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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 186, de 08/09/2010
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2010 IX Legislatura Núm. 186

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ

Sesión plenaria núm. 175

celebrada el miércoles, 8 de septiembre de 2010



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas. ... (Página 5)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre previsiones del Gobierno sobre la reducción de déficit que se derivará de la prohibición de contratar créditos a los ayuntamientos, así como para conocer las previsiones del Gobierno en
torno a las consecuencias que la medida supondrá para la gestión de los municipios en 2011. (Número de expediente 172/000191.) ... (Página 28)


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Gobierno en materia de financiación local y su incidencia en la capacidad de los entes locales para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. (Número de
expediente 172/000195.) ... (Página 33)


- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el reconocimiento de la nulidad de la sentencia del tribunal militar que condenó a muerte al molt honorable president Lluis Companys i
Jové. (Número de expediente 172/000196.) ... (Página 38)


Página 2



- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos por los que el Gobierno ha decidido reducir las ayudas a la vivienda que perciben las familias españolas más desfavorecidas. (Número de expediente 172/000197.) ... href='#(Página42)'>(Página 42)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



Preguntas ... (Página 5)


Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa modificar el Gobierno el Real Decreto-ley 8/2010, el cual permite la congelación de
pensiones para 2011? (Número de expediente 180/001138.) ... (Página 5)


Del diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿En qué medida va a responder el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 a
los compromisos adquiridos en el marco de la estrategia Europa 2020? (Número de expediente 180/001139.) ... (Página 6)


Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno ante la grave situación que atraviesa la economía española? (Número de
expediente 180/001141.) ... (Página 7)


De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: ¿Qué valor tienen
para la vicepresidenta primera del Gobierno los mandatos de esta Cámara? (Número de expediente 180/001142.) ... (Página 8)


Del diputado don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Qué pueden esperar los españoles de un
Gobierno cuya vicepresidenta económica afirma que 61.000 parados más en agosto 'no es un mal dato'? (Número de expediente 180/001143.) ... (Página 10)


De la diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para paliar la
difícil situación financiera por la que atraviesan los ayuntamientos españoles? (Número de expediente 180/001144.) ... (Página 11)


Del diputado don Joan Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial: ¿Cree el
Gobierno que es posible recuperar por otras vías los aspectos del Estatuto de Cataluña que han sido desnaturalizados por la sentencia del Tribunal Constitucional? (Número de expediente 180/001140.) ... (Página 12)


Página 3



Del diputado don Gustavo Manuel de Arístegui San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Considera el ministro de Exteriores y Cooperación que su
intervención ha sido clave en la resolución de los incidentes con el Reino de Marruecos durante este verano? (Número de expediente 180/001145.) ... (Página 13)


Del diputado don Jordi Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué objetivos guían la política exterior española con Marruecos? (Número de expediente
180/001151.) ... (Página 14)


De la diputada doña María Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno del reciente viaje del presidente y varios ministros
realizado a China y Japón? (Número de expediente 180/001152.) ... (Página 15)


Del diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Por qué el Ministerio de Defensa ha permitido la cesión de instalaciones militares para actividades
religiosas? (Número de expediente 180/001146.) ...
(Página 16)


De la diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Por qué razón el Gobierno prioriza infraestructuras de pago como la ampliación del puente de Rande (Vigo) frente a
alternativas viarias libres de peaje? (Número de expediente 180/001137.) ... (Página 17)


Del diputado don Álvaro María Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Sigue pensando el señor ministro que los impuestos en España son bajos? (Número de expediente
180/001149.) ... (Página 18)


Del diputado don José Mª Lassalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Interior: ¿Considera el ministro del Interior que el Gobierno ha defendido suficientemente a las mujeres miembros de la
Policía Nacional de Melilla? (Número de expediente 180/001147.) ... (Página 19)


Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Interior: ¿Qué esta haciendo el ministro del Interior para paliar el descontento que manifiestan los miembros de la
Guardia Civil? (Número de expediente 180/001148.) ... (Página 21)


Del diputado don Juan Carlos Corcuera Laza, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Interior: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la 'Operación verano-2010' de tráfico en cuanto al balance de Seguridad Vial?
(Número de expediente 180/001153.) ... (Página 22)


Del diputado don Juan Antonio Gómez Trinidad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación: ¿Cómo valora el Gobierno los resultados de su política educativa? (Número de expediente 180/001150.)
... (Página 23)


De la diputada doña María Pilar Alegría Continente, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación: ¿Qué planes desarrolla el Gobierno para atender a los estudiantes con alto rendimiento escolar? (Número de
expediente 180/001154.) ... (Página 24)


Página 4



De la diputada doña María Guadalupe Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Qué objetivos persigue el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición?
(Número de expediente 180/001156.) ... (Página 25)


De la diputada doña Antonia García Valls, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Igualdad: ¿Qué líneas de apoyo está ofreciendo el Gobierno para favorecer la creación de empresas por parte de las mujeres?
(Número de expediente 180/001158.) ... (Página 26)


De la diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Vivienda: ¿Cuál va a ser el criterio que adopte el Gobierno en la reprogramación de objetivos del Plan estatal de
vivienda y rehabilitación 2009-2012 para desarrollar la política social de vivienda en España, después de la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en julio? (Número de expediente 180/001157.) ... (Página 27)


Interpelaciones urgentes.



Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre previsiones del Gobierno sobre la reducción de déficit que se derivará de la prohibición de contratar créditos a los ayuntamientos, así como para conocer las previsiones del Gobierno en
torno a las consecuencias que la medida supondrá para la gestión de los municipios en 2011 ... (Página 25)


Formula la interpelación la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.



Contesta la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.



Replica la señora Barkos Berruezo y duplica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Gobierno en materia de financiación local y su incidencia en la capacidad de los entes locales para dar respuesta a las necesidades ciudadanas ... href='#(Página33)'>(Página 33)


Formula la interpelación el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Contesta la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.



Replica el señor Jané y Guasch y duplica la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.



Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el reconocimiento de la nulidad de la sentencia del tribunal militar que condenó a muerte al molt honorable president Lluis Companys i Jové
... (Página 38)


Formula la interpelación el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Contesta el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez), en nombre del Gobierno.



Replica el señor Tardà i Coma y duplica el señor ministro de Justicia.



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los motivos por los que el Gobierno ha decidido reducir las ayudas a la vivienda que perciben las familias españolas más desfavorecidas ... (Página 42)


Formula la interpelación el señor Matos Mascareño, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Contesta la señora ministra de Vivienda (Corredor Sierra), en nombre del Gobierno.



Replica el señor Matos Mascareño y duplica la señora ministra de Vivienda.



Se suspende la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.



Página 5



Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



PREGUNTAS:


- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA MODIFICAR EL GOBIERNO EL REAL DECRETO-LEY 8/2010, EL CUAL PERMITE LA CONGELACIÓN DE
PENSIONES PARA 2011? (Número de expediente 180/001138.)


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.



Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Josep Antoni Duran i Lleida.



El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.



Señor presidente del Gobierno, ¿piensa modificar su Gobierno el Real Decreto-ley 8/2010, el cual permite la congelación de pensiones para el próximo año 2011?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.



Señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Duran, el Gobierno considera que el citado real decreto-ley ha contribuido a estabilizar el mercado de la deuda pública y a facilitar el flujo al sistema financiero para su financiación. En consecuencia, el Gobierno mantiene la
coherencia en aras de la credibilidad del funcionamiento de nuestra economía y, por tanto, no está en nuestros planes modificar dicho real decreto-ley. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



Señor Duran.



El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.



Veo que los aplausos de su grupo parlamentario ratifican la voluntad del Gobierno de congelar las pensiones para 2011. Comprendo perfectamente, señor presidente, y recordará el tenor de nuestra intervención el día de la convalidación del
real decreto, la situación de crisis económica -de hecho, no simplemente este Gobierno, sino el resto de gobiernos europeos están tomando medidas duras de ajuste después de un despilfarro presupuestario que en buena medida este Gobierno ejercitó, y
no precisamente como consecuencia de una responsabilidad directa del ministro vicepresidente de Economía sino de sus propias promesas electorales-, pero desde el primer día nosotros dijimos que aun entendiendo esa necesidad, y es cierto que ha
repercutido positivamente en los mercados, en la credibilidad de nuestra deuda, etcétera, no podía afectarse a las pensiones por ser uno de los sectores más débiles de nuestra sociedad. Consecuentemente, señor presidente, aun atendiendo y aceptando
lo que usted me dijo de afectación positiva de ese decreto, estamos a tiempo de corregir esa previsión de congelación de pensiones para 2011. De hecho, es una cantidad mínima. Dependerá, claro está, de cuál sea finalmente el incremento del IPC,
que hoy no puede determinarse todavía, pero le aseguro que a través de otras medidas de reducción de la Administración pública o de eficiencia en el gasto puede hacerse. Y, sobre todo, debe hacerse por tres razones, señor presidente. En primer
lugar, por una razón de justicia. Estamos hablando de las personas más débiles, los pensionistas. En segundo lugar, por una razón de respeto al Pacto de Toledo. Es una medida que, como tantas veces se ha dicho en esta Cámara, se toma, se adopta
fuera del marco del Pacto de Toledo. Y, en tercer lugar, una última razón, señor presidente del Gobierno: este Congreso de los Diputados ha manifestado a través de una moción aprobada a instancias del Grupo Parlamentario Popular, a través de una
moción presentada a instancias de este grupo parlamentario de Convergència i Unió y en el último debate del estado de la Nación a través de hasta seis propuestas de resolución aprobadas por la mayoría de esta Cámara -creo recordar que con todos los
votos menos los del Partido Socialista- pidiendo que no se congelen las pensiones. Por tanto, señor presidente del Gobierno, también por esa tercera razón sea respetuoso con esta Cámara, corrija los próximos presupuestos y no congele las pensiones
para 2011.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.



Señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Duran, solo le haré un matiz y una consideración más general. El matiz es que ha invocado la palabra despilfarro en relación con los presupuestos de la legislatura anterior. Imagino que no incorporará en ese concepto lo que hizo este
Gobierno concretamente en materia de pensiones, que fue revalorizar la pensión media un 15 por ciento entre 2005 y 2009 y revalorizar la pensión mínima en casi un 25 por ciento en algunos casos, como la pensión mínima de viudedad, que pasó de apenas
357 euros mensuales a 519 euros mensuales, una subida que no tiene precedentes en nuestro período democrático. A eso fue, y a la Ley de Dependencia y a aumentar las becas y las infraestructuras a lo que dedicó el Gobierno las inversiones y los
gastos en los buenos años de crecimiento económico.



En relación con las pensiones mantengamos la coherencia. Recordemos a todos los ciudadanos y a los pensionistas


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que el 1 de enero de 2011 su pensión va a ser, en función de lo que resulte el IPC de noviembre, seguramente mayor que la de este año y que tendremos que esperar a noviembre de 2011 para ver cuál es la pérdida, en su caso, de poder
adquisitivo de la pensión en ese ejercicio 2011.
Mientras tanto, hagamos los deberes que tenemos que hacer: una reforma del sistema de pensiones que sea coherente y garantice la viabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, y sigamos
cumpliendo con la reducción del déficit que es lo que nos permitirá en el futuro, a corto, medio y largo plazo seguir revalorizando las pensiones y mejorándolas como ha hecho siempre que ha podido -y con un esfuerzo muy claro- este Gobierno y este
proyecto que represento.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



- DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ MEDIDA VA A RESPONDER EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011 A
LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020? (Número de expediente 180/001139.)


El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el presidente del Gobierno. Para formularla tiene la palabra don Josu Erkoreka.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.



Señor presidente del Gobierno, poco antes de la conclusión del último periodo de sesiones usted comparecía aquí, en la Cámara, para darnos cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo de junio de este año. El principal punto del
orden del día -o uno de los principales de ese Consejo Europeo- tenía que ver con la estrategia Europa 2020, una estrategia que viene a sustituir a la periclitada de Lisboa y que plantea la necesidad de promover en el territorio de la Unión Europea
un desarrollo económico intensivo, inteligente, sostenible, integrador, basado en el desarrollo, la innovación, la investigación, etcétera. Usted se mostró entusiásticamente partidario de esa estrategia Europa 2020; pero los entusiasmos se
demuestran andando, y esta estrategia 2020 se hace patente a través de compromisos presupuestarios que los Estados miembros tienen que hacer efectivos en sus cuentas públicas desde este mismo año, desde el año 2011. Por eso, le formulo la pregunta
que figura en el orden del día.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.



Señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Erkoreka, el Gobierno, por supuesto, va a tratar de que los presupuestos para el año 2011 respondan a los principios, a la orientación de la estrategia Europa 2020, que se
corresponde con el objetivo que el Gobierno ha planteado en esta Cámara en numerosas ocasiones y con muchas de las reformas que están en marcha de cambiar nuestro modelo productivo, de hacerlo más competitivo, de incorporar más innovación, más
productividad, de mantener el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, de mejorar nuestros balances en materia de educación, especialmente en la educación de formación profesional y de grado medio y, en consecuencia, todo eso va a ir
plasmado en los presupuestos. Lógicamente, para ello necesitamos la colaboración de distintos grupos parlamentarios, por lo que no puedo y no debo hacer una definición más concreta de cuáles van a ser las principales líneas de los presupuestos,
porque estamos a la espera de un diálogo que espero constructivo y en el que, por cierto, su grupo tiene bastante que decir.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



Señor Erkoreka.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.



Gracias por su respuesta, señor presidente del Gobierno. Le formulo esta pregunta porque a mi grupo parlamentario le preocupa el resultado de un estudio recientemente concluido por la Comisión Europea sobre las previsiones, los planes de
los Estados miembros en relación con las inversiones públicas en I+D+i de cara al año 2011. Lógicamente, son previsiones porque los presupuestos de los Estados miembros no se han aprobado, pero sí reflejan claramente cuál es la voluntad de los
respectivos gobiernos en relación con esta materia. El estudio está liderado por la comisaria del rango. Según este estudio -la información es del día 31 de diciembre-, de los veintisiete Estados miembros que integran la Unión, nueve no han
suministrado la información que se les ha requerido, pero entre ellos se encuentran países como Finlandia, que siempre han sido punteros en las inversiones públicas en I+D+i; diez se comprometen claramente a aumentar las inversiones públicas en
este terreno, y entre ellos se encuentran Alemania, Dinamarca y Suecia que siempre han destacado en esta materia; cuatro tienen previsto mantener las inversiones públicas en este ámbito, y solamente cuatro de los veintisiete anuncian ya su
intención de reducir las inversiones. Estos cuatro que anuncian reducir inversiones son: Estonia, Hungría, Países Bajos y España. No es una buena noticia, señor presidente, como supongo que usted compartirá conmigo. Así no se cambia el


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modelo productivo, así nunca se superará la brecha que nos separa de los países tecnológicamente más avanzados y así no se mantiene la sintonía con la estrategia...



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka. Acabó el tiempo.



Señor presidente.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Erkoreka, reconocerá dos cosas: una, que el esfuerzo que hemos hecho de incremento de gasto público en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos seis años ha sido un esfuerzo sin precedentes, porque se ha
multiplicado prácticamente por tres el gasto en I+D+i, y dos, que dentro de la política general de reducción del gasto, de contención y reducción del déficit, comprobará que en el proyecto de presupuestos para el año que viene el área de I+D+i será
la menos afectada, y tenemos desde ahora hasta el proceso de diálogo sobre los presupuestos y al proceso parlamentario un tiempo de definición última de cuál va a ser el volumen global de las inversiones en investigación, desarrollo e innovación.
En consecuencia, tengamos algo de prudencia y veamos el resultado final, porque queda todavía un tramo, un recorrido importante por hacer. Sabe que nuestra voluntad -lo acabo de expresar y lo había ya ratificado en alguna ocasión- es que la I+D+i y
la educación sean las dos grandes acciones inversoras que menos afectación tengan por la necesidad de reducir el déficit.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA? (Número
de expediente 180/001141.)


El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta y para formularla tiene la palabra don Mariano Rajoy.



El señor RAJOY BREY: Señor presidente... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento. Silencio, por favor. Adelante, señor Rajoy.



El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.



De todos es conocida la situación económica por la que atraviesa España.
Solo voy a apuntar dos datos. El crecimiento económico de nuestro país, el interanual, ha sido del -0,1 por ciento mientras que la Unión Europea ha crecido en ese
tiempo el 1,7 por ciento. Por ejemplo, Alemania ha crecido el 3,7 y Francia, Reino Unido y otros países por encima del 1,5.
En cuanto al paro, según el último dato que hemos conocido, que es de julio, de Eurostat, la tasa de desempleo en España es
del 20,3; hay más de 4.676.000 españoles que quieren trabajar y que no pueden, y esto es el doble que la media de la Unión Europea.



La política económica que ha llevado usted ha cabo en los últimos años ha sido, señor presidente, un despropósito. Ha pasado de no hacer nada, a hacer una cosa, a hacer la contraria y luego la contraria de la contraria. Ha cambiado de
opinión un sinfín de veces en temas importantes, ha tomado decisiones improvisadas y de un día para otro en contra de su programa, de sus decisiones anteriores y de su discurso. Ha hecho mucho daño a los españoles, ha hecho enormes recortes en la
inversión pública y el mayor recorte social de la democracia. Y todo esto, como no podía ser de otra manera, ha generado una enorme desconfianza e incertidumbre y nos ha traído hasta aquí. La pregunta que le hago es, si tiene usted propósito de la
enmienda, qué es lo que va a hacer en los próximos meses para arreglar esta situación. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.



Señor presidente del Gobierno.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.



Señor Rajoy, el que no tiene propósito de la enmienda es usted porque ha vuelto exactamente igual que se fue de vacaciones. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Me parecía que sus palabras, incluso algunas de sus frases, eran las mismas, exactas a las que formuló en el debate sobre el estado de la Nación. No le discuto la coherencia, pero sí
le subrayo la falta de imaginación y de propuestas que sobre temas económicos vienen demostrando usted y su grupo reiteradamente, junto con la falta de colaboración.
(Protestas.-Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Sobre las medidas que el Gobierno viene actuando, viene tomando, le recodaré. Primera, imprescindible, el Plan de austeridad o de reducción del déficit, en coherencia con todos los
países y como consecuencia de los estímulos fiscales que habíamos tomado. Le recordaré


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que ese plan se está cumpliendo, que los datos de ejecución presupuestaria y de déficit en este año evolucionan favorablemente, que los presupuestos para el año que viene van a contener una reducción del gasto del 7,7 por ciento, que los
ministerios afectados, todos los ministerios, van a reducir su gasto una media del 15 por ciento, aunque preservaremos las partidas de I+D+i y educación como fundamentales. Segundo, que el Gobierno está llevando a cabo una importante agenda de
reformas que usted conoce, que esta Cámara ha debatido y algunas que vendrán en las próximas semanas, como la reforma del sistema financiero, la reforma laboral, la reforma del sistema público de pensiones, que nos proponemos llevar adelante, y
reformas vinculadas a la competitividad de la economía, que afectan, por ejemplo, a la liberalización del sector servicios, la estrategia estatal de innovación, la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación o el Plan integral de política
industrial; e insisto, algunas nuevas como la que va a afectar a las políticas activas de empleo para intentar que los servicios públicos sean mucho más eficaces en el grave problema, en el gran y principal problema que tenemos, que es reducir el
paro, una vez que podamos estabilizar -como creemos que se ha conseguido- la deuda pública y garantizar un crecimiento económico, que puede ser más o menos rápido pero que va a ser sostenido. Por ello, señor Rajoy, le pido dos cosas, aparte de
darle estas explicaciones: una, que nos presente ya esas 50 medidas que está esperando todo el mundo para poder colaborar y discutirlas y, dos, que mantenga una actitud constructiva, que seguramente le vendrá bien a la economía y a España.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



Señor Rajoy.



El señor RAJOY BREY: El jueves se volverán a presentar aquí las 70 enmiendas a la reforma del mercado laboral que presentó este grupo y de las que su grupo no aceptó ninguna. Acepte usted esas propuestas que ya las tiene sobre la mesa.
(Aplausos.)


Señor presidente, ayer aprobaron ustedes una moción y en el próximo Pleno le voy a preguntar a usted si la moción del Grupo Popular en materia económica que se aprobó ayer la va a cumplir o no. Ya tiene ahí las dos primeras propuestas.



Señor presidente del Gobierno, yo estoy igual que antes del verano, pero estoy igual porque el paro ha aumentado, y porque el crecimiento económico de España sigue disminuyendo, y porque en Europa ya se ha iniciado la recuperación y aquí no,
y porque usted sigue exactamente igual. Usted está en minoría, no sabemos quién le va a apoyar, no sabemos en qué situación está su Gobierno, solo sabemos que está en situación de provisionalidad, por ejemplo el ministro de Trabajo no está y no
sabemos cómo está la ministra de Sanidad. (Protestas.-Varios señores diputados: Bien.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



El señor RAJOY BREY: Usted tiene una huelga general convocada, usted tiene en contra a los sindicatos y a los empresarios, usted no puede generar confianza, y yo lo único que le pido en esta situación es que no haga daño en el debate de
presupuestos cambiando votos por transferencias para mantenerse y que ponga un mínimo de orden en su Gobierno en el tiempo que aún esté al frente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿QUÉ VALOR TIENEN
PARA LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO LOS MANDATOS DE ESTA CÁMARA? (Número de expediente 180/001142.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Para formularla tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.



La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.



Señoría, el curso político empieza y el tiempo del Gobierno se acaba.
(Varios señores diputados: Oooh.)


El señor PRESIDENTE: Un momento. Silencio, por favor. Les ruego respeto para la oradora.



La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Sí, señorías, se les acaba el tiempo.
No tienen proyecto, la ligereza con la que recortan derechos ha liquidado el discurso social del Gobierno y el liderazgo de su presidente se cuestiona no solo
dentro y fuera de España, que ya era normal, sino dentro y fuera del Gobierno. Si hasta para el señor Rubalcaba decirle que no a Zapatero constituye hoy el mayor activo político. Señoría, no tiene nada que ofrecer a los españoles pero otros grupos
parlamentarios en esta Cámara sí. Está claro que en España no hay Gobierno, pero hay alternativa, por mucho que usted se empeñe en taparla con su sumisión parlamentaria. Por eso, hoy le pido que respete a este Parlamento y que cumpla los mandatos
de esta Cámara, el primero de ellos la austeridad, la que empieza por ustedes mismos. Llevan mucho tiempo negando que sobran ministros y ahora resulta que Zapatero no sabe qué hacer con todos ellos, y a las pruebas me remito: mañana se aprobará
una reforma laboral con un ministro de Trabajo cesante. La


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ministra de Sanidad -que no la veo aquí sentada, sino levantada- anda de primarias. (Protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: No sé si será este el tema que le ocupa con el secretario general del Partido Socialista. (Continúan las protestas.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Tengan la bondad, por favor, de guardar silencio.



Adelante, señora Sáenz de Santamaría.



La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Los viajes oficiales del señor Moratinos los hace la señora Pajín. Y si el ministro del Interior negocia los presupuestos y el de Fomento sube los impuestos, ¿me puede explicar, señora De la Vega, cuál
es su papel en el Gobierno y el de la señora Salgado? Empezaron por sobrar bastantes ministros y ahora a los españoles les sobra todo su Gobierno. (Varios señores diputados: ¡Hala!)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Sí, señorías. Si ustedes hubieran sido austeros, probablemente no habrían tenido que congelar las pensiones, una decisión unilateral, en contra del Pacto de Toledo, en contra del Gobierno y en contra de
6 millones de pensionistas. ¿Puede explicar a esos 6 millones de pensionistas por qué sencillamente no cumplen los mandatos del Congreso de los Diputados? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.



Señora vicepresidenta primera.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): El Gobierno respeta, valora y atiende los mandatos de esta Cámara pero, señoría, para gobernar hay que ganar las
elecciones, no las encuestas; en las urnas.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.



Señora Sáenz de Santamaría.



La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Mire, señoría, o usted no me ha entendido bien o, lo que es peor, no quiere entenderme. Yo no le he preguntado eso, mi pregunta es muy sencilla, pregunto sencillamente por qué no cumplen los mandatos de
esta Cámara y dejan sin efecto la congelación de las pensiones en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Eso es lo que yo quiero saber y quieren saber 6 millones de pensionistas, y eso es en lo que debería estar pensando un Gobierno
responsable, en cómo mantener el bienestar de los españoles y no en cómo mantener a Zapatero un rato más en la Moncloa a costa de lo que sea, incluida la Seguridad Social. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Veo que tenemos que volver a la pedagogía, señoría. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.



La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Las leyes son de obligado cumplimiento y todas las normas que ha impulsado este Gobierno cuentan con el aval de
este Parlamento. Ya sé que eso para usted no tiene ningún valor, porque para ustedes las únicas mayorías que valen son aquellas que les convienen y eso es hacer trampas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Mire,
con las medidas que ha adoptado este Gobierno y a las que ustedes han dicho que no -a todas- hemos reducido el déficit a la mitad; hemos recuperado la confianza en el consumo y mejorado la producción industrial, y todo ello para mantener el Estado
del bienestar, para seguir aumentando la sanidad, la educación, la ayuda a la dependencia y las pensiones, porque esos proyectos siempre se amplían con medidas de progreso. Por eso, señoría, ustedes ni han podido ni podrán ir nunca a Rodiezmo
(Rumores.), porque lo único que les interesa a ustedes es llegar a la Moncloa. ¿A costa de lo que sea? Sí, a costa de lo que sea, con sus militantes de quita y pon.



Mire, señoría, ustedes sí que son un equipo provisional, con un líder provisional y con una crisis ética y moral más que provisional. Forman un equipo que impide renovar instituciones y eso sí que es incumplir leyes, forman un equipo que
calla ante la corrupción y cuando calla y consiente, por algo será. (Rumores.) Parece que les gusta ir de campaña a costa de otros. Ustedes sí que han roto la caja única, con la caja A y con la caja B. (Protestas.) Dicen que tienen una alternativa
y no han presentado ni una sola propuesta. Desde luego, lo único que se les ve es empachados de encuestas y preparando las elecciones, mientras que el resto del país preparamos la recuperación económica, cumplimos los mandatos de esta Cámara,
gobernamos, atendemos a los pensionistas, (Rumores.) atendemos a los ciudadanos y vamos a salir de la situación en la que nos encontramos.
A ustedes lo que les sobra es ansia de poder y les falta


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ambición de país, y eso, señoría, la gente lo sabe. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta.



- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL RICARDO MONTORO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS ESPAÑOLES DE UN
GOBIERNO CUYA VICEPRESIDENTA ECONÓMICA AFIRMA QUE 61.000 PARADOS MÁS EN AGOSTO 'NO ES UN MAL DATO'? (Número de expediente 180/001143.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno. En primer lugar, la que formula el señor Montoro Romero.



El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señora presidenta.



Señora vicepresidenta, con la displicencia con la que trata su Gobierno a los parados, ¿es capaz de repetir en esta Cámara que 61.000 parados más en el mes de agosto no es un mal dato?


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Montoro.



Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



Señor Montoro, me consta su agudeza auditiva pero como escuchar es otra cosa, permítame que le repita mis declaraciones completas, le ruego que preste atención. Comencé diciendo que nunca una cifra de incremento del desempleo es un buen
dato y, a continuación, situé esa cifra en su contexto, que es lo que deben hacer los responsables económicos.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.



Señor Montoro.



El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señora presidenta.



Señora vicepresidenta, el contexto al que se refiere S.S. es que con esta crisis económica, con su Gobierno, 2.300.000 personas han perdido su puesto de trabajo en el sector privado de la economía, cientos de miles de autónomos han cerrado
su puesto de trabajo, su negocio, y cientos de miles de jóvenes no pueden acceder al mercado de trabajo y desarrollar su proyecto de vida a través de su profesión. Ese es el resultado de su política, de la política del Gobierno socialista de
España, de la política de pérdida de confianza dentro y fuera de España, de la política que ha ignorado que el problema de España era su financiación por el déficit exterior acumulado de la primera legislatura, que es la que está causando este
gravísimo problema del paro, que no va a mejorar sino a empeorar de aquí a final de legislatura. Por eso huye el señor Corbacho de su puesto de trabajo buscando otro tipo de amparos políticos; por eso se deshilvana este Gobierno, que no tiene una
política económica capaz de dar respuesta y soluciones eficaces a los problemas de los españoles, que se llaman pérdida de puestos de trabajo. En definitiva, la suya es una política económica que está hoy haciendo ajustes económicos a la
desesperada, ajustes que recaen también sobre el sector más débil de la sociedad. De esa manera lo único que se genera es más pérdida de confianza, que se detenga la economía y que no haya crecimiento económico creador de empleo. No todo vale en
el Gobierno, señorías, y no todos los gobiernos valen para resolver sus crisis económicas y sus crisis de paro.
Hoy, los españoles hemos aprendido otra vez que con un gobierno socialista el presente y el futuro se llaman paro, y que con un gobierno
de Partido Popular, como el que hubo en España en los años noventa y comienzo de esta década, fuimos los líderes europeos en crecimiento económico y en creación de confianza y liderazgo. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Montoro, acabó su tiempo.



Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, tiene usted mala memoria. Agosto es habitualmente un mes en el que se produce un repunte del paro. Ha sido así de manera ininterrumpida desde el año 2001. Le recuerdo, ya que usted recuerda su etapa de Gobierno, que durante la
VII Legislatura, siendo usted ministro de Hacienda, con tasas de crecimiento que se situaban en el entorno del 3 por ciento y tasas de actividad en el entorno del 53 por ciento, ustedes reconocían -y cito textualmente- que agosto siempre ha sido
malo en afiliación y en empleo -declaraciones del señor Zaplana del 3 de septiembre del año 2003-, calificando además -y vuelvo a leer textualmente- esas cifras de incremento del paro de altamente positivas.
El mismo día, la secretaria general de
Empleo decía textualmente: Es para felicitarnos ver cómo está evolucionando el paro. Señoría, ustedes no han dicho nada cuando entre los meses de marzo y julio de este año el paro se ha reducido en alrededor de 260.000 personas. Lo han achacado a
la estacionalidad; la misma estacionalidad que ahora ha hecho que en el mes de agosto las cifras del paro se


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hayan incrementado ligeramente. Señoría, no se puede dudar de que el objetivo primordial de este Gobierno es seguir trabajando para que se produzca una reducción sostenida y constante del desempleo, pero desgraciadamente en esta tarea ya
veo que de ustedes solo podemos esperar falta de rigor y un montón de demagogia. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.



- DE LA DIPUTADA DOÑA TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA
DIFÍCIL SITUACIÓN FINANCIERA POR LA QUE ATRAVIESAN LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001144.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Martínez Saiz.



La señora MARTÍNEZ SAIZ: Gracias, señora vicepresidenta.



Señora vicepresidenta del Gobierno, en noviembre del año 2009 y en esta Cámara usted afirmaba que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 contenía disposiciones que mejorarían la situación financiera de las corporaciones
locales. Han pasado, señoría, diez meses y la realidad es que está ocurriendo todo lo contrario: sus decisiones económicas están llevando a la quiebra a los ayuntamientos; la reducción del 20 por ciento de la participación en los ingresos del
Estado está suponiendo que no se pueda pagar a los proveedores de servicios públicos básicos municipales en el tiempo acordado; algunos ayuntamientos han tenido que recurrir a recortar estos servicios públicos, muchos de ellos no están pagando la
Seguridad Social, otros tienen dificultades para pagar las nóminas. Para añadir dificultades a la gestión municipal a usted no se le ha ocurrido otra cosa que aprobar un decreto el 20 de mayo de medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público, y algunas de ellas usted sabe que no se van a poder cumplir. En julio, aprueban ustedes la Ley de Morosidad, que solo demuestra el grado de improvisación, frivolidad e incompetencia con que ustedes tratan los problemas de los
ayuntamientos. ¿O es que usted cree que los ayuntamientos no pagan porque no quieren? ¿Es que usted no conoce que en el año 2009 los periodos medios de pago eran de siete meses y en este momento los retrasos son de hasta doce meses? Ante esta
grave situación, señora vicepresidenta del Gobierno, ¿qué medidas va a adoptar para paliar la difícil situación financiera que atraviesan los ayuntamientos españoles? (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Martínez.



Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, el Gobierno está elaborando el proyecto de ley de gobierno local, que va a contener el marco competencial local. Y será posteriormente cuando pueda abordarse la financiación de esas competencias; una financiación en la que, desde
luego, tienen que participar las comunidades autónomas. Pero, mientras tanto, el Gobierno está haciendo actuaciones muy relevantes. Quisiera señalarle que se han aportado 13.000 millones de euros para inversiones locales, de ellos se han podido
destinar hasta 1.000 millones para gasto corriente. Por tanto, señoría, el Gobierno está actuando y serán ustedes quienes tendrán que pensar en sus responsabilidades mientras fueron gobierno en lo que se refiere ahora a la financiación local.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.



Señora Martínez.



La señora MARTÍNEZ SAIZ: Señora vicepresidenta del Gobierno, que los ayuntamientos españoles y los ciudadanos que reciben esos servicios básicos que no les prestan las comunidades autónomas ni el Estado tengan alguna esperanza en que
ustedes sean capaces de administrar correctamente la escasez es un sueño imposible, porque ustedes solo saben distribuir los bienes cuando hay abundancia. Cuando hay escasez, ustedes son unos perfectos inútiles. No hacen nada por los más
desprotegidos. (Protestas.) Sí, señorías, unos perfectos inútiles. Han dado ustedes 150.000 millones a los bancos para que cuadren sus cuentas y son incapaces de arreglar la situación financiera de los ayuntamientos. (Rumores.) Lo que quieren los
ayuntamientos es precisamente tener recursos para poder atender a las víctimas de la crisis económica en que ustedes han sumido a este país.
Señora vicepresidenta, déjense ustedes ya de cuentos y de engaños. De una vez por todas, traigan a esta
Cámara la ley de financiación de las corporaciones locales y traigan unas medidas urgentes para solucionar la crisis financiera que ustedes solitos, desde el año 2004... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Martínez, ha acabado su tiempo.



Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



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Señoría, no le conocía esa vena trotskista (Risas.) de que hemos dado 150.000 millones a los bancos. (Rumores.) Sinceramente, me parece bastante sorprendente. Pero, señoría, si hay algún responsable de que el sistema de financiación local
no sea el que necesitan las entidades locales es el Partido Popular. Ustedes realizaron dos reformas de la Ley de Haciendas Locales y fueron incapaces de resolver el problema, pero eso no les ha impedido, con esa actuación de gente sin principios
ni complejos que les caracteriza, reclamar una mejora de la financiación local exactamente desde el mismo día que dejaron el gobierno, por no hablar de su política de suelo con su apuesta por la vivienda en propiedad, del abandono de la vivienda
protegida, de una política liberalizadora que desembocó en un proceso especulativo. Señoría, usted no es ajena a todo esto. El problema de llevar tantos años como diputada y como senadora es que todas esas medidas se aprobaron con su voto.
Usted,
además, es alcaldesa desde el año 1995 (Rumores.) y jamás le he escuchado preguntar al gobierno del Partido Popular por el sistema de financiación ni quejarse por la supresión del IAE ni reclamar otra política de suelo. Pero, no se preocupe, el
Gobierno socialista sabrá solventar también ese problema heredado de ustedes y dotar a las entidades locales de una financiación suficiente. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.



- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿CREE EL
GOBIERNO QUE ES POSIBLE RECUPERAR POR OTRAS VÍAS LOS ASPECTOS DEL ESTATUTO DE CATALUÑA QUE HAN SIDO DESNATURALIZADOS POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/001140.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor vicepresidente tercero del Gobierno, que formula el diputado señor Ridao i Martín.



El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.



Señor vicepresidente, usted preside hoy la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos con el punto del orden del día relativo al desarrollo del Estatut después de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Me puede decir qué es
lo que hay en el orden del día?


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.



Señor vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señora presidenta.



Señor Ridao, la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos responde a la voluntad y a la intención del Gobierno de contribuir al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y esa voluntad precisamente se
mantiene, como he dicho en otras ocasiones, después de la sentencia del Tribunal Constitucional. En consecuencia, señor Ridao, nosotros vamos a desarrollar todo el potencial del texto del Estatuto que acordó esta Cámara. Es decir, lo que queremos
y nuestra intención es que Cataluña tenga más autogobierno, más competencias, más derechos, más instituciones. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.



Señor Ridao.



El señor RIDAO I MARTÍN: Señor Chaves, a la vista está, después de escucharle, que persiste un desencuentro y una discrepancia fundamental, porque usted sabe que las instituciones de Cataluña y el pueblo catalán, que multitudinariamente
salió a la calle el 10 de julio, rechazan la sentencia del tribunal por ser indigna y por ser una agresión y porque además constituye un auténtico hachazo contra esa España, incluso plural, que ustedes dicen defender. Mientras tanto, después de
este destrozo jurídico y político, el Gobierno no solo está conforme, sino que además piensan que es un malestar pasajero que hay que mitigar. Señor vicepresidente, ustedes ahora, al parecer, se proponen recomponer algunos afectos, atemperar el
malestar, sobre todo porque hay elecciones a la vuelta de la esquina, y con esa idea han puesto en marcha lo que se ha venido a llamar un plan de rescate de algunas piezas perdidas del Estatut después de la sentencia del tribunal, algo así como un
finiquito con una indemnización por daños y perjuicios consistente en algún traspaso pendiente desde la época del hombre del Cromañón, por ejemplo, el traspaso de becas o, rebuscando en el baúl de los recuerdos, una reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que será la tercera vez que entrará en esta Cámara.



Señor Chaves, esta es una estrategia claramente de perdedores, porque el vacío que ha dejado la sentencia del tribunal por no haber hecho ustedes los deberes y por su mala cabeza no lo va a llenar ni a remendar ningún apaño ni una solución
de emergencia que depende de la voluntad política de este o de otro Gobierno. No solo se ha estrellado con la sentencia del tribunal el federalismo, sino que el tribunal ha acabado con una aspiración histórica del catalanismo, que era intentar
buscar un mejor


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encaje de Cataluña en España, entre otras cosas, porque lo que ha dicho el tribunal es que hay un solo sujeto político, que es España; y punto pelota. A partir de ahí, ha planteado una disyuntiva muy clara: sumisión o ruptura. Por eso en
Cataluña crece y madura el sentimiento de ruptura.
Es un debate permanente de cara a las próximas elecciones al Parlament, sencillamente porque la gente piensa que esto no tiene arreglo porque no se han entendido las razones de Cataluña y no se ha
respetado la voluntad expresada por el pueblo catalán en las urnas. Créame, señor Chaves, que esto no...



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. Ha acabado su tiempo.



Señor vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señora presidenta.



Señor Ridao, yo reconozco que la sentencia del Tribunal Constitucional ha generado inquietud en grandes sectores de la sociedad catalana, ha tenido un impacto social y cívico muy fuerte. Somos conscientes de ello, pero también debe saber
usted tres cosas. Primero, el Gobierno socialista mantiene su voluntad de ampliar el autogobierno de Cataluña; lo reitero una vez más. Segundo, vamos a utilizar todas las vías constitucionales para aumentar ese autogobierno. Y, tercero, lo
queremos hacer en un marco de diálogo fluido y de relación estrecha con la Generalitat. Hay una hoja de ruta que tiene contenidos políticos y medidas jurídico administrativas que tengan en cuenta los aspectos federales del Estado autonómico. Esta
tarde, como ya se ha señalado, celebraremos la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos para fijar el paquete de transferencias. Seguramente, la próxima semana se reunirá en Barcelona la Comisión bilateral Gobierno-Generalitat para
acordar el traspaso y hacerlo efectivo. Por tanto, tenemos esa hoja de ruta, como ya he señalado.



Simplemente, le quiero recordar, señor Ridao, que este Gobierno, el Gobierno socialista, desde el primer momento ha apoyado el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo seguirá apoyando para que tenga un pleno desarrollo. Nosotros no tenemos
la fe del converso ni añadimos ni utilizamos retóricas oportunistas por muy próximas que estén las elecciones catalanas. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor vicepresidente.



- DEL DIPUTADO DON GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE EXTERIORES Y COOPERACIÓN QUE SU
INTERVENCIÓN HA SIDO CLAVE EN LA RESOLUCIÓN DE LOS INCIDENTES CON EL REINO DE MARRUECOS DURANTE ESTE VERANO? (Número de expediente 180/001145.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En primer lugar, la que formula el diputado señor De Arístegui San Román.



El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.



Señor ministro, practican ustedes una política exterior de los desaparecidos. En todas las crisis del verano han estado ustedes ausentes, no les hemos encontrado los ciudadanos. Viven ustedes en un mundo virtual, en un mundo en el que se
niega la crisis primero, se niega la guerra de Afganistán -está la ministra de Defensa ahí- y se niegan las crisis con nuestro vecino. Tienen ustedes falta de pulso y de acción, y todo esto es profundamente perjudicial para España y para nuestros
intereses. En el centro de toda esta crisis, señor ministro, está la defensa de la españolidad de Ceuta y de Melilla. Estamos por escucharles a ustedes una declaración firme y clara en este asunto, estamos por escuchar de ustedes una defensa de la
dignidad de los policías y de los guardias civiles agredidos e insultados por algunas asociaciones privadas.



Tenemos que escuchar de ustedes, señor ministro, más soluciones reales para la política exterior. No es incompatible, señor ministro, llevarse bien con Marruecos con la defensa firme de los intereses de España, porque nuestro grupo está
orgulloso de nuestros policías y guardias civiles, está orgulloso de la españolidad de Ceuta y Melilla y le mandamos un mensaje muy claro a nuestro vecino: sí, llevarnos bien, pero no a costa de cualquier precio, defendiendo los intereses de España
y de los españoles, cosa que ustedes no hacen. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor De Arístegui.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta.



Gracias por su pregunta, señor De Arístegui. Le iba a felicitar por la formulación de la misma, tal como ha quedado registrada en el 'Diario de Sesiones' de este Parlamento. Preguntaba por la intervención del ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, y si ha sido clave en la resolución de los incidentes con el Reino de Marruecos. Quería felicitarle porque me parecía acertada la pregunta, no como sus compañeros de partido, que hablaron de una grave crisis con Marruecos, de una
tensión altísima con Marruecos, de un grave conflicto con Marruecos y, sabiendo de su conocimiento internacional,


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creía que me hacía una formulación acertada. Veo que no, veo que deriva, veo que quiere llevar a las relaciones con Marruecos lo que es una situación lógica entre dos países que tienen frontera, que tienen que defender, por tanto, sus
intereses. El ministro del Interior, señor Rubalcaba, y yo mismo estuvimos trabajando y resolviendo el problema de manera muy satisfactoria para los intereses de España y para las relaciones entre España y Marruecos. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



Señor De Arístegui.



El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, con su política, con la política general de este Gobierno generan ustedes incertidumbre, desconfianza y hasta alarma. Confunden ustedes todos los términos. ¿Creen ustedes de verdad que la inacción es prudencia? La
inacción, señor ministro, es irresponsabilidad, irresponsabilidad en el Gobierno. Nosotros creemos que ustedes han tenido durante mucho tiempo la política exterior de la equivocación permanente en algunos asuntos como en América Latina, pero
también estamos viendo que tienen ustedes una política exterior inexistente en otras cuestiones cuando hay que tener las manos encima de los problemas. Lamentablemente, señor ministro, estamos viendo que a ustedes les encantan también esas frases
un tanto efectistas. Hemos escuchado del ministro del Interior aquello de: nosotros resolvimos la crisis con cabeza, ustedes a cabezazos. Señor ministro, no hacer nada para defender la españolidad de Ceuta y Melilla, no hacer nada para defender
los intereses de los ciudadanos de España no es hacer las cosas con cabeza, es muestra clara de que este es un Gobierno descabezado. (Aplausos.-La señora Blanco Terán: ¡Por favor!)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor De Arístegui.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta.



Veo, señor De Arístegui, que el verano le ha sentado muy mal. Viene descalificando la política exterior, incluso las actuaciones de política interior. Creo que el Partido Popular está perdiendo el sentido -usted en particular y los que
reflexionan sobre la política exterior- acerca de lo que son elementos de política interior, como Ceuta y Melilla, y lo que es la política exterior. Ustedes incluso han presentado en la Mesa del Congreso convocar al ministro de Asuntos Exteriores
para hablar de Gibraltar y de Ceuta y Melilla. Usted conoce bien los dosieres. No es la primera vez que usted pone al mismo nivel la relación de Gibraltar y Ceuta y Melilla, son ustedes los que confunden lo que es política exterior y política
interior. (Aplausos.) Por lo tanto, lo que hace este Gobierno es defender los intereses de España y lo hace con una relación fluida.



Usted mismo en un artículo sobre la situación con Marruecos pedía una política de Estado. Es lo que les pedimos nosotros: una política de Estado, que nunca hicieron y nunca están dispuestos a hacer. (Una señora diputada: Ahí, ahí.) La
política con Marruecos es vital para los intereses de España y, por lo tanto, la vamos a seguir defendiendo. Lo que hace el Gobierno es tener una política fluida, buena, excelente con Marruecos, y eso sería lo que tendría que hacer el partido que
pretende, que se ilusiona con ganar la Moncloa. No lo van a conseguir con su política. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



- DEL DIPUTADO DON JORDI PEDRET I GRENZNER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ OBJETIVOS GUÍAN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA CON MARRUECOS? (Número de expediente
180/001151.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Pedret i Grenzner.



El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.



A veces, señor ministro, es necesario repetir las obviedades porque, si no, parecería que estamos en otro momento histórico -que yo espero que no llegará nunca- lamentando ciertas pérdidas en el norte de África. Ceuta y Melilla son, siguen
siendo y seguirán siendo ciudades españolas. Lo que ha ocurrido este verano son determinados incidentes en la frontera de una de ellas, en Melilla, en una frontera concreta, Beni Enzar, donde determinadas personas particulares y también entidades
privadas marroquíes han provocado incidentes de muy mal gusto -hay que decirlo-, con alusiones sexistas absolutamente impresentables a funcionarias de la Policía Nacional, y a ello es a lo que se ha respondido.



Marruecos, como SS.SS. saben, es un país de una extraordinaria importancia para España por su proximidad, por sus relaciones mercantiles y también por el peso de la población marroquí en España. Frente a los incidentes estivales hay dos
posibilidades de actuación: una, el trabajo serio, callado y eficaz que se ha realizado y, otra, la gesticulación patriotera, la excitación de ánimos, que ha llegado en ciertos casos a una histriónica actuación fronteriza cuando ya la política
seria había solucionado el incidente. Recordemos los que lo vimos en el telediario aquella comparecencia fugaz en la frontera para dar la mano a un miembro de las Fuerzas y


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Cuerpos de Seguridad y desaparecer rápidamente de un lugar que podría ser peligroso. Por ello, señor ministro, creo que es conveniente que a través del Congreso nuestros conciudadanos sepan cuáles son los objetivos de la política exterior
de este Gobierno con Marruecos, y por ello se formula la pregunta.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Pedret.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta.



Gracias, señor Pedret, por permitirme abundar en la política exterior de España hacia Marruecos.



Cuando llegamos al Gobierno en 2004, nos encontramos, paradójicamente, con que lo que debería ser la prioridad de toda política exterior de un país, que es llevarse bien con los vecinos, no era la realidad. España tenía malas relaciones con
Marruecos, malas relaciones con Francia, malas relaciones con el entorno inmediato donde se juegan nuestros intereses.
Por tanto, decidimos cambiar esa política, intensificar nuestras relaciones con nuestro vecino del sur, que no solo es vecino
sino que queremos que sea un aliado, que sea un socio en la construcción de un espacio de desarrollo político, económico y empresarial. Por eso hemos desarrollado una política integral de buenas relaciones políticas con Marruecos, que tenga la
posibilidad también de defender nuestros intereses económicos. Recuerdo aquí, en la Cámara, que las relaciones comerciales, económicas, entre España y Marruecos solo son superadas, si excluimos a la Unión Europea, por las de Estados Unidos. En el
año 2009 el comercio bilateral ascendió a más de 5.000 millones de euros. Por tanto, tenemos que defender intereses obvios en nuestra relación con Marruecos, pero también en materia de seguridad, en la lucha contra la inmigración ilegal, en la
lucha contra el terrorismo, y eso es lo que ha desarrollado, defendido y construido el ministro del Interior, señor Rubalcaba, con sus homólogos marroquíes, y también una relación entre el norte y el sur de Europa hacia el norte de África, y por eso
tuvimos la primera cumbre de la Unión Europea con un país árabe durante la Presidencia española de la Unión Europea. Todo eso refleja perfectamente la política integral que quiere llevar España no solo a Marruecos, sino a todo el Magreb,
defendiendo la solución del problema del Sáhara Occidental y buscando la mejor relación con todos los países del Magreb.
Eso es una política de Estado y eso es lo que queremos ir desarrollando.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL RECIENTE VIAJE DEL PRESIDENTE Y VARIOS MINISTROS
REALIZADO A CHINA Y JAPÓN? (Número de expediente 180/001152.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Pozuelo Meño.



La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, la pasada semana el presidente del Gobierno, acompañado por el ministro de Industria, la ministra de Ciencia e Innovación y usted mismo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, hicieron un viaje a China y Japón, al que
se ha dado un claro contenido económico. La visita se iniciaba con la celebración del Día de España en la Exposición Universal de Shanghai, en la que nuestro pabellón se ha convertido en una inmejorable oportunidad para potenciar y difundir la
imagen y las posibilidades de futuro de nuestro país en esta región. Potenciar y difundir nuestro país significa potenciar nuestra cultura, la lengua, nuestro patrimonio, pero sobre todo significa abrir un nuevo espacio de oportunidades a nuestra
sociedad, a nuestras empresas, a nuestra nueva economía.



Señor ministro, el Gobierno y usted personalmente, como ministro de Exteriores, llevan años impulsando una nueva estrategia en la región de Asia y Pacífico, la zona más dinámica e influyente desde el punto de vista económico y político en
este mundo globalizado. Esta estrategia, que se ha concretado ya en dos planes de actuación en la región, se ha configurado como una de las prioridades dentro de nuestra política exterior, porque España no puede permanecer al margen de lo que
sucede en una zona sometida a grandes y rápidas transformaciones, convertida en líder del crecimiento económico mundial, imprescindible en la gestión y en la influencia de los mercados, con una gran capacidad de consumo interno y con una incesante
necesidad de inversiones en sectores estratégicos.



España ha mejorado notablemente su presencia en China a través de empresas innovadoras que nos auguran nuevas oportunidades en estos tiempos de crisis. Son empresas españolas que son líderes en bienes de consumo: ropa, vino, aceite de
oliva, pero también industriales: construcción de sanitarios, sector aeronáutico, ferroviario, telecomunicaciones, energías renovables, biomedicina, etcétera. Sin duda hemos realizado un buen trabajo a lo largo de estos años. Tenemos buenos
productos, marcamos bien las estrategias y nos hemos convertido en un socio fiable para China y para la región. Para que esto haya sido posible, hemos sabido construir,


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sobre todo, buenas relaciones políticas y diplomáticas, consolidando así nuestra posición e influencia...



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Pozuelo. Ha acabado su tiempo.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta.



Gracias, señoría. Tiene toda la razón. El viaje del presidente del Gobierno la semana pasada, tanto a China como a Japón, ha supuesto un gran éxito político, económico y financiero para los intereses de España en una región fundamental.
Hay que recordar que Japón y China -o China y Japón- son la segunda y tercera potencia del mundo. España tiene que tener el mejor nivel de relaciones con estos dos grandes gigantes económicos y políticos que forman parte del G-20, donde también
España participa. Por tanto, tenemos muchos elementos en común que defender, analizar y poner en práctica. Es, por tanto, una visita y un desplazamiento útil y necesario y que va a reportar grandes beneficios a los intereses españoles, en
particular, a la economía.



La visita a China fue un gran éxito, no solamente por participar en el día nacional de España en la Exposición Internacional Universal de Shanghai, que permitió constatar como el pabellón español es uno de los más visitados de la exposición
-40.000 visitantes por día-, sino que también permitió escuchar en la entrevista con el primer ministro chino, Wen Jiabao, tanto pública como privadamente, que China considera a España el mejor amigo dentro de la Unión Europea. Esto nos va a
permitir mejorar nuestra posición en el mercado chino en los sectores fundamentales para nuestros intereses -nuevas tecnologías, energía y telecomunicaciones-, las inversiones tanto de empresas españolas en China como de empresas chinas en España y,
por tanto, fortalecer aún más nuestra relación con China.



Lo mismo ocurrió en Japón, donde el presidente del Gobierno frente a una audiencia muy numerosa del sector económico y financiero tuvo la oportunidad de mostrar la solvencia de nuestra economía y el plan de reforma y de austeridad que lleva
a cabo el Gobierno de España y, al mismo tiempo, estableció una serie de vínculos financieros y tecnológicos fundamentales para el futuro. Se firmó -Japón tiene muy pocos acuerdos firmados con terceros países- un acuerdo de cooperación
científico-tecnológica por la ministra de Ciencia e Innovación y hemos quedado en que el año 2012 será el año de España en Japón, lo que demostrará nuestra capacidad de inversión y de presencia en Japón. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Ha acabado su tiempo.



- DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿POR QUÉ EL MINISTERIO DE DEFENSA HA PERMITIDO LA CESIÓN DE INSTALACIONES MILITARES PARA ACTIVIDADES
RELIGIOSAS? (Número de expediente 180/001146.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa que formula el diputado señor Fernández Díaz.



El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, mi grupo parlamentario, como es obvio, no tiene nada que objetar a que las diferentes administraciones públicas cedan el uso de locales, suelo o instalaciones de estas para que los creyentes de las diferentes confesiones
religiosas puedan ejercer el derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido en la Constitución. ¡Faltaría más! Recuerdo, por ejemplo, como el Ministerio de Defensa con ocasión del último viaje del Papa Juan Pablo II a España cedió un día la
base de Cuatro Vientos y como se ha hecho en otras ocasiones. Eso forma parte de la normalidad, se ha hecho con la Iglesia católica y está bien que se haga con las demás confesiones que tengan firmados convenios -como es el caso de la comunidad
musulmana- con el Gobierno de España.



Sentado este principio, otra cosa es lo que ha pasado y está pasando -hasta pasado mañana que finaliza el ramadán- en el castillo de San Fernando de Figueras, que sin duda S.S. conoce muy bien. Es una fortaleza muy vinculada a la historia
de esta casa, porque allí las Cortes republicanas en su marcha hacia el exilio en Francia a finales de la guerra civil celebraron la última sesión parlamentaria. Se trata de una fortaleza comparable al castillo de San Felipe de Barajas, Patrimonio
de la Humanidad. Es una fortaleza del siglo XVIII, de un extraordinario valor militar en su día y, por tanto, de un extraordinario valor histórico en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el motivo, señoría, por el que usted ha cedido a la comunidad
musulmana durante todo el ramadán el uso y disfrute de esa instalación militar?


Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández.



Señora ministra.



La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, señora presidenta.



Me temo, señor Fernández, que se ha equivocado usted de ventanilla. El acto no lo ha decidido el Ministerio de Defensa. ¿Sabe usted la razón? Porque en el año 2003, gobernando el Partido Popular, se decidió ceder la gestión del castillo
de Figueras a un consorcio


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conformado por las tres administraciones y cuyas decisiones toma el director; es decir, es una decisión que ha tomado el director.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.



Señor Fernández.



El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, no nos hagamos trampas en el solitario. El director es un militar y el que preside el patronato es un teniente general. Por tanto, ni un teniente coronel ni un teniente general toma una decisión en una institución como las
Fuerzas Armadas, sometidas al principio de jerarquía y disciplina. Por tanto, seamos serios y no hagamos transferencia de responsabilidad. En Figueras y en Cataluña todos sabemos lo que ha pasado. El alcalde ha querido solucionar un problema que
tenía, y cabe preguntarse si no había otro lugar que no fuera el castillo de San Fernando donde la comunidad musulmana, que lógicamente tiene todo el derecho, pudiera practicar el ramadán en unas condiciones dignas. Y, sobre todo, le tengo que
decir que aquí hay una cuestión de agravio comparativo, que es lo que motiva de fondo mi pregunta, y es el trato que está dando usted a la presencia de la Iglesia católica en las Fuerzas Armadas, que se ha visto con ocasión de la separación de
las...



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Fernández. Ha acabado su tiempo.



Señora ministra.



La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Señor Fernández Díaz, antes de hacer una pregunta creo que es bueno informarse. Defensa no ha participado en la decisión, ha sido el director del consorcio, pero le voy a decir una cosa:
estamos de acuerdo. Asimismo, le diré que esto no es nuevo. Año 2000, gobierno del Partido Popular en España y gobierno del Partido Popular en Melilla; ese año se decidió que determinadas instalaciones militares de Melilla se pudieran poner cada
año a disposición de la comunidad musulmana para el rezo del ramadán. Esto lleva pasando diez años. He buscado y he buceado en los boletines y no he encontrado una sola pregunta de S.S. a estos efectos.



Tercera cuestión que le voy a decir. Efectivamente, esto es habitual.
Encuentro de jóvenes con el Papa en el año 2003, año en que gobernaba el Partido Popular, que se hizo en la base militar de Cuatro Vientos. Se va a volver a hacer
durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el encuentro de jóvenes con el Papa en la base militar de Cuatro Vientos.
Sin ir más lejos, este domingo, el día 12, se cede la base de Armilla, en Granada, para una beatificación. Y le daré otro
ejemplo, hace muy poco se utilizó el Castell de Figueras para la celebración de los actos del Rocío. He buceado de nuevo en el boletín y tampoco he encontrado ninguna pregunta suya. Es decir, si lo que usted me está pidiendo es que neguemos
derechos a determinados ciudadanos porque no profesan su religión y, por favor, si no se lo pidió usted al señor Aznar, no me lo pida a mí y, sobre todo, no se lo pida a nadie en un Parlamento como este, ya que este Parlamento nació para dar
derechos, no para negarlos. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.



- DE LA DIPUTADA DOÑA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿POR QUÉ RAZÓN EL GOBIERNO PRIORIZA INFRAESTRUCTURAS DE PAGO COMO LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE RANDE (VIGO) FRENTE A
ALTERNATIVAS VIARIAS LIBRES DE PEAJE? (Número de expediente 180/001137.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. En primer lugar, la que formula la diputada señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, ¿por qué razón el Gobierno prioriza infraestructuras de pago, como la ampliación del puente de Rande, en Vigo, autopista AP-9, frente a alternativas viarias libres de peaje?


Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, el Gobierno ha tomado una decisión para facilitar la movilidad en el área metropolitana de Vigo, que es la más rápida y la más eficaz, dado que muchos de los tramos de la alternativa
están todavía en fase de proyecto y no podemos actuar sobre ella. En cualquier caso, le diré que en esto comparto lo que manifestó el alcalde de Pontevedra: A pesar de que hay que hacer la A-57 -yo estoy de acuerdo con él-, Rande es la primera
opción para la relación entre Pontevedra y Vigo, es la conexión más rápida entre las dos ciudades. Por eso se debe ampliar el puente de Rande, estoy de acuerdo con el alcalde de Pontevedra, que es de su partido político. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



Señora Fernández.



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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta, y gracias, señor ministro, por la respuesta, aunque no me convence, porque no me dice nada. Por supuesto que estamos de acuerdo con lo que dice el alcalde de Pontevedra, sobre todo
cuando lo que expresa es la necesidad de una mejor comunicación entre la capital de la provincia y la ciudad de Vigo. Pero usted sabe, señor ministro, que la reclamación histórica del sur de Pontevedra, aproximadamente 500.000 habitantes, es desde
hace muchísimo tiempo una alternativa viaria libre de peaje. Por tanto, nos preocupa y no se entiende muy bien que, después de que ya se haya invertido en una nueva alternativa, como sería la A-57 y la variante correspondiente, A-59, el Gobierno
decida aparcar esta construcción y priorizar la ampliación de la AP-9 en lo que es el puente de Rande. Por cierto, señor ministro, una alternativa de pago que además es muy cara. Menos se entiende, señor ministro, si cuando vemos el proyecto que
está en exposición pública comprobamos que se reconoce que esta es una alternativa provisional que no soluciona el problema de movilidad viaria que tenemos. Y menos aún se entiende cuando se puede comprobar en el propio proyecto que esta solución
que se da a la movilidad viaria significa una absoluta constatación de colapso viario de las salidas de la autopista en la ciudad de Vigo, porque el proyecto eso lo deja clarísimo.



No podemos olvidar tampoco, señor ministro, el impacto medioambiental, social, cultural, incluso de patrimonio histórico, que estas obras pueden generar. Por eso le pedimos que si no está todo hecho, se haga -me refiero a los impactos que
acabo de mencionar- y se reflexione en relación con este asunto, lo que sí le pedimos es que lo que se haga se haga bien y se resuelva no solo el problema viario de Vigo, sino el problema de que los ciudadanos tengamos que pagar un peaje, que,
además, es tan extremadamente caro.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone, señora Fernández, ha acabado su tiempo.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, de la historia es mejor que no hablemos, porque ustedes estaban en contra históricamente de esa autopista y de cualquier autovía que cruzara Galicia, porque decían que eso dividía el
territorio, en lugar de que se comunicaba. Por tanto, es mejor que no hablemos de la historia. La realidad nos demuestra que Vigo tiene un problema muy importante de accesibilidad y ha sido la determinación de este Gobierno y de este ministro la
que va a resolver un problema endémico en la movilidad del área metropolitana de Vigo. Por eso hemos tomado la determinación de actuar de la forma más rápida posible, de actuar sobre el puente de Rande para ampliar su capacidad y con ello
garantizar la movilidad de toda el área metropolitana de Vigo. Desde que estoy en el ministerio hemos impulsado también los proyectos para hacer la A-59 y la A-57. Por cierto, ustedes aquí reclaman que se priorice la A-59 y luego presentan
alegaciones para dificultar los proyectos en los ayuntamientos por donde tiene que transcurrir. Paradojas de la vida. Por un lado dificultan el avance de los proyectos y, por otro, nos reclaman aquí que se aceleren. En todo caso, tengo la firme
determinación en el Plan Extraordinario de Infraestructuras de actuar ya sobre los proyectos que se han aprobado de la A-57 y de la A-59. Es una medida alternativa y complementaria ampliar el puente de Rande, ampliar también la circunvalación de
Santiago de Compostela y así romper con un colapso que vemos en muchas circunstancias y en muchos momentos del año, puesto que facilitará la movilidad y supondrá dar una respuesta que es demandada por la sociedad de Vigo, por los agentes económicos,
por los agentes sociales; solo ustedes, que están aislados, se oponen a esta alternativa.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO MARÍA NADAL BELDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿SIGUE PENSANDO EL SEÑOR MINISTRO QUE LOS IMPUESTOS EN ESPAÑA SON BAJOS? (Número de expediente
180/001149.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Nadal Belda.



El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro de Fomento, usted afirmó que los impuestos en España eran bajos y que había que homologarlos con la media de la Unión Europea, declaraciones un tanto sorprendentes de un ministro de Fomento, aunque probablemente no tanto de un
vicesecretario general del Partido Socialista. ¿Qué impuestos quiere usted subir, señor Blanco? (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Nadal.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, yo soy lego en la materia pero usted no y quiero ratificar lo que he afirmado: la presión fiscal en España está muy por debajo, reitero, muy por debajo de la media de la Unión Europea.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



Señor Nadal.



El señor NADAL BELDA: Señor ministro, la presión fiscal son los ingresos públicos partido por el producto


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interior bruto, como a usted le habrán contado. Con esta crisis a la que ustedes nos han llevado con su política económica, en España, desde el año 2007, ha caído 6,5 puntos; es decir, casi 70.000 millones de euros de impuestos menos que
se cobran. La media de caída de la Unión Europea es de un solo punto. ¿Por qué en España caen siete veces más los impuestos que en el resto de Europa? Porque ha quedado arrasada nuestra economía y se han contraído las bases fiscales sobre las que
se recaudan impuestos, no porque nadie haya bajado los impuestos durante ese periodo, en el que, por cierto, ustedes gobernaban. Es la economía española la que está asfixiada y no da más de sí. En esa situación, en la que no se recauda porque la
gente no tiene empleo, porque las empresas cierran, porque la economía sumergida florece -porque eso es lo que también está pasando en nuestro país-, lo que ustedes quieren es apretar todavía más a lo poco que sobrevive subiendo los impuestos. Han
subido los impuestos especiales en julio, especialmente gasolinas y gasóleo; subió el IRPF en enero de este mismo año; los 400 euros y los rendimientos del ahorro; subió el IVA nada más y nada menos que 2 puntazos a comienzos de julio, con un
resultado sobre las ventas posteriores de automóviles que ya estamos conociendo y un desplome del consumo. La economía está asfixiada.



Señor Blanco, usted se queja de que tiene que haber más impuestos para pagar infraestructuras. Solo con el endeudamiento público que ustedes han generado se han pagado 10.000 millones de euros más en intereses de esa deuda pública.
¡Cuántas infraestructuras podría usted haber hecho con 10.000 millones de euros más de esos intereses de ese excesivo endeudamiento y esa salvajada de incremento de deuda pública que está teniendo nuestra economía! El camino no es subir impuestos ni
pegar hachazos a los derechos sociales de los españoles, que es la vía con la que ustedes quieren tapar el enorme agujero que hay de déficit público en nuestras arcas. La vía es una reorganización de este sector público que, como usted -que estuvo
en las reuniones de Zurbano- nos reconoció, es caótico y lleno de solapamientos competenciales. O arreglamos ese problema y reordenamos las administraciones públicas o seguirán subiendo los impuestos y machacando a las clases medias de este país.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Nadal.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, este verano hemos vivido dos temas que explican bien lo que sucede en nuestro país.
Mientras el presidente del Gobierno viajaba a China y a Japón para abrir mercados, el presidente de
su partido se encomendaba al apóstol Santiago, como única propuesta que ha formulado para afrontar la crisis. (Rumores.) Seguramente dentro de poco tiempo veremos al presidente de su partido encomendándose a la Virgen de Lourdes, porque solo un
milagro puede resolver el sudoku que usted nos acaba de plantear, que es bajar la recaudación, aumentar el gasto y reducir el déficit. Señorías, solo un milagro, el milagro de Lourdes, puede dar respuesta al populismo y a la demagogia de su
partido. (Rumores.-Aplausos.)


Tenemos una visión distinta del papel del Estado en la redistribución para garantizar la igualdad de oportunidades y de la cohesión del territorio, señorías. Ustedes, que dicen que son muy patriotas y que defienden el Estado, lo que quieren
es un Estado anoréxico, sin capacidad de tener recursos para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión del territorio, para garantizar becas, para garantizar la Ley de la Dependencia, para garantizar derechos de la gente. (Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Señorías, todos los derechos en este país han avanzado con las reformas de los gobiernos socialistas y son ustedes, cuando gobiernan, los que congelan el salario mínimo interprofesional, los
que no suben las pensiones mínimas que tienen que subir, los que recortan las becas, como recortó Mariano Rajoy cuando era ministro de Educación del Gobierno de España (Rumores.), son ustedes, cuando gobiernan, cuando invierten menos en
infraestructuras y con ello no garantizan la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades en nuestro país. Señorías, yo defiendo un Estado fuerte que tenga la capacidad de poder intervenir para garantizar cohesión social e igualdad de
oportunidades y, frente a eso, ustedes defienden demagógicamente posiciones que si cotizaran en los mercados no tendríamos ningún problema de deuda. (Aplausos.-La señora Villalobos Talero: ¡Bravo, bravo, bravo!)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Villalobos, por favor. Es increíble.



- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA LASSALLE RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DEL INTERIOR QUE EL GOBIERNO HA DEFENDIDO SUFICIENTEMENTE A LAS MUJERES MIEMBROS
DE LA POLICÍA NACIONAL DE MELILLA? (Número de expediente 180/001147.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar la que formula el diputado señor Lassalle Ruiz.



El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señora presidenta.



Señorías, señor ministro de Fomento -que sale rápidamente después del discurso demagógico que nos ha


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planteado-, le voy a recordar algo que seguramente han olvidado este verano. (Rumores.) Dice lo siguiente, y escuchen bien todos ustedes: No vamos a dejar de cumplir nuestra obligación ni a ceder espacios a la intolerancia y el desprecio a
la mujer. Está en nuestro ideario y es irrenunciable que nadie, por muy poderoso que sea, pueda atacar impunemente o intentar vulnerar derechos fundamentales, y la igualdad del hombre y la mujer es uno de ellos. Estas palabras, que seguramente
hubiera pronunciado el señor ministro de Fomento, que probablemente hubieran hecho públicas cualquiera de las ministras de este Gobierno y que seguramente podrían haber sido tomadas del Manual de educación para la ciudadanía, para vergüenza de su
progresista Gobierno, nadie, ni siquiera la ministra de Igualdad, las pronunció cuando fueron vejadas varias funcionarias españolas en la frontera de Melilla. (Aplausos.) Tuvieron que hacerlo los sindicatos en esta declaración del 18 de agosto.
¿Y
sabe por qué? Porque usted, señor ministro del Interior, no afrontó sus responsabilidades. Si hubiera hecho lo que tenía que hacer, los policías jamás hubieran tenido que gritar públicamente a través de este comunicado la vejación de funcionarias
españolas. Esa diplomacia inteligente de la que alardea el señor ministro no consiste en callar ante vejaciones de funcionarias españolas, ni permitir una escalada de provocaciones inaceptable entre países amigos. La diplomacia inteligente es
preventiva y disuasoria, se basa en la neutralización de los incidentes antes de que se produzcan. Eso es lo inteligente, señor Rubalcaba. Lo que no es inteligente es resolver un conflicto diplomático con la misma opacidad con la que comenzó. ¿Y
sabe por qué? Porque la falta de transparencia ofende la inteligencia de los ciudadanos de una sociedad democrática.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Lassalle.



Señor ministro del Interior.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): La pregunta era si había hecho lo que creía que tenía que hacer. Debo decirle que sí. Hice lo más importante, que es resolver el problema y sentar las bases para que nunca más se vuelva a
producir. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



Señor Lassalle.



El señor LASSALLE RUIZ: Señor ministro, las declaraciones que hizo fueron durante ese momento descalificatorias fundamentalmente para el Partido Popular y la actitud de nuestro partido. Le echó en cara, entre otras muchas cosas, la falta
de lealtad y sentido de Estado. Y esta siempre se acredita -¿sabe cómo?- defendiendo la dignidad nacional y concretamente los valores y principios democráticos que nos unen, entre ellos la primacía de la igualdad entre hombres y mujeres.



Señor ministro, usted está en demasiadas cosas y probablemente desatiende ellas porque está gestionando o tratando de gestionar el poszapaterismo.
Y espero que esto no tenga consecuencias.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Lassalle.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.



Señor Lassalle, oírle a usted hablar de diplomacia preventiva provoca sonrojo. De verdad, señor Lassalle. Usted, que es un hombre que se siente conceptualmente equipado, mire a ver, por favor, qué conceptos maneja, porque usted tiene una
historia y está en un grupo parlamentario, y aquí hay debates y esa historia habla muy poco de diplomacia y muy poco de preventivo. Preventivo, lo único que ustedes saben hacer son guerras, lo único. Segundo, lo hemos hecho sin su ayuda, no sin su
ayuda, lo hemos hecho con la inestimable falta de colaboración del Partido Popular, porque ahora descubro que ustedes fueron allí no a defender a las policías, fueron allí a dificultar las cosas al Gobierno. Lo hemos hecho siempre. Y cuando le oía
pensaba que es verdad que defiendo muchas veces a los policías y a las policías. ¿Sabe dónde lo hago más? Aquí, en esta Cámara, cuando semana tras semana ustedes se meten con los policías que investigan aquellos casos que les afectan. (Rumores.)
Es cuando lo hago más. Y le recuerdo que en esos grupos de trabajo hay policías hombres y policías mujeres. (La señora Villalobos Talero: ¿Qué tiene que ver?) Ahí es cuando tengo que defender una y otra vez a las policías y al Estado, señor
Lassalle, al Estado. (La señora Villalobos Talero: ¿Y en la frontera con Marruecos?)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Villalobos, por favor. Perdone, señor ministro. Señora Villalobos, deje de interrumpir.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): No me molesta. De verdad que no me molesta. (Risas.-Aplausos.)


Señor Lassalle, le diré una cosa más. Una de las inestimables ayudas que tuvimos en este asunto procede de alguien muy distinguido de su partido que inopinadamente apareció en Melilla, estoy seguro que a echarnos una mano, estoy seguro. Y
este señor, este ex presidente, que me merece todo el respeto -aunque no haga nada para merecerlo-, pronunció en esta Cámara una frase al principio de su mandato, en el año 1996, que me va a permitir cerrar este debate. Dijo aquello de: teníamos
un problema y lo hemos resuelto. ¿Se acuerda? Eso es,


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teníamos un problema y lo hemos resuelto, sin haloperidol.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL MINISTRO DEL INTERIOR PARA PALIAR EL DESCONTENTO QUE MANIFIESTAN LOS MIEMBROS DE
LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/001148.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Cosidó Gutiérrez.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Pues tiene usted un problema no resuelto, señor ministro, porque el conflicto de la Guardia Civil amenaza con convertirse en algo crónico bajo su mandato. Se suceden las movilizaciones, tiene convocada una
manifestación para el día 18 de septiembre -por cierto, creo que tiene intención usted de prohibirla; espero que me lo confirme- y se ha producido -lo cual es más inquietante- una caída muy importante en la actividad de la Guardia Civil, que en el
caso de las denuncias de Tráfico llega al 50 por ciento.



Mi pregunta, señor ministro, es si además de las coacciones, de las prohibiciones, de las amenazas de expedientes disciplinarios, de los ruegos, tiene usted alguna idea de cómo solucionar el fondo de este conflicto que se vive en la Guardia
Civil.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cosidó.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.



Sí, señor Cosidó, trabajo; trabajo para arreglarlo; trabajo, como lo he hecho desde que llegué al Ministerio del Interior para mejorar las condiciones de trabajo de los guardias civiles e incrementar las plantillas. Por cierto, creo que
lo he hecho con honestidad y con éxito.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.



Señor Cosidó.



El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Lo dirá por la oferta de empleo público de este año, señor ministro, la más baja en la historia de la Guardia Civil. Creo que lo mínimo que debemos pedir a un ministro del Interior son dos cosas: autoridad moral
y liderazgo sobre los hombres y las mujeres que están bajo su mando. Usted parece haber perdido ambas cosas. Para recuperar esa autoridad moral y ese liderazgo, yo le sugiero tres cosas. En primer lugar, ejerza su responsabilidad como ministro
del Interior, porque mientras usted está ocupado haciendo de ministro de Asuntos Exteriores en Marruecos, haciendo de ministro de Economía en la negociación de los presupuestos del próximo año o suplantando a la vicepresidenta del Gobierno en su
función de portavoz no tiene tiempo para ocuparse de los problemas que tiene en el Ministerio del Interior, y le puedo asegurar, señor ministro, que esos problemas crecen. Por tanto, si usted está aburrido o si tiene otras ambiciones lo mejor es
que deje a alguien que se ocupe realmente de solucionar esos problemas. En segundo lugar, señor ministro, diga la verdad, porque lo que más ofende y lo que más indigna a los guardias civiles no es que les bajen el sueldo, lo que más les indigna es
que les engañen, que les prometan la equiparación salarial y les hagan un recorte de retribuciones; que les prometan una ley de personal y que esa ley ni esté ni se la espere en el Parlamento; que se les prometan más derechos y que lo que hagan es
un recorte y ni siquiera les permitan ejercer su derecho a protestar. Por tanto, señor ministro, compromisos claros y no palabras vacías, que es exactamente lo que usted ha hecho en su primera intervención. En tercer lugar, señor ministro,
implíquese usted directamente en el diálogo con las asociaciones profesionales, porque la dinámica de conflicto en la que está instalado no augura nada bueno ni para la Guardia Civil ni para la seguridad de los españoles.



Es su responsabilidad solucionar este conflicto... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Cosidó, ha acabado su tiempo.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.



Señor Cosidó, como usted conoce bien, desde que entró en vigor la Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, que usted no votó, hemos puesto en marcha un consejo de la Guardia Civil que viene trabajando básicamente en mejorar las
condiciones laborales en las que los guardias civiles ejercen su trabajo. Hemos modificado una orden por la que se regulaban las vacaciones, los permisos y las licencias, en un sentido muy positivo para la Guardia Civil y estamos trabajando en una
nueva orden de jornada, que verá la luz en los próximos días, donde incrementamos los descansos semanales, aumentamos los días feriados para adecuar las jornadas a las de los funcionarios, donde permitimos la acumulación de dos descansos semanales,
regulamos el régimen de turnos, donde hacemos un conjunto de avances -hasta dieciocho cosas cambiamos- para mejorar las condiciones


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laborales de los guardias civiles. En eso estamos.



Si me permite, estamos resolviendo los frutos de la incuria de ocho años del Partido Popular. Incuria. Por ejemplo, estamos subiendo las plantillas, que ustedes bajaron; estamos modernizando los cuarteles, de los que ustedes se olvidaron;
estamos dando derechos a los guardias civiles, que ustedes les negaron, y estamos mejorando la jornada laboral, que ustedes sencillamente ignoraron. En resumen, estamos resolviendo ocho años de incuria para la Guardia Civil, que son los ocho años
de su Gobierno.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.



- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS CORCUERA PLAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA 'OPERACIÓN VERANO-2010' DE TRÁFICO EN CUANTO AL BALANCE DE SEGURIDAD VIAL?
(Número de expediente 180/001153.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Corcuera Plaza.



El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, entre todos hemos conseguido que nuestro país haya pasado de ser un alumno con ganas de aprender las buenas experiencias de otros países a ser un ejemplo a seguir en materia de seguridad vial, hasta el punto de que
posiblemente a finales de este año 2010 seamos el único país de la Unión que pueda cumplir con el objetivo europeo de reducir en un 50 por ciento el número de muertes en accidentes de tráfico. Y, aunque desgraciadamente el número de fallecimientos
sigue siendo mayor del que todos quisiéramos, no cabe duda de que van ustedes por el buen camino.



Desde la puesta en marcha del Plan de Seguridad Vial 2004-2010 por el Gobierno socialista, año tras año el balance a 31 de diciembre mejora las cifras del año anterior, en un descenso continuado de la siniestralidad, a pesar incluso de esa
supuesta caída de las denuncias. En cada balance los expertos señalan y advierten del temido efecto rebote que todos los países experimentan tras un periodo de mejora de sus cifras y que se traduce en un repunte del número de fallecidos. Año tras
año esperamos con temor la llegada de un efecto, que, afortunadamente, aun no hemos experimentado. El éxito se debe sin duda también a que, a pesar de los buenos resultados, no han bajado ustedes la guardia y han seguido actuando de una manera
decidida. Hace justo una semana daban ustedes oficialmente por concluida la operación salida de este año y lo hacían confirmando que, si bien se ha producido un pequeño descenso en el número de desplazamientos en comparación con el año anterior,
continuaba la tendencia de reducción de la siniestralidad. Son los meses que coinciden con vacaciones cuando se dispara por encima de la media el número de accidentes y fallecidos, aumenta el número de vehículos en las carreteras y los conductores
suelen bajar la atención al volante. Los datos sobre la evolución de estos meses marcan en muchas ocasiones la tendencia final del año y ponen a prueba la eficacia de las políticas puestas en marcha.



