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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 805, de 22/06/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 805
POLÍTICA TERRITORIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 22 de junio de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001880.) ...
- Sobre reducción de los gastos en publicidad en las actuaciones del Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000410.) ... (Página 2)
Página
- Sobre medidas de austeridad y racionalización de las administraciones públicas y de eliminación de duplicidades y de gastos superfluos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000721.) ...
- Relativa a la promoción de la movilidad de los funcionarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001698.) ... (Página 7)
- Relativa a la elaboración de convenios entre la Administración penitenciaria y la Administración local. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001755.) ... (Página
8)
- Sobre la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en asuntos relacionados con la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001811.) ... (Página 9)
- Sobre el impulso de políticas para facilitar la creación y adhesión a redes de ciudades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001932.) ... (Página 10)
Se abre la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA PRO EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001880.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la sesión para el debate y votación de las proposiciones no de ley que obran en el orden del día.
Vamos a intentar acelerar en la medida de lo posible porque no hace falta explicar que hay
muchos vuelos y muchos billetes de tren en marcha. La brevedad va a ser un valor añadido, como siempre, pero hoy seguramente un poquito más. Intentaremos votar entre tres y cuarto y, como mucho, tres y media. Esto es un alarde que tiene que ver
con lo que los portavoces me han transmitido acerca de la celeridad que pretenden imprimir a la defensa de sus proposiciones. (El señor Canet i Coma pide la palabra.)
Señor Canet.
El señor CANET I COMA: Solo quiero decir que no me voy a quedar a defender la proposición no de ley por imposibilidad. Doy por defendida la PNL número 6 y quiero advertirle de que hemos llegado a un acuerdo de transacción con el Grupo
Socialista respecto a su enmienda.
El señor PRESIDENTE: Había una enmienda efectivamente del Grupo Socialista, pero no le he entendido. ¿La admite?
El señor CANET I COMA: Admito una transacción, que en su momento se facilitará. (El señor Merino López: No voy a aceptar la transacción.)
El señor PRESIDENTE: Me parece que no aceptan la transacción, por lo que, señor Canet, se votará en los términos de la proposición no de ley, puesto que el Grupo Popular se opone.
El señor CANET I COMA: Entonces acepto la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Acepta la enmienda del Grupo Socialista. Gracias, señor Canet.
- SOBRE REDUCCIÓN DE LOS GASTOS EN PUBLICIDAD EN LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000410.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Don Jordi Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, estamos en plena crisis, estamos en momentos de necesaria austeridad, de contención presupuestaria, y este contexto nos obliga a todos y obliga a la Administración General del Estado a reducir de manera
significativa sus gastos en
publicidad institucional. Esta es la propuesta que hoy plantea Convergència i Unió. Debemos aplicar de manera severa una reducción en los gastos, en el autobombo que en ocasiones realiza la Administración General del Estado en sus
campañas. Por tanto, menos autobombo, más rigor, menos publicidad fácil y más criterios de austeridad en este ámbito, que la ciudadanía sin ninguna duda lo va a agradecer.
Nosotros planteamos una reducción en nuestra propuesta inicial del 50 por ciento; el Grupo Socialista plantea una transacción y quedaría al menos en el 25 por ciento. Mejor esto que nada y mejor que esto venga con el voto del grupo que
tiene que aplicarlo después, que es quien tiene el gobierno. Por tanto, vamos a aceptar que sea el 25 por ciento, pero que sirva esta proposición no de ley para poner en valor una vez más aquello que nunca debería haber pasado: esos planesE por
los que nuestros municipios hacían obras, pagadas por el ministerio de Administraciones Públicas entonces, de Política Territorial después, en las que en ocasiones costaba más la valla publicitaria de gran dimensión que la acera que iba a arreglar
ese municipio. Esto se ha acabado. Demos ese mensaje de austeridad. Se ha acabado eso de anunciar que llegaba la alta velocidad en la pasada legislatura, cuando finalmente no llegaba; decir que llegaría en tal mes, y después llegaba el mes y no
había llegado pero la campaña ya se había pagado y con millones de euros. Quiero recordar esa campaña de Renfe, cuando todo el mundo padecía los retrasos en cercanías, que decía: Vamos al futuro, ¿subes? Y la gente subía indignada a un vagón que
llegaba con retraso. Esa campaña de Vamos al futuro, ¿subes?, presentamos preguntas y costó casi 5 millones de euros. Por tanto, que esta sea una luz de alerta de que no queremos campañas de autobombo; queremos, con la transacción acordada -un
25 por ciento de reducción-, concentrar la publicidad institucional de manera más eficiente en torno a lo que debe ser la información necesaria para aproximar la Administración a la ciudadanía y primar en la publicidad que realiza la Administración
General del Estado, en el marco de la austeridad exigible, la difusión de los plazos y modos de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. Estos son criterios objetivos; en tiempos en que el horno no está para bollos, la ciudadanía no está
para autobombos publicitarios a costa del erario público, en ocasiones inútiles. De ahí nuestra propuesta, que esperemos -espera Convergència i Unió- pueda recibir el voto unánime de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Le he oído hablar de una transacción. En la Mesa solo hay una enmienda del Grupo Socialista, pero no una transaccional. Hay una enmienda presentada en plazo. Si no hay ninguna novedad, esta es la que hay.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, le haré llegar la transacción porque la enmienda que presentaba el Grupo Socialista era inaceptable.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, gracias.
El señor JANÉ I GUASCH: No ponía porcentajes, no se comprometía a nada. La transacción sí que es...
El señor PRESIDENTE: Señoría, se trata de pura información para ordenar el debate, no crea que la Mesa está especialmente interesada en el contenido. Muchas gracias.
Como enmendante, tiene la palabra el Grupo Socialista.
El señor PÉREZ TAPIAS: El Grupo Socialista comparte la intención y la voluntad expresada por el señor Jané, de Convergència i Unió, en torno a esta proposición no de ley que su grupo ha presentado. Es decir, compartimos la intención y
voluntad de reducir los gastos en publicidad institucional y en la información que desde las administraciones públicas en general -aunque esta proposición esté referida a la Administración General del Estado- se ofrece a la ciudadanía. Por otra
parte, nos parece un exceso, que puede rayar en cierta caricatura, hablar de autobombo, al menos hacerlo solo en referencia a la Administración General del Estado.
Si se ha incurrido en esos excesos, también han incurrido e incurren algunas otras
administraciones de nuestro Estado.
