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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 284, de 13/01/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VI Legislatura Núm. 284
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión de la Diputación Permanente núm. 11
celebrada el jueves, 13 de enero de 2000
ORDEN DEL DÍA:
- Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal
de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, que
incluya la solicitud, presentada por los referidos grupos
parlamentarios, de comparecencia del vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, ante la citada Comisión,
para informar de la venta de acciones de Iberia, acordada por el
Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 1999. (Número de
expediente 062/000035.) . . . (Página 15299)
- Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal
de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, que
incluya la solicitud, presentada por los referidos grupos
parlamentarios, de comparecencia del ministro de Industria y Energía,
ante la citada Comisión, para informar del plan industrial para
enfrentar la situación crítica de los astilleros públicos. (Número de
expediente 062/000036.) . . . (Página 15299)
- Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal
de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
incluya la solicitud, presentada por los referidos grupos
parlamentarios, de comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ante la citada Comisión, para informar
de las negociaciones de la Unión Europea para establecer un nuevo
acuerdo pesquero con Marruecos. (Número de expediente 062/000037.) ...
(Página 15300)
- Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo, que
incluya la solicitud, presentada por los referidos grupos
parlamentarios, de comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, ante la citada Comisión, para que informe de los criterios
aplicados para realizar la revalorización anual del salario mínimo
interprofesional. (Número de expediente 062/000038.) . . . (Página 15300)
- Petición, formulada por un número suficiente de Diputados del Grupo
Socialista del Congreso, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, que incluya la solicitud, presentada por el referido Grupo
Parlamentario, de comparecencia urgente del vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, para informar de las
manifestaciones realizadas por el presidente de la Compañía
Trasmediterránea, en las que afirma que el Gobierno pretende
descapitalizar dicha empresa y prepararla para que se la queden los
amigos del Gobierno cuando sea privatizada. (Número de expediente
062/000039.) . . . (Página 15300)
- Petición, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo
Socialista del Congreso, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo,
que incluya la solicitud, presentada por el referido grupo
parlamentario, de comparecencia urgente del ministro de Industria y
Energía, para que informe de los motivos que justifican la pérdida
acelerada del valor de Iberia en el proceso de privatización en
curso. (Número de expediente 062/000039.) . . . (Página 15300)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de
Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, que
incluya la solicitud, presentada por los referidos grupos
parlamentarios, de comparecencia del vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, ante la citada Comisión,
para informar de la venta de acciones de Iberia, acordada por el
Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 1999 . . . (Página 15299)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de
Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración
de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y
Turismo, que incluya la solicitud, presentada por los referidos
grupos parlamentarios, de comparecencia del ministro de Industria y
Energía, ante la citada Comisión, para informar del plan industrial
para enfrentar la situación crítica de los astilleros públicos . . .
(Página 15299)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de
Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
incluya la solicitud, presentada por los referidos grupos
parlamentarios, de comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ante la citada Comisión, para informar de las
negociaciones de la Unión Europea para establecer un nuevo acuerdo
pesquero con Marruecos . . . (Página 15300)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo, que
incluya la solicitud, presentada por los referidos grupos
parlamentarios, de comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, ante la citada Comisión, para que informe de los criterios
aplicados para realizar la revalorización anual del salario mínimo
interprofesional . . . (Página 15300)
Petición, formulada por un número suficiente de Diputados del Grupo
Socialista del Congreso, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, que incluya la solicitud, presentada por el referido Grupo
Parlamentario, de comparecencia urgente del vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, para informar de las
manifestaciones realizadas por el presidente de la Compañía
Trasmediterránea, en las que afirma que el Gobierno pretende
descapitalizar dicha empresa y prepararla para que se la queden los
amigos del Gobierno cuando sea privatizada . . . (Página 15300)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo
Socialista del Congreso, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo,
que incluya la solicitud, presentada por el referido grupo
parlamentario, de comparecencia urgente del ministro de Industria y
Energía, para que informe de los motivos que justifican la pérdida
acelerada del valor de Iberia en el proceso de privatización en curso
. . . (Página 15300)
Intervienen en la presentación y defensa de los seis puntos de orden
del día, los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; Alcaraz Masats, Santiso del Valle y Navas Amores, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y Caldera Sánchez-Capitán,
Martínez Noval y Perales
Pizarro, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y
Aguirre Rodríguez, Núñez Pérez y Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las seis peticiones, que son rechazadas.
Finalmente, los portavoces de los grupos parlamentarios, así como la
presidencia y la mesa de la Diputación Permanente, muestran su
satisfacción por el retorno a España de los restos mortales de don
Diego Martínez Barrio, el que fuera presidente del Congreso de los
Diputados.
Se levanta la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA, QUE
INCLUYA LA SOLICITUD, PRESENTADA POR LOS REFERIDOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS, DE COMPARECENCIA DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA ANTE LA CITADA COMISIÓN,
PARA INFORMAR DE LA VENTA DE ACCIONES DE IBERIA, ACORDADA POR EL
CONSEJO DE MINISTROS EL 30 DE DICIEMBRE DE 1999. (Número de
expediente 062/000035.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, QUE
INCLUYA LA SOLICITUD, PRESENTADA POR LOS REFERIDOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS, DE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
ANTE LA CITADA COMISIÓN, PARA INFORMAR DEL PLAN INDUSTRIAL PARA
ENFRENTAR LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LOS ASTILLEROS PÚBLICOS. (Número de
expediente 062/000036.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, QUE
INCLUYA LA SOLICITUD, PRESENTADA POR LOS REFERIDOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS, DE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN ANTE LA CITADA COMISIÓN, PARA INFORMAR DE LAS
NEGOCIACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ESTABLECER UN NUEVO ACUERDO
PESQUERO CON MARRUECOS. (Número de expediente 062/000037.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO, QUE
INCLUYA LA SOLICITUD, PRESENTADA POR LOS REFERIDOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS, DE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES ANTE LA CITADA COMISIÓN, PARA QUE INFORME DE LOS CRITERIOS
APLICADOS PARA REALIZAR LA REVALORIZACIÓN ANUAL DEL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 062/000038.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y HACIENDA, QUE INCLUYA LA SOLICITUD, PRESENTADA POR EL REFERIDO GRUPO
PARLAMENTARIO, DE COMPARECENCIA URGENTE DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PARA INFORMAR DE LAS
MANIFESTACIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TRASMEDITERRÁNEA, EN LAS QUE AFIRMA QUE EL GOBIERNO PRETENDE
DESCAPITALIZAR DICHA EMPRESA Y PREPARARLA PARA QUE SE LA QUEDEN LOS
AMIGOS DEL GOBIERNO CUANDO SEA PRIVATIZADA. (Número de expediente
062/000039.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO,
QUE INCLUYA LA SOLICITUD, PRESENTADA POR EL REFERIDO GRUPO
PARLAMENTARIO, DE COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA, PARA QUE INFORME DE LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA PÉRDIDA
ACELERADA DEL VALOR DE IBERIA EN EL PROCESO
DE PRIVATIZACIÓN EN CURSO. (Número de expediente 062/000039.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
Se abre la sesión de la Diputación Permanente, que ha sido convocada
a solicitud de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto
y, posteriormente, del Grupo Socialista del Congreso, para a su vez
solicitar la comparecencia del Gobierno en orden a dar cuenta de
distintas materias.
Como saben los señores portavoces, la Presidencia consideró adecuado
y oportuno buscar una fórmula que permitiera un desarrollo flexible
de la sesión de la Diputación Permanente, sin que, por otra parte,
pudieran mermarse los derechos de los grupos solicitantes y de los
demás grupos a fijar sus respectivas posiciones. En consecuencia,
establecimos un modus operandi que, en síntesis, consiste en lo
siguiente: en primer lugar intervendrán los grupos Mixto y
Socialista, por un tiempo no superior a treinta minutos. (Pausa.)
Perdón, grupos Mixto e Izquierda Unida. Tiene toda la razón, señor
Alcaraz. Discúlpeme, ha sido un lapsus calami. Decía que intervendrán
los grupos Mixto e Izquierda Unida para defender sus iniciativas.
Posteriormente, intervendrá el Grupo Socialista, también por el mismo
tiempo. Y acabadas sus intervenciones, se procederá a la fijación de
posición por los restantes grupos.
Quiero aclarar, como hemos convenido en las conversaciones con los
portavoces, que los grupos solicitantes y en su caso los que hayan de
fijar sus posiciones pueden hacer sus intervenciones por medio de
distintos portavoces, dado que se trata de materias también distintas
a aquellas por las que se solicita la comparecencia del Gobierno.
Tiene la palabra, en consecuencia, el portavoz del Grupo Mixto, que
será el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Comenzaré por las comparecencias que hacen referencia a temas de
importancia estratégica en la economía del Estado español en general
y en particular en la de Galicia.
Primero justificaré por qué pedimos la comparecencia del Gobierno en
relación con la situación crítica que está pasando el sector naval
del Estado español. Ustedes sabrán que recientemente la SEPI y los
sindicatos firmaron unos compromisos, entre los cuales figuraba algo
tan importante como abrir en el próximo mes de enero -en el cual
estamos- un proceso de negociación relativo al diseño futuro, tanto
industrial como societario, de los astilleros públicos civiles. Y
nada menos que se habla de una posible ordenación total o parcial con
los astilleros militares de Bazán o de la salida de algunos de los
astilleros a través de acuerdos tecnológicos, tanto de ámbito estatal
como internacional. En este contexto de grave situación del sector
naval, elBloque Nacionalista Galego quiere remarcar, en unos
casos, la escasa carga de trabajo que tienen algunos astilleros del
Estado español y, en otros casos, la nula carga de trabajo, como en
el caso de Astano, situación que no se puede atribuir a la
competencia desleal de Corea, como demuestran los datos que
sucintamente paso a enumerar.
Desde el año 1980 hasta el año 1998, la Unión Europea participó en el
reparto de la demanda mundial en cuanto al tanto por ciento de TRBC
en una proporción que nunca bajó del 24 por ciento. 25 por ciento, 28
por ciento, 24 por ciento, 26 por ciento, en los años 1995- 1998. Sin
embargo, esta situación de estabilidad de la Unión Europea no se
corresponde con la rebaja continua que se produce en la media de
participación del Estado español en la construcción naval a nivel
europeo. Pensamos que estamos asistiendo a un desmantelamiento, bajo
capa de reestructuración, de la industria naval en el Estado español,
que se debe a la nula incidencia en una política industrial que
repercute negativamente en el acceso de los astilleros públicos del
Estado al reparto de la demanda a nivel mundial. En el documento
firmado por los sindicatos, que sería bueno que se aclarase en sede
parlamentaria por parte del Gobierno, no se afrontan, desde nuestro
punto de vista, los problemas de fondo del sector naval. En concreto,
se recurre a una operación de ingeniería financiera para que se pueda
contar con fondos propios a finales de 1999. No deja de indicarse que
existe cierta amenaza de cierre sobre Astano, en primer lugar, y
sobre los Astilleros de Sevilla, en segundo lugar, y nos gustaría
saber cuándo va a estar definitivamente acabado el informe McKinsey,
que se está elaborando sobre AESA, Astano y Bazán, cuál es su
contenido básico conocido y qué tipo de alianza o integración se ha
pensado establecer en la línea en que antes indiqué de integrarse o
absorberse en la Empresa Nacional Bazán.
Nuestra petición de comparecencia, desde una perspectiva gallega, se
basa en nuestra especial preocupación no sólo por el conjunto de los
astilleros del Estado español sino por una dualidad o dialéctica, que
es fácil de comprender también en esta sede parlamentaria, al margen
de cuál sea la procedencia de nuestra representación. Si se hace una
fusión con Bazán, o una integración, está claro que los Astilleros
del sur, al tener una situación preocupante, podrían construir barcos
de guerra, barcos civiles, off shore, transformaciones y
reparaciones. San Fernando, Puerto Real, Sevilla y Cádiz. Desde
luego, en el caso de Ferrol, en el caso gallego, Astano y Bazán
solamente podrían construir buques de guerra, lo cual conllevaría al
cierre de Astano a través de prejubilaciones o convirtiéndolo
prácticamente en un taller subcontratista de Bazán. Pensamos que el
Gobierno debía explicar la nefasta gestión comercial en concreto en
el terreno off shore, ya que un astillero como Astano no tiene
contratos desde 1997, a pesar de que coincide con una etapa de
bonanza en el sector off shore en relación con el precio del crudo.
Y es curioso que desde 1997 se está consolidando la expulsión del
astillero Astano de la construcción civil,
repercutiendo esto en la imposibilidad de acceder al mercado en plena
libertad y en plena capacidad competitiva.
Nos parece que la actual situación política, siendo grave para todos,
se está caracterizando sobre todo por consolidar una distribución de
la cada vez más reducida capacidad productiva del sector naval del
Estado español, distribuyéndola de tal manera que Galicia quede
excluida de la importantísima participación que tuvo históricamente.
Este es el problema para nosotros,por supuesto, dentro del
planteamiento general de la reducción de capacidad productiva del
Estado español.
Y, señorías, nos gustaría llevar a su mente el interés que tiene en
este momento tan crucial para el sector naval que se debata en sede
parlamentaria algo que, aunque desde luego el Bloque Nacionalista
Galego no ahorró esfuerzos para que se hiciese continuamente durante
toda la legislatura, no tuvo la relevancia ni la importancia que
sería de desear en un sector tan importante de nuestra economía. Y,
cuando digo nuestra, quiero decir del Estado español, desde el punto
de vista histórico. Hay que recordar la gran capacidad tecnológica de
las instalaciones navales del Estado español hasta 1984, los salarios
inferiores aun hoy a la media europea y la gran cualificación de
nuestra fuerza de trabajo. Son razones más que suficientes para que
estuviésemos preocupados por una situación que no debe solamente
preocupar a la SEPI y a los sindicatos, a los trabajadores, sino
también a las fuerzas políticas.
Paso, en segundo lugar, a justificar la comparecencia del Gobierno en
relación con el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, que
finalizó el 30 de noviembre de 1999. Desde entonces, no se hizo
ningún intento serio para renovar este acuerdo y sobre todo no se
iniciaron las negociaciones con el tiempo suficiente para renovarlo,
con lo cual estamos en una trampa continua, porque, aunque la Unión
Europea tiene estas competencias, el Estado español es el más
afectado por esta falta de diligencia en un sector de gran
importancia estratégica, una vez más, para la economía del Estado,
especialmente en Galicia. Hace tan sólo unas semanas, a finales de
diciembre, con la visita del señor Fischler a Marruecos, acabamos de
asistir al contacto inicial de la Unión Europea con los gobernantes
marroquís. Pero es curioso que la visita se realizase sin una
propuesta conocida por parte de la Unión Europea, con unas bases
claras para negociar y sobre todo con unas declaraciones y una
posición del Gobierno marroquí, que presenta un claro perfil de no
querer saber nada en cuanto a los términos actuales en los que estaba
realizada la negociación hasta el año 1999 y encaminando cualquier
tipo de solución a través de empresas mixtas, que sería interesante
discutir cuál sería su contenido. En todo caso, que sea la Unión
Europea quien tenga estas competencias negociadoras no debe llevar al
Gobierno español a una pasividad total o a contentarse con
implementar ayudas a la tripulación y a los armadores que consisten
solamente en llevar paz social precisamente en un momento anterior a
un proceso electoral
y después ya se verá. Nos gustaría que hubiese movimientos políticos
claros para acelerar la negociación, motivo por el que pedimos la
comparecencia del Gobierno.
Concluyendo, para nosotros -y cuando digo para nosotros digo para
Galicia en primer lugar, para Andalucía en segundo lugar y en tercer
lugar para Canarias- se trata de un acuerdo vital para sectores
estratégicos de gran importancia, tanto desde el punto de vista de la
venta extractiva directa, de la explotación directa de los recursos,
como principalmente desde el punto de vista de las empresas
auxiliares. Todavía el otro día el presidente de los palangreros de
un puerto como Ribeira, en A Coruña, recordaba que 800 hombres de esa
población y 54 barcos vivían de los palangreros que faenan en los
caladeros marroquís. Es, por lo tanto, preocupante que no haya ningún
avance, que esté todo paralizado. Sobre todo, el Gobierno debería
informar de la marcha de las negociaciones o de las iniciativas que
está tomando o que está dispuesto a tomar para que haya celeridad en
esa negociación y que en todo caso no quede postergada en el tiempo.
