CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 18



CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARGARITA MARISCAL DE GANTE MIRÓN



Sesión núm. 2



celebrada el martes, 23 de mayo de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Aprobación, en su caso, de la delegación a favor de la Mesa, a la que
hace referencia la resolución de la presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 042/000002.) . . .

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Comparecencia del señor vicepresidente primero del Gobierno y
ministro de la Presidencia (Rajoy Brey) para informar de las líneas
generales de la política de su Departamento. A petición propia
(Número de expediente 214/000012) y a solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista (Número de expediente 213/000013.) . . .

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.




APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA DELEGACIÓN A FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000002.)



La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías, señor ministro.

En esta primera sesión de la Comisión vamos a celebrar la
comparecencia del vicepresidente del Gobierno y ministro de la
Presidencia, a petición propia y solicitada también por el Grupo
Socialista, con lo cual se acumulan ambas peticiones. Sin embargo,
antes de empezar quisiera someter a la consideración de SS.SS. la
conveniencia de que se adopte un acuerdo, como se hace al inicio de
cada legislatura, de delegar en la Mesa la celebración de
comparecencias, según dispone el artículo 44 del Reglamento de la
Cámara. El acuerdo que adoptó la Comisión en la pasada legislatura es
el siguiente, y leo textualmente: De conformidad con lo establecido
en la resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de
1983, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se
refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso.

La propuesta que someto a la consideración de SS.SS. sería que la
Comisión adoptara el mismo acuerdo en esta legislatura. ¿Alguna
observación por parte de alguno de los grupos?



El señor LÓPEZ GARRIDO: No hay objeciones por parte de nuestro grupo,
pero quería que quedase claro que el sentido del acuerdo es que la
delegación a la Mesa es cuando no existe ninguna discrepancia en la
Mesa. Por tanto, en el momento en que existiese alguna discrepancia
en la Mesa, es decir, la no unanimidad, tendría que venir a la
Comisión para ser decidido. Entiendo que ése es el sentido de la
delegación y lo que se ha venido haciendo.




La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, según me indica el señor
letrado, el sentido que se le ha dado en esta Comisión, por los
antecedentes que existen, no es ése. Si quiere S.S.,
independientemente de que se haga constar en este momento, reunimos
antecedentes y lo dejamos a expensas exclusivamente de si la decisión
de la Mesa se toma por unanimidad o, si no, que pase a la delegación
para una posterior reunión.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Nuestra posición en estos casos es que, si no
hay unanimidad en la Mesa, tiene que ser la Comisión la que se
pronuncie sobre la decisión de esa delegación. Ésa es la posición de
nuestro grupo y, por tanto, lo que yo pediría es que en todo
caso se pospusiera esta decisión a una sesión posterior y que se
lograse un consenso a este respecto entre los grupos parlamentarios.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Bermúdez de Castro.




El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Intervengo para aceptar la
decisión de la Mesa de que se posponga esta decisión a una posterior
reunión de la Comisión. En todo caso, quiero adelantar que nosotros
no aceptamos el criterio que ha manifestado el portavoz del Grupo
Socialista.




La señora PRESIDENTA: ¿Alguna intervención más? (Pausa.)
Como he indicado antes, queda aprobado a expensas de una posterior
sesión de la Comisión, en la cual, una vez examinados los
antecedentes y entabladas conversaciones entre los grupos
parlamentarios, como ha manifestado el señor López Garrido, se
establecerán esas delegaciones siempre que exista unanimidad. En caso
contrario, bien se encargará la Comisión o será una delegación plena
como en anteriores legislaturas. (El señor López Garrido pide la
palabra.)
Señor López Garrido.




El señor LÓPEZ GARRIDO: He creído entender que ha dicho usted que
queda aprobado, pero supongo que ha querido decir que queda aplazado.




La señora PRESIDENTA: Sí, perdón.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (RAJOY BREY) PARA
INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU
DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA (Número de expediente 214/000012) Y A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000013.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos a celebrar las comparecencias previstas
en los puntos 2 y 3 del orden del día: Comparecencia del
excelentísimo señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de
la Presidencia, a petición propia, para informar sobre las líneas
generales de la política de su departamento, a la que se une otra
comparecencia suya a petición del Grupo Parlamentario Socialista para
informar sobre igual motivo.

Tiene la palabra, señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Señora presidenta, señoras y señores
diputados, es para mí un honor comparecer hoy en esta Cámara, en su
Comisión Constitucional, para informarles sobre las líneas de
actuación de mi departamento



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para la legislatura que ahora comienza. Ésta es mi primera
comparecencia aquí y quisiera afirmar mi absoluta disposición para
con todos ustedes y, lógicamente, mi intención, que no hacía falta
siquiera mencionar por cuanto que es una obligación, de cumplir con
mis deberes en relación con el Parlamento.

Con su permiso, voy a iniciar mi intervención haciendo referencia a
los asuntos que me van a ocupar en mi condición de vicepresidente
político del Gobierno para a continuación centrarme en los propios
del Ministerio de la Presidencia. El presidente del Gobierno planteó
en el debate de su investidura, en plena consonancia, como no podía
ser de otra manera, con lo afirmado en la campaña electoral, cinco
grandes objetivos a los españoles: trabajar para acercarnos al pleno
empleo, invertir en educación, innovación, comunicaciones, cultura y
medio ambiente para construir el futuro, promover el bienestar de los
españoles y la igualdad de oportunidades en una sociedad más
solidaria, conseguir una administración moderna adaptada a un Estado
de las autonomías dotado de un modelo de financiación renovado y
fortalecer la proyección internacional de España para ser más
protagonistas de un mundo abierto. Además, afirmó que el diálogo
sería pauta de comportamiento del Gobierno a lo largo de toda la
legislatura, dado que las reformas basadas en acuerdos son más
sólidas y duraderas y por ello ofreció un diálogo abierto a los
grupos parlamentarios e interlocutores sociales. Y en consecuencia
con lo anterior, planteó una serie de medidas para los próximos
cuatro años y afirmó su voluntad de intentar acuerdos sobre diversos
temas de interés máximo para el conjunto de España.

No tiene sentido, y además es conocido por todos ustedes, hacer ni
siquiera un resumen de los principales anuncios realizados en ese
debate por el presidente del Gobierno; sin embargo, creo que es
conveniente hacer unos breves comentarios que entiendo pueden ser de
su interés y quizás también del de parte de la opinión pública. Son
los siguientes. De los compromisos expuestos por el presidente Aznar
en el debate de investidura y del contenido del programa con el que
el Partido Popular concurrió a las elecciones generales se pueden
contabilizar de entrada más de medio centenar de proyectos de ley de
los que podemos llamar importantes -aunque el concepto importante es
un concepto jurídico indeterminado, como ustedes saben y, por tanto,
sujeto a discusión-, más de medio centenar de proyectos de ley que el
Gobierno deberá remitir a las Cámaras durante la presente
legislatura. La cifra es por sí misma importante como para que las
Cortes puedan desarrollar con plenitud su función legislativa, máxime
si tenemos en cuenta que a los proyectos de ley que el Ejecutivo se
ha comprometido a enviar, habrá que añadir la tramitación de otras
iniciativas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios y
por los Parlamentos autonómicos en el uso de las facultades que
constitucionalmente les corresponden, al margen también
de otros proyectos de ley gubernamentales de inexcusable
presentación y que si no fuera por su enorme trascendencia y
repercusión en la vida nacional podrían ser considerados de rutina
parlamentaria, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado
y sus correspondientes leyes de acompañamiento y al margen también de
otros que vengan impuestos por las necesidades emergentes de la vida
nacional que son analizadas y asumidas por la acción gubernamental.

Por tanto, podemos vaticinar una legislatura importante en el plano
legislativo desde una perspectiva puramente cuantitativa.

Además, y éste es el segundo comentario que quería someter a su
consideración, la legislatura será también importante desde el punto
de vista cualitativo. A título de recordatorio, y sólo a esos
efectos, en los próximos cuatro años hemos de abordar, de conformidad
con nuestros compromisos, algunas cuestiones institucionales
importantes como son, entre otras, la reforma de la financiación de
los partidos, la de los Reglamentos de las Cámaras, la regulación de
la comparecencia previa de los candidatos a aquellos puestos de las
instituciones del Estado reservados a la propuesta, aceptación o
nombramiento de las Cámaras, o la reforma del Senado.

Hay algunas también y muy importantes en materia judicial, como
abordar la ratificación del Tratado por el que se constituye el
Tribunal Penal Internacional, completar la reforma procesal civil, la
reforma del proceso penal o las Leyes Concursal, de Arbitraje y
Jurisdicción Voluntaria. Asimismo, en materia de organización
territorial del Estado, los nuevos modelos de financiación autonómica
y local, con algunos asuntos tan relevantes como la supresión del
impuesto de actividades económicas, y el refuerzo de la cooperación
Gobiernocomunidades autónomas.

De igual manera, en materia de empleo y política económica los
objetivos son ambiciosos: el equilibrio presupuestario en la Ley de
Presupuestos del año 2001, la ley general de estabilidad
presupuestaria, la nueva reforma del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, la ya citada supresión del impuesto de actividades
económicas, nuevos procesos de liberalización, continuar el proceso
de privatizaciones, la reforma de la normativa laboral, la adopción
de medidas para reducir el desempleo femenino, la reforma, que nos
gustaría fuera acordada y pronta, de la Ley de Extranjería, entre
otras muchas.

En materia de protección social, la renovación del Pacto de Toledo es
un asunto que merecerá nuestra atención, fundamentalmente la del
Parlamento y la de los grupos parlamentarios. En materia de
educación, las normas sobre humanidades, sobre la base de intentar un
refuerzo de su estudio, la nueva Ley de Reforma Universitaria y otros
muchos asuntos, entre los cuales para no abrumarles ni aburrirles
sólo voy a destacar: elPlan hidrológico nacional, la supresión del
servicio



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militar obligatorio y la Presidencia española del año 2002 y temas
europeos conexos.

De conformidad con la convicción manifestada en su día y antes
recordada, nos gustaría, sin perjuicio de que la voluntad de acordar,
compatible con la defensa de las propias convicciones, estará siempre
presente en el ejercicio de la acción del Gobierno, que llegásemos
a acuerdos básicos en al menos los siguientes temas: perfeccionar y
fortalecer nuestras instituciones democráticas, reforma de la Ley
Electoral, reforma de la financiación de los partidos políticos,
reforma del modelo del sistema público audiovisual, pacto de Estado
por la justicia, agencia del diálogo social, renovación del Pacto de
Toledo, definir un modelo de financiación autonómica estable,
fortalecimiento del papel de las corporaciones locales, Plan
hidrológico nacional y acuerdo nacional para desarrollar un sistema
moderno de formación profesional. Son, pues, ocho grandes propuestas
de acuerdo para esta legislatura.

El tercer comentario que quería hacer -el primero, les recuerdo, que
es una legislatura importante desde el punto de vista cuantitativo,
el segundo que también creo que lo va ser desde el punto de vista
cualitativo- va a versar sobre los pasos que va a dar el Gobierno en
un primer momento, es decir, sobre la actuación del Gobierno a lo
largo de éste y del próximo período de sesiones, un poco lo que es la
ordenación de la agenda, ordenación que lógicamente tiene que ser
flexible, puesto que, como todos ustedes saben, estos proyectos están
sujetos a lo que son las circunstancias habituales que se producen en
la vida política. En principio, la idea es la siguiente: empezaremos
a trabajar en la reforma de la normativa laboral. Ya anuncio el
comienzo de negociaciones; el presidente del Gobierno recibirá a los
distintos interlocutores sociales en próximas fechas y, después, el
ministro de Trabajo comenzará las reuniones con los mismos y los
grupos parlamentarios.

En segundo lugar, es nuestra intención la pronta convocatoria del
Pacto de Toledo a los efectos establecidos en el discurso de
investidura. Como ustedes saben, el Pacto de Toledo es un pacto
parlamentario, y el ministro de Trabajo comenzará en próximas fechas
unas reuniones con los grupos parlamentarios y con las organizaciones
sociales a los efectos de trabajar en la renovación del mismo.

En tercer lugar -ya se ha producido-, se ha creado una delegación del
Gobierno para la inmigración, tal y como se había planteado en el
programa electoral y, posteriormente, en el discurso de investidura
que presentó el presidente del Gobierno ante esta Cámara.

Nos gustaría la pronta regulación de la comparecencia previa de los
candidatos a aquellos puestos de las instituciones del Estado
reservados a la propuesta, adopción o nombramiento de las Cámaras;
nos gustaría que se hiciera a la mayor celeridad la reforma del
Reglamento, y que antes hubiera, como parece que así se ha producido,
una regulación provisional, es un
asunto de la Cámara, pero el Gobierno ha manifestado su disposición y
su petición de que así se haga; apoyaremos la negociación con los
grupos parlamentarios para los nombramientos institucionales
pendientes, y nos gustaría aprobar antes de que se cierre el actual
período de sesiones el nombramiento del Defensor del Pueblo y después
negociar los nombramientos en el Consejo de Radiotelevisión Española,
Consejo de Universidades y Junta Electoral Central, que son las
instituciones que están pendientes, la ratificación del Tratado por
el que se constituye el Tribunal Penal Internacional, que ya ha sido
aprobada por el Consejo de Ministros -supongo que ya habrá tenido
entrada en esta Cámara- y que nos gustaría -ya hemos iniciado
contactos- negociar con los distintos grupos parlamentarios;
aprobaremos un paquete de medidas económicas y de reformas
estructurales en el Consejo de Ministros del próximo mes de junio que
posteriormente remitiremos a la Cámara; convocará el ministro de
Administraciones Públicas para la elaboración de los pactos locales
autonómicos, que entiendo debe ser una convocatoria de partidos a lo
largo del próximo mes de junio; nos gustaría presentar a la mayor
celeridad posible una reforma de la Ley de Extranjería, y lógicamente
buscar el acuerdo y pacto con las distintas fuerzas políticas;
aprobaremos en el período establecido legalmente el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, uno de cuyos
objetivos básicos, como todos ustedes ya conocen y yo he reiterado
antes, es la supresión del déficit; presentaremos a lo largo del
presente año el Plan hidrológico nacional ante las Cortes Generales e
iniciaremos a lo largo de este año conversaciones para el pacto de
Estado sobre la justicia y sobre financiación autonómica y reformas
de la Ley de Haciendas Locales, aunque este es un asunto que, como
todos ustedes saben, deberá aprobarse y constará en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002, que se presentarán antes del
1.o de octubre del año 2001, y presentaremos antes de fin de año
también un plan nacional forestal, e iniciaremos conversaciones sobre
la financiación de los partidos políticos.

Por tanto, el tercer comentario que quería hacerles a todos ustedes
es dar una idea aproximada de lo que queremos que sea el calendario
político, por lo menos desde el punto de vista del Gobierno, y de
cuáles son sus iniciativas en lo que resta del año 2000.

En cuarto lugar, con su permiso, voy a hacer una referencia un poco
más detallada a aquellos asuntos que están más próximos a las
competencias que, como vicepresidente del Gobierno y también como
ministro de la Presidencia, asumo, comenzando, en primer lugar, por
la reforma de los reglamentos de las Cámaras.

El objetivo del Gobierno y el propósito que yo manifiesto aquí es el
de facilitar al máximo las reformas de esos reglamentos que permitan
el incremento de la eficacia de la actividad parlamentaria en
general, de tal manera que nuestras Cortes Generales continúen
afianzándose



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como el eje de la política nacional en la línea ya iniciada en
anteriores legislaturas. No se puede olvidar que el Parlamento es el
órgano que representa la voluntad popular dentro de una sociedad
plural y democrática. En este sentido, las relaciones de cooperación
ente Gobierno y Cortes Generales tienen que concebirse y
estructurarse sin olvidar la perspectiva de la satisfacción de las
demandas sociales y un mejor futuro para todos y de los esquemas
propios de un Estado social y democrático de derecho.

El Parlamento debe responder a la evolución y conformación de la
sociedad misma, respetando siempre las distintas ideologías aquí
representadas con la vista siempre puesta en la Constitución y
admitiendo las múltiples posibilidades que ofrece para ordenar la
convivencia en paz y libertad. Conscientes de ello, el Gobierno
facilitará la reforma reglamentaria de ambas Cámaras sobre la base
del mayor consenso político posible entre las fuerzas con
representación parlamentaria.




El Gobierno apoyará las iniciativas de las Cámaras tendentes a
mejorar su papel institucional y el ejercicio eficiente y eficaz de
sus funciones más tradicionales, como son la legislativa y la de
impulso y control del Gobierno, y hará los esfuerzos que sean
necesarios para que la actividad parlamentaria de autorregulación
-valga la expresión- cuente, como acabo de decir, con el mayor apoyo
posible de todos los grupos políticos presentes en el Parlamento.

En este sentido, quiero recordar que la modificación consensuada de
los reglamentos de las Cámaras, como ya sabemos por experiencias
anteriores, no suele ser cuestión fácil ni baladí, y lo sucedido en
la precedente legislatura con el del Congreso es buena prueba de
ello, aunque fue reconfortante escuchar la posición de algunos
portavoces en el debate de investidura cuando aceptaron retomar las
conversaciones sobre este asunto y lo hicieron con un talante -al
menos yo lo he visto así- francamente optimista y positivo.

Pero lo que yo quisiera llevar en este momento al ánimo de las
señoras y señores diputados que me escuchan es que por nuestra parte
estamos dispuestos sinceramente a considerar cualquier propuesta
razonable encaminada a perfeccionar el trabajo parlamentario en las
Cámaras, mejorar en algunos aspectos el papel de los grupos y al
mismo tiempo facilitar el de los parlamentarios, y hacerlo sin que
influyan los intereses más inmediatos, sino con la vista puesta en el
espíritu que animó a los constituyentes en la redacción del Título
III, sobre las Cortes Generales. Recuperar el sentido de aquel
esfuerzo, de aquellas ilusiones, después de más de veinte años, debe
ser la actitud con que acometamos las tareas que nos aguardan para el
fortalecimiento de la actividad parlamentaria.

Y no quisiera en este momento -no es el más oportuno, por otra parte-
entrar en detalles sobre medidas concretas para agilizar el
procedimiento legislativo
común, facilitar el control periódico del Gobierno en el Pleno de la
Cámara o alcanzar una mejor estructura de los principales debates,
como puede ser el del estado de la Nación. No anticipemos la
discusión, pero en lo que sí quisiera insistir es en que los puntos
de acuerdo inicial alcanzados durante la anterior legislatura y el
listado de cuestiones pendientes nos permiten ser optimistas
y encarar esta tarea con buen ánimo y talante, de tal manera que pueda
estar concluida antes del paso del ecuador de la legislatura.

En segundo lugar, quiero hacer una referencia a la financiación de
los partidos políticos. El meritorio trabajo realizado por la
ponencia de esta Comisión designada para preparar el informe que
unificara los distintos textos presentados permite contar con un buen
punto de partida que sirva ahora para aclarar e integrar posiciones
en torno a las principales cuestiones que constituyen el contenido de
la nueva norma. Este es el criterio gubernamental inicial, y su
propósito es que pueda llegarse a acuerdos definitivos que completen
el consenso en torno a una ley necesaria y conveniente para ofrecer a
nuestros conciudadanos una mayor transparencia sobre una cuestión tan
delicada y compleja como es la financiación de los partidos
políticos, cuestión, insisto, de innegable trascendencia dentro del
marco de revitalización de las instituciones básicas para la
democracia. El impulso democrático permanente supone, entre otras
cuestiones, mantener y aumentar la credibilidad de la sociedad en los
partidos políticos. Pues bien, para ello se tiene que ofrecer una
regulación realista y moderna sobre el mantenimiento financiero de
estas organizaciones, pero también que goce de credibilidad ante la
sociedad y en la que los partidos políticos que ofrecen sus opciones
de gobierno y con ellas su propósito de llegar al poder estén
sinceramente comprometidos en su cumplimiento.

El planteamiento, como se ve, tiene que ir más allá de mejorar y
actualizar un determinado régimen jurídico que afecta vitalmente al
funcionamiento de los partidos. El planteamiento excede de su aspecto
más formal para trascender al terreno de los valores morales y
éticos. Estamos, pues, ante una pieza clave de la regeneración
institucional.

En tercer lugar, quisiera también hacer algunos comentarios sobre la
reforma del régimen general electoral, que es otra de las cuestiones
que deberíamos abordar dentro de este contexto de fortalecimiento de
las instituciones democráticas. No fueron infrecuentes las reformas
parciales introducidas durante la legislatura precedente, algunas de
ellas precisamente a propuesta de todos los grupos parlamentarios;
otras para trasponer una directiva comunitaria sobre elecciones
municipales o incorporar determinadas figuras de control político que
estaban aún inéditas en el ámbito propio de la Administración local,
en este caso formando parte del contenido del llamado pacto local.

Ahora de lo que se debe tratar es de presentar nuevas modificaciones



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encaminadas a mejorar la representatividad y, consecuentemente, la
participación de los ciudadanos, el perfeccionamiento en el
funcionamiento de determinadas instituciones democráticas y la mejora
y consolidación de su gobernabilidad, al margen de aventuras efímeras
poco convincentes para los electores.

Existen iniciativas legislativas de diversos grupos, presentadas en
la VI Legislatura, que nos permitirán valorar sus principales
propósitos e inquietudes. En cualquier caso, el perfeccionamiento del
régimen jurídico electoral está sujeto tanto a necesidades puntuales
y concretas que hay que atender con perentoriedad -como sucedió en la
pasada legislatura ante la coincidencia de tres convocatorias
electorales de distinto ámbito- como a reformas de mayor calado, cuyo
objetivo esencial atañe al funcionamiento democrático de determinados
órganos representativos.

