aquí y ha pasado lo que la señora Castro dice: al psiquiatra. Esa
señora en estos momentos va cada tres meses a Ginebra a que le den el
tratamiento que tenía allí. Por tanto, no hay ningún problema con el
personal sanitario, es perfecto, pero es necesario dar un paso en un
tema que aún tiene déficits en el Estado español. No obstante,
agradecer la transaccional que ha hecho el Partido Popular, porque
creo que permite iniciar un camino positivo. (El señor Zambrano
Vázquez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Zambrano, para qué.




El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Por alusiones.




El señor PRESIDENTE: No reabra el debate.




El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Es para decir que la formación continuada
de los facultativos dentro del Sistema Nacional de Salud está
garantizado. No solamente tienen la obligación de la asistencia, sino
además de la formación, en la docencia y en la investigación.




- SOBRE DECLARACIÓN COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL DE LA HEPATITIS C
CONTRAIDA POR EL PERSONAL SANITARIO EN SU PUESTO DE TRABAJO.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA Y UNIÓ).

(Número de expediente: 161/000037.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no
de ley, sobre declaración como enfermedad profesional de la hepatitis
C contraída por el personal sanitario en su puesto de trabajo, que ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: Señor presidente, actualmente, y desde hace
tiempo, concretamente desde la individualización y la identificación
del virus de la hepatitis C, en el año 1989, existe un conflicto
entre los centros de reconocimiento y evaluación de las enfermedades
y las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y el personal sanitario que padece hepatitis vírica tipo C y
que presta sus servicios en actividades de asistencia y cura de
enfermos.

Este conflicto, que ha sido recogido, reclamada solución
y reivindicado largamente por varios colectivos de colegios de médicos,
en concreto, en Cataluña, el Colegio de Médicos de Barcelona ha sido
muy combativo respecto a este tema, indujo a esta diputada, ya en la
pasada legislatura, a presentar una pregunta por escrito al Gobierno,
en la que le instaba a que a tenor de esta problemática, indicase,
bajo su criterio, qué es lo que



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podía ser la causa de que distintas delegaciones del INSS tuvieran
interpretaciones distintas. Quiero insistir en que no sería un
problema que afectase sólo a las comunidades con competencias
transferidas, sino que hay de todo, mucho y variado a lo largo del
territorio español y, por tanto, al constatar que había diferencias
interpretativas de la ley, esta diputada formuló una pregunta, que no
sé por qué motivos no fue contestada, por lo que pedí a la Mesa
amparo reclamando respuesta a la misma.

Se disolvió la legislatura. Tenemos nueva legislatura, estamos en
ella. Hay nuevo Gobierno del mismo color político y he optado,
hablándolo con mi grupo parlamentario, por convertir la pregunta por
escrito en una proposición no de ley, porque en el ínterin de todos
estos impasses, el problema no se ha solucionado, sino que sigue en
plena vigencia.

Nuestro ánimo no es otro que decir que la ley estaría bien hecha, la
normativa está regulada y en ningún momento la ley distingue entre
que las enfermedades profesionales consecuencia de la hepatitis sean
admitidas si son de tipo de hepatitis B o C. En todo caso, lo que hay
es una discordancia entre la ley y los tribunales competentes al
dictaminar las invalideces.

A través de esta proposición no de ley intentamos poner remedio a una
situación que es un hecho flagrante, que perjudica gravemente a los
profesionales afectados, instando al Gobierno a que promueva una
circular a fin y efecto de que se haga patente ante los tribunales
que tienen competencias para determinar las invalideces, puesto que
tienen, en algunos casos, interpretaciones de la ley totalmente
incorrectas.

