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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 432, de 27/07/2010
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de julio de 2010
Núm. 432
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Secretaría General
292/000039 Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados.
Adjudicación del contrato ... (Página 8)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/001827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para solicitar un estudio al Consejo de Estado sobre la utilización del velo integral ... (Página 8)
161/001858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reducción del número de coches oficiales ... (Página 8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri ...
161/001832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de
Cataluña ... (Página 10)
161/001835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cierre de consulados ... (Página 11)
Comisión de Interior
161/001837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, para la creación de mancomunidades de policía local ...
161/001859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre riesgos laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página 12)
Comisión de Defensa
161/001851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la admisión en centros educativos de los hijos del personal de las Fuerzas Armadas que sean trasladados durante el curso escolar ...
(Página 13)
Comisión de Economía y Hacienda
161/001829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas del Gobierno en la UE para levantar el veto que pesa sobre el antiguo astillero de Astano de construir buques civiles ...
161/001843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejoras en la gestión de los borradores del Impuesto sobre la Renta ... (Página 15)
161/001844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los criterios de aplicación de la reducción del IVA prevista en el Real Decreto-ley 6/2010,
de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, en relación a la actividad de rehabilitación de viviendas ... (Página 15)
161/001849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción del índice de rendimiento neto en el IRPF para la vid y flor cortada en Cádiz en el año 2009 ...
161/001852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la anulación de la ponencia de valores catastrales aprobada para el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) ...
161/001863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la equiparación del IVA aplicable a los productos de la pesca y la acuicultura con el resto de productos alimentarios básicos ...
Comisión de Fomento
161/001823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al uso de tacógrafos en las Islas Baleares y Canarias con una superficie inferior a 2.300 km² ... (Página 18)
161/001836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio funcional del corredor ferroviario de altas prestaciones Madrid-Ávila-Salamanca ... (Página 19)
161/001847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la mejora de las conexiones ferroviarias de Ávila con Madrid, Valladolid y Salamanca ...
Comisión de Educación y Deporte
161/001825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para que los catedráticos de universidad puedan continuar voluntariamente en el servicio activo una vez alcanzada la edad de
jubilación forzosa que establece la legislación vigente ... (Página 21)
161/001833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la supresión de la obligación de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas
estatales ... (Página 22)
161/001834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la promoción de las selecciones deportivas autonómicas en las competiciones internacionales
... (Página 23)
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/001845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho fundamental a la huelga ... (Página 24)
161/001862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la regulación de la relación laboral de los asistentes personales ... (Página 24)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/001826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso de la actividad productiva en las zonas adyacentes a centrales nucleares ... (Página 25)
161/001828 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, sobre el proceso de ubicación del Almacén Temporal Centralizado de Residuos
Radioactivos de Alta Actividad (ATCRRAA) ... (Página 26)
161/001838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto 134/2010 por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro
(Decreto del Carbón) ... (Página 27)
161/001850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la financiación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear del servicio de control exterior de las centrales nucleares en la Comunitat
Valenciana ... (Página 28)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/001840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a propuestas a tener en cuenta en la negociación de la Política de Pesca Común ... (Página 29)
161/001841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación del colectivo de rederas ... (Página 30)
161/001854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al
servicio de la playa en el litoral ... (Página 31)
161/001855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la tramitación de las actuaciones definidas como prioritarias por la Sociedad Estatal ACUAMED para garantizar
plenamente el abastecimiento de agua a largo plazo a la provincia de Málaga ... (Página 32)
Comisión de Cultura
161/001848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre homenaje al poeta Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento ...
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
161/001846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo ... (Página 33)
161/001856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación de la Ley 14/2006 ... (Página 34)
161/001860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al servicio de atención al cliente de carácter gratuito de la Agencia Tributaria.... (Página 35)
161/001864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al cuidado de los hijos con cáncer ... (Página 35)
Comisión de Ciencia e Innovación
161/001861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la aplicación del Reglamento General 1083/2006 de Fondos FEDER en los programas operativos plurirregionales de España para el
período 2007-2013 ... (Página 36)
Comisión de Igualdad
161/001842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reordenación de las ayudas de cooperación para dar preferencia a las ayudas destinadas a la educación de las mujeres en Afganistán
... (Página 38)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a modificar la legislación de contratos del sector público a fin de establecer la reserva de un porcentaje de las licitaciones a
favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción ... (Página 38)
161/001839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción del desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios ...
(Página
40)
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/001853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar las condiciones de visibilidad en las intersecciones tipo glorieta ... (Página 40)
161/001857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la obligatoriedad de la utilización de los faros LCD o luces de cruce durante la conducción diurna ... (Página
41)
Preguntas para respuesta oral
Comisión Constitucional
181/002979 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre opinión del Gobierno acerca de la cabida en un Estado aconfesional como el español de ciertos privilegios que todavía conserva la iglesia católica ...
(Página 42)
Comisión de Asuntos Exteriores
181/002981 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre información que recibió el Gobierno acerca de los organizadores de la Conferencia Internacional de la Resistencia Política Iraquí, programada para los
días 18, 19 y 20/06/2010 en Gijón (Asturias) ... (Página 42)
181/002982 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre opinión del Gobierno acerca de la necesidad de revisar los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1976 y 1979 ...
(Página
42)
Comisión de Interior
181/002972 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GMx), sobre previsiones acerca de la tramitación de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para
perfeccionar la exclusión durante el proceso electoral de las candidaturas de partidos ilegalizados ...
(Página 42)
181/002973 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GMx), sobre fecha prevista para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley relativa a los derechos y deberes de las funcionarias de prisiones de la escala femenina
... (Página 43)
181/002994 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Cruz (GP), sobre detección de distorsiones en el proceso de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIE) en los
centros penitenciarios, tras la entrada en vigor de dicha Ley ... (Página 43)
181/002996 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre medidas ante la expansión del salafismo en España ... (Página 43)
181/003000 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre resultado de la campaña de vigilancia y control de motocicletas, realizada por la Guardia Civil entre el 07 y el 13/06/2010 ...
Comisión de Defensa
181/003004 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GMx), sobre medidas para garantizar el derecho de los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas a ser educados en español en cualquier destino nacional ...
(Página 43)
Comisión de Economía y Hacienda
181/002976 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre necesidad de intervención de las inspecciones de trabajo y fiscal dado el alto nivel de intrusismo que existe en la confección de redes de arte de
pesca ... (Página 43)
Comisión de Fomento
181/002970 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Marón Beltrán (GS), sobre previsiones acerca de la licitación de la ampliación de la pista del aeropuerto de Alvedro en A Coruña ... (Página 44)
181/002997 Pregunta formulada por el Diputado don Aurelio Romero Girón (GP), sobre consciencia que tiene el Gobierno de las dificultades existentes para los conductores que circulan por la autovía de Andalucía por su pésima señalización ...
(Página 44)
181/002999 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre futuro ferroviario para el transporte de mercancías para el Puerto de Algeciras (Cádiz) ... (Página 44)
181/003001 Pregunta formulada por la Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP), sobre estado y pagos pendientes de las expropiaciones de la autovía del Mediterráneo A-7 a su paso por la provincia de Granada ...
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/002975 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre necesidad de intervención de las inspecciones de trabajo y fiscal dado el alto nivel de intrusismo que existe en la confección de redes de arte de
pesca ... (Página 44)
181/002980 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre posición del Gobierno respecto a la reducción de la edad de jubilación del colectivo de las rederas, trabajadores y trabajadoras dedicadas a la labor
de atar, reparar o mantener redes, incluidos en el régimen especial de trabajadores del mar ... (Página 45)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/002971 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Marón Beltrán (GS), sobre valoración de las obras de regeneración y accesibilidad de las playas de la ciudad de A Coruña ... (Página 45)
181/002977 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre conveniencia de implantar un sistema de homologación de redes de artes de pesca para garantizar lo que se establece en el Reglamento (CE) 1224/2009 de
cumplimiento de las normas de pesca común ... (Página 45)
181/002978 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre necesidad de implantar un sistema de homologación que permita identificar que quien participa en la elaboración de redes de arte de pesca cuenta con
la debida autorización, así como que la calidad de los materiales empleados es la adecuada ... (Página 45)
181/002983 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre razones para no aprobar y no presentar el 'Plan estratégico de la acuicultura marina española' ... (Página 45)
181/002984 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Pastor Julián (GP), sobre traslado y posterior ubicación de la futura fábrica de ENCE en la comarca de Pontevedra ... (Página 46)
181/002985 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garre López (GP), sobre medidas para solucionar el déficit estructural de la cuenca del río Segura ... (Página 46)
181/002986 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsiones acerca de la pesca de merluza en la zona CIEM VIIIc y IXa que hizo la Secretaría General del Mar para la cuota de 2010 ...
181/002987 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsiones acerca de realizar una distribución por modalidades y épocas en la pesquería de la merluza para la cuota que se le asigne a España en las
zonas VIIIc y IXa en el año 2011.... (Página 46)
181/002991 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), sobre motivos por los que la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha propuesto, con el nuevo Plan de Cuenca del Júcar, arruinar el 36% de
la superficie regable del Vinalopó-Alacantí ...
(Página 46)
181/002992 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olga Iglesias Fontal (GP), sobre solución de las dudas de tipo jurídico-administrativo que impiden a las comunidades autónomas poner en marcha el registro de declaraciones de
titularidad compartida regulado por el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias ... (Página 46)
181/002993 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olga Iglesias Fontal (GP), sobre balance de moratorias solicitadas, concedidas y denegadas, para la financiación de la carencia especial a los titulares de créditos para la mejora y
modernización de explotaciones y para la primera instalación de jóvenes agricultores ... (Página 47)
181/003002 Pregunta formulada por la Diputada doña Celia Villalobos Talero (GP), sobre fecha prevista para resolver la situación de los restaurantes de playa conocidos como 'chiringuitos' ... (Página 47)
181/003003 Pregunta formulada por la Diputada doña Celia Villalobos Talero (GP), sobre razones por las que no se ha cumplido el compromiso de transferir a la Junta de Andalucía la competencia sobre los 'chiringuitos' ...
Comisión de Cultura
181/002995 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre actuaciones a partir de la reactivación del convenio firmado por Cultura y Defensa en protección de patrimonio subacuático ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002988 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Guerra Guerra (GP), sobre valoración de las subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo de la Generalidad de Cataluña a las Juventudes de Esquerra
Republicana de Cataluña ... (Página 47)
181/002989 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Guerra Guerra (GP), sobre estado de las adopciones de niños haitianos solicitadas antes del terremoto de Haití del 12/01/2010 ... (Página 48)
181/002990 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Guerra Guerra (GP), sobre acciones para desbloquear las adopciones de niños haitianos que se habían realizado antes de que ocurriera el terremoto del día 12/01/2010 ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
SECRETARÍA GENERAL
292/000039
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 19 de julio de 2010, ha acordado adjudicar definitivamente el contrato de 'Servicios de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados', a la empresa GRUPO CANTOBLANCO ALIMENTACIÓN.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/001827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión Constitucional, la siguiente Proposición no de Ley para solicitar un estudio al Consejo de Estado sobre la utilización del velo integral.
Antecedentes
La utilización del velo integral, más allá de las connotaciones religiosas, está generando un intenso debate social por los posibles aspectos discriminatorios que comporta para las mujeres que lo visten.
Atendiendo a que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y que su función principal es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar al Consejo de Estado un estudio acerca de la regulación de la utilización del velo integral, en el marco del ordenamiento jurídico vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a reducir el número de
coches oficiales, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En un momento en el que el Gobierno, apremiado por nuestros socios europeos del ECOFIN, impone a millones de españoles el mayor recorte social de la historia
de nuestra democracia, resulta consecuente que se aplique a sí mismo la austeridad que predica y exige a los ciudadanos.
La ejemplaridad pública, entendida como servicio, obliga a compartir el sacrificio de unos ciudadanos que sufren la actual coyuntura económica con resignación.
Con carácter previo a la reducción de derechos sociales a jubilados, pensionistas y empleados públicos, el Gobierno debiera haber llevado a cabo una severa reducción de ministerios, altos cargos y también de otros gastos, como los vehículos
oficiales, que en este momento son prescindibles.
La configuración de la pirámide administrativa establece que los altos cargos ministeriales y asimilados, desde el director general hasta el Ministro, pasando por los eventuales secretarios generales, subsecretarios y secretarios de Estado,
por su rango y representatividad, cuentan con un vehículo para el ejercicio de su alta dirección política y administrativa.
En un momento como el actual resulta de difícil justificación el número de vehículos oficiales que pueden ser en muchos casos sustituidos por los coches de incidencias.
Es necesaria una consecuente reflexión para ampliar el nivel de austeridad de la Administración General del Estado, en línea con los sacrificios que el Gobierno está imponiendo a los españoles.
En España esta medida supondría un ahorro notable, además de servir para transmitir un claro mensaje a una ciudadanía que siente un cada vez mayor desapego hacia su clase política, contribuyendo a acercar sus preocupaciones, pero sobre todo,
demostrando que la clase política es capaz de aplicarse a sí misma aquello que predica y solicita a los demás.
Además, el Gobierno de España tomará una serie de medidas adicionales, tendentes a la no adquisición de nuevos vehículos hasta que estén amortizados la totalidad de los que esta iniciativa se propone suprimir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir progresivamente y en consonancia con el compromiso de austeridad y reducción del gasto público, los coches oficiales que no sean estrictamente necesarios para el servicio público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2010.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Mohamed Sid Brahim Sid Embarec Basir, más conocido como Basiri, fue un activista por los derechos del pueblo saharaui, que desapareció bajo la responsabilidad de la autoridad colonial española, el Gobierno General de la Provincia del Sáhara.
Nacido en el Sahara Occidental, vivió en Marruecos, El Cairo y Damasco, donde estudió. Después de licenciarse en periodismo, fundó un periódico en Marruecos, desde el que cuestionaba las pretensiones marroquíes de anexionarse el Sahara.
Las autoridades marroquíes lo persiguieron por este hecho y entonces solicitó autorización a las autoridades españolas para entrar en el territorio saharaui.
La demora en la respuesta y la angustia por la persecución marroquí le obligaron a entrar en su país al margen de la legalidad, siendo detenido y encarcelado junto a su hermano por las autoridades españolas.
Ante la presión de familiares y personalidades saharauis, el Gobernador español ordenó la puesta en libertad de ambos hermanos concediéndoles un salvoconducto a cada uno, renovable cada seis meses.
Ya en libertad retomó el activismo por la liberación de su pueblo, enviando misivas tanto a la Asamblea General Saharaui como al Gobernador General advirtiendo de la voluntad anexionista de Marruecos, reclamando medidas para evitarla, así
como otras destinadas a mejorar la calidad de vida de la población.
Ante la pasividad española y la urgente necesidad de organización de la población saharaui, el 12 de diciembre de 1969 se fundó la Organización de Vanguardia para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, cuyo secretario general fue el
propio Basiri. Entre los objetivos de la organización estaba la concienciación de la población, y especialmente de la juventud, respecto a la independencia del pueblo saharaui.
La organización fue creciendo a lo largo del territorio. Las autoridades españolas tuvieron conocimiento de su existencia a mediados de 1970. En respuesta a ello, convocaron una gran manifestación en apoyo de la presencia española en
territorio saharaui.
Lejos de buscar el conflicto, la organización saharaui llevó a cabo reuniones con los Delegados Provinciales
del Gobierno General de la Provincia del Sáhara, informándoles de sus objetivos. Estos objetivos, según un memorándum que realizaron, incluían la independencia del Estado saharaui, pero conservando los vínculos y las relaciones con España,
el apoyo español en los foros internacionales en el periodo de transición, así como mejorar el nivel cultural y económico de la población.
Sin embargo, el 17 de junio de 1970 coincidieron dos manifestaciones: una de apoyo a la organización saharaui y otra de apoyo a la colonización.
Las autoridades españolas instaron a la disolución de la primera e incluso hizo presencia el
Gobernador español, a quien los saharauis hicieron entrega de su memorándum, pero se negaron a disolver la manifestación. Ante esta negativa, intervinieron las Fuerzas de la Legión, que dispararon indiscriminadamente contra la población, causando
heridos y muertos y deteniendo a centenares.
Aquella misma noche fue detenido Basiri, que permaneció en la cárcel de Aaiún hasta el 16 de julio, fecha en que se tiene la última información respecto a su paradero. Desde ese momento, no hay noticias suyas: ni el Gobierno General de la
Provincia del Sahara informó entonces, ni hasta ahora lo ha hecho el Gobierno español. La población saharaui lo considera un héroe y mártir y espera que el Gobierno español arroje luz sobre su desaparición.