En cuarto lugar, quisiera hacer un comentario sobre un asunto que
antes mencioné, y en concreto cuando hacía referencia al calendario
político. A nosotros nos gustaría que se procediera a la pronta
regulación de la comparecencia previa de los candidatos a aquellos
puestos de las instituciones del Estado reservados a la propuesta,
aceptación o nombramiento de las Cámaras. Nos gustaría que esta
presencia de los candidatos tuviese carácter público y, por tanto,
que la misma no se produjera a puerta cerrada, en el bien entendido
de que esta no es una decisión que competa al Gobierno sino a la Mesa
de la Cámara y a los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios, pero en cualquier caso el Gobierno tiene derecho, y
así lo hace, a manifestar su opinión y entiende que estas
comparecencias deberían ser públicas y abiertas.

En quinto lugar, como ya he señalado antes, el Gobierno tiene el
máximo interés y hará todo cuanto esté en sus manos para que la
renovación de persona pueda realizarse a la mayor celeridad posible,
y si fuera posible en este período de sesiones, me refiero al
Defensor del Pueblo, a la Junta Electoral, al Consejo de
Universidades y al Consejo de Radiotelevisión Española, y me gustaría
hacer una consideración a todas las señoras y señores diputados y
también, si me lo permiten, me la hago a mi mismo. El no ponerse de
acuerdo en estos asuntos ni da un voto ni lo quita, pero desde luego
no contribuye, más bien todo lo contrario, al crédito de las
distintas fuerzas políticas. Por tanto, partiendo de esto, en lo que
creo estamos todos de acuerdo, entiendo que todos, incluido yo, como
ya he señalado, deberíamos hacer un esfuerzo para evitar que se
produzcan acontecimientos como estos, para evitar, por ejemplo, que
el Consejo de Universidades, que debía de haber sido renovado en el
año 1998, esté todavía con la composición que tenía en el año 1994.

Por último, dentro de estos asuntos que están más próximos a mis
competencias como vicepresidente del Gobierno y ministro de la
Presidencia, creo que debemos hacer un esfuerzo para completar
algunas cuestiones
aún pendientes de desarrollo constitucional, me refiero a la
regulación de los derechos de asociación, petición y a los colegios
profesionales.

Nos encontramos, como muy bien saben todos ustedes, ante materias
cuyo tratamiento normativo es preconstitucional. Algunos grupos
presentaron en anteriores legislaturas iniciativas encaminadas a
actualizar la ordenación normativa de algunos de estos derechos;
también un Gobierno anterior remitió a la Cámara durante la IV
Legislatura un proyecto de ley que contenía reformas puntuales y
concretas de la antigua Ley de Colegios Profesionales de 1974,
básicamente para derogar y modificar los preceptos que pugnaban más
abiertamente con algunos principios constitucionales, tales como los
de libre competencia y libertad de empresa. El proyecto caducó por la
disolución anticipada de las Cámaras. También hubo, como recordarán
SS.SS., una nueva intentona de reforma parcial en la legislatura
mediante el mecanismo de la ley de acompañamiento, que tampoco llegó
a feliz término.

Creo, señoras y señores diputados, que ahora estamos en buenas
condiciones para acometer la regulación de dos derechos
fundamentales, como pueden ser los de asociación y petición, desde
una perspectiva constitucional y en el contexto de una sociedad
plural, libre y democrática, tratamiento normativo dado en su momento
a los derechos de asociación y de petición dentro del esquema
autoritario propio del régimen anterior, que tienen muy poco o nada
que ver con el ámbito del régimen democrático que felizmente
disfrutamos; y también una regulación completa de nueva planta de la
de colegios profesionales. Se trata de dar un enfoque positivo a
estas instituciones de trascendencia y relevancia para la vida
política, social y económica de nuestro país, y no sólo con el fin de
adaptar el contenido material de su marco normativo a principios
constitucionales, como pueden ser los antes aludidos, o el de
garantizar que su estructura interna y funcionamiento sean realmente
democráticos, o para efectuar la distribución de competencias entre
el Estado y las comunidades autónomas, lo que ya se ha hecho en
numerosos casos a través de sus estatutos de autonomía. También será
oportuno configurar estos colegios de completa catalogación jurídica
de tal manera que se mantengan alejados de las tentaciones propias
del corporativismo insolidario.

Después de estas consideraciones previas pasaré a desarrollar
brevemente las actuaciones previstas para cada uno de los organismos
dependientes del Ministerio que tengo el honor de presidir.

Por lo que respecta al área de la Subsecretaría, esta desempeña
importantes funciones dentro de la labor del Gobierno. De entre ellas
destacaré la asistencia administrativa al Consejo de Ministros, a las
Comisiones delegadas del Gobierno y a la Comisión general de
secretarios de Estado y subsecretarios, así como la elaboraciónde
informes sobre iniciativas parlamentarias



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presentadas en el Congreso y en el Senado, sin perjuicio de la
competencia en la materia de la Secretaría de Estado de Relaciones
con las Cortes y la elaboración de las disposiciones de carácter
general del departamento. A título de recordatorio -seré breve pero
creo que tiene cierto interés-, durante la VI Legislatura han sido
examinados por el secretariado del Gobierno 12.368 asuntos en la
Comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios y, de
ellos, 179 corresponden a anteproyectos de ley y 2.912 a proyectos de
reales decretos. En el ámbito del Consejo de Ministros se han
aprobado un total de 19.757 asuntos, correspondiendo 172 a proyectos
de ley y 880 a reales decretos. Las comisiones delegadas del Gobierno
han examinado 1.108 asuntos, de los que la inmensa mayoría (1.045)
corresponden a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, que ha celebrado reuniones regulares los jueves de cada
semana. Asimismo, el Consejo de Ministro ha adoptado 102 acuerdos
relativos a conflictos constitucionales y declaraciones de
inconstitucionalidad. En el terreno de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de disposiciones emanadas, tanto desde el Gobierno
como de otros organismos o entes, corresponde a las primeras la
publicación, desde mayo de 1996 hasta abril del 2000, de un total de
62.257 textos y de 45.324 a las segundas, de las que destacan las
remitidas por corporaciones locales y universidades.




Ya dentro de las actuaciones previstas por la Subsecretaría para esta
legislatura que ahora comienza, hay que señalar, entre otras, las
siguientes. En primer lugar, la expansión del correo electrónico a
todas las comunicaciones relacionadas con el funcionamiento de los
órganos colegiados del Gobierno. En la actualidad la remisión
informatizada de documentos supone un 20 por ciento del total de la
actividad desarrollada y se prevé la transmisión informática de la
totalidad de los documentos que versen sobre asuntos incluidos en el
orden del día de los órganos colegiados (anteproyectos de ley,
proyectos de reales decretos leyes, proyectos legislativos,
etcétera), cuyo número actual se sitúa en torno a los 27.000
documentos. Este procedimiento implica una mayor celeridad en la
tramitación de asuntos, así como el funcionamiento de los servicios
más eficaz y seguro.

En segundo lugar, la informatización de las comunicaciones en el
«Boletín Oficial del Estado» para la publicación de disposiciones
generales y resoluciones del Gobierno. En la actualidad, la
utilización del correo electrónico en relación con la publicación de
disposiciones generales y resoluciones representa un porcentaje
aproximado del 50 por ciento, y se prevé su extensión hasta el cien
por cien en los próximos años de los entre 13.000 y 18.000 textos
legales o resoluciones.

En tercer lugar, la elaboración -debe decirse continuación porque ya
se han firmado algunos- de convenios de colaboración entre la
Administración General
del Estado y las comunidades autónomas para la publicación de las
leyes en las lenguas oficiales respectivas. Con ello pretendemos dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 489/97, de 14 de abril,
que prevé en su artículo 1.2 que las disposiciones con rango de ley,
reales decretos-leyes y reales decretos legislativos publicados en
castellano pueden también publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado» en las demás lenguas oficiales de las diferentes comunidades
autónomas.

En cuarto lugar, tenemos previsto un plan de inversiones, mediante el
cual completaremos el proceso de reforma y modernización del complejo
de La Moncloa y sus diferentes dependencias. Por último, la mejora
del equipamiento informático y de las redes de comunicación. En este
ámbito se prevé la mejora y ampliación de las instalaciones de
informática, la adquisición de nuevos ordenadores personales y la
renovación de comunicaciones del departamento de infraestructura y
seguimiento para situaciones de crisis.

Por otra parte, vamos a potenciar la presencia del Ministerio en el
terreno internacional, especialmente las relaciones con países
iberoamericanos. Existen diversas líneas de actuación que coinciden
con los objetivos y funciones del departamento. Trataremos de
colaborar, en la medida de lo posible, en los procesos de reforma del
Estado y reforzamiento de la gobernabilidad democrática que están
abordando diversos países con los que tenemos especiales
vinculaciones históricas y políticas. Asimismo, y en coincidencia con
otros países de nuestro entorno, en especial de la Unión Europea,
dedicaremos renovados esfuerzos al análisis de los procesos y
técnicas regulatorias, en la idea de que nuestro país se sitúe en el
grupo de cabeza de aquellos que pretenden implantar y conseguir lo
que ya viene denominándose una mejor regulación. Esto es, mejores
normas, más sencillas, sin exceso reglamentista y que puedan ser
entendidas por sus destinatarios. Esto implica la participación en
los foros internacionales que se ocupan de estas cuestiones,
especialmente el ámbito de la Unión Europea y de la OCDE.

Por último, en lo que se refiere a las publicaciones oficiales,
corresponde al Ministerio de la Presidencia dirigir la Junta de
Coordinación de Publicaciones Oficiales, órgano de carácter
interministerial con importantes competencias en la materia, entre
ellas la elaboración del plan de publicaciones oficiales para su
elevación al Consejo de Ministros. En este ámbito continuaremos el
esfuerzo por mejorar la eficiencia de la actividad administrativa,
tratando de conseguir los mejores resultados con el menor coste
económico, potenciando la coedición de obras entre diversas entidades
y con editores privados.

Voy a referirme, a continuación, al Centro de Investigaciones
Sociológicas. Este centro se crea en 1937 como continuador del
extinto Instituto de la Opinión Pública, fundado en 1963. En 1990 se
transforma en organismo autónomo administrativo con adscripción al



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Ministerio de la Presidencia directamente a través del titular del
departamento. La modernización del CIS se produce por la Ley 39/1995
y se completa definitivamente por el Real Decreto 1214/1997, de
organización del CIS. Manteniendo la finalidad específica que siempre
tuvo el centro, el estudio científico de la sociedad española, la
nueva identidad del CIS, que le impone la citada normativa, se plasma
en una especial vinculación con las Cortes Generales, así como en el
establecimiento de los principios de transparencia en su actuación
y de acceso público igual de los ciudadanos a los resultados de su
actividad científica. Tras la promulgación en julio de 1997 del real
decreto de organización del centro, la principal tarea del organismo
durante la pasada legislatura no fue otra que el desarrollo,
adecuación y adaptación de su actividad a los principios que les
acabo de señalar. Pues bien, con independencia de los nuevos
proyectos, programas o líneas de actuación que puedan establecerse en
un futuro, parece que la mejora continua de la informatización del
banco de datos será un objetivo permanente durante esta legislatura,
ya que ello garantizará la transparencia y el cumplimiento del
principio de igual acceso de todo ciudadano a los datos del CIS. Está
en curso y a punto de finalizarse el desarrollo de un banco de datos
de series de preguntas del CIS, gestionado en entorno web y orientado
específicamente al almacenamiento, gestión y tratamiento de las
series temporales de preguntas de encuestas. Ello representará un más
fácil acceso a las series del banco de datos, algo muy demandado
hasta ahora por los usuarios que precisan utilizar el material del
CIS para sus investigaciones.

Por otra parte, si bien durante el año 1999 se presentó oficialmente
el archivo de datos sociales, Arces, será durante el presente período
legislativo cuando se desarrolle y consolide este importantísimo y
prioritario proyecto para el CIS. En pocas palabras, se trata de un
servicio que desde el banco de datos del CIS proporcionará a todo
usuario el acceso a estudios sociales de todos los archivos del mundo
a través de redes internacionales. Ello implica a nivel nacional la
suscripción de convenios con los distintos organismos públicos y
privados propietarios de información de encuestas sociales españolas,
con el fin de centralizar esa información en Arces. A nivel
internacional conlleva la consolidación de los compromisos adquiridos
con las organizaciones que poseen y canalizan esta información,
principalmente norteamericanos y europeos, con el fin de garantizar
la conexión con sus bancos de datos. Arces facilitará la realización
de estudios comparados dentro y fuera de España, así como la
obtención de información, desde el banco de datos del CIS, de los
mismos temas y problemas en España y en otros países. El catálogo de
Arces se presenta actualmente en Internet.

Finalmente, desarrollaremos una herramienta de consulta y estudios en
Internet. Se pretende disponer de una aplicación que permita
visualizar los resultados
de las encuestas en la red de forma similar a como son presentados en
los CD-ROM. La aplicación tendrá las características adecuadas para
entornos con transmisión lenta de los datos e incorporará las mejoras
que pueden obtenerse por la utilización de una red integrada, como es
Internet.

Por lo que respecta a las publicaciones, vamos a seguir con las
actuaciones ya iniciadas, señalando que los principales refuerzos se
encaminarán a la obtención de una racionalización de las tiradas y a
una mejor distribución de las publicaciones, con el fin de que sus
precios se aproximen al coste de las impresiones y de la adquisición
de los derechos de edición. En esta línea, se pretende fomentar una
política de coediciones con otros organismos e instituciones, tanto
públicas como privadas, que estén interesadas en publicar,
conjuntamente con el CIS, obras de carácter sociológico de interés
común. Se mantendrán, pues, Reis y el Boletín de Datos de Opinión,
como publicaciones periódicas, así como las colecciones: academia,
monografías, cuadernos metodológicos, opiniones y actitudes y libros
fuera de colección.

Por lo que respecta al «Boletín Oficial del Estado» que, como todos
ustedes saben, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la
Presidencia y que tiene el carácter de medio de información oficial
desde 1762, éste tiene a su cargo, entre otras funciones y servicios,
la edición, distribución y venta del diario oficial. En la pasada
legislatura el «BOE» recibió un notable impulso de modernización.

Así, se trasladó a un nuevo edificio de 30.000 metros cuadrados,
dotado de las instalaciones específicas que requiere una imprenta
oficial. Con motivo de ese traslado se realizó la sustitución de
buena parte de los equipos y máquinas, lo que ha permitido una
sustancial mejora de los trabajos. Además, se ha dado un fuerte
impulso a la profesionalización del organismo, mediante la exigencia
y titulación de artes gráficas al personal de nuevo ingreso y
mediante un notable incremento en el apartado de formación del
personal.

Otra de las innovaciones realizadas se refiere a Internet. El día 1
de julio de 1998 el «BOE» comenzó a ofrecer algunas secciones del
diario oficial en Internet de forma experimental. Desde el 1 de enero
de este año el diario oficial se ofrece en Internet de modo
ininterrumpido y gratuito. Al día de hoy, el «Boletín Oficial del
Estado» sigue inmerso en un proceso de cambios técnicos importantes,
sobre todo en lo que se refiere a los medios de transmisión de sus
contenidos, así como a la posibilidad de la ampliación de los
servicios que ofrece. Se puede afirmar con toda justicia que la
edición electrónica marca el ritmo del sector en su avance hacia la
sociedad de la información, aunque pienso que durante bastante tiempo
seguirá existiendo una combinación de medios tradicionales y
electrónicos. Este cambio, producido por la irrupción de la edición
electrónica, dará lugar a modificaciones estructurales que



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afectarán a las ventas, al marketing, a la producción, al servicio al
cliente y a la formación, entre otros. La potenciación de Internet
será en el próximo cuatrienio una clara prioridad del «Boletín
Oficial del Estado». La edición del diario en Internet, que alcanzará
en este mes de mayo más de cuatro millones de accesos desde noventa y
siete países, será perfeccionada mediante sistemas más adecuados de
presentación de las páginas y mediante la ayuda de un buscador que
facilite la selección de textos en el diario. En este mismo contexto
de Internet, se hará un esfuerzo de mejora del software Paboe con el
fin de facilitar la accesibilidad en la tramitación de los anuncios
en los diarios. Por último, se implantará el comercio electrónico
para las suscripciones a los diarios y para la venta de libros y
otros productos del organismo. También potenciaremos la recepción de
originales mediante correo electrónico hasta alcanzar un porcentaje
cercano al 100 por cien.

Desde otro punto de vista, se van a acometer reformas importantes en
la infraestructura de los procesos con el objetivo de trabajar con la
máxima calidad. Así, en la imprenta se va a avanzar en un proyecto de
revisión de procesos que culminará en un manual de calidad con el fin
de optar a la certificación ISO-9002. Del mismo modo, se pondrá en
marcha un proyecto de calidad, de acuerdo con el modelo europeo de
gestión de calidad, que abarcará al organismo en su conjunto.

Me referiré a continuación al Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Se trata de un organismo autónomo, adscrito al
Ministerio de la Presidencia, que forma y custodia un exhaustivo y
variado fondo documental y bibliográfico sobre materias de relevancia
político-constitucional, tales como el derecho constitucional, teoría
del Estado, teoría de la Constitución, y elabora importantes
publicaciones sobre estas materias. Realiza y promueve asimismo una
rica pluralidad de estudios e investigaciones y desarrolla con
periodicidad diversa distintos ciclos, cursos, seminarios y
ponencias, prestando especial atención a todas aquellas cuestiones
relativas a instituciones propias de los países iberoamericanos y a
la proyección de España en la Unión Europea. El centro presta
asistencia y asesoramiento a las distintas instituciones y
administraciones públicas del Estado, haciendo especial hincapié en
lo relativo a todo aquello que afecta al Ministerio de la
Presidencia.

Dentro de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en la pasada
legislatura, sin duda debo destacar el gran impulso que se ha dado a
los valores constitucionales con ocasión de la celebración del
vigésimo aniversario de nuestra Constitución. Se han celebrado
importantes eventos y se han publicado cuatro magníficos libros sobre
la Constitución española. Además, se han puesto en marcha, en
colaboración con el Senado y con el Ministerio de Educación y
Cultura, dos jornadas que, con el título de Democracia y educación
principios y valores de la Constitución española, se han
impartido al cuerpo de profesores de enseñanza media. También se ha
reestructurado e impulsado el curso de especialización en derecho
constitucional y ciencia política, considerado como el máster más
importante impulsado por la Administración española sobre las
materias mencionadas. Se ha fomentado la cooperación institucional,
tanto dentro de España como en el extranjero, sobre todo en el ámbito
iberoamericano, y se han concretado acercamientos a la sociedad civil
mediante la celebración de conferencias con ocasión del centenario de
la muerte de Cánovas del Castillo y la convocatoria de diferentes
premios, entre los que hay que destacar el premio Francisco Tomás y
Valiente, el premio Nicolás Pérez Serrano, etcétera.

En cuanto a las actividades previstas por el centro para los próximos
cuatro años, destacan entre otras la publicación de una historia de
España de pequeño formato, ilustrada, destinada fundamentalmente a
centros oficiales, embajadas y medios de comunicación, con el fin de
ofrecer una visión objetiva y básica de nuestro devenir histórico.

También la publicación de las más importantes discusiones
parlamentarias de nuestra historia política, que se iniciará con la
obra de las Cortes de Cádiz y en concreto con la edición de los
debates parlamentarios sobre la abolición de la Inquisición y sobre
la libertad de imprenta, considerados por la mayor parte de la
doctrina como los más importantes y transformadores de nuestro primer
constitucionalismo. Finalmente, se ha pensado en la edición de los
textos constitucionales iberoamericanos; tal proyecto cristalizará en
una serie de volúmenes dedicados a los diferentes países, donde se
incluirán todos los textos constitucionales históricos, así como el
vigente. El primer volumen estará dedicado a Méjico y el segundo a
los países centroamericanos; ambos están ya en proceso de
elaboración. Además de estas publicaciones, el centro tiene previsto
celebrar una serie de jornadas sobre Constitución y derecho de
propiedad, sobre derechos y protección integral de los minusválidos,
sobre democracia y educación, sobre protección de los derechos
fundamentales, etcétera.

Por lo que respecta a Patrimonio Nacional, dependiente también del
Ministerio de la Presidencia, debo señalar que se trata de un
organismo reconocido en el artículo 132 de la Constitución cuyo
cometido es administrar los bienes públicos afectos al servicio de Su
Majestad el Rey y demás miembros de la Real Familia para el ejercicio
de las funciones de alta representación que la Constitución y las
leyes les encomiendan y, en la medida en que sea compatible con lo
anterior, poner tales bienes a disposición de la cultura, la ciencia
y la investigación. Estos bienes proceden del mecenazgo de los reyes
de España, reunido y conservado a lo largo de los siglos como
patrimonio regio, patrimonio de la Corona, Real patrimonio, etcétera.

