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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 455, de 15/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 455
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 27
celebrada el miércoles, 15 de marzo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna), para informar sobre el incidente de secuestro de un
pesquero español por buques canadienses y sobre medidas adoptadas al
respecto por la Unión Europea y por el Gobierno Español. A petición del
Gobierno. (Número de expediente 214/000098.)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.
El único punto del orden del día en la sesión de hoy es la comparecencia,
a petición propia, del señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para informar sobre el incidente de secuestro de un
pesquero español por buques canadienses y sobre las medidas adoptadas al
respecto por la Unión Europea y por el Gobierno Español.
Si les parece, sin más preámbulos, damos la palabra al señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, señor Atienza.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer ante SS. SS. con carácter de
urgencia a petición propia y también de los grupos Popular y de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para informar del apresamiento y
podríamos decir, aunque no me gustaría entrar en una batalla semántica,
secuestro del buque arrastrero congelador «Estai» por buques canadienses
a 260 millas de la costa de Canadá y, por tanto, en aguas
internacionales. Este hecho se ha producido el pasado día 9 como
consecuencia de una escalada en la tensión creada por Canadá dirigida
hacia la Unión Europea y, en particular, hacia la flota europea que faena
en el caladero de la Convención Internacional NAFO, Organización de
Pesquerías del Atlántico Noroeste. Es un apresamiento que, además de
constituir una flagrante violación, tanto de la Convención de NAFO como
del Derecho Internacional en vigor, ha puesto en peligro la vida de los
tripulantes y la seguridad del buque. Estas razones han motivado el más
absoluto rechazo, tanto por parte de España como de la Unión Europea,
junto con la exigencia de la inmediata liberación del buque, los
tripulantes y la carga.
Quisiera resaltar la excelente reacción de los diferentes grupos del
Parlamento Europeo, de la Comisión Institucional del Comité de las
Regiones, de diferentes instituciones y portavoces. También quiero
expresar la preocupación demostrada por el Presidente de la Xunta de
Galicia.
Para poner en antecedentes a SS. SS., como ya tuve ocasión de informar a
esta misma Comisión el pasado día uno, les recuerdo que a finales del año
pasado se planteó un problema en este caladero por la decisión de NAFO de
establecer un TAC (total admisible de capturas), para una especie hasta
entonces no regulada; el fletán negro de Groenlandia. La flota española,
desde el año 1989, de acuerdo con los resultados de las campañas
experimentales de pesca, financiadas nacional y comunitariamente,
consiguió descubrir la existencia en aguas internacionales a grandes
profundidades, entre 800 y 1.500 metros, de una biomasa de esta especie,
en cuantía pescable. A partir de esta fecha, se ha desarrollado una
pesquería rentable que ha permitido la actividad de alrededor de 50
buques españoles en el área, entre congeladores de diversa dimensión y
parejas bacaladeras. Ello ha permitido la existencia de aproximadamente
1.250 puestos de trabajo directos y unos 7.500 indirectos, así como un
valor en primera venta de las capturas en torno a 8.300 millones de
pesetas. Además, la necesaria preparación del pescado, una vez
desembarcada, previa su comercialización en el mercado internacional, ha
generado cerca de 11.000 jornales/año en salas de elaboración.
Teniendo en cuenta que se trataba de una actividad nueva de pesca sobre
una especie de la que no se tenía conocimiento científico suficiente en
estas profundidades y que se ha realizado un importante esfuerzo pesquero
en los últimos cinco años, en septiembre del año pasado, el Consejo
Científico de NAFO consideró conveniente comenzar a regular la pesquería
en tanto se mejoraba el conocimiento científico de este recurso,
recomendando que no se pescara por encima de las 40.000 toneladas de
fletán negro. De acuerdo con esta recomendación, la NAFO aprobó un TAC de
27.000 toneladas para 1995.
A este respecto, he de añadir que las capturas que realizaba la flota
española en el área eran de 40.000 toneladas. Por esta razón, España
desplegó múltiples gestiones entre sus socios comunitarios. Yo mismo he
insistido en este sentido reiteradas veces al comisario anterior y a mis
colegas de pesca de los Estados miembros a fin de que la Comisión
presentara una propuesta de objeción al TAC del fletán para que fuera
aprobado por el Consejo de Ministros de Pesca. En la reunión del Consejo
del 23 de noviembre, aunque pedimos insistentemente el apoyo de la
mayoría del Consejo, no obtuvimos respaldo necesario de la mayoría
cualificada. Ya el pasado día 1.º les conté el sinsabor que aquella
decisión de aceptación de la cuota había supuesto para este ministro.
Quiero resaltar el hecho de que era la primera vez que se fijaba una
cuota por debajo de las recomendaciones del propio Comité Científico. Eso
y el impacto previsible sobre las capturas de nuestra flota era la
argumentación de base para solicitar una objeción a la fijación de esta
cuota.
El incidente debe enmarcarse en el contexto más amplio de la polémica
entre los llamados Estados costeros, que reivindican derechos
preferenciales más allá del límite jurisdiccional de las 200 millas, y
los países pesqueros a distancia, que consideran tienen derecho a pescar
en alta mar y están dispuestos a hacerlo de forma responsable en el marco
de un organismo multilateral pesquero.
Canadá, como Estado costero, viene reivindicando, tanto en NAFO como en
Naciones Unidas o en FAO, derechos preferenciales, tanto en lo que
respecta a la conservación como a la gestión y aprovechamiento de los
recursos transzonales, más allá de su zona económica exclusiva. Así viene
argumentando, en el marco de NAFO, que las medidas de conservación
multilaterales deben someterse a las nacionales, que la actividad
pesquera debe realizarse acorde con sus deseos y que su contigüidad le
concede derecho prioritario sobre el aprovechamiento de los recursos de
alta mar en aguas internacionales.
Por el contrario, España y la Unión Europea mantienen que la clave de la
gestión y conservación de los recursos transzonales es la cooperación
internacional, plasmada en los organismos multilaterales de pesca, y el
respeto al Derecho Internacional en vigor. Tanto España como la Unión
Europea rechazan categóricamente la validez de un derecho preferencial
del Estado costero, la primacía de la legislación nacional en alta mar y
la adjudicación mayoritaria de los recursos por la contigüidad.
El caso del fletán es un ejemplo claro de esta divergencia de
planteamientos. En efecto, tras la fijación de un TAC de 27.000 toneladas
para 1995 en la reunión de NAFO del mes de septiembre, que ya he
comentado, se plantea a finales de enero la adopción de la clave de
distribución; por tanto, ya no estamos hablando de la cuantía global de
las capturas sino de su distribución entre las diferentes flotas.
Durante los días 30 y 31 de enero y 1.º de febrero tuvo lugar en Bruselas
una reunión de NAFO para distribuir la
cuota del fletán entre las partes contratantes de esta organización. En
la misma se acordó una clave de reparto que no se corresponde con lo que
es práctica habitual en estos acuerdos regionales de pesca, en los que
este tipo de decisiones se adopta por consenso. La votación arrojó un
resultado de seis votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.
Quiero resaltar el problema de la indefensión que supone para las flotas
comunitarias, si el mecanismo de decisión es de mayoría simple, estar en
una parte contratante que participa en esas votaciones con un solo voto
en representación de todas sus flotas. La aceptación de que esas
decisiones no se adoptan por consenso reflejaría un debilitamiento de la
capacidad de protección de los intereses de las flotas comunitarias en
estos organismos regionales de pesca.
Con este estrecho margen de sólo un voto, Canadá consiguió hacerse con el
60,37 por ciento del TAC, haciendo valer como criterio de reparto que la
mitad de dicho TAC le correspondía en concepto de derecho preferencial
como Estado costero. Además, rechaza que se tengan en cuenta las capturas
realizadas por la flota comunitaria durante 1992 y 1993 por considerarlas
ilegítimas y excesivas y reivindica niveles de captura propios de hace
más de diez años. Quiero recordar que no existía una regulación de cuotas
durante esos años en los que se plantea el criterio de no aceptación de
las capturas de esos años, con el argumento de que son ilegítimas y
excesivas.
Por su parte, la Unión Europea obtenía solamente el 12,59 por ciento, al
no tener en cuenta precisamente en el reparto esos años 1992 y 1993, que
constituyen el grueso de la pesquería realizada por la flota europea en
el área de NAFO. Esta decisión supone hacer recaer el coste de
conservación de esta especie sobre la Unión Europea en su totalidad, al
verse obligada a reducir sus capturas recientes en el 90 por ciento,
mientras que, por el contrario, otras partes contratantes, como Canadá,
multiplican por tres sus posibilidades de pesca, incluso algunas otras
reanudan, después de largo tiempo, la pesca del fletán.
Por su parte, la Unión Europea plantea una distribución en función de la
actividad real de los últimos años, es decir, el reparto equitativo de la
carga de conservación que representa la fijación de un TAC, y el rechazo
categórico al derecho preferencial del Estado costero.
Ante este reparto completamente injusto, solicité urgentemente una
entrevista con la nueva Comisaria de Pesca, a quien había enviado
previamente, el día 3 de febrero (al día siguiente de la decisión en el
seno de NAFO), una carta con los argumentos de la posición española que
respaldaban la justificación de la objeción a esta distribución por parte
de la Unión Europea, objeción, por otro lado, prevista en las normas de
NAFO.
La entrevista con la Comisaría de Pesca se celebró el pasado día 10 de
febrero, en ella solicité que el Colegio de Comisarios propusiera al
Consejo de Ministros la objeción a esta distribución. Es justo reconocer
que la señora Bonino compartió plenamente esta posición. También tuve
oportunidad de entrevistarme con los comisarios españoles, con el fin de
que realizasen un apoyo activo ante la eventual propuesta que
correspondía realizar a la Comisaría de Pesca.
Ante esta situación, Canadá presiona fuertemente a la Unión Europea, al
objeto de evitar que se presente la objeción, ofreciendo a cambio una
pequeña cesión de su propia cuota. Este planteamiento no resultaba
aceptable para la Unión Europea, ya que su objeción trascendía el mero
aspecto cuantitativo en la medida que estaba defendiendo sus posiciones
de rechazo al derecho preferencial del Estado costero, así como la
legitimidad de actividad de la flota comunitaria en NAFO en 1992 y 1993.
La flagrante injusticia de la decisión adoptada en NAFO por el estrecho
margen de seis votos contra cinco, la presión utilizada por Canadá para
obtener este resultado y la falta de legitimidad de estos criterios de
reparto motivaron que la Unión Europea ejerciera su legítimo derecho,
según los Estados de NAFO, de objetar la decisión adoptada y fijar una
clave autónoma de reparto. La solidez de las razones fue el motivo por el
cual la decisión de objetar fue respaldada unánimemente por la Comisión y
por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Como consecuencia de
ello, el Colegio de Comisarios aprobó, el 21 de febrero, la propuesta de
objeción al reparto del TAC de fletán negro de Groenlandia y al
establecimiento de una cuota autónoma de 18.630 toneladas. Esta decisión
representa el ejercicio legítimo de la potestad que, de conformidad con
el convenio suscrito, tienen las partes contratantes de la NAFO, de
objetar aquellas decisiones que consideren incorrectas, perjudiciales,
injustas e injustificables, y la decisión adoptada en NAFO reúne las
cuatro características enunciadas. Finalmente, la propuesta de la
Comisión fue aprobada por procedimiento escrito por el Consejo de
Ministros el pasado 28 de febrero y la decisión fue comunicada por la
Comisión al Secretario ejecutivo de la NAFO, el día 3 de marzo.
El Gobierno canadiense convocó a las 17 horas de Ottawa, del viernes día
3, a los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea y al
delegado de la Comisión para trasladarles un ultimátum. Informó que el
Gobernador General había aprobado una recomendación del Ministro de Pesca
y Océanos de Canadá para aplicar la ley de 12 de mayo de 1994, de
protección de la pesca costera canadiense, autorizando a apresar buques
de la flota comunitaria que estaba faenando en el caladero de NAFO fuera
de las 200 millas. En este sentido, se pedía a la Unión Europea que
aceptase una moratoria de 60 días en la pesca del fletán negro de
Groenlandia con el fin de negociar una nueva distribución del TAC, ya
que, si no, Canadá procedería a ejercer labores de policía contra la
flota europea. Dicho de otra forma, Canadá adopta decisiones
unilateralmente, sin consultar a los demás socios de NAFO y sin nuevos
elementos científicos pertinentes en materia de conservación. En lugar de
intentar una auténtica negociación con la Unión Europea en el marco de
NAFO, Canadá recurre a actos unilaterales, contrarios tanto a la
Convención de NAFO como al Derecho Internacional en vigor. En primer
lugar, adoptando la decisión de aplicar su legislación interna a los
buques de España y Portugal, al objeto de poder, en función de la misma,
apresarlos en aguas internacionales.