Dicho eso, efectivamente estamos de acuerdo en la transacción que hemos logrado y nos felicitamos por ello. Pensamos que un 50 por ciento es una reducción que puede ser de un rigor abrumador para seguir adelante con ciertas actuaciones
programadas e incluso llevar a cabo una información absolutamente necesaria en campañas previstas, desde las de la Dirección General de Tráfico hasta las cuestiones relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas o cualquier otra
cuestión sobre la que la ciudadanía tiene que ser suficientemente informada. Por lo demás, nos parece que un 25 por ciento es asumible, lo cual se añade a las reducciones que ya se han hecho en publicidad institucional a lo largo de los años 2009 y
2010. Hay que tener en cuenta que esta proposición no de ley se presentó hace un tiempo considerable y que desde entonces para acá se ha reducido hasta un 40 por ciento sobre la cantidad que venía dedicándose a este tipo de gasto. Por lo tanto, no
estamos en el punto cero, sino que ya estamos aplicando criterios de austeridad y rigor en este como en otros tantos capítulos de nuestros presupuestos y de la ejecución del gasto.
Nuestra enmienda, además de modificar ese punto primero, añadía esos dos de los que se ha hecho cargo el señor Jané -y eso muestra que estamos de acuerdo en ello-, relativos a concentrar esa publicidad institucional de una manera eficiente
en torno a la información necesaria para aproximar la Administración General del Estado a la ciudadanía, lo cual nos parece una cuestión fundamental, tan fundamental que es una de las justificaciones del hecho de que haya una publicidad institu
cional. En segundo lugar, ese criterio, también recogido y enunciado por él, que va en nuestra enmienda de primar en esa publicidad de la Administración General del Estado, en el marco de la austeridad exigible y que todos estamos
aplicándonos, la difusión de los plazos y modos de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, que es también objetivo central en esta publicidad.
Por lo demás, aprovechamos la ocasión para hacer de la necesidad virtud -y creemos desde el Grupo Socialista que eso lo tenemos que hacer todos en todas aquellas administraciones donde gobernamos, ocupemos el puesto que ocupemos
institucionalmente- y avanzar en nuestra práctica política en ese tratamiento de las administraciones hacia los ciudadanos como sujetos de derechos y como ciudadanos conscientes, ilustrados, solidarios, participativos y críticos, que nos demandan
esa información absolutamente necesaria para tener criterio y para tener el conocimiento necesario en el trato mismo con la Administración. Los ciudadanos, por lo demás, nunca deben ser tratados como meros consumidores, ni siquiera como solo
usuarios o como meros destinatarios de prestaciones, sino como esos sujetos de derechos que reclaman ese trato como sujetos de derechos a nuestras mismas administraciones públicas, y eso nos lleva a una publicidad que desde luego no tiene que
reducirse en ningún caso desde el punto de vista político y de la política a un márquetin que estaría absolutamente fuera de lugar. Dicho esto, insisto en que nos felicitamos por esta transacción en la que hemos logrado un acuerdo el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo de Convergència i Unió como proponente y esperamos, como ha dicho el señor Jané también, que sea respaldada por todos los miembros de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Se presenta una transaccional. ¿Hay algún grupo que se oponga? (Denegaciones.)
¿Por el Grupo Mixto quién va a intervenir? (Denegaciones.-El señor Merino López pide la palabra.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: No voy a dar lectura a lo que tenía escrito por la brevedad. Coincido absolutamente con el portavoz de Convergència i Unió en la palabra autobombo porque la tenía escrita en el discurso. El Gobierno socialista se
gasta el dinero en promocionarse a sí mismo, se gasta el dinero de todos los españoles cuando tenemos 5 millones de parados. Pero lo increíble es que el Grupo Socialista aquí en el Congreso diga lo que ha dicho el portavoz socialista y el Gobierno
haga lo contrario de lo que dice el portavoz socialista en el Congreso. Además, el portavoz socialista ha falseado datos porque en el año 2009 los gastos de publicidad y autobombo del Gobierno socialista fueron de 235 millones, pero es que en el
año 2010 subió a la cantidad de 276.900.000 euros. Esos son los datos reales y los datos ofrecidos por el Gobierno. Por lo tanto, no es que decreciera un 40 por ciento, sino que lo incrementaron en un 40 por ciento. Le voy a dar más datos reales,
datos al día de hoy. La señora Pajín ha incrementado este año un 30,51 por ciento los gastos de publicidad. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) El candidato Alfredo o el ministro Pérez Rubalcaba ha incrementado para su autobombo un 14,6 por
ciento en el año 2011 los gastos de publicidad. Y el señor Gómez, ese que ha traído esa reforma que no le ha votado nadie hoy, ha incrementado en este año en un 60,5 por ciento los gastos de publicidad. Explíquenles ustedes a los españoles y a los
5 millones de parados cómo es posible derrochar este dinero y estas cantidades. Por lo tanto, señor portavoz del Grupo Socialista, le recomiendo que se lea los datos oficiales del Gobierno, que no diga aquí cuestiones que son falsas absolutamente.
Otra cosa le digo, nosotros vamos a permitir esta transacción, pero vamos a exigir al Gobierno que cumpla el acuerdo de esta Cámara de reducción del 25 por ciento de gasto, en vez de incrementos del 60 por ciento como se están produciendo en este
año con 5 millones de parados.
El señor PÉREZ TAPIAS: Señor presidente, por favor, pido la palabra aunque solo sea por alusiones que ha hecho el señor Merino.
El señor PRESIDENTE: Será un placer darle la palabra por alusiones, pero antes me la tiene que pedir, yo se la concedo e interviene en cualquier momento. Tiene un minuto.
El señor PÉREZ TAPIAS: No es verdad que no haya votado nadie lo que se acaba de votar en la Cámara; algunos sí lo hemos votado. En segundo lugar, en 2009 se pasó respecto a 2008 de un gasto de 134 millones de euros en 130 campañas a 95,2
millones de euros en 100 campañas.
El señor PRESIDENTE: Perdone, pero la palabra la tiene por alusiones, para referirse a la alusión que estime que se ha hecho, no para contestar. No hay un turno de réplica. Eso no es una alusión.
- SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES Y DE GASTOS SUPERFLUOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000721.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
El señor MERINO LÓPEZ: Perdone, señor presidente, pediría que el punto 5º pasara a debatirse ahora, ya que la señora diputada tiene problemas de avión.
El señor PRESIDENTE: Me temo que estamos en un problema continuo. (Varios señores diputados: Todos tenemos problemas de avión.)
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Señora Díez, tiene la palabra para defender su proposición.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lo siento, pero yo también tengo necesidad de ir después a otra Comisión.
