CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 735

SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GASPAR LLAMAZARES TRIGO

Sesión núm. 41

celebrada el martes, 15 de marzo de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria general de Política Social y Consumo (Martínez Lozano), para informar sobre:


- Los acuerdos del último Consejo Territorial de Dependencia. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001343.) ... (Página 2)


- Las líneas generales de actuación en materia de política social de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001430.) ... (Página 2)


- Las previsiones de su departamento ante la situación económica e institucional de la ONCE, en su calidad de autoridad de tutela, en virtud del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000886.) ... (Página 2)

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- Las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros del pasado 26 de febrero de 2010 en materia de exclusión social. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001024.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- La utilización del salón de actos de la Dirección Territorial del Imserso en Melilla, para un acto de partido (Juventudes Socialistas de Melilla). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
212/001075.) ... (Página 2)


- La supresión de la retroactividad de pago de prestaciones de dependencia. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/001083.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- La incorporación al sistema, el 1 de enero de 2011, de las personas en situación de dependencia valoradas en grado I nivel II. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001007.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas -mayoría aplastante, por eso me referiré a diputadas más que a diputados-, da comienzo la sesión. El orden del día de la sesión de hoy es un orden del día monográfico: comparecencia de la secretaria
general de Política Social y Consumo, doña Isabel María Martínez Lozano. Como saben ustedes, hemos acumulado prácticamente todas las comparecencias que teníamos pendientes en materia social: en primer lugar, sobre acuerdos del último Consejo
Territorial de Dependencia; en segundo lugar, sobre líneas generales de actuación en materia de política social de su departamento; en tercer lugar, sobre la situación económica e institucional de la ONCE; en cuarto lugar, para que informe sobre
las decisiones adoptadas en Consejo de Ministros en materia de exclusión social; también para que explique la utilización del salón de actos de la Dirección Territorial del Imserso en Melilla; para informar sobre la supresión de la retroactividad
de pago de prestaciones de dependencia y, por otro lado, se ha agregado -porque se pedía la comparecencia de la ministra de Sanidad, Política Social y Consumo pero Convergencia i Unió ha asumido que se incorpore a esta comparecencia- la relativa a
explicar la incorporación al sistema el 1 de enero de 2011 de las personas en situación de dependencia valoradas de grado I, nivel 2.
Esas son las materias de la comparecencia, además de la comparecencia a petición propia para explicar las
prioridades de su departamento.



Tiene la palabra la secretaria general de Política Social y Consumo, pero antes quiero decirles que voy a mantener la tradición de esta Comisión, que es la flexibilidad en los tiempos. Hemos empezado tarde y por tanto tenernos menos tiempo,
pero tendrán en torno a veinte minutos de intervención cada grupo parlamentario, con flexibilidad. Por supuesto, no hay limitación de tiempo para la secretaria general. Tiene usted la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO (Martínez Lozano): Ante todo, quiero decirles que es para mí un honor poder comparecer como secretaria general de Política Social y Consumo en esta Comisión. Voy a exponerles la
líneas prioritarias del departamento desde mi incorporación al cargo y, como digo, agradezco esta oportunidad que me dan de explicarlas en sede parlamentaria, y también, como ha dicho el presidente, aprovechare para darles información sobre temas en
relación con los cuales ustedes habían presentado reiteradas peticiones de comparecencia. Por eso, pido disculpas si en esta primera intervención me alargo en exceso.



Quiero que sepan que pueden contar con mi colaboración para debatir con ustedes en esta Comisión sobre lo que consideren oportuno y me gustaría, como ocurre en otros ámbitos institucionales de cooperación, que podamos alcanzar cuanto
consensos sean necesarios en interés de las políticas que nos preocupan a todos, las políticas sociales, las políticas que se ocupan de las personas, las políticas destinadas a mejorar la vida real y cotidiana de la gente. Este debe ser el
verdadero sentido del trabajo que nos compete desarrollar ahora y, si cabe, más aún en esta última fase de la legislatura y en un contexto socioeconómico especialmente complejo. Si tuviera que resumir en una frase el sentido de esta comparecencia
lo haría en ese sentido. Si las políticas sociales son la garantía de la igualdad de oportunidades y del bienestar de las personas, estas requieren el máximo compromiso y un esfuerzo conjunto.



El Estado del bienestar es un logro colectivo de toda la sociedad española, forma parte de nuestro patrimonio


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y ha conseguido hacer más fuerte nuestra sociedad y añadir una alta dosis de dignidad a la vida de millones de personas. Por eso por parte de esta secretaría general no se van a escatimar esfuerzos para poder garantizar y preservar ese
patrimonio que es posible y que garantiza la mejor sociedad posible. Estoy segura de que para este fin, y por encima de legítimas diferencias políticas, vamos a poder seguir contando con la colaboración de todas las instituciones y de las
administraciones públicas implicadas en el desarrollo e implementación de las políticas sociales. En este sentido, a lo largo de los meses que llevo en este puesto nos hemos esforzado mucho por garantizar los máximos niveles de cooperación y de
participación con el objetivo de alentar el consenso y la colaboración también con la sociedad civil. Hemos celebrado ya las conferencias sectoriales de todos los ámbitos que afectan a esta secretaría general, llegando a importantes acuerdos con
las comunidades autónomas, la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas y la Sectorial de Consumo.
Igualmente hemos
convocado y celebrado ya todos los órganos consultivos y de participación social, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el Consejo de Personas Mayores, el Consejo de ONG de Acción Social, el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo Consultivo
de Adopción Internacional y el Observatorio de la infancia.