La ley nacional canadiense que concede esta competencia a las patrulleras
de dicho país es totalmente contraria al Derecho Internacional en vigor
y, en estos términos, fue rechazada por la Unión Europea de manera formal
tras su publicación. En segundo lugar, dirigiendo un ultimátum a la Unión
Europea que ordenaba el cese de la pesca de fletán negro de nuestros
barcos en aguas internacionales por un período de 60 días, amenazando con
el apresamiento de los buques que continuaran pescando. Durante este
período de moratoria, según la posición canadiense, se celebrarían
conversaciones con la Unión Europea. Ese planteamiento resulta
inaceptable y contrario a la propia Convención de NAFO, así como al
Derecho Internacional en vigor.
Ante el ultimátum de Canadá, originado en razón de la objeción por parte
de la Unión Europea, se consideró conveniente realizar todas las
gestiones necesarias, a fin de que fuera la Unión Europea la que
reaccionara en relación con el mensaje canadiense. En este sentido,
durante los días 3, 4 y 5, el Gobierno mantuvo estrecho contacto con la
Comisión Europea para definir con claridad cuál debiera ser la posición
de la Unión Europea al respecto. El lunes 6 de marzo se consiguió que en
la reunión del Coreper se acordara una declaración y el envío de una nota
verbal que, en sustancia, subrayaba la legitimidad de la actividad
pesquera desarrollada por la flota comunitaria en el área y la
conveniencia de tratar cualquier tema específico de pesca, en relación
con esta zona, en el seno de NAFO. Así, mediante nota verbal, la Unión
exhorta a Canadá a que no aplique dicha ley, teniendo en cuenta que
conculca las normas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, así como las normas y procedimientos acordados en el marco de la
Convención Regional de la NAFO, convención de la que Canadá es parte al
igual que la Unión Europea. Asimismo, la Unión rechaza el procedimiento
de una moratoria, al considerar que, con el procedimiento de objeción,
notificado el 3 de marzo a la NAFO, los buques pesqueros de la Unión
pueden continuar legalmente sus actividades pesqueras. Entretanto, a
nivel interno de la Comisión Europea y de los Estados miembros
implicados, se crea un grupo de crisis permanente para asegurar contactos
rápidos de cara a eventuales problemas que pudieran surgir en el área de
regulación de NAFO.
Al objeto de conseguir una posición unánime del Consejo respecto a este
asunto, el Ministerio de Asuntos Exteriores distribuyó un memorándum a
nuestras embajadas en los estados miembros con el fin de informar sobre
la actuación ilegal de Canadá, destacando, en particular, que esta acción
se basa en la ley canadiense de protección de la pesca costera, de 12 de
mayo de 1994, contraria al Derecho Internacional. Mientras tanto, Canadá,
durante esa semana, estuvo creando un clima de opinión a nivel interno,
informando sobre su decisión de apresar buques españoles, a no ser que
dejaran de pescar. Asimismo, comenzó a hostigar, por aire y por mar, a la
flota comunitaria, tanto española como portuguesa.
Por esta razón y con el fin de apoyar las actividades de pesca de la
flota española en el área de NAFO, el pasado día 7, el Gobierno decidió
enviar una patrullera de la Armada Española, a fin de realizar labores de
apoyo logístico, inspección, vigilancia y protección. También se
redoblaron las actuaciones a nivel diplomático ante la Embajada de Canadá
en España, por parte de nuestro embajador en Ottawa, así como con los
comisarios europeos, señora Bonino y Brittan. El día 8 por la mañana, al
continuar el hostigamiento a nuestros buques, en rueda de prensa, acuse a
las autoridades canadienses de practicar piratería marítima al intentar
por la fuerza disuasoria que nuestros buques dejaran de faenar más allá
de las 200 millas, en un calificativo, sin duda, premonitorio de la
actuación que se produciría al día siguiente. Por la tarde de ese mismo
día y ante el Pleno de esta Cámara, como recordarán SS. SS., volví a
poner de manifiesto la ilegalidad de la Administración canadiense de
pretender extender más allá de las 200 millas su capacidad para arrestar
barcos de otras banderas, advirtiéndoles que, de consumarse sus
pretensiones, su actitud violenta merecería el calificativo de pirata. El
jueves día 9, alrededor de las 16 horas de Madrid, tres patrulleras de la
guardia costera canadiense se dirigieron hacia el buque «Estai» y le
comunicaron que iba a ser abordado (el pesquero español se encontraba
faenando a 220 millas de la costa de Canadá), lanzando ganchos al buque
para que los cuatro hombres de la zodiac de una de las patrulleras
pudieran subir a bordo del mismo. Entretanto, el capitán del barco
solicitó información sobre si se trataba de una inspección NAFO. Es bien
sabido que, en esta área de pesca, las partes contratantes han acordado
un esquema de inspección en base al cual se pueden realizar este tipo de
actividades inspectoras a fin de efectuar las pertinentes denuncias sobre
las supuestas infracciones que sean cometidas por los barcos de pesca;
sólo en base a este supuesto sería legítima la subida al buque español de
funcionarios canadienses. Al obtener respuesta de que se trataba de un
apresamiento, el capitán cortó el aparejo y puso en marcha el buque, con
lo cual los cuatro hombres de la zodiac cayeron al mar, siendo
posteriormente recogidos por una patrullera canadiense.
Al ponerse en marcha el buque, las tres patrulleras canadienses comienzan
su persecución, acosándole por ambos costados y a la popa, conminando al
capitán a que se detenga so pena de ser ametrallado. El capitán,
siguiendo instrucciones de su armador, continuó la marcha. La flota
española presente en el área escoltó a los barcos sin acercarse, a la
espera de acontecimientos, ya que las patrulleras canadienses les
amenazaron con disparar si se acercaban. Esta situación se prolongó hasta
las 22,37, hora de Madrid, que aproximadamente se corresponde con la hora
en que empieza a hacerse de noche en el área, en que se produjo el
apresamiento del ``Estai'', después de que las patrulleras canadienses
utilizasen sus cañones de 50 milímetros en tres ocasiones y violasen las
más elementales normas del Derecho Internacional del Mar, la Convención
Regional de la NAFO y la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
Conviene resaltar dos hechos. Primero, la patrullera canadiense disparó
sus cañones --se desconoce si el buque ha sufrido algún daño-- poniendo
en peligro la vida de los pescadores. Segundo, los pescadores estaban
realizando su
faena en completa legalidad, autorizados por la Unión Europea y
respetando sus obligaciones para operar en la zona de NAFO.
Treinta hombres armados abordaron el ``Estai'', esposaron a los oficiales
del buque, confinaron tanto a éstos como a toda la tripulación en sus
camarotes y, a continuación, fueron conducidos a la fuerza al puerto de
Saint John's, o al Puerto de San Juan, por poner de manifiesto la
histórica relación pesquera entre la flota española y esas aguas de
Terranova. ¿No les parece a SS. SS. que Canadá ha violado el código del
mar?
Inmediatamente entré en contacto con la comisaria Bonino, quien se
comprometió a actuar con contundencia ante un acto flagarante de
violación de los derechos del mar. Tengo que reconocer a SS. SS. que creo
que tenemos un buen defensor de los pescadores europeos, frente a los
abusos de terceros países, en la comisaria de Pesca.
La tarde del jueves día 9, la comisaria Bonino convocó una rueda de
prensa y realizó unas declaraciones muy duras sobre el apresamiento,
calificándolo de acto de piratería organizada. Cerca de las 0,30 horas de
Madrid, del día 10, la patrullera permitió al capitán que se comunicara
con el armador, a fin de transmitirle exclusivamente que el buque había
sido apresado por carecer de permiso para pescar, al haberse agotado la
cuota de la Unión Europea. Estos fueron los cargos que en un principio se
le comunicaron al capitán del buque. A continuación, el buque apresado,
escoltado por cinco buques canadienses, tres patrulleras y dos
guardacostas, dirigió su marcha hacia el puerto de Saint John's, en
Terranova, concentrándose el resto de la flota comunitaria a la espera de
la llegada del buque de inspección de la Comisión Europea
«Kommander-Amelia». El jueves día 9 en Canadá, día 10 en España, nuestra
Embajada en Ottawa presentó una nota verbal de protesta, exigiendo la
liberación en su integridad del buque. El viernes día 10, la Embajada
canadiense en Madrid comunicaba, mediante nota verbal, el apresamiento
del buque y las condiciones que imponía su país, con el fin de parar la
pesca y entrar en negociaciones.
En el COREPER del día 10 se aprobó el envío de una nota verbal de la
Unión Europea a Canadá en la que se denunciaba el arresto del buque
español como un acto ilegal, obligando a la Unión a replantearse las
relaciones con este país, reservándose los derechos para adoptar
cualquier acción que se considerase apropiada. En ese contexto, se
solicitó a la Comisión que preparara un dossier sobre medidas de
retorsión contra Canadá, incluidas las eventuales medidas de carácter
comercial. Asimismo, se aplazó la adopción del acuerdo de cooperación
científica, que estaba previsto realizar entre la Unión Europea y ese
país.
En la tarde del viernes día 10, celebré una rueda de prensa explicando
cuál era la situación y el punto de vista del Gobierno español respecto a
la actitud de Canadá y las causas que lo originaban, así como las
decisiones que iban a ser adoptadas próximamente a nivel bilateral. En
este sentido, se anunció la salida de la patrullera ``Vigía'', que había
estado preparándose y habituallándose a la espera de la llegada del
inspector comunitario, que iba a ser acompañado por inspectores
nacionales.
Tengo que decir muy brevemente que el reflejo de esa comparecencia
informativa en los medios internacionales, incluyendo sobre todo la
consideración sobre la fiesta de recepción que se preparaba en Canadá del
botín apresado en un acto de piratería organizada --por recoger las
palabras que yo había expresado previamente y que también expresó la
comisaria Bonino--, hizo mella en la opinión pública europea, poniendo en
cuestión la actitud de Canadá.
Durante los días 11 y 12, el buque ``Estai'', escoltado por las
patrulleras canadienses, se dirigía al puerto de Saint John's, al tiempo
que se desplegaban numerosas gestiones a nivel diplomático, con el fin de
conseguir la liberación inmediata del buque antes de que se produjera la
llegada al puerto. Puesto que, a pesar de los contactos informales, no se
produjo la liberación del buque, en la tarde del domingo día 12, se
convocó una reunión del COREPER, hecho inusual que no se produjo ni tan
siquiera durante la Guerra del Golfo. En dicho COREPER la Unión mantuvo
la posición expresada en la nota verbal, se reafirmó en negarse a
realizar negociaciones oficiales con la parte canadiense, aunque la
Comisión podría proseguir con contactos informales. A la llegada del
buque se mantenía la posición de reclamar la liberación del mismo o la
permanencia del capitán y su tripulación en él. La terna comunitaria,
constituida por nuestro Embajador y los Embajadores de Francia y de
Alemania, junto con el delegado de la Comisión Europea en Ottawa,
recibieron la llegada del buque ``Estai'' en el puerto de Saint John's, a
fin de mostrar el apoyo unánime de la Unión al buque y su tripulación.
Sin embargo, las autoridades canadienses obligaron al desalojo del barco,
y la Embajada se hizo cargo inmediatamente de la tripulación.
Los días 12 y 13 me desplacé a Toulouse para asistir al consejo informal
de Ministros de Agricultura, donde he obtenido el respaldo de mis
colegas. El propio Ministro francés, como Presidente del Consejo de
Ministros de Pesca, así lo ha expresado públicamente. El lunes día 13 se
vuelve a reunir el COREPER y se mantiene la posición acordada, al tiempo
que se decide desconvocar la reunión prevista entre Canadá y la troika
comunitaria.
Durante todos estos días, el Ministro de Asuntos Exteriores ha venido
manteniendo gestiones activas en todos los foros, incluido el Parlamento
Europeo, y ha celebrado entrevistas con sus colegas de la Unión Europea y
con los Comisarios Bonino y Britten. Por otro lado, la presencia del
secretario General de Pesca Marítima en Roma, en la reunión del Comité de
pesquerías de la FAO, ha sido aprovechada también con el fin de poner de
relieve la denuncia de este hecho, por ser un acto sin precedentes que
refleja la posición de Canadá en los foros de Naciones Unidas, en el
debate sobre la regulación de los ``stock'' transzonales y especies
altamente migratorias, sobre la cual todavía la comunidad internacional
no ha llegado a un consenso.
En este contexto, la reacción de la Unión Europea ha sido contundente: el
rechazo a la actuación unilateral, la condena del apresamiento en sí, la
exigencia de la inmediata liberación del barco y los tripulantes sin
cargos.
España está dispuesta, al igual que la Unión Europea, a encontrar una
solución a este conflicto. Ahora bien, es evidente
que éste ha surgido por la radicalización de las posturas de Canadá y no
se puede culpar, en absoluto, a la Unión Europea. Es de esperar que este
país reflexione y reconsidere su postura. En la medida que sea capaz de
hacerlo, se podrá encontrar una auténtica solución.