Traigo a debate a esta Comisión una proposición no de ley presentada en el mes de febrero del año 2009. Quiero destacar esa fecha porque creo que tiene interés plantear hoy, en el año 2011, que en el año 2009, en el mes de febrero, esta
parlamentaria en nombre de Unión, Progreso y Democracia ya quiso suscitar en el Congreso de los Diputados un debate precisamente sobre la austeridad y racionalización de las administraciones públicas y la eliminación de duplicidades y de gastos
superfluos para su debate. Sé que hoy, al margen del grupo parlamentario en el que estén inscritos los políticos en este Congreso de los Diputados -como decía el señor Jané hace un momento aludiendo también a la austeridad con otra proposición no
de ley-, es algo común y entendido y compartido por todos la necesidad de racionalizar el gasto público, la necesidad de terminar con las duplicidades, la necesidad de ser más austeros en nuestros gastos públicos. Hoy compartimos esta reflexión
-aunque a veces no nos pongamos de acuerdo sobre las medidas en concreto que cada cual puede proponer-, pero en el año 2009, en el mes de febrero, eso no era tan comúnmente compartido; eran todavía momentos en los que la crisis se negaba por parte
del Gobierno de la nación y momentos en los que cuando se planteaban estos debates se nos decía que esto era más o menos un brindis al sol, algo en todo caso absolutamente innecesario.
Esta proposición no de ley, que no pudo ver la luz hasta este momento, tuvo una segunda oportunidad a través de una moción que presentamos el 20 de mayo del año 2010 que versaba sobre esta misma cuestión y que pretendía este mismo objetivo
de racionalización, austeridad y eliminación de duplicidades, que fue debatida en el Pleno y contestada por el vicepresidente tercero del Gobierno. En ella además se insistía en que el Gobierno de la nación utilizara todas sus competencias en pro
de este objetivo. Es decir, que a nuestro juicio -lo diré de nuevo- hay instrumentos para evitar estos despilfarros, estas duplicidades, esta falta de austeridad; instrumentos que tiene en sus manos además del conjunto de las instituciones también
el Gobierno de la nación; instrumentos constitucionales que si se utilizaran correctamente y sin hacer reformas constitucionales ni modificaciones de distribución competencial, por ejemplo -no es que me niegue a que eso ocurra, como saben sus
señorías; al contrario, propongo que algunas de ellas se modifiquen-, instrumentos que sin entrar en ese debate -tiempo tendremos para ello-, producirían ahorros importantes, entendiendo que los ahorros no son para guardar sino para poder
utilizarse en otras cuestiones que son necesarias para el conjunto de los ciudadanos. Podríamos habernos evitado las reformas de las pensiones, algunas congelaciones salariales, recortes en temas tan importantes como la dependencia. Si se
utilizaran todos los instrumentos que tiene el Gobierno de la nación o si las comunidades autónomas -digo las dos cosas: si y o- utilizaran para la gestión de sus competencias, sin necesidad de que se modificara el marco competencial, los criterios
de Maastricht -por así decirlo-, es decir simplemente los mismos criterios que se utilizan a nivel europeo de las tres más eficaces y más eficientes a la hora de calcular el déficit máximo permitido, cada año nos ahorraríamos una cifra de alrededor
de 25 millones de euros, que, insisto, podríamos utilizar para invertirlos en aquello en lo que seguramente nos pondríamos todos de acuerdo en que estrictamente necesario. Esta cifra que les acabo de comentar fue suscitada en ese debate que les
recordaba del año 2010, del mes de mayo.
El vicepresidente tercero entonces no se atrevió a negarme la cifra, me dijo que no tenía los datos, pero sí me negó que el Gobierno tuviera competencias para actuar que no estuviera utilizando; este
Gobierno y los anteriores, porque esto no es de ahora. Realmente se llega a esta situación porque se ha venido produciendo a lo largo de toda nuestra joven democracia. Luego esta cifra la han utilizado agentes económicos, empresariales, sociales,
sindicales, el propio Partido Socialista y el Partido Popular, es decir que se sabe que efectivamente ahí una bolsa que si se racionaliza y se invierte mejor supondría mucho ahorro.
Traigo a debate, como decía, una proposición que es vieja pero que tiene hoy más actualidad o por lo menos espero que más consenso que la que podría haber tenido si se hubiera podido discutir en aquella fecha o en fechas posteriores. Como
el presidente nos pide brevedad y además creo que es en interés de todos, doy por leído el texto de la propuesta, que se puede concretar en todas estas cuestiones que acabo de plantear.
Únicamente diré que, como sus señorías habrán visto, he tenido
que hacerme una autoenmienda en el segundo párrafo, porque decía: antes de finalizar 2009 y, obviamente, estamos en 2011. Por eso he tenido que adaptar la fecha a la circunstancia actual. La autoenmienda es: antes del final de la legislatura.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular, que lamentablemente no puedo atender, no porque no comparta la reflexión general, pero es que es como otro texto, otra iniciativa legislativa, por cierto, muy parecida a una que presentamos hace unos
meses y debatimos, y en la que no conseguí convencerles, porque ustedes no me la apoyaron. Pero no es ese el motivo por el que no la apoye, sino porque en este momento quiero que se someta a votación la proposición que les traigo a su
consideración.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular es enmendante. ¿Quién va a intervenir? (Pausa.)
Señora Fernández Pardo, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley de Unión, Progreso y Democracia. Quiero decirles que la compartimos en el
fondo, aunque estimamos que ha quedado algo desfasada en cuanto al contenido. Ese contenido, para adecuarlo a las actuales circunstancias y aquilatando un poco los datos y conceptos, nos lleva a presentar una enmienda de sustitución al petitum, con
objeto de detallar el paquete de medidas en pro de una austeridad responsable y una estructura del Estado racional. El objetivo es claro, reestructurar el gasto y contribuir a la recuperación, pero también transmitir a nuestros ciudadanos un
mensaje claro. El Gobierno, aunque tarde, empieza a apretarse el cinturón. Un paquete con cuatro grandes actuaciones: en primer lugar, resulta imprescindible impulsar la reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria, que nadie gaste más de
lo que ingresa. En segundo lugar, un auténtico programa de racionalización de estructuras administrativas y costes. Ahorrar en telefonía móvil, reducir el número de entes dependientes del Estado. En tercer lugar, porque creemos en España les
proponemos un programa de eficiencia de las administraciones al servicio del ciudadano, y para ello proponemos una simplificación normativa y de procedimientos administrativos que nos permita ganar en simplicidad y calidad legislativa. En cuarto y
último lugar, proponemos un programa de unidad de mercado con una ley y una comisión de unidad de mercado.
Para terminar, señorías, ¿saben cuánto ahorraríamos si redujésemos un 50 por ciento el personal eventual, un 25 por ciento los altos cargos, un 50 por ciento los teléfonos móviles, coches oficiales y sobre todo un 10 por ciento los gastos
corrientes de la Administración? Pues ni más ni menos que 1.000 millones de euros. Con este dinero se podría haber evitado la congelación de las pensiones y la reducción y congelación del sueldo de los funcionarios. Todavía estamos a tiempo,
señorías, de transmitir a los ciudadanos un compromiso con la eficiencia y el ahorro, porque no puede seguir haciendo lo que lleva haciendo este Gobierno desde hace más de tres años. Austeridad sí, pero para otros, no para nosotros.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto quieren intervenir? (Pausa.)