Como ustedes saben, todos los esfuerzos de este Gobierno están puestos en la recuperación económica y en la creación de empleo. Tenemos que salir pronto de esta crisis y para ello estamos poniendo una gran dosis de responsabilidad y
determinación en la reforma que estamos abordando. Pero señorías hay muchas maneras de salir de la crisis y, siendo conscientes de que no todo crecimiento genera bienestar y desarrollo, creo imprescindible trabajar por una salida social de la
crisis para no dejar a nadie atrás, para que esta crisis no aumente la brecha de desigualdad en nuestra sociedad y el crecimiento no sea a costa de perder en cohesión social. Considero que por encima de cualquier receta de superación de la crisis
tenemos que ser conscientes de que la cohesión social no sólo es una meta, la cohesión social y la erradicación de la pobreza son también un medio para la recuperación, la cohesión y el bienestar social tienen que estar estrechamente ligados al
crecimiento económico. Porque como se ha dicho tantas veces, las políticas sociales no son un gasto, son una inversión en capital humano dando más oportunidades a más personas, oportunidades de contribuir con su trabajo y su realización personal al
progreso de nuestro país. Este es un objetivo irrenunciable, como bien explicó el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Pleno de esta Cámara hace escasas semanas. Hay que seguir apostando plena y decididamente por los valores del
Estado social y por su solidez y por eso el Gobierno va a centrar su empeño en la recuperación económica y lo va a hacer desarrollando al mismo tiempo una nueva agenda social que afronte decididamente los retos de futuro: el empleo, la formación,
la educación y los retos demográficos del envejecimiento.



Nuestra primera tarea, por tanto, es consolidar todos los avances logrados, incluidos los importantes progresos conseguidos en los últimos años tras leyes como la Ley de Autonomía Personal, la Ley de Igualdad o la Ley Integral contra la
Violencia de Género. Como ya anunció la ministra en su primera comparecencia, tengan por seguro que no vamos a dejar que esta crisis ponga en peligro ninguna de las políticas sociales del Estado del bienestar. Para ello, en primer lugar es
importante destacar el mantenimiento del grueso del gasto social a pesar de los reajustes necesarios por la política de ajuste presupuestario y reducción del déficit público; un gasto señorías que va más allá de las líneas estrictamente propias de
la secretaría general que tengo el honor de ocupar porque abarca un conjunto amplio de políticas que contribuyen a la cohesión social y amplía las políticas familiares, que van desde el ámbito energético con la creación del bono social, hasta la
educación con el incremento de las becas, las prestaciones para las personas que han agotado la prestación por desempleo y en general todas las políticas de inclusión y protección social.



Es importante que tengamos en cuenta que ni las antiguas ni las nuevas prestaciones económicas que se han conseguido legalmente en los últimos años se han visto afectadas por la política de austeridad que estamos viviendo: prestación de
maternidad no contributiva, permiso de paternidad, prestaciones económicas a las víctimas de violencia, prestación por dependencia, renta mínima de emancipación, entre otras. Es importante recordarlo porque esa no es la opción que se ha tomado por
otros gobiernos europeos ante idéntica situación; todas y todos sabemos que otros han optado por eliminar la financiación de algunos programas sociales muy emblemáticos, como las becas o las ayudas al alquiler de los colectivos con más
dificultades. Y es importante tenerlo en cuenta porque esta crisis, que constituye un gran desafío, también nos ha puesto de manifiesto algunas nuevas realidades que no podemos pasar por alto, como son la dimensión internacional y el alcance
mundial de los efectos de las decisiones políticas, sociales y económicas que adoptan los gobiernos, y que en nuestro caso deben adoptarse en un contexto estratégico común más amplio, con nuestros socios europeos. En este marco se sitúa la
iniciativa europea contra la pobreza y la exclusión social, encuadrada en la estrategia europea 2020, que en un contexto socioeconómico de crisis global ha supuesto sin duda un reto decisivo para el área europea y para sus Estados miembros. España,
en su Presidencia europea, contribuyó decisivamente al establecimiento de este objetivo, cuantificando la reducción de la pobreza y la exclusión social. Este objetivo forma parte de la estrategia 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador y se concreta con el desarrollo de los programas nacionales de reforma que todos los países de la Unión Europea estamos elaborando


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en estos momentos. En esa dirección, el primer borrador de nuestro programa nacional de reformas contempla medidas concretas respecto a algunos objetivos prioritarios en materia de política social que van a ser los ejes respecto a los
cuáles vamos a armar nuestras políticas sectoriales en materia social.



Sobre la base de las reflexiones que lancé al comienzo relativas a la necesidad de utilizar la política social como inversión individual y colectiva, para alcanzar nuestros objetivos nacionales de reducción de la pobreza y garantizar la
inclusión social consideramos fundamental apoyarnos en el crecimiento del empleo, en la mejora de la educación y en la política de servicios. Así durante este año vamos a elaborar un nuevo plan de acción para la inclusión social basado en este
programa nacional de reformas.



Señorías, estamos convencidos de que una de las herramientas clave para desarrollar estas medidas es el avance, la implantación y el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. En la coyuntura
laboral en la que nos encontramos, quiero resaltar lo que ha supuesto la implantación de esta ley como generadora de empleo y porque sigue siendo una puesta clara de actividad económica y laboral además de su impacto en materia equidad y justicia
social.
Siguiendo con este ámbito de la dependencia, lo más importante es que tienen que tener claro que las prestaciones por dependencia están garantizadas y el calendario de implantación, a pesar de la crisis, se está ejecutando conforme a lo
previsto. Esto no significa que no haya dificultades, aunque tengo que decirles que la coordinación y la cooperación están siendo de utilidad para superar estos problemas, y sólo cuando no encontramos los suficientes mecanismos de cooperación y
coordinación es cuando los problemas realmente se hacen difíciles de superar. En todo caso creo que podemos hacer un balance positivo fruto en buena medida de esa colaboración interinstitucional y justo es también reconocerlo. El mayor éxito de
esta ley a día de hoy es que con fecha a 1 de marzo de 2011, hemos llegado a las 696.366 personas beneficiarias que reciben las prestaciones y servicios, y la valoración de estas personas sobre estas prestaciones que reciben es muy alta. Somos
conscientes de que es necesario intensificar los procesos de reconocimiento y concesión de la prestación porque hay todavía muchas personas que esperan una prestación que necesitan y a la que tienen derecho, y tenemos que avanzar en la aplicación de
la ley para reducir los tiempos en todas las comunidades autónomas, especialmente en las que más tiempo de demora presentan. Como saben, el Gobierno reguló en el mes de mayo por real decreto la obligación de que el tiempo máximo entre la solicitud
y el reconocimiento de la prestación o servicio fuera de seis meses; desde entonces estamos trabajando con las comunidades autónomas para que este derecho sea garantizado en ese tiempo.



