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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 170, de 08/06/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 170
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 161
celebrada el martes, 8 de junio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de comunidades autónomas:
- De les Corts Valencianes, de reforma de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (Orgánica).
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 84-1, de 23 de abril de 2008. (Número de
expediente 125/000018.) ... (Página 5)
Modificación del orden del día ... (Página 5)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de interceptación de las comunicaciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 240-1, de 23 de abril de
2010. (Número de expediente 122/000215.) ... (Página 5)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de las recomendaciones del Comité de Bioética de España para la implantación de buenas prácticas científicas. 'BOCG. Con
Página
greso de los Diputados', serie D, número 399, de 28 de mayo de 2010.
(Número de expediente 162/000668.) ... (Página 12)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 375, de 16 de abril de 2010. (Número de
expediente 162/000635.) ... (Página 16)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las repercusiones económicas y sociales del ajuste en el gasto público para anticipar la reducción del déficit. (Número de expediente
173/000145.) ... (Página 21)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las reformas estructurales que la economía española necesita para crear empleo y consolidar la recuperación económica. (Número de expediente 173/000146.) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de estímulo a la creación de empleo y aumento de la inversión que deben acompañar a las decisiones de austeridad propuestas por el Gobierno.
(Número de expediente
173/000147.) ... (Página 31)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que
ordena la aprobación de un estatuto del estudiante universitario. (Número de expediente 173/000148.) ...
(Página 35)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 41)
Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 41)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 41)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente solicita la exclusión del punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley de les Corts Valencianes, solicitada por el Parlamento de la Comunidad Valenciana, de reforma de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (Orgánica), lo que se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente solicita la modificación del orden del día, propuesta por la Junta de Portavoces, en el sentido de debatir el punto número 28, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
después del punto número 29, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de interceptación de las comunicaciones ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor González Pons, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario
Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de Ley ... (Página 12)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de las recomendaciones del Comité de Bioética de España para la implantación de las buenas prácticas científicas ... (Página 12)
Defiende la proposición no de ley el señor Fidalgo Francisco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora
Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Fidalgo Francisco.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales ...
(Página 16)
Defiende la proposición no de ley la señora De Lara Carbó, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Morán Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 21)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las repercusiones económicas y sociales del ajuste en el gasto público para anticipar la reducción del déficit ...
Defiende la moción el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Herrera Torres.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las reformas estructurales que la economía española necesita para crear empleo y consolidar la recuperación económica ... (Página 25)
En defensa de la moción interviene la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González, el señor Jorquera Caselas y la señora Oramas-González Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor
Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Báñez García.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), sobre medidas de estímulo a la creación de empleo y aumento de la inversión que deben acompañar a las decisiones de austeridad propuestas por el Gobierno ...
En defensa de la moción interviene el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que
ordena la aprobación de un estatuto del estudiante universitario ... (Página 35)
Defiende la moción el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor González Rodríguez, don Adolfo
Luis, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Esteban Bravo.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 41)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de interceptación de las comunicaciones, se rechaza por
159 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones.
Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 41)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de las recomendaciones del Comité de Bioética de España para la implantación de buenas prácticas científicas, se
aprueba por 340 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales, se rechaza por 151 votos a favor, 190 en contra y una
abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 41)
Sometidos a votación separada los puntos de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las repercusiones económicas y sociales del ajuste en el gasto público para anticipar
la reducción del déficit, se aprueban los puntos 2 y 9 y se rechaza el resto.
Sometidos a votación separada los puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las reformas estructurales que la economía española necesita para crear empleo y
consolidar la recuperación económica, se rechaza el punto 2 a) y se aprueba el resto.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de estímulo a la creación de empleo y aumento de la inversión que deben acompañar a las decisiones de austeridad propuestas por el Gobierno,
se rechaza por 168 votos a favor, 173 en contra y una abstención.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 2 de abril, que ordena la aprobación de un estatuto del estudiante universitario, se aprueba por 342 votos a favor.
Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LES CORTS VALENCIANES, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ORGÁNICA).
(Número de expediente 125/000018.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar y con carácter previo, someto a SS.SS. la exclusión de un punto del orden del día, consistente en la iniciativa autonómica de las Cortes Valencianas respecto a su propuesta de financiación de comunidades autónomas ya que el
propio Parlamento de la Comunidad Valenciana así lo ha comunicado. ¿Dan su conformidad SS.SS. a esta exclusión? (Asentimiento.) Muchas gracias.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, les planteo otra modificación que propone la Junta de Portavoces consistente en que el punto 28, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, pase a debatirse tras
el punto 29. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Por asentimiento quedan aprobadas las dos modificaciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES. (Número de expediente 122/000215.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, orgánica, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de interceptación de las comunicaciones. Para la defensa de la proposición
de ley tiene la palabra don Esteban González Pons.
El señor GONZÁLEZ PONS: Señorías, la libertad no es una virtud de color político, o es compartida o simplemente no es libertad. No subo, por tanto, a la tribuna con ánimo partidista ni con la intención de abrir un debate partidista. La
defensa de las libertades es una obligación de todos que nadie puede atribuirse en exclusiva. Por eso les pido respetuosamente a SS.SS. desde el principio de mi intervención apoyo para garantizar el derecho al secreto de las comunicaciones en
España, no solo porque resulte necesario sino también porque se trata de una materia vital que nos merece estar unidos dejando a un lado separaciones, reproches y desconfianzas.
Casi no hace falta que diga que vivimos en un siglo de profundas y rápidas transformaciones, que el mundo de nuestros hijos se parecerá menos al de sus abuelos que el nuestro a la Edad Media, que la tecnología está convirtiendo en pasado el
futuro de millones y millones de personas; esas son cosas que ya se saben. La cuestión de esta tarde es si los legisladores estamos siendo capaces de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a esos cambios, si lo estamos haciendo a tiempo y si
resulta peligroso que renunciemos a defendernos de los riesgos que representa la sociedad que se está conformando. Es verdad, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos tecnología suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la cultura y al saber, y es verdad, sin embargo, que esa tecnología es cada vez más poderosa frente a la intimidad y la libertad de expresión. Por eso ahora más que nunca resulta ineludible una legislación que contemple el nuevo
escenario tecnológico y técnico y que sea capaz de garantizar de forma eficaz la protección del derecho al secreto de las comunicaciones y de la intimidad. Todos, señorías, somos conscientes de que la sociedad de la información tiene como reverso
la sociedad de la vigilancia. En parte, el
poder de ver y escuchar contenidos de todo tipo utilizado por el Estado resulta esencial en la lucha por la seguridad pública, pero en parte también tal poder de observación, si resultara que no está suficientemente controlado, es
cuestionable, injustificable, intrusivo y opresivo desde el punto de vista democrático. De hecho, la mayoría de los ciudadanos no sabe lo que significa la sociedad de la vigilancia y además lo perciben como algo propio de la ciencia ficción y fuera
de su vida cotidiana. La realidad es que entre las cámaras de seguridad instaladas en la calle y en los comercios, los teléfonos que graban en video y después se sube la grabación a Internet, el rastro de las llamadas guardado por las operadoras,
los datos retenidos por las redes sociales y por las páginas web con fines publicitarios, lo que saben de nosotros los bancos y lo que saben de nosotros quienes gestionan las tarjetas de crédito, hoy puede decirse que solo el pensamiento es
completamente privado.
Tras los atentados del 11-S el mundo ha cambiado mucho. Muchas sociedades reaccionaron como lo habrían hecho cien años atrás, sin comprender bien que por más que se tema a los terroristas no hay que tener miedo a la libertad. Desde
entonces, en muchos lugares el pánico ha hecho que se retroceda en libertad de comunicación, en derecho a la intimidad, en derecho a la libre circulación, a cambio de la seguridad que transmite un Estado tan omnipresente como muchas veces opaco. El
proceso se inició en Estados Unidos tras la caída de las torres gemelas con la Patriot Act, ignorando lo que ya en el siglo XVIII allí había dicho Benjamin Franklin, que aquellos que sacrifican una libertad para obtener una seguridad temporal no
merecen ni la libertad ni la seguridad. En definitiva, nadie discute que el Estado utilice las nuevas tecnologías para luchar contra la delincuencia y contra el terrorismo, pero un Estado democrático debe ser transparente, no sus ciudadanos. Por
eso, las medidas a utilizar para garantizar la seguridad pública, además de respetuosas con el régimen de garantías de la Constitución, deben recogerse en normas democráticas, públicas y conocidas. Solo si los ciudadanos han consentido las leyes
pueden conocerlas y reclamar su aplicación.
Señorías, seguridad sí, pero no a costa de derechos sagrados que tanto ha costado conseguir a los españoles. En España, el derecho al secreto de las comunicaciones se recoge en el artículo 18.3 de la Constitución y goza por tanto de una
garantía reforzada; de hecho, solo puede ser regulado por ley orgánica. Sin embargo, el desarrollo legislativo de este derecho constitucional se limita al raquítico artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señorías, el artículo 579 que
regula las intervenciones telefónicas por el juez es anterior a la invención de Internet, anterior a la invención del teléfono móvil, de cuando las cabinas telefónicas funcionaban con fichas; equipara comunicación telefónica con comunicación
postal, como lo hacíamos en la época predigital. ¿No les parece que ha llegado la hora de quitarle el polvo y actualizarlo?
Señorías, no podemos conformarnos con esta situación. Primero, porque resulta anómalo que un derecho fundamental sea configurado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ante la inacción nuestra, ante la inacción del legislador orgánico.
Segundo, porque, como es sabido, la jurisprudencia no es fuente del derecho penal y, por lo tanto, por más sentencias del Tribunal Supremo que se acumulen la situación de alegalidad nunca se resolverá. Tercero, porque un derecho del siglo XXI debe
ser garantizado por una norma del siglo XXI. Cuarto, porque la tecnología no ha dejado de crecer y la extensión del derecho a la intimidad y las garantías del derecho a la intimidad deben encontrarse en la ley con la actualización de los últimos
años. Por eso he comenzado pidiendo la colaboración de SS.SS., porque en las presentes circunstancias tener un artículo prediluviano no es una opción para ninguno de los grupos presentes.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su lado, también necesitan de una nueva ley, porque lo importante es asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales, pero también es importante amparar a policías y guardias civiles
cuando en el cumplimiento de su tarea se ven obligados a solicitar la suspensión de algunos de estos derechos fundamentales. La Policía y la Guardia Civil hasta la fecha -lo digo desde esta tribuna- han realizado una tarea impecable en lo que
respecta a interceptación de comunicaciones electrónicas y telefónicas. No sería deseable que en el futuro inmediato la falta de una legislación suficiente dificulte su tarea poniéndola en tela de juicio. De hecho, el presidente del Sindicato
Profesional de Policía señala en una carta abierta que la situación actual es insostenible, no beneficia a nadie y genera inseguridad jurídica. Por eso, a su modo de ver, esta proposición de ley -cito textualmente- responde a una necesidad sentida
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Del mismo modo, en otra carta abierta, el presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional ha considerado que esta reforma que les propongo supone una elogiable apuesta por la
imprescindible adaptación del proceso de intervención de comunicaciones a la reciente evolución tecnológica. Pese a todo, alguien sostiene que hay que tener fe en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hay que tener fe en
el ministro del Interior, que hay que tener fe en el ministro de Justicia, que hay que tener fe en los jueces y en los fiscales. Señorías, aunque sabemos que los ministros, que los policías, que los jueces realizan su tarea con honradez y con
eficacia, la fe no es propia de los demócratas; nosotros solo podemos confiar en el derecho, nuestro único credo tiene que ser la ley.
La proposición de ley orgánica que hoy les presento tiene por finalidad primordial colmar cuantas lagunas legales hay. No les pido que compartan el texto, solo que compartan la necesidad; no les pido que suscriban la proposición de ley,
solo la necesidad de que exista una ley actual a este respecto porque después, en el trámite parlamentario, tendremos tiempo de dictar los conte
nidos que juzgue la mayoría. Señorías, la sociedad necesita cuidar su alma democrática y exigir al poder que sea transparente a los ojos de los ciudadanos y no a la inversa. Por eso urge aprobar esta proposición de ley. Se trata de que
los ciudadanos sepan cómo y por qué trabaja la Administración del Estado antes de que el Estado se interese por cómo y por qué actúan los ciudadanos. En la era digital, con el arsenal tecnológico disponible, no tiene sentido que los ciudadanos sean
meros espectadores pasivos de lo público; al contrario, una democracia avanzada como la que exige el preámbulo de la Constitución de 1978 solo es actualmente posible si se articula sobre tres principios que ahora son tecnológicamente viables: el
principio de comunicación, el principio de transparencia y el principio de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Antes de que nadie tenga que desnudarse ante el Estado, el Estado debe desnudarse ante nosotros. Por eso, nuestra
obligación como legisladores es garantizar el derecho a conocer de los ciudadanos como un derecho anterior al derecho a conocer del Estado. Los ciudadanos tenemos más derecho a saber qué hace el poder público que el poder público a saber qué
hacemos los ciudadanos. Es simplemente una cuestión de principios, es simplemente una cuestión de democracia esencial. La crisis que estamos atravesando no es solo una crisis económica, también es una crisis de la libertad frente a la seguridad y
sin ninguna duda, sobre todo, es una crisis de falta de ilusión y de falta de esperanza ante las incertidumbres de un presente que camina demasiado deprisa. Pero las ambiciones públicas, las verdaderas ambiciones públicas, las que permiten que las
sociedades se levanten, nacen primero en los corazones privados; por eso, si aseguramos como legisladores los derechos fundamentales en la sociedad digital, habremos transmitido nuestra convicción de que la democracia formal no es solo una
antigüedad propia de la sociedad analógica.
Señorías, desde aquí les invito a tramitar esta proposición de ley cuyo espíritu sin ninguna duda compartimos todos, sin que ninguno de los presentes piense que porque a él nunca le van a grabar una conversación su derecho a la intimidad
está más a salvo que el de los demás; al contrario, cuando se vulnera un solo derecho de un solo ciudadano, el derecho fundamental de todos los demás se reduce, se hace más pequeño.
Les recuerdo a aquel campesino que viajaba a América a principios
del siglo XX y que se quedó dormido y fue despertado por un compañero de barco angustiado porque la nave se estaba hundiendo. Nuestro campesino levantó la cabeza, se encogió de hombros y le dijo: qué más me da que el barco se hunda si el barco no
es mío. En materia de derechos fundamentales todos vamos en el mismo barco y es imposible que se ahogue un solo ciudadano y que nos salvemos todos los demás. El derecho fundamental a la intimidad es un barco de todos, es un barco jurídico en el
que si se ahoga un solo ciudadano nos estamos ahogando todos. El honor, la dignidad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y un jirón de la vida privada de cualquiera de los presentes viajan en ese barco. El artículo que regula la
intervención de las conversaciones telefónicas y el resto de datos en España está anticuado, es anterior a la edad digital, ¿qué les cuesta a SS.SS. actualizarlo? Decía Winston Churchill, o dicen que decía Winston Churchill -porque probablemente
no tuvo tiempo en su vida de decir todas las frases que le atribuyen- que la democracia es aquel sistema en el que si de madrugada golpean a tu puerta tú tienes la certeza de que se trata del lechero. Yo les digo, señorías, que si alguna vez se les
corta el móvil quiero que todos tengan la certeza de que es un problema de falta de cobertura, es un ruego y es un deseo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto para fijar la posición tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley aborda una cuestión que para el BNG no es en absoluto una cuestión menor: la tensión entre seguridad y libertad.
Para el BNG seguridad y libertad no pueden contraponerse, la seguridad no puede ser una
coartada para introducir recortes en la práctica en los derechos colectivos e individuales. Por eso somos partidarios por norma de extremar las garantías para asegurar la debida protección de los derechos civiles y de las libertades individuales,
incluso en la cuestión concreta que nos ocupa. Por eso compartimos la necesidad de que la regulación procesal de la interceptación de las comunicaciones se mejore atendiendo a criterios más garantistas de los derechos fundamentales, así como al
objetivo de adaptar la misma a cuestiones derivadas de la implantación de las nuevas tecnologías en materia de comunicación.
Pero dicho esto, señorías, no podemos dar nuestro voto favorable a esta proposición de ley básicamente por dos razones. En primer lugar, porque no somos partidarios de reformas parciales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesaria
una reforma integral de la misma dirigida a la creación de una justicia penal del siglo XXI que suponga una verdadera adaptación a los tiempos de hoy de la actual ley que, recuerden señorías, aunque haya sido objeto de reformas posteriores data nada
más y nada menos que de 1882. Acometer esta reforma integral es uno de los compromisos asumidos por el ministro de Justicia y creemos que debe ser en ese marco donde se aborde la cuestión suscitada por el grupo proponente. En segundo lugar, es
evidente la intención, con esta propuesta de reforma, de utilizar la misma como cortina de humo para deslegitimar procesos abiertos contra cargos vinculados al Grupo Popular.
Distintas sentencias del Tribunal Supremo avalan la legalidad del sistema
de escuchas objeto de esta proposición, aunque no negamos que la regulación actual pueda ser insuficiente y que sea necesario actualizarla y desarrollarla. Pero, señorías, al
margen de estas consideraciones, no podemos avalar que un sistema de interceptación de comunicaciones contratado por el señor Rajoy cuando era ministro de Interior, pagado por la señora De Cospedal cuando era subsecretaria y puesto en marcha
por el señor Acebes sea utilizado ahora por este mismo partido como arma arrojadiza para deslegitimar actuaciones judiciales en curso.
En conclusión, en lugar de reiterar reformas parciales, que en este caso además tienen una intencionalidad política evidente, desde nuestro punto de vista es necesario abordar una reforma integral de cara a una nueva ley procesal del siglo
XXI modernizada y adaptada realmente a los valores del actual Estado social y democrático de derecho. Por las razones expuestas, el Bloque Nacionalista Galego no votará a favor de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño como parte de los servicios mínimos de este grupo parlamentario en la convocatoria de huelga de los funcionarios.
Señorías, mi Grupo Parlamentario, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds agradece el tono del Grupo Parlamentario Popular, pero rechaza el contenido. En este caso podríamos decir que el infierno está empedrado
de buen tono y de buenas intenciones. En nuestra opinión, la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular nos hace de abordar ahora la reforma de lo que tiene que ver con la interceptación de las comunicaciones es, en primer lugar, una afrenta al
Congreso de los Diputados. Convierte al Congreso de los Diputados en cómplice de una estrategia legítima de defensa, pero una estrategia de defensa particular, la del Partido Popular en el caso Gürtel. Y, por otra parte, es una injerencia en un
proceso judicial abierto y una injerencia mayor porque se hace desde otro de los poderes del Estado, desde el poder parlamentario. Eso es lo que el Partido Popular pretende hoy.
Señorías, la política es una ciencia y un arte que combina principios, responsabilidad y oportunidad. No me cabe duda de los principios del Grupo Parlamentario Popular en esta iniciativa: la defensa de los derechos individuales en relación
con la intromisión no controlada y sin garantías por parte del Estado. Tengo más dudas con respecto a la responsabilidad y la oportunidad o, mejor dicho, creo que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular es una irresponsabilidad y además es
inoportuna, inoportuna e irresponsable porque, a todas luces, significa un resumen de lo que podríamos denominar la ley del embudo, lo ancho para el Grupo Parlamentario Popular cuando puso en marcha esta red de control de las comunicaciones y lo
estrecho ahora para todos los demás salvo para el Partido Popular. Señorías, a las duras y a las maduras.
El sistema de comunicaciones y de control de comunicaciones es perfeccionable, lo era hace seis o siete años y lo es hoy, lo que pasa es que hoy no es responsable, no es oportuno cuando existe una investigación por parte del Poder Judicial.
Demuestra -y termino- en definitiva esta iniciativa que la patología política no es monopolio del Gobierno, no es monopolio del Ejecutivo. Se puede ser prepotente y se puede ser soberbio también desde la oposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor González Pons, permítame que inicie mis palabras felicitándole por su brillante intervención, caracterizada por una facundia que solo se observa esporádicamente en esta Cámara. Comparto la totalidad de su argumentario, la brillantez
expositiva que usted ha utilizado para comunicarlo y las reflexiones genéricas que ha hecho.
No me atrevo a imputarles juicios de intenciones a ustedes como han hecho alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Fundamentalmente me llama la atención que ustedes estén preocupados por esta paranoia por la
seguridad que dimana del 11-S, de leyes como la Patriot Act y que han ido relativizando, limando e incluso vaciando de contenido derechos fundamentales en muchas constituciones de países democráticos, como los relativos a la intimidad, a la libertad
de expresión, al derecho a la dignidad personal y tantos otros. Pero, mire, además de lo que le he dicho, nosotros compartimos aspectos que no nos gustan; nos parece manifiestamente mejorable el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.
Nos parece que es mejorable casi la práctica totalidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya reforma global estamos esperando y parece estar en el calendario legislativo del Gobierno. No nos gusta nada el sistema Sitel, utilizado mecánicamente
para las escuchas telefónicas, aunque haya sido consolidado o convalidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo mediante reflexiones en ocasiones un tanto aberrantes. No es indiferente que la información que puede captar Sitel, que es toda,
obre de forma indiferente, que no tenga relevancia que obre en poder del órgano judicial mandante de las escuchas o de la autoridad administrativa del Ministerio del Interior. Esto nos parece perturbador y aberrante, pero estamos en contra del
maniqueísmo, señor González Pons. Y cuando hablo de maniqueísmo, le voy a decir lo que nos
preocupa y nos impide votar de forma favorable su brillante exposición, los argumentos y la puesta en valor que ha hecho de un valor tan dilecto para cualquier Estado democrático como la libertad de expresión, la libertad de participación en
los asuntos públicos y la dignidad de las personas.
Mire, en el territorio alavés ustedes están comportándose de forma maniquea, de forma manifiestamente contradictoria, liderados por el señor Alonso que le acompaña en los escaños, contra una serie de imputados que hay en este territorio.