Señor Jané, tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Intervengo con mucha brevedad, señor presidente.
Coincidimos con muchos de los objetivos que la proposición no de ley defendida por la diputada Rosa Díez plantea, pero no podemos coincidir con el método que quiere
aplicar, con la fórmula, la medicina que aplica ante un diagnóstico que en algunos temas podemos compartir, pero que en otros tampoco compartimos. Podemos entender el planteamiento, pero no el sistema. El sistema es una Loapa. Se cita el
149.1.18, que es la normativa básica del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, pero aquí es más bien el 150.3, que es una armonización, porque lo que plantea el segundo punto, más allá de cambiar
la fecha, es que a través de un proyecto de ley se venga a fijar unas normas aplicables a todas las administraciones, y dice incluso: Armonice las de los gobiernos y administraciones de comunidades autónomas bajo estos principios. Por tanto, esto
se aleja del espíritu de distribución competencial que tenemos aplicado, cada Administración debe cumplir sus deberes, pero no nos corresponde a nosotros fijar hoy aquí a través de una armonización, lo que deben hacer, en este caso, otras
administraciones que son competentes y que tienen competencia exclusiva el ámbito de la autoorganización. Por tanto, lamentándolo no vamos a apoyar esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Moral Reixach.
El señor MORAL REIXACH: Voy a intervenir telegráficamente para dar algunas razones por las cuales nuestro voto será contrario a la proposición no de ley. En primer lugar, porque consideramos que esta proposición está fuera del tiempo -lo
ha dicho la portavoz e indudablemente no es culpa suya- procedimental. Además, durante el tiempo transcurrido desde la presentación hasta ahora el Gobierno en dos ocasiones, en abril y en octubre de 2010, ha tomado medidas para la reducción y
supresión de cargos e incluso ministerios. En segundo lugar, porque discrepamos acerca de su diagnosis sobre la Administración española. En este sentido, existen mecanismos suficientes, tanto en el Ministerio de Política Territorial y
Administraciones Públicas como en el de Presidencia, para realizar un análisis global y actuar en consecuencia si se produjesen duplicidades en la creación de órganos o instrumentos de gestión administrativa. En tercer lugar, porque la competencia
en la estructura del Gobierno pertenece a su presidente por normativa legal derivada de preceptos constitucionales, y plantear un modelo inamovible de Gobierno a un plazo de diez años, con los cambios que se producen hoy, hace pensar que
difícilmente tendría flexibilidad ni se acomodaría a las necesidades de esta sociedad tan cambiante. En cuarto lugar, porque para nosotros las administraciones autonómicas y los ayuntamientos nacen de una voluntad política y no de una
descentralización puramente administrativa. En este sentido, la autoorganización de estas comunidades y ayuntamientos está también regulada en la ley. Por tanto, la Constitución también consagra este principio de autonomía. Y en quinto lugar,
creo que la proposición no de ley malintencionadamente -vaya con la expresión- habla de las embajadas. Nosotros hablamos de delegaciones de gobiernos autónomos que no deben -seguramente existe la posibilidad- interpretarse como embajadas, sino como
delegaciones que tienen como función la proyección económica, social, cultural, turística, etcétera.
Por la interpretación que se hace en la proposición no de ley, creo que le falta una parte, es decir, se habla de lo que significa el gasto, pero no de aquello que puede incorporarse como riqueza en las comunidades autónomas fruto de la
gestión de estas delegaciones. Y finalmente una apostilla: cuando en la proposición no de ley Unión Progreso y Democracia habla de racionalización, nos tememos que sea en su lenguaje político un sinónimo de uniformización, y por esta razón también
vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: La señora Díez ya ha manifestado que no admite la enmienda planteada por el Grupo Popular, por lo que su proposición se votará en los términos de esa especie de autoenmienda de actualización que la acompaña y que
presidirá el debate.
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001698.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º: Promoción de la movilidad de los funcionarios. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: La propuesta que hace mi grupo es una llamada de atención al Gobierno sencillamente para que cumpla le ley. Todos respaldamos el Estatuto básico del empleado público, han transcurrido ya cuatro años y tres meses
desde su aprobación y uno de sus artículos, el 84, establece que hay que aprovechar mejor los recursos humanos del conjunto de la Administración pública, para lo cual emplaza a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a
las entidades locales a establecer medidas de movilidad interadministrativa y, singularmente, ese artículo emplaza al Gobierno a hacerlo en el marco de la conferencia sectorial a través de convenio o del instrumento que se considere conveniente. No
es una solución sencilla, dado que existe y se exige la cooperación de todas las administraciones, pero no se ha dado un solo paso en cuatro años y tres meses, por lo que urgimos a que se actúe en esta materia. Ser empleado público tiene sus
ventajas y sus inconvenientes. Entre los últimos, cabe la posibilidad de que un gobierno te congele la retribución e incluso te la baje un 5 por ciento, y entre las ventajas debería estar la de pertenecer a una gran entidad y por tanto la movilidad
y la flexibilidad que ello debiera reportar. Sin embargo, esto no es cierto. El último año de que tenemos constancia, de entre los 610.000 empleados públicos de la Administración General del Estado, es decir, del Gobierno central, tan solo 272 se
movieron, esto es, no alcanza el 0,4 por ciento. Luego vivimos en una situación de auténticos corralitos administrativos con enormes barreras interiores que dificultan la libertad de circulación de los empleados públicos por todo el territorio
nacional. Por tanto, pedimos al Gobierno que dé cumplimiento a esa ley que todos respaldamos y en la que reclamábamos -el Gobierno se autorreclamó proponiendo y aprobándose esta norma en su artículo 84- que se establezcan las medidas para la
movilidad interadministrativa en el marco de la conferencia sectorial.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrachina.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley. ¿Quién la va a defender? (La señora Marañón Basarte hace gestos afirmativos.) Tiene la palabra para su defensa.
La señora MARAÑÓN BASARTE: Intervendré de la manera más rápida posible.