Señorías, yo soy consciente de que este es un tema que les preocupa especialmente, les puedo asegurar que el Gobierno está desarrollando toda la actividad necesaria para ejecutar este mandato legal que reconoce unos derechos específicos a
todos los ciudadanos y ciudadanas en situación de dependencia. Aprovecho, en este sentido, para responder a dos de las peticiones de los grupos relativas a la información sobre los acuerdos de las últimas reuniones de Consejo Interterritorial del
Sistema de Atención a la Dependencia y para explicarles la incorporación al sistema el 1 de enero del 2011 de las personas en situación de dependencia valoradas en grado I y nivel 2 como consecuencia del desarrollo del calendario de aplicación de la
ley. En primer lugar, y para hacer un relato completo de todo este trabajo colectivo, el consejo interterritorial celebrado el 28 de octubre de 2010 acordó los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe
de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I o la llamada dependencia moderada, estableciendo como criterio de actuación preferente la prevención del agravamiento. Sobre esta base se aprobaron
dos tipos de prestaciones, la de carácter económico, prestación económica para el cuidado en el entorno familiar, y la prestación económica vinculada al servicio, así como cuatro prestaciones de servicios: el servicio de promoción de la autonomía
personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de centro de día y de noche, acordándose a continuación la cuantía de las prestaciones económicas y la intensidad de cada uno de estos servicios en función del contenido prestacional de cada uno de
los servicios asistenciales y por la extensión o duración del mismo según grado y nivel de dependencia. En el caso de los servicios relacionados con la promoción de la autonomía personal se acordó encargar a la comisión delegada del Consejo
Territorial del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia la determinación del contenido de este tipo de servicios, que se ha acordado ya, de hecho, por un acuerdo alcanzado el 26 de enero del año 2011, hace apenas dos meses. Finalmente
en el consejo interterritorial de diciembre de 2010 se acordó con las comunidades autónomas el nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para las personas con dependencia moderada, grado I, nivel 2. Igualmente
se pactaron las cuantías tanto del nivel mínimo como de las prestaciones económicas para todos los grados y niveles en vigor. Además, durante la reunión se entregó a los consejeros y consejeras un borrador de Real Decreto sobre los centros,
servicios y programas de referencia estatal en el Sistema para la autonomía y atención a dependencia que debe servir, nos debe servir a todos, para impulsar la innovación, la investigación, el estudio y el desarrollo de buenas prácticas para el
futuro.
Finalmente, y como colofón de estos acuerdos, el Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, ha introducido estos acuerdos en el marco reglamentario y debo destacar como principales características lo siguiente: el real


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decreto establece una intensidad de los servicios adecuada a las necesidades de las personas en situación de dependencia. La norma prima los servicios frente a las prestaciones económicas en la medida en que a través de los servicios
podemos impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y dentro de los servicios se apuesta fuertemente por la prevención y por los servicios de promoción de la autonomía personal para evitar el avance de la situación de dependencia
precisamente en los primeros momentos de su aparición. Por otro lado, conforme vamos desarrollando la ley de dependencia vamos encontrando que es necesario abrir nuevas vías de trabajo puesto que se trata de una labor constante de coordinación. Y
en este sentido tenemos interés en avanzar en colaboración con las comunidades autónomas en temas como la prevención de la dependencia, la atención integral a niños y niñas o la coordinación sociosanitaria.



Como ustedes saben, la ley establece en su disposición adicional primera que, transcurridos tres años, el consejo territorial deberá hacer una evaluación de la misma y en esa evaluación estamos también trabajando.
Estamos analizando con
todo rigor la aplicación del sistema que nos tiene que ofrecer un acuerdo y un adecuado diagnóstico. Además, estamos desarrollando el acuerdo del consejo territorial sobre información estadística y mejorando los indicadores con el objeto de poder
hacer un análisis de la realidad más riguroso y que este análisis nos permita la asignación de recursos de manera más eficiente. Es una evaluación compleja y, por eso, queremos contar con todos los actores implicados, incluso con la valoración de
los propios beneficiarios del sistema.
Queremos aportar, no solo el grado de cumplimiento en cuanto a número de personas reconocidas sino además otros aspectos importantes de la ley como la sostenibilidad del sistema, el impacto en las políticas de
bienestar y en la creación de empleo. En definitiva creemos que hemos avanzado mucho en la puesta en marcha del sistema y su desarrollo, garantizando la valoración con instrumentos comunes, como el propio baremo que ya tienen todas las comunidades
autónomas y que se hace de una manera coordinada y común, y también hemos avanzado en la formación de los profesionales, trabajando con criterios uniformes desde el consejo territorial, criterios uniformes para garantizar servicios de calidad,
adaptándose a las necesidades de las personas según su grado y nivel.



Ahora creemos que es el momento de seguir trabajando, aprovechando las oportunidades de reflexión que nos brinda la evaluación con el objetivo de agilizar los procedimientos para atender antes a las personas, avanzar aún más en la calidad de
la atención en colaboración con los agentes sociales y las organizaciones y promover procesos de armonización del conjunto del sistema para garantizar la equidad en el disfrute del derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de
donde vivan.



