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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 55, de 23/07/2008
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de julio de 2008
Núm. 55
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/000292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la extensión del derecho a voto, en las elecciones municipales, a los extranjeros residentes
legales... (Página 5)
161/000297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la devolución a sus familiares de los restos mortales de los republicanos que se encuentran
enterrados en la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos... (Página 6)
Comisión de Interior
161/000287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre personas desaparecidas... (Página 6)
Comisión de Defensa
161/000304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la continuidad laboral de trece 'trabajadores eventuales' del Hospital Básico de la Defensa de Ferrol (A Coruña), cuando se consolide su
completa transferencia al Servicio Gallego de Salud (SERGAS)... (Página 7)
161/000308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de desafectar de su uso militar la isla de Tambo (Pontevedra) y parte de los terrenos infrautilizados por la Escuela Naval de Marín...
Comisión de Economía y Hacienda
161/000285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para abordar la crisis económica... (Página 8)
161/000295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para reducir la economía sumergida y luchar contra el fraude fiscal...
161/000311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la exención a efectos de tributación de las rentas en forma de indemnización que el Gobierno
francés destina a huérfanos de los españoles de la II Guerra Mundial... (Página 11)
161/000312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la deducción o pago único por nacimiento o adopción... (Página
12)
Comisión de Fomento
161/000289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la correcta señalización de las infraestructuras viarias... (Página 13)
161/000299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación del tercer carril autovía Algeciras-San Roque... (Página 13)
161/000300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los cambios de horarios para permitir transbordo de pasajeros en estación de Bobadilla (Málaga)... (Página
14)
161/000305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al inicio del tramo pendiente de desdoblamiento de la carretera N-340 entre Algeciras y Vejer desde Algeciras...
161/000309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el soterramiento de la línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) a su paso por las comarcas
de Girona... (Página 15)
161/000310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la firma de un protocolo para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Ourense... (Página 17)
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para el reconocimiento del médico de familia como figura principal en la decisión y seguimiento de
la baja laboral... (Página 17)
161/000291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa al apoyo de los trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) y a los familiares
de los fallecidos... (Página 18)
161/000307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre levantamiento de la moratoria de trabajo para rumanos y búlgaros... (Página 20)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la morosidad en las operaciones comerciales... (Página 20)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la declaración de España libre de transgénicos... (Página 22)
Comisión de Administraciones Públicas
161/000293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para mejorar la financiación de los
municipios turísticos... (Página 22)
Comisión de Cultura
161/000288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la redefinición del Plan Nacional de Arqueología Subacuática... (Página 23)
161/000294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la adhesión de Telecinco al 'Manifiesto por la lengua común' y el plurilingüismo en las
televisiones privadas... (Página 24)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para favorecer la información y la participación ciudadana sobre transporte, medioambiente y
salud... (Página 26)
161/000290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el coste de carburantes... (Página 26)
161/000298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para fijar los precios de la tarifa eléctrica... (Página 27)
161/000313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre márgenes comerciales de los productos agroalimentarios... (Página
27)
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de las atribuciones profesionales de los titulados universitarios en el ámbito de las ingenierías en informática...
161/000302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la titulación de Máster en Ingeniería Química... (Página 30)
161/000303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de las atribuciones profesionales de los titulados universitarios en el ámbito de las ingenierías químicas...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas específicas para luchar contra la malaria... (Página 33)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000329 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre agenda para la próxima reunión del Foro Tripartido...
(Página 34)
181/000330 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de los perjuicios económicos que sufren los trabajadores españoles en Gibraltar... (Página
34)
181/000331 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre conocimiento por el Gobierno de las instalaciones en las que se va a ubicar el Instituto Cervantes en Gibraltar... (Página
35)
181/000332 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre situación actual de la instauración del Instituto Cervantes en Gibraltar... (Página 35)
181/000333 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre política seguida respecto a la entrada de submarinos nucleares en Gibraltar... (Página 35)
Comisión de Interior
181/000325 Pregunta formulada por la Diputada doña María Mercè Pigem Palmés (GC-CiU), sobre actuación de los agentes de seguridad en el reciente asesinato de Gabriela Toledo, presuntamente a manos de su ex novio, cuya protección estaba
encomendada a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en cumplimiento de las medidas cautelares judicialmente adoptadas... (Página 35)
Comisión de Fomento
181/000327 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones respecto a la finalización de los tramos pendientes en conexión por ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla...
181/000328 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsión de la Ministra de Fomento acerca de seguir desarrollando el proyecto, que empezó el Gobierno del Partido Popular, de unir por ferrocarril
Algeciras con la Costa del Sol... (Página 36)
181/000335 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre razones de la Ministra de Fomento para no dar fechas de finalización y puesta en funcionamiento del tramo pendiente del desdoblamiento de la
carretera N-340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer (Cádiz)... (Página 36)
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/000326 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros (GP), sobre opinión del Gobierno acerca del alto índice de absentismo laboral que afecta a la productividad... (Página 36)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/000336 Pregunta formulada por la Diputada doña Andrea Fabra Fernández (GP), sobre previsión de inicio de las obras del Parador de Morella (Castellón)... (Página 36)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000334 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre medidas de compensación previstas por los daños medioambientales causados por el buque 'New Flame', hundido en aguas españolas cercanas a
Gibraltar... (Página 36)
Comisión de Ciencia e Innovación
181/000323 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Vázquez Abad (GP), sobre medidas de apoyo con respecto a la adaptación al Espacio Europeo Educación Superior (EEES) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)...
181/000324 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Vázquez Abad (GP), sobre valoración del hecho de que únicamente cinco titulaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se hayan adaptado al proceso de Espacio
Europeo Educación Superior (EEES)... (Página 37)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la extensión del derecho a voto, en las
elecciones municipales, a los extranjeros residentes legales, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En marzo de 2006, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, y a instancias del Grupo Parlamentario de IU-ICV, una Proposición no de Ley para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de los
ciudadanos extranjeros en España en los términos que se establecen el artículo 13.2 de la Constitución Española, comprometiéndose a estudiar las medidas necesarias para favorecer la integración social de los inmigrantes de larga duración en el
ámbito de la participación política.
En esta línea, en el pasado se han suscrito Tratados y Acuerdos Generales de Cooperación y Amistad con países como Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia, en los que se reconoce el derecho de sufragio en las elecciones municipales
de los residentes legales, si bien se remite la efectividad del derecho a lo que establezcan los Convenios específicos o legislación de desarrollo, aspectos que no se han concretado por el momento.
Además, existen Estados (fuera del marco europeo y en ausencia de un tratado de reciprocidad, tales como Islandia y Nueva Zelanda) donde los ciudadanos españoles que residen ya gozan de derechos políticos, en algunos Estados activo, y en
otros activo y pasivo.
Cabe destacar, asimismo, la existencia de una Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2000/2231 (INI): En sus artículos 121 y 122, recomienda a los Estados miembros que amplíen
el derecho de voto a los ciudadanos de terceros países con años de residencia en la Unión Europea y que extiendan el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales europeas, que el artículo 19 del Tratado CE concede a los
ciudadanos de la Unión, a todos los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión Europea desde hace como mínimo tres años. En dicha Resolución se recomienda a los Estados miembros que ratifiquen, los que aún no
lo hayan hecho (como es el caso de España), el Convenio Europeo sobre la participación de los extranjeros en la vida pública local, que recoge el compromiso de los Estados a conceder el sufragio activo y pasivo en las elecciones locales a los
residentes extranjeros, siempre que cumplan las mismas condiciones que se exigen a los nacionales.
En base a estos antecedentes, y al hecho objetivo de la residencia legal en España de un gran número de extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, los Grupos que suscriben esta iniciativa consideran que es justo y oportuno que se haga
posible el derecho al voto de tales personas en las elecciones municipales, por ser una exigencia democrática, que se corresponde con el espíritu y la letra de nuestra Constitución.
Para ello es necesario que el Gobierno proceda a negociar acuerdos con países que tengan un mayor número de nacionales viviendo legalmente en nuestro país y, en especial, con aquellos, como los países latinoamericanos, con los que tenemos
mayores vínculos históricos, culturales y afectivos.
La aprobación de todo lo anterior tiene que adecuarse al artículo 13.2 de la Constitución, que habla de 'criterios de reciprocidad', para poder reconocer al derecho de los extranjeros al sufragio activo y pasivo en elecciones municipales.
Por ello, para conocer las implicaciones jurídico-constitucionales que tiene tal precepto en un contexto como el actual, en el que España se ha convertido en un país de inmigración, esta Proposición no de Ley insta al Gobierno a que se dirija al
Consejo de Estado para que emita un informe o dictamen al respecto. Ello ayudará a desarrollar el derecho al voto de los extranjeros residentes legales en elecciones municipales en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la negociación y firma de acuerdos o convenios con los países con mayor número de nacionales residentes legales en España y, especialmente, con aquellos con los que ésta tiene relaciones históricas, políticas y culturales más
estrechas, al objeto de que dichos nacionales puedan votar y ser elegidos en las elecciones municipales en España con arreglo al artículo 13.2 de la Constitución.
2. Solicitar del Consejo de Estado un informe sobre la aplicación del artículo 13.2 de la Constitución a los efectos de la participación de los extranjeros residentes en España en las elecciones municipales, y, particularmente, sobre la
interpretación de los términos 'criterios de reciprocidad' a que se refiere el precepto citado.
3. La firma y ratificación del Convenio europeo sobre participación de los extranjeros en la vida pública local, de 5 de febrero de 1992.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la devolución a sus familiares de los
restos mortales de los republicanos que se encuentran enterrados en la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En abril 1959, el dictador Francisco Franco inauguró bajo palio la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos. En un principio, dicha fosa común iba a estar destinada a los restos mortales de los franquistas muertos en la Guerra
Civil. Tras problemas y negativas de sus familiares a desplazar dichos restos, las autoridades franquistas decidieron vaciar varias fosas comunes con restos de soldados republicanos y depositar sus restos en el Valle de los Caídos.
A modo de ejemplo, citaremos el caso de Joan Pinyol. Él y su familia durante décadas han honrado la memoria de Joan Colom, soldado republicano muerto en el año 1939 en el Hospital Militar de Lleida, visitando la fosa común donde creían que
se hallaban los restos de su familiar. Casi setenta años más tarde, averiguan, gracias al trabajo investigador de la revista Sápiens, que su familiar comparte sepultura con el máximo responsable de la trágica Guerra Civil, el dictador Franco.
Como es de suponer, este descubrimiento ha indignado a esta y a otras muchas familias que han descubierto con estupor cómo sus familiares muertos por defender la legalidad vigente se han visto obligados a formar parte de la mayor apología
del franquismo, como es el Valle de los Caídos.
El Estado tiene una responsabilidad moral con las personas que defendieron a la República de un levantamiento militar y, más aún, con las familias de las personas en un emplazamiento como el Valle de los Caídos que forma parte del Patrimonio
del Estado.
Por todo ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su estupor y su preocupación por la constatación de que hay restos de republicanos muertos al defender la legítima y democrática República que comparten sepultura, entre otros, con el dictador de
infausta memoria Francisco Franco.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un censo de todas las personas que se encuentran enterradas en instalaciones que pertenezcan al Patrimonio del Estado, como el Valle de los Caídos.
2. Ponerse en contacto, en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del censo, con los familiares de dichas personas para comunicar dónde se encuentran los restos de su ser querido con el fin de acordar qué hacer con dichos
restos.
3. Facilitar a los familiares que así lo dispongan el traslado de los restos al lugar que éstos dispongan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Interior
161/000287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre personas desaparecidas, para su debate en la Comisión de interior.
Exposición de motivos
En 5 de mayo de 2006, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición de Ley sobre resolución de casos de desaparición de personas en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un grupo de trabajo de naturaleza eminentemente técnica y multidisciplinar con la participación de expertos de distintos sectores que estudie las medidas necesarias que
permitan una mayor eficacia en la resolución de los supuestos de desaparición de personas, y que presente ante la Comisión de Interior sus trabajos durante el presente año.'
A pesar de haber pasado ya el plazo de un año, el Gobierno no ha presentado ningún trabajo.
Seguimos encontrándonos con la inexistencia en el Ministerio del Interior, como órgano básico de cooperación de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y locales, de un Registro de Desaparecidos que pueda aglutinar la
suficiente información para que sirva de enlace entre las investigaciones policiales y los familiares próximos al desaparecido
Más allá del Registro de Ausentes que existe en el seno del Ministerio de Justicia, y que cumple una función más jurídica que de investigación policial, se echa en falta en la estructura general de las distintas Administraciones un órgano
que sirva de punto neurálgico en la colaboración que, sin duda, debe existir entre los distintos Cuerpos de Policía, por lo que se hace necesario la creación de un Cuerpo único en sede del Ministerio del Interior que, sin entorpecer la labor
investigadora de los distintos Cuerpos de Policía, sirva para ofrecer una base de datos general de ADN; datos generales de identificación; datos de desaparecidos y hallados, indemnes o cadáveres. En definitiva, un órgano que sirva de referencia
global en la investigación de las decenas de miles de desaparecidos o la identificación de miles de cadáveres que actualmente se desconoce su identidad.
Estas y otras actuaciones podrían llevarse a cabo con el único interés de perfeccionar la investigación sobre aquellas personas que sin motivo o causa desaparecen de su entorno familiar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La creación de una unidad específica dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, coordinada con el resto de cuerpos policiales, dependiente del Ministerio del Interior, con los suficientes medios humanos, técnicos y de
presupuesto, dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en el mayor y más amplio de los sentidos.
2. La creación de un Registro Central de Desaparecidos de ámbito nacional, dependiente del Ministerio del Interior que, en coordinación con los registros europeos e internacionales, permita integrar un conjunto de bases de datos que ofrezca
una colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todos los ámbitos, y permita una mayor eficacia en la investigación de los desaparecidos sin motivo y de los cadáveres sin identificar.
3. Promover la investigación, desarrollo, implantación de dispositivos de seguimientos vía GPS para las personas de riesgo de desaparición, y apoyar la difusión de su uso a través de los servicios sociales de base y centros sanitarios, a
parte de otros usos específicos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría An-tón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la continuidad laboral de
trece 'trabajadores eventuales' del Hospital Básico de la Defensa de El Ferrol, cuando se consolide su completa transferencia al SERGAS, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En las próximas semanas se celebrarán reuniones técnicas de trabajo con objeto de negociar el pase de los trabajadores del Hospital Básico de la Defensa de El Ferrol al Servicio Gallego de Salud (SERGAS), dependiente de la Xunta de Galicia.