Esto les desprovee de autoridad para hacer reflexiones tan brillantes como las que usted ha hecho. Ustedes a determinados imputados en ese territorio les han imputado, les han enjuiciado y les han condenado. Sus reflexiones dirigidas a medios de
comunicación de este territorio y de otros son reflexiones injuriosas, rayanas en el delito de calumnia en muchas ocasiones. Ustedes no respetan la presunción de inocencia que invocan con relación a los imputados que están en su propio partido
político. Usted ha comentado con legitimidad, con absoluta legitimidad que le reconozco, que determinadas operaciones de filtración de los sumarios o de la pena del banquillo o alguna de estas perversiones judiciales con las que convivimos a diario
en este país les erosionan políticamente, pero ustedes en un territorio del Estado español, en el territorio de Álava, dirigidos por don Alfonso Alonso, están erosionando de forma absolutamente igual a la que ustedes denuncian a determinadas
personas cuya presunción de inocencia es igual a la que ustedes preconizan en relación a sus imputados. Esto les desprovee de autoridad. Yo creo en los valores que usted ha defendido, creo en las invocaciones que usted ha hecho, creo en las
reformas normativas de lege ferenda que usted ha proclamado; no creo en la bondad de sus intenciones, porque ustedes en el territorio de Álava están, en concreto, contradiciendo su argumentarlo en su totalidad, el que usted tan brillantemente ha
expuesto en la tribuna. Y como no creo en la autoridad, o esto les desprovee de autoridad, con nosotros no van a contar. Podrán contar cuando nosotros tengamos la convicción de que sus opiniones, sus invocaciones son sinceras. En tanto en cuanto
no sea así, ustedes no podrán contar con nosotros para reformas parciales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de verdad, y siento decírselo, usted ha defendido con tanta brillantez.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Jané, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, la proposición de ley que hoy se debate es muy importante y tiene directa relación con el desarrollo de un derecho fundamental que está en el artículo 18 de la Constitución. Es
importante, es un tema sensible que merece un debate sosegado, sereno y que merece que se tramite legislativamente en esta Cámara una modificación del actual marco normativo, y explicaré por qué.
El artículo 18 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Este es un derecho fundamental, y un derecho fundamental como este no
merece precipitaciones. En esta Cámara, concretamente el 4 de octubre del año 2007, se debatía por primera y única vez en este Pleno del Congreso de los Diputados una modificación de gran alcance de la Ley General de Telecomunicaciones. Se
modificaba, vía una enmienda del Senado, sin ningún informe previo y sin dictamen del Consejo de Estado, se debatía la modificación del artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, que nosotros ya entendíamos entonces -y entendemos hoy- que
no iba en la dirección adecuada para las necesarias garantías de la ciudadanía ante la siempre necesaria preservación de ese secreto de las comunicaciones. Nos quedamos prácticamente solos. Recuerdo que doña Margarita Uría, por el PNV, y yo mismo,
el portavoz que les habla, por Convergència i Unió, nos manifestamos en solitario en esta Cámara en contra de esa regulación precipitada que se hizo. Entonces ya manifestábamos lo que hoy decimos: Necesitamos mayor sosiego, no precipitaciones.
Por consiguiente, hay aspectos de la actual regulación que chirrían, que no chirrían un poco, que chirrían muchísimo.
Don Miquel Roca, ponente de la Constitución, publicaba el pasado martes en La Vanguardia un artículo titulado, Lo dudo, y en el marco de ese artículo 18, donde sí cabe la autorización judicial, decía Miquel Roca: Al amparo de esta
excepcional autorización judicial se publica la transcripción libre y parcial de conversaciones que nos informan de los gustos y opiniones de los intervenidos, nos acercan a sus comentarios sobre terceras personas, ajenas a los hechos
pretendidamente enjuiciados, e incluso sobre manifestaciones de estas evidentemente no contrastadas con ellas. Dice: Si esto es posible, la libertad está muy, pero que muy amenazada. Y continuaba Miquel Roca: ¿No debería regularse por alguien el
uso indebido de la información resultante de este tipo de intervenciones excepcionales? Ante la pregunta de si estaba bien regulado, él contestaba: Lo dudo, que es el título del artículo. Miquel Roca lo duda, y Convergència i Unió también.
Necesitamos reflexionar y modificar el actual marco normativo para protegernos entre todos. Esto debemos hacerlo bajo algunas premisas que Convergència i Unió quiere dejar sentadas hoy aquí.
Primera, no cuestionamos el sistema Sitel, ya que tiene un amparo legal, lo ha dicho el Tribunal Supremo, y tampoco cuestionamos el uso que del mismo legítimamente deben hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las debidas
autorizaciones judiciales, pero no lo cuestionamos porque no queremos sembrar dudas y poner en una situación que aquí nadie comparte a quienes deben aplicar la ley en un estado de derecho. Tenemos una responsabilidad en este sentido y no la
queremos cuestionar, pero tampoco queremos dejar de decir hoy aquí que el actual marco normativo es claramente mejorable, si queremos proteger a la ciudadanía de posibles filtraciones que nadie quiere pero que se dan, así como de contenidos
que no deberían estar y que siguen manteniéndose en los sumarios. De ahí la proposición de ley que hoy se nos plantea.
Lástima que el Grupo Parlamentario Popular en ese debate del año 2007 no votara en contra de la actual regulación que después ha
hecho posible lo que hoy tenemos. ¡Lástima! Coherencia no han tenido hoy al pedir que este Pleno vote distinto de aquello que ustedes aprobaron con sus votos en el año 2007, pero más allá de mirar los antecedentes o la coherencia de cada uno, lo
cierto es que en esta proposición de ley, de la que somos partidarios y por tanto votaremos a favor de tomarla en consideración, hay aspectos importantes, y solo quiero citar dos. En primer lugar, el hecho de que se pida expresamente que previa
audiencia del ministerio fiscal se eliminen, se borren aquellos aspectos que para nada son relevantes para la supuesta investigación criminal o delictiva. Yo estoy a favor de que se elimine y se regule, y hoy esta regulación no está. Se dice
también que no puede decretarse la interceptación de las comunicaciones de un abogado con su cliente. Creo que este es un pilar esencial del derecho a la defensa que también nuestra Constitución regula y, por tanto, no nos podemos permitir aquí
determinadas imprecisiones que nadie quiere en esta Cámara.
El Tribunal Supremo, que ha legitimado la actual regulación -me alegro de que lo haya legitimado porque nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitan verse amparados por la ley; pero hoy no estamos discutiendo si están o no
amparados por la ley, que lo están y están haciendo una gran labor en la lucha contra el terrorismo y en otros ámbitos criminales-, decía que en el actual marco normativo, este artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es raquítico e
insuficiente, raquítico e insuficiente. No es el marco adecuado en estos momentos, y bueno sería que desde la serenidad, no con la precipitación de una enmienda en el Senado, tuviéramos hoy la oportunidad de tomarla en consideración y, a nivel de
ponencia y comisión, regular mejor algunas lagunas que, lamentablemente, tiene hoy nuestro ordenamiento jurídico.
Ponentes como Miguel Roca lo han tenido que poner de relevancia en estos últimos días.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Le agradezco su tono, señor González Pons, y además sé que lo ha hecho de corazón, sin nada de afectación; ha sido todo realismo.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy a la Cámara la profunda reforma del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula las intervenciones de la correspondencia postal telegráfica y telefónica. Cuando un
grupo trae a la Cámara una iniciativa de estas características se supone que responde a una mejora y actualización de la legislación y que, además, es una respuesta legislativa en el ejercicio del principio de oportunidad -coincido con lo que decía
el señor Llamazares-. Es aquí donde me centraré por un momento. ¿Por qué ahora? ¿A qué responde esta inquietud extraordinaria del Grupo Parlamentario Popular para proteger el derecho a las telecomunicaciones? ¿Por qué estas encriptaciones,
firmas electrónicas, vigilancia de jueces y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? De repente, al Grupo Parlamentario Popular le ha entrado un afán inusitado de protección de los derechos, y me da la impresión de que hay algo detrás de eso,
permítanme que se lo diga con toda la buena fe. No solo eso, además, el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular en su exposición de motivos dicen que la iniciativa se trae para impedir la manipulación de los mecanismos de interceptación y
para garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información obtenida con la interceptación, y aquí, señoras y señores diputados, es donde está el quid de la cuestión. No es que los magníficos servicios jurídicos del Partido
Popular investigando hayan descubierto que hay una brecha en el artículo 579.
Vamos a ceñirnos a esa vieja conocida que todos tenemos, que es la realidad. La realidad, señorías, es que lo que se pretende es poner en duda -por ello se trae esta iniciativa a esta Cámara- que en la actualidad en España pueda haber
manipulación de los mecanismos de interceptación. Se pretende instalar la duda de que no está garantizada la autenticidad de las transcripciones de las conversaciones que se han hecho con esos mecanismos de interceptación. Se pretende lanzar
especulaciones sobre el hecho de que la información obtenida en esas intervenciones no está recogida en su integridad en los sumarios. De esto es de lo que va esta iniciativa y este debate político. Además, estas dudas se pretenden sembrar y estas
especulaciones se pretenden instalar respondiendo a que una serie de investigaciones policiales por la comisión de presuntos delitos de corrupción han incorporado en la fase de instrucción a esos sumarios conversaciones realizadas con un sistema que
ustedes han cuestionado, que es el sistema Sitel, que usted no ha mencionado en toda su intervención. Esas conversaciones podrían revelar la comisión de una serie de delitos y las relaciones inexplicables entre políticos, cargos públicos,
conseguidores, lobbistas, especuladores y presuntos empresarios. Pero vamos a decir las cosas claritas, sin pelos en la lengua. No es el artículo 579 el que les preocupa, son los artículos 301 y 305, el 420 y el 426, el 428 y siguientes y el 395 y
el 404, y no son de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son del Código Penal.
(Aplausos.) Y tipifican los delitos de blanqueo de capi
tales, de fraude fiscal, de cohecho propio e impropio, de tráfico de influencias, de falsedad documental, de prevaricación y el delito electoral. Algunos de esos delitos, señorías, no han sido cometidos por personas pertenecientes a las
mafias de los países balcánicos ni por delincuentes comunes ni por chorizos de medio pelo; no, los presuntos autores de algunos de esos graves delitos son o han sido cargos orgánicos y políticos del Partido Popular, ex alcaldes, concejales, ex
diputados y ex senadores, diputados hoy adscritos a grupos mixtos, miembros de Gobiernos autonómicos, presidentes de diputaciones, ex presidentes de comunidades autónomas y también el presidente de una comunidad autónoma.
(Aplausos.-Un señor
diputado: ¡Sí señor!) Muchos de ellos han sido investigados y escuchados con orden judicial y bajo supervisión de los tribunales, y efectivamente muchas de esas conversaciones son sonrojantes, hacen palidecer al más pintado, son vergonzosas, zafias
e irreproducibles en esta tribuna. Conversaciones con personas que hoy están en la cárcel, pero no se engañen, la culpa de esas conversaciones, de su contenido y de los hechos que relatan no la tiene el sistema Sitel ni los jueces que han
autorizado las escuchas ni los policías que las han transcrito y las han escuchado ni las compañías telefónicas. La culpa de esos hechos y de esas conversaciones solo y exclusivamente la tienen los autores de las mismas (Rumores.-Una señora
diputada pronuncia palabras que no se perciben.), solo y exclusivamente ellos. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Sí señor!) Las frases que a ustedes les avergüenzan y que perturban sus sueños las tienen sus autores, y no las instituciones que cumplen
con su obligación de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes, detenerles y juzgarles con independencia de su adscripción política. En definitiva, señorías, se lo diré en dos palabras: no es Sitel, es Gürtel. Esa es la cuestión, y por
eso hoy estamos haciendo este debate. (Rumores.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.)
La iniciativa de hoy es uno más de esos jalones de una estrategia que viene desde hace tiempo; empezó hace un año con una alta responsable del Partido Popular al decir que se estaba espiando ilegalmente al Partido Popular; todavía estamos
esperando la denuncia en los tribunales. Siguió la estrategia cuando se acusó al juez instructor de haberse inventado los delitos, los hechos y las conversaciones. Continuó cuando a pesar de las evidencias y de las pruebas se montaron homenajes
multitudinarios a algunos de los presuntos delincuentes. La estrategia para deslegitimar una investigación y unas pruebas no ha tenido límite ni medida; hoy, una más. Se ha acusado a los fiscales de partidistas, a los jueces de parcialidad y a
los servicios de inspección fiscal de manipulación. La estrategia de deslegitimación se ha llevado al extremo de que el partido al que pertenecen decenas de los acusados se ha personado como acusador, declarándose víctima afligida de una trama de
delincuencia -¡Qué ironías tiene la vida!-, pero en realidad se ha convertido en el mejor defensor de los acusados. La estrategia tuvo una traca final la semana pasada; usted participó en parte en esa traca final cuando, al parecer, se había dado
un giro copernicano, pero de giro copernicano nada; la manipulación salía al día siguiente de enterarnos que un diputado de esta Cámara cuando deja el escaño se pone la toga de defensor y va a las tiendas en las que se hacen trajes a medida para
supuestamente buscar pruebas que desvirtúen los testimonios de cargo contra sus clientes, perdón, contra sus compañeros de partido. Son los mismos juristas de reconocido prestigio y múltiples artimañas que dicen que las intervenciones de las
conversaciones de los abogados en la cárcel son ilegales y que por eso hay que anular esas pruebas. Por eso hoy ustedes, en el 579 quáter de esta iniciativa, hacen referencia a la limitación de la intervención de las conversaciones entre los
imputados y sus abogados; no es casual. Que se intente insultar nuestra inteligencia en el debate partidario es normal, pero les aseguro que ni la ciudadanía española ni la valenciana ni la madrileña ni la balear son tontas, son mayores de edad y
por esto no pasan. (Rumores.)
Intentar convencernos de que esta iniciativa no tiene nada que ver con Gürtel es de una desfachatez sin fronteras. ¿Por qué no cuela? Muy sencillo, porque en 2001, cuando adquirieron el sistema, no le pusieron pegas; porque en 2003,
cuando pagaron el contrato, no le pusieron pegas; porque cuando han salido múltiples sentencias no le han puesto pegas y porque cuando un diputado de esta Cámara, un insigne diputado del Partido Popular, le preguntó al Gobierno, en preguntas
escritas, por qué el sistema no se extendía a todas las comisarías tampoco le ponían pegas ni dudas, las pegas y las dudas les han entrado a raíz de la investigación Gürtel con el sistema Sitel. En realidad, junto a la estrategia de deslegitimación
de estas investigaciones hay en el fondo de esta iniciativa una profunda e injustificada desconfianza en los jueces, en los fiscales, en los policías, en los funcionarios y en el Estado de derecho. Por eso, señorías, en la disposición adicional
segunda de la iniciativa quieren crear un órgano específico de control al margen del Poder Judicial. Ya lo único que falta es que pidan que en las entradas y registros en lugar de un juez y un secretario vaya un notario o un registrador de la
propiedad.
Termino ya, señor González Pons, y voy a hacerlo diciéndole que ayer leí unas declaraciones suyas con las que estoy parcialmente de acuerdo. Decía usted: En España no sobran funcionarios; lo que habría que eliminar son políticos
innecesarios. Es cierto. Es cierto que sobran políticos que fraccionan contratos, que contratan con la Administración pública empresas que luego trabajan para su partido. Sobran los políticos que se llevan comisiones. Sobran los que se van a
hacer el paripé al Grupo Mixto dejando su grupo. Sobran los que no ven el Jaguar en su garaje, los que pagan en dinero negro, los que se compran palacetes en el centro de las ciudades a mitad de precio, y luego pagan el doble por obras que han
adjudicado de forma pública. Sobran las estrellas en medio del escenario, que no trabajan, que solo buscan
notoriedad, aunque arruinen la obra de todos. En este país, señor González Pons, sobran los Jimmy Jump de la política que irrumpen, como en el festival de Eurovisión, para su beneficio a costa de los demás. Hagan ustedes un esfuerzo de
austeridad, aunque solo sea uno. Abandonen la política del Jimmy Jump, el país se lo agradecerá. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPULSO DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA PARA LA IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS. (Número de expediente 162/000668.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de las recomendaciones del Comité de Bioética de España para la implantación de buenas prácticas científicas.
Para su defensa tiene la palabra
don Alberto Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor presidente, señorías, me corresponde defender la proposición no de ley sobre el impulso de las recomendaciones del Comité de Bioética de España para la implantación de buenas prácticas científicas.
Permítanme, en primer lugar, felicitar al Gobierno, pero sobre todo felicitarnos todos, porque hoy el Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea respaldó la propuesta española de la Directiva de Asistencia Transfronteriza. El objetivo
fundamental de esta directiva es crear un marco comunitario claro para la prestación de una atención sanitaria transfronteriza en el seno de la Unión Europea y eliminar barreras a la circulación de los pacientes, al mismo tiempo que se garantiza la
calidad de la prestación, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios. Esto que tanto importaba al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de los ciudadanos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Dicho esto, quiero referirme y empezar hablando de Kant, uno de los maestros de la teoría ética de todos los tiempos que afirmaba que los seres humanos se caracterizan por tener dignidad y no precio. Conviene recordarlo hoy, ahora, en que
parece que toda la actividad humana se reduce al mercado y al mercadeo. Incluso los mercados suenan como una nueva providencia que todo lo puede, intangible, mística y poderosa, e incluso aterradora para la perspectiva de vidas y haciendas. El
hombre acostumbrado a poner precio a todo se olvida de que son otros hombres y no el destino quienes deciden por los demás, y nos olvidamos de que también somos capaces de rebelarnos, de dictar nuestras propias normas conforme a unos valores que
determinan la condición de humanos.
Es este un peligroso momento histórico en el que las personas pueden achicarse ante el miedo a lo que vendrá, ante la incertidumbre, momento que podría ser aprovechado para promover salidas a cualquier precio, pasando por encima de la
dignidad que caracteriza al individuo y a la especie, precio económico, social o ético. Como siempre, en la dificultad confiamos el futuro al saber, al conocimiento y a la ciencia. Como bien concluía Ortega y Gasset: Investiga, investigador, el
futuro está hecho de investigación. Seguramente es todavía mayor hoy su vigencia e intuimos y predicamos las nuevas tablas de salvación. Y cuando afirmamos en la exposición de motivos de la proposición no de ley que España se sitúa entre las
primeras potencias científicas, lo hacemos para certificar una buena base de partida en un país en el que 130.000 personas se dedican a la investigación -por cierto, 60.000 de las cuales han tenido financiación desde el Plan nacional de I+D+i-, un
esfuerzo del conjunto de la sociedad española en el que las comunidades autónomas han tenido un papel principal. Sin embargo, la actual situación mundial de cambio de paradigma seguramente en los estertores del antiguo modelo, requiere de nosotros
un nuevo esfuerzo trascendental y profundo para alcanzar cotas competitivas de futuro. Hemos de hacerlo respetando los valores que han caracterizado nuestro modelo social y que hemos de proyectar en esa búsqueda permanente que es la actividad
científica. Quizás no tengamos la tradición de los países anglosajones que cuentan con estructuras interdisciplinares para la deliberación y elaboración de informes relativos a los temas de bioética, pero nuestra comunidad científica ha hecho un
gran esfuerzo para acercarse a ello e incluso nos hemos dotado de instrumentos legales considerados ejemplares: la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica, que creó el Comité de Bioética de España como órgano colegiado independiente de carácter
consultivo, que desarrollará sus funciones con plena transparencia sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud.
Pues bien, en el ejercicio de sus funciones, el Comité de Bioética ha
presentado un informe en el que recomienda a las administraciones públicas la implantación de códigos de buenas prácticas científicas, definido este como conjunto de reglas, recomendaciones y compromisos para ser observados por el personal
científico, los centros de investigación, los organismos adjudicatarios de ayudas a la investigación e incluso las sociedades científicas, con objeto de favorecer la calidad de la investigación y prevenir problemas de integridad. Asimismo, el
Comité de Bioética de España propone una serie de recomendaciones en torno a los contenidos básicos que debe incluir cualquier código de buenas prácticas científicas, su implantación en el sistema público de ciencia, tecnología e innovación, la
formación y fomento de valores y buenas prácticas científicas y la conveniencia
de un órgano para resolver problemas de inseguridad científica.
Estas consideraciones y recomendaciones del comité se producen en un momento clave para el devenir de la ciencia española, con una ley de ciencia en tramitación y un contexto global de cambio de paradigma que avance por el conocimiento y
para la sostenibilidad social y medio ambiental. Sería conveniente recordar aquí la esencia de esas recomendaciones, pero más que eso les recomiendo que se lean el informe del comité porque es un documento digno de ser leído y, además, conciso y
muy categórico. Mi recomendación particular es que lean ese informe realizado por el comité con la voluntad de que las administraciones públicas instrumenten medidas que propicien el comportamiento más responsable posible en el ejercicio de la
investigación científica.
-Miembros del comité se encuentran en la tribuna y les doy expresamente las gracias por el trabajo que han realizado-. La pretensión de esta proposición no de ley, para la que pido el apoyo de los grupos, es precisa y
llanamente da respaldo parlamentario a esa voluntad expresada por el Comité de Bioética de España a través del informe y las recomendaciones. Por cierto, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de adición con la que estamos de acuerdo.
Simplemente corregiremos un término que nos ponga de acuerdo para elaborar una transaccional con la pretensión de que el texto tenga el apoyo de todos los grupos. Sabemos que las administraciones públicas concernidas son diversas, pero es un buen
punto de partida que esta Cámara inste al Gobierno a poner en marcha la metodología para el fomento e implantación de buenas prácticas científicas. Método y norma siguen siendo pilares de la ciencia moderna, y aunque la variabilidad de la vida
suministra excelentes oportunidades de búsqueda, más convendría anticiparnos a los dilemas que continuamente se plantean. Cabe recordar, por ejemplo, que coincidiendo con el registro de la PNL, no es casualidad, el Instituto Venter desvelara la
creación de la primera célula sintética, bueno, no tan sintética. En todo caso, desvelaba también algo tan inquietante como la propia naturaleza de la vida y las posibilidades de ponerle precio.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor, señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: La indeterminación torturaba a Einstein que, a pesar de su relatividad, prefería las fórmulas y las normas, y afirmaba al final de sus días: Dios no juega a los dados con el mundo. Echémosle una mano y evitemos
tentaciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fidalgo.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, las recomendaciones emanadas del Comité de Bioética de España en relación con el código de buenas prácticas científicas es un documento adecuado cuyo contenido en su conjunto nos parece loable. En el preámbulo de dicho documento
se hace referencia al Council for Science and Technology británico de donde emanan dos objetivos. Un primer objetivo, la integridad, el rigor, la honestidad en la práctica de la investigación, y un segundo que sería el respeto por la vida, la ley y
el interés público. Nada más loable que los objetivos propuestos y, naturalmente, estamos de acuerdo con ellos. Todas las reglas, recomendaciones y compromisos de los códigos de buenas prácticas científicas son instrumentos que ayudan pero no
eluden las normas, las leyes y todos los acuerdos escritos y tácitos, no escritos, que tradicionalmente ha adaptado la comunidad científica libremente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Porque aunque en muchos esquemas y arquetipos de
nuestra sociedad actual se quiera hacer aparecer al científico como el villano, este muchas veces es el hombre sacrificado e incomprendido que trabaja, vive y sueña en beneficio de su comunidad.
