CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 550



DE RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PòBLICAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA



Sesión núm. 21



celebrada el jueves, 15 de octubre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia de personalidades y funcionarios
de la Administración del Estado, al objeto de
informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1999
(número de expediente 121/000141) ... (Página 15967)



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la
tarde.




COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE
TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA 1999 (número de expediente 121/000141).




- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (VILLAR
GARCÍA-MORENO), A SOLICITUD DEL GRUPO

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SOCIALISTA EN EL CONGRESO (número de
expediente 212/001638).




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.




Comenzamos la sesión de la Comisión para la comparecencia
de autoridades de la Administración al objeto de
informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999.

En primer lugar, comparece el señor secretario de Estado
para la Administración pública, a quien damos la bienvenida
a esta Comisión, solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. Sin más, por el grupo solicitante, tiene la palabra
el señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Señor secretario
de Estado, en nombre del Grupo Socialista le doy las gracias
por su comparecencia en esta Comisión de Régimen
de las Administraciones Públicas para informarnos acerca
de las líneas básicas presupuestarias en las áreas de su competencia
en el Ministerio de Administraciones Públicas.

La primera parte de mi intervención va a girar en torno
al programa 121.B, que es un área esencial en su gestión al
frente de la Secretaría de Estado. El programa 121.B, de
dirección y organización de la Administración Pública
tiene un incremento de un 4,7 por ciento con respecto al
presupuesto para el presente ejercicio; un aumento que
viene determinado fundamentalmente por el capítulo 6, de
inversiones reales.

Me gustaría preguntarle, en primer lugar, sobre determinadas
cuestiones que afectan al capítulo 1, de gastos de
personal. Así, pues, sería conveniente que nos informara
acerca de las causas que provocan una diferencia de un
punto en la subida a funcionarios y laborales aprobado en
el artículo trece. Asimismo, me gustaría que nos aclarara si
el incremento previsto del 1,8 va a ser igual para todos los
empleados públicos, funcionarios, laborales, eventuales y
altos cargos.

Igualmente convendría conocer por qué las cuotas
sociales -este problema va a surgir a lo largo de la tarde-
a cargo del empleador disminuyen 5,5 millones, es decir,
un 5,3 por ciento, disminución de más de cinco puntos que,
en principio, no correspondería, como puede pensarse, con
la subida prevista de las retribuciones de los empleados
públicos.

En el capítulo 2, de gastos corrientes, hay una contención
que, sin embargo, no existe en el organismo autónomo
dependiente de su Secretaría de Estado, como es Muface,
donde observamos un incremento muy considerable y
sobre el que posteriormente, al final de mi intervención, le
preguntaré.

En el capítulo 6, de inversiones reales, se produce,
como al principio de mi intervención le he manifestado, un
considerable incremento, 125 millones más con respecto al
presente ejercicio presupuestario, lo que supone un aumento
del 25 por ciento. Concretamente, en el concepto 82,
referido a nuevas inversiones, que en 1998 no tuvo configuración
presupuestaria, existen 91,5 millones. Por otra
parte, en inversión y reposición pasamos de 497 a 622
millones, por lo que produce un incremento de 125 millones.

En concreto, me gustaría conocer qué objetivos quieren
cumplir con estas nuevas inversiones y en dónde se van
a llevar a cabo. Asimismo, convendría saber el destino que
van a tener los 622 millones de inversiones de reposición,
sobre todo cuando en ejercicios presupuestarios anteriores
ya se han realizado importantes inversiones en muchas
áreas de su departamento, como en el registro central de
personal, en el sistema de información y gestión, en el proyecto
de ventanilla única, sobre el que agradecería que nos
ofreciera alguna información sobre su puesta en marcha y
funcionamiento, y en inversiones en la informatización de
la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección
General de Servicios. Por tanto, ¿van a complementar
las inversiones reales previstas para 1999?
¿Qué nuevos proyectos y objetivos van a acometer?
En otro orden de preguntas, y dada su responsabilidad
en el área de la Función pública, le pediría que informara a
esta Comisión sobre la situación en que se encuentran las
negociaciones entre Administración Pública y sindicatos.

¿Qué nivel de acuerdo o desacuerdo existe sobre retribuciones
y sobre los otros aspectos de la negociación colectiva?
Asimismo, y enlazando con el apartado anterior, esta
comparecencia es una buena ocasión para que el secretario
de Estado para la Administración Pública nos informe acerca
del estado de la cuestión del Estatuto de la Función
pública. Aunque lo haga sucintamente, puesto que esta
comparecencia tiene fundamentalmente un objetivo de
análisis presupuestario, creo que debería darnos alguna
información sobre un asunto de tanta importancia en el área
de su gestión. Por otra parte, el pasado año, en la comparecencia
de presupuestos en esta misma Comisión, una parte
del debate giró en torno a la subida de las retribuciones de
los secretarios de Estado y de la pertenencia de algunos
de ellos a diferentes consejos de administración en empresas
públicas. Me gustaría conocer, en el caso de que algunos
secretarios de Estado sigan teniendo ese tipo de participación,
la relación de los mismos y si existen
compensaciones económicas por pertenecer a dichos consejos.

Sin duda alguna, esa información contribuirá a una
mayor transparencia, absolutamente necesaria en la gestión
pública.

Para finalizar esta parte de mi intervención, le pido, si
es posible en esta sesión, que nos informe sobre el desglose
de gastos de la Inspección General de Servicios, así como
de la Dirección General de la Función Pública y de la
Dirección General de Organización Administrativa, con el
objetivo de conocer el volumen presupuestario de cada una
de estas áreas de su Secretaría. Igualmente, le ruego que
nos informe, aunque sea sucintamente también, de la próxima
oferta pública de empleo prevista y de si existen plazas
vacantes en el Ministerio pendientes de amortización.

Concluyo, señor secretario de Estado, con algunas consideraciones
y preguntas en torno a Muface, en concreto
sobre el programa 314.D, de prestaciones económicas del
mutualismo administrativo, y sobre el programa 412.L, de
asistencia sanitaria. En este último programa, en el capítulo
de gastos corrientes, en bienes y servicios, respecto al concierto
de asistencia sanitaria, hay un incremento de un 5,5
por ciento. Me gustaría conocer a qué es debido ese incremento
del 5,5 mientras que las transferencias a particulares,
a empleados públicos sólo es de un 1,5. No sé a qué es
debido esa diferencia de 4 puntos entre ambos artículos,



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cuando podía pensarse que van en la misma dirección. En
el programa 314.D, de Muface, referido a prestaciones económicas,
en gastos de personal, concretamente en funcionarios,
hay una subida de 85 millones, lo que supone un
incremento de un 4 por ciento, que desconozco si se corresponde
con un aumento en el número de funcionarios en
dicho programa o a alguna otra causa. Me gustaría alguna
información que aclarara este aspecto. Asimismo, hay una
baja de un 1,2 de cuotas sociales a cargo del empleador.

Esta baja se corresponde con 132 millones menos que en el
presente ejercicio, por lo que le solicito información en la
medida que disponga de ella. También en el mismo capítulo
de gastos de personal hay un incremento de un 5,1, en
total son más de 9 millones de pesetas, para incentivos al
rendimiento. Desearía conocer a qué es debido esa subida
y cómo piensan repartir entre los empleados públicos, en
sus diferentes niveles funcionariales, esa productividad,
que, por cierto, sube bastante en todo el Ministerio con respecto
al año pasado.

El capítulo 2, de gastos corrientes de bienes y servicios,
no parece, a primera vista, ir en la línea de austeridad preconizada
tan repetidamente por el Gobierno y por el propio
ministro. A no ser que nos convenza de lo contrario, señor
secretario de Estado, mucha austeridad no existe, desde
luego, en la propuesta presupuestaria para Muface. Asaber:
subes los gastos corrientes presupuestados para material y
suministros un 13,8 por ciento, 110 millones más que en el
actual ejercicio, lo que suma un total de 907 millones. Convendrá
conmigo que es una subida bastante considerable.

Las dietas, en este caso, están en el mismo nivel de gastos
que en el presente ejercicio, es verdad, pero también en
gastos corrientes, concretamente en publicaciones, nos
encontramos con un incremento de 48 millones, se sube de
50 a 98 millones, lo que supone casi un cien por cien de
aumento, con lo que en este concepto se duplica ese gasto.

Como consecuencia de todo ello, los gastos corrientes se
disparan, con una subida media de un 15,2, que no se
corresponde, como decía anteriormente, en ningún modo
con la austeridad requerida y muchas veces pregonada.

En el capítulo 6, de inversiones reales, nos encontramos
con una partida de 542 millones; se destinan 209 millones
más a inversiones para el actual ejercicio presupuestario, lo
que supone también un incremento muy importante, del 62
por ciento. Me gustaría conocer el destino de esas inversiones,
de esos 542 millones.

Espero, señor secretario de Estado, y concluyo, que
pueda informarnos sobre las cuestiones que le he planteado
en el seno de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Han sido retiradas las iniciativas
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
por lo que voy a dar la palabra al secretario de Estado. Le
recuerdo, señor secretario, que debe contestar aquellas
cuestiones que tienen incidencia en el presupuesto; queda a
su consideración la contestación de aquellas otras cuestiones
que le han sido planteadas.




Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Villar García-Moreno):
Agradezco al portavoz del Grupo Socialista su petición
de comparecencia en esta Cámara, porque así me permite
contar algunas de las cosas que estamos haciendo y
aclarar otras, dado que los presupuestos son números, en
ocasiones difíciles de interpretar hasta para el que los hace.

Antes de contestar a las múltiples preguntas queme
hace el portavoz del Grupo Socialista, me gustaría destacar,
ya que tengo la oportunidad, un par de cosas que
hemos hecho en los presupuestos de este año y que yo creo
que son importantes. En primer lugar, quiero destacar que
se ha conseguido por primera vez -tengo que reconocer
que llevo intentándolo desde que llegué y al tercer año he
conseguido hacerlo- incorporar el crédito de formación al
crédito del Instituto Nacional de Administración Pública, o
sea, traspasar los 8.252 millones que corresponden a este
año, al presupuesto del instituto. ¿Qué quiere decir esto?
Que vamos a poder gestionar la formación continua de los
funcionarios, es decir, que vamos a lograr que las comunidades
autónomas, la Administración local, los sindicatos y
nosotros gestionemos, a través del instituto, los fondos de
formación de la Administración general del Estado. Para
todo esto, en todos los años que llevamos desde que funciona
este sistema, se necesitaba que se reuniera, primero,
la comisión tripartita, luego se traspasara el dinero del
INEM al INAP y luego el INAP tenía que hacer las convocatorias.

Esto significaba que dificultábamos mucho la gestión
del dinero y la formación, con lo que la hacíamos prácticamente
inviable hasta el último cuatrimestre del año. En
este año hemos conseguido ponerlo en marcha, y creo que
es un hito importante. Vamos a lograr que en enero las
comunidades autónomas, los sindicatos y la Administración
local tengan el dinero y lo puedan gestionar.

Otro dato importante es que hemos cumplido con una
promesa que se hizo cuando presentamos la primera ley a
esta Cámara cuando llegamos al Gobierno, que fue la Lofage,
la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
general del Estado. Había el compromiso de
adaptar en dos años los múltiples organismos autónomos
que había a las dos formas que establece la ley: Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Pues
bien, aunque no me lo preguntan, también me gustaría
decir que esto se ha conseguido. De los 124, 41 ya se habían
adaptado antes, en la Ley de medidas lo harán 27 organismos
autónomos, ocho organismos de investigación, tres
mutualidades, Muface, Isfas y Mugejo, 8 del 6.5 de la Ley
General Presupuestaria y cuatro del 6.1.b) de la Ley General
Presupuestaria. Los restantes hasta cumplir los 124 lo
harán -están hechos- en unos decretos que saldrán cuando
se apruebe aquí, en la Cámara, el 1 de enero, la Ley de
medias y la Ley de presupuestos. Habrá cuatro decretos:
Uno individual para el ICO, otro individual para la Fábrica
de la Moneda y Timbre, otro en el que van en conjunto
aquellos organismos que pasan a organismos autónomos
que no necesitan de una ley y en el último decreto van los
que pasan a entes públicos empresariales, que tampoco
necesitan de una ley. Esto creo que debe ser destacado, ya
que es un paquete de medidas importante.

La tercera cuestión que he apuntado -y aprovecho
para contestar al portavoz del Grupo Socialista- es la
importancia que tiene el aumento de las inversiones en el
programa 121.B. Nosotros, en lugar de creer que es una



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crítica, pensamos que todo lo que se introduzca en el capítulo
de inversiones, por principio, debe ser bien visto. Esto
va enfocado clarísimamente a las tecnologías de la información
y de la comunicación entre las administraciones
públicas. Aprovecho para decirle que se destinan 76,5
millones a la ventanilla única, que luego comentaré un
poco más porque me lo ha pedido S.S., 145 millones para
el efecto 2000 y la introducción del euro, 91,5 millones
para una red intranet administrativa que estamos montando
en la Administración general del Estado, y 160 millones de
pesetas para el registro central de personal, y estoy de
acuerdo en que ya había partidas para ello en los presupuestos
anteriores. Esto, efectivamente, acaba de completar
el registro central de personal que se ha cambiado radicalmente,
porque no era posible mantener la maquinaria
que había. Hemos cambiado absolutamente todo y ha pasado
de ser un sistema de gestión, por así decirlo, de situaciones
administrativas de los funcionarios, a ser un sistema de
gestión, de verdad, de recursos humanos. Esta es una inversión
que hay que añadir a la de los anteriores presupuestos.

Tiene razón S.S. en que sí existían partidas presupuestarias,
pero esto acaba de completarlo.

Voy a ir contestando a las preguntas que me ha hecho.

En cuanto al programa 121.B, efectivamente, sube un 4,7
por ciento. La diferencia que existe entre los funcionarios y
los laborales es por promoción. Son diferencias mínimas,
estamos hablando de que para los funcionarios en vez del
1,8 sube el 2, o sea, que son dos décimas, y esto es debido a
a promoción del grupo D al C y a que hubo una reducción
de efectivos del grupo E, que también se nota. De todas
maneras, lo tengo desglosado y, si quiere, se lo puedo dar.

La diferencia en los laborales se debe a que de los puestos
vacantes se han cubierto con gente de categoría superior, lo
que ha producido un ligero desajuste en las cifras pero es
un desajuste mínimo.

En cuanto a la subida retributiva del 1,8, como sabe S.S
es un precepto básico y se aplica a todos los funcionarios; o
sea, la subida del 1,8 incluye desde el presidente de Gobierno
a cualquier funcionario de la Administración.

Por lo que se refiere a las cuotas sociales por las que
preguntaba S.S., es un desajuste del departamento que va
ajustando de unas partidas a otras, y también depende del
régimen a que esté adscrito cada funcionario, ya que según
esté adscrito a la Seguridad Social o a Muface cambian las
cuotas sociales. La verdad es que es un cambio pequeño y
ésa es la explicación y no otra, porque, como comprenderá,
dejar de pagar cuotas sociales es imposible, o sea, que no
tiene más explicación que un ajuste técnico dentro del
Ministerio.

Lo relativo al capítulo 6, ya se lo he explicado.

Por lo que se refiere a la ventanilla única, que era la otra
pregunta que me hacía, como sabe S.S., consiste en lograr
que un ciudadano que quiera presentar un documento tenga
la posibilidad de hacerlo en cualquiera de las administraciones
y surta los mismos efectos en cualquiera de ellas. A
esto, que inició su gobierno a finales de 1995, entre municipios
y el Estado, nosotros, a partir de finales del 1996
-me parece que es de esa fecha el acuerdo del Consejo de
Ministros-, añadimos la posibilidad de que existieran
convenios entre Estado y comunidades autónomas, de tal
manera que se fueran adhiriendo luego los ayuntamientos y
que no sólo exista el acuerdo municipio-Estado, sino que
sirva efectivamente para los tres.

Actualmente hemosfirmado convenios con diez comunidades
autónomas, están en trámite dos más que esperamos
concluir en el próximo mes y tenemos ya más
de 800 municipios adheridos al programa. Como también
sabe S.S., existe el proyecto Pista, que es un proyecto
piloto de unión real, pero no sólo para que el ciudadano
pueda entregar un documento en las distintas administraciones,
sino para que la transmisión del documento sea por
vía telemática y, además, existan unas bases de información
en las tres administraciones, de tal manera que el ciudadano
pueda consultar en el ayuntamiento del pueblo más recóndito
no sólo la base de datos del ayuntamiento, sino la de la
comunidad autónoma y la del Estado. Esto se ha iniciado
con tres ministerios, dos comunidades autónomas y diez
municipios. Está en marcha y está funcionando muy bien y
esperamos ampliarlo en breve espacio de tiempo. De todas
maneras, de cualquiera de estos temas, si quiera S.S., le
puedo dar la documentación, pero creo que tampoco viene al
caso alargarme mucho en la explicación.

En cuanto a la negociación sindical, está abierta; seguimos
en múltiples mesas de negociación. Por lo que se refiere
al tema que me imagino que más le interesa a S.S., que
es el aspecto retributivo, se ha reunido la mesa de retribuciones
en varias ocasiones, y ahí se empezó a hablar de cuál
era la subida retributiva que se creía que debía haber. Hubo
una mesa general de función pública a finales del mes de
julio, otra después de las vacaciones, en septiembre, que
fue donde se quedó en que la subida retributiva que parecía
más ajustada a las necesidades presupuestarias y a la reducción
del déficit, era del 1,8. Por supuesto, a las centrales
sindicales no les pareció bien, como es normal, tampoco se
puede esperar otra cosa. Ellos reclamaban una mayor subida.

Nosotros les ofrecimos, no subidas lineales, sino algún
hecho puntual para mejorar la productividad, la movilidad,
etcétera, pero no de manera generalizada. Creo que a final
de este mes se va a cerrar el convenio único del personal
laboral, que es un hecho importante. Se van a poner 4.000
millones de pesetas para cerrarlo y la posibilidad de añadir
algún dinero más en los años 1999 y 2000, y eso va a significar
que los 51 convenios laborales que existen en la actualidad
se van a quedar en uno, con dos ventajas fundamentales
tanto para al Administración como para los
trabajadores, por una parte, se va a poder negociar en una
mesa y no en 51, lo que simplifica bastante y la pérdida de
tiempo es mucho menor y, por otra parte, que la movilidad
para todos los laborales, que son 90.000 los que se van a
favorecer con esta ventaja, es enorme, porque ahora mismo
los trabajadores laborales sólo se podían mover dentro de
su convenio colectivo, lo cual era una pequeña barbaridad,
y con esto se consigue que el laboral pueda moverse por la
Administración por lo menos igual que un funcionario.

Además, para la Administración tiene una ventaja importante
en cuanto a la gestión y redistribución de efectivos,
que es una de las apuestas claras que nosotros hacemos en
la Administración.

Hay innumerables aspectos en los que estamos trabajando
y en los que estamos de acuerdo. Como sabe, estamos
haciendo la promoción, la funcionarización, la consolidación



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de empleo temporal, etcétera, y tenemos abiertas
las mesas de negociación sin ningún problema.

En cuanto al Estatuto de la Función Pública, diré que,
como saben SS.SS., es un proyecto de ley que nos ha llevado
mucho tiempo y que ha habido que consensuar con
muchos agentes distintos: las comunidades autónomas, los
ayuntamientos y las organizaciones sindicales. Se ha llegado
a un acuerdo, no voy a decir al 100 por 100, pero sí a
satisfacción media de todos, aunque plenamente no satisface
a ninguno, lo cual creo que es una de las ventajas del
proyecto de ley. Nosotros dijimos desde el principio que un
proyecto de ley de esta envergadura no puede ser un proyecto
de ley que cuando cambie el Gobierno del país por
otro que no sea del mismo color político tenga que cambiarse,
sino que debe ser un proyecto de ley que supere
cualquier cambio de color político y, por tanto, que debía
ser enviado a esta casa con el suficiente consenso. Actualmente
estamos tratando de llegar a ese consenso que posibilite
el que nosotros traigamos el proyecto de ley a esta
casa con ciertas garantías de éxito.

