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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 558, de 20/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 558
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 47
celebrada el miércoles, 20 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles) para:
--Informar en relación con el acuerdo suscrito entre las empresas
Telefónica y Canal Plus en materia de televisión. A petición propia.
(Número de expediente 214/000119.)
--Exponer las razones que le han conducido a respaldar la decisión de la
Compañía Telefónica de España, S. A., de iniciar, a través de su filial
Cable-Visión, las emisiones de televisión por cable antes de la
aprobación del proyecto de ley correspondiente. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001535.) Según acuerdo
de la Mesa y Junta de Portavoces de la Comisión, de fecha 6-9-95,
comparecerá el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
en lugar de la Secretaria General de Comunicaciones.
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
Iniciamos la sesión de trabajo de la Comisión de Infraestructuras número
47, con el siguiente orden del día: Comparecencia del Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente para informar, a petición propia,
en relación con el acuerdo suscrito entre las empresas Telefónica y Canal
Plus en materia de televisión por cable.
En segundo lugar, para exponer las razones que le han conducido a
respaldar la decisión de la Compañía Telefónica de España, S. A., de
iniciar, a través de su filial, Cable-Visión, las emisiones de televisión
por cable antes de la aprobación del proyecto de ley correspondiente.
Según acuerdo de la Mesa y de los portavoces de la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 6 de septiembre de 1995,
comparecerá el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
en lugar de la Secretaria General de Comunicaciones.
Por estos dos motivos, comparece hoy el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, don José Borrell.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señoras y señores Diputados, si no tienen
inconveniente, a efectos de ordenar la exposición y encadenar lógicamente
los argumentos que voy a utilizar, entraría primero en lo que es el
objeto de la segunda comparecencia: las razones por las cuales el
Gobierno, etcétera, por qué no sé exactamente cuál es su literalidad.
El señor PRESIDENTE: Se expresa muy claramente, señor Ministro. Los dos
motivos de la comparecencia son, repito, a petición propia y a petición
del Grupo Parlamentario Popular, que había solicitado la comparecencia de
la Secretaria General de Comunicaciones. La Mesa y portavoces han
acordado, bajo su aceptación, la conveniencia de que conteste usted,
atendiendo a ambas solicitudes. El orden lo seguirá como estime oportuno,
en aras a la eficacia del buen funcionamiento de la Comisión.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Se lo agradezco, señor Presidente, porque había
preparado mi intervención estructurando las respuestas en orden inverso
al que aparecían en el orden formal del día.
Señorías, a nadie se le oculta que vivimos un intenso proceso de
liberalización de las telecomunicaciones en Europa. Eso afecta tanto a
las redes como a los servicios, y sería muy bueno distinguir siempre
entre lo que son las redes y lo que son los servicios, porque este
proceso se manifiesta de forma muy diferente según que estemos hablando
de las infraestructuras que soportan los servicios o de los servicios que
utilizan las infraestructuras.
En segundo lugar, saben SS. SS. que el Tribunal Constitucional ha dado un
amparo a un operador de televisión por cable en el ámbito local,
estableciendo que, en ausencia de normativa, a ese operador,
concretamente en la localidad oscense de Sabiñánigo, no se le podía
impedir que efectuara un tendido de red de cable para prestar, a través
suya, servicios de televisión, obviamente por cable.
Finalmente, estamos asistiendo a un proceso lamentable de retraso en la
aprobación de la ley de telecomunicaciones por cable, que nos impide
dotar al país del marco regulador adecuado.
Estas tres circunstancias --una dinámica muy intensa de liberalización y
desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones, una toma de posición
del Tribunal Constitucional y la ausencia de regulación, a pesar de los
esfuerzos del Gobierno para conseguirla-- han creado un contexto dentro
del cual se han iniciado procesos de cableado de las ciudades españolas
en el último año.
Estas iniciativas buscan un triple objetivo y se desarrollan por parte de
muy diversos agentes. Primero, pretenden prestar servicios de televisión
por cable en un mercado que todavía está, en el caso español,
prácticamente inexplotado; segundo, crear situaciones de hecho antes de
que el Parlamento sea capaz de producir una legislación específica que
tendrá que tener en cuenta las situaciones de hecho preexistentes, y,
finalmente, y es lo que más le preocupa al Ministerio responsable de la
política de las telecomunicaciones, les recuerdo que según la
Constitución es competencia exclusiva de la Administración central del
Estado, buscar posicionarse en redes de cara a la liberalización de las
infraestructuras que permitirán utilizar telefonía básica el día 1 de
enero de 1998. Ya no están hablando del cable para la televisión sino del
cable multimedia capaz de transportar en forma de dígitos cualquier clase
de señales, sea ésta una voz, un dato o una imagen.
Este es el cable del que España debería hablar, el que le interesa al
país, el que aborda el futuro. España no tiene cables para transmitir
televisión en ámbitos urbanos, no hemos cableado este país. Algunos
países lo han hecho, otros no lo han hecho. El no haberlo hecho no ha
representado un «handicap» para nuestro desarrollo porque hemos tenido
otras formas suficientes y eficientes de transmitir la señal de
televisión; pero el no haberlo hecho ha representado una ventaja porque
no hemos hecho grandes inversiones en infraestructuras, que hoy estarían
obsoletas y que no serían capaces de servir para hacer frente al reto del
multimedia. No habiéndolo hecho, no lo hagamos ahora. No nos embarquemos
ahora en inversiones obsoletas de principio, que podrían servir para
transmitir señal de televisión, pero que serían incapaces de constituir
la base del sistema nervioso futuro que necesita nuestra sociedad para
transportar digitalmente cualquier señal de forma interactiva a través de
los futuros sistemas de conexión asignados.
En este contexto, y observando cómo en algunas ciudades y citaré algunos
ejemplos, Santander, Jerez, algunas ciudades del País Vasco, alguna
iniciativa todavía no plasmada en Cataluña, pero en otras con cableados
ya efectuados, ante esta situación, digo, en la que operadores que no
tenían redes empiezan a construirlas, puesto que nadie
puede impedir que lo hagan, ya que así lo ha establecido el Tribunal
Constitucional, para prestar servicios de televisión por cable, la
Compañía Telefónica que, como saben, es una empresa privada desde el
punto de vista de la composición de su accionariado, pero que tiene un
contrato de prestación de servicio público con el Estado para suministrar
en régimen de monopolio o de servicio público --a mí me gusta más hablar
de servicio público, palabra más simpática y que refleja mejor la
realidad--, un conjunto de servicios de telecomunicación, se dirigió el
pasado 4 de julio al Ministerio preguntando si, en la situación jurídica
existente, habría algún impedimento por el cual Telefónica no pudiera
prestar televisión por cable en ciertas condiciones. Fíjese que la
pregunta es: «Yo, Telefónica, que tengo una red, que no la tengo que
construir porque ya la tengo, ¿podría usarla para prestar servicio de
televisión por cable como lo están haciendo los que la construyen para
hacerlo? Y lo haría...» --nos dice-- «... en un ámbito territorial
definido, no en todo el país, sino ciudad a ciudad. Lo haría directamente
o a través de filiales en las que tendría una mayoría de capital (51 por
ciento como mínimo), lo haría utilizando las infraestructuras que ya
están construidas y lo haría manteniendo una separación contable, en el
caso de que lo prestara directamente, similar a la que el contrato le
exige que establezca para los servicios que Telefónica presta en régimen
de competencia con otros agentes.» Les recuerdo que Telefónica presta
servicios en régimen de exclusividad, que sólo ella puede prestar la
transmisión de la voz y que presta servicios en régimen de competencia
con otros agentes, por ejemplo el sistema de conmutación de datos.
Naturalmente, tienen que tener contabilidad separada de lo que cuesta
cada una de estas cosas, puesto que uno está regulado por el mercado y el
otro por un regulador institucional.
El Ministerio, a través de sus servicios --me acompaña la Secretaria
General a la que ya conocen ustedes-- consultó, analizó la pregunta que
se le hacía, jurídicamente hablando, y la contestamos veinte días después
a través de una resolución firmada por la Secretaria General de
Comunicaciones, diciéndole lo único que le podíamos decir, lo obvio: que
en tanto no exista una legislación específica, dicha actividad no podía
serle impedida a Telefónica, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional, y especificándole, además, que, de acuerdo con esta
doctrina, entendíamos que la actividad la podía desarrollar en el ámbito
local. Nos parece evidente que ésta es la única respuesta que podíamos
dar. Si el Tribunal Constitucional ampara a quien quiera tender redes
para prestar con ellas servicios de televisión por cable y dice que nadie
se lo puede impedir antes de que el legislador no diga si existe alguna
norma o condición, ¿por qué Telefónica no iba a ampararse en la sentencia
del Tribunal Constitucional para hacer lo mismo que hacían otros?
Hemos analizado jurídica y técnicamente la pregunta que Telefónica nos
planteó y voy a expresarles los principales aspectos de este análisis.
Primero quiero decirles que el Tribunal Constitucional ha amparado la
difusión de televisión por cable con carácter general. Se trata de una
actividad en la que el ejercicio al derecho de la libertad de expresión
puede ser regulado, si el legislador lo entiende oportuno, pero no
impedido por falta de legislación. Este derecho se puede extender a la
construcción de redes de televisión por cable o de cable para televisión,
entendámonos mejor, si no hay tales redes. El Abogado del Estado
argumentó en el recurso ante el Tribunal Constitucional que para ejercer
ese derecho hacía falta construir redes y que éstas estaban sometidas a
condiciones de exclusividad a algunos operadores, pero el Tribunal
Constitucional entendió que si para ejercer ese derecho hacían falta
redes, el derecho debía extenderse a la construcción de redes. Eso es lo
que impidió que el Ministerio aplicase a este tipo de redes las normas
actualmente vigentes en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Sin esta Sentencia del Tribunal Constitucional, hubiésemos aplicado, como
es nuestra obligación, la normativa vigente y hubiésemos tenido que
aplicar el régimen sancionador vigente a quien tendiese redes distintas
de aquellas que tienen título habilitante.
Por lo tanto, en ausencia de regulación, cualquier agente que construya y
explote una red de televisión por cable prestando con ella un servicio de
difusión de televisión, está amparado por la doctrina del Tribunal
Constitucional. Pero también entendemos que esa doctrina no ampara a
ninguna entidad, distinta a la de la Administración central del Estado, a
regular redes y servicios de cable para televisión y mucho menos para
cualquier otro servicio de difusión de telecomunicaciones, porque el
Tribunal Constitucional no ha alterado el esquema competencial del país.
Por tanto, en ausencia de disposiciones del rango adecuado, la
autorización para tender redes y prestar servicios de telecomunicación
sigue estando en manos de la Administración del Estado.
También entiende el Gobierno que la actividad amparada no puede
extenderse a niveles fuera de los ámbitos locales, puesto que éstos han
sido los términos concretos de la Sentencia del Constitucional.
Veámoslo ahora desde la perspectiva del contrato que tiene el Estado con
Telefónica. Puede caber la duda de si Telefónica puede construir redes de
cable para televisión, sin que esto forme parte de los servicios que
tiene contratados con el Estado. Al no formar parte de los servicios que
tiene contratados con el Estado, ¿puede hacerlo? Consideramos que
ciertamente el contrato no contempla la construcción de redes para
prestar televisión por cable, entendiendo como tales aquellas que se
utilizan exclusivamente para este fin, y que no pueden prestarse a través
de ellas otros servicios. Entendemos que, desde este punto de vista, a
Telefónica no le ampara la, digamos, prerrogativa que, por ejemplo, tiene
para expropiar, para incidir sobre el dominio público, para poder
desarrollar aquellas actividades en las que aparece como un agente
público, aplicando un servicio público contratado con el Estado. Si eso
no está contratado con el Estado, las prerrogativas que tiene para
poderlo hacer no son de aplicación. Pero Telefónica está autorizada
expresamente a construir una red digital de servicios integrados que es
coherente con su obligación de dotar continuamente a sus infraestructuras
de los medios tecnológicos más avanzados para prestar todos los servicios
que tiene encomendados, y el Plan Nacional de Telecomunicaciones le
mandata a que haga evolucionar sus infraestructuras hacia la red
integrada de banda ancha, para que soporte cualquier tipo de servicio de
telecomunicación. Esas redes deben ser capaces de soportar la señal de
televisión y transportarla.
Luego, Telefónica no sólo está autorizada a, sino que tiene la obligación
de hacer evolucionar la red del hilo de cobre, del cable coaxial, de la
fibra óptica, hacia una red integrada, digitalizada, primero de banda
estrecha y después de banda ancha, y esa red puede llevar televisión. Por
tanto, es muy difícil decirle a Telefónica: «Haga usted evolucionar su
red y distinga en la red lo que es la capacidad de soporte de una cosa de
lo que es la capacidad de soporte de otra.» Porque eso, señorías, es
absurdo tecnológicamente hablando, eso es mirar al pasado, es mirar a una
época, a la del juez Greene con la distinción artificiosa entre: «Usted
lleva televisión y usted lleva voz», en la que se justificaba la
existencia de tecnologías analógicas que hacían imposible la convergencia
en un unimedio --yo prefiero hablar del unimedio en lugar del
multimedio-- de toda la transmisión de cualquier telecomunicación.
El futuro no es así, el futuro es el soporte único, de gran capacidad,
donde nadie distingue lo que es una imagen, lo que es una voz o lo que es
un dato, puesto que todos circulan bajo la forma de chorros de «bits» de
mayor o menor intensidad; por tanto, a Telefónica no le podemos decir,
como algunos pretenden: «No, sus infraestructuras que sean muy buenas,
pero que sólo transporten algo de lo que puedan hacer, como ciertas
clases de ``bits'', ``bits'' de algún color.» Los «bits» no tienen color,
transportan cualquier cosa que alguien desee recibir.
Por eso, la confusión que se crea a veces en los medios de comunicación
por los malentendidos que se forman en la transmisión de aspectos
técnicos, debería permanentemente reformarse y limitarse. Recientemente
he oído decir que se llegaría a un acuerdo sobre la red del cable por la
cual las redes de cable para televisión serían establecidas bajo la
tutela de unas administraciones, y las redes de cable para el resto de
las aplicaciones de telecomunicación por otras administraciones. Eso es
absurdo. Este es el camino que no le interesa a España. A España no le
interesa que se tiendan redes de cable para televisión que sólo sirvan
para televisión. No hay dos redes, una para una cosa y otra para otra.
Eso es retrotraernos a hace diez o veinte años.
Por tanto, en el futuro podremos hablar de la red integrada de servicios
digitales, independientemente de que los servicios que circulen por esta
red estén sometidos a regulaciones distintas por parte de
administraciones distintas, en función de las competencias de cada una.
Ahora bien, ¿qué infraestructuras tiene Telefónica hoy en día para que
sean capaces de soportar un chorro de «bits» que sea soporte de
televisión? ¿Cinco megabits? No es lo mismo llevar una conversación
telefónica que una señal de televisión.
Señoría, las únicas infraestructuras de Telefónica que son capaces de ser
utilizadas para prestar servicio de televisión por cable son las
desarrolladas en el marco del Plan Foton, que consiste en el tendido de
fibra óptica en el entorno urbano, entre centrales y puntos próximos a
los lugares de los abonados, tendido que es perfectamente coherente con
el establecimiento de esta red digital de servicios integrados de banda
ancha, pero que es algo muy diferente de una red de cable especializada
para llevar televisión. Lo que está haciendo Telefónica con el Plan Foton
no es una red de cable para llevar televisión, es una red de cable
digitalizada, de banda ancha, que pueda llevarlo todo.
Otro aspecto que se analizó a la luz del contrato era la posibilidad de
que aparecieran subvenciones cruzadas entre los servicios objeto del
contrato y una actividad, la de televisión por cable, que, de acuerdo con
la Sentencia del Tribunal Constitucional y de la voluntad política del
Gobierno, debe prestarse en competencia. Pero Telefónica nos indicaba
claramente en su pregunta su intención de prestar el servicio mediante
filiales o de una forma contablemente transparente en el caso en que no
segregase temporalmente esta actividad en una filial. Por tanto,
Telefónica efectuó su pregunta de forma coherente con la política de
telecomunicaciones del Gobierno, con la dinámica reguladora europea, en
particular, con el proyecto de ley de telecomunicaciones por cable y con
la Sentencia del Tribunal Constitucional.
Como ustedes saben, el proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a las
Cortes establece un «duopolio» de red a nivel de demarcación, compuesto
por un operador de cable, cuya concesión obtendría por concurso, y por la
actual red de Telefónica, que está siendo soporte de televisión por cable
en todos los países que han tenido y tienen un gran operador público de
telecomunicaciones, como es el caso de Alemania y de Inglaterra; Deutsche
Telekom es ya el primer operador de cable del mundo entero, y Francia
está haciendo a marchas forzadas que France Télécom haga lo mismo. De
manera que nosotros pensamos que la red de Telefónica debe ser, por
razones obvias, por razones de realidad, uno de los dos operadores de
red, sometido, eso sí, a las mismas limitaciones que el otro operador,
incluso a algunas mayores, como es el retardo en el inicio de la
prestación de sus servicios, con la obligación de que integre sus
servicios de cable con el servicio telefónico básico. Fíjense bien: en el
proyecto de ley del Gobierno, Telefónica tiene que integrar el servicio
de televisión con el servicio telefónico básico; no vale que haga como
otros operadores, que enrolle un cable encima del otro para mandar por
dos conductos distintos, aunque yuxtapuestos, dos productos diferentes,
mientras que el operador que ganara por concurso la concesión de una red
para transportar televisión a través de un cable, no estaría obligado a
que ese cable fuera capaz de transportar otras cosas. Debería saber que
esa posibilidad se le abre y se le ofrece, pero no tiene por qué
aprovecharla y, por tanto, puede graduar sus inversiones para adaptarse
paulatinamente a los mercados que se vayan abriendo.
Nosotros nunca nos hemos planteado aplicar en España la política de
prohibir a Telefónica que preste, a través de su red, televisión por
cable, aunque hay quienes lo dicen y piden en nombre de una defensa
acérrima de la competencia, fuera de cualquier marco físico, histórico,
sociológico y económico.
Esa política, sin duda alguna, en teoría, crearía un marco más
competitivo. Beneficiaría, sobre todo, a los operadores emergentes, pero
no beneficiaría a los consumidores; beneficiaría, sobre todo, a los
operadores extranjeros que encontrarían un mejor campo para iniciar sus
actividades, pero retrasaría enormemente el desarrollo del servicio y
perjudicaría de forma importante el proceso de modernización de la
principal y más universal de las infraestructuras de telecomunicación
española.
Considero una actitud fundamentalista, absolutamente fuera de los
intereses del país, plantear que Telefónica quede maniatada, alejada,
fuera de un proceso de desarrollo tecnológico, que la podría conducir a
la pérdida de oportunidades y a la imposibilidad de colaborar en la
construcción de las mismas para el desarrollo adecuado de nuestras
telecomunicaciones. Por ello, y ante una situación fáctica por la que
otros operadores están comenzando el cableado de las principales ciudades
españolas, en ausencia de normativa, tanto técnica como de servicio,
entendimos que no tenía ningún sentido y que sería perjudicial para el
país y para la Telefónica, que es uno de los grandes activos del país,
ejercer un freno sobre esta empresa no dejándole hacer lo que el Tribunal
Constitucional ha dicho que podría hacer cualquiera, porque eso solamente
serviría para dar ventajas al desarrollo de un cableado anárquico y
desregulado sobre otro cableado que puede hacerse con las mejores
condiciones de solvencia técnica, dentro de un marco de liberalización y
de modernización de nuestras telecomunicaciones.
Si a SS. SS. les parece oportuno, eso es todo lo que tengo que decir,
desde el punto de vista de la segunda de las preguntas que se me hacen.
Puedo someterme a sus consideraciones y pasar después a la segunda.
Obviamente yo podría darles más razones técnicas.