Tengo que decir que no se ha detectado todavía una voluntad suficiente
por parte de Canadá para la resolución del conflicto, en el marco de las
buenas relaciones que deben existir entre países aliados y amigos, en el
respeto de la normativa internacional y en la voluntad de cooperar en el
seno de NAFO. Se trata, más bien, de un ejercicio consciente de
jurisdicción reptante, tendente a reforzar los planteamientos de este
país en otros foros, como Naciones Unidas y FAO, en pro de un derecho
preferencial del Estado costero y de una legitimación de las actuaciones
fuera de las 200 millas.
Para comprender algunas de las causas que han motivado que un país como
Canadá haya llevado a cabo una acción unilateral de tal magnitud, cual es
el apresamiento de un buque extranjero en aguas internacionales,
arriesgándose a una repulsa generalizada de la comunidad internacional,
es preciso conocer cuáles son las razones de índole interna que han
inducido a ese país a adoptar esa decisión. Como es bien conocido, los
caladeros del Atlántico noroeste han sido de los más ricos del mundo, de
tal manera que tradicionalmente se capturaban del orden de 4 a 5 millones
de toneladas-año. A partir del año 1977, Canadá amplió su jurisdicción a
las 200 millas expulsando de ellas a las flotas foráneas, entre las que
se encontraban las flotas española y de otros Estados miembros: Portugal,
Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera.
Las expectativas de Canadá en cuanto a las posibilidades de desarrollo de
la industria pesquera eran enormes. Durante unos años, el progreso fue
patente, hasta el punto de que en el año 1987 Canadá consiguió liderar la
oferta mundial de productos pesqueros. Sin embargo, desde esa fecha su
sector pesquero ha entrado en una crisis sin salida, derivada de la mala
gestión pesquera realizada por los sucesivos gobiernos de ese país y que
afecta tanto al Pacífico como al Atlántico.
El desarrollo creciente de la industria pesquera de Canadá ha generado un
nivel de sobrepesca tal que actualmente sus capturas están al nivel de
las fechas anteriores al establecimiento de las 200 millas. Esta
situación se estima que es debida a la existencia de una numerosa flota
de pequeño porte que faena muy cerca de la costa, básicamente en zona de
alevinaje y cría de las especies pesqueras.
Podríamos entrar en otras razones de mala gestión pesquera de Canadá que
justifican la crisis de su capacidad de extracción dentro de las 200
millas y de la actividad de su flota de pesca.
Quiero manifestar que nuestro país no va a renunciar a la actividad
pesquera legítima, que realiza de conformidad con el Derecho
internacional, los acuerdos regionales y la normativa de la Unión
Europea, sencillamente porque se trataría en este caso no de una medida
de conservación, sino de renunciar a un área de pesca dando jurisdicción
en alta mar al país en cuestión, lo que resulta de todo punto impensable.
Además, supondría un peligroso precedente de cara al futuro, habida
cuenta de la importancia de la actividad pesquera que la flota española
realiza en las aguas internacionales de todos los océanos. En
consecuencia, puesto que el Derecho internacional nos asiste, el Gobierno
no escatimará sus esfuerzos para conseguir el apoyo a nuestras tesis en
el seno de la Unión Europea y entre la comunidad internacional.
Quiero resaltar que éste no es un conflicto de carácter bilateral, sino
entre la Unión Europea y Canadá. Se trata de una flota comunitaria que
está desarrollando una actividad legítima respaldada por las normas
internacionales, por las normas de la Unión Europea, en un sector en el
que precisamente le corresponde a la Unión Europea la negociación del
acceso a esas aguas en el contexto internacional.
Por tanto, nuestra posición ha sido dirigida a conseguir el máximo apoyo,
la máxima cohesión y la máxima solidaridad del conjunto de la Unión
Europea, que hasta ahora se ha manifestado claramente solidaria y
cohesionada en defensa de nuestra flota y en la denuncia de la actuación
unilateral llevada a cabo por Canadá.
Quiero decir que la posición de la Unión Europea y la del Gobierno
español sigue siendo la petición de la liberación incondicional del buque
y de su tripulación y el restablecimiento de la legalidad anterior al 3
de marzo, que es la fecha en la que se da el ultimátum por parte de
Canadá y en la que se extiende la capacidad de apresar buques
comunitarios en aguas internacionales. Esa es la condición previa para
entrar en cualquier tipo de diálogo de carácter multilateral sobre la
gestión de los recursos en las aguas de NAFO.
Quiero decir también que hay que rechazar contundentemente que ésta sea
una discusión entre conservacionistas --apuntándose a esa orientación
Canadá-- y depredadores. Este es un problema de gestión de los recursos
en el marco de las cuotas adoptadas en el seno de NAFO, y de distribución
equitativa del ajuste en el esfuerzo pesquero entre las diferentes
flotas. En su momento ya se adoptó una cuota que se situaba claramente
por debajo de los límites recomendados por el Comité Científico y, por
tanto, no hay una confrontación entre conservacionistas y depredadores,
sino que lo que hay es una discusión sobre la distribución de ese
esfuerzo de pesca entre las diferentes flotas y, sobre todo, una
conculcación, una violación flagrante del Derecho internacional por parte
de un país, que debe ser reparada y restablecido el orden legal
internacional.
Esto es lo que quería manifestar a SS. SS. Me pongo a su disposición para
que hagan los comentarios que consideren oportunos.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, como se ha comentado al inicio,
además de la comparecencia a petición propia por parte del Gobierno, la
Mesa del Congreso aprobó ayer la tramitación de dos comparecencias en el
mismo sentido, solicitadas por los Grupos Popular e Izquierda Unida.
En ese sentido, voy a dar la palabra, en primer lugar, al representante
del Grupo Popular, después al de Izquierda Unida y, a continuación, al
resto de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández de Mesa tiene la
palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Ministro, por su
comparecencia en esta Comisión en el día de hoy.
Le anticipo desde este momento que el Grupo Parlamentario Popular va a
apoyar con toda claridad y nitidez las iniciativas que adopte el Gobierno
español tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, como desde el
Ministerio de Agricultura, como desde el Ministerio de Defensa, si
hubiere lugar. Lo que nos parece un tanto lamentable es que en este
conflicto, que ya no es nuevo, desgraciadamente, para el sector pesquero
español --y basta volver la vista atrás, al verano pasado con los graves
problemas que sufrió la flota pesquera del Atlántico Norte--, el
Presidente del Gobierno, en esta acción conjunta de gobierno, no se haya
manifestado ya de una manera clara y contundente, que sin lugar a dudas
serviría, sobre todo, para dar una inyección de moral a quienes a tantas
millas de España se encuentran en la incertidumbre de si volver a pescar
o no pescar, de si están respaldados política, jurídica y económicamente
por el Gobierno español y de si lo que tienen que hacer es continuar
desplazados a 200 millas esperando a ver qué es lo que pasa con la
liberación del buque «Estai».
Señor Ministro, usted compartirá conmigo la reflexión de que si
efectivamente hay que respaldar al Gobierno español a partir de ahora en
todas las decisiones y en todas aquellas acciones que tome para tratar de
solucionar el conflicto, a nosotros, como oposición, nos corresponde
ejercer una opción de control sobre lo que el Gobierno ha realizado a
este respecto. Las responsabilidades que tiene el Gobierno de España no
empiezan a partir del día 9 de marzo, después del apresamiento, sino que
el Gobierno ha de asumir las responsabilidades que tiene anteriores al 9
de marzo y, sobre todo, habrá que ver si se podía haber evitado o no el
apresamiento y esta delicada situación de relaciones diplomáticas en la
que nos encontramos no sólo en cuanto a las bilaterales con Canadá, sino
incluso también en algún momento con la Unión Europea.
Señor Ministro, el día 1 de marzo de este año, el Diputado del Partido
Popular, señor Mantilla, en la Comisión de Agricultura y Pesca, le decía:
«Es necesario estar atentos y vigilantes y solicitar apoyo y protección
adecuados a nuestra flota en el área de NAFO, a partir de este mismo
momento, por los riesgos que existen.» Esto se dice el 1 de marzo. Son
siete días los que tarda un patrullero como el «Vigía» en llegar hasta
aquellas aguas. A lo mejor hubiera estado allí ya el día 8 o el 9. Esto
no se decía gratuitamente, sino porque en contacto con el sector, como
usted también lo tuvo a través de la Secretaría General de Pesca
Marítima, y después de recibir las noticias que venían desde Terranova o
desde las aguas internacionales, la situación se estaba complicando a
pasos agigantados.
El propio señor Mantilla, al terminar la comparecencia, decía: Señor
Ministro, es muy preocupante saber que Canadá nos está amenazando con que
puede apresar barcos fuera de las 200 millas y consideramos que eso es
totalmente ilegal. Por tanto, aparte de preguntarle qué medidas va a
adoptar el Gobierno español para que esos apresamientos no se produzcan,
interesamos del Gobierno que tome medidas ya.
Eso era el día 1 de marzo. Pero es que el 21 de diciembre del pasado año,
en la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor Durán Núñez, don Alberto,
portavoz en aquel momento del Grupo Parlamentario Popular, advertía al
Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica de la nefasta política comunitaria en el área de la OPAN
--es decir, en aguas de NAFO--, dejándonos a merced de las pretensiones
de Canadá de expulsar ya cuanto antes a todas las flotas extranjeras y
muy especialmente a las comunitarias, que en este caso, además, son
España y Portugal, porque de otra forma no se explica que la Unión
Europea no haya protestado enérgicamente por la extensión unilateral de
la inspección y sanción más allá de las 200 millas realizada por Canadá
en el pasado mes de mayo, que no se haya objetado el TAC fijado para el
fletán negro, que se ha recudido a 27.000 toneladas para 1995. Este mismo
portavoz de pesca, en el mes de octubre, le recordaba al señor Ministro
la necesidad de realizar negociaciones urgentes con la Unión Europea para
que el TAC se objetara a la mayor brevedad posible.
El pasado 8 de marzo, en el Pleno del Congreso de los Diputados, al que
usted se ha referido, en una pregunta del Grupo Parlamentario Popular,
nosotros le decíamos: Señor Ministro, la situación es insostenible. Señor
Ministro, nos están amenazando con apresar un barco; nos están amenazando
con ponernos una multa de 750.000 dólares; nos están amenazando con que
cuatro patrulleras que llevan allí ya varios días, un portahelicópteros y
varios aviones están obligando a nuestra flota, sin ningún derecho, a
replegarse de fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Y
usted respondía que el Gobierno había tomado la decisión de enviar un
barco. Un barco que sale a las 24 horas de que se produzca el
apresamiento, cuando esto era la crónica de una muerte anunciada, señor
Ministro. El Grupo Parlamentario Popular entiende, y lo entiende
claramente, que el Gobierno lo debería haber enviado a la zona de
conflicto --aguas internacionales-- en su debido momento, puesto que
desde el 25 de enero el sector reclamaba del Ministerio de Agricultura el
envío de una patrullera a la zona, reclamación reforzada con cartas del
propio Presidente de la Xunta de Galicia, reforzada con cartas del propio
Presidente del Gobierno autonómico gallego, y ustedes hicieron caso omiso
a esas peticiones del sector, quizá porque estaba a muchas millas de
España.
Usted se ha referido aquí a la Convención de Naciones Unidas y al Derecho
del Mar, pero no ha citado, señor Ministro, dos artículos primordiales,
que son el 92 y el 117, que dicen textualmente: La Convención de Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar establece la jurisdicción exclusiva del
Estado del pabellón sobre sus buques en alta mar. ¿Qué quiere decir ello,
señor Ministro? Que la responsabilidad exclusiva de la defensa del
pabellón español o de los intereses españoles en alta mar corresponde al
Gobierno de España y no a una armada comunitaria, ni a un cuerpo
comunitario
ni a la OTAN ni a la UEO ni absolutamente a ningún otro bloque.
¿Qué quiero decir con ello, señor Ministro? A nuestro entender, si un
barco español integrante de la NATO hubiera estado en aguas
internacionales defendiendo y paseándose por en medio de la flota
pesquera española, yo estoy totalmente convencido de que otro país de la
NATO --Canadá-- se hubiera tentado la ropa antes de apresar un barco
pesquero español, poniendo sus cañones y su armamento en contraposición
con los brazos y las artes de pesca, que era con lo único con lo que
podía responderle la flota pesquera española.
Yo estoy tan convencido de eso que nosotros, al pedir que se envíe un
barco de la Armada a la zona del conflicto no lo estamos pidiendo, como
se ha tratado de decir, para que empiece a cañonazos con la flota
canadiense. Eso es un absurdo, porque, como usted muy bien sabe y el
Ministro de Defensa ha dicho en innumerables ocasiones en esta Cámara, lo
que hay que buscar es una política de disuasión antes de la de
confrontación. En este caso concreto, señor Ministro, yo estoy totalmente
convencido de que no nos encontraríamos con el conflicto tan agravado en
estos momentos.
