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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 135, de 17/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 135
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 130
celebrada el martes, 17 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
despenalización de la eutanasia. (Orgánica). «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 146.1, de 9 de febrero de 1998 (número de
expediente 122/000127) (Página 7061)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Almeida Castro y Sr. Saura
Laporta), sobre disponibilidad de la propia vida. (Orgánica). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 143.1, de 26 de enero de 1998
(número de expediente 122/000124) (Página 7061)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se derogan los artículos
527, 528 y 604 del Código Penal y se modifica el régimen de infracciones
y sanciones en materia de Objeción de Conciencia y del Servicio Militar.
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 136.1, de
19 de diciembre de 1997. (Corrección de error en «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 136.2, de 2 de enero de 1998) (número de
expediente 122/000117) (Página 7073)
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán
(Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, sobre supresión de las
penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del
servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de
las penas de inhabilitación para dichos supuestos. (Orgánica). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 151.1, de 13 de febrero de
1998 (número de expediente 122/000132) (Página 7073)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Vázquez Vázquez y Rodríguez
Sánchez), sobre modificación de algunos artículos del Código Penal que
castigan el delito de insumisión. (Orgánica). «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 140.1, de 26 de enero de 1998 (número de
expediente 122/000119) (Página 7073)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sras. Almeida Castro y Rivadulla
Gracia), sobre despenalización de los denominados «delitos de
insumisión». (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 153.1, de 13 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000134)
(Página 7073)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
denuncia del Convenio entre España y Estados Unidos de 1998 sobre
Cooperación para la Defensa, así como entrega a las Fuerzas Armadas
españolas de sus instalaciones militares en territorio español, e impulso
en el seno de la Unión Europea de una política de defensa propia. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 24, de 14 de junio de 1996
(número de expediente 162/000033) (Página 7085)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que en el seno de
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer se elabore un informe que
estudie la legislación actual con el fin de impulsar aquellas
modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la
protección de las mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los
procedimientos judiciales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 227, de 30 de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000192)
(Página 7092)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de
violencia de las que son víctimas las mujeres. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 227, de 30 de diciembre de 1997 (número de
expediente 162/000194) (Página 7092)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar la
situación de Ferrol y su comarca, agravada a consecuencia del desastre
del día 13 de enero de 1998 (número de expediente 173/000060) (Página 7103)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre extensión de la peste porcina
en España durante 1997-98 y sus repercusiones en la economía del sector
ganadero e industrial en nuestro país (número de expediente 173/000061)
(Página 7109)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la situación
actual de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite
de oliva (número de expediente 173/000062) (Página 7115)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7061)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre despenalización
de la eutanasia. (Orgánica) (Página 7061)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Almeida Castro y señor Saura
Laporta), sobre disponibilidad de la propia vida.(Orgánica) (Página 7073)
En defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre despenalización de la eutanasia interviene el señor
Castellano Cardalliaguet. Considera que este es un tema pendiente desde
la aprobación del vigente Código Penal que se debe abordar desde dos
conceptos
ineludiblemente unidos a la democracia: el derecho a una vida digna y el
derecho a la libertad. Se trata en suma del cumplimiento de la
Constitución que, al hablar de una vida digna y de la integridad física y
moral, añade que nadie puede estar sometido a ninguna clase de torturas,
vejaciones o humillaciones que nazcan objetivamente del hecho de estar en
una situación incurable, del hecho de estar en una situación en la que se
ha perdido uno de los elementos fundamentales de la vida que es la
esperanza. Sin embargo, también resalta el hecho de que a nadie se le
impone la eutanasia, ni siquiera se le aconseja, sólo se trata de
proteger el ejercicio de la libertad del ser humano, defendiéndose de la
manipulación de otros que quieren imponer su moral o su concepto de la
vida. Encuentra paradójico que la sociedad admita ya el suicidio y no
permita que una persona pueda poner fin a su sufrimiento o prohiba la
ayuda que le puedan prestar otros.
A continuación expone los dos supuestos de despenalización que se
contemplan en su proposición de ley: en primer lugar, el de quien,
perdida toda esperanza racional, solicita ayuda para morir, sin que ésta
sea considerada como colaboración al suicidio; y en segundo lugar, el de
los allegados que decidan libremente adelantar la muerte de la persona
que está sufriendo sin esperanza. Solicita respeto a las ideas propias y
ajenas en el debate que, sin duda, se va a producir a continuación, y
termina con una cita del Tribunal Constitucional que dice: La dignidad es
un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta
singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la
propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los
demás.
En defensa de la proposición de ley sobre la disponibilidad de la propia
vida, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor
Alcaraz Ramos, de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya. Considera que
este tema requiere una cierta reflexión antropológica que lleva al
terreno ignoto y siempre terrible de la muerte. Añade que sería deseable
que los grupos parlamentarios dejaran libertad de conciencia a sus
diputados y que así se transmitiera a los ciudadanos. Añade que en el
suceso reciente del señor Sampedro no conmueve tanto la muerte como una
vida que, más allá de las fronteras del dolor, se convirtió en una lúcida
reflexión sobre la dignidad y la libertad.
A continuación centra su intervención en las tres ideas fundamentales que
se deberían combinar, según su proposición de ley, para dar solución al
problema. En primer lugar, dilucidar un terreno posible de consenso
ético; en segundo lugar, analizar la capacidad normativa del Estado, y en
tercer lugar, definir una propuesta jurídica que no tenga más límites que
los de cualquier norma, la propia Constitución.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Del Campo Casasús,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y el señor Ollero
Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
sobre despenalización de la eutanasia, se rechaza por 25 votos a favor,
288 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por la señora
Almeida Castro y el señor Saura Laporta, sobre disponibilidad de la
propia vida, se rechaza por 24 votos a favor, 289 en contra y cinco
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se derogan
los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal y se modifica el régimen de
infracciones y sanciones en materia de objeción de conciencia y del
servicio militar. (Orgánica) (Página 7073)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán
(Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, sobre supresión de las
penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del
servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de
las penas de inhabilitación para dichos supuestos. (Orgánica) (Página 7073)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Vázquez Vázquez y Rodríguez
Sánchez), sobre modificación de algunos artículos del Código Penal que
castigan el delito de insumisión. (Orgánica) (Página 7073)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señoras Almeida Castro y Rivadulla
Gracia), sobre despenalización de los denominados «delitos de
insumisión». (Orgánica) (Página 7073)
En primer lugar, el señor Moya Milanés defiende la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la despenalización
de los delitos de insumisión y a su sutitución por sanciones
administrativas, por entender que es necesario adecuar la legislación
vigente a la realidad social y porque el bien jurídico a proteger, que es
la seguridad en la defensa, ha cambiado en los últimos años, puesto que
se va hacia una profesionalización de las Fuerzas Armadas. Añade que la
proposición de ley que hoy someten a la consideración de la Cámara va en
la línea de crear un sistema alternativo de sanciones administrativas que
sirva de efecto disuasorio para el cumplimiento de una obligación legal,
pero sin el carácter punitivo actual. Si se despenalizara la insumisión
simplemente, sin ningún tipo de sanción, se crearía un vacio legal
durante el periodo transitorio y se estaría incitando a un incumplimiento
legal.
A continuación fija la posición del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso en relación a las otras iniciativas. Muestra su alegría porque
su proposición haya motivado una cascada de iniciativas similares, pero
encuentra esta manera de hacer política un tanto oportunista y deja
constancia de que el Grupo Socialista ha sido el pionero en este debate,
independientemente de cual sea el resultado final de las votaciones.
En segundo lugar, el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la proposición de ley
orgánica, presentada conjuntamente con los grupos parlamentarios de
Convergència i Unión y Coalición Canaria, que pretende modificar algunos
aspectos del régimen sancionador aplicable a los denominados delitos por
insumisión. Asimismo fija posición respecto de las otras proposiciones de
ley que abordan los mismos supuestos desde ópticas diferentes y adelanta
su voto negativo, bien por no ser acordes con los principios rectores del
ordenamiento jurídico o bien porque no amparan suficientemente el valor
constitucional de la defensa, que es el bien jurídico que se trata de
defender.
También en defensa de esta proposición de ley intervienen los señores
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A continuación interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) para
defender la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita
por él mismo y por el señor Rodríguez Sánchez. El Bloque Nacionalista
Galego pretende que el Congreso de los Diputados aborde la discusión de
la necesaria reforma del Código Penal en lo que se refiere a delitos
contra el deber del cumplimiento del servicio militar obligatorio y la
prestación social sustitutoria y, en consecuencia, que se adapte la ley a
la realidad actual. Por otra parte, anuncia su voto favorable a la toma
en consideración de la proposición de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya, también del Grupo Parlamentario Mixto, absteniéndose en el
resto.
La señora Rivadulla Gracia defiende la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto. En ella se
solicita la derogación de los artículos 527, 528 y 604 de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con objeto de suprimir la
penalización de esas conductas denominadas de insumisión por considerar
que el ordenamiento jurídico entra en colisión directa con la libertad de
conciencia. A continuación pide el voto favorable a su proposición de ley
y anuncia su abstención en relación con todas las otras iniciativas.
Asimismo defiende esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto y
fija su posición en relación con las otras la señora Lasagabaster
Olazábal.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación en primer lugar la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, se rechaza por 129 votos a favor, 170 en contra
y 24 abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar la iniciativa de los grupos
parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y de
Coalición Canaria, se aprueba por 165 votos a favor, 135 en contra y 23
abstenciones.
Sometida a votación en tercer lugar la iniciativa del Grupo Parlamentario
Mixto, suscrita por los señores Vázquez Vázquez y Rodríguez Sánchez, se
rechaza por 26 votos a favor, 166 en contra y 132 abstenciones.
Sometida a votación finalmente la iniciativa del Grupo Parlamentario
Mixto, suscrita por las señoras
Almeida Castro y Rivadulla Gracia, se rechaza por 27 votos a favor, 166
en contra y 131 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 7085)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
denuncia del convenio entre España y Estados Unidos de 1998 sobre
cooperación para la defensa, así como entrega a las Fuerzas Armadas
españolas de sus instalaciones militares en territorio español, e impulso
en el seno de la Unión Europea de una política de defensa propia (Página 7085)
Interviene, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
el señor Meyer Pleite para defender su proposición no de ley que viene en
un momento muy oportuno como es el debate sobre la posible utilización de
la base de Morón por los Estados Unidos para bombardear Irak y sobre un
modelo de seguridad que su grupo considera caduco. Su modelo de seguridad
mundial es totalmente contrario al implantado por Estados Unidos y más
acorde con la realidad, que ha dejado atrás los dos bloques antagónicos
que surgieron a raiz del Pacto de Varsovia. Entiende que una posición
estratégica como la que tiene España hacia el Mediterráneo y hacia Africa
debería ir acompañada de una política de defensa totalmente diferente a
la que se está planteando; debería tender a la desnuclearización del
mundo, a no provocar, a no amenazar, a lograr que desaparecieran todas
las alianzas militates, a desestimular el rearme, a reducir al mínimo el
papel de los Estados Unidos en la seguridad del mundo y a apostar por un
período de transición que hiciera imposible la aventura que se puede
vivir proximamente en Irak.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla Gracia
y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; y los señores Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); De Puig i Olivé, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 21 votos a favor, 298 en
contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que en el seno de la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer se elabore un informe que
estudie la legislación actual con el fin de impulsar aquellas
modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la
protección de las mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los
procedimientos judiciales (Página 7092)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de
violencia de las que son víctimas las mujeres (Página 7092)
En el debate conjunto de las dos proposiciones no de ley interviene, en
primer lugar, la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. Denuncia que los malos tratos a mujeres han sido
considerados historicamente más como un problema que como un delito y
reclama respuestas justas y equitativas del sistema judicial, penal y
procesal. Se ha de transmitir el mensaje claro de que la sociedad condena
la violencia contra las mujeres y el principio fundamental debe ser el
derecho de las mujeres a ser protegidas. Proponen en su iniciativa que,
buscando el mayor de los acuerdos posibles, y previo estudio, se elabore
un informe relativo a la legislación actual, con el fin de impulsar
aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar
la protección de la mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los
procedimientos judiciales.
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso interviene la señora
Fernández de la Vega Sanz, que manifiesta que la violencia contra las
mujeres es un fenómeno social que no tiene fronteras, que afecta a un
gran colectivo de la población y que, sin duda, tiene graves
consecuencias trágicas para la vida y la seguridad de las personas y pone
la convivencia en peligro. Este tipo de violencia no surge por casualidad
y no tiene las mismas raíces y causas que otros tipos de violencia; la
violencia contra las mujeres tiene que ver con su situación social e
histórica y persiste en nuestras sociedades como consecuencia del
mantenimiento de una sociedad patriarcal que ha hecho durante siglos de
lo masculino valor preponderante y de lo femenino valor subordinado.
Para terminar se refiere a las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios y fija su posición en relación con algunos temas
propuestos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Aramburu
del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Almeida
Castro, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Solsona i Piñol,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar algunas enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios distintos a los proponentes, intervienen las señoras Sainz
García y Fernández de la Vega Sanz.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, se aprueba por 321 votos a favor y dos
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, se aprueba por 317 votos a favor y una
abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7103)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar la situación
de Ferrol y su comarca, agravada a consecuencia del desastre del día 13
de enero de 1998 (Página 7103)
Presenta la moción, consecuencia de interpelación urgente, el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Expone, como ya hizo en
la interpelación urgente, la grave situación en materia socioeconómica y
en infraestructuras que se sufre en la comarca de Ferrol Terra y que se
puso de manifiesto a partir del desastre del día 13 de enero. Solicita
una serie de actuaciones necesarias ahora mismo y otras que son
ineludibles después del mes de mayo, una vez que se cumpla el compromiso
del Gobierno de reconstruir el puente tal y como estaba en una primera
fase de la obra. Considera que la moción es muy limitada en sus
aspiraciones, pero muy realista y sólo hace falta voluntad para
cumplirla. Aboga por que se establezca un sistema de ayudas en el sector
marisquero y en la industria derivada y por que se resuelvan deficiencias
estructurales graves.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta moción intervienen los
señores Borreiros Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso; Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y Fernández de
Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Meyer Pleite,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas
interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 312 votos a favor y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre extensión de la
peste porcina en España durante 1997-1998 y sus repercusiones en la
economía del sector ganadero e industrial en nuestro país (Página 7109)
La señora Cunillera i Mestres presenta la moción consecuencia de la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
sobre la extensión del brote de peste porcina y las repercusiones que
estos brotes del año pasado y parte del actual han tenido en la industria
y en la economía del país. En primer lugar, solicita que no se trate por
igual a los importadores que hayan actuado incorrectamente y a los
ganaderos que, por el contrario, han sido los más directamente afectatos
por esa forma de actuar. También solicita que se explique por parte del
Ministerio cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo ante la Unión
Europea en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por
unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Agricultura.
A continuación, centra su moción en dos grandes cuestiones que, a su
entender, están pendientes y reciben un tratamiento poco eficaz del
Ministerio, como son el enfoque de la sanidad animal en general y las
partidas presupuestarias habilitadas para hacer frente a una contingencia
como la de la peste, no contemplada en las leyes presupuestarias del año
pasado ni en las del presente.
En defensa de la enmienda presentada a esta moción, interviene la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada,
interviene la señora Cunillera i Mestres.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza por 136 votos a
favor, 158 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la situación
actual de la reforma de la organización común de mercado (OCM) del aceite
de oliva (Página 7115)
El señor Centella Gómez presenta la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, recordando
los dos objetivos fundamentales: provocar una discusión serena y lo más
clara posible sobre la situación actual de la reforma de la OCM del
aceite de oliva y alcanzar hoy, en la moción, un acuerdo unánime del
Parlamento español que se convierta en un instrumento importante en la
defensa del aceite de oliva. En definitiva, se trata de afirmar el apoyo
de la Cámara al acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo y de instar al
Gobierno a que haga patente ese apoyo ante la Comisión Europea y ante el
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Asimismo la
moción pretende respaldar las decisiones que de forma unánime ha tomado y
tomará la Mesa nacional en defensa del aceite de oliva. Añade que, de ser
aprobada, esta moción recogería el anhelo del sector del olivar y de la
sociedad española en general, que saludó como un gran éxito español el
acuerdo del Parlamento Europeo, alcanzado gracias al informe del
eurodiputado Salvador Jové y al esfuerzo de todos los eurodiputados
españoles que supieron estar a la altura de las circunstancias en aquel
momento. Considera que lo más importante en esta moción es la unidad, que
es la que le dará fuerza ante la Unión Europea, y no entendería que no se
pudiera conseguir por consideraciones meramente partidistas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Pliego
Cubero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Jordano
Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber
y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Companys Sanfeliu,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) A los solos
efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Centella
Gómez.
Sometido a votación el punto primero, apartados a) y b) de la moción, se
aprueba por 280 votos a favor
y una abstención.
Sometido a votación el punto segundo, se aprueba por 165 votos a favor,
113 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
DESPENALIZACION DE LA EUTANASIA. (ORGANICA) (Número de expediente
122/000127)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ALMEIDA CASTRO Y SEÑOR SAURA
LAPORTA), SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA. (ORGANICA) (Número de
expediente 122/000124)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Quiero llamar la atención de SS. SS. (Rumores.), incluso de aquellos que
no la prestan, sobre la extensión del orden del día que está previsto
para la tarde de hoy, para la tarde-noche, me temo. En consecuencia, y de
acuerdo con la Junta de Portavoces, prevengo a los intervinientes que la
Presidencia va a ser inflexible en la aplicación de los tiempos, de forma
que no se perjudiquen las propias iniciativas, ni las ajenas, y que
puedan debatirse, en tiempo razonable, para su eficaz defensa y adecuada
transmisión.
Para empezar, hay dos iniciativas que se van a tramitar acumuladamente,
relativas a materia de naturaleza
análoga, la primera del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
la segunda del Grupo Mixto, señora Almeida y señor Saura, sobre
despenalización de la eutanasia, la de Izquierda Unida, y disponibilidad
de la propia vida, la del Grupo Mixto.
Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de Izquierda Unida, señor
Castellano, para la defensa de su proposición de ley.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
No creo que constituya ninguna sorpresa el que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida reintroduzca el debate de un tema que, cuando fue objeto
de aprobación el vigente Código Penal, quedó perfectamente claro que no
nos producía ninguna satisfacción en cuanto a su desprecio o, por lo
menos, en cuanto a su falta de consideración. Se trata, en suma, de la
despenalización de la eutanasia; se trata, en suma, del reconocimiento
del derecho a la disposición sobre la propia existencia de cualquier ser
humano.
Reiniciamos un debate que últimamente ha producido en nuestra sociedad
una cierta convulsión, al observar de una forma absolutamente tangible a
qué supuestos puede llevar el que se ignore la realidad en la que
vivimos, debate que, además, queremos dejarlo muy claro, se inició
precisamente cuando este país recuperó la democracia, porque es un debate
en el que, lógicamente, vamos a hablar de dos conceptos ineludiblemente
unidos a la democracia: el derecho a una vida digna y el derecho a la
libertad.
No nos gusta, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, hablar del
derecho a una muerte digna; al contrario, nos gusta hablar del derecho a
una vida digna, del derecho a una vida auténticamente humana, del derecho
a una vida consciente, no a una vida latente, paciente o vegetal, del
derecho a una vida en la que el disfrute de ese bien inestimable, que por
el destino o por la providencia, como ustedes quieran, se pone en
nuestras manos, no pueda depender del capricho de nadie ni ser objeto de
manipulación. Vamos a hablar de la libertad que tenemos que reconocer a
todo ser humano para algo tan importante como es dejar de sufrir, para
algo tan importante como es acabar con esa tortura física o psíquica en
la que por unas desgraciadas circunstancias se ve inmerso. Vamos a
hablar, en suma, del cumplimiento de nuestra Constitución, que al hablar
de una vida digna y de la integridad física y moral añade que nadie puede
estar sometido a ninguna clase de torturas, ni siquiera a las torturas,
vejaciones o humillaciones que nazcan objetivamente del hecho de estar en
una situación incurable, del hecho de estar en una situación en la que se
ha perdido uno de los elementos fundamentales de la vida, que es la
esperanza. Vamos a hablar, pura y sencillamente, del derecho a dejar de
estar inerme e inerte. Asómense SS. SS. al Diccionario de la Lengua
Española y verán qué significan estas dos expresiones. Inerte: inútil,
estéril, inactivo, ineficaz. Inerme: sin arma alguna con la que poder
defender ni más ni menos que la propia existencia, arrastrando una vida
que podríamos llamar de carácter vegetativo, en la que faltan los
elementos fundamentales para poder hablar de una vida en dignidad.
Cuando un ciudadano llega al no ser, llega a esa diferencia que hemos
hecho siempre entre el ser y el estar, lógicamente volcando nuestra
intención en el ser, tiene perfecto derecho y es el único juez que puede
administrar si conviene o no a su propio destino el poner fin a esa
situación de sufrimiento, de vejación o de tortura, el poner fin a una
falta de integridad física, a una falta de integridad moral.
Interesa recalcar a nuestro grupo parlamentario, porque este tema se
presta a toda clase de manipulaciones, que a nadie se le impone la
eutanasia, ni siquiera se le aconseja. Lo que se reconoce es que en la
realidad diaria hay seres a los cuales la desgracia les conduce a
situaciones absolutamente irreversibles y tienen perfecto derecho, si son
conscientes, de forma sincera y eficaz, a poder decidir si quieren seguir
sufriendo, a poder decidir si el dolor para ellos es gratificante o si,
por el contrario, les puede conducir cada día más a una actitud de
pérdida de su propia estima y de pérdida de su propio respeto.
Estamos hablando, en suma, del ejercicio de la libertad del ser humano. Y
en el ejercicio de la libertad del ser humano éste tiene el derecho a
defenderse de la manipulación de otros, tiene el derecho a defenderse de
los que le quieren imponer su moral o su concepto de vida, tiene perfecto
derecho a defenderse para que, cuando llega ese momento de final de una
existencia, el recuerdo que pueda quedar no sea el recuerdo de personas
atormentadas en el dolor, de personas que se desesperan y, en alguna
medida, se rebelan contra el destino, sino el derecho a que ese tránsito
se produzca de la forma menos vejatoria y más digna posible.
Cuando ya nada se puede esperar racionalmente de la ciencia y cuando nada
se puede esperar ya de uno mismo, porque uno ha perdido la esperanza, es
fundamental que estas actitudes no sean objeto de penalización, sino,
bien al contrario, sean objeto de comprensión, sean objeto de auténtica
solidaridad.
Por ello, señor presidente, nos llama enormemente la atención el que los
que invocan un derecho a la vida apoyándose en conceptos religiosos sean
absolutamente insensibles al dolor y al sufrimiento físico y psíquico, al
propio y al ajeno, sean absolutamente insensibles a algo tan importante
como es la responsabilidad de cada uno mismo con cada uno de nosotros.
Tenemos derecho a sentirnos, tenemos derecho a vivir, y si eso no se
puede producir en las condiciones adecuadas, tenemos perfecto derecho a
poner fin a esa situación de la forma más razonable y menos cruenta
posible. Es paradójico que nuestra sociedad admita el suicidio, que en
una época estuvo hasta sancionado
penalmente, y no admita que cuando las condiciones de vida son las que
mejor podían aconsejar esa solución final, sea cuando le negamos la ayuda
a quien quiere poner fin a una situación de sufrimiento, o prohibimos a
aquellos que sufren de la situación, los más allegados, el que puedan
recabar la correspondiente asistencia para que, efectivamente, dejemos y
abandonemos la ficción de algo que ya no es vida, algo que no merece tal
consideración.
No puede haber nadie que, en virtud de ningún precepto, nos imponga el
vivir sufriendo, nos obligue a creer en los milagros, nos obligue a
esperar sin esperanza o crea que vamos a encontrar en el sufrimiento un
sufrimiento redentor. No puede haber nadie, cuando le negamos incluso al
Estado el derecho a disponer de la vida ajena, que sobre el derecho a
disponer de nuestra propia vida nos quiera administrar la libertad y nos
quiera administrar la existencia. Dejémonos de tutelas y dejémonos de mal
pretendidas compasiones que ocultan detrás de ello un intento de imponer
la moral o de imponer el pensamiento ajeno y, por favor, si ha llegado el
momento en que uno decide poner fin a su vida, que sea su hora, no la
hora que otros deciden, que sea la hora en que él ha querido lógicamente
poner fin a ella.
Son dos supuestos los que tiene que contemplar la despenalización en este
proyecto de ley: el de quien pensando que no le merece más la pena
continuar adelante, perdida toda esperanza, racional y razonablemente
solicita ayuda, y quien se la presta no está cometiendo ninguna
colaboración con ningún suicidio, no está, en modo alguno, lesionando
ningún derecho protegible que no sea el de la propia vida de quien quiere
disponer de ella. El otro supuesto, señor presidente, es el de aquellos
que ya ni siquiera tienen ocasión de poder pronunciarse, en un estado de
coma irreversible, con pérdida absoluta de toda clase de facultades, de
conciencia y de posibilidad de manifestación de ninguna clase de
sensibilidades, que tienen que tener derecho a que sus allegados, o
quienes con él están sufriendo esa situación, puedan tranquilamente hacer
algo tan elemental como es adelantar lo que naturalmente va a acabar
produciéndose.
En esta discusión, señor presidente, se van a decir cosas muy curiosas.
Se va a producir incluso hasta
--¿por qué no?-- una agresión diplomática. Yo trato de evitarla por el
buen nombre del país, porque como ya he tenido discusiones similares
cuando esto ha salido a relucir, no sé qué nos ha hecho el pobre pueblo
flamenco que, por si fuera poco el haberle enviado al duque de Alba,
ahora le consideramos un pueblo de asesinos sencillamente porque ha
legalizado la eutanasia, y sentamos con un enorme rigor científico y
técnico que en Holanda se puede disponer de los ancianos con la
tranquilidad con que se dispone de cualquier producto perecedero. Yo
pediría que en este debate haya un poco de respeto a las ideas propias y
ajenas, y el respeto a las ideas propias y ajenas, señor presidente,
empieza porque los que no piensan así, que están perfectamente
capacitados para no utilizar jamás la eutanasia, le dejen a los que así
piensan que la utilicen.
Pero voy a acabar, señor presidente, con una sentencia del Tribunal
Constitucional que, ¡qué casualidad!, es una sentencia que va en la
exposición de motivos de un proyecto de ley del Grupo Popular y de su
Gobierno, en la exposición de motivos de la modificación del título VIII
del libro II del Código Penal; esto que llamamos la ley sobre las
agresiones sexuales (que yo la llamo la ley de la agresión sexual, porque
la ley en sí es una completa agresión sexual), tiene una sentencia que
vale la pena recordar. Fíjese, señor presidente, lo que nos dice el
Tribunal Constitucional: La dignidad es un valor espiritual y moral
inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la
autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva
consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. Esta es la única
definición que tiene que valer en el mundo del Derecho, y estamos
hablando de un tema jurídico, en estas discusiones. No tiene que valer
ninguna otra discusión. Una vida que se manifiesta singularmente, como un
hecho irrepetible en cada uno de nosotros, en la autodeterminación
consciente y responsable, cuando consciente y responsablemente se decide
no querer vivir, eso merece --como dice la propia sentencia del Tribunal
Constitucional-- el respeto por parte de todos los demás. Respeto que,
evidentemente, no se manifiesta cuando se incluye en un Código Penal una
figura que no tiene su razón de ser ni en la libertad ni en la democracia
ni en el respeto y que sólo tiene su razón de ser en que, por ciertos
atavismos, por ciertos valores que vamos heredando y transmitiendo a lo
largo de los siglos, valores que tienen un nombre muy claro, un nombre
religioso, se los imponemos a los demás y con ello lo que estamos
haciendo es condenar a un sometimiento, a torturas y vejaciones a quien
tiene el perfecto derecho a eliminarlas y a eludirlas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor Alcaraz, para la defensa de la proposición del Grupo Mixto, tiene
la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, para defender la proposición sobre la disponibilidad de la
propia vida.
No se les oculta a SS. SS. que nos encontramos ante un tema muy sensible,
que afecta a la fibra seguramente más sensible que todos los ciudadanos
tenemos, pero, precisamente porque es un tema sensible y debe ser tratado
con sensibilidad, sería insensible la prisa pero todavía más la
pasividad.
Creo que cuando esta cuestión llega a sede parlamentaria como hoy, cuando
se debate en otros foros, académicos, éticos, religiosos, periodísticos,
requiere una cierta reflexión antropológica; una reflexión antropológica
que sin duda lleva a ese terreno ignoto y siempre terrible de la muerte,
a la conciencia del límite del ser humano que también --y también en este
caso-- es límite en la capacidad del legislador. Legisladores, los que
hoy nos encontramos aquí debatiendo este tema, que también, lógicamente,
tenemos nuestra propia conciencia y que tenemos nuestras creencias
legítimas. Seguramente sería deseable que en temas como éste el ciudadano
español entendiera, supiera, porque así se practicara, que los grupos
parlamentarios dejan libertad de conciencia a sus diputados, pero no es
éste el tema que lógicamente a mí me compete advertir al resto de los
grupos.
Si cada diputado o cada diputada tenemos nuestras propias creencias y
conciencias, que no dejamos en la puerta cuando aquí entramos, también
entramos con obligaciones para objetivar y legislar sobre la vida digna y
sobre la práctica extrema de la libertad. Porque no es apuesta
simplemente programática, no es éste un tema que pueda ser defendido sólo
desde la posición, aunque legítima, de un partido político, sino que debe
ser obligación de todos los grupos el trasladar a este recinto la
sensibilidad, los interrogantes que en este mismo momento se está
planteando la sociedad española.
Sus señorías no ignoran que un reciente hecho ha conmocionado a España, y
no es que este hecho haya creado la oportunidad del debate ni de la
proposición, lo que sucede, desgraciadamente, es que siempre habrá al
menos un recordatorio que nos obligue a pensar en la necesidad de este
debate si no lo resolvemos a partir de hoy en esta Cámara.
En el suceso del señor Sampedro, que ha conmovido a la opinión pública,
no conmueve tanto la muerte como una vida que más allá de las fronteras
del dolor se convirtió en una lúcida reflexión sobre la dignidad y la
libertad. La lección, en este caso y en otros menos conocidos, es la que
se podría decir, seguramente, con unos versos de Jorge Luis Borges: Si tu
voluntad fue rehusar todas las mañanas del mundo, es inútil que palabras
rechazadas te soliciten.
Esta es, pues, una realidad cotidiana ante la que no podemos desviar la
mirada. Para buscar una salida creemos que hay que combinar tres ideas,
que voy a tratar que centren el resto de mi intervención. En primer
lugar, dilucidar un terreno posible de consenso ético; en segundo lugar,
analizar la capacidad normativa del Estado; en tercer lugar, definir una
propuesta jurídica que no tenga más límites que los de cualquier otra
norma, la propia Constitución.
A nuestro modo de ver, hay que buscar un principio de análisis ético que
se base en una moral civil. Dicha moral civil siempre será plural,
tolerante por definición, pero también autónoma de otros influjos,
singularmente los religiosos. Ello no significa, lógicamente, que los
ciudadanos y ciudadanas deban renunciar a sus creencias, sino que esas
creencias no pueden llegar a imponerse a los que no participan de las
mismas. De igual manera hay que ser consecuentes con el hecho de que esa
ética civil es un fruto de la historia, no es una verdad revelada que ha
sido dada de una vez para siempre, y está en el fruto de la historia
occidental la apreciación altísima de la vida que merece ser vivida
basada en la dignidad que aporta la autodeterminación individual y la
libertad, en este marco, como un valor permanente e inderogable.
En su relación con la eutanasia, este es el campo de valores
determinante, y el respeto a esa autodeterminación exigirá que nunca se
violente la conciencia de nadie, pero tampoco que se impida, por la
invasión del Estado, la existencia de ese ámbito para los que su libertad
les lleva a preferir basar su esperanza en la vida y en la muerte con
dignidad. Por ello, esperar un consenso universal será siempre una
quimera, pero todo parece indicar que la opinión dominante en nuestra
sociedad se inclina nítidamente por la regulación de la eutanasia. En una
encuesta del CIS, el 62 por ciento de los españoles se mostraban de
acuerdo; hasta un 70 por ciento en la franja de edad entre 18 y 24 años,
hasta un 73 por ciento en la franja de edad entre 35 y 44 años. Hace
apenas unas horas se ha publicado en un medio de comunicación otra
encuesta que ya elevaba esta cifra: un 66 por ciento de españoles se
muestran favorables a la regulación de la eutanasia, siendo mayoría entre
los votantes de todos los partidos del arco parlamentario.
Por tanto, no parece sostenible que con el contenido genérico de la ética
civil, sin recurrir a otras éticas salvo las que se pudieran imponer
sobre esa que he definido como civil --ética civil que es sustrato de
nuestra convivencia--, pueda argumentarse sobre la imposibilidad de
legislar con las cautelas necesarias. Es precisamente la actual invasión
legal del Estado, prohibiendo taxativamente determinadas prácticas, lo
que impide ese pleno desarrollo de principios éticos insoslayables.
A nuestro entender, la Constitución, en cuanto expresión de ese sustrato
de ética civil plural y tolerante, acoge perfectamente como norma
fundamental una legislación sobre la disponibilidad de la propia vida. En
efecto, las primeras palabras del Título I de nuestra Constitución son
para recordar que la dignidad de las personas es el fundamento del orden
político y de la paz social. A partir de ahí, la libertad y el derecho a
la vida no pueden contemplarse como valores antagónicos, sino
complementarios en la búsqueda de dicha dignidad. El derecho a la vida no
puede transmutarse en deber, que incluso podría contradecirse con el
derecho a la integridad moral, también pregonado en nuestra Constitución.
En este marco, los poderes públicos deben velar por el respeto a la vida,
pero con el límite de la autodeterminación personal cuando ésta está
suficiente y libremente acreditada. No es que la libertad sea un valor
superior a la vida, pero sí puede afirmarse que en el conflicto entre la
propia vida y el ejercicio de la libertad los poderes públicos deben
asegurar la dignidad, asegurando, al mismo tiempo, el espacio necesario a
la libertad. Esta, por tanto, es la filosofía que preside nuestra
proposición, que afecta a dos normas existentes: el artículo 143.4 del
Código Penal y los artículos 10 y 11 de la Ley General de Sanidad.
El primero de los dos artículos de que consta la proposición despenaliza
la conducta del que, mediante actos necesarios o de cooperación activa,
permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona,
a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera
una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o
le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o
que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para
valerse por sí misma.
El artículo segundo, por su parte, modificaría parcialmente la Ley
General de Sanidad, para introducir el derecho del paciente a decidir
libremente, una vez informado, con toda una serie de cautelas que se
fijan para asegurar que esa libertad quede siempre de manera manifiesta y
fehaciente.
Es para esta proposición para la que los diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya piden el voto, con el convencimiento
de que un debate concreto en esta sede parlamentaria es hoy una exigencia
de la sociedad española, como seguramente nunca antes lo fue. Y también
lo planteamos con la suficiente modestia y humildad para saber que hay
que estar abiertos aunque...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Alcaraz, si desea compartir
su turno con otros miembros del Grupo Mixto.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Hay que estar abiertos, decía, a que, aunque se aprobara esta
proposición, no fuera nunca nuestra ley, sino que se pretenda conseguir
el mayor acuerdo para evitar --como hoy mismo recordaba en un medio de
comunicación Fernando Savater-- un embrollo indebido entre lo moral y lo
penal, pero también --como pide el mismo filósofo-- siendo conscientes de
no encontrarnos ante un mero acto administrativo que no puede ocultar las
zozobras éticas de cada uno.
Para concluir vuelvo a citarles a Borges: Nada se edifica sobre la
piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera
piedra la arena. No podemos, no debemos volver la cara; debemos mirar al
problema antes de que un nuevo, triste y doloroso caso nos obligue a
hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para fijar la posición del resto del Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Para establecer la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación
con las proposiciones de ley referidas a la legalización de la eutanasia,
presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y por el Grupo
Parlamentario de Nueva Izquierda-Iniciativa per Cataluña, quiero hacer
mías las palabras de nuestro compatriota Ramón Sampedro, cuando afirmaba
en su testamento que vivir es un derecho y no una obligación. Y también
queremos comprender su acusación al Poder Legislativo, al Poder Judicial
y a los poderes morales imperantes en la sociedad española.
Decía nuestro compatriota que muchas veces la chulería se convierte en
incomprensión, el paternalismo en cobardía y en sensibilidad y el
absolutismo moral en fanatismo. Sin duda alguna, nosotros pensamos como
él, compartimos su criterio, asentado en una ideología típicamente
liberal y burguesa, en el mejor sentido de la palabra, de que el cuerpo
es propiedad legítima de quien lo tiene, es una propiedad que va
vinculada a la vida y a la conciencia, y que hay actos de libertad que
necesitan ayuda de terceros como un deber moral y como un acto de amor, a
pesar de que el acto de quitarse la propia vida corresponde,
exclusivamente, a la intención del propio suicida. Y empleamos la palabra
suicida porque es precisamente la consideración que el artículo 143 del
Código Penal sigue manteniendo para opacar el grave de problema del
derecho a la eutanasia.
Nosotros debemos estar preocupados exclusivamente porque aquellos que
quieren acceder a una muerte digna, en nombre de preservar también una
vida digna, puedan tener todas las cautelas y las prevenciones de que no
se va a utilizar la legislación de forma aviesa individualmente por
aquellos que tienen necesidad de desaparecer del mundo, sino por parte de
los poderes establecidos. Este es el único miedo que podemos tener las
fuerzas políticas.
Esperamos que este Congreso de los Diputados se deje iluminar por la
buena estrella que lleve a nuestras conciencias comprensión, valentía,
relativismo moral y tolerancia, que hagan posible la legalización de la
eutanasia en el Estado español.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
La iniciativa que han tenido en relación con la eutanasia el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto por
algunos de sus portavoces creo que merece un reconocimiento positivo por
mi parte. El debate que hay --contradictorio, por supuesto, porque todas
estas materias tienen debates contradictorios en la sociedad española--
merece que el Parlamento reflexione y vaya tomando un compromiso de
legislar sobre la materia.
Se ha invocado aquí, por uno de los portavoces defensores del Grupo
Mixto, una encuesta recientemente aparecida que viene a dar un 66 por
ciento de la población española favorable a la regulación de la
eutanasia, o, lo que sería lo mismo, a su despenalización, dado que, como
bien se ha recordado aquí por los ponentes de la iniciativa, el Código
Penal vigente de 1995 penaliza esta figura.