Durante la legislatura 1996-2000, Patrimonio Nacional ha realizado un
importante esfuerzo con objeto de



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modernizar el servicio que este organismo presta a la sociedad y de
potenciar el valor de los bienes que administra el legado histórico
de la Corona. Los objetivos de este organismo han podido acometerse
gracias a un importante incremento presupuestario, especialmente en
el capítulo referido a inversión, que ha pasado de 1.332 millones al
principio de la legislatura a 4.239 millones en el año 2000. Ello ha
permitido, entre otras actuaciones, la organización y disposición
dentro del Palacio Real de Madrid de unas salas de exposiciones
temporales, con 800 metros de superficie útil y que permitirán la
realización de una programación propia de exposiciones; exhibir a
medida que sean restauradas piezas y objetos que figurarán en el
futuro museo de colecciones reales, establecer relaciones de
intercambio con otras instituciones culturales nacionales y
extranjeras, etcétera. También reabriremos la Real Armería de Madrid,
que había sido cerrada al público en 1994 debido a la necesidad de
renovar su plan expositivo. Con esta reapertura se hace nuevamente
accesible al público la colección española de armas y armaduras,
devolviéndola su esplendor con un nuevo planteamiento museológico
incluidos los tapices. Su visita será independiente de la del Palacio
Real, lo que en términos prácticos supone un nuevo atractivo cultural
para Madrid; está prevista para el mes próximo. Se está trabajando
también en el centro de recepción de visitantes del Palacio Real de
Madrid, como punto de acceso del público que visite el palacio, que
ofrecerá en su interior los servicios propios de cualquier museo
moderno, mejorará el acceso no turístico al palacio y ya dentro de
éste devolverá el sentido solemne al zaguán de entrada, ocupado hoy
por mostradores de venta de recuerdos. Supondrá, finalmente, el
inicio de la informatización de las taquillas y de su gestión en el
ámbito de patrimonio nacional. Se prevé su finalización para el
próximo verano.

Por último, el museo de colecciones reales es un objetivo de la
anterior legislatura, que por su envergadura, lo es también de la
legislatura 2000-2004. Se trata de un espacio subterráneo situado
entre la plaza de la Almudena y la verja de la plaza de armas del
Palacio Real, con una superficie útil aproximada de 36.000 metros
cuadrados distribuidos en siete plantas bajo rasante. Está en estos
momentos en fase de redacción del proyecto arquitectónico. Por el
tratamiento de la fachada que da vista al Campo del Moro, la idea
elegida en el concurso no tendrá impacto visual negativo. La
propuesta de un museo capaz de exponer tapices, en el que además
cupiesen carruajes de tiro y vehículos a motor, así como piezas de
artes decorativas, fue presentada por el Ministerio de la Presidencia
a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales, que la
aprobó en su reunión de 23 de noviembre de 1998. El museo está en
fase de redacción de proyecto arquitectónico, el cual deberá estar
concluido para el verano de forma que a final de año se pueda colocar
la
primera piedra. El museo de las colecciones reales aportará a la
historia de Madrid los restos arqueológicos de la muralla árabe de la
villa y viviendas hallados en el solar donde se realizará esta obra y
que se conservarán e integrarán en él como un atractivo cultural más.

Desde otro punto de vista, me propongo conseguir la puesta en
funcionamiento efectiva del Consejo Superior de Fundaciones, órgano
de carácter consultivo creado por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general, y desarrollado por el reglamento de
fundaciones de competencia estatal, de 23 de febrero de 1996.

Entiendo que se trata del foro idóneo para fomentar el debate de
todos los sectores interesados en el mundo de las fundaciones, máxime
cuando existe el compromiso de abordar la redacción de un nuevo texto
legal que dinamice y fomente la participación privada en actividades
de interés general a través de las fundaciones.

Creo, señoras y señores diputados, que con esta alusión a la
necesidad de poner en marcha el Consejo Superior de Fundaciones
termino lo que es mi exposición inicial, que soy consciente de que
por lo menos en su última parte es todo lo emocionante que puede
suponer el tratamiento de estos temas. He intentado que no fuera
excesivamente larga; no lo he conseguido, pero crean ustedes que a
veces no es fácil hacerlo así.

En cualquier caso, estoy a su disposición para responder a todo lo
que estimen ustedes oportuno y conveniente sobre estos temas o sobre
los que ustedes tengan a bien tratar.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Grupos
que desean intervenir?
Señorías, a los efectos de ordenar el debate, el señor vicepresidente
desea contestar a todos los grupos una vez que hayan intervenido los
que lo hayan solicitado. Comenzaremos por el Grupo Parlamentario
Socialista, que es también el que solicitó la comparecencia del señor
vicepresidente.

Tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Efectivamente, el señor vicepresidente
primero del Gobierno no ha conseguido emocionarnos para nada con su
intervención erudita sobre las armaduras reales y los tapices. En
algún momento creía que estaba en otra Comisión o que estaba en el
Ayuntamiento de Madrid, no sabía exactamente dónde estaba, teniendo
en cuenta que ha dedicado mucho más tiempo de su intervención a
hablar de todos estos menesteres tan interesantes de la informática y
de Internet dentro del Ministerio que rige que al programa político
del Gobierno o a la función que tiene un vicepresidente primero del
Gobierno. En este sentido, entenderá usted que le mostremos nuestra



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decepción por lo que esperábamos que iba a ser un comienzo de
intervenciones del Gobierno y de comparecencias que tuvieran un matiz
claramente político y que intentasen distanciarse de una
característica más burocrática o formalista. Vamos a ver si en su
segunda intervención logramos motivarle algo más que en esta primera,
que ha sido una enumeración puramente cuantitativa de proyectos, pero
que nada tiene que ver con un planteamiento político de orientación
política, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante el
componente más importante del Gobierno, más relevante, después del
presidente del Gobierno, el vicepresidente primero, y al que nosotros
damos toda la importancia, que decía usted que es un concepto
jurídico indeterminado. Ni siquiera es jurídico, es un concepto muy
indeterminado, poco jurídico pero sí político. A usted le damos toda
la importancia como vicepresidente primero del Gobierno pero también
le exigimos que haga de vicepresidente primero del Gobierno y que en
esta Comisión, que es su Comisión parlamentaria de referencia,
podamos establecer un diálogo político con usted y controlar la
acción del Gobierno y la acción del vicepresidente primero del
Gobierno.

Le agradecemos su presencia y de entrada mostramos una cierta
tristeza por el modo en el que ha realizado esta primera
intervención, que la verdad es que nos ha aclarado poco sobre cuáles
son las intenciones políticas del Gobierno y sobre el enfoque de los
grandes temas políticos de futuro, de los que por cierto tiene que
ocuparse esta Comisión. Nos parece, eso sí, muy bien su ofrecimiento
de diálogo a todos los grupos parlamentarios; le tomamos la palabra y
esperamos que eso se manifieste en una presencia suya, en esta
Comisión, regular, constante, porque el Parlamento es el lugar donde,
ante la opinión pública y públicamente, se expresa el diálogo
político, y no tanto entre pasillos o en conversaciones más o menos
clandestinas.

El Parlamento es el centro de la vida política -debe serlo- y así lo
manifestó enfáticamente el presidente del Gobierno, José María Aznar,
en su discurso de investidura. El Parlamento debe ser el centro de la
vida política. Cuando existe una mayoría absoluta, como es el caso,
el Parlamento debe ser el centro de la vida política, lo cual
requiere una reflexión y un esfuerzo importantes por parte del
Gobierno, por parte del grupo que le sostiene en el Parlamento y por
parte de los grupos de la oposición. El Partido Popular tiene mayoría
absoluta en el Parlamento y cuando hay mayoría absoluta existe
siempre una tentación o un peligro de que se desvirtúen las reglas
del juego parlamentario, de que la mayoría abuse de esa mayoría
absoluta e incluso que pueda atentar contra el espíritu
constituyente, el espíritu de consenso de las grandes cuestiones que
están plasmadas en la Constitución, el espíritu de fondo de consenso
que tiene que tener un sistema parlamentario de respeto a la
oposición. Por tanto, creemos que una primera apreciación que debemos
hacer al Gobierno,
representado aquí en usted, en su vicepresidente primero, es que,
para que el Parlamento sea centro de la vida política, como pretendió
en su momento decir Aznar en el discurso de investidura, es necesario
que el Gobierno establezca un diálogo constante con la oposición
sobre las grandes cuestiones, que las relaciones entre Gobierno y
Cortes sean las relaciones entre dos altos poderes del Estado, el
Ejecutivo y el Legislativo, y que los miembros del Gobierno y el
vicepresidente primero en esta Comisión asuman políticamente la
necesidad de ser controlado por las Cámaras. Y es sabido que
fundamentalmente la acción de control, aunque haya preguntas
parlamentarias, y muchas por cierto, los miércoles por la tarde, de
miembros del Grupo Parlamentario Popular, la labor de oposición y de
control no la hace el partido del Gobierno, la hace la oposición.

Quien tiene esa obligación de vitalizar, mover, movilizar, motivar al
Parlamento en la labor de control es la oposición, a la que no debe
haber obstrucción por parte del Gobierno.

En el diálogo con la oposición tenemos ya un primer elemento de
referencia, que es el de los nombramientos que usted ha citado para
organismos de relevancia constitucional en algunos casos o para altos
organismos en todo caso -usted ha citado unos cuantos- y se ha
propuesto además llegar a un acuerdo. Me ha parecido que es un buen
criterio el que ha expuesto sobre que habría que llegar a acuerdos lo
antes posible. Todos recordamos situaciones lamentables de órganos de
altísima relevancia constitucional que estuvieron casi en prórroga de
funciones durante mucho tiempo, en el caso del Defensor del Pueblo,
como hay una legislación muy discutible, que hace que tenga que cesar
ipso facto el día que acaba su mandato, incluso con mayor deterioro.

El Partido Popular propone; bueno, el Gobierno, porque en este caso
la verdad es que no se han guardado ni las formas. Parece que los
nombramientos que luego hace el Parlamento los dice el Gobierno sin
ningún rubor y los dice a las claras. Es el presidente del Gobierno
el que llama y dice: tú vas a ser presidenta del Congreso y tú vas a
ser presidenta del Senado. En fin, yo pediría al Gobierno en esto que
guardara las formas, porque resulta que al final es el Parlamento el
que designa a esos cargos y como parte del Parlamento el grupo
mayoritario del Gobierno, que es el Grupo Popular.

En este caso, la nominación de una persona que pertenece al Partido
Socialista para Defensor del Pueblo no puede ni debe ser utilizada
para ocultar que ha habido dos nombramientos, uno explícito y otro
que parece implícito -desde luego no se ha dicho nada contrario a lo
que se ha publicado en los medios de comunicación-, que son el
director de Radiotelevisión Española y el fiscal general del Estado.

No se ha hablado para nada con la oposición, no ha habido para nada
diálogo con la oposición y además se ha hecho exactamente lo
antagónico a lo que la oposición hubiera hecho. El director de
Radiotelevisión Española es esa persona



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que fue denunciada ante la Junta Electoral Central por toda la
oposición, por primera vez en la historia, en la campaña electoral,
por manipulación de televisión y en premio a su labor se le eleva a
director general de Radiotelevisión Española. A su vez, a quien era
director de Radiotelevisión Española, suponemos que también en premio
a su labor, se le pone de portavoz del Gobierno. Bastante insólito.

¿Qué se diría si al portavoz del Gobierno se le nombrase director de
Radiotelevisión Española? Se ha hecho al contrario, al director de
Radiotelevisión Española se le hace portavoz del Gobierno, en una
especie de continuum, como si fuese algo muy parecido dirigir
Televisión Española y ser portavoz del Gobierno. Eso, desde luego, no
se ha hecho con ningún diálogo con la oposición y no es el mejor
ejemplo de ese diálogo al que ustedes se referían. Lo mismo que en el
caso del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado más
criticado por la oposición, por las asociaciones de fiscales y por
múltiples instituciones parece que se va a ver confirmado en su
cargo, para lo cual ya tienen ustedes segura la oposición de la
oposición -valga la expresión- y tienen también seguro, como
garantía, que esto nada tiene que ver con el espíritu centrista con
el que este Gobierno quiere inaugurar esta legislatura. Nada que ver
con eso. A cambio, puede haber avances en cuanto a los
procedimientos, como las comparecencias públicas. Ya le digo de
entrada que nuestro grupo está a favor de que las comparecencias sean
públicas y además que sean en las comisiones correspondientes.

Efectivamente, el acuerdo sobre una comisión específica para el
examen -entre comillas o sin comillas- de los candidatos a ser
nombrados para altos cargos tiene que ser transitorio, pero en el
futuro reglamento debería figurar como comparecencias ante la
comisión correspondiente por la materia y además con carácter
público; estamos absolutamente de acuerdo con ello.

Hacer del Parlamento centro de la vida pública en las relaciones
Gobierno-Cortes, a las que usted se ha referido muy poco en su
intervención y que constituye una competencia absolutamente central,
casi la única desde el punto de vista político del Ministerio de la
Presidencia, no debe significar que, en período de mayorías
absolutas, el Gobierno ningunea al Parlamento, que el Gobierno pasa
del Parlamento o que el Gobierno utiliza al Parlamento
burocráticamente como el que está ahí para aprobar una tras otra las
leyes que le envía el Gobierno. Tenemos razones para recelar que las
relaciones Gobierno-Cortes puede que no vayan por buencamino y que el
Parlamento no sea para nada el centro de la vida pública. Y lo quiero
decir aquí porque, entre otras cosas, fue una técnica muy utilizada
por el Partido Popular en tiempos y que me parece que no contribuye
a nada de cara al futuro. Hay que recordar que en la anterior
legislatura, por ejemplo, el Partido Popular, o el Gobierno, más
exactamente el Gobierno, ha aprobado 85 decretos-leyes, lo cual
significa un uso y abuso
importante de esa técnica; que ha presentado por el procedimiento de
urgencia leyes de enorme importancia, lo cual significa limitar el
debate político cuando realmente lo hay, cuando hay controversia.

Yo quisiera detenerme un poquito en la ley de presupuestos, que usted
ha citado naturalmente como obligación constitucional, como una de
las leyes que van a venir; tendrá que venir antes del 1 de octubre a
esta Cámara. Usted sabe, lo sabemos los que estamos en esta sala, que
el debate de la ley de presupuestos no es un debate parlamentario
convincente; no lo es. La ley de presupuestos llega con la ley de
acompañamiento y en esta se mete de todo. No merece el nombre
realmente de un debate parlamentario ni de un debate de cara a la
opinión pública. La ley de presupuestos se pacta con antelación por
el Gobierno, llega absolutamente cocinada al Parlamento, se ve a toda
velocidad, su debate es ininteligible para la opinión pública y casi
para nosotros, los diputados y diputadas, y termina aprobándose de
forma absolutamente burocrática, siendo la ley de presupuestos la más
importante de todo el año. Importantísima. Entre otras cosas pasa eso
porque llega muy tarde, el 1 de octubre. Es verdad que la
Constitución lo permite, pero yo pediría al Gobierno que diera
ejemplo, que cambiase los usos y la enviase antes, que permitiese
a la Cámara enfrentarse con esa ley mucho antes y prepararla con mucho
más tiempo. Porque la ley más importante de todas, que es la ley de
presupuestos, sin la cual no vale lo que aquí se apruebe en otras
normas, merece un debate político de verdad, no un mero debate
contable, y que se sepa exactamente lo que significa lo que se está
aprobando. Si aquí aprobamos una ley de enjuiciamiento civil, o
aprobamos una ley de responsabilidad del menor, o muchas otras normas
y no tienen una cobertura presupuestaria no valen absolutamente para
nada. Es una estafa parlamentaria hacer ese tipo de cosas. Por eso,
el debate de la ley de presupuestos tiene que ser un debate
importante políticamente y yo espero que por parte del Gobierno y por
parte del Grupo Popular haya disposición para que en el próximo
reglamento, en el reglamento que espero que pronto, como usted ha
dicho, pueda sustituir al actual, haya una posibilidad auténtica del
debate de la ley de presupuestos. Y en cuanto a la ley de
acompañamiento, es un auténtico escándalo. Usted estará de acuerdo en
que es inconcebible que en esa ley de acompañamiento pueda meterse
absolutamente de todo, convirtiéndose en la práctica en una especie
de decreto-ley, sólo que pasa por las Cámaras. Es un auténtico
decreto- ley donde se habla de todo y más de la mitad de su contenido
no tiene nada que ver ni con política económica ni con presupuestos.

Eso es una rémora importantísima. Ya sabe que el Grupo Socialista ha
recurrido ante el Tribunal Constitucional las últimas leyes de
acompañamiento. Este un baldón que hay sobre el Parlamento español la
forma en que se debate la ley de presupuestos y la ley de
acompañamiento. Y no solamente



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en el plano legislativo, sino también en el plano no legislativo
tampoco hay buenos precedentes en la anterior legislatura. Los
grandes debates políticos -y yo quisiera incidir en esto- no se han
producido en esta Cámara. Aquí no ha habido un debate sobre la
cuestión del terrorismo, por ejemplo; no ha habido un debate político
monográfico sobre la cuestión del País Vasco; no ha habido un debate
político sobre la propia Constitución. Cuando se cumplieron los
veinte años hubo una serie de fastos importantísimos y no ha habido
un debate a los veinte años de la promulgación de la Constitución
sobre qué significa nuestra norma fundamental y cómo realmente se
está aplicando o -como dirían los ingleses- se está implementando en
nuestro país. No ha habido grandes debates políticos, salvo el debate
del estado de la nación, en el que se habla de todo y por tanto puede
hablarse de todo y de nada. Y luego, en el microcosmos de las
actividades parlamentarias, no hay auténticos debates políticos de
fondo, debates que necesita esta Parlamento y sobre todo necesitan
los ciudadanos.

Por otra parte, ha habido una importante opacidad en las relaciones
del Gobierno con las Cortes, con dificultades a la hora del envío de
documentos, a veces con una especie de huida o diáspora de ministros
en las sesiones de control. En alguna ocasión ha habido hasta once
ministros que no estaban en las sesiones de control de los miércoles
por la tarde. Todo esto es parte de unas relaciones nuevas entre
Gobierno y Parlamento, entre Gobierno y Cortes, que realmente den al
Parlamento el lugar que se merece, que la Constitución le da en
nuestro sistema político. Espero que el reglamento ayude, espero que
en ese reglamento, por cierto, se haga imposible el fraude de ley que
sistemáticamente se viene produciendo en este Parlamento con la
constitución de grupos parlamentarios. En esto sí estoy con mi colega
el señor Fraga, en que es un fraude de ley que aquí se haga todo tipo
de trucos para que los grupos parlamentarios se formen, aunque no
tengan el número suficiente, y se discrimina a un grupo en perjuicio
de él y a favor de otros. Espero que esta cuestión se solucione en
ese reglamento. Espero que la Televisión Española ayude a que el
Parlamento también sea el centro de la vida pública y que la gente
pueda enterarse de las cosas que suceden aquí, aparte de ese programa
mañanero que hay los sábados en los canales públicos, que haya una
mayor preocupación por esos temas. Y también espero que el CIS ayude
a que el Parlamento sea el centro de la vida pública, poniendo en
conocimiento de los diputados y diputadas sus encuestas en tiempo y
no como anteayer ocurrió con una encuesta del mes de noviembre, que
curiosamente se filtra por el CIS, sobre lo bien valorado que es el
Ejército y que aparece en un momento en el que creo que algo tiene
que ver con algún problema que hay en Cataluña con el asunto del
desfile del Ejército. Este tipo de relaciones Gobierno-Cortes debe
cambiar y usted, señor vicepresidente primero del Gobierno y
ministro de la Presidencia, tiene la responsabilidad política de que
eso sea así. Es su cometido y asimismo es el cometido fundamental de
esta Comisión Constitucional, que tiene que seguir muy de cerca que
estas relaciones constitucionales en torno a las constituciones se
produzcan de verdad conforme al espíritu de la Constitución.

Nos gustaría saber cuáles con las funciones realmente políticas del
vicepresidente primero del Gobierno. Como ese vicepresidente primero
del Gobierno tendrá que ser controlado por la Cámara en el Pleno y
específicamente en la Comisión Constitucional, nos gustaría saber qué
hace el vicepresidente primero del Gobierno, qué va a hacer; no
solamente ocuparse de los tapices o de las armaduras reales, de lo
que ya hemos visto que se va a ocupar, sino saber si se va a ocupar
de alguna cosa más, aparte de eso.

El decreto sobre los vicepresidentes del Gobierno y la Ley del
Gobierno, aprobada recientemente, en 1997, dice que el vicepresidente
primero del Gobierno se ocupa de las funciones que le encomiende el
presidente del Gobierno. Aparte de ministro de la Presidencia, aparte
de la presidencia de la Comisión de secretarios de Estado y
subsecretarios, que es muy importante, aparte de eso, ¿qué otras
funciones políticas le ha encomendado el presidente del Gobierno,
señor Rajoy? ¿Cuáles son esas funciones? Estas cosas habría que
hacerlas públicas oficialmente porque el Gobierno está sometido a
control y que el vicepresidente primero del Gobierno se comporte como
una especie de líbero -por utilizar un lenguaje futbolístico que es
muy común a usted y a mí-, una especie de líbero deambulando por el
campo, sin ningún tipo de control, no se ajusta, sin duda, al modelo
constitucional de vicepresidente primero. ¿Qué funciones políticas le
ha encomendado el presidente del Gobierno? Me gustaría que nos las
dijese ahora y más adelante, porque esta Comisión Constitucional
tiene la obligación -no es sólo su derecho, es su obligación- de
realizar del control del vicepresidente primero del Gobierno.