Cuando se cumplen 40 años de su desaparición, en un contexto de recuperación de la memoria histórica española, y en un momento en que, después del caso Aminatou Haidar, el pueblo saharaui recuerda al Estado español su responsabilidad
histórica, se considera oportuno que el Gobierno realice un gesto de cara al pueblo saharaui, aportando información sobre el desaparecido Basiri.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:
1. Realizar un informe sobre la desaparición de Mohamed Sid Brahim Sid Embarec Basir, Basiri, aportando información sobre su suerte y paradero.
2. En caso de que el Gobierno español tuviera responsabilidad en la desaparición de Basiri, establecer las medidas necesarias para la reparación de su memoria, así como de su familia.
3. En caso de que Basiri hubiera fallecido después de la detención por parte de las fuerzas de seguridad españolas, realizar las gestiones oportunas para su localización y su repatriación a territorio saharaui.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2010.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, a iniciativa del Portavoz Joan Ridao i Martín y del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Catalunya para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado como Ley Orgánica por el Parlamento español, establece en su artículo 200 que 'La Generalitat debe promover la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas
de Catalunya y, si procede, su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos'.
Sin embargo, el Gobierno español obstaculiza el cumplimiento de este artículo tratando de impedir la presencia internacional de las organizaciones catalanas, tanto en el ámbito público como en el privado, siendo especialmente grave los casos
referidos a este último. Muestras de ello son las maniobras para impedir la participación de las selecciones deportivas catalanas o las gestiones para vetar la entrada de Catalunya como miembro de pleno derecho de la Asociación Europea del Carnet
Joven (EYCA, en sus siglas en inglés).
El caso paradigmático de ello es el llamado 'caso Fresno', en noviembre de 2004, en que está documentado la presión del Gobierno español, con la participación del Consejo Superior de Deportes, a algunos miembros de la Federación
Internacional de Patinaje (FIRS) para impedir la ratificación de la Federación Catalana como miembro, después de que fuera aceptada en primera instancia en una asamblea en Miami. El Gobierno español dedicó recursos físicos y económicos públicos a
interferir en las decisiones de organizaciones internacionales reguladas por el derecho privado. Y además lo hizo, pocos meses después de que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara una iniciativa en que se instaba al Gobierno a 'promover
la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en las competiciones internacionales', así como a 'mantener la lealtad constitucional con el sistema de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
respetando las competencias que el bloque de constitucionalidad atribuye a las Comunidades Autónomas, en toda su extensión'.
Por otro lado, hay que recordar que el Parlamento español aprobó la Proposición no de Ley, presentada por Esquerra Republicana, sobre el desarrollo del Estatuto
de Autonomía de Cataluña en relación a la presencia de Cataluña en la Unión Europea, en la cual se instaba al Gobierno español a acelerar los trámites para dar cumplimiento a los artículos 184 a 190 del Capítulo II del Título V del Estatuto
de Autonomía de Catalunya, referidos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea. En estos artículos se establece la participación de la Generalitat en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las competencias o los
intereses de Catalunya. En esta línea, es necesario señalar que las competencias en materia deportiva o de juventud son exclusivas de la Generalitat de Catalunya.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Respetar el artículo 200 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
2. Realizar, a instancia de la Generalitat de Catalunya, las gestiones oportunas para favorecer la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Catalunya, así como su afiliación a las entidades afines
de ámbito internacional en virtud del artículo 200 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
3. Apoyar, mediante el INJUVE y en virtud del artículo del Estatut de Catalunya anteriormente citado, la entrada de Catalunya como miembro de pleno derecho de la Asociación Europea del Carnet Joven.
4. Mantener la lealtad constitucional con el sistema de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, respetando las competencias que el bloque de constitucionalidad atribuye a las Comunidades Autónomas, en toda su
extensión.
5. Promover la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en las competiciones internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2010.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cierre de Consulados, para
su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado día 2 de marzo, el Cónsul General de España en Hannover (Alemania) ha anunciado el cierre de dicho Consulado. Este cierre viene a unirse al menos a otros dos sobre los cuales ya se tiene conocimiento, en Reino Unido y en Francia.
En más de una ocasión la ciudadanía española en el exterior ha expresado su preocupación por este tipo de anuncios, ya que auguran un desmantelamiento de la infraestructura que la Administración española mantiene en el exterior para atender
las necesidades sociales y laborales de los españoles que residen en el exterior.
De la misma manera, las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores lo han denunciado después de que el personal consular hubiese recibido el aviso de que dejarían su actual puesto por el
cierre de las oficinas sin consultar a las organizaciones sindicales ni tampoco a los órganos de representación de la emigración, como son los Consejos de Residentes (CRE) y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
El cierre de los Consulados Generales contraviene el espíritu y el articulado de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que en su artículo 5 del Título I, Derechos y Prestaciones sobre
asistencia y protección de los españoles en el exterior, se recoge que los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán las medidas para que las Oficinas Consulares, Consejerías de Trabajo y demás dependencias de la
Administración española en el exterior cuenten con los medios personales, materiales y técnicos precisos para prestar la debida asistencia, protección y asesoramiento a los ciudadanos residentes en el extranjero.
Ante las noticias publicadas de que además del posible cierre del Consulado de Hannover, se habla del cierre del Consulado español en Hamburgo y de algunos otros en Reino Unido y Francia, es por lo que muchos españoles en el exterior ya han
lanzado sus protestas, incluso el propio Presidente del Centro Gallego de Hannover ha calificado el cierre del consulado de España en Hannover como 'un calvario'.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que mantenga abiertos los Consulados y Viceconsulados Honorarios, así como las oficinas consulares y secciones
consulares de Embajadas que dan servicio a más de 1.500.000 españoles residentes en el Exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2010.-Belén de Campo Piñeiro, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/001837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el desarrollo reglamentario
de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, para la creación de Mancomunidades de Policía Local, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, reforma de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad añadiendo una nueva disposición adicional quinta, que permite
la agrupación de municipios que por sí mismos no dispongan de los recursos necesarios para la creación y gestión de Cuerpos de Policía Local.
Ésta era una medida muy esperada por los Alcaldes de los pequeños municipios y estaba en las agendas de todos los grupos políticos.
La Mancomunidad de la policía local puede suponer un ahorro importante para los municipios en estos momentos de crisis, y además cubre las necesidades de los que por separado carecen de los medios necesarios para crear y mantener por sí
mismos un servicio de policía local, permitiendo que puedan asociarse entre sí mediante la creación de mancomunidades voluntarias para el establecimiento y prestación del servicio de Policía Local. Con esta formula se consigue que la seguridad
pública y los demás servicios que presta la Policía Local sean disfrutados por la totalidad de la población.
La Federación Española de Municipios y Provincias ha presentado al Ministerio del Interior un borrador de Reglamento que regulará las condiciones de la colaboración para la creación de los Servicios de Policía Local. Pero después de más de
dos años desde la aprobación de la Ley el desarrollo reglamentario necesario para regular la mancomunidad de policías locales, no ha sido aprobado por el Gobierno.
Por cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar por Real Decreto el desarrollo Reglamentario de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre riesgos laborales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El elevado número de bajas, especialmente aquellas producidas como consecuencia de accidentes y agresiones en acto de servicio, constituye un grave riesgo para la salud de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y resta
además un importante potencial de servicio para garantizar su función constitucional de mantenimiento de la seguridad ciudadana.
En el año 2008, el total de días por bajas temporales en el Cuerpo Nacional de Policía ascendió al equivalente a 895.228 días de trabajo, lo que supone un aumento del 15% desde el año 2004. Las bajas tramitadas como en acto de servicio
fueron 2.539, lo que representa a su vez casi una de cada cinco bajas temporales tramitadas. Las bajas por causa psíquica fueron 588.
La situación en la Guardia Civil es aún más dramática. En 2008 se perdieron un total de 2.443.369 días por bajas temporales, lo que supone un incremento del 36% desde el año 2004. Las bajas tramitadas como acto de servicio ascendieron a
2.417 bajas. Por su parte, las bajas por causa psíquica alcanzaron las 5.040.
Todos estos datos ponen de manifiesto un elevado índice de absentismo que en el Cuerpo Nacional de Policía se sitúa en 16,5 días perdidos por funcionario, mientras que en la Guardia Civil asciende a 26,5. En ambos casos como se ve nos
encontramos con unos
índices especialmente altos que redundan en un indudable perjuicio para el servicio y un importante coste económico para los recursos públicos.
La aplicación de la legislación de riesgos laborales es muy incipiente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no existe prácticamente dotación presupuestaria para aplicar medidas que redunden en una mejora de la salud laboral de
ambos colectivos.
La falta de desarrollo del Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre Prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil y la Orden Ministerial Int. 24/2006, de 10 de marzo, donde se regulan los órganos de prevención de Riesgos
Laborales en el Cuerpo, y del Real Decreto 2/2006, de 16 enero, sobre normas de prevención de Riesgos Laborales en la actividad de los funcionarios del CNP, es continuamente denunciada por Sindicatos policiales y Asociaciones profesionales de la
Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir al Congreso de los Diputados en el plazo de tres meses un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que contemple un catálogo de actuaciones concretas encaminadas a mejorar la salud laboral de los policías nacionales y los guardias
civiles y elaborar los instrumentos necesarios para su más pronta aplicación.
2. Informar anualmente a la Comisión de Interior del Congreso sobre la evolución de las bajas, con especial referencia a las causadas en acto de servicio, las psicológicas y el número de días perdidos como consecuencia de las bajas
temporales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la admisión en centros
educativos de los hijos del personal de las Fuerzas Armadas que sean trasladados durante el curso escolar, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La movilidad geográfica que impone el servicio en las Fuerzas Armadas añade dificultades a la conciliación de la vida laboral y familiar que tienen los militares por razón de su profesión. El Estado está obligado a establecer las
condiciones necesarias en beneficio de dicha conciliación.
Una de las dificultades más importantes es la escolarización de los hijos del personal militar que se traslada por razones de servicio. El traspaso de las competencias en materia de Educación a las Comunidades Autónomas ha hecho que se
multipliquen las casuísticas y que se hayan establecido fórmulas diferentes en cada Comunidad Autónoma.
Comunidades como Valencia o Madrid tienen un régimen especial en materia de admisiones para hijos del personal del Ministerio de Defensa en virtud de los convenios suscritos en septiembre de 1998 y en septiembre de 2001, respectivamente,
como contraprestación al traspaso de diversos colegios e institutos de Defensa a sus Consejerías de Educación.
Unas comunidades dan prioridad a los hijos del personal militar en los centros anteriormente adscritos a Defensa, otras prevén que los alumnos estén exentos de la obligación de estudiar en el idioma cooficial cuando su escolarización sea
provisional y otras sólo prevén los derechos de escolarización comunes a todos.
Esta diversidad sólo añade dificultades a las que deben superar los militares trasladados y sus familias. Los padres no tienen la garantía de escolarización inmediata ni de que el centro educativo sea el mismo para todos sus hijos.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de establecer un régimen regulador único en materia de admisiones a los centros educativos que prevea las circunstancias especiales de las familias de miembros de las Fuerzas Armadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Defensa, negocie con todas las Comunidades Autónomas un régimen único de admisión en centros educativos para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas que
sean trasladados durante el curso, con las siguientes premisas:
1. La escolarización se realizará valorando preferencias de los padres en cuanto a la proximidad del domicilio y/o lugar de trabajo.
2. Todos los hijos de militares trasladados serán escolarizados en el mismo centro si así lo piden los padres.
3. Los hijos de personal militar trasladado por un periodo inferior a tres años a cualquier comunidad con idioma cooficial quedarán exentos de la evaluación de sus conocimientos en ese segundo idioma, si así lo solicitan sus padres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2010.-Pilar Barreiro Álvarez, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Hacienda
161/001829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a medidas del Gobierno en la UE para levantar el veto que pesa sobre el antiguo astillero de Astano de construir buques civiles, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En el último Debate de Política General, el correspondiente al año 2009, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba una resolución promovida por el BNG en la que se instaba al Gobierno a que, 'en el marco de la próxima Presidencia
española de la UE, asuma como prioridad el impulso de las siguientes medidas:
1. Apertura de un proceso negociador para revisar los acuerdos de 2004, que limitan hasta el año 2015 la actividad productiva del astillero de Fene a tareas auxiliares del astillero Navantia-Ferrol, con la finalidad de que el astillero de
Fene pueda desarrollar plenamente sus actividades productivas en los ámbitos de la construcción naval civil'.
Además de este acuerdo parlamentario, el Presidente del Gobierno se comprometía con el BNG a aprovechar la Presidencia de turno de la UE para tratar la prohibición que pesa sobre la antigua Astano para construir buques.
Sin embargo, y a pesar de las reiteradas iniciativas parlamentarias de este diputado, la última de ellas una pregunta en Pleno al Presidente del Gobierno, nada se ha hecho al respecto. Sin ir más lejos, un diario gallego publicaba el día 28
de mayo, una información que señalaba que 'el Comisario Europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, reitera que el Gobierno español no le pidió revisar la decisión que impide construir buques civiles en Fene'. Una información que recoge las
declaraciones del Comisario sobre este tema, quien considera que 'una renegociación no modificaría la obligación de recuperar la ayuda estatal ilegal de 975 millones de euros'.
En referencia a esta última cuestión mencionada por el Señor Almunia, es necesario recordar varias cuestiones:
- El acuerdo de Congreso de los Diputados y los compromisos asumidos por el Presidente del Gobierno se refieren única y exclusivamente al astillero de Fene, no al conjunto de astilleros que pertenecían al Grupo Izar, a los que alude el
Comisario Europeo de la competencia al mencionar la cifra de 975 millones de euros que supuestamente sería necesario devolver. Las supuestas ayudas públicas percibidas por el astillero de Fene no alcanzarían en ningún caso los 70 millones de euros.
- La UE autorizó las ayudas públicas concedidas por Polonia a sus astilleros, sin establecer condiciones comparables a las restricciones tan duras impuestas a la antigua ASTANO que le impiden operar en el campo de la construcción naval
civil.
En concreto la UE autorizó una ayuda pública de 251 millones de euros a los astilleros de Gdansk y la condonación de deudas por un total de 2.000 millones de euros en los procesos de privatización de los astilleros de Gdynia y Szczecin.
Es necesario recordar que ante la actual crisis económica la mayoría de los Estados de la Unión Europea arbitraron medidas excepcionales, como la concesión de ayudas públicas a la banca o al sector del automóvil.
2. El punto 17 del compromiso suscrito por el Estado español con la Comisión Europea para reestructurar el sector naval público establece que los acuerdos de 2004 podrán ser revisados ante hechos nuevos y relevantes o situaciones de
naturaleza excepcional, como sin lugar a dudas lo es la actual situación de crisis económica y la consiguiente concesión de ayudas públicas a distintos sectores y, en particular, el precedente citado de los astilleros polacos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento al primer punto de la resolución número 14, consecuencia del último debate de política general sobre 'el Estado de la Nación', para que proceda de inmediato a la apertura de
un proceso negociador para revisar los acuerdos de 2004, que limitan hasta el año 2015 la actividad productiva del astillero de Fene a tareas auxiliares del astillero Navantia-Ferrol, con la finalidad de que el astillero de Fene pueda desarrollar
plenamente sus
actividades productivas en los ámbitos de la construcción naval civil (construcción, reparación, reciclaje o transformación de buques u otros artefactos flotantes).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2010.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a mejoras en la gestión de
los borradores del Impuesto sobre la Renta, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
Es un deber constitucional contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, mediante un sistema fiscal justo y equitativo, según establece el artículo 31 de nuestra Constitución.
La Agencia Tributaria es el Organismo encargado de la aplicación de nuestro sistema tributario. Desde su creación en 1992, ha sido reconocida en multitud de ocasiones, destacando la incorporación intensiva de las nuevas tecnologías a los
procedimientos tributarios.
Uno de los objetivos fundamentales desde su creación ha sido fomentar entre los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, simplificando y facilitando los datos y la información necesaria para cumplimentar de
manera sencilla sus declaraciones tributarias.
A partir de 1996 se introdujeron importantes cambios en la orientación de la gestión tributaria intentando avanzar en la reducción de los costes de cumplimiento y en la mejora de las relaciones con los contribuyentes.
Ejemplos de los avances experimentados en la consecución de este objetivo, hay muchos: confección de la declaración de IRPF mediante el programa PADRE, presentación telemática de declaraciones, programas informáticos de ayuda para la
confección de declaraciones fiscales y envío de datos fiscales a los contribuyentes.
En el ejercicio 2003 se dio un nuevo impulso con la implantación del borrador de declaración del IRPF, que permitió que el contribuyente pueda solicitar un borrador de su declaración que posteriormente, bien confirmando o rectificando
algunos datos, le permite cumplir con su obligación de declarar anualmente en el IRPF.