Por ello, señor ministro, nos interesaría saber qué valoración hace el Gobierno de la operación Verano-2010 de tráfico en cuanto a balance de seguridad vial.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Corcuera.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.



Gracias, señor Corcuera, por su pregunta y por su intervención.
Efectivamente, la operación verano se ha desarrollado, primero, con normalidad y, segundo, con un número de accidentes y de fallecidos menor que el del año pasado. Las cifras
son correctas, han perdido la vida 364 personas en nuestras carreteras en los meses de julio y agosto, son 16 menos que el año pasado, muchísimas menos que hace siete años, pero son muchas para poder hacer un ejercicio de autocomplacencia, del que
huyo sistemáticamente, porque, repito, queda mucho trabajo por hacer.



Creo que hay dos cosas significativas. Una, para ver la magnitud del esfuerzo basta mirar la serie histórica y concluir que habría que remontarse a 1962 para encontrar una cifra de accidentes y fallecidos idéntica a las que hemos tenido
este año. Es evidente que en 1962 había muchísimos menos coches y conductores, por tanto estamos hablando de un descenso importante, de un trabajo serio. La segunda cuestión que me gustaría destacar es que estos años de política de seguridad vial
han tenido un efecto especialmente significativo en los jóvenes, lo cual es la mejor garantía para el futuro, porque es verdad que si los jóvenes son más prudentes ellos garantizan que esta política va a continuar, ya que los jóvenes son los
conductores del futuro. Estas dos cosas quería señalar. En tercer lugar, quería acabar diciendo que, como usted también comentaba, no es el final, queda mucho por hacer, hay muchas políticas en las que insistir, hay mucha colaboración que recabar;
esta es una política en la que hemos trabajado muchos, esta Cámara, en primer lugar, pero también los conductores, las asociaciones, las víctimas, los fiscales, los jueces. En todo caso, queda mucho por hacer, en tres direcciones que son en las que
estamos trabajando. Estamos trabajando para que la gente se ponga sistemáticamente el cinturón de seguridad cuando entra en el


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coche, para que no pruebe una gota de alcohol si tiene que conducir y para que respete la velocidad. Son los tres ejes fundamentales de la política de seguridad. Repito, tres ejes en los que vamos a seguir insistiendo, porque queda todavía
mucho trabajo por hacer.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS RESULTADOS DE SU POLÍTICA EDUCATIVA? (Número de expediente
180/001150.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación. En primer lugar la que formula el diputado señor Gómez Trinidad.



El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señora presidenta.



Al comienzo de curso, señor ministro, le agradezco su presencia aquí y la pregunta queda formulada en los términos establecidos.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gómez.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, la valoración de los resultados y efectos de las políticas educativas exigen siempre tiempo, sobre todo, un análisis con moderación.
Yo nunca he negado los problemas de nuestra educación, pero tampoco los logros. Hemos conocido
estos días un diagnóstico de la OCDE, ayer mismo se presentó, con datos del curso 2007-2008. La OCDE se ha tomado un tiempo para hacer el análisis y espero que nosotros no nos precipitemos en ello. Es un análisis muy afinado, muy ajustado, muy
ponderado, más que algunos otros juicios y lecturas que he conocido. Está centrado en aspectos verdaderamente educativos -no como hacen otros análisis- y ahí de deduce con claridad y se dice explícitamente que España avanza más rápidamente que
otros países desarrollados en materia de educación. Lo dicen los informes, lo dicen los expertos, como ha podido ver y oír explícitamente. Allí se señala también y estos últimos días hemos conocido un informe de datos y cifras del curso 2010-2011.
O sea, no estamos ni eufóricos, ni conformes, ni somos conformistas, pero desde luego tampoco somos catastrofistas. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



Señor Gómez Trinidad.



El señor GÓMEZ TRINIDAD: Señor ministro, tiempo es lo que ustedes ya han tenido. Lleva usted año y medio en el Gobierno, dos años y medio de legislatura y seis años y medio de Gobierno socialista. ¿Qué tenemos en educación hasta el
momento? Más de lo mismo: un fracaso escolar que no se soporta, abandono escolar prematuro, falta de calidad y, en definitiva, una insatisfacción tanto personal como social. ¿Qué han hecho ustedes en serio? Más allá de las palabras y de las
promesas, simplemente persistir en un modelo educativo que está sobradamente demostrado a qué nos ha conducido, con errores gravísimos y con el 30 por ciento de nuestros jóvenes condenados a un fracaso no solamente educativo sino también social.
Son incapaces de solucionar los problemas educativos urgentes y no pueden o no quieren abordar los importantes. Ustedes tienen estancadas las reformas de la formación profesional con una ley de economía sostenible que no acaba de llegar; ustedes
faltan al principio de igualdad de oportunidades con la regulación del bachillerato o, mejor dicho, con la falta de regulación del bachillerato, y con el desastre reciente de una selectividad que ha impedido a miles de jóvenes con magníficos
expedientes escoger la carrera deseada, especialmente en medicina y en enfermería. Son ustedes incapaces de hacer cumplir las propias leyes, donde les echan un pulso.



Señor ministro, la gravedad de la situación requiere ya una inteligencia libre de prejuicios, diagnóstico profundo y serio de los problemas, voluntad firme para tomar las decisiones necesarias y capacidad de diálogo para consensuar los fines
y no solo los medios. No puede consolarnos el hecho de que pretendan ahora decirnos que se invierte más que nunca en educación, cuando la disminución del PIB en un año nos demuestra que el dato es irrelevante, como también es irrelevante el aumento
de alumnos de formación profesional, con un 40 por ciento de jóvenes en paro. En este momento, el informe de la OCDE nos pone en evidencia y no somos capaces ni de captar a los propios alumnos que están en paro. Señor ministro, sobran discursos
bonitos y lecciones y urge tomar decisiones que aborden en profundidad la reforma del sistema educativo. El tiempo se agota, le queda año y medio de legislatura; o toma las decisiones o será demasiado tarde, no solo para usted sino, lo que es más
grave, para los jóvenes españoles.



Muchísimas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, señora presidenta.



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Nosotros queremos trabajar juntos con todo el Parlamento, con ustedes, con los agentes sociales, con la comunidad educativa y encontramos enormes apoyos, pero yo le voy a dar algunos datos también: el 81 por ciento de los alumnos entre 15 y
19 años sigue estudiando después de la secundaria, esto son ocho puntos más que en 2001; el 73 por ciento logra el título de bachillerato o formación profesional, siete puntos más que en 2001; el número de jóvenes de entre 25 y 34 años que hoy
tienen título de bachillerato, FP, grado medio y enseñanzas superiores es del 65 por ciento, más del doble que hace treinta años. El gasto de educación por alumno se ha incrementado un 40 por ciento desde el año 1995, está por encima de la media de
la OCDE; esto, si tenemos en cuenta que no se considera el gasto anual, que ya supone el 5,11 del producto interior bruto. Hemos incrementado en un 80 por ciento los recursos para becas desde el año 2000; la formación profesional desde el año
2004 se ha incrementado un 23 por ciento; los auxiliares de conversación, en un 38 por ciento; los alumnos del primer ciclo de educación infantil se han duplicado desde 2004. Claro que tenemos muchas cosas que hacer, claro que sí, por eso
defendimos un gran acuerdo, por eso les convocamos a trabajar en ello y por eso hemos hecho un plan de acción para trabajar y que espero que dé los resultados que ustedes solicitan y que nosotros esperamos. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR ALEGRÍA CONTINENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿QUÉ PLANES DESARROLLA EL GOBIERNO PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES CON ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR? (Número
de expediente 180/001154)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Alegría Continente.



La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, como recordaba en su anterior intervención, ayer conocimos los datos del informe de la OCDE, sobre el Panorama de la educación 2010, referentes al curso escolar 2007-2008. Los datos que arroja dicho informe manifiestan entre
otras cosas que en este curso el 81 por ciento de los alumnos de entre 15 y 19 años sigue estudiando después de la secundaria, 8 puntos más que en 2001; por otro lado, dice también este informe que en los últimos ocho años se ha reducido en 7
puntos el número de jóvenes que han abandonado los estudios postobligatorios pasando del 34 por ciento al 27 por ciento. Estos datos, además de verificar que el sistema educativo español es uno de los sistemas más equitativos, nos permiten ser
moderadamente optimistas ante la evolución del abandono temprano, principal reto del sistema educativo español. No obstante, tal como usted ha recordado en varias ocasiones, no podemos hablar de equidad sin más, a ésta inexorablemente debemos
unirle la excelencia y la calidad, y para que esa combinación funcione es preciso desarrollar al máximo las capacidades potenciales del alumnado dándole los instrumentos necesarios para su aprendizaje a lo largo de la vida y haciéndole más
competente en el ámbito social, profesional y personal.



Señorías, hoy disponemos de una de las generaciones mejor formadas de la historia, y por más que algunos lo repitan cualquier tiempo pasado no fue mejor. No obstante, sabemos que hay aspectos en los que debemos hacer un esfuerzo importante,
retos que conocemos muy bien y vamos a afrontar tales como la necesidad de aumentar el porcentaje de alumnado con mayor rendimiento. Por tanto, frente a este reto, debemos intentar conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo
posible de todas sus capacidades, recibiendo para ello una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Ello exige un esfuerzo sostenido para obtener de cada estudiante tanto como sea posible, teniendo siempre presente que la equidad y la
excelencia son dos principios incuestionables de las políticas orientadas a la mejora de la calidad de la educación, desde una perspectiva que entiende la educación como un factor decisivo para el progreso económico y social. En este contexto, le
formulo la siguiente pregunta: ¿qué planes desarrolla el Gobierno para atender a los estudiantes con alto rendimiento escolar?


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Alegría.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, la atención a los estudiantes con singulares necesidades específicas es una prioridad también de nuestro plan de acción, que busca, como se ha dicho, equidad y excelencia. Siempre hemos defendido el esfuerzo, la exigencia, la
solvencia. No hacemos discursos tibios en ese sentido, porque los grandes objetivos para ganar el futuro de nuestro país, de nuestra educación, de este modelo más equitativo, son fruto del esfuerzo de toda la sociedad en las tres últimas décadas, y
ahora tenemos que vincular la calidad y la excelencia. También esos retos europeos de la estrategia europea 2020, los informes internacionales como el PISA y otros similares de la OCDE, dicen que en España en materia de resultados medios estamos
bien, pero estamos por debajo en niveles de rendimientos altos. Por eso durante el próximo curso vamos a poner en marcha un programa de profundización de conocimientos dirigido a alumnos y alumnas de primaria y secundaria con


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más capacidad y motivación. Esto, desde luego, alienta también el trabajo de todos. El sistema debe ser flexible para atender a la diversidad de nuestras aulas. Nos hemos ocupado, y lo seguimos haciendo, de los alumnos con necesidades
especiales o específicas, con más dificultades, lo tenemos que hacer para aumentar su rendimiento escolar, pero tenemos una necesidad no solo educativa, también de toda la sociedad, para hacer un modelo económico que incremente el número de
vocaciones científicas, el pensamiento crítico y creativo, el interés por la investigación y la innovación. Así que vamos a proponer a todas las comunidades autónomas, durante este mes de septiembre, las características básicas de un programa de
profundización de conocimientos para incluir, entre otras propuestas, organización de grupos de investigación de bachillerato y formación profesional, la colaboración de investigadores procedentes de universidades y centros de investigación,
estancias cortas en laboratorios y centros de investigación, una formación específica de profesorado. Serán voluntarias y se desarrollarán fuera del horario escolar. Vamos a financiar con 15 millones de euros este programa que confiamos se vean
incrementados con la cofinanciación de las comunidades autónomas que deseen participar.



Señoría, es un paso más del Gobierno en el compromiso por la mejora de la calidad y la excelencia de nuestra educación. Hemos hecho un gran esfuerzo de socialización de la educación; es el tiempo también de que esto esté vinculado a la
gran excelencia. Hoy más que nunca son necesarios para el futuro de nuestro país. Estoy convencido de que las fuerzas políticas, las comunidades autónomas y todos ustedes lo apoyarán.
Pensamos y trabajamos por todos y para todas.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GUADALUPE MARTÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN?
(Número de expediente 180/001156.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad y Política Social que formula la diputada señora Martín González.



La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, han pasado más de treinta años desde que la Constitución Española de 1978 y, posteriormente, la Ley General de Sanidad de 1986 reconocieran el derecho a la protección de la salud y responsabilizaran a los poderes públicos
del fomento de la educación sanitaria. Desde entonces son muchos los cambios normativos y organizativos que han dado lugar a un nuevo concepto de seguridad alimentaria a nivel europeo y a nivel nacional, todo ello en línea con la necesidad de
consolidar la confianza de los consumidores en la seguridad de los productos alimenticios que consumen.



En 2001 se creó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y muchos han sido sus éxitos, especialmente los obtenidos en esta última etapa presidida por don Roberto Sabrido, que ha logrado un mayor interés de los ciudadanos
sobre la necesidad de vincular nutrición y salud. La agencia ha puesto en marcha diferentes estrategias de las que me gustaría destacar sobre todo la estrategia NAOS, que lucha contra la obesidad, que ha sido premiada por la Organización Mundial de
la Salud. El Gobierno del que usted forma parte nos informaba la semana pasada de que en su último Consejo de Ministros se ha aprobado el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, compromiso incluido en la estrategia de Seguridad
Alimentaria 2008-2012. Ya en las diferentes comparecencias realizadas en la Comisión de Sanidad y Política Social usted nos había adelantado el trabajo iniciado. También el señor Sabrido en sus intervenciones nos ha ido avanzando los trámites que
se iban completando, y coincidíamos todos los grupos en la necesidad de avanzar en este proyecto de ley sin prisa pero sin pausa. Ahora el trabajo ya es nuestro.



Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista tiene interés en que usted nos diga qué objetivos persigue el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Martín.



Señora ministra.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, como señalaba en su intervención, hasta ahora nuestra legislación en materia de ordenación alimentaria estaba dispersa, era necesaria su actualización, y este proyecto de ley nos permite unificar y adaptar toda la normativa
existente hacia un concepto más integral, más moderno sobre la seguridad alimentaria. El texto consta básicamente de dos partes. Por un lado, pretendemos reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria estableciendo procedimientos
de control, sistemas de información y garantías de seguridad adicionales para los alimentos -también para los piensos- y, al mismo tiempo, creamos una red española de laboratorios de control oficial de seguridad alimentaria, que va a reforzar la
vigilancia y el control en esta materia, todo ello respetando siempre, por supuesto, las competencias autonómicas y la normativa europea que es muy exigente, es decir, primamos por encima de todo la coordinación


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y la cooperación entre las distintas administraciones. Por otra parte, como también usted ha señalado, señoría, proponemos mecanismos para fomentar hábitos de vida saludable, hábitos de alimentación saludable, y de esta manera afrontar uno
de los problemas más preocupantes que hay en materia de salud pública, que es la obesidad y especialmente la obesidad infantil y entre nuestros jóvenes. La ley incluye medidas específicas dirigidas a los menores en el ámbito escolar, por ejemplo,
la supervisión de los menús escolares por profesionales, facilitar menús adaptados para alumnos que tienen intolerancias o alergias, no permitir la venta de alimentos y bebidas que no cumplan con ciertos criterios nutricionales o limitar la
publicidad dirigida a los escolares en dichos centros. Además es importante señalar que la ley establece por primera vez la prohibición de discriminación por razón de sobrepeso u obesidad, así como el observatorio de la nutrición y estudio de la
obesidad.



Quisiera destacar que este proyecto de ley ha sido sometido a un amplio debate público durante diez meses, se ha consensuado con todos los sectores implicados, incluida la industria agroalimentaria, y fruto de ese diálogo hemos optado por un
modelo de autorregulación con el sector, que abarca desde la publicidad... (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
Lo siento, ha acabado su tiempo.



- DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA GARCÍA VALLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD: ¿QUÉ LÍNEAS DE APOYO ESTÁ OFRECIENDO EL GOBIERNO PARA FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE LAS MUJERES?
(Número de expediente 180/001158.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad, que formula la diputada señora García Valls.



La señora GARCÍA VALLS: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha sido, es y será una prioridad para el Gobierno de España. La inestabilidad, el desempleo y la temporalidad siguen afectando en mayor medida a las mujeres, y las
diferencias retributivas continúan siendo un grave indicador de la persistencia de la desigualdad por razón de sexo en las relaciones laborales; pero en un momento de dificultades económicas y aunque la tasa de empleo de las mujeres es más alta que
nunca y la destrucción de empleo ha tenido más incidencia en los hombres, no hay que bajar la guardia. El fortalecimiento de las iniciativas empresariales de las mujeres, el autoempleo femenino y la iniciativa emprendedora son hoy más necesarios
que nunca. Ya nadie duda de la importancia de la participación económica de las mujeres al máximo nivel, no solo por razones de equidad e igualdad sino también por cuestiones estratégicas.
Estamos de acuerdo en que los países que no utilizan el
talento de la mitad de la población realizan una asignación de recursos poco eficiente, crecen menos y ponen en riesgo su competitividad. Las medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de las mujeres han constituido un eje importante en
los últimos años del trabajo del Ministerio de Igualdad. El objetivo del ministerio es contribuir a esa incorporación de las mujeres al mundo empresarial, un acceso que siempre se ha visto limitado por una serie de condicionamientos sociales
caducos e ineficientes, que impiden el aprovechamiento de la inteligencia y del espíritu emprendedor de las mujeres, que hoy representan más del 60 por ciento de las personas que obtienen una titulación superior en nuestro país; supone un reto
importantísimo, pero no por ello hay que dejar de reconocer el gran esfuerzo que el Gobierno de España a través del Ministerio de Igualdad viene realizando en este ámbito.



Por todo ello le pregunto, señora ministra: ¿qué líneas de apoyo está ofreciendo el Gobierno para favorecer la creación de empresas por parte de las mujeres?


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora García.



Señora ministra.



La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Gracias, señora presidenta.



Señoría, ya nadie duda porque las mujeres están demostrando tener un gran potencial emprendedor en nuestro país, como lo demuestra el hecho del incremento continuado en los últimos años del número de empresas creadas por mujeres o el hecho
de que ocupemos el quinto puesto en un ranquin de catorce Estados de la Unión Europea en cuanto a igualdad entre las tasas de actividad emprendedora de hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres encuentran más obstáculos, más dificultades a la
hora de acceder, por ejemplo, a líneas de financiación, encuentran también escollos para acceder a redes de negocio, y que su presencia sigue siendo escasa sobre todo en determinados sectores. Para ayudar a superar estas dificultades el Gobierno
está desarrollando distintos programas de apoyo, me gustaría destacar especialmente el programa de Apoyo Empresarial a Mujeres que desarrollamos de manera conjunta con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Este programa ha permitido que se
creen 4.020 empresas por mujeres entre los años 2008 y 2009, en el año 2010 hemos renovado la colaboración y hemos añadido nuevos objetivos como el apoyo a la consolidación y mejora de proyectos empresariales en sectores calificados como emergentes
en nuestra economía. Por otra parte, cabe destacar el programa de financiación puesto en marcha


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junto al Ministerio de Industria y junto a la Confederación Española de Cajas de Ahorro. El objetivo de este programa es apoyar la financiación a través de microcréditos en condiciones ventajosas, desde luego sin necesidad de avales, y
proporcionándoles el asesoramiento necesario los dos años posteriores a la concesión del microcrédito. En esta misma línea firmamos la semana pasada un convenio con MicroBank, que en esta edición va a poner a disposición de las mujeres hasta 10
millones de euros para financiar sus proyectos empresariales.



En definitiva, señorías, en momentos como estos tiene que haber la mayor movilización de talentos, no podemos prescindir en ningún caso del de las mujeres y por ello, para el Ministerio de Igualdad, es un objetivo prioritario el fomento del
autoempleo femenino.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.



- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿CUÁL VA A SER EL CRITERIO QUE ADOPTE EL GOBIERNO EN LA REPROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2009-2012 PARA DESARROLLAR LA POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA EN ESPAÑA, DESPUÉS DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA CELEBRADA EN JULIO? (Número de expediente 180/001157.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Finalmente, pregunta dirigida a la señora ministra de Vivienda, que formula la diputada señora Fuentes Pacheco.



La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, como bien sabe -nadie mejor que usted que ha sido la encargada de ponerlo en marcha-, el fomento del alquiler y la rehabilitación de vivienda han sido para el Grupo Socialista motores esenciales a la hora de diseñar la
política de vivienda y no lo hacemos desde ahora, es algo que se planifica y se diseña ya en la campaña electoral previa al año 2004 y que fue parte de nuestro programa electoral. Hemos luchado -usted lo está haciendo en el día a día- para acabar
con la especulación, para acabar con la burbuja inmobiliaria que creó el Partido Popular y, al mismo tiempo, para poner las bases sólidas para que no se vuelvan a producir futuras burbujas inmobiliarias. Frente a esto, hemos visto al Partido
Popular que permanentemente está poniendo chinitas en el camino, que está impidiendo que se lleven a cabo en sus comunidades las políticas de vivienda, retrasándolas, no dando el dinero que se ha dado a las distintas comunidades para rehabilitación
de vivienda. No obstante, y frente a estos agravios que fundamentalmente afectan a los ciudadanos, se ha creado la Sociedad Pública de Alquiler, primer motor para conseguir mayores alquileres en nuestro país; se ha puesto en marcha la renta básica
de emancipación; se han dado ayudas directas al alquiler; se ha ayudado de forma permanente a la rehabilitación de vivienda; se ha puesto en marcha el Plan Renove de vivienda, y se han hecho cada año planes específicos estatales para orientar las
políticas de vivienda hacia la rehabilitación, hacia el alquiler. Sin embargo, hay una situación en todo el país y en todo el mundo que hace necesario reajustar los objetivos, como usted ha hecho y se viene haciendo habitualmente. Se está contando
con las comunidades autónomas para restablecer cuáles son los objetivos, como también se hizo a la hora de poner en marcha el Plan 2012. Por ello le remito la pregunta que le ha sido formulada. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fuentes.



Señora ministra.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, presidenta.



Señoría, el Gobierno tiene como objetivo lograr la consolidación fiscal a 2013 y, por tanto, contribuir a la reducción del déficit público. Sin embargo, a pesar de nuestro compromiso no queremos perder de vista las líneas prioritarias de la
política social y de la política de vivienda desde 2004, como ha sido el compromiso del Gobierno y del ministerio que dirijo. Dentro de las líneas que vamos a mantener como prioritarias están el alquiler y la rehabilitación, no solo porque han sido
las más demandadas por las comunidades autónomas, los ciudadanos y los promotores, sino también porque han sido las mejor ejecutadas en el primer año del plan estatal. Como también comentaba, celebramos una conferencia sectorial el 27 de julio y,
previamente, una reunión con los directores generales, a los cuales el Gobierno de forma leal y transparente les hizo llegar la propuesta que íbamos a plantear para reprogramar los objetivos del plan y llegar a este objetivo de consolidación fiscal
a 2013.



Hemos incorporado a lo largo de todo el mes de agosto sugerencias y aportaciones de las comunidades autónomas al proyecto de real decreto, que está ya en trámite de audiencia desde el pasado día 2 hasta el próximo día 24, aunque es verdad
que hemos marcado dos líneas rojas, dos a priori fundamentales. En primer lugar, es irrenunciable el objetivo de consolidación fiscal a 2013 y, en segundo lugar, es irrenunciable el mantenimiento de las prioridades económicas, sociales y políticas
del ministerio, que son el alquiler y la rehabilitación. No hemos ocultado nunca nuestro criterio político ni tampoco hemos cambiado de opinión.
Nuestra prioridad desde el principio de la legislatura fue reequilibrar


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el mercado inmobiliario a través de la apuesta por el alquiler y por la rehabilitación. Algunas de las medidas que hemos anunciado han suscitado controversia. Hemos anunciado la eliminación de la ayuda estatal directa a la entrada a partir
de 2011, si bien es cierto que se mantienen importantes ayudas y apoyos a la adquisición de la vivienda protegida en propiedad: los adquirentes de vivienda protegida en propiedad siguen teniendo un precio tasado adaptado a los niveles de renta de
las familias; siguen pudiendo acceder a préstamos convenidos en mejores condiciones y tipos de interés que los del mercado; siguen teniendo subsidio para pagar su hipoteca durante los primeros diez años; y desde luego la propuesta que hemos hecho
de que pueda subir el porcentaje de préstamo hipotecario que cubre el precio de la vivienda al 90 por ciento, también va a ayudarles considerablemente a no tener que tener ahorrado ese 20 por ciento previo del valor de la vivienda.



Señorías, estamos comprometidos con el reequilibrio del mercado inmobiliario, con su redimensión, con su modernización, pero tenemos muy claro que no vamos a renunciar a la política social y a seguir apoyando a las familias que tienen más
dificultades para acceder a la vivienda. Esta es nuestra principal preocupación y le aseguro que lo va seguir siendo.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.



INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. BARKOS), SOBRE PREVISIONES DEL GOBIERNO SOBRE LA REDUCCIÓN DE DÉFICIT QUE SE DERIVARÁ DE LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CRÉDITOS A LOS AYUNTAMIENTOS, ASÍ COMO PARA CONOCER LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN
TORNO A LAS CONSECUENCIAS QUE LA MEDIDA SUPONDRÁ PARA LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN 2011. (Número de expediente 172/000191.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos a continuación al punto VI del orden del día, interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto sobre previsiones del Gobierno sobre la reducción
de déficit que se derivará de la prohibición de contratar créditos a los ayuntamientos, así como para conocer las previsiones del Gobierno en torno a las consecuencias que la medida supondrá para la gestión de los municipios en 2011.



Para formular la interpelación tiene la palabra la señora Barkos Berruezo.



La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.



Señorías, señora vicepresidenta, el pasado mes de mayo el Pleno de esta Cámara convalidó el Real Decreto 8/2010 por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Es precisamente ese real decreto el
origen y el eje sustancial de esta interpelación al Gobierno, y lo está siendo de hecho en la sesión de control con la que arrancamos este curso político. Quiero recordar que en aquella sesión el Gobierno central no consiguió el apoyo de más grupos
de la Cámara que el propio, el del Grupo Parlamentario Socialista, y contó por necesidad con la abstención de trece parlamentarios; por consiguiente, se aprobó por la mínima, minimísima y, como digo, hoy en el arranque del curso político que debe
empezar a diseñar los presupuestos de 2010 empieza ya cuestionándose.