Desde luego que en un 66 por ciento de la población española, como se ha
dicho, caben todas las tendencias políticas, pero lo que a mí me ha
llamado la atención es el distinto comportamiento ante la eutanasia y su
despenalización no cuando se analiza por segmentos políticos, sino cuando
se analiza por segmentos de edad, es decir, por tramos de edad. El
planteamiento ante una circunstancia extrema, con 20 ó 25 años de edad,
no es el mismo que cuando ya se está entrando en el otoño biológico de la
vida y la población que tiene que opinar se ve más cerca de los
hospitales que de otra actividad humana.
Mi grupo, que desea que este Parlamento legisle sobre este tema, pide dos
condiciones para que se entre de lleno en un análisis de la situación
actual de la eutanasia en el Código Penal. En primer lugar, que sea
objeto de un amplio estudio, debate de toma de conciencia. La materia no
es baladí. Estamos hablando de suprimir la vida de una persona; estamos
hablando de una materia que despenalizaría que un tercero interviniera,
no el que como dice en alguna figura nuestra literatura se deja morir; no
es ésa la cuestión. Es la cuestión de terceras personas que son
coadyuvantes, propician o consiguen la cesación de la vida de esa
persona. Eso requiere de un escenario.
Cuando debatimos aquí la cuestión del aborto --sin entrar ya en los
supuestos distintos-- era necesario discutir sobre el escenario de
garantías donde la mujer que decidiera abortar tenía que realizar el acto
técnicamente en sí, como una clínica, un hospital y el personal médico
facultativo que la asistiera para las garantías de la vida de la mujer
embarazada. Aquí se va a dar ese caso. Tenemos que legislar la
despenalización, porque a quien se le puede aplicar --como bien ha
señalado el señor Castellano en su defensa de la iniciativa-- es a la
figura que está regulada en su propio texto para despenalizar; es decir,
despenalizamos y, por tanto, no incurre en delito alguno el que causare o
cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de
otro. Aquí es donde a nosotros nos preocupa que una falta de indefinición
total y completa sitúe ese acto no en un ambiente supuestamente en la
habitación familiar, sino en unas condiciones técnico-sanitarias y
médicas en que ese ejercicio de la eutanasia no esté realizado con plenas
garantías.
Por supuesto, señor Castellano, que mi grupo comparte en el fondo de su
intervención los principios de una ética humanística, en este caso
humanitaria, unos principios de tener una garantía por el respeto a una
muerte digna. Pero si en eso está nuestra manera de pensar y de ser,
exigimos que se llegue con un amplio conocimiento del legislador de todos
los pros y los contras, no ya desde el punto de vista ético, que cada uno
responde de su ética, sino en los aspectos técnico-médicos que garanticen
esa eutanasia.
En segundo lugar, las garantías para quien quiera esa eutanasia o sus
familiares, porque se está dando entrada aquí a terceros en casos de
inconsciencia; todas las garantías para que no vaya a ocurrir que al
amparo de un auténtico fraude de ley se esté realizando la eliminación de
la vida de una persona que no la desea voluntariamente por sus
limitaciones sanitarias, y es ahí donde pedimos este estudio de expertos,
esa reflexión.
Otra condición que ponemos es que esto tiene que estar más allá de una
única iniciativa parlamentaria política --con todos los respetos, y lo
reconoce nuestro propio reglamento--, y tiene que venir a la Cámara con
la firma de todos los portavoces, con el máximo consenso posible. En una
iniciativa que trata de suprimir la vida humana o hay consenso o mi grupo
no la firma, precisamente por esas garantías de la persona.
Cuando en la pasada legislatura debatimos, y este diputado intervino con
otros compañeros de grupo...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Mardones, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Cuando debatimos, decía, lo que iba a ser el apartado cuatro del artículo
143, de la Ley 10/1995, del nuevo Código Penal, nosotros ya lo dijimos.
Y yo añado una tercera condición: vamos a ordenar el no seguir picoteando
el Código Penal cada vez que aparece una nueva circunstancia. Pongámonos
de acuerdo en que si hay que hacer esta despenalización sea por consenso
y sobre todo con las garantías que la vida de una persona merece.
Por tanto, señor presidente, mi grupo votará en contra de la toma en
consideración de estas dos iniciativas
de proposición de ley mientras no se alcance un consenso con una
proposición de todas las fuerzas políticas de la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra la señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la muerte de Ramón Sampedro, ocurrida a principios de año, ha
reabierto el debate social sobre la disponibilidad de la propia vida,
todavía reciente la elaboración del Código Penal, cuyo artículo 143
aborda el tratamiento jurídico penal de las conductas de instigamiento y
cooperación en un suicidio ajeno. Es un tipo que implica sustituir la
tutela del derecho a la vida por la protección de una vida no deseada por
su titular, lo que modifica sustancialmente el contenido del injusto en
estas figuras y compele a fijar los límites de la intervención penal. ¿Es
ello una exigencia constitucional?
En nuestros sistema, la previsión constitucional sobre el derecho a la
vida tiene un sentido garantista que en ningún caso podría limitar la
voluntad del sujeto. El deber del Estado es proteger la vida y no impedir
la libre disposición por su titular y, desde luego, el texto
constitucional no permite una interpretación del derecho a la vida no
compatible con la dignidad humana. Las serias dudas se introducen cuando
se discurre sobre la exigencia de un deber constitucional de tutelar la
vida contra la voluntad de su titular; si es clara o no la obligatoriedad
de someter a sanción penal los comportamientos de ayuda o participación
en un suicidio libremente deseado, de forma expresa e inequívoca. La
decisión político-criminal de dotar de relevancia penal a las conductas
de cooperación en el suicidio de otro no es quizá una exigencia
constitucional, sino que tiene su justificación en otras fuentes como la
ética o la religión.
Las actividades suicidas son impunes en el Derecho español y en los
ordenamientos que nos son próximos, pero no sucede lo mismo con la
inducción o el auxilio al suicidio ajeno que se contempla en el artículo
143 del Código Penal. Con todo, el Código vigente se muestra mucho menos
riguroso que el anterior con aquel que siega la vida de un tercero a
petición expresa suya, siempre y cuando el suicida sufra una enfermedad
grave que conduciría necesariamente a su muerte o produjera graves
padecimientos permanentes, incluso psíquicos, difíciles de soportar.
Puede, desde luego, sostenerse, y así lo hacen prestigiosos juristas, que
siendo la libertad un valor superior del ordenamiento jurídico, el
ejercicio de tal libertad, incluso para decidir sobre la propia vida,
constituiría un derecho, de tal modo que quien ayuda a un potencial
suicida no haría otra cosa que ayudarle a ejercitar su derecho a morir.
El Código Penal vigente opta por una postura de relativa condescendencia
con el ejecutor piadoso de la muerte ajena solicitada por la propia
víctima, pero sin llegar a legalizar su proceder, y en ello entiendo que
juegan dos factores que son importantes: un cierto sentido religioso de
la vida, sociológicamente de innegable existencia, y el evitar el riesgo
de abusos que podría conllevar el abrir excesivamente la mano en esta
materia. Piénsese en el pariente anciano, incómodo y rico del que se
desea heredar. En ningún caso se trataría de proteger a canallas sino a
personas moralmente compasivas. Una buena solución para conocer el grado
de reproche social de este tipo de conductas hubiera sido atribuir su
enjuiciamiento al tribunal del jurado, lo que no se hizo acaso por temor
a que proliferasen declaraciones sistemáticas de no culpabilidad en el
tema por afectar profundamente a la fibra de los sentimientos.
Reabierto hoy el debate, como he dicho al inicio de mi intervención,
nuestro grupo no tiene elementos de juicio bastantes para sostener una
postura distinta a la que defendimos en la tramitación del Código Penal.
No negamos que este suceso concreto haya abierto una serie de
interrogantes, vinculados además a los avances científicos y técnicos en
medicina, que han logrado modificar de forma importante el proceso de
morir. Por tanto, no nos negamos a que se aborde una modificación
normativa, pero creemos que trasladar la moral a lo legal requiere un
estudio pausado, regular las necesarias cautelas procesales, los
dictámenes médicos, testigos imparciales y documentación fehaciente, que
permitan despenalizar, si es el caso, las conductas de que hablamos para
no correr el riesgo de una desviada utilización para propósitos
criminales; requiere un mayor sosiego y estudio que el 'aquí te pillo,
aquí te mato' que, con el debido respeto, nos parece que son las dos
iniciativas que hoy analizamos, presentadas sin duda con el loable
propósito de satisfacer una alarma social.
Prevista ya en el Senado la creación de una comisión especial de estudio
sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, presentada por el
Grupo Socialista, el portavoz de senadores vascos ha firmado esta mañana
la conformidad con su constitución. Por tanto, nos abstendremos hoy y
posponemos nuestro criterio definitivo hasta que esta comisión de estudio
concluya sus trabajos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
El señor Silva, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Abrimos hoy un nuevo debate sobre la eutanasia, más concretamente sobre
la eutanasia activa, y quizá lo que corresponda es hacer algunas
afirmaciones.
No hace mucho tiempo, poco más de dos años, se aprobó el Código Penal, en
cuyo artículo 143, apartado cuarto, se establecía una tipificación de
estas conductas, entendiendo que por una reducción, podríamos decirlo
así, de su carácter de antijuricidad, así como también de la propia
culpabilidad, derivada, por una parte, del consentimiento del sujeto y,
por otra, de la compasión que puede merecer respecto de terceros,
determinaba una rebaja de uno o dos grados de la pena establecida en el
Código. Por tanto, aplicando las reglas ordinarias sobre atenuación y
condena condicional, determinaba que estas conductas, la causación de la
muerte o la contribución a esa causación de la muerte en supuestos de
enfermedades terminales con padecimientos graves, acabasen en unas penas
que no implicasen en ningún caso la entrada en la prisión.
Cierto es que hubo un debate importante, hubo enmiendas por parte del
Grupo Mixto, que entendía que debiera regularse en una ley especial; por
el Grupo de Izquierda Unida, que sostenía en aquellos casos una
exculpación, una excusa absolutoria, la inexistencia de punibilidad, así
como también por el propio Grupo Popular, que pretendía modificar la
tipificación y establecer una reducción inferior en cuanto a la pena
determinada, y también del Grupo de Coalición Canaria. Sin embargo,
señorías, lo que no puede negarse es que, de noviembre de 1995 hasta
ahora, se han producido algunos acontecimientos, tanto en el ámbito del
Derecho comparado como en la propia realidad social española, que pueden
determinar, sin lugar a dudas, abrir otra vez este debate.
Lo primero que tenemos que tener claro, incluso a efectos de información
de nuestros conciudadanos, es que no se trata obviamente de tipificar lo
que se conoce con el nombre de encarnizamiento terapéutico, que, como
todo el mundo sabe, es impune, así como el suministro de analgésicos,
aunque ello suponga el acortamiento de las posibilidades de vida, que
también determina la total y absoluta impunidad. Estamos hablando de esa
causación activa u omisiva de la muerte de una persona que padece una
enfermedad terminal o una enfermedad que le provoca graves padecimientos.
Sobre las dos proposiciones de ley que hoy se traen a la consideración de
esta Cámara hay que entender que la posición que mantuvo Izquierda Unida
en aquel debate ha sido modificada. Por un lado, en una de las
proposiciones se habla de padecimientos físicos, en otro caso se habla de
enfermedad que, sin provocar esos padecimientos, impide a una persona
valerse por sí misma. Por tanto, entendemos que se ponen encima de la
mesa situaciones nuevas que no fueron contempladas en aquellos momentos.
Lo propio cabe decir respecto del tema citado de Ramón Sampedro que, de
alguna manera, hizo de su vida la historia o la preparación de su propia
muerte y que ha conmocionado la conciencia de buena parte de nuestros
ciudadanos.
Lo cierto es que de noviembre de 1996 a esta parte se han producido
acontecimientos que determinan la conveniencia de la constitución de la
comisión de estudio suscrita por diversos senadores, entre ellos los de
Convergència i Unió, que presentaron el 13 de febrero, en el registro del
Senado, una proposición solicitando la constitución de esta comisión,
solicitud en la que se incluían unos párrafos de un contenido habría que
decir enormemente poético del mártir de la democracia Tomás y Valiente.
En cualquier caso, querríamos indicar, de un lado, que desde noviembre de
1996, como decíamos anteriormente, se producen diversas situaciones. El
13 de febrero de 1997, el Parlament de Cataluña aprueba una proposición
no de ley para que el Gobierno de la Generalitat investigue la
posibilidad y la eficacia real y jurídica de efectuar un estudio sobre lo
que se conoce con el nombre de testamento vital.
Por otra parte, el 4 de abril de 1997, en Oviedo, se suscribe, en el
ámbito del Consejo de Europa, por diversos Estados, incluido el Estado
español, el Convenio europeo de bioética, que tiene por objeto, tal y
como dice su título, la protección de los derechos humanos y el respeto
de la dignidad de la persona humana en relación con los avances de la
medicina y de la bioética. Hay que indicar que en este convenio se
reconocen como principios fundamentales el de la autodeterminación, el
del tratamiento consentido, pero, por el contrario, también tenemos que
manifestarlo así, no se incluye ningún aspecto referente precisamente al
final de la vida, a la fase terminal y, por tanto, a la eutanasia.
Desde luego, presenta interés para mi grupo y, sin lugar a dudas, será
otro documento que será puesto de manifiesto en el Senado y que tendrá
que ser valorado por esta comisión, el código de deontología del Consejo
General de Médicos de Cataluña, aprobado el 16 de junio de 1997, en el
que se establece una importante distinción --lo digo basado en aquellas
sentencias del Tribunal Constitucional, la 120/1990 y la 137/1990-- entre
lo que sería la alimentación forzosa y los supuestos de fase terminal de
la vida, que el Consejo General de Colegios de Médicos entiende que no
debe prolongarse desproporcionada o innecesariamente, pero que tampoco
debe acortarse artificialmente.
En el ámbito del Derecho comparado, señorías, podemos también hacer
referencia a las dos sentencias del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos de 26 de junio de 1997, en las que, partiendo de la base de este
principio de autodeterminación y de disposición de la propia vida tan
propio del derecho anglosajón, valoran una serie de efectos
contraproducentes: la posibilidad de coacción de orden económico o
psicológico respecto de las personas con menos recursos, de los enfermos
terminales o de las personas discapacitadas, o el cambio de rol del
médico, que se convierte, de sanador de una persona, y con el
consentimiento del enfermo, en determinados casos en provocador de su
muerte.
Señorías, son muchos los acontecimientos que se han producido desde
noviembre de 1996. También hay que recordar la suspensión de la ley de
eutanasia del territorio del norte de Australia, en marzo de 1997, por su
tribunal federal, y otros acontecimientos que determinan la conveniencia
de acogerse al planteamiento de esta comisión de estudio, de no hacer
oídos sordos a lo que constituye un importantísimo debate social en estos
momentos; de no hacer oídos sordos también a lo que son las tendencias en
materia de Derecho comparado, de no examinar la experiencia holandesa,
después del decreto de 17 de diciembre de 1993, y la conveniencia de
ajustar los comportamientos parlamentarios y legislativos a lo que, sin
lugar a dudas, es un debate social.
Debate social que hemos de decir en estos momentos --para acabar-- que
tampoco produce un efecto o emite un mensaje absolutamente diáfano. Creo
que ha sido Luis Mardones, el portavoz del Grupo de Coalición Canaria,
quien resaltaba en esta encuesta que ha sido publicada el día de ayer por
un periódico catalán, aunque también de divulgación en Madrid (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.), que hay una
mayoría de españoles que están a favor de la despenalización de la
eutanasia, pero no deja de ser sorprendente que esa mayoría disminuye en
aquellos sectores de más probable aplicación de la misma, esto es, los
mayores de 65 años. Eso, sin lugar a dudas, debe ser motivo de reflexión.
Por consiguiente, señorías, abiertos a cualquier planteamiento, sin
embargo, requiere, como se ha dicho anteriormente, un tratamiento
absolutamente sereno. Hay que recordar que no fue otro el planteamiento
que se hizo a lo largo de la tramitación del Código Penal y quiero hacer
mías unas palabras de la señora Del Campo, que después tendrá ocasión de
contestar, la cual, al final de su intervención en el debate del artículo
143 del Código Penal, precisamente hacía hincapié sobre cómo junto a este
principio de autodeterminación de libertad, de respeto a la disposición
de la propia vida, el Consejo Asesor de Sanidad establecía que no dejaba
de ser problemático despenalizar este tipo de conductas, en la medida que
existe la probabilidad de que se produzca un efecto contrario al buscado
de protección al enfermo y suponga una actuación indirecta, sutil,
subliminal hacia el paciente, que se ve en cierto modo coaccionado a
recurrir a la eutanasia.
Señorías, hemos de contactar con una gran preocupación social. Mi grupo
parlamentario va a la comisión sin prejuzgar el resultado de la misma y,
por lo tanto, abierto a las consideraciones que en ella puedan hacerse.
Así pues, y en la medida en que entendemos que el debate de hoy no es un
debate de fondo, sino que en cualquier caso sería un debate apresurado,
procederemos a votar que no a la toma en consideración de esta
proposición de ley manifestando, como ya ha sido dicho, la voluntad de
constitución de la comisión en el Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señorías, la dramática historia de Ramón
Sampedro y su difícil camino hacia una muerte deseada ha sido la
oportunidad para que hoy debatamos aquí estas dos proposiciones de ley y
para que se abra un nuevo capítulo de un debate más amplio, un debate que
afecta a toda la sociedad española y que, a más largo o a más corto
plazo, debe conducir a un consenso que se refleje en la ley.
Es difícil decir a estas alturas de las intervenciones algo nuevo
respecto a lo planteado por otros grupos, pero sí quisiera señalar que
ese debate que hoy se abre tampoco es enteramente nuevo. No está de más
recordar que un debate y un consenso de características similares, si
bien partiendo de un punto mucho más atrasado, de una legislación
sumamente represiva, como era la del Código Penal anterior, se produjeron
en torno al Código de 1995. Y gracias a este consenso casi general
--reconozco la excepción de Izquierda Unida-- este texto despenaliza hoy
conductas que estaban penadas hasta entonces, como la complicidad en el
suicidio de otro o la eutanasia activa indirecta. Tras el Código de 1995,
entre las acciones que están destinadas a facilitar una muerte digna a
aquel que lo solicita voluntariamente, sólo quedan dos conductas penadas:
el auxilio directo y necesario al suicidio y el homicidio consentido.
Pero incluso en estos dos casos todavía tipificados se recoge la
convicción general de que el Derecho debe tener en cuenta los móviles
humanitarios de la acción y se reducen sustancialmente las penas, de
forma que quien las lleva a cabo evita en muchas ocasiones el ingreso en
prisión.
Hemos llegado, pues, a un consenso, señorías, un consenso que muy
posiblemente evitará el ingreso en prisión de aquellos que hoy suscitan
simpatía generalizada en nuestra opinión pública, de quienes ayudaron a
su muerte a Ramón Sampedro, que eran, según todos los indicios que
tenemos, posiblemente, simples cómplices o cooperadores no necesarios en
ese suicidio. Hemos llegado a un consenso general que era válido en el
momento en que se aprobó nuestro Código Penal, un consenso largamente
debatido y trabajosamente conseguido, un consenso que hace un par de años
reconocía en general la sociedad española, así como el propio Consejo
General del Poder Judicial que, hablando de este artículo 143.4 del
Código Penal, artículo 149 del anteproyecto de 1992, señalaba que sin
un debate profundo no se puede ir más allá de lo que resulte fácilmente
aceptable para todos, y parece que el precepto de aquel proyecto se mueve
justamente en ese marco.
Estos hechos son ciertos, en la historia; pero también es cierto algo,
señorías. No hace dos años que ha entrado en vigor nuestro Código, pero
algo se ha movido. Los acontecimientos de estos últimos días, las
terribles historias que hemos visto reflejadas en los medios de
comunicación --en concreto, la historia de Ramón Sampedro-- han supuesto
un aldabonazo para la sociedad española. Un aldabonazo de tal magnitud
que hoy cabe plantearse dudas razonables sobre si ese mínimo de acuerdo
exigible que hace falta para regular conductas tan delicadas sigue siendo
el recogido en el Código Penal o si la conciencia común de los españoles
ha dado algún paso más allá, algún paso que abra la puerta a ampliar la
penalización de la eutanasia activa. Precisamente por ello hoy es
necesario abrir un nuevo capítulo de ese debate, el más hondo y el más
amplio, y el Grupo Socialista pretende hacerlo.
Con el apoyo de otros grupos hemos presentado en el Senado una iniciativa
para crear una comisión que estudie los problemas que plantea el derecho
a una muerte digna; una comisión en la que puedan oirse las voces de
todos, políticos, afectados, representantes sociales y profesionales; una
comisión que nos aproxime a conclusiones comunes que podamos en el futuro
trasladar a la ley, con la necesaria reflexión, con la precisa serenidad
y sin movernos por impulsos emocionales que irremediablemente hoy, a la
vista de los hechos recientes, nos afectan a todos.
En cambio, las proposiciones de ley que hoy debatimos quieren ir más allá
de aquel consenso básico --no olvidemos que el único constatado hasta
hoy--, pretenden eludir todo este proceso de debate --que parece ser
generalmente aceptado por la Cámara-- y dar el salto de despenalizar ya,
y con carácter general, las distintas formas de eutanasia activa. Los
motivos que aducen son dignos y son nobles, señorías; las razones,
humanitarias --el derecho del enfermo a morir con dignidad-- y el
creciente apoyo de la opinión pública a este tipo de conductas, son
argumentos incontrastables y hechos innegables, con los que nuestro grupo
no puede menos que estar de acuerdo. Sin embargo, los socialistas no
tenemos tan clara, ni tiene la sociedad tampoco, la forma de asegurar en
la práctica lo humanitario de los motivos, la dignidad de la muerte y la
libre formación de la voluntad del paciente. Y hablo de la sociedad
porque es claro que la proporción de ciudadanos favorables a la
legalización de la eutanasia activa, con las debidas garantías, va
aumentando en las sucesivas encuestas. Pero también es claro, señorías,
que hay diferencias muy significativas, tanto a la hora de precisar
cuáles deben ser esas garantías como en razón de la edad de los
encuestados. Es cierto --y se ha señalado aquí-- que las personas mayores
muestran un rechazo mucho mayor a esta práctica, un rechazo infinitamente
más amplio que el de los jóvenes, que la ven sólo como una posibilidad
lejana, y muestran este rechazo porque son conscientes del peligro de
que, si no hay garantías firmes y claras, la influencia familiar o la
presión hospitalaria pueden acabar por torcer los supuestos motivos
humanitarios y fuercen sutilmente su voluntad, instándoles a solicitar la
eutanasia.
Mal servicio habríamos hecho, no sólo a la humanidad, no sólo a la
libertad, sino también a la dignidad humana, si dejáramos la puerta
abierta a que se produjera ese tipo de riesgo. Y es un riesgo real y no
imaginario, señorías. Experiencias de países que han aceptado la
justificación a posteriori de la eutanasia (del único país que lo ha
hecho, de Holanda) demuestran que los ancianos emigran a residencias y
hospitales de otros países porque no están tranquilos en cuanto a la
realidad y a la aplicación de estas garantías necesarias. Este hecho nos
demuestra que no estamos ante una amenaza imaginaria, sino ante un
peligro real que a nosotros, al menos, nos suscita interrogantes
razonables que no nos sentimos capaces de resolver en este momento.
Para nosotros quedan, por tanto, señorías, serias dudas. No dudas en
cuanto al innegable derecho de todo ser humano a una muerte digna --no lo
discutimos--, sino dudas en cuanto a la forma concreta de articular ese
derecho más allá de donde hemos llegado hasta hoy: a la forma de evitar
consecuencias indeseables, que hagan improcedente su regulación con
carácter general. Creemos que para resolver estas dudas --en esto estamos
de acuerdo con la mayor parte de los grupos que han intervenido hasta
ahora-- el mejor camino, el único aceptable, es ese debate profundo que
proponemos, y desde aquí pedimos a todos los grupos, no sólo a los que
han avalado con su firma la constitución de la comisión, que la apoyen en
el Senado y que contribuyan a constituirla . Este debate será la única
forma de despejar estas dudas, pero no legislemos antes precipitadamente,
señorías, ni adoptemos arriesgadas conclusiones hasta extremos, como los
que propone Izquierda Unida en este momento, a los que ninguno de los
países europeos, ni siquiera Holanda, consciente de sus peligros, ha
llegado todavía.
Desde esas más que razonables dudas y con esa oferta de trabajo positivo
para solucionarlas, mi grupo se opondrá hoy a la toma en consideración de
ambas proposiciones de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Del
Campo.
Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, en nombre de mi
grupo debo alabar ante todo
la seriedad del planteamiento de las dos iniciativas que se traen hoy
aquí, porque habíamos tenido ya ocasión de debatir estas cuestiones pero
partiendo de unos textos que parecían una mera oportunidad para abrir un
debate oral sin un contenido escrito consistente. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Los autores de esta iniciativa, para bien o para
mal, han intentado darle contenido y a él me referiré en nombre de mi
grupo.
Indudablemente, a la hora de abordar esta cuestión, hay que recordar un
problema básico al que el otro día aludió magistralmente mi compañero
Jorge Trías, que es el de la relación entre el Derecho y la moral. Si el
otro día se nos decía con toda razón que por detrás del Derecho siempre
hay un juicio moral, y especialmente por detrás del Derecho Penal, hoy
debo hacer hincapié en que la moral y el Derecho, lógicamente, no deben
identificarse. Por eso quisiera recordar que tienen objetivos distintos;
en un caso, la búsqueda de una realización personal maximalista en sus
exigencias y, en el caso del Derecho, el intento de garantizar una
convivencia ajustada asegurando un mínimo ético. De ahí que debamos
distinguir entre dos conceptos de altruismo totalmente distintos, ya que
no es lo mismo el altruismo moral que el jurídico. El altruismo moral se
plasma, sobre todo, en un sentimiento que todos los que estamos aquí
compartimos, que es un sentimiento de compasión ante el que sufre, un
intento de ponernos en su lugar e incluso, en los casos más positivos, un
intento de ayudarle a encontrar un sentido a esa difícil situación.
Ejemplos de este altruismo los encontramos en las personas que llegan a
arriesgar su vida para intentar salvar la de otro que quiere acabar con
ella; por ejemplo, el bombero que salva de una cornisa a un suicida, que
acaba dándole las gracias al cabo del tiempo, o el profesional sanitario
o familiar que neutraliza con su dedicación y afecto circunstancias muy
penosas y consigue que el enfermo no tenga ningún deseo de morir.
Por debajo de este debate de la eutanasia hay frecuentemente --y esto
llama la atención si tenemos en cuenta los grupos que traen aquí las
iniciativas-- unos planteamientos excesivamente individualistas que
ignoran una realidad, y es que el hombre es un ser en relación, sin
llegar a afirmar que el hombre sea resultado de las relaciones sociales,
como afirmaba el marxismo que estos grupos suscribían no hace mucho; lo
que sí está claro es que el hombre no es un ser aislado y que, por tanto,
su conducta va a acabar influyendo en esas relaciones. De ahí que cambiar
una norma jurídica, integrada necesariamente en un contexto social, no
sea simplemente dar satisfacción al deseo legítimo de una persona, sino
que inevitablemente es incidir en todo un tejido social que va a quedar
afectado, y desde esa perspectiva individualista, que paradójicamente
suscriben algunos grupos que no hace mucho defendían el socialismo real,
se tiende a olvidar esas consecuencias prácticas que pueden llevar
consigo esas medidas.
El doctor Diego Gracia, que elaboró un informe para el entonces gobierno
socialista con motivo del Código Penal, resaltaba este aspecto llamando
la atención sobre el peligro de que una despenalización de la eutanasia
desnaturalizara absolutamente la relación médico-enfermo, una parte de
ese tejido social que conviene valorar mucho porque tiene mucho que ver
con ese ajuste de relaciones que el Derecho debe perseguir sin
maximalismos éticos ni excesos de altruismo moral.
Nos preocupa en ese sentido que el Grupo Mixto hable en su proposición de
la eutanasia como una variante más del tratamiento médico. Es un asunto
preocupante, porque si es un aspecto más del tratamiento médico quiere
decir que obliga a los médicos a ejercerlo, puesto que el médico por
definición está obligado a administrar tratamientos médicos y ,si lo
hace, la salud pública indudablemente no podrá negarse a ello.
Sin duda, coincide con este planteamiento el de Izquierda Unida cuando ha
tenido la precaución, que no ha tenido el Grupo Mixto, de aludir en su
disposición adicional a la necesidad de garantizar la objeción de
conciencia. No hay objeción de conciencia cuando no hay un deber, por
tanto se reconoce que hay un deber en el médico y, así, estamos entrando
ya en una dinámica que convierte el acabar con la vida de una persona en
un tratamiento médico más, lo cual desde el punto de vista del altruismo
jurídico tiene una gran importancia, porque el altruismo jurídico no se
va a caracterizar por la compasión, se va a caracterizar por el sentido
de responsabilidad. Se va a preguntar qué consecuencias prácticas
derivarán del cambio de una norma, qué consecuencias prácticas no sólo
para esa persona en situación lamentable que nos pide que acabemos con su
vida sino para otras muchas que no nos lo piden y cuyo entusiasmo por
esta despenalización curiosamente decae, como se acaba de ver en las
mismas encuestas, según se acercan a esa situación.
El altruismo jurídico lleva a ponerse en guardia ante efectos tan
inevitables como no queridos de las normas, lleva a ponerse en guardia
ante bienintencionadas leyes preterintencionales, que acaban ocasionando
consecuencias prácticas no imaginadas por falta de responsabilidad. No
hacen falta grandes esfuerzos de imaginación para aludir a reformas no
muy lejanas de nuestro Código Penal que tuvieron esas consecuencias y que
nos deberían hacer meditar un poco sobre lo que tenemos entre manos.
Se alude en una de las proposiciones a la existencia de un sentir
favorable entre los ciudadanos respecto a la despenalización de la
eutanasia, y, aparte del escepticismo hacia la sociología, que sobre todo
en los grupos que no suelen estar muy favorecidos por las encuestas
debería cundir, me preguntaría qué entiende el ciudadano al que se le
está preguntando por esta cuestión. Me temo que entienda que se le
pregunta lo siguiente:
¿Quiere usted que siga sufriendo una persona que piensa que ya ha sufrido
bastante?
Esa es una pregunta en el contexto del altruismo moral, a la que solo una
minoría y por razones probablemente religiosas responderá que sí. El
problema es que no es ésa la pregunta. Reducir a eso la pregunta es
desvirtuar el problema, olvidarse de que ese cambio normativo va a tener
unas consecuencias prácticas es no entrar en la obligada ponderación de
todos los elementos que hay en juego y quedarse simplemente en uno
aislado. Quizá eso justificó que en Australia, como ya se ha dicho, se
acabara anulando esa ley regional, a pesar de que el 75 por ciento de los
australianos estaban a favor, pero probablemente se ha entendido que
estaban a favor de otra cosa, no precisamente de las consecuencias
prácticas que esa norma iba a tener.
De ahí que pensemos que no es preciso siquiera tomar partido en el debate
moral que este problema lleva consigo para llegar a la conclusión de que
sería una irresponsabilidad ignorar las graves consecuencias que para
derechos --ahora volveré sobre la cuestión--, derechos de tercero,
tendría este cambio normativo, así como para bienes jurídicos dignos de
protección. Se dice en la exposición de motivos de la proposición del
Grupo Mixto algo que me choca bastante: la vida como objeto de protección
jurídica no presenta, en principio, ningún problema. ¡Hombre!, creo que
es un lugar común que presenta dos: cuándo comienza y cuándo termina, que
no son pocos problemas. Concretamente los problemas jurídicos que hoy
plantea el derecho a la vida son ésos y prácticamente ésos, salvo la
referencia a la integridad respecto a la tortura, a lo que ya se ha
aludido aquí. Por tanto, ese problema está ahí, por lo menos cuándo
comienza y cuándo termina una vida que merezca ser llamada humana. Eso es
un problema que está ahí y es un problema filosófico, moral y jurídico
que no cabe ignorar.
En la proposición de Izquierda Unida se establece una correlación
indebida entre lo que sería la disponibilidad de la propia vida y la
existencia de un derecho a la muerte. No es lo mismo. No vamos a entrar
aquí en el debate de si el derecho a la vida es renunciable o no. Ya
sabemos, por ejemplo, que el derecho a la educación hasta los 16 años no
es renunciable; pero, en fin, podemos admitir como hipótesis que el de la
vida sí porque sería menos importante. Podemos admitirlo. Pero en eso, el
Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre la huelga de hambre de los
Grapo --sentencia que, sin duda, habrá citado el Grupo Popular en alguna
proposición de ley porque este grupo es muy leído--, es bastante claro al
respecto y, se pronuncia de una manera muy tajante al decir lo siguiente:
El derecho a la vida del artículo 15 tiene un contenido de protección
positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya
el derecho a la propia muerte --impide considerarlo-- . Ello no impide
reconocer que la persona pueda fácilmente disponer --disponibilidad--
sobre su propia muerte, pero esta disposición constituye sólo un acto que
la ley no prohíbe y, en ningún modo, un derecho, un derecho subjetivo que
implique --y esta es la clave-- la posibilidad de movilizar el apoyo del
poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de
morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental.
El señor Castellano, que es un gran jurista, sabe distinguir
perfectamente entre agere et dicer, al que se refiere el Tribunal
Constitucional como disponibilidad y lo que es un derecho fundamental sin
duda ninguna. De ahí que, según nuestro Tribunal Constitucional, hay una
disponibilidad fáctica sobre la vida, pero no un derecho que llevaría a
la posibilidad de imponer un deber a un médico para el que su grupo
reconoce la objeción de conciencia. Para reconocer la objeción de
conciencia tiene que haber un deber, para que haya un deber tiene que
haber un derecho que el Tribunal Constitucional no reconoce. Esa es la
situación, no nos engañemos, sobre el particular.
Por otra parte, ¿qué es lo que hace que una vida sea digna o deje de
serlo? Desde una perspectiva kantiana sería la propia autonomía de la
voluntad. Una vida es digna en la medida que uno es capaz de encontrarle
sentido. Por tanto, la clave de la cuestión estaría en la propia libertad
como autonomía ejercida. Pero en su proposición de ley se nos habla de un
fuerte menoscabo de su dignidad como persona, y eso ya cobra un tono más
objetivo que subjetivo. ¿La tetraplejia es un fuerte menoscabo a la
dignidad de la persona? En el caso del señor Sampedro, multicitado hoy
aquí, se ha dado por hecho que así es, pero no pocos tetrapléjicos han
protestado ante la posibilidad de que se afirme que su vida es una vida
carente de dignidad. La dignidad se la dan ellos y quizá los que les
rodean, que les han ayudado a encontrarle un sentido.
Aquí es donde viene el problema del altruismo jurídico. (Rumores.) El
señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (Pausa.)
Vaya concluyendo, señor Ollero, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor presidente.
¿En qué medida no estamos argumentando desde una perspectiva de altruismo
moral, compadeciente con un sujeto y, sin embargo, estamos generando una
situación objetiva que va a perjudicar a muchas personas que no quieren
morir? La verdad es que, a la hora de llegar a algo en que coinciden
ambas proposiciones, como es la necesidad de unas garantías, de unas
medidas, de unas cautelas, se nos ha dicho aquí que estas medidas y estas
cautelas son un misterio. Izquierda Unida, y esto es sorprendente porque
el calado jurídico de sus componentes no hacía esperar este
planteamiento, despacha la cuestión en la disposición adicional,
remitiendo
a un reglamento del Gobierno. Yo recuerdo la famosa sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de centros, que fue declarado
inconstitucional por haber remitido a un reglamento de régimen interno el
cómo se organizaba la participación de los miembros de la comunidad
escolar. ¿Piensa usted, señor Castellano, que realmente estamos
satisfaciendo las exigencias del artículo 15 si remitimos a un reglamento
del Gobierno, de un Gobierno que tendrá más dinero o menos dinero, el
establecimiento de las garantías de la vida humana en esas
circunstancias? Me sorprende enormemente el planteamiento.
El Grupo Mixto, que ha ido más allá y se ha preocupado de toda una
reforma de la Ley General de Sanidad, dice más. Llega a decir en un
momento dado que si hay una opinión fundada del médico que está
entendiendo del asunto, prevalecerá incluso sobre la voluntad del
paciente o de los familiares. ¡Caramba!, aquí ya la dimensión subjetiva
ha desaparecido absolutamente, aquí estamos ante un médico que está en
condiciones de decidir que alguien se va a morir en contra de su
voluntad. Me remito al texto de la proposición de ley, que me deja
asombrado. Esto es lo que se está proponiendo aquí.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, concluya, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Concluyo, señor presidente.
En esa misma proposición se nos dan una serie de argumentos de un gran
valor sobre los elementos en juego: importancia de la vida,
irreversibilidad de las consecuencias, necesaria implicación de terceros,
vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión, necesidad de medidas
para garantizar la plena libertad. Todo eso es lo que está ausente en las
dos medidas.
Para terminar, señor presidente, yo resumiría toda esta exposición
diciendo que un respetable altruismo moral podría justificar la solicitud
de despenalización, pero que un mínimo altruismo jurídico ayuda a
reconocer que ello comportaría una grave irresponsabilidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Antes de proceder a las votaciones correspondientes a las proposiciones
de ley, quiero anunciar a la Cámara que tenemos entre nosotros a seis
representantes colegas del Congreso de los Estados Unidos de
Norteamérica, pertenecientes al caucus hispano, que realizan estos días
una visita a España invitados por el Congreso y por el Senado. (Aplausos)
Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre despenalización de la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 25; en contra, 288; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por la señora
Almeida y el señor Saura, sobre disponibilidad de la propia vida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 24; en contra, 289; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS
527, 528 Y 604 DEL CODIGO PENAL Y SE MODIFICA EL REGIMEN DE INFRACCIONES
Y SANCIONES EN MATERIA DE OBJECION DE CONCIENCIA Y DEL SERVICIO MILITAR.
ORGANICA (Número de expediente 122/000117)
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, CATALAN
(CONVERGéNCIA I UNIO) Y DE COALICION CANARIA, SOBRE SUPRESION DE LAS
PENAS DE PRISION Y MULTA PARA LOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA Y REBAJA DE
LAS PENAS DE INHABILITACION PARA DICHOS SUPUESTOS. ORGANICA (Número de
expediente 122/000132)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES VAZQUEZ VAZQUEZ Y RODRIGUEZ
SANCHEZ), SOBRE MODIFICACION DE ALGUNOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL QUE
CASTIGAN EL DELITO DE INSUMISION. ORGANICA (Número de expediente
122/000119)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORAS ALMEIDA CASTRO Y RIVADULLA
GRACIA), SOBRE DESPENALIZACION DE LOS DENOMINADOS «DELITOS DE
INSUMISION». ORGANICA (Número de expediente 122/000134)
El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a proceder a la tramitación, también
conjunta, de la iniciativa del Grupo Socialista, más la de los grupos
parlamentarios Popular, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición
Canaria, así como las dos del Grupo Mixto, todas ellas relativas a las
infracciones y sanciones en materia de
objeción de conciencia y del servicio militar o delito de insumisión. En
la tramitación conjunta de estas iniciativas se observarán las mismas
normas de procedimiento que hemos seguido en el debate anterior.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Moya (Rumores.) Silencio señorías. He señalado al comenzar la
sesión que el orden del día de la tarde es muy extenso, y en beneficio de
todos ruego silencio y los inalambricos desconectados.