Podría explicarles por qué la red de Telefónica tiene que evolucionar
hacia la Red de Multiservicio ATM. Podría explicarles de qué manera el
papel de Telefónica en la transmisión de televisión por cable implica la
ventaja para sobrevivir en el mercado global de los grandes operadores
mundiales, frente a los que tiene que competir y refuerza su liderazgo en
las telecomunicaciones hispanoamericanas. Seguramente sería muy aburrido
empezar a hablar de qué manera eso permite la instalación de conmutadores
asíncronos en plazos de tiempo más breves, pero, quizá, sí sería
importante decirles que los contenidos de estos sistemas que Telefónica
va a poner en marcha, en ningún caso van a escapar a la función
reguladora que corresponde a las comunidades autónomas, tanto en el marco
competencial que la Constitución les atribuye en el terreno de los medios
de comunicación social, como en la difusión de cualquier otra clase de
televisión en ámbitos locales definidos.
El señor PRESIDENTE: Es criterio de esta Presidencia que, dado que el
objeto de las dos comparecencias, una la primera a petición del propio
Gobierno y la segunda a petición del Grupo Parlamentario Popular y que el
fondo de la cuestión es el mismo, rogaría al Ministro que, tras estos
veinte o treinta segundos de reposo que supone mi exposición, procediera
a dar su versión y a aportar sus conocimientos y sus argumentos con
respecto al punto primero del orden del día que es el que justifica, por
segunda vez, su presencia en esta Comisión.
Por tanto, yo rogaría al señor Ministro, para proceder a un debate
debidamente articulado entre todos los grupos parlamentarios, que
continuara su exposición haciendo ahora referencia en particular al
primer punto del orden del día y que, con posterioridad, los grupos
parlamentarios que quieran intervenir lo hagan conjuntamente para ambos
puntos del orden del día. Luego habrá un turno de réplica de cinco
minutos aproximadamente, después de que el Ministro haya contestado a
cada uno de los portavoces de los Grupos parlamentarios deseosos de
intervenir, y lógicamente, al final, el Ministro terminará la sesión de
trabajo de hoy, contestando a las interpelaciones producidas por cada uno
de los grupos parlamentarios que así lo consideren oportuno.
Por tanto, ruego al señor Ministro que siga su intervención, aportando
sus matizaciones y argumentos al primer motivo de su comparecencia en
esta Comisión.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): En cuanto al acuerdo entre la Compañía Telefónica de
España y otra empresa privada, que responde a la denominación de Canal
Plus, quiero pasar a informarles de lo que el Ministerio y el Gobierno
conocen y valoran al respecto, pero antes déjenme que les diga que la
respuesta dada a Telefónica el 26 de julio no fue una autorización, como
se ha dicho, sino una respuesta jurídica a una pregunta formulada en
estos términos.
Pocos días después, Telefónica y Canal Plus firmaban y anunciaban
públicamente un acuerdo estratégico para la prestación conjunta del
servicio de televisión por cable en España: la prestación conjunta del
servicio de televisión por cable en España, a partir de septiembre de
este mes.
Déjenme que insista y recalce que ni este Ministerio, ni tampoco el
Ministerio de Economía y Hacienda, que sería el otro Ministerio que por
razón de la titularidad de las acciones de Telefónica tendría algo que
conocer, han conocido nada sobre la redacción de este acuerdo hasta que
fue comunicado en el Consejo de Administración de la Compañía Telefónica.
Ni hemos autorizado, ni hemos participado, ni hemos conocido, ni hemos
aplaudido. Eso es así, y así debe ser en la medida en la que se refiere a
las relaciones entre dos empresas privadas que actúan en un ámbito
competencial no regulado. Si ese acuerdo se hubiese llevado a cabo con
respecto a actividades objeto de regulación, naturalmente no sólo no se
hubiera podido firmar, sino concebir sin la autorización del regulador.
Si ese acuerdo hubiera implicado compromisos financieros, ampliación de
capital o cualquier compromiso económico por parte del Gobierno, no se
hubiera podido plantear ni culminar sin el conocimiento de quien ejerce
la tutela financiera de Telefónica.
Como ustedes saben, España es el único país de Europa donde la empresa
pública de telecomunicaciones es privada en cuanto a la composición de su
capital y es pública en cuanto que ejerce una función pública y en donde
el
operador público --llamémosle así-- está sometido a un doble control, a
una doble tutela: por una parte del Ministerio de las telecomunicaciones,
por otra parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Es el único país
del mundo donde esto ocurre. En el resto de los países europeos los
servicios de telecomunicación públicos no son sociedades anónimas, no lo
han sido hasta ahora, son entes públicos y están sometidos, cien por
cien, al control y a la autoridad del ministerio responsable de la
política de las telecomunicaciones. En España históricamente no ha sido
así. En Telefónica ha mandado mucho más el Ministerio de Economía y
Hacienda que el Ministerio de las telecomunicaciones, por razones obvias
e históricas. Yo tengo una visión muy negativa de las consecuencias que
ha tenido este doble mando, esta doble dependencia de la Compañía
Telefónica de dos Ministerios. Creo que hubiera sido mucho mejor que
hubiera estado dependiendo de una única autoridad que tutelara
políticamente su desarrollo, pero las cosas son como son, la historia se
escribe como se escribe y la buena coordinación entre los Ministerios
subsana esta situación atípica y funcionalmente poco justificada y poco
positiva en sus resultados prácticos. Tampoco el Ministro de Economía y
Hacienda, al que represento en esta comparecencia, ya que la hago en
nombre del Gobierno y no sólo en nombre del Ministerio de las
telecomunicaciones, ha participado, conocido o aprobado esta clase de
acuerdo, como tampoco lo hace en otros en los que Telefónica participa en
el marco de su función como empresa privada, aunque posiblemente en
calidad de accionista del Ministerio de Economía y Hacienda le lleve a
seguir más de cerca aquellas actuaciones no sometidas a regulación y que
afecten a la solvencia financiera de la empresa en su conjunto y a la
cotización de su acción. Desde el punto de vista de la regulación les
insisto en que éste es un asunto que escapa completamente al ámbito
competencial que tiene este Ministerio. Pero les quiero insistir, puesto
que hablo en nombre de mi colega el Ministro de Economía y Hacienda, en
que tampoco el Ministerio de Economía y Hacienda ha participado en el
mismo.
El Ministerio, a través de su presencia en el Consejo de Administración
de Telefónica --donde saben que hay representantes del Estado que velan
por el cumplimiento del contrato que Telefónica tiene con el Estado, pero
que no están allí como representantes de los accionistas sino del
contratista para velar por el cumplimiento por parte de Telefónica de un
contrato que, a fin de cuentas, es el 85 por ciento de su actividad--,
por sus representantes en el Consejo y en particular por la Secretaría
General de Comunicaciones, tuvo conocimiento de las principales
características del acuerdo, pero no del texto del acuerdo. Asimismo y
con posterioridad a la información dada al Consejo de Administración de
la Compañía, la Delegación del Gobierno en Telefónica, que depende del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, requirió
oficialmente dicho acuerdo, que no había sido suministrado «ex litterae»
en el Consejo, para analizarlo y determinar si, a la luz de las
obligaciones contractuales de Telefónica y de la legislación de las
telecomunicaciones, ese acuerdo planteaba algún problema. Al hacerlo así,
el Delegado del Gobierno en Telefónica no hizo sino cumplir con su misión
y ejercer su derecho de control.
Dado que el acuerdo entre Canal Plus y Telefónica se enmarca en las
relaciones comerciales entre dos empresas privadas para colaborar
conjuntamente en un campo de actividad que, en ausencia de normativa no
forma parte de los servicios regulados por el Ministerio, la información
que en ese acuerdo se contiene y al que la Delegación del Gobierno en
Telefónica ha tenido acceso, está sujeta a la más estricta
confidencialidad, salvo en lo que se refiere a aquellos aspectos que
tengan que ver con las obligaciones contractuales de Telefónica y con el
cumplimiento de la normativa vigente. Entiéndanlo bien, son dos empresas
privadas que pactan, al amparo del Derecho privado, sobre una materia que
no es objeto de regulación y sobre la que no hay normativa específica ni
obligaciones contractuales con el Estado. Por lo tanto, mis servicios,
cuando analizan este tipo de actividades, no lo hacen para propagar «urbi
et orbe» lo que los agentes privados en cuestión han decidido hacer.
Solamente podemos intervenir en la medida en que estas acciones pudiesen
ser contrarias, contradictorias, contraproducentes o lesivas con las
obligaciones que una de las partes, Telefónica, tiene con el cumplimiento
de una normativa y de un contrato. Yo me limitaré a ello; de lo
contrario, estaría divulgando elementos del comportamiento de agentes
privados sobre los que no tengo ninguna autoridad.
Si, tras del estudio del acuerdo, la Administración reguladora hubiese
encontrado algún aspecto del mismo que fuese incompatible con la
normativa vigente, la Delegación del Gobierno ya se hubiese dirigido a
Telefónica exigiéndole la modificación de este acuerdo.
Del examen que hemos realizado, se dedujo la conveniencia de solicitar
algunas aclaraciones a Telefónica sobre el contenido del acuerdo,
particularmente sobre los supuestos que pudieran tener relación con la
exclusividad del suministro de sus infraestructuras, que había sido
objeto de debate en los medios de comunicación. Las respuestas que
obtuvimos de Telefónica pudieron ser consideradas satisfactorias, en
particular desde el punto de vista de la no exclusividad de suministro de
estas infraestructuras. De haber sido así, obviamente, hubiéramos
intervenido, como ustedes pueden imaginarse.
En este contexto --insisto mucho, en este contexto--, es en el que debe
enmarcarse mi comparecencia en esta Comisión y espero que SS. SS. no me
pidan que me salga de él. Desde esta perspectiva, voy a analizar el
contenido del acuerdo.
Dicho acuerdo especifica la organización empresarial y las
participaciones accionariales de las diferentes empresas, a través de las
que dos socios prestarán servicio de televisión por cable y otros,
describiendo las funciones asignadas a cada empresa, y fija las
autolimitaciones que ambos socios aceptan para no competir en aquellos
servicios y territorios en los que operen empresas locales de televisión
por cable formadas en desarrollo de este acuerdo. Así, establecen
básicamente tres cosas. Primero, que el servicio de televisión por cable
será prestado por operadores de cable locales, en los que Telefónica
detentará un 51 por
ciento de capital. Dos, que Telefónica suministrará la red de
distribución de banda ancha y la red de acceso a abonados de estas
empresas locales, pero de forma no exclusiva; su red podrá ser utilizada
por estas empresas locales, pero no exclusivamente por éstas. Tres, que
estas operadoras locales alquilarán a Telefónica las infraestructuras
antes mencionadas, es decir, la red de distribución y acceso, y
alquilarán o comprarán por su cuenta el resto de los elementos de red
específicos y necesarios para completar una red de televisión por cable,
que dependerá de los servicios de televisión por cable que quieran
prestar, los explotarán y actuarán de cara a los usuarios en su propio
nombre, de forma independiente de Telefónica, y harán por sí mismas las
tareas de comercialización y facturación de los servicios. Estas
operadoras no prestarán servicios de telecomunicación, no podrían
hacerlo, aunque cuando estén liberalizadas estarán en un marco distinto
al que, como todo el mundo, tendrán que adaptarse.
Finalmente, ambos socios se comprometen a no competir entre sí en los
territorios servidos por operadores locales de cable y Telefónica se
compromete a no firmar acuerdos similares con otros programadores para
crear nuevas operadoras de cable, lo que por cierto tendría prohibido si
estuviese en vigor la ley que el Gobierno ha remitido a las Cortes. Este
compromiso no se extiende al suministro de sus infraestructuras para
otras operadoras. Telefónica no va a formar sociedades con otros, va a
mantener la fidelidad al socio, pero puede prestar su red, previo pago,
claro, para que otros, aliándose con ellos, desarrollen esta actividad.
Creo que nada en el acuerdo excluye que otros socios puedan entrar hasta
un 20 por ciento del porcentaje del capital y que éstos puedan ser
empresas que aporten contenidos a la programación.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración reguladora de
las telecomunicaciones, no hay en este acuerdo nada que impida la puesta
en práctica de otras iniciativas. Para ello, quizá sería bueno que SS.
SS. tuvieran claro, y creo que lo tienen, cuáles son las distintas formas
de participar en el mercado de televisión por cable, pero no quisiera
convertir mi comparecencia en una exposición doctrinal porque luego se me
acusa de cierta tendencia que quisiera evitar en mis exposiciones. Seguro
que SS. SS. conocen cuáles son las formas de participar en el mercado de
televisión por cable; que conocen que la independencia de los operadores
es proporcional al esfuerzo inversor que hacen, que este esfuerzo
inversor se puede clasificar en tres niveles --el de operador con red
propia, el de operador sin red y el de programador independiente--; que
cada uno de estos esquemas de funcionamiento exige el suministro de
distintos elementos de acceso a cabeceras y de decodificadores y que,
finalmente, el Gobierno optó, después de estudiar la legislación y la
práctica comparada, por eliminar el concepto de operador sin red y por
establecer solamente el caso de un operador con red y de suministradores
de programas. De todo ello, SS. SS. tienen amplia información y por ello
voy a saltarme las páginas que, en un afán pedagógico quizá excesivo,
tenía preparadas para explicarles.
En este contexto es donde hay que dejar claro cuáles son las
posibilidades de uso de las infraestructuras de Telefónica por terceros,
algo fundamental en el debate en el que estamos entrando. Aquí, déjenme
matizar el término, porque debo matizarlo. ¿Qué es eso de las
infraestructuras de Telefónica? Las infraestructuras de Telefónica son de
dos clases: por una parte, son las infraestructuras civiles: las
canalizaciones, los conductos, las arquetas, las cámaras subterráneas,
los postes; por otra, son los cables y los sistemas de conmutaciones.
En lo que se refiere a la obra civil, la parte instalada por Telefónica
es muy importante, es muy costosa, pero no lo es menos que la de las
compañías eléctricas o la que ya tienen los ayuntamientos o las compañías
de agua o de gas. Para el tendido de una red de cable para televisión, el
coste de la infraestructura física es el 50 por ciento de la inversión;
luego no lo minusvaloremos. El 50 por ciento es el agujero, el tubo, el
poste, la cámara, lo que se hace sin añadir ni un gramo de electrónica.
Ese es el 50 por ciento del coste y Telefónica tenía infraestructuras de
este tipo, pero las tienen también multitud de empresas de servicios
públicos, algunas incluso más modernas y más capilares que las de
Telefónica. Pero si hablamos del cable instalado utilizable --vamos ahora
a la infraestructura de telecomunicación propiamente dicha--, saben SS.
SS. que el par de cable telefónico que hoy está instalado es un sistema
caro y muy limitado para transportar televisión y que, por tanto, las
infraestructuras de Telefonía, que hoy son susceptibles de ser utilizadas
como servicio portador de la televisión, se reducen a aquellas de
tendidos de fibra óptica en el ámbito urbano que forman parte del Plan
Foton. El resto es muy difícil e ineficientemente utilizable para esta
finalidad.
Luego están los tendidos de fibra óptica que pueden haber ido
desarrollando otras entidades, cuyas características desconocemos, aunque
tenemos conciencia del cableado óptico realizado por el Gobierno vasco, a
través de su empresa Euskalnet, así como de los cableados de distintas
ciudades españolas al amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Por tanto, la posibilidad de utilizar infraestructuras alternativas es
evidente, la posibilidad de usar las de Telefónica es también evidente
aunque limitada en su capacidad, pero tengan la seguridad de que el
Gobierno tomará todas las medidas y por eso en la Ley de Acompañamiento
sugerimos una norma que autoriza o mandata al Gobierno a que lo haga,
para que el acceso a la red de Telefónica se haga en igualdad de
condiciones por cualquier operador.
En este sentido, ha habido una serie de críticas a este acuerdo que han
preocupado al Ministerio, que las ha estudiado y valorado, y que le hacen
estar en permanente contacto con los servicios de la competencia, tanto
europeos como españoles, para analizar si, desde el punto de vista de la
competencia, pudiera o no haber alguna dificultad. Yo les garantizo que,
desde el punto de vista de la legislación de las telecomunicaciones, no
la hay. Si la hubiera habido, es obvio que el Gobierno, el Ministerio,
hubiera intervenido. Desde el punto de vista de la legislación de las
telecomunicaciones, no hay nada que obligue a una Administración a
intervenir en contra de este acuerdo. Si hay o no problemas desde el
punto de vista de la competencia, doctores tiene la Iglesia, doctores
independientes. Saben ustedes
que la Comunidad Europea ha recibido una queja, la está estudiando, ha
habido alegaciones y estamos a su disposición para contribuir al mejor
conocimiento del problema. Ahora bien, si quieren ustedes que yo explore
el conjunto de la problemática planteada y avance algunas de las
valoraciones como creo que es mi obligación hacer, me referiré a algunas
de estas críticas.
Primera crítica: la exclusividad del acuerdo genera un monopolio «de
facto» en una actividad que no debe ser prestada en condiciones de
monopolio. Esta crítica se cae por su peso en la medida en que,
obviamente, no exista esta exclusividad. Sin embargo, aun no habiendo
exclusividad, la existencia de una posición dominante en la capacidad de
suministro de redes urbanas de banda ancha aconseja, para su regulación,
que se dé a esta red las características de suministro ONP y, por tanto,
a esta situación de dominio debe acompañarle una regulación que el
Gobierno tiene intención de hacer en el plazo más breve posible, y por
eso les he dicho que la Ley de Acompañamiento introducirá una
autorización o un mandato en este sentido. No hay exclusividad, pero
debemos tomar precauciones para que no se produzca un abuso de posición
dominante.
Segunda crítica: la asociación de una empresa que explota un monopolio,
que tiene una fuerte participación pública y controlada por el Gobierno
con una empresa privada. Desde este punto de vista, saben SS. SS. que las
empresas que nacen de este acuerdo serán filiales de Telefónica al 51 por
ciento y prestarán un servicio en competencia con otros; es decir, se
configura una alianza similar a la del proyecto Unisource o la que se
daría con toda probabilidad si en Telefónica móvil participaran otros
socios. La asociación con socios estratégicos de una empresa de
telecomunicaciones que aborda una actividad nueva no regulada, como es la
de difusión de imagen, es una práctica absolutamente no sólo común, sino
inevitable en el proceso de liberalización. Se podrá criticar a
Telefónica que haya escogido a un socio u otro, pero yo en eso no voy a
entrar, porque es una decisión libérrima de un operador que inicia una
actividad no regulada y busca apoyos en otros agentes económicos para
maximizar esa andadura. ¿Hubiera podido Telefónica convocar un concurso
para seleccionar el mejor socio? Nunca ha ocurrido, en ninguna parte del
mundo un agente económico privado convoca un concurso para seleccionar su
mejor socio al iniciar una actividad, y tampoco lo ha hecho ninguna de
las empresas de telecomunicación que han iniciado actividades en este
terreno. (Rumores.) Veo que mis palabras causan escándalo en sus
señorías. Estoy seguro de que tendremos ocasión de «verbalizarnos».
La tercera crítica que se puede hacer es la inexistencia de algún derecho
de Telefónica para construir redes de televisión por cable, por tanto,
para utilizar de forma legal los derechos de expropiación y, de paso,
asociados a una concesión administrativa. Entendemos que Telefónica tiene
esos derechos para construir una red digital de servicios integrados. La
tiene, no es decir: «A ver si Telefónica lo hace.» No, es que tiene
obligación contractual de hacer evolucionar el hilo de cobre hacia una
RDSI y, si fuera posible, de banda ancha. En consecuencia, con los
tendidos que ya tiene, puede prestar televisión como un servicio más de
los que estas redes son capaces de soportar y, además, Telefónica tiene
la obligación de introducir las tecnologías más modernas, lo que
justificaría la introducción de fibra óptica en su bucle de abonado en su
red urbana.