Se han producido cambios desde la aprobación del real decreto aquel día, datos que a nuestro entender obligan a revisar aquel acuerdo. Entre otros datos está el hecho de que -conviene recordarlo- cuando no había pasado ni tan siquiera un
mes desde la aprobación de aquel real decreto los grupos de esta Cámara -entre ellos, aquellos que posibilitaron su aprobación- pedían una revisión en torno a medidas contenidas en el real decreto, entre otras, la congelación -insisto en que en la
práctica es una rebaja, pero asumiré los términos del Gobierno- de las pensiones. Con esto quiero dibujar, señorías, señora vicepresidenta, el escenario de falta de estabilidad y escaso de solidez, a nuestro entender, en el que se están moviendo
algunas de las iniciativas que aquel día se dibujaron, como las herramientas con las que el Gobierno pretendía contener el déficit público; todo esto cuando ahora encaramos en ese mismo escenario de juego, como señalaba anteriormente, el diseño de
los presupuestos, de las cuentas para el año 2011. A todo ello se suma el requerimiento acordado ayer por el Ecofin en torno al déficit. Se vigilarán las cuentas de los Estados para detectar inconsistencias que puedan afectar al déficit. La
medida entrará en vigor en la primavera de 2011, pero resulta interesante y además oportuno por lo cercano en el tiempo, traer a colación a la Cámara la exigencia del Ecofin a los miembros, y la importancia que subraya e insiste en dar a la
necesidad de solidez y de estabilidad de las cuentas y de todas aquellas herramientas encaminadas a contener el déficit público; en definitiva, control del déficit, que ha de ser abordado de manera sólida y estable. Sin embargo, como apuntaba ya
en el arranque de mi exposición, la falta de estabilidad y de solidez con la que se ha aprobado ese real decreto del Gobierno es evidente. Es una norma que, como señalaba, ya ha sido respondida por esta Cámara en lo que a pensiones respecta, por la
misma Cámara que la aprobó. Es una falta de estabilidad que también afecta a otros aspectos del real decreto. Como detallaré un poco más adelante, nos encontramos ahora -es otro de los cambios fundamentales a los que yo aludía- con que el punto
relativo a la prohibición de contratar deuda a las entidades locales durante el año 2011 no va a ser aplicado en todo el territorio.



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No obstante, antes de centrarnos en este aspecto vamos a analizar cuál es en estos momentos el estado de las cuentas de los entes locales. Un dato muy breve que hacía público a finales del mes de agosto la Federación Española de Municipios
y Provincias, es que más de un 30 por ciento de los ayuntamientos -más de 2.400- dejarán de pagar las nóminas antes de fin de año. Son datos que aporta la Federación Española de Municipios y Provincias. Supongo que podemos apelar al tamaño de
muchas de estas entidades, pero no es menos cierto que a las entidades más grandes -ocurre un cierto paralelismo con el mundo empresarial- se las sostiene.
Podríamos insistir en otros muchos datos sobre cuál es la situación financiera de los
ayuntamientos y de las entidades locales y más en un momento como este. En este escenario podemos analizar ahora lo que nos propone el real decreto para la contención del déficit público en lo que respecta a las entidades locales. Muy
concretamente el artículo 14, que en su apartado 2 dice -más allá de lo que dice y luego quedó regulado- que hasta el 31 de diciembre de 2011 las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector administraciones públicas, no
podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo en cualquiera de sus modalidades para la financiación de sus inversiones ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual
resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera en el plazo de amortización o ambos.



En definitiva, que todos los ayuntamientos, sin mirar sus necesidades, sin mirar sus gastos, sin mirar sus posibilidades de ingreso y sin mirar, en ningún caso a su capacidad de deuda -insisto-, todos los ayuntamientos tienen prohibido por
este real decreto contratar créditos de inversión a largo plazo durante todo el año 2011. Ya en aquel Pleno y en nombre de Nafarroa Bai expuse, señora vicepresidenta, el particular desagrado que nos planteaba esta medida, desagrado por injusta y
desagrado por ineficaz. ¿Injusta por qué? Porque en definitiva, ¿qué mensaje estamos enviando a las entidades locales en particular, pero a la sociedad en general?, ¿que aquellos ayuntamientos que han sabido gestionar con eficacia los años de
bonanza económica y han reservado una cierta capacidad de endeudamiento cuando llegue la crisis no van a poder hacerlo?, ¿de verdad podemos obligar a aquellas entidades locales que cumplirían objetivos de déficit de la zona euro recurriendo al
crédito para la inversión no puedan hacerlo porque sus vecinos no hicieron bien las tareas?, ¿qué estamos diciendo, que vale lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal? Esto es lo que le estamos diciendo a la sociedad.
Pero no solo no nos
gusta por injusta y porque el mensaje que estamos transmitiendo nos parece altamente peligroso, también nos desagrada la medida por ineficaz. Lo es con aquellas entidades locales que habiendo sabido y podido presentarse en esta crisis con cuentas
capaces y saneadas, podrían perfectamente apoyarse en inversiones a largo plazo para ser motores -pequeños motores en muchos casos, pero motores- para empezar a sacar del lodazal el tren de la economía.



Creo sinceramente, señora vicepresidenta, que respecto a esta medida al Gobierno en general le pudo la precipitación por ponerse a apuntar con el dedo el déficit a algunos ayuntamientos muy concretos que responden a unas siglas tan concretas
como su ya por todos conocida deficitaria situación financiera. No es el único de los elementos que delata la premura, diría que hasta la precipitación de la medida. Basta recordar el capítulo de la corrección del Boletín Oficial del Estado por el
que de un plumazo, en el apartado de la fe de errores, se decidió levantar la prohibición de crédito para los ayuntamientos desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del presente año. No parece que una equivocación -en el mejor de los casos
una equivocación- vaya a decidir cómo van a terminar las entidades locales el presente año, con presupuestos aprobados y ejecutados en buena parte, con inversiones en curso, con el sambenito del retraso en el pago de las facturas colgando de quienes
son acreedores de ello, y de quienes no también. Todo esto, publicación de la medida en el BOE y modificación sustancial e inmediata en poco menos de cinco días, sin que en el borrador del real decreto que nos presentaron, aquel que centraba la
contención del déficit en pensiones, en rebaja del sueldo de funcionarios o en reducción de la ayuda oficial al desarrollo, se hiciera mención alguna a los ayuntamientos y a las entidades locales.



Este es el antecedente real de la medida en el decreto del recorte, ¿pero cuál ha sido la actitud del Gobierno central en lo que respecta a las entidades locales a lo largo de la crisis? Hasta aquí, hasta este real decreto y hasta el mes de
mayo exactamente todo lo contrario a lo que ahora nos están proponiendo o están exigiendo a los ayuntamientos. La primera medida para hacer frente a la crisis y frenar el crecimiento de la tasa de desempleo, creo recordar que fue el apartado para
entidades locales del PlanE, en concreto una partida nada desdeñable de 8.000 millones de euros a gastar a lo largo de 2009 por los ayuntamientos y entidades locales. Un año después, este 2010, el mismo Gobierno nos propone un nuevo PlanE con un
montante menor, pero no por ello menos significativo en el terreno de las grandes cifras; hablamos de 5.000 millones de euros. Por cierto, quiero recordar que algunas de estas inversiones han llevado aparejadas obligaciones de diferente cuantía en
gran número de entidades locales, algunas de ellas obligaciones de aumento del gasto corriente que queda imputado a sus ayuntamientos, y en otros casos obligaciones de nuevas inversiones derivadas de los proyectos apuntalados con cargo al PlanE.
Nadie hasta ahora -insisto- les había dicho a los ayuntamiento que no, que a partir de ahora las cosas iban a cambiar. Todo lo contrario, los comentarios en boca, por ejemplo, del vicepresidente tercero del Gobierno respeto a la posibilidad de
renovar en PlanE en 2011 llegaron claros y concisos. El mes de mayo de 2010, pocos días antes de la aprobación de este


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real decreto, el vicepresidente Chaves decía literalmente que no descartaba ni mucho menos un nuevo PlanE para 2011. Fue en concreto en una comparecencia ante la Comisión de Política Territorial del Senado donde el vicepresidente tercero se
preguntaba además cómo hubiera sido -son palabras literales- el desempleo sin el Fondo estatal de inversión local de 13.000 millones de euros. Esa era su reflexión el 15 de mayo, pero pocos días después en este viacrucis para los ayuntamientos la
siguiente estación fue la que protagonizó el secretario de Estado de Cooperación Territorial, el señor Zarrías, que sin contradecir en ningún momento -literalmente- a su superior en la Vicepresidencia anunció que una nueva edición del PlanE, en la
misma cuantía que en la de años anteriores no iba a ser posible. Y tanto. Ni en esa cuantía ni en ninguna otra. Eso es lo que quedó claro con el decreto que hoy nos ocupa porque, supongo yo -y esta sí es una cuestión que nos puede aclarar hoy la
vicepresidenta en tribuna-, con el sentido común en el escenario de las previsiones, que el mismo Gobierno que prohíbe a los ayuntamientos la contratación de créditos no nos presentara a la vuelta del verano un nuevo fondo estatal de destino local.
Supongo, digo, que no se producirá la paradoja de que el mismo Gobierno que impide a las entidades locales pedir créditos para inversiones detrae mientras de los presupuestos una cantidad, la que sea, para que los ayuntamientos las destinen a un
tipo determinado de inversión y en la cuantía predeterminada por su población.
Todo ello determinado además por quien le niega la posibilidad de cerrar un crédito a aquella entidad que puede hacerlo. No estoy diciendo que se produzca de manera
indiscriminada. Supongo, digo, que en aras al sentido común no nos encontraremos en una tesitura como esta. Lo digo porque hemos vivido algunos ejes o algunos escenarios de no tanto sentido común desde la aprobación de aquel real decreto. Le voy
a poner un ejemplo -lo decía al inicio de mi exposición-, la vigencia del real decreto en lo que al endeudamiento o no endeudamiento de los ayuntamientos se refiere no se va a aplicar en todo el territorio del Estado. Lo sabe bien la
vicepresidenta. Leo una noticia de agencia del 10 de junio de 2010 -no había pasado prácticamente un mes-, cuando el Parlamento de Navarra aprobaba la Ley foral de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que contempla la
posibilidad de que las entidades locales puedan endeudarse para financiar obras de infraestructura. En esta ley foral aprobada en el Parlamento de Navarra el 10 de junio se especifica en concreto que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
planes de infraestructuras 2009-2012 y, en consecuencia, con las competencias de Navarra en esta materia, se autorizará la suscripción de créditos por parte de las entidades locales para la financiación de las obras acogidas a estos planes. La
decisión de no cumplir el real decreto en territorio foral se aprobó con los votos de UPN y con los del Partido Socialista de Navarra, señora vicepresidenta.



Termino, señora vicepresidenta. Con mimbres de solidez, de estabilidad y de coherencia como estos me gustaría saber cuál cree...



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Barkos, ha acabado su tiempo.



La señora BARKOS BERRUEZO: Termino ya. Me gustaría saber cuál cree que será el efecto del Real Decreto-ley 8/2010 sobre contención del déficit, en especial en lo que respecta a la medida sobre la imposibilidad de los ayuntamientos -no de
los navarros, del resto de ayuntamientos del Estado- de no endeudarse.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Barkos.



Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, ha comenzado su intervención señalando las dificultades del Gobierno para la convalidación del Real Decreto-ley en el que se incluían las medidas de austeridad, medidas -y espero que coincida conmigo, ya con algunos meses de
perspectiva- que eran absolutamente necesarias.
Sinceramente creo que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer. Unos grupos parlamentarios, con esos trece votos a los que usted ha hecho referencia, permitieron que ese decreto pudiera seguir
adelante y ser convalidado. En todo caso, es a la responsabilidad de quien votó en contra a la que yo creo que en este momento habría que hacer un nuevo llamamiento. Porque quisiera decir aquí que si ese decreto-ley no se hubiera aprobado, en este
momento estaríamos en una situación económica extraordinariamente más difícil.



Su señoría me pregunta primero algo a lo que voy a contestar directamente: las previsiones del Gobierno sobre la reducción del déficit que se derivará de la prohibición de contratar créditos a los ayuntamientos. Es muy sencillo. Si
seguimos incrementando nuestra deuda, si no hubiéramos aprobado esas medidas de austeridad, el coste de nuestra deuda se hubiera incrementado: la nuestra, la de las comunidades autónomas y la de los ayuntamientos. La de corto y la de largo plazo.
Y eso hubiera supuesto o un incremento del déficit o la necesidad de derivar fondos de otras utilizaciones, de otros capítulos para pagar esos intereses adicionales de la deuda. Así que, señoría, esa prohibición de endeudamiento tiene efecto sobre
el déficit. Pero, además, como S.S. sabe perfectamente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no solo incluye la variable de déficit, por mucho que sea la variable a la que todos hayamos prestado más atención; incluye también la variable de deuda
y se establece un límite del 60 por ciento de la deuda del


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conjunto de las administraciones públicas en relación con el PIB. Además, como S.S. conoce bien, en las conversaciones y discusiones, en las negociaciones de estas últimas semanas, en esa coordinación de la política económica y en ese
refuerzo del Pacto de Estabilidad esta variable de deuda está cobrando cada vez más importancia, y comienza ya a hablarse de sanciones para quien no cumpla ese objetivo de deuda. Unas sanciones, además, que en opinión de alguno de los países de la
Unión Europea -no es la opinión del Gobierno de España- podrían llegar incluso a la retirada de los fondos estructurales de los que todavía se beneficia nuestra economía.



Señoría, estamos hablando de la necesidad de la contención de la deuda pública del conjunto de las administraciones de nuestro país. Es verdad que en el año 2010 seguimos estando por debajo de la deuda de los países europeos, por debajo de
la deuda de la zona euro, por debajo de la deuda del conjunto de la Unión; pero no es menos cierto que las dificultades de financiación de esta deuda han sido muy agudas en el mes de mayo y dejaron de serlo, precisamente, con la convalidación de
este decreto-ley y están siempre ahí. Por tanto, en las actuaciones pero también en los mensajes hay que ser extraordinariamente cuidadoso. En consecuencia, señoría, creo que el Gobierno hizo lo correcto. Los grupos que permitieron que ese
decreto-ley saliera adelante hicieron lo correcto, pensaron en términos de país. Habría que recabar una vez más la responsabilidad de quien no colaboró en aquel momento pero tiene la oportunidad de colaborar en el futuro.



Como sabe, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 ya sentaron las bases del proceso de consolidación fiscal; la declaración de no disponibilidad de crédito por un importe de 5.000 millones de euros; la aprobación del Plan
de acción inmediata, del Plan de austeridad; acuerdos de comunidades autónomas y entidades locales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, unos acuerdos que tienen que tener su reflejo en los presupuestos del año 2011 y en los
presupuestos de los años siguientes para el conjunto de las administraciones. Insisto, las tensiones no han desaparecido. En esta última semana hemos visto que las tensiones vuelven a resurgir. En este momento, y gracias a la aprobación de este
decreto-ley y a las actuaciones que se han derivado de él, España ya no está -en palabras del comisario Almunia- en el centro de la crisis. En todo caso, es una crisis que nos afecta y deberíamos de evitar que nos afecte más en el futuro.



Efectivamente, el decreto-ley adoptaba medidas destinadas a dar señales claras de que la deuda de las entidades locales se va a contener, e incluso va a disminuir, en el próximo año 2011. Eso es así porque si bien a veces se esgrime que la
deuda del conjunto de las entidades locales es una deuda en valor absoluto y relativo con relación al PIB limitada y mucho menor que la de la Administración General del Estado, no es menos cierto que ha aumentado más de un 18 por ciento en los dos
últimos años.
Y es ese componente dinámico en el caso de las administraciones locales y es también esa multiplicidad de agentes que deciden sobre este endeudamiento lo que suscita preocupación.



En todo caso, señoría, sí quisiera decirle que el endeudamiento a largo plazo debe utilizarse para inversiones y el Gobierno ha puesto a disposición de los ayuntamientos 13.000 millones de euros para inversiones en los dos últimos años. Por
cierto, de esos 5.000 millones del Fondo local para el año 2010 -como sabe muy bien- pueden utilizarse hasta 1.000 millones para la financiación de gastos corrientes; en todo caso, inversiones importantes. Su señoría ha mencionado que algunas de
estas inversiones originan un gasto corriente asociado. Estoy absolutamente segura de que el ministro de Política Territorial y vicepresidente del Gobierno ha hecho a las entidades locales exactamente la misma recomendación que yo hice cuando era
ministra de Administraciones Públicas: que sepan los ayuntamientos, que son los que deciden qué inversiones hacer, qué proyectos proponer, que tienen que tener prevista esa posibilidad de hacer frente al gasto corriente. Una posibilidad que, como
sabe muy bien, no está inscrita en los términos del endeudamiento, puesto que el endeudamiento a largo plazo no puede ser utilizado para esa financiación de gasto corriente. En todo caso, señoría, sí me parece importante señalar que una parte de
esas inversiones -por otra parte está permitido por la ley- están retrasadas en su ejecución y que previsiblemente el calendario de ejecución de esas inversiones se va a dilatar hasta bien entrado el año 2011. Así que en el año 2011, al menos en
los primeros meses de 2011 y, desde luego, en todo el año 2010 va a seguir habiendo actividad inversora en los ayuntamientos, con lo que eso significa de recuperación de la actividad, con lo que eso significa de dotación de equipamientos públicos.



Además, quisiera señalarle que la Federación Española de Municipios y Provincias ya conoce cuáles van a ser los ingresos procedentes del Estado en el próximo año 2011 y que esos ingresos van a crecer con referencia a la cifra del año 2010 en
un 9 por ciento. A diferencia de las comunidades autónomas, donde entre los ingresos que proceden del Estado hay una gran variabilidad, la variabilidad en el caso de las entidades locales es relativamente pequeña, hay un punto de variabilidad y una
media del 9 por ciento. Así es que las entidades locales van a tener en su conjunto 1.200 millones de euros más, que podrán dedicar a cualquiera de las finalidades que estén incluidas en el presupuesto. Quiero señalarle que un 9 por ciento de
incremento -se cumple la ley, por supuesto, y se deriva del cumplimiento de la ley- es una circunstancia absolutamente excepcional en el conjunto de las administraciones públicas. Los Presupuestos Generales del Estado van a presentar una
disminución del 7,7, los ministerios de más del 15 por ciento, las comunidades autónomas en media de algo más del 3 por ciento en lo que se refiere a los ingresos que proceden


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del Estado, y son las entidades locales las que van a ver un crecimiento de más del 9 por ciento.



Por tanto, señoría, el mensaje fue claro y el mensaje fue útil. En el año 2011 no debe incrementarse sino irse reduciendo el endeudamiento de los ayuntamientos. Pero tiene usted razón, fueron decisiones que tuvimos que tomar en un plazo
muy corto de tiempo; decisiones que era necesario que los mercados entendieran con toda nitidez; decisiones que no se podían dejar a la situación específica, particular, de cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país. Para
el año próximo, para los Presupuestos Generales del Estado del año 2011, entendemos que podemos hacer alguna limitación, que podemos hacer, desde luego, alguna diferencia entre el nivel de endeudamiento que tienen los ayuntamientos.
Y a eso me
comprometo. En los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo vamos a incluir una modificación de esa disposición del decreto-ley permitiendo que aquellos ayuntamientos que o bien porque están ahora endeudados en menor cuantía o bien...



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora vicepresidenta, por favor, ha acabado su tiempo.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): ... porque el año que viene les corresponde una amortización puedan endeudarse hasta el nivel que se fije en los presupuestos.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta.



Señora Barkos, es su turno de réplica.



La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.



Esta réplica viene a recoger el guante, y además con satisfacción, del anuncio y ofrecimiento que de alguna manera hace el Gobierno a lo que entendíamos que fue -usted misma lo ha reconocido ahora- una medida redactada al fragor de la
premura de los plazos de tiempo, lo que llevó a una redacción, a nuestro entender, equivocada con respecto a lo que era hacer tabla rasa de todos los ayuntamientos. Insisto, fue el discurso que mantuvo en aquel Pleno esta portavoz en representación
de Nafarroa Bai y por tanto saludamos con satisfacción que en presupuestos se vaya a ver reconducida la medida. Recojo el guante de que se verá en forma de moción -tengámoslo por escrito también-, que seguro que cuenta con el beneplácito del grueso
de esta Cámara y además creo que el sentido común así lo impone.



Poco más puedo decir, si acaso, señora vicepresidenta, que ha centrado el eje de su intervención en esta interpelación en el qué, en la necesidad de contención del déficit, y yo creo que es unánime el posicionamiento de la Cámara en torno a
la necesidad. El qué no nos diferencia, el qué no nos separa; nos separa el cómo, y en el cómo que ustedes nos propusieron el no de muchos de los diputados de esta Cámara a aquel real decreto era -hágame caso, señora vicepresidenta- un ejercicio
de tanta responsabilidad como el de la posición contraria. Por cierto, el posicionamiento de algunos de los grupos que mantuvieron la abstención -y que ha ayudado a su Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista a sacar adelante este Real Decreto
8/2010- se ha visto en mociones posteriores en torno a las pensiones o en la misma sesión de control al Gobierno con la que ha arrancado este periodo de sesiones. Quiero recordar que ha sido de un grupo cuya responsabilidad han venido ustedes
reconociendo -y creo que lo hacemos todos en esta Cámara- la primera pregunta formulada al presidente del Gobierno sobre la posibilidad -y entiendo que también de sentido común- de exigir una reforma de aquel real decreto en torno a la cuestión de
las pensiones. Hoy nos lo ofrece el Gobierno con respecto a la posibilidad de endeudamiento de los ayuntamientos en aquellos casos en los que sea posible, y hay situaciones similares en años anteriores, en los años 2008 y 2009. Ustedes han
establecido los criterios; el Gobierno ha establecido el criterio de que las entidades locales podían llegar a límites de endeudamiento perfectamente compatibles con nuestra necesidad, con nuestros objetivos y con las exigencias y obligaciones.
Insisto, señora vicepresidenta, no es una cuestión de responsabilidad, en el qué estamos todos absolutamente de acuerdo; es una cuestión de política, es en el cómo, con el mismo ejercicio de responsabilidad, donde algunos seguiremos diciendo que el
eje de las herramientas que nos propusieron en aquel real decreto no son el cómo, no son la manera.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Barkos.



Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, no quisiera anticipar lo que sin duda va a ser parte de la discusión presupuestaria donde hacer esa reducción del gasto a la que seguimos estando obligados para el año 2011, y me consta que S.S. tiene toda la responsabilidad,
conoce todos los datos y no seguirá los cantos de algún otro partido que nos dice que recortemos 10.000 millones de euros en gastos corrientes cuando es una partida que solo tiene 3.500. En todo caso, señoría, que sepa que las cuentas del
presupuesto y los importes de cada uno de los capítulos son los que son y, por tanto, cuando hay que reducir el déficit en una cuantía tan importante es necesario abordar cuestiones que, desde luego, para el Gobierno también han supuesto


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un gran esfuerzo porque nunca hubiéramos deseado tener que realizar este recorte. Su señoría siempre me ha dicho que debemos aprovechar todas las ocasiones para decir que las pensiones no se congelan puesto que previsiblemente en el año
2011 serán todas ellas superiores a las cuantías de 2010. Hoy me atrevo a decir que cumpliendo ese decreto-ley todas las pensiones serán superiores en el año 2011 de lo que han sido en el año 2010. Por tanto, seguramente la palabra congelación no
fue la más adecuada.



En este momento están el secretario de Estado de Hacienda y el secretario de Estado de Cooperación Territorial reunidos con la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias para tratar formalmente el planteamiento
que he hecho aquí, que si los ayuntamientos no superan un determinado nivel de endeudamiento podrán endeudarse hasta ese nivel en el año 2011. No quiero dejar de decirle, frente a su comportamiento tan adecuado en el día de hoy, que ese importe no
podrá ser el mismo que el límite que estaba puesto, porque tenemos que seguir dando señales claras de que ese endeudamiento se va a reducir. Hay una gran variabilidad entre los porcentajes de endeudamiento de nuestros ayuntamientos, hay quien tiene
un 7 por ciento y hasta quien supera con mucho el cien por cien. Creo poder decir que el porcentaje en el que estamos pensando en este momento oscila alrededor del 75 por ciento. Eso permite que una gran mayoría de los ayuntamientos, más de las
tres cuartas partes, tenga capacidad de endeudarse para realizar inversiones en el año próximo.



Por mi parte, señoría, nada más, simplemente decirle que nuestra intención es que esta disposición sea modificada en el proyecto de ley de presupuestos del año próximo ya desde su presentación en el Congreso de los Diputados.



Muchas gracias, señoría, muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora presidenta.



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE FINANCIACIÓN LOCAL Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE LOS ENTES LOCALES PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES CIUDADANAS. (Número de
expediente 172/000195.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Gobierno en materia de financiación local y su incidencia en la capacidad de los entes
locales para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Jané i Guasch.



El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.



Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, sabe usted bien que nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha dado muestras en esta Cámara de compartir la necesidad de contener la deuda pública; hemos dado muestras y votos de
responsabilidad al respeto. Pero contener la deuda pública no debe ser incompatible con lo que hoy nos trae aquí, al Pleno del Congreso, evitar el colapso financiero de las corporaciones locales.
La situación es grave, la situación para muchas
corporaciones locales, señora vicepresidenta, es insostenible y debemos rectificar, corregir el rumbo, haciendo esa rectificación y esa corrección compatible con ese objetivo general de contención de la deuda pública que, repito una vez más,
nosotros compartimos.