La tradición de adoptar buenas prácticas científicas, en España como en tantos países, se ha llevado a cabo por una serie de organismos civiles, en la mayor parte de las veces no vinculados al Estado, tales como los colegios profesionales y
muchas veces, por encima de todo, por la buena voluntad de los propios científicos. Este contenido del documento de recomendaciones adolece, desde mi punto de vista, de ir dirigido al sistema público de ciencia y tecnología e innovación. En España
tendremos que aprender que el sistema de ciencia e innovación debe tener una amplitud mucho mayor. En cuanto al término de bioética al que tanta referencia ha hecho nuestro anterior interviniente, sabemos que desde Potter la sociedad en 1970 se
planteó la repercusión de los avances científicos en la vida, con un criterio más hacia la naturaleza, hacia una serie de cuestiones que hacían que el hombre enfrentara, por primera vez, que había que poner de acuerdo todo el avance de la ciencia y
todo el contenido que el hombre mismo, por su propia riqueza, es capaz de aportar.
Este Congreso de los Diputados el 10 de noviembre de 1998 aprobó por primera vez la creación de un comité nacional de bioética que ya tenían muchos países europeos y que luego, tras grandes avatares, ha visto modificada una serie de
estructuras que son necesarias. Ese concepto de la bioética hace que todas esas incógnitas suscitadas por los problemas técnicos y jurídicos no deban ser solamente problemas de licitud o ilicitud que, como dice Ferrando Mantovani, deben ser los
conceptos que aseguren los beneficios para el hombre y eviten los daños para él. No se puede ser puntero en técnica, en
ciencia y abandonar contenidos ético-morales ni tener una concepción utilitarista del hombre. A favor de la ciencia todo, pero dentro de una concepción del hombre sujeto y fin y nunca medio, ese punto de encuentro de cualquier humanismo con
el que en España también estamos comprometidos. Y estamos también comprometidos con una serie de normativas -nunca tanto como hoy se habla de nuestra situación en Europa- de obligado cumplimiento de las que emana el concepto de nuestra enmienda,
que van desde directivas a convenios ratificados por España.
Son normas de mayor rango y esto imbrica a nuestro sistema científico en un marco internacional que han suscrito en algunas ocasiones más de veinte países. De ahí nuestra enmienda. No
nos parece oportuno, por criterios técnicos y por la maltrecha economía que vivimos, crear un órgano tutelar que vele por los cumplimientos de las recomendaciones.
Serían cargas añadidas a nuestro sistema de I+D, pero, señoría, por atención a las
recomendaciones, proponemos el voto favorable.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Para fijar la posición, en primer lugar, por Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero expresar el apoyo de mi grupo parlamentario al desarrollo de las recomendaciones del Comité de Bioética de España en relación con el fomento e implantación de buenas prácticas científicas en España y aprovechar esta
iniciativa para hacer dos reflexiones. Una tiene que ver con la coyuntura, con la convocatoria hoy de huelga de la Función pública y otra tiene que ver con la propuesta propiamente dicha, porque buena parte de los investigadores son trabajadores
públicos. ¿Qué mensaje se les da a los trabajadores públicos recortando sus salarios como consecuencia de sus privilegios? Digo, entre comillas, privilegios, porque da la impresión a estas horas del siglo XXI de que es un privilegio tener un
empleo estable, da la impresión de que lo normal sería tener un empleo precario; de que es un privilegio tener un empleo cualificado, parece que lo normal sería tener un empleo gregario y también es un privilegio ser un servicio público, es decir,
tener objetivos en cualquier trabajo y en cualquier empresa de servicio público o de servicio a la comunidad cuando lo adecuado es, parece ser, tener objetivos individuales. Creo que estamos dando un mal mensaje en el día de hoy a la Función
pública, pero, más allá de la Función pública, un mal mensaje sobre el futuro del empleo en nuestro país. Da la impresión de que el futuro debe pasar por la precariedad y por la descualificación cuando mi grupo parlamentario -y creo que todos los
de esta Cámara- creemos lo contrario.
En relación con la iniciativa que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista la apoyaremos. Daremos respaldo a esta iniciativa que no es más que un protocolo generalizado de buenas prácticas para la investigación, aunque nos parece que
esta iniciativa debe estar necesariamente complementada por la legislación. Lo dice el propio documento, debe ser complementario de las leyes vigentes, porque, si no, señorías, caeríamos en aquello de que se puede llevar a cabo una investigación, y
además una investigación con garantías de proceso y de resultados, únicamente sobre la base del autocontrol. Pertenece esta cuestión a la tradición anglosajona y ha dejado bastante que desear tanto en relación con el proceso como con los resultados
de la investigación científica. Creemos que es mucho mejor, además del autocontrol, además de que, como propone el documento, existan órganos independientes y mecanismos de autocontrol, que exista un fuerte sistema de investigación de carácter
público y también un control democrático a través de las leyes. A veces estos códigos éticos remiten a la nostalgia liberal, a la nostalgia del ejercicio liberal de la medicina o de la investigación que ya no están ni existen ni se les espera. El
ejercicio de la medicina, el ejercicio de la investigación en sistemas complejos, en nuestra opinión, requiere tanto de las leyes como de los códigos libremente asumidos. Por eso apoyamos esta iniciativa, aunque queremos y creemos que debe estar
complementada por las leyes, incluso en un periodo en que la legislación y la política no corren por buenos tiempos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, también mi grupo va a apoyar la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista, pero también a mi grupo le gustaría hacer un par de matizaciones o contextualizaciones. La primera de ellas es que en el listado de
preocupaciones que tiene mi grupo en torno al sistema de ciencia, tecnología e innovación -porque de eso va la iniciativa que nos traen- este tema no es una prioridad absoluta, ni mucho menos. Creemos que el sistema de ciencia, tecnología e
innovación tiene carencias -una es la que se apunta en la proposición no de ley-, tiene deficiencias, está descompensado, es insuficiente y débil. Son muchas y muy diversas las iniciativas que hay que llevar a cabo, pero en el listado este no es un
tema prioritario para mi grupo. El sistema está necesitado de una revisión en este y otros muchos temas, está necesitado de una potenciación, porque tenemos un sistema con graves problemas para adecuarse a la economía y a la sociedad del siglo XXI.
Como decía, a pesar de todo, apoyaremos la proposición no de ley.
Segunda matización. En situaciones y momentos de crisis como esta hay un riesgo mayor de lo habitual de intentar discursear y de apelar a códigos, a recomendaciones, a comités, a responsabilidades e incluso a enunciar derechos que en la
realidad del día a día son inanes, poco útiles, ineficaces y no se convierten en realidad. Mi grupo no quisiera que esta fuera otra de esas iniciativas que sirven para tapar una realidad que está muy dura también en el sistema de ciencia,
tecnología e innovación.
Quiero dejar claro que no se trata de renegar de lo que se propone ni de negar la utilidad de lo que se propone, pero, a la vez que damos el voto afirmativo a esta iniciativa política, nos ha parecido que era necesario
insistir en estas dos matizaciones: no es una prioridad, hay otras prioridades que deberíamos abordar con más decisión y, además, habría que insistir no tanto en códigos y en comités y más comités, sino aplicar algún tipo de medidas que no hace al
caso enunciar aquí y ahora. No tenemos nada en contra de las recomendaciones del Comité de Bioética, salvo quizá un par de matices que quisiéramos trasladar al Gobierno, que podríamos haberlo hecho a través de enmiendas, pero que preferimos dejar
por escrito en el 'Diario de Sesiones'. Todo el mundo ve mejores ejemplos por todas partes, pero una de las peores soluciones a los problemas suele ser que se pillen los ejemplos por las hojas. Dicho de otra forma, es cierto que en la tradición
anglosajona existe esta experiencia que se trata de trasladar aquí en algún sentido, pero no es menos cierto que el sistema de ciencia e innovación en el mundo anglosajón es todo un sistema. Aplicar parcialidades de determinados sistemas a otros
sistemas suele tener problemas de aplicación y nosotros quisiéramos que el Gobierno, a la hora de la aplicación, tuviera muy en cuenta este hecho.
De lo que se trata es de que tenemos que disponer de un sistema realmente fuerte de ciencia,
tecnología e innovación. Dicho esto, nos parece que el Gobierno debe proceder teniendo a la vista el conjunto del sistema y con un cierto orden mayor. Como ustedes saben, estamos ante un proyecto de ley de ciencia que pretende crear el comité
español de ética de la investigación y ya tenemos el Comité de Bioética. Haría falta aclarar las cosas, proceder con orden para que lo que hagamos lo hagamos de verdad y, además, lo hagamos de forma que lo entienda todo el mundo y sea útil y
eficaz, y no un pasatiempo más.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo valora favorablemente esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, pero, aun no habiendo presentado enmiendas, queremos dejar constancia y hacer dos
consideraciones previas. La primera es que entendemos que no es prioritario -y coincido con las reflexiones del diputado del Partido Nacionalista Vasco- y, en segundo lugar, deberá matizarse y desarrollarse en un marco adecuado, recordando que
tenemos la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación en un marco lejano de rigideces y de burocracia. Pueden conseguirse los objetivos que se persiguen desde la flexibilidad y, sobre todo, en el respeto de la autonomía de las propias
instituciones científicas. Nuestro grupo parlamentario está convencido de que la salida de la crisis actual y la transformación tan necesaria de nuestra estructura de crecimiento pasan de forma clara y decidida por la investigación, el desarrollo y
la innovación; apuesta a la que en los últimos años se ha hecho mucha referencia, de la que se ha hablado mucho y en la que hemos trabajado mucho, pero no hemos hecho lo suficiente. No hemos aprobado todas las asignaturas que teníamos pendientes
en materia de I+D+i, cuando estas políticas de investigación, desarrollo e innovación deberían ser los ejes estratégicos no solo de salida de la crisis, sino de nuestro cambio de patrón de crecimiento, es decir, de nuestro crecimiento y de nuestra
competitividad. En relación con la investigación, desde nuestro grupo parlamentario se reconocen los avances que se han registrado en los últimos años en el campo científico y los resultados conseguidos. Estamos convencidos de que es necesario
avanzar más y mejor en la investigación científica, especialmente ahora, en este momento de salida de la crisis y en este momento de necesidad de cambio; desde nuestro grupo parlamentario se ha reiterado y se ha insistido en ello en múltiples
ocasiones.
Nuestro sistema cuenta hoy con personas, investigadores y centros de investigación con fuertes capacidades que hemos de estimular más y aprovechar mejor, creando un entorno que ha de ser flexible, no burocratizado y en el que las buenas
prácticas y la ética han de estar muy presentes. Por ello, en este marco valoramos favorablemente las reflexiones y las recomendaciones del Comité de Bioética incluidas en el informe presentado. Hemos de subrayar que las recomendaciones de buenas
prácticas, a nuestro entender, pueden contribuir a la mejora del sistema siempre en el respeto de la propia autonomía de funcionamiento de las instituciones científicas. En este momento de cambio y en este entorno, señorías, vamos a iniciar la
tramitación del proyecto de ley de la ciencia, tecnología e innovación; una ley que ha contribuir a crear un entorno más favorable a la I+D+i, a flexibilizar el sistema, a perseguir los objetivos de excelencia, a poner en valor al conjunto de los
agentes de la I+D+i, a nuestra internacionalización y, sobre todo, a la competitividad de nuestro sistema económico. Por ello, entendemos que la ley ha de ser una oportunidad de cambio, una contribución clara y determinante en la transformación de
nuestra economía hacia el conocimiento, por tanto, ha de ser una ley que respete y apoye también aquellos modelos institucionales de investigación que han demostrado su gran validez, su gran prestigio y una gran reputación. Es importante crear un
marco de apoyo a la diversidad de modelos y evitar caer
en la tentación de la homogeneización. Es imprescindible estimular la competencia porque así favorecemos la excelencia. Estos son los objetivos que ha de perseguir la futura ley de la ciencia, tecnología e innovación.
Nuestro grupo,
señorías, apoyará la proposición no de ley presentada, reiterando, por una parte, la importancia de la adopción de las buenas prácticas científicas en el campo de la investigación -y deberemos estudiar, trabajar y establecer un entorno y un marco
favorable para ello- y, por otra parte, no queremos dejar de reiterar que toda recomendación -e insistimos en ello- siendo positiva ha de preservar la propia autonomía de funcionamiento de las instituciones científicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Señor Fidalgo, por favor, ¿tiene la bondad de decirnos si acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular para su votación?
El señor FIDALGO FRANCISCO: Ya lo hemos aclarado en nuestra intervención.
Haremos una transacción.
El señor PRESIDENTE: Se presentará una transaccional cuyo texto someteremos en su momento a la aceptación de la Cámara.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN DEL ESTADO PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.
(Número de expediente 162/000635.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales.
Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, un año más subo a esta tribuna para debatir sobre un tema que con seguridad nos preocupa a todos, que no es otro que el de los incendios forestales. Todos fuimos testigos el pasado verano a través de los medios de comunicación de
la voracidad del fuego arrasando bosques, infraestructuras y tierras de cultivo, y ocasionando víctimas mortales; percibimos los tintes dramáticos que adquieren los incendios forestales en condiciones climatológicas adversas. Todos fuimos
testigos, señorías, de que ante situaciones como las del pasado año todos los medios y recursos son necesarios: los medios y recursos de las comunidades autónomas que tienen la competencia en extinción de incendios y los de la Administración
General del Estado en su función de apoyo y refuerzo en la extinción.
Hoy no voy a hablarles de grandes incendios. La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular tiene un objetivo claro: que no haya dejación de funciones de la Administración General del Estado, que el Gobierno garantice las
actuaciones para las que es competente en extinción de incendios forestales. En España son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en sus ámbitos territoriales en materia de prevención y extinción de incendios forestales. La
Administración General del Estado es competente, según el artículo 7.2.c) de la Ley de Montes, en la normalización de los medios materiales para la extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como en el despliegue de medios
estatales de apoyo a las comunidades autónomas para completar la cobertura de los montes contra incendios. Entre los recursos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se cuenta con medios de extinción aéreos, con medios de apoyo y
con las brigadas de refuerzo contra incendios forestales conocidas como BRIF y formadas por más de quinientas personas que se integran en los dispositivos autonómicos, pudiendo actuar también, si es necesario y se solicita, en cualquier punto del
territorio y todos ellos de una enorme profesionalidad.
Del pasado 1 de junio al 30 de septiembre la Administración General del Estado participó en 2.000 intervenciones a petición de las comunidades autónomas -siempre, señorías, a petición de las comunidades autónomas- y su labor de refuerzo fue
de vital importancia en varias regiones de España, como lo fue en los incendios de Extremadura del año 2003, en los de Castilla-La Mancha del año 2005, en los de Galicia del año 2006 y en los de Canarias del año 2007. Esta función de refuerzo
-repito, señorías, para que quede muy claro, a petición de las comunidades autónomas- a la extinción autonómica es realizada actualmente por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Se trata, por tanto, de una función de apoyo que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, es fundamental para combatir los incendios forestales que año tras año asolan el territorio nacional, una función de refuerzo
-repito- que hasta el momento ha funcionado razonablemente bien, un modelo de gestión con el que están de acuerdo todas las comunidades autónomas -todas, señorías- y que inexplicablemente el Gobierno socialista a través del Ministerio de Medio
Ambiente quiere modificar renunciando a sus responsabilidades.
Decía la ministra hace unos días en el Senado respondiendo a una senadora del Grupo Popular que todo eran rumores sin fundamento y que no debíamos fiarnos de lo que aparece en algún medio de comunicación. Nuestro temor y nuestra iniciativa,
señorías, no se basa en rumores, tiene fundamento, diría yo que un doble fundamento, ambos preocupantes. Por un lado, hay un oficio, firmado por la secretaria general técnica del ministerio, de fecha 10
de febrero de 2010, dirigido al Ministerio de Defensa en el que se propone el traspaso de los medios aéreos contra incendios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente orgánica y funcionalmente al Ministerio de Defensa.
Aquí está el escrito,
señorías, no son rumores, aquí está el escrito (Muestra un documento.) Se pretende modificar el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencia. Un cierto sentido común del Ministerio de Defensa le hizo rechazar el amable ofrecimiento,
alegando, entre otras razones, que la Unidad Militar de Emergencia está diseñada para grandes incendios, no para los 18.000 de media anual que se producen en España. Por otro lado, y con fecha 5 de marzo de 2010, se conoce un documento de la
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal que da respuesta a la solicitud -entrecomillo, como pone en el documento- de la superioridad de elaborar un análisis de las posibilidades de transferencias de los medios y presupuestos de
extinción estatales gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente. En dicho documento, señorías, se realiza una descripción del conjunto de medios afectados, se analizan las posibles formas de llevar a cabo las transferencias a las comunidades
autónomas, se analizan los pros y los contras del traspaso de medios aéreos al Ministerio de Defensa, a la Unidad Militar de Emergencia. En suma, señorías, es un análisis pormenorizado que nada tiene que ver con rumores o falsas informaciones que
aparecen en algún medio de comunicación, como afirmó la ministra hace escasos días en el Senado. Aquí está el documento en el que se analizan pormenorizadamente las posibilidades de transferencias. (Muestra un documento.)
Posteriormente, en la reunión que el Comité de lucha contra incendios forestales mantuvo en Cáceres el pasado 11 de marzo, comité eminentemente técnico con representantes de todas las comunidades autónomas, estos manifestaron su rechazo a la
posible dejación de las funciones del Estado en la extinción de incendios forestales. La respuesta del representante del ministerio indicando que se ha abierto un periodo de reflexión sobre la actual gestión en la extinción no es, desde nuestro
punto de vista, tranquilizadora. Por tanto, señorías socialistas, no se trata de rumores, se trata de un intento de modificar lo que está funcionando bien, con unas consecuencias imprevisibles tanto en periodos de necesidad de grandes
movilizaciones de medios como en las situaciones habituales de concurrencia de incendios que nuestro país sufre. Señorías, en todos los órganos de coordinación y diálogo existentes entre las comunidades autónomas de la Administración General del
Estado -repito, en todos- los representantes autonómicos han manifestado su inquietud por esta posible transferencia. Ayer en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente todos los consejeros autonómicos manifestaron su inquietud y dijeron a la
ministra que querían que todo siguiera como estaba; a ello se comprometió ayer la ministra.
Señorías, nuestra proposición no de ley tiene hoy tres puntos que se pueden resumir en uno: que el Estado garantice que se mantendrá el actual modelo de gestión que tan buenos resultados ha dado a lo largo de muchos años, de muchas
legislaturas y con distintos gobiernos. Creemos que debe garantizar todos los medios, pero también los medios humanos, las brigadas de refuerzo contra incendios forestales a las que se prometió que en el año 2011 trabajarían los doce meses, parte
en la extinción y parte en la prevención. Nosotros les apoyamos y queremos desde aquí tener un recuerdo para las brigadas de Laza, del municipio de Orense, de donde es originaria la ministra, para decirles que nosotros desde aquí les apoyamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
Para la defensa de la enmienda tiene la palabra por el Grupo Socialista don Hugo Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley y yo me quedaría en los contenidos últimos de la misma, que es el reconocimiento a los extraordinarios resultados que la política de extinción de incendios llevada a cabo en
el ámbito de la coordinación de las administraciones en nuestro país ha tenido en su evolución a lo largo de los últimos años. No en vano hay un informe, entiendo que un muy buen informe, elaborado por Greenpeace en relación con incendios
forestales que viene a decir textualmente lo siguiente: En España se ha realizado una labor extraordinaria para mejorar la eficacia en la extinción de los incendios forestales. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están haciendo
esfuerzos económicos sin precedentes en esta labor, dotando a las administraciones públicas de una importantísima disponibilidad de recursos humanos y materiales.
¿En qué se traduce esta evolución? La evolución se traduce en cifras. En el año 2004 se destinaron 16.915.000 euros en materia de prevención de incendios y en el año 2009, 64.027.000 euros. Y en materia de extinción, en el año 2004,
38.372.000 euros y en el año 2009, 67.028.000 euros.
Estas son las cifras que atestiguan que el informe elaborado por Greenpeace se corresponde con una realidad evidente y es que el esfuerzo de las administraciones, de todas las administraciones
del Estado en esta materia ha tenido un crecimiento sustancial a lo largo de los últimos cinco años.
A partir de ahí, ¿qué es lo que se trae aquí a discusión? Lo que se discute es que se haga un esfuerzo por mantener los niveles de calidad actuales y en ese esfuerzo, que compartimos todos, está también la propuesta de la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Además de lo que yo entiendo que debe ser la preocupación fundamental, que es la eficacia y la eficiencia en las políticas de prevención y extinción de incendios, se tratan algunas cuestiones colaterales.
Es
verdad que a lo largo de los últimos meses han surgido algunas noticias en relación con previsibles decisiones a adoptar por el Ministerio de Medio Ambiente en relación con los medios de extinción disponibles, que son de refuerzo a quien
tiene las competencias en estos momentos del ejercicio de esta tarea, que son las comunidades autónomas, y que quedan definitivamente despejadas, fundamentalmente en las actas tanto de la segunda Comisión Sectorial de Medio Ambiente, del pasado 25
de mayo de 2010, como en la referida conferencia sectorial de ayer, 7 de junio. El 25 de mayo de 2010 lo que se viene a decir es que, en relación con el debate abierto por parte de la Subdirección de Política Forestal y Diversificación, se señala
que se garantiza el mismo número de efectivos que en el año anterior y, después de un breve debate, lo que se considera es que el Mmarm debe impulsar un convenio de colaboración en la extinción de incendios con las comunidades autónomas. Esto da
lugar a lo que ayer se trató en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que lo que viene a referir la ministra textualmente es lo siguiente. A preguntas de algunos consejeros la ministra contesta que no existe ningún cambio
por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en lo que respecta a las brigadas de refuerzo contra incendios forestales, manda un mensaje de tranquilidad a todos los consejeros de las distintas comunidades autónomas y recalca
que lo publicado en algunos medios de comunicación no es cierto. Vuelve a tranquilizar a los consejeros sobre la continuidad de la operatividad del sistema existente hasta ahora.