En cuanto a la subida retributiva de los secretarios de
Estado, creía que ya se habían convencido de que no nos
hemos subido el sueldo, pero si tengo que insistir -debe
estar ya en las transcripciones de la Cámara que yo decía
que a ver quién demostraba que yo ganaba una peseta más
que la subida del IPC-, diré que no ganamos más dinero,
que no ha habido una subida, sino una regularización de
aquel dinero que se ganaba por los consejos de administración
y que se ha pasado al complemento de productividad.

Creo que esto no merece mayor explicación, salvo volver a
insistir en que este año yo sólo voy a ganar el 1,8 más de lo
que ganaba el año pasado. Eso es demostrable y cuando
quieran traigo las nóminas.

En cuanto a la participación en consejos de administración,
como saben -mandamos la documentación-, los
secretarios de Estado dejamos de pertenecer a los consejos
de administración, excepto aquellos que, por razón de su
cargo, necesitaran estar en un consejo de administración, si
bien no cobrarían una peseta por la asistencia. La situación
es similar al informe que se mandó en julio a esta Cámara.

De todas maneras, si S.S. quiere, vuelvo a remitir el informe,
pero, como digo, las variaciones son mínimas. La filosofía
está clara y lo que se pretendió con esto también.

En cuanto al desglose de gastos de las direcciones generales
de mi departamento, lo veo complicado, veo muy difícil
que se lo pueda dar. Si quiere, lo intento, pero desde
luego yo no lo tengo. Tendríamos que desglosar el presupuesto
por direcciones generales concretas, que hasta ahora
están metidas en las Secretarías de Estado. Si tiene especial
interés, podemos intentar desglosarlo.

La oferta de empleo público, como sabe, va en la ley de
presupuestos y sigue con la misma filosofía de los dos años
anteriores. Va a ser una oferta pública de empleo restrictiva,
dirigida a aquellos sectores específicos donde se necesite
personal o donde haya que mantener el servicio por
razones obvias, pero, como digo, va a ser una oferta restrictiva
y se mantiene el 25 por ciento de la tasa de reposición
en cuanto a ingresos nuevos en la Administración.

En cuanto a las vacantes pendientes de amortización,
diré que no hay proyecto de amortización de las actuales
vacantes. La operación de actualizar las vacantes al presupuesto
ya está hecha y, de momento, no tenemos intención
de amortizar ninguna vacante. De todos modos, tengo las
vacantes, las cifras, y se las puedo dar sin ningún problema.




En cuanto al presupuesto de Muface, diré que el programa
314.B, que es el de las prestaciones económicas, crece
en un 1,9 por ciento y el 412.L un 4,48 por ciento. Tengo
que decir al respecto que los conciertos de asistencia sanitaria
son 103.000 millones; la farmacia, 28.000 millones;
las prestaciones económicas, 22.000 millones; las prestaciones
sociales, 10.500 y las sanitarias 6.972 millones. Esto
en cuanto al presupuesto de gastos. En cuanto al presupuesto
de ingresos, se mantiene el tipo de cotización, cosa que
es importante, y se mantiene la misma proporción que teníamos
en relación a lo que cotizan los funcionarios y lo que
cotiza el Estado. Por si le interesa saberlo, le diré que el
número de cotizantes que tenemos en este momento es de
588.322, ha aumentado este año en 901. Estos ingresos crecen
en un 3,12 por ciento, que probablemente sea la pregunta
del capítulo 1 que S.S. me hace en cuanto a los ingresos.

Es decir, el capítulo 1, impuestos directos y
cotizaciones sociales, crece un 3,12 por ciento y crece por
lo que le decía antes: por el incremento del colectivo.

Respecto a las cuotas sociales, le diré que existe un problema
para el cálculo, porque se realiza partiendo de las
personas que cotizan. Como sabe S.S., se incrementan con
el IPC y al resultado hay que aplicar los tipos vigentes para
los funcionarios y para el Estado en cuanto a la parte del
1,69 y el 5,17 por ciento y, aparte, el Estado se queda con
un 10 por ciento antes de la liquidación, o sea, que sólo
transfiere el 90 por ciento y luego, cada año, pasa el 10 por
ciento de cada año. Puede haber algún cambio por este tipo
de variaciones, pero no hay nada especial.

En cuanto al capítulo 3, de tasas y precios públicos, está
metido el ingreso por publicidad en la revista, los reintegros
de la cuenta justificativa de prestaciones y los recursos
de indemnizaciones de seguro, recargo por pago de cotizaciones
en vía voluntaria, etcétera.

En cuanto al capítulo 4, de transferencias corrientes, las
que proceden del estado, sube un 0,95. Existe un incremento
de 112 millones y es debido a la subvención por el fondo
especial. Se hace una estimación según el déficit de financiación
del Estado al fondo especial de Muface y también
hay una subvención por minusvalía y, entonces, dependiendo
del cálculo que se haga, existe algo de aumento o disminución,
pero, como digo, el porcentaje es un 0,95 por
ciento.

En cuanto al capítulo 5, de ingresos patrimoniales,
asciende 2.077 millones. Esto es por los intereses de las
cuentas corrientes que Muface tiene abiertas y los alquileres
y productos de los inmuebles del fondo especial de la
mutualidad, que son 820 millones; los intereses de la cartera
de valores que tiene Muface, que son 22.500.000 pesetas,
y el capítulo 8, los activos financieros, son 16 millones
de pesetas y se deben a la amortización de la cartera de
valores procedente de la mutualidad al reintegro de los
préstamos concedidos a los trabajadores y a la amortización
de algunos antiguos créditos. Aquí, en activos financieros,
hay una disminución de 24 millones de pesetas, que
es debida a que durante 1999 se produce la amortización de
parte de los valores que Muface tenía en la cartera y a que



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se ha rebajado las previsiones de ingresos por préstamos al
personal de Muface. Después, se han estimado en 73.000
pesetas los reintegros por amortización de capital correspondientes
a antiguos préstamos que existían en al mutualidad.

También informó a S.S. del remanente de tesorería
-así terminó con el presupuesto de ingresos-, que ha
subido un 10,39 por ciento, es decir, que utilizamos 19,.400
millones para encajar el presupuesto en el remanente de
tesorería, que ahora es de 35.000 millones aproximadamente.




En cuanto al presupuesto de gastos, que le interesará
más, voy a hacerle un repaso a S.S. Primero, en el programa
314.D vienen englobadas la incapacidad temporal, la
gran invalidez, determinadas minusvalías, ayudas por
adquisición de vivienda, etcétera; también figura el fondo
especial de Muface, e integra todos los gastos de gestión de
dicha mutualidad: personal funcionario, inversiones, gastos
financieros, etcétera.

En cuanto al capítulo 1, la subida para los altos cargos
es del 1,77 por ciento; para los funcionarios, el 4,02 por
ciento por aplicación de los acuerdos Administración-sindicatos
de los niveles mínimos; en los laborales el incremento
es menor, el 0,90 por ciento, es decir, inferior al IPC
debido a que hay una disminución de algún puesto de laboral
en la mutualidad; los incentivos, que era uno de los puntos,
concretos por los que me preguntaba S.S., suben un
5,11 por ciento, y responde a dos cosas: primero, al IPC, y
segundo, a que la Dirección General de Costes de Personal,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos, da la productividad
conforme a unos parámetros de grupos: A, B, etcétera,
dependiendo del tipo de funcionarios; no estaba ajustada
la productividad del organismo autónomo Muface,
motivo por el que sube ese 5,11 por ciento.

En cuotas supone una disminución del 1,19 por ciento,
fundamentalmente por las pensiones del fondo especial,
porque la disminución se debe al decrecimiento al disminuir
el número de pensionistas y porque hay una tendencia
descendente en las cuantías que se les reconocen con
anterioridad a 1999 y hace que disminuyan en este caso
concreto las cotizaciones. También están englobados en el
artículo 16, de cuotas, los gastos sociales de personal, que
suben un 11,22 por ciento, estando incluida la formación y
la acción social de la mutualidad.

En el artículo 20, de gastos, hay un incremento debido a
material informático no inventariable. Aquí se junta que se
han unido las direcciones provinciales de Muface con un
sistema on line informático y ello supone un incremento de
gasto que es el que se refleja. También hay un aumento de
la dotación para gastos producido por la sustitución de los
sistemas de calefacción de algunos de nuestros edificios,
que tenían un sistema antiguo. Las comunicaciones postales
también suben por las tarifas urbanas, que han subido
un 50 por 100. Ha habido algún reajuste más dentro del
capítulo 2 a la realidad presupuestaria, y me gustaría destacar,
porque me lo ha preguntado S.S. en concreto, la revista,
el capítulo 2. Esto tiene una explicación un tanto complicada,
pero creo que es bueno detenerse en ella. El gasto
real de la revista no estaba incluido en el presupuesto por
diversas razones. La Secretaría de estado de Presupuestos
no lo incluía en el presupuesto, pero sí existía. Comenzando
por el principio, diré a S.S. que en el año 1998 la revista
costó 134 millones: 72 millones por impresión; 10 millones
por la manipulación de la revista; 3,2 millones por colaboradores
y 47 millones por envío. Como ingresos tenía 30
millones de Argentaria, que es el patrocinador oficial de la
revista, y 18 millones por otras propagandas. Estos gastos
la Secretaría de Estado de Presupuestos no los incluía en el
presupuesto hasta que se hubieran hecho, lo cual dio lugar
a que el año pasado hubiera 48 millones aunque el gasto de
la revista, insisto, fue de 134 millones, pero en revistas, en
el capítulo 2, artículo 222.01, están incluidos los 47 millones
de gastos de envío, por lo que el presupuesto real que
había el año pasado ascendía a 50 millones más 41 millones
que había. Y existía un desajuste entre los ingresos por
propaganda que tiene la revista -tanto de Argentaria como
otros- que no se incorporaron al presupuesto sino más
tarde. Lo que han hecho este año es aceptarlos, dado que
llevamos dos años en los que el pago es uniforme, y han
debido creer que ya era oportuno incorporar al presupuesto
el gasto real de la revista, que, como dice S.S., este año
duplica el anterior, figurando 98.461.000 pesetas, que junto
al gasto del 222.01 hacen el gasto real de la revista, 137
millones de pesetas.

En cuanto a la productividad, el subsecretario les explicará
la global del Ministerio, pero puedo adelantarle que es
por la operación que estamos haciendo. Es mi responsabilidad
la redistribución de efectivos entre los funcionarios de
correos y los gabinetes telegráficos de la periferia, eso
requiere un aumento de productividad que nos ha sido
incorporado y que ha sido pagado tanto por el Ministerio
de Fomento como por correos.




El señor PRESIDENTE: Señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Intervengo muy
brevemente para agradecer la información que nos ha dado
el señor secretario de Estado, que ha sido interesante. Por
ejemplo, me parece adecuada la información que nos ha
facilitado de la revista de Muface; y si ese artículo es una
forma de controlar el coste de la misma, me parece bien.

No era mi intención criticarle, sino decirle que en las inversiones
me parece muy adecuado que haya un aumento del
60 por 100 si hace falta, y creo que la hace, para que se
vaya dignificando en las áreas de trabajo y que la Función
Pública pueda ejercer su tarea. Que lo haga el Ministerio
para las Administraciones Públicas me parece perfecto.

Tampoco le he preguntado por las retribuciones de los
secretarios de Estado. Usted me ha contestado qué secretarios
de Estado, por razón de su cargo, están todavía en consejos
de administración. Como ya me ha contestado que no
cobran asignaciones, me parece perfecto. Y sólo nos queda
el tema de la productividad. Si dice que en la última comparecencia
lo hablaremos con el señor subsecretario, doy
por concluida mi intervención agradeciéndole de nuevo la
información que nos ha facilitado.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Villar García-Moreno):
Agradezco al portavoz del Grupo Socialista la paciencia
que ha tenido para escuchar el rollo que le he hecho



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encajar, pero quería darle cumplida información en lo que
está a mi alcance, así como agradecer a la Presidencia su
amabilidad.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de
Estado.




Vamos a suspender la sesión por cinco minutos.

(Pausa.)



- DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(FERNÁNDEZ DÍAZ), A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número
de expediente 212/001639) Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 212/001678).




El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la
sesión con la comparecencia del señor secretario de Estado
para las Administraciones Territoriales, a quien damos la
bienvenida a la Comisión de Régimen de las Administraciones
Públicas.

Han solicitado su comparecencia el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario
Socialista. Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra sin más el señor Fernández Sánchez.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Bienvenido,
señor secretario de Estado.

En principio, quisiera formularle una serie de preguntas
que espero no sean demasiadas, porque aquí siempre corremos
el doble peligro de que o bien nos quedamos en lo
superficial o, si descendemos al detalle, posiblemente la
respuesta siempre es difícil. En todo caso, si hay preguntas
que no puede contestar porque no tiene la información precisa
en este momento, espero que pueda hacerlo en el
futuro.

Antes de entrar a preguntarle sobre los programas de
las secciones 22, 32 y 33, quería hacer una reflexión y es
que, según los datos de los Presupuestos Generales del
Estado, el Gobierno en su previsión de ingresos recoge
unos 115.000 millones menos por IRPF en los próximos
presupuestos de 1999 y, sin embargo, en las transferencias
del programa 911.B, que es el 15 por ciento del IRPF del
tramo autonómico, prevé un incremento en todas las comunidades
autónomas, salvo en la de Murcia, que de 13.896
millones en 1998 pasa a 10.221 en 1999. Esto nos induce a
intentar aclarar si esta medida, este recorte de ingresos, va
a afectar al modelo de financiación de las comunidades
autónomas y también le preguntaría por qué es menor la
previsión de IRPF de la región de Murcia. La previsión es
de 3.600 millones menos y sólo se compensa con unos
2.800 millones de mayor aportación del PIE.

En la presentación de los presupuestos para 1998 nos
anunció que si no se producía la transferencia en educación
durante el año 1998 propondría la aplicación de lo previsto
en el modelo pactado, subir al 30 por ciento de IRPF para
las comunidades que tuvieran asumidas las competencias,
a través de unas precisiones que se hicieron en su día del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ytambién nos preguntamos
por qué no se recoge la previsión de cesión del
30 por ciento del IRPF a las comunidades para 1999, así
como por qué se aplaza por tercer año consecutivo en un
modelo para cinco años. No tiene mucho sentido que cuando
se establece un modelo para cinco años, durante los tres
primeros se vayan aplazando esas transferencias.

En el programa 911.D, se recoge una previsión del
Fondo de Garantía de 2.622 millones para compensar a las
comunidades autónomas que en la liquidación de 1997
hayan quedado por debajo del 90 por ciento de la media,
todo ello recogiendo una previsión del modelo de financiación
autonómica, para evitar las divergencias que el sistema
podría generar. Aquí la pregunta es ¿qué comunidades
han quedado por debajo de ese 90 ciento de la media y
cómo distribuirá el Ministerio esos 2.622 millones; qué
comunidades han quedado por encima de la media -es lo
que le decía antes- y qué porcentaje, y qué distancia hay
entre la cuantía en bruto y las porcentuales entre comunidades
de mayores ingresos y de menor cuantía?
En la sección 22, en el programa 124.A, también nos
preguntamos cuál es la razón para el incremento del
artículo 12, funcionarios, que pasa de 357 millones en 1998
a 551 en 1999. Aquí esperamos conocer qué número de
funcionarios representan esos 193 millones, qué número de
vacantes hay y cuál es el número de bajas.

Hay otro asunto que me interesa; cuál es la razón para
realizar una transferencia a la Generalidad de Cataluña por
3.000 millones de pesetas, que no se efectúa a ningún otro
tipo de gobierno autónomo, para actuaciones de las diputaciones
provinciales, que es un asunto interesante e importante.

Asimismo, quisiéramos saber por qué razón se incrementa
la transferencia a la Generalidad de Cataluña en 500
millones, pasando de 2.595 millones en 1998 a 3.036
millones en 1999, mientras que para todas las diputaciones,
cabildos y consejos insulares del resto de España, así como
para las comunidades de Ceuta y Melilla apenas sube 1.000
millones.

En el programa de cooperaión económica, de economía
local, que figura en la página 174, en la definición del programa
y como meta sectorial que se incorpora para 1999,
se cita textualmente que hay que reforzar el papel de las
entidades locales en el Estado autonómico. La pregunta
que nos surge es qué actividades, qué acciones puede concretar
y qué compromiso en recursos humanos y económicos
va a destinar para lograr esta meta sectorial de carácter
municipalista, que nosotros desde luego compartimos,
pero siempre que se concrete con recursos humanos y con
financiación.

En la sección 32, en el programa 513.E, infraestructura
ferroviaria, se ve que suben las transferencias de capital
para la financiación de obras en la Generalidad de Cataluña;
de 2.500 y 1.194 millones en 1998 se pasa a 2.700 y
1.871 millones en 1999, mientras en otras comunidades
desciende alarmantemente, como puede ser el caso de
Valencia, que pierde 3.000 millones, y el de Madrid que de
6.500 millones baja a 6.000.

También nos gustaría conocer por qué para la policía
autónoma catalana en 1997 se recogían unas transferencias
a la Generalidad de 5.000 millones para 1998, otra de
10.000 millones para este año, y de 24.603 para el ejercicio



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siguiente. ¿Cuál es la razón para este fuerte incremento,
qué anualidades quedan aún por transferir y en qué años?
Nos parece que es un incremento que se supone que debe
estar justificado, porque es fortísimo, y por esos es interesante
que nos especifique por qué se produce.

En el programa 912.A, participación de las comunidades
en los ingresos del Estado, ¿cuál es la razón para reducir
las transferencias a los ayuntamientos por liquidación
definitiva, desde el concepto 468, que es de 52.331 millones
en el año 1998, a 33.526 para 1999, que son casi 20.000
millones menos? Esto contradice bastante la afirmación
que antes hacía en cuanto a reforzar el papel de las entidades
locales.

En el programa 912.C, otras aportaciones a las corporaciones
locales, también nos gustaría conocer por qué se
reducen casi a la mitad las transferencias a los ayuntamientos,
de 14.855 millones en 1998 a 8.755 millones en 1999.

Me he dejado unas cuantas preguntas, porque me parece
que son excesivas y no sé si va a tener capacidad para
contestar tantas preguntas, pero espero que haga el esfuerzo
de ser lo más claro posible en estos temas, que le he
planteado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el
señor González Revenga tiene la palabra.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: En nombre del
Grupo Socialista mis primera palabras tienen que ser de
bienvenida al señor Fernández Díaz, que comparece una
vez más en esta Comisión.

También quiero señalar, señor presidente y señor secretario
de Estado, que compartiré el turno del Grupo Socialista
con doña Isabel Pozuelo, que intervendrá en los temás
referidos a comunidades autónomas.

Señor secretario de Estado, el Grupo Socialista ha solicitado
su comparecencia en esta Comisión para que nos
ofrezca una mayor información sobre el contenido de los
presupuestos en el área de su competencia, para que nos
aclare dudas que tenemos sobre los mismos y para que nos
amplíe datos, dada la escasa documentación de que disponemos
los diputados. En ese sentido hubiera sido muy conveniente,
para lograr un fructífero debate en esta sesión,
disponer de un documento con el grado de ejecución presupuestaria
a esta fecha, referente al MAP y a los programas
sobre los que hoy estamos debatiendo.

Nuestra intervención va a girar en torno a los programas
encuadrados en su Secretaría, como son el programa
124.A, de desarrollo y organización territorial del Estado y
su sistema de colaboración, y el programa 912.B, de cooperación
económica local del Estado. Sobre ambos programas
tenemos dudas que esperamos nos pueda aclarar y
esperamos que nos pueda ofrecer documentación en esta
comparecencia o enviárnosla posteriormente.

Entrando en el programa 124.A, vemos que hay cambios
importantes en el actual presupuesto. Así, hay un
aumento global de 210 millones que representa un incremento
de un 43,5 por ciento; aumento que viene claramente
determinado por la configuración del capítulo 1, gastos
de personal. En este sentido, nos gustaría conocer las razones
del incremento de esos 194 millones en el capítulo de
funcionarios, lo que supone un aumento de un 54 por ciento.

Alguna explicación razonable debe haber para ese considerable
aumento de gasto de personal en este programa,
para que no se rompa una vez más ese discurso de la austeridad.

En todo caso, esta subida del 54 por ciento no cuadra,
en principio, y por eso le pido una mayor información,
con el aumento del 10,9 por ciento en las cuotas sociales a
cargo del empleador, no acabo de entenderlo.