Usted, señor Ministro, acaba de hacer un repaso importante de cuál es la
situación actual. Ha hecho una valoración de los antecedentes con toda la
razón del mundo, porque hay que poner las cosas en su sitio. La opinión
pública española tiene el presentimiento --y yo lo he oído en cantidad de
tertulias-- de que al fin y al cabo los pescadores españoles siempre
pescan algo más de lo que deben, siempre pescan algo más de lo que
pueden, y ¡hombre!, a veces hasta no tenemos muy claro si tenemos razón o
no. Yo en este momento le digo, como representante del Grupo
Parlamentario Popular, que me niego rotundamente a aceptar ante ningún
organismo internacional que España ha pescado de una manera ilegal en
aguas internacionales. Y quiero decirle algo más: lo que había en las
bodegas del «Estai» eran 400 toneladas de fletán negro totalmente
autorizadas. Es una especie para la cual no existe límite mínimo de
captura. Unicamente en el cinco por ciento del «by-catch» podrían
encontrar estos señores platijas mayores o menores o una quisquilla
fotografiada desde no se sabe qué satélite.
Señor Ministro, esto es lo que le advertí el día 8 de marzo que iba a
pasar: dirán que llevamos especies de menor tamaño y no sólo eso, sino
que desacreditarán a España una vez más ante la comunidad internacional,
e incluso podrá haber algún socio de la Unión Europea que piense: ya
están los españoles como siempre. Eso es realmente lamentable, señor
Ministro.
Quiero decirle, además, que el Ministerio de Agricultura y Pesca
canadiense se apresuró a dar una rueda de prensa anteanoche para decir
que el 79 por ciento de la pesca --ni más ni menos que el 79 por ciento--
que llevaba a bordo el «Estai» tenía tallas inferiores a las permitidas.
La mayor de las falacias que podía haber dicho un Ministro de
Agricultura, sobre todo teniendo en cuenta que el fletán no tiene límites
mínimos para su captura.
Y puestas las cosas en su sitio --que yo creo que el señor Ministro las
ha puesto muy bien, desgraciadamente después de producidos los
acontecimientos, porque el Gobierno debe ir por delante de los
acontecimientos, sobre todo sabiendo como sabía, lo que se nos
avecinabaÐ, hay que dar unos datos muy claros para que la opinión pública
española los conozca. En el año 1993, la Unión Europea pescaba 44.440
toneladas de fletán negro, pero no ha dicho usted lo que pescaba Canadá y
yo lo quiero decir: 5.000 toneladas. En el reparto posterior, a la Unión
Europea se le asignan 3.000 toneladas --por debajo de lo que tenía
Canadá-- y Canadá se otorga 16.300 toneladas, fuera de aguas de la zona
económica exclusiva.
Hay otro dato, señor Ministro, que yo quiero aportarle: desde el año 1977
España es expulsada de los caladeros de Canadá dentro de las 200 millas,
pero hay que decir que ha sido tan mala la gestión del Gobierno
canadiense en materia de pesca dentro de esa zona, donde está el 90 por
ciento de los recursos pesqueros, que ha llevado a la ruina al sector
pesquero canadiense, de lo que España no es responsable en modo alguno.
Ha citado otro tema realmente importante, que es el resultado de la
votación, a propuesta de un país, Cuba, que no tiene ningún interés
pesquero en la zona. Se da la curiosa circunstancia de que, a pesar de
que desde este Parlamento se le ha indicado al Ministerio que, por favor,
hagan todo lo posible por rectificar la composición de este Consejo de
NAFO, resulta que votan a favor Canadá, Cuba, Islandia, Noruega, Rusia y
Japón. Y da la casualidad de que votan en contra Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia y la Unión Europea. Fíjese usted, señor Ministro, si es
grave que la Unión Europea, como ya denunció mi compañero Durán en el mes
de noviembre pasado, tiene el mismo peso que Lituania, Letonia, Estonia,
Polonia; países que ni siquiera pescan en la zona. Y tenemos que
plegarnos a los intereses de los canadienses, repito, en aguas
internacionales, donde, por cierto, hay que recordar y decirlo con voz
alta, el Comité del Consejo Científico Asesor dice que hasta 40.000
toneladas pueden continuar pescándose sin ningún riesgo de ocasionar
daños en el ecosistema marino.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, voy a ir
concluyendo. Le pido, por favor, benevolencia a la Presidencia para
terminar mi exposición.
Ha mencionado usted una cosa bien cierta, señor Ministro, ese reparto tan
inaceptable que han hecho. El 50 por ciento como Estado ribereño, que no
está recogido por ningún lado, a Canadá, y los tres últimos años no se
tienen en cuenta, que es exactamente cuando España ha descubierto la
pesquería. ¿Y por qué la ha descubierto España, señor Ministro? Porque
nos echaron de los caladeros de Namibia y hubo que buscar una pesca
alternativa. Esas flotas y esos armadores tuvieron que hacer fuertes
inversiones para transformar de una pesquería a otra y arriesgarse a
saber si esta pesquería sería rentable o no. Resulta que, esos tres
últimos años, los únicos países que se han arriesgado a probar si
efectivamente esa pesquería era rentable han sido España y Portugal, y
ahora resulta que no se tienen en
cuenta en el cupo a la hora de establecer el nuevo TAC que propone el
Gobierno canadiense en este momento y de manera unilateral.
Se están produciendo negociaciones, señor Ministro, y quiero decirle
claramente que no debemos bajar la guardia, y permítaseme la expresión,
en ningún momento. La Unión Europea objeta, como usted muy bien dice, por
fin el TAC que se había fijado Canadá. Nos ponemos, de acuerdo con el
artículo 12 del Reglamento de objeción de NAFO, una cuota autónoma que es
perfectamente legal, que fijamos en 18.300 toneladas, muy por debajo de
lo que habíamos pescado en años anteriores. Hay ciertos rumores --y,
señor Ministro, le ruego que ni los desmienta ni los confirme, pero que
los tenga en cuenta-- de que muy probablemente la negociación que se está
produciendo entre Canadá y la Unión Europea sea en base a liberar nuestro
barco el día 20 y en llegar a un acuerdo, presentado como válido, de
rebajar esa cuota autónoma que nos hemos fijado de 18.300 toneladas, muy
por debajo de las 44.000 del año 1993, hasta situarlas en 11.000 para la
Unión Europea, es decir, rebajar 7.000 toneladas para España de las que
nos corresponden. ¿Sabe lo que supondría eso para España? Que de 38
buques que tiene operando en la zona, nos quedaríamos con 10; que de más
de 1.000 puestos de trabajo directos en alta mar, pasaríamos a tener 300;
que toda la industria de transformación que da de comer y vivir a la ría
y a la ciudad de Vigo, se quedaría completamente arruinada.
Por tanto, respecto a las consideraciones de una negociación rápida para
tratar de solucionar el problema cuanto antes, le pido desde aquí, señor
Ministro, mucho cuidado, mucho tiento, porque no hay negociación a
cualquier precio.
Dicho todo esto, y quedando perfectamente claro que lo que ha habido ha
sido una agresión en toda regla por parte del Gobierno canadiense a los
intereses comunitarios y, desde luego, a los intereses españoles, el
Grupo Parlamentario Popular, dice, señor Ministro: liberación del
«Estai», de toda su tripulación sin condiciones, y una vez que se haya
liberado, empecemos a negociar. No utilicemos como moneda de cambio algo
que ha sido capturado de manera ilegal. Primero, liberen ustedes
totalmente y con toda su carga a un buque que no ha infringido la
normativa del Derecho Marítimo Internacional y después vamos a empezar a
hablar.
Señor Ministro, hay otro tema que también hay que tener en cuenta.
Nuestros barcos han estado cinco días sin pescar. Ahí hay un lucro
cesante del que alguien se tiene que hacer responsable, porque a las
directrices del viernes de la Secretaría General de Pesca Marítima a los
armadores de «continuar pescando, no marcharos», los armadores
respondieron diciendo: garantías políticas, jurídicas y económicas, y ese
fax nunca llega por escrito. Luego, señor Ministro, garantías económicas,
jurídicas, políticas y, sobre todo, quién se va a hacer cargo de los
muchos millones de pesetas que se han estado perdiendo durante estos
últimos días de pesca en alta mar.
Le pido, señor Ministro, que en la próxima ocasión que tenga, si el
sector le pide reunirse con usted --yo sé que usted no tiene ningún
inconveniente en hacerlo--, lo haga, porque el lunes anterior al día 9,
es decir, cuatro días antes, el sector estuvo aquí, en Madrid, quiso
plantearle sus reivindicaciones y usted no pudo recibirles; les tuvo que
recibir el señor Secretario General de Pesca Marítima. Hubiera sido muy
conveniente que el señor Ministro les hubiera recibido para oír las
últimas novedades sobre el tema que, desgraciadamente, ha desembocado en
lo que todos hemos visto.
Por último, señor Ministro, quiero saber muy claramente quién es el
interlocutor válido del Gobierno. ¿El Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación que en estos momentos da cuenta de cómo está la situación
pesquera? ¿El Ministro de Asuntos Exteriores, que es quien está pivotando
las relaciones internacionales o bilaterales entre España y la Unión
Europea y el resto de los Estados miembros o bilaterales entre España y
Canadá? Que no se produzca ningún tipo de declaración desafortunada de
las que desgraciadamente, en este campo, el pesquero, tenemos ya
conocimiento por antecedentes, teniendo en cuenta que el sector pesquero
español, desde la costera del bonito, pasando por la pesquería de NAFO
ahora, o los problemas que tenemos en Marruecos o con la flota del País
Vasco, no cabe la menor duda de que no está en su mejor momento.
Señor Ministro, termino diciéndole que el Grupo Parlamentario Popular va
a respaldar a partir de ahora todas aquella medidas enérgicas que pueda
adoptar el Gobierno con el único objetivo de restablecer la normalidad
pesquera en alta mar. Antes de que se produjera este lamentable
acontecimiento, nuestros barcos, desgraciadamente, se han encontrado con
una dirección de Gobierno desde España totalmente al garete y lo más
lamentable es que haya habido que tomar todo este tipo de iniciativas a
toro pasado, en lugar de haber realizado una política de prevención, que
hubiera sido mucho más saludable.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, le agradecemos su comparecencia
para explicarnos la situación en la que actualmente se encuentra el buque
«Estai» y las causas que dieron lugar al acto de piratería por parte de
Canadá. No queremos comenzar esta intervención sin exigir, en primer
lugar, la repatriación de toda la tripulación y la devolución del barco
absolutamente sin cargos.
Mi Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, da su
apoyo incondicional a la actuación que el Gobierno viene realizando en
defensa de los intereses nacionales, representados en este caso por el
buque «Estai» y por los trabajadores, por los pescadores que se
encontraban a bordo del mismo.
Una vez dicho esto, incluso analizando la propia exposición que nos ha
presentado, no cabe duda de que nos encontramos ante la última etapa de
un proceso perfectamente elaborado por el Gobierno canadiense, que ya con
mucha antelación preveía expulsar a la flota de la Unión Europea, pero
fundamentalmente a la flota española, que
es la que faena de manera más importante en toda esta zona. Canadá, desde
hacía ya mucho tiempo, no dudaba incluso en llegar a medidas de auténtica
piratería, de auténtico asalto corsario a embarcaciones en alta mar en
aguas internacionales, con tal de defender unos intereses absolutamente
ilegítimos y ajenos al Derecho del Mar; pero unos intereses que cabe el
riesgo importante de que Canadá, una vez que pase el calor de las
primeras reacciones por parte de la Unión Europea, termine consolidando.
En ese sentido, la preocupación de mi Grupo Parlamentario es precisamente
que no se consolide lo que Canadá viene buscando con esta actuación
absolutamente corsaria, esta actuación que, repito, no duda en saltarse
los principios básicos del Derecho Internacional del Mar.
En ese sentido, nos preocupa que tengamos únicamente una política de cara
a la Unión Europea. Nos parece correcto, nos parece justo que consigamos
que la Unión Europea apoye las posiciones que viene defendiendo el
Gobierno español, que cubra, que dé cobertura a toda la actuación que
hasta ahora hemos venido realizando en defensa de nuestra flota, pero nos
preocupa tener únicamente una actuación con este parámetro europeo.
Creemos que debe haber una actuación propia que se desarrolle
absolutamente en todos los campos de la política; y cuando digo en todos
los campos de la política nos referimos incluso a las relaciones
diplomáticas en todos los campos en que España es aliado de Canadá. No
hay que olvidar que España es aliado de Canadá incluso en organizaciones
militares, como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la
que consideramos que difícilmente se puede coexistir con naciones que
abiertamente marcan hostilidad hacia un Estado aliado, no dudando en
utilizar su armamento contra un Estado que militarmente es aliado. Se
produce la contradicción flagrante de que España es aliada de Canadá en
el Tratado del Atlántico Norte, suponiéndose que actuarán de forma
conjunta ante actuaciones agresivas del exterior, y no duda en apuntar
con sus cañones a un barco español, a un barco de un país aliado, e
incluso dispara contra él. Nosotros consideramos que esto es gravísimo y
difícilmente cabe permanecer en una misma alianza militar con un país que
lleva a cabo actuaciones de esta naturaleza.
Con ello queremos manifestar que el Estado español no debe obviar ningún
tipo de actuaciones que vayan en contra de un país que, como Canadá, ha
actuado de una manera tan salvaje e ilegítima contra un país que se
supone aliado.
