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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 155, de 20/04/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 155
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 146
celebrada el martes, 20 de abril de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la rebaja selectiva de impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 226-1, de 26 de febrero de 2010. (Número de
expediente 122/000203.) ... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 207-1, de 30 de octubre de 2009. (Número de expediente 122/000186.) ... (Página 10)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. (B.O.E.
núm. 79, de 1 de abril de 2010). (Número de expediente 130/000028.) ...
- Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. (B.O.E. núm. 89, de 13 de abril de 2010). Corrección de error en B.O.E. núm. 93, de 17 de abril de 2010.
(Número de
expediente 130/000029.) ... (Página 17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la fiscalización de las cuentas de la empresa Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Mercasevilla, S.A. y de su fundación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
354, de 12 de marzo de 2010. (Número de expediente 162/000611.) ... (Página 31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con la situación actual de los agricultores plataneros canarios. (Número de expediente 173/000131.) ...
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la restitución del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como para el refuerzo educativo de los mismos.
(Número de expediente 173/000132.) ...
(Página 38)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del desempleo en España. (Número de expediente 173/000133.) ... (Página 42)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página 46)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.) ...
(Página 47)
Proposiciones no de ley (Votación.) ... (Página 47)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 47)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 4)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la rebaja selectiva de impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos ...
(Página 4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Madrazo Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Ridao i Martín, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Xuclà i Costa, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y el señor Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 17)
Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal ... (Página 17)
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo ... (Página 17)
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación de ambos reales decretos-leyes.
En turno de fijación de posiciones para defender conjuntamente los reales decretos-leyes, intervienen las señoras Barkos Berrueco, Díez González y Oramas González-Moro y los señores Salvador Armendáriz y Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; el señor Montoro Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Fernández Marugán, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 31)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la fiscalización de las cuentas de la empresa Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Mercasevilla, S. A., y de su fundación ... (Página 31)
Defiende la proposición no de ley el señor Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para defender la enmienda presentada interviene la señora Riera Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Hernando
Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 34)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Perestelo), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con la situación actual de los agricultores plataneros canarios ... (Página 34)
Defiende la moción presentada el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular y la señora Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la restitución del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como para el refuerzo educativo de los mismos ...
Defiende la moción el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Esteve
Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del desempleo en España ... (Página 42)
En defensa de la moción interviene la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para defender las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Báñez García.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 46)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la rebaja selectiva de impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, es rechazada por 157
votos a favor; 175 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, de
financiación de los partidos políticos, es aprobada por 320 votos a favor y veinte abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 47)
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigilancia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, es aprobada su convalidación por 334 votos a favor y
cuatro abstenciones.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, se aprueba su convalidación por 335 votos a favor y cinco abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, es rechazada por 150 votos a favor y 190 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 47)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la fiscalización de las cuentas de la empresa Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Mercasevilla S. A. y de su fundación, queda
rechazada por 157 votos a favor; 174 en contra y nueve abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 47)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Perestelo, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con la situación actual de los agricultores plataneros canarios, queda aprobada por 171 votos a favor
y 169 en contra.
Sometida a votación la enmienda conjunta de los grupos parlamentarios Socialista y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a la moción sobre la restitución del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los
inmigrantes, así como para el refuerzo educativo de los mismos, es aprobada por 194 votos a favor; dos en contra y 144 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del desempleo en España con las enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y con la enmienda
número 3 de la señora Díez González, es rechazada por 154 votos a favor; 175 en contra y 11 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA REBAJA SELECTIVA DE IMPUESTOS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y A LOS AUTÓNOMOS.
(Número de expediente 122/000203.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición del Grupo Parlamentario Popular, para la rebaja selectiva de impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Para su
defensa, tiene la palabra, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular la toma en consideración de la proposición de ley de rebaja de impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. No es la primera vez que mi
grupo presenta una iniciativa dirigida a bajar impuestos a las pymes y autónomos y me temo que no será la última, porque es necesario reiterar una y otra vez lo que ustedes, señores socialistas, parecen incapaces de entender: si no ayudamos a las
empresas y a los autónomos a generar empleo seguiremos aumentando las listas del paro, ya que son ellos, los empresarios, los que generan riqueza y empleo en España. Frente a la fracasada política económica del Gobierno socialista y su incapacidad
para aplicar medidas generadoras de empleo, nosotros, el Partido Popular, seguiremos insistiendo porque además es nuestra obligación.
Señorías, esta proposición de ley que hoy debatimos pretende en su artículo primero una modificación del impuesto sobre sociedades en un doble sentido: por un lado, reducir el tipo aplicable en el impuesto sobre sociedades del 25 al 20 por
ciento para las pymes y autónomos, aumentando al mismo tiempo el límite de base imponible a la que sea aplicable este tipo, de los actuales 120.000 euros a los 300.000 que proponemos, y rebajando del 30 al 25 por ciento el tipo aplicable a la base
imponible que exceda de esos 300.000 euros. Por otro lado, proponemos en este mismo artículo aumentar la cifra de negocio de los 8 millones actuales a 12 millones de euros para que las empresas y autónomos por debajo de ese límite de ventas puedan
acogerse a los beneficios fiscales que la normativa del impuesto sobre sociedades establece. Por tanto, con este primer artículo perseguimos un doble objetivo: ampliar el número de empresas que puedan acogerse al tipo reducido y reducir el tipo
aplicable en el impuesto sobre sociedades del 25 por ciento actual al 20 por ciento. Este primer artículo queda complementado con la disposición derogatoria primera de nuestra proposición de ley que deroga la redacción actual de la disposición
adicional duodécima del texto refundido del impuesto sobre sociedades, añadida por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. ¿Por qué proponemos esa derogación? Porque, como siempre, el Gobierno socialista legisla tarde y
legisla mal; hace un corta y pega de medidas propuestas ya por el Partido Popular, pero de forma chapucera, ya que establece una limitación temporal a la reducción de tipos impositivos y, lo que es aun peor, limita su aplicación a aquellas pequeñas
empresas que hayan mantenido o creado empleo a lo largo de 2009, 2010 ó 2011.
Señorías, ustedes saben como yo que el número de empresas que han reducido plantilla o que han tramitado expedientes de regulación de empleo a lo largo de esta crisis es un número muy elevado, basta recordar los 4,5 millones de parados que
tenemos en España para acreditarlo. Por tanto, ¿quién se podría aplicar esta reducción de tipos impositivos que plantea el Partido Socialista? Nosotros creemos que muy pocas empresas y por ello plantemos una medida que sea realmente eficaz y que
abarque al mayor número posible de pequeñas empresas. En consecuencia, suprimimos el requisito del mantenimiento o creación de empleo para poder aplicar tipos impositivos reducidos y más competitivos. Desde luego creemos que es preferible reducir
plantilla en uno o dos empleados, y no penalizarlo fiscalmente como hacen ustedes, que cerrar la empresa y que en lugar de uno en el paro podamos encontrarnos con seis más en las listas de desempleo. Además, en el artículo segundo de esta
iniciativa proponemos también una reducción de impuestos para los contribuyentes que ejercen actividades económicas y que tributan en el impuesto sobre la renta y cuya cifra de negocios sea inferior a 5 millones de euros. Para ello, damos una nueva
redacción a la disposición adicional vigesimoséptima, que fue añadida también por el Gobierno socialista en los Presupuestos Generales del Estado del año 2010, eliminando tanto la restricción temporal, como el requisito de mantenimiento o creación
de empleo, de manera que la reducción del 20 por ciento del rendimiento neto declarado en el impuesto sobre la renta sea aplicable a un mayor número de empresas de forma similar al planteamiento que hemos hecho en el impuesto sobre sociedades.
Señorías, a estas alturas está claro que, a pesar de la proliferación y la publicidad mediática de sucesivos paquetes de medidas del Gobierno, las iniciativas planteadas por el Ejecutivo no tienen conexión entre sí, no son eficaces y no han
mejorado la situación de nuestra economía. Más bien, al contrario, han sido un rotundo fracaso. Sus resultados están a la vista de todos, 4,5 millones de parados, déficit de nuestras cuentas públicas, derroche de dinero público, más impuestos y
empobrecimiento de las familias y de las empresas españolas. Hoy mismo se aprobará el Real Decreto-ley de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo y tenemos que decir que las medidas que plantean -muchas de ellas, como he
dicho antes, un corta y pega de iniciativas que ya ha propuesto el Grupo Popular en esta Cámara- demuestran que el Gobierno socialista carece de un plan coordinado y estratégico para hacer frente a la crisis.
¿De verdad creen ustedes, señorías del
Grupo Socialista, que el ladrillo rehabilitado va a solucionar todos los problemas de nuestra economía? Desde el Grupo Popular creemos que no, aunque estemos de acuerdo con alguna de las medidas planteadas. Son necesarias reformas fiscales de
calado, como la que hoy planteamos con esta proposición de ley, que ayuden a
nuestras empresas a generar empleo. Resulta oportuno recordar que siguen ustedes empecinados en una subida del IVA a partir de julio que pagaremos todos los consumidores y empresarios, y que será nefasta en términos de consumo en la actual
coyuntura de nuestra economía. La pasada semana el ministro de Industria nos decía, a respuesta de una pregunta parlamentaria planteada por mi grupo, que muchas de las empresas iban a asumir esa subida del IVA sin repercutirlo en el consumidor.
Con la que está cayendo, y como lo están pasando las empresas, no creemos que tengan mucho margen para poder reducir aún más su margen de beneficio. Es más, también aseguró el ministro que muchos de los productos no iban a subir su tipo de IVA
porque iban al tipo superreducido del 4 por ciento. Ese tipo superreducido de IVA se aplica a poquísimos productos, la leche, el pan y los huevos, y salvo que el Gobierno socialista quiera que comamos solamente leche, pan y huevos, que a este paso,
a lo mejor, es lo que tenemos que acabar haciendo, es claramente falso lo que dijo en respuesta a esa pregunta.
Señorías, el Grupo Popular pretende con esta iniciativa aliviar la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas porque este ha sido siempre, y lo va a seguir siendo, un objetivo de nuestra política fiscal y económica. En este contexto
tenemos que recordar que la incorporación de nuevos países al marco comunitario plantea retos de competitividad fiscal para España, y el tipo medio del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea se sitúa actualmente en torno al 24 por ciento.
Quisiera también adelantarme al argumento que siempre emplean los socialistas para rechazar nuestras iniciativas sobre bajada de impuestos.
Espero que hoy sean más originales y no me vuelvan a repetir que no es posible bajar impuestos y
recaudar más, porque hasta ahora sus políticas fiscales y económicas han conseguido precisamente un desplome de la recaudación tributaria. En 2007 se recaudó por impuesto sobre sociedades 45.000 millones de euros y en el año 2009 se han recaudado
20.000 millones de euros, menos de la mitad. Plantéense ustedes la causa de ese desplome de la recaudación que no es, ni más ni menos, que el empobrecimiento de las familias y de las empresas españolas. Porque el 30 por ciento del impuesto sobre
sociedades de cero, sigue siendo cero, y si hablamos de IVA, el 16 por ciento de 10, al menos es algo, pero el 18 por ciento de cero, si no se vende nada, si no hay consumo, sigue siendo cero. Por lo tanto, esta vez no me repitan el viejo argumento
de la disminución de ingresos y mucho menos el famoso recorte de gasto social que esto supondría, porque el Partido Popular no quiere recortar gasto social. Para eso ya están ustedes, los socialistas. ¿O hay algo más antisocial que dejar a una
persona sin trabajo?
Voy concluyendo, señorías. Nuestras pymes y autónomos viven una situación dramática. No obtienen financiación de las entidades financieras, tienen serios problemas de morosidad y, para colmo, su cifra de negocio ha caído drásticamente.
Intentemos hoy todos los grupos, apoyando la toma en consideración de esta proposición de ley, aliviar esta situación de asfixia financiera de nuestras pequeñas empresas, que representan más del 90 por ciento de nuestro tejido empresarial y generan
más del 80 por ciento del empleo en España. Intentemos estar todos a la altura de las circunstancias y adquiramos el compromiso hoy de bajar impuestos a nuestros pequeños empresarios y a nuestros autónomos, porque con ello estaremos ayudando a
generar empleo y riqueza. Seamos políticos responsables. El Gobierno ha tardado demasiado tiempo en reaccionar. Hoy es su oportunidad para no perder ni un solo día más.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Para fijar la posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que estamos debatiendo contempla tres medidas que inciden en la mejora del tratamiento fiscal a las pymes y a los autónomos. Las dos primeras afectan al impuesto sobre sociedades, mientras que la otra es
relativa al IRPF. Desde el Bloque Nacionalista Galego hemos hecho valoraciones en diferentes ocasiones que, al día de hoy, mantenemos. La fuerte crisis que está padeciendo la economía española tiene su raíz en la gran dependencia que el modelo de
crecimiento ha tenido en los últimos años del mercado inmobiliario, en un modelo de baja productividad y bajo valor añadido, en la falta de compromiso del sector financiero con los proyectos de inversión ligados a la economía productiva, en un
mercado laboral precarizado, por citar algunos de los trazos más gruesos de la crisis. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, las mejores acciones que beneficien al tejido empresarial serán las que corrijan estas lagunas estructurales. Sin
embargo, el Partido Popular parece que nos quiere trasladar, una y otra vez, la imagen de que los problemas de la economía derivan de una supuesta alta presión fiscal y en concreto en un supuesto alto impuesto de sociedades que recordamos está en
torno a la media europea, incluso por debajo si tenemos en cuenta el tipo efectivo real. Muchas veces se ha hablado del milagro irlandés, del cual se afirmaba que la baja imposición en el impuesto de sociedades era una de las principales causas de
su éxito económico. Pues bien, esta crisis ha puesto de manifiesto las grandes carencias estructurales de la inviabilidad de modelos de crecimiento como el irlandés, basado, entre otros elementos, en el fomento de la inversión extranjera vía
escasísima presión fiscal o el islandés, basado en la especulación financiera, o incluso podríamos hablar del español, basado en la especulación inmobiliaria. Cabe recordar, señorías, que la Ley 35/2006 modificó parcialmente la Ley del impuesto
sobre sociedades y contempló precisamente la reducción en cinco puntos del tipo de gravamen general y del tipo para las pymes. El tipo general se redujo de forma gradual desde el 35 por ciento en dos
años. De esta forma a partir del año 2007 quedó fijado en un 32,5 por ciento y en un 30 por ciento en el año 2008. Para las pequeñas y medianas empresas dicha reducción de cinco puntos tuvo lugar en un solo ejercicio, quedando en un 25 por
ciento para aquella base comprendida entre cero y 120.202 euros y en un 30 por ciento sobre el exceso. Esta modificación realizada la pasada legislatura supone un fuerte impacto en las arcas públicas y, por lo tanto, señoría, desde nuestro punto de
vista no se pueden compatibilizar los objetivos de reducción de déficit y deuda, el mantenimiento de gasto social y al mismo tiempo proponer rebajas en todos los tributos.
Por eso, señorías, y como se nos acaba el tiempo, simplemente diré que conforme con lo que acabamos de exponer -que coincide además con la valoración que ya ha hecho nuestro grupo en otras ocasiones-, el Bloque Nacionalista Galego votará
negativamente la propuesta que el Grupo Popular acaba de defender.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Queremos manifestar que Coalición Canaria apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley pero que, a lo largo del desarrollo, haremos las aportaciones oportunas porque no coincidimos con algunos de los aspectos planteados en la
proposición de ley por el Grupo Popular. Nos parece interesante esa toma en consideración y que se venga aquí a algo que hemos reclamado en los últimos meses, que este país necesita una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma de la
Administración y una reforma del sistema financiero. Lo que está claro es que no podemos seguir parcheando -ni el Gobierno ni la oposición-, sino asumir que en un momento de cambio de la economía de nuestro país también habrá que tomar decisiones
importantes sobre las arcas públicas que van a afectar a los próximos años, a la próxima década, y que sea quien sea el que gobierne hay que llegar a consensos. Nosotros seguimos impulsando que se hable no de un tema puntual sino de analizar los
ingresos y los gastos de este país de forma global y de una reforma fiscal en condiciones que permita garantizar los gastos del Estado, pero también de una reforma fiscal que anime la economía, la inversión y que cree empleo. Por tanto, vamos a
apoyar la propuesta planteada por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.
Nuestro grupo va a votar que no a esta proposición de ley; una proposición de ley que plantea rebajas fiscales, que dice defender a la pequeña y mediana empresa y a los pequeños autónomos pero que en su detalle tiene la trampa. Lo digo
porque la proposición de ley pretende incrementar incentivos fiscales pero a empresas que multiplican -y mucho- sus beneficios. En un contexto de crisis donde necesitamos inversión, donde necesitamos liderazgo desde lo público, lo que pretende el
Partido Popular es que, por ejemplo, una empresa con una cifra de negocio de hasta 12 millones de euros pueda incrementar incentivos fiscales en lugar de los 8 millones de euros actuales. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) Su propuesta pretende rebajar, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades a estas empresas con cifras de negocio de hasta 12 millones de euros anuales en cinco puntos, haciendo menos progresivo aún el impuesto sobre sociedades y sin
condición alguna de reinversión. No deja de ser sorprendente que en un contexto en el que se apela al esfuerzo de todos el Grupo Popular nos diga que bajemos los impuestos a aquellos que ganan más, mucho más. Es más, si vamos al detalle vemos cómo
la propuesta va totalmente en contra del cambio de modelo. Hay que decirlo así, necesitamos inversión, necesitamos liderazgo desde lo público y lo cierto es que el Grupo Popular incluye en su propuesta a un modesto autónomo que pueda ganar hasta 5
millones de euros. No está nada mal. Imagínense ustedes, el modesto autónomo, con toda la ironía, que gane hasta 5 millones de euros, tendrá que pagar menos impuestos. Con lo que he explicado se explica claramente la propuesta.
La propuesta que hoy nos trae el Grupo Popular -igual que la propuesta que nos planteó en su día Convergència i Unió, con reducción de tipos en el impuesto sobre sociedades- plantea lo que vienen solicitando desde hace tiempo: bajada de
impuestos para la pequeña y mediana empresa y para el autónomo, en realidad, bajada de impuestos para aquellos que tienen más.
Y es que solo hay que remitirse a la reforma del impuesto sobre sociedades de la legislatura anterior. Sí, señoras y
señores diputados, en la legislatura anterior, en un contexto de bonanza económica, se propugnó aquello de bajemos el tipo en el impuesto sobre sociedades.
Decían que era para reactivar aún más la economía. Parece que ese dogma, ese dogma liberal,
vale para un roto y para un descosido; vale para épocas de bonanza y vale para épocas de crisis. Por aquel entonces lo que acabó pasando es que se favoreció no a la pequeña empresa, no al pequeño autónomo, sino a una economía con lógica
especulativa que no primaba la reinversión y que, por supuesto, hacía que los cimientos del crecimiento de nuestra economía fuesen menos sólidos.
Por eso nosotros no lo vamos a apoyar. No lo vamos a apoyar porque entendemos que no es la senda correcta, porque va por un camino por el que no deberíamos avanzar.
Es más, creo que hay que explicar a esta Cámara que hoy el tipo de sociedades medio en España es un tipo de sociedades que está por debajo de la media de la Unión Europea y por debajo de la media de la OCDE, en parte y gracias -todo hay que
decirlo- a las reformas del Partido Socialista en época de bonanza -explíquenmelo, a ver si me lo explican hoy porque aún no lo he entendido- que permitieron la rebaja del impuesto sobre sociedades ya muy por debajo de la media de la OCDE y de la
media de la Unión Europea.
Acabo ya, presidenta. Nuestro grupo -también tengo que decírselo- no se opone a reformar, pese a ello, el impuesto sobre sociedades. Y lo digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos registrada una proposición de ley en materia de fiscalidad
ambiental donde destinamos un capítulo a explicar reformas que consideramos imprescindibles en dicho impuesto. Es posible reformas del impuesto sobre sociedades que lo que hagan sea reducir incluso la fiscalidad según el beneficio para la empresa,
pero también para el conjunto de la sociedad. Introducir, por ejemplo, elementos de fiscalidad ambiental en el impuesto sobre sociedades, que hay que recordar que se retiraron y que hizo que inversiones que eran razonables continuasen tributando,
no ha sido lo más sensato. En cualquier caso, por todo lo explicado, nuestro grupo en su conjunto va a votar en contra de la proposición de ley. Estoy seguro que no les sorprende.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidente, señoras y señores diputados, otra propuesta más del Grupo Popular orientada a reducir los tipos impositivos, la fiscalidad, a las pymes y autónomos en la actual situación de crisis económica en
la que nos encontramos.
En el preámbulo se señala -y es cierto- que las pymes y autónomos están sufriendo con gran intensidad las consecuencias de la crisis económica.
La debilidad y la dependencia de la coyuntura económica de muchas pequeñas empresas y autónomos
es más que evidente. Muchas pymes han desaparecido a lo largo de los últimos años y multitud de autónomos se han visto sin trabajo, especialmente los vinculados al sector de la construcción. Por tanto, comprendemos el problema y compartimos la
preocupación del Grupo Popular por la destrucción de empleo y actividad que tan directamente afecta a estos colectivos. En este contexto la pregunta relevante es: ¿Qué medidas son las más adecuadas para ayudar a las pymes y autónomos a que superen
la situación? ¿Son las medidas de carácter tributario, como señala el Partido Popular? En la opinión de nuestro grupo, no. Siempre para todo el mundo es mejor pagar menos impuestos que pagar más, pero no creo que el problema de las pymes y
autónomos hoy sea precisamente el de la fiscalidad. Sinceramente no he oído, al menos de forma masiva, a pequeños empresarios y autónomos decir que la fiscalidad les está impidiendo superar la situación preocupante de sus empresas. Les preocupa
mucho más la falta de financiación, de crédito, por parte de las entidades financieras, les preocupan los impagos de sus clientes, la morosidad de las administraciones públicas para las que trabajan, pero sinceramente no les preocupan los tipos
impositivos. Y no les preocupan porque para pagar el impuesto sobre sociedades hay que tener beneficios empresariales y hoy en día lo que no hay son beneficios; este es precisamente el problema: la ausencia de beneficios y no la alta fiscalidad,
que, dicho sea de paso, no es tan alta en términos comparativos en el marco europeo.
En el preámbulo de la iniciativa hay dos reflexiones a las que quisiera hacer referencia, aunque sea de una forma escueta. Se señala que cuando gobernaba el PP se adoptaron medidas de reducción del tipo efectivo del impuesto sobre
sociedades y que la recaudación se multiplicó por tres; cabría recordar en este sentido que la coyuntura, la situación económica era diametralmente opuesta a la actual, la economía entonces estaba creciendo y generando empleo, hoy, por el
contrario, está decreciendo y se destruye empleo. Era, señores del PP el caballo el que tenía brío y el que ganó la carrera, no la destreza del jinete, utilizando un símil que emplea Schumpeter. Hoy, insisto, la economía está deprimida y la
presión fiscal, merced a la situación económica y a la actual caída brutal de la recaudación que de ella se deriva, se ha situado en una de las más bajas de la reciente historia y de las más bajas de nuestro entorno europeo.
Coincido en la apreciación que se hace en relación con las recomendaciones de la OCDE: una subida de impuestos puede poner en riesgo la recuperación económica. Ello es cierto, también lo señala un economista brillante como Joseph Stiglitz,
que no creo que sea precisamente el economista de cabecera del Grupo Popular, pero también es cierto que una reducción del gasto público puede afectar negativamente al crecimiento económico y no creo que el Grupo Popular esté por la labor de
incrementar el gasto y el déficit público.
En mi grupo parlamentario no consideramos que la rebaja de tipos impositivos que plantea el Grupo Popular sea la más urgente ni recomendable en este momento económico, puesto que la fiscalidad de las pymes y de los autónomos no es
efectivamente el problema en este momento, insisto. Amén de lo señalado, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, va a continuar con la costumbre de abstenerse en las votaciones de aquellas materias tributarias cuya competencia está en Euskadi
en manos de las diputaciones forales y de las juntas generales de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, como es precisamente este caso.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a la iniciativa parlamentaria planteada y defendida magistralmente por la diputada del Grupo Popular Ana Madrazo va a ser la de votar
favorablemente esta iniciativa. Vamos a votarla favorablemente para que se pueda tomar en consideración porque los argumentos esgrimidos por la diputada del Grupo Parlamentario Popular coinciden básicamente con otras iniciativas que en su momento
ya planteó nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que van en la misma dirección de intentar la modificación del tipo impositivo respecto al impuesto sobre sociedades de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas y de las
empresas en general, un tipo más competitivo respecto al porcentaje que se aplica en el resto de países de la Unión Europea. Incluso me atrevería a decir que nuestro grupo parlamentario en la iniciativa que presentó también de modificación del
impuesto sobre sociedades iba un poco más allá en el sentido de plantear un tipo superreducido para las microempresas que ascendía a una tributación del 15 por ciento para las microempresas, un 20 por ciento para las pymes y un 25 por ciento para el
tipo impositivo general de todas las compañías que pueden ser definidas o catalogadas como grandes empresas.
Esta iniciativa probablemente no prosperará. También es cierto que en unos momentos de crisis económica como este en el que desgraciadamente se producen pocos beneficios, una rebaja significativa del impuesto de sociedades no deja de tener
una importancia relevante en las cuentas de explotación o en los resultados obtenidos por el tejido económico productivo de la economía española. Dicho esto, que es cierto -y esta es una cuestión que nosotros siempre hemos valorado positivamente-,
entendemos que quizá sea en este momento económico cuando se puedan plantear algunas reformas que van un poco más allá de lo que podríamos definir como reformas coyunturales e ir hacia una reforma estructural de tipo impositivo del impuesto de
sociedades. Es cierto, y es una realidad, que la pasada legislatura nuestro grupo parlamentario fue decisivo en un pacto con el Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de rebajar el impuesto de sociedades para todas las grandes compañías
españolas y especialmente también para las pequeñas y medianas empresas, y no deja de ser menos cierto que durante la negociación nosotros queríamos ir un poco más allá ya que entendíamos que todavía estábamos por encima del umbral medio del
impuesto sobre sociedades que existía en la mayoría de países de la Unión Europea. Por tanto, es mejor hacer estas reformas estructurales en tiempos que no pueden ser calificados o definidos como de bonanza, es mejor hacerlas en tiempos de crisis
ya que realmente, señorías, si hiciéramos un análisis de la mejora que supondría una modificación de este calibre, probablemente llegaríamos a la conclusión de que una rebaja del impuesto de sociedades no perjudicaría sustancialmente la ya delicada,
diría yo, situación de las arcas de Hacienda, sino que probablemente conseguiríamos con esta rebaja fortalecer los recursos propios de las pequeñas y medianas empresas, fortalecer también los recursos de los trabajadores autónomos que están
cotizando por módulos -se pide una rebaja sustantiva desde esta perspectiva- y básicamente lo que conseguiríamos quizá es dar una noticia positiva, un mensaje de confianza para todos los agentes económicos que están haciendo grandes esfuerzos para
mantener los puestos de trabajo y no cerrar sus actividades.
