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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 257, de 10/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 257
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTE: DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ
Sesión núm. 12
celebrada el martes, 10 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre medidas para el cumplimiento de las propuestas de la parte
tercera del informe elaborado en la V Legislatura por la Ponencia
especial en relación con el síndrome del aceite tóxico Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000341) (Página 7412)
--Sobre política de trasplantes de órganos. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000408)
(Página 7415)
--Sobre adaptación de las Fundaciones «Hospital Manacor» y «Hospital
Alcorcón» a las prescripciones de la Ley sobre habilitación de nuevas
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000475) (Página 7419)
Preguntas:
--De la señora Maestro Martín (Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre medidas para ejecutar el contenido de la proposición no
de ley relativa a la integración del Hospital
Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos), aprobada por la Comisión de
Sanidad y Consumo el día 30-10-96. (Número de expediente 181/000570)
(Página 7426)
--De la misma señora Diputada, sobre el autor y contenido de la llamada
«cartera de servicios» del hospital de Alcorcón (Madrid). (Número de
expediente 181/000571) (Página 7427)
--De la misma señora Diputada, sobre procedimiento por el que se ha
atribuido a la empresa Arthur Andersen la realización de auditorías en
hospitales del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), así como
introducción de nuevos mecanismos de gestión en los hospitales de la
Princesa y de Alcalá de Henares (Madrid). (Número de expediente
181/000573) (Página 7431)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LA PARTE
TERCERA DEL INFORME ELABORADO EN LA V LEGISLATURA POR LA PONENCIA
ESPECIAL EN RELACION CON EL SINDROME DEL ACEITE TOXICO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000341.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la Comisión de Sanidad y
Consumo con el orden del día que obra en poder de SS. SS.: Debate y
votación, en su caso, de las proposiciones no de ley, dando comienzo con
la proposición no de ley sobre medidas para el cumplimiento de las
propuestas de la parte tercera del informe elaborado por la V Legislatura
en la ponencia especial en relación con el síndrome del aceite tóxico. El
autor proponente de la proposición no de ley es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Antes de dar la palabra a la señora Maestro, quiero comunicarles que, por
acuerdo de los portavoces, si no hay inconveniente por parte del resto de
los miembros de la Comisión, la votación la efectuaríamos al finalizar
las tres proposiciones no de ley. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, quería hacer mención que esta
proposición no de ley tiene fecha de entrada en el Congreso en enero de
1997. Llamo la atención sobre el retraso manifiesto en la tramitación de
iniciativas parlamentarias en esta Comisión, que yo creo que está
haciendo un grave menoscabo de sus funciones de expresión de la voluntad
política de los grupos parlamentarios que la constituimos y por lo tanto
de la credibilidad misma del Congreso de los Diputados a la hora de hacer
expresión de las mismas. Dado, además, que mi grupo parlamentario no
forma parte de la Mesa del Congreso, aprovecho este turno para hacer una
petición expresa de agilidad en la tramitación que permita que una
Comisión que no tiene una cantidad exagerada de iniciativas pueda llevar
sus asuntos más al día, de manera que el interés de los ciudadanos pueda
verse reflejado en ellos, en la medida en la que los grupos
parlamentarios podamos ser su expresión.
No obstante, curiosa y coincidentemente, la reapertura del juicio por el
aceite tóxico ha vuelto a traer a la actualidad informativa un problema
que las últimas generaciones de diputados en esta Cámara tuvimos ocasión
de comprobar exhaustivamente en una ponencia parlamentaria que, como
todas, llevó un trabajo muy importante y un tema de dedicación muy serio.
(Rumores.) En cuanto a la insuficiencia de la puesta en práctica de las
propuestas de la ponencia parlamentaria, que se sustanciaban en su parte
tercera, significativamente aquellas que tenían más contenido novedoso,
todos pudimos comprobar a lo largo de los trabajos de la ponencia que
evidentemente los Gobiernos sucesivos habían puesto en marcha algunas,
había graves insuficiencias en otras y, sobre todo, había demandas que se
centraban, a mi juicio, en un hecho central, del que se derivaban las
insuficiencias en materia de prestaciones económicas, en materia de
investigación y en materia de asistencia sanitaria, que hacían que si
bien las diferentes administraciones habían dedicado una cantidad muy
considerable de fondos... (Rumores.)
Pido el amparo del señor Presidente porque me siento muy sola hablando.
El señor PRESIDENTE: Lo tiene.
La señora MAESTRO MARTIN: Decía que a lo largo de los trabajos de la
ponencia pudimos comprobar que si bien no había faltado algo que podría
llamarse generosidad por parte de las diferentes administraciones a la
hora de atribuir fondos para las diferentes prestaciones a los afectados
por el síndrome tóxico, la falta de coordinación entre administraciones
podía transformar fácilmente esa generosidad en despilfarro, por un lado,
de fondos públicos, y por otra parte en una fuente constante de
insatisfacción, con la
correspondiente reivindicación por parte de los afectados. Concluíamos,
además, que no era aumento en el destino presupuestario de fondos lo que
fundamentalmente hacía falta, sino que se trataba de tomar medidas de
coordinación administrativa.
En esta exposición yo no voy a cansar a SS. SS. haciendo una
reivindicación exhaustiva ni un análisis de cada una de las propuestas de
dicha ponencia, desde el supuesto, compartido por mí, de que muchas de
ellas eran meras declaraciones de intenciones o mera instancia a la
Administración a continuar o a realizar con mayor eficacia lo que ya se
venía haciendo.
Lo que queda, por lo tanto, es lo fundamental. Lo que hasta el día de hoy
no se ha llevado a cabo es la constitución de los entes administrativos
de carácter interministerial capaces de asegurar un nivel suficiente de
coordinación entre el cuerpo directivo de investigación del Instituto de
Salud Carlos III, que me consta que existe y que trabaja, pero que una
vez más, como ya parece ser el sino fatídico de todo lo relacionado con
el síndrome tóxico, trabaja a su aire, de manera descoordinada y sin que
tenga posibilidad de emitir orientaciones capaces de ser tenidas en
cuenta por las diferentes administraciones sanitarias con competencias en
el tema, ni a su vez recibir orientaciones políticas, de política
sanitaria, de política de investigación, capaces de adecuar su trabajo a
las prioridades y a las necesidades de investigación del síndrome tóxico.
Quiero señalar asimismo que otro de los elementos fundamentales de
coordinación, como es la unificación en un solo censo de los diferentes
censos existentes, tampoco se ha llevado a cabo. De ahí que otras muchas
descoordinaciones entre administraciones en relación con discapacidades,
en relación con prestaciones, en relación con la atención sanitaria,
tampoco hayan podido llevarse a cabo. Y señalar finalmente que al margen
de todo esto querría, aprovechando este trámite, obtener información, de
la que carezco hasta este momento, acerca de decisiones normativas o de
orientaciones a la Administración sanitaria a la hora de llevar a cabo la
protocolización y la relación entre la Administración sanitaria y la
prestación económica del síndrome tóxico.
Por todo ello, señorías, es por lo que creo que es pertinente el que una
proposición no de ley que se sitúa estrictamente en el ámbito de consenso
parlamentario, que caracterizó los trabajos de la ponencia en la
legislatura pasada, pueda ser aprobada y con ello contribuyamos a hacer
eficaces los tiempos destinados a trabajos parlamentarios por los
diferentes grupos parlamentarios y, lo más importante, a satisfacer las
necesidades y las demandas de un colectivo especialmente golpeado, como
es el de los afectados por el síndrome tóxico.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: La verdad es que cuando uno lee la proposición
no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene una primera sensación y esa sensación es que el Gobierno
desde 1995, concretamente en el mes de septiembre, no ha tomado ninguna
actitud en relación a las medidas que por unanimidad esta Comisión adoptó
para tratar el síndrome del aceite tóxico. Estas medidas eran de carácter
general, medidas sanitarias y de investigación y también de índole
educativa y social. Es decir, que el Gobierno del Partido Socialista y el
Gobierno del Partido Popular no habían hecho nada en relación con este
asunto. Sin embargo, de la interpretación y de la aportación que acaba de
hacer ahora la Diputada proponente, la situación se acerca mucho más a la
realidad. Y yo le quiero agradecer tanto el tono como el fondo a la
señora Maestro.
La situación real en el día de hoy es la siguiente, señorías. El
Gobierno, y me estoy refiriendo a la época del Gobierno socialista y
también a la época del Gobierno popular, ha actuado en las cinco
vertientes y ha actuado, de una u otra manera, en las 22 propuestas que
la Comisión unánimemente venía a exigir del Gobierno. Unas de ellas se
han realizado completamente; otras están en este momento realizándose; y
las últimas, en fin, están en período de estimación y de programación,
después de ulterior estudio.
Sin pretender ser exhaustivo, quiero manifestarles, para general
conocimiento de todos los miembros de la Comisión y de la opinión pública
en general, algunas de las medidas que se han llevado a cabo. Medidas de
atención primaria y de atención especializada, con favorable acogida por
parte de los afectados y de sus familiares, con una protocolización
sistematizada y una atención con tarjeta sanitaria diferencial para
aquellos pacientes que, en su libertad y respetando la confidencialidad,
lo han pedido. Intensas acciones de mejora de la coordinación en la
asistencia primaria y especializada, con una dotación adecuada de medios
y de personal en la consulta del Hospital 12 de Octubre, en la que en el
año 1996 se han visto 535 pacientes, con un total de 647 consultas
protocolizadas.
En el campo de la investigación se han mantenido los fondos y las líneas
de investigación, no solamente en los acuerdos del FIS y de la OMS, sino
también con el centro de control y de prevención de Atlanta, que no
solamente se ha prolongado el acuerdo, sino que además hay una adenda con
dos nuevas líneas de investigación bajo la dirección del Instituto Carlos
III para determinar la causa última de este síndrome del aceite tóxico,
cuya causa original todavía no está bien definida pero que tiene mucho
que ver con el aceite de colza desnaturalizado con un 2 por ciento de
anilina.
En otro orden de cosas, el Instituto Carlos III ha creado el centro de
investigación sobre el síndrome del aceite tóxico, como nos contó el
director general en su reciente visita a esta Comisión, que ha quedado
constituido en dos ramas. Una vertiente central, fundamentalmente de
acción coordinadora y de investigación, y otras, con una asistencia
periférica, ubicadas en determinados centros de salud dependientes del
Insalud.
En diciembre de 1996 se acordó, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, nueve en
concreto, prorrogar los
convenios de colaboración con los distintos servicios de acción social de
estos municipios. Asimismo, se han ampliado los convenios de colaboración
con otras instituciones de distinto ámbito, entre ellas las diputaciones
de Guadalajara, Palencia, Burgos, la Junta de Castilla-La Mancha, y en
los próximos meses se realizarán los acuerdos con el resto de las
provincias de Castilla y León.
Se han llevado a cabo diversas reuniones periódicas con los afectados,
con las federaciones y asociaciones de ámbito provincial y nacional que
entienden de esta materia. Y me estoy refiriendo a las organizaciones de
León y Salamanca, a la coordinadora nacional, etcétera. Asimismo tenemos
datos del curso 1995-96, en relación con la identificación de los alumnos
afectados, 479 en concreto, con un seguimiento de su rendimiento escolar,
en el que existen cierto tipo de anomalías o de bajo rendimiento escolar
que afecta aproximadamente a 109 alumnos, y estamos pendientes en el año
en curso de valorar definitivamente este curso escolar para tomar las
medidas adecuadas.
Y por último, sin ser exhaustivo, repito, se está procediendo en este
momento a analizar los distintos aspectos para determinar aquellos
parámetros que sean necesarios para evaluar adecuadamente la mortalidad y
la morbilidad de los pacientes afectados por este síndrome en relación
con la población general.
Para terminar, y en la línea de información que pedía la señora Maestro,
en los pasados meses se han llevado a cabo diversas reuniones en la
dirección general de ordenación de la Seguridad Social entre
representantes de los ministerios que han venido trabajando en el
síndrome del aceite tóxico, con la intención de cumplir otra de las
peticiones que se hacía, que era la de la creación de una comisión
interministerial de seguimiento del síndrome tóxico. Estas reuniones han
finalizado con la creación de un proyecto, de orden del Ministro de la
Presidencia, que verá la luz en los próximos meses, en la que se crea la
comisión interministerial de seguimiento, que quedaría adscrita a la
secretaría de Estado de la Seguridad Social y en la que estarían
representados, por lo tanto sentados a la mesa, representantes de las
unidades de la subdirección general de atención primaria del Instituto
Nacional de la Salud, de la subdirección general de atención
especializada, del centro de investigaciones del síndrome del aceite
tóxico, de la subdirección general de educación especial y atención a la
diversidad del Ministerio de Educación y Cultura y de la subdirección
general de programas de servicios sociales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Creo que con esto se justifica perfectamente la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular, que espero sea aceptada por el
grupo proponente y que cuente con el beneplácito de todos los grupos
políticos. En mi intervención, señor Presidente, he querido dejar bien
claro cuál es la situación actual. Creo que se ha trabajado, creo que se
está trabajando y creo que todos debemos trabajar en conjunto para que se
cumplan la totalidad de las medidas que la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados pidió al Gobierno y para que los nuevos
descubrimientos que las líneas de investigación existentes aporten a los
enfermos de este síndrome tengan consecuencias beneficiosas para ellos.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de la aceptación o no de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Estaba esperando por si había el turno de toma
de posición de otros grupos, pero en cualquier caso, en aras de ese
consenso y para incentivar el carácter mágico de la presentación de
proposiciones no de ley, que aceleran notablemente trámites
administrativos, por supuesto tengo mucho gusto en aceptar la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García
Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Señorías, hoy recibimos con satisfacción
esta iniciativa, que no es sino continuar el compromiso que por
unanimidad y por consenso aprobó esta Comisión en un tema que
desgraciadamente nos ha ocupado y nos ha preocupado frente a la última
década más o menos. Recibimos igualmente con satisfacción del portavoz
del Grupo Parlamentario Popular que por fin (espero que me perdonen esta
licencia), y espero que sirva de precedente, haya descolgado de los 40
principales la famosa canción que lleva por título La culpa fue del
anterior. Hemos pasado a reconocer un esfuerzo de toda la sociedad, de
los Gobiernos anteriores y de todo el Parlamento. Porque, señorías, yo
tampoco voy a entrar en la historia, pero sí que recordemos que el 23 de
mayo de 1984 esta Cámara aprobó por unanimidad un conjunto de actuaciones
que iban referidas a medidas de carácter general, a medidas educativas, a
medidas sanitarias, a medidas económicas, de investigación, etcétera, al
objeto de paliar los daños sufridos, ya que desgraciadamente no podíamos
devolver ni la vida ni la salud a quienes la perdieron por tan
desgraciada intoxicación. Entonces, a lo largo de toda esta década, toda
la sociedad española y todos los grupos parlamentarios se han esforzado
lógicamente porque se diera una atención, la mejor posible, la más
completa posible, a estos afectados.
Esta Comisión de Sanidad, el 13 de septiembre de 1995, aprobó una
proposición no de ley que dio lugar a un informe con dos partes
fundamentales. Por una parte, si recuerdan, se refería al grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Parlamento en 1984, y
la segunda parte a incidir en aquellas medidas que todavía no estuvieran
satisfactoriamente cumplidas o recursos que no estuvieran
satisfactoriamente cubiertos o pudiéramos ver qué es lo que estaba
ocurriendo, para aumentar el grado de satisfacción de los usuarios, que
sin duda todavía no tenían un grado de satisfacción adecuado.
Recordando un poquito y muy brevemente algunas de las intervenciones de
la ponencia, voy a recordar solamente lo que resaltamos como fruto del
consenso, que fue que en las conclusiones comprobamos todos los grupos
que esas conclusiones y esas propuestas no suponen grandes innovaciones
--lo decía también la señora Maestro, estamos de acuerdo-- respecto a los
acuerdos que ya se venían llevando a cabo desde 1984, pero sí pretendían
ser instrumentos de mejora, de coordinación, de mejora de la atención, de
mejora de la eficacia y de la eficiencia de los recursos que se venían
desarrollando. Y quiero citar expresamente al autor de aquella
proposición no de ley, el señor Hinojosa, que decía, además, que quizá lo
que más se había notado eran las disfunciones que existían en cuanto a la
coordinación y quizá falta de cariño, falta de diálogo con las
organizaciones de afectados. Y esto se tenía que traducir quizá en las
medidas organizativas principales, en aquellas medidas de carácter
general que hoy seguimos echando de menos.