Sin embargo el buen funcionamiento de este sistema, magníficamente valorado por los contribuyentes, está basado en la exactitud de los datos enviados por la Agencia Tributaria, algo que no se está cumpliendo.
De los más de 20 millones de borradores y datos fiscales enviados anualmente, más de 6 millones contienen incorrecciones que pueden impedirles beneficiarse de deducciones fiscales estipuladas por ley, o bien omitir la inclusión de ciertos
ingresos que es necesario declarar, lo que puede tener consecuencias futuras para el contribuyente.
En este aspecto se publicaba recientemente que en esta campaña de renta 2009, hay 250.762 borradores que omiten la tributación de las ayudas públicas del Plan 2000E a la compra de un automóvil.
Asimismo existen 390.000 contribuyentes afectados por ERES y despidos por causas objetivas y económicas, cuyo límite exento de tributación aumentó con efectos retroactivos desde el 9 de marzo de 2009. Estos contribuyentes pueden tributar,
erróneamente, por encima de sus obligaciones tributarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a al Gobierno a:
1. Efectuar los cambios necesarios en la gestión de los borradores de IRPF por parte de la Agencia Tributaria para mejorar la información remitida a los contribuyentes, así como a introducir las advertencias necesarias para que se proceda
de forma obligatoria a rectificar el borrador, cuando éste no sea correcto.
2. En coordinación con la Agencia Tributaria, no aplicar sanciones tributarias en aquellos casos en que, por haber omitido el borrador determinadas ayudas o subvenciones públicas, en concreto las procedentes del plan 2000E, el contribuyente
haya procedido a confirmar el borrador sin haberlo rectificado.
3. De acuerdo con la Agencia Tributaria, proceder de oficio a revisar las declaraciones de IRPF, correspondientes al año 2009, de los contribuyentes afectados por expedientes de regulación de empleo y despidos por causas objetivas o
económicas, efectuando las devoluciones que procedan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2010.-Ana Madrazo Díaz, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia
del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los criterios de aplicación de la reducción del IVA prevista en el Real
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, en relación a la actividad de rehabilitación de viviendas, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, tiene por finalidad impulsar reformas de distinta índole, entre las que cabe destacar al objeto de la presente proposición no de
ley, los cambios introducidos a recuperar la actividad del sector de la construcción por la vía fundamental del impulso fiscal a la actividad de la rehabilitación de viviendas con el fin de propiciar a corto plazo incrementos de empleo y de
actividad del sector.
Así, en primer término dicho Real Decreto-ley modifica la normativa de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Concretamente, determina que los contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales podrán acogerse a
una deducción temporal del 10 por ciento de esta impuesto cuando decidan llevar a cabo obras de mejora en la vivienda habitual que tengan por objeto la mejora energética de la vivienda, la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas
u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, y siempre y cuando el importe total de las mismas no supere los 12.000 euros en los periodos impositivos que sea de aplicación. Asimismo, aquellos otros contribuyentes
comprendidos entre los 33.007,20 euros y los 53.007,20 euros anuales de base imponible, también podrán acogerse a esta modificación normativa del IRPF de carácter temporal, aunque el porcentaje deducido se verá reducido de manera progresiva en la
medida que la base imponible mínima se vaya incrementando hasta llegar a los mencionados 53.007,20 euros.
Y en segundo lugar, este Real Decreto-ley reforma la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, permitiendo la aplicación del tipo impositivo reducido para todo tipo de obras de mejora y rehabilitación de las viviendas realizadas, que al
igual que la deducción temporal del IRPF se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. Con ello pues, a la práctica se equipara el tipo reducido del IVA de la rehabilitación de las viviendas al de la reforma en hogares vigente hasta el
momento.
Sin embargo, sobre este último aspecto, diversos colectivos vinculados al sector de la construcción han advertido que el actual redactado del apartado cuatro del artículo dos de este Real Decreto-ley que modifica el número 15.° del apartado
uno.2 del artículo 91 del Impuesto sobre el Valor Añadido, comporta que la Agencia Tributaria haga una interpretación del mismo que dificulta que numerosas obras susceptibles de acogerse a dichos cambios finalmente no lo puedan hacer, por lo que
sería necesario introducir una modificación de la redacción del mencionado apartado con el fin de superar la lectura restrictiva que realiza habitualmente la Agencia Tributaria sobre el mismo.
De este modo, la práctica habitual del sector que comporta hacer confluir en numerosas ocasiones y a petición del cliente, la aportación de materiales y de mano de obra vinculada a la renovación y reparación de viviendas en una misma persona
no se vería penalizada. Es por ello, que debería de contemplarse la posibilidad de que cuando la persona que realizara las obras también aportara materiales para su ejecución que excediesen el 33% de la base imponible de la operación, dichos
materiales fuesen solo gravados con el tipo impositivo general del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el apartado cuatro del artículo dos del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo por el que se modifica temporalmente el número 15 del apartado uno.2 del artículo
91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de que en la letra c) de dicho número se estableciera que en el caso que los materiales aportados por la persona que realizase la obra representaran más del
33% de la base imponible de la operación, solo éstos pudieran ser facturados con el tipo impositivo general del Impuesto sobre el Valor Añadido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la Reducción del índice de rendimiento neto
en el IRPF para la vid y flor cortada en Cádiz Año 2009, para su debate e la Comisión de Economía.
Exposición de motivos
La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA 1059/2010, de 28 de abril, reduce los índices de rendimiento neto para el período impositivo 2009, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el modelo de estimación objetiva,
para aquellos agricultores y ganaderos afectados por las circunstancias climatológicas.
Sin justificación alguna, los cultivos de la vid y de la flor cortada, en la provincia de Cádiz, que se vieron al igual que el resto de los cultivos afectados por el temporal, han sido excluidos de la citada orden, y por tanto los
agricultores de tales cultivos no podrán beneficiarse de las reducciones previstas en la misma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a incluir en la Orden 1059/2010 de 28 de abril, los cultivos de la vid y la flor cortada de la provincia de Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2010.-Aurelio Romero Girón, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a Anulación Ponencia Valores Catastrales del
Municipio de Jerez de la Frontera, para su debate en la Comisión de Economía.
Exposición de motivos
La Dirección General del Catastro aprobó una ponencia de valores para el municipio de Jerez de la Frontera, en la que se fijaban valores catastrales muy por encima incluso de los valores de mercado.
Como consecuencia de ello, una vez notificado los valores individuales a los contribuyentes, gran parte de ellos, procedieron a impugnar los mismos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Han comenzado a notificarse las sentencias recaídas en estos procedimientos, reconociendo el Tribunal que los valores asignados no tienen motivación estimándose las reclamaciones y anulándose las valoraciones individuales.
Esto provocará desigualdades ante los contribuyentes jerezanos, ya que aquellos que por distintas causas no han podido recurrir se les aplicará la ponencia de valores aprobada, mientras que los que hayan recurrido se les aplicará la ponencia
de valores anterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a anular la ponencia de valores aprobada para el municipio de Jerez de la Frontera, iniciando los estudios preceptivos para la redacción y en su caso aprobación de una nueva ponencia de acuerdo
con la normativa urgente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2010.-Aurelio Romero Girón, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001863
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley sobre la equiparación del IVA aplicable a los productos de la pesca y la acuicultura con el resto de productos alimentarios básicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Economía y Hacienda, la siguiente Proposición no de Ley sobre la equiparación del IVA aplicable a los productos de la pesca y la acuicultura con el resto de productos alimentarios básicos.
Antecedentes
Los productos básicos alimentarios están gravados con el tipo impositivo del IVA del 4%, sin embargo los productos de la pesca y de la acuicultura están gravados con el tipo impositivo del 8%, a pesar de tratarse de alimentos absolutamente
necesarios para la adecuada alimentación humana.
Modificar la ley del IVA para estos productos permitiría cumplir con dos objetivos esenciales, por un lado corregir una aplicación desigual de los tipos de IVA en la cadena alimentaria, ya que actualmente tributan al 4% el pan, las harinas
panificables, la leche, los quesos, los huevos o las frutas y verduras, frente a 8% de IVA al que tributan los productos de la pesca y la acuicultura. Los pescados tienen un peso relativo en la cesta de la compra superior al 13% del gasto total
alimentario en los hogares españoles. Asimismo, las recomendaciones nutricionales de ingesta de productos pesqueros avaladas por Organismos de reconocido prestigio como la Facultad de Salud Pública de Harvard, la European Food Safety Authority o la
Fundación Española de Nutrición (4 veces por semana), avalan la consideración de los productos de la pesca y la acuicultura como alimentos de primera necesidad y tributar como tal a efectos del IVA.
En consecuencia, más allá de su limitado impacto fiscal, se trata de impulsar una medida destinada a favorecer una dieta alimenticia saludable, lo cual también tiene sus repercusiones desde la política preventiva de salud y de abaratamiento
de la cesta de la compra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, al objeto de equiparar los productos de la pesca y de la acuicultura con los alimentos de primera necesidad a efectos de aplicar
el IVA reducido al 4% frente al 8% vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento
161/001823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al uso de tacógrafos en las
Islas Baleares y Canarias con una superficie inferior a 2.300 km², para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Reglamento (CE) núm. 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se
modificaban los Reglamentos (CEE) núm. 3821/85 y (CE) núm. 2135/98 y se derogaba el Reglamento (CEE) núm. 3820/85 del Consejo, establecía en su artículo 13.1 que:
Cualquier Estado miembro podrá conceder excepciones a lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 5 a 9 (tripulación, tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso) y subordinar dichas excepciones a condiciones individuales en lo
que se refiere a su territorio o, con la conformidad del Estado interesado, en lo que se refiere al territorio de otro Estado miembro, en relación con los transportes efectuados mediante: (...)
e) vehículos que circulen exclusivamente en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados y que no estén unidas al resto del territorio nacional por ningún puente, vado o túnel abierto a los vehículos a motor;
Habilita este Reglamento, por tanto, al Gobierno a establecer excepciones para los archipiélagos Canario y Balear (a excepción de la isla de Mallorca, cuya extensión, 3.624 kilómetros cuadrados, supera el límite establecido por el reglamento
comunitario) en todo lo relativo a uso del tacógrafo.
El Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se regularon las excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso de tacógrafo en el transporte por carretera, decía en su artículo 2, apartado
p, que:
'En uso de la habilitación contenida en el artículo 3.2 del Reglamento (CEE núm. 3821/85) y del artículo 13.1 del Reglamento (CE núm. 561/2006), además de en los transportes enumerados en el artículo 3 de este último Reglamento, no será
obligatorio el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los referidos reglamentos en relación con la instalación y uso del tacógrafo y los tiempos
de conducción y descanso de los conductores durante la realización de los siguientes transportes: (...)
p) Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 1.500 kilómetros cuadrados, siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por ningún puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los
vehículos de motor.'
Dicha normativa, por lo tanto excluía a las islas de Lanzarote, La Gomera, La Palma, El Hierro, Menorca e Ibiza al ámbito de su aplicación.
Posteriormente, el Decreto mencionado, se modificó por Real Decreto 1163/2009, de 10 de julio, quedando modificados los artículos antes mencionados en los siguientes extremos:
'p) Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250 kilómetros cuadrados, siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por ningún puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los
vehículos de motor.'
Por lo tanto, el ámbito de aplicación, se ha extendido a prácticamente la totalidad de ambos archipiélagos, quedando sin efecto la habilitación contenida en el Reglamento Europeo que permitía a los Estados miembros pueden dispensar de la
aplicación de esta norma a los vehículos que circularan exclusivamente en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados y que no estuvieran unidas al resto del territorio nacional por ningún puente, vado o túnel abierto a los
vehículos de motor.
Es evidente que dado la superficie de las islas inferiores en tamaño a los 2.300 km², la aplicación de la norma sobre conducción y descanso, es excesiva, toda vez que los conductores, en ningún caso, llegan a completar el tiempo de
conducción y las horas permitidas, y lógicamente, los kilómetros diarios permitidos, con lo que la obligatoriedad del descanso y kilómetros efectuados, causa grandes perjuicios económicos a los transportistas. Ya estaban exceptuados ambos
archipiélagos según la norma, que nace para el control de los tediosos y largos tiempos de conducción en el territorio europeo y se fundamenta única y exclusivamente para el control de los mismos, no para el control en territorios tan pequeños como
los de las islas anteriormente señaladas.
El transporte en estas islas se limita a cortos viajes en el espacio y muy pausados en el tiempo.
La realidad física de la isla en la que realizan los transportistas su actividad profesional y las características de los convenios colectivos vigentes para el sector, hacen imposible el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso
amparados en la normativa mencionada, respetando implícitamente el espíritu de la normativa; diseñada para garantizar la seguridad de las grandes rutas europeas.
En orden a la competitividad de este sector, habría que señalar que en ninguno de los territorios archipielágicos de la Unión Europea existe la obligatoriedad de la utilización del tacógrafo en consonancia con la previsión legal europea de
permitir su excepción a los territorios insulares de menos de 2.300 kilómetros cuadrados, precisamente porque los perjuicios causados son mucho mayores que los posibles beneficios.
El rechazo al tacógrafo en ambos archipiélagos está generalizado en todos los sectores empresariales y en el conjunto de los trabajadores, dado que no se alcanza a comprender las razones de la implantación en un archipiélago de unas
reducidas dimensiones, en el que no se pueden realizar los topes de horas de conducción marcados por la normativa donde los costes y perjuicios económicos y operativos son proporcionalmente tan grandes que no justifican por sí mismos dicha medida,
como así lo han entendido en la Unión Europea los diferentes Estados miembros con territorios archipielágicos.
En lo que se refiere a la seguridad en el tráfico, las estadísticas de la Dirección General de Tráfico corroboran que en los últimos 15 años no ha habido víctima alguna en accidentes de tráfico relacionados con vehículos de transporte
(mercancías y pasajeros) y se ha reducido este número dado el incremento de la seguridad pasiva, al contar el sector con mejores vehículos e infraestructuras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Proposición no de Ley para que modifique el apartado p) del artículo 2 del Real Decreto 1163/2009, de 10 de julio, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del
tacógrafo en el transporte por carretera, en orden a señalar que en las islas que no superen los 2.300 kilómetros cuadrados, no serán de aplicación las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte
por carretera'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2010.-Guillermo Mariscal Anaya, Enrique Fajarnés Ribas y Juan Carlos Grau Reinés, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Estudio funcional del
corredor ferroviario de altas prestaciones
Madrid-Ávila-Salamanca, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020, dentro de sus actuaciones en la red de ferrocarriles, contempla la referida a las Altas Prestaciones en la línea Madrid-Ávila-Salamanca.
Para redactar el Estudio funcional del corredor ferroviario referido, el día 22 de diciembre de 2006, adjudicó a la empresa Apia XXI, la consultoría y asistencia técnica con un plazo de ejecución de veinticuatro meses.
El Secretario de Estado de Planificación, en varias comparecencias parlamentarias, ha reconocido la conclusión del referido Estudio funcional pero negóse a informar sobre su contenido y conclusiones, y a entregar el documento correspondiente
al Grupo Parlamentario Popular que lo había solicitado en varias ocasiones.
Solicitado y obtenido el oportuno amparo del Presidente del Congreso, el Ministerio de Fomento sigue sin remitir el Estudio a la Cámara.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de 15 días remita a esta Cámara la documentación relativa al Estudio funcional del corredor ferroviario de altas prestaciones Madrid-Ávila-Salamanca, encargado por el
Ministerio de Fomento a la empresa Apia XXI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2010.-Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián González Vázquez, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de ley para la mejora de las conexiones
ferroviarias de Ávila con Madrid, Valladolid y Salamanca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Las recientes declaraciones del Ministro de Fomento, al hilo de los recortes propiciados por la crisis económica y las consecuentes medidas de austeridad, han generado una honda preocupación entre los abulenses ante la amenaza de reducción o
clausura de los servicios ferroviarios convencionales para Ávila en sus conexiones con Madrid, Valladolid y Salamanca.
Efectivamente, siete de las trece líneas calificadas por el Ministro de Fomento como 'no rentables' están enclavadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, entre ellas las líneas Ávila-Madrid; Ávila-Salamanca y Ávila-Valladolid,
además de Zamora-Sanabria, Miranda-Burgos y Burgos-Medina del Campo.
En 2006 y 2007, respectivamente, el Ministerio de Fomento licitó y adjudicó un 'Estudio Funcional del corredor ferroviario de altas prestaciones Madrid-Ávila-Salamanca', que debía estar terminado en 2009 y que en 2010 no se conoce, pese a
que, en comparecencia parlamentaria en el Congreso, el Secretario de Estado ha declarado que el estudio ya está en sus manos.