Por tanto, vamos a votar favorablemente, partiendo de la base de que ya sabemos que probablemente no será posible dar luz verde esta tarde a esta iniciativa en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidenta.
Tiene razón la señoría del Partido Popular cuando dice que se repite, porque, palabra por palabra o casi punto por punto, hemos debatido este tema y ciertamente lo hemos rechazado, como dice el señor Sánchez i Llibre, por lo menos cinco
veces. La parte que se repite, la más importante, que consiste en elevar el tope de lo que se considera una empresa como pequeña y mediana para que así se le apliquen todas las rebajas del tipo impositivo, la discutimos ya no hace mucho y le conté
que tendría desde luego consecuencias fiscales, claro que sí; que significaría, por lo menos, una reducción de 8.000 millones de euros de los ingresos y le recordaba que esto equivalía a dejar a cero durante cuatro años la dotación para la Ley de
Dependencia. Hoy le voy a echar otra cuenta. Ustedes proponen un recorte del gasto de 10.000 millones para recortar el déficit, pero si también reducimos el ingreso en 8.000 está bien claro que esta propuesta se queda en nada. Su supuesta
novedad, que consiste, según usted, en copiar mal de sus propuestas, radica en que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado ya está esta propuesta. Lo que ocurre, y tiene usted razón, es que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se
propone una rebaja para aquellas empresas que por lo menos creen o mantengan empleo. ¿Usted cree de verdad, señoría, que es una chapuza exigir a cambio de un beneficio fiscal que se mantenga el empleo? Pregunten a alguien que esté parado si esto
es una chapuza y veremos lo que le contestan. Porque su propuesta, que se anuncia como rebajas selectivas, no lo son; su propuesta consiste en rebajar los impuestos siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, tanto si se crea empleo
como si se destruye, porque lo único que
hacen es eliminar el requisito que se estableció en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Señoría, en cuestiones de política fiscal hay una manera de comportarse de la derecha que está descrita en todos los libros de texto de la cual el Partido Popular y Convergència i Unió son un ejemplo perfecto. Consiste en que a la derecha
no le gusta que haya Estado, quieren la menor interferencia para sus cosas, las suyas, porque el interés general les preocupa muy poco, pero tienen miedo de proponer recortes. Entonces ustedes proponen 10.000 millones de recorte, pero nunca dicen
en qué porque no se atreven. A continuación proponen rebajas de impuestos porque piensan que la población va a estar más a su favor. Una vez conseguida esta reducción, hinchan el monstruo del déficit y no hay más remedio porque los mercados -que,
no nos olvidemos, son también la derecha- se ocupan de preocupar, que es el peor de los males, con lo cual al final no hay más remedio que aceptar rebajas de gastos. Esto es exactamente lo que han estado haciendo ustedes, pedir recortes de gasto
sin explicar nunca en qué y también recortes de ingresos. Si sumamos las piezas, lo que proponen, lo que dicen y lo que hacen -por cierto, nos ha hecho una pregunta y yo le voy a hacer otra: ¿usted cree de verdad, creen los diputados del Partido
Popular, que llamando a la rebelión fiscal...
(Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones' de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.) se va a arreglar la crisis?-, esto es lo que ustedes están haciendo. (El señor Grau
Reinés: ¡Hala, venga, venga!) No creo que tengan ningún interés en que se recupere la actividad económica, cosa que está empezando a suceder, y me temo que tampoco quieren que se recupere el empleo.
Señorías, termino. Los socialistas no somos esclavos de los absolutos, sino que sabemos hacer uso de las políticas para los objetivos inmediatos, que ahora mismo son consolidar la reactivación de la actividad económica y crear empleo.
Quiero poner un ejemplo. La derecha, aquí representada por CiU y el Partido Popular, va a votar con esta proposición de ley a favor de menos impuestos siempre y en cualquier circunstancia. Los socialistas, cuando esta tarde votemos el real
decreto-ley, vamos a votar por unas rebajas fiscales limitadas en el tiempo, puesto que son orientadas a la crisis, al objetivo de recuperar empleo donde más se ha perdido, ayudando a las familias e incentivando comportamientos sostenibles. Esto es
política fiscal responsable y en interés de los ciudadanos, es política de izquierdas. La suya es una proposición de ley simplona, se basa en premisas falsas, como bien ha explicado el diputado Azpiazu, y es perniciosa. Por todo ello nos vamos a
oponer.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, DE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente
122/000186.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la que modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, de financiación de los partidos políticos.
Para defender esta proposición de ley tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la corrupción no es precisamente un fenómeno nuevo ni insólito ni tan siquiera algo de nuestro tiempo. Ya en plena Restauración afectó a distintos gobiernos, al entorno de la Corona. Ni la introducción históricamente del sufragio
universal masculino acabó con ella porque el Gobierno continuaba en manos de la oligarquía terrateniente y financiera, tenía una concepción patrimonial del Estado, es decir, concebía lo público como una finca particular. Y mutatis mutandi, no hay
mucha diferencia entre lo que pasaba entonces y lo que pasa ahora, no porque continuemos viviendo en un sistema caciquil y oligárquico -no se trata de ello-, sino simplemente porque hay algunos episodios que recuerdan aquella concepción patrimonial
del poder, incluso en ocasiones hay una cierta ansia de hacerse con el poder como antídoto ante las acusaciones de corrupción, además de que vivimos en un mundo globalizado en el que hay una creciente sensación o una cierta relajación ética que
lleva a pensar a algunas personas que todo es susceptible de ser comprado, de ser vendido e incluso de corromperse. De todas formas, señorías, no quiero hurgar en ningún caso concreto. Estoy convencido de que la reacción habitual de los partidos
políticos, es decir el 'y tú más', cuando salta a la luz pública un nuevo episodio de latrocinio o de auténtica desfachatez lo convierte todo en más irritante de cara a la ciudadanía.
Diría más, incluso a riesgo de ser injusto con aquellos partidos
y aquellas personas que actúan con total rectitud, pero cada vez que un dirigente político dice 'y tú más' y esta expresión se convierte en una especie de arma arrojadiza, se hunde un poco más en el fango y parece a ojos de mucha gente una auténtica
carrera de sacos, con codazo a las costillas incluido.
Créanme que a estas alturas ya nadie en este hemiciclo va a sacar provecho electoral de los casos ajenos de corrupción. Poner el ventilador en marcha para escampar el estiércol no creo que lleve a nada. Además creo que todos los partidos
hoy son percibidos exactamente igual, por mucho que nos desgañitemos -insisto- diciendo: nosotros no. El único mensaje que hoy espera la ciudadanía de nosotros -y además es un mensaje que puede
ser acogido con cierta benevolencia, con cierta indulgencia- es aquel que tome la forma de un liderazgo claro para regenerar algunos aspectos y algunas cuestiones concretas de la vida política y de la vida pública, empezando, por ejemplo,
por que cuando comienzan a gotear sospechas, casos judiciales e incluso algunos datos concretos y fehacientes no se puede mirar hacia otro lado, ni negar la evidencia, ni enchufar el ventilador, ni victimizarse presentándose públicamente como el
destinatario o la víctima de las invectivas, en este caso de las campañas de persecución política o mediática. Para mucha gente eso es tanto, señorías, como no tener ningún interés en que resplandezca la verdad, es decir, es buscar solo encubrir
los hechos, blanquear los sepulcros. Hay que ir al fondo; la verdad nunca hace daño a nadie, la verdad solo perjudica a los indeseables, a los delincuentes. Es mucho mejor diagnosticar el mal, entrar a quirófano e incluso extirparlo que vivir con
el mal en el cuerpo.
A raíz, por cierto, de algunos casos ya lejanos como el caso Filesa la democracia salió claramente reforzada, la justicia actuó con celeridad, con diligencia, e incluso se impuso una sanción en términos políticos y electorales con la
alternancia. Señorías, hay países donde la verdad refuerza el sistema e incluso la confianza en las instituciones. Por tanto, estoy diciendo que lo que conviene es no hacer más ejercicios de partidismo e incluso no exagerarlos porque lo que
estamos haciendo es enfrentarnos -y no exagero- a un auténtico problema de corrupción sistémica y transversal, ante una gravísima crisis de desafección y de legitimidad del sistema. Señorías, hay -debemos de ser conscientes- un pequeño intersticio,
un margen muy estrecho para la confianza ciudadana.
Por tanto, es necesaria una auténtica cura de humanidad y un auténtico programa de regeneracionismo. Lo digo porque no sé si somos conscientes de que poco a poco estamos a punto de deslizarnos
por la pavorosa pendiente de una Tangentopoli a la italiana. El reciente caso Gürtel, el caso Matas y algún otro episodio no son un supuesto puntual y lamentable de aprovechamiento privativo o de interés de algunas personas; en muchos casos se
trata de un tupido entramado, es decir el cáncer de la corrupción ha alcanzado grandes dimensiones tanto en el cuerpo de algunos partidos políticos como en su entorno económico y empresarial, donde, por cierto, es muy difícil separar el trigo de la
cizaña y se confunden peligrosamente y de forma casi obscena el poder político y los intereses económicos. Ello es preocupante, señorías, porque nuestra cultura política democrática viene marcada por el franquismo, donde se deslegitimaron la
democracia y los partidos presentándolos como una fuente perversa de intereses espurios y de desunión y, por tanto, en estos momentos solo el populismo puede sacar tajada de esta auténtica agitación si no se actúa de forma enérgica, incluso si no
hay un gran acuerdo o un gran pacto político acerca de la transparencia, contra la corrupción, porque si no a la democracia, señorías, le va a salir muy, muy caro. Podemos instalarnos en la comodidad del lamento más o menos inútil, acompañado de
más o menos gesticulaciones; podemos quedarnos con una cara de pasmo; podemos alentar incluso una ola de moralismo hipócrita, pero lo cierto es que sería mucho más útil aprovechar esta crisis como una auténtica oportunidad.
Por ello, señorías, hacemos una propuesta muy concreta y puntual, que en cualquier caso lo que intenta es darle una vuelta de tuerca más a una reforma que ya operó esta Cámara en la anterior legislatura de la Ley de financiación de los
partidos políticos. No se trata, señorías, de continuar tapándose los ojos ni de hablar de regeneración democrática, sino de adoptar alguna medida concreta. No se trata ni de hacer grandes catarsis ni de auténticas purgas. Se trata de una
propuesta muy simple y concreta, y vayamos por partes. De entrada nos parece perfectamente correcto, no es ninguna barbaridad, que haya donaciones a los partidos políticos, eso sí, que se hagan con claridad, ajustadas a la ley, para no convertir a
los partidos en auténticos rehenes del donante. En segundo lugar, ya en la anterior legislatura se aprobó a instancias de Esquerra una modificación de esta Ley de financiación de partidos que, grosso modo, lo que pretendía era acabar con los
donativos anónimos. Vivíamos, señorías, inmersos en una legislación tan tolerante como opaca, que no ponía ningún tipo de límite a la cantidad y que, por otro parte, eliminaba cualquier vestigio o rastro de los donantes. Por tanto, ahora lo que
hay en nuestro marco normativo es un umbral y además se identifica con el NIF a los donantes. Esto fue muy importante porque contribuyó, de hecho contribuye todavía ahora, a que los partidos no acepten en ningún caso onerosas hipotecas, porque
cuando se aceptan algunos favores, señorías, ustedes saben perfectamente que tarde o temprano siempre viene alguien a cobrárselos.
Como decía, hoy proponemos una vuelta de tuerca más, en coherencia por cierto con una moción que se aprobó el 27 de octubre pasado en relación con la adopción de medidas sobre corrupción en la vida pública y privada.
En primer lugar,
planteamos evitar que los partidos, y por supuesto todas aquellas fundaciones, entidades y asociaciones que están vinculadas, puedan recibir ningún tipo de donativo de aquellas empresas privadas que contratan con la Administración. En segundo
lugar, evitar que los partidos, y por supuesto también las fundaciones, entidades y asociaciones que están vinculadas, puedan llegar a suscribir convenios de colaboración que supongan aportaciones económicas cuando el objeto social no sea
coincidente. Insisto en que todas ellas son propuestas que figuran en la moción que aprobó esta misma Cámara el 27 de octubre pasado, a raíz, por cierto, de una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista, que instaba al Gobierno a proponer
esta modificación. Ha transcurrido un tiempo prudencial, los hechos son acuciantes y nos obligan, ahora es una iniciativa más oportuna que nunca, además de que estamos, señorías, ante una simple toma en consideración que puede ser susceptible de
negociar durante el trámite legislativo. Por tanto, es un gesto concreto, un hecho tangible que se nos reclama. Seamos conscientes
de que cada día, señorías, debemos superar un auténtico test democrático y que no podemos enviar más mensajes a la ciudadanía de que dos partidos no están dispuestos a hacer reformas, es decir, que hay auténticas zonas de impunidad, en
concreto con una cuestión muy importante como es la financiación de los partidos, porque todo ello, señorías, es fuente de descrédito y también de deslegitimación política y no nos lo podemos permitir.
Gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Ningún grupo ha solicitado utilizar el turno en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley y, por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto y, dentro de este
grupo, en primer lugar, la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Voy a hacer una breve intervención para anunciar nuestro favorable a esta proposición de ley que presenta Esquerra Republicana. Anunciamos que en la tramitación presentaremos algunas enmiendas destinadas a mejorar la técnica legislativa
para no dejar la puerta fácilmente abierta al fraude, ya que si bien esta es una proposición que amplía la prohibición de hacer donaciones a las asociaciones y fundaciones que reciben subvenciones públicas, deja sin tratar lo más problemático, a
nuestro juicio, que las donaciones se hagan a través de empresas, fundaciones, etcétera, que sean controladas por las personas físicas y jurídicas afectadas por la anterior prohibición. Por otra parte, no deja de sorprendernos que en la disposición
adicional séptima se establezca una especie de excepción a la prohibición que antes mencionábamos. Hay que mejorar la técnica legislativa precisamente para evitar que se abra una puerta al fraude que, no me cabe la menor duda, está justamente en
las antípodas de lo que quiere Esquerra Republicana cuando presenta esta iniciativa, pero que a mi juicio debemos de mejorar en el trámite posterior.
Por otra parte, lo ha dicho también el portavoz de Esquerra Republicana, en estos momentos los mayores problemas de corrupción no dependen de la Ley de financiación de partidos políticos, que es un instrumento más para perseguir la
transparencia, la eficacia, la eficiencia y el buen comportamiento. Lamentablemente, los graves problemas de corrupción que vive o ha vivido nuestro país no dependen de esta ley; sin embargo, merece la pena que tomemos en consideración esta
proposición y afinemos el propio texto de la ley que está en vigor, porque por lo que estamos viendo -por eso digo que no depende tanto de esto- son las prácticas administrativas en la contratación pública, junto con el urbanismo y un escaso control
del Tribunal de Cuentas -por otra parte, bastante politizado en el peor sentido de la palabra- donde están los mayores problemas. Creo que necesitamos un modelo de control ex post que confíe en los partidos políticos, pero que sea transparente y
severo con partidos y empresas, y si pilla un fraude, como se dice coloquialmente, que actúe de la manera más rápida y más efectiva. Por todo esto apoyamos la iniciativa, pero anunciamos que presentaremos enmiendas para lograr un mayor grado de
transparencia, más control, más claridad y mejor técnica legislativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
La semana pasada, el gobernador del Banco de España, señor Fernández Ordóñez, en un encuentro con el sector financiero hablaba de su preocupación sobre la situación del empleo en España y abogaba por que con el mayor consenso posible se
produjera una reforma de nuestras instituciones laborales y se tomara una decisión sobre el gravísimo y españolísimo problema del paro en España. Me sumo a las palabras del gobernador porque efectivamente el paro es hoy por hoy el principal
problema de nuestro país; problema sin duda muy español porque no muchos países ostentan la cifra récord de parados que tenemos en nuestro país.
Pero me temo que igualmente españolísimo es el problema de la corrupción política en España, o al
menos así lo dicen los ciudadanos en las encuestas que periódicamente publica el CIS, en las que nos dicen que la clase política es -somos- el tercer problema del país, nada menos. Es evidente que una de las razones por las que los ciudadanos
entenderán que somos un problema es porque no somos capaces de aportar o no aportamos soluciones a sus problemas, pero también lo es sin duda por la gestión tan deficiente de la corrupción ya que no la estamos afrontando ni combatiendo con la
firmeza que demandan. Por eso saludamos esta iniciativa de ERC, que se une a otras muchas propuestas, esfuerzos e iniciativas parlamentarias que intentan poner coto a la corrupción. Sin ir más lejos, mi partido, Unión del Pueblo Navarro, el pasado
9 de febrero presentó una moción que contenía un abanico mucho más amplio de iniciativas y que fue aprobado tras una enmienda transaccional en el Senado. Allí pedíamos fundamentalmente convocar a todas las fuerzas políticas con representación
parlamentaria a la firma de un gran acuerdo social y político contra la corrupción, la transparencia y la integridad.
Pero también pedíamos en el marco de ese acuerdo, y creíamos imprescindible, cumplir las resoluciones de la Comisión Mixta del
Tribunal de Cuentas en relación con el informe de fiscalización de partidos políticos de 2005; posibilitar la transparencia de los registros contables de los partidos; revisar las condiciones de las deudas contraídas con las entidades de crédito
ya vencidas pero pendientes de pago; exigir a los partidos políticos estar al corriente de sus obligaciones fiscales, tributarias, laborales y financieras para
poder ser beneficiarios de las ayudas del Estado; establecer límites de endeudamiento a los partidos en función de según qué parámetros; endurecer las condenas en los delitos y conductas delictivas, e igualmente reforzar la transparencia
en los procedimientos administrativos de contratación y dotar al Tribunal de Cuentas de los recursos necesarios para agilizar las fiscalizaciones de las cuentas de las partidos.
En todo caso, señorías, de poco servirá ser muy estricto con algunas conductas si luego por la puerta falsa se compensan con otras que no regulemos. De nada sirve, por ejemplo, impedir aportaciones si luego se producen y aceptamos con
normalidad condonaciones escandalosas. Por eso desde aquí pedimos a todos los grupos un esfuerzo por llegar a un acuerdo global que incluya todas las conductas posibles de riesgo. Hoy más que nunca, señorías, necesitamos garantizar la acción de
una justicia más independiente, aceptar sanciones más duras para estas conductas, añadir más limitaciones y controles en la gestión, aumentar la transparencia...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Salvador, por favor.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino, señoría. Y mejorar y agilizar los mecanismos de fiscalización. Con estos condicionantes, y esperando poder aportar con nuestras enmiendas todas estas ideas, votaremos a favor de la toma en
consideración.
Muchas gracias, señoría.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
Hace tres años, Esquerra Republicana presentó una proposición de ley de modificación de la Ley de Partidos Políticos y se tomó en consideración y se hizo un buen trabajo. Se aprobó una nueva ley después de un examen exhaustivo en el que se
abordaron muchos, diferentes, todos los aspectos concernientes a la financiación de partidos políticos y se aprobó con la aquiescencia de la mayoría de esta Cámara, también de Esquerra. Hoy, dos años y medio después de su entrada en vigor, todavía
no puede decirse que haya transcurrido tiempo para que se estabilice, para que conozcamos qué da de sí el texto, para saber la práctica concreta de la aplicación de la nueva ley. Y da la sensación en este Parlamento en los últimos meses de que
muchas veces nos movemos más por una página de periódico que por motivaciones basadas en un consenso general. ¿Que hay rumores sobre conversaciones del Gobierno con ETA? Al día siguiente se anuncia una reforma de la Ley de Partidos. ¿Que se
produce el asesinato de una menor? Al día siguiente nos movemos anunciando una modificación del Código Penal. ¿Que se publicita un acuerdo tomado en la subcomisión de la Loreg por los partidos políticos, después de muchos meses de trabajo, en
algún medio de comunicación? Vuelta atrás. ¿Que algunos medios dicen que los diputados no damos un palo al agua y que esto no puede ser? Pues modificamos, aunque la Constitución diga que los periodos de sesiones son los que son, modificamos el
Reglamento y ponemos sesiones en enero y julio, dando la razón a algo que no es cierto. Actuamos -o actúan algunos- a impulso de un medio de comunicación.
Y ahora el caso del Palau -porque es este y no otro el motivo de la iniciativa que se trae a la Cámara-, un caso y unas circunstancias que resultan extrañas y que resultan lejanas a nuestro grupo. Se trae ahora una iniciativa que llevaba
tiempo en el registro de la Cámara -justo cuando surgió el caso de Millet y del Palau- y que se presenta ahora por lo que no queda más remedio que decir que debe leerse en clave catalana.
¿Por qué se suscita ahora cuando ya el propio tripartit, el
propio Gobierno catalán, adoptó una serie de medidas normativas a través de un nuevo decreto de subvenciones a fin de evitar la cuestión que nos ocupa? Desde luego no debemos ni podemos explicar el caso Palau en relación con los partidos políticos
como un ejemplo de lo que son prácticas generalizadas en todo el Estado. No es así, sería rotundamente falso. Un caso, por cierto, en el que las prácticas corruptas del señor Millet parece que alcanzaron niveles exorbitados, aunque en lo que
afecta a los partidos políticos sea una pequeña porción del dinero desviado: de 31 millones, cifra de la que se está hablando en ese caso, es alrededor de medio millón lo que afectaría a partidos políticos. Por otra parte las prácticas censurables
referidas al caso Palau se realizan en unos años en los que la vigente Ley de financiación no está en vigor. A partir de la reforma de 2007 de la ley de financiación, las donaciones a fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a partidos
políticos quedan sometidas a los mecanismos de fiscalización y control y al régimen sancionador previsto en los títulos V y VI de la ley a través del control del Tribunal de Cuentas, de manera que este tipo de situaciones aflorarían en el informe
que dicho tribunal pueda realizar. Si a esto sumamos que es un valor interiorizado, que no es estético que las fundaciones de los partidos políticos reciban dinero de aquellas otras que son financiadas, aunque sea parcialmente, con dinero público,
deberíamos concluir que ya existen controles en la propia ley para descubrir la práctica, si esta existiera.
Dejando aparte que de la lectura de la redacción propuesta pueden interpretarse consecuencias que van más allá de lo que a tenor de la exposición de motivos propone la iniciativa -me refiero al articulado que se propone en concreto-, sin
entrar en ello, nos parece que abrir de nuevo el debate de la financiación de partidos a dos años y medio de su aprobación y en vísperas electorales no contribuye a un debate sereno ni a trasladar una imagen edificante de este Parlamento, que
últimamente cabalga en demasía de materia en materia a lomos de editorial periodístico, preso de la imagen.
El señor Ridao habla de una vuelta de tuerca más. Mi grupo cree que lo más adecuado sería dejar reposar la ley; ver cómo evoluciona su práctica, dejar trabajar al Tribunal de Cuentas y, en su caso, en un futuro a medio plazo, en un
ambiente más sereno y reposado, procedamos, si se tercia y resulta justificado, a realizar las modificaciones necesarias. Pero creemos que leyes importantes, que además se han debatido con la profundidad con la que se debatió la última reforma de
la Ley de financiación de partidos políticos, deberían ser testadas a lo largo del tiempo antes que precipitarse en modificaciones puntuales, que puede que no contribuyan precisamente a mejorarlas. En cualquier caso, si se diera el trámite de toma
en consideración, evidentemente mi grupo participará activamente en las posibles modificaciones de esta ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracia, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán para fijar la posición ante esta iniciativa de modificación de la Ley de financiación de partidos políticos. La Ley 8/2007, de 4 de julio, de financiación de partidos políticos, discutida y
aprobada por amplísima mayoría de esta Cámara en la anterior legislatura, supuso una modificación y una actualización de una de las leyes, que juntamente con la Ley electoral y algunos otras conforman leyes esenciales del buen funcionamiento de
nuestro sistema democrático. La ley del año 2007, señorías, venía a modificar la Ley de financiación de partidos políticos del año 1987. Como ha apuntado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, parece positivo y prudente que en
este tipo de leyes haya un periodo de consolidación, de desplegamiento y de aplicación.
La anterior ley fue modificada veinte años después y ahora, dos años y unos meses después, por parte del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantean otra modificación de la ley con un magnífico
discurso regeneracionista que podemos compartir en el fondo, por eso consensuamos e hicimos nuestras aportaciones en la ley del año 2007. En lo concreto es una propuesta, como mínimo, incompleta.
El diputado proponente hablaba de otra vuelta de
tuerca; podríamos hablar de otra limitación. Yo creo que el debate no es el de la limitación; la calidad y el control democrático se basan en la transparencia, en el control, en la fiscalización. Por eso nuestro sistema tiene los mecanismos
oportunos: el Tribunal de Cuentas y, si es necesario, también la justicia. Habría sido apropiado leer en esta proposición de ley unas propuestas de limitaciones acompañadas de un incremento de las aportaciones de los fondos públicos y de los
Presupuestos Generales del Estado; las dos cosas a la vez, señorías, parece que no casan con un discurso sensato y ponderado. Es evidente que la democracia es un sistema más caro que otros regímenes políticos, pero, sin duda, aporta grandes
beneficios en la construcción de una sociedad.
En definitiva, señorías, estamos a la expectativa de cómo se va a desarrollar el debate esta tarde. Nosotros hicimos aportaciones concretas y nuestra labor fue muy activa en la definición de la Ley del año 2007.
Creemos que las leyes de
financiación de partidos políticos, la Ley electoral y algunos otros asuntos institucionales importantes -como decía el diputado Aitor Estaban- no pueden ir al compás del último titular de cada día y de la última coyuntura. Cuando las
circunstancias concretas nos repelan y nos repugnan, afortunadamente, la justicia es quien puede obrar. También nos parecería un acto, como mínimo, inapropiado, que aquellos que eventualmente pueden dar desde los escaños de grupos grandes un
eventual apoyo a esta toma en consideración, con la voz baja y con un tono de confidencialidad, en el fondo, están por una modificación sustancial de la misma proposición de ley. Como sea, señorías, el uso de la palabra del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió ha querido servir para hacer una reflexión sobre la importancia de que en algunos asuntos se opere bajo un amplio consenso y, sobre todo, que no se opere a partir de coyunturas y de titulares. Si se tramita esta ley,
nosotros, como el primero, vamos a participar activamente en su tramitación haciendo propuestas, pero las propuestas básicas fueron formuladas ya en el año 2007.
Estas leyes de financiación de partidos políticos -y con esto termino, señora presidenta- se renuevan cada equis años, y curiosamente, en la tramitación del año 2007, ninguna de las medidas propuestas en esta proposición de ley las vimos
como enmiendas por parte del grupo que hoy nos propone la modificación de la Ley de financiación de partidos políticos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, este debate no hubiera sido absolutamente necesario si el Grupo Socialista no hubiese cerrado en falso la Ley de financiación de partidos políticos en julio de 2007. El Grupo Socialista cometió los mismos errores que han
caracterizado su acción de gobierno en esta legislatura y en la anterior, que han sido la falta de diálogo y consenso, y reformas que han sido claramente insuficientes. Falta de consenso por no negociar ni aceptar propuestas del principal grupo de
la oposición, del Grupo Popular. Esta ley debió ser fruto del consenso de todos los grupos parlamentarios, pero especialmente de los grupos parlamentarios que tienen vocación mayoritaria,
como son el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Al Partido Socialista le ha faltado, y le faltó en aquella ocasión, generosidad y, por qué no decirlo, visión de Estado a la hora de abordar este problema. En segundo lugar, se hizo una
reforma que fue claramente insuficiente, porque apenas se dio respuesta a los problemas de transparencia y control que demandaba el conjunto de la sociedad e incluso el propio Tribunal de Cuentas.