Para acabar, he de decir que todas las organizaciones empresariales
y los sindicatos deploran la postergación del acuerdo y están
gravísimamente preocupados, porque no se trata solamente de un
problema social a corto plazo sino que se trata de un problema de
descapitalización de las empresas que puede llevar a la desaparición
y al desguace de gran parte de estas flotas que hoy dan de comer y
dan riqueza a partes no precisamente boyantes en su economía en el
Estado español. Se trata, por lo tanto, de información, de debate
político, y no de un problema técnico en exclusiva.
Entraríamos ahora, en tercer lugar, en el tema de los servicios
públicos, en concreto, en este caso, de la compañía Iberia. La
posición del Bloque Nacionalista Galego no está guiada especialmente
por una cuestión de la forma en que se realiza la privatización sino
sobre el fondo de la cuestión, por la privatización en sí misma de
sectores estratégicos y con una función social clara, como puede ser
el sector energético, el sector de las telecomunicaciones o el sector
del transporte. No sólo por lo que significa en sí mismo en cuanto al
funcionamiento de estos servicios públicos esenciales sino también
por el vaciado de competencias de las instituciones democráticas, que
se quedan sin capacidad para establecer un control riguroso del
funcionamiento de estos servicios. Lo que nos preguntamos como Bloque
Nacionalista Galego es si es necesario privatizar totalmente para
llegar a hacer alianzas transnacionales, buscar socios de carácter
comercial o de carácter industrial. Y, en segundo lugar, en la
cuestión de método, indicativa políticamente, por qué se elige
determinado tipo de socios industriales. ¿No hay algo en la posición
reticente del Consejo de privatizaciones, cuando deja bien claro que
no se recurrió a British Airways porque fuese más competitiva desde
el punto de vista de la compra sino desde el punto de vista de
criterios que se podían compartir con muchas otras compañías aéreas a
escala internacional? Lo que queda claro es que hoy la presencia
mayoritaria del accionista que está vinculado al sector es British
Airways y American Airlines, toda una alianza estratégica que sin
duda tendrá algún tipo de explicación política subyacente en su
fondo.
Por lo demás, nos gustaría saber cómo se puede llamar socios estables
a entidades financieras que buscan legítimamente, y no tan
legítimamente, el lucro desmedido y que sólo se comprometen a vender
a otros miembros del grupo estable sus acciones, en caso de apartarse
de este núcleo duro de la compañía. ¿Son acaso el BBV, Caja Madrid,
Logista, El Corte Inglés, Ahorro Corporación, socios institucionales
o más bien empresas privadas que solamente están obligadas, sobre
todo en este proceso liberalizador de la economía, a comportarse
conforme al criterio de la ganancia suprema? En todo caso es
llamativo y resulta más interesante en el debate que el 40 por ciento
de la compañía se vende -esto no se puede discutir a quien va a
establecer el núcleo duro- por una cantidad que a nosotros nos parece
ridícula, 181.741 millones de pesetas, sin duda por debajo del
compromiso inicial. El resto de las acciones que pasen a Bolsa, la
oferta pública de ventas, dará de sí en el mercado, pero a través de
unas fluctuaciones que todo el mundo sabemos que estarán en función
de la marcha económica de la compañía y de los avatares del futuro.
Por lo tanto, nada impide que Iberia sea absorbida o que pueda
desaparecer en un futuro en esta transaccionalización, bajo nuestro
punto de vista hecha a través de un modelo poco democrático, sin los
controles debidos y sobre todo con un vaciado competencial de cada
uno de los Estados o de algunos de los Estados abiertamente
preocupante. Hasta las alianzas comerciales pensamos que tienen
incidencia en la política industrial, al menos de forma indirecta, en
sectores, por ejemplo, como el aeronáutico en este caso y, por lo
tanto, sería interesante que el Gobierno respondiese a todas estas
preguntas.
Para acabar, queremos señalar nuestro apoyo, por supuesto, a las
peticiones de comparecencia de todos los grupos parlamentarios en
relación con estos temas, específicamente con respecto al salario
mínimo interprofesional. Nos gustaría conocer la explicación del
Gobierno acerca de tan raquítico o tan exiguo aumento del salario
mínimo interprofesional, pretextando nada menos que de forma de
conjunta el índice de precios al consumo, que desde luego es
superior; la productividad nacional media alcanzada, que se dice que
está aumentando considerablemente; el incremento de la participación
del trabajo en la renta nacional, que sin duda es importante; y la
coyuntura económica general, que el propio partido del Gobierno no se
cansa de proclamar que es excelente. Con todos estos parámetros
combinados, nos parece que el exiguo y pequeño salario mínimo
interprofesional que había en el Estado español en 1999 merecía ser
aumentado sensiblemente, sobre todo porque afectará a las capas
sociales de la población trabajadora que más lo necesitan. Exacta
mente
igual y de acuerdo con nuestra argumentación sobre Iberia y de forma
específica relacionado con el servicio público que cumple
Trasmediterránea en relación con el transporte insular, nos gustaría
que la comparecencia también fuese atendida.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente, vamos a
dividir nuestro tiempo en tres partes, ajustándonos por descontado al
tiempo fijado en las normas que nos han distribuido.
En primer lugar, queremos referirnos a la necesidad de la
comparecencia del ministro de Trabajo para que explique la
actualización del salario mínimo por decreto del Ministerio referido.
Pensamos que la actualización del salario mínimo deja ver el injusto
crecimiento económico de los últimos años.
Señor presidente, muy pocas veces le es posible a un político
sintetizar su posición de crítica o de alternativa con respecto a una
situación determinada. Este caso es impagable por esta razón, porque
es muy fácil de caracterizar la crítica y la situación que se
critica. Sin duda, en función de esta actuación concreta, nos
encontramos ante una política económica que se puede caracterizar
como antisocial. El Gobierno, permítanme que lo diga con una
metáfora, no tiene ningún tipo de piedad social. Y lo demuestra con
este caso singular. Se ha procedido a la revalorización del salario
mínimo de cara al año 2000 a través de un escasísimo porcentaje, un 2
por ciento. Y teniendo en cuenta que es un salario reducido, de
supervivencia, que pueden percibir los trabajadores de nuestro país,
resulta cuanto menos chocante, señor presidente, la evolución del
salario medio en la última década y paralelamente la evolución del
salario mínimo interprofesional en este mismo período, sobre todo si
se compara, por ejemplo, con el índice de crecimiento económico, el
3,7, para 1999 y también para 2000. Así, mientras el salario medio ha
ganado 9,3 puntos en términos reales en la última década, el salario
mínimo interprofesional ha perdido 1,6 puntos porcentuales. Esto
significa que las desigualdades se han incrementado en perjuicio del
colectivo de trabajadores que perciben peor salario y mucho más en
relación con perceptores de otras rentas distintas del trabajo.
Desde la llegada del Partido Popular, señor presidente, y singularizo
esta situación, coincidiendo además con la fase de crecimiento
económico, el salario mínimo interprofesional ha perdido 1,3 puntos
porcentuales en relación con el salario medio estatal. Si hay dudas a
la hora de repartir los méritos con respecto al crecimiento
económico, que a veces el Gobierno asume de una manera directa, en
este caso no las hay a la hora de referir la responsabilidad que se
ha asumido, puesto que se trata de un decreto del Ministerio de
Trabajo. En este país hay dos crecimientos económicos contrapuestos:
el de los poderosos económicamente, a los que se les ha regalado
cientos de miles de millones de pesetas en rebajas de impuestos
-nosotros, señor presidente, seguimos manteniendo la posición que
ustedes conocen con respecto a la reforma del IRPF, no hemos cambiado
en absoluto y creemos que va a incidir de forma negativa en el modelo
social y en los gastos sociales que de ahora en adelante se hagan,
máxime si vamos a un período, aunque sea gradual, de recesión
económica-, y, al mismo tiempo, el de aquellos que deben sobrevivir,
que pueden quizás sobrevivir de mala manera con pensiones de miseria
y subsidios mínimos. Y, como decía anteriormente, nos encontramos
ante un crecimiento económico que ni siquiera reparte las migajas con
respecto a estos sectores, que parecen ser despreciados. A veces, la
derecha identifica a los parados con vagos, con gente no preparada. Y
esta situación está ocurriendo de una manera más o menos directa en
los momentos actuales, señor presidente. Si se compara con el resto
de Europa, sólo Grecia y Portugal tienen un salario mínimo por debajo
del español. El salario mínimo de España representa el 36 por ciento
del salario medio, cuando se había dicho desde el grupo de trabajo
ligado a la carta social europea que el salario mínimo
interprofesional debía representar el 60 por ciento del salario medio
de un Estado. La ratio española es con mucho la más baja, junto a la
de Grecia y Portugal. ¿Se podía hacer otra cosa incluso con rigor,
desde el punto de vista de normas o estilo de trabajo anteriormente
aprobado? Pues sí, señor presidente, y por eso estamos más
escandalizados. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores
establece cuatro criterios para revisar anualmente el salario mínimo:
los precios, la productividad media, la participación del trabajo en
la renta nacional y la coyuntura económica. En la práctica, el
Gobierno sólo ha atendido a la previsión de inflación, pero ni
siquiera ha atendido, de manera rigurosa, de manera -permítame de
nuevo la metáfora- piadosa, a la revisión en función del criterio de
inflación. Además, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores
establece una revisión semestral cuando no se cumplen las previsiones
de inflación. No hace falta decir que esta revisión no se cumple, no
se ejecuta. Cuando en 1999, a la altura del mes de junio, ya se
habían constatado las pérdidas del poder adquisitivo del salario
mínimo interprofesional, éste se había actualizado para el año 1999
en el 1,8 por ciento, lo que quiere decir que ya arrojaba una pérdida
próxima al punto porcentual, sin haberse producido la revisión
semestral que figura en el citado artículo.
En definitiva, el salario mínimo, si se quiere hacer de una manera
rigurosa, objetiva, debiera ser revisado en un 0,9 para recoger la
pérdida del poder adquisitivo de 1999, del año inmediatamente pasado.
Con las previsiones para el año 2000 de inflación y de productividad
debería crecer otro 3 por ciento, teniendo en cuenta los porcentajes
que estadísticamente se nos vienen aportando.Todo ello sin tener en
cuenta otro criterio, que
también he citado anteriormente, que es la elevación que se va a
producir de la participación en la renta nacional y que los
sindicatos están cifrando en un 4,4 por ciento. Esto quiere decir que
se ha realizado una revisión injusta, mezquina, sin tener en cuenta
parámetros y normas aprobadas y sin tener en cuenta la realidad
social que estamos viviendo, señor presidente. Estamos ante un
salario que afecta directamente a unos 260.000 trabajadores, aunque
es posible que aquí las estadísticas oficiales se queden muy cortas.
Con independencia de que el salario mínimo sirve como punto de
referencia para otras medidas de trascendencia presupuestaria,
tenemos que repetir que las pensiones mínimas, como la pensión de
subsistencia, debieran tener este punto de referencia estable del
salario mínimo interprofesional, que por cierto desde 1980 no se
actualiza de forma adecuada, lo que quiere decir que ha perdido doce
puntos entre 1980 y 1999. Si se actualizara ese salario mínimo
siguiendo este criterio, llegaría a unas 77.500 pesetas.
Esta es la situación de la política económica injusta que vivimos,
con un dato muy concreto que es simbólico, el salario mínimo y su
actualización. A veces, el Partido Popular se pregunta, por lo menos
se lo preguntan ciertos medios de comunicación, por qué no termina de
despegar en ciertos sectores muy masivos. Precisamente porque hay una
ruptura interna muy fuerte en su política económica entre lo que es
la macroeconomía y lo que es la economía real, la economía social, la
microeconomía, la vida social y cotidianamente vivible, pues no se
tiene sensibilidad suficiente para valorar ni para conocer.
Desde ese punto de vista, se lanza el discurso del España va bien,
sin darse cuenta de que cada vez se agudiza más esta España
tripartita, de tres tercios, en el seno de la cual un tercio apenas
puede vivir. Habría sido una ocasión de oro para realizar una
actualización, simbólica y política, real, adecuada; no habría
costado un dinero insoportable, desde luego habría sido una cantidad
superior a la que se va a aportar presupuestariamente, pero no habría
supuesto ningún desfase respecto al cuadro macroeconómico. Se ha
demostrado que ustedes no creen que haya que proteger socialmente.
Desde el punto de vista de una política neoliberal, ustedes están
apostando por castigar a los desempleados, como si no fuese culpa de
la estructura sino de que son vagos o que no están preparados. Este
es el mensaje que están transmitiendo. Por eso, ahora se han dado
cuenta de que no basta con el España va bien y están lanzando un
mensaje último, muy ideológico, de cohesión nacional, no de cohesión
social. Da la impresión de que ustedes intentaran adicionar el viva
España al España va bien, pero me parece que esta realidad no se
cohonesta con esa realidad social que se vive en las calles de este
país, que ustedes no conocen o no quieren conocer, pero que están
castigando presupuestariamente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir sobre los puntos de Trasmediterránea e Iberia.
Nuestro grupo, junto con el Grupo Mixto, había pedido la
comparecencia del vicepresidente económico del Gobierno y también
creíamos conveniente la comparecencia del señor Piqué para explicar
dos hechos relevantes. Aunque fueron debatidos en Comisión
recientemente, pensamos que las explicaciones no han sido suficientes
y que continúan existiendo algunas incógnitas sin desvelar.
En primer lugar, sobre Iberia, la cuestión de fondo es si el precio
fijado finalmente es acorde con el valor real de la empresa. Se nos
ha explicado que la propia SEPI dividía el valor de la compañía en
tres partes. En primer lugar, el valor del negocio del transporte
aéreo, 330.000 millones, y luego se fijaban dos cantidades, una
primera valoración máxima, como recalcaba el señor Ferreras, de
200.000 millones por la participación en Amadeus del 25 por ciento, y
una segunda de 50.000 millones por los terrenos de La Muñoza, no
útiles o no necesarios para el negocio aéreo.
En el caso de Amadeus, la explicación que se dio es que la valoración
era la máxima para la negociación posterior con los posibles
compradores y que el precio final se fijó en función del valor de la
oferta pública de acciones -valor fijado por la propia Bolsa- el
primer día de su salida a Bolsa. Pues bien, el precio en aquel
momento fue de 907 pesetas por acción y, por tanto, se valoró en
141.000 millones -si no recuerdo mal-, que quedaron reducidos a
106.000 millones, descontados los impuestos.
Esta es la explicación hasta ahora recibida por todos los grupos
parlamentarios, pero la realidad es que, a 30 de diciembre, el valor
de la acción de Amadeus en Bolsa ha sido de 2.279 pesetas, con lo que
el valor de la participación de Iberia en la compañía -de esos 17
millones de acciones- sería de 335.000 millones de pesetas. Sabiendo
que el valor en Bolsa no es el valor real de una compañía, pero sí un
indicador muy importante, lo cierto es que los que se quedan ahora
con ese 25 por ciento de Iberia han hecho o van a hacer un negocio
redondo, es decir, adquieren por 106.000 millones algo que pocos días
después vale en Bolsa 330.000 millones de pesetas. Es un gran
negocio; desde luego, no para Iberia ni para el Estado. Nuestra tesis
es que probablemente la primera valoración que fijaba un precio
máximo era más acertada que la decisión final de dejar que el precio
lo fijara el comprador el primer día de salida a Bolsa, sabiendo como
se sabe en este momento -y hay otros ejemplos- que el valor real de
compañías de sectores de futuro tipo Terra-Internet o de otro tipo,
como Amadeus -aunque también tiene un gran componente informático-,
cuando se abre una OPV siempre se suele disparar. Entendemos que el
Estado ha tenido una pérdida importante en el precio
fijado en este caso para las acciones de Amadeus y que el error
básico, insisto, no está en un incumplimiento de contrato, sino en
haber fijado el precio de referencia. También le interesaba mucho al
señor Ferreras resaltar lo del precio de referencia; pero es que el
precio de referencia lo fijan las partes, lo fija el vendedor o lo
fija un auditor externo o un experto independiente. El propio Consejo
Consultivo de Privatizaciones destaca en su escrito que las
debilidades están precisamente en la falta de diversos informes, al
menos de valoración externa, y no en hacer autovaloraciones por el
propio vendedor. Por tanto, insistimos en que no hay una explicación
razonable y que, en nuestra opinión, en el caso de Amadeus hay una
pérdida importante para el Estado.