Existe un colectivo de trece personas, que son 'trabajadores eventuales' del mencionado Hospital Naval, algunos con diecisiete años de antigüedad, que denuncian no van a ser incluidos en la plantilla definitiva, con lo que perderán su puesto
de trabajo, a sumar en la decadente situación laboral por la que atraviesa toda la comarca ferrolana después de varias reconversiones navales y traslados de unidades militares a otras zonas de España, y colocarán a trece familias ferrolanas en una
situación de abandono completamente injusta, después
de tantos años de servicio y tan bien prestado, teniendo que pasar a engrosar la ya densa lista de parados de la Comarca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que el Ministerio de Defensa negocie con la Xunta de Galicia la continuidad laboral de los trece trabajadores eventuales, del antiguo Hospital Básico de la Defensa de El Ferrol, y continúen en la plantilla correspondiente, una vez cerrados
todos los acuerdos entre ambas instituciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz de Río, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría An-tón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley, relativa
a la necesidad de desafectar de su uso militar la isla de Tambo (Pontevedra) y parte de los terrenos infrautilizados por la Escuela Naval de Marín, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En el año 1943 se constituía en Marín la Escuela Naval Militar en los terrenos de las antiguas instalaciones del Polígono de Tiro Naval Janer y sobre los terrenos usurpados al ayuntamiento. De modo paralelo, se anexionó la isla de Tambo a
las instalaciones navales y fue ocupada militarmente por la Marina en el período franquista.
La Escuela Naval de Marín fue concebida como centro de formación de oficiales de la Armada española. Y de este modo la Armada española ocupaba una extensa franja costera que comprende desde la desembocadura del río Lameiriña hasta casi la
playa de Portocelo. En el interior, acapara las instalaciones de formación y ejercicio de aspirantes, también se extendió la zona militar más residencial con hotel propio, viviendas y chalés destinados a los mandos.
Transcurridos sesenta y cinco años, la situación continúa igual. El acceso al mar de esta población tradicionalmente marinera se encuentra limitado por pertenecer una buena parte de su franja litoral a Defensa. Una limitación que también
determina el desarrollo de Marín, de ahí la idoneidad de que el Gobierno comience a cuestionarse la funcionalidad de las actuales instalaciones militares y la posibilidad de uso civil de este extenso dominio militar.
Sería pertinente que la isla de Tambo fuese restituida al uso civil para su inclusión en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, con la correspondiente transferencia a Galicia. De igual forma debería recuperarse para el uso civil los
terrenos actualmente infrautilizados por la Escuela Naval de Marín. En este sentido, cabe referirse a parte del puerto militar, las instalaciones deportivas, los terrenos actualmente dedicados a usos residenciales en la parte interior de las
instalaciones o el espacio de atraque.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- A desafectar de su uso militar la isla de Tambo (Pontevedra) a fin de recuperarla para uso civil e incluirla en el Parque Nacional de Islas Atlánticas.
- A desafectar de su uso militar parte de los terrenos utilizados por la Escuela Naval de Marín que actualmente están infrautilizados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2008.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas para abordar la crisis
económica, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
La situación de crisis por la que atraviesa nuestra economía exige abordar decisiones, tanto a corto como a medio plazo, para minimizar los efectos más inmediatos del deterioro económico en la sociedad, y para cimentar un modelo productivo
sostenible, tecnológicamente avanzado y más justo en sus efectos distributivos.
Todo comienza por reconocer la gravedad de la situación económica y por aceptar que los años de bonanza no fueron igual para todos. Hoy, después de trece años de expansión económica, cerca de 11 millones de asalariados son mileuristas, los
beneficios empresariales han crecido tres veces más que los salarios, que han perdido participación
en la Renta Nacional, y nuestro gasto social per cápita continúa a la cola de la UE.
El elevado endeudamiento de empresas y familias, el descomunal saldo negativo de la balanza de pagos o el descontrol de la burbuja inmobiliaria ya anticipaban ajustes al crecimiento de la economía que el Gobierno ha despreciado
sistemáticamente. Ajustes cuya duración e intensidad desconocíamos, pero que se han acelerado con la crisis financiera internacional y la negativa evolución del precio de las materias primas. La profunda desaceleración del crecimiento económico
significa que la economía pasará de crecer a ritmos del 4 por ciento hasta tasas que no nos permiten descartar una recesión técnica a corto plazo. Las repercusiones sobre el empleo ya se traducen en 318.000 parados más que hace un año y los precios
crecen al 5 por ciento, con sombrías perspectivas por la escalada del precio del crudo.
Las previsiones macroeconómicas del Gobierno no inspiran confianza por irreales, y las medidas que se articulan son cuestionables y, pensamos, poco efectivas.
En el ciclo expansivo, con crecimientos de la economía en términos reales muy superiores al 3 por ciento, era posible articular una 'política fiscal prudente' y programar un superávit presupuestario. Pero esto podría haberse conseguido con
un crecimiento mayor del gasto público si se aseguraba un crecimiento de los ingresos en proporción precisa. Sin embargo, se aprovechó la expansión económica para rebajar los tributos directos añadiendo restricciones a la evolución del gasto
público; gasto público que debería haber servido para avanzar en protección social y mejorar nuestros servicios públicos, para articular inversiones en infraestructuras sostenibles, o verdaderos planes de ahorro energético para reducir el volumen
de nuestras importaciones y potenciar las energías alternativas. Era sensato avanzar en un mayor esfuerzo en el gasto para contribuir desde lo público a mejorar la productividad global de nuestra economía.
Se redujeron los márgenes de maniobra en materia fiscal abordando reformas tributarias que merman la suficiencia y la equidad del sistema fiscal, y no siendo lo suficientemente ambiciosos a la hora de abordar el fraude fiscal. Ahora,
agotado el ciclo expansivo, la principal medida discrecional es una nueva bajada de impuestos en forma de devolución fiscal de hasta 400 euros en el IRPF. Medida que no está claro genere un efecto expansivo suficiente, considerando que nada indica
que esos recursos en manos de las familias se destinen íntegramente al consumo. En todo caso, como política discrecional seguramente habría sido más eficiente, y con mejores efectos redistributivos, utilizar el gasto público.
De la misma forma, se nos presenta un escenario de estabilidad presupuestaria en forma de superávit para el conjunto de Administraciones Públicas, poco realista y nada ajustado al profundo deterioro económico que hoy se evidencia, restando
credibilidad y confianza a la acción de la política económica. En ese escenario y con el techo de gasto no financiero aprobado en los Presupuestos para 2009 no será posible realizar un esfuerzo suficiente en gasto productivo, social y ambiental.
Un escenario de estabilidad presupuestaria más realista y ajustado a la situación económica podría, además de dejar que actúen los estabilizadores automáticos para no añadir más restricciones a la contracción de la demanda, programar un
ligero déficit para permitir liberar ese esfuerzo superior en materia de gasto público. El margen de maniobra existe si consideramos el nivel reducido de endeudamiento público, situado en 2007 en el 36 por ciento del PIB.
Otras medidas tomadas o anunciadas por el Gobierno no parecen tampoco muy afortunadas. Por un lado, la desproporcionada subida de la tarifa eléctrica por la que 13,5 millones de familias verán incrementado el recibo de la luz un 10,6 por
ciento en 2008, más del doble que la inflación. Por otro lado, el anuncio de reducir la oferta de empleo público, que puede ser contraproducente ahora que la creación de empleo se tambalea y ante la necesidad de mejorar la calidad de los servicios
públicos.
Por este motivo se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha el siguiente conjunto de actuaciones para minimizar los efectos de la crisis económica y avanzar hacia un modelo productivo más eficiente:
1. Incremento del gasto social y mejora del poder adquisitivo de los salarios.
- Mejorar las prestaciones por desempleo garantizando una red de protección suficiente para atender a quien pierda el empleo, especialmente en los colectivos con mayores dificultades de recolocación.
- Ampliación del gasto previsto en la aplicación de la Ley de Dependencia.
- Recursos suficientes para la universalización de la Educación Infantil de cero a tres años dentro de la red pública.
- Mejora de las pensiones mínimas.
- Introducción de cláusulas de revisión salarial para los empleados públicos y su pacto generalizado en los convenios colectivos.
- Incremento de los recursos en el conjunto de las Administraciones, favoreciendo la cobertura real de las necesidades en recursos técnicos, administrativos y humanos.
- Incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.100 euros al mes, el 60 por ciento del salario medio, escalonadamente hasta el final de la legislatura.
2. Revalorización de las políticas activas y los servicios públicos de empleo.
Ejecución inmediata del Plan Global de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo, comprometido en el diálogo social de 2006.
- Atención personalizada a los desempleados con la elaboración de itinerarios profesionales.
- Creación de un sistema público educativo, formativo y profesional integral.
- Red global de orientadores profesionales.
- Creación de nuevos yacimientos de empleo en concierto con los Ayuntamientos.
- Concertación de Planes especiales de Empleo específicos por Localidades, Comarcas, Provincias y CC.AA.
- Creación de una Agencia Estatal de Migraciones para coordinar las variables de las distintas realidades.
- Desarrollo de planes de movilidad en el ámbito de las CC.AA. y Ayuntamientos.
3. Impulso efectivo de la inversión en infraestructuras sostenibles.
- Promocionar parques públicos de vivienda en alquiler y planes de rehabilitación de viviendas y edificios para incorporar energías renovables y asegurar una mayor eficiencia.
- Plan de modernización de la red convencional ferroviaria y mantenimiento de la infraestructura viaria de carreteras y soterramientos necesarios.
- Impulso del transporte de mercancías por ferrocarril.
- Actuación global de depuración y regeneración de ríos.
- Incremento de políticas de mejora del saneamiento de aguas residuales.
- Incrementar los recursos para la regeneración de playas y actuación global sobre la costa.
- Incrementar los recursos para reforestación, limpieza de montes y acciones preventivas de incendios.
4. Pacto por la industria y por un modelo productivo sostenible.
- Incremento de las inversiones productivas públicas por una industria sostenible.
- Creación de partidas presupuestarias especiales para el incremento de la I+D+i pública en sectores de alto valor añadido.
- Medidas para el fomento de la internacionalización de las empresas con nuevas estrategias comerciales, apostando por la marca y el diseño de nuevos productos que relancen a sectores económicos en dificultades.
- Plan especial de impulso de las energías renovables, en especial la solar.
- Desarrollo territorial de la especialización productiva, con localización de inversiones en I+D hacia actividades concretas y creación de sistemas locales de investigación e innovación.
5. Plan de actuación frente a la economía sumergida y el fraude fiscal.
- Garantizar un nivel mayor de suficiencia en los ingresos públicos actuando globalmente contra la economía sumergida, el fraude fiscal y el delito financiero.
- Incremento de dotaciones, medios técnicos, profesionales y humanos para las políticas de Inspección en empresas con una facturación superior a 1,8 millones de euros.
- Mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio.
- Creación de un nuevo impuesto destinado al negocio bancario y aumentar la fiscalidad sobre las retribuciones de altos ejecutivos.
6. Otras medidas.
- Concertar con la UE la reducción del IVA para ciertos bienes y servicios de primera necesidad.
- Moderación en la fijación de precios por los servicios que prestan las Administraciones Públicas.
- Implantar el sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) en la comercialización de productos agrícolas.
- Establecimiento de tramos en la tarifa eléctrica en función de la cantidad y la intensidad del consumo eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para reducir la economía
sumergida y luchar contra el fraude fiscal, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Diferentes estudios sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España entre el 20 y el 25 por ciento del PIB, lo que significa que más de 200.000 millones de euros eluden el pago de impuestos, dejando de ingresar la Hacienda Pública
más de 88.000 millones de euros. Una reducción de 10 puntos porcentuales en el nivel de fraude nos homologaría con los países más avanzados de la UE y permitiría obtener ingresos adicionales por valor de 38.000 millones de euros. Estos ingresos
facilitarían financiar buena parte de la brecha que nos separa en protección social de la UE-15.
Los ingresos directos por liquidaciones contra el fraude realizados por los órganos de inspección, gestión y recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) apenas han llegado a alcanzar en ningún ejercicio el 10 por
ciento de los potenciales ingresos del fraude.
Además, se malogra un importante volumen de las deudas liquidadas por resultar anuladas en los tribunales o por imposibilidad de cobro. Todo ello justifica la necesidad de revisar el actual modelo
organizativo y de gestión, potenciando los recursos humanos y materiales destinados a este fin.
La voluntariosa Ley 36/2006, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, no abordó el análisis del volumen de fraude existente en España y sus posibles causas, lo cual resulta imprescindible para establecer un verdadero plan de acción
eficaz y las medidas necesarias para enfrentarse al problema.
A la gravedad e importancia de los datos sobre economía sumergida en nuestro país se suma la percepción social de elevados niveles de corrupción y fraude, en tendencia creciente. El Barómetro Global de la Corrupción 2007, confeccionado por
Gallup mediante encuesta realizada en 60 países, considera a las empresas como un importante foco de corrupción. El dato para España alcanza 3,6 puntos sobre 5 (máxima corrupción), superando la media del colectivo de países analizado.
Además, un
54 por ciento de los ciudadanos prevé un aumento de la corrupción en España en los próximos años y un 51 por ciento considera ineficaz la actuación del Gobierno contra esta lacra.
En la misma línea, el Barómetro Fiscal de 2006 realizado por el instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye que un 46 por ciento de los empresarios españoles justifica con distintos
argumentos las conductas defraudadoras y el incumplimiento de las obligaciones fiscales frente a un 54 por ciento que rechaza 'sin paliativos' el fraude fiscal, cifra que se ve incrementada hasta el 61 por ciento en el caso de la población en
general. La opinión general de los ciudadanos es que en los últimos años la evolución del grado de cumplimiento fiscal ha empeorado, y que el fraude fiscal ha aumentado.
La encuesta del CIS de julio de 2007 confirma estos resultados: un 82 por ciento de ciudadanos piensa que existe mucho o bastante fraude, un 70 por ciento que existe mayor o igual fraude que hace cinco años, y un 73 por ciento que no se
cobran con justicia los impuestos a los mejor situados económicamente.