En octubre se aprobó una moción, con el apoyo unánime de esta Cámara, en la que se instaba al Gobierno a adoptar una serie de medidas; medidas que el Ejecutivo socialista, como ya nos tiene acostumbrados, no ha puesto en marcha
absolutamente ninguna. Resulta decepcionante que contando con el aval de toda la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no haya sido más ambicioso con la reforma que propone esta proposición de ley. En todo caso, creo que la
modificación propuesta es superficial y ni siquiera llega a plantear todas las medidas propuestas en la moción que se aprobó en el mes de octubre.
Señorías, desde el Grupo Popular, lo hemos dicho siempre en todos y cada uno de los debates, siempre hemos querido ir un poco más allá en la Ley de reforma de financiación de partidos políticos. Precisamente por eso aquella reforma del año
2007 no contó con el apoyo de mi grupo. A día de hoy no sabemos por qué el Partido Socialista no aceptó en la Ley de 2007 conceptos que para nosotros eran básicos, como la prohibición a los partidos políticos de tener acciones y participación en
empresas privadas ajenas a su actividad política. O eliminar de la ley la posibilidad de que la acción fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se vea afectada por la propia voluntad del partido inspeccionado, alegando confidencialidad para que
aquella se materialice en la sede del partido y no en el Tribunal de Cuentas. O el carácter imperativo en lugar del potestativo, como recoge la ley actualmente, de la imposición de sanciones por el Tribunal de Cuentas a los partidos infractores de
la ley, lo que supone una válvula de escape para eludir las consecuencias de la fiscalización.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, en una reciente comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, insistió en la necesidad de evitar las condonaciones, que es muy frecuente, especialmente para algunos grupos políticos. El
Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular han estado absolutamente a favor de evitar ese tipo de condonaciones. Lo propuso en el año 2007 con motivo de la reforma de esa ley, en la que se hurtó la posibilidad de incorporar esa propuesta al
proyecto del año 2007, y lo vuelve a recordar ahora.
A nuestro juicio, la modificación propuesta en esta proposición de ley es claramente insuficiente, y discrepamos en cuanto al alcance de la reforma que nos propone, primero, por no ser ambiciosa y limitarse, una vez más, a aspectos concretos
y no recoger otra serie de medidas como las citadas anteriormente y que el Grupo Parlamentario Popular viene defendiendo en todos los debates de esta Cámara cada vez que se realiza; y, segundo, por enfocar indebidamente el problema, cuestionando la
existencia de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos y su labor de análisis.
Debate y elaboración de propuestas en lugar de incidir en la necesaria transparencia de la financiación. Si el Grupo Parlamentario Socialista vota a favor de
esta iniciativa, volverá a reconocer de manera categórica que la Ley de julio de 2007, de financiación de partidos, era insuficiente, incompleta y poco ambiciosa, una ley que no resuelve nada.
Una vez más, el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Socialista reconocerán hoy aquí públicamente las permanentes contradicciones, las improvisaciones y la falta de rigor a la hora de abordar los problemas de nuestro país. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular dice sí siempre a debatir sobre
financiación de partidos políticos. El Grupo Parlamentario Popular dice sí a modificar la financiación de partidos en el momento oportuno, pero con modificaciones de calado y no con meros retoques. Y el Grupo Parlamentario Popular dice sí a llegar
a un gran acuerdo de Estado sobre financiación de partidos. El Partido Popular ya propuso en noviembre una mesa de negociación a todos los grupos políticos para mejorar el control y la transparencia de la gestión pública, y en la actualidad
mantiene una negociación leal con el único partido que ha respondido a esta propuesta. Esperemos que, a diferencia de otras muchas ocasiones, dé frutos satisfactorios. España necesita de una revitalización de la democracia, fortaleciéndola con
normas exigentes que respondan...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Moreno, por favor, tiene que acabar.
El señor MORENO BONILLA: Concluyo, presidenta. Que respondan sin ambages a los principios de transparencia y control, que reflejen con claridad que los partidos políticos son herramientas para contribuir a la mejora de la calidad de vida
del conjunto de los ciudadanos. Ahí tendrán siempre al Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz González.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en relación con la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de modificación de la Ley 8/2007, de financiación de los partidos políticos. El grupo proponente expresó de qué trata la
modificación, y por ello no lo haré aquí, si bien ya reconoce en el propio texto de la proposición y en la exposición de motivos que la justifica que la Ley de 2007 fue un avance fundamental y significativo en esta materia acordado por todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara excepto -cómo no- por el Grupo Parlamentario Popular. Pero, señorías, no quedó aquí el trabajo
que se hizo en esa modificación que sí merece la pena ser recordado antes de entrar en aquello que hemos hecho durante esta legislatura. Aquella iniciativa que dio lugar a la Ley de financiación de partidos políticos del año 2007 surge
también de una iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana y en un cambio sustancial auspiciado por nuestro compañero con su labor en esa ponencia, señor Fernández Marugán. Se presentó un texto alternativo en la fase de ponencia que fue apoyado
por todos los grupos políticos menos por el Grupo Parlamentario Popular, que votó en contra de esa ley.
En esta legislatura también se han hecho trabajos importantes. Destacamos el informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2005 de los grupos y partidos políticos con representación en este
Parlamento y en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, si bien es verdad que en ese trabajo del Tribunal de Cuentas se espera que se vean -este será el primer año que se llevará a cabo la fiscalización con arreglo a la ley de 2007-
cuáles son las consecuencias de la aplicación de esa norma. Pero también -y curiosamente se ha referido a ello quien me ha antecedido en el uso de la palabra, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- se aprobó una moción consecuencia de
interpelación con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y el grupo proponente, Esquerra Republicana, en el Pleno de finales del año 2009. En la misma se indicaron varios compromisos que el Gobierno está cumpliendo fielmente.
En primer lugar, las recomendaciones hacia el informe Greco del grupo de Estados contra la corrupción. De ahí que en el informe Greco del año 2009 se exprese claramente que ha habido grandes mejoras en la lucha contra la corrupción en España,
aunque a algunos les duela tener que reconocer esto. En segundo lugar, una propuesta de criterios para modificar la Ley de financiación de partidos políticos, y en tercer lugar, el más importante de los apartados de esa moción consecuencia de
interpelación es la reforma de los tipos del Código Penal. También se está cumpliendo con ello, hasta tal punto que mañana mismo se reunirá la Comisión de Justicia para elevar el dictamen de la reforma del Código Penal, donde se garantizan
respuestas jurídico-penales novedosas, mucho más operativas y adecuadas para reprimir estas conductas.
Señorías, tenemos que hacer llegar a los ciudadanos un mensaje claro de lucha contra la corrupción, por supuesto, y animamos por ello al Grupo Parlamentario Popular a que esta vez sí se sume a un consenso de todos los grupos, cosa que no ha
ocurrido hasta ahora porque los ciudadanos asisten con desesperación a las acciones que estamos viendo, que provienen especialmente del principal partido de la oposición. Señorías, los partidos políticos tienen un reconocimiento constitucional, por
ello, es fundamental que la transparencia sea el eje de su actuación. Expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad de los ciudadanos y son instrumentos para la participación política. Pero, como expresó desde el
principio nuestro Tribunal Constitucional, es fundamental que aquellos que tienen un carácter semipúblico como los partidos políticos tengan una transparencia en su actuación y sean controlados, en este caso, por el Tribunal de Cuentas, que es el
órgano fundamental que nos hemos dado a través de la Constitución para el control de este tipo de actividades. Entendemos la indignación que asiste a los ciudadanos cuando ven cómo desde fundaciones -según dicen los medios de comunicación- se ha
podido financiar ilegalmente al partido principal de la oposición. Entendemos que todo esto debe llevarnos a un periodo de reflexión fundamental. Pero permítanme que concluya, señores del Partido Popular, con tres reflexiones. Ustedes no
estuvieron en el consenso de la reforma de la Ley de financiación de partidos políticos; ustedes votaron en contra de esa ley; ustedes no presentaron ninguna enmienda en la iniciativa de finales del año 2009. Señor Moreno Bonilla, señores del
Partido Popular, no encuentro mejores palabras que las que el señor Fernández Marugán, en el debate de la ley de financiación de los partidos políticos, les dijo en la Comisión Constitucional: Son ustedes maestros en ese viejo aserto de la política
que es aquel que dice que la política es el arte del disimulo. Pero los ciudadanos ya les están empezando a ver el plumero demasiadas veces, y es que algunos empiezan a entender que su sede, la sede de Génova, no es más que un volcán islandés.
Señorías, están ustedes sobre una montaña que está empezando a entrar en erupción. Por lo tanto, arreglen ustedes sus problemas y no nos compliquen la vida a los demás.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Muñoz. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra.)
Dígame, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señora presidenta, sobre la base del artículo 71.3 del Reglamento, en lo que afecta al decoro de mi grupo parlamentario, quería intervenir.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tiene la palabra por dos minutos, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Simplemente quiero decirle a la portavoz socialista, la señora Colldeforns, que en un momento de su intervención en la iniciativa anterior acusó al Partido Popular de incitar al delito fiscal, lo que me parece una
expresión totalmente inadecuada y quisiera que no figurase en el 'Diario de Sesiones', y pedirle que no confunda rebelión con insumisión.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.
Señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Señora presidenta, me gustaría ver la transcripción de la sesión, y en el caso de que hubiera mencionado la palabra delito fiscal, estoy de acuerdo en retirarla.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns. Así lo haremos.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL. (Número de expediente 130/000028.)
- REAL DECRETO-LEY 6/2010, DE 9 DE ABRIL, DE MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000029.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto II del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En este caso se van a debatir conjuntamente el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal y el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Para la defensa de la convalidación de
esos reales decretos-leyes tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la vicepresidenta segunda.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de comparecer en esta sesión del Pleno del Congreso para presentar en su debate de convalidación dos reales-decretos leyes: el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de
determinadas medidas económicas de carácter temporal, y el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Estas normas reflejan un paso más en la actuación que el Gobierno ha estado
llevando a cabo para impulsar la recuperación de la actividad económica y el empleo, para crear un marco idóneo para una nueva senda de crecimiento sostenible.
La economía mundial ha iniciado el camino de la recuperación y en España empiezan a verse también los primeros síntomas de mejoría. Nos encontramos, por tanto, en un momento crucial en el que las medidas que adoptemos pueden condicionar el
desarrollo de nuestra economía durante los próximos años. El impacto de la crisis en España ha estado determinado por algunos elementos característicos de nuestra economía que han tenido como consecuencia un fuerte aumento del desempleo, a pesar de
que la contracción acumulada del producto interior bruto haya sido inferior a la de muchos países de nuestro entorno. Por otra parte, el ambicioso impulso fiscal adoptado por el Gobierno, con el objetivo de sostener la actividad económica y el
empleo y proteger a los más perjudicados por la crisis, ha supuesto un fuerte incremento del déficit público y del stock de deuda. Desempleo y déficit público son las dos principales preocupaciones del Gobierno, y la mejor forma de combatir el
desempleo y el déficit público es logrando reanimar la actividad económica.
Desde el último trimestre del año pasado la actividad económica viene mostrando claros indicios de estabilización como paso previo a la reactivación. El producto interior bruto del cuarto trimestre del año 2009 fue tan solo una décima
inferior al del trimestre anterior y cabe recordar que no se trató de un trimestre favorable para la zona euro, pues su producto interior bruto permaneció estancado. Además, este dato ligeramente negativo no debe ocultar la evolución positiva de
varios de sus componentes. Por el lado de las ramas de actividad, tanto la industria como los servicios de mercado crecieron respecto del tercer trimestre. Por el lado de la demanda destacó el buen comportamiento de las exportaciones, así como el
crecimiento, siempre en términos intertrimestrales, del consumo privado y de la inversión en equipo. Esta evolución contrasta con la del consumo público, que experimentó por primera vez en muchos años una reducción en el último trimestre del año, y
también contrasta con la inversión en construcción, que mantuvo un elevado ritmo de caída.
La evolución del cuarto trimestre es relevante porque anticipa una tendencia hacia la mejoría y hacia la recomposición del gasto y de la actividad sectorial, que esperamos se mantenga a lo largo de 2010. La recesión ha provocado ya una
importante corrección de los desequilibrios acumulados en el pasado. Se ha reducido la iniciación de nuevas viviendas, y familias y empresas están realizando un esfuerzo para contener su endeudamiento. En este contexto ha sido preciso actuar en un
doble frente; por un lado, estamos manteniendo muchas de las medidas de estímulo financiero o fiscal siempre que sean compatibles con el objetivo de avanzar hacia el reequilibrio de nuestras finanzas públicas. La consolidación fiscal constituye
una prioridad para el Gobierno, no solo para cumplir nuestros compromisos en el ámbito del Pacto de Estabilidad sino porque estamos convencidos de que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento duradero. Por otra
parte, la crisis ha puesto en evidencia algunas debilidades estructurales que debemos corregir para conseguir la transformación de nuestro modelo económico. Con este objetivo, el Gobierno está promoviendo reformas en diversos ámbitos orientadas a
mejorar el funcionamiento de nuestra economía a largo plazo, reformas que tienen además un efecto positivo sobre la confianza de los agentes económicos.
Dos de las áreas en las que resulta prioritario promover reformas son el sistema de pensiones y el mercado laboral. Como saben, ambos procesos están ya en marcha, cada uno con su ritmo, cada uno en su propio ámbito de negociación. Otro
proceso en marcha, basado igualmente en el diálogo y en la búsqueda del consenso, es la negociación para alcanzar un pacto en materia de educación, un pacto que ayudaría a reforzar una de las bases de la economía del futuro, que se basará más que
nunca en el conocimiento y en la productividad. Finalmente, otro campo prioritario para las reformas es el sector financiero. Los cambios regulatorios deben definirse principalmente a nivel internacional. En el ámbito comunitario se esta
trabajando con intensidad para, de manera coherente con las directrices acordadas en el G-20, redefinir múltiples aspectos de la regulación y la supervisión financiera. Como saben, este es uno de los objetivos prioritarios de la Presidencia
española de la Unión Europea.
Pero en España se requiere también una reordenación del sector financiero para que pueda hacer frente a un entorno muy exigente. El volumen de negocios se ha reducido y la morosidad, a pesar de haber frenado su ritmo
de aumento, alcanza una cifra importante, por encima del 5 por ciento, para el conjunto de entidades de depósito, y aunque la gran mayoría del sector está fundamentalmente sano, como acaba de reflejar el Fondo Monetario Internacional en su informe
sobre estabilidad financiera, algunas de las entidades precisan una reestructuración importante y un reforzamiento de sus recursos propios para afrontar el futuro con garantías. Por eso ya en junio pasado se concretó un marco adecuado para que las
entidades que requieran una reestructuración puedan acceder a los recursos necesarios y, como bien saben, ya se ha aprobado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria apoye financieramente tres procesos de integración con varias entidades de
crédito cada uno de ellos, y varias operaciones más se encuentran bastante avanzadas.
En ese contexto, con diversas iniciativas en proceso orientadas al medio y largo plazo, eran necesarias una serie de medidas adicionales para acelerar el proceso de recuperación. Por ello, el pasado 2 de diciembre, el presidente del
Gobierno presentó la estrategia de economía sostenible, para impulsar y afianzar la recuperación de la economía española y al propio tiempo para sentar las bases de la renovación de nuestro modelo productivo. Así, atendiendo a una demanda
ampliamente sentida por la sociedad española y atendiendo también a las peticiones y ofertas de distintos grupos políticos, en el convencimiento de la importancia de transmitir confianza a la sociedad y en el convencimiento también de que la mejor
manera de hacerlo es desde la unidad y el acuerdo, el pasado 17 de febrero el presidente del Gobierno formuló ante esta Cámara una iniciativa orientada a la consecución de una propuesta de acción conjunta para impulsar la recuperación y la creación
de empleo. Esta iniciativa fue valorada de manera positiva por todas las fuerzas políticas, y en este marco el 1 de marzo el Gobierno inició una ronda de negociaciones con los grupos políticos con representación parlamentaria. El Gobierno remitió
los objetivos principales de su propuesta de diálogo, abiertos a las sugerencias de todos los grupos. Permítanme en este punto agradecer el esfuerzo de todos, siempre constructivo, con independencia de que el grado de acuerdo sobre las propuestas
haya permitido o no su incorporación al proceso. Tras varias reuniones, con el correspondiente análisis y discusión de las diferentes propuestas, constatamos la existencia de un consenso suficiente sobre todo un conjunto de iniciativas económicas.
En consecuencia el Gobierno adoptó con carácter inmediato dichas medidas, que es lo que hoy motiva este debate.
No obstante, y aunque me referiré a ello más adelante, con estas actuaciones no se agota el margen para el diálogo político. Varias de las iniciativas adoptadas establecen directrices generales que requerirán un mayor desarrollo, mientras
que en otras áreas como en materia de política energética quedan ámbitos importantes abiertos a la discusión, sin olvidar las reformas que cuentan con su propio foro de negociación, y que ya he mencionado con anterioridad. Además confiamos en la
consecución de acuerdos en la tramitación de iniciativas parlamentarias en esa misma línea, particularmente en las que se refieren a la ley de economía sostenible. Como les acabo de señalar los reales decretos-leyes que hoy les presento recogen los
principales puntos de consenso sobre las aportaciones del Gobierno y de los grupos políticos, que requieren para su aprobación de una norma con rango de ley y en las que concurre el presupuesto constitucional habilitante de la extraordinaria y
urgente necesidad.
Entrando ya en el contenido concreto de las normas que hoy se debaten, quisiera referirme en primer lugar al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
Durante los años 2008 y 2009 el Gobierno adoptó distintas medidas de aplicación temporal limitada para reducir o paliar las consecuencias de la crisis sobre ciudadanos y sobre las empresas, y próximo a transcurrir el plazo de vigencia de algunas de
estas medidas se hace aconsejable su mantenimiento, y por tanto la prórroga del mismo, ya que su aplicación sigue resultando eficaz y necesaria para favorecer el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica. Por eso este real decreto-ley
renueva, con una vigencia temporal limitada a dos ejercicios, el régimen excepcional para los supuestos de reducción obligatoria de capital, de disolución de sociedades anónimas, y de responsabilidad limitada como consecuencia de determinadas
pérdidas. Asimismo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo para finalizar los procedimientos de reclamación por obras adicionales presentados por sociedades concesionarias de autopistas de peaje. Se extiende también a todo el año 2010
la subvención extraordinaria para el transporte aéreo de pasajeros, bonificando a aquellas compañías aéreas que hasta el 31 de diciembre de este año transporten más viajeros hasta los aeropuertos canarios
que en igual periodo del año 2009. Asimismo se amplía el periodo de prórroga extraordinaria para la realización de las inversiones, al amparo del Fondo estatal de inversión local, ya que debido a las condiciones climatológicas de los
últimos meses se ha demorado la ejecución de algunos proyectos. Por último se introduce una nueva regla en materia de aranceles de procuradores limitando, salvo circunstancias excepcionales, a 300.000 euros la cantidad máxima a percibir por un
procurador en un mismo asunto, actuación o proceso, regulándose asimismo la base para fijar los derechos de los procuradores en los procesos concursales. La utilización de un instrumento con rango de ley deriva del rango de las disposiciones objeto
de renovación o prórroga, y la extraordinaria y urgente necesidad proviene de la inminencia de la finalización de su vigencia temporal o del plazo de prórroga fijado, como en el caso de las obras del Fondo estatal de inversión local.
Por lo que hace referencia al Real Decreto-ley 6/2010, aprobado el pasado 9 de abril, contiene el grueso de las medidas acordadas con los distintos grupos parlamentarios en el marco del diálogo político al que me he referido al inicio de mi
intervención. Se han acometido actuaciones de diversa índole para favorecer la actividad empresarial con carácter general, pero siempre con una especial atención a las pymes y a los autónomos, dado que disponen de menos recursos para adaptarse y
superar la crisis. Se incluyen medidas de carácter fiscal, como la flexibilización de los requisitos para recuperar el IVA en las facturas impagadas y adicionalmente el acortamiento del plazo en el caso de las pymes, así como la prórroga de la
libertad de amortización para el periodo 2011-2012. Se actúa también en el ámbito administrativo, al permitir que las empresas incursas en un concurso voluntario puedan, bajo determinadas condiciones, mantener subvenciones y contratos públicos.
Igualmente se ha habilitado a la compañía Cesce para otorgar cobertura mediante garantías, de manera que las empresas españolas puedan participar en las licitaciones internacionales en igualdad de condiciones con los demás países de nuestro entorno.
Por otra parte, se han aprobado múltiples medidas de naturaleza sectorial centradas bien en las actividades más afectadas por la crisis, bien en aquellos sectores que entendemos son determinantes para acelerar la recuperación.
Es de todos conocido que la construcción y de manera muy especial el segmento residencial está experimentando un ajuste profundo. Al tratarse de un sector intensivo en mano de obra este ajuste ha provocado una intensa destrucción de empleo
desde el tercer trimestre de 2007, un empleo que a corto plazo tiene difícil reabsorción en otros sectores. Por eso para atenuar el impacto social del ajuste inmobiliario hemos adoptado importantes incentivos a la actividad de rehabilitación, una
actividad que además de ser muy intensiva en mano de obra puede mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos, aumentar la eficiencia energética de nuestros hogares, y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. En este sentido el decreto ley
incluye una serie de medidas fiscales de impulso a la rehabilitación, entre ellas la creación de una nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de hasta el 10 por ciento de las obras realizadas, hasta el 31 de diciembre
del año 2012, de mejora en la vivienda habitual o en el edificio en el que esta se encuentre. La deducción se establece con un máximo de 12.000 euros por vivienda para contribuyentes con base imponible inferior a 53.000 euros. Quisiera destacar
que es un beneficio fiscal que soporta íntegramente el Estado.
Asimismo se establece la aplicación del tipo impositivo reducido del IVA para todo tipo de obras de mejora y rehabilitación de las viviendas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012.
Se amplía el concepto de rehabilitación estructural a los efectos del impuesto, de manera que este incluya un espectro mayor de obras del que se incluía hasta ahora. Con el mismo fin se modifica la Ley 20/1991, que regula el régimen económico
fiscal de Canarias, en concreto el impuesto general indirecto canario.
Quisiera comunicarles que, para el desarrollo normativo del nuevo escenario fiscal derivado del Real Decreto-ley 6/2010, acabamos de someter a información pública un proyecto de
orden ministerial que reduce los módulos aplicables a los autónomos que realizan obras domésticas, y hemos definido los datos que deberán incluir las facturas para dar derecho a la deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
En relación con el sector de la construcción se han prorrogado las reglas de valoración del suelo para contribuir a paliar la brusquedad del ajuste en un entorno tan difícil. Además se han introducido mejoras significativas en la regulación
del sector energético, un sector determinante para la competitividad del conjunto de la economía. Hemos definido dos figuras novedosas que están llamadas a desempeñar un papel relevante en el futuro del sector. Me refiero a los gestores de carga,
que son necesarios para facilitar el desarrollo del vehículo eléctrico, y a las empresas de servicios energéticos, entidades que contribuirán a aumentar la eficiencia en el uso de la energía y contribuirán a la creación de empleo.
Por otra parte, hemos clarificado el mecanismo de financiación de los eventuales desajustes transitorios en la liquidación del déficit eléctrico de tarifa, una medida necesaria para facilitar su titulización, tan importante para las empresas
del sector. Todo ello supone un paso más hacia una regulación más eficiente del sector, compatible con una remuneración adecuada a las empresas eléctricas que fomente la inversión en un entorno competitivo, y con unos costes razonables para los
consumidores de energía. En relación con el transporte aéreo se aprueba una reducción temporal de determinadas tasas, que se une a la ya mencionada anteriormente.
Indudablemente otro sector que va a ser determinante en la recuperación económica es el sector financiero. Por ello hemos actuado con un doble objetivo. En primer lugar, para impulsar el proceso de reestructuración y fortalecimiento de
diversas entidades de crédito se ha clarificado el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección, con la intención de facilitar el empleo de esta alternativa por parte de las entidades que desean integrarse
y reforzar su posición, pero que no necesitan acometer una fusión. Con el mismo objetivo se han agilizado las actuaciones del FROB, simplificando trámites y acortando plazos para acelerar así la reordenación del sector.
Pero además de
tener un sector financiero solvente y más eficiente es urgente facilitar el acceso al crédito de aquellas empresas que lo requieren, porque a pesar de la mayor estabilidad de los mercados financieros el crédito a las empresas se sigue desacelerando
en España, con una tasa del menos 1 por ciento en febrero frente a una tasa del cero por ciento en la zona euro, es decir una tasa muy próxima a la del conjunto de la zona euro. Pero entre las empresas son las pequeñas y medianas las que afrontan
mayores dificultades, y por eso, porque sabemos que para facilitar la recuperación a corto plazo es necesario garantizar que los demandantes de créditos solventes puedan acceder a financiación, hemos dado instrucciones desde el Consejo de Ministros
al ICO principalmente dirigidas a las pymes. La novedad más importante es la puesta en marcha antes del 15 de junio de una nueva línea de préstamos directos a pymes y autónomos. La aprobación de los préstamos y el cien por cien del riesgo serán
asumidos plenamente por el ICO, y se dará cobertura a operaciones de financiación, tanto de inversión como de liquidez, por un importe máximo de 200.000 euros por empresa, para garantizar que el esfuerzo se concentre en los demandantes de crédito
que más lo necesitan. Quiero informar a SS.SS. de que en el día de ayer el ICO ha publicado la licitación para la gestión de esta nueva línea de crédito directo; una licitación que hemos abierto a dos entidades para garantizar la prestación de
los servicios en todo el territorio nacional.
El plazo para presentar las ofertas concluye el 10 de mayo, por lo que el proceso para que esta línea esté verdaderamente operativa antes del 15 de junio va a muy buen ritmo. En este mismo Consejo de
Ministros, como recordarán, se acordó instruir al ICO para que refuerce su colaboración con las sociedades de garantía recíproca a través de operaciones de avales y garantías compartidas, para que amplíe la cobertura del riesgo en la línea
ICO-liquidez para impulsar la financiación de circulante, y para que extienda la financiación a promotores de VPO también para los casos en que las viviendas se vayan a destinar a la venta.