En el caso de La Muñoza, hay más incertidumbres, pero tampoco deja de
ser sorprendente que los que hicieron la valoración inicial para la
negociación, de 50.000 millones -también máxima, por supuesto-,
estuvieran tan errados, puesto que los 50.000 millones en que se
valoraron inicialmente esos terrenos han sufrido una reducción
sustancial que supone aproximadamente 32.000 millones menos. No sé si
los valoradores se equivocan también, pero desde luego es un error de
bulto. Yo puedo entender que los precios los fija el mercado y que en
estos casos puede haber fluctuaciones de 3.000/5.000 millones, pero
nunca una fluctuación de 32.000 millones entre la valoración máxima
inicial y el precio final fijado, aunque sea por otro nuevo
valorador; a lo mejor hacía falta un tercer valorador para fijar los
precios de referencia en un tema tan complejo como puede ser el de
unos terrenos, y más en el entorno de Barajas, que están sujetos a si
va a haber o no nuevo aeropuerto y a cuál pueda ser la evolución
futura en el mercado inmobiliario si por fin se abandona Barajas
dentro de 10/15 años y esos terrenos aumentan, incluso duplican, ese
valor que hoy se está fijando. Desde luego, nos parecen muy
llamativas esas dos diferencias fundamentales, y nos preocupa -y con
esto termino con la intervención sobre Iberia- la propia evolución de
la compañía. Ahí están los informes de la compañía que muestran una
pérdida importante sobre el año anterior, tanto en el mercado europeo
como en el mercado español, y por tanto una evolución preocupante en
el negocio principal. Lo importante para nuestro país es saber si
nuestros servicios funcionan bien y si en este caso una compañía
aérea, hasta ahora bandera, funciona bien.
Existe otro agujero en la propia configuración de la venta, donde se
fijaba un núcleo duro, teóricamente español, que hoy ya no es tan
español, puesto que Logista desembarca en Iberia a través de
Tabacalera y, como todo el mundo sabe, tiene capital público francés.
Por tanto, se da la paradoja de que no vamos a tener ni una peseta de
capital público español en Iberia y sin embargo Francia, a través de
una empresa pública como Logista, asociada a Tabacalera, va a estar
en el núcleo de decisión de la compañía Iberia, que se había
configurado teóricamente frente a British y frente a los
americanos. Por otra parte, la asociación del BBV con los italianos
introduce indirectamente la presencia italiana en el núcleo duro, que
se había configurado para evitar que Iberia dejara de ser algún día
compañía bandera, y se había vendido así a la opinión pública. Estas
son dos reflexiones para ver qué proceso ha seguido Iberia.
En definitiva, seguimos pensando que los ministros deberían venir a
dar una explicación más seria y razonable, o por lo menos a ampliar
las explicaciones hasta ahora recibidas.
El caso de Trasmediterránea es mucho más sencillo.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, le rogaría que fuera un poquito
más breve para que la tercera intervención de fijación de posición
pueda ajustarse al tiempo, del que se ha excedido.
El señor SANTISO DEL VALLE: Voy a intentar ser más breve, puesto que
el caso es más sencillo.
En la propia Comisión se reconocieron dos errores básicos. En primer
lugar, haber elegido a la persona inadecuada para dirigir la Compañía
Trasmediterránea. Cuando las cosas no van bien, después de los
grandes fichajes que suelen terminar mal, es lógico que trate de
buscarse acomodo político a una persona, pero quizás se hizo en un
negocio que no conocía bien.
En segundo lugar, las explicaciones siguen siendo insuficientes,
porque la explicación fue pérdida de confianza. La pérdida de
confianza es tan amplia y tan espectacular que abarca todo. Lo cierto
es que las explicaciones que la Dirección General de Patrimonio dio a
los medios de comunicación no se dieron en la Comisión, y por tanto
tendrá que venir el ministro a darlas. En nota escrita a los medios
de comunicación se alega no solamente pérdida de confianza, sino
temas que pueden suponer serias irregularidades o incluso indicios de
delito, como por ejemplo otorgar una indemnización de 53 millones de
pesetas a don José Antonio Fuster, a pesar de que le correspondían
3.500.000, o por ejemplo intentar aplicar compras por 74.900
millones. Por tanto, no es un tema menor. No es sólo un tema de
pérdida de confianza. Si la pérdida de confianza es en qué se va a
gastar uno 74.000 millones de pesetas y con quién, se trata de algo
relevante, pero no se expresó en la Comisión. Pasar una factura de
2.500.000 por irse a ver la Copa del Rey en barco también es un tema
relevante. No sé si el Ministerio ha tomado algún tipo de medida para
pedir como mínimo la devolución del importe de dicho paseo. En
sentido inverso, el cesado o dimitido ha hecho acusaciones muy graves
que no sé si ustedes han llevado a los tribunales, porque ha venido a
decir que se está preparando la compañía para regalársela a los
amigos. Esto lo ha dicho el señor Trías de Bes, no yo. Por tanto,
tampoco hubiera estado mal que el señor Trías de Bes hubiera venido
aquí a explicarnos su punto de vista, puesto que al mismo tiempo se
ha defendido su gestión global en la compañía, pero las explicaciones
se
han dado en los medios de comunicación y no en la Cámara. Por tanto,
seguimos insistiendo en la necesidad de esas dos comparecencias.
Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Tiene la palabra el señor Navas, para fijación de posición.
El señor NAVAS AMORES: Sucintamente, nosotros pedimos también la
comparecencia del ministro de Industria para discutir las medidas que
el Gobierno piensa aplicar a este sector, que viene arrastrando
durante tantos y tantos años una crisis que no termina de ver la luz.
Finalizada la aplicación del plan de competitividad se han conseguido
una serie de objetivos, pero el último y más determinante, que venía
a suponer que después de todas esas medidas los astilleros públicos
españoles estarían en una situación de rentabilidad que garantizase
su viabilidad para el futuro, no se ha conseguido. El PEC ha
fracasado en el principal objetivo que debía alcanzar. Por tanto,
hemos estado muy preocupados con la evolución de este sector
industrial. Hemos discutido al final de la legislatura tanto la
interpelación como la moción al ministro para saber cómo estaba la
situación, cómo iban las discusiones y cuáles debían ser las
propuestas que España debía defender ante la Unión Europea para
garantizar la viabilidad de este sector industrial.
De nuevo, nos encontramos con que en el mes de diciembre hubo una
negociación, un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos que
entendemos que hay que discutir también en sede parlamentaria con el
ministro y, sobre todo, lo que va a ser el segundo asalto que va
a suponer la negociación en profundidad de los contenidos específicos
que se van a aplicar para que haya un plan industrial que dé garantía
de futuro a todos los astilleros públicos españoles.
En el acuerdo con los sindicatos se habló de una opción,
prácticamente única, exclusiva, como plan industrial con los
astilleros: el hecho de que se fusione con Bazán. Es una opción que
hasta ahora no se había barajado. Se sustenta en el informe McKinsey,
del que no disponen todavía ni los sindicatos ni este grupo
parlamentario, aunque va a ser una de las herramientas fundamentales
para la negociación que ahora en enero se debe abrir para ver cuál va
a ser el proyecto industrial que se va a aplicar a nuestros
astilleros. Por ello es necesaria la presencia del ministro de
Industria para profundizar sobre estas cuestiones, que son vitales
para conocer qué medidas vamos a aplicar a los astilleros.
Hay una serie de compromisos que ha adquirido la SEPI sobre los que
queremos que el ministro nos explique cómo se va a garantizar su
cumplimiento, desde el mantenimiento de los centros actuales y de las
plantillas a cómo se va a activar a corto plazo la acción comercial
para conseguir un aumento sustancial en la
cartera de pedidos y que a muy corto plazo se concreta en el contrato
de los gaseros para Repsol.
Según dice el Gobierno, se van a ampliar las ayudas a la contratación
y se va a financiar un plan tecnológico. Son un conjunto de medidas
suficientemente amplias y ambiciosas para que este Parlamento no esté
de espaldas a ello y nuestro grupo parlamentario, siguiendo con
preocupación, como lo han hecho los sindicatos y los trabajadores, la
evolución del sector de los astilleros, cree justificado el hecho de
que se tenga que realizar una sesión especial para hablar de estas
cuestiones y, sobre todo, en el ámbito de la Unión Europea.
En febrero se van a reunir de nuevo los ministros de Industria para
analizar cómo evoluciona el sector, cuáles son los resultados que se
están consiguiendo con el enviado especial que los ministros
decidieron enviar a Corea para normalizar las reglas que van a regir
el mercado internacional en el aspecto de la construcción de buques.
Tenemos que seguir defendiendo las ayudas desde el ámbito
comunitario. No podemos nacionalizar lo que son políticas
comunitarias, no podemos nacionalizar las ayudas y los gastos que
puede ocasionar el mantenimiento de este sector y, por tanto, vemos
con preocupación este presente -las cifras cantan solas-, como las
medidas que ha habido que tomar para que al cierre del ejercicio 1999
los astilleros no estuviesen en bancarrota y los acuerdos de muy
última hora que han sido alcanzados. De otra manera, nos
encontraríamos en este momento con una situación insostenible en los
astilleros públicos. Además, nos encontramos con una regulación de
empleo que afecta al conjunto de los ocho astilleros públicos y que
viene a suponer prácticamente 1.700 empleos al mes desde febrero
hasta junio. Es una situación preocupante que existan unas
negociaciones pendientes con tan hondo calado y es necesario que el
ministro comparezca. Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea la
seguridad en el tráfico marítimo es fundamental y ahora tenemos
alguna muestra que nos tendría que hacer recapacitar sobre la
necesidad de que desde el ámbito Europeo se exijan medidas de
seguridad, la revisión de la flota, la exigencia del doble casco, el
envejecimiento de los mercantes, etcétera.
Paso al último punto -le agradezco su benevolencia, señor presidente-
sobre el acuerdo de pesca con Marruecos que expiró el 30 de
noviembre. Unos 415 barcos están amarrados y unos 4.400 tripulantes
han perdido su empleo y han regresado a puerto sin saber cuándo van a
poder reiniciar su actividad y en qué condiciones. Estos barcos
pertenecen fundamentalmente a Galicia, Canarias y Andalucía y en
menor medida a Valencia y al País Vasco, regiones en las que la pesca
es un motor de gran relevancia estratégica en el ámbito de la
política alimentaria y por el número de empleos. No olvidemos que el
amarre de la flota afecta a otros 4.000 puestos de trabajo en tierra,
sin contar con los puestos indirectos, aproximadamente otros 30.000,
todo
ello en zonas muy golpeadas por el paro y que han visto descender el
número de barcos a 415, frente a los 600 que lo hacían hace cuatro
años y a los 900 de los años ochenta.
Si los grandes barcos congeladores tienen más posibilidades de
desplazarse a otros caladeros, la mayoría son barcos de porte medio,
tanto canarios como andaluces, para los cuales estas aguas
constituyen casi la única salida para faenar. Esta situación es
sobradamente conocida por el Gobierno de Rabat, que ha hecho de esta
dependencia su principal baza en la negociación.
En la última década, Marruecos ha mantenido una posición continuada
de endurecer el acuerdo de pesca, aumentando el coste, limitando el
tonelaje de registro bruto, reduciendo el número de barcos y de
tripulantes, imponiendo más vedas con la justificación de
salvaguardar un caladero que luego esquilman barcos de otros países y
la propia flota artesanal marroquí. Ahora las autoridades de Rabat,
según sus propias declaraciones, quieren modificar completamente la
filosofía del nuevo compromiso.
Marruecos pretende no solamente más dinero sino, sobre todo,
conseguir que la pesca, con todo su valor añadido, se quede en tierra
firme de ese país y que las capturas se hagan fundamentalmente a
través de empresas mixtas para las descargas y la posterior
transformación en empresas marroquíes. De otra parte, Rabat pretende
aprovechar las negociaciones del acuerdo pesquero con la Unión
Europea para aumentar sus exportaciones agrícolas, especialmente
tomates y cítricos, lo que para más inri perjudicaría a las mismas
regiones interesadas por el acuerdo pesquero, como puedan ser
Andalucía y Canarias.
Mi grupo parlamentario reitera su oposición frontal a que se mezclen
panes y peces. No vamos a aceptar que Marruecos imponga condiciones
en el sector agrario bajo la presión del acuerdo de pesca y en
detrimento de las producciones españolas y comunitarias, y tampoco
vamos a consentir que la Unión Europea sacrifique la pesca y el campo
español como moneda de cambio para mejorar sus posiciones en otros
sectores, como pueden ser la construcción, la automoción y las
comunicaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, ha de ir concluyendo, por favor.
El señor NAVAS AMORES: Termino ya, señor presidente.
No es admisible que las frutas y hortalizas paguen la factura de la
política exterior de la Unión Europea. Si Marruecos desea mejorar sus
posiciones en otros capítulos, que los negocie en otro marco, es
decir, en el marco de un nuevo acuerdo de asociación con la Unión
Europea.
Hay unas referencias obligadas que tienen relación con el convenio de
pesca, que son las ayudas directas a los armadores, la materia social
que está lógicamente ligada a los trabajadores que van a estar en
este sector,
las empresas mixtas, la transparencia que tiene que haber en la
gestión de todo este convenio, un montón de interrogantes que son
para nuestro grupo parlamentario motivo más que suficiente y
justificado para que el ministro de Agricultura y Pesca tenga que
comparecer ante esta Comisión para hablar, para discutir, para
conocer cuáles son los argumentos que España va a defender para
conseguir un buen acuerdo de pesca con Marruecos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.
Pasamos a las iniciativas y posterior fijación de posición que
sostiene el Grupo Socialista, en cuyo nombre intervendrán en el
primer punto el señor Caldera, luego el portavoz don Luis Martínez
Noval y, finalmente, para la fijación de posición, el señor Perales.
Tiene en primer lugar la palabra el señor Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos que la Diputación Permanente convoque la Comisión de
Economía para que comparezca el señor Rato a fin de que nos explique
la situación de la Compañía Transmediterránea. ¿Por qué? El Gobierno
el otro día nos envió al señor subsecretario del Ministerio para
hablar de esta compañía, y dio plenamente la razón a mi grupo, a
Izquierda Unida y al resto de los grupos que solicitábamos la
presencia del señor Rato.
El subsecretario, señor presidente, no aclaró nada acerca de la
situación de la compañía, pero sí fue un libro abierto en relación al
valor que concede el Partido Popular a este Parlamento. Lo digo
porque el subsecretario se permitió afirmar en sede parlamentaria que
esta Cámara no puede analizar la gestión de esta naviera de
titularidad pública. Así, lisa y llanamente. La Cámara no puede
analizar la gestión, ni siquiera política, de los responsables de
esta compañía.
Ya sabíamos que ustedes se niegan a que venga Villalonga, a pesar de
que esa compañía presta servicios de carácter esencial, en régimen de
monopolio, con precios autorizados, pero Trasmediterránea es una
empresa pública -el 95 por ciento es de titularidad de Patrimonio del
Estado- y demostró un grave desconocimiento. Es normal porque el
subsecretario, más bien, si me permiten coloquialmente, es el jefe de
personal del Ministerio. Es lógico que el subsecretario no entienda
de lo que ocurre en la Compañía Trasmediterránea. Hubo un grave
desconocimiento de la evolución y gestión de la compañía. Ahora bien,
¿por qué se le envió? Es evidente que para proteger al señor Rato.
Eso sí, se mostró bastante hábil en esa técnica, en ese arte del
discurso-insulto que la factoría MAR -que ahora parece que también va
a asesorar al Partido Popular en la campaña electoral-tiene
acreditado. Lo digo porque, incluso, se permitió el lujo el señor
subsecretario de llamar tontos útiles a algunos parlamentarios que
intervinieron en aquella sesión. Tontos útiles, eso fue lo que
dijo el señor subsecretario, y algunas otras perlas que omito por
respeto a ustedes.