Finalmente, en lo que se refiere a los sistemas de codificación, se han
oído cosas curiosas. Respecto al sistema de codificación de la televisión
de pago utilizado por Canal Plus, todo sistema de cable de pago necesita
un decodificador, que es fundamentalmente un sistema de facturación.
Naturalmente que decodifica la imagen, pero se utiliza para saber cuánto
se consume, quién lo consume y poderle facturar. El que suministra el
producto tiene que tener el decodificador, y en el futuro, si hubiese dos
operadores de red, en España habría dos decodificadores, uno para cada
operador de red, y si hubiera algún ciudadano suficientemente rico e
inquieto y con suficiente tiempo libre para estar abonado a los dos,
tendría dos, si le llegaran los dos a su casa, caso que no se da siempre.
Sin embargo, si alguien quisiera tener dos y llegaran, tendría que tener
dos decodificadores. Se ha acusado de que el decodificador que Telefónica
ha comprometido, a través de sus socios, la condena al subdesarrollo
tecnológico, ya que este decodificador es un decodificador analógico que
no es capaz de soportar las telecomunicaciones modernas del futuro. Yo no
quiero hacer ninguna valoración sobre las opciones estratégicas de
Telefónica en aquello en lo que no me compete. El Ministro de Economía,
preocupado, como debe estarlo, por la solvencia financiera de Telefónica
--yo también lo estoy, pero digamos que en este reparto de papeles él lo
está más por una cosa y yo más por la otra, y los dos por todo--, quizá
debería tener una preocupación mayor, que les aseguro que tampoco tiene.
No es nuestra función valorar subjetivamente los equipos utilizados, sino
asegurar que cumplen las especificaciones técnicas obligatorias. En ese
sentido, debo decir lo siguiente: el decodificador que Canal Plus
suministrará a las redes de cable que Telefónica va a poner en
funcionamiento en el marco de este acuerdo, utiliza actualmente en sus
emisiones codificadas un sistema de proceso analógico por una razón bien
sencilla, porque los servicios que presta también son analógicos, porque
la norma de televisión con la que se emite, que es la norma PAL, es una
norma analógica y sería incompatible con un decodificador digital.
También saben SS. SS. que las actividades de televisión por cable que se
desarrollan actualmente en España son todas analógicas, y que las
experiencias de la televisión digital en el mundo están todavía en fase
experimental, que hay codificación y decodificación digital de televisión
por satélite, pero todavía no en la transmisión terrestre por cable o por
ondas hertzianas. Hay un grupo de empresas que están trabajando en este
terreno, y el Gobierno, como saben SS. SS., hace todo lo posible para que
avancen los modernos decodificadores que hoy en día no son disponibles ni
están en servicio en ningún país.
Como conclusión, señor Presidente, señorías, debo decirles que en la
medida en que las principales infraestructuras de Telefónica son el
principal activo y que esto puede suponer una ventaja importante,
tendremos que garantizar
que sean accesibles a terceros en condiciones de red abierta y tarifas no
discriminatorias, y con estas especificaciones no deberíamos entender que
existe ninguna condición que limita y vulnera negativamente el desarrollo
de este mercado. En el texto del acuerdo se dice que el precio de cesión
de la red de Telefónica a las operadoras de red de televisión por cable
de la propia red se haría en condiciones de mercado, pero el Gobierno es
perfectamente consciente --y así lo va a efectuar-- de que no existe un
mercado suficientemente desarrollado como para que fije ese precio y de
que, por otra parte, estamos en condiciones de empresas vinculadas, en la
medida en que Telefónica cede red a una filial suya, de la que tiene el
51 por ciento y, por lo tanto, este precio de cesión no puede ser fijado
libremente por las partes sin tener en cuenta los efectos, aunque sólo
fueran fiscales, que se producirían, dada la clara situación de un precio
vinculado dadas las condiciones de relación entre ambos. Por tanto, el
precio de cesión, de uso, de la red de Telefónica al operador de red
tendrá que ser regulado para evitar subvenciones cruzadas con otros
servicios que también se prestan sobre la red de Telefónica. Será el
mismo si aparecen otros operadores de televisión por cable, otros que hoy
podrían ser en número indefinido, puesto que no hay norma, pero si algún
día se aprueba una ley que lo regule, serían dos como máximo; en este
caso el precio sería el mismo para los dos, a no ser que el segundo
operador se montara una red propia, no alquilase la red de Telefónica y,
en ese caso, empezaríamos a poder hablar de un mercado que permitiría
disminuir la intensidad regulatoria que hoy consideramos imprescindible.
Muchas gracias por su amable atención. Siento haberme extendido. He
procurado explicar con la mayor claridad posible un tema que es complejo
y que se presta a simplificaciones abusivas que conducen a malas
interpretaciones y a polémicas, a veces, estériles.
El señor PRESIDENTE: Después de la exposición realizada por el señor
Ministro para informar sobre el tema objeto de la comparecencia, tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, el Grupo Popular,
la señora Mato, a quien damos la bienvenida a esta Comisión, porque es su
primera intervención en la misma, y, a su vez, anuncio también que el
resto de intervenciones será de mayor a menor, como es habitual cuando
comparece el Gobierno en esta Comisión.
La señora MATO ADROVER: En primer lugar, señor Presidente, siento
corregirle, pero no es la primera vez que yo intervengo en esta Comisión,
puesto que el debate de la Directiva de la televisión sin fronteras se
llevó también en esta Comisión de Infraestructuras y yo fui ponente de la
misma. En cualquier caso, le agradezco su bienvenida y espero que nos
veamos más veces en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, me refería a este año legislativo.
(Risas.)
La señora MATO ADROVER: En cualquier caso, señoras y señores Diputados,
voy a comenzar ni intervención agradeciendo al señor Ministro las
explicaciones que nos ha ofrecido a los miembros de esta Comisión en esta
comparecencia que, como habíamos anunciado antes, había solicitado mi
Grupo Parlamentario y también otros grupos, además del propio Gobierno.
Lamentablemente, las vacaciones estivales nos han impedido que pudiéramos
celebrar esta reunión, que tiene tanta trascendencia para la opinión
pública, antes de la fecha en que lo estamos haciendo.
Empezaré diciéndole que debería haber mostrado un poco más de
preocupación por la convulsión informativa que se ha producido en torno a
la irrupción de Telefónica en la televisión por cable con acuerdos con
empresas privadas. Digo que debería preocuparle porque, señor Ministro,
lo lógico, lo sensato para un Gobierno que cumple sus compromisos es que
haya un antes y un después de la ley de telecomunicaciones por cable,
pero la incompetencia, la incoherencia y las contradicciones en las que
permanentemente ha ido navegando el Gobierno --y estoy de acuerdo con
usted en que es lamentable que todavía no tengamos ley del cable, pero le
diré que es exclusivamente responsabilidad del Gobierno que todavía a
estas alturas no la tengamos-- parecen situarnos en estos momentos en un
antes y un después del acuerdo firmado por Telefónica con empresas
privadas y no en un antes y un después, como decía, de la ley de
telecomunicaciones por cable. La noticia que se espera en una situación
como ésta no es la de un acuerdo de una empresa de control público (y
aunque el señor Ministro quiera hablar de una empresa privada, estamos
hablando de una empresa privada pero de una empresa de control público)
con empresas privadas; la noticia que esperábamos y que se espera es que
tengamos una norma jurídica que nos permita avanzar en lo que usted ha
dicho que era su interés fundamental, que es la liberalización de las
telecomunicaciones.
Sus explicaciones han sido muy poco convincentes, porque me parece que el
Gobierno en este caso ha actuado sin ningún parámetro de objetividad y,
sobre todo, ha antepuesto el desarrollo de una empresa del sector público
a lo que deben ser las reglas del juego para todo lo que sería el futuro
de las telecomunicaciones en España. Ustedes con esta decisión están
comprometiendo, por intereses particulares y personales, el futuro de las
telecomunicaciones por cable en España. Nadie puede entender esta
decisión, salvo que la misma responda a una estrategia --inconfesable,
por supuesto-- del propio Gobierno y he dicho de telecomunicaciones
porque también usted lo ha hecho durante su intervención, dejando muy
claro lo que decía, porque una mañana se levantan ustedes hablando de las
telecomunicaciones por cable, pero al día siguiente, con la misma
naturalidad, se levantan ustedes y nos hablan exclusivamente de
televisión por cable. Puede que sea porque no tienen criterio al
respecto, lo cual sería grave, o también podría ser porque existen otros
condicionantes ajenos a la cuestión que les hacen cambiar de opinión, lo
cual es mucho más grave todavía, y que usted debería explicar en esta
Cámara.
Señor Ministro, esta comparecencia nunca debería haberse producido si
ustedes hubieran cumplido sus compromisos políticos, si hubieran cumplido
sus compromisos legislativos
y, sobre todo, si no estuvieran utilizando el cable como producto de
mercadeo en sus negociaciones para lograr un poco de tiempo más para el
final de esta agónica legislatura. Con toda claridad le diré, señor
Ministro, que si hubiera existido una ley, nosotros no le pediríamos
explicaciones sobre los comportamientos de Telefónica y no lo haríamos
porque su papel vendría regulado en la propia ley. Llevan ustedes muchos
años hablando de la regulación del cable. Primero nos propusieron la
regulación conjunta del cable y satélite, lo que se conocía como nuevas
modalidades de televisión. Resultó al final que el cable quedó guardado
en un cajón, y ustedes sólo trajeron la regulación de una televisión por
satélite, inservible, trasnochada y hecha a la medida de su fracasado
proyecto Hispasat. Una de las escenas --no sé si lo recordarán ustedes,
seguro que sí--, de lo que los medios de comunicación denominaron el NEP,
el nuevo estilo político, entre comillas, de Felipe González, fue en
torno al cable. Todos recordarán --yo lo recuerdo perfectamente-- al
Presidente del Gobierno, tras un Consejo de Ministros, cuando se presentó
a los medios de comunicación y anunció que antes de 1994 dábamos el gran
paso, el paso del futuro. Felipe González hablaba sin tener ni idea de
las autopistas de la información y también explicaba --torpemente, por
supuesto-- lo que ellas significarían y la importancia que tenía el cable
para España. Murió el NEP y con él volvió a dilatarse el proyecto de ley
de telecomunicaciones por cable, y el Gobierno continuó con su estrategia
de impedir la evolución del sector privado, amparándose en que no había
ley. Un grupo político que hasta hace pocas fechas era fiel aliado del
Gobierno --la verdad es que todavía hoy no sabemos si sigue siéndolo-- se
dio cuenta de la importancia del cable para el futuro, y, a partir de
ahí, empezaron los vaivenes: hablábamos de televisión por cable,
hablábamos de telecomunicaciones por cable.
Usted hablaba de que hay que mirar al futuro y que no hay que hablar de
infraestructuras obsoletas y que no hagamos eso. Estoy absolutamente de
acuerdo con usted, no hay que hacer eso, porque las infraestructuras
tienen que servir para más cosas que para televisión, porque además
técnicamente es muy difícil separarlo y para más cosas que para
telefonía; las infraestructuras tienen que ser para el futuro y por lo
menos para equipararnos al nivel de los demás países desarrollados de
Europa. Todo ello, señorías, ha ocurrido ante una situación que no es
opinable. En primer lugar, las inversiones en cable, las redes de cable,
constituyen la infraestructura más importante que nos queda por hacer en
España en los últimos tiempos. En segundo lugar, existe un sector privado
dispuesto a invertir y dispuesto a crear puestos de trabajo. En esa
dinámica, es la que ustedes han autorizado a Telefónica para que se
desarrolle en la televisión por cable.
Señor Ministro, esto no es opinable. Este y no otro es el contexto en el
que se produce, en primer lugar, la persecución por parte de su
Ministerio de aquellos que están invirtiendo en cable con el argumento de
que no existe una ley, y, en segundo lugar, la autorización a la Compañía
Telefónica, compañía de control público, para que irrumpa en el panorama
del cable sin que la ley exista. Cuando ustedes autorizan a Telefónica a
que campe por sus respetos en torno al cable, están mostrando además un
desprecio absoluto por esta Cámara, por este Parlamento, que está
debatiendo el proyecto de ley, y, además, está mostrando un profundo
desprecio por ustedes mismos, porque lo que han autorizado a hacer a
Telefónica --sí, señor Ministro, y, además, usted ha hablado del tema-- y
lo que han propuesto en su proyecto de ley que haga Telefónica en el
futuro contraviene la autorización que por escrito le han dado a esta
compañía. Ustedes han presentado un proyecto de ley en este Parlamento
que con la autorización dada a Telefónica está absolutamente trasnochado
y caducado. Señor Ministro, con más claridad, andan ustedes al margen del
debate parlamentario y han asignado una función a Telefónica, vía fax o
vía correo, que ni siquiera ustedes han previsto en su proyecto de ley.
Este asunto es muy extraño y yo diría que es bastante sospechoso, pero en
cualquier caso lo que es incomprensible e inaceptable, y por ello está
más que justificado el conjunto de críticas que han recibido de todos los
sectores relacionados con el tema de la comunicación en este último mes.
Señor Ministro, usted y su Gobierno han hecho el ridículo. Su incapacidad
para presentar un proyecto de ley coherente, sus retrasos continuos han
hecho que las instalaciones de cable tengan que estar legalizadas a
través de los tribunales de justicia, quedando en entredicho la
iniciativa legislativa del Gobierno. Le corrijo porque no hay solamente
una sentencia, hay más de una sentencia ya, que permite que los
operadores de cable puedan operar en ausencia de ley o mientras los
legisladores no elaboren la misma.
Señorías, todos los españoles tienen que respetar la legislación vigente,
pero si hay empresas que nunca, nunca, pueden actuar sin ley o al margen
de la ley, ésas son especialmente las empresas públicas o las empresas de
control público. No hace falta que usted nos recuerde cada poco en su
intervención y en las siguientes intervenciones el importante ingrediente
privado de la Compañía Telefónica, pero no me negará S. S. que es de
control público. Sus palabras, de todas maneras, señor Ministro, no nos
causan escándalo, no causa ningún escándalo que usted hable de una
compañía privada en acuerdos con otra compañía privada; lo que causa es
sonrojo y vergüenza, que es bastante distinto del escándalo.
Vuelvo a resumir con este interrogante: ¿cómo explica que, cuando su
Ministerio está cuestionando el papel de las empresas privadas en el
cable, en ausencia de ley lógicamente, se autorice a una empresa de
control público a participar en el mismo? Nosotros no cuestionamos que la
pregunta que le efectuó Telefónica a su Ministerio estuviera bien
redactada, por supuesto. Lo que sí le decimos es que la autorización que
ustedes le han dado, aunque usted trate de decir que no era una
autorización sino una respuesta jurídica --las respuestas jurídicas las
dan las asesorías jurídicas y no los ministerios, no el ministro
correspondiente-- no ha sido una autorización tácita, ha sido una
autorización expresa amparándose en las sentencias de los tribunales, las
cuales ustedes nunca habían respetado hasta este momento. Lo que prueba
que ustedes lo han autorizado
expresamente es la pasividad de su Gobierno para tratar de impedir las
actuaciones de la Compañía Telefónica hasta estos momentos. ¿Por qué han
actuado en contra de empresas que en el ámbito audiovisual local han
actuado sin ley, y ahora aplauden y justifican la actuación de
Telefónica? Debería usted explicárnoslo, si es que puede. Seamos claros,
en otros supuestos similares han intentado que todo el peso de la ley
caiga sobre aquellos que han actuado en ausencia de ley. En este caso,
han tenido una conducta que sólo se puede calificar de vergonzante. Si
cualquier ciudadano o empresa consulta a su Ministerio, y la respuesta
es, como ustedes la han dado, que no existe ley, pero al mismo tiempo les
dicen que hay unas sentencias del Tribunal Supremo que amparan la
intervención, necio sería el que pregunta si no entendiera que se le ha
dicho que sí, que sí con todas sus consecuencias. Telefónica y el
Ministerio, el Ministerio y Telefónica han jugado a justificarse
mutuamente en una doble coartada, epistolar o vía fax.
Pero, además, es que hay abiertos más debates, algunos de los cuales
ustedes han comentado. Vemos que hay un debate abierto sobre la
neutralidad del Gobierno en torno al papel de Telefónica, neutralidad que
parece haber desaparecido a medida que se acercan las elecciones y es
previsible su salida del Gobierno. Hay también un debate abierto en torno
a la competencia leal de las empresas públicas y privadas en el futuro
del cable. Señor Ministro --le hago una pregunta--, ¿puede usted
garantizar la competencia leal en el futuro del cable?
También hay otro debate abierto, respecto al cual voy a hacerle otra
pregunta. Hay un debate abierto sobre las condiciones de igualdad en la
que los agentes privados deben acceder a las infraestructuras de
Telefónica que se han creado a raíz o al amparo de una situación de
monopolio. Ahora le hago la pregunta, ¿puede garantizar usted que todas
las empresas van a acceder en igualdad de condiciones a las
infraestructuras de Telefónica? Me refiero a todas las infraestructuras
de Telefónica. ¿Puede garantizar que van a acceder a ellas en condiciones
de transparencia? ¿Puede garantizar que van a tener las mismas
condiciones fijadas por el Ministerio?
Señor Ministro, en la rumorología se dice que, al parecer, usted ni se ha
enterado o, si se ha enterado, se ha enterado tarde de todo este asunto.
No sé si es peor que haya aprobado la autorización o que no se haya
enterado de la misma, pero además es que parece ser que usted no sabe que
Telefónica está esgrimiendo la respuesta de su Ministerio ante todos los
ayuntamientos. Presumo su buena fe en todo este asunto, y lo hago no
porque crea mucho en usted, sino porque las posiciones de Moncloa con
respecto al cable y las de su Ministerio han sido en ocasiones claramente
contradictorias. Para ser más claros, mientras usted estaba defendiendo
nítidamente las competencias del Estado en materia de comunicaciones por
cable, en Moncloa se estaba pensando en trasladar las mismas a la
Generalidad de Cataluña si con ello se ganaba tiempo.
Quiero, señorías, dejar muy clara la posición de nuestro Grupo a estos
efectos. En primer lugar, el Gobierno es el único responsable de que hoy
no existan reglas de juego en torno al cable. En segundo lugar, la
polémica abierta sobre los acuerdos entre Telefónica con empresas
privadas de comunicación se produce precisamente por la ausencia de esas
reglas de juego. En tercer lugar, sería un profundo error que una empresa
de control público continuara en una estrategia que condiciona su futuro
sin estar amparada en ninguna ley. En cuarto lugar, las prerrogativas y
las ventajas de Telefónica sobre la base de su monopolio anterior no
pueden ser utilizadas para la instalación inmediata de redes de
televisión por cable porque ello supondría una vulneración de la
legislación vigente. De lo contrario, se estaría planteando un supuesto
de competencia desleal incompatible con una economía de libre mercado. Ya
que nosotros no podemos conocer en esta Cámara el contenido del acuerdo,
señor Ministro, ya que ha comentado que hay una, diríamos, solución que
tiene que dar Europa respecto a este tema, me gustaría que nos dijera si
en Europa van a poder conocer el contenido de ese acuerdo antes de
resolver. En quinto lugar, mi Grupo entiende que cualquier empresa
privada de comunicación está en su perfecto derecho de intentar negociar
o pactar con Telefónica, si bien ninguno de ellos puede tener una
relación de exclusividad con una compañía que ha construido todas sus
infraestructuras al amparo del sector público y en régimen de monopolio.
Por último, entendemos que sin nuevas autorizaciones en el ámbito
municipal Telefónica no puede continuar desarrollando infraestructuras de
televisión por cable. Usted no nos ha hablado para nada del ámbito
municipal, ni de la autonomía municipal, ni de las cuotas que tendrán que
pagar las redes de cable, ni si es necesario que se pida una nueva
autorización. Lo que sí es cierto es que las redes de Telefónica en
algunos casos no son adecuadas para emitir televisión por cable, pero
también es cierto --usted lo sabe-- que Telefónica está poniéndose en
contacto con las asociaciones de vecinos para solicitarles permiso para
instalar fibra óptica para emitir televisión por cable sin coste ninguno
para los vecinos de esos municipios.