Cuando quiera, señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una proposición de ley
relativa a la despenalización de los delitos de insumisión y a su
sustitución por sanciones administrativas.
Hace dos meses ya anunciamos esta iniciativa, que traía causa de una
situación también anterior, y que, fundamentalmente, conecta con una
realidad social a la que pretendemos adecuarnos. Si el legislador debe
estar siempre atento a las demandas y a la sensibilidad social y no ir a
remolque de la misma, aunque es cierto que siempre irá por delante esta
sociedad, en este tema casi todos podríamos convenir que había ya unos
largos de distancia excesivamente amplios entre la sociedad y su
sensibilidad sobre este tema y la tipificación legal que en este momento
está vigente en el Código Penal.
Esta falta de adecuación social también se reflejaba en otros ámbitos,
por ejemplo, en el propio ámbito de los jueces y tribunales encargados de
aplicar la ley, en la medida en que se han venido haciendo aplicaciones
dispares, aplicaciones a veces contradictorias, como consecuencia de no
haber una identidad de criterios a la hora de interpretar los tipos
penales.
Por otra parte, también el propio Defensor del Pueblo, en una de sus
recomendaciones, nos venía a decir en esta Cámara que las sanciones no
estaban proporcionadas, en la medida en que la privación de libertad era
una pena exagerada en relación con la conducta que se trataba de
reprochar. Pero, sobre todo, creo que ha incidido un elemento
fundamental, y es que ha cambiado el bien jurídico a proteger como
consecuencia de todo este debate. La seguridad en la defensa se ha venido
articulando a lo largo de los últimos tiempos o instrumentando a través
de la práctica o de la institución del servicio militar obligatorio. Pero
a partir de un momento determinado en que se produce un anuncio de
profesionalización a fecha fija y que el propio legislador, o todos los
grupos de la Cámara, aceptamos también, en un momento determinado,
encaminarnos hacia esa profesionalización, estamos diciendo que en un
periodo no muy lejano conductas que hoy son reprochables y que están
tipificadas en las leyes vigentes van a dejar de estarlo a fecha fija.
Esa es una realidad incontestable a la cual debemos adecuarnos y tener un
sentido claro de la adaptación. Ese es el sentido de nuestra iniciativa y
ese es el sentido de nuestra proposición de ley.
No parece que los principios propios del delito que rigen el ius puniendi
del Estado, como puede ser la intervención mínima, la última ratio o el
carácter subsidiario, se vean reflejados en los actuales tipos penables.
Por eso hemos adoptado una proposición de ley, que hoy sometemos a
consideración, en la línea de crear un sistema alternativo de sanciones
administrativas que sirva también de efecto disuasorio para el
cumplimiento de una obligación legal, pero que no tenga el carácter
punitivo que tienen las actuales tipificaciones penables.
Desde el punto de vista jurídico, nosotros entendemos que mientras que
haya una obligación legal, aunque sea con carácter transitorio, sus
posibles o eventuales incumplimientos tienen que acarrear algún tipo de
sanciones. De lo contrario, como ocurre con algunas iniciativas que vamos
a ver aquí esta tarde, que preconizan simplemente la despenalización sin
ningún tipo de recambio, si eso se mantuviera así, de hecho estaría
desapareciendo la propia ley, estaría despareciendo la propia obligación
legal. Y no tenemos otra salida. Sólo queda la de sustituir, con un
sistema que también sea disuasorio, el incumplimiento ante conductas de
esta naturaleza. Piénsese qué sería de la organización de la defensa o
del sistema de defensa en España si durante el tiempo que queda de
servicio militar obligatorio --tres años, cuatro años, los que sean-- no
existiera ni un ejército profesional, que estaría en este momento en
trámites de creación, ni tampoco un servicio militar obligatorio que
subviniera a las necesidades de la defensa. Se crearía un vacío como
consecuencia de tener una obligación, cuyo incumplimiento no acarrearía
ningún tipo de sanciones, y eso prácticamente no es tener ninguna
obligación legal.
Nosotros hemos optado, por tanto, por una actitud que no es la
despenalización pura y dura ni tampoco es la mera sanción simbólica, como
alguna iniciativa que se va a ver esta tarde, porque una sanción
puramente simbólica en la práctica estaría incitando al incumplimiento de
la obligación, aunque fuera con carácter transitorio. Yo creo que desde
el legislador no podemos adoptar actitudes irresponsables en la
conciencia de tomar medidas que estuviesen incitando a un incumplimiento
legal. Por otra parte, sería menospreciar al propio cumplidor de la norma
--el que realiza el servicio militar obligatorio, el que realiza la
prestación social sustitutoria-- si al mismo tiempo viera que
simultáneamente, al lado suyo, un colectivo no la cumple y tiene unas
sanciones puramente simbólicas, prácticamente de efecto casi inexistente.
Eso sería también un demérito, un menosprecio para los que sí cumplen con
la legislación. Y desde el punto de vista del legislador no parece de
recibo que se trate igual a unos y a otros colectivos.
Me parece que el espíritu de la proposición de ley es claro, su contenido
yo creo que también; refleja, en definitiva, esta filosofía de que la
Administración tiene que responder desde su propio ámbito a la falta de
colaboración o contribución que todos los ciudadanos deben tener en un
ámbito o en otro. A esa falta de contribución responde la Administración
con sus propias armas de alguna manera, actuando recíprocamente en el
propio ámbito de sus sanciones administrativas. Se podrá discutir a lo
largo de los trámites subsiguientes si las sanciones que proponemos en
esta proposición de ley son altas o son bajas o requieren, de hecho, una
mayor graduación o un tratamiento, si se quiere, de otra naturaleza. Eso
se podría discutir a lo largo de los trámites subsiguientes, pero nos
parece que la filosofía era la adecuada y en ese sentido hemos presentado
esta iniciativa.
Con respecto a otras iniciativas, nos encontramos, por una parte, con dos
del Grupo Mixto, que prácticamente ya he comentado al presentar la
nuestra, que simplemente proponen una despenalización sin ninguna otra
alternativa. Ya he dicho anteriormente que eso prácticamente elimina,
casi por la vía de facto, la obligación legal y que incluso desde el
propio punto de vista jurídico no tiene ningún sentido y es una ficción
mantener obligaciones que luego después sus incumplimientos no acarreen
ningún tipo de sanción.
La otra proposición de ley, la que presenta el Partido Popular de la mano
también de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, fundamentalmente
tiene un mismo fondo. En definitiva, es la misma idea. Creo incluso que,
al haber sido presentada la nuestra con dos meses de anterioridad, ha
habido una cierta copia de la idea --permítaseme decirlo así--, no digo
del texto, porque difieren en algunas cosas que pueden ser más o menos
importantes, aunque el fondo es el mismo. En cualquier caso, yo creo que
hay un estilo un tanto preocupante en cuanto a que, parlamentariamente,
cuando un grupo presenta una iniciativa, en seguida vemos que se le
cuelgan multitud de iniciativas de otros grupos parlamentarios del mismo
tenor, al objeto probablemente de desdibujar la iniciativa del grupo que
ha tomado el protagonismo en ese debate. No me parece una técnica
demasiado aceptable, pero es lo que es, y no lo voy a poder cambiar. La
realidad que hoy tenemos delante es que a los dos meses de que el Grupo
Socialista presentara su iniciativa, y después de que la misma fuera
descalificada por el Grupo Popular, que hoy presenta iniciativas en esta
misma dirección (incluso fue tildada de una iniciativa irresponsable y de
la que se dijo que lo único que pretendía era poner piedras en el camino
del proceso de profesionalización y obstaculizarlo), resulta que ahora
esas piedras han desaparecido y el grupo que hacía esa crítica --el Grupo
Popular-- presenta una iniciativa del mismo alcance y de la misma
filosofía, aunque con diferente contenido, en la medida en que ubica las
sanciones en el Código Penal en lugar de sanciones administrativas.
Jurídicamente podríamos discutir mucho sobre el tema. Me parece que
tampoco quizá sea ahora el momento y se puede hacer en trámites
posteriores.
En cualquier caso, sí hay una referencia que nos parece preocupante en la
proposición del Grupo Popular y de Convergencia y es la tipificación, la
creación, en definitiva, de un nuevo delito, cual es la falsa alegación
de los motivos de conciencia, para eludir el servicio militar
obligatorio. Yo creo que eso es un error grave. Es una regresión en
relación con lo que actualmente está vigente en el Código Penal. Creo que
el Grupo Popular debería rectificar en cuanto a este punto concreto
porque me parece que complica enormemente la situación y que no es de
recibo esa tipificación ex novo que acaba de introducir en su iniciativa.
En definitiva, mi grupo tiene una doble sensación a la hora de concluir
este debate. Por una parte, satisfacción; satisfacción porque, sea cual
sea la iniciativa que al final prospere tras este debate, entendemos que
se habrá dado un paso adelante y, por otra, en buena medida se habrá
alumbrado una cierta solución del problema en relación con las conductas
de insumisión. El denominador común de haber eliminado las penas de
privación de libertad está en todas las iniciativas, lo cual ya es un
paso adelante, y eso es un elemento fundamental de consenso. Esa es la
satisfacción.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Voy concluyendo.
Satisfacción de que el Grupo Socialista, al traer su iniciativa, haya
tenido la capacidad de atracción de todos los demás grupos para montarse
encima iniciativas del mismo tenor. Nos alegra que se haya producido este
efecto cascada con nuestra iniciativa, nos parece muy gratificante, y nos
parece también muy gratificante que nuestras iniciativas tengan esa bis
atractiva en relación con el resto de los grupos.
No deja también de haber un cierto regusto amargo al contemplar que,
cuando se presentan iniciativas por un grupo parlamentario, con una
cierta labor de plagio, al menos en cuanto a la idea si no en cuanto al
contenido textual, se produzca una amalgama y una agregación de
iniciativas que tratan de difuminar la que el grupo protagonista acaba de
realizar, e incluso quién sabe si a la vista del debate a lo mejor ni
siquiera prospera la que ha traído el grupo que es autor de la iniciativa
y prospera la de los que se han sumado con posterioridad a la misma. Esas
son las consecuencias de una manera, a nuestro juicio, un tanto
oportunista de hacer política parlamentaria. Nosotros, en este sentido,
queremos dejar constancia de que el Grupo Socialista ha sido pionero en
este debate, independientemente de cuál sea el resultado final de las
diferentes iniciativas. Con esa satisfacción queremos acabar este
debate y también con esa perplejidad por el efecto que ha tenido en
relación con otros grupos que, manteniendo la misma filosofía, presentan
iniciativas contrarias aparentemente a la que hemos presentado como Grupo
Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de
Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Señor presidente, señoras y
señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender
la proposición de ley orgánica que hemos presentado conjuntamente con los
grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Coalición Canaria y que
pretende modificar algunos aspectos del régimen sancionador aplicable a
los denominados delitos por insumisión.
En un debate como el que se está produciendo esta tarde en la Cámara,
donde se acumulan varias proposiciones de ley que abordan estos supuestos
desde ópticas diferentes, necesariamente fijaré la posición sobre las
demás, adelantando que no contarán con nuestro voto favorable, bien por
no ser acordes con los principios rectores de nuestro ordenamiento
jurídico, bien porque no amparan suficientemente el valor constitucional
de la defensa, que es el bien jurídico que tratamos de proteger.
Ese valor de la defensa, de acuerdo con el modelo vigente, se concreta
para los jóvenes españoles, de un lado, en la obligación de prestar el
servicio militar y, para aquellos otros jóvenes que sean reconocidos como
objetores de conciencia, en la obligación de cumplir una prestación
social de carácter sustitutorio. Es cierto que el Gobierno apostó por
cambiar el modelo de Fuerzas Armadas y que nos encontramos en pleno
período de tránsito hacia la profesionalización, en el que los diferentes
grupos políticos ya han dado a conocer, pública y explícitamente, sus
propuestas, tanto sobre el número final de efectivos profesionales como
sobre la duración de este período de tránsito.
En cualquier caso, sea cual fuere la conclusión a que se llegue, lo
cierto es que el mantenimiento de la operatividad y las funciones de
nuestras Fuerzas Armadas requieren que el cambio de modelo no se realice
bruscamente, sino de forma pacífica, escalonada y responsable, por lo
que, aunque se atisbe en un horizonte cercano, aún restan varios años
para que se dé por concluido el período de profesionalización.
Ello significa que, aunque estemos en un período de transición de un
modelo a otro, siguen plenamente vigentes los deberes de cumplimiento del
servicio militar y prestación social sustitutoria como garantía para
proteger nuestras necesidades de defensa. Y precisamente porque ambas
prestaciones siguen siendo deberes jurídicos, necesariamente tienen que
ser imperativas, y la reacción del Estado, en consecuencia, tiene que
manifestarse de alguna manera en caso de incumplimiento. Esa reacción no
existe en la proposición que el Grupo de Nueva Izquierda nos presenta hoy
a debate, por cuanto pretende derogar los artículos 527, 528 y 604 del
Código Penal sin contemplar alternativa sancionadora alguna, por lo que
de ser aprobada, el incumplimiento de determinados deberes establecidos
en normas legales vigentes no tendría ninguna consecuencia desfavorable
para el infractor. Es más, dejar impunes los incumplimientos derivados de
ambas obligaciones equivaldría a vaciar de contenido las leyes sobre las
que se sustenta el vigente modelo de Fuerzas Armadas al carecer de
respuesta jurídica su desobediencia. Esta impunidad, además de producir
un cambio brusco del modelo de Fuerzas Armadas, podría comprometer
gravemente el valor constitucional de la defensa, y eso es algo que
nuestro grupo parlamentario necesariamente debe rechazar.
En la medida en que su proposición persigue el mismo fin que la que en su
día, hace dos meses, se debatió ampliamente en la Cámara, que presentó el
grupo de Izquierda Unida, no parece que sea necesario reproducir los
argumentos que ya tuve ocasión de manifestar desde esta tribuna, por lo
que no podemos apoyar la proposición que nos presenta hoy Nueva
Izquierda. Como tampoco podemos apoyar la proposición del Bloque
Nacionalista Galego. Señor Vázquez, en la exposición de motivos de la
proposición que hoy nos presenta ha invocado el principio de
proporcionalidad que ha de regir el Derecho penal, y sin embargo,
considerando que estas conductas siguen siendo merecedoras de reproche
penal, la pena que ustedes nos proponen es solamente una multa de diez a
veinte días. Pero es que, además, si su proposición lo que pretende es
suprimir las penas privativas de libertad para los insumisos con el
mantenimiento de la pena de multa, ese objetivo no se consigue, porque
con el Código Penal en la mano si el insumiso no paga la multa, bien por
ser insolvente o bien acorde con sus propias convicciones, lo cierto es
que el artículo 53 del vigente Código Penal prevé la posibilidad de
sustituir el impago de multas por penas privativas de libertad,
consecuencia ésta que choca frontalmente con los principios que inspiran
su iniciativa. Por ello, no apoyaremos su proposición.
En este punto sí quiero realizar una precisión, en relación con la
afirmación hecha por el portavoz del Grupo Socialista sobre el texto de
nuestra proposición, que de alguna manera se permitía afirmar que hemos
transformado un agravante en un nuevo tipo delictivo. En ese punto he de
decir, para que quede claro para el resto del debate, que no es nuestra
intención ni ampliar la extensión de las causas ni de los supuestos de
sanciones penales para estos incumplimientos ni, desde luego,
criminalizar la llamada objeción de conveniencia, por lo que si se toma
en consideración nuestra proposición estamos dispuestos a introducir en
el texto
las mejoras técnicas precisas para evitar que se produzca esa
interpretación. Es evidente que nuestra intención es rebajar las penas
para estos incumplimientos y no ampliar los tipos delictivos, por lo que
si existe algún defecto técnico en nuestro texto anuncio que lo
subsanaremos posteriormente en el trámite de enmiendas. Señor Moya,
errores e imprecisiones también hay en otras proposiciones; en la suya,
por ejemplo. En los antecedentes de su proposición se hace referencia al
reglamento de objeción de conciencia de 1988, que es un reglamento
derogado por ustedes mismos en el año 1995. Es decir, errores,
deficiencias e imprecisiones hay en otras proposiciones, para eso está
precisamente el trámite de ponencia, para eso está precisamente el
trámite de enmiendas y, además, ya he anunciado que nosotros subsanaremos
esa deficiencia técnica.
Voy a continuar explicando las razones por las que, en este caso, tampoco
podemos apoyar la proposición que el Grupo Socialista nos presenta. Al
inicio de mi intervención decía que el resto de las iniciativas que hoy
se presentaban a debate no contarían con nuestro apoyo, bien por no
amparar suficientemente el valor constitucional de la defensa, o bien
porque, a nuestro juicio, no eran acordes con los principios rectores del
ordenamiento jurídico. La proposición que ustedes nos presentan, a
nuestro juicio, obedece a esta última consideración.
Nos acusan de incoherencia y oportunismo. Si ustedes, que durante sus
catorce años de Gobierno mantuvieron las penas de cárcel para los
insumisos, reclaman ahora la posibilidad de reconsiderar su posición
argumentando que estamos en una situación distinta, de tránsito hacia la
profesionalización de las Fuerzas Armadas, ¿cómo pueden negar a nuestro
grupo que podamos realizar la misma reflexión cuando hemos sido nosotros,
y no ustedes, los impulsores del cambio de modelo de Fuerzas Armadas? Esa
acusación, señor Moya, yo creo que es absurda. Además, la reflexión que
da origen a nuestra proposición no es reciente. En noviembre de 1994 el
Grupo Popular del Senado votó a favor de una moción en la que se
solicitaba a su Gobierno, con escaso éxito, que se suprimieran las penas
privativas de libertad para los insumisos. Nuestra portavoz de justicia
en el Senado, la senadora Vindel, también lo ha manifestado en múltiples
ocasiones, así como nuestra organización juvenil. Yo mismo hace dos meses
afirmaba en esta tribuna que nuestro grupo no era favorable a
despenalizar la insumisión, pero sí a revisar algunos aspectos del
régimen sancionador aplicable a dichos incumplimientos. Por tanto,
nuestra proposición es coherente y, más que oportunista, yo diría que es
bastante oportuna.
Nos acusan también de haber copiado su proposición. Nada más lejos de la
realidad, como podrá comprobar. Es cierto que tanto su proposición como
la nuestra coinciden en señalar como sanción, para los más graves
incumplimientos de los deberes de prestación del servicio militar y de la
prestación social sustitutoria, la privación de derechos por un tiempo de
cuatro a seis años. Pero sobre este hecho poca originalidad hay en
ninguna de las propuestas. El Código Penal vigente ya sanciona estas
conductas con penas privativas de derechos y, en cuanto a su duración,
ambas son tributarias de la decisión previa del Gobierno de fijar un
límite temporal para la finalización del proceso de profesionalización,
por lo que tratándose de copiar en este punto, señor Moya, no sé quién
copia a quién. Sí hay discrepancia --y ésta es radical-- en la
configuración punitiva de estas conductas.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Ya concluyo, señor presidente.
Su proposición califica los más graves incumplimientos al servicio
militar y a la prestación social sustitutoria como infracción
administrativa, pero les asigna una pena disfrazada de sanción
administrativa. Ese malabarismo jurídico es, a nuestro juicio,
inaceptable. Primero, si antes llegaba a la conclusión de que la
proposición del Bloque Nacionalista Galego nos conducía a una suerte de
delitos sin pena, ahora se produce justamente lo contrario. Segundo, en
su proposición establecen que un órgano administrativo pueda imponer como
sanción la pérdida definitiva de cargo público, es decir, la privación
del derecho de sufragio pasivo, lo que contraviene claramente la vigente
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que en su articulado
establece que carecen de derecho de sufragio los que hayan sido
inhabilitados para ello por sentencia judicial firme. Por tanto, parece
claro que esta sanción está reservada a los tribunales de justicia y no a
órganos administrativos. Tercero, el derecho de acceder y de mantenerse
también en condiciones de igualdad en los empleos y cargos públicos es en
nuestra Constitución un derecho fundamental, consagrado en su artículo
23, y, como tal, acreedor de una inmediata, directa y eficaz tutela
judicial. Si de acuerdo con su proposición es la Administración la que
sanciona, la que priva desde el inicio del derecho de acceso a empleo o
cargo público o la que priva de él al que ya lo tiene, la intervención
judicial ya no será inmediata, ni siquiera necesaria y preceptiva, sino
ulterior, sólo a petición de parte y con una finalidad meramente
revisora.
El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez de Castro, ha de concluir.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Por tanto, entendemos que su
proposición no es acorde con los principios rectores del ordenamiento
jurídico y podría suponer un retroceso en el sistema de derechos
y garantías de los ciudadanos, por lo que no la podemos apoyar.
Nuestra proposición --y ya termino, señor presidente-- pretende, por un
lado, dar respuesta a una demanda social creciente, desde el Defensor del
Pueblo hasta diferentes organizaciones sociales y políticas, que venían
reclamando la supresión de penas privativas de libertad para estos
supuestos y, por otro lado, amparar y proteger el valor, las necesidades
de defensa durante este período de tránsito, por lo que mantenemos como
delito el acto de insumisión, aplicando penas privativas de derechos,
pero no de libertad, para quienes rehúsen cumplir el servicio militar.
Señorías, si muchos sectores de nuestra sociedad consideraban que las
penas privativas de libertad para los insumisos era una sanción
excesivamente dura, dada la situación actual, nuestra proposición da
respuesta a esa inquietud, respuesta que esperamos sepa reconocer y
valorar el conjunto de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez.
Tengo que prevenir a los intervinientes en favor de esta proposición de
ley, de esta misma iniciativa, que el turno que ha consumido el portavoz
del Grupo Popular hace forzosamente que tengan que reducir mucho el
tiempo de intervención en los suyos.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Procuraremos hacer la intervención ajustada en tiempo al contenido de
esta iniciativa. El pasado 16 de diciembre ya tuvimos oportunidad de
debatir una iniciativa que también incidía en la cuestión de la
insumisión y también lo tuvimos que hacer en septiembre del año anterior.
El último debate, el que tuvo lugar el 16 de diciembre, y las
consecuencias que se derivaron del mismo, hicieron que nuestro grupo
parlamentario fuese objeto de importantes críticas. Se nos acusó de
incoherentes, de contradictorios y de insensibles a una determinada
realidad social. Hoy, con este debate que también planteamos nosotros,
tenemos la oportunidad de clarificar estas posiciones y, sobre todo,
tenemos la oportunidad real de avanzar en un cambio legislativo de ese
Código Penal que a todos --insisto-- nos repugna.
El señor Moya hablaba desde la amargura que le podía producir el hecho de
que su iniciativa quedase subsumida en otras iniciativas o previendo que
su iniciativa no sería tomada en consideración hoy en el Pleno. Nosotros
podríamos hablar de la amargura que nos han supuesto las acusaciones
injustas que desde el Partido Socialista a lo largo de estos meses se han
dirigido a nuestro grupo parlamentario en relación con esta cuestión.
Evidentemente, nuestra posición en relación con la supresión de las penas
de prisión no se remonta a los debates de esta legislatura, sino que se
remonta al debate de 1995, a la reforma del Código Penal. Hemos de
recordar, y queremos que conste en la sesión de hoy, que si en el Estado
español existen presos de conciencia, alrededor de 90 jóvenes condenados
a penas de prisión por el delito de insumisión, es responsabilidad del
Partido Socialista.
Las enmiendas que Convergència i Unió presentó en 1995 al Código Penal
tenían el objetivo de corregir esta cuestión. Lo conseguimos en el caso
de la insumisión a la prestación social, donde el proyecto inicial del
Grupo Socialista preveía penas de prisión de seis meses a dos años, no lo
conseguimos en el caso de las penas de prisión para la insumisión. Por
tanto, no es responsabilidad de Convergència i Unió que hoy haya
alrededor de 90 jóvenes condenados a penas de prisión por delitos de
insumisión. Y si en 1995 nos repugnaba el planteamiento del Código, hoy
aún nos repugna más.
Señorías, estamos inmersos en un irreversible proceso de transformación
del modelo de las Fuerzas Armadas, un proceso que responde no sólo a
razones de coyuntura internacional, sino también a un cambio profundo de
los valores, a un cambio de modelo de nuestra sociedad ante el hecho
militar. Por tanto, el principal reto que tiene marcado este Congreso, el
principal reto que tenemos marcado el conjunto de grupos políticos es
avanzar hacia ese nuevo modelo que nos reclama la sociedad, un nuevo
modelo --insisto-- que se fundamenta en valores diferentes a los que han
informado la vida del conjunto de la sociedad española en relación con la
cuestión militar a lo largo de estos años.
Para hacer posible este nuevo modelo es necesario gestionar de manera
inteligente su transición, haciéndola lo más corta posible, afectando lo
menos posible a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y no
creando agravios comparativos entre los ciudadanos sometidos aún, y de
manera provisional --insisto--, a un determinado régimen de obligaciones.
Desde este punto de vista, debemos encontrar qué formula sirve para
regular en ese régimen transitorio el incumplimiento de esas obligaciones
legales. Entendiendo, y lo decíamos ya en el debate del pasado mes de
diciembre, que con la reforma que hoy introducimos e incluso con la
reforma que pretende introducir Izquierda Unida, no abordamos el problema
de fondo que nos plantean los movimientos antimilitaristas, los
movimientos de la insumisión. El debate de fondo que se nos plantea desde
el antimilitarismo es un debate en relación al papel de los ejércitos, a
su relación con la sociedad, a la relación de los Estados. Y este debate
no lo agotamos hoy ni lo vamos a agotar en esta legislatura.
Tenemos oportunidad de continuar avanzando en el desarrollo de políticas
de defensa diferentes. En ellas incide el movimiento de la insumisión,
pero en el debate en relación a la penalización de los llamados delitos
de insumisión no entramos en esta cuestión.
Las reformas que impulsamos Convergència i Unió, Coalición Canaria y el
Partido Popular las ha explicado de manera clarísima el señor Bermúdez de
Castro. Recordemos: eliminación de las penas de prisión y de las multas,
rebaja a la mitad de las inhabilitaciones, dejándolas de considerar
absolutas por especiales y estableciendo un expreso régimen de
retroactividad. Entendemos que ésta es hoy la mejor reforma posible y,
por tanto, la reforma que es necesario que impulsemos.
En cuanto a las propuestas que nos plantea el resto de grupos de la
Cámara, estoy seguro de que podemos compartir el fondo de la mayoría de
ellas, pero introducen una complicación en el trámite parlamentario que
nos parece innecesaria y especialmente compleja, ya que es importante que
antes del verano hayamos reformado el Código Penal.
La propuesta del Grupo Socialista nos parece que crea determinadas
situaciones de indefensión a ciudadanos que se hayan visto privados de
derechos fundamentales a través de un trámite del derecho sancionador
administrativo. La proposición del BNG nos parece que introduciendo las
multas como método de punición puede crear una complejidad especial al
distinguir entre personas insolventes y las que no lo son, por lo que no
es un régimen más justo, y evidentemente la propuesta de Nueva Izquierda,
en la medida que no plantea ningún régimen sancionador alternativo, nos
parece que no es posible aceptarla.
Señorías, va a ser importante que en esta legislatura avancemos hacia la
supresión del servicio militar. Va a ser importante que encontremos ese
sistema de gestionar de manera inteligente esta transición. Invitamos al
conjunto de grupos de la Cámara a que participen de esa demanda de la
sociedad y a que participen, además, del éxito que va a tener la misma.
Insisto, vamos a tener oportunidad de discutir a fondo las cuestiones,
que creo que también son las que existen en el núcleo del debate,
respecto a la supresión del servicio militar. Ese objetivo de la
supresión del servicio militar no debe resultar cuestionado por
frivolidades o actitudes no excesivamente meditadas, pero que al mismo
tiempo esa transición sirva para resolver injusticias que vienen
funcionando desde 1995.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El señor MARDONES
SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
También Coalición Canaria, como grupo firmante y proponente de esta
iniciativa que, junto al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hoy traemos aquí, ha tenido
y tiene sus razones respecto a la misma y subo a la tribuna para
especificarlas. No haré repetición de los argumentos que han sido dados
ya por mis dos compañeros cofirmantes en los aspectos fundamentales.
Hicimos este texto y, como es un texto de consenso entre tres fuerzas
políticas, comprenderán SS. SS. que todas tienen que ceder algo. Lo que
tenemos que hacer aquí es votar una toma en consideración y, como bien ha
señalado el portavoz del Grupo Popular, estamos abiertos en los trámites
de ponencia y Comisión a llevar a cabo perfeccionamientos del texto
legal, por si alguien le ha dado una interpretación que fuera contraria a
los principios que inspiraron el consenso de los tres grupos
parlamentarios. Se trata fundamentalmente de aprovechar un periodo
necesario de transición hacia el nuevo modelo profesional de las Fuerzas
Armadas para que el delito de insumisión, ante la situación que este
periodo transitorio plantea, no llegue a situaciones esperpénticas --lo
que es delito hoy, mañana no lo es-- y no hacer caer ese peso del
principio de la ley para el bien jurídico que estamos defendiendo, que no
es un derecho individual, ya defendido por el Derecho en otras ramas
específicas, sino el bien jurídico de la defensa nacional, para que en
este interregno no se produzca un verdadero vacío de efectivos ni un mal
ejemplo --vamos a llamarlo así-- en los cumplidores al cien por cien de
la Ley del Servicio Militar Obligatorio actual. Eso es lo que pretendemos
perfeccionar fundamentalmente en ese trámite.
Voy a decir una cosa. A la objeción que se ha hecho de que hay una
supuesta lectura de criminalización por parte de esta iniciativa de los
tres grupos para sacar un nuevo tipo penal y hacer de la objeción de
conveniencia una figura delictiva, tenemos que decir lo siguiente. Para
los que han dado este argumento, eso se deduce de la modificación que
proponemos del artículo 527 del Código Penal, que comienza diciendo en su
apartado primero: haya alegado falsamente motivos de conciencia.
Señorías, cuando estuvimos haciendo esta lectura, este portavoz tenía
presente no solamente el Código Penal, tenía presente la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y los sistemas de leyes procesales españolas,
donde la carga de la prueba es evidente. De los cuatro puntos que hay,
posiblemente el segundo, el tercero y el cuarto son objetivos y están
tasados y medidos, pero quien haya alegado falsamente motivos de
conciencia los alega ante un órgano y, para una aplicación del artículo
527 del Código Penal, hay un tribunal, hay un juez y un magistrado y
éstos, en razón del principio procesal de garantías al justiciable, que
inspira nuestro Derecho y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exigen la
carga de la prueba y habrá que demostrar que ha alegado falsamente. Esta
no es una apreciación puramente subjetiva, sin ninguna garantía para el
justiciable. Nosotros vamos a dejar claro en los trámites de ponencia y
Comisión que no haya el menor atisbo de
inseguridad jurídica en esta figura para que a una persona se la pueda
acusar de objeción de conveniencia.
Hay una diferencia fundamental en nuestro texto con lo que ha dicho el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Coincidimos con los
planteamientos de fondo, dichos hoy aquí, del texto de la iniciativa
socialista; con lo que no podemos coincidir es con lo que coincidimos el
día en que debatimos aquí la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal,
cuando llegamos a estos artículos a los que este diputado presentó
enmiendas que fueron apoyadas por el Grupo Socialista y apoyamos la
propuesta del Gobierno socialista en aquel momento, que donde dijimos
ayer blanco, ahora digamos negro. Es que ustedes, en su texto, modifican
no el Código Penal, modifican la Ley 48/1984, de la objeción de
conciencia y la prestación social sustitutoria y, al final de todo el
alegato de modificación de la Ley de la objeción de conciencia, en la
disposición derogatoria se derogan de una tacada tres artículos del
Código Penal. En nuestra iniciativa, perfectible y perfeccionable, a lo
que estamos abiertos, no entramos en la Ley de la objeción de conciencia
y de la prestación social, sino que modificamos dos artículos del Código
Penal, el 527 y el 604, suprimiendo el 528. Esta es una diferencia
formal, pero muy importante. Preferimos entrar por la vía de la
modificación del Código Penal para que el justiciable, llámese insumiso u
objetor de conciencia en el caso previo, tenga todas las garantías del
sistema procesal español, pero con una vinculación al Código Penal como
principio de la defensa del bien jurídico fundamental a proteger. Esto no
significa negar nuestro sistema de derechos individuales que debe tener
cualquier ciudadano español en el resto de las leyes y en su contexto.
Por estas razones, mi grupo, obviamente, va a votar a favor de nuestra
iniciativa, abierta a las modificaciones, y en contra de las demás.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las dos iniciativas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, en primer lugar y para defensa de la que ha
presentado con el señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra el señor
Vázquez Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Con la proposición de ley orgánica que presenta el Bloque Nacionalista
Galego tratamos de que este Congreso de los Diputados aborde la discusión
de la necesaria reforma del Código Penal, en lo que se refiere a delitos
contra el deber del cumplimiento del servicio militar obligatorio y la
prestación social sustitutoria y, en consecuencia, que se adapte la ley a
la realidad actual.
Desde nuestro punto de vista, es una evidencia que el actual modelo de
servicio militar obligatorio está absolutamente en crisis, lo que tiene
su reflejo en el incremento imparable del número de jóvenes que se niegan
a realizar el servicio militar, sean objetores o sean jóvenes que se
califican como insumisos, que, por cierto, todos ellos son personas con
un alto nivel de integración social, no son personas insolidarias, como
muchas veces se afirma, sino que simplemente aspiran a cambiar la
sociedad y lo hacen, por cierto, con su sacrificio personal, afrontando
muchas veces penas de cárcel e inhabilitación. Por lo tanto, desde
nuestro punto de vista, el modelo de servicio militar obligatorio está en
crisis y también, hay que decirlo, el modelo de ejército, porque si no
fuese así no se podría explicar el amplísimo rechazo que se produce a
realizar el servicio militar obligatorio, un rechazo mucho mayor que el
que se produce en países del entorno geográfico del Estado español.
La Ley de Objeción de Conciencia trató en su día de procurar una
alternativa al no cumplimiento del servicio militar obligatorio y, sin
embargo, esta ley fue cuestionada por muchos jóvenes; fue vista más como
un castigo que como una alternativa al servicio militar obligatorio.
La objeción y la insumisión siguieron aumentando y, desde luego, parece
claro que, en un intento de frenarlas, el nuevo Código Penal, en sus
artículos 527, 528 y 604, estableció penas de multa, prisión e
inhabilitación absolutamente excesivas y desproporcionadas para el delito
que se pretendía castigar y que, desde luego, no tienen equivalente en el
incumplimiento de otras leyes, penas de todos conocidas y que no voy a
pasar a relatarles. Eran penas desproporcionadas, estaban planteadas más
como amenaza y castigo que como respuesta al incumplimiento de una ley y,
además, resultaron inútiles; que eran desproporcionadas es una evidencia
al castigar con penas de ese calibre el teórico delito producido, y que,
además, resultaron inútiles lo demuestra la práctica de que cada vez el
número de objetores y de insumisos no solamente no disminuyó, sino que
fue aumentando. Esto lleva a que aparezca el Estado español con un alto
número de presos de conciencia, algunos de ellos en prisiones militares,
como acontece, por citarlos en este momento, a dos insumisos gallegos,
Elías Rozas y Ramiro Paz, entre otros. Estamos, por lo tanto, ante una
situación insostenible y más aún cuando se está a las puertas de la
creación del ejército profesional. De nada vale, por tanto, esconder la
cabeza cuando la realidad es la que es. Las contradicciones de nuevo
aumentan y es difícilmente entendible que mientras que se castiga con
dureza a jóvenes que se niegan a realizar la prestación social
sustitutoria o el servicio militar obligatorio, existan por sorteo los
llamados excedentes de cupo, es decir, que al ejército le sobran
efectivos y, sin embargo, se castiga a los que no quieren realizar el
servicio militar obligatorio.
El Bloque Nacionalista Galego cree y defiende que ni la insumisión al
servicio militar sustitutorio ni la insumisión al servicio militar
obligatorio pueden ser considerados delitos y, por tanto, no deben ser
castigados. Esa filosofía impregnó e impregna nuestra actividad y esto
queremos dejarlo claro. En todo caso, también somos conscientes de la
dificultad de conseguir en este momento la despenalización total, entre
otras cosas porque la mayoría de este Congreso de los Diputados no está
por esa labor.
Por lo tanto, nosotros presentamos una proposición de ley que nos parece
que es pragmática, que es posible jurídicamente, en tanto no se modifique
el marco legal que hace que existan las penas y que propone modificar los
artículos 527, 528 y 604 del Código Penal, suprimiendo de los mismos las
penas de prisión y de inhabilitación y rebajando sustancialmente las
multas a aplicar, mientras no se suprima el servicio militar obligatorio.
Una reforma, por lo tanto, del Código Penal, en este período transitorio
hasta la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que no signifique la
supresión de las penas de inhabilitación y prisión es absolutamente
timorata e insuficiente, desde nuestro punto de vista; es un pequeño
avance, pero creemos que, al mantenerse la inhabilitación, lo que se hace
es simplemente tratar de evitar el aspecto más llamativo y poco
defendible ante la sociedad, que es que por motivos de conciencia haya
jóvenes en prisión en un Estado democrático. Conviene decir que en la
vida de una persona la inhabilitación acarrea probablemente consecuencias
más graves que el propio paso por prisión.
Por lo tanto, esperamos que esta proposición de ley sea apoyada y se tome
en consideración, aunque algunos portavoces ya expresaron su voto
negativo. En todo caso, es probable que sea la primera y última propuesta
del Bloque Nacionalista Galego en el sentido de reformar el Código Penal
y, por lo tanto, nos veremos abocados, como es práctica habitual en
nosotros, a seguir considerando que la insumisión no es delito y
propugnando la despenalización total de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez, termine por favor.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Concluyo, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición
de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya y nos abstendremos en
el caso del resto de las proposiciones presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de su iniciativa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señorías, Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda,
dentro del Grupo Mixto, presenta hoy una proposición de ley en la que
solicitamos directamente la derogación de los artículos 527, 528 y 604 de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con objeto
de suprimir la penalización de esas conductas denominadas de insumisión.