Nosotros le emplazamos a usted, señor Rajoy, a que comparezca
regularmente en esta Comisión y que impulse grandes debates
políticos, debates políticos que se deben dar en esta Comisión y que
en la última legislatura no se han producido. Esos grandes debates
conectarían al Parlamento con la opinión pública y lo harían el
centro de la vida política, además de revitalizar esta Comisión
Constitucional. Nosotros ya le decimos que cada período de sesiones
vamos a proponer uno o dos grandes debates políticos sobre las
grandes cuestiones, que afectan, por ejemplo, a los derechos y
libertades, cosa que usted no ha mencionado en toda su intervención,
o que afectan al Estado, o que afectan a la discriminación. Por
cierto, el primer debate que el Grupo Socialista va a proponer en
esta Comisión va a ser un debate sobre la lucha contra la
discriminación en España. En España se discrimina a mucha gente,



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mucha gente está discriminada y no tiene por tanto los derechos que
le otorga la Constitución. El primero de ellos, el derecho a la vida,
o el 149.1.1.a de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos
españoles tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley en
todo el territorio nacional. Ése va a ser el primero de los debates
que vamos a proponer en esta Comisión y que debe formar parte de un
impulso democrático que nuestro país necesita, un fuerte impulso
democrático.

Usted mejor que nadie, señor Rajoy, sabe que en la noche electoral
hubo un dato muy negativo. En esa noche electoral casi todos los
datos eran positivos para ustedes, pero hubo un dato muy negativo
para ustedes y para todos: un crecimiento pavoroso de la abstención,
un crecimiento de siete u ocho puntos. Eso es muy grave para un
sistema democrático; es muy grave el aumento de la abstención, la
desafección de la gente a la hora de ir a votar y, por tanto, nombrar
a sus representantes en los órganos políticos. Estamos en una
sociedad crecientemente apática respecto al funcionamiento cotidiano
y no tan cotidiano de la democracia. Hace falta una profunda
revitalización política, democrática, constitucional, lo que, para
nosotros -y en ese sentido vamos a intentar trabajar a través de ésta
y otras comisiones y en el Pleno de la Cámara- tiene tres apartados
fundamentales, que querríamos compartir, mediante el diálogo, con el
Gobierno y con los demás grupos parlamentarios. El primero se refiere
a los derechos y libertades, no mencionados para nada en su
intervención, lo que realmente ha sido una ausencia notable; en la
Comisión Constitucional el vicepresidente primero del Gobierno habla
de los tapices y de las armas y no habla de los derechos y
libertades. Objetivo esencial de esta Comisión Constitucional: la
profundización en los derechos y las libertades, no solamente desde
el punto de vista legislativo, sino a través de políticas.

Evidentemente, no se trata sólo de que se haga eso a golpe de ley,
sino a través de políticas que fundamentalmente tiene que impulsar el
Gobierno; por ejemplo, el derecho a la vida. En este país, cada año
hay dos millones de mujeres maltratadas; dos millones, que se dice
pronto, en un país que es una democracia occidental, con una
constitución democrática. Dos millones de mujeres. Hay asesinatos de
esas mujeres en muchas ocasiones, normalmente a manos de su llamado,
entre comillas, compañero masculino. En este país mueren entre 3 y 4
trabajadores diariamente por accidentes laborales. Esos son también
derechos humanos; no hay una protección adecuada de esos
trabajadores. Hay una iniciativa legislativa popular, que está
pendiente de su inclusión en el orden del día, que impulsó en su
momento un sindicato, Comisiones Obreras, y que espero que sea
incluida en el orden del día y apoyada en esta Cámara, porque es
hasta ahora la primera iniciativa que intenta oponerse seriamente, a
través de una reforma de la subcontratación en la construcción, a ese
pavoroso problema.

Tenemos el problema de las cárceles.




La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego que vaya
concluyendo. No creo que pueda acusarme de ser estricta en la
aplicación del tiempo.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Dado que es la primera comparecencia del
señor vicepresidente y que nos ha hecho una enumeración larguísima de
leyes y de propuestas, solicito una cierta benevolencia de la
Presidencia en la administración del tiempo. Intentaré ser lo más
breve posible.

Respecto al asunto de la inmigración, al que usted se ha referido, la
Ley de Extranjería forma parte de ello. Hay un importante crecimiento
de actos xenófobos, con ejemplos que todo el mundo recuerda, y lo que
se le ocurre al Gobierno en este momento es decir que hay un efecto
llamada en la Ley de Extranjería. Nosotros estamos totalmente en
contra de ese diagnóstico. El efecto llamada lo está produciendo
realmente el Gobierno cuando dice que la ley es un coladero y que hay
un efecto llamada. Lo que sí nos importa a nosotros es lo que ha
hecho el Gobierno en informar sobre las insfraestructuras sanitarias
que tienen a su disposición los inmigrantes que llegan, en propugnar
un fortalecimiento de las infraestructuras de vivienda allí donde hay
situaciones de conflicto, en fortalecer las infraestructuras
educativas allí donde se necesita. Eso sí nos preocupa. El Gobierno
está mucho más preocupado de decir que sobra la Ley de Extranjería
que de hacer políticas de integración y de fortalecer las
instituciones de acogida en España, que es lo que ha fallado
clamorosamente, no porque haya un aumento extraordinario de
inmigrantes, sino porque han fallado las instituciones de acogida
para estas personas que llegan a nuestro país. Tampoco creemos que
haya habido mucho interés en denunciar, a través de inspecciones de
trabajo, los trabajos clandestinos en la economía sumergida, que es
sin duda uno de los grandes efectos llamada que existen en este país
para los inmigrantes. Y, decepcionantemente, hay que decir que el
Gobierno sitúa todo el tema de la inmigración en el Ministerio del
Interior a través del delegado del Gobierno. Si hay un lugar al que
debería haber ido el delegado del Gobierno que recogiese el mundo de
la inmigración en todas sus dimensiones, que son amplísimas, sería su
ministerio, el Ministerio de la Presidencia o la Vicepresidencia,
pero no el Ministerio del Interior. ¿Cómo puede estar en el
Ministerio del Interior algo que tiene que ver con sanidad, con
educación, también con Interior, con Asuntos Exteriores, con Trabajo,
con Asuntos Sociales? Eso va al Ministerio del Interior. Está claro
que, si va al Ministerio del Interior, la única preocupación de
ustedes, desde luego, es el orden público, la represión del fenómeno
equivalente al terrorismo, según el ministro Mayor Oreja, como gran
problema del



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siglo XXI. (El señor Rajoy Brey hace gestos al orador.) Sí,
efectivamente, lo dijo así, señor Rajoy. Dijo: El gran problema de
este siglo ha sido el terrorismo y el siguiente gran problema es la
inmigración. Muy desafortunada comparación. Pero en el fondo denota
la forma en la que se enfoca ese problema, no como un problema de
libertades y derechos, sino como una cuestión a reprimir, a situar en
la clandestinidad.

También tiene que ver con los derechos y libertades -y no me voy a
extender, porque ya me ha advertido la señora presidenta que vaya
terminando-, todo lo relacionado con lo audiovisual y la televisión.

Nuestro grupo ha presentado ya una proposición de ley sobre el
consejo audiovisual y desde luego propone una reforma profunda del
Estatuto de Radiotelevisión, estatuto obsoleto donde los haya, de
1980, momento en el que ni siquiera había televisiones privadas,
sobre la base de que el director de Radiotelevisión Española sea
designado por el Parlamento, que haya un consejo de administración
operativo y eficaz y que haya una reforma también eficaz del control
que lleva a cabo la Comisión de Control de esta Cámara sobre
Radiotelevisión.

Usted se ha referido en su intervención -quizá ha sido la parte a la
que ha dedicado más tiempo- a lo que tendría que ver con las materias
propias de esta Comisión, que es lo relativo a los partidos
políticos, financiación de partidos, ley electoral, etcétera.

Efectivamente, esto forma parte de la necesaria regeneración de la
vida pública. En esa encuesta que el CIS ha filtrado inopinadamente,
cuando más le interesaba al Gobierno, hay un dato muy preocupante que
ya conocemos y es que los partidos políticos son las instituciones
menos valoradas políticamente en este país. Hay claramente un
distanciamiento de estas instituciones y otras que tienen que ver con
el sistema democrático, hecho que debe afrontarse dentro de un
planteamiento amplio y profundo de regeneración de la vida pública,
que tiene que ver con una reforma de la Ley de partidos, que es
preconstitucional; no solamente la Ley de Asociaciones Políticas es
preconstitucional. En cuanto a financiación estamos absolutamente
abiertos a un diálogo, siempre sobre la base de que la financiación
de los partidos políticos debe tener un principio fundamental, que es
la transparencia; ese será el límite más allá del cual el Grupo
Socialista no va a pasar.

Hay otros temas como el Tribunal de Cuentas; régimen electoral,
respecto del que no estaría de más pedirle un dictamen a la Junta
Electoral Central; y Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma
desapareció de los objetivos de este Gobierno y me gustaría saber qué
pasa con ello. Forma parte de todo ello otro asunto del que me
imagino que mañana tratará con algo más de profundidad el ministro de
Justicia, que es el gran pacto de la justicia. Como tercera pata
fundamental de ese impulso democrático, la culminación de un Estado
autonómico y plurinacional que abandone definitivamente el
bilateralismo a la hora de llevarlo a cabo y de
construirlo, porque ha sido eso, a golpe bilateral de contactos
políticos entre partidos. En cuanto al Senado, entendemos que debe
ser objeto de una reforma constitucional. Empecinarse en que no lo
sea es sencillamente hacer imposible un Senado representación
territorial, como dice la Constitución; la coordinación entre Estado
y comunidades autónomas, de lo cual hemos tenido recientemente unos
ejemplos clamorosos en el País Vasco; el modelo de financiación; la
gran cuestión pendiente de la descentralización de comunidades
autónomas en municipios; la participación de comunidades autónomas en
la voluntad del Estado en Europa. Todas esas cuestiones forman parte
de un gran paquete político importante sobre el Estado autonómico y
nos gustaría saber si sobre ellas tiene respuesta el Gobierno.

Por último -y con ello termino, señora presidenta-, quisiera hacer
una referencia a uno de los importantes déficit democráticos que
también tiene nuestro sistema político en su relación con Europa.

Europa tiene un déficit democrático y por tanto lo tenemos nosotros
en cuanto que formamos parte de la Unión Europea. Ha habido
recientemente una manifestación de gran calado político del ministro
de Asuntos Exteriores alemán, Fischer, proponiendo un horizonte
federal para Europa. Ya sabemos que el Gobierno español, en este
momento, no participa de esos horizontes, de esas pretensiones; da la
impresión de que el Gobierno no quiere una Europa política -la
primera reacción del presidente del Gobierno ante esa manifestación
ha sido rechazarla y decir que nos va bien como va, que no hay que ir
más allá en la Europa política-; también sabemos que este Gobierno
está contra la Europa social porque tiene bloqueadas dos directivas:
la de participación de trabajadores en sociedades anónimas europeas
y, otra, en relación con derechos de los trabajadores en fusiones de
empresas a nivel europeo. Nosotros exigiremos que en el debate de la
carta de derechos fundamentales que se está produciendo en estos
momentos, junto a la reforma de los tratados, no solamente sea un
Gobierno que apueste por la Europa política sino también por la
Europa social y ayude a que los derechos sociales y sindicales, como
van a pedir los sindicatos europeos el 19 de junio en Oporto, entren
dentro de la carta de derechos fundamentales.

Señor Rajoy, sería muy importante en las relaciones Gobierno-Cortes
que el Gobierno viniera al Parlamento antes de tomar sus decisiones
en Europa y no después y que se potencie ante la Comisión Mixta de la
Unión Europea, la que corresponda, o el Pleno mismo, una
comparecencia previa del Gobierno a fin de que pueda representar con
más fuerza al conjunto del Estado, que es lo que sucede cuando el
presidente del Gobierno sale fuera de las fronteras de este país.

Estas serían las observaciones fundamentales a su comparecencia, para
las que me gustaría una respuesta algo más explícita que la que hemos
tenido al principio.




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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Sea bienvenido a la Comisión, señor
Rajoy, le agradezco su comparecencia.




He venido con la mayor curiosidad, en primer lugar, a escuchar lo que
usted ha llamado la ordenación de la agenda del Gobierno. Después del
discurso de investidura, donde se presentaron propuestas para
alrededor de cincuenta leyes, aparte de las iniciativas de la
oposición, es tan compleja y amplia la tarea que se fija el Gobierno,
tareas inevitables y en algunos casos de carácter urgente por la
situación política española, que es del mayor interés conocer el
orden de la agenda que pretende el Gobierno. Yo sólo he visto un
amplio inventario o enumeración que el señor Rajoy, a mi modo de ver,
ha situado como marcando el paso del Ecuador, que este Gobierno al
parecer sitúa en la Presidencia española de la Unión Europea en 2002.

Quisiera conocer cuáles son las tareas de aquí a final de año y,
sobre todo, de aquí a final del 2001. Tenemos tareas muy complicadas
y desearíamos saber en esta Comisión Constitucional cuáles son las
prioridades.

Es cierto -primer gran bloque- que se inicia la reforma de la
normativa laboral. Hay ahí un diálogo de los agentes sociales, para
el que se ha fijado como plazo el 31 de diciembre, y el inicio de los
trabajos de la reforma del sistema de la Seguridad Social o Pacto de
Toledo. Sería muy interesante avanzar en ese programa con la máxima
urgencia para que algunas de las medidas pudieran estar ya
contempladas en el presupuesto del año 2001. Sin duda alguna, un
presupuesto de déficit cero plantea problemas bastante importantes
desde el punto de vista de los criterios y de las prioridades
respecto a dónde encajar los nuevos elementos de financiación. Los
ingresos y la posibilidad posterior -me alegro de que sea posterior-
de una reforma fiscal introducen elementos de debate político muy
importantes.

En segundo lugar, tenemos el pacto autonómico y local. Tenemos el
horizonte del año 2001, pero, al coincidir un conjunto de procesos de
reforma, sería interesante que el Gobierno no los hiciera converger
hasta el punto de que unos hicieran conflictivos a los otros. El arte
de la política, de la iniciativa del Gobierno y de los grupos
parlamentarios será acometer estas tareas con el objetivo de
resolverlas; porque son inevitables dado que para el final del 2001
se cierra el proceso de financiación autonómica, la financiación de
la sanidad, etcétera. Me hubiese gustado oír sobre qué criterios se
va a actuar, porque usted comprenderá que a una comunidad autónoma
como la canaria, que tiene una financiación especial reconocida en la
Constitución, le preocupa mucho cuál será el proceso de
descentralización fiscal, los modelos y las características. Es
cierto que
tendremos otras comisiones en las que hablar de ello, pero estamos
ahora en la Comisión Constitucional hablando con el vicepresidente
primero del Gobierno. Sin duda alguna a partir de hoy, en cada una de
las comisiones que se convoquen, podremos hacer debates sectoriales,
pero para encuadrar los tiempos -cosa muy importante en política-,
los objetivos y la coordinación de las acciones sería muy
interesante, señor Rajoy, avanzar un poco más -si ello fuera posible-
sobre la voluntad del Gobierno acerca de los criterios, los objetivos
y los planteamientos con que se hacen estas grandes reformas que son
imprescindibles de acometer. Y me estoy refiriendo al pacto
autonómico y al pacto local. Por cierto, quisiera saber (ya por meter
en ese bloque el Estatuto de la Función pública en el que usted, como
ministro, en un momento trabajó) si está dentro de las prioridades
hasta final del 2001, como ha planteado el señor Aznar o no lo está,
porque todos sabemos que los debates más complicados (hablo de
Función pública, de financiación de la educación o de los medios
audiovisuales y estatuto de radio y televisión) siempre los dejamos
para el final, y al final no son posibles, como la reforma
reglamentaria del Congreso y del Senado, en la que nosotros estamos
muy interesados. O los acometemos en el primer período, antes del
paso del Ecuador, o después del paso del Ecuador ya estamos en otra
cosa y, por tanto, no se hacen. Usted, que ha sido ministro de
Educación, sabe que las reformas educativas estaban subordinadas a
procesos previos, por tanto a otras prioridades, y no se pudieron
acometer, y el Estatuto de la Función Pública quedó, a su vez,
relegado.

El tercer gran bloque al que me voy a referir, que son los temas de
financiación de la sanidad, que también se cumple al final del 2001,
las reformas educativas y, por último, el pacto de justicia necesitan
también, en mi opinión, prioridades importantes. Ya sé que para
acometer todas estas tareas en año y medio se necesita una gran
voluntad y una gran claridad política, pero para eso tienen ustedes
una mayoría absoluta.

En mi opinión, la mayoría absoluta tiene dos peligros (voy
terminando, porque lo que le estoy haciendo son simplemente
preguntas): primero, que se adopte una postura intransigente y de
falta de diálogo, importante problema que nos preocuparía mucho, pero
nos preocuparía igual que el consenso (un pretendido consenso, como
se ha hecho a veces) fuera utilizado para no tomar decisiones, no
unilaterales, no partidistas, no desde una visión parcial, pero sí
para acometer los problemas que hay que acometer. La política no está
en función de las voluntades de los gobiernos, sino de las
necesidades de la sociedad y, en función de ello, asuntos que hay que
plantearse con todo rigor, y seriedad. Para eso, una de las
condiciones es tener los objetivos claros, y yo no me puedo
pronunciar sobre si el Gobierno los tiene. Tiene un inventario de
objetivos que viene



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dado no sólo por el discurso de investidura, sino por los plazos de
cumplimiento de cada uno de los temas a los que nos estamos
refiriendo. ¿Qué prioridades tiene? No lo sé exactamente, porque el
señor Rajoy no las ha dejado muy claras. ¿Con qué criterios afronta
esos objetivos? Supongo que los iremos desgranando en las diferentes
comisiones, pero hoy me hubiera gustado conocer los criterios
generales del Gobierno. Y el cuarto punto: ¿Con qué actitud? Parece
que con un clima de diálogo, que yo celebro.

El señor Rajoy, sin duda, se caracteriza porque es un ministro
dialogante (espero que la mayoría absoluta no le haga efecto y siga
siéndolo), el señor Rajoy se caracteriza también por abrir procesos
de consenso que hasta ahora, cuando los ha acometido, han dado
resultado. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en ese diálogo,
a crear el clima de diálogo, a facilitar que los grupos que apoyamos al
Gobierno no adopten una postura unilateral frente a la oposición. Una
de las condiciones básicas para acometer esta agenda es buscar
consensos, pero los consensos se crean de ida y vuelta, y yo espero
que este juego del Parlamento como centro del debate de la vida
política, que se esbozó en el debate de investidura, lo sea de
verdad. Pero la condición es que el Gobierno no abuse de su mayoría
absoluta y la oposición reflexione sobre sus experiencias anteriores
y comprenda la necesidad de entrar en propuestas constructivas de
diálogo, que es en definitiva lo que fortalece a la oposición. La
oposición tiene que poner en evidencia las contradicciones del
Gobierno, sus debilidades, sus inconsecuencias, y no hay nada mejor
que hacerlo desde el diálogo, desde un diálogo constructivo y firme,
cuando el Gobierno no cumple. Si lo que volvemos a ver en estos
próximos cuatro años, que serán cuatro años de diálogo, es la
experiencia de los cuatro años anteriores, es decir, un juego
político hecho a garrotazos, al estilo goyesco, para ver quién gana
el torneo de las impertinencias, vamos mal. Nosotros contribuiremos
a generar ese diálogo y a intentar poner en evidencia las
inconsecuencias del Gobierno en función de las necesidades del país.

Espero que el señor Rajoy, como vicepresidente del Gobierno y no como
ministro de la Presidencia, nos avance cuáles son las prioridades,
los objetivos y los criterios a cumplir, que es lo que nos interesa,
porque nosotros no estamos aquí para intentar que el Gobierno no
cumpla sus objetivos, sino para que los cumpla bien. La pequeña
presión que pueda ejercer un grupo parlamentario como el nuestro va a
ir encomendada a conseguir que definitivamente se cumplan esos
objetivos en bien del interés general de los ciudadanos españoles.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Erkoreka.




El señor ERKOREKA GERVASIO: Sean mis primeras palabras de
agradecimiento al señor ministro por
su pronta comparecencia y por sus invitaciones al diálogo y al
consenso. Espero que sean sinceras, también en relación con aquellos
grupos políticos que discrepan radicalmente del Partido Popular en la
concepción del Estado. Quizá mi agradecimiento no debiera ser tan
claro y tan rotundo con respecto al mecanismo que ha utilizado para
hacer saber a los miembros de esta Comisión el momento en que se iba
a celebrar esta comparecencia, ya que este portavoz -no sé qué
ocurrió con el resto de los miembros de la Comisión- tuvo
conocimiento de su celebración a través de un medio de comunicación
el miércoles pasado y, estando como estamos en la era de Internet, en
un momento en que las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno
cuentan con un importante grado de automatización, parece que no se
refleja la consideración del Parlamento como algo que debe ser el
centro de la vida política del país.

Voy a formularle una serie de preguntas que se van a centrar en torno
a tres focos esenciales. La primera tiene que ver con la definición
de las responsabilidades que tiene usted atribuidas como
vicepresidente primero y como ministro de la Presidencia. El portavoz
del Grupo Socialista creo que ha hecho ya referencia a la
indeterminación de las facultades que tiene atribuidas en su
condición de vicepresidente primero y a la sorpresa que produce el
hecho de que la única facultad que tenga expresamente encomendada
hasta el momento presente, a través del real decreto regulador de las
vicepresidencias del Gobierno, sea una atribución que usted, tendría
también en su condición de ministro de la Presidencia, en concreto,
la de presidir la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios. Asimismo, he apreciado indefinición en relación con
las facultades que tiene usted encomendadas en su condición de
ministro de la Presidencia. Pues bien, la delimitación de las
funciones que tiene atribuidas no es una pretensión caprichosa, no es
producto de una curiosidad malsana, sino algo imprescindible para que
se pueda ejercer la labor de control de Gobierno que corresponde al
Parlamento y singularmente su labor gubernamental en esta Cámara o en
esta Comisión.