A mí me gusta bastante fijarme en el programa electoral de cada
fuerza política. El programa electoral del Partido Popular del año
1996, cuando hablaba de las empresas públicas, decía: El futuro de la
empresa pública requiere un marco de renovación que atienda a los
siguientes aspectos: los criterios de la selección de directivos y
miembros de los consejos de administración en los que deberá primar
la profesionalidad. Y se nombró al señor Trías de Bes que, como quedó
acreditado en la Comisión, no sabía nada de barcos. Seguro que alguna
vez había montado en un barco; pero saber, saber de barcos y de la
situación de la Compañía Trasmediterránea, señorías, poco. Ahora
bien, el responsable de ese hecho es el Gobierno y el máximo
responsable -valga la redundancia- del ámbito económico es el señor
Rato. Y sólo ese hecho, el nombramiento del señor Trías de Bes,
merece una explicación en este Parlamento, por supuesto, acompañada
de las oportunas responsabilidades que cree mi grupo que son
importantes.
Si a este hecho le unimos el modo en que se ha marchado el señor
Trías de Bes -que no le han cesado, como dijo el subsecretario, se ha
marchado, ha dimitido él-, la explicación sobre lo ocurrido se
convierte ya en una necesidad perentoria. El señor Trías de Bes
presentó su dimisión y la causa esgrimida es el linchamiento moral
-dijo- iniciado contra su persona, dirigido por el ministro de
Economía, Rodrigo Rato. También dijo: cuando la compañía estaba
hundida nadie quiso saber nada. Ahora que tiene resultados positivos
todos desean meter mano, y vaya si la han metido. Nosotros queremos
saber si han metido mano en la compañía. El ministro le pidió que
convocara un consejo de administración para que le destituyeran. Me
negué a ello en una conversación muy dura por la prepotente soberbia
del ministro. El señor Trías de Bes cree que se le ataca -y esto es
lo más importante, señorías- porque es un estorbo a determinadas
operaciones porque se quiere despatrimonializar la compañía cara a la
privatización y se quiere hacer algún favor a alguien en que yo no
pueda interferir.
Después de dicho esto, señorías, uno piensa: ¿Cómo no toma medidas el
Gobierno? ¿Cómo no adopta drásticas medidas? ¿Han tomado alguna? No.
Y ante ello el subsecretario, supongo que en este caso como heraldo
del señor Rato, se permitió afirmar que esto es normal y que se
enmarca en la habitual rotación de cargos públicos. Señorías, por
favor, díganme un solo caso parecido a éste. ¿Se imaginan ustedes, si
esto ocurre con otro Gobierno, la que hubieran organizado los
hooligans del PP, algunos de ellos aquí presentes? ¿Se imaginan
ustedes, si se marcha el presidente de una compañía pública haciendo
estas gravísimas acusaciones, qué hubiera ocurrido en las bancadas
del Partido Popular? (Rumores.) Aquí simplemente pedimos que el
máximo responsable, que es el señor Rato, venga a dar
explicaciones de la situación de la compañía, porque algún fundamento
tienen sus acusaciones.
La venta de un barco de esa compañía, el Ciudad de Zaragoza, se ha
hecho a la naviera Pitra, propiedad del señor Matutes. Con
independencia del valor del mismo, mi grupo afirma que se ha hecho
por debajo del coste, incluso de reparación del mismo, y que entraña
un trato de favor al señor Matutes, pero no discutamos ese extremo.
Por cierto, el Gobierno no da ni un sólo documento que acredite el
valor que dice que se ha pagado por ese barco, pero vamos a dejarlo a
un lado. Con independencia, incluso, del deber legal de inhibición,
fíjense ustedes qué circunstancia se da. El señor Rato vende al señor
Matutes, sentado a su lado en el Consejo de Ministro, un barco.
Simplemente esto, desde el punto de vista ético, creo que es
inaceptable. Y no sólo no actúan ustedes, sino que no le permiten al
señor Trías de Bes, que lo ha pedido y también lo ha pedido mi grupo,
que venga al Congreso a explicarse. ¿Por qué? Supongo que algún
fundamento tendrán, señorías, sus acusaciones. El otro día la
respuesta del Gobierno fue un trío de ases: primero, la compañía
navega, eso nos dijo el señor subsecretario, y comentábamos algunos
compañeros del Grupo Socialista que también navegan los submarinos,
pero hay que ver cómo navega la compañía. Segundo, el señor Trías fue
cesado, y esto es muy importante, al perder la confianza política.
¿No habíamos quedado en que, según su programa electoral, los
criterios para dirigir una compañía son profesionales? En todo caso,
perdió la confianza política, ¿por qué? Eso necesitan saberlo los
ciudadanos, como antes le preguntaba el señor Santiso. ¿En razón de
qué ha perdido la confianza política? Ni una palabra. Y, tercero, la
compañía no se privatizará en esta legislatura, y este, señorías, no
es el problema, porque, por cierto, sería la única empresa que
ustedes dejaran sin vender, Piqué dixit, eso ha dicho Piqué, que todo
se va a vender. El problema está en la situación de la empresa para
cuando llegue el momento de venderla, y de esto es de lo que hay que
dar cuenta al máximo nivel. ¿O es que, señoras y señores del PP, no
fue el señor Rato, el vicepresidente económico del Gobierno, quien, a
través del señor Fernández Norniella, su brazo ejecutor para diversos
menesteres, como todos sabemos, nombró al director general, señor
Fernández Villamandos, que despojó de sus atribuciones al señor Trías
de Bes? Por cierto, el señor Villamandos procede de una empresa que
se llama Asea-Brown Boveri, también procede de ella el señor Irala,
presidente de Iberia, el señor Mullor, director general de Iberia, el
presidente de Aldeasa. ¿No les parece a ustedes mucho AseaBrown
Boveri? Me parece mucho, y quizá si comparece el ministro de
Economía, señor Rato, podremos hablar más en extenso de esta
situación y de los movimientos previos a la privatización de la
Compañía Trasmediterránea.
Si ustedes de verdad quieren despejar incógnitas les invito a que
acepten nuestra petición y la de Izquierda Unida y el Grupo Mixto
para que comparezca el señor
Rato. Es muy necesaria esta comparecencia. En dos palabras, señorías,
¿cómo está la compañía? Aquí se nos tiene que explicar por qué en dos
ocasiones, fíjense ustedes -no recuerdo que haya ocurrido jamás en la
historia democrática española-, se modifican los estatutos de la
Compañía Trasmediterránea con una sola finalidad: despojar de
competencias al presidente ejecutivo, señor Trías de Bes, en lugar de
cesarle, que sería lo razonable. Si no tienen confianza política en
él, hace ya varios años que parece que dejaron de tenerla, lo cesan.
Se nos deben explicar a fondo las características de esa venta del
Ciudad de Zaragoza al señor Matutes; el plan estratégico de la
empresa aprobado en el año 1997, y aquí no ha habido ni un solo
debate; el PP dice que no lo hemos pedido; hemos pedido muchos
debates, señor Aguirre, infinidad de preguntas, de peticiones; los
detalles del contrato de arrendamiento de la nueva sede en la que se
ubican los servicios centrales de la compañía, porque decir, como
hizo el señor subsecretario, que efectivamente se pudo hacer mejor
esa operación es cuando menos increíble. ¿Cómo que se pudo hacer
mejor? Si ha habido pérdida de interés para la empresa y ha habido
una mala posición en ese arrendamiento, habrá que pedir
responsabilidades. Fíjense ustedes: el inmueble costaba 1.500
millones de pesetas, Trasmediterránea renunció a su compra y, sin
embargo, lo alquiló por diez años abonando esa cantidad, 100 millones
menos, 1.400 millones de pesetas. Díganme ustedes qué inmueble en
Madrid, señoría, se amortiza en diez años, porque seguro que hacemos
entre todos una sociedad y nos ponemos a comprar inmuebles con esta
garantía de amortización. Pues no se piden responsabilidades al
presidente de la empresa o a quienes fueron los responsables de esta
operación. Plan de flota; márgenes brutos operativos y resultados de
explotación de los últimos ejercicios; razones de la presencia de la
compañía en el accionariado de la sociedad World Trade Center en
Barcelona, con una inversión superior a 1.800 millones de pesetas, a
nuestro juicio innecesaria, como consecuencia de la reciente
construcción de una terminal de pasaje propia; cuantía de la deuda
circulante de la compañía; política de embarcaciones de alta
velocidad; futuro de las subflotas; pérdidas en el número de
pasajeros habidos en las diferentes rutas y justificación de los
contenidos de diversas propuestas económicas de cara a la extinción
del contrato programa. Todo ello para demostrar que no se está, según
ustedes, despatrimonializando, perdiendo valor la compañía para
entregársela a los amigos. Como de este análisis y del que hicimos en
Comisión se demuestra - creo- que es verdad que se está perdiendo
aceleradamente valor en la compañía, seguramente con una determinada
finalidad, queremos que comparezca el responsable, que es el señor
Rato, para que nos explique sus razones.
Acabo. No se discute la privatización, en absoluto, sino los medios,
fines, procedimientos e intereses que se mueven detrás. Que se pueda
vender una empresa pública es, incluso en este caso, razonable, lo
que se
discute es lo que hay detrás. Última pregunta, señor Aguirre, y
trasládesela al señor Rato porque sé que no va a venir, porque
ustedes se opondrán. ¿No será que lo ocurrido verdaderamente (cuando
ustedes presumen de que no se ha privatizado la empresa, y visto el
furor vendedor que han tenido en esta legislatura) es que no han
podido ponerse de acuerdo en qué amiguetes se quedarían con la
compañía, a la vista de estas discrepancias entre el señor Trías de
Bes y el Ministerio de Economía? Esto es muy fácil de dilucidar. Que
venga el señor Rato, que venga el señor Trías de Bes y podremos
discutir con ellos, representando el interés de los ciudadanos, qué
es lo que ha ocurrido en esta compañía. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente. Quiero ocuparme
de nuestra pretensión relativa a la comparecencia del señor ministro
de Industria y Energía a efectos de explicar y dar a conocer algunos
aspectos, todavía desconocidos, en relación con la privatización
llevada a cabo en Iberia.
El Gobierno del Partido Popular viene sosteniendo a lo largo de la
legislatura que el proceso de privatizaciones se ha ajustado a tres
principios elementales en cualquier operación de esa naturaleza:
publicidad, transparencia y concurrencia. Pues bien, yo me quiero
centrar exclusivamente en uno, en el principio de la transparencia.
Ustedes vienen haciendo también en esta Cámara un discurso (de
acompañamiento al del Gobierno a lo largo de esta legislatura) en el
que sostienen, una y otra vez, que ese proceso de privatización de
empresas públicas ha sido un proceso plenamente transparente. A este
respecto, puedo aducir una experiencia personal de esta legislatura.
Hace años, pero de esta VI Legislatura, solicité por la vía del
artículo 7 del Reglamento de la Cámara el envío de aquellos
documentos, estudios o trabajos en los cuales dos bancos de inversión
habían establecido el valor que en el mercado tenía el 27,3 por
ciento de Telefónica Internacional (hablar hoy de Telefónica tiene
algún sentido). Lo solicité porque había otros bancos de inversión
que sostenían que el precio era muy superior a los 127.000 millones
de pesetas por los cuales el Estado vendió su participación a
Telefónica. No tuve ninguna respuesta. Pedí amparo al presidente del
Congreso. Su amparo no sirvió para que yo recibiera esos documentos.
Díganme ustedes: ¿tiene algún sentido que un grupo parlamentario de
141 diputados no pueda tener acceso, por más que pida amparos, por
más que insista, a lo fundamental de un proceso de venta de
participaciones, que es cómo se establece y con qué criterios se
determinan los precios de los activos? El resto, teniendo
importancia, tiene menos interés que conocer la base sobre la que se
asientan los precios a los cuales se enajenan unos activos
que son patrimonio de todos los españoles. Ha sido imposible,
señorías.
En el caso de Iberia estamos otra vez en lo mismo. Primera cuestión:
en relación con la falta de transparencia de esta privatización, no
hemos recibido el dictamen del Consejo Consultivo de las
Privatizaciones. Circula por ahí, por la realidad española, pero no
precisamente porque el Consejo Consultivo haya enviado al Congreso de
los Diputados el contenido de ese dictamen; no lo ha hecho. Hemos
manejado y barajado argumentos que se contienen en el informe, pero
no porque lo hayamos recibido por la vía del Registro del Congreso de
los Diputados. Consecuencia de ello, resulta extraordinariamente
sorprendente que la persona que comparece en nombre del Estado, en
este caso el presidente de la SEPI, para explicar los detalles de la
privatización, cuando se le pregunta por el informe del Consejo
Consultivo responde que él no tiene autoridad ni competencias para
hablar de ese informe, que es el Consejo de Ministros, el ministro,
que es el destinatario, quien debe opinar sobre su contenido, pero no
él, que es sencillamente el presidente del holding o del fondo de
participaciones que enajena y vende. Curioso argumento, curioso
parapeto tras el que se escondió el señor Ferreras. Entonces, si sólo
el ministro puede opinar sobre el contenido de ese dictamen, hay una
razón elemental, que yo creo que ustedes aceptarán, y que conduce
sencillamente a que comparezca el señor Piqué en esta Cámara para dar
su opinión sobre el contenido de ese dictamen.
En segundo lugar, ahora sabemos que hay dos bancos de inversión, el
Merrill Lynch y el Bankers Trust, que han hecho una valoración de la
compañía; y precisamente el dictamen del Consejo Consultivo -fíjense,
el Consejo Consultivo lo preside un diputado del Partido Popular-
deja bien claro que es un poco extraño que los bancos que colocan las
participaciones, en este caso estos dos, Merrill Lynch y Bankers
Trust, sean a la vez los que hacen la valoración, y es el propio
Consejo Consultivo el que resalta este hecho, llama la atención sobre
el mismo y dice que esos dos bancos, como cobran comisiones por el
éxito de la operación, tenderán inevitablemente a valorar a la baja a
la compañía Iberia para que sea más fácilmente colocable en el
mercado, que es por lo que a ellos les va a retribuir la SEPI, por
esa vía denominada la comisión de éxito de la operación.
Luego estamos una vez más, señor presidente, señorías, ante un caso
en el que, no haciéndonos ya ninguna ilusión, podemos dar por hecho
que no tendremos acceso a los documentos, a los trabajos, a los
estudios que llevaron a estos dos bancos de inversiones a dar un
determinado valor a la compañía Iberia.
En tercer lugar, hay un hecho que, de todos modos y al margen de todo
lo anterior, justifica plenamente la presencia del señor Piqué en
este Congreso de los Diputados. Nosotros no podemos admitir que el
portavoz del Gobierno, a la salida de los consejos de ministros,
viernes tras viernes, haga afirmaciones sobre comportamientos
de gobiernos anteriores no estando dispuesto a su vez a
comparecer en esta Cámara si se le llama para que lo explique y para
que lo discuta. Porque en otro caso, señorías, ese es un ejercicio
semanal, periódico y permanente, de cobardía política del señor
Piqué. (Rumores.) Así es muy sencillo, así cualquiera hace esas
declaraciones. Cuando se hace una declaración de esa naturaleza,
siendo, como él es, portavoz del Gobierno, hay que estar dispuesto a
venir a esta Cámara a sostener esas afirmaciones y a someterse al
contraste con los grupos de la oposición en relación con las
afirmaciones que él hace. Si no, señorías, tenemos que concluir que
el señor Piqué habla gratis, se esconde tras su condición de portavoz
y se prevale de la capacidad de convocatoria de un portavoz del
Gobierno los viernes por la mañana a los medios de comunicación para
utilizarlo como tribuna contra los grupos de la oposición y contra
gobiernos anteriores de este país. (Rumores.) Ese sería un
comportamiento lógico y razonable, señorías.