A fin de agilizar el debate, me adelanto a decir que, por parte del
Grupo Popular se me ha hecho saber que estando conforme en el
propósito de esta proposición no de ley, considera que nos dirigimos
a un Ministerio no competente, porque, en vez de hacerlo al
Ministerio de Sanidad y Consumo, el que tendría competencia sería el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Admito, en nombre de mi
grupo, esta observación, pero pienso que no sería correcto dilatar
más en el tiempo la solución del un problema que es real, que lo
admite así el Partido Popular, que lo admite el Gobierno, que parece
que tiene además el apoyo de todos los grupos parlamentarios que
estamos representados en esta Cámara. Por tanto, convendríamos con el
partido que tiene la mayoría en la Cámara que pudiéramos reconvertir
esta proposición instando al Gobierno a que, a través del ministerio
correspondiente, que sería el de Trabajo y Asuntos Sociales, se haga
llegar esta circular, porque si todos estamos conformes con la
problemática y hemos coincidido en el diagnóstico de la misma -que no
está justificada interpretación distinta de la ley- y si esto está
causando un grave perjuicio a determinados colectivos profesionales
que se ven obligados a pedir a instancias judiciales para que les sea
reconocida una enfermedad contraida en el ejercicio de su profesión,
pensamos que lo que hay que hacer es vehicular el camino que sea
correcto, oportuno, que en todo caso es éste, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para que se dé resolución al problema.

El Grupo Popular ha presentado una enmienda que va a hacer llegar a
la Mesa y, en nombre de mi grupo, adelanto a los restantes grupos
parlamentarios que han manifestado la voluntad de apoyar esta
proposición no de ley mi agradecimiento por su colaboración y
comprensión. Asimismo les anunciamos que la enmienda que nos propone
el Grupo Popular puede solucionar el problema.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda y para su defensa tiene la palabra el señor Gutierrez
Molina.




El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Antes de defender nuestra enmienda voy a
pasar revista muy brevemente a los antecedentes parlamentarios de la
proposición no de ley, como ha hecho la señora Riera, porque
ciertamente durante la anterior legislatura el Grupo Catalán
(Convergencia i Unió) ya presentó la pregunta escrita al Congreso de
los Diputados, con los avatares y pormenores que la señora Riera
acaba de enumerar.

En nuestra opinión, la proposición no de ley que ahora presenta el
Grupo Catalán (Convergencia i Unió) coincide básicamente en sus
antecedentes y en su intencionalidad con la pregunta escrita a la que
la señora portavoz ha hecho referencia anteriormente. No obstante,
a nosotros nos interesa recalcar, después de haber leído la exposición
de motivos de la proposición no de ley, que su origen está en esa
relación directa de discrepancia, que a juicio del Grupo Catalán
(Convergencia i Unió) ha expuesto ahora la señora portavoz; pero no
solamente existe esa discordancia entre las direcciones provinciales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, al fin y a la postre
entidad gestora dependiente del Ministerio de Trabajo y las
tesorerías territoriales de la Seguridad Social que, a nuestro
criterio, no es un organismo que tenga que ver con esta cuestión,
sino que también se da entre el criterio aleatorio existente entre
las distintas sentencias dictadas por distintos tribunales de
justicia de la Sala de lo Social que ciertamente en su interpretación
causan unas discrepancias que ensombrecen el devenir y el futuro de
los pacientes con hepatitis C desde el punto de vista profesional.

Dice la señora Riera que su grupo consideraba necesaria la emisión de
una circular o una norma de rango interno con el fin de que se
interpretara por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o por la
Dirección General del INSS, para que, recogiendo los criterios
legales y la jurisprudencia en vigor, instasen a las direcciones
provinciales de semejantes entidades gestoras a declarar al personal
sanitario que padece dicha infección por el virus de la hepatitis C
como afectados por enfermedad profesional y a trabajar en las tareas
descritas



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en uno de los apartados del Real Decreto 1995/78 en cuanto a
situación profesional y en el grado de incapacidad o invalidez que le
corresponda.

No vamos a entrar en el fondo de la cuestión planteada ya que, como
se ha indicado por la señora portavoz, se dirige al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales que no es objeto de esta Comisión. Sin
embargo, nosotros creemos que habría que hacer una consideración
importante para que quedara reflejado el espíritu del Grupo Popular.