Esta percepción puede corroborarse, por ejemplo, si consideramos que en el IRPF los asalariados declaran de media entre 5.646,59 euros y 6.346,23 euros más que la media de lo que declaran los empresarios y profesionales (sean declarantes en
estimación directa u objetiva).
De no ser contundentes con el actual nivel de fraude estaremos comprometiendo cada vez más un reparto justo y equitativo de las cargas fiscales entre los distintos tipos de contribuyentes, y la suficiencia y previsibilidad de la financiación
de las Administraciones Públicas para proveer servicios públicos de calidad y sólidas mejoras sociales.
Por este motivo se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha el siguiente conjunto de actuaciones para reducir la economía sumergida y luchar contra el fraude fiscal:
- Elaboración anual por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal para su presentación y debate en las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos.
- Medidas organizativas en las Administraciones Tributarias para potenciar los recursos humanos destinados a la lucha contra el fraude fiscal. En particular, habilitar suficientemente a los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda
para combatir el fraude y el blanqueo de capitales.
- Apostar por la inversión pública en capital tecnológico y humano en nuestras Administraciones Tributarias y Financieras.
- Desarrollar medidas para fomentar la transparencia en las Administraciones Tributarias y Financieras, y para potenciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
- Modificar los grados de los distintos tipos de infracciones tributarias y establecer medidas de tipo cautelar para asegurar el cobro de sanciones.
- Reformas en el tratamiento fiscal de las operaciones vinculadas y de las sociedades patrimoniales.
- Creación de un Registro Administrativo de contratos de compraventas de inmuebles.
- Creación de un Registro de billetes de 500 euros e investigación de todas las operaciones para evitar que prescriba la posibilidad de recaudar los impuestos defraudados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre declaración de exención de las rentas
en forma de indemnización que el Gobierno francés destina a huérfanos
de los españoles de la II Guerra Mundial, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
Según Decreto número 2004/, de 27 de julio de 2004, del Ministerio de Defensa francés, llamado Loi des Orphelins, el Gobierno francés concede una indemnización a los huérfanos de los españoles víctimas de la II Guerra Mundial que sufrieron
deportación a los campos nazis o ejecución en territorio francés.
En este momento hay huérfanos que ya han percibido esta indemnización y otros que están pendientes de cobrarla en los próximos meses. Estas personas de edad avanzada y que residen en España vienen manifestando su preocupación por verse en
la obligación de incorporar la indemnización como un ingreso en la declaración correspondiente.
La Asociación Amical de Mauthausen, que ha ayudado a tramitar estas indemnizaciones, se ha dirigido al Gobierno expresando la preocupación de los afectados sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta positiva. El Gobierno debiera
mostrar su solidaridad con estas víctimas del nazismo y eximirles del pago a Hacienda de los impuestos correspondientes de esta indemnización.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legislativas necesarias para declarar exentas a efectos de tributación las indemnizaciones concedidas a través de la Loi de Orphelins del Gobierno francés a los huérfanos
de los españoles víctimas de la II Guerra Mundial que sufrieron deportación a los campos nazis o ejecución en territorio francés, en el plazo más breve posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la deducción o pago único por nacimiento
o adopción, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
El artículo 2 de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por
nacimiento o adopción, establece las personas beneficiarias de dicha ayuda.
De manera sucinta se establece que son beneficiarias las madres (o los padres en caso de fallecimiento de la madre) que hayan tenido o adoptado un hijo en España y siempre que lleven residiendo en España al menos dos años anteriores al hecho
del nacimiento o la adopción. En caso de que los adoptantes fuesen personas del mismo sexo, el beneficiario será aquella persona que se determine de común acuerdo.
Así, mientras que para las parejas del mismo sexo se les da la opción de elegir libremente cual de los dos debe de ser el beneficiario del cheque bebé, en el caso de las parejas heterosexuales la beneficiaria directa es la madre, y el padre
tan sólo en caso de fallecimiento de ésta.
Esta situación provoca un caso claro de discriminación en las familias mixtas, concretamente aquellas parejas en que la madre sea extranjera y no lleve dos años residiendo en nuestro país, pues aunque el padre sea español, no tienen derecho
a cobrar la ayuda. Esta circunstancia hace que ante la ley los padres estén en desventaja, pues no importa ni su nacionalidad ni su residencia.
En cualquier caso, entendemos que la finalidad del cheque bebé es la de compensar los mayores gastos que ocasiona la nueva persona, principalmente en la primera etapa de la vida, a la unidad familiar, con independencia de quien sea el
beneficiario de la deducción o del pago único. De esta manera resulta incomprensible que una familia compuesta por mujer española y hombre extranjero (aunque no cumpla con los dos años de residencia inmediatos) sí pueda cobrar la ayuda, mientras
que en el caso contrario no.
Por todo lo expuesto se considera que el redactado actual es injusto con aquellas parejas cuya madre sea extranjera y no lleva dos años residiendo en este país, puesto que no es lógico que se deje fuera de la ayuda a los hijos de padres
españoles con residencia en España, por ello se solicita mediante la presente iniciativa que si el padre cumple con el resto de requisitos pueda ser también el beneficiario de la ayuda.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la modificación, con la presentación del correspondiente Proyecto de Ley, del artículo 2.1 de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, establece las personas
beneficiarias de dicha ayuda en los siguientes términos:
'2.1. Serán beneficiarios de lo dispuesto en la presente Ley:
a) En caso de nacimiento, la madre, siempre que el nacimiento se haya producido en territorio español. En los supuestos de fallecimiento de la madre, sin haber solicitado la prestación o la percepción anticipada de la deducción, será
beneficiario el otro progenitor. Así como también en aquellos supuestos en los que la madre no pudiera ser beneficiaria por no reunir los requisitos previstos en el apartado segundo de este artículo, siempre y cuando el otro progenitor sí reuniese
estos requisitos, con excepción de el del sexo.
b) En los casos de adopción por personas de distinto sexo, la mujer, siempre que la adopción se haya formalizado en territorio español. En los supuestos de fallecimiento de la misma sin haber solicitado la prestación o la percepción
anticipada de la deducción, será beneficiario el otro adoptante. Así como también en aquellos supuestos en los que la mujer no pudiera ser beneficiaria por no reunir los requisitos previstos en el apartado segundo de este artículo, siempre y cuando
el otro adoptante sí reuniese estos requisitos, con excepción de el del sexo.2. Que se habiliten los mecanismos oportunos para reconocer el efecto retroactivo en aquellos supuestos en los que la mujer no ha podido ser beneficiaria por no reunir los
requisitos previstos en el apartado segundo del artículo, siempre y cuando el otro progenitor o adoptante sí reuniese estos requisitos, con excepción de el del sexo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Fomento
161/000289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la correcta señalización de las
infraestructuras viarias, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
España dispone hoy de una importante red de infraestructuras de carretera que facilita una rápida comunicación entre los distintos puntos del país y por su diseño es capaz de absorber un importante caudal de tráfico rápido.
Para muchos usuarios de este medio de transporte resulta del máximo interés la adecuada señalización, tanto horizontal como vertical de las mismas, especialmente cuando necesitan esta información para llegar a su destino y con especial
incidencia en el caso de conductores extranjeros.
La adecuada señalización de las carreteras puede contribuir a mejorar el servicio que prestan e incide de forma fundamental en una mejora de la seguridad vial, que para este grupo es de gran importancia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la correcta señalización de las infraestructuras viarias
'E1 Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que el Ministerio de Fomento, en el ámbito de sus competencias, proceda a la revisión de la señalización existente en las carreteras de nuestro país para detectar irregularidades y deficiencias, y remita las conclusiones a la Comisión de
Fomento del Congreso de los Diputados.
- Que tras el análisis del resultado proceda a la corrección de las deficiencias advertidas para asegurar el adecuado uso de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la ampliación del tercer
carril de la autovía Algeciras-San Roque, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Campo de Gibraltar ha adolecido históricamente de unas infraestructuras del transporte que pongan en
valor los recursos de la Comarca y la competitividad de su complejo portuario, petroquímico e industrial.
Carencias en materia de infraestructuras ferroviarias, con proyectos iniciados en época de Gobiernos del PP y paralizados sin previsión de ejecución, como la alta velocidad Bobadilla-Algeciras y la conexión Bahía de Algeciras-Bahía de Cádiz;
o compromisos incumplidos clamorosamente en materia de carreteras, como la A-48 entre Vejer-Algeciras, han condicionado el desarrollo del Campo de Gibraltar y acentuado el carácter periférico de la Comarca.
En la actualidad se ha iniciado la tramitación del Estudio Informativo y de Impacto Ambiental de la A-7, tramo Algeciras-San Roque, tras más de cuatro años prometida y que presumiblemente, al margen de las afecciones medioambientales al
Paraje Natural 'El Pinar del Rey', no podrá ser una realidad su puesta en servicio antes de 2013.
Mientras tanto, las infraestructuras del transporte por carretera en la bahía de Algeciras, concretamente la A-7 (antigua CN-340) entre Algeciras y San Roque (El Toril), está en situación de colapso, produciéndose retenciones y
embotellamientos diarios que inciden muy especialmente en el tráfico interior del Arco de la Bahía y en el de largo recorrido dirección Cádiz-Málaga y viceversa.
Tal situación requiere de una ampliación de la capacidad de la autovía actual en su itinerario, como mínimo entre Algeciras-San Roque, de igual forma a como se están acometiendo en otras autovías existentes en otros itinerarios, como es el
caso de la A-49, entre Sevilla-Bormujos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer con carácter urgente la ampliación de la autovía A-7 entre Algeciras y San Roque (aproximadamente 11 km) con un tercer carril en ambos sentidos, llevando a cabo para ello las obras
de plataforma y desviación de servicios que sean necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los cambios de horarios
para permitir transbordo de pasajeros en la estación de Bobadilla (Málaga), para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La estación de ferrocarril de Bobadilla (Málaga) ha sido siempre uno de los nudos de interconexión ferroviaria donde se produce el intercambio de pasajeros procedentes de distintos puntos para transbordar a otros trenes y continuar su viaje
hacia otros lugares, como las localidades del Campo de Gibraltar.
Se da el caso de que el Talgo proveniente de Barcelona con destino a Málaga tiene su horario de llegada a Bobadilla a las 8:57 horas. A esa misma hora hace su parada en esa misma estación el Expreso de Media Distancia, lo que antes era
conocido como un Tren Regional que llega desde Granada con destino a Algeciras (Cádiz).
Esta coincidencia de horarios hace imposible el transbordo de los viajeros que llegan en el Talgo y se dirigen hacia el Campo de Gibraltar. La única solución que les queda a estos pasajeros es esperar el siguiente tren que conviene a su
destino, que para en Bobadilla a las tres de la tarde. Por tanto, estos usuarios de tren tienen que esperar en la localidad malagueña nada más y nada menos que seis horas a la espera de la llegada del tren que les lleve a su destino definitivo.
Hasta que se produjeron reformas de horarios y trenes existía otra posibilidad para estos viajeros, que era esperar dos horas, hasta las once de la mañana, cuando el Talgo procedente de Madrid hacía su parada en esa estación. Una solución
que si bien no era la mejor, por lo menos reducía la espera actual a dos horas.
Pero existe una cuestión que ha llamado la atención de este Grupo Parlamentario: el tren que viene desde Granada con destino a Algeciras, es decir, el que los viajeros no pueden coger por coincidir en horarios con el Talgo de Barcelona,
realiza en la estación de Almargen, dos estaciones después de Bobadilla, una parada comercial de quince minutos motivada por el cruce con otro tren que llega en sentido contrario. Esta situación se repite en Ronda, donde el expreso para otros diez
minutos para cruzarse con el Talgo procedente de Madrid.
El Ministerio de Fomento no ha valorado el perjuicio que esta situación causa anualmente a las miles de personas que se ven afectadas por una situación que tiene sencilla solución.
Hemos consultado con profesionales ferroviarios cuáles pudieran ser las causas técnicas que imposibilitan que el tiempo que el tren para en las estaciones de Almargen y Ronda pueda aprovecharse para permitir el transbordo de pasajeros en
Bobadilla. La contestación ha sido tajante: no existe impedimento alguno para hacerlo.
Como se ha dicho anteriormente, esta situación afecta a los viajeros con destino al Campo de Gibraltar,
pero la realidad es que también afecta al resto de usuarios que se dirigen al resto de estaciones entre Bobadilla y Algeciras, es decir: Campillos, Almargen, Ronda, Benaoján, Jimena de Libar, Cortes de la Frontera, Jimena de la Frontera y
San Roque-La Línea de la Concepción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se inicien los trámites necesarios para coordinar horarios entre el Talgo procedente de Barcelona que tiene parada en Bobadilla (Málaga) con destino a la capital malagueña y el Expreso de
Media Distancia que llega desde Granada con destino a Algeciras (Cádiz), de manera que se posibilite el transbordo de pasajeros en Bobadilla en horario matinal (09:00 horas aproximadamente).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al inicio del tramo pendiente de
desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras y Vejer desde Algeciras, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Gobierno ha situado la finalización del desdoblamiento definitivo de la N-340 entre Algeciras y Cádiz para el año 2016. En la actualidad ya se encuentra en servicio el trazado entre la capital gaditana y la localidad de Vejer, quedando
pendiente de ejecución el que discurre entre esa población y Algeciras.
Se da la circunstancia de que el principal problema por la falta de desdoblamiento de esta vía de comunicación se produce a la entrada sur de Algeciras, donde, sobre todo en la época estival, con la llegada de miles de veraneantes a las
privilegiadas playas del Campo de Gibraltar, se producen largas retenciones que, además de la desesperación que provocan a los veraneantes, también son motivo de preocupación para el sector turístico, que recibe múltiples quejas por los problemas
que acarrea la falta de una carretera capaz de descongestionar el tráfico, dotándolo de la necesaria fluidez que evite estas colas.
Estos problemas también se trasladan a las personas que residen en los núcleos poblacionales por los que discurre la N-340 y que tienen que usar esta carretera para dirigirse a sus puestos de trabajo o para realizar cualquier gestión y se
encuentran con retenciones que dificultan la llegada a su destino.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- Se agilicen los trámites necesarios para que el inicio de las obras del tramo pendiente de desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras y Vejer den comienzo cuanto antes y que se haga de tal manera que permitan acortar los plazos en la mayor
medida posible.