Pero si además se miente, los hechos adquieren mayor tono de
gravedad. Porque el señor Piqué, en un contexto medidamente teatral,
vino a sostener en aquella rueda de prensa que el último presidente
de la compañía Iberia nombrado por un Gobierno socialista había ido a
su despacho en la segunda mitad del año 1996 a decirle que esa
compañía habría que venderla por el precio de... Recuerden que el
señor Piqué estuvo callado un rato y dijo: una peseta. Bueno, pues es
falso; es mentira, no se corresponde con la realidad. Señorías, ¿qué
persona, presidente o no de la compañía Iberia, va a decir eso a
nadie si en el año 1996 la compañía Iberia tenía 89.415 millones de
fondos propios? Estoy leyendo la memoria de la compañía. Cualquiera
que conozca e interprete balances sabe perfectamente que una compañía
que tiene 89.000 millones de fondos propios no se vende precisamente
por una peseta. Cualquiera que lea balances con cierta pericia sabe
que una compañía que tiene 2.948 millones de beneficios no se vende
por una peseta en el año 1996. Y así sucesivamente, señorías.
Es verdad que la compañía venía de momentos muy difíciles en los años
1993, 1994 y 1995. Veníamos de años en los cuales todas las compañías
europeas y americanas, como consecuencia de la política que se llamó
de cielos abiertos, de liberalización del sector, entraron en un
proceso de pérdidas del que tardaron unos años en recuperarse. Pero
el 8 de octubre de 1997, señorías, comparece el presidente de Iberia
que ustedes nombraron, el señor Irala, y dice aquí cosas tan
importantes como esta: Recordando los puntos más importantes de este
plan para los años 1995 y 1996, se incluyó una ampliación de capital
de 87.000 millones, de los cuales 50.000 se dedicaron a reducir deuda
y 37.000 a reducir costes, básicamente salariales; reducción de
costes salariales en un 8,5 por ciento, reducción de plantillas en
3.500 trabajadores y una reducción de costes generales de 24.000
millones de pesetas.En un alarde de objetividad que hay que
agradecerle y
que es loable en el señor Irala, deja bien claro en esa comparecencia
que, de no haberse tomado las decisiones que se tomaron en el año
1995, la compañía no estaría hoy en las circunstancias en las que se
encuentra. Circunstancias que, por cierto, se deben al afortunado
y para todos feliz proceso de crecimiento del tráfico aéreo en
particular; señorías, tienen que aceptar que es un proceso de
saneamiento de la compañía consecuencia del fuerte incremento del
transporte turístico que tiene lugar en los años 1997 y 1998, por
ejemplo, como consecuencia de los conflictos armados que se producen
en Europa y que desvían afortunadamente hacia nuestro país buena
parte del negocio turístico.
Dicho esto, quiero decir una cosa más. No es que yo quiera atribuir
al último Gobierno socialista el mérito de haber conseguido de la
Unión Europea el visto bueno para el aumento de capital en 107.000
millones de pesetas, no. ¿Saben ustedes quiénes son los verdaderos
artífices y sobre cuyas espaldas hay que cargar los buenos momentos
que pueda vivir ahora la compañía? Pues, sencillamente, los
trabajadores de la compañía, porque el plan de viabilidad que aquí,
en este «Diario de Sesiones», alaba -y hay que ver en qué términos,
les recomiendo su lectura- el presidente de la compañía, señor Irala,
ha formado pieza fundamental del mismo: El comportamiento de los
trabajadores y las renuncias de los trabajadores en sus salarios
personales. Esto unido a los esfuerzos que desde el último Gobierno
socialista se hicieron para ampliar capital, para sanear
financieramente la compañía, etcétera, explica los resultados de hoy.
Por tanto, señorías, todo este pasado reciente exigía un
comportamiento mucho más objetivo del portavoz del Gobierno, ministro
de Industria y último responsable de la compañía.
Señorías, nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo que lo que
diga el señor Piqué -antes me refería al modo en el que aprovecha sus
comparecencias al término de los consejos de ministros- para nosotros
no tiene ningún crédito, y añado más: lo que diga el presidente de la
SEPI tampoco tiene para nosotros ningún crédito, señorías, porque uno
y otro, siendo responsables públicos, uno de un fondo de
participaciones estatales y otro portavoz del Gobierno y ministro de
Industria, los dos a un tiempo se comportan con la Hacienda pública
española de modo ilegal e irregular. Adquieren viviendas por
procedimientos que no son los habituales en los millones de españoles
que compran viviendas por el procedimiento por el que todos las
compramos, una hipoteca bancaria. No, no. (Rumores.) Esta pareja las
adquiere de otro modo. (La señora Cunillera i Mestres: Serán de buena
familia.) Utilizan el procedimiento no reconocido en la legislación
española, explícitamente prohibido en la disposición adicional
séptima de la Ley de Intervención y disciplina del mercado de
entidades de crédito; utilizan procedimientos que no son posibles ni
están al alcance del resto de los españoles. ¿Qué crédito les podemos
dar a estas personas en un ámbito público? Ninguno.
Por ello, señorías, nosotros creemos tener todos los argumentos para
insistir en la solicitud de la presencia del señor Piqué en este
Parlamento, en este Congreso de los Diputados. No nos basta el señor
Ferreras; queremos, señorías, conocer el contenido de los documentos
que han valorado ese precio de Iberia, que se ha vendido a
determinados compradores, por cierto, que siempre son los mismos.
Esta mañana muchos españoles habrán escuchado que el señor ministro
de Fomento quiere privatizar el Aeropuerto de Barajas. No sé si lo
privatizará o no lo privatizará, lo más probable es que no lo
privatice. Lo que han pensado nada más enfrentarse a la noticia
muchos españoles y yo mismo es que las condiciones en que se hará no
las sabemos, pero lo que seguramente sabemos es quiénes son los
destinatarios de la privatización del Aeropuerto de Barajas. Si
hiciéramos un catálogo, nos equivocaríamos en muy pocas cosas.
En definitiva, señorías, nosotros creemos estar suficientemente
pertrechados de argumentos para solicitar del señor Piqué que, si
está tan seguro de lo que dice, venga a defenderlo, a contrastarlo
con este grupo parlamentario en los próximos días en esta Cámara. Es
el procedimiento normal y habitual en una democracia. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la
comparecencia sobre astilleros, salario mínimo y pesca y quiero decir
que apoyaremos a los grupos que han pedido las comparecencias.
Además, queremos decir sobre el salario mínimo que creemos que el
Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de corregir lo que
ha sido una injusticia por la decisión que ha adoptado.Ya han dicho
algunos portavoces que la revalorización del salario mínimo se hace
en función del incremento de precios, de la aportación del trabajo a
la renta nacional y del conjunto de la economía en general, y no cabe
ninguna duda de que, desde el punto de vista del Gobierno, España hoy
es el país de la abundancia, que España es un país donde no hay
ninguna razón para no incrementar el salario mínimo interprofesional.
Hay que recordar que entre 1987 y 1990 el salario mínimo
interprofesional creció en España en un 30,15 por ciento. Por cierto,
en las propias referencias del Gobierno, el Gobierno de ahora dice
que el salario mínimo interprofesional creció el 7,1 por ciento; fue
el 11,9 por ciento. Se les olvida que, en ese año, las dos pagas
extraordinarias de 21 días se convirtieron en dos pagas de 30 días.
Si lo corrigen, estarán más de acuerdo con la historia y con la
verdad. Por tanto, es posible incrementar el salario mínimo. Mañana
vamos a conocer la inflación; la de noviembre fue el 2,7. Desde luego
lo que parece claro en este momento es que hay una pérdida sustancial
de capacidad adquisitiva
para los trabajadores; una pérdida de siete, de nueve décimas o de un
punto. Pero parece que esto no tiene ninguna importancia para el
Gobierno.
Hay que decir también que el salario mínimo interprofesional es un
índice de referencia para el subsidio de desempleo y, por tanto,
creemos que lo razonable es que se compense la pérdida del poder
adquisitivo. Hay que decir aquí -y esto sí tiene bastante
significación- que sabemos que el propio ministro de Trabajo ha
pedido al Ministerio de Hacienda una recuperación de siete a nueve
décimas para el salario mínimo interprofesional, cosa que ha sido
rechazada por el Ministerio de Hacienda, no sabemos por qué y, por
tanto, vamos a apoyar la petición de que comparezca el ministro de
Trabajo, pero también nos gustaría que compareciera el ministro de
Hacienda para que explicara por qué rechaza la petición del ministro
de Trabajo de que se atienda a la recuperación del poder adquisitivo.
El ministro de Trabajo no ha tenido suerte en esta petición; tampoco
parece que tuvo suerte con la Ley de Extranjería y tampoco han tenido
suerte un excelso diputado de esta Cámara, el señor Jordano, ni la
secretaria general de Asuntos Sociales, señora Gómez. Los tres altos
cargos parece que han estado tocados por una maldición y ninguno de
los tres va a tener la fortuna de comprobar la aplicación de la ley
en el futuro. Pues bien; el ministro de Trabajo tampoco tuvo suerte
cuando ha pedido, y ha sido rechazada por el ministro de Hacienda,
una revalorización, quizá pensando que el Gobierno sí correspondería
con hechos a sus palabras y que se comportaría como un Gobierno de
progreso, como les gusta decir a algunos, como un Gobierno centrista,
como un Gobierno que atiende los intereses de la mayoría. Por tanto,
apoyamos la petición de comparecencia del Gobierno para que explique
su negativa a acceder a la revalorización que hemos pedido.
Sobre astilleros quiero decir que el Gobierno y todo el sector han
llegado a la conclusión de que se encuentran en una situación
difícil, que hay problemas de carácter estructural, que hay una
competencia de países asiáticos, especialmente Corea, y lo que el
Gobierno ha hecho hasta ahora ha sido tomar dos medidas. Una,
paliativa, de carácter administrativo, que sólo va a cubrir el
período que falta hasta las elecciones, hasta marzo, y que consiste
en evitar la quiebra de los astilleros, comprando por la SEPI -como
se ha explicado por otros intervinientes- algunas factorías de
astilleros. Es decir, una medida administrativa para evitar la
quiebra y paliar el desastre en el que se ha sumido todo el sector
naval; una medida que sólo aplaza la muerte lenta a la que el
Gobierno va a someter al sector naval. Otra medida que ha tomado el
Gobierno, esta más inteligente, ha sido aplicar la memoria selectiva
al problema de los astilleros. El Gobierno del Partido Popular aplica
a todo la memoria selectiva. Cada acontecimiento lo explica en
función de sus intereses y de lo que conviene decir en cada momento.
El Gobierno siempre aplica la memoria de los vencedores, siempre
hace, de
cada acontecimiento, la lectura que le conviene. En el caso del
sector naval, este Gobierno, antes partido de la oposición, llegó a
la conclusión de que la crisis anterior del sector naval era sólo
culpa del Gobierno socialista y no existían razones estructurales ni
mucho menos competencia internacional. No había ni problemas
estructurales ni competencia. Sólo había un Gobierno socialista cuya
maldad e incapacidad eran las que conducían a Astilleros a una
situación de conflicto. Hoy, la memoria selectiva del Gobierno
explica que los problemas del sector naval no tienen nada que ver con
ninguna razón que indique la capacidad o incapacidad del Gobierno.
Sólo hay un culpable, que es Corea. Antes, el culpable de la crisis
del sector naval era, como no podía ser de otra manera, el Gobierno
socialista, y no era verdad que hubiera razones estructurales ni
competencia ni nada que se le pareciera. Hoy sí hay un culpable, que
es además asiático y se llama Corea. Por tanto, el Gobierno hace en
este, como en otros casos, una lectura absolutamente falsa, una
lectura de vencedores de la historia, pero, naturalmente, los demás
ya tienen acceso hasta por Internet a otras informaciones. Hoy hay un
severo problema en el sector naval, mucho peor que el que había hace
cuatro años, porque el tiempo ha corrido en contra de una serie de
medidas que permitían a los astilleros competir eficazmente con los
astilleros asiáticos y de otros lugares del mundo, y hoy eso no
existe ya. Ustedes hacen siempre la misma lectura y tienen la suerte
en este conflicto de tener enfrente a un partido como el socialista.
No ha habido ningún dirigente del Partido Socialista que haya
encabezado ninguna manifestación de protesta contra el Gobierno; no
ha habido ningún dirigente socialista que haya encabezado ninguna
manifestación violenta en contra del Gobierno del Partido Popular. No
tuvimos esa suerte en el Partido Socialista. El Gobierno socialista
no disfrutó de esa suerte, sino todo lo contrario: soportamos una
oposición absolutamente radical, desproporcionada e incomprensible en
un partido como el Popular cuando gobernábamos. Hubo dirigentes del
Partido Popular que encabezaron con orgullo, dicen, manifestaciones
que terminaron en violencia en Andalucía y en otros lugares de
España. Ustedes tienen una interpretación que les favorece, que es la
interpretación de los vencedores.
El señor PRESIDENTE: Señor Perales, ha de ir concluyendo
o sintetizando su intervención.
El señor PERALES PIZARRO: Lo voy a hacer, señor presidente.
Tienen una memoria de vencedores para interpretar cada
acontecimiento, tienen a un responsable que es Corea y tienen a un
Partido Socialista al que no se le ha pasado por la imaginación
encabezar manifestaciones violentas contra el Gobierno del Partido
Popular. Ustedes no han sido capaces de administrar el sector naval
y lo que han hecho ha sido acudir a la Unión Europea, a los ministros
de Industria y, con timidez, con mucha
timidez, acudir ante organismos internacionales para exigir al
Gobierno de Corea que no aplique medidas desleales de competencia. Lo
que nosotros queremos pedirles es que se comprometan con más fuerza
ante la Unión Europea. Ustedes asombraron al mundo con el arrojo y la
valentía con que defendieron el multicrypt y el arrojo y la valentía
con que han defendido los costes de transición a la competencia. El
mundo quedó sorprendido de cómo defendían ustedes tanto el multicrypt
como la ayuda a las eléctricas. Asombren al mundo ahora y asombren
también al sector naval, asómbrenlo defendiendo también con energía
ante Europa medidas de verdad que arreglen el problema del sector
naval. Y hay una medida de verdad, que es mantener las ayudas de la
Séptima Directiva. No se engañe nadie: ni España ni Europa pueden
sostener la competencia de los astilleros coreanos si no se mantienen
las ayudas al sector naval, al menos hasta que todos los países de la
OCDE acepten competir en igualdad de condiciones con Europa. Europa
no puede hacer en este sector el papel de aplicar medidas especiales
mientras otros países como Corea no las aplican en ningún caso.
Naturalmente estamos completamente de acuerdo con que el conflicto
del Erika ha puesto de manifiesto que Europa tiene que endurecer las
condiciones de navegación; que hay que construir buques de los
llamados E-3 -todos los que conocen el sector saben que España está
perfectamente capacitada- y hacer un nuevo marco de competitividad
que garantice la viabilidad. Pero el Gobierno no ha hecho nada de
esto salvo encontrar un culpable para el sector, que es Corea, y
hacer una interpretación de la historia que le conviene, como hace
siempre el Partido Popular con cada uno de los acontecimientos con
que se encuentra.
Voy a entrar en el tema de la pesca con mucha brevedad. El Gobierno
del Partido Popular ha estado literalmente a verlas venir. Sólo a
eso. Todos sabíamos -y el Gobierno, naturalmente, con mayor
información que los demás- que Marruecos había anunciado que no
habría ningún nuevo convenio de pesca ni en cefalópodos ni en ningún
tipo de capturas. El Gobierno ha actuado sin iniciativa, como un
Gobierno sin ningún tipo de predicción, un Gobierno que se ha
limitado a comprar la paz social. El Gobierno sí ha comprado la paz
social. Al sector directamente implicado, armadores y pescadores, les
ha pagado una retribución y eso ha hecho que por lo menos hasta marzo
estén tranquilos y no se les ocurra poner en crisis la paz social
hasta después de las elecciones del 12 de marzo. Hay un problema, el
de las industrias auxiliares. Hay más de 4.000 empleos, incluidos los
del transporte, que no van a recibir ningún tipo de ayuda, que por
tanto no viven del salario directo que reciban los armadores y los
trabajadores. No sabemos qué es lo que está haciendo el Gobierno
español, suponemos que no está haciendo nada y por eso nos parece
pertinente que comparezca. Lo que sabemos es que el señor Posada,
ministro de Agricultura, le ha pedido hoy a Fischler que negocie. Si
lo que él le ha pedido a Fischler es que negocie, no
podemos tener mucha confianza en que sea una decisión con solvencia y
fuerza capaz de convencer a la Unión Europea de que el convenio con
Marruecos probablemente deje fríos o indiferentes a otros países,
pero que en España es de enorme importancia para las flotas andaluza,
canaria y gallega.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perales, con cuya
intervención concluyen las exposiciones que en defensa de sus
solicitudes han hecho los grupos Mixto, de Izquierda Unida y
Socialista.