Por lo que se refiere a las facultades que tiene atribuidas como
ministro de la Presidencia, advierto una serie de indefiniciones que
quisiera que usted aclarara en la medida de lo posible, a efectos,
insisto, de poder ejercer la labor de control de Gobierno que nos
corresponde como parlamentarios. La primera indefinición -yo al menos
la aprecio así- tiene que ver con la coordinación de los miembros del
Gobierno. En principio, la coordinación de los miembros del Gobierno
es, como se sabe, una facultad del presidente, lo explicita así la
Constitución y también la Ley del Gobierno, pero la estructura básica
de su Ministerio le atribuye expresamente una facultad de
coordinación interministerial de aquello que le sea encomendado por
las disposiciones vigentes, el Gobierno o su presidente. Es posible,



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por tanto, que el Gobierno, su presidente o las disposiciones
vigentes le atribuyan facultades de coordinación de los ministros o
de los componentes del Gobierno. Yo quisiera preguntarle si le ha
sido encomendada ya alguna función de coordinación o no y, en caso de
que en el futuro se produzcan este tipo de encomiendas
competenciales, si las vamos a conocer o no; si se van a publicar o
no, a efectos, como antes decía, de exigir responsabilidades, porque
si no sabemos qué funciones tiene usted encomendadas, difícilmente
podremos preguntarle por ellas.

Una segunda cuestión a la que quiero hacer referencia es la relativa
a las facultades que usted como ministro de la Presidencia tiene
encomendadas en relación con el programa legislativo del Gobierno. La
facultad de definir el programa del Gobierno, en principio, también
corresponde al presidente, pero el programa legislativo del Gobierno
constituye una pieza fundamental en la medida en que los objetivos
políticos más importantes requieren en muchos casos la modificación
del ordenamiento jurídico y ésta lógicamente tiene que llevarse
a cabo con respeto escrupuloso al principio de legalidad y a las
reservas legales que pudieran, en su caso, estar constitucionalmente
establecidas. Si el programa político de Gobierno tiene que
traducirse, en la medida en que pueda alterar el ordenamiento
jurídico, en un programa legislativo del Gobierno, usted como
ministro de la Presidencia, en virtud del real decreto de estructura
básica de su departamento, tiene asignadas una serie de funciones
directamente relacionadas con él. En concreto, el real-decreto le
atribuye la preparación, desarrollo y seguimiento del programa
legislativo del Gobierno y, en especial, de su tramitación
parlamentaria. En el programa del Gobierno que el entonces candidato
a la Presidencia del Gobierno presentó en el debate de investidura,
se hacen referencia a muchas iniciativas legislativas que se van a
presentar a lo largo de la legislatura; usted mismo ha hablado aquí
de más de cincuenta. Quería preguntarle si va a traducir esta
competencia, esta atribución del real-decreto de estructura básica
vinculada al programa legislativo del Gobierno en un documento en el
que se identifiquen todas las iniciativas que tiene previsto
presentar durante la legislatura, destacando no sólo las
legislativas, sino sobre qué parte del ordenamiento jurídico incide
cada una de ellas, en qué plazos piensa presentarlas, cuál es su
incidencia en el ordenamiento jurídico y cuál es su orientación
fundamental. Esto nos acercaría a prácticas sanas, en el ámbito
comunitario. Usted sabrá que, durante la última década si no me
equivoco, el Parlamento Europeo tiene por norma exigir al Ejecutivo
comunitario, que planifique su actividad legislativa, presente
iniciativas y que se comprometa ante el Parlamento con un programa
concreto que identifique normas que señalen su incidencia en el
ordenamiento jurídico y, sobre todo, que fije fechas. Me gustaría
preguntarle si piensa traducir esta competencia que tiene en relación
con el programa
legislativo del Gobierno en un programa a presentar ante esta
Comisión para que todos tengamos una referencia y, en su caso, para
que los eventuales incumplimientos de ese programa legislativo que
pudieran producirse pudieran ser objeto de la pertinente exigencia de
responsabilidad ante esta Comisión?
Una tercera cuestión tiene que ver con sus intenciones en relación
con la evaluación legislativa de dos normas jurídicas que inciden de
lleno en el ámbito competencial que le corresponde a usted como
ministro de la Presidencia y, en concreto, con el apoyo, asistencia y
coordinación del Gobierno. Durante la pasada legislatura se aprobaron
dos leyes: la Ley del Gobierno y la Lofage, Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado. Ambas están
en vigor desde hace tres años y tienen previsiones abiertas,
disposiciones que son susceptibles de aplicaciones distintas. Me
gustaría saber si el Gobierno tiene previsto hacer una evaluación
legislativa del modo en que están siendo aplicadas. Insisto en que
las leyes no contienen previsiones cerradas, no tienen regulaciones
unidireccionales - algunas sí, pero otras no- y en que las opciones
adoptadas por la Administración pública, por el Gobierno a la hora de
aplicar estas previsiones dispositivas requieren una evaluación
legislativa. No estoy hablando de una evaluación basada en
apreciaciones intuitivas, sino de una evaluación legislativa echa con
métodos científicos y siguiendo las pautas al uso en el ámbito de la
ciencia y de la Administración.

Una cuarta cuestión tiene que ver con un problema que se ha planteado
ya en el programa del Gobierno, al que usted ha hecho referencia a lo
largo de su intervención, cual es el de la comparecencia previa de
los candidatos a aquellos cargos relevantes de las instituciones del
Estado en los que el Congreso de los Diputados tenga alguna
intervención, bien porque le corresponde proponer a los candidatos,
bien porque le corresponde aceptarlos, bien porque el propio
nombramiento corresponde al Parlamento.

Esta iniciativa tiene una larga historia. Hace ya cuatro años, en la
comparecencia que ante esta Comisión hizo el ministro que le precedió
en el cargo, se refirió a la conveniencia de estudiar las fórmulas de
nombramientos de estos cargos institucionales y de garantizar la
intervención del Parlamento para asegurar que los nombramientos se
produjeran en términos de corrección para garantizar la eficacia y el
prestigio de estas instituciones. Alo largo de la legislatura hubo
una resolución del Congreso de los Diputados, el año 1997, aprobada a
instancias del Grupo de Convergència i Unió, en la que se instaba al
Gobierno a que presentara un proyecto de ley que contemplara la
comparecencia previa de los candidatos a estos cargos, y en el
programa del Gobierno expuesto por el presidente del Gobierno en el
debate de investidura se hacía referencia también a esta cuestión.

Por nuestra parte, hay una posiciónfavorable al impulso de esta
iniciativa. Es positivo que



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en los nombramientos para algunos cargos institucionales relevantes
se produzca una intervención del Congreso, porque ello contribuye a
una mayor garantía en el acierto del nombramiento. El contraste con
los candidatos, más si acontece en términos de publicidad,
contribuirá a aumentar el prestigio y la aceptación social de la
institución, pero en este punto hay que hacer una serie de
consideraciones que no pueden pasarse por alto.

La intervención parlamentaria previa, en este caso concretada en una
comparecencia ante la Comisión correspondiente de los candidatos, no
debe circunscribirse solamente a los cargos cuyo nombramiento
corresponde ahora al Congreso. Nosotros creemos que la comparecencia
previa y la intervención parlamentaria deberían ser obligatorias
también para el nombramiento de otra serie de cargos distintos. Estoy
pensando en el presidente del Consejo de Estado, en el Fiscal General
del Estado, o en los presidentes y directores generales de las
administraciones independientes. Si esta última propuesta se
institucionalizara, sería conveniente modificar formalmente la
disposición adicional décima de la Lofage, que hace referencia a las
administraciones independientes, señalando que en lo sucesivo los
presidentes o directores generales, el cargo que se determine de las
administraciones independientes, deberán comparecer ante la Comisión
correspondiente.

En segundo lugar, consideramos que la implantación de mecanismos de
intervención parlamentaria previa no puede enervar los defectos del
sistema de nombramiento cuando los sistemas establecidos sean
defectuosos, es decir, cuanto el problema no radique tanto en
determinar quiénes van a ser nombrados para determinados cargos
cuanto en la determinación de quién va a hacer el nombramiento. Hay
una serie de instituciones del Estado relevantes en las que la
intervención parlamentaria es preceptiva, pero nosotros hemos
defendido en numerosísimas ocasiones que con respecto a algunos -me
refiero al Tribunal Constitucional- la participación de las
comunidades autónomas debiera ser obligada en la medida en que el
Tribunal Constitucional va a enjuiciar, va a conocer de los
conflictos competenciales que surjan entre el Estado y las
comunidades autónomas. Usted sabe, señor ministro -la comisión lo
conoce también-, que, en lo que se refiere al País Vasco, el Gobierno
vasco adoptó hace ya una década la decisión de no presentar ningún
recurso de inconstitucionalidad, ningún conflicto positivo de
competencias en relación con las iniciativas, leyes o disposiciones
del Estado que afectaran a su competencia, sencillamente porque
consideraba que el sistema de designación de los miembros del
Tribunal Constitucional no garantizaba la objetividad ni la
independencia. Sin perjuicio del acierto en los nombramientos,
considerábamos que el que, en un conflicto en el que hay dos partes,
solamente sea una de las partes la que designe los miembros, era
hacer a los jueces juez y parte.

Esta posición del Gobierno vasco se ha mantenido en esta última
década, a pesar de que en la década anterior fue precisamente el
Gobierno vasco el que más recursos de inconstitucionalidad y
conflictos de competencia planteó en defensa de sus ámbitos
competenciales.

Puestos a retocar algunas de las cuestiones vinculadas al
nombramiento de estos cargos, cuando haya problemas no solamente en
la determinación de quiénes tienen que ser, sino de cuál va a ser el
organismo al que corresponde la elección, debiera reconsiderarse todo
y reflexionar sobre estas cuestiones para que estas instituciones
ganen en credibilidad, prestigio y en eficacia.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.




El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Quiero sumarme al reconocimiento
expresado por otros portavoces por la presencia del señor
vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia ante
esta Comisión.

Señorías, muy difícil por no decir imposible, que uno esté en
desacuerdo con lo expuesto por el señor Rajoy, porque en su parte
referida al ámbito competencial propio del Ministerio de la
Presidencia no ha hecho otra cosa -quizás tampoco podía hacer otra
cosa- que ser absolutamente descriptivo respecto de aquello que ya
está publicado en el Boletín Oficial del Estado y recordatorio de los
contenidos de los respectivos Reales Decretos, los más cercanos del
28 de abril y del 20 de mayo, publicados respectivamente en el
Boletín Oficial del Estado de esos días, o bien los ya más lejanos de
estructura heredada. Simplemente con un reparto de fotocopias -y no
se me enfade el señor vicepresidente del Gobierno- podíamos habernos
ahorrado bastantes minutos de su intervención, porque este apartado
no ha sido otra cosa que un índice ya conocido, con unos contenidos
igualmente publicados y practicados por sus antecesores. Como ha
dicho en un acto de sinceridad que le honra, nada emocionante ha
habido en escenario circunscrito al ámbito competencial del
Ministerio de la Presidencia, y en todo caso exceso burocrático,
quizás obligado porque así lo mandan los cánones, en este caso
establecidos a través del Boletín Oficial del Estado.

Por otra parte, en cuanto a los macroobjetivos políticos de la
legislatura, ya son conocidos por todos los que integramos esta
Comisión Constitucional, señor vicepresidente primero del Gobierno,
porque el candidato a la Presidencia, el señor Aznar, ya los comentó
y se refirió a ellos en el debate de investidura. Por tanto, no hay
ninguna novedad en ese otro horizonte, como tampoco podía haberla,
porque cuanto ha dicho el señor vicepresidente primero no es otra
cosa que un recordatorio de cuáles son los ejes más importantes en



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los que se va a mover, desde una vertiente en este caso político-
legislativa, el Gobierno del presidente Aznar.

Hay un tercer ámbito -al menos así lo he entendido yo de la
exposición que ha hecho el señor vicepresidente Rajoy-, que es el
referido al calendario legislativo más inmediato. Buena parte del
mismo -y aquí tengo mis apuntes- se refiere a cuestiones
estrictamente parlamentarias, de organización propia de esta Cámara,
donde lógicamente el Ejecutivo puede dar su parecer pero, entodo
caso, no puede ni debe intervenir, me refiero en concreto al
Reglamento del Congreso de los Diputados.

Sería mucho mejor, que en la agenda política del grupo parlamentario
que asiste al Gobierno desde un punto de vista jurídico
constitucional, figurase como prioridad la revisión del Reglamento.

Quien les habla - permítanme la expresión coloquial- se ha dado de
baja, porque iría ya por el séptimo u octavo intento en muchos años
y, por tanto, en varias legislaturas, de innovación reglamentaria de
la Cámara. No tengo por qué dudar de la voluntad manifestada por el
señor vicepresidente y, en todo caso, estoy absolutamente de acuerdo
con su contenido, con la necesidad de reformar la norma por la cual
se rige esta Cámara, porque el tiempo transcurrido es mucho, los
vicios adquiridos también y los tiempos que vivimos exigen reformas
para -como ya se ha dicho aquí por parte del vicepresidente y de
otros portavoces- poner de nuevo el Parlamento en el eje de la vida
política española. Desde esta vertiente, nada debo añadir ni
criticar, estoy de acuerdo con cuanto ha dicho el señor Rajoy.

Por lo que se refiere a las comparecencias previas a su elección de
altos responsables del Estado en ámbitos competenciales distintos, me
sumo al recordatorio que ha hecho el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco. Nuestro grupo parlamentario ya expuso esta
conveniencia de manera formal con una propuesta. Reitero cuanto decía
nuestro programa electoral de 1993, que repite el de 1996, en el
sentido de fortalecer la democracia parlamentaria y, más allá, sobre
todo la ética política, porque los acontecimientos que hemos vivido
entre todos, y en mucha parte padecido, nos llevan proponer
adaptaciones de nuestro sistema para reforzar la democracia
parlamentaria y potenciar el vínculo indisoluble entre la misma y los
valores éticos que deben acompañarla en su propia administración.

Me sumo a lo expuesto por otros portavoces y repito, que esto no
debería ser exclusivo de aquellas instituciones que, de una u otra
manera, dependen total o parcialmente en cuanto a nombramientos de
las Cortes Generales, del Congreso y del Senado, sino que otras
instituciones podrían también tener ese control previo. A título de
ejemplo, simplemente cito al director general de Radiotelevisión
Española por ser un nombramiento relativamente reciente, no por otra
cuestión, aunque merecería la pena desde el punto de vista de
contenido por ser el máximo responsable de la radio y la televisión
públicas a nivel estatal.

En todo caso, señora presidenta, señorías, hacemos nuestro el
enunciado temático, de agenda legislativa y de actitud gubernamental,
ambas cosas, que ha expuesto el vicepresidente primero aunque, es
absolutamente inconcreto, también lo hacemos nuestro. No podemos
estar en contra de que se hable con los agentes sociales y con los
grupos parlamentarios acerca de una reforma de la normativa laboral.

Nuestro grupo parlamentario entiende que dadas las actuales
circunstancia económico- sociales, se hace imprescindible o, al
menos, que las circunstancias motivan que haya esa reforma laboral.

Estamos a favor de la convocatoria, lo más pronto posible, del
llamado Pacto de Toledo. ¡Cómo no vamos a estarlo si nosotros fuimos
los impulsores del mismo hace ya bastantes años! Además, fuimos
quienes lo propusimos en el último tramo de la pasada legislatura
para adelantarnos en el tiempo a su caducidad legal. Somos receptivos
a tratar reformas concretas, no en el ámbito de los derechos y de las
libertades sino en el ámbito más administrativo de la Ley de
extranjería, pero en un escenario del más amplio consenso, con una
visión de Estado, porque entendemos que el Estado está ya dentro de
la Unión Europea y que las políticas de inmigración también son
políticas comunes en ese ámbito europeo. También estamos a favor de
que el Tratado sobre el Tribunal Penal Internacional se tramite.

Llevamos demasiado tiempo situándolo en el invernadero político-
parlamentario, por una cuestión de todos conocida, y España no debe
estar al margen de algo tan importante.

Probablemente esta no sea la Comisión ni el vicepresidente primero
tenga ese cometido, pero ya que lo ha citado, nos gustaría conocer
qué medidas económicas y reformas estructurales nos está avanzando
simplemente con el título para el próximo mes de junio, porque forman
parte de una política económico-presupuestaria y social que va más
allá de lo estrictamente hacendístico del Gobierno. Entiendo que
competencialmente esto corresponde al vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía. Nada podemos decir en contra de que
los presupuestos lleguen a esta casa cuando lo dice la Constitución.

Estaríamos absolutamente en contra de que se incumpliera el mandato
constitucional, por lo tanto, nos alegra muchísimo que el Gobierno
vaya a cumplir lo que le marca la Constitución en esta materia.

El Plan hidrológico es una de esas asignaturas que se va repitiendo,
no ya de junio a septiembre sino de mes a mes durante años. La Ley de
Haciendas Locales debe ser revisada, estoy absolutamente de acuerdo,
entre otras cosas porque si vamos a suprimir el IAE, y el señor
ministro de esto sabe, tiene una incidencia negativa sobre la
elaboración presupuestaria en cuanto a ingresos de las corporaciones
locales y hemos de encontrar otros instrumentos de los que puedan
hacer un buen uso las corporaciones locales. Estamos de acuerdo en
que deberíamos recuperar



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aquel texto que, en mayor o menor medida, porque tampoco fue unánime,
sirvió de base de discusión, inicial y final, porque casi no hubo
tiempo para distinguir entre el inicio y el fin, sobre la
financiación de los partidos políticos que elaboró una ponencia de
esta misma Comisión en el primer tramo de la pasada legislatura. Más
allá de mejorar la representatividad y la participación ciudadana,
expresiones que creo que usted ha utilizado, respecto de la revisión
del régimen electoral general, nos interesaría conocer qué hay bajo
esas dos voluntades políticas, a las que podemos y debemos unirnos,
porque no estar de acuerdo con cualquier mejora en ese ámbito sería
negativo para la propia concepción de la democracia y de la
participación ciudadana. Nos gustaría conocer hacia dónde va el
Gobierno y cuáles van a ser las líneas maestras de su propuesta
cuando esta llegue aquí, en lo relativo, repito, al régimen electoral
general. Estamos de acuerdo, y ya lo dijimos en una sesión plenaria
de hace alguna semana, en que es necesario regular el derecho de
asociación y de petición. Lo que tenemos, lo dije desde la tribuna,
es una especie de gruyère normativo, toda vez que nos ha quedado lo
preconstitucional validado por la Constitución y ya no tenemos,
obviamente, lo que era contrario a la Constitución. También estamos
de acuerdo en legislar sobre una revisión de los colegios
profesionales, aunque mucho nos tememos que el corporativismo al que
ha aludido el señor vicepresidente primero del Gobierno nos atenace
un poco a todos, en el sentido de que no vayamos más allá de lo que
el ruido que puede organizarse alrededor de una reforma nos permita.

Señor vicepresidente del Gobierno, nuestro grupo le reconoce y le
agradece esta comparecencia. Hace suyo los objetivos macros que usted
nos ha reiterado. También suscribimos el listado de proyectos
legislativos que usted nos avanza, porque todos ellos están en el
programa que ofertamos al electorado de las cuatro circunscripciones
catalanas. Lo que ya no puedo decirle es si vamos a estar absoluta o
medianamente de acuerdo o si discreparemos respecto de los contenidos
de estos proyectos legislativos, porque a ellos no se ha referido el
señor vicepresidente del Gobierno -y probablemente no deba referirse,
porque supongo que debe estar trabajándose al respecto en los
respectivos ministerios,-, pero debo exponer -y termino, señora
presidenta- nuestra actitud positiva, al menos tanto como la suya,
señor vicepresidente primero del Gobierno, para tratar sobre todo
ello y participar en lo posible en el consenso al cual nos ha llamado
a todos los grupos políticos, especialmente en aquellos temas que
tienen más enjundia de Estado, es decir, que son pilares básicos de
nuestro Estado democrático, social y de derecho.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Bermúdez de Castro.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quisiera dar, cómo no, en
primer lugar, la bienvenida a esta Comisión al señor vicepresidente
primero del Gobierno y ministro de la Presidencia y felicitarle no
sólo por su nombramiento, sino también por la celeridad con que se ha
producido esta comparecencia, que no olvidemos tiene lugar sólo
dieciocho días después de la sesión solemne de apertura de estas
Cortes Generales, siendo además el primer miembro del Gobierno que
comparece ante esta Cámara. Yo creo que de por sí es un dato positivo
a tener en cuenta, como positivo es también que el señor
vicepresidente haya iniciado precisamente su intervención recordando
los compromisos contenidos en el programa electoral con que el
Partido Popular concurrió a las elecciones generales y contraídos por
el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Creo, señor
vicepresidente, que es un buen comienzo y, además, es una buena
pauta. Los programas y los acuerdos están para cumplirse y también
para ser recordados; para ser recordados y para poder rendir cuentas
de su cumplimiento en todo momento, ante los ciudadanos y también
aquí en sede parlamentaria, pues esta es la sede de la soberanía
popular y aquí estamos todos representando a los electores. Creo que
esa fue la regla seguida en la pasada legislatura, con un grado de
cumplimiento de más del 90 por ciento de los compromisos adquiridos.