- Las obras del tramo pendiente de desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras y Vejer se inicien desde la primera de estas localidades, sin perjuicio de que estos trabajos den comienzo de manera simultánea por varios puntos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, sobre el soterramiento de la línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) a su paso por las comarcas de Girona, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Vistos los estudios de impacto ambiental y los proyectos constructivos de los diferentes tramos de la línea eléctrica de 400 kV de Vic a Bescanó, entrada y salida a Riudarenes y de Bescanó a Santa Llogaia d'Àlguema y atendiendo:
Que el impacto de esta nueva línea aérea a muy alta tensión (MAT) es severo, tanto desde un punto de vista social como también ambiental, particularmente en un
territorio donde el paisaje representa uno de los principales activos económicos.
Que este proyecto de línea aérea impacta muy negativamente en los 17 espacios destacados en el Catàleg d'Espais d'Interès Natural i Paisatgístic de la Diputació de Girona, documento de julio de 2007. Los espacios afectados directamente son:
los contrafuertes de las Guilleries, los bosques d'Arginom y de la Esparra, la riera de Santa Coloma; el entorno de los pantanos de los lagos de riudarenes; las sierras de Vilanna y Masrocs y el tramo bajo de la Llèmena, la montaña de Can Soms;
Sant Grau y Serrat de la Malesa, la zona volcánica del Gironès; las montañas de Rocacorba; los planes aluviales del Garumbet, el Terri, el Revardit y el Remença; la riera de la Farga; los planes aluviales del Ter, la riera de Cinyana; la sierra
de Valldevià, Ventalló y las Montañas de Sant Grau, los planes aluviales del río Fluvià, la riera d'Àlguema y los planes aluviales del río Manol.
Que este proyecto de línea aérea genera una intercepción y una degradación importantes de nueve espacios conectores remarcados en la Diagnosis d'Espais Connectors de la demarcación de Girona, de septiembre de 2005.
Los espacios conectores
afectados directamente son: Corredores entre Montseny-Guilleries; la riera de Santa Coloma; la anilla verde del área urbana de Girona; el Ter; el corredor Guilleries-área urbana de Girona; el plano de Celrà, los entornos de Vilademuis; el
Fluvià y la anilla verde de Figueres, el Manol y la riera d'Àlguema.
Que el Estudio de los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales del entorno del trazado de la MAT de Riudarenes y Bescanó y del emplazamiento de la subestación en Riudarenes, obtenido por la Diputación de Girona en mayo de 2007,
cualifica el impacto de este proyecto de línea eléctrica aérea en medio del valle de l'Argimon y la Esparra y de su subestación como de crítico.
Que la subestación de este proyecto de línea eléctrica se ubica junto al espacio protegido por el PEIN de Puigsardines, uno de los últimos parajes de las comarcas 'gironines', donde aún nidifican algunas especies representativas como la
hieratus fasciatus o águila culebrera.
Que existen alternativas perfectamente viables a este proyecto de línea eléctrica aérea mucho más respetuosas con la gente y el territorio.
Que la tecnología actual en el soterramiento de cables eléctricos, tanto de corriente continua como alterna, minimiza los campos eléctricos y magnéticos y reduce o elimina sus efectos nocivos para el medio ambiente y la salud.
Que todo lo demostrado en los últimos meses por medio tanto de la documentación técnica y objetiva facilitada por el coordinador europeo, señor Mario Monti, como también en base a la información obtenida por parte de la Associació de
Municipis AMMAT y del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques Gironines (CILMA), en el sentido de que el soterramiento de la línea a 400 kV, ya sea corriente alterna hasta los 30 km entre subestaciones, o sea a corriente
continua para distancias superiores, es perfectamente viable desde un punto de vista técnico y económico, y mucho más teniendo presente las múltiples oportunidades que ofrece el despliegue actual de infraestructuras en el territorio de Girona (TGV,
ampliación de la AP-7, desdoblamiento de la A-2, mejora de la N-441 y el desdoblamiento del Eix Transversal).
Que, en palabras del señor Mario Monti, el soterramiento íntegro a corriente continua de la línea entre Santa Llogaia d'Àlguema i Baixàs resulta ser claramente la mejor opción o la más aconsejable, considerando los correspondientes impactos
sociales y ambientales y los respectivos costes directos e indirectos de las diferentes alternativas. Enfatizamos el hecho que el recorrido entre estas dos subestaciones es de 65 km.
Que las distancias sucesivas entre las subestaciones eléctricas de Bescanó, Salt, aeropuerto (futura) y Riudarenes, así como también entre las de Bescanó, Ramis y Santa Llogaia, son de entre los 8 y 25 km, si tenemos presente la entrada y
salida a Bescanó, siguiendo la N-141 hasta la AP-7. En estas condiciones, en este recorrido en particular la línea eléctrica soterrada puede ser tanto a corriente continua como alterna.
Que el desdoblamiento del Eix Transversal C-25 representa otra alternativa para el soterramiento de la MAT, en este caso a corriente continua en todo su recorrido de Vic hasta el aeropuerto, con lo que se podría continuar su soterramiento
hasta Riudarenes y hasta Santa Llogaia, ya en corriente alterna, ya que, como se ha dicho anteriormente, las reducidas distancias entre las subestaciones así lo posibilitan.
Que la documentación técnica y estratégica de la Comisión Europea determina como prioritaria la interconexión eléctrica a muy alta tensión entre los estados español y francés a través de los Pirineos, fijando además este recorrido entre la
subestación de Sentmenat hasta la de Baixàs.
Que finalmente se ha reconocido, también desde las instancias responsables, que la interconexión a 400 kV responde a necesidades de equilibrios de producción de energía a escala internacional, y no para atender la alimentación del TGV o el
refuerzo del suministro eléctrico de las comarcas 'gironines'.
Que, teniendo presente en este sentido que se ha aceptado que el TGV se puede perfectamente alimentar -como de hecho se hace en el resto de regiones europeas- con una línea a 220 kV y que esto es perfectamente factible convirtiendo las
líneas ya existentes de 132 kV a 220 kV.
Considerando, por último, que esta operación puede resultar satisfactoria para la necesaria modernización de la red de distribución eléctrica de las comarcas 'gironines'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el despliegue del proyecto de línea eléctrica a 400 kV de Vic al aeropuerto y derivaciones a Riudarenes y a Santa Llogaia d'Àlguema, o bien su alternativa Bescanó a Salt y derivaciones a
Riudarenes y a Santa Llogaia d'Àlguema (con recorrido en este caso muy inferior al existente entre Santa Llogaia d'Àlguema i Baixàs), se realice también mediante su soterramiento, ya sea a corriente continua o a alterna, aprovechando para ello el
despliegue de infraestructuras de comunicaciones previstas en este corredor (construcción del TGV, ampliación de la AP-7, desdoblamiento de la A-2, mejora de la N-141 o desdoblamiento de la C-25).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2008.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la firma de un protocolo para la
integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Ourense, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El 24 de enero de 2008, el Ministerio de Fomento presentó al Ayuntamiento de Ourense y a la Xunta de Galicia una nueva alternativa para el acceso de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia a la estación Ourense-Empalme, que será la nueva
estación de alta velocidad desde la que se repartirá el tráfico de alta velocidad para Vigo, Santiago y Lugo.
En aquel momento sólo se desveló por el Ministerio que la nueva alternativa consistía en un nuevo trazado en variante que se iniciaría en el entorno de la estación de Taboadela, donde conecta con el trazado aprobado del estudio informativo
del tramo Lubián-Ourense de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, que el trazado bordearía la ciudad por el norte con tres nuevos túneles y accedería a la estación Ourense-Empalme por el corredor de la actual Línea de Monforte, después de
cruzar el río Miño mediante un nuevo viaducto.
A fecha de presentación de esta iniciativa sabemos que el Ministerio de Fomento está redactando el Estudio Informativo del Proyecto de Integración Urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense.
Una de las ventajas que tendría la ejecución de la citada variante sería la liberación de los espacios ferroviarios sobrantes de la ciudad actualmente fracturados por la vía convencional, los barrios de As Lagoas, San Francisco, Residencia,
etc., posibilitando una transformación importante del espacio urbano. También sería importante que un soterramiento de vías, que no del edificio de la Estación Ourense-Empalme, permitiera aprovechar los espacios en superficie para otros usos,
beneficiando así al importante barrio de A ponte.
En definitiva, lo que se pretende es aprovechar de una manera efectiva la gran oportunidad que se abre a la ciudad de Ourense de transformar su trama urbana como consecuencia de la llegada del AVE. Oportunidad que desde luego no puede
perderse por falta de la necesaria inversión pública ni de gestión del proyecto ni de una adecuada planificación.
A esos efectos es imprescindible adoptar con prontitud decisiones como las que se están tomando en otras capitales de provincia y ciudades a las que llega la alta velocidad -el caso más reciente es el de Almería- y en ese sentido
consideramos urgente la firma de un protocolo o convenio entre el Ministerio de Fomento, ADIF, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Ourense, con la doble finalidad de articular
esas nuevas infraestructuras en el sistema de transportes de esta capital y contribuir a la regeneración del espacio urbano.
Una vez firmado ese Convenio debería crearse un instrumento operativo en forma de sociedad mercantil de capital público, integrada por la Xunta, Ayuntamiento y ADIF, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, al igual
que se ha hecho en otras ciudades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la firma de un protocolo entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, ADIF y el Ayuntamiento de Ourense para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Ourense con la doble
finalidad de articular esas nuevas infraestructuras en el sistema de transportes de esta capital y contribuir a la regeneración del espacio urbano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2008.-Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo e
Inmigración.
Desde mediados de los años noventa se ha cambiado la normativa sobre la gestión y responsabilidades en todo lo relacionado con las bajas laborales. Desde entonces se traspasa al INSS y las mutuas el control de la baja laboral en base a que
éstas venían encargándose de abonar la prestación económica.
En el fondo de la medida late la acusación de fraude a los trabajadores, la desconfianza hacia los profesionales del Sistema de Salud y el objetivo menos confesable de avanzar en la privatización de la gestión del Sistema de Salud.
Ni se ha contenido el gasto en Incapacidad Temporal ni se ha frenado el número de días de baja laboral, lo que sí ha producido es un incremento de gasto injustificado o ineficiente por parte de INSS y las mutuas y, asimismo, que la
introducción de intermediarios externos en el control de la IT ha incrementado la burocracia a la par que la desmotivación y descoordinación en el ámbito sanitario público relacionado con la materia.
En coherencia con los principios de integridad de la Atención sanitaria de las competencias de los Servicios de Salud y del interés principal que debe prevalecer, el de la salud, la gestión de estos aspectos debe recaer en el ámbito
sanitario.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1.º El reconocimiento del médico de familia como figura principal en la decisión y seguimiento de la baja laboral.
2.º El estudio sobre los resultados del actual sistema y la reconsideración del papel del INSS y de las entidades mutuas en la Incapacidad Temporal, con la participación de las entidades afectadas.
3.º El control y supervisión de esta prestación por parte de la Inspección Médica, como órgano independiente e imparcial.
4.º El reforzamiento del sistema sanitario con los medios materiales necesarios para alcanzar estos objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo de los trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) y a los familiares de los fallecidos, para su debate en
la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
El día 27 de febrero de 2006 se firmó el 'protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los
trabajadores afectados de patologías derivadas de la utilización laboral del uranio'.
Para la elaboración de dicho Protocolo, no se llamó a consulta ni a sindicatos ni a los afectados, lo que de haberse realizado hubiera permitido la participación social necesaria para un tema de gran trascendencia, en relación con los
efectos en la salud de estos trabajadores por la exposición al uranio que manipulaban durante su vida laboral.
Con posterioridad hemos pedido la participación de los sindicatos y otros colectivos en el proceso previsto en el Protocolo General, sin que la Consejería haya accedido a dicha participación.
El día 29 de diciembre de 2006 se entregó a la Asociación de ex Trabajadores de la FUA la propuesta de Protocolo de Actuaciones, que ha elaborado el Grupo de Trabajo constituido al efecto, aunque la fecha de dicha propuesta es de 29 de junio
de 2006.
De esta propuesta que realiza el Grupo de Trabajo se derivan: la realización de nuevas pruebas diagnósticas e informes de especialistas a los trabajadores y la valoración de los distintos puestos de trabajo y una serie de recomendaciones
dirigidas a la Comisión de Seguimiento y a las partes firmantes.
Con fecha 27 de julio de 2007 se emite el informe 'científico-técnico del grupo de trabajo de clínicos apoyado por un equipo multidisciplinar de un centro hospitalario público universitario, y es el resultado del análisis de datos objetivos'
encargado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, como consecuencia de la propuesta del Grupo de Trabajo y firmado por N. Marín-Gámez, Director de UGC MI, y F. Molina Molina, Jefe Clínico de Medicina Interna del Complejo Hospitalario
Universitario de Jaén.
En este informe se concluye:
'Los datos obtenidos y el análisis de los mismos que hace el equipo nos lleva a afirmar:
1. Hay una evidencia imperfecta, pero evidencia al fin y al cabo, entre la exposición prolongada al polvo del uranio y una determinada constelación de patologías: una disfunción multiorgánica identificable (11) y, digamos, singular:
pulmones, riñones e inmunopatologías más estado disfórico y mala percepción de la calidad de vida relacionada con la salud.
El daño pulmonar más allá de la vía aérea -alteración de la difusión de gases y membrana alveolo/capilar-, el daño renal-tubular proximal y una alteración inmunológica poco usual -hiper Iga- constituyen una triada objetiva, valorable y
razonablemente no azarosa. Pensamos que esta asociación tiene significado estadístico y sobre todo, clínico. De forma separada o combinada ha sido detectada en varios estudios (4). Y sólo en una cita histórica referida a los miembros del carbón
británicos (12) se documentan alteraciones en la IgA.
2. Finalmente, la mala percepción de la calidad de vida relacionada con la salud y el estado de ánimo disfórico se agregan, también, y en magnitudes nada comunes, en esta cohorte. Razonablemente rechazamos atribuir esta vivencia que
refleja, probablemente, algún modo de sufrimiento humano, como mero azar o simplemente expresión de una reivindicación, digamos, histórica.
3. Neoplasias. Durante la evaluación se han detectado 4 posibles casos de enfermedades neoplásicas no conocidas (tres sólidas, en las vías urinarias, y una hematológica, posiblemente de células linfoides-plasmáticas). Un paciente falleció
en junio antes de la evaluación, por cáncer avanzado de hígado; otro fue atendido en enero por cáncer digestivo. Un paciente sufrió carcinoma prostático y estaba en remisión. En la evaluación efectuada en Granada se diagnosticó un carcinoma renal
y se detectaron un tumor sólido intestinal y otro pulmonar.