Señor Ministro, es muy fácil trasladar las responsabilidades de este
acuerdo al Presidente del Gobierno, que sin ninguna duda las tiene, pero
no tiene ningún sentido que usted las sitúe en el presidente de la
Compañía Telefónica. Como responsable del Gobierno en materia de
telecomunicaciones y también como responsable del tantas veces paralizado
proyecto de ley de telecomunicaciones por cable, tiene que asumir su
culpabilidad en el disparate que supone el retraso de las inversiones que
traerá el cable para España.
Mi Grupo, que hoy está en la oposición y mañana, si los electores nos
quieren otorgar su confianza, estará gobernando, le reitera públicamente
nuestra oferta de consenso en materia de cable. Eso es, ni más ni menos,
y lo hemos dicho reiteradas veces, una posición responsable. Los
inversores quieren conocer las reglas del juego, de presente y de futuro,
que garanticen un mínimo de estabilidad. Tiene que afrontar esta
situación con seriedad. No más parcheos, no más autorizaciones bajo
cuerda, no más intentos de controlar el cable con los hábitos a los que
nos tienen acostumbrados por ejemplo en Radiotelevisión Española. Ya sé
que estamos hablando de telecomunicaciones,
pero también estamos hablando de televisión y de comunicación, y ustedes
son muy sensibles al control de estos ámbitos. Trece años de Gobierno
socialista avalan esta afirmación que he hecho, y lo que también avalan
es que ustedes no creen en la información pública profesional, creen en
la información pública politizada.
Le hablaba de parcheos y de hábitos del pasado rogándole que no continúen
por este camino. Me estoy refiriendo a la posibilidad que hemos leído en
los medios de comunicación, y que además nos ha comentado usted esta
mañana, de que usted pretende regular el papel de Telefónica en el tema
del cable a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales para 1996. Por cierto que, a estas alturas, no sé de qué ley de
presupuestos hablamos, porque parece ser que ustedes no tienen el
respaldo suficiente para poder sacarlos adelante. En cualquier caso,
ustedes los socialistas, son muy aficionados a utilizar la Ley de
Presupuestos y la Ley de Acompañamiento como si fuera una ley saco en la
que cabe todo. Creemos, señor Ministro, que no hay que parchear más, y
además le recuerdo que si usted de verdad tiene interés por la ley de
telecomunicaciones por cable hay un proyecto en el Parlamento, y lo que
hay que hacer es intensificar la tarea parlamentaria para que tengamos
cuanto antes una ley consensuada por la mayor parte de los grupos
políticos que recoja ya las limitaciones y la actuación que debe tener
Telefónica en un futuro.
Señor Ministro, el objetivo de cualquier Gobierno es incentivar la
iniciativa privada. En España hoy hay iniciativa privada dispuesta a
invertir, y el objetivo del Gobierno y de los legisladores tiene que ser
ofrecer seguridad jurídica y reglas de juego estables. El Gobierno ha
hecho un flaco servicio a la seguridad jurídica con esta autorización a
Telefónica; no me dirá usted, que a lo mejor me lo dice, que el Gobierno
autoriza alegremente, al margen de la ley. La seguridad jurídica, como
usted bien sabe, es un principio básico en todo Estado de derecho.
Especialmente importante lo es en este caso, porque no esperará el señor
Ministro que ningún inversor se arriesgue a invertir en estas
condiciones.
Lo de ustedes ha estado muy claro. Todos quietos hasta que haya una ley,
pero, porque lo digo yo, que soy el Gobierno, que Telefónica siga
adelante. Eso sí, como he dicho antes, sin ley y al margen de la ley. Ahí
está la gravedad de este asunto, señor Ministro. Usted debería anunciar
hoy ante esta Cámara y ante esta Comisión que Telefónica no dará ni un
paso más hasta que esté aprobada la ley del cable. Me refiero a que no
intensificará sus relaciones con los usuarios y los ayuntamientos en este
sentido y en esta dirección, porque lo contrario es proteger tácita o
expresamente con la autorización que ustedes le han otorgado a una
compañía del sector público o controlada por él, en perjuicio del sector
privado.
Señor Ministro, termino diciendo que nosotros no tenemos nada que
objetar, como usted tampoco, a que cualquier empresa privada en el marco
de la ley establezca sus compromisos y sus estrategias, pero, eso sí,
estamos absolutamente en contra de un Gobierno que una vez más ha dado
muestras de frivolidad y de ausencia de neutralidad. Lo nuestro es el
debate político. Si algunos sectores consideran conveniente acudir a los
tribunales porque estiman que su actuación es ilegal, lo harán sin
ninguna duda. Lamentablemente, en materia de cable, las sentencias de los
jueces han significado siempre fracasos para el Gobierno. Aquí reclamo su
responsabilidad política, independientemente de las responsabilidades que
se le puedan exigir ante los tribunales.
Señor Ministro, creemos que nuestro papel está en controlar su actuación,
y eso hemos hecho. Creemos que nuestro papel está en presentar una
proposición de ley de televisión por cable o de telecomunicaciones por
cable, cosa que ya hicimos en su día, ya que ustedes no lo hacían, una
proposición que, por cierto, ustedes ni siquiera tomaron en
consideración. Eso fue ya hace dos años. Por último, también es nuestro
papel ofrecerle con toda seriedad consenso en este tema, y también lo
hemos hecho. Sin embargo, para más parcheos no cuente con el Grupo
Popular. Para actuar al margen de la ley, tampoco cuente con el Grupo
Popular, ni cuente con nosotros para sacrificar irresponsablemente el
futuro de las telecomunicaciones por cable en España. (El señor Guerra
Zunzunegui: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Ministro, me atrevo a contradecirle
firmemente desde el principio. El acuerdo entre Telefónica y Prisa no se
puede entender sin un aval político del Gobierno y, más aún, sin una
estrategia concreta del Gobierno que se ha ido desarrollando, por muy
abstrusa que haya sido la forma en que se ha presentado; una estrategia
que ha supuesto, primero, retrasar la posible aprobación de la ley de
telecomunicaciones por cable, con respecto a la cual se han pedido hasta
once prórrogas en este Congreso, y una estrategia que, al final, pasa por
congelar en esta legislatura definitivamente la ley. Usted ha dicho que
ya no es posible, que no hay tiempo para ella, la ha condenado a no ser
aprobada en esta legislatura; una estrategia que supone directamente dar
una fuerte ventaja, con respecto al resto de los competidores o de los
posibles servicios, a una compañía, y una estrategia que supone que la
próxima ley de telecomunicaciones por cable, cuando se apruebe --dice
usted que no da tiempo en esta legislatura-- nazca bajo la presión de los
hechos consumados que se están produciendo en estos momentos, hechos
consumados de mucha más amplitud de lo que usted ha tocado en su primera
exposición. Esa amplitud también entra en la estrategia del Gobierno a la
hora de permitir ese acuerdo, no sólo con respecto a la transmisión de la
televisión por cable. Voy a utilizar la nota informativa firmada por el
gabinete de prensa de Telefónica y el gabinete de prensa de Canal Plus,
donde se dice que Canal Plus se responsabilizará por cuenta de las
operadoras de la gestión de los servicios de televisión y de otros
servicios audiovisuales de pago, proporcionará el sistema de codificación
de señales y asumirá la responsabilidad de la gestión comercial de los
abonados a los servicios de televisión. Prácticamente todo. Usted sólo ha
aludido al tema de la transmisión
de televisión a través del cable. Los señores de Canal Plus se ocupan de
todo con respecto al cable instalado por Telefónica.
Desde ese punto de vista, señor Ministro, nosotros opinamos que el
Gobierno está totalmente detrás de este acuerdo, que no se podía haber
hecho sin el conocimiento del Gobierno --hay que recordar que el
presidente de Telefónica es nombrado por el Consejo de Ministros-- y que,
en todo caso, el Gobierno intenta cubrirse las espaldas con la carta de
la señora Elena Salgado, aludiendo a la sentencia del Tribunal
Constitucional; una comunicación que se justifica en una sentencia que se
da en un contexto político, en un contexto incluso jurídico legal
absolutamente diferente. Es una sentencia que se refiere al cable
establecido en los pueblos de Monzón y Sabiñánigo, en Huesca, en un
momento en que ni siquiera había entrado el proyecto de ley en esta
Cámara, ahora ha entrado y se está tramitando, aunque ustedes no quieran
está en trámite, en el proceso de posposición constante en la petición
que ustedes hacen en la Junta de Portavoces. Al mismo tiempo, señor
Ministro, no es igual la cesión total de la red nacional que hablar de
permitir en Monzón y Sabiñánigo la instalación de la red, puesto que hay
un vacío legal. El momento es absolutamente diferente, y usted ha hecho
una exposición abstracta por lo que respecta al tiempo político, al
tiempo jurídico, incluso al tiempo del mercado. Usted se ha abstraído de
todo, como si todos estos hechos que le estoy señalando de manera muy
sintética no hubiesen ocurrido. A nuestro juicio son hechos que han
ocurrido consciente y estratégicamente organizados desde la voluntad
política y jurídica del Gobierno y su Presidente.
El acuerdo de Telefónica y Canal Plus, a nuestro juicio, es absolutamente
negativo, negativo en principio por las consecuencias económicas que trae
sobre el sector. Las inversiones, que se estiman en un principio en unos
500.000 millones de pesetas por lo menos, pueden paralizarse, de hecho se
ha paralizado una gran parte al haberse atacado la libre competencia y la
igualdad de oportunidades. La posición dominante de Prisa es un hecho,
sin duda, y el primer efecto que se está produciendo es éste.
En segundo lugar, a nuestro juicio, y contradiciendo de nuevo las
palabras del señor Ministro, se constituye sobre lo hecho un auténtico
monopolio, con graves consecuencias, no sólo en el mercado, como he dicho
anteriormente, sino con respecto a la información objetiva y plural del
futuro. El grupo Prisa, consecuentemente, dispondrá de varios años, al
menos dos, de ventaja sobre el resto de los competidores y, por tanto,
enmarcará el mercado de una determinada manera y también la información,
reduciendo, a nuestro juicio, a través de este proceso de concentración,
la pluralidad, la objetividad y, en definitiva, la calidad democrática de
la información en este país. Este operador, sobre Ministro, sobre la
infraestructura de Telefónica, sobre la comercialización de Canal Plus y
la posibilidad de contratar las mejores películas, las mejores
retransmisiones deportivas apenas dejará espacio a los demás operadores
futuros.
Además, a nuestro juicio --ya se lo he dicho anteriormente, y le voy a
dar una prueba para que no todo sean palabras en abstracto--, se está
condicionando gravemente el proyecto de ley en la redacción del Gobierno
y ya se está cambiando sobre los hechos. En el proyecto, para salvar el
principio de igualdad y no discriminación, se establecía que Telefónica
no podría prestar servicios de televisión por cable mientras no hubiesen
transcurrido seis meses desde que se concediera la licencia al segundo
operador en la demarcación territorial correspondiente. Eso se ha roto
radicalmente autorizando, permitiendo o haciendo la vista gorda ante ese
acuerdo entre Telefónica y Canal Plus, lo que quiere decir que ya está
cambiando el propio proyecto de ley del Gobierno que ha sido presentado,
pospuesto constantemente en función de un acuerdo que ustedes, por lo
visto, iban a conseguir con Convergència i Unió, que al final no han
conseguido; han marginado al resto de los grupos de la posibilidad de
este acuerdo y, al final, resulta que, según usted ha anunciado en varias
ocasiones, ya no da tiempo y ya no va a haber ley de telecomunicaciones
por cable.
Consecuentemente, señor Borrell, conceder la gestión de la red de
Telefónica a un operador privado para televisión y el resto de los
servicios quiere decir que se trata de una red que al final de este año
va a llegar a 25 millones de habitantes de este país, dicho de otra
manera, a 25 metros de siete millones de hogares de este país a final de
año a través del Plan Foton. El contenido incluye no sólo los servicios
de televisión, a pesar de lo que usted aquí ha dicho. Se trata de un
servicio que al mismo tiempo ha marginado la posibilidad de asegurar un
servicio público esencial a través de un acuerdo con Televisión Española,
que, por cierto, mantiene un silencio cómplice tremendamente sospechoso
en estos momentos y de cara a la constitución de este operador. Tengo que
decirle, señor Borrell, para que no nos enfrente usted de manera
artificial con la empresa pública, por lo menos de control administrativo
y político público, que nosotros sí estamos de acuerdo en que Telefónica
sea mayoritaria en el primer operador; estamos de acuerdo con esa parte
del proyecto de ley que habla de que el 51 por ciento será de Telefónica
y el otro 49 por ciento --ahí ya no estamos de acuerdo, porque no hay
ningún control, ni político, ni administrativo, ni legislativo sobre qué
se debe hacer para evitar la concentración-- se venda, se alquile, lo que
sea, pero todo en función del control público de Telefónica. Eso también
se ha roto con la posibilidad de extender, de consolidar un servicio
público esencial a través de las redes de cable por lo que compete a la
emisión de televisión.
Se realiza, además, este contrato sin la ley cuando se está tramitando la
ley, cambiando, ya lo he dicho, sobre los hechos, algunos aspectos
fundamentales de la misma a la hora de garantizar la transparencia, la no
discriminación y la igualdad. Además, señor Borrell, a pesar de que usted
saltó y matizó el acuerdo, cuando dijo que en la Ley de Acompañamiento
iban a meter ciertos temas, en este momento estamos en la hora en que no
sabemos, o casi sabemos positivamente que no se va a aprobar la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, en la que usted
iba a incluir estas matizaciones fundamentales a la hora de establecer un
uso racional y equilibrado de las
redes de Telefónica por el resto de los usuarios; que de todas formas ya
no es posible en función de esta compañía que se ha creado, que tiene el
51 por ciento de Telefónica, el 30 por ciento de Canal Plus --usted ha
dicho el 20 por ciento--, sólo un 19 por ciento a negociar con el resto
de operadores, pero a los que nunca se les va a permitir tener más del 3,
4 ó 5 por ciento de las acciones.
Todo esto, señor Borrell, supone ahora --teniendo en cuenta la
correlación de fuerzas, lo que ustedes han hecho y pueden hacer de cara
al horizonte del mes de diciembre, que es cuando parece que concluye esta
legislatura--, primero, que el acuerdo Telefónica-Canal Plus decidirá los
canales que tendrán acceso a la red, eligiendo así sus competidores; es
decir, se convierten en juez y parte a la hora de decidir los canales que
utilizarán la red. En segundo lugar, Telefónica y Canal Plus tendrán
acceso a la información clave sobre los usuarios de todos los canales que
utilicen la red, y también, señor Borrell, establecerán el orden de
cesión de cada canal en el interior de la red. Esto es así, y no se puede
evitar en función de que ustedes no quieren un acuerdo sobre la ley del
cable, no van a aprobar la Ley de Acompañamiento y hay una estrategia
consciente del Gobierno para premiar, a través de este acuerdo que se ha
hecho, la primacía, el dominio y el adelanto de dos años como mínimo con
respecto al resto de los competidores. Consecuentemente, señor Borrell,
pensamos que se está llegando a un hecho evidente de competencia desleal
y por ende de falseamiento del mercado y de falseamiento en el próximo
futuro de la necesaria pluralidad y diversidad informativa y cultural.
Por otro lado, señor Presidente, a nuestro juicio, el acuerdo vulnera la
Ley de defensa de la competencia, vulnera la Ley de la competencia
desleal y vulnera todos los principios en consonancia con el Tratado de
la Unión Europea y con las normas y costumbres de la Comisión Europea. A
este nivel, usted lo sabe como yo, señor Borrell, el pacto
Telefónica-Canal Plus puede ser cuestionado por la Unión Europea.
Recientemente, la Comisión vetó la creación de Media-Service, MSG,
sociedad entre el operador telefónico dominante en Alemania, Deutsche
Telekom, y un importante grupo multimedia, Kirsch, dada la concentración
que suponía y el perjuicio sobre la igualdad de oportunidad. Se suspendió
la «joint-venture» MSG por decisión de 9 de noviembre de 1994, por parte
de la Comisión Europea, en función --ésta fue la argumentación clave--
del Tratado básico de la Comunidad Europea. El acuerdo de la MSG es
tremendamente similar, incluso más corto, que el realizado por Telefónica
y Canal Plus. Ya antes, el 18 de julio, la Comisión había mostrado sus
dudas en cuanto a la compatibilidad de dicha concentración con el Mercado
Común, con la forma de funcionar del mercado europeo, iniciando así un
procedimiento de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de fusiones,
con respecto al cual al final concluyó que se contradecía gravemente. Se
decide, en definitiva, que era una «joint-venture» concentradora y nunca
cooperadora --esto se decidió por amplísima mayoría de los miembros de la
Comisión Europea--; que suponía una posición de dominio sobre el mercado,
equivalente a un monopolio a largo plazo; que traía como consecuencia la
eliminación de competencia potencial, ya que resultaba inconcebible que
los proveedores-competidores pudieran introducirse en el mercado de
servicio una vez que MSG se hubiese consolidado en dicho mercado. En
resumen, la concentración se declaraba incompatible con el Mercado Común,
de acuerdo con el artículo 2.3 del Reglamento sobre fusiones y con el
funcionamiento del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo, y es
una cita textual.
Termino, señor Presidente. ¿Qué vamos a hacer? (Pausa.) Llevo menos
tiempo que la señora Mato.
El señor PRESIDENTE: Le hago señas de que le quedan tres minutos.
El señor ALCARAZ MASATS: Perdón, señor Presidente.
¿Qué se propone Izquierda Unida? ¿Qué tipo de planteamiento va a realizar
hoy aquí y a partir de hoy, puesto que el tema supone, a nuestro juicio,
una emergencia? Usted ha estado hablando del futuro de los servicios
públicos esenciales de la comunicación, del futuro de la información y
del futuro, incluso, de un mercado del que todo el mundo habla de que es
libre y que es menos libre que nunca, incluido el mercado del dinero.
Nosotros pensamos que el Partido Socialista nunca ha tenido un proyecto
global sobre comunicaciones y telecomunicaciones, ahí está la prueba, en
el devenir de esta legislatura y de la anterior, y que, en todo caso,
estos temas han sido como una moneda de cambio a la hora de conseguir
mayores espacios y mayores tiempos en las televisiones, en las
comunicaciones, sin darse cuenta de lo que significa este tema en
inversiones y de lo que supone en el futuro. De hecho nosotros estamos
dando unos pasos que recuerdan de manera esperpéntica a los que se
proponen dar en la Cámara de Representantes y en los parlamentos de los
Estados Unidos, en el sentido de que todo vale para todo, la
liberalización absoluta ya está aprobada en las dos Cámaras, y nosotros
estamos dando aquí unos pasos que no tienen control de ningún tipo, señor
Borrell. Usted no ha demostrado aquí que haya algún tipo de control
político, administrativo o legislativo, porque han impedido incluso que
saliera una ley que fuera adecuada con el momento en que vivimos. Usted
dirá que esto no tiene nada que ver, pero yo sí le acuso de que estamos
liberalizando las cosas de manera absolutamente irracional y
contradictoria, por falta de proyectos en el Partido Socialista Obrero
Español.
Con respecto a la ley del cable, señor Borrell, a nuestro juicio no es ya
sólo urgente sino imprescindible. Hay que aprobarla por higiene
democrática y máxime cuando está en juego la propia aprobación de la Ley
de Acompañamiento. En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
usted, señor Borrell, 18 votos. Usted sólo necesita 17. Nosotros le
ofrecemos 18 votos, con los que queremos acordar con usted una ley, desde
el punto de vista de la izquierda o, al menos, desde la necesidad de que
el proyecto de ley dé un giro suficiente hacia la izquierda. Ustedes han
intentado el acuerdo con Convergència i Unió y no ha sido
posible. ¿Cuál es entonces su política? Si no es posible el acuerdo con
Convergència i Unió, que solicita un operador propio, etcétera, ¿no es
posible el acuerdo con nadie? ¿Esa es la política de ustedes?