Mientras el tiempo transcurre, el servicio ferroviario se deteriora paulatinamente. Aunque en algún servicio se han puesto trenes MD+ nuevos, en otros se quitaron trenes de grandes líneas y los sustituyeron por trenes viejos, en horarios
insatisfactorios para los usuarios, registrándose retrasos crecientes, por ejemplo con un promedio de 1h30 para cubrir el trayecto Ávila-Madrid y 1h10 para el trayecto Ávila-Valladolid. Recientemente, RENFE retrasó en 9 minutos la salida del tren
de la mañana de Ávila a Valladolid. Salía a las 7.31 y ahora sale a las 7.44, demasiado tarde para llegar a tiempo al trabajo, lo que ha reducido considerablemente el número de viajeros. Prueba de esta desidia, durante la reciente huelga laboral,
los trenes Ávila-Madrid; Ávila-Salamanca y Ávila-Valladolid no se les asignaron servicios mínimos.
Parece como si el Ministerio quisiera desincentivar a los viajeros para luego proceder a la supresión de la mayoría de los trenes convencionales que
enlazan a Ávila con Valladolid y Salamanca, todo ello en aras del proyectado Corredor de Alta Velocidad que cubriría el trayecto entre Ávila y Segovia en diez minutos, tal y como anunció el propio ministro en mayo de 2010.
Tanto desde el punto de vista de la movilidad de las personas como desde el punto de vista del desarrollo económico y social, la provincia y el conjunto de la Comunidad de Castilla y León necesitan el mantenimiento y la mejora de la red
ferroviaria para Ávila en sus conexiones con Salamanca y Valladolid, además de un enlace rápido y barato con Madrid.
De ello dependen las posibilidades de empleo y formación superior de la juventud, fijando la población en Ávila y provincia,
facilitando las comunicaciones con Valladolid, sede administrativa de la Región; con Madrid como referente mercantil y comercial; y Salamanca como sede universitaria y acceso más cercano a Portugal.
Garantizar y mejorar la red básica de ferrocarril para los abulenses es necesario para acortar distancias entre Ávila y las provincias colindantes; para que los abulenses no sean considerados como ciudadanos de tercera y no sigan obligados
a viajar en vehículos privados o
autobuses, produciendo atascos en carretera y agravando la contaminación atmosférica.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Renunciar a cualquier proyecto que implique la reducción o la supresión de servicios de tren convencional para Ávila en sus conexiones con Madrid, Valladolid y Salamanca.
2) Incluir Ávila en la Red de Cercanías de Madrid mediante acuerdo con RENFE-Operadora y las Comunidades de Madrid y de Castilla y León, garantizando un horario satisfactorio para los abulenses.
3) Adaptar los horarios de primera hora de los trenes que parten de Ávila hacia Valladolid y Salamanca, teniendo en cuenta el horario de trabajo y estudio en las capitales de destino.
4) Mantener y asegurar las comunicaciones ferroviarias de Ávila con los pueblos de las líneas existentes de ferrocarril, facilitando las gestiones administrativas, sanitarias, educativas y comerciales de los habitantes del medio rural.
5) Acometer las reformas técnicas necesarias para acortar el tiempo de viaje entre Ávila y Valladolid para que no supere los 40 minutos y entre Ávila y Salamanca para que no supere los 45 minutos.
6) Garantizar la conexión del Tren de Alta Velocidad entre Ávila, Madrid, Segovia, Salamanca y Medina del Campo.
7) Dar a conocer el 'Estudio Funcional del corredor ferroviario de altas prestaciones Madrid-Ávila-Salamanca' licitado en 2006 y adjudicado en 2007.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Educación y Deporte
161/001825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Educación y Deporte, la siguiente Proposición no de Ley relativa a que los Catedráticos de Universidad puedan continuar voluntariamente en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa que establece la legislación
vigente.
Exposición de motivos
La universidad ha experimentado importantes reformas en los últimos decenios. Entre ellas, a juzgar por sus implicaciones posteriores, no es menor la relacionada con la prolongación de la vida lectiva de los catedráticos una vez alcanzada
la edad de jubilación que fijan los distintos ordenamientos jurídicos.
Son diversos los argumentos que abogan por la conveniencia de prorrogar la edad de jubilación de los catedráticos, de manera voluntaria, tal como ocurre en diversos países. Entre ellos destacan los siguientes:
a) razones de necesidad en función de los servicios a prestar;
b) situación personal y profesional a tenor de la relativamente mayor esperanza de vida y progresos en salud;
c) el hecho contrastado de que la experiencia contribuye más rápidamente y con mayor solvencia a consolidar el inicio del currículum académico.
En sintonía con estos razonamientos, se implementaron dos modelos diferentes según los países. Uno, que contempla la figura del Catedrático Emérito, y el otro, que prevé la permanencia en el servicio al llegar la jubilación forzosa.
En España se optó por la modalidad de catedrático emérito, ponderando, en su momento, el reconocimiento a la trayectoria académica. Sin embargo, la experiencia ha ido poniendo de relieve importantes disfunciones como consecuencia de no
haberse tenido en cuenta también las necesidades del servicio, tanto por los previsibles cambios en los planes de estudios como por los incrementos de productividad que suele aportar la experiencia. Disfunciones éstas que se agrandan con las
interpretaciones restrictivas del artículo 22 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario.
Ante esta situación se considera conveniente dar más flexibilidad al modelo vigente para adecuarlo a las nuevas circunstancias, teniendo en cuenta, además, que en el contexto de la actual crisis económica este replanteamiento es doblemente
oportuno. Por un lado, por la trascendencia que adquiere la formación como vía para ayudar a superar la crisis y por el aumento en las necesidades de los servicios universitarios, todo ello en el marco de la puesta en práctica del Espacio Europeo
de Educación Superior ('Plan Bolonia'), que tiene en la excelencia académica uno de sus metas principales. Y por otro lado, porque una apuesta por el modelo de prolongación de la vida laboral de los catedráticos universitarios puede ayudar a
cambiar los esquemas tradicionales sobre la edad de ejercicio laboral y la configuración de los sistemas de pensiones y clases pasivas, considerando
que el cambio de modelo productivo en España va a conllevar también cambios en este sentido.
Para implementar de manera adecuada la continuación de los catedráticos en el servicio activo después de alcanzar la edad de jubilación sería conveniente atender a tres requisitos: primero, que exista, obviamente, pronunciamiento expreso de
voluntad por parte del interesado; segundo, regular el correspondiente procedimiento por parte del órgano académico competente; y tercero, establecer que la permanencia en el servicio activo de los que voluntariamente lo soliciten no exima de las
obligaciones que de ordinario conforman el estatus lectivo.
Se trata, pues, de permitir -de forma complementaria a la designación de catedráticos eméritos- el alargamiento voluntario de la vida lectiva de los catedráticos de universidad más allá de la jubilación forzosa, mediante el establecimiento
de períodos adicionales revisables y prorrogables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legislativas oportunas, de acuerdo con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, para posibilitar, de manera voluntaria, el alargamiento de la vida académica
de los catedráticos universitarios una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa. A este respecto deberán regularse el período temporal adicional, así como los criterios y mecanismos para su revisión y prórroga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
161/001833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Portavoz Joan Ridao i Martín y del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la supresión de la obligación de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas estatales, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La actual Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, impone la obligación de todo deportista federado de asistir a las convocatorias de las selecciones estatales de su modalidad deportiva. La inasistencia sin causa justificada es
considerada por la propia Ley y el Reglamento de Disciplina Deportiva como una infracción común muy grave. En este mismo sentido regulan algunas Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha, en su Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte, o la
canaria, en su Ley 1/2003, de 4 de enero, de modificación de la Ley 8/1997, de 9 de junio, del Deporte. No obstante, esta regulación no se ha trasladado a todas las Comunidades Autónomas.
Así, por ejemplo, la Ley 8/1988, de 7 de abril, de 'L'esport', del Parlament de Catalunya, con las modificaciones posteriores en su redacción dada por el artículo 3 de la Ley 9/1999, de 30 de julio, de 'suport a les seleccions catalanes', se
muestra mucho más respetuosa con la libertad y autonomía de los deportistas, puesto que no les impone la obligatoriedad de asistir a las convocatorias de la selección autonómica, no imponiéndoles ninguna sanción por inasistencia a las mismas.
La legislación catalana en este sentido es ejemplar. La potenciación de la distintas modalidades deportivas, a través de sus respectivas federaciones deportivas de la Comunidad de Catalunya, es una cuestión innegable, y su empeño para
competir en competiciones deportivas internacionales oficiales es uno de sus inmediatos objetivos. No obstante, es de encomiar que dicha voluntad de potenciación de las respectivas selecciones deportivas se haga con el más absoluto respeto a la
autonomía de la voluntad del deportista, que es quien en último extremo decide su participación o asistencia a las convocatorias de la selección autonómica.
La convocatoria de un deportista con su selección, sea la autonómica o la estatal, es un reconocimiento a su trayectoria profesional y al nivel adquirido en su modalidad deportiva. Por ello, la convocatoria en las respectivas selecciones
debe ser considerada por el deportista como un premio a su trayectoria, y por tanto su participación en las respectivas federaciones debería motivarle suficientemente para que la Ley no le impusiera la obligación de su asistencia. En la actualidad,
no es infrecuente ver cómo deportistas lesionados deben acudir a la convocatoria de sus respectivas selecciones, sólo para que el médico de la federación confirme el estado de su lesión y por consiguiente la imposibilidad temporal de participar en
competiciones deportivas. Estas situaciones esperpénticas deberían suprimirse, y poner al jugador en el centro de la decisión sobre su participación y asistencia a las convocatorias de las selecciones deportivas, y no sólo por motivos de salud,
sino por los que fueren, sean ya de carácter profesional, personal, familiar, o simplemente ideológico, siendo por tanto la libre decisión del deportista más acorde con los principios constitucionales de libertad, y libertad ideológica previstos en
los artículos 16 y 17 de la Constitución Española.
Por ello, es procedente que nuestra legislación sea más respetuosa con los derechos individuales de nuestros ciudadanos, en este caso los deportistas, y por tanto se supriman obligaciones que en la actualidad son del todo injustificadas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Modificar el artículo 47, apartado primero, de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, con la finalidad de suprimir la obligación de los deportistas federados de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas estatales para
la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2010.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquera Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Portavoz Joan Ridao i Martín y del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción de las selecciones deportivas autonómicas en las competiciones internacionales para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado como Ley Orgánica por el Parlamento español, establece en su artículo 200 que 'La Generalitat debe promover la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas
de Catalunya y, si procede, su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos'.
Sin embargo, el Gobierno español obstaculiza el cumplimiento de este artículo tratando de impedir la presencia internacional de las organizaciones catalanas, tanto en el ámbito público como en el privado, siendo especialmente grave los casos
referidos a este último. Muestras de ello son las maniobras para impedir la participación de las selecciones deportivas catalanas.
El caso paradigmático de ello es el llamado 'caso Fresno', en noviembre de 2004, en que está documentado la presión del Gobierno español, con la participación del Consejo Superior de Deportes, a algunos miembros de la Federación
Internacional de Patinaje (FIRS) para impedir la ratificación de la Federación Catalana como miembro, después de que fuera aceptada en primera instancia en una asamblea en Miami.
Después de este rechazo, la Federació Catalana de Patinatge entró en 2006 en la Confederación Sudamericana de Patín (CSP) para poder participar en competiciones internacionales oficiales, cosa que ha hecho con notable éxito con la
consecución de dos subcampeonatos. Fruto de ello, la localidad catalana de Vic acoge estos días el Open Internacional de La Copa América de hockey patín, donde participan países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados
Unidos, Sudáfrica o Uruguay, además de Catalunya.
El Gobierno español dedicó recursos físicos y económicos públicos a interferir en las decisiones de organizaciones internacionales reguladas por el derecho privado. Y además lo hizo, pocos meses después de que el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobara una iniciativa en que se instaba al Gobierno a 'promover la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en las competiciones internacionales', así como a 'mantener la lealtad constitucional con el sistema
de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, respetando las competencias que el bloque de constitucionalidad atribuye a las Comunidades Autónomas, en toda su extensión'.
Ante el flagrante incumplimiento del mandato parlamentario en la anterior Legislatura, se estima oportuno la renovación del mismo incorporando asimismo el contenido de la reforma estatutaria y en particular lo establecido en el artículo 200
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, respecto a la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Catalunya.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Mantener la lealtad constitucional con el sistema de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, respetando las competencias que el bloque de constitucionalidad atribuye a las Comunidades Autónomas, en toda su
extensión.
2. Promover la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en las competiciones internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2010.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/001845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación del derecho fundamental a la huelga, para su debate en Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
El derecho a la huelga es un derecho fundamental regulado por el artículo 28.2 de la Constitución Española, que establece: 'Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el
ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.'
Los derechos fundamentales y libertades públicas han sido desarrollados por la actual democracia mediante Leyes Orgánicas como las de libertad religiosa, hábeas corpus, protección de datos, cláusula de conciencia de los profesionales de la
información, educación, universidades, libertad sindical, reunión, asociación, petición o la de honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
No obstante, no se ha desarrollado la Ley que regula el derecho fundamental a la huelga, que sigue estando regulado por un decreto preconstitucional y, por tanto, tampoco se han regulado las garantías para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad.
La regulación de estas garantías para los llamados 'servicios mínimos' no pueden, no obstante, socavar el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras en la defensa de sus intereses.
El establecimiento de estos servicios mínimos ha dado lugar a importantes excesos, como así han confirmado diversas sentencias, que desnaturalizaban el derecho de huelga. Asimismo, las sentencias no han ido acompañadas de sanciones
efectivas, mientras que si un comité de huelga conculca unos servicios mínimos los huelguistas pueden sufrir duras sanciones.
Por otro lado, la regulación ha de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, de manera que el ejercicio del derecho a huelga no conlleve la paralización total de dichos servicios esenciales y por consiguiente
haga posible su uso por parte de sus usuarios y usuarias.
En definitiva, la presente iniciativa pretende dotar de seguridad jurídica a un derecho fundamental que afecta a un sector paradójicamente tan regulado como el del trabajo, a la vez que intenta garantizar que su ejercicio no suponga un
prejuicio desproporcionado para aquellos ciudadanos que precisan de unos servicios públicos básicos y por tanto imprescindibles.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Presentar un Proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho fundamental a la huelga.
2. Establecer, en el marco de la ley, y sin menoscabo de las competencias autonómicas al respecto, criterios objetivos para definir, regular y asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y los derechos de los
usuarios y usuarias, garantizando el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus intereses y su seguridad jurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2010.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001862
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Proposición no de Ley sobre la regulación de la relación laboral de los asistentes personales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al
ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Trabajo e Inmigración, una Proposición no de Ley sobre la regulación de la relación laboral de los asistentes personales.
Antecedentes
El Grupo Parlamentario Catalán es partidario de impulsar un desarrollo específico de la vertiente relativa a la promoción de la autonomía personal de la Ley 39/2006 y de la figura del asistente personal para garantizar el pleno desarrollo de
la vida independiente.
A su vez, se considera necesario garantizar, en la medida en que ello sea posible, el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir libremente el tipo de prestación o servicio destinado a dar respuesta a sus necesidades.
Asimismo, promover un acuerdo entre los agentes sociales y las comunidades autónomas para facilitar la formación, selección y contratación de trabajadores para la atención a las personas en situación de dependencia y para la promoción de la
autonomía personal y proponer el desarrollo de instrumentos de cobertura privada para las situaciones de dependencia, son otros instrumentos que contribuirían a facilitar la vida independiente de las personas en situación de dependencia.
En la misma línea, la prestación por contratación de un asistente personal debería garantizar la efectiva cobertura de las necesidades de las personas en situación de dependencia y debería ser adecuada a la realidad socioeconómica concreta
de la persona y de la Comunidad Autónoma en la que reside.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno la necesidad de regular la relación laboral de los asistentes personales de personas con discapacidad y en situación de dependencia, como medio
de contribuir a extender esta figura y a dar seguridad jurídica a la prestación de este tipo de servicios de proximidad.
Los asistentes personales son trabajadores que dan apoyo a personas con discapacidad o en situación de dependencia para que éstas puedan realizar las actividades de la vida diaria y llevar una vida plenamente participativa. Constituye por
tanto un recurso esencial para la autonomía e independencia de las personas a las que asisten.
En la actualidad, la contratación directa de un asistente personal, por parte de una persona con discapacidad o en situación de discapacidad, carece de suficiente cobertura jurídica laboral, lo que dificulta enormemente la generalización de
este tipo de servicios.