Estoy de acuerdo con la señora Maestro --si bien es cierto que el
portavoz del Grupo Popular ha descolgado la canción--, pero sin embargo
voy a permitirme un pequeño recordatorio de qué es lo que ocurrió, porque
fue en diciembre de 1995 cuando finalmente se aprueba este informe de la
ponencia y lógicamente en enero de 1996, cuando se disuelven las Cámaras,
un gobierno en funciones no podía tomar, o por lo menos consideró desde
su responsabilidad que no iba a tomar medidas administrativas que
afectaban al organigrama del Ministerio de Sanidad o a otro ministerio.
Sin embargo, sí se tomaron otras medidas, como fueron las instrucciones
al Insalud al objeto de revitalizar un poquito todas las circulares que
les pedían que estuvieran alerta a todas las demandas de los afectados
del síndrome tóxico, medidas que afectaban también a la mejora de la
unidad del Hospital 12 de Octubre, medidas para que no se dejaran de
hacer las investigaciones que se mantenían hasta ese momento y para que
se incrementaran.
Por lo tanto, estando de acuerdo con que aquello no se pudo hacer en su
momento y estando de acuerdo con que ha pasado el tiempo suficiente,
también estoy de acuerdo con la señora Maestro en que quizá el efecto
mágico de su iniciativa haya provocado que finalmente, pasado ya un año,
un año largo, el Gobierno del Partido Popular esté pensando en establecer
ese mecanismo estable de coordinación interministerial que quizá sea el
tema más importante de todas estas medidas de carácter general.
Nosotros vamos a apoyar la propuesta porque nos parece bien la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que se trata de instar
al Gobierno a que siga avanzando en esas medidas de atención
especializada, de atención primaria, de investigación y que cumpla
aquellas que más importantes parecen desde el punto de vista
organizativo. Estamos a la espera de que esta medida mágica cumpla su
efecto a la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Voy a ser breve porque, después de la intervención
de la señora Maestro defendiendo la proposición y de la transaccional que
propone el portavoz del Grupo Popular, que acepta la señora Maestro,
extendernos excesivamente en los comentarios no hace más que redundar en
el tema. No obstante, esta portavoz quisiera poner en evidencia que los
trabajos de la ponencia durante la V Legislatura lo fueron a iniciativa
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que fueron
aceptados por el resto de la Cámara.
Nuestro grupo parlamentario ha tenido siempre preocupación por este
colectivo de afectados, por lo que propusimos a la Cámara los trabajos en
esta Comisión, fruto de lo cual se consiguieron unos acuerdos que han
sido seguidos al pie de la letra, si bien hay que reconocer que, como ha
dicho también la portavoz del Grupo Socialista, existía últimamente por
parte de la federación provincial de asociaciones de consumidores
afectados y perjudicados por el síndrome tóxico una cierta preocupación,
sobre todo, a raíz del real decreto publicado en el BOE el día 2 de
agosto de 1996, en el que se daba a entender que desaparecía la oficina
de gestión de prestaciones económicas y sociales. Esto genera
preocupación en este colectivo, que se podrá ver reconducida y solventada
con la creación de esta Comisión interministerial para el seguimiento de
las medidas en favor de las personas afectadas por el síndrome.
Señor Presidente, sólo quiero reiterar, una vez más, la voluntad de
nuestro grupo parlamentario para instar al Gobierno a que se adopten
cuanto antes, de manera eficiente, para solucionar este problema de una
manera definitiva.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Quiero indicar también, en nombre de mi grupo,
que vamos a apoyar la enmienda que presenta el Grupo Popular y que ha
sido aceptada por el grupo proponente. Como ya ha señalado la portavoz
del Grupo Socialista, en 1995 la ponencia especial en relación al
síndrome tóxico, visto el grado de cumplimiento de las medidas que aprobó
el Congreso de los Diputados en 1984, instó al Gobierno a la adopción de
una serie de medidas de carácter social, sanitario, educativo y de
investigación general, muchas de las cuales, según ha indicado el
portavoz del Grupo Popular, han sido puestas en marcha, tanto por el
Gobierno socialista como por el Partido Popular. Como se ha indicado,
existe un borrador de proyecto de orden ministerial para conseguir esa
Comisión interministerial.
Por todo ello, apoyamos la enmienda del Grupo Popular.
-- SOBRE POLITICA DE TRASPLANTES DE ORGANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000408.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de ley,
pasamos a la segunda, sobre política de trasplantes de órganos,
presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor Presidente, señoras y señoras diputados,
intervengo en nombre del Grupo Parlamnetario Popular para presentar ante
esta Comisión la proposición no de ley que ha presentado mi grupo,
relativa a la actualización de los criterios de muerte cerebral y
donación en asistolias y en los trasplantes, así como a la evaluación de
las investigaciones y experiencias en los xenotrasplantes.
Señor Presidente, a la hora de presentar la proposición no de ley, quiero
hacer hincapié en lo que en la exposición de motivos el Grupo
Parlamentario Popular dice y pone de manifiesto, en la necesidad de
trasladar a nuestro ordenamiento jurídico los criterios técnicos actuales
sobre muerte cerebral y donación en asistolia, ya recogidos en
legislaciones anteriores. La actualización de la legislación vigente
sobre la materia, sin entrar en valoraciones de obsolescencias,
favorecería un incremento mayor de las donaciones y de los trasplantes.
Hay un aspecto que quiero destacar de la proposición no de ley, el
relativo al consentimiento presunto. Mi grupo hace especial hincapié en
que el hecho de su posible consideración provocaría, a la vista de los
estudios sociológicos y de las opiniones de los profesionales que están
relacionados con la materia, unos efectos contrarios a los deseados en la
sociedad, de manera que incluso podría dar lugar a que disminuyera el
número de donantes.
Señorías, en relación con los xenotrasplantes, nuestro grupo justifica la
postura, que luego se verá, por el creciente impulso que se está dando a
la investigación en este campo y a la posterior aplicación en humanos,
pero hay que hacer constar que en la actualidad no existe todavía la
suficiente evidencia científica que demuestre que no existen riesgos,
sino todo lo contrario, al margen de otras consideraciones de índole
ética y moral en las que no voy a entrar.
He dicho en otras ocasiones que el debate de cualquier proposición no de
ley está marcado por los antecedentes parlamentarios. En ésta no se
registran antecedentes parlamentarios en anteriores legislaturas que
tengan que ver con la iniciativa que mi grupo presenta, pues el interés
ha quedado centrado únicamente en determinados datos relacionados con los
trasplantes efectuados en los diferentes centros hospitalarios.
Además de esta iniciativa, se ha reflejado en las Cámaras el interés por
la propia Organización Nacional de Trasplantes, siendo objeto el Gobierno
de alguna pregunta sobre el mantenimiento de su estructura, potenciación,
etcétera. En este sentido, hemos escuchado recientemente al Ministro de
Sanidad y Consumo, que ha manifestado, de forma reiterada, el interés de
su departamento por potenciar esta organización para que continúe
desempeñando sus funciones, que en esta materia son de muy alto nivel.
Justificada brevemente la exposición de motivos y el objetivo de la
proposición no de ley que nos ocupa, me gustaría entrar, brevemente
también, en el análisis de la misma con los antecedentes que acabo de
mencionar. Las actividades sobre donación y trasplantes de órganos
humanos están reguladas en nuestro país en la Ley 30/1979, de 27 de
octubre, sobre extracción y trasplantes de órganos, que determina el
marco ético y legal en el que se deben realizar estas actividades, y
encomienda al Gobierno el desarrollo, por vía reglamentaria, de lo
dispuesto en esta ley, en particular respecto a las condiciones y
requisitos que ha de reunir el personal, servicios y centros sanitarios
en orden a las actividades de extracción y trasplantes de órganos, el
procedimiento y comprobaciones para el diagnóstico de la muerte cerebral.
Asimismo, el Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, y la resolución de
27 de junio de 1980, de la Secretaría de Estado para la Sanidad,
desarrollan el Reglamento de la Ley de trasplantes de órganos. En
concreto, el real decreto al que antes he hecho mención establece, en su
artículo 10, que la obtención de órganos viables para trasplantes se
efectuará una vez comprobado el fallecimiento del donante mediante la
comprobación de la muerte cerebral.
Basado en este punto, señorías, quisiera hacer un brevísimo análisis,
como anuncié antes, de la proposición no de ley que mi grupo presenta.
Ciertamente, los avances científicos y tecnológicos que se han producido
en los últimos años en el campo de la medicina, de la biología, y
concretamente del diagnóstico de muerte cerebral, de preservación de
órganos para trasplantes y de la práctica de trasplantes en sí, han
conducido a que las normas legales existentes en nuestro país contemplen
situaciones y posibilidades nuevas de actuar, por lo que, sin hablar de
obsolescencias en las mismas, la redacción actual de la normativa vigente
supone una cierta limitación legal o dejar a la libre interpretación de
los profesionales que puntualmente intervienen la aplicación práctica de
los nuevos conocimientos.
El artículo 10 del Real Decreto 426/1980, al que antes he hecho mención y
que trata de la obtención de órganos viables para el trasplante a las
circunstancias de su fallecimiento en situación de muerte cerebral,
precisa nuevo perfil. La realidad actual ha determinado la validez de los
órganos obtenidos en aquellas circunstancias de fallecimiento en
situación de parada cardiaca, siempre que se puedan aplicar
procedimientos de preservación de órganos en la persona fallecida.
Todos sabemos la referencia que se hace en la ley a los donantes en
asistolia. Esta modalidad de obtención de órganos está validada por la
realidad clínica y está ampliamente admitida por los profesionales de
trasplantes de órganos, tanto a nivel internacional como nacional, tal
como se recoge en los documentos del consenso de I simposio internacional
sobre donantes de asistolia, que se celebró los días 30 y 31 de marzo de
1995 en Maastricht, y en el documento de consenso español sobre donación
de órganos en asistolia, de 27 de noviembre de ese año, 1995. Se trata,
en consecuencia, de un avance importante en el mundo del trasplante de
órganos, que extiende la opción terapéutica a un mayor número de
pacientes en espera de un trasplante, para su supervivencia o la mejora
sustancial de su calidad de vida, y cuya regulación es necesario definir
y desarrollar en estos momentos.
El criterio de muerte cerebral estaba ligado a la tecnología disponible
en su momento, impidiendo en la actualidad la incorporación de nuevos
procedimeintos que son de probada eficacia y seguridad para realizar el
diagnóstico de muerte del donante. Los profesionales sanitarios hoy en
día poseen mayores conocimientos científicos y disponen de nuevos avances
tecnológicos con los que poder ayudarse para realizar el diagnóstico de
muerte encefálica con seguridad. Desde hace años, los especialistas
médicos utilizan pruebas confirmatorias de la muerte encefálica, tanto
neurofisiológica como de flujo cerebral, para proceder al diagnóstico de
su fallecimiento.
Por otra parte, la resolución de 27 de junio, por la que se desarrolla el
Reglamento de la Ley de trasplantes, responde a la organización sanitaria
y a la posibilidad de técnicas existentes en el momento de su
publicación. Esta situación se ha visto profundamente modificada con los
avances efectuados en el campo de los trasplantes de órganos y, sobre
todo, con la nueva organización sanitaria de nuestro país, articulada
alrededor del Sistema Nacional de Salud, creado mediante la Ley 14/1986,
de 25 de abril, y con el marco competencial sanitario que la Constitución
otorga a las comunidades autónomas.
En consecuencia, la normativa básica que regula la actividad
trasplantadora, así como la organización que permite soportar esta
actividad, precisa adecuarse a la realidad sanitaria actual, al tiempo
que se clarifican los niveles competenciales de las distintas
administraciones sanitarias para autorizar las actividades de obtención y
trasplante de órganos en cuanto afecta a los centros acreditados o
autorizados para este fin, así como los mecanismo de evaluación y
supervisión de las citadas actividades. En resumen, se hace necesario
adecuar y revisar, en su caso, la normativa vigente, procediendo a su
actualización y, si procede, a la incorporación de los nuevos adelantos
científicos, adaptando la estructura organizativa que soporta la
actividad de donación y trasplante de órganos a la realidad organizativa
de nuestro país, como antes dije.
De otra parte, la necesidad de órganos para trasplantes ha dado lugar a
que se inicien distintas experiencias e investigaciones dirigidas a poder
utilizar órganos procedentes de animales para su trasplante en humanos,
con lo que se abriría un nuevo campo, que inicialmente puede parecer
esperanzador, ya que podría dar solución a una importante demanda
asistencial. Sin embargo, tanto desde el punto de vista ético como desde
posiciones técnicas, los xenotrasplantes entrañan riesgos e
incertidumbres que no han sido suficientemente resueltos, lo que ha
llevado a que en determinados países, como el Reino Unido, se haya
prohibido esta actividad.
Resulta conveniente establecer un procedimiento que permita coordinar,
supervisar y evaluar las investigaciones y experiencias que sobre
xenotrasplantes se pueden efectuar en nuestro país, en coordinación con
las distintas administraciones sanitarias de las comunidades autónomas.
En este sentido, la Comisión de trasplantes del Consejo interterritorial
resulta ser un órgano idóneo en el que se pueden centrar estas
actividades, ya que permitiría aportar la labor de las comunidades
autónomas y el conocimiento y la experiencia adquiridos en la
coordinación de los temas relativos a trasplantes. A esta Comisión
podrían también incorporarse expertos en distintas materias, a fin de
analizar y evaluar la problemática de los trasplantes desde aspectos
éticos, sociales, biológicos y clínicos, entre otros.
Estos son, señorías, brevemente, los argumentos que tiene el Grupo
Popular para presentar esta proposición no de ley en la Comisión de
Sanidad y Consumo. Esperamos que los restantes grupos se sumen a la
misma, porque entendemos que abre un campo fructífero, con objeto de
coordinar, supervisar y evaluar las investigaciones y experiencias
relativas a los trasplantes, lo que puede dar lugar a una mejor capacidad
para los donantes que, en resumidas cuentas, son el objeto de la
proposición no de ley que presentamos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Después de la exposición de la proposición no
de ley que presenta el Grupo Popular, permítame la licencia, en nombre
del Grupo Socialista, de dar las gracias por el reconocimiento de que
también dejamos alguna herencia positiva. Los trasplantes constituyen un
tema importante, que se impulsó y que tiene el reconocimiento no sólo a
nivel nacional, sino a nivel internacional.
Respecto al motivo que hoy nos ocupa, hay que reconocer que desde hace
varios años diferentes centros sanitarios de distintos países,
fundamentalmente de Estados Unidos y el Reino Unido, están desarrollando
investigaciones encaminadas a realizar en un futuro trasplantes de
órganos de animales a hombres. Si bien las investigaciones inmunológicas
están muy avanzadas, la posibilidad de transmitir enfermedades virales de
animales a hombres con resultados desconocidos ha determinado una
importante ralentización de todo el proceso. Este importante riesgo ha
determinado que distintos organismos internacionales manifiesten su
preocupación al respecto. A principios de 1996, una comisión de expertos
que se crea en el Reino Unido, conocida como Comisión Kennedy, elaboró, a
primeros de 1997, 75 recomendaciones, que básicamente se pueden resumir
en que éticamente es correcto el uso de órganos de cerdos; no parece
adecuado el uso de simios por su parecido a los humanos; se acepta
trasplantar órganos de simios a cerdos a título experimental; se aceptan
las recomendaciones de los acuerdos de Helsinki con respecto a la
práctica de investigaciones con animales; y se muestra la preocupación
por la transmisión de virus de animales a hombres, con el riesgo de
aparición de nuevas y desconocidas enfermedades de pandemia posibles. El
estado actual de conocimientos no permite hacer esos xenotrasplantes
hasta que no se aclaren todos estos problemas, recomendando la
designación de una autoridad sanitaria que vigile, supervise y regule
todas estas experiencias investigadoras.