Aunque sólo el cáncer pulmonar está relacionado con el uranio natural (13), y aun alejándonos de la habitual actitud de fobia falacia radioactiva, incluso desde una posición científicamente conservadora y nada especulativa, no podemos
destacar posibles daños tardíos sobre el DNA con latencia prolongada (14) y efectos adicionales o acumulativos a otras fuentes naturales de radiación de los mineros (15).
No obstante, pensamos que el uranio es, sobre todo, un metal químicamente tóxico, con efectos demostrables en riñones, pulmones, sistema inmune, calidad de vida y estado de ánimo..., y, aunque sólo débilmente radiactivo, es radiactivo.'
También con fecha 11 de mayo de 2007 tuvo entrada en el registro del Congreso de los Diputados un informe de análisis técnico jurídico en materia de seguridad e higiene en el trabajo, sobre la exposición a radiaciones ionizantes de los ex
trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar, realizado por Jacinto Contreras Vázquez, Ingeniero Técnico en Química Industrial por la Universidad Laboral de Huesca, Ex-presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Valdecaballeros,
Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo y cuyas conclusiones finales del mismo dicen:
'En función de las condiciones de trabajo en la Fábrica de Uranio de Andújar, sin medidas preceptivas de prevención y protección ante el peligro de exposición a Radiaciones Ionizantes del proceso de concentración de mineral de Uranio (que
por sus riesgos son clasificadas como cancerígenas, mutagénicas y Teratógenas), así como sin clasificación de las zonas de riesgo en la fábrica, que el control dosimétrico de la exposición de los trabajadores era irregular, que no se dio información
ni formación a los trabajadores sobre el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, que se permitió que se comiera y fumara en el puesto de trabajo, que la ropa de trabajo se llevara a casa para su lavado, etc., la conclusión de este Técnico
especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo es que existe una relación causa-efecto entre la patología desarrollada por los ex trabajadores de la FUA de Andújar y el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, cuyo nivel epidemiológico
excede al de la población no expuesta al riesgo de radiaciones ionizantes.'
A pesar de las conclusiones de estos dos informes que son bastantes concluyentes sobre la relación causa-efecto, el organismo competente no ha procedido a la declaración de la enfermedad profesional de estos ex-trabajadores y el
reconocimiento de los derechos que de ello se derivan tanto a los mismos, como a las viudas de los fallecidos.
Dado que este es un caso muy antiguo, que ha creado gran alarma social y preocupación en el conjunto de la sociedad, sobre todo en los afectados por la falta de soluciones y dado que se ha creado bastante incertidumbre y poca credibilidad,
sobre todo por las expectativas que para su solución generó el acuerdo unánime y la voluntad política de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, que dio pie a la elaboración del Protocolo General.
Teniendo en cuenta el informe científico-técnico del grupo de trabajo, ya se hace necesario dar una solución a este problema y resarcir de los perjuicios constatados y probados, que estos trabajadores han padecido en su vida laboral en la
actividad que desarrollaron en la FUA.
Una comisión de la Asociación de ex Trabajadores de la FUA, antes de las pasadas Elecciones Generales del 9 de marzo, se entrevistaron con el Subdelegado del Gobierno en Jaén para entregarle los informes mencionados y para plantearle la
necesidad de que, ante las conclusiones de los mismos y el reconocimiento de la relación causa-efecto, se entrara en un proceso de diálogo entre responsables del Ministerio
de Trabajo y de la Asociación, para buscar un acuerdo que contemplara la forma de resarcir económicamente a cada trabajador que prestó sus servicios en esta fábrica y evidentemente a las viudas y familiares de los que han fallecido.
Una vez que han pasado las elecciones y se ha constituido el nuevo Gobierno, es necesario retomar el diálogo para los acuerdos y la solución definitiva a este asunto.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, teniendo en cuenta el Protocolo General de Actuaciones firmado el 27 de febrero de 2006, entre el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en relación a
los ex trabajadores de la FUA, las consideraciones y conclusiones del informe del Grupo de Trabajo encargado por la Consejería de Salud, así como las conclusiones del informe del experto en seguridad e higiene en el trabajo, convoque de manera
urgente una reunión con responsables del Ministerio de Trabajo y la Asociación de ex Trabajadores de la antigua FUA, para acordar los criterios y la forma de resarcir económicamente a los trabajadores que prestaron sus servicios en la Fábrica de
Uranio de Andújar y a las viudas y familiares de los que ya han fallecido, por los perjuicios sufridos en el desempeño de su actividad laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, con el objeto de levantar la
moratoria de trabajo para rumanos y búlgaros, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
Rumania y Bulgaria pasaron a formar parte de la Unión Europea el 1 de enero de 2007. Sin embargo, el Gobierno español impuso una moratoria de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España.
El motivo de esta moratoria era que no generase otro 'efecto llamada', como ocurrió con la regularización masiva que llevó a cabo el Gobierno socialista cercana a 700.000 inmigrantes en febrero de 2005 y que ha provocado la llamada de más de
dos millones de nuevos inmigrantes entre 2005 y 2007, según datos del INE.
En 2007 aumentaron los rumanos y búlgaros empadronados en España en 201.948 personas situándose en 728.967, según el avance del Padrón Municipal de 1 de enero de 2008, lo que convierte este colectivo de extranjeros en el más numeroso,
situándose por primera vez por delante de los marroquíes.
Los nacionales de estos países que llegan a España y quieren trabajar deben cumplir prácticamente los mismos requisitos que los inmigrantes de países ajenos a la UE. Son tratados como ciudadanos extracomunitarios, y a pesar de ser miembros
de la Unión Europea, son considerados como ciudadanos ,de segunda. Esto lleva a que muchos de estos inmigrantes trabajen en la clandestinidad o como autónomos, pero por lo general, en condiciones de precariedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular considera necesario levantar la moratoria innecesaria impuesta por el Gobierno español desde el 1 de enero de 2007 y que afecta negativamente a los derechos de los ciudadanos búlgaros y rumanos,
como ciudadanos de la Unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a levantar de forma inmediata la moratoria para trabajar en España que tienen los ciudadanos búlgaros y rumanos, ya que son ciudadanos europeos de pleno derecho, sin necesidad de agotar el
plazo de dos años establecido por el Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000314
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre la morosidad en las operaciones comerciales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la morosidad en las operaciones comerciales, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
En el año 2000, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la directiva 2000/35/CE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales con el fin de fijar el marco legal adecuado en el que los
estados podían legislar y llevar a cabo con éxito políticas contra la morosidad en las operaciones comerciales y, por consiguiente, a favor de sus propios tejidos empresariales, y de los puestos de trabajo que de ellos dependen.
Concretamente, el objetivo de la normativa era implementar procedimientos legales más rápidos y eficaces, garantizar compensaciones justas por todos los costes de cobro sufridos y, finalmente, pese a no armonizar en el conjunto del mercado
interior de la Unión los plazos existentes entre los Estados miembros en lo que se refiere a las normas de pago, sí crear un mecanismo de penalización que se activara por defecto cuando venciera el plazo acordado o legalmente establecido.
En resumen, la directiva europea lo que pretendía era proporcionar una mayor transparencia en la fijación de los plazos de pago de las transacciones comerciales, para evitar que el deudor pudiera incumplir los plazos de pago contractualmente
fijados. Su ámbito de aplicación se constriñe a la relación de las empresas entre sí, y la relación de éstas con las administraciones públicas, dejando al margen aquellas transacciones comerciales en los que una de las partes sea un consumidor.
La citada directiva fue traspuesta la pasada legislatura con dos años y medio de retraso, dando lugar a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
La ley española establece que, a falta de acuerdo contractual entre las partes sobre cuál debe ser el plazo de pago, éste será de treinta días a partir de los bienes o el comienzo de la prestación de servicios, y asimismo se prevé el devengo
de intereses de demora de forma automática por el simple incumplimiento del abono en el plazo pactado, o en el legalmente establecido.
Tras tres años de la entrada en vigor de la Ley de Morosidad en las operaciones comerciales, son muchas las voces que han denunciado su ineficacia e incluso se han alzado asociaciones empresariales que vienen a reclamar una reforma de la ley
por incorrecta transposición de la misma.
Así, según revela el índice de Crédito y Caución publicado hace unos meses, los impagos en las operaciones comerciales a crédito entre las empresas del Estado español crecieron un 29,7 por ciento en febrero de este año frente al mismo mes
del año 2007 y se espera que la morosidad registre una variación interanual acumulada del 20 por ciento al final del presente 2008.
Estos datos reflejan un incremento substancial en la morosidad entre empresas durante el presente año 2008, respecto al registrado en el año 2007 (un aumento del 14,2 por ciento según el índice de Crédito y Caución).
La realidad es que, a pesar de que la ley contra la morosidad otorga a los acreedores el derecho a reclamar elevados intereses de demora y cuantiosas indemnizaciones si una factura no es liquidada al vencimiento, las empresas del estado
español no utilizan los derechos que les concede la legislación, y por consiguiente muy pocas están aplicando intereses moratorios o cobrando gastos de recobro a sus deudores
A la ineficacia de la ley, se le debe sumar la decisión del Colegio de Comisarlos de llevar al Gobierno de España ante el Tribunal de Luxemburgo por la incorrecta transposición de la Directiva de Morosidad que afecta en dos aspectos
fundamentales.
El primero es que la norma española no otorga legitimación a las organizaciones empresariales para denunciar, en nombre de sus empresas miembro, situaciones de posición de dominio por cláusulas abusivas en los contratos proveedor/cliente.
Y el segundo aspecto se basa en que la norma española no respeta el espíritu de la Directiva europea, ya
que establece que los gobiernos no consientan la financiación de los operadores económicos a costa de sus proveedores, situación que la ley consagra al marcar unos plazos máximos para los productos del sector de alimentación de treinta días
en los productos perecederos y de hasta noventa días en los no perecederos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Reformar la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a fin de otorgar legitimación a las organizaciones empresariales para denunciar, en nombre de sus
empresas miembro, situaciones de posición de dominio por cláusulas abusivas en los contratos proveedor/cliente.
Reformar la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, a fin de establecer un plazo máximo de pago en los productos de alimentación y gran consumo de 30 días, en las mismas condiciones que establece la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, en su artículo 4.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de España libre de
transgénicos, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
España debería optar por una política de producción agraria de calidad. La coexistencia al aire libre de cultivos convencionales y ecológicos con cultivos de organismos genéticamente modificados (OGM), hace imposible la garantía por el
elevado riesgo de contaminación.
Asimismo, la liberación de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente supone un elevado riesgo para la biodiversidad y para la salud, ya que en estos momentos ninguna autoridad cientí-fica puede garantizar qué efectos tienen
los organismos transgénicos sobre la biodiversidad y los consumidores.
De hecho, numerosas regiones de Europa, entre ellas el País Vasco y las Islas Baleares ya se han declarado zonas libres de transgénicos. En el caso del Parlamento Balear, se aprobó una resolución en octubre de 2007, a iniciativa del Grupo
Socialista, que declara las Islas Baleares libre de transgénicos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Llevar a cabo todos los trámites necesarios para declarar el Estado Español territorio libre de cultivos transgénicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Administraciones Públicas
161/000293
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para mejorar la financiación de los municipios turísticos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para mejorar la financiación de los municipios turísticos, para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Los municipios turísticos tienen como hecho diferencial, que les diferencia del resto, la necesidad de hacer frente a un nivel de gasto superior al de otros municipios, aunque en apariencia no se ve reflejado en la parte del ingreso y por
tanto genera un desequilibrio financiero de carácter estructural difícil de sostener a largo plazo.
El principal problema que tienen los municipios turísticos es el de tener mayores necesidades de gasto como ya hemos indicado, derivadas de una población flotante que puede llegar, en algunos casos, incluso a triplicar la población censada y
un sistema de financiación basado en unos tributos rígidos con respecto de la actividad económica junto con unas transferencias que no tienen en cuenta éste excedente poblacional.
Las pernoctaciones turísticas, que no necesariamente se dan en segundas residencias, sino que se dan también por plazas hoteleras y de camping, provocan un gasto de los municipios, sobre todo en aspectos como la protección civil, seguridad
ciudadana, recogida, eliminación y tratamiento de residuos, limpieza viaria, entre otros, muy superiores al de otros municipios con características similares con menos población flotante.
Por todo lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar la definición de municipios turísticos prevista en el Artículo 125 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que permita una definición más amplia y
adecuada a las necesidades reales de los municipios turísticos del Estado, y en el que se tenga en cuenta para ello, tanto la población estacional turística como el número de plazas de alojamiento de los establecimientos turísticos y de plazas de
segunda vivienda, cuando sean significativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2008.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Cultura
161/000288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
redefinición del Plan Nacional de Arqueología Subacuática, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El 18 de mayo de 2007 una empresa americana dio a conocer el resultado de un expolio subacuático, con restos arqueológicos, exportados a través de Gibraltar, del mayor interés histórico y arqueológico. Sin duda, el mayor expolio subacuático
que ha sufrido una nación en toda la historia, valorado en 500 millones de dólares en monedas de oro y plata,
Este mes de mayo el Ministerio de Cultura ha identificado al navío expoliado por la empresa estadounidense Odissey como el de 'Nuestra Señora de las Mercedes', perteneciente a la Armada Española y hundido en octubre de 1804.
El Grupo Parlamentario Popular en la pasada legislatura denunció la incuria y la descoordinación del Gobierno español en la gestión del expolio de la empresa Odissey Marine, al mirar para otro lado y tolerar en definitiva este expolio que ha
llevado finalmente a la reclamación judicial que hoy se sigue en Estados Unidos contra la empresa Odissey EXp.
Sin perjuicio de los resultados que se diluciden del procedimiento judicial seguido en Tampa (Florida) resultó patente la urgente necesidad de adoptar medidas de protección, vigilancia y conservación de nuestro Patrimonio subacuático, con el
mayor respeto a las competencias de todas las administraciones.
Inicialmente el Grupo Popular solicitó en la comparecencia de la entonces Ministra de Cultura para informar de este expolio, la creación de un Plan de Protección de Patrimonio Subacuático que fue rechazado frontalmente al alegar que se
trataba de competencias
exclusivas de las Comunidades Autónomas, obviando el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Histórico.