Antes de explicar la enmienda que hemos presentado, quiero hacer una apreciación en cuanto al número de empleados públicos. En la exposición de motivos de la
proposición no de ley aparece una cifra distinta a la real, que es de 2,67 millones a junio de 2011. En concreto, el número de empleados pertenecientes a la Administración General del Estado es de 237.570. No obstante, entrando ya en materia,
respecto a la proposición no de ley hemos de señalar que nuestro grupo entiende que el Gobierno, a través de la Administración General del Estado, ha sido siempre sensible a dar respuesta a una cuestión tan importante como la de la movilidad
interadministrativa. Es considerada no solamente como un mecanismo de respuesta a necesidades concretas de los empleados públicos, sino también -y especialmente- como una herramienta de interrelación entre la política de recursos humanos y otras
políticas de ordenación del sistema, como pueden ser la planificación, retribuciones, ordenación de las organizaciones, etcétera. En este sentido, creemos importante señalar que el artículo 84 de la vigente Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
básico del empleado público consagra a lo largo de sus diferentes apartados la voluntad de movilidad interadministrativa, así como la posibilidad de acordar criterios de movilidad para llevar a cabo homologaciones que pudieran ser necesarias entre
las diferentes administraciones públicas y la regulación de la situación administrativa del funcionario en situación de movilidad. Además, el número 1 del artículo 84 remite a la conferencia sectorial u otros instrumentos de colaboración para
materializar determinados aspectos de movilidad interadministrativa. En esta línea, en el último marco de trabajo de la Comisión de coordinación del empleo público se han llegado a importantes acuerdos, en concreto dos, relacionados con la
movilidad interadministrativa: el Acuerdo marco para fomentar la movilidad de los empleados públicos entre las administraciones públicas, que se adoptó en septiembre de 2003 y entró en vigor en enero de 2004, y el Acuerdo sobre movilidad geográfica
entre las administraciones públicas de las
empleadas públicas terrorismo víctimas de violencia de género, aprobado el 21 de noviembre de 2008.
Voy acabando ya. Con todo esto queremos decir que estos acuerdos han correspondido a la representación de la Administración General del Estado en la Comisión de coordinación del empleo público, y han contado con el acuerdo de todos los
miembros representados en la misma ya que es el consenso el sistema válido para llegar a ellos. -Voy terminando-. Como grupo no podemos estar en contra de una propuesta como la que realizan, pero entendemos que es un poco redundante y se queda un
poco en la nada.
Nuestra intención es tratar de ser más ambiciosos, y esa es la razón de la enmienda que presentamos en la que solicitamos que se elabore un informe que ponga negro sobre blanco para ver hacia dónde caminar y cómo avanzar todavía
más. Esa es nuestra idea de la enmienda que presentamos.
El Grupo Parlamentario Popular no nos ha dicho si la apoyará o no. En todo caso, en el supuesto de que la rechazasen, el Grupo Socialista votaría su proposición no de ley. Se queda un poco
más corta, pero es una pena desaprovechar una ocasión como la que tenemos, ya que la han presentado.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Popular acepta la enmienda?
El señor BARRACHINA ROS: Agradecemos la voluntad del Grupo Socialista, pero no podemos aceptar la enmienda en tanto que pide un informe sin fechar y a estas alturas resulta imposible.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Con mucha brevedad, para dar apoyo a la proposición no de ley. Convergència i Unió siempre ha entendido que es positiva la política de fomentar la movilidad entre administraciones, como así se recoge en el Estatuto
básico del empleado público. Tuve la oportunidad de ser ponente de ese proyecto de ley, conozco bien el tema, y solo quisiera dejar sentado en el 'Diario de Sesiones' que, cuando hablamos de movilidad, en aquellas comunidades autónomas con lengua
oficial propia la movilidad se produce cuando quien accede a un puesto de trabajo en esa comunidad reúne los requisitos de conocimiento de la lengua oficial propia de esa comunidad que se establecen en las respectivas leyes de cada comunidad
autónoma, de acuerdo con su competencia legislativa y sus requisitos estatutarios. Por tanto, sí a la política de movilidad, pero respetando los obvios requisitos internos que cada comunidad autónoma tiene para el acceso a la Función pública dentro
de la misma.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001755.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 4.º punto del orden del día, elaboración de convenios entre la Administración penitenciaria y Administración local. Señora Seller tiene la palabra.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Muy brevemente.
Damos en este caso por reproducido el texto de la proposición no de ley, salvo el petitum último, que ha sido objeto de transacción con el Grupo Socialista. Lo que interesa al Grupo Parlamentario Popular es instar al Gobierno a fin de que
se conciencie sobre una cuestión de vital importancia, como es la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, a fin de que no siga quedando en el Código Penal como una mera figura retórica. El Grupo Parlamentario Popular sabe, como también todos
los ciudadanos, que las sentencias que dictan los jueces referidas a este tipo de trabajos, a este tipo de penas, nacen ya con un imposible cumplimiento, pues no hay suficientes plazas para que sean cumplidas. La señora Gallizo reconoció, desde la
firma del Convenio con la Federación de Municipios y Provincias, que se crearon a finales de 2010 únicamente 18.172 plazas para el cumplimiento de este tipo de sentencias, cuya naturaleza viene a dimanar de procedimientos de tráfico, lo que viene a
contrastar con el número de penas que se han dictado, que están en torno a las 250.000 condenas. Del recorrido del Real Decreto 1849/2009 no se desprende que este haya contribuido a salvar circunstancia alguna de esa desproporción, por lo que,
reconociendo la competencia del Gobierno, en particular, de instituciones penitenciarias en lo referente a intensificar la elaboración de convenios de esta naturaleza, habría que tener en cuenta que es el Gobierno el que debe remover obstáculos y
revisar los trámites burocráticos necesarios que impidan que en la actualidad se cumplan muchas de las penas de esta naturaleza, ya que muchas de ellas prescriben en un año. Por todo ello, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario
Socialista, del que dispone la Mesa, y valoramos el interés que el portavoz socialista ha puesto en este asunto, particularmente por el interés municipalista, del que yo creo que participamos toda la Comisión. Por supuesto está abierta a que
cualquier grupo pueda mejorar o pueda llevar a efecto cualquier tipo de participación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Seller, por la brevedad.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y parece que hay una transaccional. Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Más breve aún, señor presidente.
Señorías, quisiera subrayar la oportunidad de este debate y la iniciativa presentada por el grupo proponente y, singularmente, por la diputada Seller. Como hemos comentado en la negociación de la transaccional, el pasado viernes el Consejo
de Ministros aprobó un real
decreto mediante el cual se ampliaba el abanico de actuaciones susceptibles de ser calificadas como trabajo en beneficio de la comunidad, y también su calificación no ya solo como penas sustitutivas sino también como pena principal para
determinadas faltas, todo ello, al calor de esa nueva Ley Orgánica 5/2010, aprobada el pasado 22 de junio.
Nosotros compartimos con el grupo proponente y con la diputada portavoz, la señora Seller, su voluntad y su interés por que instituciones penitenciarias, y por tanto el Gobierno de España y las distintas corporaciones locales, sigan
impulsando estos convenios entre las distintas administraciones -también entre ellas mismas-, y se remuevan, como bien ha dicho ella, los obstáculos administrativos que pudieran existir para la pronta oferta de las suficientes plazas de trabajo
susceptibles de ser utilizadas para la ejecución de este tipo de penas, pero también quisiéramos subrayar que desde el año 1997, que es cuando se firma el primer convenio entre Instituciones Penitenciarias y la Federación Española de Municipios y
Provincias, ha habido un aumento muy significativo a lo largo de los últimos años en relación con los ayuntamientos adheridos a este convenio con Instituciones Penitenciarias, y en consecuencia el número de plazas. Actualmente, según los datos que
nos ha podido facilitar el Gobierno, son 5.625 las plazas ofertadas para este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad, 783 los municipios adheridos a este tipo de convenios, y es la comunidad andaluza la que recoge el mayor número de
ayuntamientos, el 20 por ciento del total, y el mayor número de plazas ofertadas, el 24 por ciento del total.