Porque el Real Decreto 1995/78, de 18 de mayo, considera la hepatitis
vírica como enfermedad profesional siempre que la misma se contraiga
por personal sanitario o investigador y como consecuencia de
actividades desarrolladas en sus puestos de trabajo que impliquen la
contaminación de la misma. Por tanto, tienen la consideración de
enfermedad profesional los supuestos en que el personal sanitario o
auxiliar contraiga hepatitis vírica como consecuencia de actividades
relacionadas con la toma, con la manipulación, con el empleo de
sangre humana contaminada o con sus derivados cuando resulte
infectado y desarrolle la enfermedad por su contacto profesional con
pacientes portadores de los virus en la hepatitis o en enfermos de
hepatitis vírica. (La señora vicepresidenta, Fernández de Capel
Baños, ocupa la Presidencia.)
Por otra parte, desde el punto de vista jurídico y de prestación de
la Seguridad Social, nosotros creemos que tiene poca relevancia,
aunque es bueno que se concrete de una manera más fehaciente, el
hecho de que la hepatitis vírica sea causada por alguna de las cepas
virales (B, C o D) porque creemos que lo transcendente no es el tipo
de virus sino que la enfermedad se contraiga con ocasión de la
actividad profesional de dicho personal. No obstante, tenemos que
decir también que basándonos en la experiencia adquirida por los
equipos de valoración de incapacidades correspondientes al territorio
actualmente gestionado por el Insalud y con otros nombres con el
Insalud transferido, parece conveniente unificar criterios
diagnósticos para la correcta tipificación de los casos de hepatitis
C, a la luz, como también ha dicho la señora Riera, de la evidencia
científica actualmente disponible. Por eso, el Grupo Popular, como ya
ha adelantado la señora Riera, ha presentado una enmienda
transaccional o de mejora técnica que recoge parte de lo que el Grupo
Parlamentario Catalán establecía en su exposición de motivos y en la
explicación ciertamente clarificadora de su proposición no de ley,
señalando que, con el fin de disolver estas discrepancias, el Grupo
Parlamentario Catalán consideraba que sería necesario la emisión de
una norma interna para unificar los criterios jurídicos legales, así
como los jurisprudenciales en vigor.

Nuestra enmienda, que posteriormente haremos llegar a la Mesa, señora
presidenta, propone el siguiente texto: El Congreso de los Diputados
entiende necesario, para evitar posibles discrepancias en la
calificación de la hepatitis C como enfermedad profesional en los
supuestos de personal sanitario o investigador, se difunda entre los
equipos de valoración de incapacidades dependientes del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, entidad gestora del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, o sus homólogos en el territorio
correspondiente a comunidades autónomas con gestión del Insalud
transferida, la información científica suficiente, con el fin de
unificar criterios, tal como se recoge en la legislación vigente.

Nosotros creemos que esta enmienda, señora presidenta, con
independencia de recoger el espíritu y la norma que emanaba de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, ciertamente
unifica los criterios, salva la dispersión de sentencias distintas en
los diversos ambientes jurisprudenciales y técnicos y, en definitiva,
aclara el objeto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán, que nuestro grupo aprobaría con mucho gusto.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de Capel Baños): ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo.




El señor FIDALGO FRANCISCO: Señorías, el Grupo Socialista, en cuyo
nombre hablo, va a votar afirmativamente la proposición no de ley
presentada, dado que existe un consenso entre el grupo proponente de
CiU y la enmienda presentada por el Grupo Popular. Sin embargo, yo
quería llamar la atención sobre un par de cuestiones. Simplemente
estamos hablando de una enfermedad grave, que todos sabemos el
pronóstico que tiene, con un 3 por 100 de mortalidad a los 20 años,
que afecta al 1,2 por 100 de la población y el doble al personal
sanitario, y que hay personal sanitario específicamente expuesto,
para el que el riesgo es mayor. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Hablamos, por ejemplo, del personal que trabaja en las
unidades de diálisis o de urgencias. Hay que tener en cuenta que el
22 al 28 por 100 de enfermos en diálisis están afectados o son
portadores de anticuerpos VHC; también el 18 por 100 de los enfermos
que acuden a los servicios de urgencias, teóricamente, son portadores
de este virus. Por tanto, estamos hablando de un problema bastante
importante sobre el que existe una sensibilidad específica por parte
de los profesionales sanitarios. Es un buen momento para abordarlo,
puesto que es un problema que se puede identificar plenamente y con
mucha especificidad. Además, se puede catalogar perfectamente como
enfermedad contraída en la actividad laboral, dado que se puede
constatar mediante los registros de incidencias en los expedientes
que hay en el trabajo sanitario y el seguimiento que luego hacen las
unidades de medicina preventiva.

Finalmente, querría insistir en que es un buen momento y una buena
oportunidad para que el Gobierno



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traslade a los profesionales sanitarios un mensaje positivo
reconociendo esta enfermedad como enfermedad laboral, dado la
sensibilidad que en este momento los comités de empresa, juntas de
personal y demás tienen sobre esta enfermedad. Por tanto, nuestro
voto va a ser afirmativo a la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra la señora Julios.