Posteriormente, y a instancias de la Proposición no de Ley de este Grupo, se acordó por la Comisión de Cultura del Congreso instar al Gobierno a la elaboración de un Plan de Protección de Patrimonio Subacuático, que finalmente fue elaborado
por el titular del Ministerio de Cultura en noviembre de 2007.
En diciembre de 2007 la Comisión Técnica del Plan Nacional de Arqueología Subacuática se reúne por primera vez en Valencia, con la asistencia de responsables del Ministerio de Cultura, representantes de las Comunidades Autónomas, de la
Armada, la Guardia Civil y expertos en arqueología subacuática. Para profundizar en estos temas, la Comisión Técnica se creó un Grupo de Trabajo formado por el director del Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena, los directores de los
Centros de Arqueología Subacuática de Andalucía, Cataluña y Valencia y expertos en la materia.
Sin embargo, han transcurrido 6 meses desde la elaboración de este Plan que nació sin una financiación y del que no se dispone de avances de los trabajos encomendados: situación de las Cartas Arqueológicas de las Comunidades Autónomas para
alcanzar un modelo de gestión aplicable a todo el territorio tanto insular y peninsular; establecer una serie de cautelas arqueológicas a tener en cuenta en toda obra marítima y un análisis de los diferentes sistemas de vigilancia, etc.
En consecuencia, nuestro Grupo entiende conveniente la necesaria redefinición de este Plan que, además de un calendario específico de actuaciones con presupuestos asociados, requiere la incorporación en la dirección de los expertos que
conocen y disponen de los medios humanos y tecnológicos necesarios en la protección y vigilancia del patrimonio subacuático como es la Armada Española.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la redefinición del Plan de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático con una dotación suficiente, ampliación de objetivos de conservación, protección y vigilancia del patrimonio
subacuático, medidas de evaluación del Plan y la ineludible incorporación de la Armada Española en la dirección de sus trabajos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2008.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la adhesión de Telecinco al 'Manifiesto por la lengua común' y el plurilingüismo en las televisiones privadas para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece que la lengua propia de Catalunya es el catalán, y que como tal es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones
públicas y de los medios de comunicación públicos de Catalunya, y es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.
Además, el Estatuto de Autonomía de Catalunya establece que el catalán es la lengua oficial de Catalunya y que también lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español.
Respecto a las lenguas oficiales, el Estatuto establece el derecho a todas las personas a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Catalunya además tienen el derecho y el deber de conocerlas.
Recientemente, se ha dado a conocer un denominado 'Manifiesto por la lengua común', firmado por supuestos intelectuales que, con el más absoluto desprecio por las distintas lenguas cooficiales, pretende impulsar una serie de reformas
legislativas, proponiendo incluso una reforma constitucional y la de alguno de los estatutos de autonomía, para arrinconar, como ya pasara antaño, a las lenguas oficiales del Estado español. Así, en el mencionado manifiesto se afirma que '... es
lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de
las manifestaciones culturales en ella'.
De sobras es conocida la orientación política y pensamiento de los firmantes del documento que, en sí, parte de unas falsedades y de una falta de conocimiento, quizás doloso, de la realidad cultural y lingüística de los territorios con
lengua distinta a la española.
Aun cuando, todavía en la actualidad, las llamadas lenguas cooficiales del Estado siguen instaladas en un proceso de minorización preocupante respecto a sus posibilidades de poderse mantener vivas en el actual siglo por razones diversas y
complejas. Destacaremos sólo algunas como su reducido número de hablantes, el
alcance de las nuevas tecnologías, los nuevos escenarios de la globalización cultural y el fenómeno inmigratorio. Es evidente que este gobierno ha manifestado su compromiso para con el fomento de dichas lenguas.
En la pasada legislatura, han sido numerosos los debates parlamentarios sobre el fomento de las lenguas cooficiales. En todos ellos, el Grupo parlamentario Socialista ha participado y coincidido con la argumentación de Esquerra Republicana
de Catalunya que asocia plurilingüismo a modernidad y cultura. Por esta razón fueron múltiples los debates en la Comisión de Cultura sobre cómo ir adecuando la actuación del gobierno a la necesidad de fomentar la normalización de las lenguas
cooficiales.
Valga, como ejemplo, la aprobación de una Proposición no de Ley a fin y efecto que las guías y los materiales didácticos del Museo del Prado se editaran en las cuatro lenguas del Estado.
Es destacable también el esfuerzo que este gobierno, y el Congreso de los Diputados con su debate y aprobación, llevaron a cabo con el mandato-marco previsto en la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal,
que en su artículo 9 (Contribución a la Vertebración y a la Cohesión Territorial) dice: 'asimismo ofrecerá contenidos territorializados en los que se tendrán en cuenta las lenguas cooficiales de acuerdo a la realidad lingüística de cada Comunidad
Autónoma...', y en el artículo 11 (Defensa de la Pluralidad Social Española) se afirma que 'los contenidos de RTVE serán reflejo de la pluralidad social, cultural y lingüística que define a la sociedad española... a la realidad de cada uno de los
pueblos que la integran, sus símbolos y su lengua', y en el artículo 13 (Promoción de los Intereses Españoles en el Panorama Internacional) se explicita, a su vez, que la 'Corporación RTVE hará llegar a los cinco continentes la realidad actual de
España, sus nacionalidades y regiones y sus ciudadanos, así como el legado histórico, cultural, lingüístico y social de nuestro país'.
De igual manera, algunos ministerios han ido introduciendo progresivamente la normalización lingüística en sus páginas web y, hoy día, existe un debate vivo sobre la introducción y uso normalizado de las distintas lenguas en los órganos
constitucionales, así como sobre la aplicación del derecho reconocido en el nuevo Estatuto (art. 11.5) de relacionarse con ellos en lengua catalana.
Es evidente que, pese a las diferencias, existe una voluntad por parte de las fuerzas políticas progresistas, sean de ámbito estatal o no, de trabajar en pro de una plena normalización de las lenguas minoritarias, condición sine qua non para
poder garantizar su supervivencia. Frente a este posicionamiento, el Partido Popular y sectores económicos ligados a la derecha nacionalista española vienen combatiendo este escenario plurilingüe, tal como se reflejó durante el trámite
parlamentario del Estatuto de Catalunya, Pero lo sorprendente del caso es que a dicho documento se haya añadido una de las cadenas de televisión privada de mayor audiencia en el territorio del estado español, como es Telecinco.
La Exposición de motivos de la ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada, establece, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución, que la televisión es un servicio público esencial, cuya titularidad
corresponde al Estado. Esta configuración de la televisión como servicio público ha recibido el reconocimiento del Tribunal Constitucional. La finalidad de la televisión como tal servicio público ha de ser, ante todo, la de satisfacer el interés
de los ciudadanos y la de contribuir al pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre y a la extensión de la cultura.
No parece que la cadena privada Telecinco, al sumarse al manifiesto referido, cumpla con el compromiso de servicio público que es, ni se ajuste a los objetivos expresados por el Congreso de los Diputados en cuanto a cómo construir un futuro
de convivencia cultural y lingüística en el Estado español. Al contrario, se alinea con posiciones conservadoras y esencialistas que, tergiversando las realidades lingüísticas, pretenden fomentar el enfrentamiento entre comunidades y la
preeminencia de unas culturas sobre otras.
Por contra, la disposición adicional tercera de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, establece un
mandato al Gobierno de impulsar el uso de las distintas lenguas oficiales del Estado a través de los canales adjudicados en las concesiones para la prestación del servicio público de Televisión Digital Terrestre en el ámbito de las Comunidades
Autónomas que las tengan reconocidas por sus respectivos estatutos de autonomía.
Por todo lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Desarrollar la disposición adicional tercera de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, a fin y efecto
que las cadenas de televisión privadas contribuyan al fomento y difusión de las lenguas cooficiales de aquellos territorios del Estado en los cuales existe una lengua oficial distinta a la lengua española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2008.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
El número de vehículos privados y ciclomotores ha venido aumentando en España, en los últimos años, de forma significativa.
En la actualidad, sin embargo, hay una conciencia creciente acerca de los efectos negativos que la opción de transporte y urbanismo basada en los vehículos privados de combustibles fósiles tienen sobre la salud, el medio ambiente y la
calidad de vida.
Así, las lesiones de tráfico son el grupo de causas que producen mayor mortalidad en hombres y mujeres en las cuatro primeras décadas de vida.
Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la contaminación
atmosférica contribuye con 5.800 defunciones anuales a la carga de enfermedad en España; la OCDE califica a España como el país más ruidoso del mundo después de Japón, atribuyéndole la OMS del 1 por ciento de las molestias, trastornos del sueño y
enfermedades cardiovasculares.
Se hace necesario promover un cambio, el modelo de transporte y movilidad, hacia el trasporte público y el desarrollo de vías y espacios para promoción del desplazamiento andando o en bicicleta, favoreciendo con ello una población más sana y
un medio ambiente más sostenible.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1.º A incorporar con carácter preceptivo un estudio de impacto sobre la salud, las obras y decisiones sobre infraestructuras, urbanismo y medio ambiente.
2.º A avanzar en la integración de las políticas de transporte, urbanismo, medio ambiente y salud, con el objetivo de promover el desplazamiento seguro andando o en bicicleta y el transporte público menos contaminante, garantizando la
reducción en el uso del coche privado y consiguientemente de las emisiones contaminantes y del ruido.
3.º A mejorar los sistemas de información disponibles sobre el impacto de las lesiones de tráfico, la contaminación atmosférica, los efectos del cambio climático y el ruido sobre la salud.
4.º A favorecer la información y la participación ciudadana sobre transporte, medio ambiente y salud'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el coste de carburantes, para
su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los datos del Instituto Nacional de Estadística que sitúan la inflación en un 4,7 por ciento no pueden ser más desesperanzadores para unas familias que no habían visto una reducción tal de sus posibilidades de consumo al menos desde 1997,
cuando el INE empezó a elaborar esta serie del Índice de Precio de Consumo Armonizado.
Los efectos sociales del incremento en el precio de los carburantes hace que el Gobierno deba tener en cuenta a las asociaciones, que representan a los consumidores y usuarios, en la elaboración de medidas que frenen el impacto en las
economías familiares de la escalada de los precios de los carburantes. De esta manera, el Gobierno dejaría de ser impermeable a las demandas y necesidades de familias y consumidores en general.
Estas subidas de los carburantes afectan a las familias y más en un contexto de crisis como el actual en el que:
Según el paro registrado (INEM 3/6/08): El número de parados registrados aumenta en 15.058 en mayo, un 19,2 por ciento más que en mayo de 2007.
Desde 1979 no había un mes de mayo con incremento del paro. Mayo 380.344 personas más en paro
que hace un año.
También la tasa interanual de afiliación a la Seguridad social es de apenas un 0,78 por ciento, es la más baja desde octubre de 1994.
La inflación, el paro, las subidas del precio de los carburantes, no son simples datos con los que se pueda frivolizar. Es la capacidad adquisitiva de las familias. Es su bienestar el que está en juego.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, con objeto de minimizar el impacto del precio de los carburantes en las economías
familiares, insta al Gobierno a establecer las medidas necesarias para que las asociaciones de consumidores y usuarios participen activamente, como interlocutores preferentes, en la elaboración de las medidas y actuaciones que frenen el
impacto en la economía familiar de la escalada de los precios de los carburantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para fijar los precios de la tarifa
eléctrica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los datos del Instituto Nacional de Estadística que sitúan la inflación en un 4,7 por ciento no pueden ser más desesperanzadores para unas familias que no habían visto una reducción tal de sus posibilidades de consumo al menos desde 1997,
cuando el INE empezó a elaborar esta serie del Índice de Precio de Consumo Armonizado.
Los efectos sociales del incremento en el precio de la luz hace que el Gobierno deba tener en cuenta a las asociaciones, que representan a los consumidores y usuarios, en la elaboración de medidas que frenen el impacto en las economías
familiares de la escalada de los precios de la tarifa eléctrica. De esta manera, el Gobierno dejaría de ser impermeable a las demandas y necesidades de familias y consumidores en general.
La subida de la tarifa eléctrica afecta a las familias y más en un contexto de crisis como el actual en el que:
Según el paro registrado (INEM 3/6/08): El número de parados registrados aumenta en 15.058 en mayo, un 19,2 por ciento más que en mayo de 2007.
Desde 1979 no había un mes de mayo con incremento del paro. Mayo 380.344 personas más en paro
que hace un año.
También la tasa interanual de afiliación a la Seguridad social es de apenas un 0,78 por ciento, es la más baja desde octubre de 1994.
La inflación, el paro, la subida del precio de la luz, no son simples datos con los que se pueda frivolizar. Es la capacidad adquisitiva de las familias. Es su bienestar el que está en juego.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las iniciativas y establecer las negociaciones necesarias con las instancias correspondientes de la Unión Europea, con el fin de que podamos contar con un periodo transitorio de adaptación de las Directivas europeas relativas a
tarifas.
2. Proceder, de forma inmediata, a revisar la normativa que regula el análisis de costes y los criterios establecidos para fijar los precios de la energía eléctrica, con el fin de evitar que, en plena crisis económica, los incrementos de
las tarifas energéticas reguladas erosionen aún más el poder adquisitivo de las familias.
3. Establecer las medidas necesarias con el fin de reforzar la representación de las organizaciones de consumidores en el Consejo Consultivo de la Electricidad de la Comisión Nacional de la Energía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre márgenes comerciales de los productos
agroalimentarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
En la legislatura pasada, a finales de noviembre de 2007, se aprobó con modificaciones una Proposición no de Ley en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, presentada por el Grupo Parlamentario de IU-ICV, para mantener precios
justos para los agricultores y los consumidores. El fundamento de la iniciativa, hoy de plena actualidad, era abordar los precios excesivos que pagan los consumidores por los productos agrarios en relación con lo que recibe el agricultor.
Las redes de distribución dominan el funcionamiento del mercado y contribuyen a que los precios sean injustos para los agricultores y desorbitados para los consumidores. Los agricultores participan de forma reducida en la conformación del
precio final del producto -en la mayoría de los casos no supera el 25 por ciento- y los desorbitados márgenes comerciales que
se generan, como media, superan el 400 por ciento. Es más, en ocasiones, los precios pagados a los agricultores son tan bajos que no llegan a cubrir los costes de producción; unos costes que, además, se están encareciendo constantemente.