Ante este fundado temor, el Consejo de Europa ha considerado conveniente
solicitar un informe al respecto de cada uno de los países miembros, que
debe manifestarse
sobre la investigación básica y ensayos clínicos, el origen y cuidado de
los animales tras la utilización de los xenotrasplantes, los programas de
xenotrasplantes y la vigilancia, a largo plazo, de los receptores de los
xenotrasplantes y de los animales de los que se obtienen los órganos.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad solicitó a la Organización
Nacional de Trasplantes la elaboración de un informe al respecto. Como el
presidente de la Comisión de trasplantes del Consejo de Europa es el
doctor Matesanz, tengo entendido que va a proponer que el resto de los
países europeos siga la misma dinámica, es decir, que sean las
organizaciones nacionales de transplantes las que se encarguen del tema.
Hubo una última reunión de la Comisión de transplantes en el Consejo
interterritorial y se comenzaron a elaborar grupos de trabajo. Todo está
a expensas de la decisión parlamentaria que hoy se trae a su tramitación
en esta Comisión y que, por supuesto, el Grupo Socialista va a apoyar.
En cuanto a la actualización de la normativa sobre criterios de muerte
cerebral y donación en asistolia, tras lo expuesto por el proponente,
hemos de decir que la Organización Nacional de Trasplantes crea distintos
grupos de trabajo de expertos, tanto sanitarios como juristas, y que
existe en este momento el criterio unánime de que la coordinación
autonómica de trasplantes debe existir, atendiendo a las recomendaciones
que nos indiquen los expertos en esta materia.
Como miembros de esta Comisión, y en nombre del Grupo Socialista, hemos
de decir que, una vez recorrido un amplio camino en el tema de
trasplantes y teniendo el reconocimiento internacional del trabajo
realizado, vamos a colaborar en que se siga trabajando en esa línea,
porque parece que es la obligación que nos corresponde como
parlamentarios para que los técnicos puedan aportar sus criterios y
redunden en una mejor política en la donación y trasplante de los
órganos, en beneficio del mayor número de ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
El señor MAESTRO MARTIN: Con toda brevedad, voy a manifestar el apoyo del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a
la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que
consideramos pertinente, adecuada y útil, con el objetivo de continuar
una política de trasplantes, sobre todo en sus aspectos de organización y
de coordinación y que es uno de los ejemplos para otros países, al tiempo
que permite que los procesos de investigación y coordinación se lleven a
cabo con la suficiente seguridad y eficacia, sobre todo en lo relativo a
xenotrasplantes.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya manifiesta su apoyo a dicha proposición no de ley, que apoyará
con su voto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señorías, el Estado español es el país con más
alta tasa de donación de órganos y el número de donantes sigue en
aumento. Las previsiones para el presente año son de 1.080 donantes,
según la Organización Nacional de Trasplantes, y el año pasado 170.000
ciudadanos rellenaron las tarjeta para donar sus órganos. La sensibilidad
de la población sobre el tema debe ser correspondida, pues, por la
Comisión de Sanidad de esta Cámara.
La legislación vigente sobre transplantes de órganos, como ya se ha
citado, es la Ley 30/1979, del 27 de octubre, desarrollada en el Real
Decreto 426/1980, del 22 de febrero. No parece, sin embargo, que los
criterios de dicho ordenamiento sobre muerte cerebral se hayan quedado
absoletos, como se indica en la exposición de motivos, cosa que ya ha
rectificado el señor proponente de esta proposición no de ley. El
capítulo 2 de este real decreto hace referencia a la extracción de
órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos, y el concepto de muerte
cerebral, que se especifica y se describe en el artículo 10, es el que
viene siendo aceptado por los facultativos médicos. Sin embargo, nos
parece recomendable que se consideren los mismos avances técnicos y
científicos a este respecto.
Nuestro grupo está de acuerdo también en el articulado de esta ley para
garantizar que los ciudadanos y familiares del posible donante tengan
pleno conocimiento de la regulación sobre donación y extracción de
órganos con fines terapéuticos y científicos, y que dicha información
haga referencia a los principios de altruismo y solidaridad humanos y el
respeto absoluto de la libertad, intimidad, voluntad y creencias de
cualquier clase de los interesados.
La ONT (Organización Nacional de Transplantes) ha creado diversas
comisiones de trabajo, en las que participan las comunidades autónomas,
para proceder a la revisión o actualización, si fuera preciso, de la
actual normativa. Y el Consejo Interterritorial también se ha preocupado
por este tema.
Estamos de acuerdo, pues, en el espíritu del punto segundo de la
proposición no de ley.
En cuanto al punto primero, que hace referencia a los xenotrasplantes,
nuestra posición es de extrema cautela por la implicación moral y ética
que tiene el tema. Nuestra posición es seguir con las recomendaciones que
ya existen del Consejo de Europa y obrar con toda rigurosidad científica
y ética.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la
palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: El Grupo vasco también va a apoyar esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, quiero mostrar nuestro acuerdo respecto a la necesidad
de coordinar, supervisar y evaluar las investigaciones y experiencias que
sobre xenotransplantes se puedan efectuar en nuestro país, considerando
tanto los aspectos éticos de estas prácticas, como su utilidad sanitaria
y los posibles riesgos que para la salud individual y colectiva puedan
derivarse.
Quiero mostrar nuestro acuerdo respecto a la necesidad de la revisión y
actualización de la normativa reguladora de los transplantes y, en
concreto, en los aspectos relativos a los criterios de muerte cerebral y
donación en asistolia, siendo necesario también evaluar el consentimiento
presunto en cuanto a la donación. En este sentido cabe mencionar que ya
se están tomando medidas al respecto en el seno de la Comisión de
transplantes del Consejo Interterritorial y que en la última sesión de
dicha Comisión, celebrada el pasado mayo, se acordó la formación de una
comisión nacional de xenotransplantes, una de cuyas funciones es emitir
informes y posicionamientos oficiales en materia de xenotransplantes
desde todos los puntos de vista: técnico, científico, ético, legal y
administrativo.
En las tres últimas sesiones de la Comisión de transplantes se ha tratado
también el tema de la revisión, y en su caso posible actualización, de la
normativa reguladora de los transplantes, quedando expresamente
contemplados los aspectos relativos a la muerte cerebral, la donación en
asistolia y el consentimiento presunto. En esa reunión del 8 de mayo
pasado varias comisiones se han creado para que sigan trabajando en esta
materia. El objetivo fundamental de estas comisiones es diseñar un
borrador de proyecto de real decreto por el que se regulan las
actividades relativas al transplante de órganos humanos, que, según nos
informan estará disponible en breve período de tiempo, para después ser
examinado por profesionales sanitarios, juristas y la propia
Administración.
Por todo ello, nuestro grupo cree oportuno apoyar esta proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular, que cierra la propuesta que se está
haciendo en la Comisión Interterritorial.
--SOBRE ADAPTACION DE LAS FUNDACIONES «HOSPITAL MANACOR» Y «HOSPITAL
ALCORCON» A LAS PRESCRIPCIONES DE LA LEY SOBRE HABILITACION DE NUEVAS
FORMAS DE GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000475.)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de esta proposición no de ley,
pasamos a la siguiente, que es la proposición no de ley sobre adaptación
de las fundaciones hospital Manacor y hospital Alcorcón a las
prescripciones de la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión
del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Señoras y señores diputados, estamos, una
vez más, ante la consolidación y mejora de nuestro Sistema Nacional de
Salud, tema que venimos debatiendo prácticamente desde el inicio de esta
legislatura. El Grupo Parlamentario Socialista está empeñado en que se
consolide definitivamente el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, ha
intervenido de forma activa en todas las ocasiones en que ha tenido
oportunidad.
Estamos de acuerdo con el discurso formal del propio Ministro de Sanidad.
En su intervención ante la subcomisión creada para estudiar la
profundización y mejora del Sistema Nacional de Salud señalaba que es
necesario proponer avances que permitan preservar, a largo plazo, nuestro
sistema sanitario público, que constituye un factor importantísimo de
cohesión social. Asimismo, manifestaba que la asistencia sanitaria
pública, universal y financiada fundamentalmente por los impuestos, es
una conquista social ampliamente asumida por nuestra ciudadanía y
constituye un elemento de justicia distributiva y de cohesión social que
hay que preservar. Hablaba de los grandes retos de la subcomisión. En
relación con el tema que hoy nos ocupa, la gestión, señalaba algunos
elementos que me gustaría destacar, como la necesidad de una
modernización organizativa del sistema. Indicaba que era necesaria para
lograr su mejor adecuación a la realidad social, demográfica,
epidemiológica y económica del país, así como para alcanzar mayores
niveles en la eficiencia, calidad y equidad de los servicios sanitarios.
Como premisa básica, destacaba el Ministro el que se llevara a efecto la
separación de las funciones de financiación, compra y provisión de los
servicios. Finalmente indicaba, como otro gran elemento, que debe darse
respuesta a las crecientes demandas de participación que acompañan al
desarrollo económico, social y cultural. Se ha de posibilitar --decía el
Ministro-- que las decisiones de los ciudadanos tengan una incidencia
real en la asignación de recursos y articular la incorporación de grupos
sociales en los diferentes niveles de la organización asistencial.
Estos son algunos de los elementos que en el discurso formal manifiesta
el Gobierno y el partido que le sustenta, pero después nos encontramos
que en la práctica, en los hechos cotidianos, no hay consonancia con este
discurso formal. Así, nos hemos encontrado, por ejemplo, con el real
decreto-ley de nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la
Salud, cuyo espíritu, de forma solapada, está impregnado de una fuerte
doctrina neoliberal basada en estos criterios que hoy día se llevan de
eficiencia económica, que señala como otro gran elemento que la
competencia lo arregla todo y, por tanto, mejora la gestión. En
consecuencia, preveía la privatización de la asistencia sanitaria
pública, tanto por el traspaso de centros públicos a iniciativas privadas
con cambio de titularidad, como la privatización de la gestión mediante
fórmulas de gestión indirecta no previstas en la Ley General de Sanidad.
Fruto de este real decreto-ley es el tema que hoy nos trae aquí, los
estatutos de las fundaciones del hospital de Manacor y del hospital de
Alcorcón, así como la implantación en la Comunidad Valenciana de la
asistencia sanitaria en Alcira, que taxativamente señala el consejero que
se basa en el real decreto-ley. Manifestamos en su momento que este real
decreto-ley no estaba en consonancia con lo que se manifestaba, por lo
que se tramitó como proyecto de ley, proyecto de ley que al final se
aprobó con el consenso mayoritario de la Cámara y cuyo título incluso
cambió para pasar a denominarse: Nuevas formas de gestión
del Sistema Nacional de Salud, y no del Instituto Nacional de Salud. En
la ley se garantizaba explícitamente la titularidad públicas de las
entidades que debían prestar la asistencia sanitaria y se establecía
también que el Gobierno debía regular un marco general en el que se
señalaran las fórmulas jurídicas, los órganos de dirección y control, el
régimen de garantías de la prestación, la financiación, las
peculiaridades en materia de personal, etcétera.
Creemos que los estatutos de las fundaciones no se ajustan a esta ley,
precisamente porque fueron elaborados de acuerdo con el espíritu del real
decreto-ley, como he intentado señalar, fue modificado radical y
sustancialmente en su trámite como proyecto de ley. Nuestra proposición
no de ley pretende que se adapten estos estatutos a la nueva ley de
formas de gestión y que no tengan vigencia los actualmente aprobados en
el Consejo de Ministros.
El portavoz del Grupo Popular en el trámite final de discusión de la ley
decía textualmente: «Nosotros establecemos como gran novedad las
fundaciones. Si hay un leit motiv de este proyecto de ley, ése son las
fundaciones. Las fundaciones, dentro de lo que podrían ser entes
públicos, igual que otros, son el meollo de este proyecto.»
A nosotros no nos gustan demasiado las fundaciones. No creemos que sea un
sistema idóneo para la gestión sanitaria, aunque sí para otras funciones,
pero tampoco hacemos cuestión de este tema. Unicamente deseo señalar que
no es una novedad ni algo muy reciente la existencia de fundaciones en el
campo sanitario. Desde la época medieval hay fundaciones que realizan
asistencia sanitaria, como, por ejemplo, la fundación del hospital de la
Santa Cruz y San Pablo y otras de gran tradición, que han ido
adaptándose, porque se ha visto que estas fundaciones, creadas en su
momento, no reúnen actualmente todas las condiciones. Si ésta es la
voluntad del Partido Popular y del Gobierno, nosotros no nos opondremos
frontalmente a que sean fundaciones, pero queremos que reúnan los
requisitos que marca la ley.
Lo que intentamos en esta proposición no de ley es emplazar al Gobierno a
que, tanto desde un punto de vista técnico jurídico como de política
sanitaria, establezca el marco general en el que deben desenvolverse
estas entidades de titularidad pública y, especialmente, las fundaciones,
señalando cuáles son algunos de los elementos útiles en este marco
general. Si, como decía el Ministro de Sanidad, es necesario separar
claramente la financiación, de la compra y la provisión de servicios,
entendemos que esto debería reflejarse en ese marco general para no crear
confusiones. Uno de los elementos que queda difuso en los estatutos
actualmente aprobados por el Consejo de Ministros es la presidencia de
los patronatos de las fundaciones, por cuanto el máximo responsable
político es el Insalud y, por tanto, difícilmente se puede prever esta
separación.
Asimismo, de acuerdo con lo que señala el Ministro en su comparecencia
ante la subcomisión, en el patronato debe darse entrada a representantes
de las administraciones territoriales, de las organizaciones sociales y
de los usuarios, para que los ciudadanos tengan una incidencia real y los
grupos sociales se incorporen en los diferentes niveles de la
organización asistencial.
Otro tema que debe regularse claramente es el relativo al personal, dado
que la experiencia que hay en este momento, que ha puesto en marcha la
fundación hospital de Alcorcón, no reúne las características que debe
tener una fundación pública, que deben basarse fundamentalmente en la
contratación de personal con contratos de tiempo indefinido, que se
garantice la concurrencia, el mérito y la publicidad, y que haya un
control de los órganos de dirección y gestión y una transparencia máxima
en la contratación y en la participación social. Finalmente, en este
marco general debería recogerse la necesidad de que estas nuevas formas
de gestión tengan una publicidad de sus indicadores de calidad, de las
auditorías financieras y de actividad asistencial que anualmente deben
realizarse, para que así la población pueda desarrollar todos sus
elementos.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
esta proposición no de ley para instar al Gobierno a que adapte los
estatutos a la nueva ley que aprobó este Parlamento y que garantice
precisamente la titularidad pública, las garantías del servicio público.
Concluyendo ya, este grupo parlamentario solicita del Gobierno que
presente, en un plazo determinado, un marco general, donde deban
inscribirse todas estas nuevas formas de gestión y los estatutos
adaptados. También nos gustaría que el Gobierno expresara claramente que
la concesión administrativa del hospital de Alcira no se ajusta al
espíritu y a la letra de la ley de nuevas formas de gestión, dado que se
elaboró el concurso y la adjudicación en base al real decreto-ley que,
como he señalado anteriormente, tenía unos principios totalmente
distintos a los que inspiran la actual ley.
Estas serían nuestras conclusiones y pediríamos el voto favorable de los
demás grupos de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: El Grupo Parlamentario Popular tiene la
absoluta seguridad de que los estatutos de las fundaciones Manacor y
Alcorcón se adecuan en su espíritu y en su letra, como decía el señor
Corominas, a la Ley de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud.
Este simple hecho nos llevaría, en cualquier caso, a votar negativamente
el texto de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista por considerarla innecesaria, a nuestro juicio. Sin embargo,
este grupo parlamentario quiere evidenciar una vez más su voluntad de
diálogo, su permanente labor de diálogo en un intento de conseguir
acuerdos, en un intento de conseguir pactos en una materia tan importante
como es la consolidación y la modernización del Sistema Nacional de
Salud.