Un particular que desea contratar a un asistente personal no proporcionado por una empresa o entidad, debe acudir a la relación laboral de empleados de hogar, absolutamente inapropiada para este cometido, ya que son figuras completamente
diferentes.
La regulación laboral de la figura del asistente personal ayudaría a dar transparencia a un sector de actividad hoy en una situación jurídica precaria y a promover la generación de empleo estable y de calidad en el ámbito de los servicios de
persona a persona.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a efectuar las modificaciones legales oportunas para regular la relación laboral de los asistentes personales de las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/001826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la siguiente Proposición no de
Ley relativa al impulso de la actividad productiva en las zonas adyacentes a centrales nucleares.
Antecedentes
Las zonas adyacentes a una central nuclear presentan especiales características que las sitúan en una posición de desventaja para la ubicación de actividades económicas en relación a otras zonas del territorio.
Las centrales nucleares suponen elementos de dinamización, de oportunidades de trabajo y de generación de recursos en el territorio, pero asimismo debe tenerse en cuenta que, de forma paralela, conllevan en la mayoría de casos que la
actividad económica de la zona dependa en exceso de dichas instalaciones. En este sentido, los municipios cercanos a centrales nucleares han reclamado reiteradamente medidas para la atracción de inversiones económicas en su territorio, con el
objeto de superar supuestas externalidades ocasionadas por la situación de estas instalaciones.
En orden a potenciar un crecimiento equilibrado de la economía en estas zonas, es necesario promover la diversificación de la actividad productiva, industrial y agraria en las mismas con medidas que estimulen su instalación y signifiquen un
elemento objetivo de competitividad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a determinar la reducción de las tarifas eléctricas aplicables a consumos no domésticos de carácter productivo, en un 20 por ciento, en las áreas comprendidas dentro de un radio de 20
kilómetros alrededor de las centrales nucleares, con objeto de fomentar el desarrollo económico de estas zonas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
161/001828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara los Grupos Parlamentarios firmantes, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el proceso de ubicación del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radioactivos de Alta
Actividad (ATCRRAA), para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
El 27 de abril de 2006 se aprobó una proposición no de ley en Comisión de Industria, Turismo y Comercio que instaba al Gobierno a establecer una Comisión interministerial cuyo cometido consistiría en establecer los criterios que deberá
cumplir el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado para combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad, así como de su centro tecnológico asociado.
Dicha proposición no de ley preveía que 'en cuanto a la ubicación del ATC, esta Comisión deberá diseñar los procesos de información y participación pública y desarrollar un procedimiento público, a partir del cual los gobiernos de las
Comunidades Autónomas puedan presentar unas propuestas limitadas de localización para el ATC, si así lo consideran oportuno, de entre las candidaturas locales, que hayan manifestado su interés por albergarlo. Como resultado de lo anterior, la
Comisión formulará al Gobierno una propuesta de posibles emplazamientos candidatos'.
Las funciones de esta Comisión deben estar dirigidas a definir las necesarias condiciones técnicas, ambientales y socioeconómicas que deben reunir los emplazamientos susceptibles de albergar el ATC.
En cuanto a la ubicación del ATC, esta Comisión tenía por objeto el diseño de los procesos de información y participación pública y desarrollar un procedimiento público, a unas propuestas limitadas de localización para el ATC, si así lo
consideran oportuno, de entre las candidaturas locales que hayan manifestado su interés por albergarlo. Como resultado de lo anterior, la Comisión debía formular al Gobierno una propuesta de posibles emplazamientos candidatos.
En mayo del 2006 la Mesa de diálogo sobre la evolución de la energía nuclear establecía en sus conclusiones la necesidad de un ATC con un amplio consenso político, institucional y social tanto a nivel nacional como local.
El 14 de junio de 2006 se aprobó una resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación en la que también se establecía la construcción del Almacén Temporal Centralizado mediante un amplio consenso institucional y social, y la
satisfacción de los criterios de seguridad y economía, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España.
El Real Decreto 775/2006, de 23 de junio de 2006, creaba dicha Comisión interministerial, las funciones de la cual, entre otras, eran elaborar, para su elevación al Gobierno, una propuesta de emplazamientos candidatos, seleccionados entre
los municipios interesados, en base a las evaluaciones técnicas realizadas sobre su idoneidad y teniendo en cuenta las propuestas que, en su caso, formulen las comunidades autónomas afectadas. Es decir, que en ese Real Decreto 775/2006, se
especificaba que se tendrían en cuenta las propuestas formuladas por las comunidades autónomas con lo que se las hacía partícipe del proceso de decisión del emplazamiento.
El 23 de diciembre de 2009 se hacía pública la resolución de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal
Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado. En dicha resolución desaparecía cualquier participación decisiva de las Comunidades Autónomas en el proceso y únicamente se
preveía su intervención para la presentación de alegaciones a los municipios ya admitidos, incumpliendo por tanto el mandato del Real Decreto 775/2006.
Esta falta de participación real de las Comunidades Autónomas o los entes supramunicipales en el proceso de decisión, deja en manos de los responsables políticos de municipios de pocos centenares de habitantes una decisión que afectará a
regiones enteras.
Por otra parte, el Convenio de Aarhus, ratificado por España en el 2004, establece en su artículo 6 la información y participación del público al inicio del procedimiento, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y cuando el
público pueda ejercer una influencia real en cuanto a actividades destinadas exclusivamente al almacenamiento (previsto para más de diez años) de combustibles nucleares irradiados o de desechos radiactivos en un sitio diferente del sitio de
producción. Actualmente se desconoce los perímetros de seguridad del ATC, las infraestructuras necesarias para garantizar su seguridad u otras cuestiones como sus necesidades de movilidad y transporte.
También existe una falta de transparencia alarmante en cuanto al centro tecnológico asociado. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no ha definido claramente que tipo de actividad se llevará a cabo en este centro, que es uno de los
reclamos más importantes para las ciudades candidatas. La única información disponible es que el centro tendrá como objeto 'asegurar la disponibilidad de las tecnologías y conocimientos necesarios para la gestión final del combustible gastado y los
residuos de alta actividad a través del desarrollo del Plan de I+D y del soporte a otras instalaciones y actividades de ENRESA'. Es decir, que se desarrollará en él actividad de carácter nuclear, pero se desconoce con exactitud que tipo de
experimentación se llevará a cabo en él y sus riesgos, así como el impacto ambiental y económico.
Así, esta convocatoria para seleccionar un emplazamiento para el ATC no ha tenido en cuenta los compromisos acordados en estas Cortes de llegar a un amplio consenso político, institucional y social, ni tampoco se ha llevado a cabo en un
marco de transparencia y participación, tal y como el convenio de Aarhus dispone.
Además de todos estos condicionantes de las formas del proceso, hay elementos de fondo sobre los riesgos de la gestión de los residuos nucleares. Hasta la fecha no existe tecnología para la desactivación radiactiva de sus residuos, la
radiotoxicidad de estos residuos se mantendrá muy por encima de la radioactividad natural durante más de doscientos mil años. Esto conlleva un conflicto ambiental y social, ya que se hace incalculable el verdadero impacto sobre el medio y el
impacto sobre la salud y seguridad de las personas. Y más aún en el contexto de incertidumbre fruto del desconocimiento de la cantidad de residuos radioactivos que se almacenarán en el ATC, ya que se desconoce la fecha de cierre de las ocho
centrales nucleares activas en el Estado español, cuestión que genera serias dificultades para la planificación de su gestión.
Por todo ello, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender la Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a
albergar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado, con el objeto de paralizar el proceso iniciado por la misma e iniciar un nuevo
proceso que posibilite la consecución del consenso político, social, ambiental y territorial más allá del ámbito municipal, tal y como ha aprobado esta Cámara en reiteradas ocasiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2010.- Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Joan Herrera Torres y Gaspar Llamazares Trigo, Diputados.
161/001838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto 134/2010, conocido como 'Decreto del Carbón', para su debate en Comisión.
Los contenidos del Real Decreto 134/2010 por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro (conocido como 'Decreto del Carbón') y el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el anterior,
para adaptarlo a las conclusiones que se derivan del proceso de prenotificación a la Comisión Europea, han provocado una fuerte
controversia, tanto por su impacto en el desarrollo de la estrategia energética del Estado español como por sus previsibles repercusiones en los consumidores y en la situación de las distintas comarcas mineras.
Por lo que respecta los dos primeros aspectos, la apuesta por la generación eléctrica a partir de 'carbón autóctono', altamente contaminante, resulta contradictoria con los objetivos de reducir las emisiones de CO2, favorecer el desarrollo
de las energías limpias y sostenibles y racionalizar los costes en el sector eléctrico.
La propia Comisión Nacional de la Competencia advirtió que con la aplicación de este decreto se podría generar un importante encarecimiento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas, con la consiguiente repercusión futura en
los consumidores. La CNC ha estimado que el sobrecoste podría alcanzar los 1.200 millones de euros y suponer un encarecimiento del 20,73% de los costes de generación. La Comisión Nacional de la Energía, a su vez, ha calculado este sobrecoste en
aproximadamente 750 millones de euros.
Pero además, la decisión de priorizar el 'carbón nacional' afectará gravemente a la actividad económica de centrales térmicas como las situadas en las localidades coruñesas de As Pontes y Meirama (Cerceda) que han apostado por la utilización
de carbón importado debido al progresivo agotamiento de los yacimientos mineros próximos a estas centrales, las menores emisiones que produce el uso de carbón de importación y sus menores costes económicos.
Ahora, estas centrales, tras realizar grandes inversiones para adaptar sus instalaciones, ven su actividad futura claramente amenazada, con el consiguiente impacto en unas comarcas altamente dependientes de esta actividad económica.
La necesaria apuesta por el desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras debe acometerse, por un lado, sin comprometer el diseño de una estrategia energética coherente, y por otro asegurando una igualdad de trato para todas
ellas, que para ser tal debe tener en cuenta sus distintas características.
El I Plan del Carbón 1998-2005 indicaba que el reparto de los fondos para el desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras se distribuiría de manera directamente proporcional a la pérdida de empleo en la minería.
Sin embargo, las
comarcas mineras gallegas tan sólo recibieron el 2,57% de los fondos, pese que el porcentaje de pérdida de empleo de la minería gallega en ese periodo representó el 8,49% del total estatal.
En 2008, y en aplicación del Plan de la Minería del Carbón 2006-2012, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 100 millones de euros para obras de infraestructuras sin que ninguna de las actuaciones aprobadas se desarrollase en las
comarcas mineras gallegas.
Ahora, el decreto del carbón, al margen de otras implicaciones, representa una grave amenaza para el futuro de las comarcas mineras gallegas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Modificar los contenidos básicos del decreto del carbón.
- Entablar para ello un proceso de diálogo con los distintos agentes implicados.
- Tener en cuenta las especificidades de las comarcas mineras de As Pontes y Meirama en la definición de sus contenidos definitivos del decreto y en el desarrollo de las políticas destinadas a favorecer el desarrollo integral y sostenible de
las comarcas mineras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2010.-Francisco Xesús Jorquera Casellas, Diputado.-Uxue Barkos Barruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la financiación por parte
del Consejo de Seguridad Nuclear del servicio de control exterior de las centrales nucleares en la Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión de Industria.
Exposición de motivos
Según el Informe de fiscalización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobado el pasado 3 de marzo de 2010 por el Pleno del Tribunal de Cuentas, la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya mantienen convenios con el CSN para
ejercer la función de vigilancia radiológica ambiental independiente sobre las centrales nucleares sitas en las dos Comunidades Autónomas citadas.
El mencionado informe del Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión del CSN por financiar al 100% a la Generalitat de Catalunya mientras que a la Generalitat Valenciana sólo se retorna el 70% por la prestación del mismo servicio.
Según el Tribunal no parece justificada la diferencia en la financiación del CSN a estas comunidades dado que la función encomendada es la misma y además se ejecuta mediante procedimientos idénticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Consejo de Seguridad Nuclear financie íntegramente
a la Generalitat Valenciana el servicio de control exterior de las centrales nucleares, garantizando un trato homogéneo a todas las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2010.-Vicente Ferrer Roselló, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/001840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a propuestas a tener en cuenta en la negociación de la Política de Pesca Común, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La negociación de la Política de Pesca Común debe servir para mejorar la situación del sector pesquero, de los recursos existentes, para introducir elementos de equidad y justicia en el reparto de las cuotas y, sobre todo, para introducir
cuestiones relacionadas con la evolución de este sector productivo y que no están contempladas por la UE.
La importancia del sector pesquero en el Estado español y su peso en la UE debe tener su correspondiente reflejo en la Política Común de Pesca. Para ello, es preciso tener presente una breve caracterización del mercado español.
El mercado en el Estado español se caracteriza por un aumento de las importaciones anuales, aunque no tan pronunciado como en el resto de la UE. Debe tenerse en cuenta que en torno al 10% de las importaciones de pescado congelado proceden
de sociedades mixtas de empresas españolas presentes en terceros países como Argentina, Namibia.
La oferta de producto en el Estado español posee unos precios muy bajos en la primera venta, y además, la presentación del producto ha evolucionado muy poco en comparación con otros productos del sector primario o con otros mercados de
pescado europeo. Sin olvidar que el sistema de comercialización en primera venta se mantiene casi inamovible.
Otro de los problemas es el relacionado con los costes de explotación puesto que hay una gran dependencia respecto a las fluctuaciones del coste del combustible y que no tiene repercusión en el precio del producto.
Existe una demanda creciente de pescado pero con tendencia al estancamiento.
Una vez asumidas las características que dibujan el perfil del mercado español y del de la UE, es posible entresacar elementos comunes o medidas que todo el sector suscribe. Por ejemplo, existe acuerdo unánime en que los precios en primera
venta deben ser rentables para el sector productivo. También hay consenso respecto a la necesidad de realizar capturas sostenibles que no comprometan el futuro.
El sector pesquero del Estado español considera que se deberían reforzar los actuales instrumentos que permiten intervenir a las Organizaciones de productores (OPs) en la oferta: retiradas de pescado bien para harina o para beneficiencia o
congelación, almacenamiento.
Apoyan el mantenimiento de la normativa que obliga a los no socios a cumplir las reglas que se acuerdan en las Asambleas de las OPs, y las ayudas para que puedan realizar planes para la comercialización y producción.
Insisten en la necesidad de reforzar la información destinada al consumidor que debe tener un mayor conocimiento e información sobre el pescado que va a comprar. Por eso, demandan que la legislación de la UE contemple que a través de las
OPs se puedan impulsar procesos de diferenciación del pescado en base a su origen, a su calidad nutricional, y su calidad medioambiental.
Otro de los factores sobre los que insisten es en la necesidad de realizar un control más eficaz de las importaciones. Afirman que de nada servirían los esfuerzos de las empresas pesqueras comunitarias en cuanto a planes de gestión,
diferenciación del producto y demás si continúan aumentando indiscriminadamente las importaciones.
Uno de los ejemplos que más utilizan es la explotación intensiva del panga que no cumple los más mínimos requisitos de sostenibilidad.
La tendencia al alza de las exportaciones españolas debería ser otro factor a tener en cuenta para impulsar que se exploten nuevos mercados que permitan mejorar la situación de las empresas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tener en cuenta las siguientes propuestas de cara a la negociación de la Política Común de Pesca:
Potenciar el dialogo con las organizaciones de productores de pesca con el fin de valorar sus demandas en relación con la ampliación de sus atribuciones para organizar la oferta, así como el reforzamiento de los instrumentos de intervención
de dichas organizaciones.
Impulsar una mayor información sobre los productos pesqueros que incluya una diferenciación de los productos pesqueros, y se fomente la emisión de certificados de origen, calidad nutricional y medioambiental en la comercialización del
pescado.
Contemplar medidas de apoyo a la promoción de los productos pesqueros.
Realizar un control más riguroso de las importaciones.
Estudiar la posibilidad de introducirse en nuevos mercados dada la tendencia al alza de las exportaciones españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-María Olaia Fernández Davila, Diputada.-Carlos Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la situación del colectivo de rederas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Tradicionalmente, el trabajo de tejer redes para su uso en las artes de pesca no tuvo nunca la consideración de actividad económica. Por tanto, tampoco el reconocimiento de los derechos económicos y sociales propios de su actividad laboral.
Con toda seguridad, la falta de reconocimiento de esta necesaria actividad se debe al hecho de que se trata de un trabajo realizado fundamentalmente por mujeres.
Han sido las mujeres rederas las que han conseguido, con su lucha y esfuerzo, dignificar una profesión que, además de formar parte de la singularidad cultural de los pueblos costeros, es fundamental en la actividad pesquera. Tal
dignificación significa que se le han reconocido derechos como el acceso a la Seguridad Social, un derecho que necesariamente debe llevar aparejado el derecho a una remuneración justa.