Además el decreto-ley flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, permitiendo que puedan destinarse a financiar activo circulante. También, como medida de apoyo a las pymes, se
eliminan en relación con el impuesto de sociedades las obligaciones de documentación en determinadas operaciones vinculadas para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo las sanciones por incumplimiento para el caso de operaciones que superen el
límite establecido. Además, y con carácter general, se tramitará en el plazo de tres meses un real decreto para reducir las cargas formales de las pymes por este concepto. Por otro lado, en el real decreto-ley se pretende también proteger a los
ciudadanos más vulnerables y más expuestos a la crisis. De esta manera se eleva el umbral de inembargabilidad en los procedimientos posteriores a la ejecución hipotecaria, y en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda
habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. El umbral se eleva en un 10 por ciento del salario mínimo interprofesional, y en otro 20 por ciento adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos
propios regulares, salario ni pensión. Además se ha establecido un tipo superreducido del IVA del 4 por ciento para los servicios de atención a la dependencia que presten las empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la
dependencia mediante plazas concertadas en centros o residencias, o previo concurso público para su prestación. De esta manera se contribuye a la creación de empleo en el sector de atención a la dependencia. Hemos previsto también una exención en
la tributación del impuesto sobre la renta de las cuantías satisfechas por las empresas para los desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo, con el límite de 1.500 euros, para incentivar la utilización
del transporte público, y con ella nuestra sostenibilidad medioambiental. En definitiva, señorías, se trata de un amplio conjunto de medidas concretas que pretenden reforzar con carácter inmediato las bases para la reactivación económica y la
creación de empleo. Son medidas fruto de un amplio consenso; son medidas que se centran en sectores estratégicos y que protegen a los ciudadanos más vulnerables; son medidas que promueven la sostenibilidad ambiental, la reducción de las cargas
administrativas, apoyan a las pymes y a los autónomos, y tratan de impulsar la economía. La justificación de los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Constitución se desarrolla cumplidamente, tanto en la exposición de motivos como en la
documentación que acompaña al real decreto-ley. En términos generales la extraordinaria y urgente necesidad se justifica en poner estas medidas inmediatamente en marcha para favorecer la actividad económica y la generación de empleo, y para
acelerar la reestructuración del sector financiero.
Señorías, como les he indicado, con estas actuaciones no se agota el margen para el diálogo político. Antes al contrario, además de todas aquellas reformas que cuentan con su propio foro de negociación y en las que confiamos que se logren
acuerdos de amplia base y alcance, quedan temas importantes abiertos a la discusión. En ellos vamos a trabajar de manera inmediata con la misma disponibilidad y voluntad de lograr consensos con el mayor número de fuerzas políticas posible. En este
sentido les anuncio que en materia de política energética convocaremos una reunión el próximo día 29 para, sobre la base de un documento en el que recogeremos los planteamientos iniciales del Gobierno, iniciar un proceso de diálogo que permita la
consecución de un acuerdo en esta materia. Igualmente en materia de política industrial procederemos a la constitución inmediata de la comisión interministerial de política industrial e iniciaremos el diálogo con comunidades autónomas y grupos
políticos para conseguir el más amplio consenso.
Señorías, para terminar quisiera aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo realizado por todos los grupos, la buena disposición con carácter general al diálogo y al
entendimiento. Los responsables políticos debemos ser siempre ambiciosos en la consecución de acuerdos y en la búsqueda de soluciones, pero especialmente en este momento. Por ello debe combinarse el realismo que deriva de la necesidad de
unir diversas voces con la urgencia de aprobar determinadas medidas. En este sentido el resultado del proceso de negociación al que me he referido, y que se plasma en estas iniciativas que van a debatir, es un buen resultado, un resultado
satisfactorio que justifica el esfuerzo y el empeño que todos hemos puesto para alcanzarlo.
Señorías, todos los partícipes en este diálogo han aportado propuestas, y en estos decretos-leyes se recogen aquellas sobre las que ha sido posible el acuerdo. Por todo ello confío en que con su voto manifiesten el apoyo a estos dos reales
decretos-leyes que permiten su concreción. Es importante que los ciudadanos puedan percibir que aunque existen discrepancias y distintas aproximaciones, lógicas y además necesarias en un sistema plural, hemos alcanzado importantes acuerdos sobre
medidas que van a contribuir al proceso de recuperación de la economía española y del empleo: las que están plasmadas en estos decretos-leyes, las que se aprobaron mediante acuerdo del Consejo de Ministros, y las que con toda seguridad vamos a
poner en marcha en el futuro. Este esfuerzo de diálogo y de acuerdo, de unidad es desde luego la mejor garantía para seguir construyendo entre todos, y como siempre hemos hecho, un país mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
Ningún grupo parlamentario ha manifestado su intención de utilizar el turno en contra de la convalidación de estos reales decretos-leyes, por tanto pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Lo haré desde el escaño. Hoy el Gobierno nos propone la convalidación de dos decretos-leyes. Uno de ellos, y en él me quiero centrar dada la premura de tiempo, es el Real Decreto-ley 6/2010, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo, sobre el que quiero hacer dos reflexiones. Una primera formal: han pasado dos meses desde que el presidente del Gobierno nos anunciara su intento de pacto de Estado en torno a medidas para la reactivación de la economía.
Dos meses después, y tras pasar por el palacio de Zurbano, el resultado formal ha resultado a nuestro entender barrocamente curioso -si me permiten la expresión-, como la decoración del palacio que nos acogió en aquel día; de un pacto de Estado a
un real decreto, que es lo que hoy votamos, sin solución de continuidad. Parecería más bien un suflé de intenciones políticas que no casan muy bien -es nuestra impresión- con la urgencia que la situación impone, y tampoco casan muy bien con la
austeridad gestual que impone la actual crisis económica. La segunda reflexión corresponde a los contenidos. De entre las medidas quiero señalar -lo hemos hablado en más de una ocasión con la vicepresidenta- algunas de entidad, como es la
configuración del ICO como herramienta para la concesión de créditos a pymes y autónomos, que queda fuera del real decreto al que me refería.
Por tanto ese encuentro por parte de Nafarroa Bai con los contenidos pierde en alguna medida entidad para
explicar un voto favorable, y nuestra posición será de abstención -si me permite terminar, señora presidenta- en la búsqueda de no entorpecer tampoco con el gesto las decisiones del Ejecutivo en esta materia, porque las energías que el Gobierno
gastó en Zurbano no se pueden perder ahora.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Barkos.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi partido para anunciar nuestro voto favorable a la convalidación de los reales decretos-leyes números 5 y 6. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No le oculto, señora vicepresidenta, que mi partido esperaba
y deseaba mayor alcance en las medidas, y no le oculto -lo hemos dicho a lo largo de todo el proceso de negociación- que nosotros creemos que únicamente estas medidas no nos van a sacar de la crisis que padecemos. Si esta crisis es la mayor de
nuestra historia las soluciones a sus terribles efectos no pasan por la aprobación de una serie de medidas de contención que sin duda no perjudican, no lo dudamos, pero que por sí solas no son suficientes para que podamos pensar que el horizonte
económico de España se vaya a despejar en el corto y medio plazo. Aligeran el problema, es verdad, pero no lo curan. Hace unos días el embajador americano en España decía que no es que estemos todos en el mismo barco, sino que estamos todos en la
misma tormenta, y es verdad. Si no remamos todos en la misma dirección difícilmente vamos a ser capaces de salir de esta situación, pero es al Gobierno al que le toca pilotar el barco, y para ello lo más importante, señora vicepresidenta, es saber
no solo cómo, sino adónde queremos llegar.
Los dos reales decretos-leyes recogen más de veinticinco medidas en muy distintas y diversas materias, todas ellas a nuestro juicio necesarias y urgentes, pero siguen pendientes, señora vicepresidenta, las grandes reformas que requiere
nuestro sistema económico para hacerlo perdurable en el tiempo. Podemos seguir aplicándole a nuestra economía medidas de choque que la hagan reaccionar y revivir en cada episodio de crisis, pero debemos decidir entre todos qué país queremos tener
en el futuro, señora vicepresidenta. En todo caso merece la pena resaltar lo que sí hemos hecho y han hecho bien los
grupos mayoritarios de la Cámara en materia económica y financiera, como fue apuntalar los sistemas financieros, la inyección de liquidez de los bancos centrales, el haber evitado la tentación proteccionista, y hay que resaltar que si somos
capaces de llegar a acuerdos cuando conseguimos abstraer del debate cortoplacista los grandes temas, es lo que al final la sociedad nos está demandando, y yo en todo caso, señora vicepresidenta, le animo a que siga buscando esa complicidad con el
grupo mayoritario de la Cámara con altura de miras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo parlamentario la señora Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Érase una vez un presidente de un país con 4,5 millones de parados, con un déficit de más del 11 por ciento, con una deuda galopante, con más de un millón y medio de hogares que no cobraban ningún tipo de subsidio,
con la mitad de su sistema financiero al borde de la crisis, con un sistema educativo que daba los peores resultados de la historia democrática de nuestro país, con un sistema energético verdaderamente preocupante. Este presidente reunió a los
legisladores y les dijo: les ofrezco un pacto de Estado; y además les dijo: no se preocupen que esto lo arreglo yo. Y creó una comisión y abrió un palacio y reunió allí a los distintos grupos parlamentarios, a los distintos portavoces, y mareó
la perdiz durante dos meses. Y dos meses más tarde, después de una expectativa frustrada a la opinión pública, nos trajeron este real decreto. Un real decreto que no es un pacto: ni es un pacto de Estado ni es el pacto que necesita España. Por
mucho que lo miremos, por mucho que lo adobemos, por mucho que lo besemos, esto no es un pacto al igual que de una rana no saldrá nunca un príncipe. No es un pacto de Estado y no es lo que nuestro país necesita. No aborda ni la reforma del mercado
laboral ni la reforma del sistema financiero, del 51 por ciento del sistema financiero que son las cajas de ahorro. No aborda el control de los gastos, no aborda el fraude fiscal, no aborda el problema educativo de nuestro país, no aborda la
reforma del sistema energético.
No aborda aquello que tiene que abordar un gran pacto de Estado que insisto que es lo que España necesita.
Nos preguntan hoy si estamos de acuerdo con este pacto, que ustedes le siguen llamando pacto porque la señora vicepresidenta ha seguido hablando de grandes acuerdos. Nos traen un real decreto y nos piden que votemos a favor o en contra
-este es el trámite parlamentario-, y hablándolo también con amigos y compañeros cuando comentábamos esto y me preguntaban, ¿pero qué vas a votar? Yo decía: es como si alguien se rompe una cadera y necesita una operación, y el médico le pregunta a
la familia, ¿a usted le parece bien que le demos una aspirina o incluso un analgésico más fuerte? ¡Claro, hay que darle una aspirina, un analgésico y lo que haga falta! Pero usted le tiene que operar, hombre, porque con el analgésico no se cura.
Ustedes nos proponen aspirinas para curar roturas de cadera.
Yo voy a votar que sí a la aspirina porque no podía ser de otra manera, pero es una aspirina, señora vicepresidenta, señor presidente del Gobierno. (Rumores.) ¡Esto son aspirinas! Y lo que necesita España no son aspirinas. Lo que necesita
nuestra crisis, la crisis que sufre nuestro país son grandes decisiones de política y de política económica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario doña Ana Oramas tiene la palabra.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, Coalición Canaria fue a las reuniones de Zurbano con la mejor voluntad para intentar llegar a un acuerdo de todas las fuerzas políticas contra la crisis económica y a favor del empleo. Trabajamos mucho, y ese acuerdo no fue
posible. Creo que las medidas que vienen hoy son positivas pero insuficientes. Incluso propuestas del Gobierno en esas reuniones en las que estábamos todos de acuerdo no vienen en esos decretos. Hay que seguir profundizando. Nosotros le dijimos
que no eran suficientes para un pacto porque desde nuestro punto de vista no contenían las medidas específicas para Canarias que supusieran una lucha de verdad contra la crisis del modelo productivo; para eso hace falta hacer un plan importante de
reindustrialización. Los temas energéticos de este país son importantes y en concreto usted sabe lo que hemos avanzado con el ministro Sebastián en el tema del mix energético canario. En los temas de turismo lamento muchísimo que la reconversión
de la planta alojativa hotelera, ese acuerdo a que se llegó con Turismo para que se pudiera ampliar no solo a rehabilitación sino a la renovación de dicha planta alojativa, no esté en ese real decreto.
Hay un tema que el presidente Zapatero ha hecho fundamental, sobre el que trabajamos en las sesiones de Zurbano y que no está, el papel estratégico de Canarias respecto a África. Creo que no puede quedar en saco roto.
Tampoco se debe
interpretar como un chantaje del Gobierno, como un castigo -como han dicho algunos medios de comunicación- por no haber firmado el acuerdo, sino que si estábamos convencidos, tanto nosotros como ustedes, de que esas medidas eran buenas, desde
Canarias y desde Coalición Canaria exigimos que ese pacto se haga en los próximos meses; en caso contrario, pedimos que haya más decretos y más consejos de ministros que sigan luchando por el empleo y para crear aspectos importantes del futuro de
España y de este país. Desde luego, valoramos de forma importante el acceso al crédito del ICO, los avales de las sociedades de garantía recíproca. Lo del SIP y el FROB dijimos que
tenía que haberse hecho para que funcionara y sobre todo el tema de la rehabilitación de viviendas, porque al final tenemos un sector muy importante de trabajadores de la construcción con edades avanzadas que no hay posibilidades de
reconvertir ni de recolocar a corto plazo, y en este momento es necesario en este país, con cabeza y con racionalidad, ir recolocando a todos esos trabajadores de pequeñas empresas de la construcción en temas que mejoren el sistema productivo, la
calidad de vida de los ciudadanos o la eficiencia energética. En ese sentido, Coalición Canaria, sin grandes entusiasmos, como se dice en Canarias, sin tirar voladores -los voladores se tiran en las fiestas, son los cohetes en la Península- pero
sin las gafas negras de los planteamientos del Partido Popular, vamos a apoyar este real decreto.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta segunda, para este viaje no se necesitaban alforjas.
A las medidas contenidas en los reales decretos-leyes les ha ocurrido lo que a muchos de los iconos arquitectónicos que en tiempo de bonanza se han erigido en
distintos lugares de la geografía española: exceso de continente para tan poco contenido. La preocupación por hacerse ver prevaleció sobre lo poco que hay que enseñar, o como dijo otro portavoz, se quiso parir un elefante y en su lugar se dio a
luz un ratón. El llamado pacto de Zurbano ha pecado de un exceso de escenificación y propaganda, y lo que nació con la pretensión de ser un gran pacto para luchar contra la crisis ha quedado reducido a un paquete de medidas dispersas, insuficientes
y de escaso calado, medidas en las que hay luces pero también muchas sombras y sobre todo ausencias clamorosas. Entre las sombras, permítame que me refiera a las medidas para el sector financiero.
La nueva regulación de los SIP elimina cualquier posibilidad de constituir una alianza en la que haya cierto margen y autonomía para las partes; los SIP son el primer paso para convertir a las cajas de ahorro en entidades financieras al
uso, pendientes exclusivamente de la marcha del negocio bancario en detrimento de sus funciones sociales y territoriales.
Discrepamos también del exceso de facultades que se le atribuyen al Banco de España, en perjuicio del papel que les debería
corresponder a las comunidades autónomas. Sobre todo, señorías, somos críticos con el hecho de que se hayan excluido del proceso de negociación cuestiones clave para hacer frente a la crisis, como son las políticas fiscales o la orientación de las
políticas sociales. El presidente del Gobierno se comprometió a apostar por una salida a la crisis que no introdujese recortes en materia de derechos sociales; sin embargo, las negociaciones de Zurbano estuvieron precedidas de propuestas del
Gobierno claramente regresivas en materia de pensiones, y el debate de hoy coincide con propuestas que pueden conllevar el abaratamiento del despido o recortes en materia laboral.
Señorías, la lucha contra la crisis requiere mucho más que fotos, y si al Gobierno lo que le preocupa es la foto, el BNG no se presentó al casting.
Por sentido de la responsabilidad no vamos a dificultar la aplicación de algunas medidas
que, pese a lo limitado de sus efectos, nos parecen positivas, pero no podemos dar apoyo a los decretos en su conjunto porque discrepamos del método seguido, discrepamos de alguna de las medidas y sobre todo discrepamos de la orientación global de
las políticas económicas del Gobierno. Por esta razón, anuncio la abstención del Bloque Nacionalista Galego en la convalidación de ambos reales decretos-leyes.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, cada día parece más claro que la recuperación económica, cuando llegue, no va a coincidir necesariamente con la creación de puestos de trabajo. Según algunas estimaciones
recientes, haría falta un crecimiento del orden de un 1,5 por ciento del PIB. La situación de crisis económica presenta actualmente dos grandes cuellos de botella. El primero es un paro del 20 por ciento y el segundo es una escasa productividad
todavía, o dicho de otra forma, asistimos a un drama humano de primer orden en forma de un paro todavía desbocado. Uno de los motores eventuales de la recuperación, el sector privado, las empresas, está gripado porque a las empresas las frena un
crédito todavía no normalizado por parte de cajas y bancos, y también por un consumo reducido por parte del mercado interior y poco estimulante por parte del sector exterior y de las exportaciones. El sector público, a su vez, ya tiene bastante
pena con reducir el déficit público y mantener el gasto y la protección social.
Evidentemente, señorías, señora vicepresidenta, señor presidente del Gobierno, la solución no pasa en ningún caso por la cuadratura del círculo. En Estados Unidos, con un paro importante del 10 por ciento, ya se empiezan a crear puestos de
trabajo, con un problema por cierto todavía no resuelto y coincidente con el nuestro como es el del sistema financiero y el del sector inmobiliario. Quiero decir con esto que otros países empiezan ya a salir del túnel y aprovechan esta crisis como
una auténtica oportunidad para operar reformas estructurales en su modelo de crecimiento económico.
Antes que nada, quiero decir que no compartimos el diagnóstico beatífico del Gobierno sobre la recuperación
ni las previsiones económicas de crecimiento de un 1,8 por ciento, que el Banco de España desmiente con previsiones que son totalmente distintas.
En todo caso, la cuestión que hoy estamos debatiendo es que el Gobierno hace escasamente un
mes quería mirar hacia otro lado y plantear de forma prioritaria un acuerdo con los grupos políticos, después de meses de ir dando tumbos, sin una hoja de ruta muy concreta, después de ir atendiendo prioritariamente durante estos últimos dos años
sus intereses electorales, gobernando solo la crisis más importante desde 1929, y al final el presidente del Gobierno dijo: Queremos un acuerdo. Nosotros dijimos: Eso está bien. Eso es positivo. Si el Gobierno se mueve, nos vamos a mover con el
Gobierno. Pero al final de todo este recorrido, señorías, el Gobierno vuelve a encadenar un auténtico rosario de medidas, en lugar de consolidar una auténtica mayoría parlamentaria al resguardo de un auténtico pacto económico con medidas urgentes y
necesarias, con lo cual el Gobierno ha recuperado ciertamente la iniciativa política, pero continúa inexplicablemente a la defensiva.
A la hora de la verdad, señorías, se ha demostrado que el Gobierno no quería exactamente un acuerdo -y a los hechos me remito-, lo cual hubiera sido deseable, es decir, para enviar un mensaje a la sociedad de que todos, partidos y Gobierno
estábamos y estamos comprometidos a salir de la crisis sobre la base de propuestas y del diálogo, aunque fuera haciendo en un mes lo que no se ha hecho en dos años, pero el Gobierno -repito- no ha querido exactamente un acuerdo. Finalmente lo que
ha querido es más bien una foto, una coartada o un cheque en blanco, al resguardo de una serie de medidas que hemos juzgado como positivas y como oportunas pero netamente insuficientes. Hace unos días dije, y repito ahora, que el Gobierno quería
parir un elefante y finalmente le ha salido un auténtico ratoncito. Insisto, esto no es un pacto de Estado en ausencia de agentes sociales y económicos y de las comunidades autónomas, pero tampoco es un auténtico pacto de Zurbano, porque para
pactar hay que transigir, hay que buscar el perímetro más amplio de consenso político y sobre todo, si se quiere pactar la salida de la crisis, no se puede dejar de lado el núcleo duro de algunas reformas estructurales. Cuando se nos dice que no
hay nada sobre mercado de trabajo porque está residenciado en la mesa del diálogo social; cuando se nos dice que no hay nada sobre el sistema público de pensiones; cuando se nos dice que no hay margen sobre fiscalidad; cuando se nos dice que no
hay nada sobre energía; cuando se nos dice que no están dispuestos a apretar las tuercas al sistema financiero o que no hay propuestas contra el fraude fiscal, no estamos ante un auténtico pacto de Estado. Resultado, el Gobierno nos presenta hoy
dos decretos-leyes. Para este viaje no hacían falta alforjas. Podía haberlo aprobado perfectamente solo desde hace algunas semanas. En este punto quería decir que nuestro grupo parlamentario y Esquerra Republicana en particular va a dar apoyo a
estos decretos-leyes, pero juzgando estas medidas como claramente insuficientes.
Por el camino han quedado muchas propuestas que no han sido consideradas, propuestas para reformar algunas cuestiones y para corregir algunos desajustes acumulados en la fase alcista del ciclo económico de los últimos años, en definitiva,
para atacar nuestras debilidades estructurales y competitivas, el retraso en I+D+i, algunos mercados ineficientes como el de trabajo, como el de la energía, reformas en el sector público, en el sistema financiero, etcétera. Por tanto, Esquerra va a
dar apoyo a estos decretos-leyes, incluso identifica claramente algunas propuestas coincidentes con el documento de trabajo que aportó en su día, pero creemos que son claramente insuficientes y esto queremos dejarlo muy claro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señor presidente, nos llamaron a hacer un gran pacto y finalmente nos encontramos con un decreto. Diría más, un decreto cargado de resignación y de renuncias. Creíamos que buscaban una salida a la crisis, pero una
salida justa, solidaria y sostenible, y nos encontramos con un decreto de corto alcance y de corto vuelo. El país tiene una neumonía y ustedes nos proponen crema hidratante. Desde la izquierda, desde fuerzas políticas de izquierda, desde
Iniciativa Verds- Izquierda-Unida, lo que no vamos a hacer es avalarlo, porque creemos que el pacto y el decreto tienen demasiadas renuncias; renuncias a las reformas del sector financiero, a poner reglas a los bancos; renuncias porque no encaran
una política fiscal más justa para que los que tienen más paguen un poco más; renuncias porque no afrontan el desarrollo de un modelo más sostenible en ahorro, eficiencia y en renovables. Lo más grave es que esas renuncias se ubican en una nueva
melodía, en una nueva partitura que llega desde Moncloa y esa nueva melodía, esa nueva partitura de lo que nos habla es de recorte de derechos. Ustedes aprueban un decreto y empiezan a hablar con las fuerzas políticas días después de conocer su
propuesta en materia de pensiones para que los trabajadores pasen a ser pensionistas a los 67 años. Ustedes aprueban el decreto y lo aprueban el mismo día en que aceptan la lógica de la OCDE, que dice que abaratando el despido se genera ocupación.
Este pacto tiene demasiadas renuncias y la melodía y la música que llega desde Moncloa son una melodía y una música precisamente de pérdida de derechos que hace que la salida de la crisis la paguen los que menos tienen. Por eso no lo vamos a
apoyar, por eso entendemos que van mal encaminados y por eso creemos precisamente que su propuesta se ubica en ese marco de renuncias.
Creo sinceramente que además confunden el pacto de Estado con lo que ha acabado siendo una macedonia.
Algunas frutas están pasadas, algunas tienen buen sabor, pero lo cierto es que la macedonia se te atraganta por una sencilla razón, porque el plato principal del menú es contención del gasto, 50.000 millones de euros menos; porque el plato
principal del menú es un país con poco esfuerzo fiscal; porque el plato principal del menú es renunciar a las políticas anticíclicas, y con una renuncia prematura a las políticas anticíclicas podríamos acabar cayendo de la recesión en la depresión.
En Reino Unido Financial Times decía: Tenemos que ir a un escenario de contención del gasto en dos legislaturas. Curiosamente en este país, en uno de los países con menos esfuerzo fiscal, lo que estamos aplicando es contención del gasto y a la
corta, sin reformas fiscales y sin entender que necesitamos de políticas neokeynesianas, y añadiría, de un neokeynesianismo verde que haga políticas de inversión con otra orientación.
Hay dos medidas nuevas en el real decreto, una nuestra, que habíamos aprobado ya en esta Cámara en el debate sobre el estado de la Nación para ampliar los porcentajes de aquello que no se puede embargar. Saben ustedes que hoy se puede
embargar todo, incluso el salario, después de dar la vivienda, y que hay 300.000 familias que viven, mal no, fatal, no solo con el embargo del piso sino con el embargo de su sueldo hasta el equivalente al salario mínimo interprofesional. Esta
Cámara había aprobado que por cada miembro de la unidad familiar no se pudiese embargar la mitad del salario mínimo interprofesional. A una familia de cuatro miembros no se le podría embargar el equivalente a 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional. Al final se ha incorporado parte -solo parte- de lo que aprobamos: hasta un 20 por ciento por cada miembro de la unidad familiar. ¿Es positivo? Claro que sí. ¿Es inferior a lo que pactamos y aprobamos en esta casa? También lo
es. Nosotros lo valoramos positivamente, pero lo cierto es que esta es la única medida de acompañamiento a las familias. Hay una segunda medida, la reducción del IVA a aquellas empresas que ofrecen a la Administración servicios de dependencia.
Favorece la concertación, es cierto, pero favorece obviamente una salida en la que los servicios de dependencia se prestan con empresas concertadas. Ustedes, el Partido Socialista, y nosotros habíamos coincidido en esta legislatura y en la anterior
en votar en contra de medidas de estas características. Digamos que esta es la otra cara de la moneda de un real decreto que tiene medidas positivas, pero esta medida es claramente negativa.
Después -como les decía- vienen las renuncias en materia fiscal. No hay fiscalidad hacia los que más tienen, no hay fiscalidad ambiental, cuando la fiscalidad ambiental es una urgencia en este país. ¿O es acaso razonable que alguien que
coge un jet privado no pague nada en la fiscalidad sobre sus carburantes? No lo es y les podía hablar de decenas, de centenares de propuestas en materia de fiscalidad ambiental que modernizarían el país y harían que su economía fuese mucho más
sostenible. Tampoco hay medidas de lucha contra el fraude fiscal de largo alcance. En el sector financiero aprueban lo que veníamos pidiendo en torno al ICO desde hace tiempo, pero en cambio no se habla de la remuneración por riesgos en el sector
de la banca o no se dice nada de las comisiones bancarias, que en este país son las más elevadas de Europa y que afectan a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué no lo regulamos? Y obviamente se ubican en un marco, el del Ecofin; un Ecofin que
bajo Presidencia española ha renunciado a poner reglas al sector financiero dando un claro paso atrás.