Quiero explicar muy brevemente la transaccional o el acuerdo al que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Popular. Lo que pretendemos es, en primer lugar, adecuar el texto a la legislación vigente, sobre todo al calor del real decreto
aprobado el pasado viernes por el Gobierno de España, y en segundo lugar, que el impulso a esos convenios no solamente sea de Instituciones Penitenciarias con los entes locales, sino también de la propia Administración General del Estado y del resto
de administraciones territoriales, como pueden ser las comunidades autónomas, entes públicos y entes privados que tengan utilidad pública.
En definitiva nosotros compartimos la voluntad y el fondo de la iniciativa presentada por la diputada, y
desde luego también felicitamos y subrayamos la oportunidad de que sea debatida hoy, cuatro o cinco días después de que se haya aprobado por parte del Gobierno de España esa modificación del real decreto, ante un tipo de pena que desde luego es
reeducativa, es restitutiva y es ejemplar e integradora. Por tanto desde luego la transaccional va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir algún grupo? (Pausa.)
- SOBRE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001811.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley sobre la cooperación entre el Estado y comunidades autónomas en asuntos relacionados con la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Tiene la palabra don Joan Ruiz.
El señor RUIZ I CARBONELL: Como sus señorías saben España es un estado totalmente descentralizado, en el que las comunidades autónomas ostentan numerosas e importantes competencias en materias y sectores sobre los que la Unión Europea tiene
un gran poder de decisión; poder de decisión que se conforma mediante la voluntad concertada de los Estados que formamos parte de la Unión, lo que hace necesario que las autonomías participen de forma decisiva junto con el Gobierno de España en la
conformación de esa voluntad estatal en aquellos asuntos que, siendo de su competencia, además luego tendrán la responsabilidad de ejecutar en muchos casos en su territorio. Por ello este Gobierno desde el mismo año 2004, y desarrollando lo ya
iniciado en 1997, considera que la participación de las comunidades autónomas en estos temas europeos es esencial para consolidar el autogobierno autonómico, para la cohesión de nuestro Estado, y para el fortalecimiento de la posición de nuestro
país dentro de la Unión Europea; profundización y desarrollo que encuentran otro hito con la participación de las comunidades autónomas en los asuntos relacionados con la Unión Europea, gracias al acuerdo de diciembre de 2004 de la Conferencia para
asuntos relacionados con las comunidades europeas, que desde abril del año pasado ha cambiado de nombre y ahora se denomina Carue. Gracias a este acuerdo un consejero de una comunidad autónoma pasa a formar parte de la delegación española en las
reuniones del Consejo Europeo relacionadas con competencias autonómicas: agricultura, pesca, medio ambiente, empleo, política social, sanidad, consumo, educación, juventud, cultura, cuestiones todas ellas que afectan a la vida cotidiana de los
ciudadanos de manera muy importante.
Este acuerdo ha llevado a que las diecisiete comunidades autónomas hayan participado desde entonces en reuniones del Consejo representando al resto de comunidades autónomas para defender criterios consensuados previamente por todas ellas;
participación que ha contribuido sin duda a reforzar el papel de las autonomías, a intensificar su colaboración con el Estado, con el Gobierno central, y a desarrollar la cooperación horizontal entre ellas, un tema también muy importante. También
hay que recordar, como hecho muy positivo, el acuerdo de la Conferencia de presidentes de comuni
dades autónomas del 14 de diciembre de 2009, tras el cual el Gobierno español, atendiendo a su solicitud, asumió promover la participación de los representantes de las comunidades autónomas en los consejos de ministros informales que
tuvieron lugar a lo largo del semestre de Presidencia española del pasado 2010.
Tras unos años de experiencia, el escenario actual aconseja profundizar en esta estrategia por varias razones. En primer lugar, por el balance satisfactorio que la participación autonómica logra, con una mayor eficacia a la hora de fijar y
defender una posición estatal fuerte ante la Unión. En segundo lugar, porque ayuda a construir una visión de nuestro Estado en las materias en las que las autonomías tienen competencias. Aquí hay que señalar que los nuevos estatutos de autonomía,
los que se han reformado, regulan las relaciones con la Unión Europea para dar respuesta a nuestra situación actual de miembros de la misma.
Finalmente porque el propio Tratado de Lisboa incluye el principio de cohesión territorial como uno de los
principios de la Unión, y vuelve a definir el principio de subsidiaridad para continuar impulsando los niveles regionales y locales en sus políticas. Todo esto no son solo palabras; entre los hechos que se han producido en estos últimos dos años,
como resultado de esta estrategia de cooperación del Gobierno con las comunidades autónomas en asuntos relacionados con la Unión Europea, se puede mencionar, por ejemplo, la ampliación de la participación de las comunidades autónomas cuando el
Consejo decide sobre nuevos temas, como son consumo, competitividad, ordenación del juego, deporte, o enumerar el número de ocasiones en que consejeros de las autonomías han podido participar en reuniones del Consejo de la Unión Europea desde 2005,
que llega ya a doscientas dos ocasiones, o la revitalización y modernización de la Carue, la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, que ha celebrado cuatro reuniones: dos en 2009, una en 2010 de especial importancia, que tuvo
lugar en Bruselas, y la más reciente en febrero de 2011. Aquí, en estos tiempos en los que la colaboración de todos es tan necesaria, cabe destacar que los acuerdos adoptados por la conferencia lo han sido tras ser consensuados entre el Gobierno y
las comunidades autónomas, y que se ha producido siempre una plena colaboración en los trabajos preparatorios entre las autonomías, y entre estas y el Gobierno español.
Por todo esto, y con el ánimo de profundizar en la colaboración entre las diferentes administraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley a la que se ha presentado una sola enmienda del Grupo Popular, de
tipo técnico, para corregir el desfase temporal que se produce entre el momento en que se presentó y hoy, y que asumimos plenamente.
El señor PRESIDENTE: Como enmendante, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Voy a intentar ser tan breve como lo es la enmienda que ha presentado mi grupo, que supone la supresión de dos palabras para salvar efectivamente un problema, y es que fue elaborada y presentada en esta Comisión
hace un año y las dos últimas reuniones a las que se refiere la proposición no de ley ya no son las dos últimas reuniones, por lo que había que salvar ese equívoco. Esa omisión sin embargo produce un efecto saludable, y es que da justicia histórica
al conjunto de la proposición no de ley puesto que reconoce la labor hecha a lo largo de la existencia de la Comisión de Asuntos Europeos, que nos parece absolutamente necesaria, en la cual el Partido Popular en sus años de gobierno dio pasos
importantes que por el tiempo del que disponemos no voy a recordar aquí. Mi grupo la apoya porque considera que el principio de cooperación es esencial para la formación de la voluntad estatal, en un Estado complejo como el nuestro, y porque
creemos que cuanta más cooperación, mejor, cuanta más lealtad, mejor para que el Estado de las autonomías esté al servicio del interés general.