La falta de transparencia y la creciente especulación en los mercados de productos agroalimentarios penaliza a los dos eslabones de los extremos de la cadena, al productor y al consumidor. Las estadísticas oficiales y otros indicadores,
como el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) elaborado por las organizaciones COAG, UCE y CEACCU, no dejan lugar a dudas. Por un lado, los desequilibrios del mercado implican que el precio al consumidor no deje de
incrementarse. Por otro lado, los descensos en origen de los productos agrarios no se repercuten al consumidor. En consecuencia, y considerando lo ya comentado sobre las diferencias entre precios en origen y destino y la escasa participación del
agricultor en la formación de los precios, los agentes de la cadena comercial están especulando con los precios.
Existen indicios de acciones fraudulentas dentro del mercado que afectan directamente a consumidores y productores. Por el contrario, no existe una información correcta y actualizada que permita estudiar en profundidad el proceso de
formación de precios de los productos agroalimentarios, y las Administraciones Públicas no están poniendo los medios suficientes para frenar esta situación y velar por la transparencia.
En suma, el consumidor tiene derecho a la eliminación de las prácticas abusivas y especulativas, y al conocimiento de la formación de los precios y del funcionamiento del mercado. Y los productores tienen derecho a percibir un precio
adecuado por los productos que venden, que cubra sus costes y les permita un nivel de vida digno.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Mejorar los mecanismos de recogida de precios en virtud de una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios a lo largo de la cadena de valor.
2. Crear un marco legislativo de comercialización agroalimentaria adecuado y articular un Observatorio de Precios eficaz y operativo, con capacidad para proponer a la Comisión Nacional de la Competencia la investigación de las prácticas
contra la competencia que se detecten, así como la imposición de sanciones.
3. Actuar para eliminar la reconocida especulación en los mercados agroalimentarios y promover la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia ante prácticas comerciales fraudulentas.
4. Desarrollar y aplicar el artículo 13.2 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, que prevé que el Estado pueda fijar los precios o márgenes de comercialización cuanto se trate de productos de primera necesidad.
5. Garantizar la seguridad de los consumidores intensificando el control de las importaciones de productos agroalimentarios garantizando así la no comercialización de productos que puedan contener sustancias prohibidas en la Unión Europea.
6. Implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) como criterio al servicio de la información al consumidor, que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones interesadas
de precios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la regulación de las atribuciones profesionales de
los titulados universitarios en el ámbito de las ingenierías en informática, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
Los estudios de Ingeniería Informática nacen a partir de la Licenciatura en Informática: RD 1459/1990, de 26 de octubre, en el que se establecen las directrices generales de los planes de estudios conducentes a la obtención de este título,
y en el que queda patente la responsabilidad de todo ingeniero informático. Con posterioridad a este decreto, algunas Comunidades Autónomas han creado los correspondientes Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática, pero sigue pendiente la
regulación de la profesión como tal, que corresponde al Estado.
En la Unión Europea hay un registro en el que cada país incluye sus profesiones reguladas, y en lo que concierne a la Ingeniería Informática, en la UE se haya
regulada en países como Alemania, Francia, Italia, Grecia, Islandia, Liechtenstein y Reino Unido.
Actualmente, el titulado universitario en el ámbito de las ingenierías en informática (i.e. Ingeniero técnico en Informática de sistemas, Ingeniero técnico en Informática de gestión e Ingeniero en Informática) en España es una profesión no
regulada, y por lo tanto, la actividad en dicha profesión puede ser realizada por cualquiera, sea o no titulado, con la única salvedad que las denominaciones de Ingeniero e Ingeniero Técnico en Informática está reservado para sus titulados.
La Ley 2/1964, de 29 de abril, estableció el criterio básico de reordenación de las Enseñanzas Técnicas, disponiendo en su artículo cuarto que el título de Arquitecto o Ingeniero representa la plenitud de titulación en el orden profesional
para el ejercicio de la técnica correspondiente, sin que la especialidad cursada prejuzgue respecto de la capacidad legal para el ejercicio profesional en las restantes especialidades de la Escuela Técnica Superior correspondiente.
El Decreto 148/1969, de 13 de febrero, relacionó las denominaciones de los titulados por Escuelas Técnicas Superiores y, desde entonces, diferentes disposiciones legales y reglamentarias han regulado los derechos, atribuciones y requisitos
de formación correspondientes a las diversas ramas profesionales.
Al amparo del artículo 28 de la Ley Orgáni- ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, con posterioridad, se ha reconocido el título de Ingeniero en Informática, aprobando el Real Decreto 1459/1990, de 26 de octubre, las
directrices propias conducentes a su obtención.
Posteriormente, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Aun así, el ejercicio de la profesión para la que dicha titulación
habilita se encuentra pendiente de la oportuna regulación de conformidad con el mandato constitucional. La dispersión de toda esta normativa aconseja unificar y precisar la regulación de esta profesión.
Asimismo, el artículo 36 de nuestra Constitución establece que la ley regulará el ejercicio de las profesiones tituladas. Igualmente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece que habrán de ser consideradas profesiones
reguladas aquellas que así lo establezca una norma de rango de ley. A este tenor, la Disposición Final Tercera de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, modificada
por la Ley 33/1992, contiene un mandato al Gobierno sobre la necesaria regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros del segundo ciclo, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la citada
ley.
Las tecnologías relacionadas con la informática, habitualmente englobadas en la denominación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, o TIC, son actualmente la herramienta con la que nuestra sociedad (Sociedad de la
Información) afronta gran parte de sus necesidades y uno de los principales motores de progreso.
Ante el gran desarrollo, pasado, actual y futuro de estas TIC, se hace necesario un marco regulador de su actividad y de la formación y cualificación necesaria para llevar a cabo ciertas tareas técnicas derivadas de dicho marco.
Es por todo ello que, tanto la Conferencia Española de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDI) en representación de los Centros Universitarios Españoles que imparten los títulos de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, así como los distintos Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática de toda España vienen expresando su malestar ante la despreocupación y falta de compromiso que viene
mostrando el gobierno con respecto a los estudios de ingeniero informático en España y la falta de una regulación de la profesión. A este respecto, cabe señalar que el 16 de marzo de 2007 se llegó a un acuerdo entre la CODDI, los Colegios
profesionales, las Asociaciones profesionales y los estudiantes (RITSI) para reclamar conjuntamente la inmediata regulación de la profesión, a partir del cual se creo un grupo de trabajo, al que se adhirieron otras organizaciones.
Se debe de buscar una regulación de la profesión de ingeniero en informática porque sus profesionales desarrollan actividades que le resultan propias en virtud de las competencias adquiridas por éstos en sus planes de estudio, y que de una
práctica negligente de dichas actividades puede ser lesionado el interés general. El ingeniero informático da respuesta a una necesidad social. Dentro del amplio espectro de necesidades sociales que el ingeniero informático puede y debe dar
satisfacción, cabe reseñar alguna de ellas por su importante repercusión: peritajes informáticos, auditor de datos y responsable de seguridad de datos (a modo de ejemplo entre otros, como atribución profesional que debiera ser propia de Ingenieros
e Ingenieros Técnicos en Informática, estaría el diseño, gestión y auditoría de sistemas de bases de datos referidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, con objeto de garantizar que dichos sistemas implementen
mecanismos que garanticen su integridad y seguridad. La justificación de interés general viene impuesta por nuestra Carta Magna en su artículo 18.4 'La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos'), ingeniería de software y responsabilidad civil en la firma de proyectos informáticos de gran alcance social (telemedicina, etcétera).
No cabe duda que la ausencia presente de esta regulación deja la puerta abierta a que la falta de profesionalidad llegue a causar graves perjuicios a la sociedad, como nos muestran a menudo los medios de comunicación y los foros
profesionales sobre informática y sociedad de la más alta relevancia internacional corno el
Forum on Risks to the Public in Computers and Related Systems coordinado por el ACM Committee on Computers and Public Policy. Es para prevenir este riesgo que debe establecerse un marco que proteja el interés general frente a las
consecuencias que acarrea el desconocimiento sobre las implicaciones técnicas de la regulación, así como ante la falta de formación y cualificación técnica que requiere el desarrollo de estas tecnologías, dado su altísimo dinamismo y creciente
complejidad.
El propio Ministerio de Ciencia e Innovación reconocía recientemente, en respuesta escrita a una pregunta del Grupo Popular, la demanda que venían ejerciendo los sectores profesionales exigiendo dicha intervención, así como la necesidad de
impulsar la elaboración de una ley de atribuciones profesionales que incluya referencia a la profesión del ingeniero informático.
Una situación como la presente, donde nuestras titulaciones deben adaptarse en un breve periodo de tiempo al Espacio Europeo de Educación Superior, y dada la importancia de la responsabilidad civil, y para garantizar que los servicios y
productos del ámbito de la informática que recibe la Sociedad de la Información poseen el máximo nivel de calidad y para evitar posibles conflictos de toda índole, requiere la necesidad de elaborar una ley de atribuciones profesionales para la
profesión de Ingeniero Informático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en un plazo máximo de tres meses, ante la próxima implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, cuyo plazo finaliza en el año 2010, elabore una Ley por la que se regulan las
atribuciones profesionales de los titulados universitarios en el ámbito de las ingenierías en informática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Jesús Vázquez Abad, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en relación con la titulación de Máster en Ingeniería Química,
para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
La Ingeniería Química tiene sus orígenes como disciplina del campo de las Ingenierías, diferenciándose de otras consolidadas como la mecánica, eléctrica o civil, desde hace más de 100 años. Los primeros intentos para establecer un perfil
profesional específico se remontan al año 1885 en Gran Bretaña y al poco tiempo en los Estados Unidos, impartiéndose el primer programa de 'Bachellor' en Ingeniería Química nace en el Massachussets Institute of Technology (MIT) en 1888. En los años
siguientes se crean los primeros departamentos de Ingeniería Química y comienza la expansión de esta disciplina por las universidades.
La figura del Ingeniero Químico en España no es reconocida como tal hasta el año 1993 mediante el Real Decreto 923/1992, de 17 de julio, que define las directrices generales propias de los nuevos estudios de Ingeniería Química. Este hecho
se debe a que, de manera similar al caso alemán, la formación de ingenieros y técnicos para la industria química y otras industrias afines se conseguía mediante los estudios de Ingeniería Industrial, especialidad Química, y de Química, especialidad
Química Industrial, además de los estudios de ciclo corto de ingeniero técnico industrial, especialidad Química Industrial.
Actualmente son 31 Universidades españolas que imparten este título y más de 8.000 ingenieros químicos se encuentran trabajando en empresas e instituciones españolas y europeas, con una excelente inserción laboral.
La importancia de la
industria química en nuestro país viene reflejada por el hecho de que aporta actualmente casi el 10% del PIB español, lo que la convierte en uno de los pilares estructurales de la economía.
Además, es importante considerar su liderazgo en la
inversión española en I+D+i, acumulando el 25% del total nacional.
De la importancia de la Ingeniería Química en Europa puede dar idea el hecho de que la European Federation of Chemical Engineering acoge a más de 100.000 profesionales o que de las 50 empresas químicas más importantes del mundo, 23 tienen su
sede central en Europa.
La profesión de Ingeniero Químico está ampliamente reconocida en toda Europa y avalada por instituciones de prestigio internacional como la Institution of Chemical Engineers (IChemE) en Reino Unido, Verein Deutsche Ingenieure-Gesellschaft
Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (VDI-GVC) en Alemania, o la Société Française de Génie des Procédés en Francia, todas ellas pertenecientes a la European Federation of Chemical Engineering (EFCE), la cual defiende la profesión de Ingeniero
Químico en toda Europa desde 1953. Dicha profesión es también altamente considerada dentro del área de la ingeniería en otros países como Estados Unidos, Japón, China o Australia, y defendida a través de instituciones centenarias como el American
Institute of Chemical Engineers.
En España algunas Comunidades Autónomas en virtud de su competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y el ejercicio de la profesión, han creado los correspondientes Colegios Oficiales de Ingenieros Químicos, pero sigue
pendiente la regulación de la profesión como tal, ya que corresponde al Estado. En relación a este aspecto hay que considerar que la Ley 12/1986, de 1 de abril, establece la regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e
Ingenieros Técnicos. En esta Ley, la disposición adicional tercera dice: 'El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley por el que se regularán las atribuciones profesionales de los Técnicos titulados del segundo ciclo'.
Es por ello que tanto la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química (CODDIQ) en representación de los Centros Universitarios Españoles que imparten los títulos de Ingeniero Químico, así como las distintas Asociaciones y
Colegios Profesionales de Ingenieros Químicos de toda España vienen expresando su malestar desde hace más de 10 años ante la despreocupación y falta de compromiso por resolver la situación de la regulación profesional de la Ingeniería Química en
España.
Todo ello ha venido propiciado por la exclusión de la titulación de Ingeniero Químico en las propuestas de la orden ministerial y acuerdo de Consejo de Ministros referidas a títulos que habilitan para el ejercicio de las diferentes
profesiones de ingenieros, interpretándose este hecho como un incumplimiento, por parte del actual equipo ministerial, de la voluntad de resolver este problema asumida por el anterior Ministerio de Educación y Ciencia.
El proyecto actual, en debate, que ha presentado el Gobierno no incorpora la ficha de Máster para los estudios de ingeniería química, lo cual supone un agravio comparativo para los estudiantes de ingeniería química, colectivo que representa
un porcentaje significativo del total de estudiantes de ingeniería de España y cuyos estudios gozan de una elevada reputación a nivel internacional.
A la hora de definir los stándares de calidad y competencias profesionales de la ingeniería química, otras organizaciones como FEANI (Federation Européenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs), EFCE (European Federation of Chemical
Engineers), ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), exponen con claridad la necesidad de dos niveles formativos relacionados con la
profesión. El primer nivel corresponde a los profesionales con un perfil más aplicado a la industria, y un segundo nivel más orientado a la investigación y desarrollo con una mayor especialización. El primer nivel lo adquieren quienes hayan
cursado el título de Grado en ingeniería Química, mientras que el segundo lo alcanzarán quienes hayan cursado el Máster en Ingeniería Química.
El futuro Grado en ingeniería Química, que previsiblemente será aprobado en breve por el Consejo de Ministros, en virtud de la propuesta del Consejo de Universidades de 28 de mayo de 2008, colmará las aspiraciones profesionales del primer
nivel citado anteriormente.