Por otro lado, y también en el capítulo de gastos de personal,
hay un incremento de casi un 30 por ciento en incentivos
de rendimiento o de productividad. Ese 30 por ciento
representa 14 millones de subida con respecto al presente
ejercicio presupuestario, lo que nos lleva a pensar que el
objetivo de austeridad en este punto tampoco se cumple.

De todas maneras, es falta de austeridad en el gasto no
es exclusiva de este programa ni de esta Secretaría de Estado,
sino que afecta a todo el Ministerio, como estamos
comprobándolo y como lo vamos a seguir viendo a lo largo
de las comparecencias en este sesión. Por último, y con
referencia al programa 124.A, nos gustaría conocer las
razones de la desaparición de la partida -ciertamente ya
reducida en 1998- de inversiones reales.

En cuanto al programa 912.B, de cooperación económica
local del Estado, comprobamos, un año más, la escasa
dotación presupuestaria de un programa clave para la
vida económica de nuestros municipios; una escasez de
recursos económicos para las entidades locales que ustedes
acentúan al comienzo de la actual legislatura con un claro
descenso de estos fondos en sus primeros presupuestos, ya
en 1997. La cooperación económica local del Estado se
está convirtiendo -tengo que decírselo- en una de las
cenicientas de este Gobierno; una situación que no es compensada
por los fondos provenientes de la Unión Europea,
que tienen un escaso poder de arrastre, porque estos fondos
-lo tengo que afirmar una vez más- tienen una reducida
capacidad multiplicadora. Porque, a pesar de la suma de las
aportaciones de los propios municipios (en muchos casos
con graves problemas de financiación), de las aportaciones
de las diputaciones y cabildos y de algunas comunidades
autónomas -porque no todas aportan fondos a estas partidas-,
las cantidades resultantes siguen siendo todavía
insuficientes para las urgentes necesidades de inversión
que tienen nuestros municipios, y fundamentalmente los
más pequeños. Alos pequeños municipios, sus obligatorias
aportaciones económicas a los fondos que les llegan de la
cooperación económica local del Estado les supone, en la
mayoría de los casos, un enorme sacrificio económico, que,
como siempre, tiene que salir inevitablemente de los bolsillos
de los vecinos. En este sentido, creo que todos estaremos
de acuerdo en que es absolutamente necesario y urgente
-como se debatió en este Comisión el pasado 16 de
septiembre- dotar a los municipios de un sistema de
financiación, para que no sólo puedan afrontar sus gastos
de personal y gastos corrientes y de inversión, sino para
que también puedan hacer frente al mantenimiento de las
infraestructuras creadas en los últimos años y a la atención
de los servicios de los que gozan los ciudadanos en estos
municipios con escasos recursos económicos. Nuestros
pequeños pueblos han experimentado en estos años de vida
democrática un gran avance en infraestructuras de todo tipo
y en servicio municipales, y debemos hacer todo lo posible
para que estos beneficios no se pierdan. Así pues, las cantidades



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presupuestadas en el programa 912.B son claramente
insuficientes y no van en paralelo con lo que supone el
pacto local y tampoco las iniciativas legislativas en marcha
en esta Cámara en materia de gobierno de las corporaciones
locales. este avance en cuanto al pacto local y las iniciativas
relativas al buen gobierno de nuestros municipios
deberían ir acompasadas de mayores recursos económicos
para los ayuntamientos.

Con referencia al presupuesto inicial de 1998, el programa
912.B tiene una subida global de un 5 por ciento;
una subida muy moderada que desaparece si la comparamos
con el presupuesto actualizado de este ejercicio económico
tras la ampliación de créditos extraordinarios, aprobados
por Reales Decretos, por valor de 6.742 millones de
pesetas. Si comparamos ese presupuesto actualizado de
1998 con el que nos presenta el Gobierno para 1999, hay
una bajada en esta partida de cooperación económica de un
18 por ciento. Desconocemos si a lo largo de 1999 habrá
ampliaciones de crédito en materia de cooperación económica
local, pero el punto de partida es de clara insuficiencia
para las crecientes necesidades de nuestras corporaciones
locales.

Con respecto al capítulo 1, de gastos de personal, hay
una baja considerable en el artículo correspondiente a funcionarios,
de 174 millones de pesetas, lo que supone un
43,8 por ciento menos que en el actual ejercicio, por lo que
sería conveniente que nos ofreciera alguna explicación
sobre este asunto. En el mismo capítulo de gastos de personal,
no entendemos por qué, si hay una reducción del 43,8
en el artículo de funcionarios, sólo se reduce un 33,6 en el
apartado de gratificaciones; esas bajadas deberían ir acompasadas.

Algo así debería ocurrir también con las cuotas
sociales -no hablo más de cuotas sociales-, porque son
cantidades muy diferentes a las que en principio parecen
lógicas. En resumen, hay un descenso de un 40 por 100 en
los gastos de personal, una minoración que no se corresponde
con el escaso descenso -de sólo un 0,8- en gastos
corrientes, en el capítulo 2. El desequilibrio en el comportamiento
presupuestario entre el capítulo 1 y el capítulo 2
es demasiado grande, porque parece lógico que la disminución
de gastos en personal y en gastos corrientes debería
ser, si no idéntica, algo más pareja.

En cuanto a las transferencias corrientes, estamos de
acuerdo -como no podía ser de otra manera- con el
mantenimiento de esa partida de 27 millones para la Federación
Española de Municipios y Provincias. Supongo que
desde la FEMP las cosas se verán de otra manera, pero el
que se repita esa partida otro año más creo que es positivo.

En el capítulo 7, de transferencias de capital -como
decía anteriormente-, hay una subida de un 6 por ciento;
incremento que se esfuma si tomamos como referencia el
presupuesto actualizado de 1998, es decir, con la ampliación
de los 6.742 millones de pesetas por créditos extraordinarios.

En este mismo capítulo hay transferencias de
capital que nos llaman la atención, en dos apartados: una
partida presupuestaria de 3.036 millones, destinada a la
Generalidad de Cataluña, para el plan único de obras y servicios,
y otra de 21.659 millones para el resto de corporaciones.

Ya explicó el secretario de Estado en la comparecencia
de presupuestos del pasado año las razones por las
que aparece expresamente una partida a la Generalidad.

Este año, en esta sesión, tendrá que ampliar información
sobre la cuantía de esas partidas porque las transferencias
de capital a la Generalidad de Cataluña suponen un aumento
de 441 millones, es decir, un 17 por ciento más, mientras
que la transferencia de capital al resto de corporaciones
locales supone un aumento de 979 millones, es decir, un
incremento de un 4,7 por ciento. Me gustaría, por tanto,
que nos informara de las razones por las que se produce un
aumento de un 17 por ciento para la Generalidad y de un
4,7 por 100 para el resto de las corporaciones locales. Son
13 puntos de diferencia -son muchos puntos-, por lo que
debe haber razones claras y poderosas que expliquen lo que
a primera vista puede parecer un trato desfavorable para las
corporaciones locales no catalanas. Espero que sus aclaraciones
al respecto nos ofrezcan luz sobre esta cuestión.

En cualquier caso, las transferencias de capital de la
cooperación económica local del Estado nos parecen claramente
insuficientes, como he expresado con anterioridad.

Sobre el presupuesto real de 1998 hay una disminución de
un 17,7 por ciento. Los fondos de cooperación local -repito-
bajaron en 1997 con su primer presupuesto y no acaban
de despegar tampoco en 1999. La realidad es que nuestros
ayuntamientos, cabildos insulares y diputaciones
provinciales van a recibir un año más con decepción, y tal
vez con desesperanza -lo cual sería muy negativo-, los
escasos fondos de cooperación que el Estado les envía.

Señor secretario de Estado, el pasado 16 de junio, en su
comparecencia sobre el modelo de financiación de las corporaciones
locales para el próximo quinquenio, desde el
Grupo Socialista le dijimos que las corporaciones locales
necesitan un modelo de financiación suficiente y estable,
un modelo que evite los sobresaltos anuales y que tenga en
cuenta las tres variables esenciales de un sistema de financiación:
la cuantificación del importe inicial y que haya
acuerdo sobre él, el establecimiento de los índices de evaluación
y la determinación de los criterios de reparto para
ayuntamientos, diputaciones y cabildos. Sería muy necesario
que las corporaciones locales, en los albores del nuevo
siglo, pudieran trabajar con algo más de tranquilidad económica
y que afrontaran el futuro con esperanza, que cada
año, cuando van a las diputaciones y a los cabildos a ver
qué les toca, no sea la decepción la forma habitual de ver
esta partida por parte de los alcaldes.

El Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, derogó el
Decreto 665/1990 y, como consecuencia, desde entonces el
programa 912.B se gestiona de forma distinta. En ese sentido,
le pido una valoración, aunque sea de forma muy sucinta,
sobre la implantación de dicho Decreto, de cómo las
corporaciones han gestionado este programa a partir del
mismo, de si han variado los grados de ejecución...




El señor PRESIDENTE: Señor González Revenga,
vaya concluyendo.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Voy concluyendo,
señor presidente.

Asimismo, quiero preguntarle sobre el grado de ejecución
de los antiguos programas de la red viaria local y de
prevención de extinción de incendios en el sentido de si
aparecen programas de inversión en las corporaciones locales.

Al desaparecer la nomenclatura, ¿han percibido en los



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análisis que hace sin sigue habiendo inversiones por parte
de los ayuntamientos, por parte de las diputaciones en estos
antiguos programas? Siempre hay un problema y es que las
palabras arrastran los conceptos y con la desaparición de
esos programas se correría el riesgo de que desaparecieran
inversiones en ese sentido. En cuanto al programa de
acción especial. ¿Cuántas quedan en vigor, qué distribución
territorial tienen?
Por último, le pediría una valoración sobre el estado de
ejecución de los planes operativos comunitarios y de la previsión
presupuestaria para 1999. Además, señor secretario
de Estado, sería conveniente que hiciera llegar a los miembros
de esta Comisión, se lo pedimos en todas sus comparecencias
anuales, la distribución por comunidades autónomas
uniprovinciales, provincias e islas de las partidas de
cooperación económica local del Estado.

Espero pueda aclararnos estas dudas que le hemos planteado
desde el afecto y el respeto que sabe le tenemos en
esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo, tiene la
palabra.




La señora POZUELO MEÑO: Señor secretario de
Estado, buenas tardes.

Voy a referirme como él había manifestado, a los presupuestos
en relación a las comunidades autónomas, tanto en
lo que se refiere a la sección 32 del presupuesto como a los
artículos 79 y siguientes del proyecto de ley que se refiere
también a la financiación de las comunidades autónomas.

Consideramos de nuevo que este proyecto de presupuestos
presenta una grave discriminación entre las distintas
comunidades autónomas del Estado. Otra vez se establecen
con estos presupuestos dos varas distintas de medir
y dos clases de comunidades autónomas. Esto por dos razones:
En primer lugar, porque tras dos años de vigencia del
nuevo sistema previsto para el quinquenio 1997-2001, se
ha puesto en evidencia la insolvencia e inseguridad financiera
del mismo. Ello ha obligado a modificar el sistema en
dos ocasiones, la última en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 27 de marzo del año pasado, convirtiéndolo
en un sistema asimétrico y aún más injusto. Ahora intentan
convalidarlo elevando el acuerdo del Consejo a norma
legal de una manera improcedente, desde nuestro punto de
vista. En segundo lugar, porque han pasado dos años en
que no se han llegado a acuerdos con las comunidades
autónomas que no entraron en el nuevo sistema, a pesar de
las reiteradas peticiones formuladas por éstas al Gobierno
para que se convoquen las Comisiones mixtas de transferencia
y se puedan establecer acuerdos al respecto.

Señor Fernández, sabe bien que lo que se consagra en
este proyecto de presupuestos no puede hacerse, que no se
puede prorrogar unilateralmente este acuerdo si no hay un
acuerdo mutuo entre las partes y que, en cualquier caso,
esa prórroga debía ser por un tiempo prudente, no por la
extensión de tiempo en que se está produciendo la prórroga
del acuerdo que culminó en 1996.

Los artículos 79, 80 y 81 del proyecto de ley de presupuestos
para el año 1999 establecen los porcentajes de participación
de las comunidades autónomas en los ingresos
generales del Estado y en el tramo de participación autonómico
por IRPF. Por fin, en este proyecto de presupuesto
vamos a conocer cuáles son exactamente esos porcentajes
definitivos para 1997, 1998 y 1999, ejemplo evidente de lo
transparente y eficaz de un sistema de financiación aprobado
ya el 23 de septiembre de 1996 y al que hasta el 1 de
enero de 1999 no se van a dar valores efectivos. Sin embargo,
el Gobierno sigue incumpliendo la ley al no aplicar un
porcentaje de participación a las tres comunidades autónomas
que no participan en el nuevo sistema. El artículo 13
de la Lofca establece de forma terminante que las comunidades
autónomas dispondrán de un porcentaje de participación
y que ese porcentaje recaerá sobre los impuestos
estatales no cedidos. Por tanto, las comunidades deben disponer
de un porcentaje de participación ajustado a las
modificaciones que experimenta la base sobre la que debe
aplicarse, es decir, sobre el ITAE. Porque el ITAE incluye
la recaudación de los ingresos impositivos del Estado no
susceptibles de ser cedidos. Actualmente, también en esto
se están aplicando dos varas de medir: a las comunidades
autónomas que no han aceptado el nuevo modelo no se les
aplica el mismo criterio de evolución en la participación de
los ingresos del Estado que se aplica al resto de las comunidades
autónomas, no teniendo sentido que el mismo instrumento
evolucione de manera diferente para unas comunidades
y para otras, resultando perjudicadas de manera
notable aquellas a las que se viene aplicando la evolución
del PIB que evolucionaba por debajo del ITAE.

En este sentido, la no aceptación de la cesión del IRPF
por parte de dichas comunidades no tiene por qué afectar a
la participación de los ingresos del Estado, al ser instrumentos
de financiación diferente e independiente y debiendo
evolucionar el instrumento de financiación común en
todas las comunidades autónomas por igual.

El método prorrogado que se está aplicando a Andalucía,
Extremadura y a Castilla-La Mancha no recoge tampoco
las nuevas transferencias producidas, como en la enseñanza
universitaria en Extremadura y Castilla o las de
justicia para Andalucía, así como tampoco las variables
sustanciales llevadas a cabo en el sistema tributario del
Estado ni la cesión de nuevos tributos a las comunidades
autónomas, tramo autonómico. Con ello se está contraviniendo
claramente el artículo 13.3 de la Lofca que dice: El
porcentaje de participación de cada comunidad autónoma
será objeto de revisión en los siguientes supuestos: a) cuando
se amplíen o reduzcan las competencias asumidas por
las comunidades autónomas. b) Cuando se produzca la
cesión de nuevos tributos. c) Cuando se lleven a cabo reformas
sustanciales en el sistema tributario del Estado.

Esta lectura del artículo 13.3 de la Lofca es bastante
elocuente y por eso le pregunto, señor Fernández, ¿por qué
no cumplen en este aspecto la ley? ¿Por qué el proyecto de
presupuestos para 1999 no contiene un porcentaje de participación
para comunidad autónoma? ¿Cuándo van a dar
respuesta a las comunidades que reiteradamente le solicitan
que se reúnan las comisiones mixtas de transferencias
para llegar a acuerdos, como antes le decía?
Quiero plantearle otra cuestión sobre los porcentajes de
participación que para las otras comunidades autónomas
aparecen en los artículos 79, 80 y 81, apartados a) y b).

¿Podría explicarnos las razones de por qué han modificado
el concepto del ITAE? ¿Por qué se han considerado ingresos



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impositivos del Estado e incluido en el ITAE tanto la
participación que en el IVAtiene la Comunidad Económica
Europea como sus ingresos específicos? ¿Por qué se ha
considerado el IVA en su integridad y no se han deducido
las recaudaciones por tráfico exterior y cotización, producción
y almacenamiento de azúcar, tal como se venía
haciendo en todas las liquidaciones hasta el ejercicio de
1996? Una variación del concepto del ITAE da lugar a una
variación de cada uno de los porcentajes de participación
de los ingresos del Estado. Además, usted sabe que una
variación en el concepto del ITAE habría requerido el
informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de las
comisiones mixtas de todas las comunidades de régimen
común. Ninguna de estas dos circunstancias se han producido.

¿Puede darnos alguna explicación?
Asimismo, al Grupo Socialista le gustaría alguna aclaración
por parte del Gobierno de por qué han modificado el
sistema de financiación en el Consejo celebrado el 27 de
marzo pasado y si le parece correcta jurídicamente la
manera en que se pretende dar forma de ley por parte del
Gobierno a estos acuerdos, ya que desde nuestro punto de
vista es improcedente. Sin embargo, el asunto fundamental
es que han modificado el sistema y lo han hecho afectando
a uno de los principios básicos del mismo que es la
corresponsabilidad
fiscal y, además, han consagrado un sistema
asimétrico para el conjunto de las comunidades. Por eso es
aún más injusto. Han modificado la garantía del 90 por
ciento del incremento del IRPF estatal previsto como un
incremento mínimo garantizado que será el PIB nominal a
coste de factores, trasladando también esta garantía a la
participación en los ingresos del Estado. Este cambio es el
reflejo evidente de que el sistema no funcionaba, era inviable
e inseguro y estaba basado en previsiones que no se
iban a cumplir y, además, el momento no era el más adecuado.

Aparte de otras consideraciones, no se podía ceder
un impuesto, el IRPF, cuando el Gobierno proyectaba una
transformación radical del mismo que iba a afectar al sistema.

Pero todos recordamos cómo se aprobó el sistema y en
qué condiciones.

No estaría mal, porque hay que mantener la memoria,
releer ahora las actas del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y comprobar que los argumentos expuestos por
Andalucía, Extremadura y Castilla-La mancha para no
afectar el sistema eran bastante coherentes y acertados. El
resultado de esta última modificación es que mientras lo
que para algunas comunidades serán incrementos mínimos
garantizados, para otras será el límite de crecimiento posible.

Esto nos parece injusto y contrario al principio de
solidaridad interterritorial que consagra nuestra Constitución.

Como igualmente es injusto y absurdo que sigan
negándose a actualizar la variable población. Tenemos un
nuevo padrón municipal aprobado por el Consejo de
Ministros el 30 de octubre de 1997. Están ignorando sus
propias normas y acuerdos y, lo que es pero, están ignorando
a 866.480 ciudadanos más que han nacido en este país
en el conjunto de las comunidades en los últimos diez años.

Usted sabe que para Andalucía tiene una gran importancia.

Su población ha aumentado en 365.495 habitantes. Se
dejan de percibir 213.958 pesetas anuales, porque el
Gobierno ignora a todos los chicos y chicas que tienen en
la actualidad diez años.

Señor Fernández, hay una cosa que me llama la atención
en el presupuesto, y es el aumento del 16,3 por ciento
y del 15 por ciento en participación de ingresos territoriales
por IRPF y en los generales del Estado, cuando el presupuesto
de 1998 presentó un aumento del 0,4 y del 8,5 respectivamente
por los mismos conceptos. ¿Puede explicarnos
estas variaciones tan llamativas de un año a otro en
aplicación del mismo sistema de financiación?
Hay otra cifra también muy particular, la que se refiere
la liquidación de los años anteriores. El año pasado disminuyó
en un 50,7 por ciento, pasando de 87.735 a 43.234
millones de pesetas, me refiere a las previsiones de liquidación
de años anteriores, y en el proyecto de 1999 disminuye
otra vez un 56,9 por ciento, quedando el crédito en
18.638 millones de pesetas. Nos gustaría una aclaración, ya
que consideramos que estas cantidades son totalmente
insuficientes para abordar el coste real de la liquidación del
año 1997, que será el que se tenga que producir en este ejercicio.




No nos cuadran las cifras ni en lo referente al tramo
autonómico, ni en los ingresos generales del Estado presupuestados...




El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo, vaya terminando,
por favor.




La señora POZUELO MEÑO: Intento aligerar lo más
posible, presidente.