- SOBRE EL IMPULSO DE POLÍTICAS PARA FACILITAR LA CREACIÓN Y ADHESIÓN A REDES DE CIUDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001932.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día -ya que el 6.º lo dejamos resuelto antes- sobre el impulso de políticas para facilitar la creación y adhesión a redes de ciudades. Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña
Vicenta Tortosa.
La señora TORTOSA URREA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta iniciativa para instar al Gobierno a que impulse políticas que promuevan la creación y faciliten la adhesión de los municipios de nuestro país a redes de
ciudades, y a que se actualice la información pública sobre la base de datos de redes municipales por parte del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Como se recordará las redes municipales son agrupaciones voluntarias de
municipios y otras entidades que tienen por objeto fundamental el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos y actuaciones en un determinado ámbito de actividad, con el objeto de aunar esfuerzos y conocimientos, y para actuar como
grupo de presión y fortalecer la posición institucional de los mismos. Diferentes estudiosos del tema ponen de manifiesto que las redes posibilitan una cooperación privilegiada entre las ciudades que la integran. La propia interacción entre sus
miembros, que tienen establecidas relaciones horizontales, crean una serie de externalidades positivas y por eso en absoluto es exagerado plantear que existe un retorno inmediato que resulta del mero hecho de participar en ellas. Esto se pone más
claramente de manifiesto cuando hablamos de ciudades pequeñas o de mediano
tamaño que alcanzan una mayor presencia y no solo en el exterior, sino en el interior de sus propios países. La pertenencia a una red conlleva una serie de ventajas, entre las que se pueden destacar la posibilidad de acceder a
conocimientos, la oportunidad de generar espacios específicos de influencia, la emergencia de condiciones favorables al desarrollo, aprovechar la experiencia de buenas prácticas de otros municipios, importantes ganancias en términos de
gobernabilidad y participación ciudadana, la posibilidad de profundizar en la autonomía de la gestión local, y un largo etcétera. Son muchas y muy variadas las razones por las que las ciudades y otras instancias subnacionales de gobierno han
aparecido en la escena internacional, jugando en un escenario que tradicionalmente estaba reservado para los Estados. Señorías, la participación internacional de las ciudades ha cobrado una especial importancia en el mundo actual. En las dos
últimas décadas se ha consolidado el lugar de los actores locales en la participación internacional de las ciudades. Los gobiernos locales, al tiempo que se han transformado en actores relevantes de la escena internacional, también han buscado
distintas formas de asociarse que les permita tener una incidencia mayor en su área de actuación, y en este sentido las redes han sido una forma privilegiada adoptada por las ciudades. A través de las redes no solo se produce un intercambio de
experiencias y buenas prácticas, ya que se impulsa el desarrollo económico de los municipios.
Se trata de influir en las decisiones del Estado, la Unión Europea u organismos internacionales, para que los intereses municipales sean considerados en
la toma de decisiones, se logra un impulso de las políticas locales, y se realizan acciones conjuntas de promoción y divulgación de conocimientos.
A partir de la experiencia obtenida como consecuencia de la crisis económica actual cabe concluir que no es posible hacer frente a los problemas sin la cooperación de todas las administraciones concernidas y con responsabilidades, y en
particular sin la colaboración de los entes locales. La interdependencia y el funcionamiento en red devienen por tanto en elementos clave de nuestro mundo globalizado. Tal como afirma Elie Barnavi, la definitiva emergencia de las entidades locales
y regionales del continente europeo, como administraciones responsables política y administrativamente encargadas de suministrar competencias y servicios esenciales a los ciudadanos del continente, ha contribuido indiscutiblemente a la configuración
del actual modelo europeo de democracia, al funcionamiento de las instituciones, a la mejora de la calidad de vida, y a la vinculación de los ciudadanos con lo público.
Nuestras ciudades y regiones constituyen un escenario privilegiado del cambio
social actual, y representan espacios centrales de la producción de riqueza en nuestros países.
Voy terminando, porque ahora mismo tenemos que votar. La gran aportación que los poderes locales y regionales pueden y deben hacer a uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa en estos momentos, señorías, es la necesidad de
gestionar la actual diversidad europea desde la inteligencia y desde el realismo, y en la gestión de esta diversidad es imprescindible el papel que juegan las instituciones más cercanas a los ciudadanos, que conocen sus problemas, sus inquietudes y
que pueden y deben saber combinar Gobierno y administración de lo local o de lo regional con la pertenencia a un espacio más amplio, más abierto y que ofrece posibilidades que deben ser aprovechadas y retos que deben ser respondidos.
Para concluir, lo que se solicita en definitiva, señorías, en este proposición no de ley no es más que contribuir a que los recién constituidos ayuntamientos se animen a utilizar esta importante herramienta, teniendo un mejor acceso a las
redes municipales en las que en estos momentos participan los municipios españoles a su objeto y a las funciones que desarrollan cada uno. Por ello esperamos el apoyo de todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Solana Barras.
La señora SOLANA BARRAS: En primer lugar y para dar información al grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente esta proposición no de ley. Pero si nos permiten vamos a hacer una serie de consideraciones en
torno a ella que reflejan la situación de la que partimos que, como ha definido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, son los recién constituidos ayuntamientos. En segundo lugar, nos llaman la atención de esta proposición no de ley
aspectos que deben ser a lo mejor algo singulares, y que tal vez tengan su base en la asesoría del Grupo Parlamentario Socialista, pero la realidad es que sus tres primeros párrafos están extraídos literalmente de un folleto que se define como
Análisis y primera cooperación descentralizada local, redes de la ciudad como herramienta privilegiada para la gestión de la cooperación descentralizada, de los autores don Antonio Carcalledo y don Jorge Rodríguez, ambos de América Latina. El
cuarto y quinto párrafo es una copia literal de los dos únicos enunciados que tiene insertados el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en su página web. Y por último, el séptimo párrafo -y evidencia, cómo no, el esmero que se
ha tomado la asesoría, no la diputada, a la cual considero en su inquietud municipal, en la elaboración de esta iniciativa- reproduce literalmente el cuarto párrafo de la página web del ministerio.