Señorías, creemos que estamos en la obligación de modificar un
ordenamiento jurídico que entra en colisión directa con la libertad de
conciencia y que hace que más de 3.000 jóvenes hayan estado o estén
sufriendo procesos judiciales, que 100 jóvenes estén en las cárceles y
que centenares de jóvenes en estos momentos estén inhabilitados.
Pensamos que hasta el momento se están sancionando penalmente unas
conductas que no provocan alarma social y que no merecen ni estar
sufriendo un reproche social. Muy por el contrario, pensamos que son
conductas que están siendo vistas con simpatía por el cuerpo social, a
excepción, seguramente, del señor Molins, de Convergència i Unió, que
hizo recientemente unas declaraciones en las que tachaba a estos jóvenes
de asociales, lo que, a mi entender, es una calificación absolutamente
injusta.
Estamos sometiendo a juicio la propia conciencia de la persona sobre una
actuación, señorías, que dentro de poco va a dejar de ser delito. Estamos
haciendo una penalización de conveniencia. Esto sí que es de
conveniencia, no la objeción de la que todo el mundo está hablando
--objetores de conveniencia--, sabiendo a lo que se arriesgan estos
jóvenes con penas de cárcel y de inhabilitación. Estamos penalizando por
conveniencia, porque nos conviene, porque el Grupo Popular está
incumpliendo sus promesas electorales, ya que dijo que en este mandato se
produciría la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y ahora lo
está posponiendo para el año 2005. Y si unimos a esto el hecho de que
está buscando un modelo de macroejército, de 160.000-180.000 efectivos,
cosa absolutamente inadecuada para las necesidades defensivas de nuestro
país, significa que hasta el año 2003, durante cinco años, tendremos a
jóvenes que serán penalizados sufriendo unas penas de inhabilitación que,
quiero recordarles, señorías, no son peccata minuta, pues significan
exactamente pérdida definitiva e imposibilidad de obtener cualquier
honor, empleo o cargo público al servicio de cualquiera de las
administraciones u organismos públicos, así como subvenciones, becas o
ayudas públicas de cualquier tipo por tiempo de cuatro a seis años.
Señorías, no es un tema menor. Por eso, Iniciativa per Catalunya-Nueva
Izquierda presenta esta proposición de ley sobre despenalización total de
los delitos de insumisión.
En relación a las demás proposiciones de ley que se plantean hoy en esta
Cámara, nos vamos a abstener.
Respecto a la presentada por el Bloque Nacionalista Galego, sabemos que
la sanción que quieren establecer es absolutamente simbólica y conocemos
los motivos que les mueven, pero, por una cuestión de principio, nos
vamos a abstener. En cuanto a las dos proposiciones restantes, quieren
evitar la prisión de los insumisos, pero mantienen unas penas de
inhabilitación que las acabo de nombrar y que, a nuestro juicio, son
gravísimas. Y, aunque nos consta la voluntad del Grupo Socialista de
despenalizar este delito, de sacarlo del Código, entendemos que da más
garantías. Ya que la pena es la misma --inhabilitación de cuatro a seis
años--, creemos que ayuda el hecho de que sea un procedimiento judicial
por el que se impone la sanción, porque en este tipo de procedimiento
siempre juegan las circunstancias modificativas --atenuantes y
eximentes--, mientras que en un procedimiento administrativo, aunque
puede graduarse la sanción, la responsabilidad que se determina es
siempre de carácter objetivo. Por otra parte, si es una sanción
administrativa, es menos beneficioso para los insumisos porque, al
permanecer el tipo en el Código Penal, en el momento en que desaparece el
delito, se podría pedir por el afectado la revisión de la condena, lo que
no parece posible en un procedimiento administrativo sancionador.
Por todo ello, señorías, nuestro grupo anuncia la abstención para las
proposiciones de ley que hoy se debaten en la Cámara y solicita la
votación favorable a nuestra proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
La señora Rivadulla me ha indicado que compartía su tiempo --aunque ya
queda un minuto-- con la señora Lasagabaster. Tiene un minuto, señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
En este turno de fijación de posición, quiero decir que hemos reiterado
desde el inicio...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Lasagabaster, un momento.
No es un turno de fijación de posición. Es una defensa de unas
proposiciones de ley en las que se reparte el turno con la señora
Rivadulla. Es decir, si el Grupo Parlamentario Mixto consume un turno de
defensa de las enmiendas, no tiene turno de fijación de posiciones. Habla
repartiéndose el turno --ya queda muy poco tiempo-- de defensa de una de
las propuestas.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: En ese caso, señor presidente, voy a
hablar en defensa de nuestra posición y en relación con las dos
iniciativas presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero muy brevemente, señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Brevemente, señor presidente.
Creo que han oído en más de una, dos, o incluso cinco ocasiones nuestra
posición favorable a la despenalización y a la no muerte civil de los
insumisos; creo que, incluso, desde el mismo debate de investidura del
señor Aznar como presidente. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara.
En cualquier caso, creemos que su conducta no es socialmente reprochable,
al menos en Euskal Herría tienen un gran apoyo de la sociedad, y
entendemos que merece que se despenalice. No creemos que la
inhabilitación sea la fórmula adecuada y, por eso, vamos a votar a favor
de las dos iniciativas del Grupo Parlamentario Mixto y nos abstendremos
en las demás proposiciones.
Esto nos permitiría, además, solventar otros problemas, como el de
aquellos insumisos, alcaldes o concejales, que han sido condenados por no
hacer el alistamiento de mozos; o, incluso, problemas como interposición
de querellas --a nuestro entender muy injustas-- por un mero delito de
opinión, en cuanto a favorecer la insumisión, que creemos es una conducta
para nada reprochable y apoyada por una gran mayoría, al menos de la
sociedad vasca.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la postura del grupo al que represento sobre este asunto es
sobradamente conocida. Desde siempre hemos apostado por la
despenalización de estas conductas y por la existencia de un ejército
profesional. Hecha esta promesa por el presidente del Gobierno, desde
nuestra óptica, lo que procede o lo correcto es la eliminación, sin más,
de la obligación relativa al servicio militar. Entendemos que ello está
implícito en la proposición de Iniciativa per Catalunya y, por eso, es la
que votaremos íntegramente.
La situación provisional previa a la configuración definitiva del
ejército profesional no debe atenderse por medio del recurso fácil de
mantener la obligación legal del servicio militar o la prestación social
sustitutoria. Si yo le preguntase al señor ministro de Defensa --de estar
presente-- el porqué del plazo de seis años que prometió el presidente
del Gobierno, se me contestaría que por razones económicas o de
adecuación de efectivos, y la insuficiencia presupuestaria no justifica
ilícitos penales.
Debe y puede hacerse un esfuerzo por imaginar y conseguir mecanismos
alternativos que permitan atender los requerimientos de esta situación
provisional desde la perspectiva de la defensa; por ejemplo, medidas de
fomento del acceso voluntario al ejército. Si se mantiene la obligación
legal, que no es lo necesario, desde nuestra óptica, debe regularse
obviamente una consecuencia jurídica de su incumplimiento. La sanción
administrativa puede ser una fórmula adecuada, siempre que la misma
responda estrictamente a los criterios propios de la determinación de la
sanción en el marco punitivo.
La aludida situación de provisionalidad y la naturaleza del hecho
determinan la configuración concreta de las finalidades de la sanción,
que son las que a su vez delimitan los criterios para su determinación,
tanto en abstracto como en concreto. La prevención general no exige mucho
en este caso, porque ya se ha admitido que la obligación de que se trata
no sirve a la salvaguarda del valor constitucional de la defensa.
Tendríamos que el bien protegido no es tanto la defensa, sino la
regularidad y la ausencia de problemas organizativos en el tránsito del
sistema actual al sistema del ejército profesional. Pero este bien
jurídico no tiene trascendencia suficiente como para estar protegido por
el Derecho punitivo, y, si se admite que tiene la necesidad de
protección, es absolutamente leve y leve debe ser, por tanto, la sanción
que lleve aparejada.
Puede decirse que el único aspecto referente a la necesidad de prevención
general que se da en este caso es el consistente en la mera afirmación de
la existencia del Derecho, y así parecía sostenerlo el representante del
Grupo Popular, a través de la efectiva respuesta del ordenamiento ante
las vulneraciones del mismo. Pero éste es un aspecto desconectado de la
necesidad de bienes jurídicos relevantes, no requiere de la sanción o, si
la requiere, precisa una respuesta de todo punto moderada. La naturaleza
del hecho, unida a la situación de provisionalidad aludida, conduce a la
práctica desaparición de la necesidad de prevención especial en este
caso.
Es importante considerar que no hay que evitar la comisión por el
ciudadano incumplidor de nuevos hechos del mismo significado, pues se
trata de un incumplimiento que no puede repetirse, tanto por su propia
naturaleza como porque la obligación va a desaparecer, y siendo ello así,
ni procede la reeducación ni la amenaza concreta de sanción.
Hay que tener en cuenta también que, al margen de lo que acaba de
decirse, en absoluto cabe aquí hablar de función resocializadora, pues
estamos ante un incumplimiento de la legalidad que tiene su causa en
convicciones ideológicas o religiosas individuales. Hablar de función
resocializadora en estos casos es aludir a la posibilidad de cambiar
tales convicciones a través de la amenaza punitiva, y esto es
rotundamente inconstitucional.
Se podría contrargumentar que la función resocializadora va dirigida, no
a ese cambio, sino al aprendizaje de que las propias convicciones
ideológicas no permiten cualquier incumplimiento de la legalidad vigente.
Con ser esto cierto, resulta muy difícil diferenciar esta segunda
finalidad de la primera, que es inconstitucional, máxime teniendo en
cuenta que la libertad ideológica comprende la posibilidad de ajustar los
propios comportamientos a las propias convicciones en asuntos vitales y
esenciales para el libre desarrollo de la personalidad.
En cuanto a la función resocializadora, no es propia de la sanción
administrativa. Podría hablarse de la función retributiva, pero, amén de
que la misma es rechazada por abrumadora mayoría en la doctrina en los
países de nuestro entorno, tal función estaría limitada, al igual que
todas las demás funciones de la sanción o de la pena, por el principio de
proporcionalidad, el cual debe referirse, por un lado, a la gravedad de
los hechos ilícitos y, por otro, a la incidencia de la sanción en el
ámbito de las libertades y derechos de los ciudadanos.
La consideración de la gravedad de los hechos nos lleva, en este caso,
por las mismas razones expuestas al analizar la relevancia de la función
de prevención general, a una respuesta sancionadora muy leve, si es que
desea mantenerse la existencia de la obligación.
Sobre la sanción adecuada, empezamos por la crítica de la inhabilitación
agravada, que se fija tanto en la iniciativa del Grupo Popular,
Convergència i Unió y Coalición Canaria, como en la del Grupo Socialista.
Las sanciones administrativas llevan aparejadas, en general, respuestas
punitivas menos limitativas de derechos que las infracciones penales y
suelen ser multas, salvo en aquellos casos en los que se pretende excluir
al infractor de un cierto ambiente. Pondré el siguiente ejemplo: Si se
incumple una normativa en materia de subvenciones, cumpliendo un tipo
infractor, suele llevar aparejada la sanción de no poder concurrir a otro
proceso subvencional de una determinada administración. Pero en este caso
es una sanción desproporcionada e injusta y, al ser injusta, no sirve a
la escasa función preventiva que, como hemos visto, pueda concurrir en
este caso. Por otro lado, si se admitiese la existencia de una cierta
función resocializadora, habría que convenir que dicha sanción hace un
flaco servicio a esta función.
Desde nuestro modesto criterio, creemos que la exposición de motivos de
la proposición del Grupo Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria
mete la pata de forma escandalosa, al mencionar dicha función como
fundamento de la regulación que pretende.
Decimos que es desproporcionada porque conlleva una limitación muy
relevante de las posibilidades vitales de la persona, máxime considerando
que la sanción se va a aplicar a jóvenes que están en proceso de
formación o iniciando su andadura laboral.
Así vistas las cosas, se trata de una sanción que afecta negativamente a
la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo formativo y laboral.
Piénsese en el acceso a la función pública, en el acceso a la formación
académica, preparatoria del camino profesional, en el acceso a las ayudas
a la constitución de primeras empresas, etcétera. Y ello conlleva una
afectación negativa a valores y derechos constitucionales, que son el
auténtico sustento del Estado social y democrático de Derecho, tales como
la igualdad real, artículo 9.2, la dignidad personal y el libre
desarrollo de la personalidad, artículo 10.1, también de la Constitución.
Esa desproporción aleja la sanción criticada de las funciones admitidas
en el Derecho punitivo moderno, lo cual permite verla con independencia
de la intención que lo anime como un castigo arbitrario que busca
desalentar el ejercicio de derechos y libertades constitucionales. Esto,
amén de inconstitucional en sí mismo, es contradictorio con la pretensión
de abolir el servicio militar obligatorio.
En definitiva, se puede considerar que esa función de afirmar el Derecho,
la única que queda, puesto que hemos dicho que sólo razones económicas o
de adecuación de efectivos justifican el mantenimiento de la obligación,
se podría conseguir con una infracción administrativa muy leve, con una
sanción administrativa muy leve, cual podría ser la de una multa.
Desde nuestra óptica, son rechazables tanto el esquema que plantea la
iniciativa del Grupo Popular como la iniciativa socialista y, por tanto,
apoyaremos, por considerarla la más correcta, la iniciativa del Grupo
Mixto, Iniciativa per Catalunya. También, por su valor simbólico, aunque
pretende aparejar una sanción a nuestro modo de ver poco adecuada a la
técnica legislativa, la propuesta por el Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Al entrar en el Pleno esta tarde, un periodista me hacía un comentario,
en alguna medida adulador para Izquierda Unida, y decía: Estaréis
contentos, porque, por fin, después de aproximadamente diez
intervenciones de vuestro grupo a lo largo de anteriores legislaturas,
parece ser que esto se va abriendo camino y que lo que el día 16 de
diciembre era imposible, que se admitiera a trámite una proposición de
ley que pedía lo que se pide hoy, la despenalización sin ninguna clase de
disimulos de la insumisión, lo que entonces no fue posible, resulta que
hoy va a serlo, porque por lo menos algunos grupos parlamentarios parece
ser que han reconsiderado su actitud y nos presentan hoy unas
proposiciones que efectivamente se puede calificar, con todo cariño, de
absolutamente vergonzantes.
Hay que preguntarse qué ha pasado desde el 16 de diciembre a hoy. Yo creo
que lo que ha pasado es que se han puesto en fila en el despacho del
ministro de Defensa, señor Serra, para pedirle permiso y, como el señor
Serra se lo ha dado, ya vienen hoy todos contentos a decir: Vamos a ser
buenos con los insumisos. Es más, hasta entran en una polémica por ver
quién es el pionero, quién es el precursor, quién va mas lejos, quién se
queda simplemente en la sanción administrativa, quién mantiene la sanción
penal.
Es sinceramente un espectáculo que yo quiero entender porque me parece
que esta semana es la semana de carnaval. Por lo tanto, yo lo entiendo
como un espectáculo. Porque no es serio, señor presidente, no lo es. No
es serio que se esté llamando la atención con un conjunto de argumentos y
que hoy los que han rechazado los argumentos vengan y los pongan de
manifiesto en la tribuna. Hoy sí entienden que no había ningún ilícito en
la conducta de los insumisos, hoy sí entienden que no había ninguna
actitud reprochable, hoy sí entienden que el valor que teníamos que
proteger jurídicamente, que era el de la libertad, tiene que predominar
sobre todos los demás. Hoy ya lo entienden todo. Pero, mientras tanto,
hay que preguntarles, no desde el día 16 de diciembre, sino desde mucho
antes, si con estas proposiciones no de ley van a devolver ni un solo
minuto de libertad a los que están en la cárcel. Ahí, nosotros tenemos la
conciencia bien tranquila, porque ya hace mucho tiempo dijimos que eran
condenas injustas con leyes injustas.
Ahora, ¿qué quieren ustedes? ¿Que tengamos que votar estas proposiciones?
Claro que tendremos que votarlas, pero no porque nos hayan convencido,
sino por un principio muy lamentable: del lobo, un pelo. Con tal de
avanzar, nos tendremos lógicamente que reprimir las ganas de seguir
echándoles en cara lo que hay que echarles, la irresponsabilidad. Son
ustedes unos auténticos irresponsables. Si fueran personas responsables,
hubieran admitido a trámite aquella proposición y hoy estaríamos, con sus
propias enmiendas, habiendo avanzado en un camino muy serio para haber
puesto fin a una situación. Pero aquí hemos oído de todo.
Aquí hemos visto a grupos parlamentarios que mantenían la despenalización
absoluta; de pronto, cambiaban de criterio; hoy vuelven a cambiar de
criterio. Hemos visto grupos parlamentarios que se erigen hoy en
defensores de la libertad del insumiso y que alababan una circular de un
fiscal general del Estado, que pedía a los fiscales que castigaran
todavía con mayor dureza a aquéllos que se oponían pura y sencillamente,
por objeción de conciencia, a cumplir el servicio militar.
Porque siguen ustedes instalados en que la objeción de conciencia la
tienen que administrar ustedes. Y la
objeción de conciencia la administra la conciencia de cada uno; no la
tienen que administrar ustedes. La objeción de conciencia es un valor
constitucionalmente respaldado ¿para qué? Para que nadie se erija en el
administrador de ella y nadie se erija en tutelador. Y siguen ustedes,
vergonzantemente. ¡Cómo es posible!
¿O la objeción de conciencia y el derecho del ciudadano a mantener sus
tesis se reconoce plenamente o en base a qué razón se le puede imponer ni
más ni menos que una pena de interdicción civil? Una pena muy superior
que, señores --vayan ustedes al Código--, no se la ponen ustedes, cuando
hablan de inhabilitación, al conjunto de corruptos que se han dedicado a
meter la mano en la caja del Estado. Muy superior. Las concesiones que
han hecho ustedes con el Código Penal, de la prescripción, no las han
hecho nunca con los insumisos y ahora, de pronto, todos a ponerse en fila
y a reclamar el número uno en esta lucha.
Sinceramente, el asunto es repugnante. Pero como lo que importa es ir
avanzando y en lo que tenemos que pensar es en la libertad de los que
están en la cárcel, como lo que importa es eso, vamos a tener que hacer
tabla rasa de todo ello. No obstante, que quede en el «Diario de
Sesiones» que aquí, por lo menos, se ha mantenido la libertad, la
libertad de saber decir lo que se piensa en todo momento y sin pedir
permiso a los del fajín. No hemos pedido permiso a nadie.
Por tanto, señor presidente, claro que votaremos a favor de la
proposición de Nueva Izquierda, coincidente con la nuestra. Votaremos
también a favor de la proposición del Grupo Mixto y, desde luego, en lo
que se refiere a las otras proposiciones, vamos a hacer un gesto de
educación que no se ha tenido nunca con nosotros, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Castellano.
Vamos a pasar a la votación de todas estas iniciativas. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a
proceder a las votaciones de las proposiciones de ley que se han
presentado y debatido por el Pleno.
En primer lugar, se somete a votación la iniciativa del Grupo Socialista
para que se deroguen los artículos del Código Penal 527, 528 y 604 y se
modifique el régimen de infracciones y sanciones en materia de objeción
de conciencia y del servicio militar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 129; en contra, 170; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa del Grupo Socialista.
Iniciativa suscrita por los grupos parlamentarios Popular, Catalán
(Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, sobre supresión de las
penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del
servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de
las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 165; en contra, 135; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley suscrita por los tres grupos parlamentarios.
Votación sobre la iniciativa del Grupo Mixto, suscrita por los señores
Vázquez y Rodríguez Sánchez, sobre modificación de algunos artículos del
Código Penal que castigan el delito de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 26; en contra, 166; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa.
Finalmente, la proposición de ley también del Grupo Mixto, de las señoras
Almeida y Rivadulla, sobre despenalización de los denominados delitos de
insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 27; en contra, 166; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo
Mixto.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA
DENUNCIA DEL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS DE 1998 SOBRE
COOPERACION PARA LA DEFENSA, ASI COMO ENTREGA A LAS FUERZAS ARMADAS
ESPAÑOLAS DE SUS INSTALACIONES MILITARES EN TERRITORIO ESPAÑOL, E IMPULSO
EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA DE UNA POLITICA DE DEFENSA PROPIA. (Número
de expediente 162/000033)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día. Proposiciones no de
ley.
En primer lugar, la del Grupo de Izquierda Unida, relativa a la denuncia
del Convenio entre España y Estados Unidos de 1998 sobre Cooperación para
la Defensa, así como entrega a las Fuerzas Armadas españolas de sus
instalaciones militares en territorio español, e impulso en el seno de la
Unión Europea de una política de defensa propia. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías,
silencio. Señora Conde, por favor.
Cuando quiera, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Este debate que vamos a tener hoy, señorías, es un debate muy oportuno en
relación a la posible utilización de una de nuestras bases, la base de
Morón, para el conflicto de Irak, un bombardeo anunciado, posiblemente
para el día 26, y, por tanto, es un debate que viene...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Meyer, un
momento, por favor.
Por favor, señorías, respeten con el silencio la intervención del señor
Meyer. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que es un debate que viene muy bien en el tiempo
político para fijar posición del conjunto de los grupos políticos sobre
la utilización de las bases norteamericanas de nuestro país y también
para fijar una posición de fondo sobre un modelo de seguridad, que es un
modelo de seguridad caduco, que se debe revisar, y, desde luego, con
nuestra posición, la de Izquierda Unida, pretendemos que se abra un
debate, lógicamente, sabiendo cuál va a ser de entrada...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.
Señora Balletbó, por favor. (Pausa.)
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que sabía de entrada cuál va a ser el conjunto de las
argumentaciones de la mayoría de la Cámara. Yo estoy convencido de que, a
la hora de la réplica o de la toma de posición, la mayoría de la Cámara
nos va a hablar de las excelencias de este acuerdo bilateral con Estados
Unidos, de lo beneficioso que es para España y el mundo contar con bases
militares extranjeras, de la extraordinaria aportación que supone para la
seguridad internacional tener este despliegue de bases extranjeras por el
mundo. Van a mantener ustedes el mismo discurso, exactamente el mismo,
que, con matices, se ha venido manteniendo en España desde 1960 hasta
ahora. El mismo, con distintos matices.
¿No creen ustedes, señorías, que el mundo ha cambiado algo? ¿No creen que
ha llegado la hora de revisar el modelo de seguridad que finiquitó en
1991? ¿No creen que un despliegue militar de cualquier país, fuera de sus
fronteras, de las características del norteamericano supone en sí mismo
un peligro? ¿Lo que ven lógico para Estados Unidos, lo verían también SS.
SS. para cualquier otro país, como China, como la India, como Sudáfrica o
como Alemania? Yo creo que no.
Señorías, ha llegado la hora de dejar a un lado los dobles lenguajes y
las hipocresías, para entrar en un debate real, a fondo, sobre cuál debe
ser el futuro de la seguridad, cómo organizar la seguridad en el mundo y
qué es lo que da más inseguridad en el mundo.
Efectivamente, señorías, el mundo ha cambiado. Desde 1991 para acá no es
el mismo. Con la disolución del Pacto de Varsovia, ese mundo bipolar, dos
bloques antagónicos, preparados con un arsenal nuclear incluso para un
intercambio nuclear táctico, con la posibilidad de utilizar el arma
nuclear en un conflicto generalizado, un mundo repartido en dos áreas de
influencia, un mundo donde esos dos grandes bloques tenían, en el
conjunto del mundo, desplegadas tropas extranjeras fuera de sus
fronteras, ese mundo ha terminado, ha finiquitado. Por lo tanto, esas
bases, que en la guerra fría tenían la finalidad fundamentalmente de
almacenar, de orientar ese posible conflicto nuclear, además de ser
centros de habituallamiento, centros de información y de seguimiento
electrónico, no tienen ya por qué seguir con ese cometido.
Decía que el mundo ha cambiado en los aspectos fundamentales, pero lo que
no ha cambiado es que los Estados Unidos siguen planteando ese despliegue
militar en el conjunto del mundo, para posibilitar incursiones militares
fuera de su área de influencia y con un criterio también de recoger
información y de tener vigilado el conjunto del mundo. Porque una parte
fundamental de las bases, estén donde estén, debe ser recoger información
vía satélite, tener controlado cualquier movimiento, incluso de los
civiles, vía satélite, y almacenar información, ser observados, ser
vigilados. En definitiva, ser los ojos y los oídos de las Fuerzas
aeronavales norteamericanas. Con un dispositivo, que no nos debemos
olvidar que sigue en pie, que es el de la posible utilización del arma
nuclear táctica, ya sea empleada por avión o por naves. Hay que tener en
cuenta que esta es una de las cuestiones fundamentales de la utilidad de
las bases en la actualidad.
Decía que el despliegue de Estados Unidos no ha variado ni un ápice desde
1957, 1958 ó 1960. ¿No creen exagerado que en estos momentos Estados
Unidos tenga bases extranjeras en Alemania, Bélgica, Grecia, Italia.
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España,
Turquía, Reino Unido, Islandia, Alaska, Singapur, Japón, Corea del Sur,
Guam, Australia, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Panamá, Cuba, Honduras y
Bermudas? ¿No creen que esto es exagerado? La Unión Soviética llegó a
tener 19 bases extranjeras. Ya no existe ninguna. Sólo hay un país que
mantiene este despliegue, que es Estados Unidos. Y, lógicamente, lo que
Izquierda Unida pide para España, también lo pide para Estados Unidos.
Este no es un discurso antiamericano; no. Estados Unidos gasta en estos
momentos 278.730 millones de dólares --presupuesto del año 1997--, es
decir, un 35 por ciento de todo el gasto militar del mundo. Incluso al
Congreso de Estados Unidos ha llegado ya el debate de lo que significa el
gasto desmesurado de este despliegue militar, que nada tiene que ver con
la seguridad internacional que demanda hoy el mundo. Y lógicamente este
poderío militar produce efectos negativos para la economía de Estados
Unidos. Los niveles de vida de la gran mayoría de los asalariados de
Estados Unidos han empeorado, mientras que los ingresos de los más ricos
han aumentado. Treinta y dos millones de norteamericanos están por debajo
de la línea de pobreza, es decir, uno de cada ocho norteamericanos. Los
empresarios tratan de exprimir más la fuerza de trabajo para mantener sus
beneficios en un mercado más competitivo. Por ejemplo, los hombres de
Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, tienen más
probabilidades de vivir más allá de los 40 años que las personas que
viven en Harlem, en Estados Unidos. Las condiciones sanitarias han
empeorado: un tercio de los alumnos de preescolar en Estados Unidos no ha
sido vacunado, más de 31 millones carecen de cobertura y 20 millones
tienen seguros parciales que no cubren enfermedades graves.
Efectivamente, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso lo
que reclamamos para España, desde la posición firme Izquierda Unida, es
ir desmilitarizando el concepto de seguridad y, con el ahorro que
significa, invertir fundamentalmente en programas de desarrollo y para no
desmantelar el estado social; también lo queremos para los Estados
Unidos. Por eso creemos que ha llegado el momento de plantear ese nuevo
modelo de seguridad, que no pasa por tener tropa armada extranjera en
nuestro territorio como no lo hay en ningún país del mundo. Lógicamente
una parte del riesgo de no plantear con claridad el cierre, el finiquito
de todas las bases extranjeras de nuestro país trae como consecuencia
esta irresponsabilidad que estamos viviendo en estos momentos en relación
con el conflicto de Irak, que previsiblemente puede comenzará el día 26,
y previsiblemente parte de los bombarderos salgan de nuestro país, de
Morón.
Señorías, este conflicto es absolutamente injusto. De producirse un
bombardeo contra una población indefensa que no amenaza a nadie, cuando
las propias Naciones Unidas han planteado con claridad que la práctica
totalidad de las resoluciones están cumplidas, cuando se ha destruido
todo el armamento, excepto dos misiles, según Naciones Unidas, el
machacar a esa población con el embargo, un embargo injusto que ha creado
más de un millón de muertos, de los cuales 850.000 son niños menores de
cinco años, va a convertir a los impulsores de ese ataque en criminales
de guerra; todos los gobiernos, administraciones del mundo que faciliten
el ataque en esas condiciones lo serán también. Desde luego,esas bases de
los Estados Unidos desplegadas por el conjunto del mundo cumplen esa
amenaza, ese papel de guerra, ese papel indiscriminado, no de seguridad,
no de llevar la paz, no de llevar la tranquilidad, con planteamientos
incluso neocoloniales como efectuar acciones de castigo sobre un régimen
que no nos gusta a nadie. No nos gusta a nadie el régimen de Sadam
Husein, a nadie; pero nosotros no somos hipócritas. No nos gusta Sadam,
no nos gusta Hassan, no nos gusta la actitud de Israel. Israel incumple
resoluciones de Naciones Unidas; Israel ha invadido Líbano. ¿Y qué pasa?
¿A alguien se le ocurre bombardear de manera sistemática a Israel? ¿Es
que el gobierno de Hassan es un gobierno democrático? Por lo tanto, vamos
a acabar ya con las hipocresías, con los dobles lenguajes. Desde luego,
se hacen afirmaciones para justificar ese ataque como que no quiere dejar
su palacio presidencial, y si lo hiciera se podría ver lo que tiene en el
sótano. Vamos a ver, señorías, ¿ustedes creen que Estados Unidos estaría
dispuesto a que cualquier organismo internacional fuera a los silos de
los Mineuteman de los misiles balísticos intercontinentales, o a los
sótanos del Pentágono? Les pongo un ejemplo más cercano. Reto a
cualquiera de ustedes a que haga lo siguiente, y lo verifiquen. Ustedes
son tan representantes del pueblo como yo. Vayan ustedes a la base de
Rota o a la base de Morón, acredítense en la puerta como diputados
--es decir, la máxima representación del pueblo español-- y vayan a
cualquier buque de la Armada norteamericana o a cualquier avión
bombardero para verificar si se cumple el referéndum de 1986; vayan
ustedes. Les van a decir que no.
Pues bien, aplicando el mismo rasero, habría que plantear que habría que
bombardear esa base porque no se dejan verificar ni siquiera por la
representación popular del pueblo español. Por tanto, señorías, vamos a
acabar ya con este dislate. Yo creo que la mejor apuesta es la que sin
duda hoy no va a prosperar; ya sé cuál va a ser el resultado: SS. SS. van
a apelar al discurso tradicional de la seguridad y el magnífico papel en
la seguridad internacional de Estados Unidos y que, por tanto, es
excelente, incluso muy importante, mantener en nuestro territorio esas
bases extranjeras. Pero para cualquier ciudadano que esté pensando más en
el siglo XXI que en el siglo XX, este debate, que hoy seguro que vamos a
perder, habrá que recuperarlo. El conjunto del movimiento pacifista, el
conjunto de los movimientos interesados en la paz va a manifestar con
claridad que ese despliegue de bases extranjeras de Estados Unidos es en
sí mismo un peligro que hay que acotar.
Por tanto, señorías, desde una posición inequívocamente pacifista, como
la de Izquierda Unida, una posición que claramente aboga por unas
relaciones internacionales desmilitarizadas, por un ahorro militar que
ayude a los trabajadores de Estados Unidos a tener una mayor capacidad
adquisitiva, que la están perdiendo; no desmantelar y llegar más allá de
esa cobertura ínfima que está teniendo el pueblo de los Estados Unidos, y
al conjunto de los pueblos desarrollados, que están afectados por el
Estado social, y, lógicamente, a los países del subdesarrollo; todo eso
hay que revisarlo.Y, desde luego, es un estorbo para esa revisión la
actual presencia de tropas extranjeras en nuestro país.
Señorías, el referéndum de 1986, ése que la mayoría de ustedes han tirado
a la papelera, proponía en una de sus condiciones que se debía ir a una
reducción progresiva de la presencia extranjera, es decir, de las tropas
norteamericanas en España. Han pasado seis años, ¿me dicen ustedes dónde
ha llegado la progresión? Porque yo tengo la impresión de que se ha
reforzado la presencia norteamericana; se ha reforzado, señorías. Los que
conocemos un poco la técnica militar, señorías, sabemos que la parte
fundamental, que no van a soltar nunca los norteamericanos, es la
referente a la guerra electrónica concentrada en Rota; sin Rota la VI
Flota norteamericana no funciona. Y ésa no la sueltan; ni referéndum de
España ni sandiós.
Por tanto, señorías, éste es el debate. Entendemos que una posición
estratégica como la que tiene España hacia el Mediterráneo y hacia Africa
debería ir acompañada de una política de defensa totalmente diferente a
la que estamos planteando:encabezar la desnuclearización del mundo, no
provocar, no amenazar, que desaparecieran todas la alianzas militares,
desincentivar el rearme, reducir lógicamente al mínimo el papel de los
Estados Unidos en la seguridad del mundo y apostar por un período de
transición que haga imposible la aventura que se puede vivir en Irak, que
la haga total y absolutamente imposible.
Señorías, al día de hoy, pensando en el siglo XXI, la guerra ya no es
cuestión de victoria o de derrota, representa en sí misma el fracaso
total del espíritu humano. Estas son las nuevas características de lo que
debe ser un conflicto. La guerra ya no es victoria o derrota, ya no; la
guerra significa en sí misma una total derrota del espíritu humano.
Para terminar, señorías, quiero decirles que, por lo menos, si con su
voto van a hacer posible que continúen las bases, y desde luego nosotros
no lo vamos a celebrar precisamente, al menos saquen ustedes alguna
contrapartida. Es que al Gobierno portugués, por las Azores, los
norteamericanos les pagan un alquiler al menos. El conflicto que estamos
teniendo en estos momentos en Rota con los trabajadores españoles que
están al servicio de la flota aeronaval norteamericana es porque están
siendo sustituidos por trabajadores norteamericanos y se les está
poniendo en la calle. ¡Hombre! Un poquito de dignidad nacional, al menos,
se debería tener. Pero, en fin, creo que incluso este debate, la negativa
a sustituir personal español por norteamericano, también lo voy a perder;
también lo voy a perder en aras a ese gran artilugio en el que la mayoría
de la Cámara, como siempre, va a estar absolutamente de acuerdo en
plantear las excelencias, diciendo que tener tropa extranjera en España
es magnífico. Eso sí, norteamericana; pero que no se les ocurra a los
chinos empezar a desplegar en treinta y cinco países bases extranjeras
--en Latinoamérica--. Eso no; eso no vende. Ahora, como son los yanquis,
eso está muy bien.
Este debate se abrirá de nuevo en la sociedad hasta alcanzar una
realidad, y es que en ningún país del mundo haya una base militar
extranjera. En ese momento estaremos todos mucho mejor situados para
abordar un debate de seguridad en las coordenadas que la humanidad está
reclamando en estos momentos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Meyer.
¿Grupos que deseen fijar su posición respecto de esta proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo de forma muy breve para manifestar nuestro apoyo más absoluto
a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida.
Creemos que la utilización y la presencia de las bases extranjeras de
Estados Unidos en España no es querida por el conjunto de la población.
Europa en este momento debe defender, sobre todo, una política exterior y
de seguridad común y es en este ámbito donde se tiene que discutir la
supresión de estas bases, y esto, además, señorías, también por una
cuestión, diríamos, de derecho y también de moral colectiva. Cómo puede
ser que Estados Unidos decida unilateralmente en estos momentos, sin el
respaldo de Naciones Unidas, un ataque a Irak, que es la historia de un
ataque anunciado, ya que incluso hay articulistas que están diciendo que
se producirá con la luna nueva, porque por lo visto militarmente es el
momento más oportuno, más idóneo.
Nuestro Grupo Parlamentario, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
está en absoluto desacuerdo con que la base de Morón sirva para los
propósitos norteamericanos que no cuentan con la mayoría del respaldo
internacional. Por todo ello, señor presidente, señorías, consideramos
muy oportuna la proposición no de ley de Izquierda Unida y la votaremos a
favor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
La posición del Bloque Nacionalista Galego respecto a la presencia de
bases militares estadounidenses en territorio español es conocida. En
todo caso, hoy tendremos ocasión de reiterar esta posición expresando el
voto favorable a la proposición no de ley de Izquierda Unida por la que
insta al Gobierno a denunciar el vigente convenio con Estados Unidos
sobre cooperación para la defensa.
Si nunca fue justificable la presencia de bases militares
estadounidenses, desde la perspectiva de los intereses del Estado
español, menos aún en la actualidad, después de los cambios que tuvieron
lugar en el mundo. Las bases militares son un símbolo del dominio de
Estados Unidos sobre el Estado español y su único fin es ser utilizadas
en beneficio de los intereses de lo que algunos llaman el amigo
americano; intereses que en lo fundamental consisten, cómo no, en imponer
su hegemonía a nivel mundial; intereses, por cierto, que demasiadas veces
son contrarios a los del Estado español, quien debería practicar una
política internacional propia e independiente.
Decía el señor diputado proponente que era muy oportuna la proposición, y
efectivamente lo es, porque vuelve a estar de actualidad la utilización
de las bases para facilitar el ataque militar de Estados Unidos a Irak,
aunque, por cierto, esta vez no exista mandato de la ONU; bien es verdad
que, como dijo la señora Albright, Estados Unidos no necesita el permiso
de nadie para imponerse por la fuerza.
La utilización que el Gobierno español está dispuesto a permitir
incondicional y entusiásticamente contrasta con la actitud de numerosos
países que, por cierto, forman parte de lo que muchas veces se llama
nuestro entorno y, en teoría, con intereses semejantes; países que tratan
de impulsar una política propia, beneficiosa para sus intereses, en
contraste con la sumisión absoluta que practica el Gobierno español. ¿En
qué beneficia la presencia y la utilización de las bases a nuestro
Estado? Probablemente en nada; antes al contrario, el Estado hace
potenciales víctimas de desaguisados, provocados por esa presencia
militar. Por no referirme a los que hizo referencia el diputado señor
Meyer, baste recordar que recientemente en Italia tuvieron una prueba
fehaciente de la actividad de estos empedernidos militares defensores de
la paz mundial, que provocaron numerosos muertos en una estación de
esquí.
¿Existe algún enemigo potencial para los ciudadanos del Estado que haga
necesaria la permanencia de las bases? Mas bien parece que no y, si no es
así, convendría que lo supiéramos también. El Gobierno debería
reconsiderar la presencia de las bases y el resto de las fuerzas
políticas presentes en esta Cámara también. Las bases se instalaron en
otra época y, desde luego, hoy no tienen justificación.