Si lo presupuestado en 1998 sobre IRPF tuvo un
aumento del 0,4, y si el crecimiento de recaudación del
mismo IRPF estuvo en un 5 por ciento, y el PIB nominal
ha crecido sobre el 5,8, parece que la liquidación definitiva
estará en torno al 5,4 ó 5,5 por ciento más de lo previsto en
ingresos a cuenta. Si nos referimos a participación en ingresos
generales también es claramente insuficiente. Si las
entregas a cuenta son el 98 por ciento de la participación en
los ingresos del Estado, el 2 por ciento restante supera con
creces lo presupuestado en estos momentos. En cualquier
caso, ustedes tienen que conocer ya los datos sobre cuánto
ha correspondido a cada comunidad durante el año 1997, y
supongo que ya tendrán elaboradas las hojas de cálculo
correspondientes sobre la liquidación de dicho ejercicio. Ya
se saben todos sus datos: cuál ha sido el crecimiento del
PIB nominal; cuál ha sido el ITAE; cuánto ha recaudado el
Estado por IRPF; y cuánto ha correspondido a las comunidades
por su tramo cedido. Le solicitamos esta información,
y si no dispone de ella en estos momentos, le rogamos
nos la haga llegar por escrito.

Finalmente voy a referirme brevemente a otros dos
apartados del presupuesto: El Fondo de garantía y el Fondo
de nivelación de servicios. Presupuestan un Fondo de
garantía para dar cumplimiento a los nuevos compromisos
de la modificación del sistema en un montante de 2.622
millones de pesetas. Si la recaudación del IRPF ha sido un
5 por ciento y el PIB aumentó un 5,8, dígame en cuántas
pesetas se traduce ese 0,8 por ciento de diferencia para todo
el sistema. ¿Cree realmente que esos 2.600 millones serán
suficientes para cubrir el incremento mínimo asegurado,
tras la pérdida de recaudación en IRPF?
Ya para terminar, señor presidente, quiero plantearle
algunas cuestiones sobre el Fondo de nivelación de servicios.




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¿Cuál ha sido el reparto de este Fondo de nivelación
de servicios durante los años 1997 y 1998? ¿Ha aprobado
ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera los sistemas
de cálculo que van a aplicar para la distribución de este
fondo entre las comunidades autónomas? ¿Han aprobado
las comisiones mixtas la aplicación del fondo para sus respectivas
comunidades? Y, finalmente, ¿por qué se niegan a
dedicar un fondo de nivelación de servicios para las comunidades
de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha?
Por mi parte nada más.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado,
cuando desee tiene la palabra para contestar a los solicitantes
de su comparecencia.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Fernández
Díaz): Muchas gracias a SS.SS. por las palabras de
bienvenida y de acogida a esta Comisión.

He ido tomando nota todo lo rápido que he podido, pero
segurísimo que se han quedado algunas preguntas en el tintero
porque no he tenido tiempo material de ir adaptando la
escritura a lo que iban diciendo, entonces les ruego me disculpen
y, si lo permite la Presidencia y les parece, en un
eventual segundo turno intentaría recuperar aquellas preguntas
que no hubiera tomado nota de ellas y, en consecuencia,
no las contestara o, que habiendo tomado nota, no
estuviera en condiciones de contestarlas en este momento,
en cuyo caso, acogiéndome a la benevolencia de la Presidencia
y de ustedes, enviaría los datos por escrito a través
de la Presidencia.

Hay una consideración previa que quiero hacer. Realmente
la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, como muy bien saben SS.SS., gestiona dos
programas: el programa 124 A, de cooperación del Estado,
lo que, en definitiva, son las competencias y funciones atribuidas
a la Dirección General de Cooperación Autonómica;
y el programa 912.B, de cooperación económica local,
es decir, la cooperación económica del Estado a las inversiones
de las entidades locales.

Yo comprendo que como estamos quizás en esa zona
difusa en que una cosa es la competencia política y otra la
competencia realmente jurídica me formulan todo tipo de
cuestiones, algunas de ellas no quiero excluir que son de
una competencia clarísima del Ministerio de Economía y
Hacienda, es decir, hay algunas cosas que de verdad me
parece, dicho en términos de cordialidad y con toda la cortesía,
que claramente son propias de una comparecencia
del Ministerio de Economía y Hacienda, y con eso no cuestiono
en absoluto la libertad que ustedes tienen para plantear
todo tipo de preguntas pero, como después intentaré
demostrar, repito, hay algunas cuestiones que se escapan
absolutamente de lo que es la competencia de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales.

En todo caso, voy a intentar ordenar las contestaciones.

Quizá habrá que agrupar por bloques temáticos, porque el
señor Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, me hizo preguntas acerca de los
programas 124.A y 912.B, y también diversas cuestiones
muy variadas que afecta a la sección 32, como también
hicieron después los representantes del Grupo Parlamentario
Socialista, que afectan a esos dos programas específicamente
gestionados por esta Secretaría de Estado, y de una
manera general a lo que es la financiación de las comunidades
autónomas de régimen financiero común. Creo que
será mejor que conteste de esta manera.

Tanto el señor Fernández Sánchez como el señor González
Revenga me han planteado cuestiones que afectan al
programa 124 A, haciendo preguntas en relación a cómo
se explica que haya un notable incremento en la partida
del capítulo 1 de este programa. Como es común más o
menos la pregunta y tiene una respuesta bastante sencilla
ya les despejo las razonables incógnitas a la vista de los
presupuestos, porque efectivamente sería escandaloso
hablar de austeridad presupuestaria si no se pudiera justificar
cómo en gastos de personal, en el programa 124 A,
hay un incremento de un 47,9, y en cifras absolutas
de 212.642.000 pesetas. Hay una explicación muy clara.

Como ustedes saben, y creo recordar que lo dije en la comparecencia
del año pasado, se produjo una reestructuración
de la Secretaría de Estado y de las anteriores dos
direcciones generales, una de Régimen Jurídico y Económico
Territorial y otra de Cooperación Territorial, y se ha
pasado a las actuales Dirección General de Administración
Local y Dirección General de Cooperación Autonómica,
de tal manera que se ha producido una redistribución
de las competencias de los funcionarios en virtud de
la reestructuración interna en el ámbito de la Secretaría de
Estado. Eso se ha traducido en la aprobación de una nueva
RPT, una relación de puestos de trabajo, que recoge ese
trasvase de funcionarios en virtud de esta reestructuración
interna de la Secretaría de Estado, de tal suerte que si ustedes
comparan el incremento del programa 124 A en capítulo
1, con el correlativo descenso del capítulo 1, gastos de
personal, del programa 912-B, que son los dos que gestiona
la Secretaría de Estado, verán que, repito, hay un incremento
del 47,9 por ciento en el 124 A, 212 millones de
pesetas y, por el contrario, hay una disminución del capítulo
1, del 912 B, de algo más de 189 millones de pesetas,
pasando de un presupuesto de 472 millones el año pasado
a 282 millones este año.

En personal, 50 funcionarios han pasado del programa
912 B del año pasado al programa 124.A de este año, sin
que ello signifique que a la gestión del programa 912.B del
año pasado se le destinarán 50 funcionarios más antes que
ahora, sino, repito, es fruto de la reestructuración interna,
de tal manera que antes era una organización, como les he
dicho, funcional o sectorial, cooperación territorial y régimen
jurídico y económico territorial, mientras que ahora es
de otro tipo, porque es una dirección general para la administración
local y otra dirección general para la cooperación
autonómica, que incluye el régimen jurídico territorial
que anteriormente estaba dentro de la anterior dirección
general. Es decir, que antes era una organización funcional
y ahora es una organización de acuerdo con las dos administraciones
territoriales: La local, que gestiona, entre otras
cuestiones y fundamentalmente el programa de cooperación
económica local, y la de cooperación autonómica, que
gestiona el régimen jurídico territorial y también las relaciones
bilaterales de cooperación con las comunidades
autónomas, la cooperación multilateral, la cooperación sectorial
y también la que hace referencia a la participación de



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las comunidades autónomas en las políticas comunitarias
europeas. En definitiva, creo que la explicación es clara y
verán ustedes que el descenso del capítulo 1 del programa
912.B es correlativo con el incremento del capítulo 1 del
programa 124.A.

En cuanto a las cuotas de Seguridad Social por las que
me preguntan, es evidente que lo que ha habido es simplemente
una nueva RPT, con una adaptación de los funcionarios
a la nueva dependencia funcional y orgánica que se
deriva de esa reestructuración que he comentado y es evidente
que los funcionarios siguen con su misma situación
en materia de Seguridad Social, bien en el ámbito de la
Muface bien en el ámbito del régimen general de la Seguridad
Social, porque ha pasado de una dependencia a otra,
orgánica y funcional, pero sin ninguna modificación, salvo
las que se deriven de esa misma reestructuración, en cuanto
ha significado una readaptación de órganos inferiores al
nivel de órgano directivo, dirección general, es decir, subdirección
general, pero que, como les digo, en ningún caso
ha significado ni disminución de retribuciones ni disminución
en cuanto a las cotizaciones derivadas de esas retribuciones
en general al sistema de la Seguridad Social.

Me pregunta el señor Fernández Sánchez -por ir por
orden, ya que comenzó él-, en relación con el programa
912.B, y me pide explicación de por qué hay una partida de
algo más de 3.000 millones de pesetas destinada a la Generalidad
de Cataluña dentro de ese programa, lo que significa,
en cifras aproximadas, un incremento en torno a 500
millones de pesetas, que dice que es muy superior al que en
general se produce en términos relativos respecto de otras
eventuales comunidades autónomas, incluyendo en las
mismas las corporaciones provinciales o insulares que esa
comunidad autónoma integre. Ya dijo antes el señor González
Revenga que yo el año pasado expliqué el motivo del
porqué dentro del Decreto 1328, que sustituyó al anterior
665 de 1990, que regulaba la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las entidades locales, se había
tratado de una manera singular y específica la cooperación
económica local a las corporaciones locales de las Comunidad
Autónoma de Cataluña y que eso tenía su justificación
en un hecho diferencial de carácter jurídico que tiene
exclusivamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y es
que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce a la
Generalidad de Cataluña, en virtud de una de sus disposiciones
adicionales, asumía con carácter definitivo todos los
traspasos que hasta la fecha de la aprobación del Estatuto
se hubieran producido, lo cual incluía un decreto del año
1978, donde se le transfería a la Generalidad la competencia
exclusiva para gestionar un plan único de obras y servicios
a nivel de Cataluña. Ese hecho diferencial jurídico,
como he dicho, se tenía que reconocer.

Tengo que decir también, para satisfacción nuestra, no
lo oculto, que recientes sentencias del Tribunal Constitucional
que indirectamente afectaban a esa cuestión han
venido a demostrar la plena legalidad de ese tratamiento
jurídico diferenciado a la Generalidad de Cataluña, por
mor, como he dicho, de una excepción que sólo se contiene
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Me estoy refiriendo
a las sentencias del Tribunal Constitucional de 24 de
julio de este año, que resuelven los recursos acumulados,
números 541/1988, 579/1988 y 568/1989 contra la Ley del
Parlamento de Cataluña, contra la 23/1987 y contra otras
leyes. También la sentencia 109/1998, de 21 de mayo,
resuelve las cuestiones diversas de inconstitucionalidad
acumuladas, en relación con determinados preceptos de la
Ley del Parlamento de Cataluña, del régimen provisional
de competencia de las diputaciones provinciales y de la
Ley 23/1987, del Parlamento de Cataluña, por la que se
establecen los criterios de financiación de las obras y servicios
a incluir en el plan único de obras y servicios de Cataluña.

Esas sentencias han salido recientemente, después de
la comparecencia del año pasado y, como digo, implícitamente
en su fallo y en sus diversos fundamentos jurídicos
avalan la legalidad plena de la previsión contenida en el
Real Decreto 1328, en cuanto a que las subvenciones que
el Estado transfiere a las diputaciones y cabildos para gestionar
la cooperación económica local del Estado en el caso
de Cataluña, y que hasta ese momento se venían produciendo
a través de las diputaciones provinciales, se deben
efectuar a través de la Generalidad de Cataluña. Ese es el
motivo de que aparezca esa cantidad en el proyecto de ley
de presupuestos, porque el artículo 153 de la vigente Ley
General Presupuestaria establece que las diferentes secciones
de la cooperación económica local del Estado deberían
territorializarse en la ley de presupuestos en los relativo a
las que correspondieran a la financiación estatal del plan
único de obras y servicios de Cataluña. Esto en cuanto a la
fundamentación jurídica.

Desde el punto de vista de los datos, tengo que decirles,
señorías, que los indicadores y sus coeficientes de ponderación,
o si quieren las variables y sus coeficientes de ponderación
de distribución de los recursos del crédito del programa
912.B, los aprueba la Comisión nacional de
Administración local. La Comisión nacional de Administración
local -que, como saben, tiene una representación
paritaria de la Federación Española de Municipios y Provincias
y del Gobierno- aprobó en septiembre del pasado
año esos indicadores, actualmente vigentes, y lo único que
se hace con esos indicadores es proyectarlos sobre los datos
estadísticos de cara al ejercicio presupuestario y, a su vez,
sobre la partida presupuestaria, y de ahí salen las cantidades
que deben aplicarse. Está convocada para el próximo
día 28 de este mes la subcomisión de cooperación de la
Comisión nacional de Administración local para que la propuesta
de distribución territorial de ese crédito sea definitiva
y hasta ese día 28 lo único que puedo darles es la propuesta
que vamos a someter a la eventual aprobación de
esa subcomisión de cooperación el día 28. En todo caso, no
tengo ningún inconveniente, y espero que los representantes
de la FEMP en la subcomisión de cooperación no
entiendan que es una descortesía institucional; yo estoy dispuesto
a dejárselo al presidente de la Comisión para que se
lo traslade a usted. Teniendo en cuenta esas consideraciones
que acabo de comentar, creo que se justifican -por lo
menos se explican plenamente- las referencias que me
hacían tanto el señor Fernández Sánchez como el señor
González Revenga en cuanto al incremento, en lo que hace
referencia a Cataluña, de ese 17 por ciento, frente a un
incremento de la dotación del programa de un 6 por ciento,
como muy bien decía -exactamente el 6.02- el señor
González Revenga.




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Pero le voy a avanzar algunos datos, y con ello contesto
implícitamente también a alguna de las preguntas, porque
necesita ser contestada para que se entienda plenamente,
que me había hecho en relación con la situación existente
en las comarcas de acción especial, porque es lo que explica
que en algunos casos disminuya o no crezca tanto la partida
destinada a algunas comunidades autónomas, sean uniprovinciales
o sean pluriprovinciales. Tengo que explicar la
situación de las comarcas de acción especial para que se
entiende por qué esas diferencias de incrementos.

Como saben el Decreto 1328, como hemos dicho,
modificó derogando el 665. En el decreto anterior que
regulaba este programa 912 B, en la cooperación económico
local del Estado se preveían tres secciones: la general, la
especial y la sectorial. Actualmente hay una única sección.

Ya expliqué las razones en la anterior comparecencia y creo
que no viene al caso volverlo a reiterar porque lo saben SS.

SS. perfectamente. En todo caso la especial que correspondía
a las comarcas de acción especial se derogó, aunque el
propio decreto preveía expresamente que quedarían vigentes
aquellas que hubieran sido autorizadas con anterioridad
a la entrada en vigor de este decreto, de tal suerte que en el
ejercicio presente hay 34 comarcas de acción especial, de
las cuales 18 finalizan su vigencia en este ejercicio presupuestario
y para el próximo estarán vigentes 16 comarcas.

Aquellas comunidades autónomas que integran alguna o
algunas de esas comarcas de acción especial lógicamente
ven disminuidas esa financiación especial y eso es lo que
motiva los incrementos inferiores al promedio o en su caso,
en cifras absolutas, a lo mejor algún decremento. Pero
como todos entendemos las comarcas de acción especial,
como su nombre indica, serán de actuación especial y singular,
tenían un período de vigencia máximo de cuatro años
con la legislación anterior y por tanto una vez han terminado
se entiende que entran en el capítulo general y no se
puede hacer una comparación sino es en términos homogéneos.

Esta es la explicación que doy para que se puedan
entender y comprender perfectamente los datos que a continuación
voy a dar y que explican las preguntas relativas al
incremento de Cataluña del 17 por ciento a las que ustedes
hacían referencia.

En todo caso, ya le digo al señor González Revenga que
las comarcas vigentes para la anualidad de 1999, las 16 que
quedarán, serán en la provincia de Badajoz la zona este
zona sudeste, con 91 y 122 millones aproximadamente;
Cáceres, Montáñez, Piñuécar y Bores; La Coruña norte,
interior centro, interior sur; Lugo, Ancares, Fonsagrada,
suroeste; Orense comarca 2, comarca 1; Las Palmas zona
centro norte; Cantabria zona de Liébana; La Palma, Puntallana,
San Andrés y Sauces. En estas el ejercicio presupuestario
de 1999 será el último de su cuatrienio. Luego la zona
oeste de León que era para dos años y que se aprobó por
acuerdo de Consejo de Ministros, como SS. SS. recordarán
el pasado ejercicio. Las 15 más esta zona oeste de León
hacen las 16 que quedarán vigentes para el año 1999 en
que ya terminarán las comarcas de acción especial.

Hecha esta aclaración previa les tengo que decir que a
reserva, insisto, de que en su caso el próximo día 28 la subcomisión
de cooperación de la Comisión de Administración
local apruebe esta propuesta de distribución territorial
de los créditos del programa 912 B, que no son más que,
insisto, aplicar con los datos estadísticos las variables, los
indicadores y sus coeficientes de ponderación aprobados el
pasado mes de septiembre por el plenario de la Comisión
nacional de Administración local y proyectados sobre la
totalidad del crédito previsto presupuestariamente, esto
significaría,
por ejemplo, que para Andalucía el incremento va
a ser de un 17,39 por ciento, para las ocho diputaciones
provinciales, para Aragón del 14,60 por ciento; para Asturias
una disminución del 5,95 aunque un incremento con
una disminución de 38 millones que se explica porque
como he dicho una de esas 18 comarcas de acción especial
de este año está en Asturias, como es el caso también de
Aragón, por ejemplo. Todas las que reducen o están por
debajo del promedio es porque están en su territorio radicadas
una o más de esas 18 comarcas de acción especial que
terminan este año. Canarias el 1,41, tenía varias; Cantabria
el 1,16; Castilla y León menos 1,03, tenía muchas comarcas
de esas 18; Castilla-La Mancha incrementa el 14,96
por ciento; Cataluña el 17, no tenía ninguna comarca de
acción especial; Extremadura el 11,29; Galicia el 7,75;
Madrid el 12,75; Murcia incrementa el 24,67 porque no
tenía ninguna tampoco; La Rioja 15,04; Valencia, 25,34 y
Ceuta y Melilla el 8,37 porque obviamente no tenían ninguna
comarca de acción especial. Pero quiero decir, en
definitiva, que todas crecen de la misma manera en términos
de comparación homogénea, es decir, si desagregamos
las comarcas de acción especial que finalizan si vigencia en
este ejercicio presupuestario de 1998.

Me hacen el señor Fernández Sánchez y el señor González
Revenga la misma consideración; que se incrementa
poco la dotación presupuestaria del 912 B en relación con
los objetivos de reforzar la entidades locales, teniendo en
cuenta de alguna manera lo que ha sido la serie estadística
de los créditos presupuestarios de ejercicios anteriores para
este programa. Sólo les quiero decir que en relación con
esos datos me parece importante significar nada más cuál
ha sido la serie estadística de los presupuestos para esta
partida en ejercicios anteriores y voy a dar una brevísima
explicación. En los presupuestos de 1999 va a ser de
24.696 millones y el año pasado 23.293, incremento 6,02.

Entiendo que, como decía el señor González, era porque en
el año 1995 eran 27.973 millones pero al lado de estos
datos hay otros que me parecen especialmente más significativos
y es que, como usted sabe, era práctica habitual el
que una vez establecidos los créditos presupuestarios en la
ley de presupuestos correspondiente después el Consejo de
Ministros adoptara recortes presupuestarios planteando a
los ministerios correspondientes un límite en cuanto a las
obligaciones a reconocer dentro de los créditos presupuestarios
reconocidos en la ley de presupuestos. Por ejemplo,
el año 1995 que el crédito inicial era de 27.974 millones, el
límite de obligaciones a reconocer fue de 22.900; el año
1994 que fue de 23.079, el límite de obligaciones a reconocer
fue de 20.587 y el año 1992 que fue de 25.423 el crédito
presupuestario, el límite de obligaciones a reconocer
después fue de 22.649.