Hay muchos elementos de renuncia, por ejemplo, en materia de eficiencia energética. ¿Está bien lo que proponen en el IVA? Claro que sí. Nosotros lo veníamos planteando desde hace tiempo, pero es insuficiente, porque necesitamos de un plan
que permita la reconversión de todo el sector de la construcción hacia el ahorro y la eficiencia, y en cambio eso no existe. El FEIL podía haber sido eso pero no lo fue. Hoy necesitamos inversión, eso de lo que ustedes no quieren hablar, y sin
hablar de inversión no es posible la salida justa, solidaria y -añado- sostenible a la crisis. Por todo ello, señor presidente, señora vicepresidenta, lo que no vamos a hacer es poner palos a las ruedas. No estamos en contra de la crema
hidratante, pero lo que no vamos a hacer es acompañar en un real decreto que para nosotros es un espacio de renuncias, de renuncia a hacer que las entidades financieras también aporten y contribuyan a salir de la crisis, de renuncia a una fiscalidad
más justa, de renuncia a una salida sostenible y de poner solo el acento en el esfuerzo de pensionistas o trabajadores. Ese no es el camino, señor presidente. No queremos que ese sea el camino y por eso no los vamos a acompañar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta, señor presidente del Gobierno, prácticamente dos semanas después de ser aprobado por el Gobierno, llega para su convalidación a esta
Cámara un real decreto-ley que se denomina de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo y otro que se debate conjuntamente, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal y que,
insisto, debatimos conjuntamente por acuerdo de la Mesa de la Cámara; unos reales decretos-leyes que podemos calificar de atípicos en el sentido de que en otras ocasiones era el Gobierno quien aprobaba los reales decretos-leyes de manera
unilateral, sin contar con los grupos parlamentarios, y esta vez el Gobierno ha tratado de consensuar y pactar o al menos comunicar a los grupos las medidas que pretendía incluir en los mismos. Es la concreción de lo que el Gobierno inició hace dos
meses en el palacio de Zurbano junto con los grupos parlamentarios de esta Cámara. Lo que al principio pretendía
ser un gran acuerdo político para diseñar e impulsar las medidas necesarias para salir de la crisis económica se ha convertido en un real decreto-ley o en dos, como quieran ustedes considerarlo, que incluyen un popurrí de medidas
heterogéneas, de diferente calado e impacto, que van a contar previsiblemente con un amplio apoyo crítico de la mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara. Se puede decir aquello de que ni están todas las que son, ni son, al menos de forma
relevante, todas las que están. ¿Podría haber otras medidas? Sí. ¿Se podrían eliminar algunas? Sí. ¿Son medidas que coadyuvan a mejorar la economía? Sí. ¿Se tenían que haber adoptado con anterioridad? Sí. ¿Está todo hecho con estas medidas?
No. ¿Es la respuesta política necesaria para salir de la crisis económica? No. Se podría decir que esta terapia no cura, aunque tampoco está contraindicada. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Desde nuestro grupo parlamentario, desde el Grupo Vasco creemos que la falta de conciencia de la profundidad de la crisis por parte del Gobierno, unida a la falta de liderazgo para buscar el consenso sobre las medidas realmente necesarias
para superar la situación, son las causas que han impedido que se haya logrado un acuerdo político de alcance.
Lejos de liderar la salida de la crisis, el Gobierno ha ido adoptando medidas, de una forma, si me permiten, un tanto improvisada, sin un
diagnóstico atinado y utilizando el método de lanzar globos sonda en los medios de comunicación para testar la aceptación mediática y política de las propuestas. Reconozco sin embargo que a lo largo de los últimos meses la vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda ha trabajado intensamente para buscar un amplio acuerdo en torno a las medidas que se incluyen en este real decreto-ley. Creo que es de justicia hacerlo y así lo quiero manifestar. Son medidas,
insisto, que no matan, pero que tampoco curan.
No tengo tiempo ni creo que sea el momento para analizar en detalle la situación económica en la que nos encontramos, diagnóstico realizado de una manera más o menos acertada por multitud de economistas, organismos e instituciones. Me van a
permitir no obstante una brevísima reflexión al respecto. En primer lugar, hemos de tomar conciencia de la auténtica gravedad de la crisis económica, una crisis inicialmente financiera que derivó en crisis económica y que en el caso de la economía
española tiene el riesgo de convertirse en una crisis también social; una crisis que va a suponer, nos guste o no, grandes cambios en nuestras vidas. Tendremos que acostumbrarnos, o mejor dicho, habrá que adaptarse a convivir con las altas tasas
de paro durante mucho tiempo, ofreciendo soluciones para los afectados por esa falta de empleo.
La mayoría de los analistas coincide en que durante bastante tiempo el crecimiento económico previsible de la economía española no generará empleo. La tasa de paro del 20 por ciento formará parte de nuestra realidad económica durante
bastante tiempo y este es el auténtico hándicap, el auténtico problema y el auténtico caballo de batalla de la crisis económica. Además, tras el ladrillazo, la economía española está afectada por la negativa imagen que genera la corrupción
política, la justicia y un largo etcétera. Europa y los mercados seguirán sin duda con interés lo que ocurra en esta república, o mejor dicho, monarquía ladrillera. Es preciso ganar por lo tanto credibilidad y lanzar un mensaje de seriedad y
responsabilidad a los mercados, a la Unión Europea y sobre todo a los desconcertados ciudadanos, aunque es muy difícil hacerlo desde la debilidad política. Hay que sentar urgentemente las bases de la recuperación y, amén de cumplir con el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento y reconducir el déficit público desbordado, es preciso abordar sin demora las necesarias reformas estructurales en las que muchos grupos de esta Cámara y también el Grupo Vasco venimos insistiendo desde hace mucho,
muchísimo tiempo. Me estoy refiriendo a las reformas del gasto público, de las políticas públicas, las del mercado de trabajo, las de la energía, las de la educación, las de la innovación, etcétera.
Solo así empezaremos a ver el horizonte más
despejado. Los animamos desde el Grupo Vasco por enésima vez a que lo afronten de verdad. Nuestro grupo seguro que los apoyará en la tarea.
Las medidas contempladas en el Real Decreto-ley de impulso para la recuperación económica y también en el otro real decreto-ley son de carácter variopinto y de diferente intencionalidad. Así, en el capítulo V del Real Decreto-ley de impulso
a la recuperación, además de definir el concepto de empresa de servicios energéticos y de crear un nuevo agente en el sector como es el gestor de cargas del sistema, lo relevante, al menos para el sector eléctrico, es el artículo relativo a la
titulización del déficit de la tarifa eléctrica, una medida que estaba pendiente y que en todo caso había que abordar. En el capítulo VI se contienen las medidas relativas al sector financiero. Era necesario dotar de mayor seguridad jurídica a los
sistemas institucionales de protección y así se ha hecho. Por otra parte se han adoptado medidas tendentes a agilizar y hacer más operativo el Fondo de reestructuración ordenada bancaria para que pueda ser un instrumento efectivo y adecuado para
facilitar los reajustes de las entidades financieras, de las cajas de ahorro, que dicho sea de paso es una cuestión de enorme importancia de la que el Gobierno debo decir que apenas nos ha informado aún.
Nos parecen positivas las medidas fiscales de apoyo a la rehabilitación de viviendas, tanto las instrumentadas a través de las deducciones del IRPF como de las minoraciones del tipo del impuesto sobre el valor añadido.
Pueden paliar, al
menos a corto plazo, el enorme paro que se ha generado en un sector muy afectado por la crisis económica. De igual manera, aun siendo de carácter menor desde el punto de vista del impacto económico, las medidas de apoyo a pymes, elevar el umbral de
inembargabilidad, aplicar un tipo superreducido del 4 por ciento a los servicios de atención a la dependencia, etcétera, aparte del resto de las medidas, nos parece que están
básicamente bien orientadas. En esta línea es posible idear otro buen número de medidas que sin ser definitivas permitan aliviar los síntomas de la crisis. Aunque no está concretada en este real decreto la ayuda a la financiación de las
pymes y autónomos -que se concretará más adelante- por parte del ICO, nos parece incluso más urgente que necesaria. No se puede demorar más su puesta en marcha y sé que el Gobierno es consciente de esta situación. Lo que no nos parece correcto, y
esto se lo hemos dicho al Gobierno y a usted, señora vicepresidenta, como bien sabe, es que dichos créditos se instrumenten a través de una sola entidad financiera en el ámbito del Estado, puesto que ello puede perjudicar seriamente al resto de
entidades que tienen el riesgo de perder un número considerable de esos clientes. Por ello desde mi grupo pido al Gobierno que tenga en cuenta esta reflexión a la hora de instrumentar y concretar la actuación.
Tras la aprobación de estos reales decretos-leyes, entraremos en el debate de la ley de economía sostenible, otro proyecto que incluye multitud de medidas, pero que no servirá tampoco para cambiar el modelo económico.
Para cambiar el modelo
económico de verdad se requiere abordar en profundidad las reformas estructurales a las que me he referido anteriormente. El Gobierno lo sabe, pero sabe igualmente que para ello necesita fuerza, liderazgo y una credibilidad de la que hoy carece.
Desde esta posición crítica nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco va a votar favorablemente este real decreto-ley, al igual que votaremos en contra de su tramitación como proyecto de ley, porque creemos que
andamos ya tarde y no es beneficioso para las medidas que se demoren por más tiempo. Es bueno que las medidas empiecen a funcionar cuanto antes. Por estas razones votaremos que sí a este real decreto-ley
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, señoras vicepresidentas, ministras, ministros, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto al decreto-ley que está relacionado con las medidas económicas va
a ser la de votarlo favorablemente. También nos gustaría hacer una serie de consideraciones que creemos que son relevantes ante la Cámara. En primer lugar, quiero manifestar que este decreto-ley sobre medidas económicas no va en la dirección del
planteamiento inicial de Convergència i Unió que hizo nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, a lo largo de esta legislatura en varias ocasiones en el sentido de plantear un gran pacto económico dirigido a proponer una serie de medidas
anticrisis, de reformas estructurales, en el que estuvieran involucradas todas las formaciones políticas, desde el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno hasta el resto de partidos que estamos en la oposición, y al que se pudieran incorporar
también los diferentes agentes sociales y económicos para configurar un gran pacto de Estado en el que se abordaran todas las reformas estructurales necesarias para nuestra economía y poder así dar una salida potente a esta situación delicada.
Tampoco vale la pena intentar reflejar lo que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas, esto no ha sido posible y finalmente se ha llegado a este acuerdo económico, que fue precedido de una serie de reuniones de la vicepresidenta
económica del Gobierno, el ministro de Fomento y el ministro de Industria, en el que también cabe destacar el espíritu de trabajo por parte del Gobierno y el esfuerzo realizado para llegar a unos acuerdos que nosotros consideramos que van en la
buena dirección, aunque hay que destacar también a continuación que son insuficientes para salir de esta situación de crisis. Quizá lo más positivo de la valoración global de los mismos es que hemos sido capaces de dar un signo positivo de cara a
la economía productiva desde la perspectiva de plantear ya medidas, yo diría que efectivas, que van en la dirección de fomentarla y de que se puedan materializar a corto plazo formaciones para la ocupación desde la perspectiva de sectores de mano de
obra intensiva. Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente con el máximo esfuerzo, con la máxima solvencia y también con la máxima satisfacción, porque no hay que olvidar que de las treinta y pico medidas que se han planteado en este real
decreto-ley hay quince o dieciséis que llevan el sello o la marca de Convergència i Unió, de la que nos sentimos muy satisfechos. Estamos orgullosos de haber compartido esto con el Gobierno y con el resto de las formaciones políticas, haber juntado
una serie de complicidades y beneficiar finalmente a la economía productiva. De estas medidas que hemos podido llegar a consensuar y de las que, repito, nos sentimos muy orgullosos porque llevan el sello de Convergència i Unió, quiero resaltar
algunas que van en la dirección de poder facilitar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios y autónomos. Creemos que esta es quizá la más potente, la más importante, la más relevante, y aquí le pedimos al Gobierno que acelere
al máximo todos los procedimientos para que finalmente -el real decreto-ley dice que el 15 de junio estarán a disposición del mercado todos estos créditos con un techo de 200.000 euros- esto sea una realidad. Nosotros deseamos que, aparte de que
sea una realidad, estas medidas sean un gran éxito para facilitar la vida a una serie de pequeñas y medianas empresas que están en una situación crítica.
Hay otro aspecto que nosotros también consideramos relevante y es que, de una vez por todas, se va a potenciar desde este Parlamento y, por descontado, desde la acción del Gobierno, la importancia de la industria de la rehabilitación.
Entendemos que la industria de la rehabilitación en determinados aspectos ha de sustituir una parte importante de lo que no va a representar el sector de la construcción. Por tanto, consideramos también muy positiva esta rebaja
del IVA del 18 al 8 por ciento y todos aquellos aspectos que hacen referencia a la definición de obras de rehabilitación, al incorporarse también alguna petición de Convergència i Unió de que el coste de los materiales en estos aspectos no
sea el 20 por ciento, sino el 33 por ciento. Por tanto, satisfacción desde esta perspectiva. También se ha conseguido consensuar con el Gobierno que en las deducciones de todas aquellas personas físicas que rehabiliten sus viviendas se pueda
llegar a unos límites superiores a los previstos inicialmente en el decreto-ley.
Consideramos positiva la libertad de amortización para todas aquellas inversiones que se realicen a partir de ahora. Entendemos que a partir de ahora no va a ser
beneficioso, pero esta medida sí va a ser muy beneficiosa para todas aquellas empresas que en el año 2011 y 2012 hayan reestructurado sus plantillas y puedan gozar de esta libertad de amortización. También es relevante la rebaja del IVA
superreducido para todos aquellos aspectos que hacen referencia a la dependencia. Entendemos que han quedado fuera algunos aspectos que la legislación comunitaria también permite como gozar del 4 por ciento, aunque no sean organismos concertados.
Aquí no hemos sido capaces de convencer al Gobierno, pero continuaremos insistiendo en ellas. Finalmente, consideramos relevante la recuperación del IVA de los incobrables. Han puesto un techo solamente de 6 millones de facturación y aquí, señora
vicepresidenta, realmente nos hemos quedado cortos, porque cuando nos interesa definimos una pequeña y mediana empresa, una micro empresa, por 6 millones de euros de facturación, y cuando no nos interesa nos vamos a los parámetros de la Unión
Europea que están entre los 25, los 30 o los 50 millones de euros.
También son positivos todos aquellos aspectos que van en la dirección de mejorar y flexibilizar las operaciones que puedan estar sujetas al FROB y desde esta perspectiva vale la
pena definir que todas aquellas SIP que se autoricen son competencia, por descontado, de las comunidades autónomas.
Estos son los aspectos positivos que nosotros vamos a apoyar con la máxima contundencia y con la máxima satisfacción porque no dejan de ser propuestas auspiciadas por Convergència i Unió, pero hay otros aspectos, señora vicepresidenta, con
los que no hemos quedado satisfechos. Usted lo sabe perfectamente, hemos podido hablar de algunos aspectos que no han quedado resueltos como es el de las operaciones vinculadas. Solamente quiero manifestar que hay una gran preocupación en el
sector de las pymes porque no se ha resuelto esta situación, más bien en algunos aspectos se ha empeorado y hay una cierta percepción de que el Gobierno no va a ser capaz de resolverlo en los próximos tres meses. Nosotros vamos a confiar en la
palabra de la vicepresidenta segunda del Gobierno en el sentido de que lo vamos a resolver. Lo que vamos a perseguir desde Convergència i Unió es un cambio radical en la legislación que hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, porque hay
que partir de la base de que esto no comporta ni más ni menos que ingresos fiscales. Aquí hay que plantear a las pequeñas y medianas empresas, y hay que darles ánimos, que vendan y cobren todas sus operaciones mercantiles, pero no las inundemos a
papeles, como se está haciendo desde la legislación actual. En este caso sí que vale la pena que vayamos a las legislaciones europeas, que son muchísimo más modernas y yo diría que muchísimo más ágiles y más flexibles. Lógicamente, las empresas
han de pagar todos los impuestos, hay que luchar contra el fraude, pero no hay que luchar contra el fraude, señora vicepresidenta, a través de incrementarlas la burocracia porque, si seguimos en esta dirección, vamos a matarlas a papeles. Hay dos
aspectos en los que a pesar de nuestra insistencia no hemos podido convencer al Gobierno, que son que se pueda posponer la subida del IVA hasta el mes de octubre, una vez pasada la temporada turística, para no perjudicar al sector turístico, y por
otra parte, la posibilidad de incorporar la prórroga del Plan 2000E para la compra de vehículos. Es un tema que ha quedado encima de la mesa, pero -ustedes ya lo saben- desde Convergència i Unió vamos a seguir insistiendo para ver si somos capaces
de convencerles y de unir complicidades y...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez i Llibre, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ...plantear soluciones efectivas para la economía productiva.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señor presidente, señoras y señores, al Gobierno y al presidente del Gobierno hay que aplicarles aquello que decía Stendhal: El hombre poco claro no puede hacerse ilusiones, o se engaña a sí
mismo o trata de engañarnos a los demás.
Señorías, lo que trae el Gobierno a la Cámara vuelve a ser un conjunto de medidas de política económica de simple picoteo, de corto alcance y de clara insuficiencia para superar la crisis económica.
Agradecemos la comparecencia de buena parte del Gobierno, faltaba más, el Gobierno de la foto. Esa es la política de este Gobierno: realmente buscar siempre la foto (Aplausos.), buscar pretendidamente el espectáculo en vez de gobernar, señorías.
Y lo que hoy nos traen aquí en forma de dos decretos-leyes es sencillamente los restos del naufragio del pacto de Zurbano. Señorías, eso es lo que nos han traído hoy aquí, clara muestra de que el pacto de Zurbano es una ocurrencia más del señor
Zapatero en una comparecencia parlamentaria -tenía que salir bien de un debate público, de un debate parlamentario-. Nombra un tridente liderado por la vicepresidenta segunda -¡vaya papelón, señora vicepresidenta, vaya papelón hacer de ese
tridente, de esa negociación política!- para traernos aquí una serie de medidas de
tono menor, copiadas de los grupos políticos, entre otras del Partido Popular, pero que son claramente insuficientes para superar la crisis económica que en España se llama la crisis del paro. Por cierto, el Fondo Monetario Internacional,
en el informe que ha citado la vicepresidenta, llega a afirmar que la tasa de paro el año que viene se puede colocar en España en el 24,5 por ciento. Es el Fondo Monetario Internacional, señoría; lo acabo de leer en los medios de comunicación.
Ante una situación como esta, la crisis del paro tiene dos grandes componentes: la falta de crédito bancario para familias, para empresas, para pequeñas y medianas empresas y para autónomos, que son los que nos tienen que sacar de la crisis, y la
crisis fiscal del Estado; estos son los dos grandes componentes que hoy es el laberinto donde el Gobierno socialista ha situado a la sociedad española, pero nada de eso se aborda en los decretos-leyes. Al contrario; son decretos-leyes que incluso
en términos de filosofía de política tributaria son contradictorios con otros anuncios y otros programas de acción de política económica del Gobierno, porque si el Gobierno cree que va a estimular la rehabilitación de viviendas con una desgravación
fiscal, si el Gobierno cree que lucha contra el fraude fiscal en autónomos que se dedican a la reforma de nuestras viviendas, de nuestras actividades domésticas, como son fontanería, carpintería, pintura, cerrajería, bajando impuestos, ¿por qué sube
el IVA, señoría? ¿Por qué sube el IVA el 1 de julio si está usted trayendo a esta Cámara un planteamiento completamente contrario? (Aplausos.) Señor Zapatero, en política no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Si ustedes traen un decreto
correctamente enfocado pero insuficiente de contenido en materia tributaria, eso le debería llevar a una rectificación de 180 grados en sus decisiones de política económica más graves y también más torpes porque lo que nos va a traer es más crisis
económica.
Quiero explicarles, en una palabra, la posición del Partido Popular. El Partido Popular entiende que las propuestas que hoy hace el Gobierno a esta Cámara son, en definitiva, unos decretos-leyes más, expresión de la lucha contra el fuego
que está llevando a cabo el Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Ustedes quieren apagar el fuego a base de traernos vasos de agua y así, señorías, el fuego va a continuar. El fuego se llama pérdida de confianza de la sociedad española,
¿frustrada en sus expectativas por la incapacidad del Gobierno de llegar a acuerdos políticos? No, la incapacidad del Gobierno de tomar decisiones de Gobierno que tendrían el apoyo de esta Cámara, señorías, y se lo voy a explicar de otra forma lo
más sencilla y directa posible. El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar estos decretos-leyes en el día de hoy.
(Aplausos.) Si vamos a hacer esto, ¿qué haríamos, señora vicepresidenta segunda del Gobierno, si el Gobierno nos trajera la reforma
del sector bancario o del sector crediticio en España? ¿Qué haríamos si el Gobierno nos trajera el control del gasto público, para lo que debería acometer una reforma institucional del Estado en España? ¿Qué haríamos si nos trajera una reforma
tributaria que abaratara el coste de la ocupación del empleo en España? ¿Qué haríamos, señor ministro de Industria, si trajera una política energética que, efectivamente, a través de los costes de la energía, impulsara la recuperación y mejorara la
capacidad de competir de España? ¿Qué haríamos si trajera una reforma laboral seria y profunda, que en definitiva acabara con esta sangría de destrucción de puestos de trabajo? Haríamos lo que vamos a hacer esta tarde, apoyarlo, completarlo con
nuestra iniciativa política, promover que este decreto-ley se tramitara como proyecto de ley para incorporar las reformas pertinentes.
Eso es lo que estamos haciendo desde el comienzo de legislatura, señorías. El Partido Popular está actuando con
toda la lealtad hacia la sociedad española, advirtiéndole de los riesgos de esta crisis económica, y también con toda lealtad hacia el Gobierno de España cuando le estamos diciendo que por ahí, señor Zapatero, no vamos a salir de la crisis. Con su
discurso político no vamos a salir de la crisis. Con ese discurso político falto de compromisos de reformas no vamos a salir de la crisis.
Es al revés, con su política y su discurso España está cada vez más en el pantano de la crisis económica,
señor Zapatero. Esa es la realidad, eso es lo que nos está ocurriendo. Por eso, vienen hoy aquí todos los ministros del Gobierno o buena parte del Gobierno, la mayoría del Gobierno. (Rumores.) No, no están nunca, no se ría señora ministra de
Sanidad, porque no vienen nunca, así que no presuman ahora de que vienen cuando no están nunca en los debates políticos ni en los debates parlamentarios. (Rumores.-Protestas.-Aplausos.) A lo que vienen aquí hoy es a decir que van a tener un amplio
apoyo político. Por supuesto que van a tener un amplio apoyo político, como lo tendrían a las medidas, a la orientación de política económica que necesita España y que necesita cuanto antes. Por eso, la foto de esta tarde no va a servir, no van a
ser palabras de confianza que realmente lleven ánimo a la sociedad española, ni de confianza para el escenario internacional y para los mercados financieros internacionales, que esperan tanto dentro como fuera de España reformas comprometidas del
Gobierno y no fotos vacías y falta de autenticidad en las propuestas de los pactos. Señorías, menos humo y más política; menos anuncios y más realidades. Ustedes son el Gobierno de España y están comprometidos y urgidos a traer reformas reales
con urgencia, con apremio, con decisión y con valentía, aunque esa palabra, señor Zapatero, no es su forma de gobernar. (Varios señores diputados: ¡Ah!-Rumores.) Usted no acomete con decisión los problemas de los españoles y por eso estamos
pagándolo con la peor crisis económica y con la crisis social más dura y más larga que estamos viviendo. Por eso, señorías, actos políticos como los de esta tarde no traerán más impulso ni más confianza, serán como las cenizas del volcán islandés
(Rumores.); esas cenizas que van cubriéndonos en el velo de la desconfianza y, en definitiva, en el velo de la continuidad de una crisis económica, donde lo que vemos son tonos menores de políticas económicas que, como les decía, por supuesto que
vamos a apoyar; por supuesto,¡faltaba
más!, que vamos a apoyar y a facilitar este tipo de propuestas. Tendrán nuestro apoyo, pero la principal conclusión que debemos extraer esta tarde es que necesitamos mucha más política económica, mucha más reforma estructural y mucha más
decisión en un Gobierno que si la tuviera tendría el claro apoyo del Partido Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Montoro.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señorías, el Gobierno de España actuó con determinación para parar el golpe desde el primer momento en que se demostró que la debilidad de la demanda era muy importante. Gracias a ello muchas familias y
numerosas empresas se beneficiaron de las inyecciones de liquidez, del crédito, de las subvenciones y de las transferencias en protección social. Supuso un esfuerzo financiero sin precedente, pero fue una manifestación clara de apuesta por el
equilibrio social y por la paz social. Estos dos conceptos de equilibrio social y paz social no suelen ser empleados en esta Cámara como referente a la hora de valorar lo que hemos hecho a lo largo del último año y medio. Por tanto, mi grupo
quisiera poner en valor ambas circunstancias, y quisiera expresar la satisfacción que le produce la contribución que ha prestado a la paz social la consistencia de la política que ha llevado a cabo el Gobierno de España. (Aplausos.) La defensa de
las causas comunes a través de una poderosa armadura pública que ha evitado la acentuación de la crisis económica. Gracias a ello hoy podemos decir que ha cambiado el ritmo a través del cual esta crisis se venía manifestando. La señora Salgado ha
dicho, y con razón, que se ha estabilizado la actividad económica y que el ritmo de evolución de la misma camina en la buena dirección. Ella y nosotros queremos ser más ambiciosos. Creemos que en este momento hay que cambiar el rumbo, y si
queremos hacerlo, hemos de optimizar entre nosotros las fuentes de crecimiento económico. Para ello hemos de impulsar la demanda privada para que tome el relevo en un momento donde los incrementos del gasto público ya no pueden repetirse.
Si
queremos contribuir a reducir el escepticismo tendremos que proponer medidas que generen confianza, tenemos que ser capaces de conciliar lo uno y lo otro. He de decir, en nombre de mi grupo, que tenemos un buen punto de partida y que los
decretos-leyes que hoy se someten a la convalidación, y que mi grupo va a apoyar, incorporan un conjunto de medidas necesarias, producto de un diálogo constructivo, que pueden ayudar a acentuar, a acelerar, la actividad económica en áreas muy
importantes. Partimos de la idea de que tenemos un volumen importante de paro y solamente podremos resolver esta situación si elevamos el crecimiento, y el crecimiento va a depender de las expectativas de inversión. Por tanto, nos parece que
cuidar ahora el estado de ánimo de quienes pueden invertir tiene todo el sentido del mundo, y aprovechar las posibilidades que puedan presentarse para que haya inversión es algo más que una oportunidad, es una perentoria necesidad. Por lo tanto,
hoy, en esta sociedad se produce un momento propicio, que es razonable que aprovechemos, limpiando todas las telarañas que podamos y despejando todas las brumas que puedan establecerse. Este es el momento de introducir certidumbre y de no provocar
desconfianza, y en ese sentido nosotros adoptamos una decisión: cambiar la dinámica de los acontecimientos e ir a buscar acuerdos con quien quisiera sumarse a ellos en esta Cámara, y buscarlos en ámbitos donde hubiera muchas coincidencias, para
evitar que una nueva frustración se añadiera a las que la crisis había generado en el conjunto de la sociedad española.
He oído decir con reiteración que debería haber habido un pacto de Estado.