Relacionada directamente con esta área de la dependencia, y ligada a las políticas de mayores, otra de las actuaciones clave de esta secretaría general será la promoción del envejecimiento activo y saludable. Acerca de su impacto y sus
efectos positivos contamos con la experiencia de veinticinco años de los programas de vacaciones y termalismo. Este es un programa muy importante para el ministerio y para el Gobierno, no solo por lo que supone de mejora en la calidad de vida de
las personas mayores en situación de dependencia que se benefician de él, sino también por el importante impacto que tiene en la creación y el mantenimiento del empleo. Hemos calculado que por cada 100 millones de euros que invierte el Estado se
generan 500 millones en beneficios, a modo de ejemplo se puede decir que en 2009 se crearon y mantuvieron 122.000 empleos ligados a los programas de vacaciones del Imserso. El éxito de este programa, del que, como decía, celebraremos este mes su
25º aniversario, nos ha convencido de la necesidad de abordar nuevas actuaciones para fomentar un envejecimiento activo y saludable, y a través del Imserso estamos llevando a cabo un profundo ejercicio de reflexión en torno al Libro Blanco del
envejecimiento activo, que estamos debatiendo en estos momentos con el Consejo Estatal de Mayores y sus organizaciones, pero también con organizaciones de profesionales, con empresas y administraciones públicas, con otros ministerios del Gobierno,
con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Queremos que se conozca mejor la realidad de las personas mayores, ofrecer propuestas de mejora de su calidad de vida y poner en valor ante la sociedad las oportunidades y el
envejecimiento y la importante aportación que las personas mayores pueden hacer al conjunto de la sociedad porque ese nuevo concepto de envejecimiento incluye elementos de potenciación de la participación directa y efectiva de las personas mayores a
través de figuras como el voluntariado, la colaboración, para que la sociedad pueda beneficiarse de toda su experiencia y conocimiento acumulado a lo largo de toda la vida. Se trata, según ha aconsejado la Organización Mundial de la Salud, de
favorecer a lo largo de la vida de manera equilibrada la formación, el ocio y la ocupación. Este libro blanco se publicará definitivamente a finales de año, antes de iniciar en 2012 el Año Europeo de Envejecimiento Activo.



Como les había señalado, entre los objetivos compartidos con nuestros socios europeos está la reducción de las personas que están en riesgo de pobreza, y una de las actuaciones estratégicas es potenciar las oportunidades de colectivos
vulnerables. Uno de ellos, sin duda, es el de las personas con discapacidad. Esta percepción de la política social como creadora de empleo y desarrollo económico también la podemos encontrar en relación a las personas con discapacidad y va a ser
una línea en la que pensamos profundizar en colaboración con las organizaciones de la discapacidad, así que desde que hemos puesto en marcha la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad se han producido


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importantes avances en el empleo ordinario de estas personas. Y este año, a pesar de la crisis económica, el empleo de las personas con discapacidad ha aumentado en un 20 por ciento, se han generado más de 60.000 nuevos empleos en 2010 para
personas con discapacidad. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia). Hemos asumido el nuevo paradigma de la discapacidad como una cuestión de derechos y de hecho se encuentra en esta Cámara el proyecto de ley de adaptación
de ordenamiento a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, contaremos con un nuevo real decreto que aprobaremos de manera inminente sobre el voto accesible, para la participación de las personas
con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. Esperemos que esté en vigor en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Como anunció la ministra, otra de las iniciativas que vamos a llevar a cabo a lo largo de 2011 se
refiere a ámbitos sectoriales poco desarrollados desde la perspectiva de la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Me refiero a una actuación con respecto a los juguetes accesibles para toda la infancia, que haremos en colaboración
con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, e igualmente vamos a promover una estrategia cultural para hacer accesibles los espacios y productos culturales a las personas con discapacidad. Esperemos tener estas estrategias aprobadas antes
del verano.



Señorías, quisiera igualmente informarles de que por decisión propia y para seguir mostrando internacionalmente el compromiso de nuestro país con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, España va a pasar el examen
de revisión del cumplimiento de la convención ante el comité de Naciones Unidas durante el próximo período de sesiones, en octubre, siendo el segundo país en hacerlo y el primero de la Unión Europea según las previsiones comunicadas por Naciones
Unidas. Respecto a las políticas de la infancia, el trabajo de los próximos meses va a girar en torno a dos cuestiones básicas. En primer lugar, como ustedes saben, la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor ha sido
objeto de análisis por parte de una Comisión en el Senado con el objeto de revisar las medidas de protección a la infancia y, en general, dar un impulso de renovación a esta norma que ha sido tan importante en los últimos años. En este mismo
sentido, el reciente informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en España, en septiembre del 2010, también realiza algunas recomendaciones en esta dirección y, por lo
tanto, uno de los objetivos inmediatos de mi trabajo va a ser elaborar, junto con el Ministerio de Justicia, un anteproyecto de reforma de la Ley orgánica de protección jurídica del menor, que incluye modificaciones en la legislación civil en
materia de infancia para desarrollar los acuerdos de la Comisión del Senado y asumir las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, introduciendo mejoras respecto a la situación de riesgo y desamparo en la figura del acogimiento residencial,
el acogimiento familiar, priorizándose y potenciándose este último, y demás medidas protectoras con el objeto de garantizar el interés superior del menor, siempre y en todo caso a través de mayores y mejores mecanismos de prevención, de detección y
seguimiento de las indicadas situaciones de riesgo y de desamparo. En este proceso ya hemos iniciado el trabajo de cooperación con las comunidades autónomas para identificar los aspectos que pueden ser objeto de trabajo de esta reforma.