Corresponde ahora abrir el turno, o bien en contra o de fijación de
posiciones. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el orden habitual, tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), representado por el
señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. El Grupo
Parlamentario Catalán contribuirá sin duda a la agilidad de la sesión
de esta tarde.
Los diversos puntos incluidos en el orden del día de esta Diputación
Permanente tienen por objeto la convocatoria o en su caso el acuerdo
de celebración de sesiones extraordinarias de diferentes comisiones.
Es un secreto a voces -más que un secreto a voces es ya una verdad
unánimemente aceptada- que probablemente el lunes se firmará el
decreto de disolución de las Cortes y que el martes será publicado en
el Boletín Oficial del Estado. Partiendo de este secreto a voces o de
esta presunción admitida de forma unánime, atendiendo también a los
requisitos reglamentarios del Congreso y del Senado -quizás haya
alguna laguna en el Reglamento del Congreso, aunque podríamos acudir
a los precedentes, pero en el Reglamento del Senado, creo recordar
que en el artículo 61, se habla de que la convocatoria debe ser con
tres días de antelación a la celebración de las comisiones-, nos
vemos abocados a unos plazos tremendamente breves para celebrar esas
comisiones que, si acaso, la única posibilidad que tendrían sería el
lunes, teniendo en cuenta que el plazo de 72 horas o tres días es un
plazo mínimo, que no significa que sea máximo ni que sean los plazos
más correctos. Desde esa perspectiva, estar valorando en el día de
hoy la celebración de esas comisiones en unos plazos tan perentorios
nos parece que no ha lugar por falta de plazo para convocar unas
comisiones en las que comparezcan ministros o altos cargos de la
Administración, pues en estos momentos, atendiendo a la importancia
de los planteamientos y de los temas que debieran abordarse, incluso
dudamos de que el lunes pudieran comparecer y celebrarse con el
tiempo, la documentación y en la forma que podría considerarse más
conveniente.
Desde esa perspectiva el Grupo Parlamentario Catalán no apoyará la
celebración de esas comisiones en unas circunstancias de emergencia,
aunque no restamos
importancia a los temas que aquí se han abordado y que deben
abordarse en las mismas. En algunos casos incluso nos encontramos con
que los temas para los que se requiere la celebración de esas
comisiones extraordinarias han sido tratados recientemente,
habiéndose puesto de manifiesto esta tarde entre otros el de los
astilleros. Y baste acudir al «Diario de Sesiones» del Senado de 23
de noviembre de 1999, esto es, no hace ni dos meses, para comprobar
la existencia de una comparecencia del ministro de Industria para
tratar precisamente del problema de los astilleros en el Senado.
Y respecto a Iberia y Trasmediterránea basta con tener simplemente una
memoria tan corta como para que llegue al martes de esta semana.
Señorías, entendiendo que son temas importantes y que requieren
tratamiento, en unos casos el debate se ha producido y en otros no se
produciría de la mejor de las maneras en unas comisiones que, incluso
sin tener en cuenta o sin contar en estos momentos con el propio
calendario de los miembros del Gobierno, no sabemos si podrán
celebrarse el único día posible para ello, que es el lunes de la
semana que viene, día 17. Mi grupo entiende que tiempo hay y desde
luego se presta obviamente a continuar abordando estos temas en
mejores condiciones en la próxima legislatura, en la que quizás
tengan que comparecer no las personas que han ostentado
responsabilidades, sino las que las ostenten a partir de ese momento
responsabilidades para tratar temas de esa importancia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
El Grupo Popular va a intervenir para fijar posición sobre las
distintas iniciativas a través de tres portavoces o miembros de tal
grupo. En primer lugar, el señor Aguirre, luego el señor Núñez Pérez
y finalmente el señor Fernández de Mesa, don Arsenio.
En primer lugar, tiene la palabra don Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Caldera, no hago más que mirar a mis compañeros para ver si
encuentro algún parecido entre ellos y los hooligans y por mucho que
miro no veo a Mercedes Fernández con esa pinta ni a don Manuel Núñez
ni a mí mismo. No sé si usted sabe además que la palabra hooligan
tiene dos acepciones en inglés, significando por una parte aficionado
y por otra gamberro. Pues bien, aquí gamberros ni uno y no acepto que
usted utilice dicha palabra con esa acepción. Sin embargo,
aficionados al PP aquí sí hay bastantes.
Dicho esto, señorías, señor presidente, mi grupo utilizaría el mismo
argumento que el portavoz del Grupo de Convergència i Unió para
expresar la inconveniencia, la inoportunidad en el calendario y en el
momento para celebrar las comparecencias relativas a los temas de
Trasmediterránea e Iberia, máxime después de haber visto en esta
Cámara las comparecencias del subsecretario de Economía y del
presidente de la SEPI, uno para
hablar de Trasmediterránea y otro para hablar de Iberia. Por lo
tanto, considero que no sólo no es oportuno por el asunto del
calendario expresado por nuestro compañero de Convergència i Unió,
don Manuel Silva, sino porque en aquellas comparecencias quedaron
bien claros todos los elementos que han sido cuestión de las
intervenciones tanto del señor Caldera como del señor Martínez Noval.
No obstante, mi grupo va a entrar a contestar con claridad y por
orden -una vez que ha fijado el sentido de su voto, en contra de las
comparecencias relativas a Trasmediterránea para el señor Rato
e Iberia para el señor Piqué- a cada uno de los argumentos que aquí se
han expresado para que ninguno de los asuntos se quede sin respuesta.
No sé qué más argumentos necesita la oposición para poder anotar que
un presidente de una compañía pública se nombra en un momento porque
tiene la confianza y se cesa en otro momento porque pierde la
confianza de aquél que le nombró. Yo creo que ese es un argumento de
suficiente peso y, por tanto, no hay mucho más que abundar en las
razones del porqué y del cese del señor Trías de Bes. Sí hay que
abundar mucho en todo lo relativo a lo que por aquí ha planeado sobre
meter la mano en la caja en Trasmediterránea. Yo no sé, señorías, si
lo que ustedes quieren es que empecemos a hablar de cómo se compraban
los barcos bajo el mandato socialista, que podríamos hablar mucho de
cómo lo compraba en un caso el mercado privado y cómo lo compraba en
otro caso Trasmediterránea como sector público; si quiere hablamos de
eso y veremos de qué forma en aquellos mandatos se ha pagado el doble
de lo que el mercado fijaba cuando pagaba Trasmediterránea; o a lo
mejor quieren ustedes que volvamos a hablar de las transacciones
inmobiliarias que en su momento hizo la compañía Trasmediterránea en
la que, por cierto, aparecen nombres tan identificativos como don
Pedro Bores, que creo que conocerá perfectamente de quién era
compañero de clase y también creo que conocerá perfectamente qué hizo
con la compañía Fortuny en Trasmediterránea después de entrar en la
mutualidad del Banco de España y en el accionariado de
Trasmediterránea; o a lo mejor quiere usted hablar, en esta materia
de meter la mano en la caja de la compañía, de cómo se compró el J.
J. Sister, si quiere hablamos de todo eso y claramente pondremos en
orden alguno de los elementos de qué entiende usted por meter la mano
en la caja.
Dice usted que no se han tomado medidas. ¿Cómo que no se han tomado
medidas, señoría? Hay todo un plan estratégico diseñado en
Trasmediterránea, que quiero volvérselo a repetir porque parece ser
que no tuvo suficiente con el debate que se produjo en la Comisión de
Economía el pasado martes. Ahí tiene usted toda una redefinición de
las líneas, a través del un real decreto-ley convalidado por
unanimidad en esta Cámara; ahí tiene usted una reasignación de la
flota; ahí tiene usted un nuevo diseño de compra de flota necesaria,
ahí tiene usted todos unos objetivos comerciales nuevos marcados y
aprobados por el consejo de
administración y -por qué no decirlo- ahí tiene usted el gran logro
de la compañía, que todo este plan estratégico se ha hecho con paz
social, se ha hecho en diálogo y en pacto con los sindicatos y se ha
garantizado la estabilidad de los empleos de la compañía
Trasmediterránea, cosa que no ocurría en la época de sus mandatos
donde se perdieron más de 450 empleos, como sabe su señoría.
Parece ser que usted opina de forma distinta a la de su compañero, el
señor Segura. El señor Segura, según se puede leer en el «Diario de
Sesiones» de la reunión del pasado martes en la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda, por fin reconoció que no le causaba ningún
escándalo la venta a la compañía Pitra del buque Ciudad de Zaragoza.
Hoy usted opina de distinta manera que el señor Segura, y consta en
el «Diario de Sesiones» que él aceptó las explicaciones por buenas.
Si quiere tome bolígrafo y apunte. Yo le voy a volver a explicar qué
es y en qué consiste la venta del Ciudad de Zaragoza a la compañía
Pitra.
Como sabe S.S. -tome nota, atienda o haga lo que tenga por
conveniente- el Ciudad de Zaragoza realizaba un viaje diario en la
línea Valencia-Ibiza y ese viaje tenía al día dos servicios, uno
obligatorio, que le exigíael contrato con el Estado y otro
voluntario, que lo realizaba voluntariamente la empresa. Por tanto,
la línea Valencia-Ibiza cubierta por el Ciudad de Zaragoza en aquel
momento hacía dos servicios diarios. Según figura en las cuentas de
los años 1996 y 1997 en el registro, aquel servicio generaba pérdidas
por valor de 137 millones. En 1999, al ver tantas pérdidas, se
estudia la cancelación de esta línea. No obstante, ese mismo año el
barco entra en avería y tiene que ser varado para acondicionarlo a la
normativa de seguridad europea. En 1999 la compañía Trasmediterránea
decide limitar la línea Valencia-Ibiza al servicio del contrato del
Estado, es decir, elimina de la línea la parte voluntaria y se limita
a dar el servicio de la parte obligatoria derivada del contrato del
Estado. En 1999, la Compañía Trasmediterránea vende a Pitra el Ciudad
de Zaragoza. ¿Qué ocurre cuando se produce esa venta en lo que a la
línea se refiere? (Luego entraremos en lo que al precio se refiere.)
Ocurre que Ibiza, que era el destino inicial del Ciudad de Zaragoza,
no queda perjudicada como destino ante la venta del Ciudad de
Zaragoza a Pitra. ¿Por qué? Primero, porque se mantiene la línea
obligatoria Valencia- Ibiza y, segundo, porque la compañía Pitra
desdobla la línea y abre una nueva línea de Denia a Ibiza, que
también tiene dos rotaciones al día. Por tanto, con la venta del
Ciudad de Zaragoza a la compañía Pitra, los ibicencos se encuentran
con que pasan a tres los dos servicios diarios que tenía de la línea
Valencia-Ibiza y una de ellas parte desde Denia.
Vamos a la venta del Ciudad de Zaragoza a Pitra. Un broker, Alta-
shipping, recibe cuatro ofertas de compra, una de ellas de Naviera
Areca, otra de Armas, otra de Simoship y la otra de Pitra. Las tres
primeras son ofertas económicamente inferiores a las de Pitra. Por
tanto, la Compañía Trasmediterránea opta por la oferta más
alta, en este caso la de Pitra. Pitra paga a la Compañía
Trasmediterránea 495 millones. ¿En qué se dividen esos 495 millones
de un barco totalmente amortizado? En el precio del buque, 280
millones, Pitra paga las modificaciones y arreglos realizados en el
barco Ciudad de Zaragoza, 215 millones, lo que asciende a 495
millones. Todo esto está acreditado por una valoración externa
independiente.
Conclusiones, por si le interesa, señor Caldera. Se suprime una de
las líneas deficitarias que tenía en ese momento Trasmediterránea, se
vende un buque totalmente amortizado en un marco de concurrencia y
con precio acreditado por valoración independiente, se mantiene el
servicio obligatorio de Valencia a Ibiza, se dobla el servicio libre,
se reducen costes y lo que antes eran pérdidas para Trasmediterránea
en 1998 de 137 millones, se traduce ahora en beneficios de 101
millones. Si lo quiere más claro, se lo vuelvo a repetir.
En relación con lo que S. S. nos ha dicho sobre la situación
económica y financiera de la empresa, bien sabe usted que es una
situación que ha atravesado dos etapas muy distintas: la
Trasmediterránea que estaba amparada por el contrato-programa del
Gobierno y la Trasmediterránea distinta cuando se elimina el
contrato- programa con el Gobierno. En ese momento, se produce una
leve inflexión a la baja de todas las explotaciones, tanto en
servicios de pasaje como de carga como de vehículos y a partir del
año 1998 comienzan a obtenerse nuevamente resultados positivos. En
cualquier caso, si le interesa, en el registro tiene las cuentas de
esta compañía pública.
No creo que quiera usted volver a hablar sobre inmuebles pero, si
quiere, después hablamos sobre inmuebles y sobre lo que ya le explicó
el subsecretario de Economía respecto al alquiler y venta de la sede
central de Trasmediterránea. Está en el «Diario de Sesiones» y le
quedaría bastante claro, pero si quiere también hablamos de las
transacciones inmobiliarias de la calle Albasanz a la que he hecho
antes referencia.
Me alegra, señoría, que por fin usted reconozca que no hay que
discutir sobre privatizaciones. No hay que discutirlas porque no hay
ninguna privatización anunciada de Trasmediterránea; no solo no la
hay sino que no hay calendario ni modelo ni cómo se va a hacer la
privatización.
Señor presidente, con esto consumo el turno relativo a la fijación de
posición respecto a Trasmediterránea y paso a hablar de la
intervención del señor Martínez Noval en relación con Iberia. Señor
Martínez Noval, sobre la transparencia de la operación o del proceso
de privatizaciones -yo ya lo he dicho en alguna ocasión en esta
Cámara, pero se lo voy a volver a repetir porque a lo mejor usted no
estuvo presente el otro día en la Comisión de Industria-, le tengo
que decir que privatizar no es una práctica exclusiva del Partido
Popular, ustedes también hicieron aproximadamente 60 privatizaciones
en sus mandatos. Hay una gran diferencia: de esas 60, ustedes
hicieron 35 por adjudicación directa (Un señor diputado: ¡Qué
barbaridad!), que es
una cuestión bastante distinta de cómo hemos hecho nosotros las
privatizaciones. Como mínimo, una adjudicación directa tiene -¿qué
quiere que le diga yo?- algún dudoso control democrático, pero no
vamos a entrar en eso. Sobre transparencia, yo creo que nosotros
hemos dado en esta legislatura una muy buena manifestación. Primero,
no sé si le gustará o no, pero los responsables de todo el proceso de
privatizaciones han contestado 380 iniciativas de la oposición en
materia de privatizaciones. (El señor Martínez Noval: Las mías, no.)
Las suyas, no. ¡Cuánto lo siento.! Pero las de su grupo, sí. (La
señora Fernández de la Vega Sanz: Las mías, tampoco.-Rumores.)