Se ha dado, señora vicepresidenta, una conjunción de efectos negativos sobre las finanzas locales. Esa conjunción viene de circunstancias unidas que llevan -antes lo ha dicho también la señora Barkos- a que quizás algunas corporaciones
locales van a tener que dejar de pagar sus nóminas a lo largo de este o del futuro ejercicio por una falta de liquidez absoluta. ¿De dónde viene esa falta de liquidez? ¿Dónde está el diagnóstico del problema que se da día a día en nuestras
corporaciones locales? Hay una serie de datos objetivos. En primer lugar, el sistema ligado a la PIE, ligado a los ingresos del Estado, en la medida que los ingresos del Estado han disminuido, esa financiación ha disminuido también. Por tanto,
esas corporaciones locales se encuentran en su día a día con que lo que reciben mensualmente del Gobierno como entregas a cuenta de la PIE en este año 2010 es sensiblemente inferior al de años anteriores. Se encuentran, por tanto, con que esa
entrada es sensiblemente inferior. Le puedo dar los datos y le voy a dar un ejemplo, el del municipio de El Vendrell. Conozco muy bien a su concejal de Hacienda, don Joan María Diu, que nos ha aportado un ejemplo claro y me dice que traslada la
gravedad de la situación que tenemos en el día a día los ayuntamientos. Ellos reciben en una aportación mensual del Estado 57.746 euros menos en relación con el año anterior. A eso debemos unir otro dato: la liquidación de ejercicios anteriores.
Normalmente la liquidación era positiva. Habíamos vivido épocas de expansión económica con una situación de liquidación final positiva, que suponía un ingreso más que las corporaciones locales recibían. En el caso de ese ayuntamiento, en el año
2009, y con respecto a las liquidaciones de años anteriores, del año 2007, había recibido casi un millón de euros. Este año deben afrontar el dato conocido al liquidar el ejercicio 2008 de que es una liquidación negativa. No van a dejar de recibir
únicamente ese millón de euros de superávit que se arrastraba y que era un ingreso, sino que en este caso, por ejemplo, van a tener que devolver 678.000 euros. ¿Y cómo se devuelve? Se devuelve a partir del


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año 2011 en cinco anualidades. ¿Qué le pedimos desde Convergència i Unió? Le pedimos un gesto, señora vicepresidenta. Le pedimos que ante ese dato negativo de las liquidaciones del año 2008, ante esa circunstancia de 1.400 millones de
euros que en su totalidad deben devolver las corporaciones locales, que se dé un plazo distinto para esa devolución, que se les permita una mejor adaptación y que en el año 2011 no deban devolverlo y se empiece a devolver a partir de ese año. Que
se conceda un plazo distinto para efectuar esa devolución y evitar una situación de colapso que nadie desea en el año 2011, cuando vean de qué manera deben hacerlo. Es cierto que la PIE va a aumentar, como ha anunciado ya el propio Gobierno, pero
ese aumento no compensa los descensos de ingresos que vienen padeciendo nuestras corporaciones locales, que arrastran esa menor cantidad de ejercicios anteriores y además arrastran, como no podía ser de otra manera, la propia crisis inmobiliaria.
La crisis inmobiliaria ha tenido una repercusión muy directa sobre la financiación local porque los impuestos que gravan los permisos de obras, las altas de nuevos IBI, las plusvalías son ingresos que dejan de producirse porque se ha frenado esa
actividad inmobiliaria. Por tanto, los ayuntamientos deben cuadrar sus cuentas y esas cuentas, señora vicepresidenta, no cuadran por esa menor entrada de flujo de ingresos, habiendo aumentado, en cambio, las necesidades financieras. La crisis
económica también impulsa a muchas corporaciones locales a tener que atender nuevas demandas, nuevos servicios. Por tanto, todo ello conjuntamente hace que la situación sea difícil. Desde Convergència i Unió le pedimos gestos. Hay menos dinero en
las aportaciones a cuenta mensuales, necesidad de devolver la liquidación negativa del año 2008 y desaparición de lo que eran esos fondos estructurales, que en un primer ejercicio fueron de 8.000 millones de euros y en el segundo, el vigente, de
5.000 millones. Un 20 por ciento de esos 5.000 millones podía dedicarse a lo que es gasto corriente; ahora, si ya no existe ese fondo en el año 2011, de alguna manera es necesario corregir el rumbo y hacer un gesto hacia esas corporaciones
locales, porque algunas de ellas van a tener serios problemas de liquidez y pueden estar en ese contexto de colapso.



A todo ello se unen también, señora vicepresidenta, los efectos del decreto-ley -y se ha aludido a ello también en la anterior interpelación-; es cierto que algunos grupos nos abstuvimos en su momento porque entendíamos que la situación en
el contexto europeo exigía que el Gobierno, al ser evaluado a nivel de Unión Europea, pudiera de alguna manera pasar ese examen para evitar una catástrofe económica, como usted misma ha reconocido, pero eso no avala en ningún caso que Convergència i
Unió comparta cada uno de los aspectos de ese decreto-ley. Había dos aspectos muy concretos: el tema de las pensiones -hoy mismo el señor Duran i Lleida se ha referido a él- y también el del endeudamiento, que fue un tema precipitado, lo sabe muy
bien la señora vicepresidenta; tan precipitado que una disposición en el artículo 14.2, que en principio tiene aplicación a partir del 1 de enero, y por tanto aún no ha tenido un efecto práctico -porque está en el decreto-ley como urgente, pero
para que fuera aplicado a partir del 1 de enero-, usted misma reconoce hoy que deberá rectificarse, como también le pide Convergència i Unió: que rectifiquen ese artículo 14 del decreto-ley. Le pedimos, señora vicepresidenta, que lo rectifique
incluso por una situación de inconstitucionalidad. Hay dictámenes jurídicos importantes; la propia Associació Catalana de Municipis ha pedido un dictamen a Miquel Roca, y éste ha emitido un dictamen -se lo puedo entregar después- en el que
entiende que, tal y como está redactado el artículo 14 del decreto-ley, es inconstitucional porque no respeta la autonomía local, porque es indiscriminado, afecta por igual a cualquier corporación local, tanto a las que han hecho bien sus deberes
como a aquellas que están en una situación muy difícil de endeudamiento; las equipara a todas, les prohíbe ese endeudamiento, y además entiende Miquel Roca que de alguna manera se vulnera también la Carta europea de autonomía local, porque la
posibilidad de acudir a los mercados para requerir una financiación forma parte de la autonomía local, que debe garantizarse y que la propia Constitución también nos garantiza. Por tanto, más allá del aspecto jurídico -porque si se va a rectificar
se puede también solventar ese defecto jurídico- algunos ayuntamientos, señora vicepresidenta, no se merecen ni pueden asumir que se les prohíba el endeudamiento de cara al año 2011, y si se corrige vía presupuestos bienvenida sea esa corrección,
porque era necesaria y porque nos evita también un conflicto posterior en los tribunales.



Hay otro aspecto más, señora vicepresidenta, que quería destacar Convergència i Unió. Las leyes deben cumplirse. Las leyes aprobadas, publicadas en el BOE, que han entrado en vigor, deben cumplirse. Es una obligación de su Gobierno, y
tenemos la nueva Ley de Morosidad cuya disposición adicional cuarta entró en vigor el pasado mes de julio, y esa disposición adicional aprobada de manera definitiva por estas Cortes Generales implica una obligación para el Gobierno, una obligación
que viene además con un plazo fijado; se le dice al Gobierno que en el plazo de un mes y a través del ICO debe instrumentar una línea de crédito directa y en condiciones preferentes para que las corporaciones locales puedan atender deudas firmes e
impagadas a empresas y a autónomos, deudas que eran vigentes con anterioridad al 30 de abril de 2010. Pues bien: cúmplase. ¿Dónde está esa línea del ICO? Ha pasado ya el plazo de ese mes, la ley ha entrado en vigor, y me consta que algunos
ayuntamientos se están dirigiendo al ICO y este les da la callada por respuesta. No sabe de qué le estamos hablando, cuando es una ley aprobada por estas Cortes Generales que obliga al Gobierno a cumplir obligatoriamente con esa necesidad de
aportar esa línea de crédito directa en condiciones preferentes. Por tanto nos gustaría conocer también su opinión al respecto.



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Por último, señora vicepresidenta, estamos también incumpliendo resoluciones de esta Cámara por activa y por pasiva; hemos votado que debe presentarse una nueva ley de haciendas locales en esta legislatura e incluso el pasado 13 de abril
-está aquí el señor Hernando, lo recordará bien- el Grupo Parlamentario Socialista aprobó -se aprobó por unanimidad- que debía presentarse este proyecto de ley antes del 30 de junio. Sabemos que no es la intención ahora del Gobierno presentar ese
proyecto de ley, aunque sería la gran reforma estructural de las haciendas locales. Señora vicepresidenta, si no somos capaces de abordar esa reforma estructural, abandonar los parcheos, las situaciones transitorias, los fondos estructurales que
ayudan a pasar, pero no resuelven el problema, tendremos esa asignatura pendiente de la financiación local. Como ya no sé si vale la pena...



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jané, se ha acabado su tiempo.



El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Sí, porque no tiene tiempo.



El señor JANÉ I GUASCH: Lo que pediremos desde Convergència i Unió, señora vicepresidenta, son medidas transitorias que ayuden a paliar la dramática situación que están viviendo ahora nuestros ayuntamientos.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.



Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del Gobierno.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, ha comenzado usted la primera parte de su intervención quejándose de que la cuantía correspondiente a la participación en los ingresos del Estado por parte de los ayuntamientos disminuya cuando disminuyen los ingresos del Estado;
también disminuyen el resto de los ingresos del Estado, no solo aquellos que finalmente se derivan hacia las entidades locales, y tenemos que adaptarnos todos a esa situación.



Quisiera decir aquí algo que creo que hemos mencionado desde el Gobierno en otras ocasiones. Los ingresos procedentes del sector inmobiliario durante la primera mitad de la década del 2000, incluso hasta 2007 y en parte de 2008, no van a
volver en esa cuantía, y además no debemos potenciar que nuestro sector de construcción residencial vuelva a tener sobre nuestro PIB el peso que tenía en esos años. Eso no es bueno para nuestra economía ni para nuestro desarrollo económico ni para
nuestra competitividad. Es fuente de muchos de los problemas que tenemos en este momento, de los que tienen los ayuntamientos, pero también de los que tienen las cuentas públicas de la Administración General del Estado y las de las comunidades
autónomas. Por tanto, señoría, los ayuntamientos tendrán que adaptarse a lo que pueda ser un peso razonable de esa actividad de la construcción residencial en la economía. No es posible, razonable ni previsible que por parte de la Administración
General del Estado, de los Presupuestos Generales del Estado se haga la compensación por esos ingresos que los ayuntamientos dejan de tener por el hecho de que la actividad inmobiliaria se haya reducido extraordinariamente. Eso no es razonable ni
es posible.



A veces hablamos de diferentes conceptos que tienen que sumar cero. En este momento estamos en el concepto de ingresos y gastos que no tienen que sumar cero, mejor dicho restar cero, tienen que producir un déficit que para el año que viene
sea del 6 por ciento, tan alto como el 6 por ciento, pero solo del 6 por ciento, comparado con el 11,2 que tuvimos en el año 2009, y a esa reducción del déficit tienen que contribuir todas las administraciones, y solo hay una manera de hacerlo, que
además es la forma en que su grupo parlamentario siempre nos dice que hay que hacerlo.
No debe hacerse -nos dice su grupo parlamentario- por el incremento de los impuestos, debe hacerse por la reducción de los gastos, y entiendo, señoría, que lo
que es aplicable al Gobierno central, a la Administración General del Estado también debiera serlo en buena lógica a las entidades locales. Por tanto, esfuerzo de austeridad centrado fundamentalmente en el gasto, porque los ingresos derivarán de
los ingresos que produzca la recuperación económica y de los ingresos adicionales que produzca el incremento de impuestos que hicimos en los presupuestos de este año. Esos ingresos son los que van a crecer un 9 por ciento, 1.200 millones de euros,
después de haber descontado esa quinta parte de la liquidación negativa del año 2008. Es una ley que se aprobó en este Parlamento. Si no, toda esa liquidación negativa, de acuerdo con la ley anterior, hubiera debido compensarse, toda ella en el
año 2010. Se dio una moratoria y se dividió en cinco plazos. Pero quisiera decirle que no es posible que esa cantidad comience a devolverse en el año 2011, por dos razones fundamentales: porque ese criterio está ya incluido en todos los
compromisos que el Gobierno de España ha asumido ante las instituciones internacionales, en primer lugar; y en segundo lugar, porque el techo de gasto ya ha sido aprobado, y si ahora se quisiera introducir esa variación significaría ni más ni menos
que el presupuesto de inversiones -por ponerle un ejemplo- del Ministerio de Fomento, que tanto nos está costando situar en unos niveles que permitan que siga habiendo actividad inversora en nuestro país, tendría que recortarse con respecto a las
cifras que el ministro de Fomento tiene en este momento en esa cantidad adicional que, dividida


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entre todos los ayuntamientos, debe compararse, 300 millones que hay que devolver, con los 1.500 millones brutos de ingresos adicionales, y la diferencia, 1.200 millones netos, es el 9 por ciento con respecto a los ingresos que han tenido en
este año 2010 procedentes del Estado.



Su señoría estimaba -desde luego no compartimos esa estimación- que la prohibición de endeudarse por parte de los ayuntamientos era inconstitucional. Yo respeto mucho al señor Roca y sus dictámenes, pero quiero señalarle que hicimos las
consultas pertinentes y no hay absolutamente ningún viso de inconstitucionalidad. Por tanto, señoría, si el Gobierno ha planteado a la FEMP -lo acabo de plantear en la interpelación anterior- una modificación de algún extremo de este real
decreto-ley, permitiendo que aquellos ayuntamientos que están un poco endeudados puedan seguir endeudándose para financiar inversiones en el año 2011, no es porque pensemos que podemos tener un recurso de inconstitucionalidad, sino porque pensamos
que, a la vista de los meses y semanas que han transcurrido desde la aprobación de este real decreto-ley, hemos conseguido una cierta estabilización en los mercados de deuda y en los mercados financieros, y estamos ahora en un momento en que nos es
posible dar un mensaje algo más matizado, que globalmente tiene que seguir siendo que el endeudamiento de los ayuntamientos no solo no va a crecer, sino que si es posible debe disminuir, pero que nos va a permitir que aquellos ayuntamientos que no
llegan a niveles altos de deuda en relación con sus ingresos puedan seguir contando con esta posibilidad en el año 2011; así lo haremos. Quiero recordar aquí que ese endeudamiento es únicamente para inversiones -es únicamente para inversiones-, y
por lo tanto -también lo he dicho- los ayuntamientos van a seguir haciendo las inversiones en el año 2011 en una buena parte con los fondos no estructurales, sino coyunturales -desde el principio así lo dijimos: estímulos fiscales coyunturales-,
que el Gobierno puso a su disposición en los años 2009 y 2010.



Por tanto, señoría, el mensaje es: austeridad en los ayuntamientos, al igual que en el resto de las administraciones públicas, necesidad de cumplir con lo que hemos establecido en nuestra ley y también en el techo de gasto, que cuenta con
esos ingresos procedentes de ese primer plazo de la devolución, un 9 por ciento de incremento neto en los ingresos procedentes del Estado; y en cuanto a la línea del ICO permítame señalar simplemente que en la enmienda que se aprobó, con el voto en
contra del Partido Socialista, no se decía absolutamente ninguna manera, no se instrumentaba ninguna posibilidad en primer lugar de que hubiera un crédito para pagar esa financiación de intereses, esas condiciones preferenciales, pero todavía mucho
más importante, que eso no repercutiera en el déficit. Su señoría sabe perfectamente que unos préstamos que no tengan una garantía de cobro asociada, como es el caso que nos ocupa, inmediatamente exigen una provisión desde los Presupuestos
Generales del Estado al ICO, inmediatamente, en la primera reunión que se celebre, y por tanto, señoría, creo que no estamos en disposición de incrementar de un día para otro nuestro déficit en más de tres décimas con respecto al PIB. Sería
absolutamente perjudicial para los intereses de España, y por tanto hasta que en el ICO o en el Ministerio de Economía y Hacienda no encontremos -seguro que con su ayuda- una manera de que no repercuta en el déficit, no será posible por parte del
ICO poner esa línea en marcha.



Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta.



Señor Jané, su turno de réplica.



El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.



Señora vicepresidenta, empezaré por el final. Las leyes deben cumplirse; debe cumplirse también el objetivo de déficit, pero las leyes deben cumplirse. Es trabajo de mi grupo, como decía, ayudarle a buscar las fórmulas, pero la ley debe
cumplirse y es trabajo del Gobierno hacerla cumplir. Cuando se sanciona una ley se manda a todos que se cumpla. Debe proveerse esa línea, ese crédito preferencial y directo a las entidades locales, muy acotado, para deudas contraídas con
autónomos, que lo están pasando mal, y hasta el 30 de abril pasado, con lo cual no estamos hablando de deudas futuras. Busquemos las fórmulas, pero no demos a la sociedad, y menos desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el mensaje de que
como no hay crédito no vamos a cumplir lo que estas Cortes al aprobar una ley mandatan al Gobierno, y con un plazo determinado; esta no puede ni debe ser la solución.



Comparto con la señora vicepresidenta el diagnóstico de que un boom inmobiliario llevó a muchas corporaciones locales a crecer incluso más de lo que tenían previsto crecer, y obtuvieron más ingresos de los que inicialmente tenían previstos,
pero esas corporaciones locales agrandaron su administración, sus servicios, sus instalaciones y recibieron a través de ese boom inmobiliario unos recursos. Es cierto que ahora habrá que apretarse el cinturón, y que no pueden compensarse los
menores ingresos que reciben las corporaciones locales como consecuencia de esa menor actividad inmobiliaria, lo comparto, pero comparto también que debemos realizar gestos posibles ante esas corporaciones locales que lo pasan mal y a las que
prometimos una ley de haciendas locales -el propio presidente del Gobierno lo hizo en su discurso de investidura- que no van a tener.
Vamos a empezar seguramente una nueva legislatura municipal el próximo año sin una nueva ley de haciendas locales,
y ante esos datos negativos que sufren les podemos aportar gestos, y por eso le pedíamos desde Convergència i Unió un gesto. En ese año 2011 en que previsiblemente no verán esa nueva ley de haciendas locales, incumpliendo


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con ello los propios mandatos de esta Cámara -aunque las previsiones son las que son y la realidad económica es la que es-, les podríamos dar esa moratoria y decirles: empiecen a devolver ustedes esa liquidación negativa de 2008 en el año
2012. Eso les permitiría un mayor periodo de adaptación ante una situación financiera difícil, dramática para muchas de estas corporaciones locales. Es un gesto que le pedimos, porque ya no habrá esos planes que hubo, el PlanE el año pasado, ni el
PlanE este año.
No van a ser posibles esos planes en el futuro, y podríamos buscar gestos en ese periodo transitorio hasta que llegue la nueva financiación local estructural como el que le pide Convergència i Unió: esa línea del ICO, que ya está
aprobada; esa mejor traslación a la corporación local de que lo que deben lo van a poder devolver. Es verdad que están aprobados en esta Cámara esos cinco años, pero cierto es también que en la Ley de Presupuestos se pueden cambiar esos plazos,
como se va a cambiar la posibilidad de endeudamiento que está en un decreto-ley. La Ley de Presupuestos puede y lo debería hacer, porque es un año difícil para las corporaciones locales, que lo están pasando mal. No debemos olvidar en ningún
momento, señora vicepresidenta, que ante la crisis económica muchos ciudadanos acuden a su administración más cercana, y ese servicio social lo debe cumplir en muchas ocasiones una administración local que no está preparada para ello, pero cuyos
ciudadanos tienen la necesidad de llamar a la puerta, y bueno es que cuando un ciudadano llama a la puerta se le pueda también atender. Por tanto, asumen nuevas competencias, asumen nuevos gastos, y no les damos buenas noticias. Cierto es que
aumentará la PIE, pero sabe bien que es porque aumenta la previsión de ingresos; no necesariamente aumenta la PIE por un gesto del Gobierno, es una realidad del marco normativo que tenemos. Por tanto, le pedimos ese gesto, señora vicepresidenta, y
esperamos dar noticias positivas a nuestras corporaciones locales, que lo están pasando mal.



Gracias, señora presidenta, señorías.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jané.



Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.



Señoría, intervendré muy brevemente. La previsión de los ingresos, los ingresos que se incrementan no caen del cielo. Se incrementan los ingresos -y por tanto la PIE- en el año próximo entre otras razones porque es posible incorporar los
ingresos procedentes de un incremento del IVA sobre el que ustedes votaron en contra. (Rumores.) ¡Claro, con el que ustedes no estuvieron de acuerdo! Por tanto, señoría, aquí hay que ejercer un poco de responsabilidad. Por supuesto que el
incremento de impuestos en el caso de las administraciones locales da origen a más ingresos. Por eso el año próximo van a tener esos 1.200 millones netos más, a pesar de tener que hacer esa devolución de 300 millones, y está en una ley. Porque su
señoría al subir a esta tribuna ha venido a decir que unas leyes hay que cumplirlas y otras un poco menos. (Rumores.) Sí, sí.
La primera ley que hay que cumplir es la Ley de Presupuestos, y la Ley de Presupuestos no incorpora ninguna partida para
poder hacer esa subvención de intereses del ICO. La Ley de Presupuestos no incorpora ninguna partida que permita hacer esa provisión que nos sería exigible inmediatamente después.



Además de eso quiero recordar a S.S. que en el año 2009 se creó una línea en el ICO de 3.000 millones de euros para garantizar los impagos de facturas endosadas por empresas y autónomos, correspondientes a obras y servicios prestados por
entidades locales, y se utilizaron escasamente 300 millones de esa línea, porque las entidades locales no quisieron reconocer esa factura; por tanto, no había ninguna posibilidad de que después esa cuantía se pudiera recuperar. No se quiso
reconocer esa factura. Se puso esa línea a disposición, cuyo objetivo era, como usted menciona, que no hubiera impagados a autónomos o a pequeñas y medianas empresas, y se utilizó en muy pequeña cuantía. Esa es una cuestión que debe hacernos
reflexionar. Por el contrario el Gobierno en el año 2009, que ha sido el año más crítico para las entidades locales, ha dotado de liquidez permitiendo la refinanciación de remanentes negativos. Así es que, además de los fondos de inversión local,
a lo largo de estos años de crisis económica hemos puesto en marcha todas las medidas que estaban a nuestro alcance para facilitar que los ayuntamientos pudieran seguir desarrollando su actividad.



Insisto en que el año que viene, el año 2011, las entidades locales van a estar en una situación excepcional con relación al conjunto de las administraciones públicas. Frente al conjunto de administraciones públicas que van a ver reducidos
sus ingresos, las entidades locales van a ver incrementados sus ingresos procedentes del Estado en un 9 por ciento. Por tanto, señoría, eso anticipa que el año próximo será mejor que este. En todo caso, como ya le digo, nuestro compromiso es
flexibilizar ese criterio del endeudamiento para permitir que aquellas entidades locales que han tenido un comportamiento más responsable y coherente con los momentos de austeridad que estamos viviendo puedan seguir contando con ese instrumento para
financiar sus inversiones.



En cuanto al proyecto de ley de financiación local sabe que está previsto traer a esta Cámara la ley de gobierno local que definirá las competencias, y por tanto definirá también de qué Administración tienen que obtener las entidades locales
los fondos precisos para desarrollar las competencias que en muchos casos tienen delegadas. En esa consideración desde luego las comunidades autónomas tienen que ocupar un lugar relevante.



Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta.



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL MILITAR QUE CONDENÓ A MUERTE AL MOLT HONORABLE PRESIDENT LLUIS COMPANYS I
JOVÉ. (Número de expediente 172/000196.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el reconocimiento de la nulidad de la sentencia del
tribunal militar que condenó a muerte al molt honorable president Lluis Companys i Jové. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Tardà i Coma.



El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, para ser fiel a la sinceridad política recíproca que siempre hemos mantenido, he de reconocer que a raíz de su última actuación por primera vez me siento un tanto incómodo ante usted, y no es este ni el primer ni el tercer
debate que usted y yo mismo mantenemos. El pasado mes de mayo, a raíz de otra interpelación suscrita por este mismo diputado sobre laicismo, aconfesionalidad y demanda de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, usted me dijo desde esta
misma tribuna: no dude de que en el próximo periodo de sesiones estaremos debatiendo sobre estas cuestiones. Palabra de ministro; palabra de don Francisco Caamaño -eso último lo digo yo-. De hecho fue este compromiso el que abrió la puerta al
acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y Esquerra para que se aprobara el anteproyecto de ley antes de finalizar el pasado periodo de sesiones, y ahora hemos sabido por boca del presidente Zapatero y desde China que no habrá ley. Uno se
pregunta cuánto pesa, cuánto vale la palabra socialista. ¿Acaso ya no vale nada? (Rumores.) Déjeme que también le diga que, atendiendo al objeto de la interpelación urgente, hubiéramos deseado que fuese la vicepresidenta del Gobierno, la señora
Fernández de la Vega, quien hoy estuviera aquí en la tribuna, porque ella fue quien en el año 2004, en el Fossar de la Pedrera del Castillo de Montjuic, se comprometió a anular la sentencia del president de Catalunya fusilado por el ejército
español. Han transcurrido seis años desde entonces, y desgraciadamente hoy de aquello no queda nada, solo queda el recuerdo vivo, muy vivo para el catalanismo político, de una promesa incumplida para vergüenza de la vicepresidenta. Luego
entendemos, señor ministro, por qué ni usted ni ningún miembro del Gobierno se dignó ni tan solo a asistir a un acto de homenaje muy singular, que se celebró el pasado 15 de octubre de 2009, presidido por el molt honorable president José Montilla,
en el palau de la Generalitat, en el que por primera vez ante la sociedad catalana la Generalitat homenajeó y vindicó la memoria del president, reafirmando su intención de no cejar en la voluntad de conseguir la anulación de la sentencia, que les
compete a ustedes, e instando al fiscal general del Estado a plantear ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión de la sentencia, tal como le había mandatado el mismo Parlament de Catalunya. Pero la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal
Supremo resolvió la improcedencia de plantear el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo; nada sorprendente, por otra parte, puesto que esta negación ya se había dado en otras ocasiones, por ejemplo en el caso de quien fue ministro de la
República, Joan Peiró.



No les escondo la perplejidad que provocó esta resolución, al entender que las sentencias -incluida la que hoy nos atañe- ya son nulas de pleno derecho por aplicación directa de la Ley de la Memoria Histórica. Es decir, se había pasado de
impedir la modificación de las sentencias de lo ya juzgado al otro extremo, afirmando que la declaración de ilegitimidad que contempla la Ley de la Memoria Histórica anula las sentencias. Yo no soy jurista, soy filólogo, pero usted sí que es
jurista, y por eso le pido que me ilustre: ¿cómo se sostiene todo ello? ¿Comparte tal resolución? ¿Acaso no debemos recordar lo ocurrido durante el trámite de la ley, así como el debate que suscito la anulación o no de las sentencias? El debate
siempre se polarizó entre quienes defendíamos la anulación por razón de la naturaleza ilegal de los tribunales y ustedes, que negaron la voluntad de anulación al considerar que ello no cabía dada la estricta ilegitimidad, que no ilegalidad, de los
tribunales. Es más, ustedes no quisieron saber nada del modelo alemán defendido por Esquerra, el modelo de la Alemania reunificada de 1998 sobre la anulación de las sentencias nacionalsocialistas injustas, dictadas con posterioridad al año 1933, y
dictadas -repito- por razones políticas, religiosas, racistas, etcétera.