Consecuentemente, aunque hace falta y es imprescindible para darle
garantía a esta democracia, ¿no habrá ley de telecomunicaciones por cable
a lo largo de esta legislatura? ¿Es ésta su política, aunque nosotros
ofrezcamos aquí la posibilidad de un acuerdo? Ya le dijimos al señor
Nadal, antes de que se fuese a Telefónica en Argentina, en una reunión
que mantuvimos hace bastantes meses, que este acuerdo era viable, le
hablamos de las posibilidades que había y él parecía estar de acuerdo.
Pues bien, a partir de entonces, se cortaron todo tipo de contactos y
apareció la posibilidad de una negociación con Convergència i Unió, que
suponía la posposición constante del plazo de enmiendas parciales en la
Mesa del Congreso de los Diputados.
Por tanto, nosotros proponemos, primero, que se tramite por el
procedimiento de urgencia el proyecto de ley, con lo cual sería posible
terminarlo en mes y medio o dos meses. Segundo, que se discuta la
autoridad concesional. Estamos de acuerdo con una propuesta que ustedes
hicieron últimamente y es que la concesión de las televisiones se pudiera
hacer con la comunidad autónoma, aunque no el resto de los servicios que
puedan ser de competencia exclusiva del Estado. Ahí se introdujo una
matización que nos parece acorde con la Constitución y con la legalidad
vigente: separar no en la ley, como dijo el Presidente en Cannes, sino en
la autoridad concesional el tema de la televisión con respecto al resto
de los servicios. En tercer lugar, nosotros pensamos que hay que plasmar
la garantía de pluralidad en el proyecto y en el papel que debe jugar
Telefónica. En gran parte estamos de acuerdo con el papel de Telefónica
en la ley. No estamos de acuerdo en cómo puede disponer del 49 por ciento
del primer operador. Ahí habría que ponerse de acuerdo para que no
hubiese fenómenos de concentración, de atentados a la libre competencia,
etcétera. En cuarto lugar, creemos que sería necesario que el proyecto de
ley recogiera la institución de un consejo estatal de la comunicación,
puede ser el modelo francés o el de otros países de la Unión Europea, que
nos parece que es posible y que, a nuestro juicio, es absolutamente
necesario.
Si ustedes, y termino, señor Presidente, ni siquiera lo intentan, nos dan
la razón en lo que he dicho al principio de mi intervención: ustedes han
decidido, tienen una estrategia consciente, que no haya ley, para que
siga teniendo virtualidad la nota de la señora Salgado, siga teniendo
virtualidad el acuerdo Telefónica-Canal Plus, se le dé ese dominio que
supone, de hecho, un monopolio, y todo siga adelante en condiciones de
alegalidad, cuando no de ilegalidad.
Por tanto, discutamos ese proyecto de ley por la vía de urgencia, señor
Borrell, y tendrá salida esta situación esperpéntica, posiblemente ilegal
y desde luego injusta a todas luces. Todos estamos pendientes de qué va a
hacer la Unión Europea, teniendo en cuenta los precedentes, señor Borrell
y teniendo en cuenta también que si no hay posibilidad de que haya una
ley de telecomunicaciones en España por culpa del Gobierno, señora
Salgado --usted dice que es por culpa de la oposición--, que ha fracasado
en todos sus intentos de acuerdo con Convergència i Unió, ante la
expectativa de todos viendo cómo se prorrogaban los plazos de enmiendas,
señora Salgado, por culpa del Gobierno, entonces es que esa estrategia
está ahí y puede suponer incluso un premio de cara a la información
posterior, cuando ustedes estén en la oposición y necesiten apoyos
suficientes.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó.
El señor SEDO Y MARSAL: Voy a hacer una intervención relativamente corta
basada en la comparecencia del señor Ministro en el día de hoy. Tengo
algunas dudas y observaciones que hacer sobre la misma. Dado que he
preparado mi intervención a lo largo de la exposición que ha realizado el
señor Ministro, tomando algunas notas sobre la marcha, puede que no sea
tan brillante como la de oradores que me han precedido.
A pesar de que la aritmética es la aritmética, que 17 son 17, pero que
sumados a 159 dan 176 y eso ha llevado durante mucho tiempo a cosas muy
positivas, en la ley del cable no ha habido manera de que esto fuera así.
¡Qué le vamos a hacer! Nosotros no estamos por la labor de aceptar la ley
como está y, por tanto, la temática tiene que seguir su camino. No somos
culpables de que no haya ley del cable porque los 17 no se añadan a los
159. Sé que se han buscado otras posibilidades. Otros no han entrado en
ellas. Aquí lo dejo porque se ha hablado demasiado sobre el no acuerdo en
la ley del cable.
Refiriéndome ya a su intervención, señor Ministro, he de agradecerle que,
aunque haya intentado quitarle fuerza al tema, haya dado una conferencia
pedagógica, muy loable para Telefónica, principalmente en la primera
parte. Me parece bien que lo haya hecho así. Sin embargo, en su
exposición hay algunos puntos sobre los que no estamos de acuerdo y que
quisiera que me aclarase.
Usted nos dice que Telefónica es empresa privada y que, por tanto, puede
actuar como tal, a pesar de que dice que tiene una función en régimen de
monopolio, expresión que a usted no le gusta y, entonces, se va a la de
servicio público. Yo ya sé que en este régimen no es aplicable la Ley de
contratos del Estado, pero por analogía se debía haber seguido la
doctrina de esta ley, en la que tanto costó avanzar, que tan dura ha
quedado, pero que ha sido muy diáfana para todo el mundo. Hubiera sido
interesante que Telefónica hubiera participado en un concurso. Usted ha
dicho que no debía ir a un concurso. En cambio, nosotros creemos que
quizá sí.
Le hemos oído decir en varias ocasiones que Telefónica debe de tener
algunas ventajas. Nosotros creemos lo mismo. Esto es lógico. En otros
países dan ventajas al operador principal antes de liberalizar; lo que
ocurre es que quizá no sean tantas.
Me ha extrañado mucho que el 4 de julio se hiciera la pregunta al
Ministerio de si Telefónica podía hacer lo que
ha hecho, y me llama la atención que en doce días hábiles de dicho mes se
diese respuesta. En la Administración esto es verdaderamente inusitado.
Se da la respuesta y quisiera una aclaración al respecto.
Usted ha hablado de la asociación empresarial de Telefónica y Canal Plus
y de que se hizo un análisis jurídico. No me ha quedado claro si ese
análisis jurídico se hizo sobre el acuerdo o si fue anterior a la
resolución. Me parece que usted se ha referido a que el análisis jurídico
se realizó sobre el acuerdo y a que estaba influenciado por la
confidencialidad del acuerdo entre dos empresas privadas. Yo no puedo
llegar a creer que toda esta operación del 4 de julio no hubiese sido
conocida por todos ustedes. Siendo Telefónica, como se ha dicho, una
empresa privada pero con presidencia prácticamente nombrada por el
Gobierno, no puedo creer que todo esto no fuese una operación preparada
de antemano; si no, ni se comprende la rapidez ni toda esta temática que
usted nos explicaba.
Tenemos dudas sobre la no exclusividad. ¿Quién va a definir esta no
exclusividad? Si la asociación empresarial hubiese sido un acuerdo de uso
por el que una de las dos partes tuviese un contrato, un convenio, para
hacer uso de instalaciones, nos parecería lógico, pero la asociación
empresarial va a ligar tanto a las dos empresas que puede llegar un
momento en que la no exclusividad obligue a replantear este tema. ¿Quién
la define? ¿No puede haber un abuso de esta posición? Las
infraestructuras que ya tiene Telefónica y que van a ser usadas en contra
del segundo operador, que en todo caso no va a tener esas
infraestructuras, los costes, ¿todo esto no va a dar una fuerte ventaja a
esa asociación empresarial? En cuanto a la fidelidad al socio, si el
socio exige verdaderamente que la exclusividad varíe, si no a una no
exclusividad sí a una no tanta exclusividad, ¿va a obligar la fidelidad
del socio?
En fin, tenemos muchas dudas sobre este tema. Sólo para un hecho voy a
hacer uso de una información escrita, precisamente de un medio escrito
que está relacionado con las empresas que están dentro de la asociación
empresarial, más concretamente de Canal Plus. En este medio se dice que,
en una reunión de Consejo de Ministro de Medio Ambiente en la Unión
Europea, en Bruselas, el 8 de septiembre, usted insistió, después de
decir antes que no pasaba nada, que todo estaba bien, en que tomaría las
medidas para garantizar que la red de Telefónica fuera una red a la que
puedan acceder en igualdad de condiciones todos los programadores, todos
los que tengan programas audiovisuales que ofrecer y que los precios de
cesión de esta red sean iguales para todo el mundo. Esto nos lo ha
explicado usted, pero las dudas que nosotros tenemos parece ser que
también se planteaban allí, porque usted intenta convencer y tiene que
insistir. Por lo tanto, dentro de esa importante reunión, había personas
que también tenían sus dudas. Veo que no somos los únicos en dudar.
No creemos que el proceso que se ha seguido se haya desarrollado en la
forma exacta o cronológica que usted nos ha explicado. Creemos más bien
que el proceso ha sido inducido, o sea que antes del 4 de julio ya se
sabía que se planteaba este tema. Por tanto, nosotros no estamos de
acuerdo en cómo se han llevado las cosas. Verdaderamente, puede ser
legal; en todo caso, el Tribunal de Defensa de la Competencia o los
tribunales que tengan que actuar, si alguien los hace actuar, dirán. Bajo
nuestro punto de vista, hasta el momento, legal, sí; legítimo, ya no
tanto, y ético, tenemos dudas de que lo sea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias al señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente por la interesante y, coincidiendo
con el portavoz del Grupo Catalán, pedagógica información que nos ha dado
respecto a la posición del Gobierno con relación al acuerdo entre
Telefónica y Canal Plus.
Nuestro Grupo Parlamentario no dispone de una información directa del
acuerdo que se ha alcanzado. Hemos conocido la información que el
Gobierno nos ha dado y la opinión de otra serie de operadores en el mundo
de la televisión; se decía que hay una convulsión informativa sobre esta
cuestión, pero están los intereses de otros operadores a los que quizá
también les gustaría tener la posición que otros tienen en el acuerdo que
se ha alcanzado. En definitiva, vamos a hacer una intervención aséptica.
En principio, no tenemos datos para no fiarnos de lo que dice el Gobierno
y de lo que ha dicho el Ministro el día de hoy en la Cámara.
Efectivamente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha amparado,
en base al derecho a la libertad de información, de expresión, la
posibilidad de tender red para emitir televisión por cable. En ese
sentido, como ha dicho el Ministro, no apreciaba problemas de legalidad
en materia de telecomunicaciones. Cuando se dice que la red de Telefónica
puede ser alquilada o cedida a otros operadores, uno se plantea el
derecho de Telefónica, como empresa que opera en el mundo privado, de
acuerdo al Derecho privado, a constituir con otra serie de operadores su
propia sociedad para que se ceda esa red a esas sociedades que se creen.
Desde ese punto de vista, no vemos ninguna cuestión que pueda rozar la
ilegalidad ni la ilegitimidad.
A nosotros nos satisface la información que ha dado el Gobierno en la
medida en que dice que no va a haber exclusividad, en cuanto a la
utilización de esa red, para la sociedad que se ha creado por Telefónica.
Nos tranquiliza eso y cuando usted dice que el Gobierno va a regular la
fijación del precio, de la tasa que pueda utilizar Telefónica a la hora
de ceder la explotación de la red a otros operadores. Nos tranquiliza
porque efectivamente podría originar una posición dominante de Telefónica
en el mercado en la medida en que no hay suficiente competencia, no hay
suficientes empresas acreditadas para prestar esos servicios. Por lo
tanto, nuestro Grupo Parlamentario con arreglo a las informaciones que
hemos seguido en los medios de comunicación y a la que nos ha dado el
Gobierno, en principio no tiene datos suficientes para cuestionar la
legalidad o la legitimidad de Telefónica para operar en este ámbito del
Derecho privado como empresa privada que es. Nos tranquiliza que el
Gobierno haya dicho que va a regular el precio o la tasa que haya que
cobrar, en su caso, a otros operadores.
Se dice que la posición de Telefónica es distinta a la de otros
operadores, lo que es lógico, pero también se ha dicho que British
Telecom o France Télécom tienen también esas posiciones; luego en el
mundo occidental vemos que España no es un caso aislado, sino que está
ocurriendo una cosa semejante a lo que ocurre en el mundo que nos rodea,
en la Unión Europea. Nuestras discrepancias con el Gobierno o con el
Ministerio podrán ser por el contenido que pueda contener la legislación
de telecomunicaciones que se está debatiendo en la Cámara, pero acotando
el objeto de la comparecencia en el día de hoy, en principio, nuestro
Grupo Parlamentario, no disponiendo de más información, no tiene nada que
objetar a lo que ha dicho hoy el Gobierno. Damos una presunción de
legitimidad, veracidad y legalidad a lo que el Gobierno dice. Nos
gustaría que el Gobierno actuara con transparencia, no tenemos motivos
para decir que no lo ha hecho, por lo que en principio nos fiaríamos de
la actuación que hoy el Gobierno, a través de su Ministro, ha explicado
en todo este proceso. (El señor Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo Mixto, Unión
Valenciana, tiene la palabra el señor Chiquillo. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, quiero agradecer la
presencia, más vale tarde que nunca, del señor Ministro para informar de
este convulsionado tema, que ha sido un poco la serpiente del verano, en
los meses de julio y agosto, y ello por la cuestión de que se trataba,
puesto que era un tema de telecomunicaciones y había muchos intereses de
por medio, en particular intereses económicos.
Ante la falta de respuesta rápida y ágil del Gobierno, el Diputado que le
habla ha tenido que recurrir a la información de medios de comunicación,
que en muchas de sus opiniones eran parte interesada, lo cual sí que
puede haber influido en mi posicionamiento en el día de hoy. Es evidente
que la falta de respuesta rápida o la falta de información por parte del
Gobierno han motivado que tuviéramos que oír Canal Plus, Antena 3 o Tele
5 y leer todos los medios de comunicación en los que están todos estos
intereses que hoy están encima de la mesa, para que del conjunto del
cóctel de opiniones al respecto, intentemos, con un poco de crítica,
fijar nuestra posición en el día de hoy.
Es evidente que, según se refleja de la opinión de todos los medios de
comunicación, y de la que está en la calle, en el día a día de estos
meses de julio, agosto y primeros días de septiembre, se ha puesto de
manifiesto que la ley de telecomunicaciones por cable es urgente y
necesaria, y que su regulación tiene que ser acordada y aprobada por este
Parlamento con la máxima urgencia posible, porque sí que está en el ánimo
de todos es que este retraso, intencionado o no --lo que es evidente es
que no ha habido voluntad política de impulsarlo por parte del Gobierno,
que es el que tiene la responsabilidad de ello-- ha motivado este
escándalo de verano en lo referente a las telecomunicaciones por cable.
También está en la calle, y está entre los motivos que ha aducido para
defender o de alguna manera dar su apoyo político y técnico a estos
hechos que nos ha mostrado hoy aquí, que la dinámica de liberalización
está ahí y, en particular, en el terreno de las telecomunicaciones, y que
ante esta ausencia de regulación normativa --la ley del cable no llega--
han tenido que adoptarse unas decisiones que de alguna manera no han
permitido a todos los medios que están en el meollo de la cuestión actuar
con la misma rapidez de reflejos y, sobre todo, con el mismo conocimiento
de todos los hechos que pudieran venir y todas las circunstancias que
envuelven este entramado de las telecomunicaciones.
Este contexto, por el vacío legal existente, ha favorecido el inicio del
cableado para poder llegar algún día a la televisión por cable en gran
parte del territorio nacional. Es evidente --y también está en la calle--
que la ciudadanía exige que se presten estos servicios. Por tanto, creo
que en este terreno, como en otros muchos, perder tiempo no es positivo
en la competencia en la que nos movemos --no sólo nacional sino
internacional, y creo que mundial-- en el terreno de las
telecomunicaciones. Y ante ello, no sabemos si teniendo acceso a
información que otros no tenían --no quiero ponerlo en duda tampoco, ni
dejarlo caer, pero es la duda que me embarga--, Telefónica, aprovechando
un poco esta situación --inocentemente, entre comillas-- presenta una
iniciativa, formula una pregunta al Ministerio de si puede prestar este
servicio o iniciar los pasos para que la televisión por cable empiece a
avanzar en el Estado español en unas ciertas condiciones. El Ministerio
de Obras Públicas dice que sí, con un informe jurídico (que a mí me
gustaría que fuera facilitado, porque el Diputado que le habla no ha
tenido constancia, ni siquiera visual, de ese informe, y, aunque no me lo
pudiera quedar, por lo menos quisiera tener acceso a su lectura, como
pasa en muchos expedientes a nivel municipal), y entre las razones que da
figura, en primer lugar, una sentencia del Tribunal Constitucional que
avala esa decisión. Por tanto, si esta Sentencia tiene casi un año, yo
creo que en un año, si hubiera habido voluntad política, esta ley podría
haber salido adelante y, por tanto, habría un normativa que diera amparo,
en igualdad de condiciones, a todos los aspirantes al tema de las
telecomunicaciones por cable.
Yo creo que ante este ámbito competencial no regulado, alguien, no
sabemos si en ventaja -- es una cosa que dejo en el aire-- ha sabido
jugar primero su carta y ha dejado un poco en desventaja, queriendo o sin
querer, a los rivales directos en esta materia, lo que ha provocado una
reacción durante los meses de julio y agosto de otros medios de
comunicación y otros sectores económicos en el sentido de que no había
habido transparencia ni igualdad de oportunidades. Por tanto, en este
acuerdo entre Telefónica y Canal Plus la competencia quedaba un poco en
entredicho, la libre competencia quedaba un poco cuestionada según estos
otros medios que han quedado un poco rezagados, y se deja en clara
desventaja a otros sectores que están interesados y que han invertido en
el tema. Es evidente que esta rapidez con que se ha aprobado este acuerdo
en los meses de julio y agosto es un poco sospechosa, porque parece ser
que el «iter» estaba ya un poco diseñado, y los meses de julio y agosto
normalmente son muy peligrosos para adoptar decisiones cuando estamos
todos tomando el sol, aquellos
que hemos tenido oportunidad de tomarlo, aunque haya sido 15 ó 21 días, y
esto ha impedido una reacción rápida de aquellos que hubieran reaccionado
si hubieran tenido acceso a toda la información. Como ha comentado el
compañero del Grupo Catalán (Convergència i Unió) hubo una reacción
excesivamente rápida, ojalá cundiera el ejemplo y todas las
administraciones contestaran en 12 días no sólo una petición de un gran
grupo empresarial, sino de un ciudadano de a pie. Ya me gustaría a mí que
un ayuntamiento o cualquier administración contestara en el mes de julio
con esa rapidez una petición de tanta importancia económica y social y de
tanta trascendencia en todos los órdenes.
Por tanto este acuerdo --mientras no me convenza de lo contrario-- yo
creo que puede bloquear el esfuerzo inversor de Antena 3 o Tele 5 o
incluso de las televisiones públicas estatales autonómicas. En su día la
Justicia --yo confío con los ojos cerrados en ella-- ya dirá lo que tiene
que decir al respecto, pero --y lo apuntaba mi compañero de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-- ya veremos lo que dice la Unión Europea.