Por tanto, si tenemos en cuenta que ahora no ha habido
en ningún caso límite en cuanto a las obligaciones a reconocer
respecto de las previstas en los créditos presupuestarios,
tengo que decir que el incremento se produce realmente
y eso sin dejar de reconocer que por supuesto me



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hubiera gustado mucho que en lugar de un incremento del
6.,02 se hubiera producido mucho más, pero también
hemos de ser conscientes que en estos momentos las previsiones
macroeconómicas del presupuesto contienen unas
previsiones en cuanto a limitación de déficit de endeudamiento
que son más estrictas y más rígidas por mor de
nuestra incorporación a la unión económica y monetaria
que no había en años anteriores. Si tenemos en cuenta las
dos consideraciones que acabo de decirles tengo que manifestar
que no me voy a dar por satisfecho, obviamente, pero
creo que es un incremento razonable.

Hablaba el señor Fernández Sánchez de la capacidad de
arrastre o de empuje de este programa. Creo que es muy
importante, sin duda S. S. lo sabe. En términos aproximados
tengo que decir que de cada peseta de las previstas aquí
después se invierten cuatro y le voy a dar unos datos -y
contesto así también a la pregunta del señor González
Revenga- en cuanto a cómo va el nivel de ejecución de
los créditos en este año y, por otra parte, hasta qué punto
este programa cumple los objetivos que presuntamente
quiere conseguir de incrementar la cohesión social y territorial,
incrementar básicamente la calidad de vida de los
ciudadanos que habitan en los municipios pequeños y
medianos de nuestro país, de manera especial los de los
municipios de menos de 5.000 habitantes.

Creo que tenemos datos en ese sentido muy satisfactorios.

Miren, en este momento tenemos en ejecución inversiones
por valor de más de 96.000 millones de pesetas del
programa de 1998, que significan entre otras cosas que se
estén realizando inversiones en 4.278 municipios de España,
que significan más de la mitad de los municipios españoles
y especialmente en los municipios de menos de 5.000
habitantes y con un total que me parece también especialmente
significativo de 6.444 obras.

Otro dato significativo es que la inversión media por
habitante es inversamente proporcional a la población de
los municipios donde se realizan estas obras, de tal suerte
que para los municipios de menos de 5.000 habitantes el
promedio de inversión por habitante y por municipio y para
un total de 3.541 municipios, está siendo de 14.978 pesetas,
lo que quiere decir que casi la totalidad de las inversiones
que se realizan en los pequeños municipios españoles
vienen de este programa, pero que, insisto, está significando
una inversión promedio de en trono a 15.000 pesetas
por habitante en más de 3.500 municipios. Si tenemos en
cuenta que esto se proyecta en la mejora de las infraestructuras,
en la calidad de vida de los ciudadanos, es decir,
carreteras, abastecimiento de aguas, pavimentación, urbanización,
saneamiento, instalaciones deportivas, centros
socioculturales, me parece que es un programa que está
dando un resultado muy notable desde el punto de vista de
la solidaridad interterritorial y del incremento de la cohesión
social y territorial española.

Nivel de ejecución. Hay un dato enormemente significativo,
señor González Revenga. No me quiero equivocar,
pero, si no recuerdo mal, el programa del año 1997 se está
ejecutando al 99,90 por ciento. Tengo los datos comparativos
de la evolución de la ejecución del programa en los
últimos años, y así se puede visualizar lo que ha significado
el Decreto 1328 en relación con lo anterior en cuanto a
la mejora de la gestión del programa. Los datos son los
siguientes. En el programa de 1997 el nivel de ejecución
presupuestaria fue del 99,90 por ciento; año 1996, 93,23
por ciento; año 1995, 63,95 por ciento. Medida la ejecución
presupuestaria en términos de porcentaje de obligaciones
reconocidas sobre autorización y disposición de créditos
existentes, los datos son: 99,90 por ciento en el
programa de 1997, que, en total son 19.946 millones en
obligaciones reconocidas sobre 19.966 de autorización y
disposición de créditos; año 1996, 93,23 por ciento. Año
1995, 63,95 por ciento; año 1994, 82,82 por ciento; año
1993, 91.94 por ciento; año 1992, 78,83 por ciento. De
manera que uno de los objetivos que pretendíamos con esta
nueva regulación, que era mejorar la gestión del programa
incrementando la autonomía local, se está consiguiendo.

Me decía que había 27 millones para la Federación
Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, ése
es un crédito que mantenemos constante a lo largo de los
últimos años. La propia Federación Española de Municipios
y Provincia, a través de su representación en la Comisión
Nacional de Administración Local, se ha mostrado
conforme con el mantenimiento de esa subvención y, en
ese sentido, nosotros compartimos el criterio y por parte de
la FEMP tampoco se ha manifestado ninguna objeción en
relación con esta partida.

Si no he contestado alguna pregunta en relación con el
programa 912.B, en un eventual segundo turno podría aclararlo
y creo que también he contestado a lo relativo al
124.A. Ahora voy a intentar contestar a las muchas preguntas
que me han planteado en relación con la financiación
autonómica.

El señor Fernández Sánchez me preguntó en relación
con la financiación de la Región de Murcia y, en general,
con el nuevo modelo de financiación autonómica. Yo creo
que le debo alguna explicación, aunque aquí ya estamos a
caballo con competencias del Ministerio de Economía y
Hacienda, porque si no creo que es imposible entender
algunas partidas presupuestaria y algunos capítulos de la
sección 32, en relación con los que fue la Ley de presupuestos
de 1998, se han concretado en novedades normativas
sustanciales. Hago estas aclaraciones previas para que
se puedan interpretar esas incógnitas que ustedes planteaban.




Las novedades normativas significativas de este proyecto
de ley en lo que hace referencia al marco que regula
y define la financiación autonómica de las comunidades
autónomas del régimen financiero común son las siguientes.

En primer lugar, se fijan porcentajes definitivos de participación
en los ingresos territoriales del Estado por el
IRPF para el quinquenio vigente, 1997-2001, para las
comunidades autónomas que asumieron el nuevo modelo
de financiación autonómica. Como ustedes saben, la participación
en el tramos PIR, la participación en ingresos
territoriales del Estado, podía ser de cero, cinco, diez, o
quince por ciento. Hasta ahora eran provisionales y ahora
ya, en este proyecto de ley, se incluyen como definitivos.

¿Por qué hasta ahora eran provisionales y ahora ya se incluye
como definitivos, lo cual es una modificación normativa
sustancial en cuanto al modelo de financiación autonómica?
Porque el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 23 de septiembre de 1996 establecía como
año base del modelo el año 1996. Hasta que los ITAE del



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año 1996 no estuvieran liquidados definitivamente no se
podían elevar a definitivos los porcentajes de participación
en los ingresos del Estado de las comunidades que asumieron
el nuevo modelo de financiación autonómica, que hasta
entonces eran provisionales. Hasta que no se han liquidado
los tributos que integran los ITAE del año 1996 no se han
podido establecer como definitivos los que hasta entonces
eran porcentajes provisionales. Por supuesto que ha habido
reuniones de los plenarios de las comisiones mixtas de las
doce comunidades autónomas que han asumido el nuevo
modelo de financiación autonómica, porque ese acuerdo en
pleno de comisión mixta era preceptivo para que pudieran
venir al proyecto de ley de presupuestos como propuesta
de porcentajes definitivos, tanto para el año 1997, como
para el año 1998, como para 1999. Es decir, el año base del
modelo es el año 1996 y hasta que no hemos tenido liquidados
los impuestos que integran los ITAE del año 1996 no
podía establecerse con carácter definitivo el porcentaje PIR
del año 1997, y lo mismo en el año 1998 y en la previsión
presupuestaria para el año 1999. Esto lo hicieron el mes
pasado las doce comunidades autónomas en sus respectivos
plenos de comisión mixta, de tal suerte que el tramo
PIR, por ejemplo para La Rioja, que para este año 1998 era
el 10 por ciento, como lo asume la educación con efectos
de 1 de enero de 1999, pasa de ser el 10 a ser el 15 por ciento.

En Aragón, que en este ejercicio presupuestario era el 5
por ciento, como van a asumir la competencia de educación
no universitaria con efectos del próximo 1 de enero de
1999, pasa a ser también del 15 por ciento. Ésta es, insisto,
la primera novedad normativa sustancial en este proyecto
de ley de presupuestos en lo que hace referencia al marco
normativo de financiación autonómica.

La señora Pozuelo decía que se modifican los porcentajes
de participación en los ingresos del Estado y que, a su
vez, se han modificado los ITAE. Efectivamente, y eso
también es una modificación sustancial en ese marco normativo
que le explicaré a continuación, y tengo que decir, y
ya aprovecho para contestárselo, que, por supuesto, las
comunidades autónomas lo han aprobado. En esos plenos
de comisión mixta celebrados el mes pasado a los que yo
me he referido las doce comunidades autónomas de régimen
financiero común que han asumido el nuevo modelo
de financiación autonómica aceptaron tanto los porcentaje
de participación en ingresos del Estado como los ITAE
homogeneizados sobre los cuales se ha proyectado el porcentaje
de participación.

¿Por qué ha habido que homogeneizar los ITAE? Porque
en el año 1996 los rendimientos del IRPF eran para el
Estado en su totalidad, salvo en el caso del País Vasco y
Navarra. A partir del año 1996 y con ocasión del nuevo
modelo de financiación, la tarifa autonómica TIR, el 15 por
ciento, pasa a ser un tributo cuyos recursos son atribuidos a
las comunidades autónomas y, por tanto, ya no forman
parte de los ITAE. La concertación del año 1997 con el País
Vasco y el convenio de Navarra del año 1998 de los
impuestos especiales ha obligado a que se homogeneizaran
los ITAE de los años 1997 y 1998 con los del año 1996,
base del modelo. Eso ha establecido que los porcentajes de
participación, al proyectarse sobre un ITAE inferior, porque
ya hemos desagregado el 15 por ciento del IRPF y los
impuestos especiales concertados con el País Vasco y convenidos
con Navarra, hayan tenido que incrementarse para
que diera la misma cantidad. Eso explica, insisto, esas
modificaciones por las que S.S. se interesaba. Yo comprendo
que estos son temas muy complicados, pero, como S.S.

conoce el modelo de financiación y creo que mi obligación
es contestar sobre el porqué de las modificaciones por las
que usted se interesaba, por lo menos he intentado explicarle
el motivo que las justifica.

Por supuesto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera
el 27 de marzo modificó algunas condiciones que se establecieron
en el acuerdo de 23 de septiembre de 1996 en lo
relativo a las garantías del sistema, por aplicación de lo que
en términos jurídicos se llama rebus sic stantibus, es decir,
es evidente que aquellos fondos de garantía estaban establecidos
en unas condiciones que, a partir del 1 de enero de
1999 van a variar en función de la reforma del IRPF. Yesto
es una novación normativa que aparece en el modelo de
financiación, por la cual se interesaba S.S. Efectivamente,
el 27 de marzo de 1998 el Consejo de Política Fiscal y
Financiera establece que el tramo TIR más el tramo PIR
han de evolucionar como mínimo al nivel de PIB nominal.

Antes, como recordaba S.S., podía crecer como mínimo el
90 por ciento de lo que evolucionara la recaudación del
IRPF a nivel estatal, con el límite del PIB nominal. Por otra
parte -lamento tener que hablar en estos términos, pero es
que es así- el tramo llamado PIG, es decir, la participación
en los ingresos generales del Estado -lo que antes
era la PIE, la participación en los ingresos del Estado y que
sigue siéndolo para las tres comunidades, Andalucía, Castilla-
La Mancha y Extremadura, que no han asumido el
nuevo modelo y a las que ahora me referiré- con anterioridad
al acuerdo de 27 de marzo de 1998 del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, evolucionaba como evolucionaban
los ITAE mientras que ahora evoluciona, como
mínimo, de acuerdo con la evolución del PIB nominal.

También se ha aplicado la denominada garantía de
suficiencia dinámica, que establece que los recursos con
que dota el sistema en función del IRPF, es decir, la tarifa
autonómica más la participación en ingresos territoriales,
más la participación en ingresos del Estado, ha de evolucionar
para las comunidades autónomas, para todas y cada
una de las doce comunidades autónomas que han asumido
el nuevo modelo, como mínimo en un 90 por ciento de lo
que evolucionen los recursos para el conjunto de las doce
comunidades autónomas que han asumido el modelo. Sin
duda, es una garantía, que se denomina en el acuerdo de
suficiencia dinámica, de clara solidaridad interterritorial,
porque de una manera más simple y sencilla quiere decir
que los recursos de que dota el sistema a todas y cada una
de las doce comunidades autónomas en ningún caso pueden
ser inferiores al 90 por ciento de la evolución de los
recursos en promedio para todas ellas. Eso quiere decir que
no puede haber diferencias de evolución de recursos más
allá del 10 por ciento. Por tanto, es una clara garantía de
suficiencia dinámica y, dicho en términos más comprensibles
y más políticos, de solidaridad interterritorial indudable.




Pues bien, para atender a esos nuevos criterios y a esta
garantía de suficiencia dinámica, se preguntaban SS.SS.

por qué comprenden los presupuestos por primera vez ese
fondo de garantía del sistema de 2.622,7 millones de pesetas,



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para qué está y si va a ser suficiente. En principio,
según los cálculos del Ministerio de Economía y Hacienda,
tiene que ser suficiente para que distribuido por las doce
comunidades autónomas dé cobertura, insisto, a ese fondo
de garantía que estableció el sistema de financiación autonómica
el 23 de septiembre de 1996, con las modificaciones
introducidas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
el 27 de marzo de 1998.

Les ruego que me perdonen, señorías, porque son temas
muy complicados, muy complejos y muy técnicos, pero las
preguntas también eran muy casuísticas, muy complejas,
muy detalladas y muy técnicas.

El señor Fernández Sánchez me pregunta por la Región
de Murcia. Yo le voy a dar los datos relativos a dicha región
de acuerdo con el proyecto de ley de presupuestos Generales
del Estado. La Región de Murcia tiene como participación
en ingresos territoriales del Estado por IRPF en la
sección 32 un total de 10.221, 3 millones de pesetas. ¿De
dónde salen esos 10.221,3 millones de pesetas? Pues mire,
la participación en los ingresos territoriales del IRPF para
el año 1999 en pesetas del año base del modelo (1996), son
exactamente 9.959,4 millones. El crecimiento del IRPF del
año 1996 al próximo año 1999, el de vigencia del proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado, es de 1,0580
por ciento, lo cual quiere decir que multiplicando el PIR
que he mencionado en primer lugar por el índice de evolución
del IRPF entre 1996 y 1999, nos da 10.430,2 millones.

Como en la sección 32 aparece como entrega a cuenta el 98
por ciento, tenemos que el 98 por ciento de 10.430,2 son
exactamente 10.221,3 millones de pesetas que les decía. Si
necesita alguna aclaración más, intentaré dársela, pero
básicamente las cifras son las que le acabo de comentar.

Voy terminando, señor presidente, pero han sido tantas
preguntas, que debo contestar a todas en la medida en que
pueda.

También me ha preguntado el señor Fernández Sánchez
por qué para la Policía autonómica de Cataluña aparecen
unos determinados créditos. Yo le puede dar los criterios
generales. Los créditos aparecen en virtud de los acuerdos
adoptados por la Junta de Seguridad de Cataluña, que,
como sabe usted, es un órgano previsto en el Estatuto de
Autonomía de Cataluña de composición paritaria entre la
Generalitat y el Gobierno. La representación del Gobierno
(o del Estado) en los términos del artículo 149.1 de la Constitución
la preside el secretario de Estado de Interior, y es el
consejero de Gobernación quien preside la representación
de la Generalitat de Cataluña. Este órgano paritario aprueba,
entre otras cuestiones, las condiciones del despliegue
por el territorio de Cataluña de la Policía autonómica (Mossos
d’Esquadra) a los efectos de cumplir las funciones
encomendadas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y
en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
básicamente, velar por el orden público y la protección de
la seguridad ciudadana. En virtud de los acuerdos que
adopta la Junta de Seguridad de despliegue de la Policía
autonómica de Cataluña por el territorio catalán se van
adoptando, lógicamente, los correspondientes criterios de
financiación que aprueba esa Junta de Seguridad y que después
han de ser trasladados al proyecto de ley de presupuestos.

Esta es la justificación, es decir, la explicación de
por qué aparecen unos determinados créditos en unos años
y otros, repito, porque es por el despliegue de la Policía
autonómica en asunción en el territorio de nuevas funciones
de dicha policía. Creo que esto explica sobradamente el
porqué de dichas modificaciones.

La señora Pozuelo me preguntaba por el artículo 15 de
la Lofca, es decir, los fondos de nivelación. Dichos fondos
están dotados presupuestariamente con 12.000 millones de
pesetas, como sabe S.S., en la actual Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1998 y en el año 1997 estuvieron
dotados con 10.000 millones. Hasta ese año nunca había
existido dotación de ese fondo del artículo 15 de la Lofca.

Hay un grupo de trabajado, constituido en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera que tiene precisamente por
misión llegar a un acuerdo con el conjunto de las comunidades
autónomas en relación con los criterios de distribución
de ese crédito presupuestario. Ese grupo de trabajo
(entre otros, el secretario de Estado de Hacienda y yo formamos
parte del mismo) ha tenido varias reuniones; concretamente,
el 15 de abril, el 3 de diciembre y el 23 de
diciembre de 1997 y el 23 de enero, el 27 de marzo y la
última el pasado 7 de septiembre de 1998. Quiero decir con
esto que estamos trabajando, es lo primero que digo para
explicar que si desde que la Lofca se aprobó en el año 1980
hasta 1997, 17 años después, ni una sola de esas 17 leyes
de presupuestos contuvieron esa dotación presupuestaria,
estoy seguro de que no fue por indolencia de los gobiernos,
sino por la enorme dificultad de materializar unos criterios
de distribución asumibles por el conjunto de las comunidades
autónomas en relación con las previsiones de ese
artículo 15 de la Lofca. Como digo, y la relación de reuniones
de ese grupo de trabajo que hemos tenido creo que lo
expresa, estamos intentando, repito, y tengo la confianza
de que así lo haremos, llegar a un acuerdo para distribuir
esos créditos presupuestarios, los 12.000 de este año 1998,
los 10.000 del año 1997 y los 12.000 previstos para 1999.

Como sabe, la Lofca prevé esos fondos de nivelación
para garantizar un nivel mínimo equivalente al promedio
nacional en cuanto a la prestación de los servicios públicos
fundamentales. Ya hemos tenido notables avances en cuanto
a la metodología y la distribución de esos créditos en ese
grupo de trabajo. Algunas cosas pueden parecer sencillas a
primera vista, pero desde luego resulta que son muy complicadas,
como es la definición y la concreción de qué pueden
ser servicios públicos fundamentales desde nuestra
Constitución, nuestro marco jurídico básico e inclusive el
derecho comparado en el ámbito de la Unión Europea,
básicamente sanidad y educación entre otros. Yo confío en
que, en todo caso, por supuesto en las próximas semanas,
nuestro grupo de trabajo llegue a un acuerdo, de tal manera
que estemos en condiciones de elevar una propuesta al plenario
del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la
distribución entre el conjunto de las comunidades autónomas
de ese crédito presupuestario de 12.000 millones previstos
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la
Lofca por el que me preguntaba la señora Pozuelo.

Me ha dicho además que qué esperamos para asignar
fondos de nivelación a los servicios de Andalucía, CastillaLa
Mancha y Extremadura. Como S.S. sabe, los fondos de
nivelación que prevé el artículo 15 de la Lofca no discriminan
ni diferencian entre unas comunidades autónomas y
otras; simplemente establece que son fondos que se han de



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prever en los presupuestos para garantizar en cualquier
comunidad autónoma española una prestación, insisto,
equivalente al promedio nacional con carácter mínimo en
los servicios públicos fundamentales, y, por tanto, en todo
caso les corresponderán a aquellas comunidades autónomas
que objetivamente y de acuerdo con la metodología de
valoración de la prestación de esos servicios públicos
fundamentalmente,
resulten, se Extremadura, Castilla-La
Mancha, Baleares o la comunidad autónoma que sea. Con
esto le contesto a la señora Pozuelo a su pregunta.

Termino, pidiendo perdón por la larga y prolija que ha
sido mi contestación, con las cuestiones últimas que me
planteaba la señora Pozuelo. Por una parte, dice que hay
dos clases de comunidades autónomas, las del anterior
modelo vigente en el quinquenio 1992-1996 y las del
nuevo modelo. No es mi voluntad reabrir aquí el debate
sobre la financiación autonómica, porque ya hemos tenido
muchos debates y no creo que sea este trámite el adecuado.