Yo estoy convencido de que los ciudadanos del Estado no querrían ser
cómplices de la masacre que, si no se impide, están dispuestos a ejecutar
los Estados Unidos contra el pueblo de Irak, que será --por cierto--
quien sufra las consecuencias del ataque; desde luego, nosotros no. La
política del Gobierno camina por otros derroteros, lo que hace más
necesario que nunca insistir en el lema que alguna de SS. SS. seguro que
conocen y, a lo mejor, algunos corearon: OTAN no, bases fuera.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos acostumbrados, señor Meyer, a que las cosas en política, en
sociedad en cualquier momento, solamente tienen un amplio debate cuando
lo decide Izquierda Unida, cuando lo decide Iniciativa per Catalunya o
cuando lo deciden ustedes. Cuando los demás debatimos, hablamos de
asuntos, intentamos establecer convenios, intentamos ligar razones,
intentamos establecer argumentos, y si estas razones o estas decisiones
son aceptadas por la mayoría del pueblo, para Izquierda Unida no están
suficientemente debatidas. Este es el argumento general, pero --y usted
lo sabe muy bien, señor Meyer-- es reiterativo en esta sala, porque el
mismo planteamiento que se hace ahora surgió en 1991 con ocasión de la
guerra de Irak, surgio en 1993 porque convenía, y se expresa hoy por una
razón especial, que se está proponiendo una sustitución genérica de todo
un ejército, transformándolo de mixto a profesional, y esto es un avance
que es bueno, que está aceptado por la sociedad, pero que, a criterio de
Izquierda Unida, no ha sido lo suficientemente debatido.
El modelo de seguridad es el que se debate en este Parlamento, se acepta
por su mayoría y tiene que ser aceptado por ustedes porque también están
en él. Una cosa es no compartirlo --que seguro que no lo harán--, pero
otra es intentar establecer que el modelo de seguridad no es el adecuado,
simplemente porque a Izquierda Unida no le parece bien.
Es evidente que por mucho que insista en el planteamiento no le voy a
convencer, porque usted está hábilmente predispuesto a no ser convencido,
que es lo habitual en Izquierda Unida. Pero intentar explicar los temas
de seguridad a la gente que ya lo entiende en algunos momentos creo que
es perder el tiempo, porque la mayoría de los votantes del pueblo español
están
dando sus votos a aquellas personas que, como usted ha definido, no
coinciden con usted. Yo estoy dispuesto a todo, pero normalmente en
democracia cuando hay más razón votada en un sitio es que la razón existe
¿ O es que la razón, según sus criterios democráticos, sólo existe
alrededor de los minoritarios? (El señor Meyer Pleite pronuncia palabras
que no se perciben.) Tranquilo, que voy a seguir. Espere que no he
acabado de decirlo todo. (Risas.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma
i López): Por favor, señorías. Señor Nadal y señor Meyer, el debate es a
través de la Presidencia.
El señor NADAL I MALE: Entonces le pido al señor presidente que transmita
a Izquierda Unida que no he acabado.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): El señor presidente le
ampara en el uso de la palabra. Por favor, señorías.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias.
Las nuevas tecnologías. Ahora la gran preocupación de Izquierda Unida es
que existen satélites que permiten identificar a las personas y que la VI
Flota puede identificarlas. Pero si nos están identificando con la
tarjeta VISA por todas partes; si no podemos pasar una autopista sin que
sepan que hemos pasado; si no podemos entrar en el Congreso de los
Diputados sin que nos haya identificado otra persona. Ha llegado un
momento en que la obsesión por la identificación puede ser perjudicial,
porque llega un momento en que todo lo está. Si pagamos IVA y a partir de
ese momento se sabe quién lo ha pagado; no se obsesionen por eso.
Lo que ya es peligroso como obsesión es el que Estados Unidos va mal. Yo
creía que la frase: España va bien, sonaba bien a los oídos, pero que
ustedes la hayan hecho suya para hablar de Estados Unidos es un poco
peligroso.
El otro día, un ilustre tertuliano que se sienta a su lado estaba
preocupadísimo porque este pobre alcalde de pueblo había ido a Washington
a intentar hacer una gestión y decía: ya verás lo que te van a decir los
mallorquines cuando parte de la VI Flota en lugar de ir a Palma de
Mallorca vaya a Tarragona. (Risas.) Como me ha dicho un compañero, estar
en misa y repicar al mismo tiempo es prácticamente imposible. Lo que no
se puede decir es que la VI Flota es buena económicamente y mala por
otros motivos. Lo que no se puede decir es que la situación de Morón es
de una manera y conviene que sea de otra. O se van o se sustituye; o se
quedan o no. (Rumores.) Perdone el discurso --y con esto acabo, señor
presidente--, pero lo que no puede ser parlamentariamente hablando es que
cada vez que toque, cada vez que convenga o cuando interese a Izquierda
Unida, se reitere un discurso en esta sala que no está hecho para el
Parlamento, sino para la galería.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor de Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo diré que vamos a votar en contra de la proposición
no de ley, lo que no va a sorprender a nadie y menos a los colegas de
Izquierda Unida. ¿Por qué vamos a votar en contra? Porque es lo mismo que
harían los europeos y que harían los socialistas europeos, con los que
estamos de acuerdo en un sistema de seguridad que Europa se ha dado y a
cuya formación última nosotros hemos contribuido. Tengo que agradecer al
señor Meyer que haya expuesto el tema aquí en términos de abrir un
debate. Me parece muy bien que Izquierda Unida abra un debate y, sobre
todo, que en esa apertura introduzca la discusión sobre la construcción
de un sistema de defensa europeo. Se lo agradezco, porque es una novedad
viniendo de su grupo. Algunos, hace muchos años que estamos en ese
debate, que estamos discutiendo sobre los sistemas de seguridad europeos
y que estamos construyendo la nueva seguridad europea. Lo que es
sorprendente es que se nos diga que hay que empezar a hablar de la nueva
seguridad europea, de la futura seguridad europea cuando en los últimos 4
ó 5 años, en Europa se ha producido nada más y nada menos que un cambio
radical de doctrinas militares, una reforma radical de la Alianza
Atlántica, hasta su apertura a nuevos países. También se ha creado la
OSCE como estructura en materia de defensa. Se han adoptado los acuerdos
de desarme nuclear y convencional conocidos por todos, así como una
reducción casi a la mitad de la presencia de las fuerzas americanas en
Europa. Se ha producido la reactivación de la UEO (la Unión Europea
Occidental) y, en la última cumbre en Amsterdam, la Unión Europea se ha
impuesto tomar responsabilidades en materia de defensa y seguridad. Eso
ha sido un largo debate en el que hemos participado nosotros, junto a
todos los gobiernos europeos y junto a la mayor parte de las fuerzas
políticas europeas, excepción hecha de Izquierda Unida, que desde el
comienzo ha estado siempre en contra de ese debate, tal y como se
llevaba, y de las instituciones y de los mecanismos que se iban creando.
Creemos que hay que seguir trabajando en este campo y si es posible con
el concurso de Izquierda Unida, pero no se nos diga que no se ha hecho
nada. Se ha hecho una auténtica revolución en el campo de la defensa y la
seguridad en los últimos años en Europa.
En cuanto a la presencia americana creo que hoy no hay motivos para
señalar que deberíamos pedir a los
americanos que se vayan. En primer lugar, porque el sistema con el que
estuvimos de acuerdo entonces sigue vigente y, además, porque creo que no
hay peligro alguno de subordinación. ¡Cómo lo va a haber! Si hay
posibilidad de utilización de las bases españolas será porque el Gobierno
español da el permiso. No se trata de que estemos subordinados; se trata,
simplemente, de que el Gobierno tiene que tomar una decisión. Y ésta si
es no, es no; y si es sí, es sí. No se diga que por el hecho de que hay
bases existe subordinación.
Señor presidente, creo que como nunca hoy el pacifismo y los ciudadanos
de Europa entienden el nuevo sistema de seguridad que los europeos nos
hemos dado, con el vínculo atlántico incluido, es decir, con las fuerzas
euroatlánticas: la OTAN, la OSCE, al mismo tiempo que damos más fuerza y
más potencia a la UEO. Este es el camino y, por eso, vamos a votar en
contra de la proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor de Puig.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, señor Meyer, plantea Izquierda Unida en el día de hoy una
proposición no de ley de la que se han distanciado ustedes para
introducir el debate sobre el posible conflicto que puede producirse en
relación con Irak. En ese sentido tengo algo que decir, porque se ha
manifestado el presidente del Gobierno en esta Cámara y porque el
Gobierno ha dicho reiteradamente que apuesta decididamente por una
solución dialogada, por agotar las vías diplomáticas antes de tener que
llegar a ninguna acción armada.
Es más, el Gobierno de España, en una decisión sin precedentes, ha
llegado a ofertar inspectores españoles para poder verificar lo que se
está denunciando, que no es otra cuestión que las armas de destrucción
masiva de las que dispone Irak y que, por lo visto, pretende seguir
construyendo.
Por tanto, en este debate, señor Meyer, creo que nadie tiene que dar
ningún tipo de explicaciones y, desde luego, lo que está muy claro es el
anuncio que ha hecho este Gobierno de apoyar todo diálogo y de agotar
toda vía diplomática antes de llegar a ningún tipo de confrontación
bélica.
Hablaba usted, señor Meyer, de que aquí se aplican permanentemente dobles
lenguajes e hipocresía, y yo no sé por parte de quién. Es un mensaje
reiterado que utiliza Izquierda Unida pero al que hay que dar alguna
contestación. Para usted el doble lenguaje y la hipocresía ¿cuáles son?
Son los que utilizan el resto de los grupos políticos de esta Cámara que
no están de acuerdo con los planteamientos de Izquierda Unida,
exclusivamente; pues, no señor. En esta Cámara hay numerosos grupos
parlamentarios que tienen una forma de ver la política de defensa de una
manera bien distinta a la que tiene Izquierda Unida y no por eso hacen
demagogia ni utilizan un doble lenguaje ni muchísimo menos hipocresía
alguna. Quizá habría que traer a colación en este momento quién utiliza
un doble lenguaje, quién está pidiendo bases fuera, quién está diciendo
que los americanos se marchen, por un lado, y por otro está pidiendo que
en Rota no se despida a los 1.500 trabajadores civiles que están
trabajando en la base americana. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Tampoco es cierto, señor Meyer, que a esos españoles que están trabajando
se les esté reemplazando por personal civil norteamericano, y usted sabe
que no es así; se les está reemplazando por personal militar
norteamericano. Y el Gobierno español lo que está haciendo, antes y
ahora, es dar salida y recolocar a esos españoles que, precisamente por
el abandono de determinados puestos en instalaciones militares
norteamericanas, tiene que reabsorber el Gobierno español. Como no es
justo utilizar el doble lenguaje, señor Meyer, de decir que ya está bien
del incremento de los gastos militares, por un lado y, luego, encabezar
manifestaciones para que no se toque un solo puesto de trabajo en la
Empresa Nacional Bazán si no se hacen fragatas, para que no se toque un
solo puesto de trabajo en la Empresa Nacional Santa Bárbara si no se
construyen carros de combate, o para que no se toque un solo puesto de
trabajo civil en Construcciones Aeronáuticas, S. A., cuando lo que
tenemos que estar haciendo es fabricar el Eurofighter.
Por tanto, sobre dobles lenguajes e hipocresías, señor Meyer, habría que
analizar en profundidad, dentro del discurso de cada uno, quién los
practica y, sobre todo, quién trata de utilizar un lenguaje totalmente
demagógico, uno dentro de esta Cámara y fuera otro completamente
distinto, señor Meyer.
En relación con la proposición no de ley que aquí debatimos hoy, quiero
decir, con toda claridad, que la utilización conjunta de las bases (de
determinadas bases, que no de todas, porque desde el año 1988, las quince
bases de utilización conjunta en España se han quedado reducidas
exclusivamente a dos, la de Rota y la de Morón, y esas bases no se
utilizan totalmente en su conjunto, sino determinadas instalaciones de
una y otra) ha contado con la preceptiva autorización del Congreso de los
Diputados en el año 1988 y no se incumple absolutamente nada. Previo el
informe preceptivo e informe favorable de esta Cámara, el Gobierno de
entonces firmó, el día 1 de diciembre de 1988, el Convenio que trata de
la proposición no de ley que ustedes presentan aquí hoy, y el 27 de ese
mismo mes se remitió a las Cámaras para su discusión. Si hay algo cierto
es la coherencia de mantener permanentemente un discurso igual, porque
ustedes en la III, en la IV, en
la V y, ahora, en la VI Legislatura, han pedido en reiteradas ocasiones
la misma cuestión que hoy solicitan con la proposición no de ley que
plantean ante la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular, señor Meyer, y termino con esta parte
expositiva, tiene que decir que coincide y abunda con los argumentos que
se han expresado aquí, tanto por Convergència i Unió como por el propio
Partido Socialista, y tiene muy clara una cuestión: mire usted, cuando en
una orquesta un músico o un instrumento desafina, habrá que relevarlo por
otro, cuando son dos o tres, también, pero cuando da la casualidad de que
toda la orquesta desafina, habrá que empezar a pensar que el director de
orquesta, hoy en este caso el que presenta la iniciativa, es el que se
equivoca y probablemente sea el que tenga que cambiar de opinión y
amoldarse a lo que es la realidad en estos momentos desde el punto de
vista de la defensa.
Concluyo diciéndole, señor Meyer, que el Grupo Parlamentario Popular va a
votar que no a su iniciativa en coherencia con la postura que ha
mantenido a lo largo de las últimas legislaturas y, como no puede ser de
otra forma, en ésta en la que gobernamos y tratamos de aplicar el
programa que hemos venido proponiendo. En primer lugar, porque el
Convenio del año 1988 con los Estados Unidos se basa no en contrapartidas
económicas, como ustedes dicen, sino solamente en intereses de seguridad
compartida. En segundo lugar, porque los derechos norteamericanos sobre
las bases de utilización conjunta han quedado reducidos al uso de algunas
de las instalaciones y, sobre todo, ha quedado de manifiesto la soberanía
española sobre las mismas, precisamente desde ese Convenio del año 1988.
En tercer lugar, porque el propio Convenio supedita la instalación,
almacenamiento o introducción en territorio español --y leo
literalmente-- de armas nucleares o no convencionales al acuerdo del
Gobierno español. Y en cuarto lugar, no se considera innecesaria la
presencia de unidades militares norteamericanas en España, como ya quedó
explicado en esta Cámara por varios grupos políticos, sino que ayuda a
fortalecer los vínculos con nuestro aliado atlántico.
Por último, señor Meyer, en cuanto a la política de seguridad europea, la
posición mayoritaria que comparte España, que comparte este Congreso, es
la integración progresiva de la Unión Europea Occidental en la Unión
Europea.
Por ello, señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular
entiende que esta proposición no de ley no debe ser tomada en
consideración y votaremos en su contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
Vamos a proceder a la votación. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación correspondiente a
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, relativa a la denuncia del Convenio entre España y Estados Unidos
de 1988 sobre cooperación para la defensa, así como entrega a las Fuerzas
Armadas españolas de sus instalaciones militares en territorio español, e
impulso en el seno de la Unión Europea de una política de defensa propia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 21; en contra, 298; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EN EL SENO DE
LA COMISION MIXTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER SE ELABORE UN INFORME QUE
ESTUDIE LA LEGISLACION ACTUAL CON EL FIN DE IMPULSAR AQUELLAS
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS QUE PROCEDAN, TENDENTES A REFORZAR LA
PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE MALOS TRATOS Y AGILIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. (Número de expediente 162/000192)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCION DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A ERRADICAR LAS SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE LAS QUE SON VICTIMAS LAS MUJERES. (Número de expediente
162/000194)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Procedemos a
continuación al debate conjunto de las proposiciones no de ley que
aparecen con los puntos números 7 y 8 en el orden del día.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, para que en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de
la Mujer se elabore un informe que estudie la legislación actual con el
fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan,
tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de malos
tratos y agilizar los procedimientos judiciales.
Para su presentación y defensa, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Sainz García. (Rumores.) Señorías,
les ruego silencio.
Señora Sainz, le ruego que, además de presentar la proposición de su
grupo parlamentario, defienda asimismo las enmiendas que S. S. ha
presentado a la iniciativa
del Grupo Socialista. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Puede comenzar, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender en nombre de mi grupo la
proposición no de ley relativa a la protección de las mujeres víctimas de
malos tratos.
Hace tres meses señalábamos precisamente desde este misma tribuna cómo el
problema de la violencia doméstica o los malos tratos que sufren
numerosas mujeres es un asunto grave que arranca de la desigualdad entre
hombres y mujeres, que afecta no sólo a la dignidad de la persona, sino
también al conjunto de la sociedad, no pudiendo consentirse en modo
alguno en una sociedad libre y democrática. Es éste un fenómeno social
demasiado generalizado y de cuyo alcance, año tras año, hablan de por sí
las estadísticas; cifras que, como sabemos, en lo relativo además a malos
tratos, son datos ocultos, porque la mayoría de las veces no salen a la
luz por miedo de las propias mujeres, si bien afortunadamente son cada
día más las que denuncian estos actos violentos. Aunque también conocemos
que el ámbito doméstico en el que estos delitos se desarrollan hace que
la violencia sea más compleja, más difícil de prevenir y,
consecuentemente, también de eliminar y de ayudar a las víctimas que la
sufren. No nos cansaremos de insistir que toda la sociedad debe rechazar
estas situaciones que empiezan a veces por brutales palizas y que
terminan en muerte. Debemos seguir todos haciendo una llamada a que la
mujer adquiera una clara conciencia de que no debe tolerar ni un solo
golpe sin denunciarlo.
Conviene hoy señalar que, en el marco del plan de acción que contra la
violencia el Gobierno está, afortunadamente, elaborando en colaboración
con las comunidades autónomas, hay un apartado relativo al desarrollo y a
la aplicación legislativa. Señorías, coincidirán conmigo en que la ley
proporciona el marco institucional para responder a la violencia contra
las mujeres, y que es uno de los caminos más importantes a través del
cual se crea la protección, la rectificación, la sanción, la represión y
la justicia.
Sabemos que los malos tratos contra las mujeres han sido considerados
históricamente más como un problema que como un delito. Resulta necesario
conseguir respuestas --reclamamos constantemente-- más justas y
equitativas del sistema judicial, penal y procesal. La aplicación del
Derecho, penal y civil, debe contribuir a transmitir el mensaje claro de
que la sociedad condena la violencia contra las mujeres, y el principio
fundamental debe ser el derecho de las mujeres a ser protegidas. Es
necesario que la ley se aplique de forma firme, que las sentencias
reflejen la gravedad del delito cometido y que se reconozca, desde el
primer momento, el peligro que representan los delincuentes y la
necesidad --insisto-- de proteger a las víctimas. Este Parlamento debe
considerar como obligación suya la de conseguir respuestas más justas y
equitativas del sistema judicial penal, insistiendo en la gravedad de los
delitos y apoyando, en su caso --si así se considera oportuno--, la
revisión de la legislación y de los instrumentos procesales.
En nuestro país, muchas voces han expresado últimamente su preocupación,
tanto en cuanto al marco legislativo como en relación con los
procedimientos legales y a las sentencias que se dictan. Se ha señalado,
con acierto, que los miembros del sistema judicial deben estar bien
informados, sensibilizados sobre la violencia doméstica, y que deben
comprender su gravedad, la presión --también-- y el temor que sufren las
víctimas. Hemos visto cómo muchas mujeres sufren la falta de protección
al verse obligadas a compartir vivienda con los violentos, o conocemos
datos que hablan de cómo las mujeres son maltratadas, de nuevo, como
resultado de las medidas adoptadas para el contacto de los padres con los
hijos. Hemos oído también voces autorizadas que señalan que el artículo
153 del Código Penal de 1995 contempla la habitualidad en el grave
comportamiento de la violencia física sobre el cónyuge, pero que en la
práctica hay imprecisión y a veces hay problemas, llegando a ser incluso
de difícil aplicación al interpretarse como cosa juzgada. Sabemos también
cómo se solicita que pueda ser aplicada, como medida cautelar durante la
tramitación de las diligencias de investigación, la prohibición de
estancia y residencia en determinados lugares o proximidad a la víctima.
Desde luego, muchos comprobamos cómo, en demasiadas ocasiones, las
sentencias se reducen a una simple multa o a un arresto domiciliario, que
encierra precisamente a la víctima con su agresor, y los problemas y el
alcance de esta medida los conocemos, a veces, en algunos casos
verdaderamente dramáticos que todos denunciamos.
Estas y otras cuestiones, como el introducir una interconexión entre
juzgados civiles y penales, o el estudio de la introducción de la
especificación de cónyuge o conviviente de hecho en los artículos 169,
772, 617 ó 600.2, que hablan de amenazas, de coacciones, de lesiones, que
son delitos y faltas con otras personas, están siendo analizados, están
siendo evaluados certeramente, no sólo por la Administración, sino
también por profesionales de prestigio.
Nuestro grupo entiende que, en todo caso, es muy importante que, si se
considerase de interés introducir algunas reformas legales, éstas deben
meditarse. Pensamos sinceramente que en la Comisión Mixta ofrecemos un
marco de trabajo que debe ser aprovechado, con el fin de estudiar todos
los extremos que acerca de la legislación se están realizando. Por ello,
en la proposición no de ley que defendemos proponemos que, buscando el
mayor de los acuerdos posibles, y previo estudio, se elabore un informe
relativo a la legislación
actual con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que
procedan, tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de
malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales, que será remitido
después al Gobierno y al seno de esta Comisión, que está trabajando en
colaboración con las comunidades autónomas.
Precisamente hoy se aprobó en el seno de la Comisión Mixta, y es bueno
que lo conozcan, celebrar el día 9 de marzo una sesión relativa a los
malos tratos, en la que se invitará a comparecer a representantes de dos
ONG, a fiscales y a miembros del Consejo General del Poder Judicial, de
la que queremos que salgan importantes conclusiones de interés que sirvan
de base para el trabajo que proponemos se realice en la Comisión Mixta.
En relación, señorías, con la proposición no de ley del Grupo Socialista,
señalaré que compartimos, como no podía ser de otra manera, muchas de las
reflexiones que se hacen acerca de la gravedad de la violencia que sufren
las mujeres. Pero me permitirán que diga que también rechazamos otras,
que consideramos gratuitas e inciertas, que se hacen en la exposición de
motivos, y lo digo, sencillamente, porque el Gobierno, muy lejos de
mostrarse inoperante ante este problema --como se dice en la exposición
de motivos--, está haciendo lo que nunca hizo ningún Gobierno anterior,
no sólo recogió en el tercer Plan de igualdad de oportunidades un área
específica para estos problemas, sino que lo ha hecho desde la
responsabilidad política de saber que es un problema que sufren las
mujeres y que se viene dando en nuestro país desde hace años y, a pesar
de no estar incorporado como uno de los objetivos en el cuarto programa
europeo, consideró de gran interés social introducirlo en el tercer
programa.
Por otra parte, la preocupación y el interés del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y del Instituto de la Mujer se ha puesto también de
manifiesto en una conferencia sectorial monográfica sobre este problema
celebrada el 26 de junio, en donde se ha acordado la elaboración del
primer plan de acción que recoja un conjunto de medidas para mejorar la
atención y la defensa de las mujeres víctimas de estos malos tratos en
los diversos campos y con distintas medidas y acciones. Entre ellas,
están algunas de gran interés y que han sido solicitadas reiteradas veces
por todos los grupos y que, incluso, se recogieron en una proposición no
de ley que el Grupo Popular presentó el 11 de noviembre en esta Cámara,
como es la sensibilización y la formación de los profesionales del
Derecho que instruyen causas de malos tratos y de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
En este sentido, también quiero manifestar que para nosotros es una
satisfacción haber escuchado hoy al ministro de Interior en la Comisión
Mixta, que señalaba que estos últimos cuerpos deben ser no solamente
instruidos y formados, sino que deben ser elementos activos para que las
denuncias se produzcan y para que, desde su profesionalidad y desde su
mejor conducta de ser humano, puedan colaborar decididamente con estas
mujeres que pasan por unos trances realmente difíciles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sainz, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor presidente.
Acabo diciendo que también se ha creado una Comisión interministerial.
¿Para qué? Para mejorar, para intensificar los mecanismos, algunos ya
existentes en las distintas áreas, y para impulsar también unos nuevos
instrumentos que no han sido articulados hasta el momento, al menos
--coincidirán conmigo-- con la eficacia suficiente para garantizar la
protección de estas mujeres, como evidencian los debates que en estos
momentos estamos teniendo, y no olvidando además que había ya un informe
del Senado del año 1989 donde se pedían una serie de medidas.
Pues bien; entre las medidas que aparecen en este avance del plan de
acción, figura también la de interesar al fiscal general del Estado una
instrucción dirigida a los fiscales, pues la última era del año 1982.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sainz, la
ruego concluya.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor presidente.
Nuestro grupo, coherentemente, por supuesto, va a apoyar la iniciativa
que figura en ese plan, y así lo anunció la ministra, si bien
consideramos de interés introducir una enmienda, que solicitamos sea
aceptada por el Grupo Socialista, con la que añadimos que se perfeccionen
las estadísticas para que se puedan utilizar en estudios de interés y se
recojan los datos de todo el territorio nacional. Estamos seguros de que
la Fiscalía General, que estará sensibilizada, lo va a hacer coincidiendo
con todos nosotros en que la violencia que sufren las mujeres merece una
especial atención.
Termino, señor presidente, pidiendo el voto favorable para la proposición
no de ley del Grupo Popular, aceptando también una enmienda presentada
por Izquierda Unida, y contemplamos la posibilidad de una enmienda
transaccional con el Grupo Socialista. Por tanto, anuncio el apoyo a la
del Grupo Socialista, porque estamos seguros de que con ello marcamos
estrategias y medidas desde el acuerdo para alcanzar acciones eficaces
con las que consideramos que estamos obligados a dar respuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se
insta al Gobierno a la adopción
de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de
las que son víctimas las mujeres.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: La violencia contra las mujeres es,
desde luego, un fenómeno social que no tiene fronteras, que afecta a un
gran colectivo de la población y que sin duda tiene graves consecuencias
trágicas para la vida y la seguridad de las personas y pone en peligro su
convivencia en paz.
Es evidente que la mujer como individuo, como persona, puede sufrir
cualquier tipo de acción, violenta o no, y ser víctima de un delito
contra las personas igual que el hombre, pero, a diferencia de éste, es
también víctima de una serie de delitos por su condición de mujer como
consecuencia de una serie de factores socioculturales que permiten que se
produzca esa agresión en los tres ámbitos principales en los que se
desarrolla su vida: en el ámbito familiar, en el medio social y en el
medio laboral.
El tema de la violencia contra las mujeres, señorías, todos sabemos que
no es nuevo, no es de hoy, no surge de modo distinto. Hoy sale a la luz
desde la más profunda de las tinieblas en las que nos hemos encontrado
las mujeres en la historia de la humanidad. La respuesta histórica de la
sociedad a estos hechos, a los hechos de la violencia contra las mujeres,
indica que la valoración del problema ha ido desde la negación de su
existencia hasta la justificación o la trivialización como algo
intrascendente por su levedad y su rareza, ubicándolo a veces entre los
factores socioeconómicos que convierten a las familias en susceptibles de
llevar a cabo cualquier cosa, o bien tratando de resaltar diferencias
biológicas o de otro tipo entre hombres y mujeres capaces de explicar
estos hechos.
Sin hacer aquí, señorías, un análisis de los complejos mecanismos
mediante los cuales se genera y produce la violencia doméstica en nuestra
sociedad, algunos nuevos y otros tradicionales, estos sucesos que emergen
todavía desgraciadamente en su forma de violencia familiar y
doméstico-sexual contra la mujer y que conmueven o empiezan felizmente,
aunque por desgracia, a conmover la a veces placidez autocomplaciente de
nuestra sociedad democrática, ponen de manifiesto la existencia, o más
bien la persistencia, de un sistema de dominación patriarcal del que
irradia una cultura en la que las relaciones sociales y sexuales de
desigualdad entre hombres y mujeres son interpretadas como producto de
características biológicas y/o psicológicas de los seres humanos.
Por tanto, es evidente que no surge por casualidad esta violencia y no
tiene las mismas raíces y causas que otros tipos de violencia. La
violencia contra las mujeres tiene que ver, y debemos decirlo, con su
situación social e histórica. Y no se asusten, señorías, no voy a
analizar aquí el tratamiento del que ha sido objeto la mujer en la
historia de la humanidad, porque nos llevaría mucho tiempo; sólo quiero
decir que traer a colación la historia en esta breve reflexión significa
afirmar la necesidad de la memoria, una memoria orientada a la
recuperación del pasado en nuestro presente, una memoria que, rompiendo
el silencio clásico, sea nuestro testigo para entender el presente,
corregirlo y preparar un futuro mejor. Sin ella, es imposible entender el
hoy, y menos aún pensar en mañana, porque la tentación estaría en pensar
que existe la fórmula mágica y que ésta está desligada del modelo social
predominante en el que hemos vivido y que todavía hoy subsiste.
No voy a hablarles tampoco, señorías, de la historia de la mujer en el
Derecho, o, mejor, del tratamiento que el Derecho ha dado a la mujer, que
es la historia de una discriminación; que la mujer en muchos aspectos de
su vida, de su consideración social, de su integridad física y moral se
ha visto desfavorecida jurídica y efectivamente, es algo que hoy nadie se
atreve a discutir; que la violencia doméstica persiste en nuestras
sociedades como consecuencia de la persistencia de una sociedad
patriarcal que ha hecho durante siglos de lo masculino valor
preponderante y de lo femenino valor subordinado, nadie puede negarlo;
que hasta bien entrado el siglo en el que estamos las leyes políticas
civiles y penales han mantenido a la mujer en una situación jurídica de
incapacidad y consagrado un poder absoluto del hombre sobre la mujer, que
ha justificado, señorías, claramente la violencia autorizada en los
códigos hasta fechas escandalosamente reciente, nadie puede negarlo; que
nos ha costado, señorías, a todos cerca de 20 siglos hacer desaparecer
del Derecho reglas como las que establecían que está bien que el hombre
pegue a la mujer cuando desobedezca al marido, si bien, pasado el tiempo,
con el límite que se introdujo de que procurase finalmente no matarla ni
herirla demasiado. Y así eso ha pervivido, señorías, y esto hay que
recordarlo, hasta bien entrado el siglo en el que estamos. De ahí hemos
heredado el que el marido es el juez de su mujer; de ahí hemos heredado
normas que han estado hasta hace pocos años en nuestros códigos. Y esto,
señorías, no lo podemos olvidar si queremos atajar, de verdad, el
problema tan grave que tenemos entre nuestras manos.
Es necesario, por tanto, para saber qué está pasando hoy, conocer qué
elementos contribuyen a la persistencia de la violencia doméstica, qué
elementos dificultan la lucha contra la violencia doméstica, qué medidas
son las más adecuadas para acabar con esa violencia doméstica, la
historia y el pasado. En los últimos 20 años se han adoptado y se han
puesto en práctica en nuestro país cuatro tipos principales de políticas
dirigidas a reformar el ordenamiento jurídico, a fomentar investigaciones
y estudios sobre el tema, a elaborar estadísticas,
a organizar campañas de información y a hacer, desde las políticas
sociales de igualdad, programas, servicios de asistencia a las mujeres.
El problema sigue existiendo, a pesar de esas políticas, por lo que habrá
que seguir insistiendo en las mismas.
Yo quiero decir que en las reformas legales en los últimos años se ha
avanzado mucho en el ámbito civil y penal. Todo es susceptible de mejora,
no lo dudo, pero tengo la impresión, y esa es también la impresión de mi
grupo, de que hoy, a principios de 1998, la persistencia del problema de
la violencia doméstica no tiene su origen tanto en la inexistencia de
leyes cuanto en su aplicación, probablemente porque las reformas legales,
junto a las políticas sociales, han constituido las medidas más
importantes en la lucha contra la violencia hacia mujer en España con
posterioridad al año 1975, siendo en el ámbito penal las últimas
contenidas en la reforma de 1989 y de 1995.
No creo que se pueda afirmar hoy con rigor que el Código Penal de 1995 no
aborde o trate de abordar con eficacia este problema. Una simple lectura
del mismo nos lleva a poder afirmar que son diversos los tipos penales
que protegen y reprimen las conductas que se pueden considerar incluidas
en la violencia contra las mujeres. Es verdad que el Código Penal optó,
como una opción de política criminal, por evitar los tipos penales
complejos que tratan de proteger, bajo la descripción de una conducta,
bienes jurídicos distintos. Hecha esta opción, es preciso, en cada caso
concreto que se denuncie la violencia contra las mujeres, analizar con
rigor si existe o no concurso real de delitos y aplicar, en consecuencia,
las normas correspondientes.
El Código Penal de 1995 contempla diversos tipos que son teóricamente los
aplicables a los supuestos de la violencia, que se han mejorado en su
definición técnica y que deben ser más eficaces en la persecución, desde
el tipo de malos tratos, que ha pasado a tener una pena de arresto mayor
a una pena de uno a tres años de prisión, en donde se ha ampliado el
ámbito de los sujetos protegidos, hasta los tipos de las lesiones, que
son más fáciles de aplicar en su modalidad de tipo agravado, puesto que
no se exige la necesidad de una acusada brutalidad, como se decía en el
texto anterior, pasando por tipos que hoy están inéditos todavía, que
están vírgenes, señorías, y que decidimos en esta Cámara incluir, como es
el tipo que comprende los daños contra la integridad moral. Quiero que me
digan ustedes si en la mayoría de los supuestos de violencia contra las
mujeres no hay un ataque a la integridad moral. Yo creo, señorías, que sí
lo hay. Pues bien, este tipo no se ha aplicado nunca, es más, no se ha
utilizado nunca ni siquiera por el ministerio fiscal. El que infringiere
a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad
moral será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Además, el Código establece que este tipo es concurrente con otros que,
si hay malos tratos, lesiones y daños a la integridad moral, hay que
aplicar de acuerdo con las normas que establece el Código de concurso
real de delitos que son la opción que eligió el legislador para que las
conductas que sean graves sean castigadas gravemente. Es por eso por lo
que mi grupo ha considerado que como instrumento necesario de política
criminal es imprescindible que el fiscal general del Estado aborde, en
una circular o en una instrucción interpretativa, todos los instrumentos
que el Código Penal ofrece hoy para perseguir estas conductas.
No vale con remitirse, como se hizo el 19 de enero, cuando se presentó
esta proposición, a una circular que es del año 1988, porque en el año
1988 ni siquiera existía el tipo de malos tratos, que se introdujo por
primera vez en el Código Penal de 1989, y porque el Código Penal de 1995,
junto a estos temas, aborda muchos otros, y es necesario que el fiscal
analice todas las posibilidades que el Código ofrece, no sólo en la
aplicación en concurso de todos estos delitos sino también en la
aplicación de medidas de aseguramiento de la víctima, como son las
contenidas en el artículo 57 del Código Penal, que prevé el alejamiento
de esa víctima del agresor, o como las medidas que establece al juez de
vigilancia penitenciaria en el momento de dar la libertad condicional, la
posibilidad de que también se establezca ese alejamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de
la Vega, le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Ya acabo, señor presidente.
De la misma manera quiero reseñar aquí qué es lo que está pasando en la
realidad. En la realidad, a mi grupo le llegan denuncias de que, en
muchas ocasiones, otro tipo muy importante, como es el de las amenazas
condicionales que existen claramente en estos asuntos, lo que están
haciendo cuando se denuncia por malos tratos o por violencia una amenaza
condicional es automáticamente calificarlo como una falta. ¿Saben por
qué, señorías? Porque es la única manera de no abrir un juicio por
jurado, porque la Ley del Jurado establece como competencia las amenazas
condicionales, y la interpretación que se ha hecho de este tema es muy
restrictiva.
Creo que estas y muchas otras cuestiones son las que deben contenerse en
la instrucción del fiscal. De la misma manera que la referencia a la
habitualidad ha sido claramente interpretada por la jurisprudencia en el
sentido de que es un concepto criminológico social y no jurídico formal,
es decir, que no ha de interpretarse en el sentido de que sean necesarias
las condenas previas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de
la Vega, le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Ya acabo, señor presidente, un
segundo. Solamente me voy a referir a las enmiendas presentadas por los
otros grupos y a nuestra posición en los demás temas.
Quiero decir, señorías, que hay en tramitación en esta Cámara un proyecto
de ley de medidas cautelares, a instancia del Partido Nacionalista Vasco,
que ya prevé también la posibilidad de establecer medidas cautelares de
alejamiento desde el momento en que se elabore la denuncia.
Hemos presentado una enmienda a nuestra propia proposición que recoge el
contenido de otra presentada por mi grupo y que requiere, por una razón
de economía procesal de que no tengamos que volver a discutir en esta
Cámara este tema, que se adopten las mismas medidas por los responsables
del Ministerio del Interior y se elabore y dirija una circular a los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actualizando la que existía.
Finalmente, quiero decir que mi grupo no se opone a que se estudie ningún
tipo de reforma, ¿cómo nos vamos a oponer a eso? Pero sí que creemos que
no podemos seguir diciendo que los problemas existen porque las leyes no
están o porque las leyes están mal; los problemas existen porque las
leyes no se aplican.
No obstante, vamos a apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Nos parece bien, además, que el protagonismo en esta materia lo tenga la
Comisión Mixta de los Derechos para la Mujer, y hemos presentado una
enmienda que espero que pueda transarse con el Grupo Parlamentario
Popular.
En cuanto a las demás enmiendas presentadas, tanto por el Grupo
Parlamentario Popular como por Izquierda Unida, mi grupo las va a
aceptar. Referente a las presentadas por el Grupo Mixto, vamos a aceptar
la referente a la formación de los profesionales, por considerar que en
el tema del extrañamiento (el extrañamiento es una figura que no cabe
dentro de nuestro Código Penal) el alejamiento ya está previsto. Respecto
a las casas de acogida, creemos que antes de promoverlas nos tendríamos
que poner de acuerdo en qué modelo es el que queremos ofrecer a las
mujeres para estos temas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.
Han sido presentadas enmiendas a ambas iniciativas, además de por los
propios grupos parlamentarios Socialista y Popular, por parte del Grupo
Federal de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, para la presentación y defensa de las enmiendas del
Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes, señor presidente y señorías.
Subo a esta tribuna para defender dos enmiendas a las proposiciones no de
ley del Partido Socialista y del Partido Popular.
La enmienda que mi grupo ha efectuado al texto del Partido Popular es una
enmienda que actúa como cláusula de riesgo o, en positivo, como cláusula
de garantía. El debate que se está produciendo hoy en esta Cámara sobre
la violencia doméstica revela una alta irresponsabilidad por parte de
este Gobierno y de sus antecesores, ya que este conflicto no es novedoso,
señorías, es tan ancestral como el propio diseño del organigrama social
de clases y de género. Por tanto, parece un poco farisaico tanto ruido
para tan pocas nueces. Quiero decir que plantearnos a estas alturas como
objetivo el estudio de un problema que tiene rostro, que tiene nombre,
que tiene causas y efectos, es, cuando menos, dilatar un problema no
privado, señorías, y sí un problema de graves consecuencias personales,
familiares y sociales.