El segundo eje de trabajo en materia de infancia se refiere a las herramientas de planificación. En este ámbito quiero destacar la importancia del segundo Penia o Plan estratégico de infancia y adolescencia, que constituye un gran esfuerzo
de colaboración en el marco del Observatorio de infancia y que quisiéramos tener listo para el mes de julio. El fundamento del mismo es la cooperación y la colaboración interadministrativa, conviviendo con otros planes estatales y locales, que
garanticen el equilibrio y la igualdad en la defensa y aplicación de los derechos de la infancia y adolescencia dando respuestas a los nuevos retos que se plantean en relación con su bienestar. Se tendrá también especial consideración a las
recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño.



La otra gran herramienta de planificación se refiere al III Plan de lucha contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia que se ha consensuado en el marco del Observatorio de la infancia, en la última reunión del pleno del
observatorio del mes de diciembre de 2010, y que queremos conectar con el Plan de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, para ofrecer herramientas específicas en el tratamiento de los menores víctimas así como potenciar la
persecución de este delito, entre otros medios, gracias a las recientes modificaciones del Código Penal y la inclusión del artículo 177 bis. Su objetivo es prevenir y luchar contra el abuso y la explotación sexual de la infancia y la adolescencia,
la trata internacional de menores para los fines de la venta de niños, la prostitución y su utilización en la pornografía. Por otra parte, mantenemos también la línea de colaboración con las corporaciones locales, comunidades autónomas, movimiento
asociativo y aspectos en materia de parentalidad positiva para apoyar a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades parentales en la línea de las recomendaciones del Consejo de Europa.



Señorías, aunque esta comparecencia a petición propia lo era con el objeto de exponer las líneas generales en materia de política social, como saben, dentro de mis competencias también se encuentran las referidas a consumo. En este ámbito,
y aunque quedó a disposición de sus señorías para una comparecencia monográfica si lo consideran oportuno, quiero trasladarles que para mí la garantía de los derechos del consumidor forma parte de los derechos sociales, económicos y culturales, como
garantía de un ejercicio pleno de la ciudadanía, que no


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solo tiene que controlar y poner límites al poder público sino también a determinados poderes privados que pueden afectar y limitar seriamente la libertad y los derechos de los individuos. En estos días, que celebramos el 25º aniversario de
la creación del Instituto de Consumo, y justo hoy 15 de marzo, Día Internacional del Consumidor, les puedo adelantar que vamos a presentar ya una iniciativa legislativa a la que le vamos a dar una gran importancia, es la denominada ley de servicio
de atención al cliente, la ley SAC. Nuestra intención es llevarla en fase de anteproyecto al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Con esta ley se pretende garantizar el derecho de los consumidores frente a los servicios de atención al
cliente de bienes de interés general. Se pretende garantizar que estos servicios sean gratuitos y que, más allá de disponer de servicios de atención telefónica, se pueda disponer de una información personalizada cuando así se decida por el cliente.



Por otro lado, como igualmente saben, la Secretaría General de Política Social también incluye la delegación para el Plan nacional sobre drogas.
Al igual que les decía en el caso de las políticas de protección al consumidor, quedo a su
disposición para abordar de manera monográfica esta cuestión. En todo caso sí quiero adelantarles la intención de continuar con las grandes líneas de intervención basadas en la prevención a través de la sensibilización y la información y por
supuesto a través del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito.



Sabemos la preocupación social sobre el consumo de alcohol en menores y esta va a ser en los próximos meses una de las líneas de acción prioritarias para la delegación en materia de prevención y de concienciación.



Y a continuación voy a pasar a responderles con mucho gusto a otras peticiones de comparecencia que han solicitado ustedes. Espero que les parezca adecuado seguir el orden cronológico de la presentación de estas cuestiones.



En cuánto a las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros el pasado 26 de febrero de 2010 en materia de exclusión social, como saben ustedes el Gobierno aprobó un plan extraordinario de fomento de la inclusión social y la lucha contra la
pobreza durante la celebración de ese Consejo de Ministros. El objetivo principal de este plan era fortalecer la atención directa a las personas en riesgo de exclusión social a consecuencia de la crisis, impulsando al mismo tiempo el desarrollo del
tercer sector en España. Para poder cumplir ese objetivo de potenciar la atención directa en primer lugar se preveían una serie de acciones para dotar de mayores recursos a los ayuntamientos. En este sentido el Fondo estatal para el empleo y la
sostenibilidad permitía utilizar hasta un 20 por ciento de este fondo en gasto social municipal, que ha supuesto algo más de 730 millones de euros a las corporaciones locales para iniciativas sociales.
Además es necesario recordar los 1.200
millones de euros adicionales que se han dado a los ayuntamientos para este tipo de políticas a través de los fondos de participación en los ingresos del Estado. En segundo lugar, se establecían medidas para incrementar los recursos para la
atención a personas en riesgo de exclusión social a través de las oenegés, lo que se está llevando a cabo por medio del incremento hasta el 0,7 por ciento del IRPF así como el apoyo a las iniciativas en el marco de los programas del Fondo social
europeo. Me gustaría destacar en este ámbito que estos programas generan más de 6.380 empleos y movilizan una base de voluntariado de alrededor de 24.000 personas. Además el acuerdo del Consejo de Ministros se refería al desarrollo e impulso del
tercer sector en España, para lo que será fundamental el trabajo relacionado con la Ley de Economía Social que el Gobierno remitió en verano a las Cortes y que la semana pasada ha sido aprobado ya en el Senado. En este sentido debemos apostar, como
lo han hecho los distintos grupos parlamentarios del Senado a través de una enmienda presentada la semana pasada, por avanzar hacia la adopción de medidas que favorezcan la participación del tercer sector en la actividad económica y social.