En todo caso, dice la señora Pozuelo que el nuevo modelo
lo que produce es insolvencia e inseguridad y consolida un
sistema asimétrico. En España, como sabe usted, señora
Pozuelo, hay dos modelos de financiación básicos, el especial
de Navarra y del País Vasco, que yo creo que es la concreción
de los derechos forales amparados y respetados por
la Constitución, concretados y actualizados en el ámbito
del estatuto de autonomía y de las leyes del concierto y del
convenio respectivamente, y luego las restantes quince
comunidades autónomas tienen un régimen financiero
común, sin perjuicio de algunas singularidades que, como
en el caso de Baleares y de Canarias, se derivan de un régimen
económico fiscal singular que dimana asimismo de un
hecho reconocido en la Constitución, como es la insularidad.




Por otra parte, no hay dos modelo y, si se considera que
un modelo es perjudicial para unas comunidades autónomas,
yo quiero recordar que la aceptación del modelo es
voluntaria y que, por tanto, si se considera que es perjudicial
para una comunidad autónoma el no tener el modelo
de otras comunidades autónomas y es voluntario el asumirlo,
yo creo que la pregunta hay que trasladarla a otra instancia.

En todo caso, como muy bien sabe la señora Pozuelo,
no se puede imponer jurídicamente un modelo de
financiación autonómica a ninguna comunidad autónoma,
pero, si no se pone de acuerdo el Gobierno de una comunidad
autónomas, por lo menos hay una presunción de inocencia
equivalente, es decir, si no hay acuerdo, no tenemos
por qué pensar que el no acuerdo es imputable a una de las
partes. En cualquier caso, no se está aplicando a CastillaLa
Mancha, a Extremadura o a Andalucía otra cosa que
unas entregas a cuenta de la liquidación que en su día y en
su caso se haga en virtud del modelo de financiación autonómica
al que pueda llegarse por acuerdo con esas tres
comunidades autónomas. Esas entregas a cuenta se corresponden
con lo que fue el modelo de financiación autonómica
que esas comunidades voluntariamente asumieron en
su día, que fue el del anterior quinquenio y que tiene por
año base el de 1990. Se le están efectuando simplemente
unas entregas a cuenta de esa liquidación definitiva, porque
yo creo que todos podemos entender perfectamente que lo
que no se puede hacer es dejar sin financiación a esas
comunidades autónomas. Por tanto, no han asumido un
nuevo modelo de financiación, tienen que seguir teniendo
los recursos correspondientes y derivados de la participación
en los ingresos del Estado y lo que se hace en la
práctica, repito, son unas entregas a cuenta sobre la base
del modelo que en su día voluntariamente aceptaron, pero
que no es un modelo de financiación, sino que tiene meramente
la consideración jurídica de entregas a cuenta de la
liquidación definitiva que se haga cuando voluntariamente
las comunidades autónomas correspondientes y el Gobierno
establezcan por acuerdo en comisión mixta un nuevo
modelo de financiación autonómica.

Muchas gracias, señor presidente, y con mucho gusto,
si tengo que aclarar o complementar alguna respuesta,
estoy a disposición de sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario
de Estado, por su información tan minuciosa.




¿Desean intervenir sus señorías? (Pausa.)
Señor Fernández Sánchez.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muy brevemente,
señor presidente, porque, con todos los datos que nos ha
facilitado el señor secretario de Estado, la verdad es que
han quedado clarificadas bastantes cuestiones por las que
se interesaba mi grupo.

Quería puntualizar algo y es que a nosotros nos sorprende
que con todas las partidas de transferencias y habiendo
dinero por medio, haya comunidades cuyas posibilidades
de participación en las inversiones del Estado decrecen claramente,
y otras que realmente se ve que van mejor. Yo le
voy a poner un par de ejemplos. Antes hemos hablado de la
Policía autonómica catalana, de ese incremento de 10.000
a 24.603 millones, que ha sido justificado por el señor
secretario en cuanto a que es una decisión de la Junta de
Seguridad, la cual decide el despliegue de los Mossos d’Esquadra,
pero es que hay otras partidas. Al Ayuntamiento de
Barcelona se le compensa, por ejemplo, por las pérdidas de
recaudación del IAE con 1.081 millones de pesetas. Es el
único Ayuntamiento de todo el territorio al que se le compensa
por este concepto. Se ve que hay otros programas,
como puede ser el 513.B, donde también casi se incrementan
las inversiones en 1.000 millones de pesetas. Vemos
que también en Canarias hay subidas que creemos no justificadas,
como, por ejemplo, en transporte colectivo urbano,
el cual sube a su vez a nivel de todo el Estado en 360 millones
y para Canarias, en cambio, hay 1.700. Yo creo que son
cuestiones importantes. En ningún caso estamos planteando
que no se deban financiera determinados servicios a
comunidades específicas, pero conviene clarificar lo máximo
posible para que no haya sombras ni dudas del motivo
por el que se toman determinadas decisiones y con qué sentido
se toma o qué es lo que se pretende con este tipo de
acciones.




El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Con mucha brevedad,
señor presidente, quería decirle la señor secretario de Estado
que en relación con la petición de información que le he
hecho sobre las hojas de cálculo o la información que tengan



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sobre la financiación que haya recibido cada una de las
comunidades autónomas con respecto al año 1997 nos
suministre los datos por escrito a la mayor brevedad posible
para tener conocimiento de cuál ha sido la situación
real durante ese ejercicio económico.

Sobre las respuestas que me ha dado a las otras preguntas
le diré que, efectivamente, no se puede imponer ningún
modelo a nadie en ningún sentido y, por lo tanto, tampoco
se puede imponer una prórroga de un modelo de financiación
a tres comunidades que no aceptan esa prórroga del
modelo. Por otra parte, le insisto en que el artículo 13.3 de
la Lofca obliga legalmente a que cada comunidad autónoma
tenga en los Presupuestos Generales del Estado su porcentaje
de participación en los ingresos generales del Estado
y en su tramo correspondiente del IRPF, cuestión ésta
que no se cumple en el proyecto de presupuestos que se ha
presentado a la Cámara para 1999.

Cuando he hablado de sistemas asimétricos he hecho
referencia a tres cuestiones que me parece básicas, una, la
modificación del nuevo sistema de financiación en el sentido
en que lo aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera
en marzo de 1998, que establecía un sistema totalmente
asimétrico entre unas y otras comunidades, que se
refiere a que lo que para unas comunidades va a ser el
incremente mínimo garantizado para las otras tres comunidades
va a ser el incremento máximo posible en la evolución
de los ingresos del Estado; que no existe ese porcentaje
de participación y que la modificación en los criterios de
elaboración del ITAE son claramente perjudiciales y crean
una situación de asimetría en la suficiencia financiera en el
conjunto de las comunidades del Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Muy brevemente,
señor presidente, para agradecer la amplia información que
nos ha facilitado el señor secretario de Estado y su capacidad
de síntesis, que es difícil, porque son muchísimos los
temas que hemos tocado.

Querría hacerla alguna puntualización. En el programa
912 -es un dato que llama la atención- bajan los gastos
de personal en un porcentaje importante. Ha explicado perfectamente
que pasan por ese trasvase de funcionarios al
programa 124.A. Sin embargo, en el capítulo 2, en el programa
912, gastos corrientes, no baja nada, es decir, en el
año 1998 en el capítulo 1, en el programa 912, teníamos
472 millones, en 1999 tenemos 282 millones, y sin embargo
en el capítulo 2 los 104 millones que tenemos de gastos
corrientes suben a 105. Creo que esas cosas habría que cuidarlas.

No sé si es imposible reducir en la misma cantidad
los gastos corrientes, pero cuando se va un porcentaje de
funcionarios importante y se van 189 millones, el que
suban un millón los gastos corrientes no parece muy lógico.

Yo sé que los gastos corrientes se fijan en un departamento
y no hay manera de eliminarlos, pero creo que habría
que hacer un claro esfuerzo de austeridad, porque hay bajas
que no repercuten en otras partidas de forma paralela.

En cuanto al fenómeno de arrastre de los fondos de cooperación
local de cara a los municipios, es muy forzado.

Son las aportaciones que tiene que poner los ayuntamientos
y que prácticamente se convierten en la inmensa mayoría
de los casos en contribuciones especiales para los vecinos.

Eso ocurría con los planes de acción especial, que es
correcto el que se pararan, porque todo el mundo querían
un plan de acción especial, y los pueblos de al lado del que
lo tenía entraban en la comparación diciendo que ellos también
estaban mal, pero, en definitiva, las pequeñas aportaciones
que tenían que hacer los pequeños ayuntamientos
siempre eran a base de contribuciones especiales de los
vecinos y además ya figuraban en los planes generales de
obras y servicios. Por tanto, el fenómeno de arrastre creo
que no existe, creo que habría que hacer un esfuerzo y que
no tiene justificación que en años anteriores de la anterior
legislatura las cantidades fueran las que fueran. Comparar
las de entonces, que las ha detallado el secretario de Estado,
con las que son ahora creo que no da solución a los problemas
que tienen nuestros ayuntamientos y lamentablemente
estas aportaciones que el Estado va a
proporcionar para el año 1999 a estos municipios son insuficientes
y van a provocar -se lo decía anteriormente y se
lo vuelvo a repetir- decepción y, lo que es peor, tal vez
desesperanza respecto a que lleguen y en que la situación
cambie. Yo creo que en estos presupuestos desde luego no
cambia.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado
tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Fernández
Díaz): No le entendía, perdóneme, sin duda es culpa
mía, la pregunta que me hacía respecto al Ayuntamiento de
Barcelona. Si no le importa, como sin duda habrán tomado
nota los taquígrafos de ella, con mucho gusto le enviaré la
contestación por escrito.

Además, me pedía datos relativos a las diversas comunidades
autónomas. Los tengo aquí, pero si los doy voy a
cansarles con un gran número de cifras, porque tengo que
empezar por desglosar cada una de las doce comunidades
autónomas del régimen financiera común que han asumido
el nuevo modelo, y después las otras tres, Andalucía, Castilla-
La Mancha y Extremadura, que no han asumido el
modelo, por lo que creo que dar los datos sería excesivo.




El señor PRESIDENTE: Puede el señor secretario de
Estado remitirlos a esta Presidencia, que los trasladará a su
vez a los portavoces.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Fernández
Díaz): Yo se los remitiré, aunque los tengo aquí, insisto,
pero creo que es mejor que consten por escrito. En todo
caso, ya le he dado al señor presidente los datos relativos a
la propuesta de distribución territorial del programa 912.B,
insisto, en los términos que antes comenté. Se trata de una
propuesta que se somete el próximo día 28, la convocatoria
ya ha sido cursada, a los miembros representantes de la
FEMP en la subcomisión de la Comisión Nacional de
Administración Local. Su aprobación en principio no debe
ser en absoluto problemática, porque simplemente consiste
en proyectar los indicadores y coeficientes de ponderación
que el pleno de la Comisión Nacional de Administración



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Local adoptó en septiembre del año pasado y que se proyectan
ahora sobre el crédito que estamos comentando, con
la actualización de las variables correspondientes incluida
en esos indicadores, en función de los cambios que se han
podido producir según los datos estadísticos que remite el
Instituto Nacional de Estadística entre el año 1998 y el
anterior ejercicio de 1997.

Señora Pozuelo en cuanto a la financiación recibida por
las comunidades autónomas creo que convendrá conmigo
una cosa, señoría, con toda cordialidad, hay 24 recursos
por el nuevo modelo de financiación autonómica ante el
Tribunal Constitucional. Tal como están las cosas, a estas
alturas del debate en relación con el nuevo modelo de
financiación autonómica que resuelva el único intérprete
de la Constitución respecto de la constitucionalidad o no de
las leyes que han implementado jurídica y legalmente el
nuevo modelo de financiación autonómica. Cuando ha
habido ya, repito, 24 recursos ante el Tribunal Constitucional
-y no deja de ser un triste récord- creo que las opiniones
son tan legítimas como imposibles de conciliar.

Usted insiste en que no se puede imponer jurídicamente
a una comunidad autónoma un modelo, y en eso estamos
absolutamente de acuerdo, pero la opinión del Gobierno es
que no se les ha impuesto. En todo caso, ésta es una previsión
contenida en la Ley de Presupuestos Generales que
han aprobado las Cortes Generales. Si esa ley es inconstitucional
lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional y para
eso se han presentado, repito, más de 20 recursos ante el
mismo. En todo caso, el criterio del Gobierno no podía ser
otro. Estamos plenamente convencidos de la constitucionalidad
de esas leyes; otra cosa es, como no puede ser de otra
manera, que el Gobierno acatará cualquier decisión o fallo
que en su día adopte el alto tribunal.

Dice que la asimetría procede, entre otras cosas, de que
la regla de evolución de los recursos la consolida, las
comunidades que han asumido el nuevo modelo de financiación
autonómica tienen el PIB nominal, como mínimo,
garantizado, y las tres comunidades autónomas, Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura, que no lo han asumido,
es el máximo posible. Esto es cierto, pero teniendo en
cuenta que se proyecta sobre dos modelos que son distintos
y que, además, la aceptación de un modelo u otro ha sido
voluntaria. No es lo mismo que si dijera que a una comunidad
autónoma se le impone un modelo que le consolida
una discriminación. Pero estamos hablando de un modelo
que unas comunidades autónomas o aceptan y otras no. Lo
han aceptado doce y tres no lo han aceptado. Y como son
dos modelos distintos, creo que, entre otras cosas, entra
dentro de lo razonable que tienen unas reglas de evolución
de sus recursos distintas, porque en las comunidades autónomas
que no han asumido el nuevo modelo de financiación
autónoma el máximo posible es el PIB nominal, de
acuerdo, pero ¿sobre qué se proyecta? Sobre la PIE, sobre
la participación de los ingresos del Estado, sin ningún tipo
de corresponsabilidad fiscal, de alguna manera, sin ningún
tipo de riesgo. En cuanto a las comunidades autónomas que
han asumido el nuevo modelo de financiación autonómica
tienen garantizado como mínimo el PIB nominal, pero
¿sobre qué se proyecta? Se proyecta sobre una tarifa autonómica,
se proyecta sobre una participación de los ingresos
territoriales del IRPF y sobre una participación de los
ingresos generales del Estado mucho menor porque hay
que desagregar los recursos que proceden de la evolución
de la recaudación por IRPF en los respectivos territorios.

Hay un riesgo por parte de la comunidad autónoma que
asume el nuevo modelo de financiación autonómica, es
cierto, que es el riesgo de la libertad y de la autonomía, porque
hay corresponsabilidad fiscal. Ahora están enchufados
los recursos de esa comunidad autónoma a los recursos del
Estado y no hay riesgo alguno para esas comunidades autónomas.

Las que han asumido el nuevo modelo asumen un
riesgo, el de la autonomía política y también en los ámbitos
fiscal y tributario. Nosotros y esas comunidades autónomas
entendemos que no se puede hablar de autonomía política
si no hay autonomía financiera, y la autonomía conlleva
un riesgo. Por tanto, eso significa, lógicamente, que
tiene que haber unas garantías distintas para un modelo y
para otro, y eso es lo que, a nuestro juicio justifica, en todo
caso explica por qué las reglas de evolución son distintas.

Son realidades distintas que exigen tratamientos distintos,
y la comparación ha de ser homogénea. La regla de evolución
no es sobre los mismos recursos, sino sobre unos
recursos que proceden de fuentes distintas.

El señor González, volviendo al programa 912.B, me
preguntaba por la disminución en gastos de personal y su
repercusión en el capítulo 2. No hay una disminución (ésta
es una explicación muy... iba a decir pedestre, si me permite
la expresión), y no puede haber una disminución sensible
del gasto corriente porque los locales básicamente son
los mismos y, por tanto, los gastos imputables al capítulo 2,
bienes, servicios, limpieza, seguridad, equipos de proceso
de información, etcétera, son básicamente los mismos. La
Dirección General para la Administración Local está en los
locales de la Plaza de España que antes ocupaba la Dirección
de Régimen Jurídico Económico-Territorial, y la
Dirección General de Cooperación Autonómica es la antigua
Dirección General de Cooperación Territorial, en la
calle Santa Engracia. Esto quiere decir que son los mismos
locales y eso es lo que explica una cosa que yo comprendo
que, en principio, puede llamar la atención. Yo le doy esta
explicación y estoy seguro de que S.S. me cree. Ahí no hay
gato encerrado de ningún tipo. Lo que ha habido es una
redistribución y una reestructuración interna en los términos
que antes señalé, con su correlativa concreción en una
reforma de la RTP.

El señor González se ha referido también la fenómeno
de arrastre. Sí lo hay, señor González, y yo le ruego que me
crea. Hay un fenómeno de arrastre importante. Antes le di
unos datos que son muy significativos y le ruego que me
crea porque le puedo asegurar que este programa -que
usted sin duda conoce muy bien, por sus intervenciones-
está dando unos resultados magníficos. Y me alegra que
comparta el criterio de que la eliminación de las comarcas
de acción especial era necesario. Yo le puede decir que ha
habido algunas comarcas en España (y no me refiere a
algunas que son más o menos conocidas públicamente,
como la comarca de Las Hurdes, que sin duda partían de
un nivel de subdesarrollo histórico que hacía preciso una
intensificación de las inversiones contenidas en este programa,
obviamente) que han tenido inversiones de más de
40.000 millones de pesetas, lo cual ha originado que se
haya producido una situación totalmente contraria a la que



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inicialmente había. Es decir, ahora se ha producido un agravio
comparativo con las comarcas vecinas y eso, sin duda,
los diputados lo padecían porque la presión de los alcaldes
para que sus municipios se integraran en las comarcas de
acción especial llevaba a que todo el territorio nacional
fuera a ser comarca de acción especial -ya dije que teníamos
34 comarcas-; finalmente, eso ha desaparecido.

Ahora son las diputaciones y cabildos quienes, en uso de su
autonomía y con un mejor conocimiento del terreno y de
las necesidades de los distintos municipios y de las distintas
comarcas de la provincia o de la isla, por su proximidad,
que el que podamos tener nosotros desde Madrid,
desde el Ministerio de Administraciones Públicas, distribuyen
los créditos del programa según su plan, provincial o
insular, para la cooperación de las obras y servicios de
carácter municipal.

En todo caso -volviendo al efecto de arrastre-, vuelvo
a repetir que el efecto de arrastre hace que una peseta se
transforme en cuatro. En relación con este año 1998, le voy
a decir cómo se produce ese efecto de arrastre. Por ejemplo,
la subvención del MAP (el crédito presupuestario de
este año 1998, esos 23.000 y pico millones de pesetas) ha
significado el 22 por ciento del total; la aportación de las
diputaciones, el 30,13 por ciento; la aportación de las
comunidades autónomas, uniprovinciales o pluriprovinciales,
5.500 millones, el 5,68 por ciento; las ayudas comunitarias
(fondos comunitarios que aporta el Estado, es decir,
que proceden -como usted sabe- del acuerdo firmado en
el año 1994 entre el Gobierno y la FEMP para el quinquenio
de financiación de las corporaciones locales 1994-
1999, que incluye el programa operativo local de Objetivo
1, el Regis para Canarias, y el Objetivo 5.B) están significando
14.282 millones, el 14,77 por ciento -es decir, que
el Estado, el Gobierno está financiando el 37 por ciento del
total del programa-; y otras aportaciones, 2,19 por ciento,
que incluyen contribuciones especiales, cesión de terrenos
en algunas ocasiones, algunos casos muy singulares de
aportaciones que hacen las empresas, etcétera. Por lo tanto,
los ayuntamientos incorporan el 25 por ciento; las diputaciones,
el 30 por ciento; el Gobierno, el 37 por ciento, entre
créditos presupuestarios y fondos comunitarios, y las
comunidades autónomas, el 5,68 por ciento. Ésa es la
estructura básica que se traduce -repito- en que cada
peseta de este programa que ahora estamos debatiendo, al
final, son cuatro pesetas. En este año 1998, esas actuaciones
se proyectaban sobre un total de 4.278 municipios -es
decir, más del 50 por ciento de los ayuntamientos españoles-,
con 6.444 obras. Creo que son datos que ponen de
manifiesto (y así lo reflejan los datos de la encuesta de
infraestructuras de las entidades locales; antes di también
algunos otros datos de inversión, por ejemplo, 15.000 pesetas
por habitante y año en los municipios de menos de
5.000 habitantes, prácticamente la mitad de los municipios
españoles, o sea, que es una cantidad considerable) hasta
qué punto este programa es el que básicamente está mejorando
las infraestructuras de los pequeños y medianos
ayuntamientos españoles. Y esto, sólo con esta dotación,
sin ese fenómeno de arrastre, sin duda no se produciría.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario
de Estado por su colaboración con esta Comisión.




- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (RODRÍGUEZ-ARANA
MUÑOZ), A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
212/001557) Y DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO (número de expediente
212/001640).




El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden
del día, señorías. Ahora, con la comparecencia del señor
subsecretario de Administraciones Públicas. Bienvenido,
señor subsecretario.

Han solicitado la comparecencia del subsecretario el
Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.

Comenzamos por el Grupo Socialista. Su portavoz,
señor González Revenga, tiene la palabra.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Señor subsecretario,
muchas gracias por su presencia en esta Comisión y
por la espera, porque vamos, como era lógico, con el horario
un poco retrasado.

En primer lugar, quiero hablar del presupuesto del
Ministerio, que ha pasado de 229.000 millones de pesetas a
246.000, lo cual supone una subida de 17.000 millones, es
decir, un 7,3 de incremento; incremento que sería menor decía
en la anterior comparecencia si contáramos con la
ampliación de créditos que hubo a lo largo de este año por
valor de 6.742 millones, con lo que el aumento sería de
un 4,2.

Nos encontramos, por tanto, con una subida moderada
en el total presupuestado del Ministerio, subida que no es
tan moderada, por ejemplo, en el capítulo 1, en gastos de
personal, concretamente en incentivos al rendimiento, en
productividad, que sube un 10,5 en el conjunto del Ministerio.

Mientras que la subida para los empleados públicos
está en un 1,8, la productividad, que se puede otorgar con
cierta discrecionalidad, sube un 10,5. Sería conveniente,
señor subsecretario, que nos explicara a qué es debido esa
subida y los criterios básicos de su distribución.

En el capítulo 2, de gastos corrientes del Ministerio, la
tan proclamada austeridad en el ejercicio de la Función
pública no aparece en principio muy bien parada, a no ser
que usted nos convenza de lo contrario en su intervención,
y estamos dispuestos a ser convencidos. Hay una subida
del 13,1 por ciento en el capítulo de gastos corrientes, en el
que hay incrementos tan llamativos como el que se produce
en las publicaciones, por lo que ya se ha pedido una
explicación en relación con Muface, ya que no se explica
por qué sube en un 56 por ciento.

En indemnizaciones por razón de servicio, en dietas,
también hay una subida de un 11,8. ¿A qué se deben esos
incrementos en el capítulo de gastos corrientes? Por otra
parte, en arrendamientos sólo hay una bajada de 100 millones
de pesetas con respecto a 1998 en el conjunto del
Ministerio. Digo sólo porque el ministro, señor Rajoy, en
su comparecencia en esta Comisión el pasado 16 de septiembre
nos comunicó que sólo en inmuebles de la Administración
periférica se habían ahorrado a esa fecha 137
millones de pesetas por rescisión de arrendamientos, y añadía
que se iba a poder llegar al ahorro de 200 millones a
final de año, de acuerdo con un planteamiento que se había



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hecho a nivel interno en el Ministerio el 1 de enero de 1998.

Es decir, si la máxima autoridad del Ministerio afirma que
sólo en inmuebles de la Administración periférica se han
ahorrado 137 millones y se van a ahorrar a finales de este
año 200 millones, la bajada en todo el Ministerio de 100
millones no nos parece muy lógica. Esperamos también
una explicación sobre este asunto y al Grupo Socialista le
gustaría recibir la relación de inmuebles cuyos arrendamientos
hayan sido cancelados como consecuencia de la
aplicación de la Lofage.

En el capítulo 6, en inversiones nuevas en el conjunto
del Ministerio, hay un aumento de 116 millones, lo que
supone un incremento muy sustancial del 174 por ciento, si
no me equivoco. Me gustaría conocer a qué se debe ese
considerable aumento de las inversiones y, a ser posible el
desglose de las mismas.

En inversiones de reposición hay un aumento de 203
millones de pesetas, lo que supone un 10 por ciento de
incremento. También solicitamos información con respecto
al destino de esas inversiones de reposición, que suman
2.226 millones de pesetas en el conjunto del Ministerio.

En cuanto al programa 121.A, de dirección y servicios
generales de la Administración general del Estado, encontramos
un presupuesto globalmente muy consolidado, con
un incremento de un 1,3 por ciento. El capítulo 1 sube un 4
por ciento, con un incremento de los gastos imputables al
artículo de empleados públicos de entre el 1,8 y el 2 por
ciento. Sin embargo, la productividad, lo llevo diciendo a
lo largo de toda la tarde, no sube en la misma proporción,
sino que lo hace en un 8,3 por ciento.

Otro aspecto que no nos cuadra, en principio, es por qué
las cuotas sociales aumentan en un 14,2 y no se acompasa
con el incremento presupuestado para los empleados públicos.

También le rogamos una explicación sobre este extremo.

En el capítulo 2, de gastos corrientes, hay una subida
muy moderada que en el capítulo 1, que es de un 2,2 por
ciento. Sin embargo, hay un incremento en reparaciones
ocho puntos por encima de la media global del Ministerio y
no sé si me podrá facilitar aclaración sobre el mismo. Es en
las indemnizaciones por razón de servicio, en gasto de
publicaciones, donde encontramos un incremento más
acentuado, con porcentajes de un 54 y un 62,5 por ciento
respectivamente. No logramos atisbar ahí la austeridad.

Por último, con referencia al programa 121.A, queremos
conocer el desglose de las inversiones, que han bajado
66 millones e pesetas con respecto al actual ejercicio
presupuestario.




Con respecto al programa 121.E, de la Administración
periférica del Estado, hay presupuestados 25.315 millones
de pesetas, es decir, un 2,6 por ciento más que en el actual
ejercicio.

Vemos que el capítulo de personal sube un 2,1 por ciento,
produciéndose una consolidación de los gastos de personal
en este programa. En el capítulo de gastos hay una
coincidencia con el resto de los programas del Ministerio
de Administraciones Públicas, y esa coincidencia está en el
incremento, en este caso, de un 17 por ciento, más del
doble que en el anterior, de la productividad. No quiero
hacer más hincapié en este tema; sin embargo, espero una
explicación, aunque sea breve.

En gastos corrientes vemos una aparente contradicción
dentro del Ministerio con respecto a las indemnizaciones
por razón de servicio, que en el programa 121.E bajan un 6
por ciento, mientras que en servicios generales, en el programa
121.A, se incrementan en un 53,9 por ciento. Sin
duda, debe haber alguna explicación coherente que se nos
escapa.

Respecto a los gastos corrientes en concepto de arrendamientos,
en este programa bajan 85 millones de pesetas.

Como hemos manifestado con anterioridad, no comprendemos
que sean sólo 85 millones, concretamente en el programa
de Administración periférica del Estado, cuando el
ministro nos habla de 135, que llegarán a ser a final de año
200 millones de ahorro.

Se me ocurre hacerle unas preguntas con referencia a
los arrendamientos. ¿Acaso se prevén nuevos arrendamientos
en la Administración periférica después de haber cancelado
otros inmuebles? ¿No hay contradicción entre las afirmaciones
del ministro y las partidas económicas
propuestas, y todo se debió a un error que le deslizaron en
la información que le dieron al ministro con ocasión de su
comparecencia del pasado día 16? Sería conveniente que,
para zanjar este tema, nos explicara el estado de los arrendamientos,
importante tema, de la Administración periférica,
porque, además, el ministro lo puso como ejemplo de
buena gestión y de ahorro en el Ministerio, como una consecuencia
lógica de la aplicación de la Lofage.

En el capítulo de inversiones reales hay un incremento
de 165 millones. Hay 45 millones para inversión nueva y
1.034 para inversiones de reposición; en total es un incremento
de un 18 por ciento que nos obliga a preguntarle:
¿qué inmuebles, qué inversiones van destinados a esas partidas
y qué objetivos se busca alcanzar con ellas?
Hago constar al señor subsecretario que sería conveniente
conocer el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio
y de los programas que estamos analizando y los portavoces
de esta Comisión, en esta sesión presupuestaria,
deberían conocer el grado de ejecución a fechas más recientes,
porque así sería más fácil cumplir con nuestra tarea.

Para finalizar esta intervención y sin abundar en el fructífero
debate que sobre la implantación de la Lofage y de la
Administración periférica del Estado tuvo lugar ya en esta
Comisión el pasado 16 de septiembre, le querría formular
algunas cuestiones para que, en el caso de que tenga los
datos disponibles, nos dé esa información, esas aclaraciones
en esta misma Comisión.

La primera de ellas se refiere a si se ha formalizado
definitivamente el traspaso de funcionarios y laborales al
MAP desde los Ministerios de Interior, Educación y Cultura,
Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Energía,
Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad ¿Quedan
aún flecos pendientes en los traspasos? ¿En qué número
han pasado a depender orgánicamente estos funcionarios
del MAP?
En segundo lugar, me gustaría conocer el número de
personas de confianza existentes en las delegaciones y
subdelegaciones
del Gobierno, así como las funciones que realizan
en ambas y si se ha producido algún ahorro efectivo
en esa nueva configuración de la Administración periférica
en personal de confianza.




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En tercer y último lugar, y con esto concluyo, nos gustaría
que nos facilitara información sobre el censo actual,
como le decía anteriormente, de inmuebles de la Administración
periférica, así como también de los inmuebles
cuyos arrendamientos fueron cancelados a partir de la
implantación de la Lofage.




El señor PRESIDENTE: Acontinuación, por el Grupo
Popular, tiene la palabra la señora Fernández González.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: En nombre
del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecer al subsecretario
del Ministerio de Administraciones Públicas su
presencia en esta Comisión. De seguro, los datos que nos
va a aportar van a clarificar aspectos del próximo debate y
tramitación presupuestaria.

En el seno de la Comisión se han producido dos comparecencias
previas a la suya, donde se han puesto de manifiesto,
a nuestro juicio pormenorizada y detalladamente, todos
los programas que de forma directa se refieren a la Administración
territorial, a la financiación autonómica y a la financiación
local, y aquellos aspectos que inciden de forma directa
en la Función pública. Se ha hecho referencia tanto a la
situación procesal en que se encuentra el Estatuto de la Función
Pública, como a la futura oferta pública de empleo,
aspectos que a nuestro grupo parlamentario le han clarificado
de forma notable todas las partidas presupuestarias en las
que se apoyan las filosofías políticas de referencia.

Todavía quedan aspectos por concretar y por eso nosotros
hemos pedido su comparecencia, para que se nos den
algunos datos y, sobre todo, algunas valoraciones tendentes
a facilitar el próximo debate y trámite presupuestario.

Dentro de la valoración de conjunto del presupuesto del
Ministerio de Administraciones Públicas, como se ha dicho
en anteriores comparecencias, hay un dato que, a nuestro
juicio, es lo suficientemente relevante como para que se
ponga de manifiesto. Me estoy refiriendo, en términos globales,
al incremento presupuestario del propio MAP. Llama
la atención el fuerte incremento -y se han dado sobradas
explicaciones- con cargo al INAP de más de 8.000 millones
de pesetas, pero a renglón seguido hay que tener en
cuenta (y lo digo a los incrementos y a los juegos porcentuales,
basándonos en criterios comparativos que hacen
otros grupos parlamentarios) que estamos hablando de una
transferencia que se recibe a su vez del Instituto Nacional
de Empleo. Desde el Grupo Parlamentario Popular vemos
que se ha sabido dar respuesta a una tramitación que era
compleja y que conllevaba un retraso en la gestión, ni querido
ni deseado desde el Ministerio de Administraciones
Públicas y, por tanto, este fuerte incremento y esta transferencia
desde el Instituto Nacional de Empleo al INAP nosotros
no solamente la celebramos, sino que creemos que
redundará en una ágil gestión y en que la formación se
pueda prestar de forma eficaz y eficiente.

Por lo que se refiere a los programas presupuestarios
que, a nuestro juicio, pueden merecer explicación por parte
del subsecretario, quisiéramos hacer una valoración política
importante. El año pasado -y lo recordarán sus señoríashacíamos
especial hincapié en la creación de un programa
presupuestario, el 121.E, porque los principios básicos que
lo inspiraban y que lo inspiran (esto es, objetividad y transparencia
en la actividad administrativa, una mayor eficacia
en la prestación de los servicios y, por tanto, más calidad
para los ciudadanos en las prestaciones por parte de la
Administración, y una mayor economía y reducción de las
estructuras administrativas, evitando duplicidades no queridas
por el Grupo Parlamentario Popular y tendentes a lo
que denominábamos y seguimos denominando Administración
común o Administración única) hacían que este
programa presupuestario fuese el eje político, con los créditos
correspondientes, que supondría una novedad y tendría
trascendencia en el desarrollo ulterior de la propia
Administración periférica del Estado.

Señor subsecretario, queremos poner de manifiesto que,
un año después de la puesta en funcionamiento de este programa
y de todos los impulsos políticos que ha recibido
desde el Ministerio de Administraciones Públicas, desde
nuestro grupo parlamentario vemos con satisfacción que
los resultados hayan sido muy positivos y que los objetivos
que se perseguían se hayan cumplido con un grado notable
de eficacia.

Dentro de esta nueva reestructuración en la Administración
periférica del Estado, nos gustaría que hiciese valoraciones
desde el punto de vista presupuestario y también
desde el punto de vista de reducción del gasto.

El Grupo Parlamentario Popular ve con satisfacción que
los principios de austeridad y de disciplina presupuestaria,
que antaño se despreciaban, hoy se exijan dentro de las premisas
políticas que el Gobierno y el propio Grupo Parlamentario
Popular que sustenta el Gobierno han hecho del
discurso político en el análisis presupuestario. Desde luego,
consideramos muy positiva la reducción en el capítulo de
gasto corriente, y específicamente en el capítulo, al que ya
se ha hecho aquí referencia, de reducción de arrendamientos.

Nos parece que los datos son importantes, pero, desde
luego, el impulso político ha sido notorio y notable. En este
sentido, si el señor subsecretario lo considera oportuno, a
nosotros nos parecería muy ilustrativo que hiciese hincapié
en estos aspectos de reducción en el gasto corriente.

Como también nos parecería muy oportuno que, con
carácter general, hiciese hincapié en el capítulo 6, de inversiones
reales, que tiene una referencia presupuestaria
importante. A mí me llama la atención que a lo largo de
toda la tarde se hayan hecho críticas, aunque no fuertes, al
capítulo inversor. Yo creo que, con carácter general, en todo
presupuesto hay aspectos y capítulos llamados a la reducción
y a la austeridad (me estoy refiriendo fundamentalmente
al capítulo 2), y hay otros donde tradicionalmente,
cuando se está en la oposición y cuando se está en el
Gobierno, se celebran los incrementos, que son los capítulos
inversores, porque garantizan no solamente la riqueza y
una buena prestación, en este caso, por parte de la Administración
pública, sino que, a mi juicio, dignifican los presupuestos
con sus incrementos. Por tanto, nos gustaría que
en este capítulo 6, en el capítulo inversor, hiciese algún
comentario respecto a los parámetros presupuestarios en
que se basan los créditos a los que se refieren los diversos
programas a los que he hecho mención.

En general, el programa presupuestario que se refiere al
apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado,
que sería también motivo de explicación por parte del señor
subsecretario, por nuestra parte no ofrece ningún elemento



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que merezca clarificación y, por tanto, con carácter general,
yo le invitaría, en nombre de mi grupo parlamentario, a que
hiciera cualquier aportación o indicación que, aunque no
haya sido objeto de preguntas en esta comparecencia, usted
considere que puede ilustrar adecuadamente el trámite del
debate presupuestario referido al Ministerio de Administraciones
Públicas, ya que por nuestra parte siempre serán
bienvenidas esas explicaciones. En este trámite considero
muy oportuno decir que cualquier aspecto al que usted
quiera dar especial énfasis o hacer referencia siempre clarifica
el soporte presupuestario, en ocasiones dificultoso de
cara a las explicaciones y transferencias, y otro tipo de
motivaciones, que llevan a preguntas que se pueden clarificar
de forma muy sencilla y que ayuda a que los debates
discurran por una senda de datos homogéneos, que siempre
es deseable, y que evite enmiendas presupuestarias de otros
grupos parlamentarios, que a veces -consecuencia de la
dificultad en lo que es la profundización en los datos que
soportan los Presupuestos Generales del Estado- nos
lleva a plantear luego debates parlamentarios carentes de
demasiado interés y acaso, si se me permite, de sentido
desde el punto de vista presupuestario.

Quiero agradecer, en nombre de mi grupo, su comparecencia
y esperamos sus aportaciones y sus datos en este
trámite de comparecencias previo al posterior debate de
enmiendas de totalidad y de aprobación definitiva del proyecto
de Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, tiene
usted la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Rodríguez-Arana Muñoz): La verdad
es que yo querría comenzar por enmarcar las cuestiones
y preguntas que se platean en relación con los distintos
aspectos del presupuestos, para que los datos no sean tan
fríos y para que reflejen la realidad viva y dinámica que
está detrás de los capítulos, especialmente, como aquí se ha
puesto de manifiesto, del 121.E, que es un programa nuevo
y que es consecuencia de la aprobación de una ley reciente,
que supone una apuesta importante por la racionalización
de la Administración del Estado e incluso por adecuar el
esqueleto, la estructura y la planta de la Administración
periférica del Estado al modelo constitucional.

El señor portavoz del Grupo Socialista decía que los
datos que manejaba en su intervención se refieren al global
del Ministerio. Si tenemos en cuenta Muface y el INAP, se
produce un incremento del capítulo 2 como consecuencia
de los conciertos de Muface, y del capítulo 6, como consecuencia
de la Muface. Pero si nos quedamos en lo que es la
gestión del subsecretario como gestor de los programas
121.A, 121.D y 121.E, nos encontramos con elementos que
son los que a mí mi interesa resaltar en este momento, y
que se refieren (le voy a explicar lo de la productividad porque
es muy sencillo y no tiene grandes dificultades, creo
que el secretario de Estado para las Administraciones
Públicas también incidió en ello) única y exclusivamente a
poner sobre el papel presupuestario un acuerdo gubernamental,
en virtud del cual los gabinetes telegráficos de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que estarán
nutridos por personal de la policía, a partir de ahora van a
estar nutridos por personal de la Administración civil del
Estado, que proviene del organismos autónomo de Correos.

Por lo tanto, donde ve usted que hay mayor productividad,
haga el esfuerzo de ver el 1,8 más ese aumento correspondiente
a 239 funcionarios -creo que son-, ya que ahí
se encuentra la explicación.

De todas maneras, los datos del capítulo 1, del Ministerio,
en relación con lo que hablábamos aquí el año pasado,
nos permiten decir que este año nosotros estamos por encima,
en lo que son gastos sociales, del 0,8 que es el acuerdo
que tenemos con los sindicatos. Por parte del Ministerio
supone un esfuerzo llegar a acuerdos con los sindicatos,
sobre todo destinar no solamente para que en lo relativo a
las cuotas sociales los cambios que pueda haber se refieran
única y exclusivamente a redistribución de efectivos, sino a
lo que son gastos sociales en relación con ayudas a hijos,
colegios y demás ayudas, que este año, por mor de la Lofage,
ha tenido que ser complicado, ya que había que hacer
un plan social único no solamente para el personal del
MAP, sino de Industria, de Agricultura, Sanidad, Interior.

Esto nos ha exigido un esfuerzo de negociación y al final
se ha conseguido -el año pasado no llegamos- este año
superar con creces ese 0,8 por ciento del gasto social, que
junto con la formación -como se ha dicho aquí muy bien
por la portavoz del Grupo Popular- son dos de los criterios
y dos de los elementos que rezuman estos presupuestos:
preocupación por la formación de los funcionarios y
consolidación de los aumentos que se han producido en los
gastos sociales.