En cualquier caso, nos preocupa la consolidación de esta actuación por
parte de Canadá, porque ello trasciende al hecho con el que nos hemos
encontrado actualmente y puede significar una auténtica revolución en el
conjunto de los países ribereños, que pueden empezar a reclamar, en el
caso de que se consolide la actuación canadiense, leyes similares a las
que en mayo de 1994 aprobó el Estado canadiense de protección de recursos
más allá de las doscientas millas. Esto puede significar una auténtica
revolución en todos estos países ribereños y pondría en cuestión la
actuación de nuestra flota, ya no solamente en Canadá, sino en el
conjunto de los litorales de todo el universo. Esta sería una situación
que debería solventarse inmediatamente.
Por lo tanto, estamos ante un problema de primerísima magnitud, más allá
de lo que significa la coyuntura actual del problema canadiense.
Un hecho prioritario sería modificar la situación en que se encuentra el
reparto de la soberanía en NAFO. No reiteraré lo que han dicho anteriores
comparecientes, pero escapa al razonamiento más simple que la Unión
Europea solamente tenga un voto dentro de NAFO. Esto lo rechaza cualquier
sentido común. Hay que exigir inmediatamente que esta situación varíe
dentro de NAFO, exigirlo y plantear situaciones diferentes en este
sentido en la Unión Europea. Nosotros sabemos que en la Unión Europea son
absolutamente celosos de que las competencias de pesca radiquen
únicamente en la Unión Europea. Este celo en las competencias de pesca no
puede estar reñido con el mínimo sentido común en la defensa de los
derechos europeos y, en nuestro caso, de nuestros intereses nacionales,
de forma que estamos absolutamente capitidisminuidos a la hora de la toma
de decisiones en NAFO, cuando la flota española, como el conjunto de la
flota europea, tiene intereses sustanciales dentro de NAFO, intereses tan
legítimos como los de Canadá o como los de cualquier otro país que se
encuentra dentro de NAFO.
Nosotros consideramos que este tema debe ser arreglado inmediatamente.
Para ello, le reitero que no solamente debemos contemplar la dimensión
europea del problema, sino la dimensión de las iniciativas estrictamente
españolas. Y una de ellas debe ser reclamar que la Unión Europea no debe
tener el voto exclusivo dentro de NAFO, sino multiplicar el voto, de
forma que los intereses europeos, y concretamente los intereses
españoles, queden perfectamente representados.
Nos parece absolutamente necesario que en el futuro haya una protección
de la flota española por parte de nuestra marina de guerra. No somos los
primeros que deseamos actuaciones bélicas por parte del Estado español,
ni muchísimo menos, pero en este caso consideramos que se hace
absolutamente necesario que nuestra marina de guerra proteja a la flota
española que faena en aguas del Atlántico Norte, de forma que no se
produzcan nuevas situaciones como las actuales. No se puede ceder de
ninguna forma al chantaje canadiense de que nuestra flota no faene en las
próximas fechas. Si nuestra flota no faena en las próximas fechas, esos
hechos consumados que pretende Canadá --y a los que me referí al
principio de mi intervención-- pueden terminar consolidándose, y es algo
a lo que debemos mantener la oposición más rotunda.
No quisiera terminar sin analizar el sentimiento que nos produce la
concepción, absolutamente corrupta, que significa la creación de
legislación de protección pesquera por parte de Canadá. Utilizar
legislación para luego plantear el chantaje, en el sentido de que si
ustedes no retiran la flota aplicaremos la legislación y si la retiran no
la aplicaremos, nos parece un sentimiento que no puede ser consentido a
un país que se llama civilizado y que se supone que es un Estado de
Derecho. Ni la Unión Europea ni el Estado español pueden consentir una
utilización tan torticera de las leyes como pretende el Gobierno
canadiense. En este sentido, entendemos que hay poca negociación que
plantear
con ellos sobre lo que es la aplicación de una ley que consideramos
absolutamente ajena al Derecho internacional.
Señor Ministro, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores
Diputados, la gravedad del asunto exige, según nuestro criterio, que
incluso haya una comisión de seguimiento permanente de este Parlamento,
de forma que las diferentes fuerzas políticas representadas
parlamentariamente tengan conocimiento puntual y cierto de cómo se van
produciendo las diferentes negociaciones y de cómo se van desarrollando
los hechos.
Repito que estamos ante una situación absolutamente trascendental, de
cuya resolución va a depender en el futuro gran parte del porvenir de
nuestra flota pesquera. Consideramos que no se puede transigir de ninguna
manera que esta situación significara que Canadá, por hechos consumados,
terminara implantando sus criterios absolutamente ajenos a lo que es el
Derecho internacional.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en este debate para
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Vidal tiene la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: Le agradecemos, señor Ministro, su comparecencia
y la urgencia con que se ha producido, así como las precisiones que ha
hecho en el transcurso de ella respecto a la cronología, antecedentes y
actuaciones del Gobierno.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) desea unirse a los
demás grupos que ya han intervenido --y espero a todos los de la Cámara--
para manifestar nuestra más enérgica protesta y condena respecto al
secuestro del buque «Estai», por parte de Canadá, mientras estaba
faenando en aguas internacionales. Es un acto de piratería de Estado
inconcebible en un país de Occidente y aliado, como Canadá, que se había
caracterizado hasta ahora por el más estricto cumplimiento de las leyes
internacionales. Su vulneración ahora tiene todos los agravantes
posibles, desde el uso de la fuerza de las armas para el secuestro del
barco, hasta la orquestación de una manifestación, a la llegada del barco
a puerto de Saint JohnÕs, para humillar o coaccionar a nuestros
pescadores detenidos tan ilegalmente. La detención y secuestro del
«Estai» se intenta ahora por parte de Canadá disfrazarla con falsas
acusaciones de usos ilegales de redes, de tallas en las capturas
inferiores a las mínimas, de superación de cuotas o de falsas
pretensiones conservacionistas de las especies para ocultar, esto es lo
que nos parece, la auténtica realidad, que es la pretensión del uso casi
en exclusividad por intereses económicos, malestar social o mala gestión
de los recursos, de los caladeros de aguas internacionales bajo
jurisdicción de la NAFO, una vez agotados los propios caladeros dentro de
las 200 millas.
Para nuestro Grupo la ilegalidad de la detención es incuestionable, así
como la ilegitimidad de los tribunales canadienses tanto para juzgar a
los tripulantes como para retener al barco. Las acusaciones de
resistencia a la autoridad en una zona en la que Canadá carece de
jurisdicción son, a nuestro juicio, ridículas.
En resumen, señorías, para nuestro Grupo es la soberanía española la que
ha sido agredida en uno de sus barcos, que son la prolongación de nuestro
territorio y, a la vez, siendo España como es miembro de la Unión
Europea, es también toda la Unión Europea la que ha sido agredida y que
debe reaccionar solidariamente y sin fisuras. Hasta ahora, las reacciones
producidas a nivel español y de la Unión Europea nos parecen correctas.
No nos parecía correcto el uso de la fuerza, como ya han dicho otros
portavoces, de nuestra marina de guerra. En cambio, sí es necesaria la
presencia de unidades de la marina en aquellas aguas para proteger la
actividad del resto de la flota de pesca, a la que debe garantizarse la
conservación del acceso de nuestros buques a estos caladeros
internacionales. Apoyamos la gradación de las sanciones y represalias
diplomáticas adoptadas por nuestro país hasta ahora y su continuación y
endurecimiento si no se modifica la actitud canadiense. Pero a la vez que
apelamos a la prudencia de las medidas bilaterales, exigimos al Gobierno
que obtenga de las autoridades comunitarias la mayor contundencia
posible.
Hoy a las 9, según parece, ha finalizado el ultimátum de la Unión Europea
respecto a dos exigencias claras: la libertad de los pescadores y
marineros y la del «Estai». La primera, al parecer, se ha empezado a
cumplir, no así la segunda; el «Estai» permanece retenido. La amenaza de
los comisarios de pesca y de comercio europeos era la de adoptar medidas,
represalias y sanciones comerciales. ¿Cuáles van a ser, señor Ministro?
¿Las sabe usted? ¿Hasta dónde va a llegar la Unión Europea en su apoyo a
nuestros pescadores y a nuestro país? ¿Cómo se harán compatibles estas
acciones comerciales, de ser inevitables, con el marco de los acuerdos
del GATT y bajo la jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio?
Celebramos que en esta ocasión y en esta Comisión se esté produciendo la
unidad de todos los grupos parlamentarios de estas Cortes, que es el
reflejo, pensamos, de la solidaridad de todos los ciudadanos del país
respecto a los armadores, a los pescadores, al Gobierno y también a la
Unión Europea. Después de tantos sacrificios impuestos por nuestra
integración en Europa, tal vez por primera vez somos conscientes del
valor de pertenecer a un área económica, social y política que actúa
solidariamente cuando uno de sus miembros es agredido. Dentro de lo
complejo de la situación, tal vez sea éste un elemento esperanzador si al
final no es defraudado. Deseamos que las autoridades de Canadá recobren
pronto el buen sentido, respeten el Derecho internacional y las leyes del
mar y repongan la situación anterior al secuestro liberando a los
pescadores, al buque, a su capitán y abriendo, si es necesario, en el
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas de la próxima semana o de
las organizaciones internacionales de pesca como la NAFO las
negociaciones oportunas, siempre con posterioridad a la liberación sin
condiciones del barco español. A nuestro parecer, es en estos foros donde
deben negociarse los acuerdos internacionales de conservación de los
caladeros, de las especies marinas y la regulación del acceso de los
buques de pesca, jamás por decisiones unitalerales totalmente
inadmisibles.
Finalizo, señor Presidente, manifestando que el comunicado que se ha
hecho llegar a nuestro Grupo, que ha sido pactado por todos los grupos
parlamentarios y que coincide esencialmente con las afirmaciones que
acabamos de hacer, tendrá nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene
la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Desde el Grupo Parlamentario Vasco,
en primer lugar, queremos agradecer al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación que haya solicitado una comparecencia a petición propia ante
la gravedad de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días y
que todos conocemos.
Señor Presidente, hay una coincidencia básica en las exposiciones
políticas que se están realizando por los diferentes grupos
parlamentarios de que nos encontramos ante un acto que transgrede las
normas de Derecho internacional básicas. Si hacemos un análisis
histórico-político de los acontecimientos que ahora estamos detallando y
examinando, podemos ver que la puesta en marcha de una organización de
pesquería internacional como la NAFO tiene como objetivo el
establecimiento de un instrumento regulador de la biomasa, de los
recursos y de la actividad pesquera en zonas, en las que no llega no la
jurisdicción como Estado propio sino tampoco la competencia para la
explotación de los recursos, como es la que va entre las doce y las
doscientas millas.
Pues bien, en la creación y en el funcionamiento posterior de este
organismo internacional como es la organización de pesquerías del
Atlántico Noroccidental, señor Presidente, estamos viendo últimamente --y
usted lo conoce como este portavoz-- que Canadá desde el año 1992 viene
realizando una campaña informativa, una campaña de presión política, una
campaña diplomática de trasladar a la opinión pública una imagen de que
la flota pesquera europea es una flota depredadora. Esta misma Cámara
legislativa ha tenido ocasión de recibir a las autoridades canadienses en
junio de 1992 y sabíamos que estaban realizando una extensa campaña
política en Europa en aras a cercenar las posibilidades pesqueras
españolas y portuguesas. Pero, señor Presidente, hay una responsabilidad
política en este tema: aparte de que nos pongamos todos los grupos
parlamentarios a criticar a Canadá, que es lo más fácil, creo que hay que
analizar la cuestión desde otra visión política. Hay una responsabilidad
política de la Unión Europea, y lo digo, señor Presidente, por una razón:
tengo aquí un documento de la Comisión Europea de mayo de 1992, en virtud
del cual la Comisión Europea, en base a una decisión política de
normalizar relaciones políticas con Canadá, no utiliza la facultad de
rechazar, no admitir, en definitiva, objetar, lo que se llama en términos
pesqueros de la NAFO, la reducción de caladeros para especies como el
bacalao. Es decir, hay una responsabilidad de la Unión Europea política
porque ha habido un trato preferente hacia Canadá por parte del Reino
Unido y por parte de Alemania. Consta documentalmente en un acta de la
Comisión Europea en la que se dice que no se puede objetar la
distribución de las cuotas de bacalao desde el año 1992. En definitiva,
hay un trato privilegiado que se da por parte de las autoridades de la
Unión Europea. El Gobierno español se encontraba en una posición, a
nuestro juicio, ecléctica en ese momento y, evidentemente, tampoco tenía
mayoría para que en el seno de la Unión Europea se pudiera adoptar el
acuerdo de objeción, en definitiva, del rechazo del TAC y de su
distribución en cuotas, que se estableció en los años 1992 y 1993.