Mi grupo confía, al hilo de lo manifestado por el señor
vicepresidente, en que esa será la pauta que marque también la
legislatura presente; una legislatura que, como bien ha anunciado el
señor vicepresidente, va a ser muy importante en el plano legislativo
y ello, a buen seguro, tendrá su reflejo en los trabajos legislativos
de este Comisión. Mi grupo confía en que ese trabajo legislativo
conservará el clima de diálogo, acuerdo y consenso que ha presidido
los debates de esta Comisión a lo largo de los últimos años. Anuncio
que el Grupo Parlamentario Popular va a poner todo su empeño en que
los debates tenga el diálogo y no la confrontación como norma de
conducta parlamentaria y persigan el acuerdo y no el desencuentro
como objetivo, de manera que los textos legislativos que finalmente
se aprueben -muchos de los cuales ya han sido enunciados por el señor
vicepresidente- estén enriquecidos con las propuestas de los
diferentes grupos, que no recojan enteramente las posiciones de una
fuerza política determinada, pero que tampoco marginen a nadie; que
todos podamos ver reflejado en esos textos nuestros planteamientos y
todos tengamos que hacer concesiones, de manera que, finalmente, los
textos sean de todos o de la inmensa mayoría de los grupos
parlamentarios. Creo que ese fue el espíritu que impregnó el pacto
constitucional y debe ser también el que impregne las normas de su
desarrollo, pues esa es precisamente la competencia legislativa de
esta Comisión. En ese sentido, compartimos el deseo y la voluntad
política manifestada por el señor vicepresidente de llegar a



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acuerdos los más amplios posibles en relación con la Ley de
financiación de partidos políticos, la reforma de la Ley electoral y
el desarrollo de derechos fundamentales como el de asociación y el de
petición o una nueva Ley de colegios profesionales. No olvidemos,
como ya ha sido puesto de manifiesto por otros portavoces, que los
derechos de asociación y de petición tienen una normativa
preconstitucional, en parte no derogada por la Constitución pero
inspirada en principios contrarios a nuestro marco constitucional.

Por otro lado, señorías, no sé si la exposición que ha realizado esta
mañana el vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia ha
sido emocionante pero, a nuestro juicio, ha sido extraordinariamente
informativa y ha explicado de manera detallada y pormenorizada todos
los planes de su departamento, por lo que mi grupo se da por
plenamente satisfecho con las explicaciones dadas. Qué duda cabe que
compartimos el sentido de la intervención del señor vicepresidente en
cuanto a las medidas que tiendan a favorecer toda la actividad
parlamentaria y a convertir el Parlamento en centro de la vida
política nacional. Esto tiene mucho que ver con los mecanismos de
control al Gobierno. Sin duda los gobiernos tienen una legitimidad de
origen, pero también tienen que ganarse una legitimidad de ejercicio,
y nada mejor para eso que impulsar los mecanismos de control
parlamentario, al punto que se ha dicho, a mi juicio muy
acertadamente, que la acción del Gobierno se fortalece precisamente
por el control parlamentario como garantía de la transparencia de la
vida pública.

Dicho esto, nadie debería negar que ha sido precisamente de la mano
del Partido Popular, con la llegada al Gobierno del Partido Popular
en la pasada legislatura cuando se han dado pasos muy importantes en
la mejora de los mecanismos de control al Gobierno. Nadie debería
negar que en la pasada legislatura se incrementaron en un 57 por
ciento las comparecencias de miembros del Gobierno; que se incrementó
notablemente el número de respuestas escritas a preguntas de la
oposición o que se incrementó el control al presidente del Gobierno
convirtiendo en una costumbre semanal lo que antes era un
acontecimiento excepcional (Rumores.), nada menos que 157 respuestas
del presidente del Gobierno a preguntas de la oposición, frente a las
92 contestadas en las cuatro legislaturas anteriores por el anterior
presidente del Gobierno. Siendo esto cierto, no lo es menos que esos
importantes pasos deben tener continuidad en la presente legislatura.

Mi grupo comparte el ánimo que ha puesto de manifiesto el señor
vicepresidente en el sentido de procurar por todos los medios
posibles los puntos de coincidencia con las demás fuerzas políticas
para culminar la reforma del Reglamento del Congreso. Creo que hay
mucho avanzado de la pasada legislatura y espero que concluyamos lo
antes posible los trabajos de una reforma que yo creo que todos los
grupos entendemos como absolutamente necesaria y que por tanto,
intentemos procurar
llegar a un acuerdo para hacer más eficaz el funcionamiento de esta
Cámara y el conjunto de la actividad parlamentaria.

Otra cuestión importante que se desprende de las palabras del señor
vicepresidente del Gobierno y que es plenamente compartida por el
Grupo Popular es el ofrecimiento permanente de diálogo para conciliar
posiciones y alcanzar acuerdos. Creo, señorías, que esta no es una
cuestión baladí. Hubo quien vaticinó que la predisposición al diálogo
no sería la pauta de comportamiento de un Gobierno respaldado por una
cómoda mayoría, que esa predisposición, plasmada en importantes
acuerdos en la pasada legislatura, era fruto de las aritméticas
parlamentarias más que de la convicción. Pues bien, de las palabras
del propio vicepresidente se desprende que esos augurios no iban bien
encaminados, algo que por otro lado nos satisface plenamente, y es
que a nuestro juicio la cultura del diálogo no debe ser patrimonio de
gobiernos débiles por minoritarios sino norma permanente de conducta
parlamentaria, ya sea en minoría o en mayoría. Creo, señorías, que la
cultura del diálogo no favorece a unos y perjudica a otros, sino que
nos fortalece a todos en la medida en que el principal beneficiario
del fruto de ese diálogo no es uno ni otro partido, no es el Gobierno
o la oposición sino el conjunto de los ciudadanos. Por ello esperamos
que culminen con éxito las negociaciones y que lo antes posible se
pueda llega a un acuerdo sobre la renovación del Defensor del Pueblo,
del Consejo de Universidades, de la Junta Electoral o del Consejo de
Radiotelevisión Española. Por otro lado, nos complace haber escuchado
en boca del portavoz socialista, señor López Garrido, que haya
manifestado su posición favorable a la publicidad de las
comparecencias previas de los candidatos a aquellos puestos
reservados a la de nombramiento por parte de las Cámaras. Es un
criterio que ya le trasladó en el día de ayer nuestro portavoz, señor
De Grandes, al portavoz de su grupo, señor Martínez Noval, y
esperemos que también en esta cuestión podamos ponernos de acuerdo.

Por lo demás, creo que sería ocioso por mi parte que me pusiera a
defender la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia,
toda vez que responde además fielmente a las funciones que la Ley del
Gobierno encomienda a su departamento, de la misma forma que me
parecería poco oportuno y ocioso que me pusiera ahora aquí a glosar
las bondades de todos los planes y objetivos que el señor
vicepresidente ha puesto de manifiesto en relación con los diferentes
objetivos de los centros directivos y organismos dependientes del
Ministerio de la Presidencia, pues está claro además que han sido
explicados de manera bastante diáfana y pormenorizada. Queríamos
manifestarle nuestro apoyo a esos planes en relación al Centro de
Investigaciones Sociológicas, al Boletín Oficial del Estado, al
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y a Patrimonio
Nacional y animarle a que impulse también la progresiva



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introducción de las nuevas tecnologías de la información en los
mecanismos de comunicación de los diferentes centros directivos y
organismos dependientes de su Ministerio, en la medida en que eso
será síntoma de modernidad, de vanguardismo y de la necesaria
adaptación de la Administración a los nuevos tiempos.

Finalmente, señor vicepresidente, desde mi grupo parlamentario
quisiéramos desearle mucha suerte, porque creo que la buena suerte,
el buen éxito y el buen andar de su Ministerio será, en buena medida,
al éxito y el buen andar para todos, y si ese deseo desde el Grupo
Popular es común para todos los miembros del Gobierno, especialmente
lo es para el ministro de la Presidencia en la medida en que, como es
un Ministerio horizontal, todos deseamos una buena coordinación,
independientemente de la legítima y necesaria crítica, pues ello
redundará en beneficio del conjunto de la sociedad española.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Muchas gracias a todos los señores
portavoces que han intervenido, a los cuales voy a contestar en la
medida en que me sea posible hacerlo, aunque haré el mayor esfuerzo
de que soy capaz y no sé si he tomado las notas suficientes -espero
que así haya sido- sobre los distintos asuntos que han planteado, y
por el orden en el que han intervenido.

Sin perjuicio de que sería discutible el poco interés ciudadano por
las armaduras reales y por los tapices, asunto que en cualquier caso
creo que no debemos debatir aquí, sí puedo aceptar del señor López
Garrido que no haya conseguido emocionarle con mi intervención.

Tendrá que convenir conmigo que ciertamente no es fácil hacerlo y que
tampoco es usual que ningún ministro, de cualquier gobierno que sea,
logre generar la más mínima emoción en un diputado de la oposición.

En cualquier caso, como la emoción es un concepto subjetivo y por
tanto de cada uno, no puedo más que limitarme a constatar lo que ya
es un hecho objetivo, puesto que ha sido anunciado por el señor López
Garrido: que no he logrado emocionarle en mi intervención.

Mi intervención tenía un cuádruple sentido. En primer lugar, quería
hacer un recordatorio de lo que son los objetivos políticos más
importantes que este Gobierno plantea para esta legislatura. He dicho
que era un recordatorio muy sumario porque no voy a proceder aquí,
como es perfectamente entendible, a la lectura del programa electoral
del Partido Popular o ni siquiera al propio discurso de investidura,
pero creo que había que hacer un recordatorio de los asuntos más
importantes.

En segundo lugar, he intentado fijar el calendario político.

Lógicamente alguno de esos asuntos que debemos abordar a lo largo de
la legislatura quedarán para un momento posterior. Aquí se ha hecho
referencia por alguno de los intervinientes a la reforma fiscal, pero
hay otros asuntos que hemos considerado que deben ser prioritarios y
luego, a lo largo de mi intervención, volveré a reiterarlos aunque
sea de manera sucinta.

En tercer lugar, he procurado detallar, en la medida en que es
posible en una intervención de estas características, los principales
objetivos que tengo como vicepresidente político y también como
ministro de la Presidencia. En ese sentido, hay que entender mis
referencias a las reformas de los reglamentos de las Cámaras, a la
Ley de financiación de los partidos, a la del régimen electoral
general, a la regulación previa de las comparecencias de los
candidatos, a las renovaciones institucionales pendientes o a los
derechos de asociación, petición y de los colegios profesionales.

En cuarto lugar, culmino mi comparecencia respondiendo a todos y cada
uno de los temas que ustedes han planteado. Procurando no entrar en
juicios de valor, el señor López Garrido afirma que no le he
emocionado o que he aclarado poco las intenciones políticas del
Gobierno. Es evidente que no puedo convencerle de lo contrario,
porque son impresiones, pero sí me gustaría ir comentando poco a poco
algunos temas que, por ser más objetivos, pueden ser glosados por mí.

Usted está de acuerdo en que haya diálogo, yo creo que en eso estamos
de acuerdo todos, por lo menos todos lo enunciamos así. Respecto a
que haya control político del vicepresidente primero, no puedo decir
otra cosa diferente. Está preocupado por el abuso de la mayoría. Yo
espero que el paso del tiempo le quite esa preocupación. Manifiesta
su voluntad de que tengamos un pronto acuerdo en las renovaciones de
órganos institucionales pendientes, como son la Junta Electoral, el
Consejo de Radiotelevisión Española, el Defensor del Pueblo y el
Consejo de Universidades. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo.

Usted pide que el Gobierno guarde las formas en el caso de los
nombramientos de los responsables de la Mesa del Parlamento. Los
responsables del Parlamento los eligen las propias Cámaras; los
propone -tradicionalmente ha sido así y es lógico- el grupo
mayoritario y el portavoz o presidente del Grupo Parlamentario
Popular es el propio presidente del Gobierno. En cualquier caso,
quiere usted que conservemos las formas y estamos dispuestos a hacer
un esfuerzo en este sentido en el futuro.

Por dar respuesta a los temas que usted ha planteado, quisiera
hacerle dos o tres comentarios sobre nombramientos. No pone usted
ninguna pega a la propuesta de que don Enrique Múgica sea Defensor
del Pueblo, pero sí las pone al nombramiento del señor Ferrari y del
señor Cabanillas. Poco tengo que decir sobre el nombramiento del
señor Cabanillas. No creo que al presidente



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del Gobierno se le pueda discutir quiénes van a ser sus ministros; en
cualquier caso, tiene usted perfecto derecho a expresar su criterio.

Quisiera hacer algunas consideraciones sobre el nombramiento del
señor González Ferrari en la televisión, porque es un asunto
absolutamente recurrente. El Gobierno tiene la competencia, la ha
tenido desde el año 1978 ó 1979, como la tiene en todas las
comunidades autónomas, de nombrar un director del Ente Público de
Radiotelevisión, en este caso de Radiotelevisión Española. Este es un
debate que hemos tenido a la largo de mucho tiempo y en el que
siempre se ha producido toda suerte de declaraciones sobre la bondad
o no del sistema, pero mientras esto sea así -y nosotros estamos
dispuestos a hablar de lo que sea-, todos los gobiernos nombran al
director de Radiotelevión. Nosotros hemos nombrado al señor González
Ferrari, que es un periodista acreditado, que ha trabajado en
innumerables medios de comunicación de muy diversas tendencias, desde
Radio Nacional, a la COPE, Onda Cero, Telemadrid, Cadena Ser o
Televisión Española, y que, por tanto, tiene un currículum
acreditado. Es verdad que se han interpuesto 28 recursos en la última
campaña electoral contra el señor González Ferrari, pero también es
verdad que no se ha ganado ninguno, señor López Garrido, es decir,
que no siempre tiene razón el que interpone los recursos. También es
verdad, y no ha hecho usted ninguna alusión a ese asunto, que son
muchos los profesionales, con responsabilidades importantes en
Televisión Española y en Radio Nacional de España, que han firmado
manifiestos de apoyo a un determinado partido político, asunto en el
cual nosotros no hemos dicho nada. No me parece que eso sea
suficiente razón para que estas personas estén inhabilitadas para ser
editores de programas de la radio o de la televisión pública, porque
se haya producido esa circunstancia. También es verdad, y salía ayer,
que estos asuntos se plantean en buena parte de las comunidades
autónomas. Yo lo único que puedo decirle es que en este momento el
Gobierno nombra a un responsable de Televisión Española, porque cree
que es una persona con un currículum suficientemente acreditado, y
que estamos dispuestos a hablar en el futuro para fijar unas reglas
exactamente iguales para todos, pero digámoslo todo y no solamente
hagamos afirmaciones que contemplan las cosas de una manera parcial.

Lo mismo ocurre en el asunto del señor Cardenal. El fiscal lo nombra
el Gobierno, así lo dice la propia Constitución y el estatuto del
ministerio. Nosotros nos hemos comprometido a nombrar a un fiscal
general que fuera de la carrera fiscal. Ustedes pueden tener
criterios diferentes, no es la primera vez que ocurre, se procura
acertar, aunque a veces se acierta y a veces no, y el juicio no
siempre es coincidente. También ha hecho referencia a que las
comparecencias de todas estas personas que sean candidatos a ocupar
puestos en órganos institucionales sean públicas. Yo aquí no tengo
nada más que decir que estoy de acuerdo,
lo dije en mi intervención y espero que cuando se produzca la reforma
del Reglamento así se haga.

Hay una petición de que el Gobierno -es otro asunto- no ningunee al
Parlamento. Tiene razones para recelar. Habla de que se han
presentado 85 decretosleyes en la última legislatura, que en muchas
ocasiones se ha abusado del procedimiento de urgencia, que la ley de
acompañamiento es una ley que recoge excesivas modificaciones de
normas vigentes y que el debate de presupuestos es un debate difícil
de entender. No le voy a negar la razón en muchas de las cosas que
dice. Es probable que 85 decretos-leyes sean muchos. Es probable que
en ocasiones se haya pedido con exceso el procedimiento de urgencia.

Es cierto que la ley de acompañamiento es una ley que recoge muchas
modificaciones de normas; también es verdad que esto no se ha
inventado de un año para otro, aunque en el año 1996 hubo 59
disposiciones modificadas y que la ley tuvo 224 artículos. En el año
1997, con 209 artículos hubo 38 disposiciones modificadas y hemos
hecho un esfuerzo en el año 1999, donde la ley de acompañamiento tuvo
132 artículos. Es verdad también que la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos adoptó un acuerdo en el mes de mayo
de 1999 con arreglo al cual era imprescindible, para incluir una
propuesta normativa en dicho proyecto, que la misma tuviera una
conexión directa con los ingresos o gastos públicos, con la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y con la ejecución del programa
económico y financiero. Es verdad que aquí habrá que hacer un
esfuerzo para que la ley de acompañamiento vaya en la línea de este
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

No sé si el debate de presupuestos, tal y como está regulado en este
momento, es mejorable, pero es la regulación que ha habido
prácticamente desde 1978- 1979. Hay un debate de totalidad, que es
-más político, luego hay un debate en Comisión, vuelve a Pleno y
luego va al Senado-. Es probable que se puedan aportar algunas ideas
que redunden en que este debate se haga de una manera más atractiva,
tenga mayor contenido político o pueda generar más atención en el
conjunto de la opinión pública. Yo no niego que eso sea así y, desde
luego, yo trabajaré en ese asunto y sería bueno que también ustedes
lo hicieran.

Dentro de las razones para recelar, cita usted la huida de ministros
en las sesiones de los miércoles, los problemas en el envío de
documentos ... Yo creo que podemos hablar sobre este asunto. El
Gobierno hará - yo así me comprometo- el mayor esfuerzo del que sea
capaz para que estas cosas se produzcan en cuantas menos ocasiones
mejor y, en cualquier caso, cuando se produzca el debate sobre la
reforma del Reglamento sin duda alguna podemos intentar mejorar el
actual funcionamiento de la Cámara.

Respecto al CIS pide que se pongan en conocimiento las encuestas a
tiempo. Yo estoy de acuerdo. Hace



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usted referencia a una encuesta que ayer recogían los medios de
comunicación, que se había filtrado. Es probable que se haya filtrado
por el CIS. No puedo informar de este asunto. Lo que sí puedo decirle
es que a mí no se me entregó y soy el responsable del CIS. Por tanto,
no sé si se ha filtrado o no, si era de antes o era de ahora y quién
lo habrá hecho.

En cuanto a las funciones políticas del vicepresidente del Gobierno,
las ha explicado muy bien en su intervención el representante del
Partido Nacionalista Vasco. En este momento el vicepresidente del
Gobierno se ocupa de hacer el calendario político del Gobierno, de
velar por su cumplimiento, que es la principal responsabilidad que
nosotros tenemos ante los electores y cualquier gobierno tiene, de
fijar el orden del día del Consejo de Ministros, competencias muy
específicas en su condición de ministro de la Presidencia, y en su
condición también de vicepresidente político se ocupa de la atención
a todos los asuntos a los que he hecho referencia especial: a la
reforma de los reglamentos de las Cámaras, a la renovación de los
órganos institucionales, al desarrollo de los derechos fundamentales,
tal y como se recoge en la Constitución, fundamentalmente me he
referido a asociaciones y peticiones -son las funciones básicas-, y,
desde luego, de velar por que se cumpla la ley, de coordinar las
actuaciones de los ministerios y en todos aquellos asuntos que sean
competencias de diversos ministerios, lógicamente intentar que el
Gobierno tenga una posición común.

Hace un comentario sobre la abstención. Ha votado el 70 por ciento.

Tampoco creo que sea un asunto demasiado preocupante. Es la media de
votos que hay en los países europeos. Es verdad que en unas
elecciones votan más que en otras, pero tampoco me parece un asunto
para generar una excesiva preocupación. Es un asunto sobre el que
podemos trabajar entre todos para que la gente vote más. En cualquier
caso, nosotros hemos tenido un número de votos y de apoyos
razonables, con lo cual nos damos por satisfechos. (Risas.)
Son verdad las cosas que usted dice sobre los derechos y libertades.

El problema del maltrato a las mujeres es un hecho objetivo. Usted
cita los asesinatos que se producen. También es verdad que hay un
exceso de accidentes laborales lamentable. Luego hace una referencia
especial sobre la inmigración a la cual sí quiero contestar.

Nosotros estamos preparando un plan sobre la violencia doméstica. Ya
hay un plan aprobado en la última legislatura. Nos gustaría hacer uno
más ambicioso que abarcase las actuaciones de más ministerios entre
éste y el próximo período de sesiones. Ya está en la agenda social
como uno de los temas más importantes el excesivo número de
accidentes laborales que se producen en España.

En cuanto a la inmigración, yo comprendo que cada uno dice lo que
estima oportuno y conveniente, pero le
rogaría que no hiciera juicios de valor. Bueno, si quiere haga
juicios de valor (Rumores). Lo que sí le digo es que los juicios de
valor que usted hace no se corresponden con la realidad. Es decir,
usted no puede decir que a ustedes les preocupa la educación, la
vivienda, la sanidad y la política de integración y a nosotros nos
preocupa la parte policial de la inmigración. No. Nosotros también
somos personas, igual que lo son ustedes. Por tanto, nos preocupa a
todos. Lo que pasa es que nosotros podemos pensar que la ley, tal y
como ha sido aprobada a final de la última legislatura, no es buena.