Nosotros tenemos que decir que si el pacto de Estado pasa por confirmar las obsesiones de aquellos que creen que hay que recortar los derechos de los trabajadores o
bajar sistemáticamente los impuestos o reducir las prestaciones, que con nosotros no cuenten, que ese pacto de Estado nosotros no lo vamos a formalizar. (Aplausos.) Somos conscientes de que tenemos un déficit. Pero el déficit es consecuencia de la
crisis, de un esfuerzo extraordinario de inversión y de una política social explícita que ha querido que el gasto social preserve la cohesión; y también de la caída de los impuestos. Aquí todos nos hemos hecho preguntas en la tarde de hoy.
Nosotros le diríamos a la Cámara: ¿Qué hubiera pasado si en la economía y en la sociedad española no hubiéramos recurrido a la posibilidad del déficit? ¿Qué efecto negativo hubiera tenido sobre el crecimiento y el empleo? ¿Hubiera sido posible
disponer de recursos para la protección al desempleo? No se lo pregunto al Grupo Popular; tengo la experiencia parlamentaria suficiente para saber que ahora hubieran hecho lo mismo que hicieron antes, que ahora hubieran hecho lo que hicieron en el
año 2000, que es recortar derechos a los trabajadores. (Aplausos.)
Tengo que decir que una vez más lamento el tono de la intervención del señor Montoro. Es verdad que ha renunciado a deleitar a la Cámara con una intervención tan esperpéntica como la que hizo el día de la reunión en el palacio de Zurbano.
Yo estoy seguro de que la Cámara le agradecerá el que no haya incurrido en esas manifestaciones. Pero tengo que decirle sinceramente que su intervención ha sido profundamente destructiva y que una vez más ha puesto de relieve que lo que pretende es
capitalizar la desgracia colectiva para tratar desde esa situación llegar al poder.
(Aplausos.) Mire, señor Montoro, el populismo les ha hecho perder una parte importante del sentido común. Hoy vemos que el señor Rajoy está en la cola del paro,
está con los tomates, está en un comedor social, está apoyando e impulsando la revuelta tributaria, pero no ha estado toda la tarde aquí para oír una intervención como esta. (Varios señores diputados: ¡Bravo, bravo!-Fuertes aplausos.) El
líder de la oposición ha tenido quizá que estar en otras ocupaciones.
Nosotros llevamos haciendo un esfuerzo destinado a luchar contra la crisis económica y contra sus efectos, a tratar de renovar el modelo de crecimiento y a defender las
conquistas sociales que los trabajadores españoles han logrado a lo largo de muchos años de lucha. Miren, ustedes siguen instalados en el revival de la política antigua. Sinceramente, creo que ni su intervención hoy ni los planteamientos que
suelen utilizar habitualmente contribuyen a generar confianza. Este decreto-ley va por otros derroteros y hemos hecho un esfuerzo para crear confianza y para incorporar consenso. Quiero manifestar nuestro agradecimiento sincero a quienes nos han
apoyado desde el primer momento, y permítanme que diga que me felicito con la señora Salgado por el trabajo realizado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA EMPRESA CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, MERCASEVILLA, S. A. Y DE SU FUNDACIÓN. (Número de expediente 162/000611.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Proposiciones no de ley, en concreto la del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la fiscalización de las cuentas de la empresa Centrales de
Abastecimiento de Sevilla, Mercasevilla, S.A. y de su Fundación.
Para defender la proposición no de ley en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el motivo de esta iniciativa es la necesidad de que la Intervención General del Estado fiscalice las cuentas de la empresa pública Mercasevilla. ¿Por qué es necesaria esta fiscalización? Desde hace año y medio esta empresa se
encuentra en un laberinto jurídico y económico motivado por las denuncias de un presunto cohecho cometido por el ex director general de la sociedad y en el que están implicados otros miembros de la empresa y varios responsables políticos del
Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía. Pero no es el asunto judicial el que nos trae aquí, es la situación económico-financiera de la empresa corroborada por diversas auditorías, de las que voy a relatar algunas de sus conclusiones a modo
de ejemplo ilustrativo, que reafirman la necesidad imperiosa de esta fiscalización por parte de la Intervención General del Estado.
En el resultado del informe sobre los procedimientos acordados encargados por la empresa Mercasevilla a la empresa Deloitte nos encontramos con perlas como la siguiente: No se dispone de un manual de procedimiento que describiera las tareas
a llevar a cabo por los distintos departamentos y puestos de trabajo, así como de los sistemas de control interno que debían seguirse en las distintas actividades. No existían normas internas de contratación, incumpliéndose los principios de
publicidad y concurrencia a que están sometidas las empresas del sector público. Los anteriores gestores tampoco habían dispuesto controles efectivos sobre los procesos de aprobación de los gastos y formalización de los pagos, sin que además
estuviesen nítidamente delimitadas y asignadas a personal distinto de sus funciones que desarrollaban en estos procesos. Sobre la sujeción que tiene una empresa pública a la Ley de Contratos del Sector Público dice también esta auditoría: A fecha
actual, el régimen aplicable a las contrataciones a realizar por las distintas entidades pertenecientes al sector público es el contemplado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 30 de abril de
2008 y vino a derogar la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobada en un real decreto en el año 2000. Por tanto, Mercasevilla es una empresa que está sujeta a esta Ley de Contratos del Sector Público. Dice la auditoría a
este respecto: En el transcurso de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto que en la gestión de la sociedad no existían prácticas adecuadas para garantizar dichos principios de publicidad y concurrencia, sin que en las pruebas de control de los
procedimientos aplicados en los procesos de autorización de gastos e inversiones exista constancia de solicitud de diversas ofertas o proceso formal de selección de ofertas, excepto en el departamento de informática. Es decir, todos los gastos que
se realizaban en esta empresa de capital cien por cien público del Ayuntamiento de Sevilla y de la sociedad estatal Mercasa no tenían concurso público, ni concurrencia, ni publicidad, ni ninguno de los requisitos que establece la Ley de Contratos
del Sector Público. Sigue diciendo la auditoría sobre la necesidad de encargar y seguir avanzando en un estado intermedio de cuentas: Muy al contrario, nosotros estimamos como indiscutible que del informe aportado resulta con claridad: primero,
que las manipulaciones contables han sido continuadas en el tiempo, con el objeto de disimular pérdidas durante varios ejercicios; segundo, que la naturaleza y magnitud cuantitativa de los errores indica que estos nos son accidentales, es decir,
que no se trata de meros errores contables, sino que se han realizado con un verdadero y deliberado objeto de disimular una pérdida cuantiosa, provocando un perjuicio a los receptores y usuarios de las cuentas anuales, internos y externos, a la
sociedad, que basa sus decisiones respecto de la misma precisamente en las cuentas aprobadas y auditadas; y, tercero, que el actual informe permite afirmar que durante varios años se han falseado deliberadamente las cuentas anuales de la entidad,
en perjuicio de la misma y terceros, todo ello con evidentes connotaciones y pertinente
traslado de efectos en relación con la causa en su día incoada y tendente a la investigación de eventuales delitos societarios y cuya probabilidad de indiciaria existencia se presenta en este momento en dicho informe como muy fortalecida.
Para finalizar el cúmulo de irregularidades de esta auditoría, que es intensa, nos encontramos con que la sociedad Mercasevilla cerró 2009 con pérdidas de 4,1 millones de euros. Yo me pregunto: ¿Qué han estado haciendo en esta sociedad los
consejeros de la empresa pública estatal Mercasa? ¿A qué se han dedicado consejo tras consejo durante más de cinco años los nueve consejeros representando a la Administración General del Estado, entre los que se encuentra, por ejemplo, el
secretario general de la Delegación del Gobierno en Andalucía? ¿Cuáles han sido sus funciones? ¿A qué han ido consejo tras consejo? A escuchar cómo los engañaban, y ahora no tienen la vergüenza de solicitar que la Intervención General del Estado
y el Tribunal de Cuentas fiscalicen las cuentas de la sociedad, porque es la única garantía que tenemos de saber qué es lo que ha pasado, cuál es el estado real y contable de la sociedad y cuál va a ser la viabilidad de la sociedad, si la tiene.
Tenemos la obligación de aprobar esta fiscalización, porque los representantes del Estado no han hecho bien su trabajo en el consejo de administración. Por tanto, desde aquí debemos corregir sus errores. Posiblemente esta iniciativa no estaría
aquí si el presidente de Mercasa hubiera comparecido como hemos pedido en la Comisión de Agricultura o en la de Economía. No entendemos el papel de una empresa pública participada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el
Ministerio de Economía y Hacienda. Por tanto, creo que es ineludible que este Pleno vote a favor de esta iniciativa para devolverle a Mercasevilla el prestigio que se merece. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tarno.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Señorías, desde nuestro Grupo Parlamentario hemos apostado de manera contundente siempre y en todo momento por la credibilidad de las cuentas públicas, por la transparencia en su gestión e información, por un
acercamiento de los ciudadanos a la gestión de los recursos y por una clara recuperación de la credibilidad política de las administraciones públicas. Hemos instado desde siempre, especialmente a través de la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas a la mejora de la gestión del sector público empresarial, fundacional y administrativo a través de una mayor homogeneidad en sus estados contables, transparencia en la gestión, celeridad en la información, lo que a su vez ha
de permitir una mejor integración de la cuenta general del Estado. En el caso que nos ocupa, y que entra en el marco de las empresas del sector público, se deben aplicar estos principios, los de transparencia, claridad, eficiencia y austeridad;
principios también aprobados en la última Comisión en el marco de las resoluciones referentes al informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado del año 2007.
Respecto al caso que nos ocupa y a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, queremos señalar dos aspectos, de fondo y de forma. En primer lugar, en relación con las conductas descritas en la exposición de motivos de la
proposición no de ley, es sin duda claro que si estas existen -y hay pruebas- estas deben ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes, la fiscalía, para su intervención. En segundo lugar, y más importante, en la configuración de la
estructura del Estado existen unas funciones de control y fiscalización asignadas al Tribunal de Cuentas; estas funcionan, por tanto hemos de utilizarlas. Es por ello que, frente a las cuestiones a las que se refiere la proposición no de ley
presentada, entendemos que ha de ser el tribunal el que acelere su función de control en el caso específico. Por ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda en este sentido, al entender que debe ser el Tribunal de Cuentas quien, en
sus funciones de fiscalización externa, debe elaborar un informe sobre la empresa Mercasevilla S.A., al entender que la función de la Intervención General del Estado se ha cumplido, ya que hablamos del ejercicio 2004. Es por ello, que en la primera
parte de nuestra enmienda instamos al Gobierno a que, a través de la Intervención General del Estado, facilite la información necesaria al Tribunal de Cuentas para que este elabore un informe de fiscalización específico de las cuentas de
Mercasevilla S.A. y de su fundación correspondiente a los ejercicios a partir del año 2004.
Asimismo, en la segunda parte de la enmienda manifestamos al Tribunal de Cuentas la necesidad de agilizar los trabajos de fiscalización de las relaciones de Mercasa con las empresas integrantes de su grupo correspondientes a los ejercicios a
partir de 2003. Por último, en este marco entendemos importante señalar que esta enmienda va en la línea de las resoluciones aprobadas en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas respecto a la cuenta general del Estado de
2007 y que estas serán sometidas al Pleno de esta Cámara. Entre ellas están las de reiterar al Gobierno la necesidad de que se mantenga la exigencia a todas las entidades y organismos cuyas cuentas han de integrar la cuenta general para que cumplan
con las obligaciones establecidas en tiempo y forma en la rendición de sus cuentas; reiterar al Gobierno que exija a las empresas públicas estatales el cumplimiento de las resoluciones en aras de la transparencia y el mejor control parlamentario de
sus cuentas; reiterar al Gobierno y obligar al sector público empresarial, entre otras cosas, a proporcionar la información sobre la planificación de la actividad económico-financiera, la ejecución y liquidación de los presupuestos. También están
las resoluciones en las que se reitera a la Intervención General del Estado que se cumpla con la obligación de rendir
cuentas anuales individuales de las distintas entidades públicas estatales del sector público empresarial y del fundacional, y que se haga en los plazos establecidos, así como a realizar un seguimiento de las empresas públicas que presentan
informes con opiniones favorables con salvedades, desfavorables y cuando se deniega opinión. Está también instar al Tribunal de Cuentas a que siga en sus funciones de control con los criterios de cumplimiento y respeto de los plazos, transparencia
y mejora de la información y del seguimiento de las cuentas respecto a ejercicios anteriores. Entendemos que la función del Tribunal de Cuentas es esencial y clave en el ejercicio del control de las cuentas públicas. A él hemos de remitirnos en el
caso que nos ocupa. En este sentido esperamos que nuestra enmienda sea aceptada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo desde el escaño y con brevedad para anunciar en nombre de nuestro grupo el voto contrario a esta proposición no de ley del Grupo Popular, en primer lugar porque consta que es la Junta de Andalucía en primera instancia
quien ha denunciado estos hechos; en segundo lugar, porque es la propia Mercasevilla quien al tener conocimiento de los mismos procedió al cese efectivo del equipo directivo implicado y quien encargó una auditoría a Price Waterhouse; en tercer
lugar, porque ante la aparición de posibles hechos irregulares se encargó una nueva auditoría de estados financieros para conocer la verdadera situación patrimonial de esta sociedad; en cuarto lugar, porque estas mismas irregularidades fueron
cometidas por los gestores de espaldas al órgano rector, al consejo de administración de Mercasevilla, y las cuentas anuales no recogían la realidad de la sociedad, y que fueron auditadas convenientemente por Price Waterhouse sin ningún tipo de
salvedad; y finalmente, porque desde Mercasevilla consta que se ha colaborado desde el primer momento con el juzgado de instrucción que está siguiendo este caso, concretamente el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, incluso entregando y
librando la documentación no solo la que ha sido requerida sino otra que es relevante o de interés para la averiguación de los hechos. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que la función fiscalizadora en este caso, tratándose de un ente
de carácter local, puede corresponder perfectamente a la Cámara de Cuentas de Andalucía, nos parece innecesaria la intervención, como se pide por el Grupo Parlamentario Popular, de la Intervención General de la Administración del Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente desde el escaño quiero argumentar en los términos que lo ha hecho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Ridao. Efectivamente, aparte de la auditoría habitual que Price Waterhouse hace sobre
Mercasevilla y su fundación, esta sociedad ha pedido otra fiscalización para aclarar la situación. Sinceramente, no nos parece necesario en este caso añadir otra fiscalización adicional a la que ya se ha realizado. Lo que nos parece más raro es
que esta fiscalización, a petición del Grupo Popular, la tenga que realizar la Intervención General del Estado, que en ningún caso entra en el ámbito de competencias de Mercasevilla. Por lo demás, debo decir que nuestro grupo respeta el proceso en
el que está metido el asunto de Mercasevilla. Es un tema, como comprenderán, bastante ajeno al País Vasco; Sevilla está prácticamente a mil kilómetros de Euskadi. Respetamos la iniciativa pero queremos mantenernos al margen, por tanto nuestro
grupo va a abstenerse en la votación de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señora presidenta, señorías, les confieso que he tenido algunas dudas a la hora de ver cómo afrontaba la discusión de esta proposición no de ley. En principio la indignación me llevó a pensar que lo único digno era
negarme a entrar en el fondo del asunto porque, señorías, hace falta tener cuajo para que, con lo que les está cayendo encima, hoy tengamos que discutir esta proposición no de ley. (Aplausos.) Sin embargo, voy a entrar en la cuestión por respeto a
SS.SS., por respeto a esta Cámara y por respeto a la ciudadanía.
Entrando en el fondo de la cuestión les comentaré varias cosas y varios hechos incontrovertibles. El primero es que la justicia conoce del caso Mercasevilla porque fue denunciado a la fiscalía y a los tribunales por el Gobierno de la Junta
de Andalucía presidido por Manuel Chaves. El segundo hecho irrefutable es que la empresa despidió de forma inmediata y tajante a los presuntos responsables de los hechos nada más conocerse la imputación. El tercer hecho es que Mercasevilla y
Mercasa inmediatamente tomaron medidas y auditaron las cuentas. Y el cuarto hecho -quizás el que más les duela- es que el partido al que pertenecían esos responsables en veinticuatro horas, y tras conocerse los hechos, les expulsó inmediatamente y
no les dio de baja temporalmente. Por
eso hoy estamos debatiendo esta proposición no de ley que es un corta y pega de otra que les rechazo la Mesa de la Cámara y referida solo y exclusivamente al Tribunal de Cuentas. Ustedes saben que la IGAE no puede intervenir en este caso
porque esta sociedad es de capital mayoritario de la Administración local o de un gobierno local. Saben que no hay precedentes y saben que no tiene sentido lo que piden pero les da igual.
La reflexión y la pregunta es por qué, no teniendo sentido todo esto, traen aquí esta mascarada. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de la estrategia del Partido Popular. El PP quiere convencer a los ciudadanos de que todos
somos iguales, pero después de lo que hemos visto, de lo que hemos leído, de lo que hemos oído ya nadie puede convencer de eso a los ciudadanos. La estrategia del escándalo, la estrategia del ventilador no cuela; no les van a salir esta vez esas
cuentas. Esta ronda, señores del Partido Popular, no les va a salir gratis por más que recurran al pasado, a la comparación o al difama que algo queda. (Un señor diputado: Abogado.) No les va a salir la estrategia por lo siguiente. Frente a la
corrupción solo hay dos actitudes en política: la decencia y la indecencia. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que no es decente. (Una señora diputada: Y el alcalde de...-Rumores.) No es decente que cuando un juez instruye un caso de
corrupción que afecta a un partido político, a sus dirigentes y a sus representantes se hable de montaje y de persecución o de conspiración. No es decente acusar sin pruebas al Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de escuchas
ilegales y luego no ir inmediatamente al juzgado. No es decente traer a la Cámara una modificación de la normativa que regula las escuchas telefónicas con la única intención de anular las investigaciones sobre la corrupción. No es decente decir
que las pruebas de un sumario están fabricadas y preconstituidas por una camarilla de policías al servicio del Ministerio del Interior. No es decente tratar de difamar la trayectoria, el buen nombre y el honor del presidente de las Cortes Generales
con la única intención de tapar las vergüenzas propias.
No es decente formular decenas de preguntas, varias interpelaciones y multitud de alusiones difamatorias al vicepresidente tercero del Gobierno en esta Cámara sobre el caso Matsa y cuando se
archiva no pronunciar ni una sola palabra de disculpa. (Aplausos.) No es decente montar una gestapillo para espiar a los propios y sancionar al que lo denuncia. No es decente hacer homenajes toreros a los presuntos corruptos y desear buena suerte
a los que les imponen fianzas millonarias. No es decente que una empresa cobre a precio de saldo los actos que organiza para un partido y que las administraciones gobernadas por ese partido paguen con dinero público, eso sí, a precio de oro, los
actos institucionales que organiza esa misma empresa. No es decente nombrar en su día a un dirigente del propio partido político para un puesto de responsabilidad, felicitarle hace quince días por su magnífico trabajo y que dos semanas después
tenga que dimitir, eso sí, por propia voluntad, ante lo bochornoso de las pruebas.
Señorías, reflexionen, es imposible liderar un proyecto político y una alternativa de gobierno cuando se es incapaz de tomar ni una sola medida en la propia organización contra la corrupción (Aplausos.-Rumores) y cuando se espera que sean
los presuntos corruptos los que decidan sobre su continuidad en las instituciones. Ustedes hoy querían hablar de Mercasevilla y hemos debatido sobre Mercasevilla, pero sobre todo hemos debatido sobre las actitudes decentes o indecentes frente a la
corrupción (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Los ciudadanos, señorías, no esperan que ustedes presenten iniciativas como esta, lo que esperan es que actúen, que tomen alguna decisión, que den explicaciones, que
asuman de una vez y para siempre sus responsabilidades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Hernando.
Señor Tarno, debe usted decir si acepta o rechaza la enmienda que le ha presentado el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor TARNO BLANCO: La acepto, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tarno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. PERESTELO), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS AGRICULTORES PLATANEROS CANARIOS. (Número de expediente 173/000131.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar abordamos la del Grupo Mixto sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno en relación con la situación actual de los agricultores plataneros canarios. Para defenderla tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Real Decreto 170/2009 sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con destino u origen en Canarias contempla lo siguiente: Asimismo,
se faculta a los ministerios de Fomento y de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para dictar las disposiciones que permitan
incorporar al plátano al régimen de compensaciones regulado por el presente real decreto, así como establecer la cuantía máxima de dichas compensaciones, teniendo en cuenta en todo caso las disponibilidades presupuestarias para estas,
siempre y cuando y previamente se hubiera producido una reducción significativa de los aranceles que protegen actualmente al plátano canario y siempre que la situación de sus precios en los mercados tradicionales lo aconseje.
La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea aprobaba recientemente un informe en relación con las regiones ultraperiféricas.
En él se aprobaba por unanimidad de todas las fuerzas políticas de esta Cámara el punto 3.7, sectores
tradicionales: La Comisión Mixta insta al Gobierno a mantener el arancel de protección y, en su caso, medidas compensatorias que garanticen la viabilidad, como es la inclusión del plátano en el decreto que regula la ayuda al transporte. El 24 de
febrero de 2010 también la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de esta Cámara aprobaba por unanimidad de todas las fuerzas políticas incorporar al plátano a las ayudas contenidas en el real decreto al que hacemos referencia.
Recientemente no solo teníamos que aplicar y que explicar en esta Cámara lo que eran los acuerdos de Ginebra dentro de la Organización Mundial de Comercio para bajar aranceles; teníamos que explicar también los recientes acuerdos con países
latinoamericanos, concretamente reuniones con Colombia y Perú, que todo indica que van a culminar con un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y países latinoamericanos del Caribe, que se podría firmar en Madrid el mes de mayo de este año
y que rebajaría aún más los aranceles de entrada de los bananos no comunitarios.
La pasada semana se sustanció una interpelación de Coalición Canaria, en la que la ministra participó, a iniciativa de este portavoz en nombre de Coalición Canaria. ¿Qué nos dijo la ministra en su comparencia? Leo textualmente: Mediante
el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio para resolver los paneles de Ecuador y de Estados Unidos, el arancel de 176 euros/tonelada se reducirá a 114 euros/tonelada en el año 2017, habiendo comenzado con 148 euros/tonelada desde el 15 de
diciembre de 2009. Son palabras textuales de la señora ministra en esta Cámara la semana pasada. Luego, primer condicionante que establece el real decreto: bajada de aranceles que la ministra reconoce en esta propia Cámara.
También dice la
ministra, abro comillas: Señorías, también les señalaba que los precios percibidos por los productores de plátano en la campaña de invierno han sido inferiores respecto a lo habitual en campañas anteriores. Condicionante segundo que establece el
real decreto para el establecimiento de la incorporación del plátano a las subvenciones al transporte de mercancías desde Canarias a la Península de productos que están en el anexo I del Tratado de la Unión Europea. Por tanto tiene sentido que
Coalición Canaria presente hoy esta iniciativa. Tiene sentido en un momento complicado para el sector productor platanero. Hoy mismo se celebraba una cumbre platanera a iniciativa del Cabildo de La Palma, de su presidenta González Taño, en la que
somos conscientes y el sector es consciente de que hay que hacer un esfuerzo notable interno, un esfuerzo de compromiso interno por parte del sector. Estén seguras SS.SS. que lo vamos a acometer, pero indudablemente necesitamos del apoyo del
Estado.
Ya cuando se cambió el régimen de ayudas y el plátano pasó de estar en una OCM al Posei, la propia Unión Europea reconoce que en ese nuevo régimen de comercialización se autorizan las ayudas de Estado, cuando hasta entonces no estaban
autorizadas. Por eso insistimos mucho, señorías, en la incorporación del plátano al decreto del transporte.
Quiero en nombre de Coalición Canaria agradecer la sensibilidad de los diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara. Como dije antes, han apoyado primero la proposición no de ley en la Comisión en febrero de este año, después ese
dictamen unánime en relación con el estatus de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, y hoy mismo los grupos parlamentarios, desde el Grupo Mixto, al Grupo Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el Partido
Nacionalista Vasco, Convergència i Unió y Grupo Popular, han aceptado firmar una transaccional que no es ni más ni menos que llevar a parte dispositiva todo lo que les he dicho en este momento y, sobre todo, todo lo que reconoció la propia ministra
en su comparecencia. De verdad no entendemos cómo después de esa comparecencia, después de este reconocimiento por la ministra quedan reticencias en el grupo mayoritario de esta Cámara a la hora de firmar esta transaccional. Seguimos confiando en
que el grupo mayoritario va a votar a favor de esta transaccional que voy a entregar a la presidenta de la Cámara. En este caso nosotros en Coalición Canaria esperamos por lo menos ese consenso que se ha generado en torno a la situación actual del
plátano de Canarias. Agradecemos esa sensibilidad que han tenido las diferentes fuerzas políticas firmando la transaccional. Lo agradecemos en nombre del sector platanero de Canarias, en nombre de los agricultores de Canarias y sobre todo, como no
puede ser de otra manera, como grupo proponente de esta iniciativa.
Entrego la transaccional a la presidenta con el deseo de que pueda ser votada favorablemente con posterioridad.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
A esta moción se han presentado enmiendas por dos grupos. En primer lugar, para defender las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el inicio de mi intervención quiero anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a la moción que debatimos según la redacción expresada por el señor
Perestelo, y que incorpora íntegramente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La agricultura en el campo canario no es solamente un sector económico del que viven decenas de miles de familias; la agricultura del plátano se ha convertido en el más potente instrumento para fijar la población y el territorio, para fijar
y proteger el paisaje. La preservación del territorio y de nuestro paisaje es esencial también para el futuro de nuestro sector económico más importante que es el turismo. Sin duda, podemos afirmar que si de la agricultura dependen directa o
indirectamente decenas de miles de familias canarias y una parte de nuestro PIB, de su preservación depende el futuro de toda la economía canaria. Para nosotros la agricultura es un auténtico sector estratégico.
Señorías, es evidente que en el mundo globalizado que vivimos la agricultura española y europea se encuentran hoy en desventaja respecto a los países en vías de desarrollo con unos costes de mano de obra mucho más baratos, pero es mucho más
evidente que de todas las regiones españolas y europeas las que presentan más desventaja son aquellas en las que coinciden la lejanía, la fragmentación del territorio y la dificultad de su orografía. Esta tremenda desventaja ha sido reconocida
siempre por las instituciones del Estado y por las instituciones de la Unión Europea, que han dado a la agricultura canaria y al plátano una protección especial, una OCM especial que establece contingentes a la importación de terceros países primero
y la fijación de un arancel de 176 euros por tonelada después y que ha estado protegiendo al plátano canario en las últimas décadas. Sin embargo, la presión de la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos con Colombia y Perú, extensibles a
otros países, han supuesto la reducción del arancel que protegía al plátano canario de 176 euros/tonelada a los 148 actuales, a 114 en 2017 y a 75 en 2020.