Yo también quiero ser prudente y guardar algunas de las armas que podía
haber empleado en el día de hoy, para ver lo que dice la Unión Europea al
respecto, cuál es el informe de los órganos de decisión comunitarios,
porque la normativa europea puede cuestionar o poner comas o puntos sobre
algunos de los acuerdos o algunas de las decisiones que se han adoptado
en los últimos meses al respecto, porque se puede haber obstruido la
libertad de oportunidades entre las empresas audiovisuales del Estado
español, públicas y privadas, y esa liberalización en las
telecomunicaciones --en las que creo que estamos todos de acuerdo-- se
puede haber puesto en entredicho. Estamos de acuerdo con esta
liberalización, pero con orden, con disciplina, con reglas y no de
tapadillo, con preferencias y con algunas dosis --permítame que se lo
diga-- de oscurantismo.
Yo creo, señor Ministro, que a pesar de que usted puede tener cierta
voluntad en que esto se solucione en beneficio de todos y sin perjuicio
para nadie, no ha podido, no ha sabido o no ha querido evitar que, en el
vacío normativo existente, una empresa --Telefónica-- se haya colocado en
clara situación de ventaja, y que, aprovechando su situación jurídica de
empresa pública cuando le conviene, y de empresa privada cuando le
conviene, haya beneficiado a una gran empresa de telecomunicación en
detrimento de otras sociedades mercantiles de la telecomunicación. Yo
considero que lo prudente hubiera sido esperar a que se aprobara la ley,
porque, puestos a esperar, no hubiera pasado nada si hubieran esperado
del mes de agosto al mes de diciembre. Hubiéramos ganado en credibilidad
y creo que hubiéramos conseguido que aquellas empresas que pueden aportar
mucho al futuro de las telecomunicaciones en España y que aportan
bienestar a todos los ciudadanos, hubieran ofertado, desde la libertad y
desde la transparencia, para que el sistema de telecomunicaciones del
Estado español mejorara en beneficio de todos.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, en este turno de intervenciones, tiene
la palabra el señor García-Arreciado, en nombre del Grupo Socialista.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: La situación de dominio que me
adjudica el intervenir en último lugar en estas comparecencias, ha tenido
siempre por mi parte la servidumbre, exigible por cortesía, de no
responder a lo que dicen otros grupos parlamentarios, por entender que
éste es un debate tasado entre el Gobierno y los grupos parlamentarios y
no entre los grupos parlamentarios entre sí. Sin embargo, hoy se han
producido algunas intervenciones de las que este Grupo Parlamentario no
puede, por menos que darse por enterado, recibirlas y exponer su
criterio.
De la intervención, ciertamente ingenua y alcanforada que hemos escuchado
a esta señora Mato, me quedo únicamente con su afirmación, compartida, de
que no era necesaria la comparecencia del Gobierno en esta Comisión y de
la oferta que efectúa de su disposición a llegar a algunos acuerdos que
permitan continuar los trámites parlamentarios de la ley del cable;
oferta que se repite en el caso del portavoz de Izquierda Unida, señor
Alcaraz, de cuya intervención me separa únicamente la afirmación
categórica que ha hecho de que el acuerdo entre Telefónica de España y
Canal Plus vulnera los principios de defensa de la competencia y todos
los principios normativos europeos.
Uno está ya acostumbrado a que sus declaraciones a los medios públicos,
muchas veces por imprecisión conceptual del que habla --casi siempre--,
no tengan el reflejo exacto de lo que uno dice. Pudiera ser éste el caso
del señor Alcaraz, que el día 27 de julio, en nota de Europa Press,
considera que el acuerdo suscrito con Canal Plus debiera haber sido
alcanzado con Televisión Española.
Si hubiera sido alcanzado con Televisión Española, ¿no se hubieran
vulnerado los principios de defensa de la competencia? ¿Estamos ante una
oposición al acuerdo o a uno de los socios concretos del acuerdo? Bien es
cierto que el acuerdo cuando se produjo en julio, creo recordar, provocó
reacciones destempladas, que no piadosas, de algunos medios de
comunicación que estaban, precisamente con Telefónica de España, en el
mismo tipo de negociación, y puede uno sospechar que, al ver frustradas
las posibilidades de alcanzar este acuerdo, reaccionaron en oposición
frontal a aquel acuerdo que ellos mismos estaban buscando. Esto produjo,
automáticamente, porque está en el catón de la oposición parlamentaria,
el apoyo de algunos grupos parlamentarios a este acuerdo, y yo sí quiero
ser en esto claro. Me parece que es uno de los socios firmantes del
acuerdo el que despierta la sospecha y la crítica no generalizada. La
crítica en el terreno de los medios está muy circunscrita a unos medios
concretos que, como digo, pudieran haber visto alteradas sus expectativas
legítimas en el gran campo de negocio que se ofrece en la explotación del
cable.
Agradezco al señor Ministro --conozco además las condiciones en las que
se produjo la petición de comparecencia del Gobierno ante la Comisión--
la información que nos ha dado pero, como digo, coincido con la señora
Mato en la innecesariedad de esta comparecencia.
El amparo constitucional al que ha hecho referencia en su intervención el
señor Ministro, junto con la ausencia de regulación, nos da un escenario
en el que, por citar algunos
datos, hay, al menos que yo sepa, diez consorcios formados para la
explotación de la televisión por cable, con 40 accionistas en total,
entre ellos algunos extranjeros de extraordinario peso, como US West o
Time Warner, desde Barcelona hasta Algeciras y desde Santander hasta
Sevilla; accionariados de todo tipo. Participación de entidades públicas
cuyos representantes aquí parece cuestionar la legitimidad de un acuerdo
que, por otra parte, como digo, contradice las actuaciones de aquellas
administraciones a las que se les supone más unido y que han cableado
Santander, lo están haciendo en Oviedo, tienen cableado el País Vasco,
Barcelona, Galicia, Castilla y León, Madrid, etcétera.
Por eso, en este escenario, a nosotros nos parece que Telefónica ha hecho
lo que tiene que hacer una empresa responsable de la buena gestión de
centenares de miles de millones de pesetas de inversión hecha por
accionistas que, entre otros activos, tienen una red con una utilización
media de nueve minutos por usuario. La obligación de Telefónica es poner
en valor esa extraordinaria inversión efectuada y ofrecer el instrumento,
el canal, mediante el cual se puede producir un desarrollo ciertamente
importante de la sociedad. ¿Y busca para eso a cualquier empresa
desconocida? No, busca como socio a una empresa puntera en uno de los
muchos servicios que pueden circular por el cable y firma con ella un
acuerdo estratégico del que nos preocupa, como al resto de los Grupos,
que pueda adjudicar una situación de dominio. Escuchamos que no, que no
solamente hay otras infraestructuras que ya están en régimen de
competencia, algunas tan perfectas como la de ECTA-Telefónica, sino que
además el sistema de acceso a las infraestructuras de esta empresa se
hará por el sistema de ONP: acceso abierto, en igualdad de condiciones,
para el resto de las entidades que se quieran constituir en usuarios de
la infraestructura de Telefónica.
En este escenario a mí me parece que sólo desde el prejuicio se puede
construir el sofisma consistente en que el Gobierno ha autorizado el
acuerdo entre Canal Plus y Telefónica. Como no hay mejor sordo que el que
no quiere oír, de nada sirve que el Gobierno comparezca aquí diciendo que
ni autorizó, ni conocía, ni tiene siquiera todavía, por ser una actividad
no regulada, los contenidos exactos de la relación contractual entre
estas dos empresas. Y, bajo ese prejuicio, se termina de construir el
sofisma: «¡Ah, claro!, el Gobierno viene paralizando la ley del cable
para facilitar esta actuación de Telefónica.»
Quiero decir a este respecto que no nos quitemos nuestras propias
responsabilidades, empezando por el Grupo Parlamentario Socialista. El
Gobierno hizo lo que tuvo que hacer y lo hizo hace diez meses: remitir a
esta Cámara un proyecto de ley del cable para el que el conjunto de los
Grupos Parlamentarios de esta Cámara, empezando por el Grupo
Parlamentario Socialista, hemos sido incapaces de encontrar la geometría
de apoyo parlamentario suficiente que permita la toma en consideración
del proyecto y su incorporación a la norma española que consideramos,
como el resto de los Grupos, que es realmente importante. Pero no todos
tenemos la misma culpa, señor Presidente. Este Grupo hizo, hace algo más
de tres semanas, una oferta concreta al resto de los Grupos
Parlamentarios. Ninguno ha contestado todavía a este Grupo y lo hacen
hoy, me perdonan que lo tenga que decir, dirigiendo el guante a quien no
tiene que aceptarlo. Es el Grupo Parlamentario Socialista, no el Gobierno
--y este Grupo apoya, por supuesto al Gobierno-- el receptor de las
ofertas de negociación que se formulen en sede parlamentaria a un
proyecto que está presentado en esta Cámara, que es propiedad de esta
Cámara y en el que el Gobierno tiene muchas cosas que decir pero no más,
ni más importantes, que el Grupo Parlamentario Socialista.
Ofertamos, y seguimos ofertando, ampliar las competencias de las
comunidades autónomas en el establecimiento de las demarcaciones
geográficas sobre las que se producirá posteriormente el cableado.
Mantenemos una concesión única de la Administración central del Estado,
en aplicación del artículo 149.1.21a de la Constitución que establece que
ésa es competencia del Estado. Estaríamos dispuestos a aumentar las
competencias de las comunidades autónomas en el desarrollo y ejecución de
los contenidos de los medios de comunicación social, cuya legislación
básica corresponde al Estado. También ofertamos borrar del proyecto de
ley cualquier precepto del cual se pudiera deducir un trato de privilegio
a Telefónica de España en el desarrollo del cable. Los aspectos
sustanciales de la oferta que hemos hecho la tienen por escrito algunos
Grupos.
Esto tiene que producir, en segunda derivada, otras modificaciones
consecuencia de estas tres. Esa es la oferta que hicimos, con una sola
condición de cierre y envolvente, que es el respeto, como no puede ser
menos, a la distribución competencial que establece el artículo 149 de la
Constitución española. Sobre eso hicimos la oferta y por eso tenemos que
denunciar un cierto desprecio al Grupo Parlamentario Socialista (17 votos
son muy importantes, 18 más, y 159 más todavía) al no haber recibido, a
lo mejor porque no nos consideran interlocutores válidos, esas ofertas
que hoy se hacen aquí en la Cámara y que recibimos de buen grado. Y no
sólo las recibimos de buen grado, sino que, sin que eso suponga ninguna
interferencia en las competencias del Gobierno, instamos al mismo, en
este acto concreto representado por el señor Borrell, a que tome en
consideración esa oferta a la que este Grupo Parlamentario viene
dedicando mucho tiempo sin éxito, pero nunca es tarde si la dicha es
buena. Si pudiésemos estar todos de acuerdo, al menos podríamos tomar en
consideración el proyecto de ley del Gobierno. Y algunos grupos que en
privado admiten su conformidad sustancial con el proyecto de ley, pero
que en la mecánica de acoso y derribo al Gobierno públicamente lo niegan,
tendrían que decir en el Pleno del Congreso, para que constase en el
«Diario de Sesiones», cuáles son sus planteamientos e hipotecar esos
planteamientos para el futuro, en el supuesto de que no fuera posible que
la ley, como sería deseable, fuese aprobada en el tiempo que nos resta de
legislatura y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
El señor PRESIDENTE: Después de una pausa de cinco minutos, el señor
Ministro contestará a todos los parlamentarios que han intervenido en
nombre de sus Grupos.
Se interrumpe la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión dando la palabra al señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a fin de que conteste a las
intervenciones que considere oportunas de los distintos portavoces de los
Grupos Parlamentarios.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señorías, ésta es una comparecencia importante, es
importante y me gustaría que no se consumiera en adjetivos calificativos,
porque contra los adjetivos no caben argumentos, pero francamente,
después de una exposición que he intentado que sea razonada y, como
alguien ha reconocido, pedagógica, es muy decepcionante, señora Mato,
recibir como única respuesta una serie de adjetivos. Es muy difícil
construir teorías con adjetivos, y más difícil todavía es replicarlas.
Yo he acudido a esta Comisión, señorías, para contestar a dos temas.
Primero, por qué el Gobierno ha autorizado a Telefónica a hacer pasar por
su red señales vídeo. En términos menos técnicos, le ha autorizado a
transmitir señal de televisión por sus cables. Segundo, qué tiene que
decir el Gobierno del acuerdo entre Telefónica y Canal Plus para el
desarrollo de los servicios de televisión por cable en España. De aquí
hemos pasado a muy interesantes consideraciones sobre el estado actual de
la ley de las telecomunicaciones por cable, su importancia para nuestro
país, y las razones por las cuales después de 10 meses no ha conseguido
superar el trámite parlamentario. Con su permiso, señor Presidente, y con
el suyo, señorías, creo que es mi obligación política contestar a estos
planteamientos y no limitarme a los dos temas que han hecho que acuda
aquí esta mañana, porque los que han hecho que acuda aquí esta mañana,
después de escucharles, me parecen mucho más claros que nunca.
Primer tema: la ley de la gravedad afecta a todas las manzanas, todas se
caen, y cuando el Tribunal Constitucional dice que en ausencia de normas
no se puede impedir a nadie que preste servicios de televisión o
construya redes para ello, ¿por qué y en base a qué Telefónica no lo
podría hacer? Señorías, seamos serios; por favor, seamos serios. Intentar
sustituir el razonamiento con adjetivos, señora Mato (incompetencia,
incoherencia, contradicciones, falta de respeto, campar por sus respetos,
confusión), no conduce a nada más que a generar esa sensación que tenemos
muchos españoles de que ustedes no tienen alternativas a nada, que muchas
veces apenas comprenden gran cosa de lo que está en juego, y tratan de
sustituir eso con la onomatopeya. Vamos al grano.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice: Mientras no haya
una ley que diga lo que tenga que decir, en este país a nadie se le puede
impedir prestar servicio de televisión por cable. Y un señor monta una
red de cable en Santander por la que pasa el servicio de televisión ya,
señora Mato. ¿A qué viene que diga usted entonces que hemos bloqueado el
desarrollo de las iniciativas privadas? Ya las hay. En Jerez y en muchos
sitios hay gente que construye cables para hacer pasar televisión.
¿Alguien le ha dicho algo después de que hayamos acatado, como era
nuestra obligación, la sentencia del Constitucional? Antes de la
sentencia, sí, señoría, porque hay una ley que tenemos que hacer cumplir
y que dice que eso no se puede hacer sin título habilitante. Después de
la sentencia, no, porque el alto tribunal ha dejado las cosas bien
claras.
Dígame usted, señoría, con esta sentencia en la mano ¿qué le dice a
Telefónica? ¿Cuál es la posición del Partido Popular? ¿Usted está a favor
o en contra de qué cosas? ¿Usted qué le hubiera dicho a Telefónica, y en
base a qué argumento jurídico se lo hubiera dicho? ¿Le hubiera usted
dicho a Telefónica que su manzana no se ve afectada por la ley de la
gravedad y que todo el mundo puede hacer televisión por cable menos
Telefónica? ¿Eso hubiera dicho usted? Porque en la vida hay que plantear
alternativas, no basta con hacer poesía. Cuando uno se enfrenta a una
decisión tiene que decir sí o no.
En el Consejo Asesor de Telecomunicaciones se planteó el problema, y en
el mismo consejo, que reúne a gente que entiende bastante de
telecomunicaciones, quedó claro que si el Tribunal Constitucional dice
que mientras no haya ley no se puede impedir que haya redes, y que las
redes se usen, habría que abrir esa posibilidad a todo el mundo. El
Ministro lo reconoció. Y este planteamiento fue muy bien recibido por
todos. Sectores que usted llama privados (y algunos no lo son, porque los
municipios que yo sepa no son privados, y las comunidades autónomas
tampoco; usted confunde privado con no Estado central, que son dos cosas
distintas) quedaron muy contentos porque vieron que aceptábamos una
realidad y que la íbamos a impulsar. Y Telefónica dijo: Pues muy bien, mi
red servirá también para eso. Y al día siguiente de este consejo asesor
Telefónica hizo lo que tenía que hacer: una consulta a la Administración
reguladora, diciendo: ¿Yo cómo quedo en esta historia? Respuesta: Como
los demás. ¿O es que usted hubiera dado otra? Si hubiera dado otra, por
favor diga cuál y explique por qué. ¿En qué base jurídica hubiera usted
podido decir que no, que Telefónica no puede usar su red para hacer pasar
señales de vídeo? Absurdo. Ya sé que hay países gobernados por gobiernos
de cuya ideología ustedes participan --me estoy refiriendo a la
Inglaterra thatcheriana-- que han mantenido una clara separación entre lo
que es televisión por cable y lo que es telefonía, y han impedido a
British Telecom prestar servicios de televisión por su red. Lo han hecho
por una ley, no por el arbitrio de un ministro.
Este Ministro no hubiera podido decir nada distinto de lo que ha dicho, y
le vuelvo a emplazar, señoría, a que haga menos poesía y concrete un poco
más. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? ¿Prohibir a Telefónica que
utilice sus redes para hacer pasar televisión hasta que haya una ley? En
ese caso, ¿cómo lo justifica usted con respecto a la sentencia del
Tribunal Constitucional? ¿Qué clase de arbitrariedad hubiera usted
cometido si hubiera tomado una decisión distinta de la que ha tomado el
Gobierno? Aquí no hay vuelta de hoja ni doblez ni alternativa real.
Telefónica tiene una red. El Constitucional dice que por las redes pueden
pasar
señales de televisión, y Telefónica dice: Yo voy a hacer pasar señales de
televisión por mi red. Nosotros le decimos que nada se lo puede impedir.
Nosotros no se lo podemos impedir. Le podemos poner condiciones. ¿Por qué
le podemos poner condiciones? Porque Telefónica tiene obligaciones con
respecto al Estado que tienen que ser preservadas, y le decimos: Si usted
lo hace, lo hará con contabilidad separada, en ámbito local, con
segregación de actividad, etcétera. Si lo hace así, muy bien. ¿Dígame en
base a qué precepto legal hubiéramos podido prohibírselo? Y ahora dígame
más. ¿En qué cree usted que hubiera beneficiado a los intereses del país
que hubiesen florecido cableados de baja calidad en las ciudades
españolas --cuando digo de baja calidad quiero decir sin la potencia
suficiente para converger hacia el multimedia-- y que al único agente que
existe que tiene potencia tecnológica, dimensión financiera y presencia
real para hacer cableados de futuro le hubiéramos dicho que no, que usted
no? ¿Pero qué clase de visión de la construcción de un país tiene usted,
señora Mato?
Vayamos al Derecho comparado. Alemania, cableado por Deutsche Telekom, al
100 por ciento (sólo Deutsche Telekom, muy liberales pero sólo por
Deutsche Telekom), es ya el primer operador de cable del mundo. Francia,
algo parecido. En Estados Unidos se quejan de que la ley del cable lleve
diez meses de discusión parlamentaria, mejor dicho, de no discusión
parlamentaria. ¿Cuánto tiempo llevan en Estados Unidos discutiendo la
convergencia de las telecomunicaciones, con cuántas discrepancias, con
cuántos cambios de posición, con cuántos intereses legítimos detrás?
¿Cuánto tiempo llevan Gore y Clinton discutiendo con el Congreso y con el
Senado sobre qué hacer con las operadoras de cable, las de televisión,
las de teléfono? Son temas complejos, señoría, que exigen conocimientos
de causa, analizar ventajas e inconvenientes, no reducirlo todo a
adjetivos, y sopesar lo que hay que hacer en función de una evolución
tecnológica bastante imprevisible y muy dinámica.