Durante toda esta legislatura ustedes han tenido siempre la tentación
de abandonar las instituciones democráticas -una vez era el Pacto de
Toledo, si no era la subcomisión de investigación sobre las
subvenciones del Ministerio de Industria o, por qué no, la
subcomisión de privatizaciones-, siempre han jugado, de manera
infantil, a retirarse de las instituciones democráticas. Ustedes
sabrán; yo confío en que en la próxima legislatura rectifiquen ese
tiro. Si hubieran ido a la subcomisión de privatizaciones, allí
hubieran encontrado muchas de las respuestas que hoy aquí están
reclamando; si no, léase las conclusiones, respaldadas por la mayoría
de esta Cámara, que además subrayan precisamente que todo el proceso
ha gozado de una alta transparencia. Por qué no decirlo, los
controles de este proceso de privatizaciones son y han sido
muchísimos: el Consejo de Ministros, la valoración de un experto
independiente, la Intervención General del Estado, el Consejo
Consultivo de Privatizaciones y, por último, nuevamente el Consejo de
Ministros. Cinco controles. Y este Parlamento. Seis controles. No era
así en otras épocas. Pero por si era poco, en el único proceso de
privatizaciones en el que nos hemos encontrado algún tipo de recurso
es en Telefónica, a través de las iniciativas de UGT y Comisiones
Obreras, en el que el Tribunal Supremo acaba de sancionar
favorablemente la legalidad, la transparencia y la concurrencia del
proceso de Telefónica en este caso, que es el recurrido. Por lo
tanto, no le quepa duda de que hay bastante más transparencia ahora
que antes.
Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que es otro de
los temas que le preocupan. Dos cosas, señor Martínez Noval. En
efecto, yo puedo admitir que a lo mejor esta Cámara no haya recibido
todavía ese dictamen -yo no lo he recibido- pero, ¿sabe usted dónde
lo he leído? En Internet. (El señor Martínez Noval: ¿Y qué?) De todas
formas, le voy a leer unas palabras que usted ha pronunciado en el
Pleno de esta Cámara el 17 de marzo de 1999, cuando le hacía una
interpelación al ministro Piqué y le decía: ¿Qué piensa usted sobre
el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que tanto le preocupa hoy
en el informe que tiene que leer o que va a leer? Se interrogaba
usted en voz alta: «¿Quién controla este proceso? Pues, muy sencillo:
el Consejo Consultivo de Privatizaciones. ¿Qué es? No es nada. Es
producto de una decisión del Consejo de
Ministros, pero no se sujeta al derecho administrativo. ¿Cuáles son
las retribuciones...?» En definitiva, señor Martínez Noval, usted ha
denostado públicamente, reiteradamente, la función del Consejo
Consultivo de Privatizaciones. Yo creo que no sólo lo ha denostado,
sino que lo ha vituperado, lo ha vejado y ha hecho todo lo que puede
hacer a este Consejo Consultivo de Privatizaciones. No sé cómo antes
le merecía tanto repudio y hoy le merece tanta atención. Usted sabrá.
¿Qué pasa, que ha encontrado algo en el informe que interesa a su
táctica parlamentaria? Ahora sí, ¿no? Bien. (La señora Fernández de
la Vega Sanz pronuncia palabras que no se perciben.)
En cuanto a lo que usted me habla sobre las valoraciones del Deutsche
Bank y del Merrill Lynch en el proceso de privatización de Iberia,
aquí hay uno de los elementos más importantes en materia de
valoración del precio de la privatización de Iberia. Primero, hay
cinco valoradores independientes, que son los bancos asesores
financieros de los cinco socios institucionales. Hay dos bancos
independientes más, que son los de los dos socios industriales. Los
dos que usted ha mencionado son los asesores de la empresa, por así
decirlo, pero además hay un noveno valorador independiente, que es
Arthur Andersen, y si usted se hubiera leído el informe del Consejo
Consultivo de Privatizaciones, hubiera comprobado que este valorador
independiente respalda la valoración y el precio que se ha
establecido sobre Iberia.
Dice usted que el señor Piqué actúa con cobardía política, porque no
sé qué ocurre en las ruedas de prensa que a usted no le gusta, es
decir, que utiliza las ruedas de prensa para decirles cosas a
ustedes. A ustedes habría que recordarles claramente cómo llevaban a
cabo aquellas voluntades privatizadoras durante su mandato. Recuerde
usted que cuando la cuenta de Iberia estaba permanentemente en
pérdidas, ustedes se lanzaban a la privatización de Endesa, tomaban
recursos y tapaban el agujero de Iberia y al día siguiente volvía a
estar abierto el agujero porque no habían conseguido hacer nada,
porque no atacaban de raíz el problema estructural de Iberia. Vendían
las joyas de la corona, como era Endesa, y recaudaban para tapar
agujeros que luego volvían a abrirse. Esa era su filosofía de
privatización, es decir, tapar agujeros o tapar déficit de caja, no
reflotar empresas, como por fin he escuchado decir hoy a un portavoz
socialista, que es usted, y me alegro y me congratulo de que por
primera vez se reconozca públicamente que la marcha de Iberia en lo
económico y en lo financiero es buena, aunque, eso sí, S.S. tiene que
decir que es gracias a la coyuntura. Responsabilidades aparte, o los
actuales gestores o la coyuntura, yo creo que todo el mundo tendrá
algo que ver en esta buena marcha - habrá una parte de unos y otra de
otros-, el caso es que hemos conseguido que Iberia, que era una
compañía en números rojos, que tenía pérdidas acumuladas por valor de
más de medio billón de pesetas, sea en este momento una compañía en
valor de mercado y sobre la que se hacen todo tipo de ofertas.
En definitiva, señoría, como le decía al principio, considero que no
existen motivos para volver al debate que ya se ha celebrado en la
Comisión de Economía y en la Comisión de Industria. No obstante, me
sitúo en la misma voluntad política que otros compañeros que me han
precedido en el uso de la palabra. La legislatura venidera será toda
una oportunidad para seguir identificando o averiguando, es decir,
para seguir controlando al Gobierno que salga elegido de esas urnas,
que confío plenamente en que sea el que hoy está, porque si fuera el
que se marchó hace años, volveríamos nuevamente a esa parte de la
economía y a esa parte de las privatizaciones que están llenas de
zozobras y de nubarrones.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
Señor Núñez Pérez.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición de mi grupo en torno a la petición
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo
Parlamentario Mixto solicitando la comparecencia del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales para que informe en la Comisión de
Política Social y Empleo de los criterios aplicados para realizar la
revalorización anual del salario mínimo interprofesional.
Tengo que empezar diciendo que don Luis Felipe Alcaraz ha hablado -y
le voy a decir una cosa muy positiva- del salario mínimo con la
seriedad que el asunto requiere y merece. Aunque discrepamos de las
valoraciones, como luego trataré de demostrar, las hemos escuchado
con el mayor respeto. No ha necesitado meterse no en política sino en
politiquerías, como con tan poca gracia y con tanta torpeza e
inexactitud ha hecho el señor Perales, a quien por cierto se le
escapó una verdad, al predicar la excelsitud de uno de nuestros
diputados; excelsitud que, por otra parte, es propia y característica
de todos y cada uno de los diputados y las diputadas del Grupo
Parlamentario Popular. (Rumores.)
El señor Pimentel ha rechazado esta misma mañana con la mayor
contundencia todas las causas y todos los motivos con los que el
señor Perales ha tratado de explicar sus decisiones, metiéndose en
camisa de once varas y en un campo que no le corresponde. Lo que no
está claro, en cambio, señor Perales, son los motivos y las causas
del abandono de la FEMP por los ayuntamientos catalanes gobernados
por el PSOE. Como usted se ocupa de esa responsabilidad en el
partido, a lo mejor de eso sí podría hablar con mayor fundamento.
Vuelvo al asunto y con la mayor seriedad y brevedad, por razones de
calendario, ya aducidas y hábilmente expuestas por el señor Silva,
tengo que decir que el Grupo Popular va a votar en contra de la
petición formulada por los grupos parlamentarios que
antes he citado. Si como todos sabemos o con fundamento suponemos que
las elecciones generales serán el 12 de marzo, la disolución de las
cámaras tiene que producirse en los primeros momentos de la semana
próxima; por tanto, no habrá tiempo material para que las
comparecencias solicitadas puedan celebrarse. Al margen de este
argumento de calendario, vamos a analizar brevemente la cuestión de
fondo a la que se han referido los grupos parlamentarios que me han
precedido en el uso de la palabra y que han hablado de este tema.
El salario mínimo interprofesional para el año 2000 ha sido fijado
por el Gobierno aplicando los criterios señalados en el artículo 27
del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, el Gobierno ha tenido en
cuenta de manera conjunta los cuatro factores señalados en el citado
artículo y que son los siguientes: el índice de precios al consumo,
la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la
participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura
económica general. De acuerdo con todo ello, el Gobierno fijó el
salario mínimo para el año 2000 en 70.680 pesetas, lo que supone un
incremento del 2 por ciento sobre las bases vigentes durante 1999.
Este salario mínimo es equidistante entre lo que solicitaban las
organizaciones sindicales, que pedían un salario mínimo de 75.050
pesetas, y lo que solicitaban las asociaciones empresariales, que
pedían un incremento del 1,5 por ciento, semejante a la inflación
media de la Unión Europea.
Dicho todo lo anterior, conviene hacer las siguientes
consideraciones. Primero, de la consideración y cumplimiento de los
cuatro factores recogidos en el artículo 27 y de las consultas
previas con las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas no surge matemáticamente la cifra exacta en la que
debe concretarse el salario mínimo ¿Por qué? Porque hay un margen de
maniobra en función del paro y de la valoración que se otorgue a cada
uno de los factores a tener en cuenta. Sin pretender entrar en
excesivas precisiones técnicas, cabe decir que de los cuatro factores
a considerar para la revisión del salario mínimo, sólo dos de ellos,
el índice de precios al consumo y la productividad media nacional
alcanzada, tienen la posibilidad de una expresión numérica precisa.
Los otros dos no tienen una traducción cuantitativa o aritmética
determinada. No la tiene obviamente la coyuntura económica general,
que debe ser contemplada desde la perspectiva de la evolución de las
principales magnitudes macroeconómicas y de los objetivos
socioeconómicos previstos por el Gobierno a corto plazo. En el caso
de la participación del trabajo en el renta nacional, a lo más que se
pude pretender llegar con su toma en consideración, como lo han hecho
las centrales sindicales, por otra parte, es a poder influir,
precisamente mediante el salario mínimo, en el incremento de dicha
participación, como así ha ocurrido en estos cuatro años.
Si nos referimos sólo a los dos factores con posiblidad de expresión
numérica medible, la productividad y el índice de precios al consumo,
podemos llegar a las
siguientes conclusiones. Primero, sobre la productividad, ¿cómo
interpretar, señor Alcaraz, el de la productividad media nacional
alcanzada? Definida como el cociente entre las variaciones del
producto interior bruto y el empleo, nos encontramos con que una
fuerte evolución favorable del empleo, como la que ha habido a lo
largo presente legislatura, gracias a Dios, nos llevará a una baja e
incluso negativa productividad, circunstancia que se ha dado en 1996
y a comienzos de 1999, en que el incremento del empleo era superior
al del producto interior bruto. Eso es así. ¿A qué conclusión se debe
llegar para la fijación del salario mínimo con este criterio?
Obviamente, al resultado al que pueden llegar gobiernos, sindicatos y
organizaciones empresariales, así como los grupos políticos presentes
en este debate. Esa conclusión es distinta en uno y otro caso, y yo
se lo reconozco. El Gobierno, por ejemplo, responsable último de
fijar el salario mínimo, creyó oportuno hacerlo mediante un
incremento del 2 por ciento sobre la cuantía vigente en 1999. De lo
que se trataba era de avalar con argumentos y datos la posibilidad de
ese incremento y, en concreto, su congruencia con las prioridades de
la política económica plasmadas en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000. En el preámbulo del real decreto de fijación
del salario mínimo para 2000, el Gobierno deja bien claro cuáles son
sus prioridades: contención de la inflación y moderación de las
rentas salariales, con el objetivo de seguir contribuyendo con ello a
reforzar el proceso de generación de empleo desarrollado en España a
partir de 1996.
Sobre el IPC, el incremento fijado en el 2 por ciento se corresponde
con la inflación prevista para 2000. Cabe sin duda, tiene usted
razón, señor Alcaraz, preguntarse por las aproximadamente nueve
décimas en que la inflación real en 1999 va a superar a la prevista
para dicho año y hasta qué punto pudiera ser razonable añadirlas al 2
por ciento de la inflación prevista para 2000, como pedían los
sindicatos y como ha pedido usted esta tarde. Cabe preguntarse
también si en función de los niveles de inflación en el seno de la
Unión Europea, el 1,5 por ciento, no hubiera sido prudente ajustar
las revisiones del salario mínimo a ese porcentaje, tal como
planteaban también aquí en España las organizaciones empresariales,
como he señalado al principio de mi intervención.
El Gobierno optó -voy terminando, señor presidente- por el incremento
del 2 por ciento, sobre la base del objetivo de control de la
inflación y moderación de las rentas salariales y por estimar que la
pérdida del 0,9 puntos de poder adquisitivo había sido compensada por
los incrementos del salario mínimo superiores a los de la inflación
real durante 1996, 1997 y 1998; en concreto, durante dichos años el
salario mínimo creció 1,6 puntos por encima del IPC. Además, como es
bien sabido, el salario mínimo se toma como referencia para la
fijación de otra renta, y aquí se ha puesto de relieve, como
pensiones y prestaciones por desempleo. El objetivo de la
convergencia y de la moderación del gasto
público con reducción del déficit público aconsejaba y aconseja ser
cautos a la hora de revisar el salario mínimo. Precisamente por lo
que se refiere a uno de los grupos de población más sensibles, los
perceptores de pensiones mínimas, ya se había actuado a través de las
mejoras introducidas en el acuerdo alcanzado con los sindicatos el
pasado 16 de septiembre, tanto para las pensiones contributivas como
para las no contributivas.
No puede negarse, y no lo negamos, que el salario mínimo
interprofesional de 1999 ha perdido poder adquisitivo, compensado por
la ganancia de años anteriores y justificado por las razones que
hemos expuesto. En otras épocas muy recientes el salario mínimo
interprofesional perdía poder adquisitivo y no se podían dar estas
justificaciones. Esa es la diferencia. En la anterior legislatura el
salario mínimo interprofesional fue fijado por el Gobierno socialista
con incrementos del 3,5 para 1994 y para 1995. La inflación fue del
4,3 en ambos años, frente a la previsión del 3,5; por lo tanto, el
salario mínimo perdió poder adquisitivo. En 1993, la inflación
prevista fue del 3,5 y la real del 4,9; por lo tanto, el salario
mínimo perdió poder adquisitivo.
Estoy terminando ya, señor presidente. (Un señor diputado: Que siga
la serie numérica) ¿Qué siga la serie? La tengo, pero es muy larga y
no tengo tiempo. En todo caso, con mucho gusto, yo se la facilito.
Quiere ello decir que durante este período se perdieron 2,6 puntos de
poder adquisitivo para el salario mínimo interprofesional, pero a la
pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional
-aquí está la clave y la madre del cordero- habría que añadir la
negativa situación del empleo, con 3.481.000 parados en 1993,
3.738.000 en 1994 y 3.583.000 en 1995, frente a los 2.620.000 en el
tercer trimestre de 1999, según la EPA. Los datos son más que
concluyentes.
Frente a este panorama de productividad y de empleo, el Gobierno del
Partido Popular puede aportar datos muy positivos obtenidos en España
durante la legislatura que termina, con políticas en las que tiene
que tomar medidas como las que hoy nos ocupan y que a todos a lo
mejor nos hubiera gustado que fuesen más brillantes, más positivas o
más generosas. Estos datos son y seguirán siendo positivos si
perseveramos en las medidas de política económica que tan buenos
resultados nos vienen dando.