Señor Presidente, hay que recordar que el caladero 3-NO de la NAFO está
cerrado, el caladero 3-L de la NAFO está cerrado, tiene TAC cero para el
bacalao, el caladero 3-M tiene una cuota reducida de bacalao, y en lo que
afecta al fletán o a otras especies planas como la platija, el mendo,
tiene un TAC general o un TAC único para la zona. Ahí está la
responsabilidad política de la Unión Europea, que ha aceptado los
planteamientos iniciales adoptados en la NAFO y no ha puesto en marcha el
mecanismo del rechazo en esos años.
Por tanto, lo que estamos viendo hoy es la crónica de unos
acontecimientos anunciados. ¿Por qué? Señor Presidente, objetar es una
cuestión difícil --hablo del rechazo a un acuerdo adoptado en un
organismo pesquero internacional por consenso-- porque la objeción lleva
un rigor, la objeción requiere un análisis, la objeción requiere
seriedad, y para rigor, análisis y seriedad hace falta tener datos
científicos, y los datos científicos en virtud de los cuales el comité
científico de la NAFO aporta sus criterios y posteriormente los órganos
resolutorios y de dirección de la NAFO adoptan esos criterios son los que
están prevaleciendo.
Esta Cámara el pasado 1 de marzo aprobó una proposición no de ley
instando al Gobierno un mayor fomento de los estudios de investigación. Y
otro de los problemas, de la responsabilidad política de la Unión Europea
es que no se realicen estudios sobre los recursos, estudios sobre la
biomasa con el suficiente contenido, con la suficiente profundidad. ¿Por
qué? Porque eso está originando a continuación que los datos científicos
son aportados por Canadá a los organismos de la NAFO, que son los que
están invirtiendo muchísimo dinero en la realización de tales estudios.
He ahí el punto de vista político desde el cual hay que analizar los
acontecimientos que ahora se están originando. ¿Qué ha ocurrido? Que la
objeción requiere esas características, Canadá de ninguna manera acepta
que se pueda realizar esa objeción y es como un preaviso que pone que la
Unión Europea no realice posteriores objeciones respecto a la fijación de
un TAC, total admisible de capturas, o, en su caso, a esa distribución
del TAC en cuotas, en definitiva, a la puesta en marcha del principio de
estabilidad relativa para cada una de las especies.
Señor Presidente, hay otra cuestión que quería comentar al señor
Ministro. Canadá se está amparando en su legislación interna. Dice que su
actuación es acorde al Derecho interno. La pregunta del Grupo
Parlamentario Vasco es si se realizó alguna gestión política o judicial
cuando Canadá aprobó tal legislación. ¿Se ha instado, de alguna
manera, a la Unión Europea para que pueda recurrir o impugnar
jurisdiccionalmente ante el Tribunal de La Haya la legislación interna de
Canadá en la medida en que se está excediendo de sus competencias?
Queríamos conocer si se han realizado gestiones políticas para que
pudiera personarse como parte, bien el Gobierno español, bien la Unión
Europea, en la medida en que Canadá está alegando que lo que hace es
cumplir una norma emanada de su Parlamento soberano. Por lo tanto, si
tenemos indicios clarísimos de la contravención de las normas del Derecho
internacional, por principio general de Derecho internacional éstas
tienen prioridad sobre la legislación interna. Por ello queríamos conocer
si ha habido algún mecanismo de impugnación o de recurso a nivel interno
español o a nivel de la Unión Europea cuando el año pasado, hace unos
meses, Canadá aprobó y publicó tal legislación.
Señor Presidente, si analizamos el problema vemos que por primera vez se
establece en otoño de 1994 --lo ha dicho también el señor Ministro-- un
TAC para la pesca del fletán negro. No había habido ninguna restricción
hasta entonces. Nuevamente me remito a los argumentos que antes he
expuesto de que prevalecen los estudios científicos de Canadá a la hora
de la determinación de por qué es necesario establecer un TAC y la
distribución del TAC en cuotas entre las diversas partes contratantes de
la NAFO. Son esos estudios los que están dando un soporte, no de Derecho
internacional pero sí de hecho, a la intervención de Canadá. No se objeta
en otoño del año 1994. El Gobierno español lo solicita, pero nuevamente
hay una responsabilidad política de la Unión Europea al no objetar el
establecimiento del total admisible de capturas. A continuación, en enero
de 1995 se procede a la aplicación del principio de estabilidad relativa
que, en definitiva, supone la determinación de las cuotas respecto a cada
una de las partes contratantes. Es entonces cuando se establece una cuota
de 3.400 toneladas, absolutamente insuficiente respecto a los niveles de
pesca de otros años. Aquí tengo, señor Ministro, desde el año 1960, todas
las cuotas de pesca de las partes contratantes de la NAFO, que son
absolutamente insuficientes si tenemos en cuenta las de los últimos años
en que España venía capturando entre 41.000 y 44.000 toneladas; 34.000 en
el año 1992 y 6.653 en el año 1991. Por tanto, señor Presidente, hay otra
responsabilidad política de la Unión Europea en la medida en que no se
objetó primero el TAC y ahora se objeta la distribución de ese TAC en
cuotas, pero con una mayor dificultad y enojo por parte de la Unión
Europea.
Hay otro problema muy importante para España, señor Presidente, sobre el
que quería hacer una reflexión para ver si podemos buscarle una solución
por lo menos a nivel español, que es el que en este momento nos está
preocupando políticamente a los grupos parlamentarios de la Cámara. Señor
Ministro, usted sabe que la flota arrastrera congeladora fue expulsada
por Estados Unidos de aguas de Boston, donde venía pescando
tradicionalmente, y también de Namibia cuando este Estado adquirió
soberanía plena, en definitiva la independencia. ¿Ello qué supuso? Que
determinada flota que no pescaba tradicionalmente en aguas de la NAFO
tuvo que buscar una alternativa para la pesca de especies asociadas al
bacalao, como es el fletán negro, que se diferencian del mismo en que no
pueden ser objeto de salazón y sí únicamente de congelación, a diferencia
del fletán que es objeto de congelación y de salazón. Señor Ministro, con
todo rigor le pedimos al Ministerio que usted dirige un plan de
reestructuración integral de la flota española que faena en aguas de la
NAFO. Eso es importante porque, por un lado, tenemos un censo bacaladero
cerrado y, por otro, un censo más abierto, el de la flota arrastrera o
congeladora. Pero el fletán negro, como especie asociada al bacalao, es
pescado indistintamente por ambas flotas. Por ello yo creo que, si
analizamos las cosas con rigor, España requiere un plan de
reestructuración integral de toda su flota pesquera que faena en aguas de
la NAFO, tanto la bacaladera como la arrastrera o congeladora. La
petición que le hace el Grupo Parlamentario Vasco es que esta
reestructuración se realice en colaboración con el sector y con las
comunidades autónomas. Debemos aprovechar un instrumento de fondo
estructural, como es el financiero para la orientación de la pesca, para
la puesta en marcha de este mecanismo que, en definitiva, pueda adecuar
la actividad y la capacidad de pesca a la situación de los recursos que
en la NAFO en este momento se están originando.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí señor Presidente. Voy concluyendo.
Señor Presidente, señor Ministro, quería recordarle también --no han
hecho referencia a ello otros grupos parlamentarios-- que el pasado día 1
de marzo esta Cámara aprobó, por unanimidad, una proposición no de ley en
virtud de la cual se instaba al Gobierno a la puesta en marcha no sólo de
mecanismos de apoyo, que siempre existen con mayor o menor intensidad en
aguas de la NAFO, sino también de protección. Desde el 1 de marzo el
Gobierno tiene un mandato parlamentario para la puesta en marcha de
mecanismos de protección y defensa de la flota pesquera española. Yo creo
que ustedes lo deben cumplir, es la obligación política que tienen y su
incumplimiento genera la censura política. Hay que combinar las medidas
de reestructuración que antes indicaba con las medidas de presión
política, pero sobre todo --lo recalco, señor Presidente-- hay una
responsabilidad de quien es competente en materia de pesca, y quien lo es
en esta cuestión es la Unión Europea. No le estoy imputando, señor
Ministro, ninguna responsabilidad. La política pesquera comunitaria es,
dentro de las materias comunitarizadas, juntamente con la agrícola, la
más comunitarizada de todas ellas. Por tanto, la responsabilidad política
e internacional de esta cuestión es de la Unión Europea. Por ello hace
falta un último eslabón, y es que la Unión Europea requiera de Namibia la
urgente concertación de un acuerdo pesquero que pueda restablecer la
actividad de la flota pesquera arrastrera o congeladora, en su día
expulsada, en su caladero natural. Señor Ministro, le solicito
información sobre en qué situación política se encuentra en este momento
la concertación del acuerdo de la Unión Europea con Namibia.
Finalizo, señor Presidente, expresando que nuestro Grupo Parlamentario va
a apoyar, vista la posición que el Gobierno está manteniendo en este
momento, la puesta en marcha de medidas dirigidas a la sanción y a hacer
rectificar a Canadá en los planteamientos políticos que tiene. Por ello,
y tal como se ha anunciado tanto por el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, aquí presente, como por el Ministro de Asuntos Exteriores,
si hay una verdadera voluntad de llevarlas a cabo van a tener el apoyo de
este Grupo Parlamentario, en la línea política que nuestro Grupo va a
seguir: la combinación, en definitiva, de las medidas disuasorias con la
puesta en marcha de unos mecanismos de reestructuración y de tratamiento
específico a nivel interno de la flota pesquera bacaladera y arrastrera o
congeladora española que faena en aguas de la NAFO.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, en primer lugar quiero
expresarle mi agradecimiento por su comparecencia aquí y la amplia y
detallada información que nos ha dado.
Paso seguidamente a fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria que
es en este momento, y de manera clara y rotunda, de apoyo a la línea que
vienen manteniendo, tanto el señor Ministro de Agricultura como el de
Asuntos Exteriores, en la reivindicación de un principio de derecho, en
primer lugar derecho histórico, por parte de la flota pesquera española
en los caladeros próximos a Terranova y, en segundo lugar, el derecho que
le asiste a España, como tal país y dentro de la Unión Europea, en los
acuerdos internacionales. Por tanto, quiero sumarme a la reprobación de
la conducta que ha tenido Canadá.
En Canarias, con la flota pesquera que viene operando en el banco
canario-sahariano, tenemos una experiencia dolorosa con los apresamientos
que muchas veces otros países han hecho de pesqueros españoles con base
en Canarias. Quisiéramos que la línea de contundencia y firmeza que ha
expresado el señor Ministro se mantenga ante cualquier otra nación, ajena
a la Unión Europea como en este caso, que pueda conculcar el derecho
histórico o internacional que asiste a España con apresamientos por parte
de la marina real marroquí, como ha sido el caso a veces, de pesqueros
españoles con base en Canarias o en el sur de España.
Nosotros entendemos, señor Ministro, que la Unión Europea debe sentirse
fuertemente presionada por España, como miembro de la misma, porque
viendo que España está desplegando todas sus actuaciones, desde las
diplomáticas, de envío de la Marina de guerra o el uso de cualquier otro
orden de derecho que nos pueda asistir, tenga una postura contundente
--postura que usted ha dicho que mantiene la Comisaria--, no decaiga y no
se vea sometida después a presiones de algunos otros países miembros de
la Unión Europea que tienen, a lo mejor, intereses en una balanza
comercial con Canadá mucho mejor que la que tiene España.
Usted, señor Ministro, ha dicho una cosa importante que hay que denunciar
--porque Canadá está jugando ahora hasta con los ecologistas-- y es la
mala gestión de sus recursos pesqueros. Creo, señor Ministro, y lo
apoyamos rotundamente, que hay que denunciar la mala estructura de la
flota costera canadiense, la flota atomizada. Lamento que por esa mala
gestión --culpa de ellos-- de esquilmar caladeros próximos a su zona de
influencia costera y la sobrepesca que han realizado se haya producido,
dolorosamente también, nuestro mismo problema de paro, desempleo y crisis
de su sector industrial, tanto del extractivo como del de transformación
del sector pesquero. Esto hay que decirlo, porque si Canadá trata ahora
de presionar a la Unión Europea para incrementar la extensión de sus
derechos del mar en estos caladeros como los del fletán negro, que no son
de superficie sino de profundidad, de 500, 800, ó 1.500 metros, y les va
a aplicar la misma desafortunada y desastrosa gestión de sus recursos
pesqueros anteriores, estamos apañados todos, incluidos los que están
defendiendo en este momento equilibrios ecológicos con un mal sentido de
la información.
Nuestro Grupo cree también, señor Ministro, que hay que replantear, de
una vez por todas y ya, a través de la presión de la Unión Europea, el
marco de negociación dentro de NAFO. Aquí está fallando el organigrama y
el Reglamento de funcionamiento de NAFO. Usted ha denunciado precisamente
el voto de seis a cinco y un voto unitario nada más y nada menos que de
la Unión Europea. Ni siquiera se puede recurrir a lo que tenemos en otros
parlamentos o en esta Cámara, a la introducción de un voto ponderado en
cuanto a las extracciones que se realizan y a los derechos acumulados de
distintas flotas, como han sido tradicionalmente la española, la
portuguesa y de otros países, hoy miembros de la Unión Europea, que han
pescado en esos bancos y latitudes. Creo, señor Ministro, que para que
Canadá ni ningún otro país no puedan ampararse en un obsoleto acuerdo
NAFO --porque está obsoleto y se ha demostrado--, hay que replantearlo
por los sistemas de votación, como la Unión Europea se ha ido
replanteando la aprobación de acuerdos por votación de los países
miembros de la misma, desde el Acta de Roma, el Acta única, el Tratado de
Maastricht, para dar un mejor sentido de adaptación a los tiempos
presentes, de ecuanimidad y de equilibrio en estas votaciones.