La señora JULIOS REYES: Muy brevemente. Quizá por mi desconocimiento
de la dinámica del debate no expresé en el punto anterior mi
intención de voto. Sólo para que conste en acta quiero manifestar
nuestro apoyo a la enmienda que se debatió en el punto anterior.

Con respecto a éste, también quiero manifestar brevemente, porque
creo que ya ha sido suficientemente expuesto por los grupos que ya
han intervenido, que nos parece muy apropiada la iniciativa que ha
tenido el grupo proponente, puesto que éste es un problema que
existe. Es decir, aunque tengamos resuelto legalmente el tema, desde
el punto de vista práctico existen todavía problemática suficiente
como para que estemos hoy aquí discutiéndolo. Por tanto, igual que ha
sido aceptada por el grupo proponente la enmienda transaccional
presentada por el Grupo del Partido Popular, también la vamos a
apoyar porque el que se discuta hoy en el Parlamento ayudará también
a resolver un problema que es trascendente y que ocasiona una
sensibilidad importante en los profesionales sanitarios.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: A los solos efectos de que quede
constancia de que a mi grupo le parece extraordinariamente oportuna
la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que no es
tanto un problema de legalidad, puesto que podría entenderse que ésta
está resuelta, y ni siquiera tampoco jurisprudencial porque,
discrepando de lo que se ha manifestado por algún otro portavoz, el
intento de localizar ayer sentencias me llevo al arrollador resultado
de que los tribunales sí reconocen normalmente la cuestión. Creo que
el problema es más bien -y así ha quedado establecido en la enmienda
que ha propuesto el Grupo Popular- por de una unificación de
criterios en la vía administrativa, que quizá sea lo necesario en
este momento. Por tanto, nos parece muy bien la iniciativa del Grupo
Catalán, nos parece también bien perfilado el que la unificación de
criterios sobre todo deba darse en los equipos de valoración y, por
eso, mi grupo va a votar también favorablemente esta iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Alos efectos de la aprobación o rechazo de la
enmienda, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I BEN: Como ya he anunciado en mi intervención, mi
grupo acepta la enmienda del Grupo Popular, al mismo tiempo que
quiero agradecer, en nombre de mi Grupo de Convergència i Unió, el
voto favorable que han anunciado todos los grupos representados en la
Cámara.




- RELATIVAAL CONCIERTO DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS DE ZAMORA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000112.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley,
relativa al concierto del servicio de ambulancias de Zamora,
propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa
tiene la palabra el señor Cuadrado.




El señor CUADRADO BAUSELA: Señorías, el asunto que se propone tiene
que ver con algo que me parece muy importante, la igualdad de
oportunidades en una materia que afecta al Sistema Nacional de Salud,
como es el transporte sanitario. Se hace a través de una propuesta
concreta que atañe a la provincia de Zamora. En principio, me consta
que es extensible al conjunto del territorio que está bajo la
competencia del Insalud, pero posiblemente sea más radical el
problema allí donde se dan las condiciones de ruralidad, dispersión
de la población, núcleos de escasa población no precisamente cercanos
a las carreteras y con vías de acceso de difícil tránsito, que es
donde se ve con mayor gravedad. Pero insisto, es extensible -me
consta- al resto de provincias que he citado.

En segundo lugar, la propuesta contempla la financiación necesaria a
través de los conciertos, para hacer posible que determinadas
situaciones que son graves no se sigan produciendo, en definitiva que
sean corregidas.




Los datos de la propuesta concreta, que afectan a la provincia de
Zamora, deben tener en cuenta que, así como en el conjunto de España
el 24 por 100 de la población vive en núcleos que podríamos llamar
rurales, en la provincia de Zamora es más del 60 por 100 de la
población, además con ruralidad bien marcada; me estoy refiriendo a
núcleos de menos de 2.000 habitantes. Son datos que tienen que ver
también con una red de carreteras de 2.500 kilómetros por la que el
transporte sanitario y el resto del transporte tiene que acceder
a través de carreteras de carácter local, a nada menos que al 82 por
100 de los municipios, lo que hace el servicio no sólo difícil sino
costoso; datos que tienen que ver con una provincia en la que la
distancia media máxima con respecto a la capital, donde se encuentran
los servicios fundamentales de carácter sanitario, es de 156
kilómetros.