Uno cree que la actuación de la fiscalía bajo dependencia orgánica de su Gobierno quiso ahorrar al Tribunal Supremo protagonizar una nueva ignominia, razón por la cual el catedrático, muy reconocido en Cataluña y también en el Estado
español, Joan Culla se preguntaba cuál era la razón por la que los fiscales mentían sin ningún pudor. Señor ministro, la ley habla de condenas ilegítimas e injustas, pero, repito, ni las declara nulas ni ilegales. Lo sorprendente en este caso es
la argumentación de la fiscalía al afirmar que la declaración de ilegitimidad introducida en la Ley de la Memoria anula las sentencias. ¿Cómo? ¿Significa todo ello que el legislador, ustedes, que no querían la anulación, de hecho han procedido a
ella sin ni tan siquiera desearlo? Demasiada estupidez. Es imposible. La fiscalía pues declara lo que no puede declarar, es decir, que la sentencia es nula, y además interpreta la ley, cosa que tampoco puede hacer. Y uno se pregunta ¿y las
víctimas? ¿Y sus descendientes? Todo ello ¿cómo lo viven? ¿Como una renovación


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de la esperanza o como la antesala de una nueva frustración? Un ejemplo.
El ciudadano Pere Fortuny Velázquez, hijo de Josep Fortuny i Torrens, fusilado a raíz de una sentencia militar, solicitó, a raíz de la declaración de la fiscalía, al
Tribunal militar territorial tercero el libramiento de un testimonio de la sentencia donde se hiciera constar la nulidad de pleno derecho de la sentencia y se tramitase oficio al Registro General de Penados y Rebeldes de su ministerio para que se
hiciese constar la nulidad de la inscripción de la condena. Respuesta: inadmisión a trámite de la solicitud de nulidad de pleno derecho por falta de requisitos y por falta de competencia del tribunal -por cierto, el único militar que existe en el
territorio- y, por supuesto, por la misma naturaleza de la sentencia penal firme con efecto de cosa juzgada.
Pero se le recuerda -eso sí- al ciudadano en particular que puede solicitar la declaración de reparación y/o interponer recurso de
revisión. Es un verdadero bucle, un laberinto, una verdadera pena vivida por una persona de más de 75 años que desde su juventud lucha por ver rehabilitada la figura de su padre, un demócrata asesinado por un pelotón de ejecución fascista.



Señor ministro, el pueblo de Cataluña, así como los descendientes de aquellos republicanos y antifascistas de todo el Estado español tienen derecho a que sean declaradas nulas las sentencias, nulas de pleno derecho para que los efectos
jurídicos no sean permanentes y sus nombres no queden inscritos en el Registro General de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia como simples criminales. El Estado español tiene que pedirles perdón, y por supuesto al pueblo de Cataluña.
Helmut Kohl y François Mitterrand, hace ahora veinte años, pidieron perdón al president de la Generalitat de Catalunya por la deportación del president Lluis Companys.



Señor ministro, ayer en este Parlamento se dio luz verde a una ley muy importante en favor de las víctimas del terrorismo, porque un estado democrático, por mucho que haga, siempre hará poco para las víctimas de la violencia. ¿Pero por qué
reparar las violencias y a sus víctimas permite fortalecer los valores de solidaridad y fraternidad solo para unos y no para el conjunto de la sociedad? Una sociedad es tanto más fuerte y más cohesionada cuanto mayor es su capacidad para
metabolizar en clave de justicia su pasado. No puede haber dos categorías de víctimas, unas reconocidas y otras ignoradas. Es una sociedad tan madura como para reparar y condecorar a un funcionario torturador como Melitón Manzanas, atribuyéndole,
tal como dictaminó el Tribunal Supremo, la presumible evolución de esta persona, si su muerte violenta no lo hubiera impedido, hacia la asunción de los valores democráticos, y esta misma sociedad esta presunción de evolución hacia los valores
democráticos se la niega, por ejemplo, a los guerrilleros o a Salvador Puig i Antich. ¿Tiene sentido esto hoy en día, en el año 2010? ¿Acaso al actual jefe del Estado la historia no le dio una segunda oportunidad para evolucionar hacia los valores
democráticos? ¿Acaso el Rey de España no había jurado los principios fundamentales del Movimiento, no había bendecido desde el balcón del Palacio de Oriente los asesinatos de Estado del año 1975? ¿Por qué razón unos sí y otros no? Es decir, quien
colaboró con el fascismo hoy en día es jefe del Estado. Él ha tenido la oportunidad. En cambio este Estado, esta sociedad madura se la niega a Lluis Companys, el único presidente democrático fusilado por el fascismo y acusado jurídicamente todavía
hoy día de rebelión. ¿No se dan cuenta ustedes que con tales contradicciones, con este empecinamiento en mantener lo que ya es conocido como el modelo español de impunidad, están haciendo muy mal servicio a las generaciones presentes y futuras?


Señor ministro, a pesar de la acritud -que no la niego-, desde el respeto personal que le tengo, debo decirle -y lo haré en la segunda parte de mi intervención- que todavía hay un hilo de esperanza en este diputado y en nuestro grupo
parlamentario republicano...



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor, tiene que acabar.



El señor TARDÀ I COMA: ...de poder llegar a una intensificación del diálogo y le haré propuestas concretas en la segunda parte del debate.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.



Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Justicia.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Presidenta, señorías, antes de iniciar mi respuesta a la interpelación que se ha planteado quiero hacer una breve coda en relación con el proyecto de ley orgánica de libertad religiosa, un
proyecto en el que seguimos trabajando, aunque en efecto no sea en este momento -como ha señalado el presidente del Gobierno- una prioridad. Creo que cualquier persona que conozca lo que es el ejercicio del Gobierno, las responsabilidades que eso
compete y la situación y realidad de nuestro país comprenderá perfectamente que es más importante atender a los ciudadanos en sus aspectos de situación de crisis económica, que es lo que en este momento nos ocupa, cómo solventar temas tan
importantes como el paro, y que esas medidas sean prioritarias frente a otras. Dicho esto, paso a responder al asunto, al núcleo de la cuestión debatida.



En efecto, el 15 de octubre del año 1940 -como bien sabe, señor Tardà- en el foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuïc era ejecutado don Lluis Companys, tras ser condenado por un tribunal militar en un proceso sumarísimo por un delito
de adhesión a la rebelión. Como otros muchos españoles, Companys vivió el drama de la guerra civil y fue ajusticiado por un régimen totalitario


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y cruel. La represión del primer franquismo fue especialmente violenta y día a día aparecen nuevos testimonios que así lo acreditan. Quienes creemos en la democracia y en la libertad reprobamos enérgicamente esos hechos y hacemos todo lo
posible para que no se olviden y evitar tropezar dos veces en la misma piedra. Aunque desearíamos otra cosa, la sinrazón del totalitarismo y su violencia forma parte de nuestro pasado, del mismo modo que muchos demócratas creemos que es un
imperativo ético del presente honrar a quienes entonces padecieron persecución o violencia por defender los mismos valores que hoy consagra la Constitución española.
Los hechos son del pasado y como hechos pasados han de ser recordados y tratados.
La privación de sus efectos y el deber de reconocimiento son obligaciones de presente, y es bueno no confundir en nuestro diálogo ambos planos.



En la transición y sobre todo a lo largo de los últimos treinta años de democracia estas Cortes Generales y los gobiernos nacidos de las mismas adoptaron medidas para corregir muchos de los efectos derivados de decisiones o hechos
manifiestamente injustos producidos durante la guerra civil y la dictadura: fueron rehabilitados funcionarios públicos; se reconocieron indemnizaciones por fallecimientos, lesiones o privaciones de libertad injustificadamente sufridas; se
repusieron y compensaron patrimonios perdidos; se concedieron pensiones de viudedad y de orfandad, todo ello en un proceso gradual que acredita que no existió un acuerdo de silencio y olvido y sí un pacto responsable por priorizar la consolidación
de la democracia y la libertad en nuestro país. Remediamos, sí, situaciones de evidente injusticia, pero nos faltaba reconocer y honrar solemnemente como demócratas a quienes sufrieron y murieron por defender la libertad. Recuperar nuestra memoria
es un derecho, pero sobre todo es un deber con todos aquellos que padecieron injusticia e inequidad, porque los legítimos tribunales -entonces legítimos, evidentemente hoy ilegítimos, absolutamente ilegítimos- que con desprecio absoluto del derecho
condenaron a prisión o a muerte a muchos españoles y el régimen que los amparó pretendieron también a través de esas personas condenar a muerte la esperanza de todo un pueblo en un tiempo de libertades.



Señorías, ese vacío existente ha sido cubierto gracias a la iniciativa de un partido y de un gobierno socialista mediante la Ley 52/2007, una ley aprobada con la participación activa de muchos de los grupos parlamentarios de esta Cámara, que
regula los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a esa demanda justa de dignificación democrática; una ley, en lo que ahora importa, que declara en su artículo 3 -y permítanme recordarlo en esta Cámara-: primero, la ilegitimidad de los
tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la guerra civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, condenas o sanciones de carácter personal,
así como la de sus resoluciones. Segundo, la ilegitimidad en todo caso del Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, del Tribunal de Orden Público y de los tribunales de Responsabilidades Políticas y consejos de guerra constituidos por
motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa.
Y finalmente se declaran también en esa ley ilegítimas, por vicios de forma y de fondo, las condenas y sanciones dictadas por idénticos motivos -políticos, ideológicos o de creencia- de
cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a
opciones amparadas en los derechos y libertades que hoy protege la Constitución.



Señorías, en un sistema democrático no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad. La nulidad es la privación de efectos jurídicos de un acto o de una decisión, pero un acto ilegítimo es aquel que además de ser nulo, confronta con
los valores y principios generales que informan el Estado de derecho y que por ello mismo debe ser especialmente rechazado. Para asegurar la eficacia de ese mandato y para despejar toda duda y, como se dice en la propia exposición de motivos de la
ley -leo textualmente-, para garantizar de forma inequívoca la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos fundamentales -creo que es muy claro, señoría-, la Ley 52/2007 incluye además una
cláusula de derogación expresa de un conjunto de leyes penales y procedimentales aprobadas por la dictadura. La consecuencia jurídica directa de esa declaración de ilegitimidad y de la cláusula derogatoria que acabo de explicar lleva a que aquellos
órganos, tribunales y consejos de guerra y sus resoluciones y sentencias no solo estén privados de todo efecto jurídico y que dichas resoluciones y sentencias sean nulas, sino que además estas fueron dictadas ilegítimamente, a sabiendas de que
contradecían los más elementales principios que informan el Estado de derecho, y eso es lo que dice esa ley.



En democracia, señorías, no hay acto más solemne ni más simbólico y emblemático que aquel que se aprueba en el Parlamento por los representantes legítimos de los ciudadanos. En nuestro caso ha sido el legislador democrático, en la forma
creo que clara e inequívoca, quien ha privado de toda eficacia jurídica a aquellos actos y a aquellas resoluciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencias, con transgresión de los más elementales derechos humanos. Políticamente
no existe declaración más significativa que la hecha por las Cortes y jurídicamente no existe declaración con más valor en nuestro ordenamiento: puesto que se ha incluido en una ley, despliega todos los efectos jurídicos de la ley y además obliga a
todas las personas y a todos los poderes públicos.



Como muy bien sabe S.S., la ley no solo contiene esa declaración normativa con efectos erga omnes y de alcance general; también permite a quien así lo estime


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materializarla mediante el oportuno expediente administrativo en una declaración individualizada en la que se proyectan al caso concreto los efectos jurídicos previstos en la ley. Esta declaración de reparación y reconocimiento personal que
todas las víctimas y sus descendientes pueden obtener del Gobierno de España no solo permite rehabilitar la memoria personal y familiar constatando la injusticia padecida y vivida; la declaración también posee una importante dimensión cívica, un
valor declarativo del rechazo radical de nuestra democracia a ese pasado de violencia y represión, un pasado que no solo queda jurídicamente privado de efectos por mandato de la Ley 52/2007, sino que además es expresamente reprobado por el
legislador democrático, habida cuenta de la ilegitimidad de la violencia sufrida.



En el caso del proceso y la sentencia que condenó a muerte al president Companys concurren precisamente todos los presupuestos establecidos en la ley. La Ley de Responsabilidades Políticas del año 1939, que fue la que se aplicó en la causa
justificando la condena, ha sido expresamente derogada. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona y el consejo de guerra de oficiales generales que lo condenaron han sido expresamente declarados ilegítimos, como ilegítimas son también
-según la Ley 52/2007- las sentencias y las resoluciones que aquellos hubiesen dictado. En suma, señoría, la sentencia que condenó a Companys está privada de todo efecto jurídico desde la entrada en vigor de la Ley 52/2007. Ese es el efecto
fundamental de esa ley, porque algo ilegítimo es algo mucho más que nulo.



Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.



Señor Tardà, su turno de réplica.



El señor TARDÀ I COMA: Señor ministro, espero que al hilo de lo dicho por usted no tendrá ningún problema o al menos contemplará la posibilidad de debatir lo que le vamos a proponer. Le vamos a proponer que en el artículo 3 de la Ley de la
Memoria se añada que, precisamente porque las sentencias son ilegítimas -como reza el texto-, sean lo dicho por usted: nulas de pleno derecho. Esta es la prueba del algodón. Aquí vamos a ver si lo que dice usted tiene recorrido. No habrá
problema, modificamos el artículo 3 y ponemos lo que dice la fiscalía. Es más, para ayudar a las víctimas modificamos la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Procesal Militar, para que las que hagan uso de la Ley de la Memoria y tengan el
documento de reparación puedan recurrir a la revisión. Nosotros hemos dejado claro cuál era nuestro criterio desde el inicio del proceso: defendíamos, como los alemanes, la anulación. Ustedes optaron por el otro criterio. Bien, avancemos en su
criterio.



Por favor, respóndame a algunas cuestiones que le he formulado quizá de una forma un tanto rústica, pero me da igual porque el tema lo merece.
¿Por qué Melitón Manzanas sí, por qué Carrero Blanco sí y Puig i Antich no, Julián Grimau no?
¿Por qué ellos todavía tienen que aparecer en el Registro de Penados como rebeldes? ¿Qué explicación me puede dar? ¿Por qué el Estado español no puede hacer como otras democracias europeas.
Antes le ponía el ejemplo de Kohl -no un hombre de
izquierdas- y de François Mitterrand, que hace veinte años pidieron perdón a la Generalitat de Catalunya. ¿Por qué el Estado español no, por qué el Gobierno español no? ¿Es que el señor Kohl tenía algo que ver con el Partido Nacional Socialista?
¿Es que el señor Mitterrand tenía algo que ver con la Francia de Vichy? ¿Por qué en el desarrollo de la ley han excluido a aquellos antifascistas que por la libertad optaron ciertamente por formas de lucha que ni usted ni yo compartimos? ¿Por qué
a ellos no se les aplica el mismo criterio intelectual que antes yo, en un ejemplo un tanto paradigmático, le hacía refiriéndonos al Rey de España, al cual la historia le dio una segunda oportunidad y a los otros no? A Melitón Manzanas sí, a Puig i
Antich no, a los guerrilleros no.



Ya sé que algunos piensan que con el transcurso de los años esto se va a difuminar, pero mientras haya un catalán demócrata, existirá la reivindicación de la figura de Lluis Companys, el presidente de nuestro país fusilado -el único
presidente fusilado en la Europa de los años treinta-, que todavía hoy en día aparece como un delincuente. Ya sé que usted sabe mejor que yo lo que se le avecina desde Argentina. ¿Por qué no hacemos una cura de humildad y entendemos que este
modelo español de impunidad -usted quizá crea legítimamente que exagero- hace aguas? Es el momento de enderezar el rumbo. Cuente con nosotros, desde la discrepancia, porque lo que nos interesa son las víctimas, y si no lo hacemos ahora, no lo
haremos, porque cuando gobiernen ellos, cuando gobierne el Partido Popular, no habrá nada que hacer, nada que hacer.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Gracias, presidenta.



Señoría, usted insiste en un imposible jurídico. La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos a aquello que el legislador ya ha declarado que carece de ellos, y eso es precisamente lo que
advierte en su informe la Fiscalía General del Estado. La ilegitimidad es un plus de sanción frente a la nulidad y lo que es ilegítimo no solo es nulo, sino que además violenta, es repudiable porque violenta la esencia del Estado democrático. Por
eso, para no colocarnos en situación de intentar resolver imposibles jurídicos ya resueltos, lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España es aplicar y gestionar la Ley 52/2007, una ley que como usted bien sabe mejora pensiones, reconoce
indemnizaciones y otros derechos económicos,


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que iguala prestaciones desiguales a lo largo de estos treinta años de democracia, que potencia el conocimiento de la verdad, que ordena retirar símbolos de la dictadura y que planifica todo un conjunto de políticas públicas a partir de un
acto histórico de justicia: honrar a quienes como Companys defendieron la democracia.



En este sentido, quisiera subrayar la importancia que tiene y que creo que no se ha entendido bien del todo la declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en el artículo 4 de ley, no solo porque en esa declaración se
constata la injusticia padecida y evidencia en sede administrativa la ilegitimidad, y por tanto la nulidad del acto o resolución, sino porque sobre todo es un acto de justicia, de reconocimiento democrático formalizado por el poder público y
solemne. Es una declaración que día a día en nuestro país reconforta a muchas familias, que permite reparar el honor personal en la intimidad y reafirmar la convicción de todos en los valores democráticos. Esa es la experiencia que hasta ahora se
desprende de la aplicación de la Ley 52/2007 y de los más de 830 expedientes que ya hemos resuelto otorgando esa declaración, entre ellos, por ejemplo, el de la declaración del poeta Miguel Hernández o del propio presidente Companys, que creo
debemos tener ahora muy presente, porque la familia Companys ejercitó el derecho previsto en el artículo 4 de la ley a obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal. Se inició y tramitó el expediente administrativo previsto en la
ley y fue resuelto el verano del año pasado. Al inicio del otoño y con ocasión de un viaje a México, en un emotivo acto celebrado en la Embajada de España que contó con la presencia de numerosos representantes del exilio español y con la
participación de la Generalitat de Cataluña a través de su consejero de Interior, don Joan Saura, yo mismo tuve la satisfacción de entregar a la familia la declaración de reparación y reconocimiento personal solicitada, cuyo tenor, señoría, es el
siguiente: Habiendo quedado acreditado que don Lluis Companys i Jover padeció violencia por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente condenado a muerte en cumplimiento de sentencia impuesta por el ilegítimo consejo de guerra que se
desarrolló bajo la acusación de delito de rebelión y que determinó su ejecución en momentos dolorosos de nuestra historia, y visto que don Lluis Companys i Jover tiene derecho a obtener la reparación que contempla la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
mediante la cual la democracia española honra a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, expide a su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. Al pie de la misma, señoría,
formalmente aparece la firma del ministro de Justicia, pero con la ley que han aprobado estas Cortes, con la Ley 52/2007, quienes de verdad firman esa declaración son todos los demócratas de España.



Gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO HA DECIDIDO REDUCIR LAS AYUDAS A LA VIVIENDA QUE PERCIBEN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS MÁS DESFAVORECIDAS. (Número de expediente 172/000197.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre los motivos por los que el Gobierno ha decidido reducir las ayudas a la vivienda que perciben las familias
españolas más desfavorecidas. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Matos Mascareño.



El señor MATOS MASCAREÑO: Señora presidenta, señorías, señora ministra, esta es la primera vez que desde mi grupo parlamentario se le formula una interpelación desde que accedió al Ministerio de Vivienda hace casi dos años y medio. Sabe de
sobra la señora ministra que nosotros y la mayoría de los grupos parlamentarios considerábamos y seguimos considerando absolutamente innecesario el Ministerio de la Vivienda, pero también sabe que habíamos valorado positivamente su formación para
dirigir las políticas de vivienda -sabe que los registradores de la propiedad están bien considerados en mi partido- y también su prudencia al principio del mandato. Usted elaboró un plan de vivienda continuista con los anteriores, incorporó además
la figura del arrendamiento con opción de compra que llevábamos reclamando los últimos cuatro años, anunció la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también llevábamos cuatro años reclamando, y es
verdad que la reforma se quedó corta, pero valoramos positivamente que usted llevara la contraria a las dos ministras anteriores. También valoramos positivamente la creación de Sepes Urbana, una sociedad dinamizadora del suelo que también
llevábamos cuatro años reclamando; por cierto, sociedad que usted ha sido incapaz de poner en marcha. Publicó el Plan de vivienda a finales de 2008, firmó los convenios con las entidades financieras y con las comunidades autónomas en el primer
semestre de 2009 y a partir de ahí, señora ministra, el más absoluto vacío. La crisis financiera paralizó al Gobierno y también paralizó su ministerio, y su prudencia -y se lo he dicho en otras ocasiones- se convirtió en la más desesperante
pasividad.
Pasividad ante los miles de ciudadanos que han perdido su vivienda, pasividad ante tantos otros que no han podido acceder a ella y pasividad ante la situación del sector y ante la pérdida en ese sector de la construcción de 500.000 de
los 2.700.000 empleos que se han destruido. Y esa desesperante pasividad solo se ha roto para anunciar un brutal recorte presupuestario que en la práctica liquida


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el Plan de vivienda y para pedir la devolución de la ayuda de todo un año a los jóvenes que hayan superado el límite de ingresos. Pero no solo a los que hayan superado ese límite de ingresos por mejorar sus condiciones laborales, sino
también a los que, como ha sido publicado en los medios de comunicación, lo superaron al recibir horas extraordinarias o una gratificación y también, parece ser, a los que recibieron una indemnización por despido en la parte que no está exenta en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Yo le pido que diga aquí que esto no es cierto, señora ministra, que usted no va a computar como ingresos ninguna indemnización por despido, incluso en aquella parte que supera lo exento en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Porque si ya es suficiente desgracia perder el empleo por la incapacidad del Gobierno, no puede la ministra exigir la devolución y sus intereses para que también pierdan la vivienda. Estos son dos
golpes más a las políticas sociales, señora ministra. Ustedes no han podido ir este año a Rodiezmo y dentro de poco no podrán ir a ningún sitio.



Señora ministra, mi partido, y en la mayoría de los casos la Comisión de Vivienda, le hemos dicho hasta la saciedad que en 2009 los problemas de la vivienda no eran solo el número de viviendas protegidas o la ratio de vivienda en venta o
vivienda en alquiler, le dijimos que el panorama había cambiado radicalmente y que los problemas eran otros y además que eran extremadamente graves, y usted no nos ha hecho ni caso. Es un problema y además es un drama social el número de
ejecuciones hipotecarias, de 14.346 en 2004 a 93.319 en 2009, y algunos analistas dicen que pueden llegar a 170.000 ó 180.000 viviendas en 2010. Cien mil familias que han perdido sus viviendas por no poder pagar la cuota de amortización
hipotecaria. Y la línea ICO-Moratoria, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, creada para que los que perdieran su empleo y tuvieran una hipoteca pudieran aplazar el 50 por ciento de las cuotas mensuales, ha sido un auténtico fracaso. Esta
línea estaba dotada con 6.000 millones de euros y a 1 de abril, según datos que nos facilitó usted misma, se habían formalizado 12.728 operaciones por un importe de 76 millones de euros, el 1,2 por ciento de la cantidad con que estaba dotada esta
línea. Lo dicho, señora ministra, un auténtico fracaso. Y la Comisión de Vivienda aprobó por dos veces, el 18 de noviembre de 2009 y el 24 de febrero de 2010, sendas proposiciones no de ley instando al Gobierno a modificar los requisitos de acceso
para que pudieran acogerse a esta línea muchos más ciudadanos que perdieran su empleo; en dos ocasiones, señora ministra, y usted ni caso. Hoy se conceden la mitad de las hipotecas que en 2007 y el crédito sigue sin llegar a las familias que
desean acceder a una vivienda. El 9 de junio de 2009 la Comisión de Vivienda aprobó otra proposición no de ley instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que los instrumentos recogidos en los reales decretos 6/2008 y 7/2008, que
dotaban de liquidez al sistema financiero, posibilitaran de una vez que el crédito llegara a las familias. Se aprobó, señora ministra, y usted ni caso. Esa restricción del crédito ha reducido las transacciones inmobiliarias a la mitad y se ha
provocado un espectacular stock de vivienda nueva que, según usted, supera las 600.000 viviendas. Y el resultado del programa de conversión de vivienda libre en alquiler es paupérrimo, algo menos de 14.000. La Comisión de Vivienda también debatió
otra proposición no de ley del Partido Popular en la que se instaba al Gobierno a aprobar instrumentos económicos y financieros e incentivos fiscales que permitieran movilizar el stock de viviendas, y el Gobierno, señora ministra, ni caso, y este
descomunal stock de viviendas se ha convertido en un auténtico tapón para el sector de la construcción, y no me refiero a la reducción de la construcción de vivienda libre, sino, lo que es más grave, también a la construcción de vivienda protegida,
aquella que está dirigida a los colectivos más desfavorecidos.
En el primer trimestre de este año se han iniciado un 17 por ciento menos de viviendas protegidas que en el primer trimestre del año anterior. La consecuencia de todo esto: cerca de
500.000 de los 2,5 millones de parados nuevos proceden del sector de la construcción.



Señora ministra, le he enumerado los principales problemas, algunos, como le he dicho, dramáticos, y le he descrito el panorama actual. También le he recordado las propuestas que para aliviar estos problemas hemos debatido y aprobado en la
Comisión de Vivienda. Es que, señora ministra, en la Comisión de Vivienda le hemos estado haciendo el trabajo al ministerio.



Se lo he preguntado otras veces en Comisión. Cuando usted recibe el dato de que hay 100.000 ejecuciones hipotecarias y que la línea ICO-Moratoria es un auténtico fracaso, ¿a usted de verdad le preocupa? ¿De verdad no se le ocurre nada al
ministerio, o sí se le ocurre pero en el Gobierno no le hacen caso? ¿De verdad creen que el Gobierno de España no puede hacer nada de nada para que el crédito llegue a las familias o que el Gobierno de España no puede hacer nada de nada para
aliviar la crisis que sufre el sector? ¿De verdad la única iniciativa que se le ha venido a la cabeza es proponernos un recorte que liquida prácticamente el Plan estatal de vivienda? ¿O es que creen que no se liquida el Plan estatal de vivienda
suprimiendo 140 millones de la reserva de eficacia, que son transferencias a las comunidades autónomas; 300 millones de ayuda a la entrada, y reduciendo las subvenciones a la promoción de vivienda protegida en alquiler o a la adquisición de suelo
para vivienda protegida? ¿A qué importe de los 1.400 euros anuales va a ascender el brutal recorte que usted ha anunciado? Y, señora ministra, ¿de verdad cree usted que los bancos van a conceder créditos por el 90 por ciento del precio de la
vivienda sin garantías complementarias? Ya en los medios de comunicación le han dicho que va contra ciertas directivas europeas.