No es tiempo sólo de estudiar, señorías, como plantea el Partido Popular
--que también pero adicionalmente--, sino de intervenir para prevenir y
para curar las lesiones físicas y psíquicas que están originando un alto
porcentaje de agresores y un alto porcentaje de víctimas. Estamos ante un
problema de la suficiente magnitud como para hacer un esfuerzo de pasar
de las declaraciones a las actuaciones. No se puede convertir la Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer en una facultad, sino en un instrumento
para la intervención. Los malos tratos, señorías, están golpeando y
degradando a una sociedad no suficientemente democrática y no
suficientemente civilizada, y que pone en jaque la credibilidad de unas
estructuras y de sus mecanismos correctores.
Señorías, si no se rompe la ley del silencio, la complicidad social,
todos seremos políticamente culpables. Por eso, el tiempo de análisis ha
concluido y estamos planteando pasar de las meras medidas de choque a un
plan estructural y presupuestario solvente que aborde todos los límites
de esta lacra y que vaya, desde los instrumentos cautelares, a la
obligada protección de la víctima, la rapidez de los juicios, la relación
objetiva entre pena y delito, la suficiencia de los recursos económicos y
sociales de salarios de emergencia, vivienda y asistencia para
reinsertarse socialmente la víctima. Es decir, señorías, estamos ante una
enmienda leve que pretende poner a disposición de las mujeres víctimas de
la violencia doméstica todos los servicios del Estado y sus
instituciones, sin que ninguna intervención pueda ser paralizada por
razones burocráticas o de cualquier otro signo; esto quiere decir no
admitir coartadas ni demoras en contra de las necesarias actuaciones
urgentes que estamos obligados a acometer ya, porque es tiempo de mujer,
pero no de mujeres maltratadas. Y para recuperar la esperanza, señorías,
hace falta actuar, hace falta luchar, pero sobre todo hace falta una gran
unidad política.
Respecto a la enmienda a la proposición del Partido Socialista Obrero
Español, se trata de mejorar un texto
sin ningún interés de entretenerme en la oratoria; se trata de trabajar
unitariamente en la defensa de las mujeres agredidas. Creo que al día de
hoy quizá sea inútil, señorías, una polémica sobre la conveniencia de las
modificaciones legales. Si es para más penas, mi fuerza sería contraria;
si es para adecuar la ley a la demanda social, siempre que el fin último
sea la rehabilitación y no el castigo, sí estaríamos de acuerdo; si es
para buscar la separación del domicilio familiar del agresor, también; si
es buscando zonas de seguridad para la víctima, también; si es para que
no haga falta la condición de reincidente para la consideración de
delito, también; si es para que se garantice la gratuidad de la justicia
cuando así se solicite, también; si es para que se posibilite la
acusación particular a las instituciones, también. En ese sentido,
señorías, estamos absolutamente de acuerdo.
En concreto, la enmienda trata de que se aborde una reforma procesal que
evite la multiplicidad de expedientes y, consiguientemente, juzgados por
los que tramitar diferentes actos, y que no se considere una paliza una
falta leve que se cura con una pequeña multa, en lugar de estimarse como
una violación gravísima de los derechos humanos. En este sentido, se
sigue entendiendo que varias palizas denunciadas en diferentes juzgados
se resuelven con varias pequeñas multas. Convendrán conmigo, señorías,
que esta tipificación es un verdadero atentado a la integridad física y a
la dignidad psíquica.
Sería igualmente necesario, en esta línea de enmiendas, establecer desde
el principio la asistencia letrada, aunque la falta no es preceptiva al
no existir la posibilidad real de que los malos tratos sean redundantes.
En el caso de ser esta asistencia de oficio, el mismo abogado debería
asumir las sucesivas faltas, cuya acumulación debería dar lugar a un
delito.
Las enmiendas buscan fundamentalmente que el agresor no escamotee la ley
y que la víctima tenga garantías de que la justicia la ampara y la
protege. Y termino con ellas esperando sean asumidas por SS. SS., ya que
estoy absolutamente convencida de que, junto a la movilización de las
conciencias, hace falta una fuerte intervención del Gobierno mediante la
adopción de medidas estructurales, urgentes y financiadas que quiebren la
delincuencia, insisto, la delincuencia doméstica que duele a quienes la
padecen y humilla profundamente a quienes la consienten por activa o por
pasiva.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña-Los Verdes
hemos presentado la misma enmienda a las dos proposiciones. Nosotros no
vamos a oponernos nunca a estas cosas, pero decía la compañera de
Izquierda Unida que me ha precedido en el uso de la palabra que estamos
haciendo declaraciones programáticas todos los días. En noviembre
celebramos un debate en el que ya se habló de la violencia doméstica, se
planteó hacer una campaña de sensibilización pública, se acordaron otros
ocho puntos que había presentado el Grupo Popular sobre distintos temas,
se encargó que hubiera asistencia a las víctimas por personal femenino de
la policía, etcétera. Creo que estamos dando vueltas a un asunto que está
demasiado mareado. Lo que se impone es gobernar alguna vez, decidir e
invertir, porque todas estas cosas tienen nombre y apellido, pero
necesitan inversión. No puedes decir a una mujer que denuncie, para luego
no tener ningún apoyo cuando lo hace, para encontrarse que se queda
abandonada o que no le pagan la pensión. Todavía estamos esperando que
venga el fondo de garantía, estamos haciendo 80.000 cosas, pero luego no
se concreta nada.
Todo lo que sea por la mujer me parece estupendo, lo apoyaremos, la
enmienda de este grupo, del otro, todo. Pero ¿qué les vamos a dar a las
mujeres? Ahora han pasado ustedes a otro estudio, a la Comisión Mixta de
los Derechos de la Mujer. La vamos a estudiar estupendamente, las mujeres
van a estar estudiadísimas, pero van a seguir igual de maltratadas. Por
tanto, tenemos que empezar a buscar acciones eficaces de verdad.
El problema no es sólo de Código Penal y de reproche sancionador. Se
tiene que ir a una nueva cultura de la relación hombre-mujer, a lo que
hemos llamado otras veces contrato social, a un cambio de actitudes, a un
cambio muy profundo en la educación; que se vea con energía que los niños
y las niñas no se educan sólo juntos, sino que se les educa para ser
iguales, independientes, para respetarse, para que ya no se crea que son
de nadie, para que eso de mío o de la tumba no siga siendo verdad, que
alguna vez se diga: no es mía, es de ella, y el otro es de él, nadie
somos de nadie y todos nos repartimos y nos compartimos fácilmente. Por
tanto, hay que insistir en muchas cosas y hay que ir a la práctica. La
enmienda que nosotros hemos hecho quiere un poco más.
Mañana vamos a tener dos interpelaciones sobre este tema, van a venir
otras mociones. Podemos hacer mociones de 20 puntos y enmiendas a las
mociones. Vamos a tener ya un dossier de cosas que hemos decidido y si
algún día nos pudiéramos traer el correspondiente a las que se han
cumplido nos quedaríamos mucho más contentas. Hay que pasar a la acción,
y no lo digo en un sentido revolucionario; hay que pasar a la ejecución
de las cosas que queremos hacer; hay que dar medidas; hay que hacer
presupuesto; hay que decir,
si una se tiene que ir de casa, que hay alquileres para familias
monoparentales con problemas; hay muchas cosas, y yo creo que algunas se
tenían que hacer ya.
Nosotros vamos a apoyar las dos propuestas. ¿Cómo no vamos a pedir que
haya una circular? Es verdad que las leyes no son sólo cómo se hacen,
sino cómo se aplican, la importancia que se les da; que no se rían de la
señora que va a denunciar y está llorando todo el día, que no se diga que
no valen los testigos de casa. Hay muchísimas cosas que tendríamos que
cambiarlas como comportamiento. Por eso una circular lo puede recordar.
Podemos, además, participar desde la Comisión aportando elementos a esa
circular.
Nosotros hemos puesto en nuestra enmienda la necesidad del alejamiento,
no del extrañamiento, que no es la palabra correcta. Es verdad que existe
ya en el Código Penal, pero no está determinada de manera alguna para
este tipo de faltas como son los malos tratos. También propusimos en su
momento que esto no estuviera en el ámbito de las lesiones en el Código
Penal, porque aunque te de una bofetada tu marido, no le vas a poner 30
años de cárcel, ya que es una falta. Si nosotros pusiéramos un título que
se llamara De los delitos, de los deberes y derechos familiares, este
tipo de actuación tendría un reproche social que no es tan individual.
Vamos a sentarnos a hacer cosas eficaces, cosas que ayuden a lo que
necesitan las mujeres, a que no se rían de ellas además de estar
maltratadas, a que no se declaren impunes conductas determinadas porque
no se tienen pruebas, sobre todo que no se sientan animadas a denunciar,
sino a ser independientes. Porque hay veces que ejercer un derecho como
es el separarte, como es simplemente buscar tu propia libertad y la
ruptura de una relación que te es hostil, te puede costar la muerte. Por
tanto, hay que hacer muchas más cosas. Nosotros, a las dos proposiciones
que hoy se presentan, que son dos declaraciones programáticas, les
queremos añadir esta enmienda, que por supuesto la transaccionamos en la
forma que pueda verse como más importante. La mantenemos, aunque vamos a
apoyar todas. Mañana también oiremos la interpelación y el próximo martes
veremos otra vez la moción consecuencia de esa interpelación.
A mí lo que me parece importante es saber cuándo les vamos a decir a las
mujeres los derechos que tienen, que van a mejorar su situación. Dejemos
ya de estudiar tanto que, de verdad, vamos a ser especialistas en el
tema, y procuremos, con medidas eficaces, que no muera la Comisión Mixta,
sino hacerla de verdad relevante para poder elaborar proyectos concretos.
Que traiga aquí el Gobierno las medidas, los presupuestos que quiere dar
para estas cosas, y empecemos a caminar en la resolución y dejemos el
estudio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo ha estado estudiando y valorando estas iniciativas
parlamentarias para luchar contra la violencia que padecen los colectivos
que se han señalado aquí de mujeres maltratadas. Quisiera que no
cayéramos en un confusionismo de idas y venidas de iniciativas
parlamentarias, que compartimos y que ha denunciado la portavoz del Grupo
Mixto, la señora Almeida, enmiendas a las que todos en el fondo nos
sumamos para la lucha contra los malos tratos en la mujer.
Me voy a circunscribir fundamentalmente azlas dos iniciativas básicas,
que son las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista. En verdad creemos, desde el estudio que hemos
hecho, que ambas, estando de acuerdo en el fondo de lo que pretendemos
combatir, son complementarias. Mi grupo desearía que precisamente hubiera
un entendimiento, un ensamblaje entre las dos. En cualquier caso, si a
esto no se llega y dado que las iniciativas se votan por separado, mi
grupo anuncia ya, señor presidente, que vamos a votar favorablemente
tanto la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular como la iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista. En esta línea de actuación, señor
presidente, creemos que la complementariedad será positiva.
No podemos salir ante la opinión pública española, alarmada por esta
circunstancia, con que vamos a hacer un estudio más en el seno de la
Comisión. Esto no es de recibo en este momento ni aunque tenga cuestiones
de urgencia; todo estudio lleva un tiempo y los casos están ocurriendo en
estas mismas fechas, por tanto, hay que salir a atajar ese problema.
Nosotros hemos hecho una valoración positiva, a nuestro juicio, como
digo, de ambos textos. Sobre el texto del Grupo Parlamentario Popular,
quiero señalar en este momento que viene a plantear, con el informe,
solamente estudiar la legislación actual y agilizar los procedimientos
judiciales. Creemos que hay otras medidas junto a actualizar las
modificaciones legislativas pertinentes, porque hay otros aspectos para
combatir este pernicioso fenómeno que no son de tipo judicial ni de
modificación legislativa. Aquí valoramos muy positivamente la iniciativa
que ha tomado el Grupo Parlamentario Socialista con su enmienda de que el
Ministerio del Interior dicte unas instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, que esperamos que también la asuman las
comunidades autónomas con policía autonómica propia, para que se dé un
trato cotidiano a estos fenómenos. Lo que sí creemos que es importante,
pero parecería obvio, es que
pidiéramos al fiscal general del Estado que cumpla con el principio de
legalidad, pero es que está obligado a ello. Por tanto, valoramos,
repito, muy positivamente la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista porque hace una invocación para que interesemos del fiscal
general del Estado --del Gobierno, por supuesto-- que realice una
instrucción dirigida a los fiscales. Y nos parece que esto es importante,
señor presidente, porque nos da la sensación de que lo que tienen los
fiscales --al menos en lo que hemos conocido en consultas previas
realizadas-- son instrucciones anteriores al vigente Código Penal.
Creemos que la Fiscalía General del Estado debe, por tanto, actualizar
sus indicaciones al ministerio fiscal sobre el cumplimiento de la
legalidad vigente en razón de la pieza fundamental que tenemos: la Ley
Orgánica 10/1995 del vigente Código Penal. Por esa vía de celo en el
ministerio fiscal, con las complementarias que haya de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y las modificaciones legislativas --que llevarán
su tiempo, desde luego-- es cierto que el fiscal general del Estado
puede, desde ya, dictar esa instrucción a los señores fiscales para
estimular su celo en el cumplimiento del principio de legalidad.
Por estas razones, señor presidente, y por entender que existen valores
positivos suficientes, pero de complementariedad, vamos a votar las dos
iniciativas favorablemente y deseamos que pueda prosperar el ensamblaje
de las mismas para resolver el problema de fondo en el que creo que todos
estamos de acuerdo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señor URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, a nadie se le oculta la
importancia y la trascendencia del tema y las graves consecuencias de
toda índole que las conductas de violencia doméstica originan. El grupo
al que represento se ha sumado a cuantas iniciativas se han tramitado por
estas cuestiones en la Cámara y también lo hará en esta ocasión.
No somos, en principio, muy partidarios de modificaciones legislativas.
En tres ocasiones en el día de hoy hemos hablado de modificar el Código
Penal y dos de ellas lo era por hechos concretos que han generado alarma
social. No es ello bueno para el reposo que los textos penales merecen y
deben primero explorarse sus virtualidades antes de pretender cambios.
El artículo 153 del Código Penal se introdujo como fruto de una enmienda
socialista recogiendo las violencias en el ámbito familiar. En él se
ampara no sólo como sujetos pasivos a las mujeres, sino también a los
hijos, bien sean de uno o de ambos convivientes, así como el maltrato de
las personas ancianas, que es una trágica realidad también existente.
Es cierto que en él se hace referencia sólo a la violencia física, pero
los supuestos de trato degradante o vejatorio o de trato humillante
dentro del ambiente familiar deberán ir al artículo 173, que castiga el
menoscabar gravemente la integridad moral de otra persona. En el supuesto
del artículo 153 creemos que no se requiere la existencia de lesiones y
si éstas se producen el precepto se aplica sin perjuicio de las penas que
correspondan a las lesiones. Habrá, por tanto, que sumar ambos delitos,
habrá concurso de delitos y no concurso de leyes.
Sí hay en este tipo penal, sin embargo, aspectos como el concepto de
habitualidad o la referencia al propio ámbito, si se refiere al ámbito
familiar o a persona concreta en cuanto a la repetición del maltrato, que
requerirían lo que contiene la iniciativa socialista y que nos parece muy
interesante: que se inste a la Fiscalía General del Estado para que
elabore una circular que permita que la acusación en estas materias se
ejerza siempre con idéntico criterio. Las circulares de la Fiscalía han
gozado siempre de un merecido prestigio y sería muy adecuada una
interpretación que tiene casi el carácter de interpretación auténtica en
esta materia para, repito, unificar criterios en la acusación pública.
Se ha hablado de medidas cautelares. No es necesario hablar de nuevas o
explorar nuevos ámbitos, puesto que en este momento está en tramitación
en la Cámara una iniciativa del Grupo Vasco, la proposición de ley de
medidas cautelares penales, que fue tomada en consideración por todos los
grupos de la Cámara y que está pronta en el tiempo a entrar en la
Comisión de Justicia e Interior. En ella se plantean cuestiones tales
como la prohibición de acercamiento a determinados lugares o a
determinadas personas que, debidamente vigilados por quien corresponda
administrativamente, pueden tener virtualidades muy interesantes en la
materia concreta que estamos tratando.
En todo caso, creemos que el Derecho penal se revela como ineficaz en
este tipo de situaciones. Se reflejaba de forma gráfica en un noticiario
de días recientes cuando, tras la celebración de un juicio por lesiones
en el ámbito familiar, el magistrado preguntaba a la mujer maltratada si
quería añadir algo y ella concluía diciendo que creía que todavía estaba
enamorada del maltratador y que probablemente le perdonase. Creemos, por
tanto, que no es tan necesaria la acción penal como una acción penal
positiva valiente en el ámbito de la educación en valores, de la propia
estima, en la no sumisión a otra persona, en la suficiencia y en la
autoestima personal a las mujeres.
En el día de hoy hablaba con la ex diputada de esta Cámara, señora
Aguirre, perteneciente a mi grupo y actual responsable de bienestar
social en la Diputación de Alava, y me contaba que mañana presenta un
ambicioso plan de medidas sociales en este ámbito para el territorio
histórico por el que es diputada. Me hablaba de las medidas de
tratamiento psicológico a prestar al
núcleo familiar completo, es decir, incluyendo al maltratador, que en el
ámbito de los territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa están
teniendo un éxito considerable, según se dice, y que llevan implantadas
desde el año 1992.
Somos más partidarios de atajar las causas y no quedarnos en la mera
reprensión de las conductas. Sin embargo, nos parece interesante todo el
debate sobre estas cuestiones que, repito, creemos que tiene la
suficiente relevancia social y apoyaremos las decisiones que hoy se
adopten en la Cámara, consensuadas por todos los grupos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor presidente.
Señorías, toda agresión constituye un delito contra la integridad de la
persona, en mayor o menor grado, y es, en este sentido, motivo de
condena. Pero las agresiones constituyen, además, un atentado contra la
libertad más íntima de la persona, tanto en el plano físico como en el
psicológico, y en el caso de las agresiones a las mujeres suponen la
demostración clara de que en la sociedad todavía queda un largo camino
para llegar a la igualdad.
Hablamos de un delito que lamentablemente es muy antiguo y afecta a un
gran número de mujeres en la mayoría de las sociedades del planeta. Es
precisamente esta universalización la que hace pensar que para entender
su naturaleza hemos de remitirnos a las estructuras sociales. En ellas
constatamos la existencia de pautas culturales con componentes sexistas,
a pesar de que la legalidad otorga a ambos géneros un trato paritario. La
violencia afecta a toda la organización de nuestra sociedad, por tanto,
debemos analizarla dentro del contexto social en que vivimos.
Los hombres han dominado hasta ahora el espacio público y han ejercido
también el poder en el privado, en su familia. El reparto de papeles ha
permitido que la mujer, los hijos y las hijas, fueran considerados como
una propiedad del hombre. La violencia física o psíquica ejercida dentro
del ámbito familiar o de pareja era considerada como cosa de dos o asunto
privado. Es un fenómeno amplio y complejo que abarca múltiples y sutiles
formas, y ahora, señorías, ha salido a la luz; pero lo que ha salido es
sólo una pequeña muestra, las agresiones siguen ocultándose. Los motivos
para ocultar la agresión dentro del hogar son diversos: el miedo a la
represalia, la dependencia afectiva, psicológica y económica, la creencia
de que es una situación irrepetible, la existencia de hijos, el ámbito
hostil y poco acogedor que envuelve a la mujer, la vergüenza de reconocer
que la relación no funciona, etcétera. Pero, sobre todo, subsiste siempre
la consideración de que todo aquello que suceda dentro del hogar es un
asunto privado, y esta consideración se ve reforzada, en algunos casos,
por la inexistencia de una conciencia social que apoye a las personas
agredidas y que considere las agresiones como delitos penales y no como
desavenencias familiares.
Por otro lado, muchas víctimas han declarado sentir el delito tan
humillante como el trato recibido en el momento de la denuncia. La
respuesta judicial es esencial como eslabón inicial de soluciones
personales y sociales, aunque la respuesta judicial es sólo una parte de
la respuesta social a este gravísimo problema. La humanidad y
profesionalidad de los que reciben la denuncia es fundamental para la
mujer maltratada, víctima del miedo, humillación, sometimiento y baja
autoestima. La formación específica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, de los jueces y fiscales es fundamental para recibir con
eficacia la denuncia. Aunque la denuncia sea respondida por una reacción
peor de los agresores, esto debe servir para extremar las precauciones,
no para ocultar las agresiones e impedir que se denuncie por miedo.
La violencia contra la mujer es el principal delito que se comete en
nuestro país, hasta ahora oculto y extendido en todas las capas sociales.
No hay nada nuevo salvo que las mujeres empiezan a rebelarse contra la
injusticia y el hombre lo vive como una provocación. Hay que encontrar
soluciones, unas a corto plazo, pero otras difíciles de aplicar puesto
que comportan un cambio de mentalidad. Podríamos señalar algunas, por
ejemplo: mejorar la posición de las víctimas en los procedimientos
penales, coordinando la acción judicial con la de los servicios y
recursos de atención a la víctima; prevenir estas situaciones mediante
políticas de amplio alcance en materia de educación y trabajo, que
contribuyan a incrementar la autonomía de las mujeres y acciones de
prevención específica, técnica o situacional, orientadas a disminuir las
posibilidades de cometer estos delitos y a incrementar los riesgos de
detección de estas situaciones y de los autores de malos tratos; evitar
penas de multa o de arresto, cuando se convive con la víctima o ésta
depende económicamente del agresor, ya que no es la solución adecuada y
agrava la situación familiar; reeducar a los agresores mediante un
tratamiento educador en centros a los que deban acudir periódicamente;
juicios rápidos, sobre los que el Ministerio de Justicia el pasado día 16
anunció en el Senado que se están haciendo esfuerzos para la rápida
celebración de juicios de faltas y celebrar juicios rápidos en caso de
delito.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Solsona, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Sí, señor presidente.
El Consejo General del Poder Judicial está también estudiando el tema en
una comisión especial y anuncia posibles modificaciones legislativas a
finales de febrero.
Señorías, todas las iniciativas son positivas y encomiables, como lo son
las presentadas hoy en esta Cámara, pero no hay que dispersar y malgastar
esfuerzos. En este momento, existe un plan de acción del Gobierno sobre
la violencia contra las mujeres, en colaboración con las distintas
comunidades autónomas, en el que intervienen todos los ministerios
implicados. Hoy, en la comparecencia del ministro del Interior ante la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, también se ha tratado este
tema y la Mesa y portavoces de esta Comisión --como ya se ha dicho
anteriormente-- han acordado coordinar todos los esfuerzos de los
diversos grupos parlamentarios y celebrar urgentemente una jornada
extraordinaria de estudio dedicada exclusivamente a este tema. En ella
comparecerán las principales asociaciones de mujeres dedicadas a la
detección y prevención de estas conductas violentas, así como forenses
especializados en el tema y miembros del Consejo General del Poder
Judicial. Con ello, señorías, la Comisión mixta pretende elaborar sus
propias conclusiones y, conjuntamente, elevarlas al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, para que las tenga en cuenta en la elaboración del
plan de choque que estudia el problema.
Nos parece positivo que hoy aquí se haya llegado a un acuerdo entre las
enmiendas presentadas como un paso hacia este consenso necesario, a fin
de mejorar los derechos de las mujeres y de protegerlas cuando éstas se
convierten en víctimas de malos tratos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Solsona.
La señora letrada me comunica que, tanto por parte del Grupo
Parlamentario Popular como por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
se van a aceptar una serie de enmiendas del resto de los grupos
parlamentarios. Como el turno que corresponde es de aceptación o no de
las enmiendas presentadas, yo les rogaría que, sin ningún comentario al
margen, se limitasen a leer el texto resultante de ambas aceptaciones de
enmiendas sobre los textos iniciales, sobre todo para que quede claro a
efectos de la votación que a continuación vamos a establecer.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Sainz, a la que le ruego que
lea el texto resultante de la aceptación de sus enmiendas.
La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para leer esa transaccional que habíamos ofrecido al grupo
socialista y que de alguna manera habíamos consensuado con los demás
grupos. Quedaría así: El Congreso de los Diputados acuerda que, en el
seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, se elabore un
informe que contemple cuantas medidas se considere necesario adoptar y
estudie la legislación actual con el fin de impulsar aquellas
modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la
protección de las mujeres víctimas de malos tratos y a agilizar los
procedimientos judiciales, salvo aquellas modificaciones legislativas y
actuaciones urgentes que se puedan aprobar en el seno del Parlamento
antes de la finalización de dicho informe.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz.
Señora Fernández de la Vega, le ruego que dé lectura también al texto que
resulta de la aceptación de enmiendas desde su grupo parlamentario.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor presidente.
El texto resultante de las enmiendas, que ya he anunciado en mi
intervención que iba a aceptar, es el siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que adopte todas aquellas medidas que
contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las que son
víctimas las mujeres y en especial: Uno, a que interese del fiscal
general del Estado a realizar una instrucción dirigida a los fiscales en
la que ordene que se persigan con diligencia las denuncias de las mujeres
víctimas de la violencia, instando siempre durante la tramitación del
proceso la adopción de aquellas medidas cautelares que puedan contribuir
a su seguridad, así como la acumulación de acciones de una misma
denunciante en un solo procedimiento. Dos, a que adopten las medidas
necesarias para mantener actualizada una estadística detallada de los
procesos por delitos y faltas que tengan por objeto lesiones y malos
tratos a mujeres en todo el territorio nacional. Tres, a que por el
Ministerio del Interior se elabore y dirija una circular a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado donde se contengan todas las directrices
a tener en cuenta en el trato cotidiano a la mujer víctima de malos
tratos. Cuatro, a introducir en la formación de policías, abogados,
fiscales y jueces, mediante los instrumentos de colaboración oportunos
con otros órganos, contenidos relacionados con la violencia que las
mujeres soportan en el ámbito familiar, laboral y social, de manera que
se haga llegar a estos colectivos la importancia del problema y de sus
consecuencias.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.
Entiendo que los grupos enmendantes aceptan la transaccional y, por
tanto, retiran las enmiendas planteadas. (Asentimiento.) Gracias,
señorías.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, para que en el seno de la Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer se elabore un informe que estudie la
legislación actual, con el fin de impulsar aquellas modificaciones
legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de las
mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales
en los términos resultantes de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 321; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de medidas que contribuyan a erradicar
las situaciones de violencia de las que son víctimas las mujeres, en los
términos resultantes, asimismo, de la transaccional aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 317; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA
SITUACION DE FERROL Y SU COMARCA, AGRAVADA A CONSECUENCIA DEL DESASTRE
DEL DIA 13 DE ENERO DE 1998. (Número de expediente 173/000060)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto III del orden
del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar la situación de
Ferrol y su comarca, agravada a consecuencia del desastre del día 13 de
enero de 1998.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez. (El
señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor
RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la semana anterior tuvimos ocasión
de debatir en el Pleno de la Cámara la grave situación, en materia
socioeconómica y en infraestructuras, que se evidenció en la comarca de
Ferrol Terra a partir del desastre del día 13 de enero. Todas las
deficiencias que en aquel momento enumeramos estaban allí, no eran
nuevas, y servían de base precisamente a una sociedad que se debate entre
el escepticismo, la desmoralización, la hipercrítica, el individualismo,
pero también una sociedad que empieza a comprobar cuánto normal podíamos
tener, de lo cual carecíamos. Después, hablaremos de este aspecto de la
cuestión que es, sin duda, el más positivo, el cambio de mentalidad y el
cambio social.
Hay una serie de actuaciones necesarias ahora mismo y otras que son
ineludibles después del mes de mayo, una vez que se cumpla el compromiso
del Gobierno de reconstruir el puente tal como estaba en una primera fase
de la obra, según el ministro de Fomento. Por eso, presentamos esta
moción que es muy limitada en sus aspiraciones, pero muy realista y
solamente hace falta voluntad política para cumplirla.
En primer lugar, como no podía ser menos, abogamos por que se establezca
un sistema de ayudas centrado en dos sectores básicos, primero, el sector
marisquero, que vio gravemente afectado el banco de almeja natural más
importante que existe en Galicia, hasta el extremo de que, según las
noticias que se divulgan en la prensa y los datos con los que cuenta la
Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, prácticamente disminuyó a la
mitad la producción de este banco marisquero; en segundo lugar, tener en
cuenta las calamidades y las pérdidas debidamente justificadas que tengan
los servicios y distinto tipo de industrias de la zona. Está claro que
estas cuestiones deben de ser llevadas de mutuo acuerdo por la
Administración autonómica y la Administración central. Pero, en todo
caso, señorías, me gustaría recordarles la existencia de 500 familias,
con todas las personas que hay detrás, que viven del banco marisquero de
la ría de As Pías en concreto y la reducción de producción a la que se
ven sometidas. Y todo esto en el marco de una comarca que tiene el 30 por
ciento de paro y que padece una crisis industrial que aún se va a
completar ahora prácticamente con la reducción de plantillas de Bazán y
una amenaza constante de reducción de la plantilla de Astano.
También se dan unas deficiencias estructurales graves, para cuya
resolución sólo hace falta voluntad política. Les recordaré los datos:
600.000 habitantes rodeando una carretera y una línea férrea entre A
Coruña y Ferrol; una importante industria naval, metalúrgica o incluso
térmica y, por supuesto, industrias no solamente públicas, sino privadas,
dedicadas a aglomerados o incluso a productos de carácter químico; un
puerto que merecía tener una interrelación modal con la estación de
ferrocarril. Recuerdo las palabras del señor ministro, sin duda no
malintencionadas, pero que evidenciaron la situación, con las que nos
aclaró que las autovías valdrían para que los productos gallegos
llegasen rápidamente a Madrid y de Madrid a los puertos del Mediterráneo,
lo cual no es ni más ni menos que la evidencia de lo que se está haciendo
hoy. Gran parte de las mercancías que exporta Galicia hay que llevarlas
al Mediterráneo. Y, por fin, unos sectores de Defensa que, en el conjunto
de los datos que les di, merecen que contemos con una línea férrea, no
con un tren de alta velocidad pero sí con una línea férrea, que pueda
funcionar y cuya potencialidad y necesidad se demostró precisamente a
raíz del desastre. Siete mil viajeros diarios hay hoy de acceso a Ferrol
y de salida de Ferrol, en una línea que solamente puede andar a 48
kilómetros por hora de media. Sólo haría falta poner solución a los 45
kilómetros de vía férrea entre Ferrol y Betanzos para lograr, en dos
años, que la velocidad media pudiese ser de 80 kilómetros por hora y
mantener un ferrocarril que no es ningún lujo y que supondría para las
mercancías un pingüe negocio que tiene hoy Renfe, cuyo presidente así lo
reconoce, como reconoce la potencialidad que para el servicio de viajeros
tiene en la zona. Por lo tanto, función económica y social fundamental.
Por eso pedimos que se contemple este trazado entre Ferrol y A Coruña en
el conjunto Ferrol-Coruña-Vigo-Porto, que es lo que constituye el
eje ferroviario atlántico. Y deben de tener en cuenta SS. SS. que no
vamos a contar con autovías gratis. Solamente con una autopista de peaje
que llegará a Ferrol prácticamente en el año 2000. Por lo tanto, no es
mucho pedir que, en estas condiciones, se contemple también el
ferrocarril.
También, es curioso, queremos racionalizar el gasto, señorías. Sería
absurdo que se reconstruyese el puente de As Pías con cuatro carriles o
con dos y que no se solucionase el problema del cuello de botella brutal
que hay en Fene, que es uno de los principales motivos del atasco por
carretera a que estamos sometidos los ciudadanos de Ferrol continuamente.
Tanto si se construyen cuatro carriles, como si se hacen dos, se necesita
sacar el tráfico del centro de Fene, para lo que solamente hace falta una
ronda de apenas tres kilómetros, que sería la ronda sur-oeste, que fuera
a dar prácticamente a la autopista de peaje A-9. Efectivamente, la
autovía Fene-Ferrol hay que realizarla, pero como no va a estar antes del
año 2001, este interregno de tiempo se podría cubrir prácticamente con
esta ronda y tendríamos una situación si no óptima, sí desde luego muy
mejorada en relación con lo que tenemos hoy en día.
Por fin, señorías, pensamos que hay que hacer un seguimiento continuo de
la situación de emergencia que nos situó en el año 1920, prácticamente
antes de la dictadura de Primo de Rivera. Quiero invocar a todos ustedes
para que tomen el tema con el interés y preocupación que sin duda alguna
tendrán hoy los diputados y diputadas que pudieron seguir el debate del
día anterior: que estamos ante una zona en declive pavoroso, que nuestras
peticiones son muy moderadas, que tienen una legitimidad grande y que se
trata de una necesidad angustiosa. Lejos del esquema de que con las
autovías radiales de Madrid a Galicia, a Coruña en concreto y a Vigo, las
cosas están resueltas, se trata de ver cómo paliar y mejorar con los
medios de los que se dispone lo que es competencia del Estado y que el
Gobierno español tenga, por una vez, consideración por una realidad que
merece otra atención y otro trato.
Sensibilizar al Gobierno es la intención de esta moción que presentamos.
Es una cuestión constructiva, colectiva, de eficacia política y pensamos
que, en caso de aprobarse, redundará en beneficio de las instituciones
democráticas que bien necesitadas de crédito están. Creemos, además, que
ponemos en manos de las instituciones locales, empezando por el
Ayuntamiento de Ferrol, una serie de medidas que, una vez que cuenten con
la legitimidad de esta Cámara, será la manera también de reclamarlas
debidamente a un gobierno que, sin duda, va a ser diligente en su
cumplimiento, porque, vuelvo a repetir, se trata solamente de voluntad
política y de muy pocos cuartos, de muy poco dinero. Por lo tanto,
señorías, espero su votación favorable a esta moción. Solamente quiero
decirles que, después de escuchar la intervención de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara, nos posicionaremos como Bloque Nacionalista
Galego respecto de las enmiendas que se presentan.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
A esta moción se han presentado enmiendas por diversos grupos. En primer
lugar, y para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Borreiros.
El señor BORREIROS FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista se ha sentido gobierno en el debate sobre la
situación de emergencia en el área metropolitana de Ferrol. Ya desde el
mismo día y lugar del desastre hemos adoptado una posición de ayuda,
planteando acciones para solventar y aminorar los efectos negativos del
aislamiento y las pérdidas económicas y sociales. Seis iniciativas de
construcción, de acción, de impulso al Gobierno, hemos presentado a esta
Cámara, pero, para nuestra sorpresa, el Grupo Popular ha reforzado esa
sensación, digamos entre comillas, «gubernamental» de los socialistas,
después de escuchar la exagerada crítica a mi partido, que a expensas de
la famosa herencia parecían ser los socialistas los culpables de los
males habidos y por haber, incluso de las consecuencias del desastre del
Discovery. Lo que tengo que decir es que el Discovery es la última
plataforma que se construye en Astano, que después del año 1996 no hay
ninguna nueva contratación,
por lo que sí, somos culpables de haber contratado una obra de más de
40.000 millones de pesetas en la empresa Astano. Hoy casualmente, porque
el Grupo Popular habló mucho de Astano en su anterior intervención, se
dan las cifras de que en 1997, año en el que no gobernamos los
socialistas, Astano supera las pérdidas de 8.000 millones de pesetas. Esa
es nuestra culpa.
Ese recurso defensivo de la oposición nos parece que no se debe utilizar;
si quiere hacerlo el Grupo Popular que lo haga, pero no cuando se trata
de un asunto tan serio que debe estar por encima de las siglas. Lo que
debemos de hacer, sobre todo los partidos responsables, es tratar de
acabar con el aislamiento cuanto antes posible y ayudar a las personas, a
los grupos y a las clases sociales que padecen de una manera clara y
rotunda el aislamiento físico y sociológico de la zona de Ferrol.
Hoy, parte de las enmiendas del Partido Popular nos parecen meramente
técnicas y nos parecen bien. Decíamos hace una semana que el Grupo
Popular tendría que cambiar de rumbo; no lo ha hecho en Galicia, pero si
lo hace aquí, nos parece bien y lo aplaudimos. Estamos contentos de que
así sea. Es un texto con el que estamos muy de acuerdo porque refleja la
actitud que hemos tomado todas las fuerzas políticas, menos el Partido
Popular en Ferrol, y los cuatro sindicatos, las organizaciones
empresariales, los colectivos de justicia y sociedad, los comerciantes,
etcétera. Eso sí, hemos sacado esta iniciativa y esta plataforma sin
contar con el Partido Popular.
Tengo que decir que de la zona del área metropolitana de Ferrol y de los
seis ayuntamientos que se ven más inmersos en esta tragedia, tres están
gobernados por los socialistas y uno por el Partido Popular. Lo tengo que
decir, porque ninguno de esos tres alcaldes ha sido recibido por ninguna
autoridad dependiente directa o indirectamente del Gobierno de la nación.
Es por eso que nosotros hablábamos de cambio de rumbo y pensábamos que
por encima de las ideologías había que garantizar, aprovechando que la
moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego en esta Cámara se
adelanta a otras iniciativas, con una proposición no de ley socialista
que prácticamente viene a resaltar los mismos puntos, su aprobación por
parte de la Cámara.
Así pues, nos parece importante llegar hoy a un acuerdo en este sentido.
En primer lugar, la reposición actualizada, no de hace 30 años, no del
año 1968, sino al día de hoy, de las comunicaciones que fueron afectadas
y su salida por el municipio de Fene. En segundo lugar, el impulso a las
infraestructuras que estaban pendientes, y no hablamos de ninguna nueva,
sino de las que estaban pendientes y prometidas en el programa electoral
del partido que en este momento está gobernando. Y en tercer lugar,
medidas de acompañamiento, de emergencia, de impulso de inversiones
productivas, incentivos y ayudas, que nos parece importante, sobre todo
para el mundo empresarial y para el mundo comercial del área
metropolitana de Ferrol.
Sin ánimo de introducir una nueva variante en este aspecto, sí queremos
saber, después de cinco semanas del desastre, de la situación de
emergencia, cuál es la responsabilidad que pudiera haber en todos los
ámbitos con respecto al accidente. Este accidente no fue porque sí y
queremos saber si, desde el punto de vista meteorológico, desde el punto
de vista empresarial, desde el punto de vista de las autoridades
autonómicas, estatales, locales, etcétera, existe algún tipo de
responsabilidad.
Nosotros, por eso, a esta parte de los acuerdos que se llegaron a adoptar
en Ferrol en su día, y que están aprobados por los seis ayuntamientos,
incluido el que está gobernado por un alcalde del Partido Popular, hemos
presentado tres enmiendas, que nos parecen interesantes. En primer lugar,
pedimos un plazo benévolo, que esté por escrito lo que ha dicho el
ministro aquí y es que antes del verano, es decir, en el primer semestre
del año 1998, estén licitadas las obras de la autovía Fene-Nera-Ferrol.