Todos estos datos, así como la carencia de algunos medios
hospitalarios que obliga al traslado fuera de la



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provincia, hacen que, si el servicio no se adapta a ellos, se den
situaciones que no son aceptables -algunas iré citando después-
porque esa situación contrasta con los medios actuales. Las
ambulancias de carácter convencional son 21 y cualquier distribución
que se haga en las distintas comarcas de la provincia hace que se dé
una misma situación, y es que hay comarcas amplísimas -Sayago,
Aliste, Tábara, etcétera- donde solamente hay una y, en cualquier
traslado programado o en cualquier urgencia, se producen diariamente
situaciones de espera inadmisible y, lógicamente, de alarma, de
dificultad, en definitiva de mala calidad del servicio.

Para el transporte colectivo, sólo hay siete vehículos; en muchas
comarcas no hay transporte colectivo, lo que todavía dificulta mucho
más la organización de este servicio. También se repiten situaciones
que tienen que ver con la estructura del propio sistema. Más del 80
por 100 de estos vehículos llevan solamente el conductor. Por
ejemplo, para la evacuación de un usuario que vive en una cuarta
planta, hay que llamar a los vecinos para poder trasladarlo y durante
el traslado el usuario queda incomunicado con el conductor. A estas
alturas y en la situación general del país, creo que esta no es
admisible. Hay cabeceras de comarcas amplias con poca población
-3.000 ó 4.000 habitantes, pero que son muy amplias- donde viven
ciudadanos, que tienen el derecho a acceder a esos servicios en
igualdad de condiciones con el resto de la población, que no tienen
ningún servicio.

En relación con esta situación, la propuesta tiene dos partes. En
una, se detalla en qué condiciones mínimas debe funcionar el
transporte sanitario. Se propone una ampliación del número de
vehículos. Hay estudios presentados en el propio Insalud de Zamora,
elaborados por sindicatos y por otros colectivos; en concreto hay uno
que lo mide con bastante precisión, hecho por la Federación de
servicios públicos de la Unión General de Trabajadores, que calcula
que es necesario, contemplando las circunstancias locales,
territoriales, de carreteras, comunicaciones, etcétera, aumentar al
menos en siete el número de ambulancias convencionales y en nueve el
de vehículos colectivos para organizar mínimamente el servicio. En
relación con lo que he dicho, también es necesario aumentar las
plantillas. No es el Insalud a través de los conciertos el que
aumenta las plantillas, pero si el concierto no está suficientemente
dotado, es imposible que se modifique la situación actual.

Por eso, la propuesta contempla aumentar partida en al menos un 60
por 100, que sería el mínimo necesario para dotar de vehículos y para
la modificación de plantillas, a la que también me he referido, que
garanticen un servicio mínimo.

En definitiva, señorías, las situaciones que se dan en el transporte
sanitario pueden ser más graves en unas provincias que en otras, en
unos territorios que en otros, dependiendo de circunstancias como las
que he
señalado, pero que no se pueden permitir porque no solamente indican
una mala organización de un servicio sino un malestar y una
inseguridad permanentes en la población en circunstancias como las
que he señalado.

Quiero terminar diciendo -lo he dicho al principio y lo reitero- que
es una situación generalizable. Con las dotaciones económicas de los
conciertos actuales (éste está prorrogado desde el día 30 de junio,
otros están en la misma fase o en una más retrasada), las situaciones
que he descrito son inevitables. Las empresas, lógicamente, van a los
concursos, pero es imposible que con esa dotación económica se pueda
tener las plantilla necesaria o se puedan renovar los vehículos. Por
darles algún dato, les diré que la inmensa mayoría de estos vehículos
no tienen calefacción; la renovación no se produce como debería
producirse; sería necesario que tuvieran elevadores, pero al menos un
tercio no los tiene. Por lo tanto, la dotación económica es la clave,
es la llave de la solución a una serie de problemas que, insisto, no
deberían producirse.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.