Por último, señora ministra, queremos que nos explique el caos organizado en la renta básica de emancipación. Yo entiendo que no se dé una subvención a


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quien supere el límite de ingresos, pero ese límite debe entenderse que se refiere a ingresos regulares. ¿Es verdad, señora ministra, como se ha publicado en los medios de comunicación, que se les ha solicitado la devolución de la ayuda de
todo un año a jóvenes que han superado el límite de ingresos al sumar a su sueldo las horas extraordinarias que han tenido que hacer o una gratificación por el aniversario de una empresa? ¿Se les va a solicitar la devolución a aquellos que sumen a
sus ingresos una indemnización por despido en la parte no exenta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas? Si eso es verdad, señora ministra, es absolutamente imperdonable. Espero que diga que eso no va a ser cierto.
¿No entiende que
quien recibe unas horas extra y tiene que devolver la ayuda de todo el año y sus intereses se convierte inmediatamente en acreedor de la ayuda porque sus ingresos previstos no superan ese límite de ingresos?


Estas, señora ministra, son las cuestiones sobre las que le pedimos explicaciones y que voy a resumir. ¿Qué va a hacer el ministerio para evitar que las personas que pierden su empleo también pierdan la vivienda que constituye su hogar
familiar? ¿Qué va a hacer para lograr que el crédito llegue a las familias? ¿Qué va a hacer para posibilitar la reducción del stock de viviendas sin vender? ¿Qué va a hacer para recuperar la construcción de vivienda protegida? ¿Va a continuar
con su intención de liquidar el Plan de vivienda? ¿Piensa seguir con el sinsentido de reclamar la devolución de la ayuda al alquiler y sus intereses a los jóvenes que superen el límite para pedir la subvención por hacer unas horas extra? Señora
ministra, yo sé que el ministerio no tiene competencias. Se nos dijo que el ministerio se creaba para darle un mayor peso político a las políticas de vivienda; con la pasividad del ministerio y con el recorte han rebajado al ministerio a la
categoría de concejalía.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Matos.



Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señora presidenta.



Señoría, me resulta francamente sorprendente que base su intervención de hoy en la supuesta desatención de la política de vivienda por parte de este Gobierno cuando ha sido precisamente el Partido Socialista el mayor impulsor de la política
de vivienda de la historia de la democracia en España. Además, como siempre -ya nos tiene acostumbrados-, dicen una cosa y su contraria. No le causa ningún rubor criticarnos ahora por rebajar las transferencias a las comunidades autónomas
dedicadas a la política de vivienda y a la vez reclamar desde todos los foros posibles que la existencia de este ministerio es innecesaria porque las competencias son autonómicas. Critican aquí el ajuste presupuestario que estamos afrontando para
cumplir nuestro compromiso de reducir el déficit al 3 por ciento en 2013 pero exigen desde cada micrófono que tienen a mano que el Gobierno reduzca aún más el gasto público. Piden que se desmantele la Sociedad Pública de Alquiler, que no recibe ni
un euro de los Presupuestos Generales del Estado, y por el contrario defienden las agencias locales o regionales de intermediación, que cada año absorben significativas cantidades de los presupuestos de ayuntamientos y comunidades autónomas como,
por ejemplo, en el caso de Valencia. En fin, señoría, si me permite la referencia eclesiástica y el recurso al refranero popular, tratan ustedes de estar en misa y repicando o bien de poner una vela a Dios o al apóstol Santiago y otra al diablo.



El ministerio, señoría, financia actualmente más del 85 por ciento de las actuaciones de política de vivienda en España; lo diré más claro: ocho de cada diez ayudas a la vivienda que se otorgan en España proceden del presupuesto del
ministerio. Los planes autonómicos que se están aplicando en cada territorio desarrollan el plan estatal diseñado por el Gobierno, en otro caso no recibirían la financiación. El Estado actúa, dentro de sus competencias de planificación económica
general, para garantizar precisamente unas bases generales mínimas que faciliten a los ciudadanos el acceso a la vivienda. Por tanto, señoría, no hay mayor incoherencia argumental que pedir la supresión del ministerio en nombre de la defensa de las
ayudas sociales y de la mejora en el acceso a la vivienda. Diga usted más bien que su objetivo, como siempre, es desgastar al Gobierno, aunque para ello se apoyen en argumentos demagógicos que no resisten una simple revisión aritmética.
Efectivamente, señoría, le voy a hablar de aritmética, de cifras concretas para que usted, esta Cámara y los ciudadanos puedan juzgar si el Gobierno ha desatendido, como pretenden, la protección social en el acceso a la vivienda.



Desde 2004 el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero ha financiado más de medio millón de viviendas protegidas. En otras palabras, en solo cinco años y a pesar de la crisis económico-financiera el Gobierno socialista ha iniciado un 46
por ciento más de viviendas protegidas que el Partido Popular en los ocho años anteriores, a pesar de que les favorecía un contexto económico internacional expansivo y el boom del sector de la construcción. Un dato más: entre 2000 y 2003, con el
último Gobierno de su partido, se destinaron ayudas a la vivienda en los planes estatales por 1.667 millones de euros; en los últimos cuatro años de Gobierno socialista, cuando ustedes no paraban de denunciar la inacción del Gobierno, se han
invertido 3.769 millones, es decir, más del doble, y eso que a ustedes les tocó una época de bonanza económica internacional. Se quejan amargamente de reducciones o de recortes pero en 2003 invertían en planes de vivienda 530 millones de euros,
mientras que el año pasado, en 2009, la cifra fue superior a los 1.000 millones de euros, de nuevo prácticamente el doble, y sin incluir en esta cifra la renta básica de emancipación, que, como sabe, se financia fuera del plan


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estatal. Y aun contando con los recortes previstos, tanto en 2011 como en 2012 las cifras de inversión en política de vivienda seguirán siendo máximos históricos en comparación con las que dejaron anteriormente a 2004. De este presupuesto
total, señoría, el 98 por ciento se destina íntegramente a políticas sociales o inversión productiva. No creo, por tanto, que su partido esté en condiciones de dar lecciones de política social ni de vivienda a este Gobierno. Todas las opiniones
son defendibles con argumentos más o menos objetivos, pero solo se pasa de la metafísica a la física, de la opinión a la realidad, con datos empíricos.
Las cifras no mienten y las cifras son estas.



Podemos seguir con el repaso a otros programas de apoyo al acceso a la vivienda. Por ejemplo, ayudas a inquilinos. Partíamos de cero actuaciones con el Gobierno que ustedes dirigieron durante ocho años, mientras que más de 100.000 familias
han recibido algún tipo de ayuda entre 2007 y 2009 para el alquiler de su vivienda. La renta básica de emancipación también la ha creado este Gobierno y ha permitido que miles de jóvenes hayan podido salir del domicilio familiar y elegir una vida
independiente. El esfuerzo que los chicos y chicas tienen que realizar para pagar su alquiler se reduce a la mitad con la renta básica: de un 42 por ciento de su sueldo sin la renta a apenas un 24 por ciento para los que disfrutan la ayuda. Me
preguntaba por la devolución. Señoría, ¿qué le parece mal de que jóvenes que superan los requisitos de renta tengan que devolver ayudas públicas a las que no tienen derecho? Explíqueles que algunos están cobrando ayudas a las que no tienen derecho
a los jóvenes que la esperan o a los jóvenes que ya cuando las solicitaron sobrepasaban los límites de ingresos. Señorías, nosotros no hemos pedido a ningún joven que devuelva la ayuda, les hemos informado de que según los datos de la Agencia
Tributaria han superado los límites de ingresos correspondientes para cobrarla y es la comunidad autónoma la que tiene que hacer, en su caso, como tuvo que hacer antes, el control del cumplimiento de los requisitos por parte de los jóvenes. Por
tanto, señoría, en la exposición que usted ha hecho creo que comete un error o falta a la verdad.



Todas las ayudas a las que me he referido han beneficiado a los ciudadanos de forma muy directa. La renta básica a 213.000 jóvenes desde 2008. En total, desde 2004, gracias a los planes estatales de vivienda, más de un millón de familias
han obtenido ayudas del Estado para acceder a la vivienda en propiedad, en alquiler o rehabilitar la que ya disfrutaban, y con las nuevas deducciones fiscales que se han introducido para el alquiler y para la rehabilitación otros cinco millones de
familias van a poder mejorar también su acceso a la vivienda mientras que hasta ahora venían teniendo un trato discriminatorio en relación con los que adquieren la vivienda en propiedad.



En cuanto a su preocupación por la desaparición de las ayudas previstas inicialmente en el vigente Plan de vivienda y rehabilitación, le voy a tranquilizar. Es cierto que no vamos a mantener la ayuda estatal directa a la entrada a partir de
2011. Permita que reitere a S.S. algunos de los argumentos que expuse a los consejeros de su partido en la conferencia sectorial que celebramos el 27 julio. La primera razón es que tenemos que reprogramar las actuaciones para poder cumplir el
objetivo del 3 por ciento de déficit en el horizonte 2013. Es un compromiso europeo adquirido a nivel de la Administración General del Estado y también en cada ministerio y en cada comunidad autónoma y ayuntamiento. Quisiera insistir en que es un
ajuste que se produce después de varios años de cifras máximas y récord en la inversión en política de vivienda para atenuar la crisis inmobiliaria y para seguir apoyando el acceso de las familias a la vivienda. La segunda razón es que queremos
concentrarnos en las líneas prioritarias, como son el alquiler y la rehabilitación, no solo porque son las que han obtenido mejores cifras de ejecución en el primer año del plan, sino porque son las que más han demandado tanto los ciudadanos como
los promotores y también las comunidades autónomas. Y, además, en el ejercicio de la competencia estatal en planificación económica general creemos que tenemos que centrar el apoyo presupuestario público en aquellas líneas o sectores que encuentran
mayores dificultades de financiación privada, y en el ámbito inmobiliario son el alquiler y la rehabilitación, sin perder de vista que el objetivo que teníamos y tenemos desde 2008 es reequilibrar, redimensionar el mercado inmobiliario, diversificar
su actividad y modernizarlo, pues estaba excesivamente centrado y sobreexpuesto a la construcción residencial destinada a venta. La tercera razón para no mantener la AEDE es que no ha demostrado ser una ayuda muy eficaz para la finalidad que tenía,
que era ayudar a que la familias no tuvieran que desembolsar la entrada en el momento en que adquirían la vivienda y, lamentablemente, en algunas comunidades autónomas esta ayuda llegaba incluso años después de suscribirse la correspondiente
escritura pública. Pero no debe confundirse su señoría. Suprimimos la AEDE pero no las ayudas a las familias más desfavorecidas, como equivocadamente afirma en su interpelación. Permítame que le saque de su error recordándole que estas familias
tienen hoy mayor libertad para poder elegir la forma de acceder a su vivienda: alquilarla, comprarla o alquilarla primero y decidir comprarla después. Los precios de las viviendas protegidas están tasados legalmente y adaptados a los niveles de
renta de las familias españolas.
Tienen, además, a su disposición préstamos convenidos con mejores tipos de interés y condiciones que los del mercado. Tienen también subsidios durante diez años para pagar su hipoteca, que pueden llegar a suponer
hasta 12.000 euros para estas familias. Y, como sabe y ha dicho, el préstamo hipotecario para las viviendas protegidas puede llegar al 90 por ciento del valor de tasación, lo cual evita la necesidad de tener este ahorro previo y siempre está
disponible en el momento de firma de la escritura. Y, como usted ha recordado, existe la posibilidad del alquiler con


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opción a compra, que evita también el desembolso de la entrada.



Señoría, si por un instante pudiera olvidar su filiación política y contemplar conjuntamente todas estas medidas y prioridades estaría de acuerdo conmigo en que en ningún momento de la historia de este país las familias españolas
desfavorecidas han tenido mayores ayudas estatales para acceder a la vivienda.



También hablaba en su interpelación de que se han planteado estos cambios a las comunidades autónomas sin previo aviso. No creo que nos pueda acusar en ningún caso de déficit de transparencia cuando las propuestas del Gobierno se plantearon
en una reunión multilateral con directores generales, en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas y con propuestas que ni siquiera estaban incorporadas en el borrador del real decreto, cuyo trámite de audiencia acaba de abrirse
y estará vigente a lo largo de todo este mes. Por cierto, gracias a este procedimiento transparente hemos podido despejar algunas de las dudas que existían en la propuesta inicial en relación con la garantía de percibir la AEDE para aquellos
beneficiarios que tuvieran avanzado el proceso de adquisición de la vivienda protegida y otros supuestos análogos.



Por tanto, señoría, las ayudas a la compra no desaparecen, como tampoco desaparece ninguna de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación. En este sentido, me gustaría sugerirle que utilice su ascendente sobre sus compañeros consejeros y
su liderazgo político para que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que son las únicas que no se han incorporado a la plataforma social para la rehabilitación, lo hagan, puesto que estamos de acuerdo -me consta que usted
también lo está- en que la rehabilitación genera empleo y actividad económica y es una actividad que debemos impulsar consensuadamente todas las administraciones públicas.



Me gustaría volver a recordarle que el Gobierno no quiere ni puede imponer a las comunidades autónomas ninguna actividad en materia de política de vivienda. Es una competencia autonómica y el ministerio hace uso de lo que recoge el artículo
149.1.13 de la Constitución sobre planificación económica general. Las comunidades autónomas tienen exactamente las mismas competencias antes y después del reajuste de objetivos y de la reprogramación del presupuesto del ministerio. Tienen fuentes
propias de ingresos -por ejemplo, a través de vías impositivas- que pueden invertir en política de vivienda exactamente igual que la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas a través de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica
tienen un marco avanzado de autofinanciación para poder hacer frente a sus competencias propias. Por tanto, lo que demuestra con sus alegatos es precisamente la importancia y el peso específico que tiene la política de vivienda del Gobierno y, por
ende, del ministerio que le recuerdo que financia el 85 por ciento de las ayudas a la política de vivienda de España. Por eso ninguna comunidad autónoma quiere renunciar a ello.



Señoría, no me voy a extender más en mi respuesta. A pesar del tono apocalíptico de su intervención, la realidad es que este Gobierno está invirtiendo como ningún otro en política social de vivienda, a pesar de la crisis, no solamente a
través del plan estatal sino a través de otras ayudas a inquilinos, a rehabilitación, al pago de las hipotecas y también, por supuesto, de la renta básica. Cuando se impone un esfuerzo de austeridad y hay que priorizar el gasto público tenemos la
responsabilidad, o más bien la obligación, de elegir aquellos ámbitos en los que la acción política y la inversión pública pueden ser más efectivas, más eficaces y más útiles económica y socialmente. Frente a ello, ustedes, como siempre, solo
proponen estancamiento y demagogia.
Dicen que están comprometidos con las ayudas sociales, pero cuando gobernaron su actuación fue otra y las cifras son elocuentes. Dicen querer transformar a España en una economía competitiva, pero no apuestan
por el alquiler ni por la rehabilitación, ni por la eficiencia energética, ni por la incorporación de las energías renovables en las viviendas; solo por la desregulación, la planificación urbana sin criterios de responsabilidad y sostenibilidad y
el ladrillo sin mesura.
Dicen que quieren crear empleo, pero no se suman a la plataforma social por la rehabilitación. Dicen que las ayudas sociales son necesarias, pero quieren prescindir del ministerio cuando el 98 por ciento de su presupuesto
está dedicado a políticas activas de vivienda y financia el 85 por ciento de las actuaciones de las comunidades autónomas. No importa, señoría; nosotros seguiremos trabajando con seriedad, aportando datos concretos y desmontando con cifras y
hechos sus interpelaciones demagógicas.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.



Señor Matos, su turno de réplica.



El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, usted ha utilizado diez veces más palabras que yo en el mismo tiempo y me ha sido muy difícil seguirla, pero voy a intentar aclarar algunas cosas, porque no me ha contestado a ninguna de las
cuestiones sobre las que le he preguntado qué va a hacer.



En primer lugar, dice usted refiriéndose a la interpelación que yo digo en ese texto que no se ha consultado a las comunidades autónomas. Lo digo yo y lo dice doña Rosa Aguilar, en Andalucía, que acusa a la ministra Corredor de hacer
políticas negativas sin posibilidad de diálogo previo al anuncio. Por tanto, es algo que dicen miembros de su propio partido en el Gobierno de Andalucía.



Usted dice que pedimos la supresión del ministerio y sin embargo queremos las transferencias. Claro, pedimos la supresión del ministerio porque el 95 por ciento del presupuesto del ministerio -el noventa y tres y pico-


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resulta que son transferencias a las comunidades autónomas, y desde luego para transferir fondos, que es lo único que hace el ministerio, no hace falta tener un ministerio.



Me dice que les diga a los jóvenes que no tienen derecho a la ayuda que yo pienso que tienen que cobrarla aunque no tengan derecho porque superan los ingresos. No le he dicho eso, le he dicho que resulta que a jóvenes que tienen derecho a
la ayuda porque tienen un salario inferior al límite que usted ha puesto o que se ha puesto en el decreto se les pide que la devuelvan porque han cobrado unas horas extra de más. Desde el momento en que esos jóvenes tienen que devolver toda la
ayuda de un año y sus intereses continúan siendo acreedores de la ayuda porque sus ingresos no superan el límite. Ese es un caos que ustedes tienen que corregir. Otro ejemplo es, como ha salido en la prensa, una trabajadora que recibió una
gratificación por el 75.º aniversario de su empresa. Por esa gratificación, que no la va a tener al día siguiente, ustedes le piden que devuelva toda la ayuda de un año y sus intereses. Esto es una barbaridad, y le he preguntado si va a tener esa
misma forma de computar los ingresos con respecto a la indemnización por despido y no me ha contestado absolutamente nada. Solo le he dicho que si eso es así, me parece imperdonable; es imperdonable que una persona que pierde su empleo pueda
perder la vivienda porque le computen como ingreso la indemnización por despido. Le he dicho que me conteste y además que me diga que no lo va a hacer, porque es una auténtica barbaridad.



Usted dice que el recorte presupuestario se hace para apoyar la rehabilitación. Eso sería cierto si lo que usted recorta en ayuda directa a la entrada, en adquisición de suelo para vivienda protegida, en promoción de vivienda protegida en
alquiler o en las transferencias de la reserva de eficacia, que son transferencias a las comunidades autónomas, lo fuera a destinar a rehabilitación, pero no va a ser así; usted lo recorta y punto, lo suprime y punto, por lo que no lo va a pasar a
ningún otro programa. Se trata de un recorte brutal en las políticas de vivienda y yo creo que en todo el Gobierno se pueden recortar otras partidas distintas, pero ustedes recortan congelando las pensiones y están recortando en gastos sociales,
que es lo más cómodo, en vez de ponerse a estudiar partida por partida y suprimir las cientos de partidas de gastos superfluos que tiene el Gobierno. Le he preguntado también, y no me ha contestado -debe de ser porque no le preocupa-, qué va a
hacer con las 100.000 familias que han perdido su vivienda porque no pueden acceder a pagar la cuota de amortización hipotecaria. ¿Qué va a hacer con una línea de crédito que ustedes crearon para paliar esa situación y que ha sido un fracaso, 76
millones de euros utilizados de 6.000? Es una medida que no está funcionando y a usted le tiene que preocupar que una medida no funcione y que haya 100.000 familias que han perdido su vivienda en España. Usted forma parte del Gobierno de la
nación. A esa pasividad es a la que yo me estoy refiriendo, porque usted tiene que tomar alguna iniciativa y llevarla a cabo. Para eso se supone que era el peso político que se le daba a las políticas de vivienda.



En cuanto a la Sociedad Pública de Alquiler, le diré que ustedes han creado esa sociedad pública cuando ya estaban creadas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que además son los que tienen las competencias y los que están
cercanos a los ciudadanos. Ustedes crearon una sociedad pública que ha tenido los resultados que ha tenido, y a lo mejor por eso no me ha contestado qué resultados tuvo a 31 de diciembre del año 2009.



Señora ministra, le vamos a pedir en la moción que haga algo para que los que pierden el empleo no pierdan también la vivienda; que haga algo para que el crédito llegue a las familias, ya que los bancos piden créditos en los mercados con
avales del Gobierno, vienen a España y se lo prestan otra vez al Gobierno y, por lo tanto, no se lo prestan a las familias. No dificulte, suprimiendo la ayuda directa a la entrada, el acceso a la vivienda protegida; no liquide el Plan de vivienda
o siéntese con las comunidades autónomas a redactar uno nuevo.



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Matos, se acabó su tiempo.



El señor MATOS MASCAREÑO: Y no destruya la tranquilidad de miles de jóvenes beneficiarios de la renta básica de emancipación.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Matos.



Tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señora presidenta.



Señor Matos, yo entiendo que necesite comprimir en una sola interpelación dos años y medio de inactividad ante esta Cámara, pero la verdad es que si me lo permite me voy a centrar en el objeto de su interpelación. Me temo que si su objetivo
era denunciar la falta de ayudas sociales y públicas en la vivienda ha conseguido justamente lo contrario. Pretendía decir que nuestro plan era continuista obviando que hemos introducido ayudas a la rehabilitación, a la accesibilidad, a las
energías renovables, ayudas que son pioneras. Dice que el plan es poco efectivo cuando su cuantía anual asciende a más del doble que cualquiera de los años de gobierno de su partido. Los únicos que han sido poco efectivos son realmente algunos
consejeros de las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan, porque no creo que pretenda imputar a este Gobierno que ustedes no hagan uso de las potencialidades del plan, bien por el boicot al que someten las iniciativas del Gobierno, bien
por desidia política o administrativa. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, con graves problemas de acceso a la vivienda, solo ejecutó en el año 2009 el 31 por ciento de los objetivos del plan; es decir, solo empleó el 31 por ciento de los
recursos económicos que el Estado puso a su disposición.



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Contrastan estos datos con los de Cataluña, que ejecutó al 196 por ciento las ayudas previstas en el plan para 2009. No sé si ustedes están tan preocupados, como dicen estar en este foro parlamentario, por las políticas de vivienda, pero
creo que deberían explicarle a los millones de ciudadanos de Madrid o de Murcia que están dejando de construirse viviendas, que están dejando de rehabilitarse sus viviendas y sus barrios porque las administraciones que ustedes dirigen no están
siendo eficientes. Es algo que repercute directamente y de forma negativa en los ciudadanos, en la economía y en el empleo, y es imputable a ustedes y a su forma de hacer política. Simplemente, critican sin mesura y no solo no ponen medios
económicos propios, sino que ni siquiera saben aprovechar los medios económicos que reciben del Estado. Si los planes del Gobierno son insuficientes, ¿cómo eran los del Partido Popular? Les recuerdo que asignaban menos de la mitad de los recursos
y que, además, el Tribunal de Cuentas les tuvo que denunciar porque en el plan 1998-2001 no se ejecutaban las políticas de vivienda, sino que se transferían las partidas destinadas a vivienda a otras líneas presupuestarias. Supongo que no es esta
la efectividad a la que usted se refiere y a la que pretende usted que aspiremos.



También ha dicho que se ignora a los más desfavorecidos, cuando hemos ampliado el número de colectivos beneficiarios de las ayudas del plan estatal: jóvenes, mayores, familias con menos rentas, familias numerosas, mujeres víctimas de la
violencia de género, personas con discapacidad, universitarios. Hay 213.000 jóvenes que están recibiendo la renta básica de emancipación. Y -le insisto- no me parece justo ni equitativo que sigan manteniendo la renta básica los jóvenes que no
tienen derecho a ella, que no han cumplido los requisitos que firmaron y que no han sido diligentes notificando a su comunidad autónoma que ya no cumplen los requisitos. Es obligación del joven, así lo firma en su solicitud, y es obligación de la
comunidad autónoma asegurarse de que solo reciben ayudas públicas los que tienen derecho a cobrarla. Desde 2004, señoría, un millón de familias han recibido ayudas del Estado para acceder a su vivienda o para mejorar la que ya tienen.



Habla de declive de la vivienda de protección oficial, pero solo en 2009 se iniciaron más de 79.000 viviendas protegidas -como usted decía-, la mitad de todas las que se iniciaron en España. Los años 2008 y 2006 fueron los máximos
históricos de construcción de viviendas de protección oficial, y le recuerdo que en 2008 había una coyuntura económica e inmobiliaria muy difícil. Lo que los datos demuestran, señoría, es una cosa muy distinta a lo que usted manifiesta. La
realidad es que el ministerio está logrando la estabilización del mercado inmobiliario, su diversificación y su modernización. Ha impulsado un plan que complementa tan ampliamente las competencias autonómicas en materia de vivienda que todas
dependen de su solidez, de su mantenimiento para poder asumir el ejercicio de sus propias competencias en esta materia. Ha ayudado, y lo va a seguir haciendo a pesar de la crisis, a que los jóvenes puedan obtener una vida independiente. Este
Gobierno no ha eludido ningún debate por difícil que fuera, sino que hemos mantenido con convicción que hay que impulsar el alquiler y la rehabilitación, como hacen nuestros vecinos europeos. Ese es el modelo que prevalece en Europa y al que se
debe aspirar para crear empleo de forma sostenible, adaptarse a las exigencias de eficiencia energética, incorporar las energías renovables, hacer los núcleos urbanos más accesibles y seguir a la vanguardia en el urbanismo sostenible. No solo
debemos dedicarnos a la obra nueva, a hacer viviendas destinadas a la venta, puesto que ya sabemos que esto nos llevó a una burbuja muy lesiva para nuestra economía. El Gobierno considera que con todas las políticas que venimos haciendo desde 2004
-y desde que yo soy ministra me hago responsable de ello- la vivienda no solo ha sido una política sectorial, sino que ha sido una política social y económica con mayúsculas.



Señoría, ya se lo adelanté en mi primera intervención. No queremos limitarnos a paliar asistencialmente a las personas más desfavorecidas.
Queremos ayudar a las que lo necesitan, pero también aspiramos a más.
Aspiramos a transformar la
sociedad, aspiramos a transformar el equilibrio económico de nuestro país para que en el futuro no se produzcan ni las situaciones de necesidad ni los desequilibrios que nos llevaron a la situación que hemos vivido. Esa es probablemente la mayor
diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros trabajamos por España y por los españoles, pase lo que pase con las elecciones, y ustedes simplemente trabajan para las elecciones, pase lo que pase con España y con los españoles.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.



Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.



Era la una y cinco minutos de la tarde.