Otro compromiso que establecía el plan era la aprobación de una estrategia específica para la inclusión de la población gitana, que fue aprobada el 9 de abril de 2010 y por la que hemos sido felicitados por varias instituciones
internacionales.



Hay otra comparecencia solicitada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que pide información sobre la situación institucional de la ONCE como entidad tutelada por el Estado. En este sentido
decirles que la ONCE se encuentra en una situación de normalidad institucional, muestra de ello es que hoy celebran sus elecciones periódicas. En cuánto a sus resultados de explotación en el ejercicio 2010 se ha constatado una mejora sensible en
comparación con el mismo período de 2009, con una reducción de costes que ha compensado la disminución de ingresos acaecidos en el ejercicio. Desde el mes de mayo del pasado año la incorporación del producto Super ONCE en la modalidad de juego
activo ha incrementado sus ventas globales de tal forma que se ha modificado la tendencia decreciente que venía arrastrando esa modalidad, y a pesar de todo esto lo más importante dentro de su función social es que en 2010 la ONCE y su Fundación han
creado entorno a 6.000 empleos nuevos para personas con discapacidad. Por otro lado, el Gobierno, en coherencia con la línea seguida de reconocimiento de la labor social y solidaria de la ONCE y de apoyo a su viabilidad futura, está llevando a cabo
una serie de medidas tendentes a garantizar la singularidad del modelo y su seguridad jurídica para su principal fuente de financiación que es el juego.



Por último quisiera contestar a la cuestión planteada por el Grupo Popular acerca del hipotético uso partidario de un local del Imserso en Melilla.
Me gustaría aclarar que, dada la escasez de espacios públicos y gratuitos para el desarrollo
de encuentros en esta ciudad autónoma, el


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uso de este salón de actos del Imserso está a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de Melilla y las organizaciones en las que se integran. Puesto que el espacio es idóneo para poder llevar a cabo este tipo de actividades previa
solicitud, hasta el momento no se ha negado nunca el uso a ningún grupo, asociación o entidad que lo haya solicitado.
Así durante los últimos años ha sido utilizada por el CERMI, por Aspanies-Feaps Melilla, organizando diversos encuentros de
voluntariado, para actividades divulgativas para personas mayores, y ha sido también utilizado por otras entidades independientes del ámbito privado, como la obra social de la Caixa, colegios profesionales, el Colegio de Psicólogos de Melilla,
etcétera. Eso, ligado a la idea de que en ningún caso a ninguna entidad se le ha negado el uso, puede dar idea de la normalidad con la que se presta este salón de actos.



Aunque he intentado dar respuesta a cada una de las comparecencias que me han solicitado los distintos grupos parlamentarios, si desean más detalles de estas cuestiones, estaré encantada de poder responderles a continuación.



Señorías, concluyo ya. Igualdad, bienestar, cohesión social, equidad, movilidad social, oportunidades, protección, son conceptos sin los cuales no podríamos pensar en nuestra sociedad. El reto hoy es mantener esos conceptos vivos y llenos
de significados y para ello la acción pública debe comprometerse con ellos. El horizonte es el mismo, construir una sociedad más igualitaria, con más oportunidades para todos y todas, en la que los débiles tengan acceso real y efectivo a ejercer
sus derechos.
Pero los medios y técnicas para alcanzar ese objetivo no tienen por qué mantenerse sin cambios. Para mantener el vigor de la red de seguridad que constituye el Estado social debemos reavivar y complementar el enfoque de las políticas
de protección. El enfoque tradicional se ha basado en reparar y en compensar los males derivados de los riesgos sociales, la enfermedad, la vejez o el desempleo. Las políticas sociales se han proyectado tradicionalmente como respuesta a los
problemas sociales; iban, por así decirlo, por detrás de las necesidades. Hoy el planteamiento tiene que ser más anticipatorio. Hay que prevenir antes que reparar. Hay que preparar a las personas para que puedan evitar riesgos.
Este es un
enfoque que también queremos ir incorporando a las políticas públicas para prevenir la exclusión social y pobreza. De este modo hay que promover, por ejemplo, políticas activas en el empleo mediante la formación y la promoción de la empleabilidad
de las personas que buscan un trabajo, políticas de salud pública que pongan el acento en la prevención, políticas de lo que denominamos ahora envejecimiento activo que fortalecen la autonomía y la autoestima de los mayores. El objetivo, como
siempre, tiene que ser capacitar a las personas para que puedan hacer uso pleno de su libertad y autonomía y ofrecer oportunidades de bienestar para todos y para todas.



Sin más, señorías, ha sido un placer comparecer en esta Comisión y quedo a disposición para entrar en conversación respecto a los temas que consideren oportunos.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Es el turno de los portavoces.
Tiene la palabra el señor Llamazares por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora secretaria general. Nuestro grupo parlamentario tiene la intención de intervenir -no es frecuente esta intervención- en esta comparecencia porque nos parece un momento muy importante para fijar
una posición sobre las políticas sociales del Gobierno y sobre todo para elaborar y presentar una serie de preguntas en relación a las mismas.