El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señorías, vaya por delante
que mi grupo comparte el interés del Grupo Parlamentario Socialista
por mejorar las condiciones del transporte sanitario; en todas las
provincias, sean responsabilidad o no del Insalud. Todo en la vida es
mejorable y en la sanidad pública seguro que también, por mucho que
se haga. Esto vale para todo el territorio, y por supuesto para la
provincia de Zamora. Por eso no dejan de sorprendernos algunos de los
aspectos que se expresan en la proposición no de ley, tal vez porque
en ese nuevo estilo que nos anuncian de hacer oposición, la oposición
bien entendida empieza por hacerse oposición a sí mismos; si no, no
se explica que usted no sepa que esos pliegos de condiciones, que
usted afirma que están muy lejos de reunir las condiciones mínimas
exigibles a un sistema de salud moderno, fueron aprobados por la
administración socialista el 1 de julio del año 1995 o que esos
pliegos fueron firmados por doña Carmen Martínez Aguayo (Rumores.-La
señora Valentín Navarro: Se revisan anualmente), directora general
del Insalud entonces o que quien autorizó el concurso público 1/1994,
que da lugar al actual contrato de prestación del transporte
sanitario que usted dice que no cumple las condiciones mínimas
exigibles para un sistema de salud moderno, fue la excelentísima
señora ministra de Sanidad y Consumo doña Ángeles Amador, hoy ilustre
miembro de este Parlamento, compañera suya de fatigas y nuestra de
actividad parlamentaria.

Convendrá conmigo, señoría, que Zamora sigue teniendo las mismas
características geográficas y



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demográficas, los mismos núcleos de población y la misma extensión de
carreteras, tal vez algo mejores que tenía en el año 1995. De estas
manifestaciones suyas, cuando menos, se extrae una cierta visión
parcial de la situación. Sin embargo, este Gobierno y el Ministerio
de Sanidad tienen muy claro la necesidad de aumentar progresivamente
la calidad del servicio del transporte sanitario. Además, somos
conscientes de la crisis que está atravesando el modelo tradicional
de funcionamiento de este transporte sanitario, que ustedes no
afrontaron y que, sin duda, genera preocupación en el sector y en la
propia Administración. Creo que hay que perfilar un nuevo paradigma
en el que el valor añadido tradicional de trasladar enfermos se ha de
potenciar y se ha de cualificar con nuevos valores, como trasladar al
paciente adecuado, con el vehículo adecuado, en el tiempo justo, con
confort y comodidad, con una manipulación sanitaria correcta, con
tecnología avanzada en movimiento y electromedicina, con formación e
intervención parasanitaria sobre el propio paciente, y todo ello,
además, a costes asumibles por el presupuesto público y por las
empresas que lo han de desarrollar.

Su señoría no plantea realmente una valoración global y un debate a
fondo sobre esta cuestión del transporte sanitario, le preocupa un
aspecto provincial. A nosotros nos preocupa Zamora, pero también
Ávila, Segovia, Soria, Salamanca, Valladolid y, por supuesto, tantas
otras comunidades autónomas que tienen transferencias en esta materia
y que no están haciendo, ni mucho menos, todo lo posible en este
ámbito. Por ello, se ha venido trabajando ya desde un primer momento
y en el acta de la mesa central de seguimiento del transporte
sanitario, en el ámbito de la gestión del Insalud, que se reunió en
julio de este mismo año, se adoptaron numerosos acuerdos para su
mejora, ya sea en la indicación y en el uso del transporte, en la
propia coordinación entre el transporte y el resto de los
dispositivos asistenciales, en las cláusulas administrativas y en las
prescripciones técnicas, en la revisión de los precios -acorde con
las nuevas demandas y las nuevas necesidades- y en la calidad e
innovación tecnológica de las empresas, con compromisos muy
concretos, que han sido asumidos por estas empresas, desde el diálogo
franco y abierto con la propia Administración.




Señorías, estamos en un proceso de adecuación forzosa del sistema de
transporte sanitario en todo el Estado. Buena prueba de esa
preocupación es que los recursos destinados por el Insalud para la
financiación y el desarrollo de este transporte sanitario partían en
1995 de una insuficiencia crónica de presupuesto, bajo cualquiera de
las modalidades de contratación que entonces existían, y se ha
realizado un esfuerzo que ha superado el 70 por 100 en la dotación
económica. Sin duda, somos conscientes de que hay que atender déficit
estructurales, de que hay que financiar nuevas necesidades, y desde
luego hay situaciones en España tan
delicadas -incluso diría que más- que la de la provincia de Zamora.