En nuestra enmienda lo que pretendíamos era avanzar más allá de las pretensiones que expone el Grupo Popular en su proposición no de ley.
Caminamos ineludiblemente hacia un nuevo escenario en materia de incendios forestales. Eludir lo que
en estos momentos representa la evolución del calentamiento global del planeta en el escenario del cambio climático y pensar que no podemos atender las modificaciones que se van a producir en los próximos años en materia de necesidades de extinción
de incendios nos obliga a pensar que caminamos hacia un escenario europeo, donde va a ser necesario reforzar esa cooperación e ineludiblemente hacia una mayor carga de competencias en el ámbito de las comunidades autónomas para atender todas
aquellas necesidades que afectan a su ámbito territorial y, desde luego, las competencias del Estado para reforzar lo que en estos momentos son los recursos que el Estado tiene a disposición del apoyo a las comunidades autónomos en sus competencias.
En este sentido, esta misma mañana llegaba a todos los operarios de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales una carta en la que se les manifiesta la continuidad de las brigadas de refuerzo de extinción de incendios y del operativo
global de la Administración General del Estado que se encuentra en estos momentos disponible.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.
Para fijar la posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, Coalición Canaria ha analizado la propuesta que se plantea por parte del Grupo Popular y, en primer lugar, queremos decir que quizá compartamos los objetivos generales, pero no el momento procesal en el que se plantea. Es
indudable que el hecho de presentar una iniciativa que poco menos viene a plantear la política general de colaboración entre administraciones en un reparto competencial claro de las comunidades autónomas en los trabajos de extinción y en los temas
medioambientales y vincularla al inicio de una etapa de verano en la que, como es lógico, siempre puede ocurrir una circunstancia no deseable de incendio forestal, tiene una carga política que nosotros no compartimos en estos momentos.
Creemos que
hay momentos, como la aprobación de los presupuestos y los debates en las comunidades autónomas, en los que se tiene que establecer un criterio razonable de medios y recursos que cada año podemos destinar a la lucha contra los incendios forestales.
Los medios nunca serán suficientes, y no podremos decir desde una perspectiva seria y responsable que en estos momentos lo son, porque no es así, pero es indudable que en el marco de la política económica y en un momento como el actual tendremos que
decidir, que dilucidar si podemos disponer de más recursos para incrementar los medios en una campaña contra los incendios forestales, que siempre pueden producirse y que, indudablemente, aunque tengamos muchos medios no podremos prevenirlos. Si no
estamos plenamente activos en los diferentes dispositivos, indudablemente tendremos mayores dificultades a la hora de trabajar contra el fuego, porque es fundamental la prevención y, sobre todo, llegar en el primer momento a la hora de extinguir los
incendios.
Sí sería razonable -y voy terminando, por cuestión de tiempo- la coordinación. Las BRIF han significado un paso importantísimo en la lucha contra el fuego en las comunidades autónomas, y hay que reconocer al Gobierno ese esfuerzo de
colaboración con las mismas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular hacía también referencia a la UME. Creo que hay que estudiar seriamente y con rigor los criterios de actuación de la UME. Todos deberíamos tener claro -cada institución y
cada administración- bajo qué conceptos y qué criterios interviene la UME. No se puede dejar únicamente al criterio, que a veces suena partidista, de quien tiene la responsabilidad del Gobierno en un momento determinado, la delegación del Gobierno
u otras veces el propio ministerio, porque en definitiva parece que no se actúa exactamente igual en función de en qué lugar del territorio se produzca el incendio y cuál sea el Gobierno de ese territorio a la hora de establecer esas
colaboraciones de la UME con la autoridad competente en materia de extinción en ese territorio.
En definitiva, no nos gusta la iniciativa debido al tiempo en que está planteada. Siempre será fácil decir que nosotros advertimos que no eran suficientes los recursos en materia de extinción de incendios en caso de que este verano se
produzca una desgracia, que ojalá no ocurra. Creemos que se debe plantear en otros momentos y esperamos al consenso entre los dos grupos mayoritarios para decidir qué vamos a votar en esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, hemos leído con atención la propuesta que nos ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, no solamente la parte resolutiva, porque hemos atendido mucho la parte expositiva, en la medida en que nos parece que es justamente aquí
donde la intencionalidad política del Grupo Parlamentario Popular se manifiesta con más claridad. En nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, somos conscientes de que cuando nos referimos a los incendios forestales estamos hablando de un
problema muy serio, de un problema que no siempre se puede controlar de una manera exacta cuando está en sus momentos más álgidos. Por lo tanto, las infraestructuras que se necesitan para hacerles frente nunca son suficientes. De hecho, en
muchísimas ocasiones se han tenido que utilizar no solo los refuerzos de las distintas comunidades autónomas, además de las propias del Estado español, sino también de otros Estados de la Unión Europea, y en Galicia, desde luego, estamos
experimentados en esta cuestión.
Hay una cuestión que hace que no podamos compartir la propuesta que nos presenta el Grupo Popular, y es que entendemos que la intención de la misma no está tanto en garantizar esos refuerzos que debe tener el Estado para acudir a solucionar
estos problemas que se pueden dar en cualquier comunidad del territorio español, y que lo que el Grupo Parlamentario Popular pretende es evitar cualquier tipo de transferencia a las comunidades autónomas en relación con este asunto. Nosotros no
vamos a ser quienes entendamos que no se deban transferir más competencias a las comunidades autónomas en materia de extinción de incendios de las que existen en este momento. Entendemos que cualquier transferencia tiene que ser consensuada con las
administraciones autonómicas, pero además que la infraestructura que se transfiere tiene que estar dotada debidamente, sobre todo desde el punto de vista económico, para que se pueda hacer frente a aquellas cuestiones que en este momento están
siendo aportadas por el Estado. Por tanto, no podemos oponernos a que haya un acuerdo entre Gobierno central y comunidades autónomas para que estas puedan asumir mayores cotas de competencia en materia de extinción de incendios, pero nunca podría
ser sin esas condiciones que acabamos de decir. Por eso, señorías, y dado que se nos acaba tiempo, manifestamos nuestra posición contraria a la propuesta que hoy presenta el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Quisiera hacer una referencia indirecta, en primer lugar, al tema que nos ocupa para dejar patente la sensibilización que muchos diputados tenemos con el tema que se ha traído hoy a debate. Represento a una circunscripción electoral que el
pasado 8 de marzo se vio fuertemente castigada por un gran temporal de nieve y viento, más allá de los problemas de incomunicación y de falta de suministro eléctrico, por un estado de mantenimiento de la red eléctrica totalmente inaceptable. Las
comarcas de Girona siguen hoy muy afectadas por las consecuencias de ese temporal. Como advirtió hace unos días el conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, serán necesarios unos tres años de trabajo para conseguir que los bosques
recuperen el estado que presentaban antes del temporal de nieve y viento del pasado 8 de marzo. Una sola visita al macís de Les Gavarres es suficiente para advertir la magnitud de la tragedia por el gran volumen de arbolado caído que se debe
retirar. Los trabajos de la Generalitat ante tal magnitud se centran en la eliminación de la vegetación que puede obstaculizar el curso del agua y de los caminos para que en caso de incendio pueda accederse a las zonas boscosas y facilitar las
tareas de extinción. Ya sabemos que los incendios de verano se pagan en invierno, y este año el invierno ha servido más para arrojar leña al fuego que para quitarla.
Dicho esto, no nos acaba de convencer la proposición no de ley del Partido Popular. Como ya se ha comentado, no podemos olvidar que la defensa contra los incendios forestales en el Estado español es competencia exclusiva de las comunidades
autónomas. A ellas les corresponde la tarea de dotarse de los mejores y más modernos sistemas posibles de prevención y equipos de extinción, tanto materiales como humanos, y lo están haciendo todas al límite de sus posibilidades. Sin ir más lejos,
la semana pasada la Generalitat de Catalunya presentó los nuevos equipos y medios de que se dotarán los bomberos de la Generalitat, fruto de las medidas resultantes de la comisión de investigación del desagraciado incendio de Horta de Sant Joan del
verano pasado.
No queremos entrar a valorar los rumores a que se refiere el apartado final de la exposición de motivos
acerca de la posibilidad, sostenida por representantes del ministerio, de ceder los medios del Estado de lucha contra los incendios a las comunidades autónomas, pero esa alusión en la exposición de motivos lo delata y nos preocupa. Repito
que desconocemos la base de ese rumor y el alcance que debiera tener dicha cesión. No obstante, como también se ha dicho, de entrada no nos parecería mal dicha cesión, pues, como es sabido, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a
través de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, tiene encomendada la coordinación básica de las actividades de lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción a las administraciones autonómicas, dentro de las
directrices del denominado Plan forestal español. El comité se reunió hace poco para estudiar la distribución de los medios disponibles y para revisar la planificación y los procedimientos de coordinación de los medios aéreos para las situaciones
que requieran la intervención conjunta de varias administraciones y el intercambio de información durante la época de peligro, además de intercambiar experiencias entre los asistentes y de analizar las técnicas y entrenamientos puestos en marcha
para la prevención y extinción de los incendios forestales. Por tanto, creemos que se está haciendo el trabajo correctamente, vemos innecesaria y fuera de tiempo esta proposición no de ley y nos parece algo así como legislar defensivamente, pero
también de un modo claramente jacobino, a golpe de rumor. Por tanto, no vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, con su permiso intervendré desde el escaño porque mi estado de salud y mi voz tampoco me permiten grandes intervenciones hoy. Por lo tanto, intervendré muy brevemente para decir que hoy
debatimos una proposición no de ley que nos ofrece el Grupo Popular sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales. No voy a ser muy novedoso; la mayoría de los argumentos que yo tenía ya se han esgrimido
por parte de otros grupos y además perfectamente. ¿Por qué será que casi todos coincidimos en el mismo tema? ¿A qué viene hoy esto? ¿Qué miedo hay? ¿Cuál es el temor que se tiene a la hora de presentar esta proposición no de ley? A veces ocurre
que la parte dispositiva de un texto, el meollo, no suele ser consecuencia directa de la exposición de motivos. Por ello, a veces esta suele estar oculta. Hoy creo que es bastante clara y por lo menos le tengo que agradecer la coherencia en el
sentido de que no intenta ocultar nada y es clara la intención de este texto. Precisamente por eso, porque es clara la intención de este texto, no podemos estar de acuerdo. No se anda con rodeos, como decía, y yo creo que la pregunta sería: ¿qué
busca este texto que traen hoy aquí? ¿Cambiar un sistema que en algunos casos está funcionando bien? ¿O en el fondo pretenden recentralizar algo que ya está descentralizado? Quizá muchas veces con pequeñas proposiciones no de ley, con pequeñas
mociones, con interpelaciones, queremos volver a cuestionarnos una serie de funcionamientos con todo lo que nos costó descentralizarlos, estamos volviendo a buscar poderes del Estado en aquellos elementos que ya están descentralizados. A mí me
preocupa seriamente, porque hoy son los incendios forestales, pero otro día puede ser cualquier otra cosa. Ante esta situación y con lo que a algunos nos ha costado poder descentralizar algunas actividades, algunas funciones que ahora están en
manos de las comunidades autónomas, que están funcionando bien y que han sido el reclamo de todas las colectividades, ahora tenemos que cuestionarnos si tienen que volver o no otra vez al Estado.
Hay una cuestión más, como decía mi compañero Francesc Canet, la desconfianza que existe. Creo que es bastante elocuente el apartado final de la parte expositiva, cuando dice: en sucesivas reuniones mantenidas por representantes del
ministerio se ha mostrado la intención de ceder los medios de lucha contra los incendios del Estado a las comunidades autónomas, lo que supondría una omisión de la función del apoyo al Estado. Primero, efectivamente hay una desconfianza; tampoco
es muy serio pensar que se ha dicho en una reunión. Y si fuera así, ¿qué pasa? Si verdaderamente se va a transferir esto, ¿qué peligro hay? ¿Dónde está el temor que ustedes tienen a que eso ocurra?
No voy a extenderme más. Solamente quiero decir que en el caso de Euskadi, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las diputaciones forales son las competentes en materia de extinción de incendios en todo su ámbito, no solo en los
forestales, en todos; algunos ayuntamientos tienen sus cuerpos de bomberos; el Gobierno vasco centraliza; tenemos el sistema de SOS Deiak, que es un elemento centralizador y creo que en estos momentos está funcionando. Además, las grandes
brigadas -por ejemplo, aquí se ha comentado el tema de la UME-, ¿no van a intervenir, el Estado no va intervenir si verdaderamente se requiriese un gran esfuerzo, si estuviéramos hablando de un gran accidente medioambiental? Porque no solamente en
los incendios, en los grandes accidentes medioambientales se participa incluso interestatalmente o europeamente. Por lo tanto, hay que rechazar esos miedos y hay que huir de ellos.
Solamente me queda decir que por los motivos argumentados, tanto por mí como por otros grupos, no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Catalán el señor Macias tiene la palabra.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré también desde el escaño en aras de la agilidad y sin querer reproducir algunos argumentos que anteriormente ya se han explicado por parte de otros portavoces. Nuestro grupo también va a votar en contra de este texto si lo que se
somete a votación es el texto inicial del Grupo Popular; si fuera aceptada la enmienda del Grupo Socialista, votaríamos a favor, puesto que nos parece que recoge más la voluntad y el espíritu del Estado de las autonomías.
Quiero hacer una reflexión sobre una determinada concepción de lo que llamamos el Estado de las autonomías, en virtud de la cual aquellas cosas que son pequeñitas, normales u ordinarias las tienen que hacer las comunidades autónomas. Esta
es una visión que nosotros llamamos provincialista, sin ningún ánimo peyorativo, es decir, que cuiden las carreteritas las comunidades autónomas, pero que cuando haya algo importante tiene que ir el papá Estado. Comprenderá la señora portavoz del
Partido Popular que Convergència i Unió no comparta, en absoluto, esta visión de las cosas. Nosotros, como sabe la señora portavoz, nos consideramos una nación y quien se considera una nación quiere asumir todas las competencias y todas las
responsabilidades, lo cual no es óbice para que en determinadas circunstancias lo más normal sea que los mecanismos de cooperación, de solidaridad y de ayuda estén presentes.
Sabe perfectamente que en Cataluña, siempre que ha habido una situación
de alarma que ha sobrepasado un determinado nivel, no solamente no ha habido ningún inconveniente en que participen medios de las comunidades limítrofes, sino también los medios del Estado, pero no en el contexto de decir que aquí venga el papá
Estado, sino en el de que uno debe ser capaz de resolver la práctica totalidad de los problemas. A veces, cuando uno no pueda, tiene que llamar, en primer lugar -ya que es más normal-, a quienes comparten Estado y no a un hidroavión del Estado
francés, aunque también, a veces, los llamamos; y los llamamos, no en Cataluña sino en otras comunidades, algunas por cierto tampoco limítrofes.
Esta es la concepción que nosotros tenemos de este tema, de un tema espinoso que por experiencias muy trágicas que sucedieron el pasado verano en Cataluña, es de gran sensibilidad. Convergència i Unió creemos que la participación de los
medios del Estado y de otras comunidades en Cataluña ha sido ejemplar. Cuando alguien ha hecho una crítica de estos medios nosotros los hemos defendido. Creemos que hay que favorecer este intercambio y que el modelo de colaboración sincera y
abierta debe coexistir, pero esto no quiere decir que tengamos que estar siempre supeditados a la ayuda de un organismo de una magnitud superior cuando el problema se nos escape de las manos. Por tanto, como nosotros no compartimos esta filosofía,
tenemos que votar en contra del texto porque da a entender que trasluce esta filosofía. De hecho, después de una lectura muy atenta de la parte dispositiva se podría decir que se puede interpretar; pero, en cambio, en la parte expositiva se dice
muy claramente. En cualquier caso, sepa que nuestro voto no es para que no exista colaboración ni cooperación; no es un voto de agradecimiento y de reconocimiento de los medios que el Estado pone a disposición, sino, al contrario, es un voto en
relación con la concepción que nosotros tenemos del Estado de las autonomías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señora De Lara, ¿acepta S.S. la enmienda para su inclusión en la votación?
La señora DE LARA CARBÓ: No, señor presidente. No acepto la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias. Se votará en sus términos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL AJUSTE EN EL GASTO PÚBLICO PARA ANTICIPAR LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT. (Número de expediente
173/000145.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las repercusiones económicas y sociales del ajuste en el gasto público para anticipar la reducción del
déficit. Tiene la palabra el señor Herrera para defenderla.
El señor HERRERA TORRES: Esta moción intenta poner sentido común en torno a la reducción del déficit para garantizar que se produzca con sensibilidad social y exigiendo a quien más tiene. De hecho, es una moción que se ubica en un sentido
de progreso; es una moción que no hace equilibrios; es una moción que exige a quien más tiene, y es una moción que intenta que el ajuste no sea exclusivamente el que demandan los mercados sino que sea un ajuste con sensibilidad social.
Le respondía el señor Zapatero al señor Durán hace apenas unos días: Lo primero que toca es el ajuste del gasto, después la reforma laboral, siguiendo con la reforma del sistema de pensiones y acabando con la bancarización de las cajas.
Decía exactamente lo mismo que le pedía el Fondo Monetario Internacional y hacía exactamente lo mismo que habría hecho un gobierno de derechas, eso sí, con una velocidad distinta. Por eso presentamos esta interpelación con la moción subsi
guiente y por lo que pedimos hoy a la Cámara una mínima sensibilidad social.
Hoy, en un sitio como Cataluña, hemos conseguido que el decreto se apruebe -algunos de sus elementos- por imperativo legal, pero, en cambio, hemos conseguido que haya un incremento de la fiscalidad sobre las rentas más altas. Y lo que le
estamos diciendo con esta moción al Gobierno es que lo que tiene y debe hacer es una reforma fiscal en profundidad que introduzca progresividad y que consiga, por ejemplo, una recaudación en torno al uno por ciento del PIB. No es disparatado. Este
es el Gobierno que hizo reformas fiscales que supusieron una reducción de ingresos por valor de más de 30.000 millones de euros y este es el Gobierno que hoy debería anunciar una reforma fiscal de carácter progresivo.
Hemos planteado medidas de sentido común. Sí, acabar ya con esas Sicav que permiten que las grandes fortunas, que los chiringuitos financieros tributen al uno por ciento. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) Esa práctica habitual hoy en España, otros Estados la han limitado. Recordarán ustedes que lo que hizo el Gobierno Zapatero fue pasar las políticas de control sobre las Sicav de manos de la Inspección de Hacienda a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Hemos planteado la recuperación del impuesto de patrimonio, una recuperación que hoy haría absolutamente innecesarias medidas insólitas, impopulares e inadecuadas como los cambios que va a haber en materia de
dependencia o como la congelación de las pensiones. No es una política irremediable, como decía algún militante hace muy pocos días en una reunión de partido. Estas políticas se pueden evitar haciendo una política mínimamente progresista. Hemos
planteado, a su vez, que haya reformas en materia de pensiones, siempre en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo. Esta es una medida que incluso el conjunto de la Cámara podría votar favorablemente, siendo este un punto sobre el que ya
existe amplio consenso y esperando, por supuesto, la participación del Grupo Parlamentario Socialista.
Esta es una moción que viene desde la perspectiva, desde la posición, desde la sensibilidad de la izquierda. Y esta moción es hoy una oportunidad para que el conjunto de la Cámara, especialmente diputadas y diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, entiendan que de esta crisis se tiene que salir de otra manera. Piensen ustedes que las medidas de ajuste hoy en Europa se hacen de forma más equilibrada, que el Gobierno Sócrates ha introducido medidas fiscales y que la política más
que discutible de la señora Merkel es capaz de introducir elementos de fiscalidad que hoy el Gobierno Zapatero es incapaz de plantear. Por eso hemos traído esta moción y este texto a la Cámara, por eso entendemos que hoy tienen ustedes una
oportunidad y por eso creemos que sí, que hoy el Grupo Parlamentario Socialista, si realmente quiere, tiene la oportunidad de empezar a corregir las cosas. Lamentablemente, creo que no asistiremos a ninguna sorpresa. Podemos tener una sorpresa en
materia de pensiones.
Esperemos que lo que haga el conjunto de la Cámara en este punto, como mínimo, sea acompañar a nuestro grupo parlamentario. Creemos francamente que hoy tienen una oportunidad en materia fiscal, en materia social y en materia
laboral de hacer las cosas de manera distinta.
Hemos planteado también que la reforma laboral se haga en el marco del acuerdo social. Nos parece absolutamente impropio, nos parece un trágala por parte del Gobierno que en materia laboral tengamos el anuncio por parte del Gobierno de que
hará la reforma laboral sí o sí y que además el Gobierno haya filtrado los contenidos de dicha reforma; una reforma que ya ha dicho que se va a basar en el abaratamiento del coste del despido y que, por tanto, se antoja injusta e insolidaria y que
ha hecho que hoy el acuerdo sea imposible porque el Gobierno se ha puesto de parte de la patronal, haciendo que la patronal no aflojase. Por eso nosotros esperamos que voten favorablemente y si no lo hacen, constataremos una realidad: que si el
Grupo Socialista hoy vota en contra, votará en contra de una salida de la crisis justa, solidaria y sostenible. Tienen hoy otra oportunidad, una nueva oportunidad y, lamentablemente, creo que la van a desaprovechar. Nosotros no vamos a cejar en el
intento. Vamos a insistirles y les vamos a trasladar que es necesaria esta salida, en un día como hoy en el que hay huelga de la función pública, en un día como hoy en que empleados públicos les están diciendo que hay que reivindicar lo público y
que de esta crisis no se puede salir con el ajuste salarial, y en un día como hoy en el que miles de ciudadanos les demandan y les exigen que hagan de gente de izquierdas y que dejen de hacer el dictat de los mercados para pasar a hacer políticas
progresistas en lo fiscal, en lo laboral y en el sistema de pensiones para garantizar una salida justa y solidaria a esta crisis.