Con respecto a la intervención de la señora secretaria general, nosotros podemos coincidir en la necesidad de una salida social a la crisis, en eso coincidimos, no tanto en las medidas que adopta el Gobierno para esa salida social, y también
podemos coincidir en su apuesta por la consolidación del Estado del bienestar; habría que decir por la consolidación de un estado del bienestar precario, como es el que tiene nuestro país, o del medio estar. Pero en todo caso también podemos
coincidir. Incluso podríamos coincidir en la afirmación de la necesidad de pasar de una estrategia puramente reparadora a una estrategia de carácter preventivo, pero no se olvide, señora secretaria general, que igual que en sanidad más que los usos
y costumbres individuales son los determinantes sociales los que influyen de manera prioritaria sobre el modo de enfermar, son esos determinantes sociales los que influyen también de manera muy importante en las situaciones sociales de nuestro país.
Nosotros en ese sentido discrepamos con respecto a la situación.
Hemos tenido la oportunidad de discutir recientemente sobre la situación social del país. Yo la veo mucho más negra que ustedes. Habría que decir que partimos de una sociedad muy
desigual, donde hay una gran disparidad de rentas y una debilidad muy importante de las políticas fiscales y de las políticas sociales, y por tanto con un nivel alto de pobreza, por ejemplo, en el reciente informe de Naciones Unidas el nivel de
pobreza infantil es muy alto el 24 por ciento. Parece un dato alarmante, entre el 23 y 24 por ciento de pobreza infantil, superior en 3 puntos, me parece, a la pobreza en los adultos. También en nuestro país se está produciendo un paro no
solamente muy importante, sino además un paro que se mantiene mucho en el tiempo, con una disminución de las prestaciones de manera lógica con el agotamiento de las mismas y con el recorte de algunas prestaciones o su reorientación a las políticas
activas. Por eso decía antes que preventivo sí, pero no para recortar las políticas reparadoras y, por otra parte, con un importante papel de la precariedad en nuestro país que incide sobre todas


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estas situaciones sociales; es decir, que de alguna manera en condiciones de crisis con pobreza, paro y precariedad hay un riesgo de cohesión, un riesgo para las políticas de cohesión y para la cohesión social en nuestro país que queremos
apuntar. Un riesgo que, en nuestra opinión, hay que abordar, y hay que abordar en particular en estas condiciones.



En tercer lugar, con respecto a la evolución de las políticas sociales, no podemos estar de acuerdo, igual que le dije que en los principios podríamos estar de acuerdo, en eso de que se mantienen las políticas sociales en nuestro país. No
se comparece con los números, hay un recorte social, un recorte de las políticas sociales que en estos momentos se nota, se nota en las políticas de dependencia y se nota en otros programas por los que preguntaré en mi intervención.



Además de ese recorte hay una reorientación, o digamos un riesgo de reorientación de nuestro escaso Estado del bienestar, del Estado del bienestar que reconoce un derecho universal y que pone en marcha unos servicios públicos para
garantizarlo, al Estado puramente asistencial; Estado asistencial basado fundamentalmente en subvenciones de carácter económico, que en mi opinión no sustituyen el papel y la responsabilidad del Estado en materia de políticas sociales. Y lo digo
en relación concreta con respecto a la atención a la dependencia que no solamente tiene un problema presupuestario, que tiene un problema presupuestario -en nuestra opinión no se puede dar más cobertura con menos, es imposible, a no ser que se
reduzcan las prestaciones de esa cobertura-, sino que tiene también un problema de reorientación de la Ley de Atención a la Dependencia. Donde se decía en la Ley de Atención a la Dependencia que era un caso extraordinario el apoyo de carácter
económico, en este caso la Ley de Atención a la Dependencia se está convirtiendo en un complemento de rentas de carácter asistencial y no en el desarrollo de servicios públicos de calidad. Eso nos preocupa, nos preocupa gravemente, y por tanto
quiero planteárselo; no es sólo un problema económico, es también un problema político de reorientación de las políticas sociales.



Paso a hacer las preguntas que le había anunciado después de esta introducción. En primer lugar, señora secretaria general, cuál es la valoración de la aplicación del Plan nacional de acción para la inclusión social y, sobre todo, cuáles
serán las perspectivas de elaboración del nuevo plan que ha anunciado teniendo en cuenta los recortes presupuestarios en esta materia. El Plan de inclusión social era 2008-2010, cuáles son las perspectivas para el nuevo plan en un marco de recorte
presupuestario. Segunda cuestión; en relación al Plan concertado cuál es la valoración del Gobierno sobre la respuesta de comunidades autónomas y municipios a la reducción presupuestaria del Plan concertado que ha pasado de una cofinanciación del
26 por ciento en 1988 a apenas un 9,5 por ciento en 2011, es decir, una reducción drástica de la cofinanciación. Paso al capítulo de dependencia y le pregunto por la situación del compromiso alcanzado en la Conferencia interterritorial de
consejeros de Sanidad y Política Social, de 25 de febrero de 2010, que está prácticamente incumplido, de elaborar y presentar en enero de 2011, el Libro Blanco de la coordinación de nuestro sistema sociosanitario y de los servicios sociales en
materia de atención a la dependencia ¿Cuál es la situación de ese libro blanco que en nuestra opinión resulta de la mayor importancia, que estaba comprometido para enero de 2011? Por otra parte, qué valoración hace el Ministerio de que casi la
mitad, el 48 por ciento de las prestaciones del sistema de atención a la dependencia son, como decía antes, prestaciones económicas para cuidados familiares, cuando el texto de la ley establece el carácter excepcional de las prestaciones económicas,
dando preferencia a las prestaciones de servicios, 48 por ciento, no es una anécdota, es prácticamente la mayoría. Qué valoración hace de que tan sólo, lo ha dicho en su intervención, de todas estas prestaciones del sistema de atención a la
dependencia, a prevención y promoción de la autonomía personal se dedica el 1,5 por ciento. Cómo podemos decir que vamos a reorientar el sistema si resulta que solamente el 1,5 por ciento se dedica a un sistema de prevención y promoción de la
autonomía personal. Señora secretaria general, ¿qué pasa con el cumplimiento del acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia, en noviembre de 2009, de objetivos y contenidos comunes de la información en materia de dependencia?, ¿se está
cumpliendo? Si es así, si se está cumpliendo, por qué no se refleja en la información escasísima de estadística mensual que publica el Ministerio con iguales indicadores que los de 2008, con iguales indicadores de cuando no existía esta voluntad
del Gobierno de mejorar la información, lo que impide a los ciudadanos, a los movimientos sociales y a los grupos parlamentarios conocer, tener la información sobre la aplicación de la ley, una información más acabada sobre la aplicación de la ley
y, luego, contribuir a la evaluación a que se ha referido que tiene que tener lugar a lo largo de este años.