Desde hace algunos años, y para poder acceder a esos derechos y trabajar como corresponde a toda profesión debidamente regulada, la mayoría ha optado por constituirse en cooperativa. Hay que señalar que en Galicia el número de rederas
asciende a más de 200.
Uno de los problemas que está afectando a este colectivo de trabajadoras es el alto grado de intrusismo profesional que se está produciendo y que está poniendo en peligro al sector profesionalizado ya que no puede competir en precios por
tener que afrontar los gastos que corresponden a la Seguridad Social u a otros impuestos de aplicación en este sector.
Reclaman que la Administración actúe en materia de inspección laboral y fiscal, de modo que se pueda garantizar una actividad profesional debidamente regulada con ingresos dignos.
Desde septiembre de 2009, se estableció una cualificación profesional que reconoce el titulo de 'Confección y Mantenimiento de Artes y Aparejos'.
En relación con esta cualificación se han programado cursos en los que se proyecta expedir los
certificados que acrediten la profesionalidad de aquellas personas interesadas en este sector. En el caso de las personas que lleven años dadas de alta en la Seguridad Social como rederas, obtendrán este certificado a través de la correspondiente
Administración Autonómica, unas acreditaciones que cada año se pondrán en curso para certificar su experiencia.
Es necesario recordar que en el Reglamento (CE) 1224/2009 del Consejo, de 29 de noviembre de 2009, en su considerando numero 13, se dice: 'deben aplicarse normas de marcado e identificación de los buques pesqueros y sus artes.'. Asimismo,
en el considerando 25 se dice: 'deben preverse disposiciones especiales para que se utilicen sólo las artes permitidas'.
En el artículo 8 de este mismo Reglamento referente al marcado de las artes de pesca, se establece que: 1) 'los capitanes de buques pesqueros respetarán las condiciones relativas al marcado y la identificación de los buques pesqueros y sus
artes de pesca'. 2) 'Las normas aplicables al marcado y la identificación de los buques pesqueros y sus artes de pesca'. En la misma cuestión de identificación de las artes de pesca incide también el artículo 48 del Reglamento.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento CE 1224/2009, de 29 de noviembre de 2009, para garantizar el cumplimiento de la política de pesca común, impulsar la implantación de un sistema de homologación de redes de arte de pesca en el
que se certifique, entre otras cuestiones, la debida autorización para su elaboración y la adecuada calidad de los materiales utilizados.
- Actuar, desde las correspondientes Inspecciones laborales y fiscales, en el ámbito de la elaboración de redes de arte de pesca donde existe un elevado intrusismo profesional que da lugar a una significativa economía sumergida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-María Olaia Fernández Davila, Diputada.-Carlos Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al régimen de concesiones
y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
Se estima que el 80% de los casi 60 millones de turistas que nos visitan al año eligen la costa para sus vacaciones. Estas visitas se concentran especialmente en la época estival, aunque cada vez es mayor la afluencia de usuarios durante
todo el año, ya que algunas localizaciones cuentan con una temperatura media agradable y se ha realizado un gran esfuerzo en el sector por aumentar y acreditar la calidad de los servicios turísticos.
La existencia de alrededor de 1.800 locales con terrazas, muy característicos de las costas españolas, supone un elemento de gran importancia en la actividad turística. Por poner algún ejemplo, en Andalucía existen más de 830 de estos
establecimientos, regentados en su mayoría por familias que suelen contratar entre 6 y más de 20 empleados, según sus necesidades, y generan un empleo directo superior a los quince mil puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma. En Valencia,
los locales con terrazas en las playas de Pinedo, El Salar y Malvarrosa, son negocios familiares abiertos todo el año, dando empleo a más de 3.000 personas, entre puestos directos e indirectos, y realizando más de 40.000 servicios cada fin de
semana. En resumen, los populares chiringuitos son un factor económico decisivo y una seña de identidad indiscutible en nuestras playas.
La regulación legal que afecta a este sector incluye un número de exigencias asumidas por los empresarios que, en algunas ocasiones, se encuentran sometidas a un cambio de criterio de las directrices de la Administración, además de altamente
influenciada por la difícil situación económica general, lo que origina una situación de preocupante incertidumbre e inseguridad.
Las exigencias pueden resultar incluso antagónicas con las necesidades actuales, veinte años después de la aprobación de la Ley. Así los criterios de temporalidad entran en plena contradicción con la necesaria desestacionalización de la
actividad turística para garantizar el desarrollo económico del sector y cubrir las demandas actuales, ofreciendo un servicio de calidad a los millones de turistas que nos visitan durante todo el año.
El Grupo Parlamentario Popular comparte las aspiraciones legales considerando que entre la destrucción del patrimonio natural por la sobreexplotación que elimina su valor y la privación absoluta de su uso y disfrute, existe una posición
central que es la que compartimos. Desde esta interpretación es como entendemos que la permanencia de los establecimientos de restauración de primera línea de playa sitos en las playas, está en el espíritu y en la letra de nuestra legislación de
costas.
En este sentido, la aplicación restrictiva de la Ley de Costas por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino crea una gran inseguridad en un sector como el turístico, pieza clave de la economía, pues las terrazas son la
razón de ser de estos negocios familiares, que suponen, aproximadamente, entre el 70% u 80% de su facturación. Sin ellas, la actividad de estos negocios decaerá con fuerza, y la primera consecuencia para los locales con terrazas frente al mar,
afectados por la decisión unilateral del gobierno de la Nación, es que cada restaurante tendrá que reducir la plantilla a más de la mitad.
No existe una problemática única y homogénea para los diferentes locales, pero la preocupación sobre la renovación de las concesiones y autorizaciones, algunas de ellas anuales, requieren de una solución definitiva para acabar con la
incertidumbre que pesa sobre estos establecimientos.
Hasta la fecha, el Gobierno ha desatendido las peticiones realizadas conjuntamente por los establecimientos afectados, los ayuntamientos, el sector hostelero y las Comunidades Autónomas, por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y a la Dirección General de Costas a:
1. Que con base en la legislación vigente que permite la Ley de Costas, de 28 de julio de 1988, se apliquen las medidas legales oportunas para mantener las terrazas de los restaurantes de las playas.
2. Solicitar la modificación del Reglamento de Costas debido a la realidad actual que ha sido superada por la normativa, y en base a la tipología de los establecimientos así como los diferentes supuestos de ordenación.
3. Prestar todo el apoyo necesario a la Federación de Hostelería, Confederación de Empresarios y demás asociaciones afectadas, en la búsqueda de soluciones ante el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en orden a ofrecer
garantías y seguridad jurídica al sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2010.-Esteban González Pons, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para
su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
El esfuerzo en materia de política de agua en Málaga del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de su Sociedad Estatal ACUAMED, en coordinación con la Junta de Andalucía y los entes locales, es claro.
En los últimos años, la apuesta por la reutilización de aguas residuales en Málaga ha elevado los caudales aprovechados hasta los 10 hectómetros cúbicos anuales, aumentando dicha cifra hasta 20 hectómetros cúbicos una vez terminadas las
obras que se encuentran en marcha en la actualidad, y cuya inversión prevista supera los 30 millones de euros. En este sentido cabe destacar, además, la reciente adjudicación por 6,5 millones de euros de la primera fase de la reutilización de aguas
residuales en Málaga capital, que aportará 3,5 hectómetros cúbicos anuales, y la previsión de ampliar estos tratamientos por toda la Costa del Sol.
En relación con la desalación, fórmula adecuada para suministrar caudales de manera estable y segura, ACUAMED tiene en servicio, en la provincia de Málaga, la planta de Marbella, con una capacidad de tratamiento de 20 hectómetros cúbicos
anuales, estando previsto que comiencen las obras este año de la desaladora de la Costa del Sol (Mijas-Fuengirola), que supone una inversión de 56,5 millones de euros y que podrá suministrar 36 hectómetros cúbicos anuales. A ellas hay que unir la
desaladora de El Atabal, en la cabecera de la red de distribución de aguas de Málaga, con una capacidad de producción de 60 hectómetros cúbicos anuales que se conectará a la planta potabilizadora de Pilones, complementando de esta forma la
conducción entre La Aljaima y la planta de El Atabal, permitiendo una notable mejora en el tratamiento y distribución del agua potable para Málaga y representando una inversión adicional de 26 millones de euros.
El Grupo Socialista estima que la planificación es la clave para prever con antelación las necesidades de suministro de una zona como Málaga. En esta línea, se encuentra el estudio realizado por la Sociedad Estatal ACUAMED de 'Evaluación de
recursos suplementarios para garantizar el suministro de agua en la cuenca baja del Guadalhorce (Málaga)' en marzo de 2008, que recoge un programa de actuaciones para garantizar el abastecimiento de agua a Málaga y Bajo Guadalhorce, considerando la
interconexión con el Sistema de la Costa del Sol, agrupadas en dos horizontes temporales, según su orden de prioridad.
Por todo lo expuesto, es por lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la tramitación de las actuaciones definidas como prioritarias por la Sociedad Estatal ACUAMED para garantizar plenamente el abastecimiento de agua a largo plazo a la provincia de
Málaga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2010.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Daniel Pérez Morales, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/001848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de ley de homenaje al poeta Miguel Hernández en el
centenario de su nacimiento, para su debate en la Comisión de Cultura.
El 30 de octubre de 2010 se cumplen cien años del nacimiento del poeta Miguel Hernández Gilabert. El Centenario supone una oportunidad irrepetible de mostrar la riqueza de su legado universal, pues su obra ya forma parte del patrimonio
cultural de la humanidad. Como escribió Pablo Neruda 'Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor'.
Al término de la Guerra Civil, el poeta fue detenido en Portugal y entregado a Franco. Desde la cárcel de Sevilla lo trasladaron al penal de la calle Torrijos en Madrid, de donde salió en libertad sin ser procesado, en septiembre de 1939.
Vuelto a Orihuela, su ciudad natal, fue delatado, detenido y trasladado a la prisión de la Plaza Conde de Toreno, en Madrid. Pese a los testimonios que le exculpaban, un Tribunal Militar le condenó a muerte en el Consejo Sumarísimo 21.001, el 8 de
enero de 1940, conmutándosele la pena de muerte por la de treinta años, gracias a la intercesión de José María Cossío, Rafael Sánchez Mazas y Eugenio Montes. Pasó a la prisión de Palencia en septiembre de 1940 y en noviembre al Penal de Ocaña. En
1941 fue trasladado al Reformatorio de Adultos en Alicante, donde padeció bronquitis, tifus y tuberculosis, falleciendo el 28 de marzo de 1942, con tan sólo 31 años de edad.
La familia del poeta viene reclamando al Gobierno y a las instituciones del Estado que se repare y reconozca públicamente que fue condenado de manera injusta.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1) Rinde homenaje al gran poeta Miguel Hernández e insta al Gobierno a promover la realización de actos conmemorativos en el año 2010, con motivo del Centenario de su nacimiento.
2) Reconoce a Miguel Hernández como un poeta legítimamente comprometido con la República y afiliado al Partido Comunista, y en consecuencia rechaza y considera nula por ilegítima la sentencia de muerte dictada en Consejo de Guerra por
'adhesión a la rebelión'.
3) Se reafirma en su Declaración de condena del franquismo y, en el espíritu de la Ley de Memoria Histórica, proclama el carácter ilegítimo de la Dictadura, condena los crímenes contra la humanidad cometidos por el mismo y reclama la nulidad
de sus procesos políticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
161/001846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010,
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce 'el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad' dentro de una protección y garantía de tos derechos relativos
a la salud sexual y reproductiva de manera integral, de acuerdo con las definiciones de la OMS.
Según dicha Ley la prestación sanitaria de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se realizará en 'centros de la red sanitaria pública o vinculados' a la misma garantizando a las mujeres por igual el acceso a la prestación con
independencia del lugar donde residan (oído el Consejo Interterritorial de Salud), según el capítulo II de la Ley.
De acuerdo con la Ley en su artículo 19-2, 'Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer el derecho de objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad
asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia...'.
Las interrupciones voluntarias del embarazo por las causas médicas contempladas en el artículo 15, letra c de la Ley 2/2010, se realizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública.
En definitiva, el giro copernicano de la Ley 2/2010, es el reconocimiento del derecho de la mujer a decidir autónomamente sobre su maternidad, la integración del IVE en una política de responsabilidad y provisión pública de salud sexual y
reproductiva y el reconocimiento a los profesionales de libertad de conciencia, subordinada al mantenimiento del acceso y la calidad asistencial de la prestación del IVE a la mujer embarazada, evitando con ello, la interpretación abusiva de la
objeción individual como boicot colectivo en los servicios públicos y desviación de la prestación del IVE a un sistema privado especializado. Para ello, se hace necesario el desarrollo reglamentario previsto en el plazo de un año en la propia Ley
que garantice la cooperación y la integralidad de la atención.
Por todo ello, se presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al desarrollo de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en los siguientes aspectos:
1. El Gobierno, en cooperación con las Comunidades Autónomas, aprobará la estrategia de salud sexual y reproductiva durante el año 2010, bajo los criterios de calidad y equidad y con mecanismos de evaluación que en particular permitan
garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y con ello la reducción en el número de interrupciones del embarazo.
2. Durante el año 2010, el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, garantizará que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma,
en los términos de la Ley General de Sanidad y de la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva, a fin de asegurar la igualdad en el acceso y la calidad asistencial, con independencia del lugar de residencia. Para ello, se definirá en el marco del
Consejo Interterritorial de Salud una red de centros públicos o vinculados al efecto, así como en su caso una Red de Centros de Referencia de salud social y
reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo a nivel del Estado, de los estipulados en el Real Decreto 1302/2006, de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.
3. El Gobierno desarrollará reglamentariamente a lo largo de 2010, el derecho de los profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, de ejercer la objeción de conciencia sin que menoscabe el acceso y la
calidad asistencial de la mencionada prestación a la mujer:
a) Mediante declaración de los sanitarios directamente implicados individual y por escrito, tanto en el seno de los servicios públicos como privados.
b) La declaración individual no podrá suponer ni boicot colectivo a la Ley, ni presión sobre la libertad de conciencia de los profesionales favorables al ejercicio de la IVE. En todo caso se deberá garantizar en aquellos centros de la red
sanitaria pública o vinculados en los que se contemple la realización de esta prestación, la presencia de profesionales no objetores.
c) Todos los profesionales dispensarán en todo caso, el tratamiento previo y posterior a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo.
d) El servicio público de salud garantizará de forma inmediata y accesible (en todo caso, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma) la prestación de la IVE por parte de centros públicos o vinculados.
e) La referencia a un centro acreditado de ámbito extracomunitario será en todo caso, excepcional de acuerdo con la Ley 2/2010.
4. A partir de la inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, se extenderá la disponibilidad de dicha prestación de acuerdo con las Comunidades Autónomas a lo largo del año
2011, a todos los centros sanitarios públicos dotados de recursos humanos y medios adecuados para su realización comenzando por la interrupción voluntaria del embarazo por razones médicas y las previstas en el artículo 15 c y continuando por el
resto.
5. El Gobierno evaluará de forma continua la aplicación de los Reales Decretos 825 y 831/2010, de 25 de junio, de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, al objeto
de garantizar, en todo caso, la efectividad de la decisión de la mujer, la agilidad, la confidencialidad, la neutralidad de la información previa y la prestación por los centros públicos o vinculados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
modificación de la Ley 14/2006, para su debate en la comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El compromiso de este Gobierno con la igualdad de trato y no discriminación ha llevado a un claro avance en materia de derechos civiles y libertades. En especial, el reconocimiento de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales
y transexuales llevó en la pasada legislatura a alcanzar la igualdad plena de derechos, no sólo mediante la aprobación de la normativa específica correspondiente, sino con un trabajo de adaptación de toda la legislación a la realidad social.
El pasado 30 de junio de 2005 se aprueba la Ley que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, recogiendo el reconocimiento y la aceptación social creciente de la convivencia de personas del mismo sexo basadas en la
afectividad dentro de nuestra sociedad. Esta Ley reformaba el Código Civil, reconociendo la plenitud e igualdad de derechos y obligaciones para todos los matrimonios cualquiera que sea su composición. Además, se establecía que todas las
referencias al matrimonio que se contienen en nuestro ordenamiento jurídico habían de entenderse, por tanto, aplicables tanto al matrimonio de dos personas del mismo o de distinto sexo.