Llegamos a este punto, entramos en el capítulo 2. Yo
estoy hablando del capítulo 2, del Ministerio, no de Muface
y del INAP, porque si no podríamos llegar a conclusiones
perversas o que no son a las que se debe llegar, desde
mi punto de vista, desde la lectura y desde el análisis de los
datos del capítulo 2. El ministro don Mariano Rajoy en su
día dijo que se había ahorrado 138 millones de pesetas. Es
cierto que se ha ahorrado 138 millones de pesetas y más.

Cuando él hablaba de 138 millones de pesetas, se refería a
ahorros en rescisión de alquileres y ahorros indirectos derivados
de esas rescisiones de alquileres. Es decir, si se rescinde
un alquiler, pongamos por caso, en el local de la antigua
Dirección Provincial de Agricultura, además se ahorra
en limpieza, en electricidad, en gasto corriente. Esos 138
millones son consecuencia de rescisión de alquileres más
ahorro del gasto corriente. Me dice que ha aumentado el
presupuesto de dietas. Yo le digo que el presupuesto de dietas,
y además es algo que es consecuencia de la Lofage, no
solamente no ha aumentado sino que ha disminuido 23
millones y medio de pesetas; el presupuesto de comunicaciones
de teléfonos ha disminuido 44 millones de pesetas;
arrendamientos de mobiliarios, 20 millones de pesetas; edificios,
85 millones de pesetas. Es decir, más de 138 millones
de pesetas y además con un elemento que a mi me parece
que puede subrayarse, y es que junto a esa
racionalización del gasto en lo que son alquileres, en lo que
son gastos indirectos, también se ha puesto en marcha un
programa dentro del Ministerio, que es lógico que se pusiera
en marcha como consecuencia de los ajustes en los gastos,
para mejorar la gestión del gasto. Por ejemplo, las centrales
telefónicas de todas las dependencias de la
Administración del Estado en una provincia que dependa



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de la periferia del MAP; antes Agricultura tenía sus gastos
de teléfono; Sanidad los suyos; Industria los suyos; Interior
los suyos y ahora poco a poco estamos consiguiendo contratos
unificados con un ahorro sustancial.

Como esta reforma se va haciendo paulatinamente, los
datos de los funcionarios que han pasado al Ministerio de
Administraciones públicas son los mismos que había en
ese momento en esas dependencias periféricas que se han
integrado. Para el año 1999 van a pasar, además de los que
ya lo han pasado en el año 1998, los funcionarios adscritos
a las delegaciones de objeción de conciencia, a las delegaciones
del Instituto Geográfico Nacional y también los funcionarios
adscritos a las direcciones provinciales de trabajo.

Es decir, el Ministerio de Administraciones Públicas
está pasando de ser un Ministerio fuertemente centralizado,
con una presencia en Madrid notable, a ser un Ministerio
fuertemente descentralizado, hasta el punto de que el 80
por ciento del personal y el 80 por ciento del gasto hace
que la sensibilidad de los responsables del Ministerio cada
vez mire más hacia la periferia y hacia estas pequeñas cuestiones,
que quizá no son tan pequeñas y que como consecuencia
de la austeridad reflejan datos, si vamos al programa
121.E, capítulo 2, como que nos encontremos 32,4
millones de ahorro en teléfonos; 27,5 en dietas y 110 millones
en arrendamientos de edificios solamente en lo que es
la periferia.

Otros gastos han sido mejor presupuestados. Usted se
refería al de publicaciones. El aumento de publicaciones
que hay es de seis millones de pesetas, que si lo comparamos
con la necesidad de hacer llegar a los ayuntamientos y
diputaciones los bondades de tener la administración informática
en el año 2000 al día, quizá no sea un aumento tan
importante como el que en principio podría suponerse. Seis
millones de pesetas no es una cantidad muy importante,
aunque dentro del presupuesto del Ministerio es sustancial
porque no dedicamos mucho dinero a publicaciones.

Otros conceptos del capítulo 2 que han sido mejor presupuestados
se refieren fundamentalmente a aspectos como
reuniones y conferencias porque desde este año aquí en
Madrid hay permanentes reuniones con responsables de las
áreas funcionales de los ministerios, hemos tenido la última
la semana pasada con los directores de los laboratorios
de sanidad exterior porque el Reino de España tiene que
acreditar a día 1 de noviembre esos laboratorios y eso ahora
es una función que aunque pueda parecer paradójico
depende del Ministerio de Administraciones Públicas
desde el punto de vista organizativo. Lógicamente, las instrucciones
que es dan sobre cómo hay que hacer las evaluaciones
sanitarias y cómo hay que hacer las vacunaciones
eso le corresponde al Ministerio de Sanidad, pero la infraestructura,
tener los locales adecuados, tener el utillaje adecuado
eso le corresponde al Ministerio de Administraciones
Públicas y ciertamente esta transformación que trae
consigo la Lofage es, como digo, paulatina, que queremos
hacer poco a poco y que introduce cambios en la cultura
administrativa de la Función pública española muy importantes
que supone encontrar un punto de equilibrio entre la
dependencia orgánica y la dependencia funcional que no
es fácil, pero poco a poco se puede ir encontrando. Creo
que el hecho de que en el presupuesto del año 1999 se
puede acreditar unos ahorros en estos conceptos del programa
121.E es una manera de visualizar que es posible
esa gestión del gasto corriente y del personal con un Ministerio,
que es el de Administraciones Públicas, horizontal
para todo el territorio y que poco a poco puede ir alcanzando
estos criterios de racionalidad.

Porque en estos momentos, con los datos de que dispongo,
el ahorro que tenemos, no solamente comparando
los alquileres y los datos indirectos de los alquileres, sino
también todo lo que es ahorro en gestión de gastos correspondientes
a aspectos del capítulo 2, ya supera los 200
millones de pesetas y esperamos que al final de ejercicio
sea un ahorro importante.

En todo caso también hay que tener en cuenta en todo
el capítulo de arrendamientos que los ahorros obtenidos en
arrendamientos de la Administración periférica en 1998
sirven en buena parte para compensar las subidas anuales
de los alquileres subsistentes. De todas maneras me alegro
que este haya sido para los dos portavoces uno de los temas
centrales de su intervención, porque el Partido Popular y el
Ministerio de Administraciones Públicas están trabajando
en esta dirección. El compromiso que se hizo cuando se
aprobó la Lofage fue que iba a producir razonables ahorros
en lo que son los gastos de funcionamiento de la Administración
y esto no es más que una primera aproximación de
lo que puede llegar a alcanzarse si como establece la propia
Lofage en su artículo 32, me parece que es, se va integrando
poco a poco el conjunto de la Administración periférica
del Estado en el Ministerio de Administraciones Públicas.

Esta es la bondad que puede tener el que se produzcan estos
resultados. Por ejemplo, el gasto de dietas. Que haya bajado
el gasto de dietas en treinta y tantos millones de pesetas
es la consecuencia de que el delegado del Gobierno tiene la
potestad, en todos los servicios integrados, de disponer los
viajes o no de los funcionarios a Madrid o a los distintos
organismos y entidades que les convoquen. Eso introduce
un criterio de racionalidad que aquí está documentado y
está en el presupuesto.

Por lo que se refiere al capítulo 6, están contempladas
dos partidas que son, por un lado, el efecto 2000, una parte
que habría explicado el secretario de Estado de Administraciones
Públicas en relación con los programas informáticos
Intranet, Internet y toda la dirección del efecto 2000,
y luego 165 millones para lo que son reparaciones en edificios
de delegaciones y antiguos gobiernos civiles.

Muy telegráficamente quisiera decir que, como responsable
de este área de la periferia, el próximo lunes voy a
hacer el viaje número 58 a una provincia. Todos los lunes
voy a las provincias españolas para ver la realidad de la
Administración periférica. Me reúno con las juntas de personal,
con los directores de áreas y veo los edificios.

Hemos hecho un programa, que con mucho gusto se lo
podemos repetir de dónde vamos a destinar esos gastos,
que sobre todo son para ir alcanzando ese criterio que también
decía la portavoz del Grupo Popular y que nosotros
compartimos, como es lógico, de la Administración común
o Administración única; que permite que los edificios periféricos,
los de las delegaciones y antiguos gobiernos civiles
o subdelegaciones del gobierno, en este momento puedan
albergar cada vez el mayor número de dependencias administrativas
periféricas. Hay provincias en este momento que,
como consecuencia de lo que se ha hecho en este año, a finales



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de 1998 y principios de 1999 van a poder albergar todos
los servicios del Ministerio de Administraciones Públicas,
Administración periférica. Otros será imposible porque la
realidad del parque patrimonial del Estado allí lo impide,
pero sí que esa partida va dirigida a pequeños gastos, en
aumentar espacios, en reparaciones, en conservación.

Tengo que decir, con todo respeto y toda cordialidad,
que es un asunto para nosotros muy importante el mantenimiento
y conservación de todos los edificios y sedes de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Incluso
hemos detraído en el presupuesto, si se fija bien S. S., de
los servicios centrales 50 millones de pesetas. Le aseguro
que no va a haber ninguna cuestión dramática, por lo
menos eso esperamos, pero los hemos detraído para que
puedan los edificios de la Administración periférica del
Estado estar concentrados, lo cual también, como ustedes
comprenderán, permite que se puedan ir haciendo pequeñas
obras en las oficinas de información. De hecho este
lunes en Extremadura se va a poner en marcha una remodelación
de la oficina de información de la Delegación del
Gobierno y hay todo un programa en esta dirección.

Las preguntas que me hacía la señora portavoz del
Grupo Popular iban también en esta dirección. Quisiera
decir que el programa 121 E, es uno de los ejes políticos de
la actuación del Ministerio de Administraciones Públicas.

Es un programa muy importante, en el que estamos haciendo
un seguimiento para ir viendo lo que se gastaba antes
ministerio por ministerio en los distintos capítulos -Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Sanidad, Ministerio de
Industria, Ministerio de Fomento- de manera que se pueda
ir aquilatando el gasto. Nosotros pensamos que una pesetas
ahorrada es una peseta ganada. Además, pensamos que aunque
sean pequeñas cantidades son demostraciones de que se
pueda ahorrar y que también se puede presupuestar mejor,
porque hay otros conceptos, como el de transportes u otros
relativos a reuniones y conferencias, lógicamente, comunicaciones
desde Madrid a la periferia. El Ministerio ahora
tiene unas relaciones con más de 500 edificios y debe mantener
una periodicidad en la comunicación, lo que exige un
gasto muy notable. Por eso aumentan algunos gastos de
transportes o de reuniones y conferencias.

Quizá haya quedado alguna pregunta en el tintero, pero
tanto el capítulo 6 -y me alegro que la representante del
Grupo Popular así lo haya entendido- como el programa
121.E responden a un programa que el señor ministro
ya explicitó en esta Comisión y que me consta que es uno
de los objetivos que tenemos planteados en lo que es la
reforma de la Administración del Estado. Si somos capaces
de seguir en esta dirección, cuando el próximo año vengamos
a esta reunión podremos traer nuevas cantidades y
nuevos ahorros y también nuevos conceptos presupuestados
de manera que respondan mejor a la realidad.




El señor PRESIDENTE: Señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: No quisiera entrar
en debates sobre cifras, pero hay algunas que ha dado el
señor subsecretario que creo que no son correctas. El
Ministerio solamente, sin contar Muface, INAP no ahorra
30 millones en dietas, son 15. En el conjunto del Ministerio
me parece que son 67 millones más, que es una subida de
un 11,8, lo mismo que en gastos de publicaciones son también
subidas importantes. De todas maneras, preguntar por
estos conceptos presupuestarios no quiere decir estar en
contra, sino que hay que vigilar algo tan importante como
es la austeridad, que, por cierto, no es un concepto que aparezca
a partir de este Gobierno, esa sería una afirmación
excesivamente rotunda. De la misma manera, preguntar a
qué van destinados excesivamente rotunda. De la misma
manera, preguntar a qué van destinadas las inversiones no
es criticarlas, sino conocerlas. Cuando sepamos dónde van
destinadas la inversiones, las podremos criticar. En principio,
el que aumenten las inversiones no es bueno ni malo.

Es bueno si es bueno el objetivo a cumplir; subir las inversiones
por subir no creo que sea siempre bueno ni siempre
malo, sino que habrá que analizar esa información, que
espero que el señor subsecretario nos pueda remitir.

En cuanto al ahorro en el tema de arrendamientos -y
me lo creo perfectamente; es una consecuencia lógica a
partir de la Lofage-, se debería haber notado algo más en
el capítulo 2. Creo que se podría haber ahorrado algo más.

Yo sé que el proceso que se está dando a partir de la
puesta en marcha el pasado año de este nuevo programa de
la Administración periférica es muy interesante. Es bueno
que desde esta Comisión hagamos este seguimiento y soy
de los que espera que dé frutos positivos para los ciudadanos
y que sigamos avanzando en la dirección de la mejora
de las relaciones de la Administración con los ciudadanos.

Por eso, también me parecen interesantes estas sesiones
parlamentarias acerca de los presupuestos, porque, efectivamente,
pueden aclarase, y de hecho se aclaran, dudas que
se suscitan sobre la fría lectura de la escasa documentación
que tenemos con las comparecencias de los responsables
de la Administración.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández.




La señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy a ser muy
breve, señor presidente.

En este segundo y último turno quisiera agradecer al
señor subsecretario la información que nos ha facilitado y
hacer dos breves puntualizaciones.

En primer lugar, quiero decir que, a nuestro juicio, el
programa 121.E es, digamos, el programa emblemático,
desde el punto de vista político, del propio Ministerio, lo
decía muy bien el señor subsecretario y se lo hemos oído
en innumerables ocasiones al propio ministro titular del
departamento. Yo decía en mi primera intervención que,
dentro de los objetivos del propio programa presupuestario
(que inició su andadura el año pasado como consecuencia
del desarrollo y aplicación de la Lofage, una ley aprobada
por este Gobierno que tiene como finalidad primordial la
adaptación al marco constitucional y la buena prestación
de los servicios públicos a los ciudadanos), había tres que
creemos que se han cumplido: el objetivo de transparencia
en la actividad administrativa; el de eficacia, tendente a la
calidad; y el de economía y reducción de la estructura
administrativa. Digo esto porque si bien es cierto -yo lo
he subrayado-, y ponemos de manifiesto nuestra satisfacción
por el dato objetivo de reducción de gasto corriente,
consecuencia directa de la aplicación de este programa y
del impulso que se ha dado a la Administración periférica



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con reducción en el capítulo de alquileres y en el gasto
corriente en general -como bien decía el subsecretario la
desaparición de un contrato de arrendamiento lleva aparejados
una serie de gastos que, como consecuencia directa,
también desaparecen-, nos parece muy importante que el
objetivo de este programa sea la eficacia y la racionalización
en la prestación del servicio. Por tanto, poniendo
también nuestra atención en lo que es la reducción del gasto,
una reducción razonada y razonable, a nuestro juicio ese no
era el objetivo prioritario de la Lofage ni del programa
presupuestario
121.E, sino un efecto querido y deseado.

También quiero subrayar -me parece que es de justicia
hacerlo así- el seguimiento y el impulso, del que tenemos
conocimiento a través de los cauces parlamentarios,
del propio subsecretario. Yo desconocía el número de viajes
concretos que iba a realizar al próxima semana, pero si
nos consta, y nos parece que es políticamente digno de
mención (desde luego a nosotros nos lleva a tener la absoluta
convicción de que es un proyecto, un programa y un
impulso político emblemático por parte del Ministerio), el
seguimiento que por parte del subsecretario se está haciendo
no solamente desde su despacho, que lo hace a diario,
sino con un traslado a las diversas provincias y comunidades
autónomas para, sobre el terreno, certificar el seguimiento
de este programa presupuestario 121.E, y el desarrollo
de la propia Lofage.

Por lo que se refiere al capítulo de inversiones, capítulo
6, me gustaría aclarar (porque ha habido una pequeña mención
por parte del portavoz socialista acerca de las palabras
que yo he pronunciado en la intervención anterior) que yo he
dicho que, con carácter general, el capítulo 6 siempre dignifica
un presupuesto, puesto que es el capítulo inversor. No
estamos en el Ministerio de Fomento, sino en el de Administraciones
Públicas, pero también aquí el que el capítulo
inversor tenga un cierto protagonismo tiene una consecuencia
directa, querida por nosotros y objetivo de este Ministerio:
que la administración se preste con eficacia y con calidad
a los propios ciudadanos. El que dentro de este capítulo
6, como ha puesto de manifiesto el secretario de Estado y
corroborando el propio subsecretario, haya una partida presupuestaria
importante para cumplimentar lo que con carácter
general podemos denominar efecto 2000, nos parece que
no es bueno ni malo, ni que a nuestro juicio es necesario que
exista esa previsión presupuestaria porque los ciudadanos se
van a beneficiar de este incremento en el capítulo 6 y de esta
prestación desde la Administración pública, garantizando
que se acompasa a los tiempos modernos y que se presta con
garantía de eficacia y de celeridad.

Por tanto, y con ello finalizo, señor presidente, queremos
agradecer al señor Subsecretario su presencia y los
datos que nos ha aportado y felicitarlo por los presupuestos
que ha presentado. Creemos que son muy satifactorios, con
unos incrementos razonados y razonables y con unos protagonistas
que, desde el punto de vista político, a nosotros
nos parecen emblemáticos y que, dentro de la política que
ha emprendido el Ministerio, garantizan los compromisos
que se habían adquirido en su día en el programa del Partido
Popular y que hoy ya son una realidad en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Rodríguez-Arana Muñoz): Simplemente
quería señalar, en relación con algunas cuestiones
que se han planteado en el último turno, algo de lo que yo
estoy convencido: que ahorrar no es un imperativo absoluto.

En relación con el ahorro se suele decir que una pesetas
ahorrada es una pesetas ganada, y en cualquier economía
familiar o de cualquier naturaleza se tiende al ahorro como
regla general, pero nosotros nos planteamos el ahorro,
como decía la portavoz del Grupo Popular, para intentar
mejorar la eficacia de la maquinaria administrativa y para
que, si es posible, la gente pueda percibir que con un gasto
razonable y equilibrado los papeles administrativos se
hacen con más celeridad, así como las resoluciones administrativas.

Esta es un poco la explicación del esfuezo que
ha emprendido el Ministerio durante el año 1998 para analizar
todos los gastos que tenía. Esto tampoco es fruto de la
causalidad ni ha surgido por arte de birlibirloque, sino que
en el año 1997 los inspectores del Ministerio ha estado,
provincia a provincia, haciendo chequeos sobre el terreno,
viendo los edificios, luego esa información se ha contrastado
con los subdelegados del Gobierno y con las juntas de
personal y el resultado final de todo ese trabajo fue poner
en marcha un programa que en este año está dando estos
resultados, en el bien entendido de que el capítulo 2 sufre,
en sus términos globales, el mismo tratamiento que en
todos los ministerios: crece el 1,8. Pero, dentro del capítulo
2, esos ahorros en partidas como pueden ser alquileres,
teléfonos, etcétera, han supuesto que en 1998 tuviéramos
232 millones y en 1999 tenemos 208; es decir, 23.500.000
pesetas negativas en el total del Ministerio. Esos son los
datos de que yo dispongo, pero a lo mejor hay otros o es
posible que estos no sean correctos; no obstantes, son consecuencia,
como decía antes, del esfuerzo que están haciendo
los delegados y subdelegados del Gobierno que, como
saben SS. SS., dependen ahora orgánicamente del Ministerio
de Administraciones Públicas y antes dependían de interior,
pero con la Lofabe cambió. Todo este proceso que se
está haciendo es complicado y en él hay muchas personas;
nosotros queremos impulsarlo y de ahí estas visitas. El
Ministro me dijo el primer día: tu, si quieres coordinar la
periferia, tienes que bajarte del despacho de Madrid y visitar
la distintas dependencias.

Y eso hay que hacerlo hablando con los delegados y
subdelegados del Gobierno, con los jefes de área, con los
sindicatos. Estos datos que ahora desbrozamos en el presupuesto
de este año, si seguimos en esta dirección, nos permitirán
disponer en un plazo de tiempo razonable, -si
conseguimos que el Ministerio de Administraciones Públicas
pueda ser ese Ministerio horizontal para la gestión del
gasto del personal-gasto corriente- de una Administración
más adecuada a los tiempos modernos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario,
por su colaboración.




Señorías, concluido el orden del día, se levanta la
sesión.




Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.