Señorías, estos acuerdos son absolutamente letales para el sector del plátano y para la agricultura de Canarias. Conscientes de ello, todos los grupos políticos de la Cámara han apoyado la adopción de medidas compensatorias a la pérdida de
esta protección y, por este motivo, se modificó el Real Decreto 179/2009, de ayudas al transporte. Este consenso de todos los grupos políticos se ha mantenido invariable hasta la semana pasada. Se mantuvo en la proposición no de ley de la Comisión
del 24 de febrero, en el informe de las regiones ultraperiféricas de 23 de marzo que aprobó la Comisión mixta y, señorías, la enmienda que hemos presentado desde el Partido Popular y que ha sido incorporada al texto transcribe literalmente lo
aprobado por la Comisión mixta: Defender, en el marco de la Presidencia española, el mantenimiento del régimen arancelario y que se incorpore inmediatamente el plátano en el régimen de ayudas al transporte. Sin embargo, este consenso de todos los
grupos políticos se rompió la semana pasada. Dirigentes socialistas, diputados canarios y la propia ministra, los mismos que apoyaron la incorporación del plátano al decreto del transporte, los mismos que apoyaron la proposición no de ley de 24 de
febrero, los mismos que suscribieron el informe de la Comisión Mixta para la Unión Europea, son los que ahora, desde la semana pasada, mantienen que no procede la adopción de medidas especiales en el sector y que hay que seguir retrasando cualquier
medida.
Son, en definitiva, los mismos que, en el ejemplo más claro de cómo se está gobernando este país, ahora nos piden en su enmienda dejar morir al plátano para luego intentar resucitarlo. La enmienda del Grupo Socialista es el mejor ejemplo
de esta forma de pensar: incorporar al plátano al decreto del transporte, una vez confirmada durante un tiempo razonable, que pueden ser varios años, la disminución de las rentas; lo dicho, dejar morir al plátano para luego intentar resucitarlo.
Señor Perestelo, agradezco su coherencia con lo que hemos defendido juntos hace menos de un mes en la Comisión mixta al aceptar nuestra enmienda en su totalidad, y al Grupo Socialista, invocando esa misma coherencia, le pido que retiren la
suya.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Matos.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Matos, en primer lugar me gustaría decir que ustedes también son los mismos que se declaran insumisos frente a la recaudación del IVA.
(Protestas.) Sí, claro que sí, hay que hacer un poquito de memoria. Y son los mismos que se han
opuesto también a determinadas actuaciones del Gobierno en materia económica. Si el Gobierno no recauda, difícilmente podrá ayudar a los sectores que están pasándolo mal. O sea que si queremos hablar de coherencia y responsabilidad política,
aplíquensela ustedes. (Rumores.)
Señorías, como todos ustedes saben, traemos hoy a debate de nuevo al sector platanero, el cual, para todos -para todos- los grupos políticos canarios presentes en esta Cámara es una prioridad absoluta no solo por la importancia económica,
social y medioambiental que nuestro territorio presenta, sino por tratarse de un sector que en nuestra comunidad autónoma alberga 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de que la producción canaria representa el 60 por ciento de la
Unión Europea. Este es el motivo fundamental por el que este Gobierno ha estado trabajando para mantener una regulación adecuada en defensa de las rentas que perciban los agricultores y que den lugar al mantenimiento de las plantaciones desde que
se instauró la OCM del plátano como consecuencia de la aplicación del mercado único.
Si hacemos un breve balance en la historia del sector platanero, debemos decir que su evolución ha sido satisfactoria desde la puesta en marcha de la OCM, en primer lugar, con el régimen contingentario y posteriormente con la aplicación del
régimen de tariff only desde enero
de 2006, lo cual ha permitido a los agricultores unos niveles de ingresos mínimos de 640,30 euros/tonelada en años de contingente, llegando a percibir ingresos superiores a mil euros/tonelada con la inclusión de las ayudas comunitarias al
sector en el marco del Posei. Por cierto, el cambio del régimen contingentario, el régimen de tariff only y la ficha económica fueron siempre gestionados por gobiernos socialistas. Por tanto, siempre estuvieron allí los gobiernos socialistas para
gestionar las ayudas al plátano.
Llegamos al día de hoy, donde el sector platanero se ha visto condicionado por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio para resolver los páneles de Ecuador y Estados Unidos, los acuerdos bilaterales con Colombia y Perú y, por
último, los bajos precios percibidos en origen durante la campaña de invierno. Mediante el acuerdo en la OCM para resolver los páneles de Ecuador y Estados Unidos se decidió reducir el arancel de 176 euros/tonelada a 117 euros hasta el año 2017,
comenzando por 148 euros/tonelada desde el 15 de diciembre de 2009. Hay que decir que hasta este momento no se ha aplicado el arancel. Es verdad que cuando se ponga en marcha tendrá efectos retroactivos, pero lo cierto es que, a día de hoy, el
arancel no se está aplicando. Por tanto, respecto a los acuerdos bilaterales con Colombia y Perú, extensible a otros países del área de la Comunidad Andina y de Centroamérica, supone disminuir en mayor o menor medida el arancel hasta llegar a 75
euros/tonelada en 2020. Ha tocado en época de la Presidencia española en la Unión Europea, pero esto no quiere decir que sea una política española. Como todos ustedes saben, es política europea, no política española. Nos ha tocado a nosotros
presidir y, por supuesto, tendremos que aguantar lo que nos toca, pero lo cierto es que es Presidencia europea y, por tanto, son políticas europeas, no vayamos a desvincular unas políticas de otras. Dichos acuerdos estarían motivados exclusivamente
por políticas bilaterales de la Unión Europea, la cual pretende abrir nuevas zonas de negocio agrícolas, pesqueras, industriales y de servicio, así como promover e incentivar el respeto a los derechos de los trabajadores y al medio ambiente en los
países con menos niveles de desarrollo, que son con los que se hacen los acuerdos. Hay que decir que España está defendiendo a los sectores empresariales sensibles como es el plátano de Canarias, de manera que, en vez de crear una zona de libre
comercio, que podía haber sido creada, se han aplicado unos aranceles a la importación de bananas de esos países y se establece además una cláusula que dice que si la importación se eleva considerablemente se suspenderán dichas preferencias. Ahora
vamos a hablar de los precios que han recibido los productores del plátano en la campaña de invierno, los cuales han sido bastante inferiores a lo habitual en dichas campañas y todavía no se sabe por qué. Se puede observar además que se está
evolucionando al alza, aunque todavía son bajos para nuestra época, pero es preciso hacer un análisis minucioso de estos precios para sacar conclusiones definitivas.
Señorías, el Grupo Socialista siempre ha defendido a este sector. De hecho, como todos sabrán, ha sido este Gobierno, y no otro, el que ha incluido en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, la compensación, el transporte marítimo y
aéreo de mercancías según la disposición final, quedando incluido dicho producto siempre y cuando se considerara que las rentas del sector de los agricultores se redujeran considerablemente. A día de hoy el arancel aún no se ha puesto en marcha y
la disminución de los precios percibidos por los agricultores en origen no se sabe a qué obedece.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Coello, por favor, tiene que acabar.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Acabo enseguida, señora presidenta.
Dado que los precios de los mayoristas se han mantenido a niveles más que aceptables, podemos deducir que no hay un exceso de oferta en el mercado, lo cual pone de manifiesto que las causas están todavía por determinarse.
Por ello
presentamos una enmienda transaccional en la que pedíamos que se tuviera en cuenta el estudio de las causas de por qué se han bajado los precios en origen y del mercado al completo y una vez determináramos si esas causas iban a continuar
interviniendo en la disminución de los precios poder incluirlo en el real decreto de mercancías. Por esa razón hemos presentado la enmienda transaccional y no podemos apoyar toda la moción, tal como usted la presenta, señor Perestelo, como hubiera
sido nuestro gusto, porque todavía está por determinarse...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Coello, debe terminar.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: ...si ha disminuido el poder adquisitivo de los plataneros.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Coello.
En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño solo para mostrar nuestro apoyo a la moción de Coalición Canaria, como no podía ser de otra manera, además, en concordancia con la transaccional que hemos firmado todos los grupos, excepto el Grupo Socialista, que
verdaderamente lamentamos que no se haya unido a este consenso. Por lo tanto, si no hubiera transacción votaríamos a favor de la propuesta original.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Efectivamente, pasaremos a votación la transaccional que el señor Perestelo ha entregado a la Mesa, salvo que algún grupo parlamentario se opusiera a su tramitación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RESTITUCIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES, ASÍ COMO PARA EL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.
(Número de expediente 173/000132.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la restitución del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los
inmigrantes, así como para el refuerzo educativo de los mismos. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, se nos ocurren muchos retos, muchos problemas para encarar relativos al fenómeno de la inmigración en el Estado español durante los próximos meses, que requerirán madurez, sentido común y confianza entre los
grupos parlamentarios para afrontarlos, desde la articulación de las políticas que deben hacerse por la Administración General del Estado pero también junto con las comunidades autónomas; medidas para evitar la irregularidad sobrevenida; medidas
para liberar el permiso de trabajo temporal para aquellas personas sobre las que pesa una orden de expulsión no ejecutada o no ejecutable; la concesión de permisos de trabajo a esas persona -lo que exigirá un debate profundo que generará
disfunciones entre nosotros-; los temas relativos a los centros de internamiento; lo relacionado con la transferencia y transparencia de los datos entre las administraciones; la revisión de cuáles son las ayudas directas de la Administración a
los ayuntamientos, es decir un sinfín de ítems que requerirán madurez y capacidad de diálogo entre los grupos parlamentarios. De ahí que con todos los deberes que tenemos no tenga ningún sentido que nos peleemos por algo que desde el año 2004 reúne
todos los consensos políticos en esta Cámara y por lo que todos hemos trabajado, desde el señor Campuzano, de Convergència i Unió, a la señora Esteve y hasta la propia presidenta señora Cunillera, que también fue una de las ideólogas junto con
Esquerra Republicana de este Fondo de inmigración del año 2004. Es decir, qué sentido tiene que no encontremos puntos de acuerdo para así no devaluar este fondo que se ha demostrado tan rentable socialmente, máxime en un contexto de posible
utilización del fenómeno inmigratorio como discurso político/electoral. Cómo vamos a presentarnos ante la sociedad devaluando aquello que nos ha unido, cuando -repito- en la agenda de los próximos meses hay temas difíciles que hay que abordar, como
el mismo reglamento que debe desarrollar la Ley de Extranjería.
Para nosotros ha sido fundamental entender lo que el Gobierno tenía que corregir. Fíjense, con 120 millones en el año 2005, hemos alcanzado los 200 millones en el año 2009 y nosotros seguimos considerando que el Gobierno hubiera tenido que
hacer el esfuerzo de mantener las partida de los 200 millones consignados en el presupuesto del año 2009. A nosotros nos interpelan diciendo: ¿a qué viene tanto afán? Pues tanto afán viene por defender el Fondo de inmigración, porque ya les
anuncié que de estos dineros, de estos recursos depende una gran cantidad de proyectos. Tengan en cuenta que, a pesar de la crisis, el saldo inmigratorio continúa siendo positivo, porque hay inmigrantes que retornan, pero hay otros que llegan.
Sigue siendo positivo, señoría, y puedo mostrarle los datos de la Delegación del Gobierno de Cataluña, que manifiestan que en Cataluña sigue siendo positivo el saldo inmigratorio en el año 2010. En el año 2009 había 1.189.279 ciudadanos extranjeros
empadronados en Cataluña y ahora, en 2010, hay 1.234.000. Esto nos lleva también a otra consideración. No solamente se trata, máxime en un contexto de crisis económica, de hacer las primeras políticas de acogida, sino las políticas de acogida de
segunda generación, es decir, aquellas que son ya de integración. Sin los 200 millones, en Cataluña, que es lo que conozco de primera mano, pueden cerrar 150 aulas de acogida, 95 planes educativos, 13.000 becas escolares, 160 puestos de trabajo de
contrataciones de los municipios para mediadores, 58 proyectos de orientación laboral y un listado larguísimo de buenas ejecuciones por parte de la Generalitat de Cataluña y de los ayuntamientos catalanes, repito, todo esto extensible al resto de
comunidades autónomas y de municipios del Estado español.
Aun partiendo de esta reivindicación de los 200 millones y entendiendo que el ministro, si me permiten la expresión, pedía ayuda -no digo que lanzara un SOS, pero casi, casi, porque el ministro es la primera persona que sabe de la bonanza de
estos recursos-, reconozco que para lograr el acuerdo al que hemos llegado, y que ustedes rectifican sobre aquello que anunciaron en la conferencia sectorial, que pasarían de los 100 millones presupuestados para 2010 a 70 millones, ahora han hecho
un esfuerzo, que se lo reconozco a la señora diputada Esperança Esteve, también al ministro por la parte que le toca, a nosotros mismos, a otros compañeros y a otros grupos parlamentarios. No digo que nos conformemos, pero tampoco niego que estemos
satisfechos, porque al menos ustedes han puesto afán en ello y han entendido que como mínimo se tenía que cumplir lo presupuestado para el año 2010, es decir, 100 millones. Aun así, seamos conscientes de que la partida era de 200 y que hubo un
acuerdo entre nosotros a fin y efecto de que esta partida se pudiera trasladar al año 2010.
Es posible que más adelante podamos encontrar otras fórmulas. No renunciamos a plantear otros debates paralelos, por ejemplo, y solamente lo apunto, si me lo permite la señora presidenta, que entiendo que también hay partidas que van
directamente del Gobierno central a los municipios que quizá también podríamos rentabilizar un poco más, si la Administración central, el Gobierno, también se adecua a racionalizar estas aportaciones conjuntamente con las comunidades autónomas.
Para terminar, como hay menos dinero, seamos más eficaces y más colaboradoras las instituciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
A esta moción se han presentado diversas enmiendas. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que comience mi intervención con las palabras textuales que hace apenas unos días pronunciaba el ministro de Trabajo e Inmigración en la IV Conferencia ministerial europea sobre inmigración, celebrada en Zaragoza. Decía
que en un contexto como el actual de crisis no podemos limitar nuestras acciones de integración; por el contrario, es más necesario que nunca que se desarrollen políticas de este tipo a medio y largo plazo. ¡Qué curiosa paradoja!, mientras que el
ministro hace estas declaraciones, otros grupos parlamentarios estamos aquí trabajando para evitar que el Gobierno recorte en un 85 por ciento la dotación económica al Fondo de Integración de Inmigrantes. Explíquennos, señores socialistas y señores
de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿cómo alcanzaremos los acuerdos marcados en esta cumbre en la que se habla de la importancia de seguir invirtiendo en integración y no recortar los fondos en épocas de crisis si es la misma Presidencia de este
encuentro, España, la que ya lo está incumpliendo? Dígannos, señores socialistas, señor Tardà, de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿cómo vamos invertir en los barrios con alta concentración de inmigrantes, cómo vamos a formar a los profesores de
los niños extranjeros, qué hacemos con las becas de comedor, con las ayudas de emergencia, con las plazas de acogida, con los mediadores, con los intérpretes y con tantos y tantos programas que se están desarrollando? En definitiva, ¿cómo pretende
el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña, que en este caso es su cómplice, que se refuercen las iniciativas locales y de participación ciudadana si la principal medida que han pactado en esta materia es reducir el Fondo de Integración de
Inmigrantes? Además, para todas estas materias hace falta dinero, por lo menos el mismo que el año pasado, porque el Fondo de Integración de Inmigrantes tuvo su máxima dotación en el año 2008, con 200 millones de euros.
Curiosamente, y a pesar de que la llegada de personas inmigrantes a nuestro país ha seguido incrementándose, el Gobierno ha hecho sucesivos intentos para ir disminuyendo esta cantidad. El primero de ellos fue en el año 2009, tras la
aprobación del acuerdo de ajuste presupuestario de 1.500 millones de euros, en que decidió reducir en 59 millones de euros la aportación a este fondo. ¿Se acuerdan? Días después, por el Grupo Popular se presentó una PNL para restituir esa
cantidad, y en abril del mismo año, el Consejo de Ministros no tuvo más remedio que aprobar su restitución. Ante la sorpresa de muchos y enfrentándose de lleno al sentido común, en los Presupuestos Generales del Estado de este año 2010, este fondo
se dota con 100 millones de euros menos que el año anterior.
La reacción de los grupos parlamentarios aquí, en el Congreso, a pesar de estar ya aprobados los presupuestos, fue la de aprobar por unanimidad una PNL destinada a incrementar esos
recursos del Fondo de acogida a la inmigración hasta alcanzar las mismas dotaciones que en el año 2009. Pues bien, a pesar de todo esto, y desoyendo un mandato de esta Cámara, en este año 2010 no solo se elude la restitución de esta cantidad sino
que además en la Conferencia Sectorial de Inmigración anuncian una rebaja de 30 millones de euros de los 100 previstos en los presupuestos; y lo hacen, además, sin ningún tipo de diálogo ni con las comunidades autónomas ni mucho menos con los
ayuntamientos.
Señorías, este Gobierno menosprecia e ignora el trabajo de todos los diputados; aun así, y porque apostamos de verdad por las políticas de integración de las personas inmigrantes que llegan a nuestro país, el Grupo Popular va a seguir
insistiendo. De ahí nuestra enmienda instando al Gobierno a que, en coherencia con lo establecido por la Declaración de Zaragoza, se siga apoyando financieramente este fondo. Es muy importante el esfuerzo que se está haciendo desde los
ayuntamientos y las comunidades autónomas, porque son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que de verdad están trabajando en este campo, como en mi tierra, la Comunidad Valenciana y en Valencia, donde se garantiza una integración que
beneficie a todos los ciudadanos, donde nuestros pueblos y ciudades son ejemplo de convivencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Me gustaría saber qué argumentos van a dar el ministerio y Esquerra Republicana de Cataluña a todos los
alcaldes de los municipios para explicarles cómo se van a continuar implicando en esta materia. La insolidaridad con todos ellos, con todos los alcaldes, con todos los ayuntamientos, resulta todavía más grave cuando es precisamente el ministro de
Trabajo e Inmigración el que ha sido alcalde de un municipio y también presidente de una diputación y por tanto se entiende que es buen conocedor de todas estas necesidades. Por eso les recordamos desde aquí, al Gobierno socialista y también a los
representantes de Esquerra Republicana, la importancia que tiene la población inmigrante en nuestra sociedad para el crecimiento económico de nuestro país. Ahora además este colectivo está sufriendo por desgracia con más intensidad los efectos de
esta crisis.
El señor PRESIDENTE: Señora Torrado, debe de acabar.
La señora TORRADO DE CASTRO: Y ustedes deciden recortar estas ayudas. Es un claro ejemplo de política antisocial y de recorte de medidas sociales.
Creo que su partido, el Partido Socialista, debería reflexionar sobre lo que son sus
propias siglas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torrado.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente esta cuestión ha sido ampliamente discutida en los últimos años. El Gobierno en diversas ocasiones ha pretendido recortar el Fondo de acogida. Durante 2009 la mayoría parlamentaria existente en la Cámara impidió al Gobierno
esa pretensión, pero la moción que Esquerra Republicana ha pactado con el Grupo Parlamentario Socialista consolida que en este año 2010 efectivamente el recorte se va a producir. Ocurrió en presupuestos para este año. La mayoría del Grupo
Parlamentario Socialista, con otros grupos, rechazó las enmiendas que pretendían mantener los 200 millones para ese fondo. Posteriormente Esquerra Republicana y el señor Tardà hicieron aprobar una moción en la que se instaba a mantener esa cifra de
200 millones de euros. Se nos dijo que existía un compromiso del ministro Corbacho para garantizar esa cantidad.
Desde la tribuna Convergència i Unió expresó nuestro punto de escepticismo, pero dimos a Esquerra Republicana, al señor Tardà, y al
Grupo Parlamentario Socialista un razonable margen de confianza para que ese compromiso se ejecutase. Posteriormente hubo un acuerdo o decisión del Gobierno de reducción de nuevo de ese fondo. Hoy llegamos al debate y a pesar del contenido de la
moción que inicialmente defendió el señor Tardà se nos plantea no ya discutir si mantenemos los 200 millones sino si nos quedamos como mínimo en esos 100 millones.
Las razones de posibilismo y de pragmatismo o realismo que debe tener el señor Tardà mi grupo las respeta, pero es evidente, para que nadie se llame a confusión, que con base en esa moción no estamos discutiendo si mantenemos las partidas
existentes en 2009, sino simplemente si ya aceptamos el recorte del presupuesto de este año y nos mantenemos en aquello que se aprobó en el presupuesto. Y claro, vista la experiencia de la anterior moción, mi grupo ha de reiterar con mayor razón
que no sabemos si esta moción que hoy vamos a aprobar va a servir para que esos 100 millones se mantengan. El señor Tardà nos merece toda la credibilidad y no dudamos de él, pero dudamos de la credibilidad del Gobierno en esta materia. El Gobierno
no es creíble en el mantenimiento del Fondo de acogida. Porque además si uno lee las manifestaciones de los responsables gubernamentales, se nos dicen algunas cosas que supongo que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista defenderá desde la
tribuna. Se nos dirá que quizá eso ya está resuelto en el sistema de financiación y que las comunidades autónomas ya tienen recursos para hacer frente a esas políticas. Quizá se nos dirá que eso no va a tocar a las políticas que se vienen
realizando desde los ayuntamientos. Sin embargo, precisamente los datos que apuntaba el señor Tardà ponían de manifiesto que eso va a afectar a algunas de las competencias que hoy son ejercidas por las comunidades autónomas como son las vinculadas
al sistema educativo, donde ese fondo era extremadamente útil para garantizar la cohesión social. Y fíjense, señorías. Tenemos una cierta tendencia a discutir sobre si aquello que genera rechazo a la inmigración, si aquello que genera problemas en
relación con la inmigración son los discursos y nos olvidamos de que son las realidades -esas realidades a las que deben hacer frente los municipios y a las que deben hacer frente las comunidades autónomas- las que pueden generar problemas de
carácter social, problemas de convivencia. Precisamente la creación de ese fondo y de las políticas que acompañaban al mismo pretendía intervenir sobre esas realidades. El acto más irresponsable en relación con la política de inmigración que se
puede hacer es recortar el Fondo de integración, y eso es lo que ha hecho el Gobierno socialista.
Nosotros difícilmente podemos rechazar que se mantenga lo previsto, por tanto, votaremos a favor. Pero no confundamos a la opinión pública: hoy simplemente estamos renunciando a través de esta moción a defender 200 millones de euros como
existían en los presupuestos de estos últimos años. Si existen debilidades de los ayuntamientos para hacer frente a esta situación, va a ser responsabilidad del Grupo Socialista y del Gobierno socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Esperanza Esteve
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, antes de nada quiero agradecer a Esquerra Republicana de Catalunya, al señor Tardà, su aceptación de esta enmienda conjunta para asegurar que el Gobierno mantenga la partida presupuestada para este año 2010, es decir, 100 millones
de euros. Entendemos -quiero señalarlo- y compartimos como grupo político, como grupo de gobierno, su visión.
Hoy, señor Tardà, releía su intervención de la semana pasada en la interpelación al ministro y me complace decirle que la suscribiría prácticamente en su totalidad. Tenemos una cierta conexión ideológica, en valores, cuando estamos hablando
de Estado de bienestar y
cuando estamos hablando de necesidades sociales, cosa que no compartimos con otros grupos. No en vano, y es bueno recordarlo, este fondo fue acordado con su grupo en el año 2005 y se ha venido aplicando hasta el día de hoy. Efectivamente,
nos ha dado unos magníficos resultados; nos ha dado también unos criterios de distribución según el número de personas inmigrantes allí donde las necesidades sociales son más altas, allí donde los territorios presentan mayor complejidad y mayores
déficits, allí donde es necesario asegurar la protección social y los servicios sociales a todas las personas, tengan el origen que tengan, en función de su grado de necesidad y vulnerabilidad. Para ello, en esta situación especial, extraordinaria,
de crisis económica, hemos tenido que equilibrar -y esto es bueno recordarlo- con otras partidas para poder paliar la situación de desprotección: con las ayudas de los 534 euros, con el Fondo de inclusión social, manteniendo partidas finalistas en
el territorio como el plan concertado. ¿Para qué? Para que todos, independientemente de su origen, tengan acceso a unos ayudas básicas. Pero también está el nuevo modelo de financiación aprobado, al que no han hecho ninguna mención, donde hay un
dinero finalista precisamente para estos temas. Hay que tener en cuenta la situación en la que estamos como país de la cual todos somos corresponsables.
Por tanto, quisiera señalar que además en la realidad actual, de gran diversidad y gran presencia en zonas masificadas -caso del municipio de Salt- es más importante que nunca apostar por la convivencia, y la convivencia efectivamente se
hace con proyectos pequeños, de proximidad, que van a quedar asegurados con este presupuesto y con los otros que ya le hemos mencionado. Hay que apostar por esta convivencia y no dejar ningún espacio a la xenofobia y a los grupos que la fomentan o
a aquellos que juegan con la ambigüedad generando con sus manifestaciones alarma social con fines estrictamente partidistas, a veces apelando solamente al tema competencial, y no hablo del padrón. Señores diputados, con la convivencia no se juega.
Lo he dicho en otras ocasiones: detrás del relato socialista está un modelo de sociedad integrado y a la vez plural y no vamos a dejar espacio al populismo y la demagogia. Este fondo tiene que ver con el reconocimiento y la valoración que hicimos
nosotros; otros pudieron impulsarlo y no lo hicieron. En el año 2004 la partida prevista por el Partido Popular era de 7 millones de euros; en 2009, 200 millones de euros. Por favor, ¿qué estamos diciendo? Ustedes generan la división en el
territorio, tratan a las personas como objetos, y lo digo con datos. No me hagan volverles a recordar sus eslóganes de campaña en las elecciones y sus recientes manifestaciones llamando a la insumisión fiscal por parte del señor Rajoy y la señora
Aguirre, en un burda escenificación con proclamas que más parecen ceremonias de apareamiento.
Esto no es serio. (Aplausos.) No entendemos cómo se atreven a reclamar en su enmienda mayores dotaciones presupuestarias por encima de lo aprobado en el
presupuesto cuando practican una política de evasión de responsabilidades, por ejemplo, con los menores extranjeros no acompañados, escatimando también los derechos de los ciudadanos en la aplicación de la Ley de Dependencia, sobre todo en la
Comunidad Valenciana, o gastándose el dinero en actos festivos dirigidos a ciertos grupos de origen extranjero que ni lo han pedido y además en su país de origen ya no lo celebran, pero se trata de compensar con folclore aquello que no son capaces
de compensar con proyectos para la integración social.
(Aplausos.) Piden bajar impuestos y llaman -acabo, señor presidente- a la insumisión fiscal en esta grave situación de crisis y, a la vez, piden un aumento importante del fondo, manifestando
con ello una nueva contradicción al fin y al cabo demagógica. (La señora Villalobos Talero: Demagogia, la tuya.)
El señor PRESIDENTE: Señora Esteve, debe acabar.
La señora ESTEVE ORTEGA: Seguro que saben muy qué hacen y por qué lo hacen. Allá ustedes. Pero nosotros, los socialistas, a lo nuestro: responsabilidad social con las personas y con los territorios de toda España, escucha comprensiva y
reflexiva y a garantizar la partida aprobada, ¿sabe por qué? Por todas las organizaciones sociales que trabajan por el bienestar de los que menos tienen.
El señor PRESIDENTE: Señora Esteve, debe acabar.