Casi un año después, Las Cortes Generales aprueban la Ley que regula las técnicas de reproducción humana asistida y que acomete la necesaria adaptación de nuestra legislación al respecto. El artículo 5 de la citada ley establece el
anonimato del donante o la donante, siempre y cuando no proceda de la pareja que solicite la reproducción asistida ya que la legislación aprobada permite de manera expresa la cesión de gametos del marido a la mujer.
No obstante, pese al espíritu manifiesto en dichas Leyes, nos encontramos en la actualidad con algunas situaciones de discriminación en cuanto al acceso a las técnicas de reproducción humana asistida por parte de matrimonios de personas del
mismo sexo. Parejas de lesbianas han solicitado la utilización de dichas técnicas a fin de que el óvulo fecundado de una de ellas pasase a ser gestado por su pareja, respetando el anonimato del donante de gametos masculinos, externo a la pareja,
según lo previsto en la propia Ley. Como ocurre al tratarse de parejas de distinto sexo, la cesión de gametos (ovocitos, en este caso) no se puede considerar donación cuando se realiza dentro de la pareja.
Hay que destacar que en ningún momento la Ley 14/2006 establece la prohibición de la cesión de ovocitos dentro de la pareja por lo que una interpretación tal supone una discriminación y entra en contradicción con la doctrina reiterada por el
Tribunal Constitucional que establece que las leyes deben interpretarse en el sentido más favorable al ejercicio de los derechos individuales, si de la literalidad de la ley no se desprende otra cosa.
La inclusión de términos como 'marido', 'varón no casado' o 'paternidad' en esta Ley 14/2006 ha permitido que se hayan producido algunas interpretaciones restrictivas, impidiendo a lesbianas el acceso a las técnicas de reproducción humana
asistida en igualdad de condiciones que las parejas de personas de distinto sexo basándose en el hecho de que se trata de un caso de donación, sujeto a confidencialidad, en lugar de una cesión de gametos de una cónyuge a la otra.
Un reciente informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida se muestra favorable a esta cesión de gametos dentro de los matrimonios formados por dos mujeres, resolviendo que se evitarían interpretaciones discriminatorias
sustituyendo los términos mencionados de 'marido', 'varón no casado' o 'paternidad' por los de 'cónyuge', 'persona no casada' y 'filiación' respectivamente.
Por todo ello se presenta, para su debate en el Pleno de la Cámara, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar en el plazo más breve posible la reforma de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida para garantizar de manera explícita el acceso a dichas
técnicas por parte de las parejas casadas del mismo sexo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2010.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al servicio de atención al
cliente de carácter gratuito de la Agencia Tributaria, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
Exposición de motivos
Los servicios de tarificación adicional son aquellos que a través de la marcación de un determinado código telefónico conllevan una retribución específica superior a la normal en llamadas telefónicas. Los números 901 son un servicio de
tarificación compartida, por el que el coste de la llamada es compartido entre el que llama y el que recibe la llamada.
Estos números, que están asociados a un teléfono fijo -que, sin embargo, no se publicita- quedan fuera generalmente de las
tarifas planas que los usuarios de telefonía fija pueden contratar con sus operadores.
Son muchas las empresas e incluso organismos de las Administraciones Públicas que utilizan este tipo de servicios para atención telefónica.
Ejemplo de ello son los servicios de atención telefónica de la Agencia Tributaria, que cuenta con
este tipo de teléfonos para su servicio telefónico de información tributaria -901 33 55 33-, su servicio telefónico de Cita Previa para la Declaración de la Renta -901 22 33 44- y para su servicio telefónico de Renta Asistencia -901 20 03 45-.
Una vez más el consumidor es el gran perjudicado ya que en muchas ocasiones desconoce lo que paga por esas llamadas. No parece lógico que un servicio público de atención al ciudadano por parte de una agencia estatal, haga incurrir a los
ciudadanos que acceden a él en un gasto perfectamente evitable, mediante el uso de un número 900, que es gratuito para el usuario.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se tomen las medidas oportunas para garantizar que los servicios de atención telefónica de la Agencia Tributaria sean atendidos por un número de teléfono de información gratuito para el
usuario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2010.-Belén do Campo Piñeiro, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001864
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Proposición no de Ley relativa al cuidado de los hijos con cáncer.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comísión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, una Proposición no de Ley relativa al cuidado de los hijos con cáncer.
Antecedentes
La vida familiar cambia radicalmente cuando a un niño se le diagnostica un cáncer, los padres han de adaptarse a una nueva situación y quieren estar siempre al lado de su hijo, dándole el máximo afecto en todo momento. El trabajo y
cualquier otro problema pasan a segundo plano, puesto que la dedicación al niño es total, poniendo en ocasiones en peligro su trabajo.
Los tratamientos son complicados, complejos y duros, tanto para el niño como para los padres, que lo padecen indirectamente y dependiendo del tipo de cáncer diagnosticado la duración del tratamiento puede tener una duración superior a un
año.
Actualmente las ayudas de la administración a los padres que sobrellevan esta situación son escasas, por tanto, es pertinente facilitar la ayuda necesaria para que los padres puedan estar el máximo tiempo con su hijo enfermo de cáncer, como
mínimo durante el tiempo en que el niño se encuentre hospitalizado.
Según la Carta Europea de los niños hospitalizados aprobada el 13 de mayo de 1986 por el Parlamento Europeo, se reconoce el derecho a estar acompañado por los padres o un sustituto el máximo tiempo posible durante su permanencia en el
hospital.
La posibilidad de acogerse a una baja laboral o a un periodo de descanso determinado similar al regulado para la maternidad, para uno de los padres, en todo caso, durante la hospitalización y tratamientos de un niño con cáncer, podría
aliviar la angustia que padecen los padres al no poder estar en todo momento al lado de su hijo.
Por todo ello, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familiares, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales pertinentes al objeto de contemplar que uno de los padres pueda acogerse a un permiso retribuido -cuyo coste salarial, a partir del tercer día, será
asumido por el INSS, de forma equiparable a las prestaciones económicas por incapacidad temporal- para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento, de un hijo diagnosticado de cáncer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
Comisión de Ciencia e Innovación
161/001861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Ciencia e Innovación, una Proposición no de Ley relativa a la aplicación del Reglamento General 1083/2006 de Fondos FEDER en los programas operativos plurirregionales de España para el período 2007-2013.
Exposición de motivos
La inversión en I+D+i es el camino para superar los grandes retos a los que está sometida tanto la economía española como la europea y para abordar los cambios necesarios en nuestro patrón de crecimiento. Uno de los pasos necesarios para
impulsar verdaderamente la I+D+i es que se incremente la contribución privada, de tal manera que convivan la financiación pública de proyectos innovadores con una apuesta clara por parte del
sector privado en fomentar la innovación en las empresas.
Esta necesidad de incrementar la inversión privada en I+D+i ha quedado patente en los últimos meses en diversos ámbitos:
- La Estrategia Estatal de Innovación establecida por el Ministerio de Ciencia e Innovación establece la necesidad de incrementar la inversión privada en I+D+i como uno de los motores fundamentales para el periodo 2010-2015. Concretamente,
se pretende movilizar del orden de 6.000 millones de euros adicionales en actividad investigadora privada.
- La recientemente publicada Estrategia Europa 2020 aboga porque 'Europa debe explorar nuevas formas de utilizar una combinación de finanzas privadas y públicas y crear instrumentos innovadores para financiar las inversiones necesarias,
incluida la cooperación entre los sectores público y privado'.
- La Semana de las Regiones Innovadoras en Europa celebrada bajo el auspicio del Ministerio de Ciencia e Innovación (en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea) el pasado mes de marzo en Granada promovió entre sus
conclusiones 'la necesidad de simplificar las reglas de participación para todas las fuentes de financiación independientemente de su origen'.
Sin embargo, a la hora de la verdad, encontramos barreras que dificultan la inversión privada. En particular, nos referimos a las limitaciones impuestas en la programación de los Fondos FEDER a través de los acuerdos alcanzados entre España
y la Comisión Europea en materia de reglamento aplicable y a la política de la Administración General del Estado español para la cofinanciación de la aportación comunitaria con fondos propios.
En los dos Programas Operativos Plurirregionales existentes para la aplicación de los Fondos FEDER (Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento y Programa Operativo Fondo Tecnológico) la Administración General del Estado y la
Comisión Europea acordaron que ambos Programas calcularían la contribución comunitaria de Fondos FEDER (que puede llegar hasta un 70%) en relación al gasto público subvencionable y no al gasto total, como sucedía en anteriores períodos de
programación.
En definitiva, si no existe una cofinanciación pública nacional, el proyecto no puede recibir Fondos FEDER para su ejecución. Asimismo, los Fondos FEDER que se podrán aplicar a cada proyecto dependerán de la cantidad de cofinanciación
pública nacional que el proyecto obtenga (ya que debe mantenerse el ratio 70%/30% o bien 50%/50% de Fondos FEDER/ Fondos Públicos Nacionales dependiendo de la región de que se trate).
De la definición de 'gasto público' a la que se refiere el reglamento FEDER se deduce que las aportaciones de fondos propios de los Centros Tecnológicos privados sin fines de lucro no se pueden asimilar a 'gasto público' con lo que dichos
fondos propios no pueden ser contemplados como método de cofinanciación con respecto a los Fondos FEDER.
Como consecuencia, si no existe cofinanciación nacional pública no se pueden financiar proyectos de instituciones privadas independientemente de que dichas instituciones privadas dispongan y deseen aplicar fondos propios a la cofinanciación
de los proyectos, dado que sus fondos no son públicos y, por tanto, no son elegibles como cofinanciación nacional de la aportación comunitaria.
Resulta evidente el efecto negativo que los problemas anteriormente expuestos pueden tener sobre las políticas para incentivar la financiación privada de la I+D+i en España, y todo ello como resultado de la discriminación de los organismos
de investigación en función de su carácter público o privado en lugar de en virtud de una evaluación competitiva de sus proyectos con criterios de calidad y oportunidad. Esta nueva programación de los Fondos FEDER puede provocar un apalancamiento
de la inversión privada, circunstancia que perjudicaría notablemente a la economía española y a su recuperación, donde uno de los indicadores que nos aleja de un modelo de crecimiento basado en la innovación es el insuficiente porcentaje de
financiación privada de la I+D+i y la falta de competitividad que ello conlleva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los Fondos FEDER en actividades de I+D+i cofinanciadas entre el sector público y el sector privado. Para
ello procederá a:
a) Propiciar la modificación de los Programas Operativos Plurirregionales para la aplicación de los Fondos FEDER (Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento y Programa Operativo Fondo Tecnológico) con el fin que la base de
cálculo de la contribución comunitaria de Fondos FEDER no se refiera únicamente al gasto público subvencionable sino a la totalidad del gasto, para facilitar la cofinanciación público-privada, como sucedía en anteriores períodos de programación.
b) Habilitar presupuestariamente un programa de subvenciones destinado a proyectos de I+D+i realizados por Centros Tecnológicos y otras entidades privadas, susceptibles de cofinanciar proyectos con Fondos FEDER, con el fin de garantizar los
porcentajes de financiación pública no comunitaria exigidos en las
reglas de aplicación de los Fondos FEDER a los Programas Operativos Plurirregionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
Comisión de Igualdad
161/001842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a reordenar las ayudas de cooperación para
dar preferencia a las ayudas destinadas a la educación de las mujeres en Afganistán, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En la visita institucional realizada por un grupo de notables de la provincia de Badghis, en Afganistán, encabezada por el Embajador de esta provincia y cuatro mujeres, a la Comisión de Igualdad el pasado 25 de marzo, pudimos comprobar las
necesidades de estas mujeres, y cómo viven en un país donde la mujer afgana es víctima de una mentalidad medieval.
Fue muy ilustrativo saber de primera mano a qué problemas hacen frente día a día estas mujeres. Por todos es sabido que las mujeres en países de régimen talibán están privadas de una serie de derechos, que sí existen en otros países más
civilizados. En este país, donde los enfrentamientos y las guerras son constantes, no existen leyes ni justicia, sólo la voluntad y tradición de unos hombres, a los que treinta años de guerras han embrutecido y que ejercen la violencia amparándose
en el nombre de Dios.
Las mujeres afganas, por el mero hecho de serlo, no tienen garantizado su derecho a la educación. Hay mujeres en las ciudades que empezaron a asistir a la escuela, a sus trabajos, o a ir de compras sin la compañía de un hombre, pero son la
minoría, Y el acceso a la educación es mas difícil en el ámbito rural que en las ciudades. Hay una gran escasez de mujeres maestras, sobre todo en el mundo rural, donde la esperanza de vida es de sólo 47,3 años.
Estas mujeres han descubierto que la esperanza en un nuevo Afganistán puede estar muy lejos y para ello deben de luchar contra un patriarcado de siglos, pero no se rinden. Son pocas las que han logrado empezar o retomar sus carreras, son
voces aisladas en un mundo de hombres, voces que nos piden nuestra ayuda para seguir construyendo el reconocimiento del papel de la mujer en Afganistán desde una posición de 'igualdad y tolerancia'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reorientar la ayuda oficial de cooperación al desarrollo con objeto de dar preferencia a las ayudas destinadas a la educación de las mujeres en Afganistán, donde el 85% son analfabetas, como
vía de solución para exigir sus derechos y acabar con la discriminación de la mujer, tal y como recomienda Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2010.-Eva Durán Ramos, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Rosa Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para instar al Gobierno a modificar la legislación de contratos del sector público a fin de establecer la reserva de un porcentaje, con carácter de mínimo, de las licitaciones a favor de Centros Especiales de Empleo y Empresas
de Inserción, que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales, como autonómicos y locales, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El desempeño de un trabajo adecuado, es la mejor manera que tienen las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y conquistar mayores cuotas de autonomía, en su camino hacia una forma de vida independiente, y por lo tanto, su
inclusión laboral debe de ser una prioridad y obligación legal de las Administraciones Públicas.
Además de trabajar para conseguir el acceso al empleo ordinario de este colectivo, no debemos olvidar la importante labor de los Centros Especiales de Empleo y de las empresas de iniciativa social dirigidas a grupos vulnerables. El empleo
protegido tiene un papel fundamental
en cuanto a la integración y la activación de las personas con discapacidad, y especialmente de aquellas con más dificultades de inclusión.
La Directiva Comunitaria 2004/18/CE en su considerando 28, dice que 'El empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserción en la sociedad. En este
contexto, los programas de talleres y empleos protegidos contribuyen eficazmente a la inserción o reinserción de personas con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres pueden tener
dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o reservar su ejecución en el
marco de programas de empleo protegido'.
El Contrato Reservado no limita el principio de libre competencia ni incurre en discriminación sobre el resto de empresas. El argumento jurídico es obvio: se halla plenamente refrendado desde el punto de vista legal por el artículo 19 de
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios; y por la disposición adicional séptima
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Primar por lo tanto, a las empresas o entidades dedicadas a la inserción socio-laboral, no supone competencia desleal, ni vulnera la libre concurrencia, ni atenta contra los principios básicos de la contratación, sino que la acción positiva
encuentra su sentido cuando determinadas personas o colectivos precisan de una especial protección y se justifica además por diferenciarse de las empresas convencionales en su finalidad y resultados, poseyendo un mayor alcance que el de la
rentabilidad económica, así como por su naturaleza cívica y carácter social que contribuye al beneficio de la colectividad.
Así lo ha sancionado de forma reiterada la unánime jurisprudencia. El Tribunal Constitucional en las Sentencias 128/1987 de 16 de julio y 5 de mayo de 1983 determinó que: 'el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante
situaciones de hecho desiguales' y 'la actuación de los poderes públicos para poner remedio a la situación de determinados grupos sociales en innegable desventaja en el ámbito laboral no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad'.
La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, que pone a disposición de las administraciones públicas diversas herramientas para incorporar criterios sociales en la adjudicación de los contratos sometidos a su ámbito de aplicación. Y que
faculta en su disposición adicional séptima a las entidades del sector público para que establezcan una reserva como mecanismo de discriminación positiva, a fin de que la adjudicación pueda realizarse a favor de centros especiales de empleo (CEE),
con el objetivo último de contribuir a la creación de empleo para las personas con discapacidad; después de casi dos años de su entrada en vigor, es reseñable destacar que son pocas las administraciones que de forma voluntaria han aplicado esta
cuota de reserva.
La citada disposición adicional séptima regula el Contrato Reservado como una posibilidad pero no como una obligación, por lo tanto depende de la Administración Pública de que se trate la facultad de aplicar la reserva a un contrato o no
hacerlo.