Nada más, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte de la señora Díez, del Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Díez para defender la enmienda.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Efectivamente he presentado una serie de enmiendas. Empezaré por decir que estoy plenamente de acuerdo con aquellos puntos que no he enmendado, con los puntos números 2, 4, 7 y 8. Sin embargo, he pedido la supresión del punto número 1
porque efectivamente siempre es mejor que las cuestiones, las leyes, los decretos y, desde luego, la reforma del mercado laboral salgan con acuerdo entre los agentes sociales, pero no puedo aceptar que se le diga al Gobierno que tiene que no
gobernar o, al contrario, que tiene prohibido gobernar. Porque los Gobiernos tienen que gobernar y tienen entre sus obligaciones tratar de buscar acuerdos, pero si no los hay, tienen como principal obligación representar a los
ciudadanos y tomar decisiones. Por tanto, pido la supresión de ese punto.
También he presentado una enmienda en relación con el punto número 6, en el que el proponente plantea la supresión de las Sicav. Nosotros lo que planteamos es que se devuelva su regulación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Creo que el problema es ese, es un problema de regulación y de quién depende esa regulación. Creo que tiene que depender de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También nos parece importante, y por eso hemos presentado una enmienda en
este sentido, el asunto que plantea Izquierda Unida en el punto número 9 -lo de dar continuidad a la ayuda mensual de 400 euros-, pero planteamos la forma concreta, eso es, ampliando la renta activa de inserción como ya en esta tribuna he tenido la
oportunidad de defender en alguna otra ocasión. En relación con las cajas de ahorros a nosotros nos parece que lo importante, lo sustancial es garantizar la profesionalización de los órganos de dirección; es mucho más importante garantizar la
profesionalización que los vetos territoriales. La territorialidad no puede ser el instrumento que rija el futuro de las cajas de ahorros ni desde el punto de vista económico y mucho menos desde el punto de vista de su carácter social.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo para fijar posición tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Señora presidenta, muy brevemente desde el escaño quiero manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta moción consecuencia de interpelación. Los puntos contenidos en la misma son básicamente
coincidentes con posturas que el BNG también ha defendido en los distintos debates económicos y con medidas que han sido objeto de iniciativas por nuestra parte. Nosotros consideramos que es posible otra estrategia para hacer frente a la crisis;
una estrategia que prime el objetivo de favorecer la recuperación económica al dogma del déficit cero; una estrategia que reparta de manera más equitativa y más justa los costes de la crisis sin pretender transferirlos íntegramente a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad; una estrategia en definitiva que no ponga en peligro la cohesión social ni inicie el acoso y el derribo del Estado del bienestar. Por lo tanto, ratifico nuestro apoyo a los contenidos de esta moción consecuencia
de interpelación y tendrá nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Para fijar posiciones, ¿por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV? (Pausa.) No interviene. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, voy a fijar la posición de Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a la moción que ha presentado y defendido el portavoz de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, señor Herrera, que va a ser contraria a la iniciativa en el caso de que se vote en bloque, porque no estamos de acuerdo con los planteamientos básicos que se fijan en la misma. Ellos plantean poner en marcha una serie de
mecanismos que van en la dirección de incrementar la presión fiscal a los ciudadanos. Cuando se habla de incrementar la presión fiscal consideramos que siempre la acaban padeciendo las clases medias y populares. Desde esta perspectiva,
consideramos que no vale la pena perder el tiempo dando ideas al Grupo Parlamentario Socialista para intentar plantear mecanismos que vayan en esa dirección porque es justamente la dirección contraria que siempre ha defendido nuestro grupo
parlamentario. Nosotros no estamos a favor de que se planteen rebajas impositivas desde la perspectiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que -tal y como vamos a defender posteriormente en la moción que hemos presentado y que
vamos a debatir dentro de breves minutos- somos más proclives a una serie de medidas que fomenten la ocupación y generen confianza para que, al mismo tiempo, esta confianza aumente la inversión con la consiguiente generación de empleo. Esta es la
principal preocupación que debería tener el Gobierno y por este motivo y sobre la base de los planteamientos que ha hecho el portavoz de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no podremos votarla favorablemente. Otra
cosa sería, señorías, que el grupo proponente planteara otros mecanismos de votación.
En este caso valoraríamos cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este Parlamento se enfrenta a una situación muy complicada por la cuestión económica y por las formas elegidas por los socialistas para gobernar. El real decreto-ley es una figura que la Constitución limita a casos de
extraordinaria y urgente necesidad y es su carácter excepcional -y más en el momento presente- el que debería conllevar una voluntad política expresa de conformar grandes acuerdos que reforzaran democráticamente la apelación a este instrumento.
Pero este Gobierno congela las pensiones por decreto, rebaja el
sueldo de los funcionarios por decreto, lamina prestaciones y derechos por decreto, y ahora piensa regular las relaciones laborales por decreto, como si los problemas de nuestras cuentas públicas o de nuestro mercado laboral hubiesen
aparecido de repente en una suerte de accidente imprevisto. Pero, señorías, esto no es una inundación ni es una inclemencia o catástrofe repentina. Más de dos años de crisis y el Gobierno actúa ahora pero por decreto y de forma unilateral.
Gobernar así evidencia una concepción del poder perjudicial, sin haberse trabajado ni conseguido un solo voto de otros grupos a favor de estas medidas. Claro que son discutibles las medidas tomadas por el Real Decreto 8/2010, pero el problema real
de España es la forma de ejercer el poder del señor Zapatero, son las actitudes que toma, los mecanismos que elige, las formas que emplea y su idea de liderazgo mesiánico y, por supuesto, su partido que asiente, consiente y permanece silente ante la
voladura de los consensos y los pactos en este Parlamento. Los ciudadanos hoy no saben a qué atenerse, no hay proyecto, no hay rumbo, no hay orientación y estamos claramente monitorizados desde fuera, como si fuéramos un enfermo terminal. Creo que
tenemos que cambiar esta dinámica por responsabilidad y esta moción puede ayudar en algún punto pero en otros, señor Herrera, claramente no. Podemos coincidir en algunos aspectos, pero hace falta emprender un camino distinto. Es cierto que es
positiva la concertación social en materia de reforma laboral, pero no se llega a esa concertación por aburrimiento. El Gobierno debió actuar hace mucho tiempo y esa reforma laboral debe ser afrontada por esta Cámara con voluntad de contribuir a
mejorar nuestras capacidades laborales, que están seriamente deterioradas. Por tanto, nos preocupa que el Gobierno tome actitudes unilaterales, pero a estas alturas no tanto frente a los agentes sociales como precisamente frente a esta Cámara. Por
eso, el Partido Popular quiere acordar los elementos básicos de esa reforma laboral y la apoyaremos si de verdad está planteada para crear empleo y no para intentar cubrir el expediente.
El Congreso y el Senado ya se han manifestado contra el recorte de las pensiones, lo han hecho todos los grupos menos la bancada insensible, y convendría que exigiéramos de este Gobierno que cumpla lo que el Parlamento le dicta y habrá
mecanismos para ello. Desde luego compartimos este punto, pero hoy la cuestión central, señorías, es que el Gobierno ha decidido de forma directa, sin matices y provocadoramente incumplir el Pacto de Toledo. A estas alturas lo que usted propone
sería como decirle al lobo que evite volver a matar a la oveja, un tanto ingenuo a nuestro entender. En todo caso, podríamos compartir la adecuada reestructuración de nuestro sistema financiero para reforzar su solvencia y que facilite el acceso al
crédito, pero ello no puede suponer más intervencionismo o más regulación, sino en todo caso mejor. Señorías, abrir una negociación sin límites ni perjuicios es mera entelequia en un Gobierno que ha aducido razones ideológicas para no pactar lo
fundamental en materia económica, y le piden a este Gobierno que haga lo que sus genes o su cultura no le permiten, que es mirar por encima de sus lamentables resultados para entender que quizá lo que otros le propusimos en su momento podía haber
sido válido. Hoy asistimos al fracaso de unas políticas y, por lo tanto, no podemos responder a esa desorientación fiscal con medidas improvisadas como las que ustedes proponen en materia de renta, sociedades, fiscalidad ambiental o patrimonio. El
deterioro de nuestras bases fiscales no puede ser compensado de forma espasmódica con un conjunto de medidas inconexas de tintes más ideológicos que económicos, que van a producir más inestabilidad, más señales contradictorias y una inseguridad
enorme en los agentes económicos y en sus decisiones de gasto, de ahorro o de inversión. Señorías, ¿qué es de izquierdas en materia fiscal? ¿Primero subir los impuestos, luego bajarlos, luego suprimirlos, ahora crearlos, incluso dar una amnistía
fiscal? Todo vale, o lo contrario, no vale nada porque nada responde a un criterio lógico y riguroso.
Señorías, modificar la composición del gasto público, acompañarlo de las reformas estructurales necesarias para favorecer el crecimiento y la creación de empleo, asegurar de verdad la protección social y nuestro sistema de pensiones es el
verdadero camino para la recuperación, es el camino al que el Grupo Parlamentario Popular invita al resto de los miembros de esta Cámara y es el camino que con esta moción, que significa más impuestos, menos estabilidad, más continuismo, menos
reformas estructurales, más intervencionismo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Burgos, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: ... menos libertad, más gasto público para subsidiar el paro, es un camino que por esta vía no estamos dispuestos a emprender.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidenta.
Señorías, en las tres mociones consecutivas que hoy vamos a debatir nos movemos entre dos falsedades: o bien se afirma que el Gobierno no ha hecho nada contra la crisis -y de ahí las mociones de CiU y del Grupo Popular-, o bien se afirma
que lo que ha hecho el Gobierno ha sido todo a costa de los débiles y a favor de los poderosos. De esto trata la moción que hoy ha defendido el señor Herrera, y es mi turno de fijar posición.
Señorías, a su discurso de hoy, a los fundamentos de su moción les falta, en nuestra opinión, se mire por donde se mire, ecuanimidad; de ahí, nuestra decepción. Falta de ecuanimidad, señorías, para calibrar la difícil situación
en que se halla hoy la economía del sector euro y explicarlo claramente a los ciudadanos. Desde que empezó la crisis todos los gobiernos han gastado más de lo que han ingresado, y en España el Gobierno lo ha hecho con una intención:
proteger a los débiles, mantener y mejorar todas las prestaciones sociales, incluidas ahora, claro está, las de las personas sin empleo y las pensiones mínimas, y también con medidas de inversión en los ayuntamientos y ayudas sectoriales para, en la
medida de lo posible, crear empleo o mantenerlo, que es nuestra principal preocupación. También falta de ecuanimidad para explicar a los españoles que necesitamos y queremos en los próximos años seguir gastando más de lo que ingresamos precisamente
para mantener esta protección y estos servicios públicos e impulsar una salida sostenible de la crisis. Es evidente, señorías, que la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta no puede ser cada vez más grande, ni para un país en
particular ni para un conjunto de países. Este gasto adicional es el que se financia con los bonos soberanos que tienen, como ustedes saben, como garantía última el crecimiento de un país para hacer frente a sus compromisos a largo plazo.
Señorías, surgió, como ustedes saben, una crisis inesperada, en la que las dudas creadas por la mala política de un Gobierno de derechas en Grecia pusieron en peligro no solo sus cuentas públicas o las de España y Portugal, como se ha dicho,
sino también la de todos los países de la zona euro. Vean, si no, los reales decretos-leyes que se convalidaron en la sesión pasada y el que veremos el próximo jueves. Señorías, hay una necesidad urgente de medidas excepcionales, temporales y de
calado, que permitan a nuestra economía parar y templar, dar, si lo prefieren, un paso atrás, para consolidar los avances y poder continuar con mayores ímpetus. Lamento también, señorías, su falta de ecuanimidad para reconocer que durante el
mandato socialista desde 2004 los avances sociales en España han sido superiores, muy superiores, a los avances económicos, y cuando ha llegado la crisis los hemos defendido y se han aplicado criterios de progresividad en todas las medidas. La
vicepresidenta segunda les citó algunos ejemplos, yo podría citarles algunos más y a ellos me remito.
Me queda un minuto y medio, si me permite la señora presidenta, para explicar nuestra posición sobre los nueve puntos que ustedes presentan.
Desde luego, compartimos la convicción de que sería mejor un acuerdo de concertación en materia
laboral, pero, ¿y si no llega nunca? ¿No debemos tomar medidas para que nuestro mercado laboral no pueda pasar del 7 al 19 por razón de un sistema que incentiva la temporalidad? ¿No es el empleo nuestro mayor problema? Tampoco podemos aceptar la
propuesta número 2, puesto que nos reafirmamos en el voto favorable al paquete de medidas de contención del déficit del pasado 27 de mayo, aprobado -le recuerdo, señor Burgos- en esta Cámara por mayoría y que queremos cumplir. Porque el déficit de
un país, señorías, es uno y entero, aunque su gestión -y me remito al superávit del sistema de pensiones- pueda y deba hacerse por separado. Quiero resaltar que la reforma que debe asegurar las pensiones a largo plazo sigue en la Comisión del Pacto
de Toledo. Señorías, desde luego, mi grupo comparte la necesidad de mejorar la contribución de las rentas altas a un reparto más equitativo de cargas y beneficios de la crisis, no digo nada nuevo, puesto que el propio presidente así lo ha
anunciado, pero es una irresponsabilidad hacer creer a los españoles que con solo sus cuatro medidas fiscales podemos hacer frente a la crisis, lamentablemente no es así y de ahí el anuncio del presidente del pasado 12 de mayo; y desde luego
podemos compartir también la necesidad de reformar el sistema financiero.
Termino, señora presidenta. Señorías de Izquierda Unida, señor Herrera, con ustedes seguimos compartiendo muchos sueños y valores y por ello lamento aún más que hayan caído en la tentación de un discurso fácil con la añoranza de un pasado
que ya no es y sin propuestas concretas y viables para un presente complejo, duro, difícil y global. Mi grupo no rehúye la realidad y luchamos por transformarla, seguiremos haciéndolo.
Señorías, cien años de Grupo Socialista en esta Cámara nos
avalan.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.
Señor Herrera, ¿acepta usted alguna de las enmiendas presentadas por la señora Díez?
El señor HERRERA TORRES: No, señora presidenta. Pediríamos votación separada del punto número 2 y del punto número 9.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Es decir, procederemos a tres votaciones: punto 2, punto 9 y resto de los puntos; entiendo que incorporando la propia enmienda de su grupo aunque tenga otro firmante.
El señor HERRERA TORRES: No, no. En el momento en que se incorporara una enmienda no se podría proceder a la votación por separado. Por tanto el punto 2, el punto 9 y el resto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA NECESITA PARA CREAR EMPLEO Y CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 173/000146.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular,
sobre la situación de las reformas estructurales que la economía española necesita para crear empleo y consolidar la recuperación económica. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la economía española es de todas las grandes economías desarrolladas la que más está sufriendo los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo, en las cuentas públicas y en su capacidad de crecimiento. Desde el inicio
de la crisis, en España se ha destruido el 64 por ciento de todo el empleo destruido en la zona euro y la tasa de paro española es del 20 por ciento, duplicando así la media de la Unión Europea. Nuestras cuentas públicas han sufrido un desajuste
sin precedentes en cuantía y en el ritmo de deterioro. Así, el déficit de las administraciones públicas ha aumentado en 13 puntos en dos años y la deuda pública ha pasado de ser del 36 por ciento del PIB al estimado para final de año del 65,9 por
ciento. Además, nuestra Hacienda pública es la que más ingresos ha perdido de todos los países del euro: 7 puntos del PIB frente al 1,5 de la media europea. Por tanto, la recuperación económica en España está siendo la más tardía y la más débil
de las grandes economías de la eurozona. Desde el Partido Popular hemos venido poniendo sobre la mesa esta acumulación de desequilibrios de nuestra economía, además hemos presentado propuestas reiteradamente y el Gobierno ha hecho oídos sordos y
las ha ignorado. El resultado ha sido una enorme vulnerabilidad de nuestra economía ante cualquier acontecimiento económico externo e interno. Por ello, no es de extrañar en estas circunstancias que los problemas que se han producido en los
grandes mercados de deuda pública como consecuencia del riesgo de insolvencia de algún Estado miembro del euro, hayan tenido un efecto contagio en las economías europeas con una posición financiera más vulnerable, donde tristemente se encuentra la
economía española. Por eso y en aras de preservar la estabilidad de la moneda única, el Ecofin ha endurecido las exigencias a nuestro país para que acelere el necesario ajuste fiscal y proceda por tanto a adoptar de manera inmediata un programa de
medidas concretas de recorte del gasto público adicionales a las ya anunciadas.
En cumplimiento de esta exigencia, el Gobierno presentó el 20 de mayo el Real Decreto 8/2010 que todos conocen, que nosotros calificamos en su día de improvisado,
injusto e ineficaz para reducir el déficit. Prueba de esa ineficacia que denunciamos se produce por el incremento de la desconfianza económica que cae brutalmente en mayo y en la subida del diferencial del tipo con el bono alemán a diez años que se
sitúa ya en 207 puntos básicos. Señorías, en vez de medidas improvisadas, lo que nuestras finanzas públicas necesitan es un recorte del gasto público estructural de todas las administraciones públicas y reformas, sí señorías, reformas que de una
vez por todas impulsen el crecimiento económico y permitan la creación de empleo, y de esa manera además aumentaremos los ingresos públicos. Lo que no necesita nuestra economía son nuevas subidas de impuestos, que detraerán más la actividad
económica, que traerán más paro y que nos meterán más en la crisis.
Señorías, todos conocemos la política económica socialista: gastar y pasar la gorra a los ciudadanos. Han subido ya el IRPF, los impuestos del ahorro, los especiales, el IVA y, por supuesto, la tarifa eléctrica, la subieron en el pasado y
ya anuncian nuevas subidas en el futuro. Sus nuevas iniciativas son solo subidas de impuestos, en la renta y, por cierto, también una amnistía fiscal para unos pocos. Señorías, esto ni es serio ni es creíble y por eso hoy, una vez más, la Unión
Europea vuelve a pedir a España y a este Gobierno reformas económicas. Señorías, lo imprescindible es llevar a cabo un plan completo de reformas estructurales necesarias para consolidar la recuperación económica y poner en marcha cuanto antes, de
verdad, la creación de empleo. En primer lugar, es necesario formalizar un acuerdo político social y territorial para garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y hacer viable así nuestros servicios públicos. Para ello hay que
reformar las leyes de estabilidad si son necesarias, como está haciendo algún país de la Unión Europea como es el caso de Alemania. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es preciso, a su vez, reformar en profundidad el conjunto del sector
público estatal para evitar solapamientos, para definir bien los límites competenciales y garantizar los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos. En segundo lugar, es necesario acometer la reforma del mercado de
trabajo para luchar contra la dualidad, promoviendo la contratación indefinida a través de la simplificación del abanico de contratos actual y del sistema de bonificaciones. Es necesario avanzar en la colaboración público-privada en los servicios
de empleo. No nos podemos olvidar de mejorar la reforma de la formación profesional. Además, hay que reformar la negociación colectiva, permitiendo de manera efectiva que los convenios se adapten a los cambios del entorno productivo y de la
empresa.
Señorías, la reforma laboral y la reducción del déficit público por sí solo no van a garantizar la vuelta a la senda de la creación de empleo.
La economía española no volverá a crear empleo si no se acomete de verdad la reestructuración y
el saneamiento del sistema financiero, porque tiene que permitir que llegue el crédito a los sectores productivos, a los que nos tienen que sacar de la crisis, a las familias y a las empresas.
Ninguna de las anteriores reformas debe cerrarse en
falso con medidas de corto alcance que se queden en propaganda. Porque aprobar bruscos recortes de gasto público sin acometer la reestructuración y racionalización de la administración solo servirá para empeorar la situación por la que atraviesan
los españoles y aplazar la solución del problema; porque presentar una reforma laboral insuficiente no servirá para resolver los problemas de nuestro mercado de trabajo, solo añadirá más tiempo al calvario por el
que pasan millones de españoles; porque cerrar en falso la reestructuración del sistema financiero lastrará las oportunidades de los emprendedores y de las familias de reactivar la actividad económica impidiendo el retorno del crédito.
Señorías, por eso a estas reformas inaplazables les debe acompañar también la definición de un modelo energético eficiente, competitivo y sostenible, no reiteradas subidas de la tarifa eléctrica a las familias y a las empresas; la reforma de la
educación; debemos avanzar en la unidad de mercado en colaboración con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales; y no nos debemos olvidar de la simplificación administrativa, que dificulta muchas veces la actividad empresarial, y
de reformar los organismos reguladores para garantizar la independencia de sus decisiones.
Señorías, señor presidente, hemos perdido un tiempo valioso evitando llevar a cabo las medidas cruciales para nuestro país. Si no lo hacemos nosotros, nos lo volverán a imponer desde fuera, lo que sin duda aumentará la desconfianza y
retrasará la salida de la crisis. Si el Gobierno se niega a sacarlas adelante, nuestro grupo, nuestro partido está dispuesto cuando quieran los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra doña Rosa Díez. Van a intervenir, según tengo anotado, doña Rosa Díez, el señor Jorquera y también doña Ana Oramas. ¿Es así?
(Asentimiento.)
Pues adelante, señora Díez, tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Intervengo brevísimamente para repartirnos el tiempo que tenemos entre los tres intervinientes y porque me resulta muy sencillo argumentar a favor de esta moción, que en definitiva lo que plantea es ni más ni menos que una vieja
reivindicación de muchos parlamentarios de distintos grupos que están en este Parlamento, pidiéndole al Gobierno que ponga en marcha iniciativas de estas características, reformas estructurales que el país necesita. De vez en cuando hay que poner
el tapón al agua que se nos está marchando, pero como no arreglemos las cañerías, y en este caso son las reformas estructurales, realmente el país no tendrá solución y nuestra economía y nuestro futuro no saldrán adelante. Por tanto, el apoyo a
esta iniciativa y la defensa de estas dos enmiendas que en su propia argumentación ha incluido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de la que quiero destacar que la reforma del sistema educativo es, a nuestro juicio, una cuestión troncal y,
por tanto, hemos querido incluirla.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego ha presentado una enmienda a la totalidad a esta moción del Grupo Parlamentario Popular, porque la filosofía que inspira la moción es total y absolutamente contraria a la estrategia que defiende el
Bloque Nacionalista Galego para hacer frente a esta crisis, pese a la calculada ambigüedad de la parte resolutiva, sin lugar a dudas para intentar de esta manera recabar apoyos parlamentarios.