La señora ESTEVE ORTEGA: Por todos los ayuntamientos, por las comunidades autónomas y en definitiva para todos los ciudadanos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Ana Oramas. (Pausa.) ¿No desea intervenir? Muchas gracias.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señorías, señor Tardà, señora Esteve, me ha resultado grata su exposición, sobre todo, con la brillantez y el entusiasmo que caracteriza las glosas del fenotipo socialista en materia de extranjería y de los
principios y valores que constituyen pretendidamente su política. Usted lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien salvo algunas enigmáticas reflexiones sobre no se qué maniobras de apareamiento (Risas.), es una expresión metajurídica en todo caso
y no sé a que se refería exactamente, pero su intervención me ha parecido correcta en todos los términos, pero escapista, para qué nos vamos a engañar. Como usted no puede hablar de cifras, a tenor de la transacción a la que se ha llegado después,
tiene que hablar de ideología o de filosofía. No ha hablado de cifras.
Aquí nos encontramos con el problema conceptual, la duda kantiana que a todos nos embarga de por qué Esquerra Republicana en el pedimento de su moción reclama las previsiones presupuestarias del año 2009 para el Fondo de integración, acogida
y refuerzo educativo a los inmigrantes, y al final, de una abdicación, con toda la honestidad, señor Tardà, si me permite, de su argumentario en la defensa de la interpelación la semana pasada y del contenido de su pedimento, que lo rebaja a la
mitad, ustedes se conforman con cien en estos momentos. Nosotros, como respetamos a su partido y sabemos que actúa con ponderación y con sentido común, ustedes son los dueños de la iniciativa y seguramente los designios que han provocado este
recorte de lo que ustedes mismos, en el tenor literal de la misma, hoy han defendido, no en su argumentario, sino en el tenor literal, nosotros vamos a aceptar y respetar esta transacción que consiste en reducir justo a la mitad lo que ustedes
reivindicaban con mucho énfasis y energía la semana pasada. ¿Por qué? Porque incrementar este Fondo de integración, señora Esteve, se incardina en lo contrario de lo que se está haciendo desde determinados departamentos gubernamentales o
ministerios del Gobierno que usted apoya, no representa, o representa también, pero por lo menos apoya, en concreto del Ministerio del Interior. Se manifiesta en un sentido diametralmente contrario, teleológicamente contrario a cuadricular la
ciudad de Madrid y realizar en la ciudad de Madrid en cada cuadro, mediante una instrucción dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, masivas identificaciones con carácter aleatorio para identificar en cada cuadrángulo cada noche el número de
extranjeros en situación irregular que allí se hallan. Se incardina en sentido contrario a la aplicación fraudulenta, si me permite la expresión, que se está haciendo del artículo 59.1 de la Ley de Extranjería mediante la negativa a la utilización
del periodo de reflexión que en el mismo se ve antes de repatriar a un extranjero en situación irregular. Se incardina en una normalización de los extranjeros y no sabemos cuántos son los que están en situación irregular. ¿Cuántos son? ¿Cuatro
millones? ¿Cinco millones? ¿Menos? ¿Más? No sé si usted tampoco lo sabe. No estoy dotado para el lenguaje semiótico y no sé interpretar sus signos, pero seguro que usted no lo sabe, como no lo sé yo y como no sabe el señor Rubalcaba cuántos
extranjeros están ubicados.
Pero un fondo de integración, de educación, de normalización se integra en el sentido del pedimento del señor Tardà y del Grupo de Esquerra Republicana, aunque este quede reducido a la mitad. La mitad es mejor que nada;
es peor que lo que pedía el Grupo de Esquerra Republicana, ya consensuado en los presupuestos de 2009, pero es mejor que nada. Yo no conozco los designios y avatares de esta transacción que ha provocado esta reducción drástica de este fondo, un
fondo en el cual tanto usted como yo, y lo hemos comentado personalmente más de una vez, habíamos depositado grandes expectativas a favor de la integración de los extranjeros, esta reducción no es buena desde esta perspectiva integradora de los
extranjeros. Las fórmulas policiales, las fórmulas más represivas, más retributivas, más punitivas, van a seguir funcionando inevitablemente. Pero desde esa perspectiva, crear una pequeña cuña, aunque quede reducida a la mitad en términos
presupuestarios, que se incardine en sentido contrario a lo que se está haciendo desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Trabajo y desde otros ministerios, es buena, señora Esteve, y es bueno, señor Tardà. Su argumentario resultó
brillante la semana pasada. Algunos trienios tenemos en esta casa y sabemos que muchas veces la alternativa a aceptar las transacciones es la nada. Desde esa perspectiva, me parece pragmática y razonable su actitud. En todo caso, no hagamos
demasiadas invocaciones al fenotipo progresista de determinado partido político cuando se reducen a la mitad aquellas manifestaciones o mecanismos de actuación más proclive a lo que es un requerimiento ontológico de la Ley de Extranjería, que es la
integración de los extranjeros en el Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Señor Tardà, ¿tiene la bondad de decirme si acepta S.S. alguna enmienda para su incorporación?
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, aceptamos la enmienda socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000133.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del desempleo en España. Para su defensa tiene la palabra doña Fátima Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la crisis económica por la que atraviesa España es sin duda la crisis del paro, porque sus efectos son especialmente devastadores en el empleo. Desde que comenzó la crisis, como todos ustedes saben, más de 2,5 millones de
españoles han engrosado las listas del desempleo. Este fuerte ajuste está siendo especialmente intenso para los jóvenes, con una tasa de paro de más del 40 por ciento, más del doble de toda la zona euro.
Además, el mercado de trabajo en España
tiene un componente especial. Se trata de la dualidad. En torno al 30 por ciento de los trabajadores activos desarrollan sus relaciones laborales a través de contratos temporales, situándose los índices de temporalidad de nuestro país por encima
del doble de la media europea y, además, de forma constante. Esta fragmentación del mercado de trabajo entre trabajadores estables y precarios lo sufren particularmente determinados colectivos de trabajadores: los jóvenes, las mujeres y los
trabajadores de mayor
edad, que a menudo, incluso, viven verdaderas situaciones de exclusión social. Esta es sin duda la foto del mercado de trabajo de España.
Por otro lado, la diversidad de fuentes estadísticas, así como las modificaciones en el sistema de medición de los datos de desempleo, están reduciendo cada día la transparencia de los mismos y dificultan la percepción total de la intensidad
de la crisis económica. Y lo peor de todo es que, a pesar de la preocupante evolución de los datos de desempleo en los últimos meses, los más dramáticos de la historia de España, el Gobierno sigue posponiendo la adopción de la necesaria reforma
para corregir esta situación y recuperar de una vez la capacidad de creación de empleo de la economía española. Nosotros nos preguntamos: ¿qué debe hacer un Gobierno responsable ante estos hechos? Sin duda ninguna actuar, hacer reformas y
hacerlas cuanto antes. Solo así, señorías, se podrá generar la confianza que inicie de una vez por todas la recuperación. Es necesario que se empiece a poner en marcha un paquete de reformas económicas que tienen que empezar por el recorte del
gasto público y que, además, atañen a la reestructuración del sistema financiero, para que de una vez por todas llegue el crédito a las familias y a las empresas que son las que de verdad nos tienen que sacar de la crisis. Lo que no se debe hacer
es tomar decisiones de política económica equivocada como la subida del IVA que se pondrá en marcha a partir del próximo julio, porque esa medida -y no se llama a la insumisión de ningún ciudadano sino simplemente a la denuncia democrática- va a
hundirnos cada día más en la crisis, señoría. Por tanto, medidas como esta no deben ponerse en marcha por un Gobierno responsable. Además, no podemos olvidarnos de otras reformas que son sin duda importantes: la reforma energética o la de la
unidad de mercado.
Todas ellas en conjunto deben formar el paquete de política económica que centre de verdad la iniciativa de la recuperación.
Sin amargo, en una crisis como la española, que tiene el color dramático de más de 4 millones de parados y más de un millón de familias que no tienen ingresos en este momento, la reforma que es sin duda inaplazable es la del mercado de
trabajo. Es una reforma que tiene que ponerse en marcha de forma urgente. Necesitamos una reforma laboral profunda como reconocen el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y muchos analistas económicos de nuestro país. Es
cierto que la experiencia nos dice que el mejor sitio, el mejor lugar para hacerlo es dentro del diálogo social. Pero también es cierto que si en 1997 fue posible alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales que contribuyó decididamente a la
recuperación, parece que hoy también debería ser posible, pero no lo es. Porque para ello es necesario que haya un gobierno capaz de ejercer el liderazgo, que haya un gobierno capaz de crear las condiciones de entendimiento entre todos, sin
embargo, el Gobierno de Zapatero no ha sabido hacerlo. Con sus políticas económicas Zapatero ha sido una máquina de generar parados; con su responsabilidad forma parte hoy más del problema que de la solución. Por tanto, señorías, promesas,
incumplimientos y ganar tiempo pero no tomar medidas eficaces.
Porque Zapatero prometió en diciembre que habría una reforma laboral en enero; en enero se aplazó al 5 de febrero; el Consejo de Ministros del 5 de febrero lo único que hizo fue tomar
en consideración un índice de materias a tratar, para presentar finalmente el 12 de abril otro documento confuso e insuficiente que no contenta a nadie, a ningún interlocutor social, que vuelve a aplazar la solución y que no contempla las reformas
necesarias para salir de la crisis. Señoría, muchas de las medidas de aquel documento estaban ya sobre la mesa en 2005 ó 2006, cuando no había una crisis tan profunda; medidas del 5 de febrero que se sacan para el documento del día 12 como son la
negociación colectiva o la flexibilidad interna de las empresas. Así no podemos trabajar por el futuro del empleo y del crecimiento de este país. Hoy además sabemos que se vuelve a aplazar ese acuerdo social. Quizá sea en mayo o ¿cuándo, señoría?
¿Cuándo?
Ante un gobierno que no cumple, un gobierno que no quiere gobernar, un gobierno que se esconde detrás de los agentes sociales y elude su responsabilidad, el Partido Popular se ha visto en la obligación de traer esa reforma laboral
inaplazable a esta Cámara en forma de moción que aborde de verdad el problema de la dualidad del mercado de trabajo simplificando el sistema de bonificaciones, el actual abanico de contratos y generalizando el contrato indefinido de fomento del
empleo; que permita la colaboración público-privada en los servicios de empleo para lograr una mayor empleabilidad; que reforme la negociación colectiva adaptando los convenios a los cambios del entorno productivo y de la empresa; que mejore el
sistema de formación profesional para adecuarlo a las exigencias reales del mercado de trabajo; que luche contra el absentismo laboral; que mejore, la trasparencia de las estadísticas de empleo.
Señorías, que las expectativas creadas con la reforma laboral no se queden una vez más en frustración, con un gobierno que no sabe o no quiere tomar medidas y con más de 4 millones de parados que siguen esperando. Por responsabilidad
presentamos esta moción y esperamos el respaldo de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Por el Grupo Mixto, ¿desea hacer uso de la palabra, señora Díez? (Pausa.) Doña Rosa Díez, ¿desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Doy por defendidas las enmiendas, señor presidente. Le pido disculpas, no le estaba escuchando. Doy por defendidas las enmiendas y no voy a intervenir.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy amable, señora Díez.
¿Señora Fernández Davila? Señor Jorquera, ¿desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco don Emilio Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Desde el escaño también quiero comentarle, señora Báñez, que su intervención me ha parecido lúcida y su moción bien configurada, en términos generales. Hay algunos tics, algunos perfiles un tanto jacobinos, un tanto centralistas, pero
seguramente con la aceptación de algunas de las enmiendas que le ha presentado mi grupo parlamentario se pueden corregir debidamente. Usted tiene razón prácticamente en todo lo que ha dicho. No es razonable en una situación de crisis económica
caracterizada por altos índices de empleo, por tasas dramáticas de desempleo, que haya cuatro estadísticas o cuatro formas de mensurar esta lacra económica: la EPA, la encuesta o la medición que presentan los servicios públicos de empleo, el
Instituto Nacional de Estadística, y el Eurostat. Al final no sabemos, y saber este dato es importante para afrontar la patología contra la que hay que luchar, si estamos hablando de más de 5 millones de desempleados, de 4.500.000 o de 4.120.000,
porque hay que acudir a fuentes estadísticas diferentes y no es irrelevante el conocimiento de la dimensión del fenómeno para acometerlo, para afrontarlo. Desde esa perspectiva estoy totalmente de acuerdo en buscar procedimientos de unificación de
los sistemas de mensurar esta patología, que es la más importante, y con la que todos deberíamos estar comprometidos.
En relación con el contenido material de su moción, la colaboración público-privada de los servicios de empleo ya está incardinada en el ordenamiento jurídico desde el año 2006, pero no es malo recordarlo ni es malo enfatizarlo. En este
momento los servicios públicos de empleo están ejerciendo competencias residuales y además, si me permite la expresión la señora Báñez, con una actitud de los funcionarios un tanto residual también, por usar un eufemismo generoso. Desde esa
perspectiva, la complementación con servicios privados de agilización de la oferta y de la conexión de la oferta con la demanda de empleo nos parece importante.
Rebajar dos puntos las cotizaciones, contingencias comunes, lo acabamos de hacer
recientemente, pero conviene enfatizarlo. El tema de las cuotas, de las bonificaciones de cuotas, es la única medida de lo que se ha venido a denominar políticas activas de empleo que está aplicando el Gobierno que preside el señor Zapatero en
estos momentos. Cuando no se bonifican las contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedad común, se bonifican alguna de las otras treinta y cuatro bonificaciones de cuotas que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico; están
comprometidos 210.000 millones de euros en bonificaciones de cuotas.
Luego este punto de orden, de ordenación, esta forma de actuar contra el desempleo que usted reivindica en esta moción nos parece particularmente pertinente.
Un mejor sistema de formación profesional, esta es una medida estructural absolutamente imprescindible y que debemos afrontar. Todavía la formación profesional que se oferta por los sistemas de formación diversos, continua, ocupacional,
todas ellas, no acogen un requerimiento elemental que es cohonestar debidamente los requerimientos del mercado de trabajo con las ofertas formativas que se realizan. Yo le pediría que excluya la locución que ustedes utilizan de un sistema nacional,
en tanto en cuanto parece que esto podría contradecir la existencia de competencias autonómicas en esta materia, y este es el fundamento de una de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario. Luchar contra el absentismo laboral,
absolutamente de acuerdo. Es una patología social tan grave por lo menos como la economía sumergida. ¿Quién? Las mutuas. Yo le pediría que reflexione sobre la posibilidad de endosar a las mutuas otra prestación u otra actividad cuando en este
momento están sometidas a un sistema de sutil asfixia económica que está poniendo en grave compromiso su pervivencia pro futuro. Las mutuas ya bastante están sufriendo cuando se les endosa la competencia de abonar o de afrontar la protección del
desempleo de los autónomos, lo que en el Estatuto del trabajador autónomo se denomina indemnización por cese de actividad. Pero ya podríamos hablar si hubiera más tiempo de los sutiles procedimientos que se están utilizando por la Administración
del Estado para que en el Estado español al final solo queden dos mutuas importantes con conexiones políticas que probablemente son conocidas por todos los que estamos en esta Cámara, y nos parece algo preocupante.
Ya por último, esperemos que las invocaciones que usted realiza en relación a la negociación colectiva se hagan sin modificar el acuerdo o las negociaciones entre los cuatro interlocutores sociales que están negociando la reforma del mercado
de trabajo, el sistema de concurrencia de convenios colectivos que está previsto en los artículos 84 y 85 de convenios colectivos. En este momento -ya acabo, señor presidente- usted sabe, señora Báñez, cómo en el sistema de concurrencia los
convenios más ajustados a la empresa, los convenios de entidad territorial y sectorial menor se superponen o resultan preponderantes o hegemónicos sobre los de ámbito superior. Si se invierte esta tendencia y se centraliza la negociación colectiva
laboral, haríamos un flaco favor a los requerimientos de nuestro mercado de trabajo y a las reformas estructurales que requiere. Por lo tanto, si me acepta las tres enmiendas que le he presentado y que sucintamente he intentado defender, señor
presidente, intentando no agotar la totalidad del tiempo pero sin conseguirlo, desafortunadamente, su moción merecerá el apoyo de mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) don Carles Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. También desde el escaño.
En esta materia de ámbito laboral hemos de reconocer que el Gobierno en las últimas semanas ha variado de manera sustancial su discurso. Durante muchos meses se ha negado que en la salida de la crisis hiciese falta introducir medidas en el
sistema de relaciones laborales en las instituciones del mercado de trabajo. Finalmente el Gobierno, de nuevo y tarde como siempre en esta legislatura, ha asumido que en la salida de la crisis se necesitan reformas que afecten a los mecanismos que
facilitan la entrada en el mercado de trabajo, que facilitan la permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, que permiten a las empresas flexibilizar su funcionamiento interno, que dan más racionalidad a la salida de esos trabajadores
del empleo, y todo ello en el contexto de generar confianza en la iniciativa empresarial y al mismo tiempo dar respuesta a la principal preocupación de la sociedad, que son nuestras tasas de desempleo. El Gobierno ha puesto encima de la mesa un par
de documentos para que en el marco del diálogo social Gobierno, sindicatos y patronal alcancen un acuerdo.
La prudencia lleva a Convergència i Unió en relación a la propuesta del Grupo Popular a entender que a estas alturas del partido hemos de esperar los diez días, los quince días que poco o mucho todos nos hemos dado de plazo -he de recordar
que hemos aprobado una moción de Convergència i Unió que insta al Gobierno a cerrar en un determinado plazo ese acuerdo-, hemos de dejar que el proceso de diálogo continúe, dejar ese margen y de momento no asumir nuestras responsabilidades como
Cámara e incluso, en la medida de lo posible, no interferir en ese diálogo social. Y compartiendo buena parte de las cuestiones que se planteen en esa moción, que son suficientemente amplias, mi grupo no dará su apoyo a la moción del Grupo Popular
por ese sentido de prudencia en un momento en que, insisto, el proceso de diálogo social está a punto de cerrarse. Pero, señorías, todos los indicadores apuntan a que quizás no va a haber acuerdo social, que existen dificultades por parte de los
agentes sociales para asumir sus propias responsabilidades, que quizá existe poca capacidad, poca pericia del Gobierno para saber gestionar las visiones contrapuestas que en esta materia pueden existir. Y eso a Convergència i Unió le lleva a
recordar de nuevo que el Gobierno va a tener que asumir sus responsabilidades y que el Gobierno, si no hay acuerdo en el marco del diálogo social, debe situar esas medidas que el Gobierno ya reconoce que forman parte de la salida en un real
decreto-ley que permita introducir en nuestro sistema de relaciones laborales algunas de las reformas que son imprescindibles para salir del agujero en el que está metida nuestra economía. Y si el Gobierno asume sus responsabilidades también esta
Cámara debe asumir sus propias responsabilidades. Señorías, hemos de ser capaces, si el diálogo social no alcanza sus objetivos, de poner en marcha aquellas medidas que en el ámbito laboral son necesarias; en el ámbito de la contratación; en el
ámbito de las bonificaciones; en el ámbito del funcionamiento de los servicios públicos de empleo; en el ámbito de la contratación a tiempo parcial, especialmente en el ámbito de la contratación a los jóvenes; en el ámbito de una negociación
colectiva más adaptada a las necesidades de las empresas. Espero equivocarme y que en las próximas semanas, a principios del mes de mayo, quizá pasado el día 1 de mayo, los agentes sociales hayan alcanzado ese acuerdo, ojalá, pero señorías, si eso
no es posible, el Gobierno deberá legislar en esa materia. En todo caso, la prudencia hoy nos lleva a no acompañar al Grupo Popular en esta moción y, por tanto, abstenernos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una moción sobre la evolución del desempleo en España que, desde nuestro criterio, tiene un único objetivo: en principio, descalificar las medidas
económicas del Gobierno para superar la crisis; en segundo lugar, desacreditar nuestras instituciones en el ámbito del empleo, sobre todo cuestionando al servicio público de empleo estatal sobre la cuantificación del paro; y, en tercer lugar,
culpabilizar en exclusiva al Gobierno del desempleo que ha generado una crisis como esta con orígenes muy diversos y efectos en todo el mundo. Y lo hacen, señorías, en un momento nada inocuo; todo lo contrario.
Ustedes, señores del Partido
Popular, al igual que otras veces, cuando perciben posibles avances en el ámbito de la negociación y la concertación social, se ponen de los nervios, no lo pueden evitar; no lo ven como un hecho positivo para el país, sino todo lo contrario;
buscan estar presentes con temas que no han sido propuestos o con planteamientos que de mutuo acuerdo se han dejado fuera por el bien de la negociación.
¿A qué santo, señores del Partido Popular, plantean la reducción de las cotizaciones a la
Seguridad Social en dos puntos si no estaba en ninguno de los documentos presentados? Lo hacen, señorías, porque no creen en el diálogo social, no creen en la sociedad civil, no creen en los sindicatos ni en la concertación. Lo demostró el señor
Rajoy cuando el pasado 13 de abril descalificó de un plumazo la propuesta de negociación diciendo aquello de que el Gobierno marea la perdiz y delega sus responsabilidades. No creen en el diálogo, lo han demostrado ustedes cuando han gobernado, y
ahora tampoco, porque cualquier avance pondría en evidencia su discurso, sus métodos y sus convicciones. Porque, señores del Partido Popular, ¿qué significa para ustedes actuar? ¿Actuar significa para ustedes poner en marcha el Real
Decreto-ley 5/2002 que abarataba el despido, que recortaba prestaciones y derechos de los trabajadores, que limitaba el subsidio agrario, que reformaba la negociación colectiva, que quitaba derechos a los jóvenes y contratados y reinventaba
el contrato a tiempo parcial? ¿Eso significa gobernar? ¿Cómo pueden ustedes subir a esta tribuna y hacer acusaciones de no actuar a este Gobierno teniendo, como ustedes han tenido, una sentencia del Tribunal Constitucional en contra del decretazo
por innecesario y abusivo? Ustedes rompieron el diálogo social en cuanto gobernaron y nosotros lo recuperamos a los cuatro meses de gobernar. ¿Ya no se acuerdan de la huelga que paró el decretazo y que recuperó algunos derechos sociales quitados
por ustedes? ¿Ya no se acuerdan de eso? Esa es la diferencia. Nosotros procuramos proteger a los parados y el Gobierno hace el esfuerzo con el apoyo de algunos grupos parlamentarios para mantener la cohesión social. Ustedes convierten a los
parados en especie a extinguir. Ustedes descalifican, hacen demagogia sobre el paro, pero en ningún caso dan soluciones. Saben que nuestra situación de desempleo está marcada también por un desempleo estructural de más del 8 por ciento de los
trabajadores afectados, pero eso no lo tienen en cuenta en ningún caso. Eso solamente lo utilizan para sumar y generar descrédito y desconfianza.
Señorías, la moción que ustedes presentan es profundamente incoherente.
Piden rebajar dos puntos la cotización de las empresas a la Seguridad Social e inmediatamente después denuncian que no se han aportado recursos por demoras de pagos
empresariales. Denuncian que no hay aportaciones al fondo de reservas, que está en 62.500 millones de euros, al tiempo que proponen menos aportaciones. Quieren que se reforme la negociación colectiva, que es un derecho entre partes de sindicatos y
empresarios, al tiempo que desacreditan a los sindicatos, a los cuales lo mejor que les dicen es que están miopes ante el futuro y son el escudo del Gobierno.
Dicen que se debe crear un sistema nacional de cualificaciones de formación profesional
cuando ya existe. Dicen que hay que reformar el tema de la intermediación privada cuando ya está en el marco del diálogo social. Hablan en estos momentos del absentismo cuando saben que tiene que ir la discusión en el Pacto de Toledo. ¡Vaya
coherencia! Es una moción para enredar, no para sumar, no para buscar soluciones. Es un pastiche porque no se atreven a poner la letra que ocultan porque esta moción, señorías, tiene la letra oculta de pedir el abaratamiento del despido, de
defender menos prestaciones, de generar más desprotección y de descapitalizar la Seguridad Social. Por todo ello en nuestro grupo pensamos que no se puede apoyar esta moción, teniendo además en cuenta que introduce elementos diferenciados sobre el
documento que se presentó el pasado 12 de abril y que en estos momentos está sujeto a un debate para los próximos días.
El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, tiene que acabar.
El señor MEMBRADO GINER: Nosotros -para terminar- consideramos que ustedes, con estas mociones, hacen un flaco servicio al diálogo social porque quieren instrumentalizarlo exclusivamente en función de sus intereses electorales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.
Señora Báñez, ¿acepta su señoría alguna enmienda para su inclusión en la votación?
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, acepto las enmiendas número 1 y 2 del Partido Nacionalista Vasco y la número 3 de UPyD.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Votaremos dentro de tres minutos.
(Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA REBAJA SELECTIVA DE IMPUESTOS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y A LOS AUTÓNOMOS.
(Número de expediente 122/000203.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento. Vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular para la rebaja selectiva de impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 157; en contra, 175; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, DE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente
122/000186.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica por la
que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de partidos políticos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 320; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda tomada en consideración.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL. (Número de expediente 130/000028.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 334; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) Ningún grupo lo solicita.
- REAL DECRETO-LEY 6/2010, DE 9 DE ABRIL, DE MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000029.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 335; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado. (Aplausos.)
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) El Grupo Popular lo solicita. En tal caso pasamos a votar la solicitud del Grupo Popular para su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 150; en contra, 190.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la petición del Grupo Parlamentario Popular.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA EMPRESA CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, MERCASEVILLA, S.A. Y DE SU FUNDACIÓN. (Número de expediente 162/000611.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la fiscalización de las cuentas de la empresa Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Mercasevilla, S.A.
y de su Fundación.
Se vota con la enmienda de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 157; en contra, 174; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS AGRICULTORES PLATANEROS CANARIOS. (Número de expediente 173/000131.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Perestelo, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con la situación actual de los agricultores plataneros canarios.
A esta moción ha sido presentada una enmienda transaccional. Pregunto a SS.SS. si algún grupo se opone a su tramitación. (Pausa.) El Grupo Parlamentario Socialista se opone. En tal caso, señor Perestelo, le pregunto si acepta S.S.
alguna enmienda para su tramitación.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, es triste que el grupo que apoya al Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, debe pronunciarse exclusivamente sobre la solicitud de la Presidencia.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: En todo caso, proponemos la votación en los términos de la moción presentada, que es la que conocían SS.SS. antes...
El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, en los términos de la moción presentada sin adición alguna. ¿Es así? (Pausa.) En tales términos efectuamos la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 171; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RESTITUCIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES, ASÍ COMO PARA EL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.
(Número de expediente 173/000132.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la restitución del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así
como para el refuerzo educativo de los mismos. (Rumores.) Silencio, por favor. Se vota con la incorporación de una enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Socialista y del grupo proponente, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. ¿Es así, señor Tardà? (Pausa.) En esos términos efectuamos la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 194; en contra, dos; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000133.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la valoración del Gobierno de la evolución del desempleo en España.
Se vota con la enmienda 1 y 2 del Grupo Vasco, PNV, y con la 3 de la señora Díez. ¿Es así,
señora Báñez? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 154; en contra, 175; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.