Yo creo que es una opinión perfectamente defendible, así lo
entendemos, y, por tanto, planteamos -y lo hicimos ya en su momento,
es decir, cuando se votó la ley en las Cortes y a lo largo de la
campaña- que había que proceder a la reforma de la ley. Además hemos
ofrecido a todos los grupos parlamentarios un acuerdo. Nosotros
trataremos este asunto en un próximo Consejo de Ministros,
abordaremos las reformas legales que creemos son necesarias y ya en
el mes de junio, repito, plantearemos a los distintos grupos
políticos algunos asuntos que creemos deben reformarse.

No estoy de acuerdo, aunque sea uno de los argumentos que usted
utiliza para decir que a nosotros nos traen sin cuidado todos los
temas de educación, vivienda y la política de integración y que sólo
nos preocupamos por los temas policiales, con que la Delegación del
Gobierno para la Inmigración no deba estar en el Ministerio del
Interior. No estoy de acuerdo. Yo comprendo que usted pueda tener
planteamientos diferentes, pero este es un tema que hemos debatido en
el Gobierno y hemos acordado situarla en el Ministerio del Interior,
primero, porque el Ministerio del Interior tiene ya las competencias
más amplias y generales en materia de inmigración, que ejerce a
través de la Dirección General de Política Interior y de las
Subdirecciones Generales de Extranjería y Asilo y de la Dirección de
la Policía, Comisaría General de Extranjería y Documentación. Por
otra parte, porque el Ministerio del Interior tiene una relación
privilegiada con la Administración periférica, las delegaciones y las
subdelegaciones del Gobierno y que es fundamental para la eficaz
ejecución de una política de extranjería, en tercer lugar, porque
conviene que el órgano de que se trata tenga una capacidad de
reacción rápida ante situaciones de crisis, lo que también forma
parte de los hábitos administrativos propios del Ministerio del
Interior, y prueba de esta última afirmación viene dada por la
actuación de estos ministerios en algunas zonas de España a lo largo
de los últimos años. Además, este es un asunto que no es nuevo, que
preocupa y que se ha debatido no hace mucho tiempo con el resto de
los países de la Unión Europea. Aquí se ha organizado un seminario,
no hace muchas fechas, en el que participaron la práctica totalidad
de los países comunitarios, y una de las conclusiones de dicho
encuentro fue constatar que todas estas materias de extranjería e
inmigración,



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en la práctica totalidad de los países, estaban divididas entre
diferentes ministerios, si bien en la inmensa mayoría de esos países
en todos los casos estaban bajo la coordinación del Ministerio del
Interior equivalente; es decir, en todos los países de la Unión
Europea la coordinación la hace el Ministerio del Interior, con la
única excepción de Francia, -en Francia lo hace directamente el
primer ministro-, y en Irlanda, Países Bajos y Suecia, coordina el
Ministerio de Justicia. Por tanto, ese es un tema opinable. En la
mayor parte de los países europeos lo hace el Ministerio del
Interior, salvo en Francia, Irlanda, Países Bajos y Suecia lo hace el
Ministerio de Justicia, lo cual no quiere decir que sea la mejor
solución, probablemente no lo sea, pero yo creo que tampoco hay que
extraer la conclusión, ni siquiera a efectos retóricos o dialécticos,
de que eso es la demostración de que el Partido Popular tiene una
mentalidad policial en el tratamiento de estos asuntos.

No es que el señor don Jaime Mayor, en boca del cual no voy a hablar
yo, compare el terrorismo con la inmigración, señor López Garrido -y
usted así lo entiende-. Lo que dice el señor Mayor, y es verdad, es
que la inmigración es un problema importante; es que lo es y lo va a
ser mucho mayor en los próximos años. Sin duda es una política que
debe ser comunitaria y en la que todos los países de la Unión deben
hacer un esfuerzo para mantener los mismos criterios, opiniones
y actuaciones, y deben actuar en muchos y muy diferentes campos a la
vez. Por tanto, sepamos que este tema es importante y que debemos
actuar con la seriedad debida.

Respecto a la televisión, ya se lo he dicho antes, usted ha hecho un
apunte sobre que el Parlamento tiene que designar al director. Eso
era lo que decíamos nosotros cuando estábamos en la oposición. Ayer
mismo -leí un teletipo- lo decíamos en el Parlamento de Andalucía (la
señora Conde Gutiérrez del Álamo: ¡Qué cara!). Los nuestros decían
que no aceptaban al señor Abellán. No lo conozco, no sé si lo habrá
hecho bien o mal, supongo que en opinión de unos lo habrá hecho bien
y en opinión de otros no lo habrá hecho tan bien, que es lo que suele
suceder en estos casos, pero al final podemos hacer todos los
discursos que queramos, pero lo que dice la lógica, la sensatez y el
sentido común es que nos pongamos de acuerdo -yo sé que es difícil
hacerlo- para elaborar un modelo común para todos. Yo estaría de
acuerdo, se lo digo con absoluta franqueza. Se ha intentado algunas
veces -no sé con qué grado de voluntad por parte de todos los que lo
hicieron-, pero y estoy dispuesto a hablar de este asunto, igual que
estamos dispuesto a hablar del Consejo audiovisual. Yo creo que sería
bueno hablar, sobre todo a la hora de fijar contenidos. No será
fácil, no se crea usted que es fácil crear un consejo audiovisual que
vele por los contenidos de las distintas televisiones, pero es un
asunto del que podemos hablar así como de la reforma del Estatuto de
Radiotelevisión. Lo único que nosotros
decimos es que queremos que Radiotelevisión sea un servicio
público, que queremos una televisión fuerte y con un sistema de
financiación mixto y estable. A partir de ahí, estamos dispuestos a
hablar de lo que a ustedes les parezca oportuno y conveniente. Lo que
no sé si tiene mucho sentido es que hagamos un discurso aquí y el
contrario en otro lugar.

Usted ha hablado de algunos aspectos que inciden -y es la expresión
que ha utilizado- en la regeneración de la vida pública, y yo estoy
de acuerdo. La financiación de partidos, el régimen electoral, el
pacto de la justicia son asuntos, algunos de los cuales además he
citado antes, sobre los que el presidente del Gobierno ha manifestado
su intención y su deseo de que sean objeto de acuerdos entre
partidos.

Sobre el Estado autonómico y sobre si la intervención es larga o es
corta o dice mucho o dice poco podríamos estar hablando años. Yo le
puedo apuntar tres o cuatro ideas, aunque esto también sería para
debatir durante muchas horas. Primero, yo creo que el modelo de
Estado en España es el que hay, el que está en la Constitución y en
los estatutos de autonomía. Yo creo que el diseño jurídico está, es
decir, nosotros no planteamos, ni ustedes, al menos en su programa
electoral, tampoco, ninguna reforma constitucional -no sé si
plantearon lo del Senado- ni ninguna reforma de los estatutos de
autonomía. A lo mejor plantearon la del Senado, y nosotros también en
su día, no en esta ocasión; no lo hemos planteado en el debate de
investidura. Por tanto, yo creo que el diseño jurídico del Estado es
el que hay y restan, efectivamente, algunos traspasos por hacer;
probablemente los más importantes desde el punto de vista
cuantitativo y quizá también cualitativo sean los de la sanidad a una
serie de comunidades autónomas. Pero hay un dato que es evidente, y
es que desde el año 1978 hasta el año 2000, el proceso de
descentralización que se ha producido en España, con todos sus
problemas, ha sido muy importante. Hoy la Administración central del
Estado debe emplear el 50 y tantos por ciento del gasto público total
español y el 40 y tantos por ciento lo gastan entre comunidades
autónomas y corporaciones locales. Por tanto, para mí, el modelo de
Estado en España es el que está en la Constitución y en los estatutos
de autonomía; no planteo nada más. A partir de ahí, podemos hablar
del Senado; podemos hablar de perfeccionar -luego diré algo- el
modelo de financiación autonómica, sin duda alguna; podemos hablar de
que las comunidades autónomas tengan una mayor participación en los
asuntos europeos. De todo eso es evidente que podemos hablar, y de lo
primero que voy a hablarle a usted es del Senado, porque es otro de
los asuntos a los que ha hecho referencia.




Con esto ocurre algo así como con las reformas sobre las
televisiones: todo el mundo dice que hay que reformar el Senado, pero
cuando llega la hora de hacerlo,como ni usted ni yo hemos estado allí
cuando se ha



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reformado el Senado, nadie nos puede echar la culpa, aunque
probablemente nos la echen, quizá más a mí que a usted y seguro que
con razón. Pero una reforma constitucional del Senado ¿para qué?
¿Para cambiar el sistema electoral, para reformar sus funciones, para
resolver el problema de los hechos diferenciales? ¿Cómo se resuelve
el problema de los hechos diferenciales? ¿Somos capaces de llegar a
un consenso sobre eso? Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero mientras
eso sea así, yo me quedo con lo que se acordó hace unos días en el
Senado por el conjunto de los grupos parlamentarios. Bueno, el
conjunto no; votaron a favor el PSOE, el PP, Entesa Catalana de
Progreso y Convergència i Unió. Se crea una ponencia en el seno de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas para reformar aquellos
aspectos de la Cámara para que mejore su eficacia en el ejercicio de
las funciones que, como foro de representación territorial, le otorga
la Constitución y, como Cámara ha de expresar la realidad plural de
España. En este sentido, se aprovecharán los trabajos de las
ponencias y luego también la ponencia abordará el formato con que se
llevará a cabo el debate del Estado de las autonomías. Yo estoy
dispuesto a colaborar en esta línea y, por tanto, a respetar lo que
ha dicho el Senado en su inmensa mayoría.

Hay un asunto importante que usted plantea, que es el tema europeo.

Usted dice que nosotros no aceptamos la tesis de una Europa federal,
ni de una Europa social. Nos parece precipitado. Nosotros no creemos
que sea el momento de hablar de una Europa federal. Esa es una
nuestra opinión, que naturalmente puede modificarse y que es muy
discutible. Lo de la Europa social es un discurso similar al de la
inmigración. Dice que no hemos aprobado una directiva, no lo sé;
probablemente no la hayamos aprobado; ya me enteraré de cuál es y la
aprobaremos, como es natural. (Risas.)
Se ha referido también a la Carta de los derechos fundamentales. El
Gobierno está empeñado en que salga adelante esa carta de los
derechos fundamentales, que se incorpore al Tratado y nos gustaría
que se hiciera antes de que termine el año 2000. En ella están
trabajando algunos representantes del Congreso y del Senado: el señor
Solé Tura, el señor Cisneros y algún otro. Nosotros queremos que se
elabore esa carta europea de los derechos fundamentales y
naturalmente estamos por la reforma del Tratado porque hay que
abordar reformas institucionales que nos permitan llevar a buen
puerto el funcionamiento de las instituciones cuando se produzca la
ampliación. ¿Déficit democrático? A lo mejor lo hay, no le digo que
no. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo entre todos para que
estas cosas cada vez se puedan debatir más y sean producto de una
voluntad mayoritaria, pero nosotros no hacemos una cosa distinta de
lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años. El presidente
comparece cuando comparecían siempre los presidentes, y esto se hace
en la mayor parte de los países de Europa;
hay otros en los que no se hace, por ejemplo, en el Reino Unido; sin
embargo, en la mayor parte de los países el presidente comparece
después. Aquí comparecerá el ministro de Asuntos Exteriores antes del
Consejo portugués y, por tanto, en esa Comisión Mixta Congreso-Senado
cada uno puede opinar lo que estime oportuno y conveniente. Además,
en la Conferencia sectorial de Asuntos Europeos, con participación de
las comunidades autónomas, se ha abordado un procedimiento que sin
duda puede mejorarse para que las comunidades puedan también
participar en la formación de esa voluntad común.

En cualquier caso, tampoco creo que debamos preocuparnos en exceso
porque haya un déficit democrático por que aquí, al final, estos
temas europeos, en general, los hemos llevado con acuerdos muy
mayoritarios. Es decir, las grandes decisiones que ha tomado España
sobre los temas europeos no han sido producto de la imposición de una
mayoría sobre una minoría sino que, en general, y ya desde el
principio han contado con apoyos enormemente mayoritarios en el
Congreso de los Diputados y en el Senado. En cualquier caso, sin duda
alguna, también podemos hacer un esfuerzo para mejorar esos defectos
que usted enuncia y que yo no pongo en tela de juicio de una manera
radical, aunque sí matizo.

El señor Mauricio hace un breve resumen a lo largo de su intervención
sobre lo que fue el calendario político, que evidentemente es la
parte más política de las que yo he tocado. Luego pide prioridades,
criterio y actitudes y hace un comentario en el que yo tengo razón,
es decir, las mayorías tienen dos peligros: uno, su intransigencia o
su abuso; y otro, que con el cuento -con perdón- del consenso al
final no hagan nada. Es evidente que nosotros tenemos que actuar de
una manera equilibrada porque claro, esto del consenso... Yo siempre
recuerdo el famoso asunto de la financiación autonómica del año 1996.

Nosotros estamos en el consenso, pero si la otra parte no lo quiere,
o quiere que salga una cosa distinta a la que queremos nosotros, es
imposible llegar a acuerdos. Yo creo que el consenso es cosa del
Gobierno pero también de la oposición. Las prioridades son las que he
fijado antes en el calendario político. Respecto de los criterios, no
se me puede pedir una explicación de todos y cada uno de los
proyectos de ley que he anunciado antes aunque sí comentaré alguna
cosa porque a ello se ha referido de manera especial el señor
Mauricio. Como he dicho antes, la actitud será la de intentar llegar
a entendimientos. Hemos citado ocho asuntos en los que nos parece
básico lograrlo y nos gustaría llegar a él en el mayor número posible
de temas. Lo que pasa es que probablemente en muchas ocasiones esto
tampoco le interese a la oposición, porque tiene una función
constitucional y además porque son partidos con planteamientos
diferentes; pero en los temas de Estado sí debiéramos hacer un
esfuerzo entre todos.




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El Pacto de Toledo y la reforma de la normativa laboral así como la
agenda del diálogo social empiezan ya y son objetivos básicos, junto
con las renovaciones institucionales y la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado con el objetivo del déficit cero.

La reforma fiscal, efectivamente, se hará más adelante, y los pactos
autonómicos y locales deben ser aprobados y plasmarse en el proyecto
de presupuestos del año 2001, es decir, que el acuerdo sería bueno
conseguirlo lo más tarde en julio de ese año.

Respecto del criterio para la financiación autonómica simplemente voy
a hacer una reflexión para que quede constancia. Los Presupuestos
Generales del Estado para los años 1997, 1998, 1999 y 2000 tuvieron
una subida máxima del 4 por ciento. Creo recordar que en el año 1997
subieron el 1,7 por ciento y luego el tres, el tres y algo y el 4 por
ciento. En todos esos años, las transferencias del Estado a las
comunidades autónomas se incrementaban como mínimo en el PIB nominal
-como mínimo, porque en la práctica se incrementaban más-, y el PIB
nominal estuvo en alrededor del 6 por ciento. Ese sistema, mantenerse
durante muchos años, es letal para la Administración central del
Estado. No se puede mantener que el gasto del Estado aumente el dos o
el tres y una partida, la de comunidades autónomas, y otra, la de
corporaciones locales, aumenten como mínimo el PIB nominal porque
llega un momento en el que no hay más. Nosotros creemos que hay que
hacer un nuevo modelo de financiación autonómica siguiendo la línea
del modelo anterior pero aumentando la corresponsabilidad fiscal y la
autonomía financiera de las comunidades autónomas. Porque si una
parte de las Administraciones públicas tiene garantizada al menos una
parte de los recursos y la que los garantiza no los tiene
garantizados, aviados estamos -y perdón por la expresión-. Nosotros
vamos a intentar plantear el nuevo modelo de financiación autonómica
en esa línea. Hay que incrementar los instrumentos de solidaridad
entre comunidades autónomas. Sobre esto se pueden publicar 500 libros
y hacer muchas cosas. La solidaridad está en el modelo de
financiación; pero no solo ahí. Porque la solidaridad por excelencia,
que es la solidaridad personal, es la solidaridad de la Seguridad
Social. Otra fuente de solidaridad enormemente importante,
probablemente de mucha más trascendencia que la del propio modelo de
financiación, sea la solidaridad que se plasma en los Presupuestos
Generales del Estado, porque el fondo de compensación
interterritorial, que reciben ocho o nueve autonomías, al final son
unos cuantos miles de millones; si a uno le hacen una autopista que
cuesta 100.000 millones, evidentemente eso es mucha más solidaridad
que ochenta fondos de compensación territorial. Por lo tanto, los
criterios del modelo de financiación irán por ahí.

El estatuto de la Función pública sí es un compromiso del Gobierno,
efectivamente, manifestado por su presidente. El señor Mauricio
manifiesta su acuerdo en
la reforma del Reglamento. En materia de educación hay dos asuntos
que son muy importantes: el refuerzo de la enseñanza de humanidades y
la reforma de la Ley de Reforma Universitaria, que es del año 1983 y
ya ha pasado por diversos intentos de reforma que todavía no se han
plasmado en nada. Sobre la justicia, también abriremos una mesa a lo
largo del presente año 2000. Creo que estos son los asuntos más
importantes a los que el señor Mauricio se refería en su
intervención.

Al señor Erkoreka, en representación del PNV, al igual que a los
demás intervinientes le agradezco sus palabras de bienvenida. No sé
si se ha enterado -supongo que si lo dice o.

Yo me he enterado porque me lo han dicho, pero en cualquier caso no
es un problema del Gobierno. A mí me lo comunicó el asesor
parlamentario. Yo tampoco sé si me han mandado o no una carta. En
fin, ese es un tema menor. (Un señor diputado: Salió en el ABC.)
¿Salió en el ABC? Bien. (El señor Marcet i Morera: El señor ministro
no lee ABC.)
Me plantea tres cuestiones. En primer lugar, la definición de mis
responsabilidades a los efectos de sobre qué asuntos me pueden
controlar. A mí me pueden controlar sobre lo que estimen oportuno y
conveniente, nunca he puesto ningún tipo de pegas, y además creo que
es su obligación. Yo creo que las competencias ya las he señalado
antes, son las que se fijan en los reales decretos de creación de las
vicepresidencias, y es verdad que algunas son coordinación
interministerial de aquellas que me encomiende el Gobierno o el
propio Consejo de Ministros. Me pregunta si se van a conocer. Yo no
tengo ningún inconveniente. En este momento estoy, fundamentalmente,
con el tema del calendario político, con los asuntos a los que antes
he hecho referencia e intentando negociar con ustedes -empezaremos
dentro de unos días- algunos de los asuntos que hemos mencionado los
temas sociales, los asuntos de inmigración, todos los temas
institucionales pendientes. Por lo tanto, estos son los asuntos que
me ocupan en este momento.

Luego me ha preguntado si vamos a hacer un programa legislativo. Yo
he avanzado un calendario legislativo, pero en sus líneas más
generales. Yo voy a hacerlo. Usted me ha preguntado por él, yo creía
que era una idea que se me había ocurrido a mí; ya veo que el crear
un programa legislativo se le ocurre a más personas. Sí tengo pensado
hacerlo. Está esbozado en sus líneas generales, a las cuales antes he
hecho referencia, pero yo sí haré un programa legislativo, que
lógicamente tendrá como idea básica el cumplimiento del discurso de
investidura y el programa electoral del Partido Popular, porque es
una buena forma de controlarse uno mismo, de exigirse y de cumplir lo
que ha prometido al conjunto de los ciudadanos.

Sobre la ley de Gobierno y la Lofage, que son dos leyes por mí muy
queridas porque llevé yo la iniciativa cuando era ministro de
Administraciones Públicas,



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vamos a hacer una evaluación legislativa de cómo se están aplicando
estas leyes. Lo vamos a hacer en el Instituto Nacional de
Administración Pública. Yo creo que es importante hacerlo y ya le
anuncio que era una de las previsiones que tenía el Gobierno, pero no
hablé de ello en mi intervención porque tampoco es un asunto de
enorme interés político, aunque sí lo tiene de fondo.

En cuanto a la comparecencia de los candidatos -sobre este asunto
también se ha pronunciado el señor López de Lerma; recordaba una
iniciativa de Convergència i Unió y que Aznar lo ha dicho en el
discurso de investidura- usted va más allá, porque dice que la
comparecencia debía ser obligada para otros cargos distintos a los
que tienen que ser ratificados por el Congreso, y ha citado algunos
que son de competencia del Poder Ejecutivo. Ese criterio, por lo
menos a fecha de hoy, yo no lo comparto.

Damos un primer avance, muy importante, con que todas aquellas
personas cuyo nombramiento dependa de decisiones de las Cámaras
comparezcan previamente, y aquí hay asuntos, no menores, como la
comparecencia de magistrados del Tribunal Constitucional -asunto
sobre el cual luego haré otro comentario-, miembros del Consejo
General del Poder Judicial y otros. En cualquier caso, yo no descarto
que en un futuro próximo algunas otras figuras, aunque no sean de
competencia de Las Cortes, puedan someterse también a este sistema,
pero creo que las cosas hay que ir haciéndolas por su orden y, que si
somos capaces -y estoy seguro de que lo seremos, porque el señor
candidato a Defensor del Pueblo va a comparecen pronto-, habremos
dado un gran paso que nos puede servir de guía para continuarlo con
otras posibles personas. En cuanto al Tribunal Constitucional, ya
conozco su criterio; su tesis es que el Tribunal Constitucional no
garantiza la objetividad. Hay sentencias del Tribunal Constitucional
que a mí no me gustan, como supongo que a cualquiera de los miembros
de esta Cámara, pero alguien tiene que tomar, según qué, decisiones.