El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno al que sustenta, quieren
también hoy hacer un nuevo gesto de búsqueda del consenso. Queremos una
vez más dejar meridianamente claro que existe por nuestra parte una firme
voluntad de diálogo permanente y no de confrontación, de
que hay margen suficiente en este país para el acuerdo y que no hay
motivos para la ruptura. Con este gesto, que también hoy hacemos, como
con los múltiples que hemos realizado a lo largo de los últimos meses,
queremos hacer una nueva llamada a la responsabilidad y a la necesidad de
avanzar juntos en los objetivos de mejora de nuestra sanidad para los que
la subcomisión consideramos que es un ámbito esencial. Queremos tener, en
definitiva, un argumento más para cargarnos de razón, para cargarnos de
legitimidad, para avanzar en los objetivos que a todos nos inspiran en
esta materia, y queremos pedir la misma voluntad y la misma
responsabilidad a todos los grupos.
Por todas estas razones hemos presentado hoy una enmienda transaccional
al texto para poderlo votar afirmativamente. Tengo que resaltar que el
Gobierno está trabajando activamente en la ultimación del reglamento que
desarrolla la ejecución de la ley de nuevas fórmulas de gestión del
Sistema Nacional de Salud, un reglamento que va a permitir en cualquier
caso desarrollar la ley y avanzar en los aspectos más concretos de su
articulado. Una ley que aprobamos el pasado 10 de abril en esta Cámara y
que exige la reglamentación de los elementos fundamentales de las nuevas
fórmulas de gestión mediante un real decreto, lo que quiere decir que a
partir de la entrada en vigor de la citada ley no pueden crearse nuevas
fórmulas de gestión en este país sin que exista la norma reglamentaria
para ello.
Por este motivo, el texto de la enmienda insta al Gobierno a que se
adopten las medidas necesarias para que los estatutos de las fundaciones
adapten sus prescripciones, en su caso, al reglamento que desarrolla la
ley. Repito, no porque consideremos que los estatutos contradigan la ley
aprobada, que estamos seguros de que no --es más, el hecho simple de que
el Consejo de Ministros aprobase la constitución y aprobase los estatutos
de ambas fundaciones pone claramente de manifiesto el interés de este
Gobierno en otorgar la máxima seguridad jurídica a dicha decisión--,
sino, como digo, porque no falte por nuestra parte el intento de
apaciguar los ánimos, el intento de buscar permanentemente el diálogo y
de buscar puntos de aproximación y no de separación.
Señor Presidente, señorías, quiero aprovechar la intervención para
subrayar que estas dos fundaciones, la fundación Alcorcón y la fundación
Manacor, son las primeras actuaciones encaminadas a dotar a los centros
asistenciales públicos de autonomía de gestión. Una iniciativa con el
objeto de incrementar la motivación, con el objeto de incrementar la
participación de los profesionales, la satisfacción también de los
usuarios y los niveles de calidad dentro de un marco de eficiencia, y lo
subrayo porque en el último barómetro sanitario del mes de marzo el 70
por ciento de los españoles cree necesaria la autonomía de los centros y
estas fundaciones son un buen instrumento para conseguir esa autonomía. Y
ya que hablamos de estadísticas, también el 80 por ciento de los
ciudadanos de este país está de acuerdo en que la ponencia discuta y
llegue a proponer soluciones por consenso entre todos los partidos
políticos, tal y como ha sucedido previamente con el Pacto de Toledo.
Las leyes del Estado español, señorías, presentan una serie de
alternativas para poder dotar a una organización de derechos y de
obligaciones, para que, dependiendo del fin de la misma, pueda
desarrollar sus funciones y alcanzar sus objetivos. La elección del tipo
de personalidad jurídica a adoptar estará siempre en función de la
misión, de los fines y también de los objetivos de la organización. Las
fundaciones, señorías, como personalidad jurídica, tienen unos fines que
se adaptan de forma nítida, de forma clara, a la misión de un hospital
público, es decir, a la provisión pública y eficiente de servicios sin
ánimo de lucro. Otros instrumentos, como los consorcios, tienen una
naturaleza distinta, en la medida que necesitan de un ámbito
interinstitucional. Por otra parte, las sociedades anónimas públicas, que
el Partido Socialista ha puesto en marcha en algunas comunidades
autónomas como Andalucía, tienen, a mi juicio, dos características
fundamentales: en primer lugar, son sociedades que tienen ánimo de lucro,
frente a las fundaciones, que no lo tienen, y en segundo lugar, tienen
una total posibilidad de privatización mediante la venta de sus acciones,
frente a la imposibilidad de privatización de las fundaciones, ya que su
capital no se agrupa en acciones y su patrimonio está ligado de forma
permanente al cumplimiento de los fines fundacionales.
El marco legal de las fundaciones, señorías, amén de la conocida Ley
30/1994, de fundaciones, está consagrado en el artículo 34 de la
Constitución española, que subraya el derecho de fundación como derecho
subjetivo público, y en el artículo 35 del Código Civil, que incluye
entre las personas jurídicas a las fundaciones de interés público
reconocidas por la ley.
Pero no sólo tienen, señorías, la fundaciones un marco legal sólido, es
que además presentan características que las hacen óptimas para el
desarrollo de la función sanitaria. Ya hemos dicho que son organizaciones
sin ánimo de lucro, de titularidad pública y que tienen afectado de modo
duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general.
Su máximo órgano de gobierno está presidido por el máximo responsable del
Insalud, para garantizar el cumplimiento de sus fines y su máxima
transparencia. Su presupuesto se remite al Ministerio de Economía y
Hacienda a través del Insalud para su integración en los Presupuestos
Generales del Estado, pero no de forma global en el programa de atención
especializada, como el resto de los hospitales de la red pública, sino en
un anexo al presupuesto, que hace más claro, que hace más transparente y
facilita su control.
Señorías, están sometidas las fundaciones al Plan General de Contabilidad
Pública y al control financiero de la Intervención General de la
Seguridad Social. Estas fundaciones en definitiva, están exentas --y ésta
es una de sus características más importantes-- del Impuesto municipal de
Bienes Inmuebles, según el artículo 58.1 de la Ley 30/1994, de
fundaciones, y exentas también del Impuesto de Actividades Económicas.
Son fundaciones en las que el Impuesto de Sociedades y los incrementos de
patrimonio también están exentos respecto de los resultados que obtengan
del ejercicio de la actividad que constituye su objeto
social. Y en el caso de los rendimientos y de los incrementos de
patrimonio que resulten, amén de los que cumplen los objetos de las
fundaciones, tributan en este caso únicamente al tipo del 10 por ciento,
frente al 35 por ciento de otras organizaciones, pudiéndose, en cualquier
caso, aplicar las deducciones y las modificaciones que establece la
normativa vigente del Impuesto de Sociedades.
Por otra parte, señorías, incentivan la inversión --y ésta es otra de las
características esenciales-- de terceros a través de donaciones, a través
de legados, a través de herencias, ya que éstas pueden desgravarse en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto de
Sociedades en función de la cuantía de su aportación.
Estas fundaciones, señorías, van a poder conseguir mejores precios en los
suministros, ya que van a poder pagar directamente a los proveedores y no
a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, que evidencia
enormes retrasos en los últimos años; van a poder realizar amortizaciones
en su cuenta de resultados, lo que las va a permitir tener excedentes
para poderlos reinvertir en el mantenimiento, en la modernización
permanente del hospital. Las fundaciones son, en definitiva, señorías,
instituciones con vocación de servicio público, que van a dotar a nuestra
sanidad de una mayor flexibilidad, lo que va a permitir satisfacer las
necesidades de crecimiento profesional del personal de las mismas y que
van a permitir recoger, mucho mejor de lo que se hace en estos momentos,
las variaciones de la demanda y las necesidades de los ciudadanos.
Y termino, señorías, reiterando una vez más la voluntad de diálogo del
Grupo Parlamentario Popular para conseguir un acuerdo de base para la
consolidación, para la modernización de nuestro Sistema Nacional de
Salud. Por este motivo hemos querido presentar esta enmienda
transaccional, porque no queremos votar la iniciativa negativamente y
porque, al no estar finalizado el reglamento de la ley, no es posible en
este momento modificar los estatutos de las fundaciones, ya que tiene que
continuar la labor asistencial, en el caso de la Fundación Hospital de
Manacor, y las de montaje y apertura, en el caso de la Fundación Hospital
de Alcorcón. Una vez cumplimentados todos los pasos necesarios, y sobre
todo aprobado el citado reglamento, se ponderará la necesidad de adaptar
a lo indicado en el mismo los estatutos de las fundaciones existentes.
Por tanto, señorías, y recogiendo el espíritu de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, sometemos a la consideración de la Comisión la
citada enmienda.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de la aceptación o denegación de la
enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Espero de la benevolencia del señor
Presidente que me autorice, aparte de aceptar o no la enmienda, señalar
algunas cuestiones, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha
entrado en un debate que es muy interesante, pero que se aparta un poco
de lo que hacíamos, y creo que es necesario puntualizar algunas
cuestiones.
Si alguien ha dado muestras de querer el consenso en el tema sanitario me
parece que ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Ha dado pruebas
reiteradas de esta necesidad. Consenso significa buena voluntad por todas
las partes, que se apacigüen los ánimos, que haya aproximación y que se
intenten ver los puntos básicos de acuerdo.
Nosotros tenemos un norte que nos guía y del cual no nos vamos a mover,
que es el de la sanidad como un derecho subjetivo de los ciudadanos que
hay que garantizar a través de la financiación pública y del sistema
público. Por tanto, éste ha sido, repito, nuestro norte en las
intervenciones. Las manifestaciones del propio Ministro de Sanidad las
compartimos al cien por cien, pero no los hechos que van paralelos y que
han supuesto en muchas ocasiones dificultades para llegar al consenso. Es
difícil avanzar en el consenso cuando se predica una cosa y se da otro
trigo distinto del que se predica. Esto es lo que intentaba manifestar.
Los estatutos, el real decreto ley, el tema de Alcira, etcétera, son
elementos contrarios, precisamente, al tema que nos preocupa a todos y en
el que manifiesta el Grupo Popular reiteradamente que está de acuerdo.
Nosotros estamos para el consenso, pero insisto en que el consenso
significa buena voluntad por todas las partes, y me extraña este
ofrecimiento que nos manifestaba el señor Echániz hace un momento, cuando
afirma que los estatutos de las fundaciones no contradicen la ley. La
contradicen radicalmente. Y los principios que el Partido Popular y otros
grupos parlamentarios y expertos han defendido, como la separación entre
la provisión, la financiación y la gestión de los servicios, con el
patronato que se ha establecido en los estatutos difícilmente se puede
hacer, porque se dice: «El patronato se compone de un mínimo de cinco y
de un máximo de siete miembros, en el que el presidente sea el Presidente
Ejecutivo del Insalud, y los vocales, que serán como máximo seis, serán
seis personas nombradas y separadas libremente por el Presidente
Ejecutivo del Insalud.» Si esto es la separación de la provisión, de la
planificación y de la compra, etcétera, difícilmente se puede establecer.
Por tanto, yo agradezco este espíritu de consenso, pero debo decirle que
no estamos en absoluto crispados, ni estamos en absoluto incómodos, lo
que sí estamos es defendiendo el tema.
También querría aclararle al portavoz del Grupo Popular, y ya lo hemos
señalado reiteradas veces, que en Andalucía no se han creado sociedades
anónimas, lo hemos dicho multitud de veces y lo voy a decir otra vez, se
han creado entes públicos, que es otra cuestión. Por tanto, yo les
pediría que se aprendieran ya de una vez por todas este tema.
Debo reiterarles, y lo he intentado explicar suavemente, que a nosotros
particularmente no nos gustan las fundaciones, pero no vamos a hacer
cuestión de este tema. Si el Partido Popular cree, como ha manifestado su
portavoz, el señor Echániz, que las fundaciones son un buen instrumento
para la gestión, pues allá el Partido Popular. Lo que sí querría decirle,
señor Echániz, es que algunas de las ventajas que usted señalaba de las
fundaciones me gustaría corregirlas. Primero, si se hacen fundaciones
para no pagar impuestos,
me parece que es un mal ejemplo para toda la sociedad civil. Segundo, si
se hacen fundaciones para que la asistencia sanitaria de los ciudadanos
españoles se financie a través de la beneficencia, se financie a través
de la caridad, se financie a través de las herencias, etcétera, mal
asunto. La asistencia sanitaria me parece que ustedes y nosotros estamos
de acuerdo en que debe ser financiada públicamente.
Nosotros pensamos que las fundaciones deben ser para otras cosas, por
ejemplo, como están haciendo los grandes centros hospitalarios en este
país, que están creando fundaciones para la investigación y para la
docencia. En este sentido sí creemos en la fundaciones y la colaboración
de la sociedad civil en estos campos. Pero lo que es la asistencia
sanitaria es un derecho subjetivo de todo ciudadano que debe cubrirse
fundamentalmente, como ha dicho el propio Ministro en su comparecencia, a
través de los presupuestos públicos, de los Presupuestos Generales del
Estado.
En aras también del consenso nosotros estamos de acuerdo en aceptar la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular con una pequeña matización.
Primero, en nuestra proposición no de ley haría una corrección técnica en
el sentido de que se hablaba de que los estatutos de las fundaciones
Hospital de Manacor y Hospital de Alcorcón se habían elaborado de acuerdo
con el real decreto ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión
del Instituto Nacional de la Salud, y decía: «Adapten sus prescripciones
a la ley del mismo título.» No es la ley del mismo título, sino la Ley de
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
La otra modificación es una corrección a la enmienda transaccional. La
enmienda del Grupo Parlamentario Popular sería idéntica, salvo un pequeño
añadido; «Prescripciones a la ley sobre nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud, una vez entre en vigor el reglamento de
ejecución de la citada ley. Dicho reglamento deberá estar aprobado antes
del 1 de septiembre de 1997.» Con este añadido, el Grupo Parlamentario
Socialista apoyaría la enmienda.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de la aprobación, la aceptación o no
de la propuesta que hace el señor Corominas, tiene la palabra el señor
Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: No es la intención de este portavoz entrar en
polémica, pero yo creo que el señor Corominas no me ha entendido bien. Yo
decía que además de las ventajas que he puesto de manifiesto, las
entidades llamadas fundaciones tienen menores gravámenes fiscales, y es
un elemento positivo que refuerza el hecho de que hayamos elegido este
tipo de organismo o de entidad para la gestión de los hospitales
públicos.
Quería manifestar claramente que este tipo de fundaciones se han hecho al
amparo de una ley, que es la Ley de Fundaciones, la Ley 30/1994, que fue
aprobada por el Grupo Socialista en esta Cámara, y, por tanto, que
obedece fundamentalmente a los criterios de una legislación promovida por
su grupo. Desde luego, la están poniendo en marcha en varios sitios donde
ustedes conservan el Gobierno. Hace pocos meses precisamente ha sido en
Andalucía donde se ha creado una fundación que reúne a tres sociedades
anónimas públicas, como son el Hospital Costa del Sol, la Escuela
Andaluza de Salud Pública y la Entidad de Emergencias Sanitarias. Además,
se están anunciando en estos momentos, hoy mismo lo dice algún periódico
sanitario, la creación de nuevas sociedades públicas anónimas, como
pueden ser el Hospital de Poniente, en Almería; el Hospital de Andújar,
en Jaén; la Agencia de Valoración de las Tecnologías Sanitarias de
Andalucía o el Banco de Sangre de Andalucía. Y esto no lo digo yo, lo
dice su propio Consejero en la Comunidad Autónoma andaluza, que cuando
pasó por la Subcomisión creada en esta Cámara puso de manifiesto cosas
como que en cualquier caso todos los centros hospitalarios de nueva
apertura deberían abrirse bajo fórmulas de gestión pública, pero
sometidos a un régimen de gestión empresarial, Derecho mercantil laboral,
personalidad jurídica propia. Según cada caso, las fórmulas pueden ser
diversas: empresas públicas para nuevos hospitales; sociedades anónimas
públicas en casos en que la actividad mercantil externa sea muy
importante
--agencias de tecnología, por ejemplo--; fundaciones en aquellos
casos en que la sociedad civil interviene con carácter altruista;
consorcios en caso de concurrencia de intereses y responsabilidades entre
diferentes administraciones públicas, etcétera, pero garantizando siempre
el control y la predominancia del interés público general en la gestión
de las mismas, que es lo que ocurre con estas fundaciones, señor
Corominas.