Ante la pregunta que usted casi nos dirigía a todos los parlamentarios,
nosotros entendemos --y le respondo rotundamente-- que efectivamente
Canadá ha violado el derecho del mar y no hay que darle ahora argumentos
para que se ampare en lo que él mismo se ha saltado, que son los acuerdos
NAFO. Hay una realidad. Canadá no puede acusar a la Unión Europea, y a
través de ella a España, de que se haya tratado de defender frente a la
cuota del TAC, asignada en su día por NAFO, que hayamos hecho uso de la
propuesta de objeción --hay que seguir haciendo uso de las propuestas de
objeción-- y que en clave autónoma de reparto sea la Unión Europea la que
los impugne para que no pueda decir después Canadá que los estamos
conculcando. Nosotros recurrimos y tiene que ser un argumento para
modificar NAFO. Si no se modifica NAFO y va a
existir ese voto permanentemente contrario a los intereses pesqueros
europeos, y concretamente españoles, no tenemos más remedio que ir a la
propuesta de objeción. En esa línea, cuente usted con nuestro apoyo,
señor Ministro, porque lo que queremos es una solución dentro del marco
jurídico.
En el marco concreto que nos ocupa, con respecto al buque «Estai»,
queremos signar, como una fuerza política más, la declaración
institucional y dar este apoyo a la política firme del Gobierno para que
no decaiga y se mantenga en esa línea.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: En primer lugar, quisiera transmitir, en nombre
del Grupo Socialista, nuestra solidaridad con los pescadores injustamente
retenidos en Canadá, así como expresar palabras de aliento para sus
familias, esperando su pronta presencia entre nosotros con total
normalidad.
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención, que necesariamente ha
de ser breve tras las intervenciones de los otros grupos parlamentarios,
la mayoría de cuyos planteamientos compartimos, agradeciendo la
comparecencia del señor Ministro de Agricultura y Pesca para explicarnos
la cronología de los hechos ocurridos en aguas de la NAFO el pasado
jueves y los acontecimientos desencadenados posteriormente, tanto en
Canadá como en los escenarios europeos.
Compartimos las explicaciones del señor Ministro y, sobre todo, valoramos
la prontitud con la cual el Gobierno español ha reaccionado ante Canadá,
de forma bilateral, por la violación de las más elementales normas del
Derecho internacional y al apresar en aguas no jurisdiccionales una
embarcación perteneciente a la Unión Europea, de pabellón español. Como
tal, no podía ni debía quedar sin una respuesta rápida y contundente por
nuestra parte. Valoramos asimismo, señor Ministro, las actuaciones y las
iniciativas que se han llevado a cabo ante la Unión Europea para lograr
los pronunciamientos claros y favorables a las tesis españolas efectuadas
por la comisaria Bonino y por muchos otros representantes de los países
de la Unión. A sensu contrario, hemos de lamentar que en algún país haya
voces que discrepen, tanto de la actuación de los barcos españoles como
del contundente alineamiento de la Comisión en defensa de los derechos
europeos, por cuestiones de índole histórica, como es el caso de Gran
Bretaña, o de intereses comerciales, como parece ser el caso de Holanda,
anteponiendo estas razones a la defensa de los principios en los que se
asientan la propia Unión Europea y el Derecho internacional. Son
precisamente estas dificultades, señor Ministro, que existen y que se han
manifestado públicamente las que revalorizan más aún lo conseguido ante
el conjunto de los países europeos por el Gobierno español.
Queremos animarle, señor Ministro, a que continúe, sin regatear ningún
esfuerzo, reclamando ante la Unión europea la exigencia de inmediata
liberación, sin cargo alguno, de bienes y personas retenidas ilegalmente
por Canadá. Queremos y esperamos que la Unión Europea, con toda la
presión de la que sea capaz, exija una compensación económica por los
daños causados al «Estai» en particular, y al resto de la flota europea
en general, paralizada con estupor ante la actuación canadiense. Queremos
y esperamos que se advierta a Canadá que la Unión Europea no puede
tolerar en el futuro otra actuación unilateral, como la que estamos
debatiendo hoy, por las graves consecuencias que conlleva.
Queremos que la Unión Europea solicite urgentemente una reunión de la
NAFO, en la que se garanticen los derechos históricos de pesca de la
flota comunitaria y en la cual Canadá se comprometa a respetar y a
cumplir las resoluciones y normas de esta organización pesquera creada
precisamente para gestionar las importantes pesquerías del Atlántico
Norte.
Compartimos también con usted, señor Ministro, la decisión tomada de
enviar a la zona una embarcación de vigilancia y apoyo a la flota, que
sirva de garante para que nuestros pescadores puedan llevar a cabo sus
actividades con respecto a los acuerdos de la NAFO y al Derecho marítimo
internacional y puedan desarrollarse estas actividades sin impedimentos
como los que ha ejercido Canadá, que, no siendo capaz de gestionar sus
caladeros desde el punto de vista de la rentabilidad y del medio
ambiente, intenta trasladar su responsabilidad a otras flotas, como la
española, que a base de sacrificios y con el apoyo de las autoridades
pesqueras se esfuerza día a día en sostener una actividad que,
manteniendo su rentabilidad, sea respetuosa con el medio ambiente y, por
tanto, garantice el futuro de sus actuaciones.
Tenemos claro, señor Ministro, que no se va a resolver la situación
aumentando la presión en la zona. No compartimos los ardores guerreros de
otros portavoces, pues el conflicto sólo se resolverá sentados en una
mesa de negociación y, si es preciso, ante las instancias judiciales
internacionales pertinentes. Pero la escalada de tensión en la zona no
sirve ni servirá para solucionar los problemas planteados ni para
defender los intereses de los pescadores españoles en la zona. Todos los
pasos que se den en el sentido de aumentar la tensión deberán volverse
atrás, forzosamente, para alcanzar el acuerdo y la normalidad que todos
deseamos.
Para finalizar, señor Ministro, queremos aplaudir la decisión de los
armadores españoles y portugueses, que han ordenado a sus barcos la
vuelta a faenar en los caladeros NAFO. Esta es la mayor demostración
posible de unidad de acción entre el sector extractivo y la
Administración española y comunitaria que se podía hacer ante Canadá para
que quedara meridianamente clara la posición que todos juntos defendemos
y vamos a defender: actuar de acuerdo con nuestros intereses pesqueros y
con el Derecho internacional.
El señor PRESIDENTE: Una vez concluida la intervención inicial del señor
Ministro y la fijación de posiciones de los distintos grupos respecto al
tema que hoy nos ocupa, la Presidencia de la Comisión, oídos todos sus
portavoces, propone someter a la consideración de la misma
una declaración institucional que paso a leer a continuación.
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los
Diputados expresa su más firme condena de la violencia e ilegal actuación
de Canadá contra el buque «Estai» en aguas internacionales y exige que se
proceda por dicho Estado a la inmediata liberación incondicional de la
tripulación y del capitán, así como, por supuesto, de la embarcación. La
Comisión exige del Gobierno de Canadá la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados tanto al buque apresado como a la flota
comunitaria, que ha paralizado sus actividades pesqueras como
consecuencia del apresamiento del buque «Estai». La Comisión apoya las
acciones diplomáticas llevadas a cabo por la Unión Europea y por el
Gobierno español en defensa del buque «Estai» y de los intereses de la
flota comunitaria, así como la adopción de las precisas, contundentes e
inmediatas medida sancionadoras contra Canadá, en el supuesto de que no
proceda en los términos indicados y no se garantice, por dicho Estado, la
normalidad de la actividad pesquera en aguas de la NAFO, manteniéndose la
cuota fijada por la Unión Europea en dichas aguas.
¿Aprueba la Comisión esta declaración? (Asentimiento.) Queda aprobada
esta declaración.
Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a las preguntas y
observaciones formuladas.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Me gustaría comenzar esta segunda intervención resaltando la unidad de
criterios de todos los grupos, reflejada en las distintas intervenciones,
así como el hecho de haber acordado una declaración institucional que yo
creo que pone de relieve el diagnóstico fundamental del conflicto y cuál
es la posición, diría que unánimemente compartida, de los grupos
políticos, del Gobierno y de toda la sociedad española. Quiero también
resaltar el apoyo que todos los grupos han prestado a las gestiones que
viene realizando el Gobierno y que se traduce en un apoyo indirecto a la
propia flota. Por tanto, no lo tomamos como un apoyo a las actuaciones
del Gobierno, puesto que es su obligación llevarlas a cabo, sino como el
apoyo a una flota que está ejerciendo legítimamente la actividad
pesquera, respaldada por el Derecho internacional y por las normas de la
Unión Europea.
Quisiera manifestar que en este conflicto la posición del Gobierno
español, desde sus comienzos, ha sido combinar el ejercicio de la
firmeza, incluso de la contundencia, con la serenidad, es decir, evitar
la escalada de un conflicto que debe resolverse por la vía diplomática.
Es en ese marco en el que se han movido y se van a seguir moviendo las
actuaciones del Gobierno español, si bien, por otro lado, también han de
moverse en la necesidad de encontrar un equilibrio entre las actuaciones
en el seno de la Unión Europea, y por tanto en las relaciones entre la
Unión Europea y Canadá, y las relaciones de carácter bilateral. Es
inevitable que se considere, como ha sido puesto de relieve por SS. SS.,
que además de ser una agresión a un buque de la Unión Europea lo es
también a la soberanía española, es cierto. Pero precisamente la fuerza
de nuestra posición no se deriva solamente de nuestra reacción bilateral,
sino de encontrarnos con el respaldo de toda la comunidad internacional
(tengo que decir que la práctica totalidad de la comunidad internacional)
y de toda la Unión Europea. Digo esto porque me sirve de marco para poner
de relieve algunas de las respuestas que quiero dar a las
puntualizaciones que han hecho SS. SS., que yo creo que son menores y que
entran dentro de los matices normales en una discusión política entre los
diferentes grupos parlamentarios, pequeños matices que han sido aportados
en el contexto de una coincidencia general en el diagnóstico y en las
líneas de actuación.
Se ha planteado si había que haber enviado un barco con anterioridad o
no. Quiero decir muy claramente que yo tenía una gran preocupación por la
actuación de Canadá desde hace varios meses --hay constancia escrita de
las comunicaciones enviadas a la Comisión Europea a este respecto--, en
particular desde el momento en el que se decidió, en el seno de NAFO, el
reparto de la cuota en los primeros día del mes de febrero. Esa
preocupación la puse de manifiesto ante la Unión Europea, pero hay que
tener en cuenta que se trata de movilizar al conjunto de la misma y que
muchos de los países que la componen no tienen, indudablemente, un
interés directo en esta pesquería por ser una pesquería en la que están
especializadas las flotas española y portuguesa. Unicamente a partir del
día 3 de marzo, cuando Canadá se habilita a sí misma para realizar
actuaciones contra la flota comunitaria en aguas internacionales, se pone
de relieve la agresión potencial que se deriva de esa habilitación que,
como ya hemos coincidido todos, es completamente ilegal. Es entonces
cuando se pone de relieve que este conflicto está evolucionando hacia un
conflicto internacional, con actuaciones completamente ilegales en aguas
internacionales. En ese contexto, la reacción no fue incrementar la
presión en el caladero y generar una escalada del conflicto, sino buscar
la cohesión y la solidaridad de toda la Unión Europea para que
respondiese conjuntamente, para que nadie tuviese ni siquiera la
tentación de convertir este conflicto en un conflicto de carácter
bilateral. Teníamos que huir de ese riesgo y teníamos que movilizar al
conjunto de la Unión Europea para dar una respuesta de carácter global.
Eso es lo que hicimos entre los días 3 y 6 de este mes, fecha en la que
el Consejo de Ministros comunitario adoptó, unánimemente, una respuesta
política o diplomática a la actitud canadiense, rechazando la legislación
canadiense puesta en vigor el día 3 de marzo, al igual que ya había hecho
en mayo de 1994 con la vigente en ese momento, legislación que entonces
no se aplicaba a la flota comunitaria sino a las banderas de
conveniencia. La Unión Europea había expresado el rechazo, el no
reconocimiento de esa norma de carácter interno, que no es oponible a
terceros países en aguas internacionales. Por tanto, se había producido
ya la toma de posición política y diplomática por parte de la Unión
Europea. Fue entonces, a la vista del respaldo de la Unión Europea y de
la agresividad verbal de Canadá --agresividad verbal no por sospechada
menos sorprendente--, cuando se adoptó la decisión de enviar una
patrullera
de apoyo, inspección y protección. Quiero decir también que esta
oposición, que supone una reacción de carácter bilateral, había que
coordinarla bien con la Unión Eurpoea. De ahí la necesidad de reforzar,
no sólo la dotación de esa patrullera con la presencia de inspectores
nacionales, sino también con la presencia de inspectores comunitarios. En
cualquier caso, asumo la parte de responsabilidad que me pueda haber
tocado, si considera, que yo creo que no, que el equilibrio entre la
reacción de la Unión Europea y la reacción bilateral no se ha alcanzado,
que yo considero que se ha alcanzado hasta ahora muy satisfactoriamente.