Aquí hay unos señores que aprueban las leyes, que somos los que
estamos aquí; hay un Poder Ejecutivo que gobierna y hay un
Legislativo que se encarga de velar por el cumplimiento de la
legalidad. Siempre tiene que haber una instancia máxima, y la
instancia máxima y ella es el Tribunal Constitucional. A todos nos
gustan o nos disgustan las sentencias de los jueces. De lo que sí soy
partidario, y procuro hacerlo, -me gusten o no me gusten las
sentencias de los jueces-, es de no opinar sobre ellas, porque es una
forma de reforzar un poco el planteamiento y la credibilidad en los
tribunales. Al final, siempre tiene que haber una instancia que
decide, salvo que sometamos todo a referéndum, y sería algo absurdo.

Por tanto, yo creo que el modelo de elección del Tribunal
Constitucional está bien, ha funcionado razonablemente, ha hecho
sentencias que a unos nos han gustado más que a otros y como, repito,
al final, tiene que haber un poder judicial, hay el que hay.

Al señor López de Lerma le diré que, efectivamente, mi intervención
sobre el CIS, Patrimonio Nacional, Centro de Estudios
Constitucionales no es muy divertida, pero es lo que hay. Yo tengo
que contar a esta Cámara los planes que tienen el CIS, el Centro de
Estudios Constitucionales y Patrimonio Nacional. Los objetivos de
legislatura son conocidos y no hay novedades ni podía haberlas
-tendría su gracia que las hubiera a estas alturas-, pero sí hay un
orden de prioridades que es lo que yo he intentado explicar.

El señor López de Lerma manifiesta su conformidad con algunas de las
afirmaciones que yo hice sobre la reforma del Reglamento. Ha dicho
que se va a dar de baja; yo le recomendaría que no se diera de baja,
porque hay que tener optimismo y pundonor, y yo creo que haremos una
reforma del Reglamento. Respecto a la comparecencia de altos
responsables del Estado, se suma a lo que ha dicho el señor Erkoreka.

Yo también me sumo a lo que he dicho antes en relación con lo
manifestado por el señor Erkoreka. Sobre la reforma normativa
laboral, el Pacto de Toledo y la extranjería manifestó la voluntad de
Convergència i Unió de hablar sobre ello, así como del Tribunal Penal
Internacional -asunto éste que ya ha entrado en las Cortes-, del
presupuesto, del Plan hidrológico, de la necesidad de reformar la Ley
de Haciendas Locales -recuerda al famoso asunto del IAE, que no es un
tema menor- y de la financiación de los partidos políticos.

En relación con la Ley Electoral, nosotros estamos abiertos a hablar
del asunto, pero en estas cuestiones -como en lo que respecta a la
reforma del Senado o la reforma del Reglamento- o hay un acuerdo
mayoritario o no merece la pena. A mí me parecería un disparate
colosal hacer una reforma electoral por mayoría. Hay asuntos que
están abiertos y sobre los cuales se ha producido mucho debate, y yo
estoy dispuesto a tener una conversación a lo largo de las próximas
fechas, como ocurre con el sistema de listas abiertas, tema
recurrente y sobre el que se ha debatido mucho. Otro asunto que es
discutible es si es bueno el actual sistema de elección de alcaldes.

Yo recuerdo que cuando hicimos la reforma del pacto local
establecimos algunas modificaciones, pero no este asunto de la
elección de alcaldes directamente por el ciudadano y luego lo planteó
algún partido político; sin duda, se puede hablar. Estoy de acuerdo
con regular el derecho de asociación y de petición. Nosotros estamos
trabajando en un anteproyecto de ley -que creemos debe ser orgánica-
reguladora del derecho de petición. Celebro que todos los proyectos
que yo he anunciado estén en el programa electoral de Convergència i
Unió, lo que servirá para que se incremente su voluntad de colaborar
en el Gobierno. Si tenemos los mismos proyectos, debemos tener la
misma voluntad de colaborar.

En cuanto al portavoz del Grupo Popular, el señor Bermúdez de Castro,
le agradezco su intervención y su apoyo. Es verdad, como él ha dicho,
que ésta es una



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legislatura importante desde el punto de vista cualitativo
y cuantitativo; es verdad que España tiene retos, como la Presidencia
europea del año 2002, en un momento en que en las instituciones
europeas ya se está produciendo un debate sobre algunos asuntos que
realmente preocupan al conjunto de los ciudadanos y, por tanto, el
Gobierno necesitará su apoyo, su esfuerzo y su dedicación en unos
momentos que van a ser enormemente importantes para todos.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.




(El señor López Garrido pide la palabra.) ¿Señor López Garrido?



El señor LÓPEZ GARRIDO: Para un turno de réplica o dúplica -no sé
cómo se llama- a la intervención del señor vicepresidente.




La señora PRESIDENTA: Sin que sirva de precedente y, haciendo uso de
lo que S.S. dijo anteriormente, dado que es la primera comparecencia
ante esta Comisión, tiene la palabra brevemente para ese turno de
réplica o dúplica.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señora presidenta, aunque me
temo que servirá de precedente el que haya turnos de dúplica en esta
Comisión, lo cual siempre es conveniente para que no sean monólogos;
es decir, así existirá la posibilidad de un mayor diálogo
parlamentario.

Queríamos incidir en algunas de las cuestiones que planteamos antes a
la luz de lo que nos ha respondido el vicepresidente primero del
Gobierno que en este caso sí ha entrado más en los temas políticos
que más nos preocupaban, con una disposición y con un tono que
saludamos como adecuado y constructivo, aunque no sabiendo con
precisión si estas buenas intenciones se van a poder concretar.

Al señor Rajoy le han parecido bien muchas cosas de las que se han
planteado, pero eso tiene que tener una concreción práctica en tiempo
y forma. Eso es lo que esta Comisión tiene que lograr, que las buenas
intenciones no se queden en una buena intención,en una intervención
parlamentaria inicial, sino que al final de la legislatura, no al
principio, podamos decir que ha habido una actitud del Gobierno en la
línea de las intenciones manifestadas por el señor Rajoy.

Una primera intención es la del diálogo con los grupos
parlamentarios, la del diálogo especialmente importante en una
legislatura -no lo olvidemos- en que hay mayoría absoluta. Hay una
preocupación, hablamos en términos subjetivos o psicológicos, por
parte del Gobierno del Grupo Popular para que no se note mucho eso de
la mayoría absoluta o del rodillo,
pero no basta sólo con intentar que la imagen sea ésa, sino que no lo
sea tampoco en la práctica.

Respecto a los nombramientos, tendrá que reconocer, señor Rajoy, que
no se ha empezado bien. Lo que ha sucedido con Televisión Española y
con el fiscal general del Estado, que entiendo se le ha confirmado en
sus funciones, no es una fórmula que nos indique que en los temas
importantes de nombramientos institucionales va a haber una política
de Estado del Gobierno que signifique tener en cuenta a la oposición
no solamente para escucharla, sino para que las cosas que diga la
oposición puedan tener una cierta influencia en la decisión final. En
el caso de los nombramientos del director de Radiotelevisión Española
y del fiscal general del Estado no ha habido la más mínima consulta
con la oposición y, además, en estos dos casos, usted lo sabe, el
antagonismo con que la oposición lo ha planteado y pretende un cambio
es absoluto. En el caso del nombramiento del director del
Radiotelevisión Española, dice usted que el Gobierno tiene la
competencia; por supuesto. Lo que hemos planteado es que haya una
reforma del Estatuto de Radiotelevisión Española para que su director
sea nombrado por el Parlamento con una amplia mayoría y, por tanto,
no sea el director del Gobierno y que Televisión Española no sea la
finca del Gobierno, sino que represente al conjunto de los
ciudadanos, a las necesidades informativas que tienen los ciudadanos
y no sea el vehículo de influencia, de manipulación de los gobiernos.

En estos momentos es claro que la forma en la que funciona Televisión
Española a través de su estatuto permite claramente esa manipulación
y esa influencia. Eso está claro y nadie podrá discutirlo. Sin
embargo, se puede hacer una cosa muy sencilla: cambiar el sistema de
nombramiento del Televisión Española, lo cual sería un primer avance
a ese respecto, introduciendo además otros cambios en el Estatuto del
Radiotelevisión Española.

Usted dice: estamos dispuestos a hablar de todo y a hablar también
-me imagino que se refiere a las comunidades autónomas- de las
emisoras dependientes de gobiernos autonómicos. Se puede y se debe
hablar de todo, porque no creo que sea sostenible durante mucho más
tiempo ese modelo de televisión en el que cada Gobierno se apropie de
ella y se convierta en un conflicto permanente, en una falta de
credibilidad de esa televisión y en un atentado a la democracia. En
la democracia del siglo XXI, mediática, como todo el mundo sabe, los
debates políticos en gran medida se hacen a través de los medios de
comunicación y los mensajes políticos llegan a la gente sobre todo a
través de la televisión. Por tanto, es una rémora para la democracia
y es un déficit democrático que la televisión tenga un modelo como el
que tenemos en estos momentos en este país. Pero ya se puede ir
avanzando algo. Si ustedes están dispuestos a hablar de todo, sin
necesidad de cambiar ninguna norma hubiera estado bien haber hablado
con la oposición para el nombramiento del director de
Radiotelevisión, repito sin necesidad



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de que se cambie ninguna ley, sino simplemente porque este Gobierno
demostraría así su intención de situarse en la buena dirección. Lo
mismo diría en el caso del fiscal general del Estado, respecto del
que usted ha dado muchos menos argumentos a favor de su nombramiento
y que ya sabemos que lo nombra el Gobierno. Pero también reconocerá
que su título es el de fiscal general del Estado, no fiscal general
del Gobierno y, por tanto, estaría bien que se impulsase en esta
legislatura una modificación del estatuto orgánico del ministerio
fiscal en la línea de lo aprobado por una moción, que se aprobó
unánimemente en esta Cámara en la anterior legislatura y que, sin
embargo, no se llevó a la práctica porque el Gobierno sencillamente
no quiso ponerla en práctica.

Lo mismo sucede respecto de otros órganos, como el Tribunal
Constitucional -usted lo ha citado- o el Consejo General del Poder
Judicial. En estos casos son nombramientos institucionales, se supone
que no son cargos del Gobierno; se supone que el director de
Radiotelevisión no es un cargo del Gobierno, que el Fiscal General
del Estado no es un cargo del Gobierno o que los del Tribunal
Constitucional no son cargos del Gobierno, sino del Estado, y en este
sentido es especialmente importante el diálogo y el consenso con la
oposición en las decisiones finales.

En el caso de la Ley de presupuestos ya entramos en un ámbito
procedimental. Yo admito que la democracia se rige por el principio
de las mayorías y el respeto a las minorías, y que el principio de
las mayorías es una base de la democracia y del Parlamento,
efectivamente, pero el respeto de las minorías significa que los
procedimientos en democracia son fundamentales y que la minoría tiene
que tener una posibilidad de expresarse, de debatir y de que sus
ideas puedan llegar al conjunto de la población. Porque esa minoría
puede ser una mayoría más adelante y hay que ponerla en disposición
de ser una mayoría, de ser una alternativa, y la oposición en una
democracia es tan importante como el Gobierno. Los ciudadanos
necesitan un gobierno y una oposición que sea una alternativa que dé
confianza a la gente de que, en caso de fallos clamorosos de ese
gobierno o de fallos que considere así la ciudadanía, hay una
alternativa en la oposición. Pero hay que dejar espacio a la
oposición para que pueda expresar sus ideas, y el caso de los medios
de comunicación es fundamental, como también lo es el debate
presupuestario, al que yo me refería, igual que usted. Ya veremos
exactamente cómo se concreta eso en el reglamento del Congreso de los
Diputados. Nosotros ya le hemos ofrecido un comienzo de salida:
intenten enviar los Presupuestos Generales del Estado antes a las
Cámaras. Ya sabemos que no están obligados, pero inténtenlo, que haya
más tiempo para su debate, que haya posibilidades reales de que el
Congreso de los Diputados entre políticamente en esos presupuestos,
lo mismo que en todo lo que es el ámbito de control.

Ha dicho usted que no le preocupa la abstención que ha habido en este
país, a nosotros nos preocupa muchísimo, en esto hay una radical
confrontación; nos preocupa mucho que haya habido un aumento de la
abstención, no nos parece que enriquezca para nada la democracia, es
preocupante, significa una dejación en este caso de posibilidades que
tienen los ciudadanos de expresarse políticamente en el momento de
movilización más grande que hay en un país, que es cuando hay
elecciones. Por tanto, este Parlamento en esta legislatura tiene que
hacer un especial esfuerzo en regenerar la vida pública a través de
todos estos instrumentos legislativos y de control de que hemos
hablado.

También nuestra opinión es radicalmente opuesta a la de ustedes en el
caso de la inmigración. No entendemos cómo usted puede defender que
haya una delegación del Gobierno que siga los temas de la inmigración
y al mismo tiempo nos acaba de decir que usted se está ocupando
precisamente del tema de la inmigración en este instante. Es lógico
que el vicepresidente primero del Gobierno se ocupe del tema de la
inmigración, de consensuarlo, de orientarlo, porque afecta a
muchísimos ministerios, y lo lógico sería que la delegación del
Gobierno dependiera de usted o del Ministerio de la Presidencia, no
del Ministerio del Interior; la prueba es que usted está ocupándose
de eso, y me parece bien que lo haga e intente llegar a un consenso a
ese respecto, porque la Ley de extranjería se aprobó con el máximo
consenso que ha habido en esta legislatura, además de la Ley de
víctimas del terrorismo, incluso desde el Grupo Popular, aunque luego
ya sabemos que vinieron otras órdenes por parte del Gobierno. Desde
1985 teníamos una Ley de extranjería muy dura y, sin embargo hubo
cien mil extranjeros irregulares. Una ley durísima no impidió que
hubiera muchísimos extranjeros irregulares. El efecto llamada no lo
producen los visados ni las cosas que quieren ustedes cambiar en la
Ley de extranjería, ese no es el problema. La cuestión está en la
integración de quienes, de una forma u otra, vienen aquí, por
ejemplo, por la economía sumergida. Usted sabe que en las mesas
provinciales del año pasado de empresarios, sindicatos y Gobierno no
han llegado a 3.000 las peticiones de empleo. Sin embargo, cuando los
empresarios dicen lo que necesitan, hablan de 30.000 ó 40.000
trabajadores inmigrantes, sobre todo para trabajos de temporada. ¿Por
qué? Porque hay un conjunto de empresarios que desean una inmigración
clandestina, sin derechos, mucho más explotable. Por eso,
oficialmente no llegan a 3.000 y sin embargo, extraoficialmente piden
30.000 ó 40.000. El tema de fondo es luchar contra esa
clandestinidad, cosa que no hacen. Por cierto, las inspecciones de
trabajo serían la forma real de luchar contra las mafias de la
emigración. Creo que están ustedes muy desenfocados en el tema de la
emigración y de la Ley de extranjería, y espero que en este tiempo
les podamos convencer de lo contrario. Porque, aunque no entro en las
preocupaciones psicológicas que ustedes tengan sobre la inmigración,



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ustedes cuando piensan en lo mal que lo pasan los inmigrantes...




La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego vaya terminando.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Voy terminando, señora presidenta. Decía que
cuando piensan en lo mal que lo pasan los inmigrantes, tienen esas
preocupaciones, pero lo cierto es que aquí se valora políticamente
cuando se actúa o no. En esos campos que usted ha reiterado de la
vivienda, la enseñanza, etcétera no se ha actuado en sentido
integrador, teniendo en cuenta el problema de la inmigración.

En cuanto a la cuestión europea, me alegro que haya entrado en ese
debate. Creo que no hay una sensibilidad sobre una Europa política o
federal. Ha dicho que es un debate precipitado, pero lo cierto es que
las declaraciones de Fischer han dado un vuelco a ese tran-tran que
veníamos soportando en Europa. Es importante situarse en ese
horizonte, aunque ya sabemos que ustedes no coinciden con esa
apreciación.

En el caso de la Europa social, me sorprende que no conozca la
existencia de esa directiva que está bloqueando el Gobierno español
desde hace tiempo. Usted ha dicho: La aprobaremos. No sé si esta
afirmación que ha hecho le va a costar alguna reprimenda, pero tomo
nota. El Gobierno va a aprobar, por fin, la directiva europea sobre
participación de los trabajadores en las sociedades anónimas y la
otra, que bloquea, sobre las fusiones. Es una primicia que hemos
obtenido en esta comparecencia. En cuanto a la Carta de derechos
fundamentales, queremos que el Gobierno como posición propia asuma
que esa carta tiene que ser vinculante y eso es lo esencial.

Por último, y termino de verdad, señora presidenta, le reitero
nuestro emplazamiento a que sea usted un visitante asiduo de esta
Comisión, que esta Comisión pueda plantear los debates políticos
importantes que no ha habido en la anterior legislatura, que usted
como coordinador del programa del Gobierno, como creador del programa
legislativo -lo ha dicho-, como vicepresidente primero, como quien al
frente de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios tiene
una influencia extraordinaria en la labor de conjunto del Gobierno,
como una especie de guardia de tráfico que regula las últimas
decisiones e iniciativas del Gobierno, venga a esta Comisión, traiga
los debates políticos de fondo, interministeriales, que considere
convenientes. Deseamos que no sea usted el que cierre los debates,
sino que los abra; que abra el gran debate político que necesita esta
Cámara en esta legislatura y que eleve el debate a la categoría
política que nosotros demandamos. No vamos a tener ningún problema en
coincidir en que el Parlamento sea, de verdad, el centro de la vida
política, trayendo aquí los debates. Sabemos que pocas votaciones
ganaremos desde el Grupo Parlamentario Socialista en esta
legislatura, lo sabemos, -esta
es una de las consecuencias del principio de la mayoría democrática-,
pero lo que no podremos perdonar es que a la oposición se le niegue
la voz, el espacio político, el espacio parlamentario, para dirigirse
a los ciudadanos también y para confrontar con el Gobierno siempre
que lo considere conveniente.




La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo más desea intervenir? (Pausa.)
Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Intervendré con mucha brevedad, señora
presidenta.

Ha dicho que tenemos preocupación porque no se note el rodillo.

Quisiera decir una cosa sobre este asunto, con lo cual incidiré en
algo que he dicho anteriormente: nosotros tenemos que gobernar y
tenemos que llevar a término un programa electoral que ha votado un
número importante de españoles, programa que se recoge en un debate
de investidura que ha votado también un número importante de
diputados que es mayoritario. Creemos que eso es compatible con el
diálogo con las demás fuerzas políticas, pero lo que en ningún caso
entiendo que se puede afirmar es que no puede ejercerse la mayoría
cuando no hay acuerdo en un asunto. Si fuera así, no podríamos
gobernar. Estaríamos en un sistema de consenso total y, por tanto, de
desaparición de partidos. Consiguientemente, me interesa dejar muy
claro ese asunto. Ganar porque se tienen más votos en la Cámara no
significa utilizar el rodillo, significa que puede haber criterios
diferentes entre partidos. Y eso, como las elecciones, se resuelve
lógicamente por el número de votos.

De los nombramientos de televisión y del fiscal no quiero decir nada
más, salvo una cosa: creo que hay que ser más justo y equitativo en
el juicio a las personas. Antes le comenté algo y le hablé de la
actitud que había adoptado el Partido Popular. ¿Qué harían ustedes en
el supuesto de que una serie de trabajadores cualificados y con
responsabilidades muy importantes - incluso la de la edición- en
diarios informativos en medios públicos hubieran firmado un
manifiesto electoral a favor del Partido Popular? (El señor López
Garrido: Nada; libertad de expresión.) Pues si ustedes no hicieran
nada, harían lo mismo que nosotros; muy bien. Me llega con eso.

Sobre la Ley de presupuestos, como usted muy bien dice, veremos el
Reglamento. He dicho que la abstención no me parece un problema
capital; creo que estamos en el 70 por ciento de votación, es una
votación razonable. Es evidente que cuantas más personas voten,
mejor, pero tampoco es un problema insuperable; al menos, yo lo veo
así.

En cuanto a la inmigración, le he dado las razones por las que está
en Interior, no lo voy a repetir. Además,



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le he explicado que en la inmensa mayoría de los países de la Unión
Europea las cuestiones de inmigración se llevan también en el
Ministerio del Interior. Sobre el contenido de la ley tenemos
criterios distintos. Creo que hay algunas cosas que se pueden
reformar: la distinción entre residencia legal e ilegal está muy
difuminada en la ley; no se define con precisión la extensión de la
potestad administrativa de otorgamiento y denegación de visados; el
procedimiento de regularización ordinaria de extranjeros precisa de
algunas modificaciones... En fin, éste es un asunto del que supongo que
ustedes no se negarán a hablar. Si nosotros lo ponemos encima de la
mesa es, lógicamente, porque creemos que sin duda se puede mejorar el
contenido.

Del tema europeo, le he dado mi opinión; no tengo nada más que
añadir. Si acaso, quiero matizar que no anuncie usted las cosas que
yo no he anunciado. Las
dos directivas a las que se ha hecho referencia las aprobaremos o no
según proceda, eso es exactamente lo que he dicho. (Risas.) Eso no le
faculta a usted para hacer afirmaciones genéricas como: la Europa
social nos trae completamente sin cuidado. ¡Hombre! Porque no
aprobemos una directiva no estamos en contra de la Europa social.

Sobre los derechos, ya le he dicho nuestra opinión y creo que no hace
falta reiterarla.

Me parece que no hay nada más.

Muchas gracias. Estoy a su disposición y a la de todos ustedes.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente primero
del Gobierno.

Gracias, señorías.

Se levanta la sesión.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.