Hace tres años el Ministro francés de Telecomunicaciones me dijo algo que
siempre recordaré y creo que es importante que ustedes conozcan. En 1986
Francia lanzó el Plan Cable y empezó a cablear desde France Télécom el
país con cable pensado sólo para televisión, de fibra óptica pero sólo
para televisión. ¿Por qué? Me dijo el Ministro francés: Porque mis
técnicos me dijeron que no habría convergencia tecnológica hacia el
unimedia, que no la habría, que el cable de televisión serviría para
televisión y sólo para eso, y que el cable de teléfono serviría para voz
y datos y sólo para eso; que íbamos a un modelo de dos redes y por eso
autoricé el cableado dual de las ciudades francesas, que ha conducido a
un gran fracaso comercial, tecnológico y financiero. Y ahora --me decía
el Ministro-- me dicen mis técnicos --se lo habían dicho cuando era
Ministro de Chirac y se lo volvieron a decir cuando después de la
alternancia lo volvió a ser-- que no, que la convergencia es una
realidad, que vamos hacia el unimedia y es un error tener redes duales.
Si me lo hubieran dicho entonces no me hubiera embarcado en un proceso
que ahora le aconsejo a usted que evite para no reproducir una historia
pasada.
Sabiendo que la tecnología tiene impulsos a veces espasmódicos, que hay
momentos de ruptura en los que se integran sistemas de conexión asíncrona
que hoy son experimentales y, sin embargo, pasado mañana serán la
realidad, costosa pero realidad, ¿cómo puede usted resumirlo todo en
frases huecas del estilo, por ejemplo le leo una: El Gobierno ha asignado
a Telefónica una función que ni siquiera está prevista en el proyecto de
ley de telecomunicaciones por cable? ¿Me quiere usted decir cuál? ¿Me
quiere usted decir cuál es la función que hemos asignado a Telefónica que
ni siquiera está prevista en el proyecto de ley de telecomunicaciones por
cable? Le estaré muy reconocido, porque yo sólo puedo replicarla sobre
hechos concretos, no puedo replicarla sobre observaciones genéricas
carentes de definición. ¿Me quiere decir cuándo hemos cuestionado que en
el cable pueda participar la iniciativa privada? No se monte usted la
película que le conviene, describa la realidad como es, y el diálogo será
fructífero. Pero planteando cosas que no son ciertas, demostrando un
desconocimiento profundo de la materia, no puede usted esperar de mí
respuestas que avancemos un ápice en la búsqueda del consenso que este
Gobierno y este partido necesitan. De todas maneras, señoría, yo creo que
el Partido Popular desea colaborar en superar los obstáculos que permiten
construir un consenso en torno a la ley del cable, y lo creo porque estoy
convencido de que ustedes piensan que es necesaria una norma de estas
características. Por cierto, Francia no tendrá una norma de estas
características hasta septiembre del año que viene, porque quieren seguir
más de cerca la evolución tecnológica y de momento hacen lo que tienen
que hacer sin ninguna ley. O sea, que tampoco es tan grave. Creo que es
necesaria una norma, incluso como alguien ha dicho por higiene
democrática, para que una ley no llegue al Parlamento y esté durante diez
meses siendo objeto de prórrogas continuas esperando que alguien se
decida a aceptar algo. Si es verdad, recojo la invitación de mi compañero
del Grupo Socialista: estoy a su entera disposición, en coordinación y
colaboración con mis compañeros Diputados, para que en el mismo momento
en que termine esta comparecencia busquemos con ustedes y con otros
grupos que lo han ofrecido una solución que permita desbloquear este
texto de ley antes de que acabe el período de sesiones. Cuando he dicho
que ya no se podría aprobar no expresaba un deseo, expresaba un temor; el
temor de que, dados los plazos, era difícil que esta ley pudiera
aprobarse. Pero habida cuenta de que el modelo que Convergència i Unió
defiende está fuera de la Constitución, que sus planteamientos no tienen
cabida en el marco constitucional y que el Gobierno y el Partido
Socialista no van a aceptar una tergiversación de los términos
constitucionales para conseguir un apoyo que permita aprobar la ley,
habrá que buscar apoyos de otros grupos si de verdad existe voluntad de
conseguirlos. Eso es lo que podemos empezar a hacer con la colaboración
de todos desde ahora mismo.
Esto en cuanto a la primera pregunta. Con esto contesto también a
Izquierda Unida. Nadie le puede decir a Telefónica que su red no puede
ser soporte de transmisión de señales de vídeo, porque ampara a
Telefónica también el Tribunal Constitucional. El Gobierno no ha dicho
todos menos
Telefónica, ha dicho todos. Nadie puede ser impedido de usar una red y si
no la hay construirla. Luego la primera pregunta, señorías, va de soi. Es
inútil perder el tiempo en intentarla explicar, quien quiera entender
entiende, y el que se monta películas diciendo que eso es un intento
deliberado de favorecer a uno en contra de otros simplemente está
hablando de otro país y de otra realidad jurídica y tecnológica. No
perdamos más tiempo en eso.
El segundo tema es más polémico, se presta más a una controversia
política, y yo no estoy viniendo aquí a decir que este acuerdo no tiene
ninguna clase de problemas desde ningún punto de vista. Les he dicho que
desde el punto de vista de la legislación en vigor de las
telecomunicaciones, de cuya aplicación soy garante, no encuentro nada que
lo pueda objetar; que si lo hubiera encontrado ya lo hubiera objetado;
que hay disposiciones complementarias que debemos poner en marcha para
garantizar que la red de Telefónica es red de ONP a los efectos de
televisión; que el precio de cesión de la red al operador de cable tiene
que ser regulado porque no hay mercado que lo regule, y eso es lo que va
a hacer el Gobierno a través de disposiciones que se lo autoricen en la
ley de presupuestos, en la ley de acompañamiento o a través de normas de
rango administrativo, porque creemos que podrían ser suficientes.
No sé lo que va a decir Europa sobre si eso perturba o no la competencia,
o lo que van a decir las autoridades españolas en la materia. Son
independientes, tienen su propio criterio y lo van a ejercer.
Personalmente creo que este caso no es parecido o marca importantes
diferencias con el caso de Deutsche Telekom, Kirsch y Bertelsmann. Hay
diferencias sustantivas, pero no soy el juez de la defensa de la
competencia europeo ni español. Colaboraremos con ellos, les daremos toda
clase de explicaciones y, por supuesto, su criterio será el que
prevalezca. Hoy este Gobierno cree que con un conjunto de medidas, que
podemos tomar, no estamos cerrando el paso a otros operadores de una
forma discriminatoria; que el texto de ley que hemos hecho trata
precisamente de no cerrar ese paso sino de abrirlo, aunque personalmente
tengo muchas dudas de que en un país como España tenga sentido económico
hacer tendidos plurales de redes de banda ancha. La ley lo permite, lo
prevé, lo posibilita y lo desea, pero permítanme que como analista
económico de las telecomunicaciones tenga mis dudas de que en las
ciudades españolas vaya a haber dos redes de banda ancha en el domicilio
de cada ciudadano. Desde luego, no es eso lo que va a pasar en Alemania,
país más rico y más desarrollado que nosotros. Pero si el mercado resulta
que recibe demanda y el inversor acude y la demanda consume, magnífico.
Donde hay que favorecer la competencia es sobre todo en los servicios,
porque una sola red es capaz de transportar toda la oferta imaginable de
servicios. Cuando estamos hablando de redes que pueden transportar 150
canales de televisión simultáneamente, el problema no es que no haya
suficiente capacidad, es que quizás no haya suficiente oferta para
llenarla. Pero es una discusión que ya hemos saldado porque hemos
aceptado que puede también haber competencia en redes. Es magnífico que
la haya. Siempre que no sea en detrimento del equilibrio territorial me
parecerá magnífico. Luego que nadie nos acuse de no querer liberalizar.
Vamos más lejos que la mayor parte de los países europeos, con sus
ventajas y sus inconvenientes, que de todo hay. Si mientras tanto
Telefónica, que está autorizada a prestar servicios de televisión por
cable a través de su red de cable y donde su red de cable lo permita
--que no es en todas partes-- decide iniciar esta actividad, busca en el
mercado un socio que complemente esta iniciativa, y busca el que cree que
es el mejor, este Ministro de las telecomunicaciones no tiene nada que
decir, desde luego no le han dado oportunidad de decir nada. Aunque a
usted le parezca extraño es así. Eso será más o menos cortés y será más o
menos creíble, pero le aseguro que el Ministerio de las
telecomunicaciones no ha sido informado de la forma en la que Telefónica
ha escogido un socio para lanzarse en el mundo de la televisión por
cable, a través de un procedimiento que nos ha parecido acorde con el
actual marco normativo español. No vean ustedes fantasmas. No sé si Canal
Plus es mejor o peor socio que otros. Eso corresponde juzgarlo al gestor
de Telefónica, que por mucho que ustedes digan que es una empresa de
control público no pueden olvidar que la presencia pública es del 20 por
ciento y que las actividades no reguladas se prestan en condiciones de
mercado competitivo, con contabilidad separada y sin ninguna intervención
de los poderes reguladores. Eso es así.
Señorías, pongamos las cosas en su sitio. Ningún Gobierno hubiera podido
decirle a Telefónica que ella no puede usar su cable para hacer pasar
televisión, y me gustaría conocer si los partidos políticos aquí
presentes hubieran hecho algo distinto si hubieran gobernado, no sea que
nos pase como con el trasvase del agua del Tajo al Segura recientemente
discutido, que después de estar escuchando a todos los partidos políticos
los mayores anatemas y descalificaciones, cuando se llega aquí y se vota
no hay ni un voto en contra, ni uno. O sea, que no debieran estar ustedes
tan en contra como decían; nadie debía estar tan en contra como decía. Yo
lo que les ruego es que en este caso concreto se definan. No me
califiquen, defínanse. ¿Ustedes hubieran dicho a Telefónica que no podía
hacer un uso de sus cables para pasar televisión, sí o no? Y si es así,
ahórrense los discursos; si no, expliquen por qué y en qué normas
jurídicas se hubieran apoyado para defenderlo.
Ya he dicho lo del Canal Plus. Telefónica es un operador de redes que
crea en las condiciones previstas por el proyecto de ley del Gobierno un
operador de televisión por cable con red a medias o coparticipadamente
con otros agentes. Y es lógico que entre los socios que se busque
aparezca uno que sea suministrador de producto; es lógico. Yo no sé si
mejor es el que ha buscado o si Time Warner hubiera sido mejor. No tengo
ni idea, no entiendo. Ni me preguntan ni tengo por qué saberlo. Pero en
buena lógica económica es natural que un operador de televisión por
cable, además de una buena red, se busque un suministrador de producto,
en el bien entendido que nuestra ley ya establece una previsión, que el
40 por ciento de la capacidad de las redes --las dos redes que pensamos
que puede haber como máximo-- tendrá que estar reservado a los
productores de programas independientes de los suministradores de red. Si
esta ley estuviera en vigor, nadie tendría que tener
ningún temor por la neutralidad en el acceso. Mientras no lo esté,
tendremos que tomar medidas transitorias que lo garanticen. Mi obligación
es garantizar que no hay subvenciones cruzadas entre el uso de la red de
Telefónica para transmisión de señales de televisión y otras señales. Y
eso se resuelve fijando un precio de cesión del uso de la red desde
Telefónica a las operadoras de cable. Lo vamos a hacer. En este sentido,
el acuerdo, el apelar al mercado, es profundamente inoperante porque tal
mercado no existe y, aunque sólo sea por razones fiscales, un precio de
cesión de un activo de una empresa participada a otra mayoritaria tiene
que ser regulado o, por lo menos, no puede ser dejado al libre albedrío
de las partes.
Hay muy poco más que decir, pero quizá sea un buen momento para entender
la filosofía de la ley que pretenderíamos aprobar, y que no se aprueba
por razones competenciales defendidas por partidos nacionalistas, cuyo
objetivo final es que el desarrollo de las telecomunicaciones del futuro
en España se haga sobre una base autonómica. Llamemos a las cosas por su
nombre, señorías. Aquí hay partidos nacionalistas que tienen una
concepción del Estado por la cual quieren que, diga lo que diga la
Constitución, el desarrollo de las telecomunicaciones del futuro, basadas
en los cánones de banda ancha y en el sistema ATM, se haga sobre una base
territorial autonómica y que haya 17 desarrollos de los sistemas
nerviosos del futuro de nuestra sociedad. Eso no es lo que prevé la
Constitución y por eso no aceptamos este modelo. Eso es lo que ha
bloqueado la ley, porque estoy convencido de que en todo lo demás se
puede llegar razonablemente a acuerdos.
No queremos dar los privilegios a Telefónica. Simplemente queremos
aceptar la realidad, y la realidad es que Telefónica tiene una red que
tiene la obligación de extender, ampliar y mejorar, y que es la mejor
base de partida para que España tenga unas telecomunicaciones de futuro.
¿Cómo vamos a ignorar la existencia de este activo? Naturalmente queremos
que haya otros. Sobre todo queremos que la red de Telefónica esté abierta
a todas las aplicaciones de todos los proveedores de servicios. Ese es el
objetivo fundamental. La competencia tiene que ser en servicios antes que
en redes. A nadie se le ocurriría construir dos aeropuertos, uno al lado
del otro, esperando que la competencia entre ellos mejorase la gestión
tanto que compensara los sobrecostes de inversión en los que se incurre.
Bueno, pues esto que es obvio en infraestructuras físicas, lo es menos en
infraestructuras de telecomunicación pero es igual de cierto. Y, sin
embargo, estamos dispuestos a aceptar dos redes de banda ancha, mejor
dicho, dos operadores de redes de banda ancha, porque la red de banda
ancha puede ser la única. No sé si me explico. Telefónica, con la red que
tiene, puede suministrar red a dos operadores con red, porque la red del
operador con red no tiene por qué ser suya, la puede alquilar, y los dos
operadores con red pueden alquilar la red al mismo propietario de la
misma red. Ya sé que eso exige un poco de reflexión para entenderlo, pero
parece obvio. ¿Por qué tiene que haber dos redes físicamente distintas si
una misma tiene capacidad para atender todas las demandas? ¿Por qué? ¿Por
qué hemos de sobreinvertir? Puede haber una con dos operadores de red
independientes que usan alquilando la misma red al mismo precio, o dos
redes distintas, construidas incluso ex novo, en el caso de que
Telefónica no sea capaz de hacer evolucionar la suya. Luego habrá unos
productores de programas. Este modelo es el que resulta de la decantación
histórica de lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que está pasando en
Europa. Es un buen modelo, y creo que el país necesitaría que fuésemos
capaces de plasmarlo en un texto legal antes de Navidades. Por eso
acepto, aceptamos, con mi grupo parlamentario, la oferta que hoy se nos
hace para intentar llegar, si es posible, a un acuerdo que desbloquee la
situación. Si así no fuera, estaríamos como Francia, cuyo Ministro me
decía: No, nosotros, una ley de telecomunicaciones por cable que integre
el fenómeno de la banda ancha y el ATM la haremos en septiembre del año
que viene porque queremos ver cómo evoluciona tecnológicamente y cómo
Europa acaba de establecer las directivas porque también la Comisión
cambia de opinión de un día para otro. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras
tanto France Télécom usa su red para pasar televisión y los municipios
conceden uso del dominio público municipal para otros cableados que
obviamente no pueden servir más que para televisión porque las
telecomunicaciones no estarán liberalizadas hasta 1998. Y a Alemania le
pasa exactamente igual.
O sea, por favor, no nos desmelenemos ni presentemos una visión
terrorífica y tremendista de las cosas, porque basta con conocer un poco
cómo es el mundo para darse cuenta de que realmente es mejor que saquemos
la ley y mientras tanto no cometamos --no voy a calificarlo-- o no
sigamos con los planteamientos que he oído aquí esta mañana que, poco
menos, consisten en decir que todo el mundo puede cablear pero que los
cables que ya existen no se pueden usar. ¿Por qué? Porque son de
Telefónica. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Por eso yo les emplazo a que
ustedes definan de una vez su política en algo; defínanse. Estoy seguro
de que el debate político será mucho más rico después de eso.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran hacer uso del
turno de réplica? (Pausa.) Advierto que en este caso nos vamos a limitar
a los cinco minutos estatutarios y reglamentarios de esta Cámara.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Intentaré ajustarme a los cinco minutos de tiempo
que me ha dado.
Ya le advierto, señor Ministro, que no voy a entrar en su juego porque,
aunque no he tenido oportunidad de debatir en muchas ocasiones con usted,
he leído y he visto muchas de sus intervenciones y ya sé su manera de
actuar al respecto.
En relación a las propuestas que nos ha hecho el portavoz del Partido
Socialista, señor García-Arreciado (incluso el Ministro Borrell las ha
repetido), he de decirle que no se trata de ingenuidad, yo no lo llamaría
así, lo llamaría responsabilidad, que es lo que falta en algunos casos.
Reitero --lo hemos dicho muchas veces-- que la falta de consenso
por nuestra parte no ha sido nueva en el día de hoy. No se tiene que
sorprender tanto porque lo hemos manifestado pública y personalmente ante
ustedes y ante el propio Gobierno, ante la Secretaría General de
Comunicaciones; también lo saben la prensa y los medios de comunicación,
porque no ha sido un acuerdo secreto, pero en multitud de ocasiones hemos
estado dispuestos y hemos tratado de sacar el texto adelante. Además, le
recuerdo, aunque lo sabe usted perfectamente, que nosotros presentamos ya
una proposición no de ley --en esa ocasión era de televisión por cable, y
luego la ampliamos a telecomunicaciones por cable para que se regulara
este sector-- porque, a diferencia del señor Ministro, no nos parece que
el panorama idílico sea que se retrase el tema de la legislación hasta
dentro de un año para ver cómo avanzan los condicionamientos técnicos,
sino que nosotros vayamos por delante en la medida de lo posible. También
quería decirle, señor García-Arreciado, que no ha escuchado usted muy
bien esta mañana porque no es que me parezca importante esta
comparecencia que se ha realizado hoy, sino imprescindible, y es más, he
lamentado que no se haya celebrado antes por motivo de las vacaciones
estivales.
Señor Ministro, entrando directamente en algunos de los temas (lamento
que le molesten los adjetivos, pero los adjetivos describen perfectamente
la situación que usted ha provocado y por eso los he tenido que
utilizar), sólo quería decirle que nuestro grupo no niega en absoluto el
papel de Telefónica en el futuro del cable --seguro, segurísimo que tiene
su papel--, pero tiene que ser un papel derivado de la ley y al que
especialmente tiene que ceñirse como empresa de control público que es. Y
le digo lo siguiente: ustedes han autorizado un acuerdo a Telefónica, y
en el propio proyecto de ley que ustedes han presentado al Parlamento --y
no voy a entrar en muchos detalles, solamente le voy a dar dos
pinceladas-- usted dice que Telefónica no puede ofrecer una serie de
servicios hasta después de seis meses de que los demás puedan entrar.
Ahora usted está modificando eso. Me gustaría saber si usted va a retirar
el proyecto de ley que ha presentado y va a presentar otro proyecto
modificando esta cuestión. También es cierto que usted dice en el
proyecto de ley que Telefónica por ser Telefónica puede acudir, estar y
ser operador de cable en cualquier circunscripción que pida sin necesidad
de ir a un concurso, cosa que tampoco nos parece adecuada porque evita la
iniciativa privada y creemos que es mejor que haya un concurso. Cuando
hablamos de dos redes no hablamos de una red de televisión y una de
telecomunicaciones; hablamos de dos redes de telecomunicaciones por
cable, y parar la iniciativa privada, impedir la iniciativa privada en
España, en estos momentos en que la economía reclama creación de puestos
de trabajo e inversiones fuertes, creo que es un grave error que
pagaremos todos los españoles. Cualquier situación al margen de la ley no
puede justificarse, pero, se lo he dicho antes, en el caso de empresas de
control público es especialmente grave que se actúe sin estar amparado
por una ley.