Quisiera terminar diciendo que el hecho de que el contrato inicial a los
profesionales de las fundaciones sea por seis meses es algo habitual; el
período de prueba es algo habitual en cualquier tipo de contratación en
el ámbito privado. Desde luego, es evidente que a continuación de esos
seis meses los contratos laborales serán fijos, y esto es habitual, como
digo, en este sector. Lo que no es tan normal, y hay que ponerlo de
manifiesto claramente, es que se haya dado una de las mejores, a mi
juicio, garantías de acceso, lo que demuestra la seguridad de que van a
funcionar satisfactoriamente estas fundaciones, y es que se reserva la
plaza durante tres años a aquellas personas que estén en estos momentos
ocupando un puesto de trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo
que ésa es una garantía necesaria y suficiente, que evidencia la voluntad
de trabajo de estas fundaciones.
Cuando usted dice que puede existir cierta contradicción en el hecho de
que por un lado se intente poner de manifiesto la necesidad de una
separación de las funciones de compra, de provisión y de financiación
dentro de nuestro sistema y, por otra, la presidencia de los patronatos
de las fundaciones esté referida a la presidencia del Insalud, tengo que
decirle que eso no obstaculiza en ningún caso la separación de funciones.
Es evidente que con estas dos fundaciones se han puesto en marcha nuevas
fórmulas para la gestión de los hospitales, que necesitan, en los
primeros pasos, una lógica tutela inicial, y ustedes fueron quienes en un
primer momento nos dijeron que la creación de estas fundaciones suponían
privatizar la sanidad. Gracias a Dios
ya no lo dicen. Yo creo que es importante que no lo digan. A nosotros nos
pareció en aquel momento, precisamente por sus argumentaciones, que era
bueno poner al frente de estas fundaciones al que era el máximo
responsable de la sanidad pública, del Insalud, precisamente para que su
argumentación no tuviera elementos de peso, y eso es lo que figura en los
estatutos de estas fundaciones. En este momento hacen la crítica
contraria, y dicen que por qué el presidente de las fundaciones es la
máxima autoridad pública en el propio Instituto Nacional de Salud. Yo
quiero decirle, en primer lugar, señor Corominas, con todo aprecio y todo
respeto, que para el trámite de la constitución de las fundaciones ante
notario se exigía la presentación de unos vocales desde el principio, y
al ser precisamente promovida por el Insalud parecía razonable que fueran
altos cargos del Insalud los que formasen, en una primera instancia, ese
patronato. En segundo lugar, que es el Estado en este momento el que
designa a los representantes de los consejos de administración de las
empresas públicas, y ustedes lo han hecho durante los muchos años en los
que ostentaron la responsabilidad de Gobierno, y no sólo no pusieron
pegas, sino que de alguna forma hicieron uso de esta potestad.
Para acabar quisiera poner de manifiesto que en estos actuales estatutos
se definen los órganos de gobierno de las fundaciones hasta el nivel de
gerente. Y desde luego tiene que ser ese gerente el encargado de proponer
al patronato ulteriormente el reglamento de régimen interior, que
incluirá distintos órganos de participación sindical y comunitaria en
forma de comisiones.
Quiero terminar mis palabras aceptando la modificación a la enmienda que
nosotros presentamos y reiterando nuestra permanente voluntad de diálogo,
no sólo en esta iniciativa parlamentaria sino en todas aquellas que
tengan el objetivo de mejorar nuestro sistema sanitario, y especialmente
en la Subcomisión creada en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos de deseen fijar posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Intervengo para fijar posición en nombre de mi
grupo parlamentario en relación con la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista.
Quiero plantear que nosotros compartimos la preocupación del Grupo
Parlamentario Socialista acerca del contenido de los estatutos de las
fundaciones de Alcorcón y Manacor. Evidentemente, no puede calificarse
sino de aberración jurídica el hecho de que la constitución de una
fundación para la administración, para la gestión de un hospital
construido con recursos propios del Insalud, que se administrará a través
de los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, constituido para
dar la atención sanitaria a la que está obligada la Administración en
áreas sanitarias bien concretas, se diga, en el artículo 1.3 de los
estatutos que el ámbito de su actuación se extiende a todo el Estado
español, aun cuando en su punto 4 afirma que cuando se produzca la
transferencia del Insalud a la comunidad autónoma, por arte de magia la
fundación pasa a ser de competencia autonómica.
El artículo 5 incluye, en el objeto de la fundación, la prestación y
gestión directa o indirecta de recursos y servicios sanitarios,
sometiéndose únicamente a los criterios de planificación y coordinación y
a las directrices de carácter general del Insalud y del Ministerio de
Sanidad y Consumo. No se habla para nada ni de concierto ni de convenio.
En el artículo 7 se dice que la población objeto de la fundación será el
colectivo indeterminado que demande asistencia sanitaria, no en el ámbito
del área sanitaria correspondiente al del hospital, sino en el conjunto
del Estado español. Se dispone que el patronato está formado por el
presidente --ese señor que es el Presidente Ejecutivo del Insalud, señor
Echániz-- y ocho vocales designados y separados libremente por el
Presidente Ejecutivo del Insalud. Es decir, hoy son los que son y
evidentemente mañana, a juicio del señor Presidente Ejecutivo del
Insalud, será aquel que ese señor designe. Dejándonos en la ignorancia de
qué pasará si el presidente, que es una persona física, deja de ser
Presidente del Insalud; quién será el presidente de la fundación.
Se dice, en su artículo 11, que entre las funciones del patronato de la
fundación está la posibilidad de encomendar a entidades aspectos
concretos de la gestión, sin determinar nada más.
En su artículo 18 se incluye, entre los recursos económicos, señores del
Partido Popular, los ingresos procedentes de la facturación de sus
servicios. ¿Qué servicios piensan ustedes facturar y qué servicios
piensan ustedes cobrar? ¿Con estructuras públicas, con presupuestos
públicos, que además van a incorporarse a los ingresos de la fundación?
Y termina, en el artículo 18.2, diciendo que el presupuesto de la
fundación se integra en los Presupuestos Generales del Estado. Yo,
señorías, jamás he visto aberración jurídica de dimensiones tales como
las de los estatutos de estas fundaciones.
No obstante, quiero decir que el voto del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a ser de abstención, porque
nosotros no creemos que la enmienda de los estatutos resuelva el problema
de fondo, que a juicio de nuestro grupo parlamentario alcanza el nivel de
fraude de ley y de fraude de Constitución.
Nosotros pensamos, señor Echániz, que el hecho de que las fundaciones se
creen el amparo de la Ley 30/1994, que, le recuerdo, recibe el nombre de
Ley para la Incentivación de la Iniciativa Privada --es decir, que las
fundaciones se incluyen en el ámbito estricto del Derecho privado--,
pueda resolver el problema de fondo, que, insisto, es un fraude de la Ley
General de Sanidad y fraude de la Constitución española, con la creación
de fundaciones.
Como los estatutos simplemente suponen el marco de funcionamiento de las
fundaciones, el breve plazo en el cual están desarrollando sus
actividades es simplemente una expresión de a qué niveles se puede llegar
cuando se utiliza el fraude, la creación de elementos perversos desde
el punto de vista jurídico para la gestión de servicios sanitarios
públicos.
La empresa privada que está llevando a cabo la selección del personal de
los futuros hospitales evidentemente nadie sabe cómo está regulando el
derecho a la igualdad de acceso de los ciudadanos, es decir, a los
puestos de trabajo en instituciones públicas; nadie sabe con qué
criterios de capacidad y mérito está obrando esa empresa privada a la
cual se ha adjudicado la selección de personal. Sin embargo, sí que se
sabe que utilizando un subterfugio de llamar selección para empleo
público lo que es simplemente selección para empleo privado, sí se están
cobrando 2.300 pesetas a los cientos de miles de ciudadanos que han
presentado solicitudes para cubrir las 756 plazas de la fundación de
Alcorcón, lo que va a suponer cantidades tan importantes como cientos de
millones de pesetas, ¿para quién?, ¿para la fundación?, ¿para la empresa
privada que realiza la selección?, ¿para los miembros del patronato de la
fundación?
Señorías, yo hago aquí un llamamiento al Grupo Parlamentario Socialista,
que ha expresado sus preocupaciones acerca de lo que puede suponer la
fundación, preocupaciones que a mi juicio no pueden sino verse
acrecentadas tras las respuestas del portavoz del Partido Popular, para
que entienda que el consenso político no puede estar por encima de la
defensa de intereses y de derechos ciudadanos, del alcance del derecho a
recibir un servicio sanitario en condiciones de calidad, en condiciones
de equidad y, como dice la Constitución española, con competencia
estricta del Estado en su organización y gestión.
Finalmente, quiero señalar que la referencia a la exención fiscal de la
que gozan las fundaciones, que el señor Echániz ha exhibido como un
argumento positivo, si recuerdan SS. SS., es un argumento que fue
señalado por el profesor Menéndez Rexach, catedrático de Derecho
Administrativo que compareció en la Subcomisión de tristes andanzas a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, y puso como ejemplo que la
exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, del que gozarán las
fundaciones por la radicación de los hospitales que gestionarán, frente a
otros hospitales del Insalud que no están exentos del pago de ese
Impuesto de Bienes Inmuebles, era simplemente la demostración palpable de
cómo se estaba utilizando una institución jurídica privada, como es la
fundación, en el ámbito de la provisión de un servicio público y, por
tanto, la absoluta incapacidad para utilizar semejantes subterfugios, que
no son ni más ni menos que instrumentos a corto plazo de un proyecto
mucho más a largo plazo, que es el de la privatización de la Sanidad
pública. (El señor Echániz Salgado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita la palabra, señor Echániz?
El señor ECHANIZ SALGADO: Sencillamente para intentar dar satisfacción a
una de las preguntas que ha puesto sobre la mesa la señora Maestro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por un minuto.
El señor ECHANIZ SALGADO: La señora Maestro ha puesto sobre la mesa que
en concepto de las tasas se estaban cobrando 2.200 pesetas por persona, y
yo quiero dejar meridianamente claro que las tasas que se cobran en la
Administración pública por la oferta pública de empleo son de 2.500
pesetas por solicitud. En esta ocasión se ha rebajado a 2.200.
Tengo que decir también que la empresa adjudicataria se hace cargo, en
primer lugar, del alquiler del local en Ifema, un local climatizado donde
hacer las pruebas; en segundo lugar, del aparcamiento, de la vigilancia
del aparcamiento, de la asistencia sanitaria de las personas que
concurren, de los formularios y de la distribución de los mismos. En
definitiva, se trataba de gestionar el proceso sin coste para la
fundación y desde luego de intentar autofinanciar la selección. Pero
quiero dejar meridianamente claro que la propia Administración del Estado
cobra 2.500 pesetas cuando la selección se hace a través de la oferta
pública de empleo. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, no debemos reabrir el debate.
La señora MAESTRO MARTIN: Entiendo que el señor Echániz ha utilizado
fraudulentamente el reglamento, porque yo no he hecho ninguna pregunta;
he hecho una afirmación. Lo que ha hecho el señor Echániz es reabrir un
debate que evidentemente es muy sustancioso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por un minuto también, la señora
Maestro. Pero le ruego no vuelva a reabrir el debate, sino que se centre
específicamente en la contestación que ha hecho el señor Echániz.
La señora MAESTRO MARTIN: Insisto en que lo que he hecho es denunciar el
carácter fraudulento --fraudulento, insisto en las palabras-- de delito
contra la buena fe de los ciudadanos. Es una oferta privada de empleo y
se ha utilizado el nombre de una fundación que va a gestionar un servicio
público, con presupuestos públicos y sobre infraestructuras públicas.
Precisamente la idea que tienen los ciudadanos del pago de derechos de
examen es para acceder a oposiciones en la Administración, y éste es un
proceso que no tiene nada que ver con concurso-oposición ni con derechos
de exámenes en el procedimiento, pero se cobra, eso sí, haciéndole una
rebaja. Esto no es público, sino que es privado, y está haciéndolo una
empresa privada sin criterio ninguno de capacidad y mérito, ni de
transparencia, ni de igualdad en los derechos, y no concurren ninguno de
los requisitos por los cuales la Administración cobra 2.500 pesetas, pero
se hace una rebaja de doscientas pesetas en los derechos de examen.
A mí me parece que esto está rozando ya lo incalificable y lo
intolerable, tanto desde el punto de vista jurídico como político.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de las tres proposiciones no de
ley, pasamos a la votación.
En primer lugar, sometemos a votación la proposición no de ley sobre
medidas para el cumplimiento de las propuestas de la parte tercera del
informe elaborado en la V Legislatura por la Ponencia especial en
relación con el síndrome del aceite tóxico, en los términos resultantes
de la aprobación por parte del grupo proponente de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la segunda proposición no de ley, sobre política de
trasplantes de órganos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley sobre
adaptación de las Fundaciones Hospital Manacor y Hospital Alcorcón a las
prescripciones de la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión
del Sistema Nacional de Salud, en los términos resultantes de la
aprobación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de la enmienda
efectuada por el Grupo Parlamentario Popular y también por la aceptación
del Grupo Parlamentario Popular de la corrección a que ha hecho mención
el señor Corominas, ponente de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
PREGUNTAS:
--DE LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA EJECUTAR EL CONTENIDO
DE LA PROPOSICION NO DE LEY RELATIVA A LA INTEGRACION DEL HOSPITAL SANTOS
REYES DE ARANDA DE DUERO (BURGOS), APROBADA POR LA COMISION DE SANIDAD Y
CONSUMO EL DIA 30-10-1996. (Número de expediente 181/000570.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
contestación a las siguientes preguntas, para lo cual solicito la
comparecencia del Secretario General de Asistencia Sanitaria, señor Núñez
Feijoo.
Primera pregunta: medidas para ejecutar el contenido de la proposición no
de ley relativa a la integración del hospital Santos Reyes de Aranda de
Duero (Burgos), aprobada por la Comisión de Sanidad y Consumo el día 30
del 10 de 1996.
Para efectuar la pregunta, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor Secretario, por su
presencia en la Comisión.
El objeto de esta pregunta, como es evidente, es saber qué pasó de una
proposición no de ley, cuya pertinencia quedó ampliamente demostrada y
respaldada por los grupos parlamentarios en el mes de diciembre, acerca
de algo que se venía reclamando y que parecía una obviedad. Me refiero a
que desde 1976 el hospital Santos Reyes de Aranda de Duero venía
prestando asistencia sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad Social
de la comarca, ya que no existía ningún otro en la zona que prestara
dicha asistencia sanitaria. Por ello existía un convenio entre el Insalud
y la fundación en 1994 que recogía en sus estipulaciones la adaptación
del centro a los términos del Real Decreto 521/1987 y la correspondiente
integración de personal. En la citada proposición no de ley se solicitaba
que se adoptaran las medidas necesarias para la inmediata integración
plena en el Insalud de dicho hospital y del personal de la Fundación del
hospital de los Santos Reyes de Aranda de Duero.
Como portavoz del grupo proponente, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, acepté una enmienda del Grupo
Popular que anulaba la palabra inmediata, entendiendo que probablemente
el plazo de tiempo requerido no fuera tan breve como el que se podía
atribuir a dicha palabra. No obstante, según me consta, desde la fecha
hasta aquí no se han tomado las medidas que hayan permitido culminar la
realización de la voluntad política expresada por esta Comisión de
Sanidad con la aprobación de la proposición no de ley.