En este sentido, hay países que ya han ido más allá. estableciendo esta medida con carácter obligatorio, como es el caso del Reino Unido, o de Estados Unidos, donde son numerosos los Estados que han excluido expresamente a los Centros
Especiales de Empleo (sheltered wokshops) de la aplicación de procedimientos competitivos de contratación (concurso y subasta), permitiendo que las Administraciones Públicas puedan adjudicar directamente a estos centros (o incluso a veces a personas
físicas con discapacidad) la compra de ciertos suministros o servicios, pudiendo mencionar por citar sólo algunos, en los Estados de Arizona, Arkansas, California, Colorado, Illinois, Maryland, Nebraska, Nevada, Texas, Virginia o Washington.
Lo mismo ha sucedido en algunas de nuestras Comunidades Autónomas, como Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana o la Comunidad Foral de Navarra, en que distintas normas han establecido la reserva obligatoria de un porcentaje de
adjudicación de contratos, que oscila entre el 6% y el 20% de los que se celebren en su ámbito respectivo.
La situación actual de crisis está además provocando la pérdida de actividad en los CEE, con la consecuente destrucción de puestos de trabajo. Este hecho ha justificado la ayuda de 41,7 millones de euros que el gobierno central ha destinado
para paliar los efectos de la crisis en Centros Especiales de Empleo, además de incluir en el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Empleo y el Apoyo a las Personas Desempleadas, un incremento de la subvención del SMI del 50% hasta
el 75%, medida que estará vigente desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre de 2010 con carácter general, ampliándose a 31 de diciembre de 2011 para aquellos colectivos de personas con discapacidad con más dificultad para la inserción laboral.
Entendemos que la iniciativa que presentamos es complementaria a las ya tomadas y va en el mismo sentido de frenar la destrucción de empleo protegido, ayudando de este modo a mantener las empresas que ofrecen trabajo a personas con
discapacidad.
Sería muy positivo pues, para el fomento de la actividad y el desarrollo de esta magnífica herramienta de integración social de la discapacidad, que es el empleo protegido; que la potestad administrativa se convierta en obligación
administrativa.
En atención a todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses, modifique la legislación en materia de Contratos del Sector Público a fin de establecer la reserva de un porcentaje de las licitaciones a favor de Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales, como autonómicos y locales.
En todo caso, y de acuerdo con nuestro sistema competencial, dicho porcentaje tendrá naturaleza de mínimo, sin perjuicio de que Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias puedan mejorarlo.
Para una mayor claridad de la norma, se considera adecuado también instar al Gobierno a precisar en dicha modificación los conceptos de 'Centro Especial de Empleo' y 'programas de empleo protegido' empleados en la disposición adicional
séptima de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010.-Rosa Díez González, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
promover el desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En estos momentos de dificultad económica una cuestión de importancia fundamental para las empresas y para el conjunto de la economía española es impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación.
En este contexto, la adaptación de tecnologías para las personas con discapacidad, especialmente en relación a las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es un campo de investigación e innovación relevante y
donde además el diseño universal se convierte en una herramienta de integración y de igualdad de oportunidades.
Por tanto es una oportunidad aunar esfuerzos para mejorar tanto la calidad de vida de las personas con discapacidad como las capacidades de I+D+I de las empresas.
Es necesario visibilizar que el 'diseño para todos' puede mejorar la funcionalidad, la innovación y la utilidad de los bienes y servicios, a la vez que puede permitir producir y comercializar productos de mayor valor añadido.
En el desarrollo de estas políticas están implicadas las principales empresas del país, del movimiento asociativo y de los centros de investigación en accesibilidad. Pero también es necesaria la colaboración de la administración para
impulsar y promover las buenas prácticas tanto a las empresas como al resto de administraciones.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios mediante la colaboración entre las iniciativas privadas y públicas, para hacer
de la accesibilidad una herramienta para la integración social y la igualdad de oportunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2010.-Francisca Medina Teva, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión no Permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/001853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a mejorar las
condiciones de visibilidad en las intersecciones tipo glorieta, para su debate en Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico.
Exposición de motivos
Uno de los mayores peligros en la circulación se concentra en las intersecciones, incluyendo aquellas de circulación giratoria, las comúnmente conocidas como 'glorietas'.
No existe en la actualidad normas comunes de señalización que adviertan de la existencia de las mismas con criterios homogéneos para facilitar y generalizar su comprensión con objeto de que sean eficaces para tal fin.
Sería, pues,
conveniente establecer unas normas
unificadas en este sentido, y de consensuarlas con todas las administraciones afectadas (municipal, estatal, autonómica e incluso provincial) para incrementar el nivel de seguridad en estas glorietas y sus inmediaciones, sobre todo en los
accesos a las mismas aumentando su visibilidad en todo caso pero aún más en horario nocturno, cuando son mayores los riesgos para la circulación.
En Ayuntamientos como los de Pozuelo de Alarcón (Madrid), o Algeciras (Cádiz), entre otros muchos, se han tomado medidas en este sentido ubicando en las glorietas para mejorar su visibilidad paneles de aluminio reflectante LDS de nivel 3,
una medida que está dando buenos resultados para reducir los accidentes en estas intersecciones al mejorar considerablemente la visibilidad nocturna.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer medidas unificadas para mejorar la visibilidad de las glorietas y sus intersecciones, debiendo adoptarlas de forma consensuada con las administraciones competentes según la
ubicación de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2010.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la obligatoriedad de la
utilización de los faros LCD o luces de cruce durante la conducción diurna, para su debate en la comisión de Seguridad Vial y prevención de accidentes de tráfico
Exposición de motivos
Desde el año 2003 a través del Tercer Programa de seguridad en la Carretera, la Comisión Europea comenzó a establecer un criterio sobre la necesidad de circular con luces diurnas las 24 horas pero sin alcanzar una posición clara al respecto.
En el año 2005 fue abierto el debate por segunda vez sin establecer nuevas conclusiones.
Finalmente, la Comisión Europea aprobó el 24 de septiembre de 2008, por unanimidad, la Directiva Comunitaria que recoge la obligatoriedad en todos los Estados miembros de instalar luces diurnas en todos los turismos fabricados a partir de
febrero de 2011, obligando a los fabricantes a instalar o equipar a los vehículos con faros LCD (luces de conducción diurna), ampliándose el plazo hasta agosto de 2012 para camiones y autobuses y extendiendo la obligación de usar luces de cruce o
específicas a partir de 2013 a todos los usuarios.
La utilización del alumbrado diurno con luces de cruce, ya es obligatorio desde hace años en muchos países de la Unión Europea como Noruega, Dinamarca, Austria o Italia y en otros del resto del mundo como Chile, Estados Unidos o Canadá entre
otros.
En el caso de España la DGT ya recomienda durante las 24 horas del día el uso de este sistema de luces dejando a la elección del conductor si desea hacerlo o no.
Dado que debemos garantizar la mayor seguridad para nuestros conductores, no parece que esta medida sea suficiente, por lo que deberíamos ir más allá impulsando la obligatoriedad de este sistema de una forma más activa e inmediata, lo que
nos permitiría evitar muchos accidentes.
Según un informe de la DGT de marzo 2009, que analiza las características de los accidentes de los últimos años, llevar las luces de cruce encendidas mientras se conduce podría salvar la vida a 225 personas por año en España, además de
evitar accidentes con miles de heridos, un buen número de ellos con secuelas de por vida.
Son muchos los aspectos positivos derivados de la mejora de la visibilidad en su doble vertiente de ver y ser visto. No cabe duda de que los vehículos con LCD o luces de cruce son más visibles que los vehículos que no las utilizan,
aportando mejores estimaciones de distancias y velocidad. Los vehículos se perciben hasta un 20% antes, incluso a mediodía, y parecen más cercanos por lo que obliga a los usuarios a extremar la precaución reduciendo el tiempo de reacción.
Asimismo, disminuyen los riesgos de colisión en la maniobra de adelantamiento, la más peligrosa. Disminuye el peligro de atropello y aumenta la visibilidad en los vehículos independientemente de su color y tamaño, lo que evitará sin lugar a
dudas, accidentes y colisiones frontales entre vehículos de cuatro ruedas y de dos ruedas mejorando la visibilidad.
En definitiva en España, la necesaria extensión del uso de las Luces de Conducción Diurnas a todos los vehículos permitirá reducir los accidentes entre un 3,5% y un 5% en vías interurbanas, y entre un 5% y un 8% en recorridos urbanos, lo que
supondría evitar en torno a 200 o 250 muertes anuales, además de reducir un 20% los heridos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al gobierno a proceder a la modificación del Reglamento General de
Circulación con objeto de adelantar la exigencia de utilización de los faros LCD o luces de cruce durante la conducción diurna con anterioridad a 2013, fecha en la que será obligatorio su uso por exigencia de la Directiva de la Unión Europea
de 24 de septiembre de 2008.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2010.-Sara Dueñas Herranz, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
181/002979
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Constitucional
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
¿No considera el gobierno que en un estado aconfesional como es el Estado Español no caben ciertos privilegios que todavía conserva la iglesia católica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/002981
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Qué información recibió elgobierno español respecto a los organizadores de la Conferencia Internacional de la Resistencia Política Iraquí, programada para los días 18, 19 y 20 de junio en Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/002982
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
¿No cree el gobierno que es hora de revisar los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1976 y 1979?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Interior
181/002972
Grupo Parlamentario Mixto (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el gobierno tramitar la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que fue aprobada en el Consejo de Ministros del día 26 de marzo de 2010 que pretendía perfeccionar
la exclusión durante el proceso electoral de las candidaturas de partidos ilegalizados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010.-Rosa Díez González, Diputada.
181/002973
Grupo Parlamentario Mixto (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Cuándo va a dar cumplimiento el gobierno a la Proposición no de Ley 162/000436 aprobada por el Pleno el día 23 de junio del 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2010.-Rosa Díez González, Diputada.
181/002994
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Carmen Navarro Cruz
Texto:
¿Se han detectado distorsiones en el proceso de aplicación de la LOIE en los Centros Penitenciarios, tras la entrada en vigor de la Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2010.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.
181/002996
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por el gobierno ante la expansión del salafismo en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
181/003000
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuál es resultado de la actuación realizada por la Dirección General de Trafico de una campaña de vigilancia y control de motocicletas, realizada por la Guardia Civil entre el 7 y el 13 de junio de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2010.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Defensa
181/003004
Grupo Parlamentario Mixto (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar para garantizar el derecho de los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas a ser educados en español en cualquier destino nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2010.-Rosa Díez González, Diputada.
Comisión de Economía y Hacienda
181/002976
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
Dado el alto nivel de intrusismo que existe en la confección de redes de arte de pesca que pone en peligro los derechos sociales y económicos alcanzados en
los últimos años por el colectivo de rederas ¿no considera el gobierno necesaria la intervención de las Inspecciones de Trabajo y Fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Fomento
181/002970
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Carmen Marón Beltrán
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el gobierno licitar la ampliación de la pista del aeropuerto de Alvedro en A Coruña, cuyo plan director está actualmente en pleno desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2010.-Carmen Marón Beltrán, Diputada.
181/002997
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Aurelio Romero Girón
Texto:
¿Es consciente el gobierno de las dificultades que tienen los conductores que circulan por la autovía de Andalucía, dada la pésima señalización de dicha autovía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010.-Aurelio Romero Girón, Diputado.
181/002999
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Tras la mesa redonda de ministros de la Unión Europea celebrada en Zaragoza, durante los días 8 y 9 de junio de 2010, cómo se prevé el futuro ferroviario para el transporte de mercancías para el Puerto de Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2010.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/003001
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Concepción de Santa Ana Fernández
Texto:
Estado y pagos pendientes de las expropiaciones de la autovía del Mediterráneo A-7 a su paso por la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2010.-Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/002975
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
Dado el alto nivel de intrusismo que existe en la confección de redes de arte de pesca que pone en peligro los derechos sociales y económicos alcanzados en los últimos años por el colectivo de rederas, ¿no considera el gobierno necesaria la
intervención de las Inspecciones de Trabajo y Fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/002980
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Cuál es la posición del gobierno respecto a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad el 30 de septiembre de 2008 en el Pleno de la Cámara, y que insta al gobierno a 'adoptar las medidas legislativas necesarias para reducir la edad
de jubilación del colectivo de las rederas, trabajadores y trabajadoras dedicadas a la labor de atar, reparar u mantener redes, incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, aplicándoles los correspondientes coeficientes reductores'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/002971
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña Carmen Marón Beltrán
Texto:
¿Cuál es la valoración de las obras de regeneración y accesibilidad de las playas de la ciudad de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2010.-Carmen Marón Beltrán, Diputada.
181/002977
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Ha considerado el gobierno la conveniencia de implantar un sistema de homologación de redes de artes de pesca a fin de garantizar lo que se establece en el Reglamento (CE) 1224/2009 de cumplimiento de las normas de pesca común?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/002978
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña Olaia Fernández Davila
Texto:
¿No considera el gobierno necesario implantar un sistema de homologación que permita identificar que quien participa en la elaboración de redes de arte de pesca cuenta con la debida autorización, así como que la calidad de los materiales
empleados es la adecuada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/002983
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Qué razones han llevado a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a no aprobar y no presentar el 'Plan estratégico de la acuicultura marina española' encargado por su Ministerio a CETMAR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2010.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/002984
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña Ana María Pastor Julián
Texto:
En el año 2018 finaliza la concesión administrativa por parte de Costas-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sobre la ubicación de la fábrica pastera ENCE en Lourizán-Pontevedra. En base a esta afirmación, quisiera realizar
la siguiente pregunta:
¿Qué pasos se han dado desde el gobierno de España para garantizar el traslado y posterior ubicación de la futura fábrica de ENCE en la comarca de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2010.-Ana María Pastor Julián, Diputada.
181/002985
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Alberto Garre López
Texto:
¿Cómo piensa la señora Ministra solucionar el déficit estructural de la cuenca del río Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2010.-Alberto Garre López, Diputado.
181/002986
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Qué previsiones de pesca de merluza en la zona CIEM VIIIc y IXa hizo la Secretaría General del Mar por modalidades y épocas para la cuota de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2010.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/002987
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don Joaquín García Díez
Texto:
¿Tiene previsto la Secretaría General del Mar realizar una distribución por modalidades y épocas en la pesquería de la merluza para la cuota que se le asigne a España en las zonas VIIIc y IXa en el año 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2010.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/002991
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel
Texto:
¿Por qué la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se ha propuesto, con el nuevo Plan de Cuenca del Júcar, arruinar el 36% de la superficie regable del Vinalopó-Alacantí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2010.-Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
181/002992
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña María Olga Iglesias Fontal
Texto:
¿Cuándo piensa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, solucionar las dudas de tipo
jurídico-administrativo que impiden a las Comunidades Autónomas poner en marcha el registro de declaraciones de titularidad compartida regulado por el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones
agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2010.-María Olga Iglesias Fontal, Diputada.
181/002993
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña María Olga Iglesias Fontal
Texto:
¿Cuál es el balance de moratorias solicitadas, concedidas y denegadas, para la financiación de la carencia especial a los titulares de créditos para la mejora y modernización de explotaciones y para la primera instalación de jóvenes
agricultores, cuyo plazo de solicitud finalizó el 12 de junio de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2010.-María Olga Iglesias Fontal, Diputada.
181/003002
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputada doña Celia Villalobos Talero
Texto:
¿Cuándo piensa resolver la Ministra la situación actual de los restaurantes de playa, conocidos como 'chiringuitos', en todo el territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Celia Villalobos Talero, Diputada.
181/003003
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputada doña Celia Villalobos Talero
Texto:
¿Cuáles son las razones por las que no se ha cumplido el compromiso de transferir a la Junta de Andalucía la competencia sobre los 'chiringuitos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2010.-Celia Villalobos Talero, Diputada.
Comisión de Cultura
181/002995
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Qué actuaciones va a adoptar el Gobierno, a partir de la reactivación del convenio Cultura y Defensa, en protección de patrimonio subacuático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2010.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002988
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
Diputada doña Carmen Guerra Guerra
Texto:
¿Cómo valora la Secretaria de Estado de Cooperación las subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo de la Generalidad de Cataluña a las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2010.-Carmen Guerra Guerra, Diputada.
181/002989
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
Diputada doña Carmen Guerra Guerra
Texto:
¿Pude explicar la Secretaria de Estado de Cooperación en qué estado se encuentran las adopciones de niños haitianos, que habían sido solicitadas antes del terremoto de Haití del pasado 12 de enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2010.-Carmen Guerra Guerra, Diputada.
181/002990
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
Diputada doña Carmen Guerra Guerra
Texto:
¿Pude explicar la Secretaria de Estado de Cooperación qué acciones está realizando el gobierno para desbloquear las adopciones de niños haitianos que se habían realizado antes de que ocurriera el terremoto del pasado día 12 de enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2010.-Carmen Guerra Guerra, Diputada.