En segundo lugar, medidas de acompañamiento. Las ponemos en general
porque nos parece que, a lo largo de las próximas semanas, puede haber
intención, por parte de los grupos sociales, de los sectores implicados y
también --por qué no-- de las autoridades, de aplicar medidas de
acompañamiento a cuestiones que estaban más o menos previstas en el
tintero --o por lo menos se nos decía eso--, como puede ser la rapidez en
tramitar ayudas, inversiones e incentivos que durante estos últimos meses
se han expuesto a los medios de comunicación por parte del Gobierno.
Para acabar, he de decirles que me parece importante que haya un cambio
de rumbo en la política del Grupo Popular con respecto a este tema. Lo
decía hace una semana. No me parece correcto ese muro infranqueable que
se ha puesto, desde Ferrol, al resto del territorio nacional, en un
partido que tiene tantas responsabilidades a nivel autonómico y a nivel
nacional. Creo que no ha valido para nada. De hecho, lo que este diputado
tiene que decir --y creo que me van a dar la razón-- es que, si hoy sólo
se presentan enmiendas técnicas, ustedes van a estar de acuerdo, en
general, con la visión que los demás hemos tenido desde un principio.
Yo diría una cosa. El otro día estuvo el vicepresidente del Gobierno en
Galicia. Arias-Salgado no estuvo en Galicia por este tema; seguro que
Arias-Salgado no pertenece al sector gastronómico del Partido Popular. El
señor Alvarez-Cascos estuvo en la feria del cocido anteayer, pero no
atendió a Ferrol ni a ningún tipo de autoridad de la zona de Ferrol.
(Rumores.) Me parece que es una falta de amabilidad con respecto a una
zona donde no están resueltos los problemas porque allí ya ganamos las
elecciones, como se dijo aquí la semana pasada. No es el problema de
haber ganado las
elecciones, es un problema que surgió hace cinco semanas, y creo que hay
que dialogar. Y diría más. Todos estamos dispuestos y todos los
ferrolanos están dispuestos allí a que ustedes puedan escoger
interlocutor. Pueden escoger a cualquiera de los cuatro sindicatos
mayoritarios que existen allí: UGT, Comisiones Obreras, la Ciga y USO. A
los cuatro juntos o a cualquiera de ellos. Pueden escoger a los
representantes de la CEOE de allí, pueden escoger a la Asociación de
empresarios Ferrol Terra, juntos o por separado. Pueden escoger a
cualquier tipo de partido político, juntos o por separado, porque la gran
mayoría de la población estamos representados en esa plataforma.
No es de recibo que, a estas alturas y con estas situaciones de
emergencia, el Gobierno, o los representantes del Gobierno en el
territorio de Galicia, no admitan un diálogo con las personas que
representan al pueblo en ese momento, porque tan importante es el alcalde
de un ayuntamiento como el del otro. En una situación de emergencia, no
se debe mirar cuál es su partido, sino a los ciudadanos a los que
representa.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Borreiros, le ruego
concluya, por favor.
El señor BORREIROS FERNANDEZ: Termino.
Al comienzo yo decía que el Partido Popular tenía que hacer un cambio de
rumbo y tenía que rectificar, y me parece muy bien que hoy sea el
comienzo de ese cambio de rumbo. Lógicamente, la facultad para aceptar
las enmiendas no pertenece al Grupo Parlamentario Socialista en este
caso, sino al grupo del Bloque Nacionalista Galego. Aunque no se admitan
las enmiendas del Partido Socialista, nosotros vamos a votar a favor, y
lo vamos ha hacer, precisamente, para dar ese margen de confianza y para
ofrecerle la mano al Partido Popular, a ver si cambia de actitud y de
rumbo, ya que en términos marineros rumbo también significa derrota.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Borreiros.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda hemos presentado una enmienda a la moción
del Bloque Nacionalista Galego, manifestando de entrada nuestro apoyo a
la misma, pero queriendo dejar claro con nuestras enmiendas lo que es la
opinión de nuestro grupo --Nueva Izquierda-- en coherencia y en
concordancia con lo que nos ha planteado Esquerda Unida-Esquerda Galega,
y es que en este tema hay una evidente responsabilidad pública que es
necesario reconocer. Para algunos esa responsabilidad pública procede de
una desidia histórica hacia Galicia, concretada en la escasa dotación de
infraestructuras, que da lugar a que se acuse de manera especial la
dependencia de alguna de ellas, aquellas cuya desaparición causa una
situación dificilísima, como ha ocurrido en Ferrol; para otras personas,
esa responsabilidad histórica es el resultado del mal funcionamiento de
servicios públicos, como el Instituto Nacional de Meteorología,
circunstancia denunciada en su día por la Xunta; para otros, esta
responsabilidad pública puede ser el resultado de una escasísima y
deficiente política de seguridad marítima, que ha dado lugar a diversos
graves accidentes en la Comunidad Autónoma gallega. Finalmente, habrá
quien piense que esa responsabilidad pública es consecuencia de la
implicación de una empresa pública.
En definitiva, desde Nueva Izquierda pensamos que es necesario que esta
Cámara apruebe un conjunto de medidas que acrediten la responsabilidad y
el compromiso del conjunto del pueblo español con los habitantes de esta
comarca de Ferrol, gravemente afectados por el accidente del puente de As
Pías, y, en este sentido, vamos a apoyar la moción presentada por el
Bloque Nacionalista Galego.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Finalmente, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Nosotros no pretendemos en modo alguno repetir el debate celebrado la
pasada semana con motivo de la interpelación presentada por el Bloque
Nacionalista Galego. Tampoco entendemos que la moción presentada hoy,
consecuencia de la interpelación del pasado miércoles, sea limitada en
sus aspiraciones. Es una moción que nosotros consideramos importante, que
merece nuestro respaldo --y lo digo desde aquí-- y que pretende mejorar
en algunas cuestiones ciertos términos que se valoran y reflejan en dicha
moción.
A través de la intervención que hoy haré en la Cámara, queremos dejar muy
claro, sobre todo después de haber oído algunas intervenciones en las que
se buscan responsabilidades de todo tipo, que nadie es responsable de que
la plataforma se haya estrellado contra el puente y, desde luego, si
alguien no lo es, es el Gobierno del Partido Popular ni muchísimo menos
el alcalde del Ferrol. Conviene recordar, ante tanta demagogia escuchada
durante todos estos días, cuáles son las acciones que ha tomado el
Gobierno de la nación, el autonómico y el del Ayuntamiento de Ferrol a
partir del día 13, fecha en la que se produce el desgraciado
accidente. Para ello, no hay más que leer las actas que se han producido,
por ejemplo, en un Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Ferrol que
recogía diez puntos, que se han cumplido en su integridad, y que son los
siguientes: solicitud al Gobierno para que en el próximo Consejo de
Ministros, es decir el del día 16, que fue cuando se produjo la
aprobación, se adoptaran las medidas necesarias para que la reparación
del puente dañado se hiciera en el menor tiempo posible; demandar del
Gobierno, dada la situación creada por la catástrofe, la materialización
del inicio inmediato de las obras, es algo que se ha realizado en virtud
del acuerdo del Consejo de Ministro; demandar la potencialización de los
medios de transporte colectivo, también se ha realizado al pasar de 6 a
38 servicios ferroviarios de cercanías totalmente gratuitos porque han
sido asumidos por la Xunta de Galicia; establecer sistemas de emergencia
y control por parte de la Guardia Civil y de la Policía Municipal en la
carretera de Castilla, es algo que se está realizando; valoración
socioeconómica de las repercusiones que el accidente tuvo en la comarca,
se está realizando en todos los ayuntamientos; y convocatoria urgente de
la Mancomunidad de municipios de la ría, algo que hizo de manera
inmediata el alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, por cierto del Partido
Popular.
Además, el alcalde de Ferrol, en fecha 28 de enero, es decir, dentro de
los plazos que establece la legislación vigente, remitió un oficio a la
Delegación del Gobierno que, por no leerlo entero, al final, dice:
Presento solicitud mediante este escrito para que en su caso se inicie el
expediente a fin de evaluar y proceder a la ejecución de actuaciones
reparadoras, si a ello hubiera lugar, por cumplirse las condiciones
requeridas, y para ello se contemple la normativa vigente.
Es decir, desde el punto de vista de la Administración local, desde el
punto de vista del Ayuntamiento de Ferrol, el Ayuntamiento en pleno, con
su alcalde a la cabeza, tomaron las medidas que había que adoptar para
poner en funcionamiento la maquinaria administrativa y que funcionaran de
consuno las administraciones públicas.
Por otro lado, hay que recordar que a petición del Ministerio de Fomento,
en el primer viernes de celebración del Consejo de Ministros, se
adoptaron una serie de medidas que es ocioso reiterar por conocidas en
este trámite parlamentario.
Pero lo que sí quiero decir de una manera clara es que el Grupo
Parlamentario Popular entiende que la moción presentada por el Bloque
Nacionalista Galego en este momento tiene una serie de puntos que
consideramos importantes para lo que es el seguimiento de las acciones
que ya ha emprendido el Gobierno de la nación, de manera que con tres
enmiendas que planteamos de una manera muy determinada al punto número
dos, donde dice: resolver determinadas deficiencias estructurales graves
de la comarca reiteradamente desconsideradas en su solución, nosotros no
queremos mirar al pasado, y esta desconsideración de gobiernos anteriores
no se produce en este momento. (Rumores.) Con las medidas que ha adoptado
el Ministerio de Fomento y el Consejo de Ministros entendemos que es
realmente ocioso reiterar esta solicitud. Por lo tanto, pedimos al Bloque
Nacionalista Galego que considere lo que es nuestra primera enmienda
presentada al punto número dos.
En el apartado 2.2, en el que se hace referencia a la reconstrucción del
puente As Pías, con criterios que permitan una fluidez de tráfico
apropiada a las necesidades actuales, nosotros entendemos que es
necesario incluir en ese segundo punto que el plan general de ordenación
urbana del Ayuntamiento de Fene, cuya revisión se inició en el año 1993 y
todavía no se ha terminado, pueda acometer las obras que se plantean en
el punto tercero.
Respecto a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista
(hay que recordar que el vicepresidente primero del Gobierno no sólo ha
ido como tal a Galicia el último domingo, sino que ha estado en otras
ocasiones, y seguro que también ha estado sin ser vicepresidente primero
del Gobierno; habría que preguntarse cuántos vicepresidentes del gobierno
socialista han estado en catorce años, no sólo en Galicia sino tampoco en
Ferrol), hay que tener en cuenta que el apoyo que se ha prestado por este
Gobierno, por el propio Ministro de Fomento, por el propio presidente del
Gobierno, es necesario y conveniente para sacar adelante los problemas
que hemos tenido que solucionar en un tiempo récord.
No entendemos las enmiendas que se presentan. La primera de ellas pide
que en el primer semestre del actual ejercicio presupuestario, como
plantea el Grupo Parlamentario Socialista, se liciten unas obras que
realmente si estuvieran previstas desde hace años por el Gobierno
socialista ya estarían licitadas, lo cual quiere decir que no estaban ni
siquiera previstas. Entendemos que es mucho más razonable la propuesta
que realiza el Bloque Nacionalista Galego, en el sentido de estudiar y
hacer públicas las circunstancias y causas del desastre identificando y
exigiendo responsabilidades, si las hubiere. Yo creo que hay algo, como
son las diligencias abiertas en el juzgado de guardia de Ferrol, las
investigaciones abiertas por el propio astillero, el Ministerio de
Industria, el Ministerio de Fomento, que en su día depurarán
responsabilidades y dirán quién tiene que hacerse cargo de esos pagos que
todos los ciudadanos de la comarca de Ferrol Terra que se han visto
afectados por este desgraciado accidente tendrán que verse compensados
por aquellas indemnizaciones a que hubiere lugar.
Entendemos que, tal y como está planteada la moción consecuencia de
interpelación por el Bloque Nacionalista Gallego, es suficiente y recoge
realmente los problemas que en este momento existen, a los que el
Gobierno
ha tratado de dar solución ya con acuerdos concretos del Consejo de
Ministros, que lo que vienen aquí es a respaldar la actuación que ha
seguido el Gobierno y que, por tanto, si contáramos con la aquiescencia
del Bloque Nacionalista Galego para aceptar las enmiendas que nosotros
hemos presentado, estaríamos en condiciones de votar a favor, sin ninguna
duda, dicha moción porque es imprescindible que, de verdad, y no con
palabras aquí sólo, se demuestre una unidad de acción y no simplemente el
todo vale con tal de ir contra el Partido Popular que gobierna en el
Ayuntamiento de Ferrol, en la Xunta de Galicia y en el Gobierno de la
nación y por algo será, porque las urnas lo han determinado.
Por tanto, señorías, con las enmiendas que hemos formulado, el Grupo
Parlamentario Popular votará a favor la moción presentada por el Bloque
Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Fernández de
Mesa.
¿Grupos distintos de los enmendantes que desean fijar su posición en el
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado la moción consecuencia de
interpelación de la semana pasada con un texto muy positivo y correcto.
Por tanto, le damos nuestro apoyo, incluso con la aceptación de las
enmiendas del Grupo Popular, que parece ser que van a prosperar porque
suponen una mejora técnica, aun cuando consideramos que la verdadera
mejora técnica es la presentada al punto 2.2. Por lo que se refiere a las
otras enmiendas, quizá sea mejor el texto inicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar nuestro apoyo a la moción consecuencia de interpelación
de la semana pasada.
Para no repetir nuestra argumentación, quiero decir que lo moción recoge
prácticamente la literalidad de la proposición no de ley que presentó
Izquierda Unida al día siguiente del desastre. Por tanto, es una moción
tremendamente oportuna que va contar con nuestro voto favorable.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Meyer.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, a los efectos de manifestar la
aceptación o no de las enmiendas planteadas por los diversos grupos.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Quería que todos los grupos parlamentarios tuviesen en cuenta que la
intención de esta moción es centrar el debate en la situación y realidad
de Ferrol Terra antes y después del desastre. Por tanto, hay una voluntad
explícita, clarificada, de no querer entrar en este debate sobre las
causas del desastre y, mucho menos, en la dialéctica y el comportamiento
que pudiesen tener determinado tipo de directivos o de responsables en un
astillero que está en una situación de sufrimiento continuo y pendiente
de un hilo, como es Astano. Por tanto, este tema está deliberadamente
dejado aparte. En la medida en que ese tema aparece de forma explícita o
implícita en algunas de las enmiendas, no las vamos a aceptar por la
cuestión de que quede perfectamente centrado el tema.
El tema se refiere a unos puntos de partida inexcusables para sacarnos
del pozo negro del que debemos salir, desde el punto de vista de las
infraestructuras y desde el punto de vista de la ayuda económico-social.
Por tanto, es realismo, pero con contundencia. Aspiramos a que no se
toque esta estructura y, de hecho, las enmiendas del Grupo Popular no
tocan esta sistemática y las presentan como mejoras técnicas, aunque
alguna sería discutible. Por ejemplo, cuando se nos priva del servicio de
cercanías queda claro que hay una intención de mejorar la
infraestructura, lo que para nosotros ya es un caballo de batalla
inicial.
Por la coherencia de la moción vamos a aceptar las enmiendas del Grupo
Popular. Pero queremos dejar claro que en los debates pendientes en
Comisión se tratarán, por nuestra iniciativa, el tema de las causas del
desastre, el problema de los servicios meteorológicos y otros colaterales
que no queremos introducir en este momento.
Para acabar, señor presidente, quiero decir que agradecemos profundamente
a todos los grupos de la Cámara su espíritu constructivo, de forma
especial a los diputados que en los distintos grupos parlamentarios
trabajaron para que esto saliese adelante, y también para los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas y estoy seguro que entenderán
el sentido político de nuestra posición.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Vamos a proceder a la votación de la moción. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas
para solucionar la situación de Ferrol y su comarca, agravada a
consecuencia del desastre del día 13 de enero de 1998, en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 312; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
moción.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EXTENSION DE LA PESTE PORCINA
EN ESPAÑA DURANTE 1997-1998 Y SUS REPERCUSIONES EN LA ECONOMIA DEL SECTOR
GANADERO E INDUSTRIAL EN NUESTRO PAIS. (Número de expediente 173/000061)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia
de interpelación urgente, del Grupo Socialista del Congreso, sobre
extensión de la peste porcina en España durante 1997 y 1998 y sus
repercusiones en la economía del sector ganadero e industrial en nuestro
país.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Cunillera.
Señorías les ruego silencio. Señora de Lara. Señor Barrionuevo.
Puede comenzar, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
La moción que hoy discutimos es consecuencia de la interpelación urgente
de nuestro grupo, del pasado día 11, sobre extensión de brotes de peste
porcina y las repercusiones que estos brotes del año pasado y parte del
actual han tenido en la industria y la economía de nuestro país.
Desde la declaración de los primeros focos en Cataluña, hemos asistido a
una permanente fuga de responsabilidades por parte de las
administraciones competentes entre sí, y desplazando parte de estas
responsabilidades hacia los ganaderos cuyas granjas se han visto
afectadas por la epidemia.
Me gustaría, en primer lugar, que nos pusiéramos todos de acuerdo en
dejar de lado a los ganaderos, los que no han tenido nada que ver en la
extensión de la enfermedad, ni tan siquiera en la importación de la
misma, ya que si la Administración tiene la seguridad de que algunos
importadores no han actuado correctamente al respecto, tiene los
mecanismos necesarios a su alcance para dilucidar estas responsabilidades
y, si no los tiene, debe habilitarlos, pero nunca tratar por igual a
quienes hayan tenido alguna responsabilidad, bien sea por desidia o por
la avaricia de importar lechones de bajo precio y a quienes, en
definitiva, han sido los más directamente afectados por esa manera de
actuar. Esto ya sería un gran paso adelante. Otro paso que llevaría gran
tranquilidad al sector sería que, por parte del Ministerio, se explicara
cuáles han sido las actuaciones que se han llevado a cabo frente a la
Unión Europea en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada, por
unanimidad de todos los grupos, en la Comisión de Agricultura, y que
instaba al Gobierno a que, en el ámbito de la Unión Europea, se buscaran
las responsabilidades de los países que, al no ejercer con eficacia el
control veterinario al que están obligados, extendieron la peste porcina
clásica a nuestro país y la consecuente exigencia de indemnizaciones a
que diera lugar.
Tendremos, seguramente, ocasión de hablar de ello más adelante, pero
nuestra moción de hoy se centra en dos grandes cuestiones que, a nuestro
entender, están pendientes y reciben un tratamiento poco eficaz del
Ministerio, como son el enfoque de la sanidad animal en general, en el
caso concreto de la PPC especialmente, y las partidas presupuestarias
habilitadas para hacer frente a una contingencia como la de la peste, no
contemplada en las leyes presupuestarias del año pasado ni en la del
presente.
Tampoco es la primera vez que hemos tenido ocasión de debatir sobre la
atención que desde el Ministerio de Agricultura se presta a la sanidad,
tanto animal como vegetal, desde los recortes presupuestarios que en esta
materia se produjeron en su momento, como la desaparición de las
direcciones generales específicas en los dos aspectos sanitarios,
justamente en un momento en que serían más necesarias que nunca. También
de ello seguramente podremos hablar, pero en este momento hay que
remediar la extensión de la peste porcina clásica en España con cuatro
comunidades autónomas con focos declarados, aunque en Cataluña llevamos,
afortunadamente, muchos días sin que se declare ninguno nuevo, lo que
hace esperar que estemos saliendo ya de la PPC en aquél territorio, así
como en otros focos de Castilla y León. Precisamente porque en Cataluña
se está saliendo de la epidemia después de diez meses de lucha contra la
misma, es por lo que esta experiencia nos debería servir para no repetir
los errores que allí se han producido.
Hemos escuchado a la ministra quejarse por lo que respecta al control
sanitario veterinario de dos cosas fundamentalmente: por un lado, del mal
funcionamiento del programa Animó y, por otro lado, de la falta de
coordinación entre comunidades autónomas españolas. Por lo que respecta
al primer tema, es evidente que es en el ámbito de la Unión Europea donde
deberá ejercer sus buenos oficios negociadores , y sabe la señora
ministra que cuenta con nuestro grupo
para ello. La segunda cuestión, más allá de normas y competencias, es un
tema fundamentalmente de cooperación y de diálogo de las comunidades
entre sí y con la Administración del Estado. No parece que la ministra
ande escasa de la buena disposición de todos, por tanto, no hay excusa
para no subsanar las deficiencias que hemos podido observar. Por ello, en
nuestra moción hacemos una incidencia especial en el tema sanitario
veterinario. No se puede establecer una lucha coordinada contra la peste
porcina clásica en el territorio español, si el Ministerio tiene a sus
órganos administrativos de dirección de la sanidad animal en la
precariedad en que los tiene en este momento. No hay lucha contra una
epidemia que sea eficaz sin una dirección clara. De la misma manera,
tampoco serán eficaces las medidas que se puedan adoptar en ese ámbito si
las asociaciones de defensa sanitaria animal no cuentan con los medios
necesarios para sus actuaciones, así como para la instalación de una red
de centros de desinfección de los vehículos destinados al transporte del
ganado porcino.
En este sentido, como una imagen vale más que mil palabras, sólo cabría
relatar los hechos producidos el pasado día 11 de febrero, el mismo día
que en este pleno se estaba discutiendo la interpelación origen de esta
moción, que sucedieron en Soria y que ilustran nítidamente lo que vengo
diciendo. Ese día, en Soria, son devueltos a Segovia, por orden del
subdelegado del Gobierno, dos camiones que transportaban cerdos
procedentes de la zona de vigilancia contra la PPC de Segovia, con
destino a la fábrica de harinas de carne Lo-Gar, y que habían sido
denunciados por la Guardia Civil por infracciones a la Ley de epizootias
y sanidad animal de la Junta de Castilla y León. No era la primera vez
que se daba un suceso de estas características. Había ocurrido ya un
hecho similar el 28 de enero, situación que había sido calificada de
chapuza por los representantes del sector, incluso después de haberse
sabido que las autoridades correspondientes han reconocido que no se
cumplían las normas. Pero es que para llegar a Soria, esos camiones que
procedían de Segovia habían cruzado las dos provincias , hasta que fueron
retenidos en Matalebreras, siguiendo la Nacional 122. Para ello, habían
tenido que cruzar frente a dos instalaciones del Seprona, una en San
Esteban de Gormaz y otra en Garray, todo ello , repito, después de haber
ocurrido lo mismo el 28 de enero. Pero es que hay más. Esos camiones que
se detuvieron en Soria vuelven hacia Madrid, por lo que se dirigen hacia
la Nacional II, atravesando zonas de alta densidad de ganado, como
Almazán o el triángulo Arcos de Jalón-Medinaceli-Santa María de Huerta o
Guadalajara.
Las preguntas que a uno se le suscitan de inmediato son: ¿Quién a
controlado la salida de Segovia? En el caso de Soria, ¿no era posible
pararlos antes de Matalebreras y no se ejerció ningún control? Es
evidente que la respuesta es que no. Nadie ejerció ningún control. No se
hizo nada, no sirvió la experiencia anterior de Cataluña ni la de las
mismas tierras quince días antes. De esto no se le puede echar la culpa
al programa Animó, no se le puede echar la culpa a los ganaderos, no se
le puede echar la culpa a otros países europeos; la culpa es de las
autoridades españolas que tienen la responsabilidad de poner los medios
no sólo para que no vuelva a suceder, sino también para que se reparen
los daños que se hayan podido causar al sector por esa mala gestión de
los recursos de los que disponen y su mejora, si hace falta. Para esa
mejora, si hace falta habilitar créditos presupuestarios, se habilitan
los que sean necesarios.
El Plan nacional de erradicación de la peste porcina clásica, que se
presentó ante el comité veterinario de la Unión Europea, contiene los
elementos para la lucha, pero no la dotación necesaria para ella. De la
misma manera, se necesita dotar de medios, como he dicho antes, a las
asociaciones de defensa sanitaria animal y al comité nacional de crisis,
en el que deben estar representados las administraciones competentes,
tanto del Estado como de las comunidades autónomas, pero también el
sector productor e industrial.
Nuestro hincapié en la dotación presupuestaria suficiente nace de las
dudas que suscita la observación de cómo se ha venido haciendo en el
pasado reciente. Discutimos aquí, en julio del pasado año, la
convalidación del Real Decreto-ley 10/1997, sobre dos créditos por un
importe de 4.200 millones de pesetas, y estábamos hablando en ese momento
de un sacrificio previsto de 200.000 animales y de una salida de la
epidemia fijada para el 15 de septiembre del pasado año. Pues bien, sólo
en Lleida se han sacrificado del orden de 850.000 animales hasta hace 40
días, en Segovia se llevan sacrificados 100.000 animales y nos
encontramos en plena lucha contra los brotes de epidemia. Por tanto, los
números optimistas que se hacían en aquel momento en el Ministerio se han
visto ampliamente desfasados por la realidad y se hace obligado que por
parte de la Administración se dé cumplimiento a lo tantas veces
comprometido, tanto en este Pleno como en la Comisión de Agricultura, por
parte de las autoridades del Ministerio, de la propia señora ministra, en
el sentido de que, mientras se luche contra la PPC, se habilitarán todos
los créditos que sean necesarios. Ahora es el momento de hacerlo y, por
ello, querría insistir en dos elementos que me parece que no son en
absoluto menores.
El secretario general del Ministerio se mostró rotundo en la Comisión de
Agricultura cuando afirmó que no habría dinero para los ganaderos que han
tenido sus instalaciones improductivas por un tiempo excesivamente
prolongado para que se pueda sostener por sus economías, con el
razonamiento de que en ningún país se ha hecho y por la dificultad de
calcular cómo se podía abonar.
Una vez más, debo repetir que no se puede tratar de igual manera a todos
los ganaderos afectados: unos
han salido ganando con esa epidemia y otros posiblemente deberán dejar de
explotar sus granjas por no poder resistir precisamente ese período
improductivo.
Otra cuestión pendiente es el tratamiento fiscal que se deba dar a los
ingresos atípicos que han tenido los ganaderos por los sacrificios de sus
animales. La ministra habló en la Comisión de Agricultura de las
dificultades en la negociación con los responsables de Hacienda, pero es
que ya no queda mucho tiempo para articular las soluciones
correspondientes. Y creo, señorías, que, visto lo que hay, no hace falta
insistir mucho en la necesidad de aprobar las medidas que contiene
nuestra moción, llevarlas a cabo y dejarse de grandes discursos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Cunillera.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario
Mixto, para cuya defensa tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda hemos presentado una enmienda
a la moción socialista. Vamos a votar esta moción en su conjunto, pero
consideramos que deberían quedar de forma más explícita dos puntos que a
Iniciativa per Catalunya nos han preocupado mucho desde que hemos sufrido
las repercusiones de la crisis de la peste en Cataluña.
Creemos que debe constar en esta moción de forma explícita la
habilitación de créditos específicos para el pago del período
improductivo. Con motivo de la interpelación ya tuvimos ocasión de
señalar que de esta crisis no todo el mundo va a salir igual y que no se
pueden echar las campanas al vuelo diciendo que esto ya está solucionado.
Sabemos y nos consta que hay ganaderos que de esta crisis han salido con
una situación prácticamente de quiebra; son ganaderos fuertemente
endeudados que, después de tener 10 y 11 meses sus granjas vacías,
difícilmente van a poder hacer frente ahora a la reposición de los
animales.
La segunda enmienda hace referencia a la reflexión que deberá producirse
en el seno de la Unión Europea para que una situación como ésta no se
pueda volver a repetir. Me estoy refiriendo, señorías, a que deben
incrementarse los esfuerzos para estudiar una vacuna marcada que pueda
paliar situaciones como las que ahora hemos sufrido en toda la Unión
Europea, que han producido la muerte ya de más de 10 millones de
animales. Creemos que la forma como estamos haciendo frente a la peste
porcina clásica es absolutamente incivilizada. Por tanto, se deben tomar
esas medidas de investigación para que pueda ser resuelta de otra manera.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muhas gracias,
señora Rivadulla.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Con gran
brevedad.
Ya vimos en el debate de la interpelación que había presentado el Grupo
Parlamentario Socialista la pasada semana a este respecto, los argumentos
que por parte de la Administración, del Gobierno español y en boca de la
señora ministra de Agricultura Pesca y Alimentación se habían
manifestado.
Quiero señalar que a mí me sorprende el sistema que se ha seguido para
presentar esta moción, en el sentido de que estamos hablando de una
epizootia animal en que el comportamiento de las ondas de contagio son
verdaderamente difíciles y heterogéneas. Aquí es necesario todo
llamamiento a la prudencia y a la confianza en los servicios
profesionales veterinarios, tanto del Estado español, del Gobierno
central, como de las comunidades autónomas afectadas. Venir con esta
propuesta a poner en duda cuestiones que el Comité veterinario de la
Unión Europea, a juicio de este portavoz, ha dejado claramente sentadas,
es hacerle un flaco servicio a la estructura profesional de los servicios
de sanidad veterinaria del Ministerio de Agricultura y de las comunidades
autónomas.
Tampoco estamos conformes con que se proponga aquí nada más y nada menos
que la creación de un comité nacional de crisis. No le demos cuartos al
pregonero en lo que son en el fondo también los intereses de productores
del porcino en Europa, intereses económicos que tratarán siempre de
magnificar estos fenómenos en los cuales la responsabilidad
administrativa, vuelvo a decir, en el comportamiento de las ondas
epizooticas de estos virus no está sometida a unas reglas que puedan ser
reguladas por el Código Penal y requieren, por tanto, unos planteamientos
de mayor sensatez. Si existe en este momento un Comité nacional de
seguimiento, donde están la Administración central y las comunidades
autónomas, déjese que este Comité nacional de seguimiento actúe y
funcione, pero no vayamos a superponerle un comité nacional de crisis que
verdaderamente crea una hipertrofia de valoración en Europa que no
favorece a los intereses españoles.
No olvidemos que no estamos hablando aquí de un simple problema
sanitario, estamos hablando de algo que tiene una confrontación de
intereses económicos y que los intereses de los países europeos
productores de porcino no están muchas veces todo lo claros que deben
estar ante el Comité veterinario. A nivel de las autonomías están las
unidades de seguimiento. Cada autonomía tiene la responsabilidad de sus
unidades de seguimiento, basadas también en unos estamentos profesionales
que tienen que hacer esta labor. No vemos
cuál es el alcance que se conseguiría con esto. Hay una Subdirección
General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, y en este
momento no es una cuestión de que esté o no esté cubierto el puesto
responsable, que tiene que seguir unas líneas administrativas; creemos
que se debe dejar que se sigan estas actuaciones porque no sé qué
solución se podría aportar.
En este tema yo le pediría al Grupo Socialista que tuviera sentido de
responsabilidad, que no de oportunismo, y confiara en los cuerpos
profesionales, porque se trata de un problema muy aleatorio y de difícil
contención y hacer oportunismo en este momento sobre esta materia nos
parece peligroso. En este combate a la enfermedad, los profesionales, en
distintas épocas, han planteado sistemas de lucha con vacunación con
virus de cepas chinas, hoy no permitidos, y en la actualidad se va a
otras fórmulas. ¿Que parecen caras las indemnizaciones? Pero también las
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera tienen que tener su grado de
responsabilidad. No se puede decir aquí, señora Rivadulla, que las
agrupaciones de ganaderos in extenso no son responsables de parte del
problema que han tenido. Esto es muy fácil de decir, llevarlo a una sola
responsabilidad administrativa; esto no es serio; esto no se soporta por
quienes conocen un mínimo el campo del comportamiento profesional
especulativo. Sobre todo, se trata de hacer victimismo al decir que son
dañados económicamente con el sacrificio cuando se está pagando el
sacrificio a precios de mercado. Es muy fácil ponerse de ese lado, de los
que dicen que tienen endeudamiento. Vamos a ponernos del lado de una
Administración que tiene que resolver un problema con seriedad y sin una
sobrecarga en los Presupuestos Generales del Estado.
Por esta razón, señor presidente, mi grupo no va a votar favorablemente
esta iniciativa parlamentaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) va a votar en
contra de la moción presentada por el Grupo Socialista, así como de la
enmienda de adición del Grupo Mixto en relación con la extensión de la
peste porcina en España durante 1997 y 1998.
En primer lugar, por entender que se trata de una moción presentada fuera
de tiempo y tarde por tratarse de un problema que ya está bastante
controlado.
En segundo lugar, el propósito de habilitar un presupuesto extraordinario
para financiar determinadas medidas, así como la dotación de partidas
presupuestarias que estaban en el apartado 3 de la moción, nos parece que
están también fuera del tiempo y de los objetivos que se pretenden
paliar.
Por otro lado, a través de algunas de las medidas propuestas intuimos una
injerencia en el ámbito competencial de las comunidades autónomas con
competencias plenas en la materia.
Finalmente, el punto cuarto de la moción puede llegar a ser especialmente
desafortunado, en el sentido de que puede llegar a potenciar el
absentismo de los ganaderos o, lo que es peor, que se utilice la afección
a determinadas zonas de protección o vigilancia para declarar situaciones
falsas con el fin de cobrar las indemnizaciones establecidas por los
sacrificios de animales.
Por todo ello, como he dicho al principio, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) va a
votar en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista, así como
de las enmiendas de adición presentadas por el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más, nos encontramos encima de la mesa una moción consecuencia de
la interpelación que vimos la semana pasada y que hace referencia a la
problemática ligada al ganado porcino. Por tanto, estamos frente a un
problema que ha afectado de forma importante al sector, pero cuyas
secuelas han influido también en otros sectores, como puede ser la
fabricación de los piensos, los mataderos, los frigoríficos, etcétera. En
tal caso, nunca podemos considerar que la problemática ha sido de
carácter menor.
En las diferentes intervenciones que hemos tenido a lo largo de esta
legislatura ha quedado suficientemente demostrada la preocupación que
existe en nuestro grupo parlamentario, sobre todo por lo que hace
referencia a la sanidad animal y de una forma especial por la
problemática surgida en el entorno de la importación del virus de la
peste porcina clásica, no en vano Cataluña ha sido una de las principales
víctimas.
Aunque en este momento podamos tener la tentación de centrar
exclusivamente nuestra preocupación en el entorno de la peste porcina
clásica, creemos que sería un error, ya que en cualquier momento podemos
tener experiencias similares con otras enfermedades y con otras especies.
Por tanto, creo que es importante tener una visión más amplia del
problema.
Creemos que la problemática se puede dividir en dos grandes paquetes: uno
sería la prevención de la enfermedad y, otro, la erradicación de la
misma. Por lo que hace referencia a la prevención, nuestro grupo
parlamentario
ya presentó en la Comisión de Agricultura del año pasado una proposición
no de ley, que fue aprobada, en la cual instábamos al Gobierno del Estado
a presentar a las Cortes Generales un programa a nivel del Estado español
en el cual se regulase el movimiento de los animales vivos, dentro de lo
que es la geografía del Estado español. En un segundo punto también
instábamos al Gobierno a que hiciese presión ante la Unión Europea para
que se cumpliese la normativa comunitaria, tanto por lo que hace
referencia al movimiento de animales entre diferentes países de la Unión
Europea como a un control más exhaustivo de las importaciones de animales
de terceros países. Muchas veces entran por Estados que no tienen un
interés especial en el sector porcino --hablo del sector porcino por lo
que tenemos encima de la mesa-- y el control fronterizo no se ajusta a la
normativa comunitaria. Creo que en este momento se está trabajando en la
presentación del programa Animó a nivel del Estado español, como
compromiso del Ministerio; por tanto, si eso es así, entendemos que va
por buen camino.
Por lo que hace referencia a la lucha, también sabemos que el Ministerio
ha presentado en Bruselas un documento, un marco nacional de actuaciones
de lucha contra la peste porcina clásica; lo hemos leído y pensamos que
puede tener interés. Por tanto, esperemos que si en el futuro se produce
algún tipo de nueva infección se ponga en marcha ese protocolo.
En el caso de Cataluña, en este momento, parece que está controlado; da
la impresión de que también en las otras comunidades autónomas está
remitiendo y, por tanto, nosotros nos alegramos. En este momento, lo que
tenemos que hacer es continuar luchando con seriedad, controlando los
movimientos de los animales dentro de la geografía del Estado español y
creo que eso será un éxito en el futuro.
Por tanto, señora ministra, le emplazamos a que se cumpla lo que se
acordó en la Comisión de Agricultura y a que se presente lo antes posible
ese proyecto de trabajo, el programa Animó, sobre todo en lo relativo al
control del movimiento de los animales dentro del Estado español, lo que
seguramente daría seguridad al sector y sería un buen sistema de
prevención para evitar que esos focos se vayan extendiendo por la
geografía española.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para indicar el voto favorable de nuestro grupo a
esta moción y para repetir que, a nuestro modo de ver, la política
sanitaria de la Unión Europea es bastante inadecuada. El problema de la
peste porcina clásica es, además de un problema sanitario, un problema
económico y social; es un problema que afecta no solamente al propio
sector ,sino que también ha afectado a otra serie de sectores que se
mueven en torno a él. Las actuaciones se deben dirigir en distintos
niveles: uno de ellos es el ámbito europeo; otro, luchar contra la peste
estableciendo medidas técnicas; pero, sobre todo, es preciso buscar el
equilibrio social. En este sentido, es necesario indemnizar por los
períodos improductivos o por los períodos de vaciado sanitario
obligatorio --llámense cómo se llamen--, porque si no se indemniza a los
productores será muy difícil acabar con la peste y una gran cantidad de
productores terminarán en la ruina. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Es preciso que el Plan de ordenación del porcino no se
convierta, a la larga, en una reestructuración del sector. Como ya
dijimos la semana pasada, nos oponemos a que la lucha contra la peste
porcina clásica se convierta en una excusa para llevar a cabo una
reconversión no deseada o encubierta del sector. También queremos señalar
que cuando se dice que hay que fortalecer las ADS se hace en un plano
demasiado genérico; creemos que se debe concretar más, que es necesario
que se cree la obligatoriedad de pertenecer a una ADS y que éstas tengan
que contar con una dimensión geográfica específica. Los ganaderos
independientes no pueden estar dependiendo de los lechones de
importación.
Para terminar, quiero decir que creemos que es necesario abrir el debate
sobre la vacunación marcada. No hemos querido traer una enmienda en este
sentido, como en principio pensamos, porque era demasiado precipitado,
pero sí queremos hacer un llamamiento para que se abra este debate.
Creemos que no se puede seguir con la situación actual y que es necesaria
una profundización en lo que significa la vacunación marcada, que se
eliminen unos riesgos que se pueden ver más en apariencia que en la
realidad y que, al final, acabemos presentando una propuesta que sea
realmente efectiva porque, repito, es imposible seguir en las condiciones
en las que actualmente estamos.