Mi Grupo nunca va a defender intereses privados contra intereses privados
o frente a intereses privados --en eso ustedes han sido especialistas--:
nuestro Grupo únicamente está al servicio de intereses generales. En este
caso esos intereses generales nos llevan a lo siguiente. Mire, señor
Ministro, intentaremos aprovechar las potencialidades de Telefónica en
materia de cable, uno; dos, esas potencialidades de Telefónica se tienen
que desarrollar en un marco legal que no impida la llegada de capital
privado al desarrollo tecnológico, y, tres, en cuanto a las
infraestructuras de Telefónica, con total transparencia y en condiciones
de igualdad, tienen que tener acceso a ellas todos los que quieren
acercarse a las mismas y nunca deben estar comprometidas en exclusiva.
Señor Ministro, usted suele aprovechar sus intervenciones para
descalificar, pero en este caso no voy a entrar en sus descalificaciones,
ni en sus adjetivos, ni en sus no adjetivos. No intente confundir y no
nos sitúe en la crítica por la crítica. Nosotros hemos estado pendientes
durante todo este verano de los acuerdos que ha firmado Telefónica con
empresas privadas. La crítica ha sido unánime por parte de todo el
sector, por algo será. Yo se lo puedo explicar. En el mundo de las
telecomunicaciones y especialmente en el mundo de la comunicación, como
llevamos tanto tiempo de retraso y cada vez proliferan más las
universidades de verano, se han organizado multitud de seminarios
relativos al cable, hay mucha gente que conoce cómo está el sector del
cable y cómo funciona el tema del cable, y por eso ha habido una crítica
unánime a la decisión que adopta el Gobierno. Que le quede claro.
Nosotros no defendemos la concentración del cable ni en Telefónica ni en
ningún grupo privado, pero --y utilizo una palabra, aunque le moleste--
su torpeza no tiene mucho límite, porque aquí hay juego tecnológico y
económico para todos, y usted sabe que hay juego para todos siempre que
se respeten las normas. No convierta usted con arbitrariedad, que es lo
que ha ocurrido en este caso, el juego para todos en juego para unos
pocos, porque eso es malo para los intereses generales que, como le he
dicho, son los que nosotros defendemos; es malo para el pluralismo, que
yo también lo defiendo, y también es malo para España, muy malo para
España, y creo que a usted y a mí nos preocupa. Este es un tema que por
desidia o por torpeza al final se ha convertido en un asunto de
estrategia de partido antes de unas elecciones.
En cualquier caso, señor Ministro, sí le digo que en este asunto ustedes
empezaron pasando del Legislativo y también del Poder Judicial y, al
final, han terminado amparándose en el Poder Judicial para hacer lo que
quiere el Ejecutivo sin el Legislativo, y eso es muy grave, porque eso es
una burla a este Parlamento. Creo que no se puede dar mayor confusión en
un Estado de derecho. (Rumores.) En cualquier caso, señor Ministro, están
ustedes a tiempo de arreglarlo, aunque dudo que tengan voluntad política
para hacerlo, porque creo que ustedes prefieren el desorden por el
desorden, y también, por sus declaraciones de esta mañana, considero que
ustedes piensan que el próximo Gobierno que salga de las urnas lo
arreglará pagando el coste político de todos estos despropósitos. Suya es
la responsabilidad tanto de la paralización de la ley del cable como del
retraso de inversiones en España, de estar torpedeando, aunque usted no
lo quiera reconocer, el sector privado en el asunto del cable, de haber
postulado la irrupción de Telefónica en el cable, sin ley; también son
responsables de seguir
tolerando la estrategia de Telefónica, insisto, sin ley, de no
preocuparse de proteger el acceso de todos los grupos privados de
comunicación a las infraestructuras de Telefónica construidas al amparo
de un régimen de monopolio, de falta de claridad de ideas a la hora de
regular la televisión o las telecomunicaciones por cable --termino
enseguida, señor Presidente--, de defender posiciones cambiantes en
cuanto a las competencias de las distintas administraciones tanto por
problemas de gobierno como por problemas de partido. En cualquier caso,
ustedes cambian de opinión un día sí y otro día no. Por último, ustedes
tratan de resolver toda esta situación a través de un parcheo, a través
de una Ley de Acompañamiento de presupuestos que probablemente nunca
llegue a salir.
Señor Ministro, creo que todos estamos por encima de afanes partidistas,
nos estamos jugando cientos de miles de millones de pesetas de inversión
en España y, por tanto, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para
que, al final, lleguemos a un consenso y podamos tener organizado un
panorama de liberalización de las telecomunicaciones para la España del
año 2000.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): ¿Puedo contestar y así cerramos?
El señor PRESIDENTE: Cerraríamos en este caso con la portavoz del Grupo
Popular; los demás portavoces también tienen derecho a que usted les
conteste lo que crea oportuno.
A petición del señor Ministro, va a contestar en estos momentos a la
interpelación.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Acepto con mucho gusto, señora Mato, la oferta del
Grupo Popular. Desde el mismo momento en que acabe esta comparecencia
podemos empezar a trabajar, y espero que ello sirva para clarificar las
posiciones de unos y otros.
Yo acepto, señora Mato, que mis ideas sean confusas, como usted me
imputa, y le supongo las suyas muy claras. ¿Sería tan amable de
contestarme a la pregunta que le he hecho y a la que no ha respondido?
¿Qué hubiera hecho usted o un Gobierno del Partido Popular frente a la
pregunta que Telefónica le ha formulado?
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Mato para
intentar responder a su pregunta.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, para responder claramente.
Solamente le digo, señor Ministro, nosotros no estamos en el Gobierno y
es su responsabilidad. (Rumores.) Un momento, no se pongan nerviosos. (El
señor Alonso Conesa: ¡Nosotros no!) Pero sí le voy a decir una cosa:
nosotros nunca nos hubiéramos visto en esa tesitura porque hace tres años
ya habría un proyecto de telecomunicaciones por cable en España, en el
que estaría regulado todo lo que tiene que hacer Telefónica en un futuro.
(El señor Amate Rodríguez: Está claro.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Yo sí voy a contestar a su pregunta, señor
Ministro, de manera clara y concisa en el marco de estos cinco minutos.
¿Qué hubiera hecho Izquierda Unida en el caso del acuerdo suscrito entre
Telefónica y Canal Plus, en el caso de que Telefónica hubiera permitido
pasar por sus redes a Canal Plus y sus contenidos televisivos? (El señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell
Fontelles: Esa no es la pregunta.) ¿Cuál es la pregunta, señor Ministro?
El señor PRESIDENTE: Creo que el señor Ministro ha hecho una pregunta al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Usted, como representante y
portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
puede consumir sus cinco minutos de acuerdo con el contexto del debate, y
el señor Ministro lo único que ha hecho es decirle que la pregunta a la
que está contestando no es la pregunta que él ha hecho, pero está en su
perfecto derecho de utilizar los recursos y los argumentos que crea
oportunos en cinco minutos.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, al principio de su
intervención se ha referido a todos los grupos. En todo caso, le pido que
concrete la pregunta porque quizá no le he entendido bien.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted una concreción de la pregunta del
señor Ministro?
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Es muy fácil. Es la misma pregunta que me hizo
Telefónica: ¿Existe algún impedimento para que Telefónica pueda prestar
el servicio de televisión por cable mediante sus propias infraestructuras
de telecomunicaciones en ámbitos territoriales definidos, por sí o por
compañías filiales en las que ostente un mínimo del 51 por ciento, con
separación estricta de contabilidad, en los mismos términos que establece
el contrato para otros servicios en competencia? ¿Existe algún
impedimento para que Telefónica pueda prestar...?
El señor PRESIDENTE: El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: ¿Qué hubiera hecho un Gobierno distinto en el
caso de que hubiese tenido lugar el acuerdo Telefónica-Canal Plus? Esa es
la pregunta y no otra.
Señor Ministro, es la misma respuesta que a veces nosotros demos cuando
usted habla de trasvases. Usted nos sitúa entre la espada y la pared, y
en ese momento determinado
quiere también nuestra respuesta. Lo primero que hubiésemos hecho sería
respetar la ley de telecomunicaciones por cable hace bastantes años. Con
la ley aprobada no se hubiera podido dar la sentencia del Tribunal
Constitucional --y ahí está la respuesta clave, señor Ministro-- que ha
permitido por ahora, parece que legítimamente, por ahora, el acuerdo
entre Canal Plus y Telefónica. Este acuerdo se hubiese tenido que atener
a la ley de telecomunicaciones por cable que ustedes no han querido
aprobar, y en eso basaba yo la idea de que hay una estrategia del
Gobierno para permitir el acuerdo Telefónica-Canal Plus. Hace diez meses
presentan el proyecto de ley y, a partir de ahí, prórrogas constantes.
Desde el principio sabían que la propuesta de Convergència i Unió no la
iban a aceptar. El señor Nadal tiene con nosotros un contacto, que se
rompe de inmediato y no sabemos nada más. Hace quince días, el señor
García-Arreciado me para por la calle y, en dos minutos, me habla de otra
propuesta en el sentido de que las comunidades autónomas puedan conceder
la licencia; propuesta que hoy aquí acaba de cambiar, señor Borrell. Todo
esto quiere decir que nosotros hubiésemos hecho una ley que no hubiese
permitido la sentencia del Tribunal Constitucional, porque ya habría ley,
y no hubiese permitido el permiso de la señora Salgado a Telefónica y
Canal Plus legitimando la situación. Eso está claro, ¿no?
De otra parte, señor Borrell, nosotros también le hubiésemos pedido a
Telefónica --fíjese qué cosa más fácil-- que hubiese hecho el acuerdo con
Canal Plus a través de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas. Como mínimo, le hubiésemos pedido eso a
Telefónica y a Canal Plus, teniendo en cuenta que el titular del 19,86
por ciento es la Dirección General del Patrimonio del Estado y del 12 por
ciento --hasta la hora del acuerdo, a finales del mes de julio-- era de
la Sociedad Estatal del Patrimonio. Por lo tanto, el acuerdo incluso
puede ser nulo a partir de la no utilización de los cauces de la Ley
13/1995. Esas cosas hubiésemos hecho, señor Borrell.
El problema deriva de que ustedes nunca han tenido estrategia ni de
comunicación ni de telecomunicación. Nosotros hemos presentado un
proyecto de ley de televisión local --mañana se verá la alternativa--,
hemos presentado un proyecto de ley de telecomunicaciones por cable y
hemos presentado también un proyecto de ley antitrust, anticoncentración
y en favor, por lo tanto, de la publicidad y de la transparencia
informativa. En el caso de ustedes, las propuestas están llegando tarde y
mal --el proyecto de ley del Gobierno de la televisión local se ve
mañana-- o tarde, mal y nunca, en el caso de la aprobación real de la ley
de telecomunicaciones por cable.
En nuestra propuesta, señor Borrell (que, por cierto, es incompatible con
los contenidos de la propuesta del Partido Popular, como ya dijimos a la
hora de debatir la proposición de ley presentada en el Pleno por el
Partido Popular, y es lógico que lo sea), el papel de Telefónica que
plantea Izquierda Unida se acerca más al que propone el texto del
Gobierno que, naturalmente, al que propone el Partido Popular. Nosotros
aceptamos que Telefónica sea la base del primer operador, con el 51 por
ciento del capital, y que el otro 49 por ciento --ahí está la diferencia
con ustedes-- no se pueda dar, vender o alquilar sin ningún control, ni
administrativo ni político ni parlamentario, porque intentamos --aquí
viene la segunda enorme diferencia con el Partido Popular-- que no haya
un proceso de concentración que evite la pluralidad, la transparencia,
etcétera. Planteamos una diferencia cierta con ustedes, señor Borrell,
que no es la misma que ha planteado Convergència i Unió, porque todavía
es posible que roce las competencias exclusivas del Estado, pero sí
planteamos la necesidad de que la autoridad concesional de los medios de
comunicación que no son competencia exclusiva del Estado radique también
en la comunidad autónoma o incluso en el ayuntamiento. Lo mismo que
concede líneas de autobuses o algo por el estilo, con la Constitución en
la mano, en el caso de la televisión, del medio de comunicación, no en el
caso del resto de los servicios que sí serían competencia exclusiva del
Estado, cambie la autoridad concesional con respecto a su proyecto de
ley. Y hablamos de la Constitución porque creemos que ustedes no
garantizan ese control democrático de un consejo estatal de la
comunicación, por ejemplo, siguiendo el modelo francés o de otros países
de la Unión Europea, porque hemos visto que ni siquiera se ha enterado
usted de las negociaciones que hemos iniciado, y que se han frustrado de
inmediato, por lo menos con respecto a Izquierda Unida. Creo que se ha
enterado hoy aquí que tuvimos un contacto con el señor Nadal.
Para terminar, señor Presidente. Me voy a referir a los contactos que ha
habido y de los que pueda haber a partir de la comparecencia que se está
celebrando aquí esta mañana. El señor Nadal dijo que podía ser un acuerdo
con Izquierda Unida, le dijimos que estábamos mucho más cerca del
proyecto, en algunos casos, que el Partido Popular o Convergència i Unió,
y eso quedó ahí sobre la mesa, pero quedó indefinidamente. El señor Nadal
se fue a la Argentina y no volvimos a verle. Hace diez o doce días, el
señor García-Arreciado nos dijo que cambiaba algunos temas del proyecto
de ley. La autoridad concesional sería también de las comunidades
autónomas en ciertos casos, y le dijimos que eso estaba bien, porque
respondía al espíritu de la Constitución. Hoy nos viene a decir aquí que
no, que no propuso eso. En todo caso, el señor García-Arreciado no volvió
a tener ningún otro contacto con nosotros hasta que, ayer, se lo volvimos
a recordar y le dijimos: ¡Ojo!, que aquí hay 18 votos, que hay cuatro o
cinco diferencias importantes, pero que no ha vuelto a haber ningún
contacto y que no aprobar la ley de telecomunicaciones por cable en esta
legislatura sería un problema de higiene democrática, de higiene
política, de higiene institucional. Estamos dispuestos a debatir, señor
Borrell, pero en serio y a partir de ahora mismo. Por lo tanto, habría
que ir a la vía de urgencia. Hoy veremos sobre la mesa que es
incompatible llegar a un acuerdo, a la vez, con el Partido Popular y con
Izquierda Unida y, por eso, ustedes tienen que decidir si pactan con la
derecha o con la izquierda, a partir de esta misma tarde. Pero si ustedes
ven que es posible el acuerdo con Izquierda Unida, no nos lo nieguen de
inmediato, no nos satanicen, no nos tetanicen desde el principio
(Rumores.) --de tétanos-- (Risas.), si es posible. Tendrán que elegir
entre derecha e izquierda, porque tenemos planteamientos
muy diferentes que he intentado detallarles. Desde luego, si a partir de
hoy mismo, en estos cuatro o cinco puntos que he señalado como
fundamentales, hay un posible acercamiento, esperamos la respuesta
inmediata del Gobierno o del Grupo Parlamentario, y en mes y medio, por
la vía de urgencia, tendríamos la ley de telecomunicaciones por cable. Si
esto, por cualquier motivo, se frustra, señor Borrell, yo mantengo aquí
que ustedes tienen la estrategia de que no haya ley del cable, para dar
esa posición de dominio y ese premio informativo a través del acuerdo
Telefónica-Canal Plus.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y finalmente, tiene la palabra el
señor Sedó, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor SEDO I MARSAL: Intervendré muy brevemente, señor Presidente.
Respecto a la pregunta global que hace el señor Ministro, yo la había
contestado prácticamente en mi intervención cuando hablaba de posibles
ventajas que tenía Telefónica, que el señor Ministro ya había explicado
en otras ocasiones, y decía que nos parecía lógico que las tuviese, como
las han tenido en otros países los operadores principales, pero quiero
remarcarlo. Nosotros creemos que Telefónica puede entrar en el juego,
también creemos que puede entrar Telefónica más Canal Plus, también
podría haber sido Telefónica más Antena 3 ó también Telefónica más Tele 5
u otras, o todos juntos. Lo que nosotros estábamos discutiendo o sobre lo
que poníamos algún interrogante era en Telefónica más este punto del
acuerdo. No hemos discutido para nada que Telefónica entrase o no en el
tema, sola.
En cuanto a que usted no puede aceptar nuestro modelo, tengo que decirle
que, por ahora, nosotros tampoco variamos el nuestro. Además, a pesar de
que ha habido algunos contactos a niveles de grupos parlamentarios, no
tenemos mucha confianza en que nuestros criterios puedan avanzar y queden
recogidos dentro de lo que nos pueda ofrecer el Grupo Parlamentario,
porque tenemos alguna experiencia que no nos salió nada bien, porque
había unos preacuerdos para la toma en consideración de otro proyecto de
ley, y ni la toma en consideración pudo avanzar porque usted se opuso.
Ahora, usted dice claramente que no hay manera de aceptar nuestro modelo.
Pues mire, nuestros 17 votos no están a favor de esta ley. Por lo tanto,
como se ha ofrecido ahora un nuevo consenso, sea con 18, sea con 141,
aprueben la ley y nosotros estaremos en oposición a la ley que el
Congreso apruebe.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, para cerrar este interesante y
fructífero debate --cuando se habla de consenso al final de una reunión
quiere decir que se ha trabajado bien por parte de todos--, tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Yo nada tengo que añadir, creo que se ha dicho todo
y lo que no se ha querido decir no se ha querido decir.
Yo he formulado una pregunta: ¿me pueden decir los señores Diputados qué
hubiesen hecho frente al papel de Telefónica aquí y ahora? Y unos no han
querido entender la pregunta y otros no han querido dar la respuesta. En
todo caso, tengan la absoluta convicción de que es imposible impedir a
Telefónica que utilice hoy su red para pasar señales vídeo. Que luego
Telefónica establezca asociaciones empresariales con unos proveedores de
programas o con otros es algo que puede ser discutible, es discutido y se
discutirá en los ámbitos competenciales respectivos de la Comunidad
Europea y en las instancias de la competencia en España, pero no lo es
desde el punto de vista de la política de telecomunicaciones.
Quiero agradecer el apoyo al representante del Partido Nacionalista
Vasco, y al representante del Grupo Mixto con mucho gusto le puedo
remitir el informe jurídico que ha solicitado, que es tan corto como una
página y dice lo que tiene que decir. Es evidente que no se le puede
decir que no a Telefónica, y por eso la diligencia administrativa nos
permitió resolver tan complejo problema en tres semanas.
Quedamos, pues, emplazados a hablar, cuanto antes y de la forma más
constructiva posible, en el bien entendido --y esa es la posición que
creo que anima a los grupos que ofrecen diálogo-- que el desarrollo de
las telecomunicaciones --estamos hablando de las telecomunicaciones por
cable de España-- es una política de Estado que tiene que dirigirse desde
la Administración que tiene las competencias según la Constitución, que
es la Administración central del Estado, con la colaboración de otras
Administraciones cuando ello lo haga más eficiente, y también en el bien
entendido --yo al menos así lo entiendo-- de que ya ha pasado la época en
la que la televisión era un medio de comunicación social que nada tenía
que ver con el fenómeno de las telecomunicaciones y las
telecomunicaciones eran otra cosas. Esa época ya ha pasado, han
convergido los dos sectores, la convergencia tecnológica ha hecho que hoy
no sea posible hablar de una manera diferenciada de lo que es la
televisión y las telecomunicaciones, porque la televisión en sí misma ha
cambiado de naturaleza, y eso es lo que tiene que recoger una ley que es
de telecomunicaciones, siendo claro que con esta ley pretendemos
construir el sistema nervioso de la España de mañana, y entendemos que
ese sistema nervioso, esta red que comunicará de todas las formas
posibles a todos los territorios tiene que resultar de una política
pilotada desde la Administración central y no desde diecisiete operadores
autonómicos. Desde esta base es desde donde podemos iniciar un diálogo y
una colaboración que desgraciadamente no ha sido posible que llegara a
buen puerto hasta ahora.
En todo caso, muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores
Diputados, por haberme permitido explicar las razones que avalan la
política del Gobierno en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión, recuerdo a los miembros
de la Mesa y portavoces que a continuación tenemos reunión para fijar
órdenes del día de las próximas sesiones de trabajo de esta Comisión.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.