Señorías, formulo una pregunta: ¿quién pude oponerse a
un plan global frente a la crisis que permita consolidar la recuperación económica y la creación de empleo? Pero el problema, señorías, es definir cómo, cuáles tienen que ser los contenidos de este plan. Eso es lo que propone nuestra enmienda;
esto es lo que elude el Grupo Parlamentario Popular, aunque si examinamos la exposición de motivos podemos saber cuál es la filosofía que lo inspira. Desde luego, para el Bloque Nacionalista Galego es total y absolutamente desacertado hacer del
centro de la lucha contra la crisis económica la necesidad de reducir de manera drástica, acelerada y precipitada el gasto público para volver a un escenario de estabilidad presupuestaria. Señorías, esta crisis no fue generada por el déficit
público, el déficit público ha sido consecuencia de la crisis económica, entre otras cosas porque una crisis generada en el sector privado, en el sector financiero exigió ingentes cantidades de recursos públicos para acudir a su rescate y ahora los
poderes financieros pretenden desarmar las políticas públicas. Por eso, nosotros preconizamos una reducción del déficit que se vaya acompasando a las necesidades reales de la economía.
Por tanto, nosotros somos partidarios de mantener la inversión
productiva y el gasto social.
Son muchas las voces que alertan de que las políticas de ajuste drásticas que están aplicando prácticamente todos los Estados de la Unión Europea van a dificultar la recuperación económica, van a provocar un largo periodo de estancamiento.
Incluso hay economistas de reconocido prestigio que profetizan que por esta vía la economía en el conjunto de la Unión Europea se acerca a la gran depresión, y todo por sacrificar las políticas monetaristas, los dogmas neoliberales u otro tipo de
consideraciones. Se está aprovechando esta crisis económica para derribar las bases sobre las que se asienta el modelo social europeo, el modelo del Estado del bienestar y para que una crisis que tuvo su origen en la falta de regulación de la
economía sea aprovechada para desarmar las políticas públicas. Nosotros creemos que el camino tiene que ser otro: garantizar la inversión productiva para que contribuya a la reactivación de la economía, garantizar el gasto social para asegurar la
cohesión social y que la crisis no la padezcan íntegramente los sectores más desfavorecidos, así como concentrar la reducción del gasto en adecuar la estructura política administrativa del Estado español al reparto competencial existente. Por eso
somos partidarios de suprimir ministerios en aquellas áreas donde las compe
tencias están transferidas a las comunidades autónomas. Pero también somos partidarios de repensar el papel de instituciones que obedecen a un modelo de organización político-territorial del Estado propio de la época anterior al desarrollo
del Estado autonómico. Recientemente, el ministro de Fomento y secretario general del PSOE reflexionaba sobre la necesidad de repensar el papel de las diputaciones. El BNG ya lo ha propuesto, y lo ha hecho en el proceso de diálogo de Zurbano y en
una proposición de ley registrada en esta Cámara. Grecia ha apostado nada más y nada menos que por reducir sus municipios en una tercera parte. Nosotros creemos que hay que ir hacia un escenario de superación de las diputaciones, de reducción del
gasto militar y, por supuesto, de operar en los ingresos, de abordar ya una reforma fiscal progresiva que reparta de una manera más justa y equitativa el esfuerzo necesario que hay que hacer frente a esta crisis.
Ya concluyo, señorías. La reforma estructural necesaria es la del sector financiero. Es el sector financiero el origen de esta crisis. Aquí es donde hay que concentrar los esfuerzos, reforzando la tutela pública, haciendo del ICO una
banca pública directa, preservando el carácter social y la naturaleza territorial de las cajas de ahorro en vez de ir abordando reformas del mercado de trabajo que siempre se traducen en facilitar el despido, abaratarlo y seguir retrocediendo en
materia de derechos. Estas son las reformas necesarias, no las que plantea el Grupo Popular, aunque no se atreva a explicitarlas de manera clara y concreta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Señora Oramas, muy brevemente.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Intervengo nada más que para fijar posición diciendo claramente que Coalición Canaria no comparte en absoluto la exposición de motivos ni las razones por las que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta moción, sin embargo estamos
totalmente de acuerdo con las propuestas de reformas estructurales. Por tanto, vamos a apoyar la moción, pero no compartimos las razones catastrofistas, demagógicas y populistas de la exposición de motivos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Para defender también su enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado una enmienda a la moción planteada y defendida por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que va en la dirección de poder implementar algunos aspectos que hacen referencia
a la reforma del sector energético, en el sentido de que podamos incorporar todas estas conclusiones que van en la dirección de plantear y realizar finalmente una reforma estructural del sector energético dentro de las conclusiones que se están
planteando y estamos debatiendo todas las formaciones políticas que constituimos esta subcomisión, con el fin de poder implementarlas sobre la base de las conclusiones de esta subcomisión, que pretende analizar y plantear un mix energético de la
economía española para los próximos veinticinco años.
Por lo tanto, este es un aspecto relevante e importante que entendemos que podría incorporarse perfectamente en la moción que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular.
Hay otro aspecto que nos parece interesante, y es que todas estas modificaciones o iniciativas que vayan orientadas a fomentar la confianza, la inversión, la generación y la creación de puestos de trabajo no presupongan un mayor incremento
de la presión fiscal para los ciudadanos y la economía productiva. Este es un aspecto básico, relevante y fundamental para nuestro grupo parlamentario. Podríamos votar favorablemente esta moción siempre y cuando estos dos aspectos, que para
nosotros son fundamentales, pudieran ser incorporados en la moción que ha planteado y defendido el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la fijación de posición por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente, no puedo por menos que aprovechar este turno para expresar en nombre de mi grupo nuestra comprensión por la huelga de los empleados públicos y del conjunto de la Función pública en el día de hoy, porque el plan de
ajuste del Gobierno es como haber puesto en marcha un programa de centrifugado fuerte en una lavadora para los sectores más débiles de la sociedad y un programa, en este caso suave, para bancos, especuladores y en definitiva para los que han estado
en el origen de esta crisis. Hemos dicho repetidamente que había otra opción, que no pasaba, como ha hecho el Gobierno, por recortar el traje, por hacer más corto el vestido, afectando a la protección social, sino básicamente por adelgazar al
Estado y adoptar algunas medidas de austeridad. No es que estemos en contra ni de los ajustes, ni de las medidas de austeridad, ni de las reformas ya estructuradas; estamos a favor de todo ello si favorece la equidad y la justicia
social. Señor presidente, entre refundar el capitalismo, como decía el presidente del Gobierno hace algunos meses en compañía del señor Brown, que en paz descanse, y no hacer absolutamente nada, media todo un abismo.
Nosotros apostamos hace algunos días por algunas medidas que afectaran al gasto, pero no al gasto social sino a los ingresos porque, como usted ha dicho repetidamente, Europa no le ha dicho al señor Zapatero por dónde debía recortar
exactamente. En ese sentido, hemos apostado por una fiscalidad alternativa, progresiva y equitativa, por una lucha decidida contra el fraude fiscal, por una reforma en profundidad del sistema financiero y por una reforma del mercado de trabajo que
tenga muy en cuenta que el problema de nuestro mercado de trabajo no es un problema de salida, es decir de los costes del despido, sino un problema de entrada, de cómo se crea un lugar de trabajo más estable y de mayor calidad. Somos conscientes de
que no pueden pagar justos por pecadores, porque en el origen del déficit y de la vulnerabilidad de la deuda española en los mercados tiene mucho que ver la inacción de un Gobierno que todavía no ha hecho reformas estructurales del modelo productivo
ni ha tomado medidas para acabar con la especulación y el sobreendeudamiento privado. Hemos dicho más de una vez que el Gobierno debe actuar, y en ese contexto el Grupo Popular nos plantea una moción totalmente inocua. Es una moción que debo
reconocer que se puede votar a favor e incluso en contra. Si tuviera que ser por las explicaciones y las motivaciones que ha expuesto la portavoz del Grupo Popular desde la tribuna, nuestro grupo votaría en contra, pero vamos a votar a favor, entre
otras cosas, porque hace un planteamiento que constituye un catálogo de algunas reformas que venimos pidiendo: un programa de austeridad, una reforma del mercado de trabajo, una reforma del sistema financiero y un modelo energético eficiente. En
eso estamos totalmente de acuerdo, otra cosa es el modelo, que nuestro grupo no comparte para nada con el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente y desde el escaño. Dado que están proliferando las mociones de contenido económico, vamos a distribuir un poco los argumentos. Parece que hoy en día todo el mundo tiene una solución compensatoria al real decreto que
se aprobó en esta Cámara la semana pasada por los pelos. En este sentido, el Grupo Popular nos propone una moción en la que en el punto 1 nos dice que hay que hacer un plan global frente a la crisis para consolidar la recuperación de la economía
española y el empleo. Nadie puede estar en contra de esto. Lo que me gustaría saber es en qué está pensando concretamente el Grupo Popular cuando habla de un plan global. ¿Qué se entiende por plan global? ¿Incluye las reformas del sistema
tributario? Cuando el Grupo Popular habla de un plan global me gustaría saber en qué está pensando concretamente, qué se entiende por plan global, si incluye también la reforma del sistema tributario o no. Aparte de esto, le preguntaría al PP, en
este momento de turbulencias económicas y políticas, cuando las decisiones tienen que ser seguramente contundentes y no hay que demorarlas excesivamente en el tiempo, dada la crispación política existente que se puede ver incluso en esta Cámara, si
existen condiciones para que haya un debate sosegado y sereno que requeriría un plan de actuación global. Insisto, no sé lo que quiere decir un plan global y esto me preocupa. En cuanto a las reformas estructurales, todos los grupos estamos de
acuerdo en que estas reformas, y algunas más, son necesarias. Por lo tanto, creo que es difícil estar en contra de la reforma del mercado de trabajo, a la que parece que el Gobierno ya ha puesto fecha en el caso de que no haya acuerdo, y
previsiblemente no lo habrá; la reforma del sistema financiero, que parece que al menos en lo que se refiere al tema de las cajas de ahorro está evolucionando y también tiene una fecha, finales de junio, cuando el sistema financiero de cajas tiene
que estar ya reordenado; y también plantea la reforma del sector energético para pactar un modelo energético eficiente, competitivo y sostenible. Como bien sabe la portavoz del Grupo Popular, estamos trabajando en la Comisión de Industria en una
subcomisión específica para tratar esta cuestión y plantear el mix energético del futuro que responda a estas características. Por lo tanto es difícil estar en contra. Lo que me preocupa, no por lo que dice sino por lo que no dice, es el punto
2.a); cuando habla de un plan de austeridad con relación al sector público -la portavoz nos ha hablado de la revisión de la Ley de Estabilidad- nos preocupa porque sabemos que en el ánimo del Grupo Popular, al menos por las veces que le he oído
argumentar en este sentido, existe la idea de que por ley se suprima el déficit público, no ya de la Administración del Estado sino del conjunto de comunidades autónomas. Comete un doble error, por una parte un error económico y por otra algo que
me preocupa más como nacionalista vasco, un error político en el sentido de que no se puede someter por ley a las comunidades autónomas al dictado de esta Cámara. En principio, no votaré en contra de esta iniciativa, pero me gustaría que el punto
2.a) se votase separado para que me pueda manifestar expresamente en contra de él. Los otros puntos no generarían ningún problema y se podrían votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados.
Creo que es bastante evidente que tratar de establecer un debate sobre política económica al margen de los acontecimientos recientes no es muy posible. Desde luego también es difícil sustraerse a determinados elementos ambientales. El día
28 de mayo, no hace tantos días, en esta Cámara hubo un debate importante, con una votación igualmente importante.
El Grupo Popular creía que existía la posibilidad de tumbar al Gobierno y como consecuencia de ello hubo una fuerte tensión política.
Creo que la Cámara libró a la ciudadanía española de una difícil tesitura política.
Hoy, día 8 de junio, buena parte del gas que existía en aquel momento se ha ido diluyendo. La verdad es que así se demuestra por la intervención de los distintos
grupos. Casi todos lo han hecho desde el escaño, el que más y el que menos se ha distanciado de la iniciativa del Grupo Popular y la ha analizado con una extraordinaria frialdad. Han dicho todos, también el señor Azpiazu y el señor Jorquera, que
decir que hay que reformar el mercado de trabajo, que hay que reformar el sistema financiero, que hay que reformar el modelo energético, que hay que establecer un plan de austeridad, es decir muy poco, es decir poquísimo a estas alturas del
recorrido. Por lo tanto estamos ante una moción vacía, carente de contenido, sin concreción alguna, que no explicita ningún tipo de compromiso. Es una moción hueca, absolutamente hueca, que vale para un barrido o para un fregado, como dicen por mi
tierra, y que de alguna manera vale para lo que haga falta. Por lo tanto, lo primero que tendría que decirle al Grupo Popular y a su portavoz es que lamento mucho que lo que nos ha traído en la tarde de hoy aquí sea aquello que decía un metalúrgico
vizcaíno, nos ha traído virutilla. Yo, como nos ha traído virutilla, lo que voy a hacer es aprovechar mi turno para hacer lo que han hecho todos ustedes, fijar mi posición en torno a una serie de circunstancias que ocurren en la política.
Se ha podido demostrar una vez más que el Partido Popular no tiene un programa contra la crisis, pero sí tiene un programa contra el Gobierno, que son dos cosas relativamente diferentes. (Aplausos.) Eso lo sabemos todos en esta Cámara. Lo
único que pasa es que hace unos días de eso se enteraron el conjunto de los españoles, ya que vieron cómo el señor Rajoy era incapaz de explicar por qué votaba en contra de las medidas que le presentaba el Gobierno. La preocupación de los españoles
se acentúo más cuando el señor Rajoy ha ido diciendo que no tenía ningún tipo de consecuencia, que no pasaría nada si no se convalidaba el decreto ley el día 27 de mayo. Yo creo que las cosas no han quedado ahí, porque, a pesar de los errores que
pudo cometer el 27 de mayo, unos días después quiso decir delante de la sociedad española enfáticamente -me parece que fue el 5 de junio- que el Partido Popular era un partido autónomo y que adoptaba libremente sus decisiones. Dijo: Hoy nos dan
órdenes, nos dicen lo que tenemos que hacer. Esto no habría ocurrido nunca en la historia de España y yo os aseguro -les decía a sus conmilitones- que no volverá a ocurrir nunca, porque el PP hará las cosas como hay que hacerlas.
El primer interrogante que yo establezco aquí es que la teoría de las economías intervenidas, ¿se puede aplicar a Italia? ¿Se puede aplicar a Holanda? ¿Se puede aplicar a Francia? ¿Se puede aplicar a Alemania? ¿Se atrevería -no sé si se
atrevería- el señor Rajoy a subir a esta tribuna y a decir cosas como esta? Yo creo que no. Yo creo que no por una razón muy sencilla, porque el PP fue capaz de evaluar las consecuencias que se derivaban de sus actuaciones e hizo aquello, que en
un latinajo yo oí decir en esta Cámara hace muchos años, de excusatio non petita, acussatio manifesta. Como consecuencia, nos hemos enterado que han ido diciendo por ahí que realmente lo que habían hecho no tiene ninguna importancia y que se podía
haber asumido sin ninguna trascendencia. Aquí hay un recorte de un periódico donde se cuenta alguna de estas cosas. Yo me pregunto, señoras y señores diputados, ¿qué hubiera ocurrido si el decreto ley no se convalida? ¿Qué hubiera ocurrido en los
mercados europeos? ¿Qué hubiera ocurrido con el papel español, con el público y con el privado, que por cierto no se coloca ni con aval? ¿Qué hubiera ocurrido con el euro? Nosotros les conocemos bien. Sabemos quiénes son. Nosotros conocemos los
órdagos que nos han echado y nosotros somos hoy un pueblo libre con prosperidad, porque hemos sido capaces de superar esos órdagos.
Ahora les conocen en Europa y hoy saben que el Partido Popular es una aventura; que la derecha española es una
derecha aventurera, cuyos errores nos podrían conducir a una situación mucho más difícil de la que padecemos en este momento.
El señor presidente me llama la atención. Tiene toda la razón del mundo.
He consumido mi tiempo. Nosotros fijamos una posición en el debate de política económica lejos de ese aventurerismo al cual nos quiere llevar el Partido Popular y
creemos que en este momento lo que se necesita es un esfuerzo del conjunto de la sociedad española para hacer frente a uno de los momentos más duros y más críticos que hemos vivido en los últimos sesenta años. Y no nos ayudan en ese sentido ni
Rajoy, ni Cospedal, ni Aznar, ni hoy Fátima Báñez.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señora Báñez, si es tan amable, me podría decir cómo desea que se vote su moción? ¿Se incorpora alguna enmienda o hay alguna votación separada?
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, prefiero votación separada punto por punto y el segundo apartado a), b), c) y d) para que sea posible consensuar lo máximo posible con los grupos.
El señor PRESIDENTE: Votación separada de cada número ordinal y en el segundo además del alfabético.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUMENTO DE LA INVERSIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LAS DECISIONES DE AUSTERIDAD PROPUESTAS POR EL GOBIERNO.
(Número de expediente
173/000147.)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de estímulo a la creación de empleo y aumento de la inversión que deben acompañar a las decisiones de austeridad
propuestas por el Gobierno. Para la defensa tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.
El señor SÁNCHEZ LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario de Convergència I Uniò ha planteado y presentado ante esta Cámara una moción consecuencia de la interpelación que planteamos la semana pasada a la vicepresidenta segunda del Gobierno y
ministra de Economía sobre todas aquellas medidas que se tendrían que poner en marcha rápidamente, orientadas al estímulo, a la creación de empleo y al aumento de la inversión que, desde nuestro punto de vista, deben acompañar necesariamente a las
decisiones de austeridad propuestas por el Gobierno. En el último debate celebrado en esta Cámara el Gobierno presentó un plan de ajuste y un recorte importante de los gastos para plantear un plan de sostenibilidad a lo largo de los próximos años
para que en 2013 podamos llegar a un déficit del 3 por ciento. Desde Convergència i Unió entendemos que este plan de austeridad aprobado recientemente por el Gobierno, aunque sea de una manera muy justa, tendría que venir acompañado de una serie de
reformas estructurales que vayan en la dirección de la generación y la confianza para poder generar puestos de trabajo. Al mismo tiempo, en este intervalo, en este impasse, también entendíamos que estas reformas estructurales tendríamos que
acompañarlas de unas medidas que tendrían que complementar este plan de ajuste presentado en el Congreso de los Diputados para poder generar confianza rápidamente que produciendo la inversión suficiente para la creación de puestos de trabajo. Hay
un aspecto básico y muy importante en el sentido de que dichas medidas de austeridad no deben acompañarse de otras que incrementen la presión fiscal sobre las rentas y el patrimonio de los ciudadanos. Desde esta óptica, manifestamos ante la
vicepresidenta que la formación bruta de capital fijo para que las inversiones se puedan producir es un bien escaso. Es necesario que se mime al capital para no ahuyentarlo y evitar que estos recursos muy preciados en este momento se ubiquen en
otros países de la Unión Europea. Es fundamental no incrementar la presión fiscal a las clases medias, a las clases populares y al patrimonio de los ciudadanos españoles.
Desde este punto de vista, planteamos una serie de medidas, en concreto siete, que están definidas desde una posición muy generalista y que van en la dirección del mantenimiento del empleo actual. Para Convergència i Unió es una cuestión
fundamental que no se destruya más empleo del que se está destruyendo en estos momentos y que, lamentablemente, en el caso de que no se no tomen en consideración estas medidas, vamos a ir hacia una destrucción de empleo cada día más importante. Son
medidas orientadas no solo a evitar la destrucción de empleo sino a la creación del mismo. Por lo tanto, planteamos que el Gobierno tome en consideración premiar a todas estas compañías que están manteniendo empleo o que quieran crearlo en un
futuro y se tenga en cuenta la posibilidad de poder bonificar desde la Seguridad Social a todas aquellas pymes que puedan crear empleo durante los dos próximos años. También planteamos la posibilidad de que, para recolocar a todos estos ciudadanos
que están en paro, se dé entrada a la colaboración público-privada, a la intermediación laboral a través de las agencias privadas de recolocación. Desde este punto de vista, para dar más musculatura a las pequeñas y medianas empresas y más
fortaleza a la capitalización de este tejido industrial tan importante como son las pymes, también planteamos que se pueda tomar en consideración dar un tratamiento especial a todos aquellos beneficios que no son distribuidos y que lógicamente se
reinviertan en las sociedades. Al mismo tiempo también proponemos que se puedan tomar en consideración todas aquellas medidas destinadas a la capitalización de las empresas a través del apoyo del ICO o a través de la reducción específica de la
fiscalidad aplicable a las ampliaciones de fiscalidad de las empresas; que estas medidas vayan orientadas al incremento de capital para que las pequeñas y medianas empresas pudieran también tener un tratamiento diferencial, siempre y cuando vayan a
capitalizar los recursos propios de las pequeñas y medianas empresas.
Desde esta perspectiva hemos planteado en el punto número 6 que se tengan en consideración todas aquellas medidas destinadas a la inversión en I+D+i y a la internacionalización, eliminando también si cabe todos aquellos porcentajes máximos
de deducción de las bonificaciones contempladas en el impuesto sobre sociedades para el desarrollo de esta tipología de actividades. Y, finalmente, también planteamos que se tengan en cuenta todas aquellas medidas que vayan en la dirección del
apoyo al emprendedor, como sería el reconocimiento de la figura jurídica de los business angels, o inversiones de proximidad, otorgándoles unos incentivos fiscales y financieros propios equiparables a los otorgados al capital riesgo, partiendo de la
base, señorías -especialmente señores diputados del Grupo Socialista- que el Gobierno está obligado a plantear en esta Cámara todas aquellas medidas que van orientadas a fortalecer a los business angels. En el proyecto de ley que plantemos hace dos
años aproximadamente hubo una disposición transitoria en la que el Gobierno se obligaba a plantear
en el plazo máximo de seis meses toda una serie de medidas que fueran orientadas en la dirección de poder dar un soporte fiscal más a los emprendedores similares a las figuras jurídicas de los business angels que están perfectamente
implementadas y reconocidas en bastantes países miembros de la Unión Europea.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar del Grupo Popular, tiene la palabra don Ignacio Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy una vez más debatimos sobre una iniciativa de medidas de estímulo a la creación de empleo y al aumento de la inversión; debatimos en definitiva reformas estructurales que precisa nuestro país para abordar la intensa crisis
económica y de empleo que padecemos. Sabemos además que el Gobierno se ha resistido como gato panza arriba a acometer esas reformas; sabemos que el Gobierno en su irresponsable estrategia de negación ha intentado evitarla a toda costa. En unas
pocas semanas, señorías, hemos asistido a un auténtico ejercicio de travestismo político, desde el no es necesaria una reforma laboral porque el origen de la crisis no es laboral al nunca aprobaremos una reforma laboral sin el diálogo social; de
ahí a la reforma laboral es urgente, imprescindible, necesaria e inaplazable, es una prioridad de este Gobierno; del jamás abordaremos una reforma laboral que reduzca las prestaciones sociales y abarate el despido a este Gobierno nunca recortará
derechos de los trabajadores, y a defender contratos de 33 y de 20 días, o al no nos temblará el pulso en la reforma laboral y al la aprobaremos cueste lo que cueste. Por el camino, señorías, dos años perdidos, dos años malgastados, dos años
desaprovechados. Mientras se calificaba de antipatriota a la oposición, se prometían brotes verdes o se financiaban acuerdos de revisión salarial en la función pública, en la negociación colectiva, que hoy son un monumento a la incongruencia
política. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señorías, el Gobierno ha tenido un comportamiento de total despropósito.