Teniendo en cuenta lo anterior, no se entiende que la profesión de Ingeniero Químico correspondiente al segundo nivel de formación, Máster en Ingeniería Química, se encuentre todavía sin regular y no haya sido contemplada en la redacción
entre las fichas de Máster en ingeniería, lo cual resulta discriminatorio de esta profesión en relación a la del resto de los ingenieros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter inmediato:
1.º Inste al Consejo de Universidades a reincorporar la titulación de Máster en Ingeniería Química en la discusión del conjunto de ingenierías, tal como se había acordado en la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas del Consejo de Universidades,
en su sesión del 29 de junio del 2005, y elevada en su momento al Ministerio de Educación, donde se refleje la naturaleza de sus competencias y su derecho a reclamar las atribuciones profesionales correspondientes a la profesión de Ingeniero
Químico.
2.º Se elabore por parte del Consejo de Universidades la correspondiente ficha de Máster, en donde se refleje la naturaleza de las competencias que habiliten para la profesión de Ingeniero Químico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Jesús Vázquez Abad, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la regulación de las
atribuciones profesionales de los titulados universitarios en el ámbito de las ingenierías químicas, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
La Ingeniería Química tiene sus orígenes como disciplina del campo de las Ingenierías, diferenciándose de otras consolidadas como la mecánica, eléctrica o civil, desde hace más de 100 años. Los primeros intentos para establecer un perfil
profesional específico se remontan al año 1885 en Gran Bretaña y al poco tiempo en los Estados Unidos, impartiéndose el primer programa de 'Bachellor' en Ingeniería Química nace en el Massachussets Institute of Technology (MIT) en 1888. En los años
siguientes se crean los primeros departamentos de Ingeniería Química y comienza la expansión de esta disciplina por las universidades.
La Ley 2/1964, de 29 de abril, estableció el criterio básico de reordenación de las Enseñanzas Técnicas, disponiendo en su artículo cuarto que el título de Arquitecto o Ingeniero representa la plenitud de titulación en el orden profesional
para el ejercicio de la técnica correspondiente, sin que la especialidad cursada prejuzgue respecto de la capacidad legal para el ejercicio profesional en las restantes especialidades de la Escuela Técnica Superior correspondiente.
El Decreto 148/1969, de 13 de febrero, relacionó las denominaciones de los titulados por Escuelas Técnicas Superiores y, desde entonces, diferentes disposiciones legales y reglamentarias han regulado los derechos, atribuciones y requisitos
de formación correspondientes a las diversas ramas profesionales.
La figura del Ingeniero Químico en España no es reconocida como tal hasta el año 1993 mediante el Real Decreto 923/1992, de 17 de julio, que define las directrices generales propias de los nuevos estudios de Ingeniería Química. Este hecho
se debe a que, de manera similar al caso alemán, la formación de ingenieros y técnicos para la industria química y otras industrias afines se conseguía mediante los estudios de Ingeniería Industrial, especialidad Química, y de Química, especialidad
Química Industrial, además de los estudios de ciclo corto de ingeniero técnico industrial, especialidad Química Industrial.
Posteriormente, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Aun así, el ejercicio de la profesión para la que dicha titulación habilita se encuentra pendiente de la oportuna
regulación de conformidad con el mandato constitucional. La dispersión de toda esta normativa aconseja unificar y precisar la regulación de esta profesión.
Asimismo, el artículo 36 de nuestra Constitución establece que la ley regulará el ejercicio de las profesiones tituladas. Igualmente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece que habrán de ser consideradas profesiones
reguladas aquellas que así lo establezca una norma de rango de ley. A este tenor, la Disposición Final Tercera de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, modificada
por la Ley 33/1992, contiene un mandato al Gobierno sobre la necesaria regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros del segundo ciclo, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la citada
ley.
Actualmente son 31 Universidades españolas que imparten este título y más de 8.000 ingenieros químicos se encuentran trabajando en empresas e instituciones españolas y europeas, con una excelente inserción laboral.
La importancia de la
industria química en nuestro país viene reflejada por el hecho de que aporta actualmente casi el 10% del PIB español, lo que la convierte en uno de los pilares estructurales de la economía.
Además, es importante considerar su liderazgo en la
inversión española en I+D+i, acumulando el 25% del total nacional.
De la importancia de la Ingeniería Química en Europa puede dar idea el hecho que la European Federation of Chemical Engineering acoge a más de 100.000 profesionales o que de las 50 empresas químicas más importantes del mundo, 23 tienen su
sede central en Europa.
La profesión de Ingeniero Químico está ampliamente reconocida en toda Europa y avalada por instituciones de prestigio internacional como la Institution of Chemical Engineers (IChemE) en Reino Unido, Verein Deutsche Ingenieure-Gesellschaft
Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (VDI-GVC) en Alemania, o la Société Française de Génie des Procédés en Francia, todas ellas pertenecientes a la European Federation of Chemical Engineering (EFCE), la cual defiende la profesión de Ingeniero
Químico en toda Europa desde 1953. Dicha profesión es también altamente considerada dentro del área de la ingeniería en otros países como Estados Unidos, Japón, China o Australia, y defendida a través de instituciones centenarias como el American
Institute of Chemical Engineers.
En España algunas Comunidades Autónomas en virtud de su competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y el ejercicio de la profesión, han creado los correspondientes Colegios Oficiales de Ingenieros Químicos, pero sigue
pendiente la regulación de la profesión como tal, ya que corresponde al Estado.
Estas razones han hecho que tanto la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química (CODDIQ) en representación de los Centros Universitarios Españoles que imparten los títulos de Ingeniero Químico, como las distintas Asociaciones
y Colegios Profesionales de Ingenieros Químicos de toda España vienen expresando su malestar desde hace más de 10 años ante la despreocupación y falta de compromiso por resolver la situación de la regulación profesional de la Ingeniería Química en
España.
A la hora de definir los stándares de calidad y competencias profesionales de la ingeniería química, otras organizaciones como FEANI (Federation Européenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs), EFCE (European Federation of Chemical
Engineers), ABET (Accreditation
Board for Engineering and Technology), CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), exponen con claridad la necesidad de dos niveles formativos relacionados con la profesión. El primer nivel
corresponde a los profesionales con un perfil más aplicado a la industria, y un segundo nivel más orientado a la investigación y desarrollo con una mayor especialización. El primer nivel lo adquieren quienes hayan cursado el título de Grado en
Ingeniería Química, mientras que el segundo lo alcanzarán quienes hayan cursado el Máster en Ingeniería Química.
El futuro Grado en Ingeniería Química, que previsiblemente será aprobado en breve por el Consejo de Ministros, en virtud de la propuesta del Consejo de Universidades de 28 de mayo de 2008, colmará las aspiraciones profesionales del primer
nivel citado anteriormente.
Aun así, se debe de buscar una regulación de la profesión de ingeniero químico porque sus profesionales desarrollan actividades que le resultan propias en virtud de las competencias adquiridas por éstos en sus planes de estudio, y que de una
práctica negligente de dichas actividades puede ser lesionado el interés general.
Una situación como la presente, donde nuestras titulaciones deben adaptarse en un breve periodo de tiempo al Espacio Europeo de Educación Superior urge la regulación de dicha profesión por parte del gobierno, a fin de que nuestros centros
universitarios puedan trabajar a favor de unos grados y másteres que posean el máximo nivel de calidad, redunden en un mayor beneficio de sus alumnos y en el reconocimiento a nivel internacional de los mismos, y para evitar posibles conflictos de
toda índole requiere la necesidad de elaborar una ley de atribuciones profesionales para la profesión de Ingeniero Químico.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se entiende que la profesión de Ingeniero Químico se encuentre a fecha de hoy todavía sin regular por parte del Gobierno con el gran perjuicio que ello supone para un gran colectivo en España, cuando
el propio Ministerio de Ciencia e Innovación reconoce que 'se ha de impulsar la elaboración de dicha ley reguladora que, en desarrollo del artículo 36 de la Constitución Española, defina el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas
posibilitando la promulgación posterior de leyes reguladoras sectoriales'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en un plazo máximo de tres meses, ante la próxima implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, cuyo plazo finaliza en el año 2010, elabore una Ley por la que se regulen las
atribuciones profesionales de los titulados universitarios en el ámbito de las ingenierías químicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Jesús Vázquez Abad, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas específicas para luchar contra
la malaria, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En la pasada legislatura fue aprobada una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario IU-ICV, sobre financiación de proyectos destinados a prevenir, tratar e investigar la malaria, con fecha 11 de diciembre de 2007.
Además de conocer el grado de ejecución de la PNL presentada en la anterior legislatura, este Grupo Parlamentario presenta una nueva PNL a fin de reforzar el contenido y objetivos de la iniciativa anterior.
Cada año se producen entre 350 y 500 millones de episodios clínicos de malaria que dan lugar a un millón de muertes. Los y las menores de cinco años y las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a la enfermedad. Por otra parte,
el paludismo cuesta a los países africanos 12.000 millones de dólares cada año, siendo, por tanto, raíz y causa de la pobreza al mismo tiempo.
'¡Paremos la malaria ya!' es un consorcio de nueve organizaciones no gubernamentales de salud y desarrollo de Europa y África. El objetivo de la campaña es sensibilizar y movilizar a la opinión pública para conseguir un mayor respaldo
político, financiero y estratégico de los gobiernos europeos, incluido el gobierno español, con el fin de alcanzar los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la malaria.
La malaria o paludismo es una grave amenaza para la salud pública y el desarrollo en los países donde la enfermedad es endémica, especialmente en los países del África subsahariana, pero actualmente disponemos de las herramientas necesarias
para controlarla y erradicarla
con eficacia. La responsabilidad de la lucha contra la malaria debe ser compartida por todas las personas y en especial por aquellas que tienen la posibilidad de influir directamente en las políticas de cooperación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que se apliquen las siguientes recomendaciones, en su política de cooperación, a fin de lograr el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de la malaria para el año 2015:
1. El compromiso de apoyo prioritario a la lucha contra la malaria mediante el aumento de medidas específicas, como la puesta en marcha de líneas presupuestarias para los programas de control de la malaria que contemplen el refuerzo de los
sistemas locales de salud.
2. Que mantenga el compromiso a largo plazo de cumplir las contribuciones al Fondo mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y el apoyo de mecanismos de financiación innovadores que no dupliquen esfuerzos y que
demuestren una eficacia contrastada con el fin de proporcionar recursos adicionales para la lucha contra esta enfermedad y garantizar la disponibilidad y el acceso de las terapias combinadas con artemisina (TGA) en los países endémicos de malaria.
Que impulsen el acceso al Fondo de las iniciativas locales y velen porque el Fondo destine un porcentaje suficiente de sus recursos a fortalecer los sistemas nacionales de salud, en especial el nivel de Atención Primaria.
3. Que aumente su compromiso político con el acceso universal a las medidas eficaces de prevención, diagnóstico y tratamiento como un objetivo a ser alcanzado para el año 2015.
4. Que mantenga y aumente la inversión en investigación y desarrollo (I + D) para nuevas herramientas en la lucha contra esta enfermedad, incluyendo la investigación básica, medicamentos, pruebas diagnósticas, vacunas, insecticidas y
mecanismos eficaces para la implementación de estas nuevas herramientas.
5. Que apoye a los partenariados público-privados (PPP) y a los partenariados para el desarrollo de productos (PDP), siempre que se garantice el acceso universal y la disponibilidad del producto final en los mercados en los países endémicos
de malaria.
6. Que reconozca y apoye la contribución a la lucha contra el paludismo que se está realizando por las comunidades locales en los países endémicos, participando activamente con organizaciones de la sociedad civil del Norte y del Sur que
proporcionen una respuesta global a la enfermedad.
7. Que continúe aumentando en cantidad y calidad la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para luchar contra la malaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000329
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cual es la agenda para la próxima reunión del Foro Tripartido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000330
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Qué opina el Gobierno de los perjuicios económicos que sufren los trabajadores españoles en Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000331
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de las instalaciones en las que se va a ubicar el Instituto Cervantes en Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000332
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuál es la situación actual de la instauración del Instituto Cervantes en Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000333
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuál es la política que está siguiendo el Gobierno respecto a la entrada de submarinos nucleares en Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Interior
181/000325
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado doña Mercè Pigem Palmés
Texto:
Al Ministro del Interior:
¿Cuál fue la actuación de los agentes de seguridad en el reciente asesinato de Gabriela Toledo, presuntamente a manos de su ex novio, cuya protección estaba encomendada a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en cumplimiento de las
medidas cautelares judicialmente adoptadas? ¿El Gobierno piensa depurar responsabilidades en este y en otros casos similares que pudiere haber?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2008.-Mercè Pigem Palmés, Diputada.
Comisión de Fomento
181/000327
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la finalización de los tramos pendientes en conexión por ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000328
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Tiene intención la Ministra de Fomento de seguir desarrollando el proyecto que empezó el Gobierno del Partido Popular, de unir por ferrocarril Algeciras con la Costa del Sol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/000335
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuáles son las razones por las que la Ministra de Fomento no ha dado hasta el momento fechas de finalización y puesta en funcionamiento del tramo pendiente del desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/000326
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros.
Texto:
¿Qué opinión le merece al Gobierno el alto índice de absentismo laboral que afecta a la productividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/000336
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio
Diputada doña Andrea Fabra Fernández
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras del Parador de Morella-Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2008.- Andrea Fabra Fernández, Diputada.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000334
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Cuáles son las medidas de compensación que tiene previstas el Gobierno por los daños medioambientales causados por el buque New Flame, hundido en aguas españolas cercanas a Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Ciencia e Innovación
181/000323
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación
Diputado don Jesús Vázquez Abad
Texto:
¿Qué medidas de apoyo tiene previsto adoptar el Gobierno con respecto a la adaptación al Espacio
Europeo Educación Superior (EEES) de la UNED en un futuro próximo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-Jesús Vázquez Abad, Diputado.
181/000324
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación
Diputado don Jesús Vázquez Abad
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno del hecho de que únicamente cinco titulaciones de la UNED se hayan adaptado al proceso de Espacio Europeo Educación Superior (EEES) hasta el momento, estando a menos de dos años para la finalización del plazo
establecido para la adaptación de todos sus títulos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2008.-Jesús Vázquez Abad, Diputado.