Por lo tanto, la pregunta se refiere a cuáles son las medidas, en qué
situación está y qué hay de la voluntad política, a la que entiendo que,
pese a haber transcurrido un tiempo más que suficiente, el Gobierno está
obligado, ya que recuerdo que el propio grupo parlamentario que sostiene
al Gobierno apoyó enfáticamente dicha proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para dar contestación a su pregunta, tiene la
palabra el señor Núñez Feijoo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo):
Señora Diputada, para dar contestación a las cuestiones que usted ha
planteado, he de indicarle que, como usted conoce, la integración del
personal fijo del hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, al ser una
institución benéfica y asistencial de carácter privado, requería
introducir una norma, con el rango legal adecuado, al objeto de autorizar
al Gobierno a incorporar a la red de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social a dicho hospital, el cual, como usted también ha
recordado, tiene un convenio de administración y de gestión con el
Insalud.
Como bien señala S. S. en el texto de su pregunta, la proposición no de
ley presentada por su grupo parlamentario
y aprobada por unanimidad en esta Comisión de Sanidad el día 30 de
octubre de 1996, fue comunicada al Instituto a mediados del mes de
noviembre del mismo año. Su señoría, sin duda con amplia experiencia como
Diputada, conoce los plazos de tiempo en los cuales se mueve la redacción
de la Ley de Presupuestos y de la Ley de Acompañamiento. Por tanto, sabe
perfectamente que por aquellas fechas ya se estaban celebrando las
comparecencias de los distintos responsables económicos de los
ministerios para aclarar sus respectivos presupuestos, es decir, hacía un
mes, cuando menos, que se había iniciado el trámite en el Congreso de la
citada ley. Bien es cierto, y cabe reconocerlo, que S. S. puede objetar
que una vez conocida la citada resolución, una vez apoyada
mayoritariamente por los grupos de esta Comisión, se podía haber
incorporado una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, pero hemos de coincidir en el carácter excepcional que
tiene la incorporación de una enmienda y también en el carácter
excepcional que supone la integración dentro de la Seguridad Social de
hospitales ajenos a la misma. Por tanto, nos parecía que siendo rigurosos
no se prejuzgaba el interés general y tampoco se prejuzgaban intereses
particulares, toda vez que, como usted sabe, las personas que trabajan en
ese hospital están homologadas en cuanto a sus derechos y obligaciones,
al menos en sus derechos económicos, al personal del Insalud. Y nos
parecía oportuno, dado el trámite en el que nos encontrábamos, hacer esto
en este ejercicio presupuestario.
Le puedo anticipar, señoría, que está ya redactado el artículo que
pretendemos incorporar a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social que acompañará a los Presupuestos de 1998, y simplemente le
diré, por no leerle exactamente el contenido del párrafo, aunque si S. S.
lo estima oportuno se lo leo con mucho interés, que se prevé
explícitamente el llevar a buen término el objeto de su pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Solamente quería señalar que el carácter
insólito o excepcional de una enmienda depende fundamentalmente de la
voluntad política del grupo que sostiene al Gobierno, máxime cuando
expresaba voluntad política unánime y cuando, como usted bien dice, no
suponía la modificación de partidas económicas, al menos en aspectos muy
importantes.
No obstante, acepto su palabra y me congratulo de que en los diversos
trámites que sufren los Presupuestos Generales del Estado la voluntad
política que usted expresa no se vea menoscabada.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo): Muy
brevemente, para decirle que le agradezco acepte mi palabra y que se
congratule por ello. Espero no defraudarla.
--DE LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE AUTOR Y CONTENIDO DE LA LLAMADA
«CARTERA DE SERVICIOS» DEL HOSPITAL DE ALCORCON (MADRID). (Número de
expediente 181/000571.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta, también realizada por
la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y que literalmente dice: autor y
contenido de la llamada cartera de servicios del Hospital de Alcorcón
(Madrid). Cuando quiera, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Para argumentar y aclarar el contenido literal
de la pregunta, evidentemente nos tenemos que retrotraer al debate de la
proposición no de ley anterior. No obstante, aunque éste no es un trámite
de debate sino de pregunta, me veo en la obligación de justificarla.
El Consejo de Ministros del 22 de noviembre de 1996 aprueba los estatutos
de las fundaciones de Alcorcón y de Manacor, estatutos de los cuales yo
tengo conocimiento por envío, cuya deferencia agradezco, no sé si del
señor Núñez Feijoo o de algún otro alto cargo del Ministerio de Sanidad,
pero estatutos que en lo que yo conozco no han sido reproducidos en
ninguna instancia pública. Si no es así, le agradecería que me lo
explicara.
En cualquier caso, hay serias lagunas en lo que está siendo la
reglamentación para el funcionamiento de estas fundaciones, que no
obstante no han impedido hasta ahora que se haya avanzado notoriamente en
el desarrollo de sus actividades, hasta el punto de que el hospital de
Manacor ha comenzado ya la prestación de asistencia sanitaria.
Esta fundación, la Fundación Hospital de Alcorcón, cuyos estatutos han
sido objeto de debate anteriormente, como he indicado, es difícilmente
ubicable desde el punto de vista de las instituciones jurídicas
conocidas. No obstante, se refiere a la gestión de un hospital construido
con Presupuestos Generales del Estado y prestará --se supone-- atención
sanitaria en el área sanitaria de Alcorcón, en el área ocho. Digo se
supone porque en el marco de sus estatutos no aparece claramente
definido, por cuanto el ámbito territorial de dicha fundación se remite
al ancho territorio del Estado español. Por lo tanto, es muy difícil
ubicar el hospital de Alcorcón en estos momentos, dependiente en su
gestión de la fundación, en ninguno de los ámbitos conocidos hasta ahora
del Insalud; ni en el ámbito territorial, ni en el ámbito de población al
que prestará asistencia, ni a la existencia o no de actividades privadas
en el ámbito de sus instalaciones, ni su ubicación en la estructura
asistencial hospitalaria en relación con otros hospitales de mayor rango;
es decir, hay una enorme nebulosa que afecta a la fundación y al propio
hospital de Alcorcón.
No obstante, la fundación --supongo-- ha emitido unos folletos
informativos dirigidos a la población en los que se habla de una
imprecisa cartera de servicios, con una dotación de plantilla cuyas
cifras globales se conocen, y le rogaría si no estoy en lo cierto que me
informe convenientemente; una plantilla de 756 trabajadores, notablemente
reducida si se tiene en cuenta que el número de camas del Hospital de
Alcorcón es notoriamente superior al del hospital vecino, el hospital de
Móstoles, en concreto 150 camas más, y que según esas cifras contaría con
500 trabajadores menos. No se conoce tampoco, al menos yo lo desconozco,
la distribución de esa plantilla, que si es correcta en sus cifras es de
756 trabajadores, entre las diferentes categorías de personal. También es
desconocido si el hospital pretende prestar todos sus servicios con
medios propios o bien pretende concertar, arrendar o subarrendar con
alguna otra empresa algún tipo de servicio hospitalario o no
hospitalario, asistencial o no asistencial estrictamente.
Por lo tanto, el objetivo fundamental de esta pregunta, aprovechando su
comparecencia aquí, es aclarar en este trámite parlamentario, insisto,
nebulosas muy importantes que afectan a un hospital creado con fondos
públicos, que supuestamente administrará fondos públicos, que prestará
servicios públicos a los que está obligada la Administración sanitaria, y
a una población que ha demostrado con su capacidad de lucha las
necesidades subjetivas y objetivas de la asistencia hospitalaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Feijoo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo):
Intentaré dar respuesta a las cuestiones que usted ha planteado, con
independencia de que se salgan del tenor literal de la pregunta, porque
veo que usted tiene algunas dudas sobre las que con mucho gusto me
gustaría hacer alguna reflexión para, en definitiva, poder disiparlas en
lo que se me alcance.
Los estatutos están publicados en el «Boletín Oficial del Estado», no
recuerdo en este momento el número del «Boletín Oficial», tiene que
perdonarme, pero de la misma forma que se los remití a SS. SS., tuve la
oportunidad, como es natural, de enviarlos al «Boletín Oficial de la
Administración General del Estado», que no es otro que el «Boletín
Oficial del Estado». Allí los encontrará usted y coincidirán fiel y
exactamente con los estatutos que usted dispone.
En relación con lagunas en la reglamentación de los estatutos y por
consiguiente de este ente, no me corresponde a mí abundar en un debate
que ha sido suyo hace escasos minutos. Solamente me gustaría dejarle,
seguro que lo tiene, un cuadro muy significativo donde se explicitan
todas las fórmulas de gestión en el Estado español con personalidad
jurídica y de servicios de salud transferidos. No hablo ya de servicios
de salud sin competencias, como es en el caso de Asturias, y que usted
conoce muy bien, la Fundación de Arriondas, o en el caso de Murcia, la
fundación de Cieza; insisto en que solamente me limitaré a las
comunidades autónomas con servicios de salud transferidos. Si no he
contado mal, al menos hay 50 hospitales, institutos de diagnóstico o
instituciones sanitarias, empresas públicas en definitiva, que tienen
personalidad jurídica propia en nuestro país. Estoy a su disposición para
tener cualquier tipo de lectura, compartida o no, de los estatutos de
estas instituciones y compararlos con los estatutos de las dos
fundaciones a los que usted se acaba de referir.
Efectivamente, el hospital Manacor ha entrado en funcionamiento. Creía
que nos iba a felicitar por ello, porque lo importante es que un
hospital, a los dos meses y medio de su constitución, haya podido entrar
en funcionamiento, esté dando asistencia sanitaria, esté abierto ya más
del 50 por cien de su aforo y no se haya producido ninguna queja ni
ningún problema, pese a lo compleja que es la apertura de una
organización sanitaria y, si ésta es un hospital, todavía más. Por lo
tanto, señoría, permítame no coincidir con usted en cuanto a que estos
estatutos son difícilmente ubicables. Creo que son estatutos que se
comparan con experiencias de otros servicios de salud que ya han iniciado
este camino desde hace algún tiempo, aunque no sean del Insalud.
No hay actividad privada en la fundación, esto lo hemos de dejar claro.
Lo demás es no decir exactamente lo que va a hacer la fundación, no hay
actividad privada en la fundación, señoría.
En cuanto a la plantilla, creo que también hemos de felicitarnos, ya que
en la utilización de los recursos sanitarios públicos hemos de guiarnos
por los principios de la eficacia y la eficiencia. No parece razonable
poner en funcionamiento un hospital en el mes de noviembre y que 1.200,
1.300 ó 1.400 personas empiecen a trabajar desde el primer día. No
conozco ninguna experiencia de un hospital que abra sus servicios
sanitarios con la totalidad de su plantilla desde el primer día, desde el
primer mes, desde el primer semestre, ni desde el primer año. Por
consiguiente, estése usted tranquila, ya que las 750 personas son para el
momento de la apertura inicial del hospital, lo que supone
aproximadamente entre el 50 y el 60 por cien de la plantilla y faltarán
muchos cientos de trabajadores por incorporarse al desarrollo definitivo
del hospital. En todo caso, tomaré nota, señoría, y le enviaré, dentro de
lo que tenemos en previsión, la que será la futura plantilla total del
hospital, una vez que estén en funcionamiento todos sus servicios y todas
sus instalaciones.
El hospital tampoco va a arrendar servicios asistenciales, no los va a
arrendar. También le quiero tranquilizar en este sentido. Es verdad que
hay muchos hospitales en nuestro país que están arrendando servicios
asistenciales, que lo están haciendo con el criterio de calidad y con el
criterio de eficiencia nada más, porque en el manejo de los fondos
públicos hemos de tener la misma eficiencia que cuando no manejamos
fondos públicos. Por lo tanto nos parece razonable que se haga así para
determinados servicios hospitalarios, en los que sin perder el principio
fundamental, que es el principio de la calidad asistencial --insisto, sin
perder este principio fundamental--, es más eficiente contar con un
arrendamiento de servicios.
En este caso la única duda que surgió está disipada, aunque se ha oído
comentar por ahí. No se va a externalizar el laboratorio de la Fundación
Alcorcón, porque desde el punto de vista de la eficacia no está
demostrado que sea una buena utilización de los recursos sanitarios
públicos. Sí se ha hecho en Manacor, que es un hospital mucho más
pequeño, pero en un hospital de 600 camas, como el de Alcorcón,
lo podemos hacer con medios propios y con la misma eficiencia.
No le puedo garantizar que no se externalicen los servicios de seguridad,
el servicio de limpieza, el servicio de lavandería o el servicio de
jardinería. No se lo puedo garantizar. Lo lógico es que se externalice.
Nos dedicamos a dar asistencia sanitaria, señoría, y ése es nuestro
objeto. No nos dedicamos a la seguridad o a la limpieza en los
hospitales. Parece que hay empresas especializadas que lo pueden hacer
con igual eficiencia o superior que los responsables sanitarios. Nosotros
sí nos vamos a dedicar a dar asistencia sanitaria.
La cartera de servicios de la fundación, señoría, se ha hecho por el
mismo organismo que hace la cartera de servicios de todos los hospitales
que le pertenecen, que no es otro que los servicios sanitarios del
Insalud. Por lo tanto, se ha hecho por la Dirección General de
Organización y Planificación, que es la que autoriza un incremento en la
cartera de servicios de un hospital tradicional y la que autoriza en
definitiva una cartera de servicios de un nuevo hospital.
Por lo tanto, se ha hecho de acuerdo a las características
sociodemográficas del área donde se ubica el hospital y a los recursos
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así, se han tenido en
cuenta, lógicamente, las características económicas, los recursos
sanitarios y la oferta, demanda actual y previsión de las futuras
necesidades del área 8, Alcorcón-Móstoles, y del área 9,
Leganés-Fuenlabrada, y, como es natural, se ha considerado la oferta de
servicios sanitarios de las áreas próximas, es decir, de las áreas 6, de
la 7, de la 10 y de la 11. Estudiada la actual oferta y las frecuencias
hospitalarias de las distintas áreas, se inició con un mayor detenimiento
en aquellas cercanas a la población de Alcorcón y que por lo tanto tienen
más influencia sobre la demanda previsible en el nuevo hospital.
También le puedo dejar la cartera de servicios, porque no quiero
aburrirla con los servicios que va a tener la fundación Alcorcón, pero sí
muy rápidamente le diré que en hospitalización convencional tendrá las
especialidades de medicina interna, cardiología, digestivo,
endocrinología, nutrición, hematología, hemoterapia, dermatología,
reumatología, alergia, nefrología, neumología, psiquiatría, cirugía
general y digestiva, cirugía ortopédica, otorrinolaringología,
oftalmología, traumatología, urología, ginecología, anestesiología,
reanimación, obstetricia y pediatría. Tendrá hospital de día. Habrá
hospitalización intensiva, neonatología, UCI, unidad coronaria, unidad de
reanimación. Habrá atención ambulatoria, como es natural, consultas
externas y urgencias; otros servicios, como dietética y medicina
preventiva, y diagnóstico y tratamiento resolutivo. En servicios
centrales: anatomía patológica, banco de sangre, farmacia, laboratorio de
bioquímica, laboratorio de hematología, laboratorio de microbiología,
inmunología, farmacología, radiología general, TAC, resonancia nuclear
magnética, ecografía, mamografía y densitometría. Habrá gabinetes de
exploraciones especiales, electrofisiología, neurofisiología,
potencionales evocados y endoscopias.
Conviene resaltar las diferencias existentes en este hospital, que se
comparan con ventaja con los hospitales tradicionales del área. Así,
solamente me gustaría darle tres de ellas. Una, entre un 10 y un 15 por
ciento de las habitaciones de este hospital tenemos la suerte, porque era
un buen proyecto, de que pueden ser habitaciones individuales. Pero,
señoría, no se va a cobrar por las habitaciones individuales. Se lo digo
porque lo he leído en alguna ocasión y esto no es dar la información
adecuada. El hospital estará totalmente informatizado e interconectado
entre las distintas unidades y servicios, de manera que se pueda acceder
a cualquier tipo de información, sea clínica o de gestión, desde
cualquier punto del mismo. Todo el sistema de radiodiagnóstico es
digitalizado, pudiendo enviar las imágenes de los pacientes en caso de
necesidad a cualquier punto de atención primaria. Estas tres cuestiones
nos gustaría que fuesen el criterio de los 80 hospitales que tiene el
Insalud y estoy convencido de que a todos los gestores sanitarios
públicos de nuestro país les gustaría que nuestros hospitales contasen
con habitaciones individuales para cuando fuese necesario, que contasen
con una informatización integral de los hospitales y que contasen con la
mejor tecnología de radiodiagnóstico.