Los datos, no resisto la tentación de recordarlos, son los
siguientes: más de 1.700.000 ocupados nuevos; 960.000 parados menos;
1.700.000 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social, sin olvidar la
mejora en la calidad del empleo con incrementos de porcentajes en la
contratación fija, que ha pasado del 4,5 al 9 por ciento
aproximadamente, tras los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los
agentes sociales en el seno del diálogo social. Estas contundentes
cifras representan una indudable mejora en el conjunto de la sociedad
española, que se traduce en mayor disponibilidad de rentas y
oportunidades vitales para miles de españoles, y para estas cosas se
necesita tomar medidas razonables como
la que ha tomado el Gobierno en la fijación del salario mínimo
interprofesional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Fernández de Mesa, rogándole que sintetice al máximo sus
argumentaciones.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Con toda brevedad voy a contestar en primer lugar a la petición de
comparecencia del ministro de Industria sobre la cuestión de la
construcción naval. Empezaré diciendo al Bloque Nacionalista Gallego
que sobre los argumentos que expone aquí hoy, que no son nuevos, y en
relación con su afán desde el inicio de la legislatura de que Astano
se iba a cerrar o de que la Bazán se iba a privatizar, el tiempo ha
terminado dando la razón a las políticas que se venían siguiendo
desde el Gobierno. Astano no se ha cerrado y, lejos de no haber
tenido contratación, como usted muy bien ha dicho, en el año 1997 se
benefició de la bonanza de la contratación de plataformas offshore,
consiguiendo la construcción de dos nuevas plataformas para la
compañía Transocean, una de las cuales todavía está en construcción,
y se ha conseguido rebajar las pérdidas en estos cuatro años desde
unos niveles cercanos a los 16.000 millones de pesetas a menos de 900
millones de pesetas este año. De todas formas, coincidimos con usted
en que en este momento existen problemas de contratación y de carga
de trabajo, en España como en el mundo entero, pero también hay
expectativas importantes, no sólo desde el punto de vista de la
contratación de plataformas, sino también desde las posibilidades que
se abren con la contratación de gaseros probablemente en España, de
las que se beneficiarán todos los astilleros que forman el conjunto
de los astilleros públicos españoles.
Para terminar, y es una contestación que a mí me sirve para reagrupar
todas las intervenciones que ha habido, diré que ante la situación
que había en el año 1995 o principios del año 1996, incluso ante la
que se ha producido con la última comparecencia y la última
intervención que ha habido en el Pleno del Congreso de los Diputados,
a mediados del mes de diciembre, del ministro de Industria, con
motivo de una iniciativa presentada por Izquierda Unida, a través del
señor Navas, y que no salió adelante simplemente por una cuestión que
se planteaba, en el sentido de obligar al Gobierno a que hubiera una
mesa de negociación con las centrales sindicales para sacar adelante
un acuerdo en el que todos estaban conformes, los hechos han dado la
razón a nuestra posición entonces, y es que absolutamente todos los
agentes sociales se suman con su apoyo al acuerdo de construcción
naval. Esto lo han hecho las centrales sindicales, Comisiones Obreras
y UGT recientemente -el 31 de diciembre-, pero también lo ha hecho la
Intersindical Galega, la CIGA, sindicato especialmente conocido por
los gallegos y por el Bloque Nacionalista Galego. Dicho preacuerdo se
fundamenta
en dos aspectos importantes, que era lo que nosotros
resaltábamos en aquella intervención del ministro de Industria, el
primero, los acuerdos con los socios tecnológicos, tanto nacionales
como internacionales, y el segundo el esfuerzo comercial con el que
se ha comprometido la SEPI para asegurar la carga de trabajo para
todas las factorías, que son las principales razones, dicen los
agentes sociales, para que ambas secciones, las secciones sindicales
más importantes de España, ratifiquen ese preacuerdo. Me parece que
es más que suficiente que en este momento, en el que todo el mundo
reconoce que pasamos por una crisis en materia de construcción naval,
haya habido un acuerdo importante entre sindicatos y el Gobierno o la
SEPI, lo que es suficientemente aclaratorio como para el Grupo
Parlamentario Popular estime que en este momento no sea necesaria una
nueva comparecencia del ministro de Industria.
Creo sinceramente que el señor Perales ha hecho una intervención
desafortunada, desde mi punto de vista, porque este Gobierno ha
tenido que evitar la quiebra técnica y el desastre del sector naval
que tenemos y que hemos tenido. No es que tengamos memoria selectiva;
es que hay que poner algunos datos encima de la mesa, señor Perales.
Los datos son que en el año 1984 había 28.574 puestos de trabajo
directos y aproximadamente 160.000 indirectos; que en el año 1996, de
los 28.574 puestos de trabajo directos no llegábamos a los 6.000, y
de los 160.000 indirectos no llegábamos a 35.000. Lo cierto es que
entre el año 1984 y el año 1995 se perdió el 60 por ciento de
capacidad de los astilleros; lo cierto es que en ese mismo período se
ha perdido el 65 por ciento de las plantillas; lo cierto es que la
acumulación de pérdidas llegó a 97.056 millones de pesetas en el año
1996; y lo cierto es que en este momento están por debajo de los
20.000 millones de pesetas o incluso, en el caso de Astano, por
debajo de los 1.000 millones. Tiene usted razón en lo de otros
países, ahora voy con ello.
Yo creo que además de eso podemos hablar también, señor Perales, de
lo que ha pasado en Bazán, pero eso ya no les interesa porque se ha
dado la vuelta: sobre la previsión de cierre de factorías que ustedes
tenían, de la factoría de Cádiz, de Astilleros Españoles en Sevilla,
de Astano y de la quiebra técnica a la que estaba sometida Bazán en
su conjunto en toda España, pero de manera especial la factoría de
San Fernando, que hoy ya se puede hablar de que tiene carga de
trabajo para diez años, que tiene una cartera de pedidos de más de
600.000 millones de pesetas, que afortunadamente se ha reconducido y
este ha sido el primer año que no ha dado pérdidas una empresa tan
importante para la construcción naval internacional como es la
Empresa Nacional Bazán.
Señor Perales, no voy a entrar en más profundidades, simplemente le
voy a decir lo que está recogido en el «Diario de Sesiones» del
Congreso de los Diputados del 7 de octubre del año 1999, que es lo
que contieneel informe del Tribunal de Cuentas. Dice que diez años
de ayudas por importe de 284.123 millones no frenaron la agonía de
los astilleros, que el Gobierno perdió en la década de 1984 a 1994
con la aplicación de políticas de reestructuración de los astilleros,
que no dieron los frutos esperados. Esto no lo decimos nosotros,
señor Perales, de manera que no es memoria selectiva.
Tampoco decimos nosotros, señor Perales, lo que decían las centrales
sindicales a finales de la legislatura anterior. Decían: ni barcos,
ni honra, y decían que el plan presentado por el Gobierno entonces
era la puntilla para el sector de construcción naval y que no
aceptarían en modo alguno lo que se estaba planteando. La situación
ha cambiado, señor Perales, y efectivamente tiene usted razón,
nosotros, yo creo que con bastante menos inquina de la que usted dice
ahora, aunque probablemente con más apasionamiento, reconocimos el
plan estratégico de competitividad presentado por el ministro
Eguiagaray y lo saludamos y nos alegramos de él, aunque
desgraciadamente, vencida la legislatura, no dio ni siquiera tiempo
de ponerlo en práctica, y yo tuve oportunidad, porque era portavoz
entonces, de reconocer al señor Eguiagaray, por fin, la presentación
de aquel plan estratégico de competitividad sin que las centrales
sindicales llegaran a firmarlo.
Tiene usted razón en que hemos evitado la quiebra técnica; tiene
usted razón al decir que la situación en este momento no tiene nada
que ver con la que ustedes tenían en el año 1995, pero hay una cosa
con la que no estoy de acuerdo. Dice usted que nosotros sólo
culpábamos al Partido Socialista, y eso no es cierto porque entonces
ya hablábamos de los problemas estructurales que había y también
acusábamos al Gobierno anterior de no pelear ante la situación
española. Es cierto que como oposición reivindicábamos del Gobierno
del Partido Socialista que se pusieran en práctica políticas que
condujeran a una solución mejor para el sector de construcción naval,
pero se equivoca al decir que ahora sólo es Corea la que tiene la
culpa. Nosotros no decimos que solamente sea Corea, con el dumping
que se está realizando desde allí o lo que se está haciendo con los
fondos que se reciben del Banco Mundial o del Fondo Monetario
Internacional, no para reestructurar astilleros, sino para dar ayudas
para la construcción de nuevos barcos. Se equivoca porque seguimos
pensando que no sólo es Corea sino la nefasta política en materia de
construcción naval del Partido Socialista. Efectivamente, se equivoca
usted al creer que ahora solamente pensamos que las condiciones
internacionales son las que han abocado a la situación actual al
sector de construcción naval en España. Esto es así de sencillo y
nosotros entendemos, señor Perales, que después de que todos los
agentes sociales, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y
centrales sindicales nacionalistas se hayan sumado al acuerdo que se
ha firmado entre la SEPI y el Gobierno, no es necesaria en este
momento la comparecencia del ministro, que, por cierto, en esta
legislatura, para hablar de temas de construcción naval lo ha hecho
en 41 ocasiones,
mientras que en la anterior, con bastantes más problemas, se
hizo en 24.
Paso, señor presidente, a contestar sobre el acuerdo pesquero con
Marruecos, y seré muy breve.
El Grupo Parlamentario Popular le da la importancia económica y
social que tiene en este momento, sobre todo para las comunidades
autónomas más afectadas por este tema, que son Andalucía, Canarias y
por supuesto Galicia. Tampoco sería honesto hablar del acuerdo
pesquero con Marruecos como si hubiera empezado ayer su negociación,
y no es que tengamos memoria selectiva; tenemos memoria reciente. Lo
único que quiero decir, señor Perales, es que el acuerdo que acaba de
terminar es el primero que no contempla la cláusula de renovación.
Ese acuerdo pesquero es del 12 de diciembre de 1995, de manera que la
situación que asume el Gobierno del Partido Popular tiene que ver,
¡claro que tiene que ver! Si existiera la cláusula de revisión de
años anteriores, no estaríamos en este momento con estos
problemas...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor.
Señor Fernández de Mesa, vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Sí señor presidente.
Sin embargo, asumimos perfectamente que no exista cláusula de
revisión en este momento. También hay que dar unos datos claros. Esos
datos son que en marzo de 1995 el sector en España tenía 600 barcos y
en la actualidad, en la salida del acuerdo anterior, nos hemos
quedado con 398, es decir, los últimos acuerdos alcanzados por
gobiernos anteriores, fueran de quien fueran, produjeron una
reducción del 30 por ciento de los buques operativos y una reducción
importantísima de 7.700 puestos de trabajo directos a poco más de
4.000.
Concluyo diciendo por qué el Grupo Parlamentario Popular entiende que
no es necesaria en este momento la comparecencia del ministro de
Agricultura, a diferencia de lo que pasaba con el acuerdo pesquero
anterior. En primer lugar, porque tras las reuniones que se han
mantenido entre los responsables de los ministerios de Economía y
Hacienda, de Trabajo y de Asuntos Sociales y de Agricultura con las
centrales sindicales, con Comisiones Obreras, con UGT y con la CIGA ,
se ha llegado al acuerdo que se está cumpliendo exactamente. El
Gobierno se comprometió a pagar la primera mensualidad antes de que
finalizara el mes de diciembre y se ha cumplido. Se ha pagado esa
mensualidad fijada en 151.500 pesetas para cada uno de los pescadores
que trabajan por cuenta ajena, cuestión que no pasaba con el acuerdo
anterior, cuando se demoraban estas cuestiones en seis y siete meses.
En este momento, a fecha del 10 de enero, están ordenados todos los
pagos correspondientes al primer mes de la parada que también
recibirán rápidamente todos los armadores de los buques afectados.
Señor presidente, señorías, desde este punto de vistase está
realizando una actividad importante. Esta mañana
se ha reunido el ministro de Agricultura con el comisario señor
Fischler y ha dejado clara una cuestión. No es que aquí se cambien
panes por peces, ni peces por tomates, que es lo que dijo el señor
Posada. Lo que en definitiva no se acepta es un acuerdo de
comercialización, y lo que España está manteniendo en este momento es
la necesidad de que haya peces encima de la mesa y de que se pueda
seguir pescando. Con las medidas que se han adoptado, que se están
abonando religiosamente las ayudas, tanto a armadores como a los
afectados que trabajan con terceros, que se han garantizado a las
centrales sindicales y está de acuerdo una mesa de negociación, que
está puntualmente informada de todo, como han reconocido, es por lo
que este grupo parlamentario entiende que tampoco es necesaria en
este momento la comparecencia del ministro de Agricultura.
También quiero decir otra cosa. No se trata de medidas electorales,
se trata de medidas que desde el mes de mayo de 1996 ha venido
tomando puntualmente el Gobierno del Partido Popular, por la
responsabilidad de sacar adelante cada uno de los sectores sociales
que se encontró en una situación tan problemática en muchas
ocasiones, por no decir otra palabra, cuando llegamos al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, pasamos a las votaciones,
que son seis, correspondientes a cada una de las peticiones.
En primer lugar, la que suscribieron el Grupo Mixto y el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que solicitan la
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía
para que comparezca el vicepresidente segundo y ministro del ramo, a
efectos de informar a la Comisión de la venta de acciones de Iberia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del Grupo Mixto y
del Grupo de Izquierda Unida.
Pasamos a votar la que los mismos grupos hacen en solicitud de sesión
extraordinaria de la Comisión de Industria para que comparezca el
ministro del ramo, a efectos de informar del plan industrial para
enfrentar la situación crítica de los astilleros públicos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la petición de los grupos Mixto
y de Izquierda Unida.
También de estos grupos es la tercera de las solicitudes de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura para que
comparezca el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a efectos de informar de las
negociaciones de la Unión Europea para establecer un nuevo acuerdo
pesquero con Marruecos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la referida solicitud.
De los grupos de Izquierda Unida y Mixto es la solicitud de sesión
extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo para que
comparezca el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a efectos de
informar de los criterios aplicados para realizar la revalorización
anual del salario mínimo interprofesional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la petición debatida.
Pasamos a las dos solicitudes que han suscrito un número suficiente
de diputados del Grupo Socialista, la primera de las cuales requiere
una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía para que
comparezca el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro del
ramo, a efectos de informar de las manifestaciones realizadas por el
presidente cesante de la Compañía Trasmediterránea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta solicitud.
Finalmente, votamos la que, también suscrita por un número suficiente
de diputados del Grupo Socialista, se refiere a una sesión
extraordinaria de la Comisión de Industria para que comparezca el
ministro del ramo, a efectos de informar de los motivos que
justifican la pérdida acelerada del valor de Iberia en el proceso de
privatización en curso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del Grupo
Socialista. (El señor Martínez Noval pide la palabra.)
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Antes de concluir esta sesión, mi grupo
parlamentario quisiera manifestar, para que conste en el «Diario de
Sesiones» de este Congreso de los Diputados, una satisfacción que
creo sinninguna duda que será compartida por el resto de los
grupos parlamentarios: el próximo sábado vuelven a Sevilla los restos
mortales de don Diego Martínez Barrio. Siendo así que el señor
Martínez Barrio fue presidente de esta Cámara, no queríamos dejar
pasar esta oportunidad sin mostrar nuestra satisfacción porque, por
fin, descansará en su tierra.
Gracias. (El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Señor de Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Intervendré con toda brevedad para, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, expresar nuestra coincidencia
con la totalidad de las expresiones proferidas por el digno portavoz
del Grupo Socialista; nos sumamos a sus palabras en todos sus
términos. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, coincidimos totalmente con
las afirmaciones y con la presentación que de este hecho histórico ha
hecho el señor Martínez Noval. Además, queremos celebrar que el señor
Martínez Barrio demostró durante toda su vida un coraje republicano
que es preciso reseñar en este momento.
Muchas gracias. (Risas.-El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Intervenimos para congratularnos por lo
mismo. Cualquier persona aficionada a la historia constitucional de
este país sabrá del afán conciliador y del perfil de don Diego
Martínez Barrio. Además, queremos congratularnos de que esta
legislatura, al menos hasta este momento y a falta de lo que pueda
ocurrir todavía en la Diputación Permanente en este mes y pico que
nos resta, pueda acabar con una manifestación tan conciliadora y
unánime como la que estamos formulando en estos momentos.
Muchas gracias. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, quiero adherirme, en
nombre del Bloque Nacionalista Galego, a las palabras del portavoz
del Grupo Socialista y remarcar de forma especial que este hecho
viene a contribuir a la asunción de nuestro pasado histórico, en un
Estado cuyas naciones integrantes son capaces, a pesar de los
conflictos, de reconocerse y respetarse.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señorías, la Presidencia y la Mesa de la Diputación Permanente
quieren sumarse a esas manifestaciones de satisfacción por el retorno
a su patria de quien fuera presidente de esta Casa, de don Diego
Martínez Barrio. Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.