Una vez hecha esta pequeña introducción que refleja un poco el ímpetu de la realidad del acceso o el deseo de acceso de las redes por parte del Gobierno y del grupo que sustenta al Gobierno en el ámbito municipal, quiero decir que
compartimos esa necesidad -es cierto, siempre es buena cualquier situación que suponga beneficios a los ayuntamientos, aunque sea algo tan virtual como una red de redes-, sí compartimos el que se promueva la creación y se facilite la adhesión de los
municipios a esta red de ciudades, pero desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos absolutamente inexcusable algo que forma parte de la vida en política y de la vida en sociedad, que es que los compromisos que se adquieren tengan un
contenido concreto, el contenido concreto que supone la situación que están viviendo los municipios recientemente constituidos en nuestro país.
Del contenido del segundo apartado del petitum de la proposición no de ley se pueden deducir dos cuestiones, si me lo permiten. Por un lado, una crítica encubierta del Grupo Parlamentario Socialista que mantiene al Gobierno que encierra
esta iniciativa, ya que no sé si conocen que el apartado de redes municipales del Ministerio de Política Territorial tiene una actualización del año 2008. Llevamos dos años en que si cualquier ciudadano, cualquier munícipe de los anteriores
ayuntamientos o de los nuevamente constituidos pincha en este apartado se encuentra con que está actualizado con una antigüedad del año 2008. Pero lo importante de esta iniciativa es creer que se está haciendo algo realmente en el mundo municipal,
cuando no se ha hecho nada para defenderlo, para intentar resolver los graves problemas que están sufriendo las entidades locales en España. ¿De verdad creen ustedes, señores del Grupo Socialista, señores del Gobierno, que cuando los nuevos
alcaldes hayan tomado posesión, que han tomado posesión, los concejales que están obteniendo las delegaciones en esta semana estarán pensando en entrar en cuestiones de redes municipales de ámbito nacional o internacional? Estarán pensando en cómo
solventar los problemas de los recibos que se encuentren, de las facturas, en cómo pagar las nóminas de sus trabajadores o en cómo hacerse cargo de asuntos sociales de las diferentes delegaciones de los ayuntamientos cuando no tienen medios.
La realidad es que desde el Grupo Parlamentario Popular estamos preocupados por la inexistencia de una nueva ley básica de gobierno de la Administración local, por la inexistencia de un nuevo sistema de financiación local, y por que el
Gobierno adopte las medidas transitorias que palien la grave situación económica y financiera que se están encontrando todos los ayuntamientos, sean del signo político que sean.
Esas serán las preocupaciones, esas son las preocupaciones de los
ayuntamientos, y estamos convencidos de que la medida de las redes, aun teniendo la importancia que tiene, está ocupando en este momento el segundo plano en las inquietudes de todos los munícipes.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a abrir un turno, por si alguien quiere utilizarlo, para el punto 6º del orden día, que dejó cerrado el señor Canet, aunque no los demás portavoces. Por tanto, como enmendante, ¿quiere intervenir el
Grupo Socialista? (Asentimiento.) Señor Seco.
El señor SECO REVILLA: Voy a intervenir muy brevemente para explicar el alcance de la enmienda y para evitar que desde el Grupo Popular se me reproche la falta de creatividad literaria en el contenido y el desarrollo de la enmienda. La
enmienda hace una adecuación terminológica, sustituyendo las expresiones software libre y programación libre por aplicaciones de fuentes abiertas, que es lo más adecuado a la ley, a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, la Ley 11/2007. Se ha hecho también una adecuación a la Ley de Contratos del Sector Público y a la Ley de medidas de impulso a la sociedad de la información, Leyes 30/2007 y 56/2007. Se ha afirmado la conveniencia de que la
Administración General del Estado favorezca las actuaciones de compartir, reutilizar y colaborar en las aplicaciones de las que sea titular con las demás administraciones públicas y con los ciudadanos, fundamentalmente a través de la publicación del
código de las aplicaciones que declaren como fuentes abiertas en el directorio correspondiente, que en el ámbito de la Administración del Estado es el Centro de Transferencia de Tecnología. Y por último, poner en valor la labor que viene
desarrollando el Cenatic, que en colaboración con los centros autonómicos de referencia difunde las aplicaciones declaradas como fuentes abiertas, así como el asesoramiento adecuado para la liberación de software y conocimiento.
Quiero poner en evidencia al Grupo Popular, desde mi punto de vista, por haber bloqueado la toma en consideración de la transaccional que no tenía más fin que el de afianzar la garantía de uso de las lenguas oficiales del Estado en las
relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con la Administración General del Estado. No sé si es esto lo que verdaderamente molesta al Grupo Popular o si lo que quiere, en definitiva, es poner en valor las pocas posibilidades de
desarrollo que en el mundo del software de licencia propietaria tienen las lenguas minorizadas, las lenguas propias de las comunidades autónomas. Quizá es esto lo que les haya hecho rechazar la enmienda transaccional, porque si no, no tiene ningún
otro sentido. Podría ser en todo caso que igual lo que verdaderamente quiere es defender a los titulares, a los propietarios de software de licencia propietaria en lugar de a los de fuentes abiertas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular el señor Merino tiene la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Intervengo con muchísima brevedad porque prácticamente no lo iba a hacer, pero la verdad es que el portavoz socialista me ha recordado a un famoso entrenador de fútbol que todo el rato preguntaba por qué, por qué, por
qué. Pues yo voy a responder al portavoz del Grupo Socialista: porque lo que pide esta proposición no de ley está resuelto por la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la Ley 11/2007. Por eso mismo. Lo que
recomiendo al portavoz del Grupo Socialista es que se lea la ley que ha hecho su propio Gobierno, el Gobierno socialista. Por eso nos oponemos a la transacción y a esta
proposición no de ley, porque es un asunto que está resuelto por el Gobierno del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. ¿Quieren que demos un par de minutos o están todos presentes? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación del punto 1.º, proposición no de ley sobre reducción de los gastos en publicidad
en las actuaciones del Gobierno, del Grupo de CiU, en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al punto 2.º, proposición sobre austeridad y racionalización de las administraciones públicas, del Grupo Parlamentario Mixto, en los términos de la autoenmienda de la propia proponente, que rechazó la presentada. (El señor Merino
Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Merino.
El señor MERINO MUÑOZ: Pedimos votación separada de los dos puntos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien se opone a esa votación? (El señor Tardà i Coma pide la palabra.) Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Nos oponemos.
El señor PRESIDENTE: Se votará entonces en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 3.º, proposición sobre movilidad de funcionarios. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 4.º, proposición sobre convenios entre la Administración penitenciaria y la Administración local, en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 5.º, proposición sobre cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en asuntos relacionados con la Unión Europea, con la enmienda aceptada del Partido Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 6.º, proposición sobre implantación del software libre en la Administración General del Estado, en los términos de la enmienda presentada por el Partido Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Último punto, proposición sobre impulso de políticas para facilitar la creación y adhesión a redes de ciudades, que se vota en sus términos, pues no se presentó enmienda alguna.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las cuatro de la tarde.