Por último, el número de camas, señoría, son 576; el número de
quirófanos, 12; el número de paritorios, 3; el número de salas de
dilatación, 6, y los recursos humanos serán 750 personas en esta primera
fase, para poner en funcionamiento el hospital a partir del mes de
noviembre, si se cumple el calendario de obras y de equipamiento.
En todo caso, señoría, quedo a su disposición para remitirle ya, si
quiere, más pormenorizadamente éste y cualquier otro detalle que
considere necesario conocer al objeto de formar opinión definitiva sobre
la Fundación Hospital de Alcorcón.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias por sus respuestas, señor Núñez
Feijoo. No obstante, me veo en el grave dilema de compararlas con los
estatutos de la fundación. Usted se está refiriendo al hospital de
Alcorcón como si fuera cualquier hospital de área. Es un hospital normal,
como cualquiera que tiene el Insalud para dar atención sanitaria
hospitalaria en un área. No obstante, dígame en qué pensaba, porque
probablemente ha sido usted quien ha redactado los estatutos de la
fundación, al situar el ámbito territorial de la fundación en el Estado
español, o los beneficiarios en el colectivo indeterminado que solicite
asistencia sanitaria, cuando el colectivo no es indeterminado, es bien
determinado: la población con derecho a atención sanitaria del área
sanitaria 8 no es un colectivo indeterminado. Es decir, el área 8 no
aparece en ningún momento citada en los estatutos de la fundación del
hospital de Alcorcón.
Si es verdad que no va a haber actividad privada, ¿cómo puede entenderse
que se incluya entre los recursos económicos de la fundación los ingresos
procedentes de la facturación de sus servicios? Evidentemente, usted dice
que en este momento no se van a externalizar servicios. Podrá ser una
posibilidad descartada de momento, pero el artículo
11, letra p), fija como función del patronato la posibilidad de
encomendar a entidades aspectos concretos de la atención. Evidentemente
ésa es una posibilidad que el patronato asume y usted dice hoy que no se
va a externalizar, pero nada impide, desde el punto de vista de los
estatutos de la fundación, que eso se pueda dar en cualquier otro
momento.
Desconozco su profesión de origen y no sé si tiene algo que ver con las
profesiones sanitarias, pero me gustaría señalarle que los servicios de
limpieza y de cocina son absolutamente básicos, desde el punto de vista
de la atención sanitaria, en un hospital. Evidentemente, el de seguridad
no tiene tanto que ver. Pero los servicios de limpieza y de cocina son
absolutamente básicos en la atención sanitaria hospitalaria.
Acepto encantada su oferta de ampliar la información. Querría
solicitarle, y así me exime de hacerle una pregunta por escrito, que me
especifique por favor la plantilla de personal sanitario prevista para
cada uno de los servicios o áreas, en fin, como se llame, del hospital de
Alcorcón. Y querría saber respecto a la estructura sanitaria, que
desgraciadamente no existe formalmente pero sí en la práctica, cuál será
el hospital de referencia del hospital de Alcorcón para todos aquellos
niveles de atención de especial complejidad o de requerimientos de
tecnología que puedan producirse.
Antes se ha hablado del personal y querría saber qué empresa privada es
la que está realizando la selección de personal, por qué procedimiento se
ha adjudicado a dicha empresa esa selección y que confirmara si es cierto
que los contratos que se van a ofertar al personal son por seis meses.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Feijoo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo):
Contestaré a las cuestiones que usted ha planteado muy brevemente.
Ambito territorial de la fundación. Hemos cogido la ley que aprobó el
Parlamento en nuestro país, en el año 1984, que trata de las fundaciones,
en la que se explicita la posibilidad de que las Administraciones
públicas creen fundaciones y, por lo tanto, es una ley previa incluso a
la Ley de organización o fórmulas de gestión en nuestro Sistema Nacional
de Salud. En ella se establece que para que las fundaciones puedan
actuar, aunque sea de una forma esporádica, fuera del municipio o
municipios donde se concrete su actividad fundamental, se necesitaría un
cambio de sus estatutos respecto a su ámbito territorial. Por
consiguiente, hemos establecido que el ámbito territorial sea el Estado
español, y me explico. Si la fundación quiere concretar algún tipo de
convenio para hacer cualquier tipo de actividad con carácter permanente
fuera de esa área, lo que parece razonable es que pueda hacerlo sin
modificar los estatutos. Le voy a poner un ejemplo, si me permite. Hemos
recibido recientemente el encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
intentar potenciar o ayudar a dos hospitales que están en Marruecos, que
son españoles y que están sin utilizar. Pensamos en la posibilidad de que
la fundación Alcorcón estableciese un convenio con el Ministerio de
Asuntos Exteriores al objeto de dar asesoramiento a estos hospitales,
dado que el Ministerio de Asuntos Exteriores nos pidió o nos sugirió el
interés por dotar a estos hospitales españoles de fórmulas de gestión de
esta naturaleza. Como consecuencia justamente de ese precepto, de ese
artículo que usted ha leído, no podemos hacerlo, porque el ámbito es el
Estado español. Si no fuese ése el ámbito, seguro que podríamos hacer un
convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ayudar al
asesoramiento técnico de dos hospitales españoles en Marruecos. Por lo
tanto, señoría, no hay ningún interés espurio detrás del ámbito
territorial de la fundación, sino que el único interés que hay es no
modificar estatutos cuando se quieran hacer actuaciones puntuales fuera
de los ámbitos municipales.
El colectivo indeterminado. Señoría, no podemos negar que un usuario de
la sanidad pública de nuestro país, que no sea del área 8, puede utilizar
ese hospital. De la misma forma que no podemos negar que cualquier
persona que no esté en el área de un hospital puede iniciar su historia
clínica en una urgencia o incluso con un ingreso. Por lo tanto se puso
justamente lo que se debía poner, que la fundación es el colectivo
indeterminado de personas que tienen derecho a las prestaciones
sanitarias en nuestro país, cualquiera de ellas, no hay cortapisas de
ningún tipo, no hay una gestión empresarial que imposibilite que
cualquier ciudadano pueda acudir a este hospital para recibir asistencia
sanitaria.
Dice usted, y le llama la atención, que cómo no va a hacer actividad
privada si puede asumir ingresos de terceros. Todos los hospitales del
Insalud, señoría, tienen ingresos de terceros. La cuenta del Insalud por
ingresos de terceros ascendió en 1996 a 14.000 millones de pesetas.
¿Usted se cree que no vamos a facturar a una mutua por un accidente de
tráfico o a cualquier entidad que no teniendo derecho a la asistencia
sanitaria en ese momento utiliza un recurso sanitario público? Eso es a
lo que responde exclusivamente. Cualquier persona que quiera ir a esa
fundación sin que tenga derecho en ese momento, pero como consecuencia de
estar afiliado a una mutua y a causa de un accidente de tráfico, es
evidente que va a producir un ingreso de tercero y es evidente que la
fundación ha de facturar ese tipo de actuaciones.
En cuanto a la externalización de servicios, dije que en la situación
actual nuestra intención es no externalizarlos, pero nadie impediría que
en un futuro pudiera ser. Nada impide actualmente en ningún hospital del
sistema tradicional externalizar servicios, absolutamente nada. Por lo
tanto, el que figure en los estatutos no es un problema que nos deba de
preocupar.
Dice que la limpieza y la cocina son servicios básicos en un hospital.
Coincido con usted. Si no hay una asepsia en un hospital y si los
alimentos que se ingieren no son los más adecuados, evidentemente se
producen problemas, sin duda. Esto no significa que las empresas que
trabajen en nuestro país, no en las fundaciones, sino en todos los
hospitales del Estado, no sean solventes, y que no estén actuando con
credibilidad y con acreditación permanente. Se
le ganan diariamente, señoría, si no seguro que no volverían a ser
contratadas por ningún hospital, además de estar incursos en la
responsabilidad que procediera por sus actuaciones.
En cuanto a la empresa privada que ha seleccionado, mejor dicho, que está
ayudando a la intendencia para la selección de personal, no tengo los
datos aquí, pero sí le doy algunos de memoria. La tasa que se cobra como
consecuencia de la oferta pública de empleo de Alcorcón es trescientas
pesetas más barata que la que cobra el Insalud, son 2.200 pesetas frente
a 2.500. Como usted sabe, el Insalud tiene también una empresa que está
colaborando en la oferta pública de empleo actual, empresa que nos hemos
encontrado al llegar y que no hemos cambiado porque es una empresa
acreditada y solvente. Lo único que hace esta empresa, a mayores, es que
se encarga de las aulas, es que se encarga del aparcamiento fuera del
recinto donde se realizan los exámenes, es que se encarga de la
vigilancia del aparcamiento, del personal que distribuye a los opositores
dentro de esas aulas, que se encarga del coste de la impresión de todas
las solicitudes y que se encarga, en definitiva, de todos los costes bajo
su riesgo y ventura.
Parece ser que se iban a examinar en Alcorcón doscientas mil personas.
Esos cálculos de 2.200 por 200.000 daban no sé cuántos beneficios, pero,
señoría, en este caso no le ha salido bien este cálculo, porque sólo se
examinan 75.000. Y 2.200 por 75.000 dan ciento y pico millones de
pesetas. Parece ser que la empresa pierde dinero, no lo sé, ése es su
tráfico y ése es un negocio. Nosotros le podemos asegurar que no hemos
cobrado una peseta más a la persona que se va a examinar en Alcorcón,
sino todo lo contrario, le hemos cobrado un porcentaje significativo
menos.
Los tribunales no pertenecen a empresas, señoría. Los tribunales son
cargos de la fundación y por lo tanto incurren en responsabilidad
personal si se comete alguna irregularidad, de la misma forma que
incurren en responsabilidad personal los empleados públicos o los
funcionarios que participan en los tribunales del Insalud. Por
consiguiente, no podemos confundir el que haya una empresa que se
encargue de alquilar locales, de imprimir solicitudes y de vigilar los
aparcamientos, con que la selección sea privada. Esto, evidentemente, no
podemos confundirlo, porque no es así.
Hay una cuestión que seguro que me ha quedado, pero es que no lo entiendo
en la nota que he tomado sobre sus preguntas. Yo le remitiré en todo caso
la plantilla del personal sanitario, por servicios y por áreas. Me ha de
perdonar usted porque no sé decirle cuál es el hospital de referencia al
no ser de Madrid, pero será el mismo que hubiera tenido si en vez de ser
una fundación es un hospital tradicional, el mismo, el que le corresponda
al área 8.
--DE LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HA
ATRIBUIDO A LA EMPRESA ARTHUR ANDERSEN LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN
HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD), ASI COMO
INTRODUCCION DE NUEVOS MECANISMOS DE GESTION EN LOS HOSPITALES DE LA
PRINCESA Y DE ALCALA DE HENARES (MADRID). (Número de expediente
181/000573.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera pregunta: procedimiento por el
que se ha atribuido a la empresa Arthur Andersen la realización de
auditorías en hospitales del Instituto Nacional de la Salud, así como
introducción de nuevos mecanismos de gestión en los hospitales de La
Princesa y de Alcalá de Henares. La autora de la pregunta es la señora
Maestro, quien tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Núñez Feijoo, el contenido de las
preguntas está perfectamente claro. Cito a la empresa Arthur Andersen
porque es del dominio público, al menos en el ámbito hospitalario de
Madrid, que esta empresa consultora es la que está realizando auditorías
en diferentes hospitales.
El Partido Popular en su campaña electoral anunció en reiteradas
ocasiones la realización de auditorías en el conjunto del Sistema
Nacional de Salud, con el objetivo, tal y como se afirmaba, de detectar
fraudes, de detectar despilfarros, etcétera. El contenido de tales
auditorías, en ese sentido al menos, no se conoce hasta este momento.
Por lo tanto, la pregunta que se plantea es por qué procedimiento de
Derecho administrativo se ha atribuido a la empresa la realización de
auditorías en hospitales del Insalud, si éstos son exclusivamente de la
Comunidad de Madrid o se refiere también a hospitales del Insalud en
otras comunidades autónomas. También le agradecería, para evitar que
utilice el trámite reglamentario de la solicitud de informe al Gobierno,
que nos dijera cuál es el contenido del contrato, es decir, qué
objetivos, qué funciones, para qué, en definitiva, se realizan
determinadas auditorías, si éstas tienen carácter general o si se han
realizado simplemente en algunos de los hospitales, en cuáles han sido,
y, caso de existir auditorías finalizadas, en qué hospitales y cuáles son
las conclusiones de dichas auditorías.
Teniendo en cuenta que esta empresa está actuando ya en el Hospital de La
Princesa y en el Hospital de Alcalá de Henares, teniendo en cuenta que en
el Hospital de La Princesa se habla del consorcio como fórmula de gestión
idónea para este hospital, yo le pregunto, en el caso de que así sea, si
el consorcio como institución jurídica estaría en el ámbito del Derecho
administrativo o del Derecho privado, porque evidentemente existen
consorcios en los dos ámbitos. Y, al mismo tiempo, qué mecanismos tiene
previstos la Administración, si es que la empresa Arthur Andersen ha
llegado a alguna conclusión, acerca de la forma de gestión más idónea
para el Hospital de Alcalá de Henares.
Estas preguntas son la expresión, como usted bien sabe, de una inquietud
enorme por parte de los trabajadores de la sanidad, que evidentemente no
pienso agotar en este trámite, para lo cual he solicitado la
comparecencia del Ministro de Sanidad, que espero que se produzca antes
de finalizar
este período de sesiones. No obstante, esa inquietud acerca de su futuro
no disminuye con actuaciones como las que ha tenido el señor gerente del
Hospital de La Princesa esta misma mañana, en el que yo estaba invitada a
asistir a una asamblea de trabajadores del ambulatorio Hermanos García
Noblejas de Madrid. Estas asambleas de trabajadores normalmente se hacen
a la hora del mediodía, tras finalizar las consultas y el horario de los
laboratorios, en zonas amplias que ya están vacías de público, como yo
misma he podido comprobar. Pues bien, el señor gerente había adjudicado
para la asamblea una consulta de ginecología en la que de manera bastante
estrecha cabían cinco personas. Entiendo que es una falta de respecto por
lo que yo pueda representar y para los trabajadores, y es un flaco
servicio a la voluntad de esclarecer cuáles son los mecanismos y los
objetivos de la Administración para la atención sanitaria y para los
propios trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Feijoo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo):
Señoría, voy a intentar dar respuesta a las cuestiones que usted plantea,
y sobre todo a lo que a usted realmente le produce inquietud, porque yo
creo que es la única forma de hablar de estas cosas y que esas
inquietudes se desvanezcan. En nuestra opinión, no responden a ninguna
cuestión fundamental.
El Insalud, como servicios centrales, no ha encargado ninguna auditoría
de forma explícita en ninguno de los hospitales ni de las gerencias de
atención primaria que conforman su servicio sanitario. Por tanto, la
respuesta evidentemente podría ya finalizar aquí. Pero seguro que a usted
no le preocupa solamente esto, por lo que hace especial hincapié en dos
hospitales, el Hospital de La Princesa y el Hospital de Alcalá de
Henares. Aclarada la cuestión de que el Insalud no ha encargado ninguna
auditoría, ni a Arthur Andersen ni a ninguna otra empresa, para ver esas
cuestiones a las que usted se refería inicialmente, he de decirle que el
Insalud sí tiene la obligación, como es natural, dado que gestiona
recursos sanitarios públicos, de optimizar su gestión, de buscar los
puntos débiles de una organización y de intentar buscar la mejor solución
para, con el presupuesto que se nos asigna desde las Cortes Generales,
tener la mayor actividad asistencial con la mayor calidad posible
contando con los recursos sanitarios que tenemos. Es en este contexto,
señoría, y no en otro, donde se han de ver las actuaciones que se hayan
podido llevar a cabo --y a continuación me referiré a ellas-- en relación
con los dos hospitales a los que usted hace referencia, La Princesa y
Alcalá de Henares.