Una fotografía con los agentes sociales en julio del año 2008; otro intento de fotografía -esta vez frustrada por la falta de contenido- con los agentes sociales en
julio de 2009, varios documentos de generalidades y banalidades, un ministro chamuscado, ninguneado y aparcado por el gabinete de Moncloa, y un presidente que, suspendiendo un viaje a Brasil para impulsar la negociación de la reforma en plena
Presidencia española, no ha conseguido un solo avance que calme a los mercados y que dé esperanzas a los 4.600.000 parados, de los que 1.600.000 son jóvenes; hasta cinco prórrogas en los plazos de finalización de los trabajos de la mesa de diálogo
social, una negociación donde el Gobierno no es capaz de poner un solo papel después de dos años de políticas de huida de la realidad, de subterfugios o de escapismos y donde a todo lo más que se ha atrevido es a filtrar interesadamente a los medios
de comunicación una serie de medidas parciales en suerte de reforma virtual, que más parece una campaña mediática para aparentar que se está intentando hacer algo que un trabajo serio de impulso de medidas rigurosas que quieran ser aprobadas para
relanzar nuestro obsoleto mercado laboral y permitir romper las barreras de entrada al mismo.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Conver-gència i Unió) nos presenta un paquete de medidas a modo de esquema que deben ser promovidas con carácter inmediato. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado tres enmiendas para
complementarlas porque entendemos que son necesarias, piezas básicas en las reformas que España necesita para el futuro.
Señorías, es indispensable acometer la reforma de nuestras instituciones laborales que lleva pidiendo desde hace varios años ya
el Grupo Parlamentario Popular y que recomiendan todas las instituciones financieras y de estudios económicos y los expertos nacionales e internacionales. Es cierto que el Gobierno llega tarde y que se ha caracterizado durante todo este tiempo por
el encefalograma plano, pero todavía tienen la oportunidad de rectificar. Si lo hacen de forma seria, rigurosa y completa, no duden de que podrán contar con nuestro apoyo. Sin embargo, si lo que quieren una vez más es una iniciativa de maquillaje,
de regateo a corto para salir del paso, no cuenten con este grupo parlamentario. Y si no son capaces, después de tanto tiempo, de abordar con solvencia las necesidades perentorias de la sociedad española, tengan al menos sentido de Estado y den
paso a quienes desde la legitimidad que les da haberlo hecho ya en crisis pasadas, señor Marugán, pueden generar de nuevo la esperanza y el bienestar que la sociedad española se merece y que nunca debió perder.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez i Llibre, no puedo evitarlo; esta vez no lo puedo evitar.
Usted se abstuvo, como sabe bien, en la votación del real decreto de hace unos pocos días y con su abstención se consiguió que los pensionistas vean congeladas sus
pensiones, que los dependientes tengan menos recursos, que la función pública tengan menos sueldo. Usted -y lo sabe bien- pactó con el Gobierno las reformas fiscales. En la legislatura anterior, cuando debíamos hacer los deberes, las políticas
económicas tenían un bloque, Partido Socialista Obrero Español y Convergència i Unió, no así las políticas sociales, que se pactaban con los grupos de la izquierda. Y usted, con esa política fiscal que pactó con el Gobierno, consiguió algo
que es meritorio -yo se lo reconozco-: que en tiempos de bonanza y en una de las economías con menos esfuerzo fiscal de toda Europa dejásemos de recaudar 30.000 millones de euros.
Claro, creo que para un liberal es motivo de orgullo -usted se pudo
apuntar buenas medallas-, pero fue una mala noticia para aquellos neokeynesianos, para aquellos que entienden que hay que hacer políticas sociales, para aquellos que consideran que hoy se necesita músculo, músculo de la Administración, y en la
legislatura anterior acabaron consiguiendo que las políticas económicas fuesen pactadas con Convergència i Unió y que el presidente del Gobierno acabase diciendo aquello de: bajar impuestos es de izquierdas, a pesar de tener uno de los niveles de
esfuerzo fiscal más bajo de Europa. Esta es la realidad.
Ahora, lo que más me sorprende es que hoy, cuando ha pasado lo que ha pasado y cuando con su abstención lo que han dicho es que el esfuerzo tiene que ser de los sectores más débiles -y eso
es simplemente inequitativo e injusto-, ustedes nos vengan con las rebajas fiscales extras. Ustedes, para generar ocupación, lo que nos proponen desde el punto 2 al punto 7 es más rebajas fiscales, cuando hoy lo cierto es que deberíamos exigir
esfuerzo a aquellos que acumulan beneficios y a aquellos que pueden pagar más. ¿Por qué hoy no se puede pedir mayor esfuerzo a las entidades financieras o a aquellas sociedades que ganan más de 1.000 millones de euros? ¿Por qué hoy no se puede
pedir más esfuerzo de los movimientos de capital que juegan a corto y que especulan? ¿Por qué hoy no se puede exigir más esfuerzo de los patrimonios superiores al millón de euros? Ustedes saben perfectamente que esos recursos y que esas personas y
empresas no favorecen el consumo, porque hoy la ratio de ahorro se ha incrementado de forma notable, pero esa es la línea roja que ni PP ni Convergència i Unió ni el Partido Socialista Obrero Español están dispuestos a pasar. Por eso vamos a votar
que no a las propuestas del punto 2 al número 7, porque entendemos que su lógica es la lógica de la rebaja de las pensiones, cuando además su voto hace unas semanas ha permitido que el esfuerzo sea de los sectores más débiles.
Tengo que decirle que vamos a votar que sí al punto número 1, el que hace referencia a medidas laborales que se ubican en la lógica de lo que se ha hecho en el modelo alemán de reducción de la jornada. Una propuesta que saben ustedes que
quien primero la planteó aquí fue un sindicato, Comisiones Obreras, y que entendemos que es una buena medida.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria cree procedente esta moción por dos razones, porque muchas veces, oyendo a miembros del Gobierno y del Grupo Socialista, parece que el objetivo de este país es la reducción del déficit, y ese no
es un objetivo, es un mero instrumento. La reducción del déficit es una herramienta, pero el verdadero objetivo tiene que ser el crecimiento de la economía y la creación de empleo, sobre todo hoy, después de oír los discursos de determinados
socialistas que parece que están contentos con la decisión de Alemania, que me ha sorprendido. Para Canarias -creo que para España también- es una verdadera catástrofe y vamos a ver qué hacen los ingleses, porque una situación como esa en la
economía alemana nos va a repercutir no positivamente, porque los alemanes han ido a lo suyo en este momento.
Desde luego las consecuencias para la economía canaria están por ver y van a ser bastante complicadas por una situación como la alemana.
No es momento para alegrarse ni de estar felices porque la señora Merkel haya tomado determinadas decisiones.
Termino como empecé: la reducción del déficit es una herramienta pero nunca debe ser un objetivo, que es lo que se está haciendo visualizar a los ciudadanos. Por eso nos parece procedente esta moción, sobre todo porque quizás la mayoría de
las señorías no lo saben, pero varias de las propuestas que están aquí se están aplicando ya en Canarias y las acaba de aprobar el Gobierno de Canarias. En este momento en Canarias, a iniciativa de nuestro presidente, ya se ha firmado que a partir
de este momento se va a subvencionar el cien por cien de la Seguridad Social por el Gobierno de Canarias a determinado tipo de trabajadores con contratos de seis meses y a otros con contratos de dos años, porque estamos con el 30 por ciento de paro
y estas medidas son las que pueden dinamizar la creación de empleo. Lo mismo ocurre con las medidas de apoyo a la inversión privada o las destinadas a la capitalización de las empresas; medidas que tienen mucho que ver también con las propuestas
que nuestro partido hizo en determinado momento. Ahí está la reserva de inversiones canarias que está funcionando como un elemento dinamizador de la reinversión de los beneficios de las empresas. En ese sentido, no podemos sino apoyar todas las
medidas, tanto de mantenimiento como de creación de empleo y recolocación de trabajadores, para que el Estado realice lo que ha adelantado que va a hacer en los próximos meses en la Comunidad canaria y también en lo que afecta a las medidas
destinadas a la internacionalización de la economía y las medidas de apoyo al emprendedor. Por ello, Coalición Canaria se adhiere totalmente a la moción presentada por Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez i Llibre, conocemos su propuesta de hoy, que va en la línea de otras propuestas que ya hemos debatido en otras ocasiones. Hago este comentario porque es evidente que usted conoce la postura del Bloque Nacionalista Galego de no
votar favorablemente a la misma porque mantenemos una línea completamente distinta a la suya en este tipo de cuestiones.
Señor Sánchez i Llibre, nos gustaría que usted nos explicara cómo puede conjugar el no querer que se incrementen los ingresos del Estado como consecuencia de un esfuerzo fiscal mayor de las rentas más altas o de las empresas con beneficios a
partir de un determinado nivel con las propuestas que nos hace en el día de hoy. Es decir, que el Estado aporte fondos para apoyar a determinadas empresas aunque no nos informa de qué tipo de empresas serían. Parece que sería para todas. Por
tanto, señor Sánchez i Llibre, nos preguntamos si en el Estado español no hay ninguna empresa que obtenga beneficios suficientes como para tener una política distinta de la que ustedes nos plantean hoy aquí. Nosotros podríamos hacer un
reconocimiento del tipo de políticas que nos propone, tanto de bonificaciones o mejoras fiscales a determinadas empresas que estuvieran en crisis en las que invirtieran en un determinado momento por dificultades económicas, pero no de la manera que
usted propone.
Podríamos entrar a valorar esas medidas si por su parte se tuvieran también en cuenta las otras medidas que en esta intervención les he comentado inicialmente. Por tanto, señorías, señor Sánchez i Llibre, no vamos a votar a favor
porque si el Estado no toma medidas para incrementar ingresos y sigue con políticas como las que usted propone, la política que tendrá que hacer el Gobierno será seguir incidiendo en las últimas medidas relacionadas con la congelación de las
pensiones, la rebaja del sueldo a los funcionarios o con las que en su enmienda participaba el Grupo Popular de rebajar los salarios de los trabajadores; por cierto, de los trabajadores que no tienen salarios muy altos, no se habla de aquellos
cargos directivos o de trabajadores con elevados salarios. En consecuencia, señorías, vamos a votar en contra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
La creación de empleo es urgente y el impulso de la inversión productiva, tal y como plantea Convergència i Unió en esta moción, es una medida adecuada para tal fin. Sin compartir todas y cada una de las medidas que plantea Convergència i
Unió, nuestro grupo considera acertada la iniciativa y va a votarla favorablemente. Las tres maneras de que el mercado de trabajo no se venga abajo es mantener, crear y recolocar empleo y para que las tasas de paro, ya elevadísimas, superiores al
20 por ciento, no se sitúen en un punto de no retorno. Así, frente a las medidas de carácter estructural que venimos reclamando la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, es preciso adoptar medidas a corto plazo que impidan que
continúe el deterioro del mercado de trabajo.
Aplicar medidas similares a las empleadas en Alemania puede detener la sangría de destrucción de puestos de trabajo, a la par que bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para los nuevos
empleos puede dinamizar un mercado que se encuentra esclerotizado. En el mismo sentido el apoyo a la I+D+i, a la internacionalización de las empresas, el apoyo a los emprendedores, a la inversión, etcétera, son medidas todas ellas que forman parte
de las preocupaciones permanentes de Convergència i Unió, esto hay que reconocérselo, y también de nuestro grupo parlamentario, y creemos que permitirán mejorar las expectativas y generar empleo. Es por ello por lo que nuestro grupo va a votar
favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas i Estela.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero empezar negando la mayor, quiero empezar negando la falacia reiterada -que no por ser reiterada es menos falacia- de que el Gobierno tiene que impulsar una estrategia verdadera, dicen ustedes, contra la
crisis. Se podrá objetar si las palabras concretas acompañaron a los hechos, pero los hechos existieron desde el inicio de esta legislatura coincidiendo con las primeras fases de la crisis y los hechos existen en la actualidad dando respuesta a las
manifestaciones cambiantes y cada vez más vertiginosas que estamos viviendo, que no solo afectan a España sino a todos los países de nuestro entorno. La crisis ha pasado por diversas fases y las respuestas para afrontarlas desde el Gobierno han
sido discutidas hasta la saciedad aquí, y al 'Diario de Sesiones' me remito; correspondiendo con la situación de la economía, prácticamente solo hemos hablado de ella. Y no hemos hablado solo de respuestas inmediatas sino también de propuestas de
futuro.
Frente a la crisis financiera de 2008 -¿recuerdan el shock de Lehman Brothers?-, medidas para garantizar la solvencia y la estabilidad de nuestro sistema
financiero. Frente a la caída del producto interior bruto en 2009 -tocó fondo en el segundo trimestre de 2009-, medidas de estímulo más allá de los estabilizadores automáticos, con un fuerte apoyo a la demanda y contención a los ingresos.
¿O no hubo suspensión, supresiones y rebajas de impuestos a las empresas? ¿No hubo ayudas fiscales a las familias? Frente a las dificultades en el mantenimiento del déficit público que estamos viviendo en este año 2010, medidas de austeridad y
corrección de los ingresos fiscales. En el presupuesto que aprobamos en octubre, en el Plan de austeridad que se mandó a Bruselas en enero, en las medidas aprobadas el pasado 27 de mayo, siempre se ha dado respuesta a cada nuevo requerimiento que
se ha ido presentando. Estamos hablando, señorías, de lo que estamos viendo y viviendo en los últimos veinte meses. En la Cámara hemos visto que están en trámite normas legislativas que pretenden enfocar nuestro futuro, como la ley de la economía
sostenible; se han intentando acuerdos con mejores o peores resultados, como el de Zurbano; otros se han revelado imposibles, como el pacto de la educación; se ha acordado entre el presidente del Gobierno y el presidente del principal partido de
la oposición el camino de la reforma de una parte importante del mercado financiero con plazos determinados; se está manteniendo hasta el agotamiento la perspectiva del diálogo social para intentar que la reforma del mercado laboral se haga por
consenso; se ha colaborado conjuntamente en el seno de las instituciones financieras para la elaboración de políticas coordinadas para el sostenimiento de las finanzas públicas, y el mantenimiento de algunas de ellas en concreto las veremos el
jueves en el primer punto de la sesión de la mañana.
La moción que ahora consideramos presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pretende que hay que tomar más medidas o acelerar algunas que ya están en trámite para estimular la creación de empleo y aumentar la inversión.
Las correspondientes al mercado de trabajo: mantenimiento, creación de empleo, recolocaciones, están sobre la mesa de los agentes sociales y este grupo parlamentario, nuestro Grupo Parlamentario Socialista, está detrás del Gobierno en su deseo de
que lleguen a un buen acuerdo por diálogo y por consenso entre ellos, pero en el bien entendido de que el Gobierno no renuncia a sus responsabilidades, si fuera menester, para lo que ha avanzado sus ideas. Las medidas de apoyo a la inversión
privada contenidas en los apartados 4, 5 y 6 están muchas de ellas consideradas ya en normativas existentes, algunas algo antiguas, otras más recientes; por ejemplo, la referida a la internacionalización será considerada en un proyecto de ley que
debatiremos y que supongo que cerraremos definitivamente el próximo lunes, pasado mañana. Otras están en la Ley de Presupuestos de este año referidas al mantenimiento o a la creación de empleo, rebajas en el impuesto de sociedades. No podemos
olvidar las rebajas que ha habido en el impuesto de sociedades y algunas propuestas contenidas en la ley de economía sostenible. Difícil encaje tienen las medidas de capitalización de empresas más allá de las previstas en la reestructuración del
sistema financiero contenidas en el FROB, sin olvidar que algunas propuestas específicas corresponden a las comunidades autónomas.
No entro en la pretendidamente menor de las propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que embosca, que esconde al principio de la propuesta que contiene su moción: su pretensión largamente propuesta y no escondida
nunca de oponerse a cualquier subida de impuestos, que, señor Sánchez i Llibre, a la vista del panorama europeo, me parece que es más que dudosa.
Voy terminando. Se nos hace difícilmente comprensible su discurso, señores de Convergència i Unió, y sus pretensiones. Escuchamos atentamente al señor Duran hace diez días, le dijo al Gobierno lo que tenía que hacer y justificó su
abstención en la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes. Hoy, en la siguiente sesión, nos proponen ya rebajas de impuestos. ¿En qué quedamos? Nuestra posición, coherente con la línea que defendemos, será contraria a su moción.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mas.
Señor Sánchez i Llibre, es su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas que diversos grupos han presentado a su moción.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo no va a aceptar ninguna de las enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES, MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, QUE
ORDENA LA APROBACIÓN DE UN ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. (Número de expediente 173/000148.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, que ordena la aprobación de un estatuto del estudiante universitario.
Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Un largo título para la moción, pero es lo que tiene que haya leyes que sustituyen parcialmente a otras.
Básicamente nuestra moción, y las razones fueron ya fundamentadas en la interpelación de hace dos semanas, se centra en cuatro ámbitos. En primer lugar, creemos que debe modificarse el borrador del estatuto de estudiantes que el Gobierno
está a punto de aprobar para su envío al Consejo de Estado en la composición del Consejo del estudiante universitario. Creemos que se ha excedido el texto más allá de lo pactado entre todos los grupos políticos en la ley y que ha incluido a
representantes que no se preveían en ese momento y a los que desde luego la ley no hace ninguna mención. Sin embargo, no ha previsto, postergándolo a un reglamento, la presencia de unos integrantes que tenían que formar parte necesariamente del
consejo, a tenor de lo que dice la ley, como eran los representantes de los consejos autonómicos de estudiantes. En ese sentido, pedimos al Gobierno en nuestra moción que se ciña a lo que la ley dice, que solo haya representantes de las
universidades, no de asociaciones representativas, y que se regule directamente la presencia de los consejos autonómicos.
Tengo que anunciar en este momento que hay una enmienda acordada de sustitución a este texto entre el Grupo Socialista y el Grupo Vasco y en ella se reconoce la necesidad de no postergar a un reglamento la designación de los representantes
de consejos autonómicos, aunque no quieran entrar en las otras materias. Aun así, me parece que va a ser bastante conflicto porque ¿cuáles van a ser esas asociaciones? A no ser que tengan ya nombres y apellidos esas sillas. Si no los tienen, no
hay representación más allá de seis facultades en tres comunidades autónomas.
Si hay más de tres asociaciones que cumplen con esos requisitos, a ver cuáles son los criterios que el reglamento delimita. Me encantaría que el Gobierno o los
representantes del grupo mayoritario pudieran decírnoslo.
Lo mismo se puede decir con la representación de grupos que solo están en el Consejo escolar y que no son de ámbito universitario. No tiene ningún sentido.
Otro de los ámbitos en los que se centraba nuestra moción era que no puede o no debería entenderse que los derechos de los estudiantes se limitan a lo que pueda decir el estatuto del estudiante. Necesitábamos que se modificara el artículo
8.1 y pedíamos que se dijera literalmente que todos aquellos derechos reconocidos en la normativa propia de las comunidades autónomas, así como en los estatutos y normas propias de las universidades, también eran derechos de los estudiantes. Tengo
que anunciar que esto también se recoge en la enmienda pactada entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Vasco. Por tanto, recoge uno de nuestros objetivos parcialmente y de manera completa otro.
Otro de los ámbitos en los que centrábamos nuestra moción era en el exceso en que, en nuestra opinión, incurre el borrador en materias que no son competencia del Gobierno y menos aún de un texto como el del estatuto del estudiante. Así, por
ejemplo, en el tema de becas, tanto las incorporadas a programas de movilidad como las generales, reguladas en los artículos 41 y siguientes del estatuto, deberían ser objeto en unos casos de programas y convocatorias estatales y en otros casos
autonómicos, pero no se entiende que venga en el estatuto. Parece más adecuado que la política de becas venga establecida, como ya viene, tanto en la ley orgánica como en las leyes autonómicas y que sea desarrollada por estas, por las comunidades
autónomas; otra cosa es que las universidades pongan los instrumentos para su gestión. El Estatuto catalán, por ejemplo, se atribuye como competencia exclusiva la regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas, así como la regulación
y gestión de los fondos estatales si los hubiera. En definitiva, nos parece excesiva la referencia a la política de becas que hacen tanto los artículos 43 y 44 como el 17 del actual borrador.
Lo mismo podemos decir de otro ámbito, de que en el marco de la LOU se exceden los capítulos 6 y 7 del estatuto, en cuanto que el artículo 46.2.d) de la LOU indica únicamente como derecho de los estudiantes que las universidades den
publicidad a las normas que deben regular la verificación de los conocimientos de estos. Hasta ahí puede llegar el estatuto, publicidad a esas normas, pero el estatuto no puede entrar a establecer procedimientos de verificación, ya que el propio
artículo 46.3 de la LOU dice que tales procedimientos serán establecidos por las universidades a través del Consejo Social y previo informe del Consejo de Coordinación, que será el que apruebe las normas que regulen el progreso y permanencia de los
estudiantes. Por ello, nos congratulamos de que también en la enmienda pactada entre el Grupo Parlamentario Socialista y el nuestro se diga que el desarrollo de la LOU y de la Lomlou que hace el estatuto del estudiante en lo relativo a la
verificación del conocimiento de estudiantes y las becas se realice expresamente sin perjuicio del desarrollo legislativo y reglamentario de la comunidad autónoma y de las propias universidades. Entendemos que el texto se excede de lo que debería
ir en el estatuto del estudiante y de lo que le correspondería regular al Gobierno. Por eso queremos que se diga expresamente y así lo interpretamos, me gustaría que lo corroborara la portavoz socialista posteriormente desde esta tribuna
-Montserrat, me encantaría que lo corroboraras después-, que la palabra expresamente lo que significa es que debe decirse en el estatuto y, por tanto, debe añadirse, y esto es lógico, que lo que se diga en el estatuto es sin perjuicio del desarrollo
legislativo y reglamentario de las comunidades autónomas y de las propias universidades. Esto es, que el estatuto lo será en tanto en cuanto cumplimente
el ordenamiento jurídico. Nos congratulamos de que se reconozca o encauce esta problemática que habíamos señalado.