Pese a todo, es conocida la voluntad de este Gobierno de convocar,
como parte de todas las acciones de mejora general, un nuevo concurso
de transporte en la provincia de Zamora, con procedimiento ordinario,
bajo tramitación anticipada, para que surta efecto en enero del año
2001, con presupuestos adicionales que contemplen la financiación de
las nuevas exigencias. Para eso, señorías, habrá que elaborar un
nuevo pliego de condiciones que reconozca también aspectos a los que
la proposición no de ley no hace referencia, como la formación
asistencial del personal, las tecnologías telemédicas, las
comunicaciones, las ayudas a la circulación, la propia dimensión de
las empresas, la coordinación y la logística.

La proposición no de ley resulta seguramente, no lo dudo,
bienintencionada, pero en todo caso tardía e innecesaria, toda vez
que la política sanitaria del Partido Popular ya contempla para
Zamora, y afortunadamente para muchos otros lugares, un incremento
del número de vehículos, que en el caso de la provincia de Zamora
estoy en condiciones de decir que va a ser sustancial. Sinceramente,
no creo que sea labor de este Parlamento decidir si han de ser 50, 45
ó 40 el número de ambulancias. Usted no nos ha aportado ningún
estudio o criterio técnico para avalar esta cifra. Por la misma razón
habría que pedir que Ávila multiplicara por dos las 32 que tiene en
este momento -cosa que estoy convencido que satisfaría enormemente al
presidente de esta Comisión- o que Palencia multiplicara por dos las
26 que tiene o Segovia las 25 de las que dispone, por hablar de
provincias cercanas a la suya y a la mía, y que tienen una situación
muy similar. Zamora va a mejorar en este nuevo concurso muchas de sus
prestaciones, muchas otras además de las que cita en su proposición
no de ley, porque están recogidas ya en los acuerdos con el sector.

Se va a producir, como no puede ser de otra manera, un incremento
sustancial del importe económico de estos contratos, como
reconocimiento, en parte, de esa infravaloración de costes en que se
ha venido incurriendo en los últimos años en nuestro país con
respecto al transporte sanitario.

Señorías, para concluir, vamos a mejorar el servicio en la provincia
de Zamora, pero no a golpe de proposiciones no de ley, sino por el
trabajo serio, riguroso y consciente de los retos que el transporte
sanitario actual y de futuro tiene en estos momentos por delante. Un
trabajo que está haciendo este Ministerio, este Gobierno y este
partido, en el contexto de una política general sanitaria que se
resume en lo siguiente: más recursos, mejor gestión y mayor calidad
para el ciudadano en todos los ámbitos. (La señora Valentín Navarro
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Dígame, señora Valentín.




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La señora VALENTÍN NAVARRO: Señor presidente, por alusiones a un
miembro de este grupo parlamentario, me debería dejar intervenir,
aunque fuera un minuto, porque se han dicho cosas absolutamente
inexactas y ya es hora de que el Partido Popular y el Gobierno asuman
su responsabilidad también.




El señor PRESIDENTE: Señora Valentín, esta Presidencia no considera
que las alusiones hayan sido ofensivas en ningún caso. Ha sido un
recordatorio de fechas más o menos histórico, pero las alusiones
pueden ser las mismas que las que ha hecho hacia Ávila, hacia
Palencia o hacia otras provincias. No reabrimos el debate, señora
Valentín. Lo lamento mucho, pero no tiene S.S. la palabra.

Pasamos a la votación de todas las proposiciones no de ley. ¿Están de
acuerdo los portavoces en que iniciemos ya la votación o esperamos a
la afluencia de algún miembro de la Comisión? (Pausa.)
Procedemos a la votación de la primer proposición no de ley, relativa
al futuro del hospital central de Asturias en los términos de la
aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a la
asistencia médica y social de las personas
que sufren de fibromialgia, también en los términos de la aceptación
por parte del proponente de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Tercera proposición no de ley, sobre declaración como enfermedad
profesional de la hepatitis C contraída por el personal sanitario en
su puesto de trabajo, también en los términos de la aceptación de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Por último, pasamos a la votación de la proposición no de ley
relativa al concierto del servicio de ambulancias de Zamora.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticico minutos de la tarde.