Es muy común que en las organizaciones complejas se haga planificación a
corto, medio y largo plazo; se hagan, por consiguiente, planes
estratégicos de cómo --insisto-- podemos detectar los puntos débiles que
tenemos, cómo podemos potenciar los puntos fuertes de la organización, al
objeto de diseñar las líneas y las propuestas de una organización interna
que permita al hospital, como le decía, responder a los retos de calidad
en los próximos años. Esto es precisamente lo que se está intentando
hacer en estos hospitales. Y le puedo informar también, para su
tranquilidad, que está previsto que todos los hospitales realicen y vayan
realizando sus planes, por otra parte muchos de ellos seguro que ya
estarán ahondando en ellos, como corresponde a un equipo directivo,
planificando sus actuaciones y tomando decisiones en base a los estudios
previos. Por consiguiente, señoría, no hay ninguna otra intención que las
que acabo de referir.
En concreto, señoría, le voy a decir exactamente qué es lo que está
ocurriendo en cada uno de los hospitales que más le preocupan, en La
Princesa y en Alcalá de Henares. Usted debe saber que La Princesa es un
hospital del antiguo Aisna transferido a la Comunidad Autónoma de Madrid.
La regulación de este convenio data nada más y nada menos que de 1975; es
decir, las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Insalud
datan de 1975 porque no se modifica el convenio entre el extinto INP y el
Aisna en el momento en el que se crea este hospital. En dos ocasiones la
Intervención General de la Seguridad Social, tanto en 1992 como en 1993,
transmitió al Ministerio y al Insalud la necesidad de modificar ese
convenio que databa de 1975, porque era un convenio que no contemplaba
una serie de cuestiones de regulación y de relaciones entre las dos
administraciones, la Comunidad Autónoma de Madrid como propietaria del
inmueble y el Insalud como gestor del hospital. Así, en el informe de la
Intervención General se establecen tres cuestiones, entre otras. Dice el
informe de la Intervención General que el marco de regulación del año
1975 es inapropiado, que el texto del convenio es impreciso,
desactualizado e insuficiente, no aportando un tratamiento integral de
las relaciones entre las dos entidades, comunidad autónoma e Insalud, y
que el convenio se ha venido aplicando en la práctica de forma parcial y
deficiente, puesto que no se ha formado nunca la comisión mixta de
composición paritaria a la que se refiere el artículo 9 del propio
convenio. Es decir, nunca, según dice la Intervención en su informe, se
había reunido con carácter formal la comisión mixta entre las dos
administraciones que están llamadas a gestionar este convenio.
Con este motivo, el 21 de octubre de 1996 se constituye una comisión
mixta integrada por siete personas, cuatro representantes de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid y tres del
Insalud, para revisar y actualizar el convenio en cumplimiento de la
propuesta de la Intervención General de la Seguridad Social. Dicha
comisión convino la necesidad de que el gerente realizara un borrador que
recogiera distintas alternativas para actualizar dicho convenio. No
disponiéndose de medios propios en el hospital para realizar tal estudio,
el gerente consideró necesario el apoyo de una consultoría que apoyara la
metodología y la experiencia para realizar dicho trabajo. En
consecuencia, como no podía ser de otra forma, se convocó --y usted
seguro que lo sabe-- un concurso público mediante un procedimiento
abierto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 31 de diciembre
de 1996. Dicho concurso se resolvió el 14 de febrero de 1997,
adjudicándose a la empresa a la que usted se refiere, puesto que ofrecía
--según el órgano de contratación, que es la gerencia--
el presupuesto más económico de las propuestas que se habían presentado.
Y el presupuesto de adjudicación está fijado en 10.200.000 pesetas.
En el caso del Hospital de Alcalá de Henares, evidentemente no se trata
de regularizar o de actualizar ningún convenio; en el caso del Hospital
de Alcalá de Henares son otras las razones. El objetivo de este hospital,
a través de este encargo, es realizar el plan estratégico al que yo me
refería como instrumento de planificación del futuro de las actuaciones
de este hospital. Y con la misma metodología se convocó un concurso
público con procedimiento abierto, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 12 de diciembre de 1996. El presupuesto del concurso se había
cifrado en torno a 11 millones de pesetas y fue adjudicado el 6 de
febrero de 1997 a la empresa a la que usted se refiere, que ofrecía el
presupuesto más económico entre los licitadores que habían concurrido a
la oferta, quedando fijado el precio de adjudicación en 9.400.000
pesetas.
Sin duda, los equipos directivos a veces aciertan y a veces se equivocan.
Y sin duda hay equipos directivos que transmiten lo que se quiere hacer
con mayor claridad y hay equipos que se equivocan o lo transmiten con
menor claridad. Pero lo importante es lo que se quiere hacer, eso se lo
puedo asegurar, y lo que se quiere hacer es un diseño de organización que
trate exclusivamente de temas como las relaciones del hospital con el
área sanitaria, es decir, cómo funciona el hospital con la primaria, el
análisis de la demanda que está teniendo el hospital, la cartera de
servicios que ha de tener, el análisis de sus áreas de gestión, la
contabilidad, los almacenes, la gestión de pacientes, el análisis de los
recursos humanos del hospital, el análisis de la estructura y recursos
materiales, el análisis de los sistemas de información, de los programas
funcionales, de la política de calidad y de la política de docencia e
investigación. Esto es lo que se está tratando en estos hospitales, y no
es otra cosa.
Tengo a su disposición una carta que el gerente del Hospital de Alcalá de
Henares remitió explícitamente --no quiero equivocarme-- a los jefes de
servicio y supervisores, al objeto de que los distribuyeran entre el
personal --esta carta está a su disposición--, en la que se dice lo que
se pretende hacer en este hospital. Y lo que se pretende hacer no es otra
cosa, según el criterio del gerente --preocupado porque el Hospital de
Alcalá de Henares se abrió, porque la demanda lo necesitaba de una forma
rápida, pero sin la planificación necesaria previa que a todos los
gestores nos gusta tener en el momento de abrir un hospital--, que una
propuesta para ordenar las áreas del hospital de cara a los próximos
años, de cara al próximo milenio. Hay frases que no tienen ningún
desperdicio y por lo tanto me gustaría dejarle la carta.
En lo que se refiere a la autonomía de gestión, que es una de las
cuestiones que están encima de la mesa, dice literalmente la carta: «La
autonomía de gestión, que tendrá que ser pedida por los profesionales del
hospital y que sólo será concedida por la autoridad competente si se
reúnen una serie de requisitos en cuanto a la organización de los
procesos y del sistema de información asistencial y financiera.» Es
decir, al igual que con la docencia, será una decisión que se tomará
voluntariamente si se pide y si se supera un proceso de acreditación y
homologación previa. Recalca el carácter público del hospital y recuerda
el gerente: «hospital público que este año va a crecer en su dotación y
prestaciones y continuará creciendo, hospital público con régimen
estatutario como el que tenemos y sin disminución de plantilla; es más,
plantilla que este año crece para poder atender las nuevas acciones: dos
quirófanos, 30 camas de apertura de reanimación nueva, resonancia nuclear
magnética, y que tiene que seguir creciendo en algunas especialidades».
Esta es una carta que remite el gerente del Hospital de Alcalá de Henares
a los trabajadores y a los mandos intermedios del hospital, al objeto de
aclarar qué es lo que está haciendo la empresa consultora como apoyo al
equipo directivo. Se han constituido en este hospital cinco grupos de
trabajo, uno por el área médica, otro por servicios centrales, otro por
el área quirúrgica y otro por el área materno-infantil, cuatro grupos por
consiguiente. Cada grupo está integrado por doce o trece profesionales,
de los cuales ocho aproximadamente son médicos, tres pertenecen al
estamento de enfermería y uno al área de administración y servicios
generales. La participación de los miembros ha sido voluntaria y a título
individual, y de estos grupos de trabajo forman parte algunos sindicatos;
concretamente, por lo que a mí se me informa, varios sindicalistas de
Comisiones Obreras y de Satse, al menos en el Hospital de Alcalá de
Henares.
Esto es, señoría, lo que yo quería transmitirle al objeto de disipar
algunas dudas de lo que se quiere o no se quiere hacer. Ya le anticipo
que el Hospital de La Princesa no será nada que la Comunidad Autónoma de
Madrid no quiera que sea, porque es el titular del hospital. Por
consiguiente, en el supuesto de que fuera un consorcio, que podría ser,
es evidente que hemos de escuchar a la Comunidad Autónoma de Madrid y
hemos de tener en cuenta también el calendario de transferencias. Y a lo
mejor no tendría sentido --aunque a lo mejor sí, si lo estudiamos un poco
más-- que se haga un consorcio y que después se inicie una transferencia.
En todo caso, señoría, la naturaleza del consorcio, de serlo,
necesariamente habrá de ser pública, dado que son dos administraciones
públicas, una la titular del inmueble y otra la que lo gestiona, las que
formarían parte de ese consorcio. Insisto en que no hay ninguna previsión
distinta en el Hospital de La Princesa en cuanto a que sea un consorcio o
no; de lo que se trata es de establecer un nuevo marco, un nuevo
convenio. Y la comisión mixta, integrada por la Comunidad Autónoma de
Madrid y por el Insalud, habrá de decidir lo que proceda. No se va a
tocar, como no podía ser de otra forma, ningún derecho de nadie, entre
otras cosas porque no se podrían tocar. En definitiva, señoría, esto era
lo que quería expresarle.
Siento, y hablaré con el gerente, esa falta de respeto que usted
considera que se ha producido. Si ha sido así, lo lamento. Hablaré con el
director gerente del hospital y le pediré explicaciones en relación con
el trato que parece ser que usted ha recibido esta misma mañana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Núñez Feijoo, por sus palabras,
que yo estimo y acepto. En cualquier caso, las incógnitas son enormes.
Usted esta tarde ha venido a negar, punto por punto, afirmaciones hechas
el día veintitantos de abril --no lo recuerdo exactamente-- por el
ministro de Sanidad en esta Comisión. El Ministro de Sanidad --y usted lo
sabe bien-- afirmó taxativamente --y recuerdo las palabras porque el
texto está escrito además en el documento que presentó para el consenso
parlamentario-- que la consagración del proceso de modernización
emprendido debería culminar con la extensión a todos los hospitales y al
conjunto del Sistema Nacional de Salud de las nuevas formas de gestión
que prevé la Ley 15/1997.
Por otra parte, usted me va a permitir que yo estime que las palabras del
señor Ministro coinciden más con la voluntad política de su grupo
parlamentario que esos llamamientos a la calma y a la serenidad que usted
ha esgrimido aquí esta tarde. Es evidente que el Partido Popular está
intentando --otra cosa es que lo consiga o no-- ponerlo en marcha con
carácter extensivo y al ritmo más veloz posible desde el punto de vista
político que pueda, y estoy hablando de velocidades políticas.
Sería mejor para todos que los mecanismos a través de los cuales se
piensan poner en práctica las nuevas formas estuviesen publicitados. Hay
una enorme incógnita en la Ley 15/1997. La ley dice que el sistema
sanitario podrá gestionarse bien directamente o bien indirectamente.
Estamos esperando el desarrollo reglamentario de la ley para saber
quiénes son los depositarios de esa capacidad de decisión, que se
concretará en la solicitud a la Administración competente para que un
hospital o un determinado centro sanitario sea gestionado de una u otra
manera.
De cualquier forma, yo le anticipo que no parece muy democrático,
teniendo en cuenta que los cambios en la gestión no son meros cambios en
el proceso administrativo, sino que van vinculados a ellos cambios
importantísimos en la relación laboral de los trabajadores, que sean
determinados profesionales del hospital --no se sabe de qué rango, no se
sabe de qué categoría--, y que los que no son profesionales sanitarios no
tengan capacidad de decisión acerca de unos cambios que sí que les van a
afectar en algo tan importante para cualquier ser humano como son sus
relaciones laborales. No obstante, le agradezco sus palabras y estimo
que, a fecha de hoy, serán ciertas. Lo que evidentemente ni a usted ni a
mí se nos oculta es que hay un proceso de enorme envergadura en marcha y
que el Partido Popular en un primer momento no ha estimado conveniente
aclarar en el tiempo ni el procedimiento ni su voluntad política,
entendiendo que la falta de clarificación podría atenuar o hacer que el
debate social fuera menos intenso. Pero yo le digo, señor Núñez Feijoo,
que eso puede estar contribuyendo probablemente a la aparición de
fantasmas que no entran dentro de la voluntad política de su grupo, pero
que no se disipan con respuestas como las que usted me ha dado a mí,
porque lo evidente es que hay un proceso en marcha. Usted no ha desvelado
en absoluto ni los ritmos ni los contenidos ni los procedimientos, pero
de que ese proceso existe yo creo que no nos cabe ninguna duda ni a
usted, ni a mí, ni a quienes estamos en esta Comisión en esta tarde, ni a
cualquier observador mínimamente atento del proceso sanitario.
De todas formas, le agradezco sus palabras y supongo que nos seguiremos
viendo con estos contenidos u otros semejantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Feijoo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo): No
hemos de disipar si no queremos disipar, señoría. Si usted no quiere
disipar, no vamos a disipar, eso es evidente. Yo lo intentaré en todo
caso. Supongo que el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y todos
los grupos que han apoyado la ley, también; el problema es que usted
quiera.
Yo estoy convencido de que a usted lo que le importa es la defensa del
sistema sanitario público en nuestro país y, por lo tanto, vamos a
coincidir inevitablemente; inevitablemente. Y como usted no quiere un
hospital que sea una oficina administrativa, porque le repele la idea,
como usted no quiere un hospital que permanentemente se compare con esos
hospitales que funcionan tan bien y que gestionan tan bien otras
organizaciones y que somos tan incapaces de gestionar desde el sector
público, como usted no está de acuerdo en que las relaciones laborales
del sector público compitan con las relaciones laborales de otros
sectores, como usted no quiere nada de eso y como coinciden sus
querencias con las nuestras, pues seguro que hemos de converger porque no
se pueden mantener artificialmente dudas que no existen.
La ley no establece ninguna incógnita; la ley viene a regular lo que en
este país está pasando, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en
Andalucía, lo que pasa en Asturias, lo que pasa en Murcia, lo que pasa en
Galicia, lo que pasa en Euskadi; esto es lo que está ocurriendo en
nuestro país. Por tanto, si la ley lo dice, lo viene a reflejar en un
texto legal. Pero si la ley no lo dice, como no lo decía hasta que se ha
aprobado, seguía pasando. Por consiguiente, lo único que se ha hecho es
explicitar la posibilidad legal, porque comunidades autónomas, en el
ejercicio de su autogobierno, habían considerado que ya estaban
facultadas para realizarlo. Por lo tanto, se ha dado seguridad jurídica a
este proceso, un marco estable para que los responsables sanitarios de
las comunidades autónomas no hagan lo que consideren oportuno y hagamos
todos lo que consideremos oportuno en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Esto es lo que se ha reflejado en la ley, nada más. A partir de la ley no
se han creado fundaciones ni empresas públicas ni consorcios. Ya
existían, señoría. De hecho, la ley prevé un reglamento que habrá de
desarrollarse y habremos de ajustarnos a los términos que se contengan en
el mismo, y nos ajustaremos todos, como es natural.
Insisto, señoría, en que no hay nada que ocultar, no hay ningún
compromiso que atender. Lo hemos dicho
muchas veces, el Ministro lo ha dicho muchas veces, y aprovecho para
decirle que no sólo coincido literalmente con lo que dice el Ministro,
sino que no podría ser, como usted se imagina, de otra manera. Además,
coincido --y le conozco desde hace mucho tiempo-- en que no hay ningún
otro interés en el Ministerio de Sanidad que los usuarios y los
trabajadores de la sanidad pública, no hay ningún otro interés. Seguro
que tendremos ocasión de comprobarlo, señoría, cuando usted lo considere
oportuno.
El señor PRESIDENTE: La agradecemos su presencia una vez más en esta
Comisión, señor Núñez Feijoo.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las siete y cinco minutos de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Sanidad y
Consumo, del martes, 10 de junio de 1997, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.