Por último, hay otro aspecto que también solicitábamos y que no hemos visto satisfecho, aunque, si se quiere, era más bien simbólico, pero al que nosotros dábamos mucha importancia porque unánimemente por parte de los consejos de gobierno de
las universidades en el País Vasco se había entendido así -y voy concluyendo, señora vicepresidenta-, y era que se incorporara en el texto del estatuto el derecho del alumnado universitario, evidentemente en las comunidades autónomas que tuvieran
dos idiomas oficiales, a recibir docencia en cualquiera de las lenguas oficiales. Es cierto que esto en la legislación de algunas comunidades autónomas se reconoce, aunque no en todas, y no hubiera sido malo que, aunque hubiera sido de una manera
simbólica, esto se hubiera reconocido en el propio estatuto. Lamentablemente no ha sido posible llegar a este acuerdo, pero que de cuatro objetivos el Gobierno se vea comprometido en tres y medio, si se aprueba esta moción, es razón suficiente,
señora vicepresidenta, para poder votar favorablemente esta enmienda pactada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor
Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos presentado dos enmiendas. La primera de ellas para garantizar que los consejos de estudiantes que no dispongan de presidente puedan escoger de entre sus miembros al representante de su universidad.
Sería poco democrático
que, a pesar de existir el Consejo de estudiantes, el representante fuera escogido por el Consejo de Gobierno. La segunda enmienda o el punto número dos ha sido presentada en la medida en que entendemos que en el mismo estatuto del estudiante debe
regularse la representación de las comunidades autónomas. En algunos casos, como el de Cataluña, ya hace muchos años que existe una comisión o un consejo de estudiantes interuniversitario formado por representantes de las diferentes universidades
públicas y privadas, razón por la cual entendemos que debe añadirse, una vez suprimido el artículo 49.3, que existirá un estudiante representante de cada consejo autonómico de estudiantes constituido y de los que se constituyan en un futuro, elegido
evidentemente de entre sus miembros. Estas son las dos enmiendas que hemos presentado a la moción del Partido Nacionalista Vasco.
Señorías, en resumen, nuestro grupo parlamentario reclama la supresión del punto b) del artículo 49. ¿Y por qué no estamos de acuerdo con el contenido del punto b) del artículo 49? Porque entendemos que al incluir estudiantes
universitarios que forman parte de algún sindicato que tenga representación en el Consejo Escolar del Estado y atendiendo al argumento esgrimido sobre la relación con el sistema educativo, es decir, sobre todo el conjunto del sistema educativo,
incluida por tanto la educación secundaria y la formación profesional, se está incluyendo a un estudiante universitario que no tendría necesariamente ningún conocimiento de lo que ocurre en el Consejo Escolar del Estado, ya que no es ni estudiante
de secundaria ni de formación profesional. Esta es una de las razones por la que nosotros entendemos que debería ser suprimido este apartado. De hecho, también reclamamos, y por eso estamos de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, la
eliminación del punto c), porque no nos parece admisible el requisito de que el Sindicato de Estudiantes deba tener representantes en el Consejo de estudiantes o en el Consejo de Gobierno de, cómo mínimo, seis universidades que al menos sean
pertenecientes a tres comunidades autónomas. Todo ello excluye a cualquier asociación de estudiantes catalanes, por ejemplo. Entenderán que nos preocupe la cuestión.
Señorías, estamos totalmente de acuerdo con los puntos 3 y 4 de la moción del Partido Nacionalista Vasco. Siempre hemos defendido el reconocimiento del derecho de los estudiantes a expresarse y a recibir docencia en cualquiera de las
lenguas oficiales/cooficiales de cualquier territorio del actual Estado español, de manera que coincidimos totalmente con el diputado Esteban. Como digo, también coincidimos en el punto número 4, pero voy a pasar a hacer una mención especial al
punto número 6, referido a todo aquello que alcanza el universo de las becas. Estamos de acuerdo con la redacción del diputado. Ciertamente, en ningún caso debería constreñirse todo lo dispuesto por las leyes autonómicas en cuanto a la política de
becas, pero también es cierto que nos hubiera gustado poder ir un poco más allá reconociendo que hoy por hoy, y en lo que se refiere a las becas, todavía los distintos gobiernos españoles de turno hacen caso omiso a las sentencias del Tribunal
Constitucional en todo aquello que compete a la necesidad de traspasar la gestión.
En todo caso, hemos conocido que hay una transaccional y celebramos el acuerdo, puesto que significa un cierto avance, aun cuando supongo que no en todo aquello que pretendía el diputado Aitor Esteban. Celebramos el acuerdo, porque -repito-
hubiéramos votado también la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Palma i Muñoz.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, como se ha dicho, ha presentado una enmienda a la moción del Partido Nacionalista Vasco porque no podíamos apoyar el texto original. No podíamos apoyarlo porque llega cuando el estatuto del
estudiante universitario se encuentra ya en la última fase de su tramitación, a punto de ir al Consejo de Ministros. No podíamos apoyarlo porque algunas de sus propuestas son incompatibles con lo acordado con la comunidad universitaria después de
tres años de intenso trabajo, especialmente en el último año, con la participación e implicación de los estudiantes, pero también de los responsables de la gestión y política universitaria, los vicerrectores de estudiantes, los defensores
universitarios, los secretarios generales de universidad, los rectores a través del Consejo de Universidades y los consejeros autonómicos a través de la Conferencia general, que aprobaron este texto el pasado 26 de abril; de hecho, fue entre marzo
y abril cuando se cerró de forma muy satisfactoria el acuerdo sobre el estatuto. Es este, pues, un texto muy consensuado, muy trabajado, muy demandado y muy acorde con las nuevas necesidades de los estudiantes universitarios.
Señorías, respecto a los temas que se han comentado aquí, la composición del consejo, que ha sido cuestionada por los que me han precedido en el uso de la palabra y, especialmente, por el proponente, ha querido mantener un equilibrio
complicado que responde a la situación en que nos encontramos, que no deja de ser un periodo de transición de una representatividad basada en las asociaciones, hay que decir que muchas veces cuestionada en relación al conjunto de universitarios,
pero que camina hacia un sistema de representación institucional en el que la voz de los estudiantes debe estar representada por aquellos que han sido elegidos democráticamente. La composición del consejo, con una triple vía -asociaciones de
estudiantes, representantes de los estudiantes de todas las universidades y representantes de los consejos autonómicos-, responde a este necesario equilibrio. En este último caso, quisiera decirles que en nuestra enmienda se ha incorporado la
petición del proponente de que sea en el decreto y no en el reglamento posterior donde se regule su participación.
En segundo lugar, respecto a los derechos y deberes de los estudiantes que recoge el estatuto, hay que decir que es un conjunto de derechos y deberes de acuerdo con el nuevo escenario que compartimos a nivel internacional en el espacio
europeo de Educación Superior, con un nuevo modelo en las metodologías docentes más basado en la atención individual y personalizada, más interactivo, más flexible y abierto, aunque seguramente, también hay que decirlo, más exigente tanto con los
estudiantes como con los profesores. Los derechos y deberes que reconoce el estatuto tienen que ver con la transparencia, con el respeto, con la rendición de cuentas, con la ética, con las buenas prácticas, con la buena gobernanza e incorpora
también nuevos espacios e instrumentos para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad. No hay que olvidar que tenemos nuevas situaciones en las que hay que defender también los derechos de los estudiantes, relacionadas con las
prácticas externas, con la compatibilización del trabajo y el estudio, con el reconocimiento académico por actividades de participación universitaria, que creo que ninguno de los portavoces podría poner en cuestión.
Como no podía ser de otra manera, recogemos en la enmienda que hemos transaccionado con el Partido Nacionalista Vasco que el desarrollo normativo que contemplará el real decreto va a respetar estrictamente las competencias autonómicas y de
las propias universidades; expreso respeto a estas competencias. Un último apunte sobre el tema lingüístico: no corresponde a una normativa de ámbito estatal regular este derecho, sino que es de normativa autonómica, como es el caso que se está
dando en Cataluña, Baleares o Galicia.
Señorías, esperamos que la enmienda transaccional acordada con el proponente contribuya al cumplimiento de estos objetivos y tenga el máximo apoyo de todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Palma.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente para posicionar al Bloque Nacionalista Galego a favor de la moción que nos presenta hoy el señor Esteban en la medida en que, desde nuestro punto de vista, es una propuesta oportuna, sobre todo en algunas de las
cuestiones que trata. Hemos conocido que después de las enmiendas presentadas por otros grupos se ha llegado a un acuerdo, a una transaccional, que evidentemente nosotros vamos a votar favorablemente, pero quisiéramos comentar algunas de las
cuestiones que propone el señor Esteban, del Grupo Nacionalista Vasco. Aunque acaba de decir la portavoz del Grupo Socialista que el tema lingüístico no corresponde a esta norma, desde el nacionalismo tenemos necesariamente que seguir insistiendo
en cuestiones como esta, del mismo modo que el señor Esteban lo pone en el punto tercero de la moción que hoy debatimos. Desgraciadamente, no en todas las comunidades autónomas, no en todas las nacionalidades históricas o naciones, como nosotros
nos definimos, hay la misma sensibilidad. Por lo tanto, respeto a esa identidad lingüística.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, perdone un momento. Por favor, señorías, guarden un poco de silencio porque es
imposible que se pueda escuchar al orador que está en la tribuna.
Continúe, por favor, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
También es importante para nosotros el punto cuarto, sobre todo porque se llega a un acuerdo en la transacción que se va a votar. Desde nuestro punto de vista, es importante contar con la normativa propia de las comunidades autónomas o de
las universidades, habida cuenta de que en estas hay una representación de todas aquellas asociaciones que son, valga la redundancia, representativas de los alumnos y las alumnas universitarias. Entendemos que es conveniente que vayamos
normalizando a nivel estatal el hecho de que en estas naciones o nacionalidades históricas, como se recoge en la Constitución, se puedan constituir en organizaciones propias estudiantiles. Esta posibilidad existe y esa representación es necesario
reconocerla también a nivel estatal. De ahí que nos parezca importante que se recoja, como se recoge en este punto cuarto, y sobre todo nos parece importante que se haya llegado a un acuerdo en esta cuestión. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) De ahí, señorías, que nuestro grupo vaya a votar favorablemente la moción con la transacción que se ha acordado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Intervendré solamente para fijar posición y decir que Coalición Canaria va a apoyar esta moción presentada por el PNV.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy amable, señora Oramas.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió doña Inmaculada Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario valora y entiende positiva y oportuna la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco y la votaremos favorablemente. Es una moción presentada en un momento
especialmente importante y dentro del marco de Bolonia. Bolonia ha incorporado cambios importantes en nuestro sistema y en nuestro modelo. Siempre hemos defendido en nuestro grupo parlamentario que es una oportunidad de cambio y de mejora del
sistema universitario, de su modernización y de su internacionalización, y es sinónimo de excelencia en la educación superior. Bolonia es una oportunidad especialmente importante en este momento de una imperiosa necesidad de salir de la crisis y de
una necesidad de cambio en nuestro patón de crecimiento, cambio que pasa por más y mejor conocimiento y por más y mejor formación. Bolonia implica y nos obliga a cambios hacia un nuevo modelo que pone al estudiante en el centro del sistema, y es en
este marco en el que es deseable, necesario y urgente incorporar el estatuto del estudiante universitario, porque este es Bolonia y responde a este proceso de cambio a través de la participación activa del colectivo estudiantil en el proyecto
universitario, a través no solo de más involucración sino también de más responsabilidad; un estatuto de derechos y deberes integrador y reconocedor de las realidades autonómicas.
Para que el estatuto del estudiante sea realmente un instrumento útil para los estudiantes y ayude a su mejor integración en el mundo universitario, debe ser ágil, flexible, no contagiado de las rigideces y de la burocratización estatal que
a veces sufrimos y respetuoso competencialmente. El estatuto, señorías, intenta corregir el déficit de un órgano de representación único que realmente pudiera servir como interlocutor, déficit que se intenta corregir mediante la creación del
Consejo de estudiantes universitarios del Estado como órgano canalizador de la voluntad de los estudiantes y en el que se debería contar con la representación estudiantil de todas las universidades y con la adecuada participación de representantes
de los consejos autonómicos de estudiantes, tal como prevé el artículo 46.5 de la Lomlou. Sin embargo, entendemos que el borrador olvida la regulación sobre la participación de los consejos autonómicos de estudiantes y la deja para un momento
posterior, y en su regulación también puede alejar al estudiante del consejo. Son aspectos y ejes a reconducir y que entendemos que esta moción intenta reconducir. Esta y otras consideraciones nos llevan a apoyar la moción presentada por el Grupo
Vasco, que entendemos que recoge cuatro objetivos. El primero, el de intentar ordenar y racionalizar la representatividad en el pleno reconocimiento de la diversidad, la pluralidad y de cara a conseguir más eficiencia y más eficacia del sistema en
el ámbito de los estudiantes universitarios y de los consejos autonómicos. En segundo lugar, asegurar el reconocimiento y el respeto de las competencias autonómicas en esta materia. Y no puedo dejar de decir que hablar de competencias es para
nosotros y para nuestro grupo hablar también del traspaso de becas. También, asegurar el derecho a la docencia en las diferentes lenguas oficiales por parte de los estudiantes y el respeto y el reconocimiento, por tanto, de la realidad
plurinacional. Y, por último, impulsar el proceso y acelerar su puesta en marcha.
Entendemos, señorías, que si algo no puede ser un texto estatutario en el que se recogen derechos y deberes es una barrera para el ejercicio de facultades
preexistentes; es decir, lo que no puede pasar es que la aprobación del estatuto del estudiante, con los derechos que en él se reconocen, pueda conllevar que los estudiantes vean recortados derechos que ejercían con anterioridad.
Nuestro sistema universitario, señorías, tiene en Bolonia una oportunidad, pero tiene también que afrontar cambios importantes internos de modernización, especialmente en el marco de la gobernanza. Hemos de flexibilizar el sistema,
perseguir más su excelencia y su competitividad, porque el sistema y la educación superior son pilares básicos de una sociedad basada en el conocimiento y esa es la sociedad por la que hemos de apostar. Y esta mejora del sistema pasa, desde nuestro
punto de vista, por una involucración y con una implicación mejor y más clara del estudiante. Todos estos son objetivos que entendemos cumple y persigue la moción presentada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Adolfo González Rodríguez.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, vamos a hablar sobre una moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco que consideramos que se ha hecho deprisa, con autoenmienda en algunos aspectos confusa y que responde a
dos textos diferentes. En esta ocasión me voy a referir solo al segundo.
Sin duda es obligación del Gobierno aprobar el estatuto del estudiante universitario en virtud del mandato de la Lomlou que se estableció en 2007, en su artículo 46.5. También es evidente que hay un retraso bastante amplio del cumplimiento
del estatuto del estudiante universitario, dado que la disposición adicional decimocuarta de la Lomlou establece que debería hacerse en el plazo de un año. Llevamos tres años esperando este estatuto. Este retraso el otro día lo argumentaba el
señor ministro refiriéndose a la enorme complejidad que tenía averiguar la representación estudiantil. Resulta que el Gobierno es el que tiene que gobernar y parece mentira que haya durado tres años el poder reconocer esta representatividad
estudiantil. De ahí que el Grupo Parlamentario Popular solicitara el 30 de abril, en la Comisión de Educación y Ciencia, la comparecencia del señor ministro para hablar precisamente del borrador de un estatuto que parecía que estaba aprobado pero
que, al final, nos enteramos de que todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado y Consejo de Ministros. Aquí sí compartimos la intervención del señor Esteban del otro día diciendo que querían saber exactamente en qué punto nos encontramos. La
propuesta del Partido Nacionalista Vasco en esta moción en realidad no aporta ninguna medida de mejora de los derechos y deberes de los estudiantes, básicamente consiste en preservar las competencias autonómicas que, a nuestro entender, no necesitan
ser invocadas en virtud del principio de legalidad. En todo caso, la formulación de las propuestas del PNV se configura a modo de enmiendas a un proyecto legislativo, cuando se trata de un borrador de real decreto cuya aprobación no es competencia
de esta Cámara y que todavía no está publicado en el BOE.
Si nos centramos en las propuestas del segundo texto, respecto a la primera tenemos que decir que no compartimos la representatividad que propone el grupo proponente porque deja fuera un abanico importante de representantes, entre ellos el
tan discutido esta tarde de las asociaciones. Las comunidades universitarias y los campus universitarios defienden y aprueban el asociacionismo estudiantil. Respecto a la segunda propuesta, podría ser aceptada por nuestro grupo, dado que
simplemente es cumplir lo que dice la Lomlou, como es el establecimiento de los representantes de los consejos autonómicos de estudiantes. La propuesta tercera, que ha sido matizada por el señor Esteban, les voy a leer lo que dice respecto a las
lenguas oficiales: Incorporen en el texto del decreto por el que se crea el estatuto del estudiante universitario el derecho del alumnado universitario a recibir docencia en cualquiera de las lenguas oficiales, reconociendo también este derecho a
los representantes de las universidades en el Consejo del estudiante universitario para sus comunicaciones e intervenciones en este. Aquí no se hace ningún matiz respecto a las comunidades de lenguas cooficiales, sino que se refiere a todo el
territorio nacional, de ahí que nosotros en un principio viéramos con cierto alarmismo esta propuesta número tres, pero afortunadamente ha sido matizada por el proponente. Las propuestas cuarta, quinta y sexta, tampoco las aceptamos en un principio
tal como aparecen redactadas en esta moción, dado que las consideramos innecesarias y, además, no se ha visto ninguna manifestación en contra de la Conferencia de rectores de las universidades españolas. De ahí que nos extrañen algunas de estas
propuestas, cuando se trata de responder exactamente a lo legislado en la LOU y posteriormente en la Lomlou.
Sí voy a decir, para terminar, que dada la afortunada enmienda transaccional que se ha acordado entre el grupo proponente y el Grupo Socialista, enmienda en la que se suprime la propuesta tercera de las lenguas cooficiales, enmienda en la
que se mantiene la propuesta segunda con la que nosotros desde un principio estábamos de acuerdo, como no puede ser de otra forma, ya que está establecido en la normativa vigente, como es la LOU, la presencia de los consejos autonómicos de
estudiantes y dado que se elimina el aspecto de las lenguas cooficiales y se mantiene la representatividad de las asociaciones -que no tiene que producir ninguna alarma sino que es algo habitual y deseado por las comunidades universitarias-, yo, en
representación del Grupo Popular, tengo que decir que aceptaremos y apoyaremos la enmienda transaccionada entre el grupo proponente y el Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Señor Esteban, si es tan amable ¿podría decir a la Presidencia si acepta para la votación alguna de las enmiendas o votaciones separadas?
El señor ESTEBAN BRAVO: Presidente, hay una enmienda transaccionada entre el Grupo Socialista y el nuestro y sería esa la que me gustaría que se sometiera a votación.
El señor PRESIDENTE: Es decir, ¿aceptaría una transaccional sobre la enmienda socialista? ¿O no?
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, una transaccional sobre la enmienda socialista. De acuerdo, señor presidente, si lo quiere decir así.
El señor PRESIDENTE: ¿O acepta sencillamente una enmienda transaccional?
El señor ESTEBAN BRAVO: Una enmienda transaccional sencillamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún grupo se opone a la tramitación de la transaccional? (Denegaciones.) Pues se votará en los términos de la transaccional.
Iniciaremos las votaciones dentro de tres minutos. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento, vamos a iniciar las votaciones. Por favor, cierren las puertas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES. (Número de expediente 122/000215.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la primera votación. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, orgánica, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de interceptación de las
comunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 159; en contra, 179; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPULSO DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA PARA LA IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS. (Número de expediente 162/000668.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de las recomendaciones del Comité de Bioética de España para la implantación de buenas prácticas científicas.
Se vota en los términos de una
enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a la tramitación de la transaccional? (Pausa.) Se vota en los términos anunciados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN DEL ESTADO PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.
(Número de expediente 162/000635.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales. Se vota en los términos de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 151; en contra, 190; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL AJUSTE EN EL GASTO PÚBLICO PARA ANTICIPAR LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT. (Número de expediente
173/000145.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las repercusiones
económicas y sociales del ajuste en el gasto público para anticipar la reducción del déficit. Se vota en primer lugar el punto 2 de la anunciada moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 176; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 2. (Aplausos.)
A continuación votamos el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 11; en contra, 330; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 12; en contra, 180; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, seis; en contra, 332; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos a continuación el punto 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 339; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación el resto de los puntos de la moción que no han sido votados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, cinco; en contra, 337.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA NECESITA PARA CREAR EMPLEO Y CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 173/000146.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Popular, sobre la situación de las reformas estructurales que la economía española necesita para crear empleo y consolidar la recuperación económica. En primer lugar, votamos
el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación votamos el punto 2 a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 156; en contra, 177; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación votamos el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 337; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUMENTO DE LA INVERSIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LAS DECISIONES DE AUSTERIDAD PROPUESTAS POR EL GOBIERNO.
(Número de expediente
173/000147.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de estímulo a la creación de empleo y aumento de la inversión que deben acompañar a las decisiones de austeridad propuestas por el Gobierno. Se vota en sus
propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 168; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES, MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, QUE
ORDENA LA APROBACIÓN DE UN ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. (Número de expediente 173/000148.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Vasco PNV, sobre las intenciones del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que ordena la aprobación de un estatuto del estudiante universitario. Se vota en los términos de la transacción que ya ha sido aceptada a trámite.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.