Coincido con aquellos que han comentado que había que evitar una escalada
del conflicto y mucho más una militarización del mismo. No se corresponde
con nuestra actitud; quizá se puede corresponder más con la actitud
adoptada por el uso de la fuerza por parte de las patrulleras
canadienses. Somos un país respetuoso de la legalidad internacional,
respetuoso con las normas de convivencia con las que nos hemos dotado
para la explotación de los recursos en aguas internacionales y
partidarios de resolver los conflictos internacionales por la vía
diplomática.
No voy a entrar en ninguna reivindicación sobre quién avisó primero o
quién ha puesto de relieve antes lo que se nos venía encima, porque nos
desvía un poco del objetivo fundamental del diagnóstico y, por otro lado,
porque, aunque no se comparta, forma parte de la lógica parlamentaria.
Pero sí quiero resaltar que hemos asistido durante varios años a una
estrategia de comunicación bien montada, dirigida a descalificar, a nivel
internacional, la actuación de la flota comunitaria, pero identificándola
claramente con la flota española o con la flota portuguesa; una
estrategia de comunicación bien organizada y bien financiada --tengo
alguna constancia documental al respecto, como ya puse de relieve en
algún artículo que he escrito recientemente--, dirigida a intentar
desprestigiar la flota española en los foros internacionales. Esta es una
de las flotas internacionales que mayor nivel de inspección ha soportado
durante el último año, por poner un ejemplo. Estamos hablando de más de
400 inspecciones para una flota muy reducida, de apenas unas decenas de
barcos, lo que quiere decir un ritmo de una inspección cada quince días,
siempre en el marco de las normas NAFO, que permite inspeccionar no sólo
a los buques de cada país, sino los de las diferentes partes
contratantes, y las irregularidades que se han detectado son de carácter
menor. Eso hay que ponerlo de relieve. Es una flota que está ejerciendo
su actuación con carácter legal, soportada por las normas internacionales
y con un nivel de infracciones notablemente por debajo de las que se
registran con carácter menor en las actuaciones de todas las flotas
mundiales.
Quiero decir también, porque no he hecho ningún comentario sobre algunas
de las apreciaciones que se han realizado y algunas declaraciones sobre
el contenido de la carga, etcétera, que no vamos a reconocer nunca ni el
apresamiento, ni el sometimiento a los tribunales canadienses, ni las
inspecciones ilegales realizadas sobre esa carga ni, por supuesto, sus
conclusiones. Se trata de un proceso ilegal desde el comienzo hasta el
final. Cualquier otra cosa forma parte de esta campaña de comunicación
dirigida a conseguir el apoyo de la opinión pública para un acto que es
profundamente ilegal y contraviniente de las normas internacionales.
Quiero dar alguna respuesta a los comentarios que se han realizado por
los diferentes grupos sobre la ponderación del voto en el seno de Nafo.
La práctica general en todos los foros internacionales, en el marco de
Naciones Unidas, es que cada país tiene un voto. La Unión Europea, como
parte contratante, que además aspira a ser un país único, tiene un voto,
como tiene un voto Estados Unidos u otras partes contratantes. En estos
organismos regionales de pesca existen mecanismos a través de los cuales
se puede obviar la desprotección que se deriva del desequilibrio entre
los votos de las diferentes partes y los intereses que están en juego,
cada vez que se adopta una decisión en este seno. En primer lugar,
existía una práctica, hasta ahora respetada, de adoptar este tipo de
decisiones por consenso. eso es lo que se ha roto en esta distribución.
Es la primera injusticia manifiesta, yo diría el primer engaño realizado
a la administración comunitaria por parte de la administración
canadiense, ya que en algunas conversaciones había manifestado su
posición en favor de no someter este tema a votación, sino de buscar un
consenso en el seno de Nafo. En segundo lugar, precisamente para evitar
estas situaciones injustas e injustificadas es por lo que existe el
mecanismo de la objeción que anula de hecho las decisiones adoptadas en
el seno de Nafo. Ese es el mecanismo perfectamente legal y previsto en la
reglamentación de Nafo, del que hizo objeto la Unión Europea con su
decisión de objeción y de fijación de una cuota autónoma.
Esta flota, que faena en las aguas de Nafo en la pesca del fletán negro
de Groenlandia, ha hecho un gran esfuerzo de adaptación, ha hecho una
inversión importante apoyada por la investigación de la administración
española con fondos comunitarios y con fondos nacionales, pero sobre todo
ha hecho una apuesta notable que es digna de elogio y que supone una
actividad empresarial de primera magnitud y que merece todo nuestro
reconocimiento y todo nuestro respaldo.
En lo que se refiere a las conclusiones, coincidimos plenamente con todos
los grupos. Es necesaria la liberación sin condiciones del barco y de su
tripulación, previamente a cualquier conversación, que le corresponderá
realizar a la Unión Europea, y en la que la posición del Gobierno español
será la firme defensa de los intereses de nuestra flota, sin que eso
suponga una renuncia a la indemnización por el daño realizado, tanto por
el daño emergente, como por el lucro cesante.
Quiero decir --y lo hago con todo cariño-- que no he entendido la
referencia del portavoz del Grupo Popular sobre quién es el interlocutor
en esta materia. Existe una gran coordinación en el seno de los
diferentes Ministerios del Gobierno, y en particular de los Ministerios
de Asuntos Exteriores y de Agricultura, Pesca y Alimentación, a lo largo
de este proceso. No ha habido ninguna declaración de descoordinación.
Quiero resaltar también que, en
mi opinión, el papel que está desarrollando en esta materia no sólo el
Ministerio de Asuntos Exteriores, sino el conjunto del servicio exterior,
es un papel muy notable y digno de elogio, no sólo para los responsables
del Ministerio, sino para todos los profesionales de nuestro servicio
exterior.
Ha hecho un comentario sobre si se ha manifestado o no el Presidente del
Gobierno. Se ha manifestado el Gobierno después de una reunión del
Consejo de Ministros y a través de su portavoz. Desconozco, porque he
estado fuera durante dos días, si ha habido alguna declaración del
Presidente del Gobierno. En cualquier caso, el Gobierno se ha pronunciado
a través del portavoz con esta actitud de firmeza y de serenidad. Quizás
no pueda evitar decir que, por otro lado, las declaraciones realizadas
por el Presidente de su Grupo me parecieron desafortunadas; en un momento
en el que se produce el apresamiento de un pesquero, las declaraciones
sobre la responsabilidad del Gobierno, etcétera, me parecen
desafortunadas. No quiero ir más allá. Cuando están los intereses
internacionales en juego en una agresión ilegal en aguas internacionales,
me parece que la reacción tiene que ser más cohesionada y menos de
interés político de corto plazo. Lo digo, pero puede ser también
discutible cómo han tenido su reflejo en los medios de comunicación y,
por tanto, no quiero ir más allá en esta materia.
Quiero también hacer algunos comentarios sobre el conocimiento científico
de las actuaciones de la NAFO, para decir que comparto plenamente la
necesidad de que profundicemos en el conocimiento científico de la
situación de los «stocks» en estas aguas, conocimiento que nos puede
permitir fortalecer nuestras posiciones, las posiciones de la Unión
Europea en esas negociaciones. Ya tuve oportunidad de exponer, en la
reunión de la Comisión de Agricultura y Pesca el pasado día 1 de marzo,
cuáles eran las actividades que se estaban realizando en materia de
investigación y que, en lo que se refiere a este año en concreto, están
en relación tres campañas de investigación con la cofinanciación de la
Unión Europea por parte del Instituto Español de Oceanografía¼una en
febrero, que ha sido ya realizada para conocer la selectividad del fletán
negro; otra que se realizará en julio próximo a bordo del «Cornide de
Saavedra» en la zona 3-M y una tercera en otoño próximo sobre el fletán a
gran profundidad mediante palangre.
Quiero también decir que no hay ninguna contradicción entre la posición
de la Unión Europea de no objetar en su momento la cuota total para todas
las flotas, adoptada el mes de septiembre, y la decisión de objetar su
distribución, porque son dos decisiones diferentes; una es una decisión
de gestión de los recursos pesqueros, de acuerdo con una base científica
y con el equilibrio entre la actividad extractiva y el objetivo de
conservación. Efectivamente, era discutible el nivel al que se fijase la
cuota autónoma. Nosotros considerábamos que era la primera vez que se
fijaba por debajo de la recomendación establecida por el Comité
Científico, pero, en cualquier caso, una vez que se hizo firme, la hemos
asumido y la respetamos.
Pero la segunda decisión, que ya no tiene nada que ver con criterios de
carácter conservacionista, se refiere a cómo se distribuye esa cuota
entre las diferentes flotas, y es en ésta en la que se ha producido una
manifiesta injusticia, por realizarse un reparto desequilibrado del
ajuste del esfuerzo de pesca derivado de la aplicación por primera vez de
una cuota de carácter global.
En lo que se refiere a los comentarios sobre la necesidad de
reestructuración de la flota bacaladera y congeladora con las comunidades
autónomas y con el sector, quiero poner de relieve que se ha realizado un
ajuste importante en los tres últimos años con el sector, de acuerdo con
las organizaciones del sector, en lo que se refiere a la flota bacaladera
y que, en cualquier caso, existen los mecanismos financieros comunitarios
y los mecanismos del Estado y las comunidades autónomas para ir en la
línea de contribuir a la reestructuración de nuestra flota, de acuerdo
con los intereses del sector y con los recursos disponibles.
Quiero decir, para contestar a quien ha realizado algunos comentarios
sobre el cierre de caladeros que se ha producido en otras aguas del
Atlántico norte o noroeste, que el cierre de los caladeros es siempre
para todas las flotas. Por tanto, las decisiones podrán ser más o menos
discutibles de acuerdo con la base científica disponible, pero son
cierres que se aplican homogéneamente para todas las flotas y, por tanto,
ahí no existe discriminación de ningún tipo.
Quiero decir también que, efectivamente, era constatable, digamos, que se
había producido un declive en la capacidad extractiva de bacalao y de
peces planos a lo largo de los últimos años y que, por tanto, justificaba
medidas de carácter de conservación, sin necesidad de ir más allá sobre
hasta qué límite debían llegar estas medidas.
En lo que se refiere al acuerdo con Namibia, quiero manifestar que hay un
mandato de negociación desde hace tres años, que ha habido intentos de
llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y Namibia que todavía no ha
podido ser alcanzado y, sin embargo, quiero decirle a S. S. --en este
caso al Diputado señor Gatzagaetxebarría-- que un número importante de
buques españoles, bien como sociedades mixtas o como exportación de
buques, están faenando en aguas de Namibia, para lo que han recibido
importantes ayudas oficiales.
Quiero insistir en que la posición española, como ya he comentado, es
coincidente de forma plena con la que ha planteado el Diputado señor
Vidal de ilegalidad de la detención y de ilegitimidad de los tribunales
canadienses para acusar de los cargos al barco o a su tripulación. Por
supuesto que todas las sanciones diplomáticas, comerciales o políticas
deben realizarse en el marco de la más extricta legalidad internacional y
que es esto, junto con el deseo de encontrar una salida de carácter
diplomático al conflicto, lo que está guiando tanto las actuaciones del
Gobierno español como las de la Unión Europea.
Quiero de nuevo insistir, ante algunos comentarios que se han realizado
ante la actitud de la Unión Europea, y poner de manifiesto la actitud de
la Comisaria de Pesca para realizar un reconocimiento de la labor que
viene realizando desde que --apenas no llega a dos meses-- se hizo
cargo de la cartera de pesca. Creo que la suya ha sido una actitud muy
firme, muy decidida en la defensa de la flota comunitaria, de la que
tengo que congratularme y mostrarle, además, todo mi respaldo.
En resumen diría que el Gobierno ha reaccionado de forma gradual al
comportamiento de Canadá a lo largo de los últimos meses, siempre con una
reacción muy rápida, muy inmediata y siempre buscando la solidaridad de
la Unión Europea para garantizar una respuesta firme y contundente por el
conjunto de la Unión Europea. Creo que es necesario mantener esa actitud.
Concluyo, como han hecho SS. SS., diciendo que es necesario pedir la
liberación incondicional del buque y de su tripulación, previamente al
diálogo, y la resolución de todas las discrepancias en el marco de la
legalidad establecida a nivel internacional.
Agradezco a SS. SS. y a todos los Grupos las posiciones adoptadas, que
creo que contribuyen a fortalecer la posición del Gobierno español y de
la Unión Europea en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.