Como decía, apoyaremos esta moción porque, aunque tengamos algunas
diferencias, es una posibilidad de evidenciar y llamar la atención sobre
una situación que está causando demasiados perjuicios a nuestra
ganadería.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tenemos que saludar, en primer
lugar, el acierto que supone la sustitución de la portavoz del Grupo
Socialista en esta cuestión, porque la apocalíptica interpelación de la
diputada socialista de la pasada semana, señora Leiva, ha dado paso a la
intervención de la diputada socialista señora Cunillera. (Fuertes
protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, no siga por ese camino --y menos a
estas horas de la noche-- por respeto a la señora Leiva. No provoque un
turno de alusiones que se ve venir, señor Llorens, y que alargaría
innecesariamente el trámite de esta moción.
Adelante, señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, lo he comentado porque la
diputada socialista por Lleida conoce perfectamente cuál es la situación
de la peste porcina clásica y, como la conoce, ha tenido una intervención
muy razonable. Sabe que está absolutamente controlada, afortunadamente
controlada, y en un período mucho menor que el que necesitaba el Partido
Socialista, cuando gobernaba, para dominar la peste porcina africana.
(Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Sosiéguense SS. SS., tengan en cuenta lo avanzado de
la hora.
Señor Llorens, céntrese.
El señor LLORENS TORRES: Por otro lado, señor presidente, la señora
ministra me acaba de informar, con la prudencia que la caracteriza, que
el foco de Toledo está dominado y que afortunadamente se lleva el mismo
camino en Segovia. Entonces, venimos a hablar de un problema que está en
vías de solución. (Rumores.) En Lleida está absolutamente solucionado y,
además, los agricultores afectados han cobrado; han cobrado 17.000
millones, de los 18.500 millones que tenían que cobrar.
No podemos apoyar la moción presentada, a un problema inventado, ya que
se ha deformado la realidad (Rumores.), porque no es necesario habilitar
un presupuesto extraordinario para financiar las medidas incluidas en el
Plan nacional de erradicación, pues las dotaciones presupuestarias
existentes en el programa destinado a la sanidad han sido más que
suficientes para cumplir los compromisos contraídos.
Promover la creación del comité nacional de crisis no tiene sentido,
porque existe una unidad de seguimiento en cada una de las comunidades
autónomas con funciones de comité de crisis para la lucha inmediata
frente a la enfermedad, porque existe un comité nacional de seguimiento
donde está representada la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas y porque la subdirección general de Sanidad Animal
es la unidad que polariza todas las informaciones recogidas en el ámbito
autonómico y que transmite todas las alertas sanitarias frente al comité
veterinario de la Unión Europea.
Habilitar dotaciones de partidas presupuestarias del Ministerio para
fortalecer la organización y los medios de que disponen las asociaciones
de defensa sanitaria tampoco es necesario, porque precisamente el próximo
lunes día 23 de febrero se va a presentar a la Conferencia sectorial de
agricultura y desarrollo rural la distribución de 415 millones de pesetas
entre las comunidades autónomas.
El complemento de indemnizaciones a los ganaderos de explotaciones
afectadas en zonas de protección no es posible, por último, porque la
Unión Europea prohíbe expresamente que se sobrepasen determinadas
cuantías, que son las que se han respetado. Por otro lado, tenemos que
comunicar que incrementar este justiprecio, lo que no es posible, sería
desvirtuar el equilibrio de mercado y sería una ayuda nacional, no
compatible con la organización común de mercados, en la carne de porcino.
Por tanto, señoras y señores diputados, lamentándolo mucho, no podemos
apoyar una moción en la que se plantean una serie de medidas que ya están
en marcha y que ya se están cumpliendo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.
Tiene la palabra la señora Cunillera, a efectos exclusivamente de aceptar
o rechazar la enmienda de la señora Rivadulla.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, ¿no le puedo agradecer
un poco al señor Llorens? (Rumores.) Lo dejaremos.
El señor PRESIDENTE: Está implícito en su afirmación.
La señora CUNILLERA I MESTRES: La enmienda que tenemos presentada por el
Grupo Mixto, por la señora Rivadulla, no la vamos a poder aceptar, y lo
voy a decir muy brevemente, por dos motivos. El primero, porque está
perfectamente reflejado, así lo entendemos nosotros, en el punto cuarto
de nuestra moción. Se dice: Las medidas compensatorias destinadas a los
ganaderos... Creemos que refleja de una manera clara lo que queremos
decir todos cuando hablamos de período improductivo. Nos parece que está
claramente reflejado.
Segundo punto, el tema de la vacuna. Algún día, todos los grupos
tendremos que ponernos de acuerdo para hacer un debate, una
comparecencia, lo que sea necesario, para hablar de la vacuna. En este
momento, el objeto de nuestra moción es consecuencia de una
interpelación, que es un acto de control al Gobierno.
El Gobierno, por boca de la ministra de Agricultura, está comprometido en
la lucha contra los brotes de peste porcina clásica a través de los
sacrificios cautelares de animales. Por tanto, ése es el objeto de
nuestro interpelación y de nuestra moción: controlar si el Gobierno está
cumpliendo las medidas que comprometió en la Comisión. No estamos
cerrados a hablar de vacuna en otro momento, pero creemos que no cabe en
nuestra moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera.
Vamos a proceder a la votación de la moción. (Pausa.)
Votación de la moción del Grupo Socialista, sobre extensión de la peste
porcina en España durante 1997/1998 y sus repercusiones en la economía
del sector ganadero e industrial en nuestro país.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295, a
favor, 136; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA SITUACION
ACTUAL DE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE
DE OLIVA. (Número de expediente 173/000062)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre la situación actual de la reforma de la organización común
de mercado del aceite de oliva.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, lamentando la hora y que un tema tan importante tenga que verse
con nocturnidad, voy a intentar ser breve para que podamos alcanzar un
importante acuerdo esta noche.
La semana pasada señalábamos que la presentación de nuestra interpelación
tenía dos objetivos. Por un lado, provocar una discusión serena y lo más
clara posible sobre la situación actual de la reforma de la OCM del
aceite de oliva, pero sobre todo intentaba alcanzar hoy un acuerdo
unánime del Parlamento español, que se convirtiese en un instrumento
importante en la defensa del aceite de oliva.
Con toda sinceridad, entendemos que la moción que presentamos puede
servir perfectamente para alcanzar ese consenso. Es muy concreta, trata
de reafirmar el apoyo de esta Cámara al acuerdo adoptado por el
Parlamento Europeo y de instar a nuestro Gobierno para que haga patente
ese apoyo ante la Comisión Europea y ante el Consejo de Ministros de
Agricultura de la Unión Europea. También pretende respaldar las
decisiones que de forma unánime ha tomado y tomará la Mesa nacional en
defensa del aceite de oliva.
Con todo lo concreta que es nuestra moción, si es aprobada, y mucho más
si lo es por unanimidad, recogería el anhelo del sector del olivar y
recogería el anhelo de la sociedad española, que saludó como un gran
éxito español el acuerdo del Parlamento Europeo, acuerdo alcanzado
después de un importante trabajo del eurodiputado Salvador Jové, pero
también gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los eurodiputados
españoles que supieron estar a la altura de las circunstancias. Hoy,
sería posible dar un nuevo impulso a esa unidad alcanzada en torno al
llamado informe Jové porque, una vez más lo repetimos, la unidad en este
momento es un valor en sí mismo, unidad que ha mantenido la Mesa en
defensa del aceite de oliva a pesar de las dificultades. En este sentido,
es justo reconocer el trabajo de los componentes de la Mesa, porque no es
fácil que se mantengan unidas organizaciones tan dispares ante un
objetivo común al que nadie renuncia. Mantenerse unidos, por ejemplo, la
patronal agraria y los sindicatos del campo, a pesar de seguir
manteniendo importantes diferencias en otros sectores, en defensa de un
objetivo común, en defensa del olivar. Por tanto, señorías, resultaría
muy difícil, inexplicable, que hoy no fuésemos capaces de llegar a un
acuerdo parlamentario sobre bases tan unánimemente defendidas por todos
los grupos de esta Cámara, como son el acuerdo del Parlamento Europeo y
las decisiones tomadas por la Mesa en defensa del aceite.
Cuando hablamos de alcanzar un acuerdo parlamentario, es evidente que no
pedimos que nadie renuncie a nada. Nosotros no lo haremos, porque en
estos momentos lo realmente importante es la unidad. Es precisamente esa
unidad alcanzada desde la diversidad de posturas lo que da importancia,
lo que da valor, a ese carácter unitario del acuerdo que espero que
seamos capaces de alcanzar hoy.
Por eso, entendemos la presentación de la enmienda del Partido Socialista
Obrero Español y la entendemos como una oportunidad para reafirmar
posiciones. Nos parece bien que su portavoz suba a esta tribuna y
defienda una serie de presupuestos con los que evidentemente podremos
estar de acuerdo. Lo que no entenderíamos, señorías, y sinceramente creo
que nadie lo entendería, es que, en nombre de unos objetivos que, repito,
todos podemos entender, se acabe rompiendo la unidad, se acabe votando en
contra del acuerdo del Parlamento Europeo o de los acuerdos de la Mesa.
Señorías, lo que define la postura de cada grupo es la votación, lo que
define lo que cada grupo representa es la
votación concreta del texto. El documento que se pone a votación dice
textualmente que este Parlamento acuerda dirigirse a la Comisión Europea,
así como a cada uno de los comisarios y de las comisarias que la
componen, y en especial a los señores Martín y Oreja, para que el
documento de la OCM del aceite de oliva respete el acuerdo del Parlamento
Europeo. También se propone dirigirse a todos y cada uno de los ministros
y ministras de Agricultura para solicitarles que tengan en cuenta el
documento del Parlamento Europeo. A este primer punto no hay presentadas
enmiendas y, por lo tanto, entendemos que va a ser aprobado por
unanimidad, ya que, repito, ningún grupo ha presentado enmiendas.
El segundo punto, al que sí se han presentado enmiendas, dice
textualmente, y es lo que se va a votar, y repito que cada grupo se
definirá con su voto, que el Congreso de los Diputados acuerda dar su
respaldo a las medidas que de forma unitaria adopte la Mesa nacional del
aceite.
Por eso, y lo repetimos, queremos pedir al resto de los grupos la misma
responsabilidad que hemos tenido nosotros para centrar la propuesta de
acuerdo en los dos elementos que entendemos con toda sinceridad que nos
pueden unir aquí, elementos que son la defensa del acuerdo del Parlamento
Europeo, acuerdo tomado con el voto unánime de todos los diputados
españoles, y también el apoyo a los acuerdos tomados por la Mesa del
aceite.
Nos parece que éste puede ser un buen elemento de unidad, para que salga
hoy de aquí reafirmada la unidad de las fuerzas políticas. De esta
manera, nos mostraríamos sensibles, recogeríamos el mandato que está
realizando la sociedad española y en concreto el sector y los sindicatos,
que han hecho comunicados llamando a la serenidad de los partidos
políticos y a que no se convierta en una lucha partidista lo que tiene
que ser un objetivo común de defensa del olivar. Unidad, eso sí, con
objetivos, porque nadie habla de dar cheques en blanco; unidad que
defienda el olivar, pero que también reivindique la legitimidad
democrática del Parlamento Europeo, porque, como decíamos la semana
pasada, el proceso de reforma de la OCM del aceite de oliva ha puesto en
evidencia, señorías, los tremendos déficit que tiene la construcción
europea, una construcción europea tantas veces denunciada por nuestro
grupo y que ahora se ve, en la práctica, cómo puede repercutir
negativamente en la economía de cientos de miles de españoles, cientos de
miles de españoles que, cuando votaron sus representantes en el
Parlamento Europeo, creían que estaban votando una auténtica cámara de
representantes, donde residía la Unión Europea.Se ha visto que no era
así, porque en estos momentos la construcción europea no ha alcanzado ni
mucho menos cuotas de Parlamento democrático. Si no, ¿qué democracia es
esta en la que un acuerdo del Parlamento Europeo no vincula a sus
gobiernos? O ¿quién respalda a Fischler frente a los millones de
ciudadanos que votaron en las últimas elecciones europeas?
Señorías, para no alargar más mi intervención, creo que es importante que
de aquí salgamos unidos; es importante que todos defendamos lo que ya
hemos venido defendiendo en otros momentos; que defendamos los acuerdos
del Parlamento Europeo, que nos reafirmemos en esa batalla, porque es hoy
el único documento que tenemos que admitir como válido, desechando
cualquier otro borrador fantasma que haya aparecido. Es importante que la
Mesa del aceite, que ha realizado un importante trabajo, se vea
fortalecida, pero también que se vea fortalecido, en general, el campo
español, porque también denunciamos la semana pasada que no es casual que
en un sector como el olivar, en el que la Unión Europea es líder mundial,
en el que además no hay excedentes de producción, se plantee una reforma
tan disparatada como la que intentaba llevar a cabo el comisario
Fischler. No se trata ni más ni menos que de una parte más de la
estrategia que hay en la Unión Europea, una estrategia que lo que
pretende es reducir el gasto en agricultura y reducirlo por dos motivos
fundamentales: por una parte, por la aplicación radical de la política de
Maastricht y para favorecer el dominio de las multinacionales sobre el
comercio mundial, dominio que se está acrecentando mediante la
liberalización acordada en el GATT.
Por lo tanto, repetir una vez más los millones de jornales que dependen
del aceite creo que en estos momentos puede sobrar; repetir una vez más
que del aceite de oliva dependen regiones importantes de este país, como
Extremadura y Andalucía, puede sobrar. Lo que en estos momentos no puede
sobrar es la voluntad de alcanzar un acuerdo unitario. Lo que en estos
momentos no puede sobrar es que los diputados y las diputadas de esta
Cámara estemos a la altura que demanda la sociedad española de nosotros y
que no es otra cosa que alcanzar ese acuerdo unitario. Estoy convencido,
lo repito, de que están incluidos en nuestra moción todos y cada uno de
los elementos que pueden dar lugar a este acuerdo.
Nosotros creemos que es importante que este país siga luchando y no
renunciamos --y así está explicitado en el acuerdo de la Mesa del aceite,
en la decisión del Parlamento Europeo-- a seguir luchando por conseguir
ese aumento de toneladas hasta 1.850.000, que permita al sector olivar no
tener que sufrir esas penalizaciones con las que nos amenaza el comisario
Fischler. Esto no es ni más ni menos que hablar de un incremento natural,
ya que las actuales 1.350.000 toneladas no dan ni siquiera para el
consumo interno de la Unión Europea. También queremos reafirmar el apoyo
al subsector de la aceituna de mesa, porque creemos que es importante y
que juega un papel determinante a la hora de compensar las temporadas en
las que se pueda producir un cierto excedente de aceitunas, que sean
compensadas con las aceitunas de mesa.
Repito que todo esto está plenamente planificado en nuestra propuesta de
moción. Pensamos que es importante, por tanto, reafirmar una vez más el
apoyo, ese apoyo que los sindicatos nos han pedido de forma explícita e
implícita, ese apoyo que hoy puede salir de aquí de forma unánime, porque
no hay ninguna otra consideración que no sea la meramente partidista para
negar el voto favorable a la propuesta de Izquierda Unida. No se podría
entender romper la unidad por una cuestión de buscar falsos
protagonismos, tal y como hemos denunciado nosotros y como lo han hecho,
lo repito una vez más, los sindicatos. No sería posible presentarnos ante
la sociedad unidos en las manifestaciones y que, sin embargo, fuéramos
incapaces de alcanzar un acuerdo parlamentario. No es posible que en
estos momentos haya grupos que estén más preocupados por ver a quién
atribuyen el fracaso del proceso de la reforma de la OCM que en buscar
aliados para nuestras posiciones. A este respecto, recordamos, como ya
dijimos la semana pasada, que el apoyo de los gobiernos socialistas de
Grecia, Italia y Francia haría imposible una reforma de la OCM tal y como
pretende el comisario Fischler.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Concluyo en un minuto, señor presidente.
No entendemos que se prefiera la confrontación al debate sereno, que se
prefiera marcar diferencias antes que buscar acuerdos. Para estas
disputas, señorías, que nadie cuente con Izquierda Unida, que no lo
hagan, porque nosotros sabemos muy bien lo que nos jugamos y sabemos lo
que se juegan cientos de miles de jornaleros, que tienen en el olivar su
única fuente de vida. Nosotros sabemos que con esto no se puede jugar,
que con esto no se puede entrar en peleas partidistas. Sabemos que la
ruina del campo andaluz y del campo extremeño no va a perjudicar a los
propietarios, sino que va a perjudicar fundamental y directamente a los
jornaleros.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, vaya terminando.
El señor CENTELLA GOMEZ: Termino, señor presidente.
Repito que no estamos dispuestos a jugar con el futuro de tantos cientos
de miles de personas que hoy tienen puesta su esperanza en que los
diputados y diputadas de esta Cámara estén a la altura de las
circunstancias. Pero si no es posible alcanzar la unidad de esta Cámara,
no vamos a renunciar a ella, la vamos a perseguir hasta última hora y lo
vamos a hacer ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, porque al final,
evidentemente, será nuestro pueblo quien imponga esa unidad y también
será quien ponga en su sitio a cada uno de aquellos que hoy la rompan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Han presentado enmienda el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario
Popular.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el olivar y el aceite de oliva se encuentran en un momento
extraordinariamente difícil, porque la propuesta con la que está
trabajando el comisario de Agricultura Fischler pone en serio riesgo el
futuro de miles de familias, de miles de pequeños y medianos agricultores
y de centenares de pueblos que viven en torno al olivar. Sobre esta
propuesta se ha abierto un debate en la sociedad española y el Gobierno
no ha tenido por menos que condenar al mensajero. Lo importante es quién
había filtrado el documento, no qué decía. Quiero decir que, si el
documento hubiera sido vendible políticamente en términos de los
intereses de España, hubieran faltado gaiteros para que la ministra lo
pusiera en escena desde una semana antes de tenerlo, en que fue
trasladado a los medios de comunicación, pero como no era así, el
objetivo era perseguir al mensajero.
En cualquier caso, ¿de qué estamos hablando? En el debate sobre el estado
de la Nación en esta Cámara se aprobó por unanimidad de todos los grupos
políticos una propuesta concreta con respecto a la postura de España en
cuanto a lo que se refiere a la reforma de la OCM del aceite de oliva.
Señor Centella, la propuesta decía lo siguiente: Ayuda a la producción
real, aumento de la cantidad máxima garantizada, mantenimiento de la
cantidad máxima garantizada a nivel comunitario, mantenimiento del
sistema de intervención, existencia de ayudas al consumo y prohibición
absoluta de las mezclas. Este es el documento que esta Cámara aprobó por
unanimidad en el debate del estado de la Nación.
Pues bien, la propuesta que tiene sobre la mesa el comisario Fischler
dice: No aumentar la cantidad máxima garantizada, establecer un cupo por
país, suprimir el sistema de intervención, suprimir las ayudas al
consumo, no prohibición de ninguna naturaleza de las mezclas. Y con
respecto al gran tema, del que en España hemos hecho el eje central de
nuestra postura en esta reforma, que es ayuda a la producción real, se
nos asigna un cupo de 538.000 toneladas, aproximadamente la mitad del
potencial productivo del olivar español en este momento.
Esto, traducido al castellano, para que nos entiendan, ¿qué quiere decir?
Esto quiere decir que un kilo de aceite producido en la Unión Europea va
a cobrar 235 pesetas de ayudas y un kilo de aceite producido en España,
con este planteamiento de reforma, va a cobrar 140 pesetas de ayudas.
¿Saben lo que quiere decir, además? Que por cada tonelada de aceite que
se pierda,
del potencial productivo de un millón de toneladas de España, son tres
hectáreas de olivar menos productivo, de olivar tradicional que
desaparecen; son 75 jornales por cada tonelada que nos falte cuando la
ministra presente el resultado de estas negociaciones, 75 jornales de
obreros eventuales del campo en las zonas más deprimidas social y
económicamente, particularmente de Andalucía y de Jaén.
Ese es el planteamiento y, en este contexto, Izquierda Unida presenta una
moción que tiene dos partes. Primera, que digamos a los ministros de
Agricultura y a los comisarios de la Unión Europea que tengan en cuenta
el documento aprobado en el Parlamento Europeo y, segunda, que el
Congreso respalde las medidas que adopte la Mesa del aceite. Medidas que
adopte; esa expresión, en términos verbales, es de futuro.
Esto, señoría, no es un compromiso serio con el olivar, esto no es
apostar por el aceite. Cuando falta un mes para que Fischler presente el
documento de reforma, hay que mojarse más, hay que decir cuál es la
postura de España. A Italia, que desde el principio dijo cuál era su
postura, le ha ido muy bien. Italia defendió: cupo por países, supresión
de las ayudas al consumo y que le dieran las toneladas que tiene. Los
tres elementos forman parte del documento que se está debatiendo. Por
tanto, en este momento procesal, tenemos que poner sobre la mesa,
nítidamente, cuál es la postura de España. Eso no perjudica a nadie, ni
siquiera a la ministra; al contrario, la beneficia, porque le da fuerza
para hacer lo que no ha hecho en estos 22 meses, que es negociar.
Además, en términos de las medidas que adopte la Mesa, es que no es
soportable políticamente que el Congreso de los Diputados ceda su
soberanía a la Mesa del aceite en un debate y toma de posición. Pero,
¿qué planteamiento político es que aquí acordemos esta noche respaldar
las medidas que adopte la Mesa del aceite, las adopte unitariamente o no?
¿Es posible que este Congreso ceda su soberanía en cuanto al debate y
posicionamiento? No estoy hablando de qué coincidencias vayamos a tener o
no, pero ¿los grupos de esta Cámara van a votar esta noche que en este
momento respaldamos todas las medidas que apruebe la Mesa del aceite, u
otro órgano, me daría igual? Eso es insoportable políticamente, no es un
planteamiento de recibo.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Pliego, por favor.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente. Voy terminando.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas al punto 2, que consisten en
apoyar las posturas que adopte la Mesa del aceite, siempre que vayan en
una determinada dirección. Y esa dirección, señoría --por no extenderme,
dado el tiempo que tengo--, es la postura que ha defendido el Grupo
Parlamentario Socialista, la postura que ha defendido el sector y la Mesa
del aceite, la postura que ha defendido este Congreso en el debate del
estado de la Nación, las posiciones que --al menos a nivel teórico y
propagandístico-- ha defendido la ministra y las posturas que ustedes han
votado el 12 de febrero en el Parlamento de Andalucía. Textualmente, las
que ustedes han votado, y ahora es difícil entender por qué no se acepta
esta enmienda. Se dice que porque está implícita. No parece que la tarea
de un Congreso sea transitar por el campo de lo implícito, no vaya a ser
que nos confundamos porque, acerca del millón ochocientas cincuenta mil
toneladas de cantidad máxima garantizada, que se recoge en el informe
Jové, estos señores del Partido Popular votaron en su contra hace cinco
días en Andalucía, el 12 de febrero. Por tanto, es bueno que lo explícito
lo entendamos todos.
Termino, señor presidente. Está en riesgo el futuro de miles de familias;
están en riesgo 50 millones de jornales. Los socialistas, desde la
unidad, vamos a defender la postura que hemos mantenido hasta ahora, pero
no estamos dispuestos a hacer de esto, como se ha hecho, un folklore y a
que al final tengan que coger la maleta los mismos que la han cogido
siempre.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pliego.
Por el Grupo Popular, el señor Jordano Salinas.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Seré suficientemente breve por la hora en que nos encontramos.
De entrada, en nombre de mi grupo y porque creo que es de justicia,
quiero felicitar al diputado don José Luis Centella por el esfuerzo que
ha hecho para redactar un texto que sea asumible por todos los grupos
políticos y que, además, parte de la ligazón de dos elementos esenciales
en toda la tramitación de esta materia relacionada con el olivar y el
aceite de oliva, que es unir el acuerdo del Parlamento Europeo y las
posiciones unánimes de la Mesa Nacional del Aceite. Es de justicia
reconocer este esfuerzo por redactar este texto, asumible por todos los
grupos que piensen en lo mejor para el olivar y los intereses de España.
No quisiera contestar las posiciones del Grupo Socialista, por ahora,
pero sí referirme a la enmienda de adición que nuestro grupo ha
presentado a esta propuesta, así como a su sentido. Con esta enmienda de
adición se trata de instar a la Cámara para que diputados de esta Cámara
se trasladen a Italia para explicar, en directo, a los distintos sectores
de ese país interesados en el tema cuál es la posición de España y la
posición unánime del Parlamento Europeo. Esta petición se hace junto a un
esfuerzo social que es necesario, en
el que ya están participando una serie de productores e instituciones
relacionadas con el olivar para conseguir eliminar discrepancias con
Italia y lograr una propuesta que sea satisfactoria para los intereses
básicos de los dos países. En este sentido, el encuentro que este fin de
semana han mantenido el presidente Romano Prodi y el presidente Aznar ha
servido para acercar posturas y para establecer una colaboración de
máximo nivel de los dos Gobiernos, que permita acercar criterios entre
Italia y España, los máximos productores de la Unión Europea, y marcar
--esperamos que sirva para ello-- una dirección concreta a la reforma que
se realice.
Prescindiendo de alarmismo, señor Pliego, no hay ningún documento
elaborado por el comisario Fischler, por lo que usted no puede referirse
una y otra vez a un documento que no tiene autor, puesto que la autoría
ha sido negada reiteradamente por dicho comisario. Usted puede tener
todos los documentos que quiera, pero cuando se refiere a un documento
del comisario tiene que tener la palabra de él admitiendo que ese
documento es suyo, y usted no está en esa situación.
Segundo, usted parte de que Italia ve siempre recogidas sus propuestas.
Lo que ciertamente tenemos del comisario Fischler es el texto de una
conferencia celebrada en Verona el día 11 de este mes, escrita y
pronunciada en alemán, cuya traducción oficial a los distintos idiomas ha
sido distribuida. Las palabras pronunciadas por el comisario --que es lo
que nos permite saber cuál es su postura exacta-- son: definitivamente
tendremos en cuenta la importancia social y el papel económico que este
sector juega en algunos Estados miembros. Por tanto, ya hay un reflejo de
que el esfuerzo realizado por el Gobierno español y por el sector ha
servido para algo y que ésa va a ser una de las guías del documento que
proponga el comisario.
En segundo lugar, según dice también el comisario, habla de un período
transitorio y antes de tomar una decisión sobre la aplicación o no de la
polémica ayuda al árbol. Quiere decir que tampoco el comisario ha optado
por una ayuda concreta al árbol o a la producción y está admitiendo las
dos posibilidades. También en estas declaraciones, aunque habla de un
período transitorio en el que se mantienen algunas cosas, da algo por
sentado: se va a unificar el sistema actual para que todos los
productores tengan el mismo sistema de ayuda. Esto quiere decir que se va
a eliminar el sistema de los productores de menos de quinientos kilos,
que era uno de los graves problemas que teníamos en nuestra comparación
con Italia.
Por tanto, cuando nos refiramos a lo que piensa el comisario, hagámoslo a
datos concretos con palabras del comisario, pero no continuemos
intentando enredar y liar algo que no es real. Sólo es real porque usted
cree que puede beneficiar a la postura del Partido Socialista, pero no es
real puesto que ha sido negada su autoría.
Habla usted de una cesión de soberanía a la Mesa del aceite y lo plantea
usted en unos términos un poco catastrofistas. Dice que se hunde este
Parlamento, porque hay una cesión de soberanía a la Mesa del aceite.
En este asunto lo único que hay es sensatez por parte del Gobierno, ya
que, existiendo una postura unánime de todos los sectores, desde los
trabajadores a las comercializadoras, pasando por todas las
organizaciones que están dentro del sector del aceite, mantiene una
postura unánime. Un gobierno sensato es lógico que trate de defender la
postura unánime de todo el sector, y un parlamento sensato es lógico que
trate de defender la postura unánime de todo un sector productivo; da la
casualidad de que el Parlamento hoy se va a manifestar en una única
dirección, y la única persona que sigue manteniendo un criterio contrario
a la propuesta de la Mesa del aceite y que sigue hablando de cesión de
soberanía es su grupo. (Aplausos.) Usted se ha metido también a
considerar aquí y parcialmente las votaciones del Parlamento de
Andalucía. Esto sí que es entremeterse en la soberanía de otro
Parlamento. En cualquier caso, cuente usted la película completa; no se
quede usted en una parte. En esa sesión del Parlamento se votaron tres
mociones diferentes con veintiuna propuestas cada una, si no estoy mal
informado, y hubo posiciones para todos los gustos.
El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, vaya concluyendo.
El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.
El Grupo Popular rechazo la propuesta del Grupo Socialista en la que se
mencionaba la ayuda a la aceituna de mesa y votó a favor una propuesta
del Grupo Popular en la que se mencionaba la ayuda a la aceituna de mesa.
Por tanto, hubo ciertas contradicciones en esa votación, y hay que
contarlo completo.
La postura del Grupo Parlamentario Popular es apoyar la moción presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En aras a la unidad que el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida propone vamos a retirar la
enmienda que hemos presentado, no sin recomendar a la Mesa de la Cámara
que estudie la posibilidad de que se produzca ese contacto de los
parlamentarios españoles con los sectores productivos italianos.
Yo le pediría, señor Pliego, le pediría al Grupo Socialista que en aras a
esa unidad retirara también la enmienda presentada por el Grupo
Socialista y hubiera unánimemente una sola votación, no dos votaciones:
una, respecto a la propuesta, otra, respecto a la enmienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, el señor Chiquillo, del Grupo Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Cumpliré lo de la brevedad escrupulosamente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para dar apoyo a la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respecto
a la posición española, desde la unidad en defensa del sector del aceite
de oliva, para que sea respetuosa y recoja los planteamientos y las
reivindaciones del sector olivarero español que, con la importancia que
tiene social y económicamente, exige que hoy haya de nuevo un consenso en
esta Cámara.
Como en reiteradas ocasiones, creo que es de sentido común, y porque el
sector así nos lo reclama, que haya un planteamiento de unidad y de
coherencia y que todos los grupos parlamentarios, dejando de lado
personalismos y planteamientos de mayor papel ante de la opinión pública,
renunciemos a esos protagonismos en defensa de un sector y primando por
encima de todo lo que él nos reclama.
No sólo la Mesa Nacional del Aceite es la que ha planteado alguno de los
extremos que aquí hoy vamos a apoyar, sino que también la Mesa valenciana
de defensa del aceite, con las reivindicaciones que desde la mesa
nacional se están haciendo, está llamando nuestra atención y está
exigiendo y apelando al sentido común porque hay mucho en juego. Es
necesario, como ha explicado muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, ahora más que nunca, el consenso, la unidad y cerrar filas según
esos planteamientos, que muy bien defendió en el Parlamento Europeo en
Diciembre de 1997 el eurodiputado de Izquierda Unida, el señor Jové. Creo
que desde el primer punto hasta el último, en todos y cada uno de los
extremos del informe que se ha presentado, está incluido todo lo que el
sector nos reclama y creo que la Iniciativa de Izquierda Unida es
oportuna. Debemos cerrar filas acerca de esa posición y Unión Valenciana
hoy quiere manifestar ese apoyo en defensa del sector del aceite por la
importancia socioeconómica que en diversas comarcas del Estado español
está en juego.
Por tanto, apoyamos desde el primer hasta el último punto, este
planteamiento que, en su día defendió el señor Jové. Hoy, por el sentido
común, también apelo a que el Partido Socialista retire esa parte de su
iniciativa que ha presentado, porque creo que la de Izquierda Unida
recoge aquello que el sector nos demanda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Por sentido común voy a ser muy breve, dada
la hora a la que se está produciendo este debate, pero también porque
creo que este tema está suficientemente debatido. Tengo el convencimiento
profundo de que los intereses españoles están siendo defendidos por el
conjunto de grupos de la Cámara. Por eso Iniciativa per Catalunya-Nueva
Izquierda va a apoyar esta moción de Izquierda Unida. En el primer punto
porque coincide con una iniciativa que desde Iniciativa per Catalunya
hemos emprendido hace unas semanas, dirigiéndonos a la Presidencia del
Congreso, concretamente al señor presidente, para que promueva una
declaración institucional en la que se reflejen los puntos coincidentes
del conjunto de la Cámara y sea enviado a la Comisión Europea. En el
segundo punto porque pienso que nos podríamos dar con un canto en los
dientes, si las propuestas de la Mesa del aceite prosperan en el seno de
la Unión Europea.
Creo que está suficientemente explícito lo que significa y lo que dice
esta moción y me da la impresión de que es lo mejor que podemos hacer,
porque la Mesa nacional del aceite no tiene posiciones estáticas, como es
lógico, y, por tanto, no podemos ceñirnos a unos puntos que, a lo mejor,
dentro de una semana hemos de rectificar, aunque no en lo esencial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Había pedido también la palabra el señor Mardones, del Grupo de Coalición
Canaria. Le ruego también la misma brevedad que han tenido quienes han
usado de la palabra hasta el momento.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente y con gran
brevedad.
Coalición Canaria, en un acto testimonial de solidaridad con el sector
del aceite de oliva y de olivar español, va a votar favorablemente en sus
exactos términos la iniciativa que ha presentado Izquierda Unida.
Nosotros hemos pedido muchas veces el voto para la OCM del plátano y aquí
está la reciprocidad. Creemos que esto se atiene perfectamente a un
escrupuloso sentido político de apoyar desde el Parlamento español la
resolución que aprobó en diciembre el Parlamento Europeo, gracias a la
iniciativa del parlamentario señor Jové, y que aquí finalmente se recoge,
de remitir este documento ratificado, tanto al Colegio de Comisarios,
como al Consejo de Ministros. Celebro también que se recoja aquí apoyar
los acuerdos unitarios que tenga la Mesa nacional del aceite de oliva.
Quiero, además, señor presidente, reconocer que ha sido muy positiva la
retirada de la enmienda del Grupo Popular, porque gracias a gestiones del
señor presidente de la Cámara tenemos constituido el grupo de amistad
parlamentaria hispano-italiana, que creo que, sin menoscabo de ninguna
otra institución, es un buen puente para transmitir, a través de este
acuerdo de cooperación
parlamentaria, firmado en Roma por el señor presidente del Parlamento,
estas iniciativas para que no se llame nadie a engaño, en uso no
recomendable de determinadas medidas que puedan comentarse como
interferencias. Brindaba esta idea precisamente en aras al reconocimiento
de lo que tenemos en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
A efectos de ilustrar a la Cámara, el próximo mes de mayo tendrá su
primera reunión ese grupo de amistad con Italia y está previsto que, en
los asuntos a tratar en la agenda bilateral, precisamente se encuentre
como uno de los puntos más importantes el futuro del aceite y del olivo.
Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) va a votar a favor de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en
relación con la OCM del aceite de oliva, instando al Gobierno del Estado
a dirigirse a la Comisión Europea para que se respeten los elementos
contenidos en el informe del Parlamento Europeo en el documento de la OCM
del aceite de oliva. Lo hacemos recordando las diversas iniciativas que
han sido aprobadas en esta Cámara para reclamar igualmente que la
elaboración de una reforma de la OCM del aceite de oliva no se efectúe
menoscabando los intereses del principal productor, como es España.
Parece especialmente correcto el planteamiento contenido en la moción de
Izquierda Unida instando al Gobierno español a dirigirse a las diversas
instancias que, dentro del entramado constitucional de la Unión Europea,
tienen algo que decir y algo que decidir en este sentido.
Por otro lado, no nos parece correcto el planteamiento de las enmiendas
de adición presentadas por el Grupo Socialista y no las vamos a apoyar.
Nada más. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
Señor Companys por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para constatar que durante los últimos años, tanto en
Comisión como en Pleno, hemos debatido por activa y por pasiva a nivel
parlamentario como con el resto del sector las ventajas e inconvenientes
de cada una de las diferentes propuestas de modificación de la OCM del
aceite que se han puesto sobre la mesa.
Nuestro grupo parlamentario ha hecho en diferentes ocasiones esfuerzos
importantes para propiciar consensos en cada uno de los debates que se
han planteado en esta Cámara, entre otros motivos porque entendemos que
es bueno el presentar un frente común en defensa de esos intereses
generales del aceite.
Nosotros apostamos por la propuesta del Gobierno español, que es la que
recoge la voluntad expresada por la Mesa del aceite y por las diferentes
intervenciones aquí en el Congreso de los Diputados y que básicamente es
la misma que se aprobó en la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo.
Somos conscientes, al menos en nuestro grupo parlamentario, como nos
pronunciamos la semana pasada con motivo de la interpelación, de que la
batalla va a ser dura y que sólo será posible una buena OCM para el
sector si llegamos a acuerdos puntuales con los productores italianos.
Hemos de ser capaces de poner encima de la mesa una propuesta consensuada
que sea aceptable para ambos Estados. Si finalmente a la posición
italiana se acabase sumando la de Grecia y ésta terminase dando soporte a
las tesis de Fischler se habría roto la unidad de acción de los países
productores y los más perjudicados seríamos nosotros. En consecuencia,
habríamos fallado en el planteamiento de la estrategia en beneficio de
las tesis oficialistas del propio Fischler.
El Ministerio tiene que hacer un esfuerzo de consenso con las principales
fuerzas políticas italianas para que se produzca una reforma de la OCM lo
más parecida posible a la que ha propuesto la Comisión de Agricultura al
Parlamento Europeo, buscando paralelamente el soporte de los señores
diputados y también de los comisarios que representan los intereses del
Estado español.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Centella, tiene la palabra para aceptar o rechazar la enmienda que
ha presentado el Grupo Socialista.
El señor CENTELLA GOMEZ: Simplemente quiero decir que todavía esperamos
un gesto de generosidad por parte del Grupo Socialista para que retire su
enmienda. En caso contrario nos veríamos obligados a no aceptarla.
Ya que por parte del Grupo Socialista se ha mostrado tanta suspicacia
respecto a la Mesa Nacional del Aceite, pediríamos votación separada,
para que al menos pudiesen respaldar el acuerdo del Parlamento Europeo.
En consecuencia, nosotros esperamos ese gesto de generosidad por parte
del Grupo Socialista retirando su enmienda y permitiéndonos alcanzar hoy
un acuerdo unitario y, si no, pedir votación separada para que
al menos se pueda respaldar el acuerdo del Parlamento Europeo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Vamos a proceder a la votación. Votaciones de la moción del
Grupo de Izquierda Unida sobre la Organización Común del Mercado del
aceite de oliva, porque vamos a segregar el punto primero, apartados a) y
b), del punto segundo.
Votación sobre el punto primero, apartados a) y b).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a
favor, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en el punto primero,
apartados a) y b).
Votación sobre el punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a
favor, 165; en contra, 113; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, también, el punto segundo de la
moción. (Aplausos.) La sesión se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde. Se suspende la sesión.
Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.