En junio de 2007 se anunció por el Ministerio, aquí estoy hablando de otros temas distintos de la dependencia, del catálogo estatal de servicios de discapacidad por parte del servicio de información de discapacidad y el Imserso, sin que
hasta la fecha se haya hecho realidad.
¿Qué pasa con el catálogo, cuál es la situación? Por otra parte, qué pasa con el informe bianual sobre las personas mayores en España correspondiente a 2010 elaborado por el CSIC en colaboración con el
Imserso. Otro bloque de mis preguntas tiene que ver con el informe de Naciones Unidas, del observatorio del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y las recomendaciones que ha hecho al Gobierno Español.
Se ha referido a algunas de
ellas. Yo no me voy a referir a ellas, pero sí a cuál es la voluntad del Gobierno de aplicación de la Convención sobre los derechos del niño en ámbitos tan importantes como pobreza infantil, abandono escolar, salud mental o protección de los niños.
En ese sentido se ha referido


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al Plan estratégico de infancia y adolescencia al que no me voy a referir, pero a delimitar, como plantea en sus recomendaciones, las partidas presupuestarias destinadas a infancia y su incremento en relación a la situación actual. ¿Cuál es
la voluntad del Gobierno, piensa elaborar un plan, como le recomienda, de programa contra la pobreza infantil en nuestro país? Me he referido a ella, que es alarmante. Se ha referido también a la elaboración de medidas de protección a los menores,
pero qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que el internamiento sea el último recurso, tenga autorización judicial y se relacione con la atención a niños con problemas de comportamiento y riesgo social, en el sentido no solamente de las
recomendaciones de Naciones Unidas sino de las propias recomendaciones del Defensor del Pueblo que ya establecía una serie de alarmas en relación a esta materia. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a menores no acompañados? Sobre
este tema ¿cómo piensa desarrollar las recomendaciones? Por ejemplo, se ha referido a explotación y abusos sexuales, también en el sistema de justicia penal y la protección de los menores, o a la protección de los trabajadores migrantes como
plantean las recomendaciones de Naciones Unidas. Me gustaría que nos respondiera más en concreto a la voluntad de Gobierno a desarrollar esas recomendaciones.



Termino. Señora secretaria general, en relación a la ONCE no comparto su visión optimista con respecto a la ONCE. No existe en nuestra opinión, en opinión de mi grupo, una situación económica saneada. No es así; en nuestra opinión se
está produciendo una situación complicada desde el punto de vista económico para la ONCE y eso afecta a las prestaciones de la ONCE. Por otra parte, se está produciendo en nuestra opinión una reconversión de salarios, condiciones de trabajo, red
física complementaria para la venta, margen de los vendedores en la ONCE, una reconversión que modifica de facto el modelo social de la ONCE. En ese sentido queremos plantearle nuestra preocupación. Dada la importancia de la ONCE, ¿no ha visto el
Gobierno ya la necesidad de regular un organismo tan importante con mayores garantías jurídicas? Es decir, en estos momentos su regulación es orden ministerial, decreto, ¿no es el momento de regular la ONCE con un mayor nivel para garantizar la
transparencia y para garantizar el control democrático de la misma, dadas las competencias que tiene esta organización?


Finalizo. En relación a la ONCE tenemos nuestra preocupación, porque de nuevo en estas elecciones prácticamente hay una sola candidatura, lo que pone en duda el pluralismo, una sola candidatura con posibilidades. Hoy son las votaciones
pero seguramente volveremos otra vez al quince cero en el seno de la dirección de la ONCE, y eso demostrará que no solamente hay carencias económicas y sociales en la ONCE, sino que también hay carencias democráticas a las que el Gobierno no puede
eludir, o las que el Gobierno no puede eludir, no puede mirar para otro lado. Creemos que el deber de tutela del Gobierno hace necesario mirar de manera más clara para que se garantice las prestaciones de la ONCE, su calidad, para que se garantice
la situación de sus asociados y también para que se garantice el carácter democrático y pluralista del funcionamiento de la ONCE. Muchas gracias por su atención. Estas eran las preguntas que quería realizar en nombre del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña-Esquerra Republicana.



La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tiene la palabra el señor Campuzano por Convergència i Unió.



El señor CAMPUZANO I CANADES: Voy a agradecer la comparecencia de la secretaria general también. Es ésta una comparecencia muy amplia en la que evidentemente no podemos abordar con detalle todas y cada una de las cuestiones que están bajo
su mandado e incluso todas y cada una de las cuestiones que usted ha mencionado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Tan sólo voy a centrarme en algunas de ellas, expresando dos consideraciones previas. Una primera, que la política de
ajuste presupuestario a la que está obligada España, fruto de la crisis en la que estamos instalados, y fruto también de las exigencias que nos llegan desde fuera que afectan claramente al coste que tiene para el presupuesto público en término de
intereses del nivel de endeudamiento público, están produciendo recortes sociales básicamente en aquellos aspectos del Estado del bienestar que son gestionados por parte de las comunidades autónomas.
Quienes hoy gestionan los grandes programas, más
allá del sistema público de pensiones, quiénes hoy gestionan los grandes programas del Estado de bienestar en España son las comunidades autónomas. El sistema de salud y el sistema de educación, en tercer lugar, el sistema de servicios sociales,
pero los dos grandes programas, sanidad y educación, están siendo afectados por parte de las comunidades autónomas que se ven obligadas a ajustar sus presupuestos por los recortes que en la financiación el Estado introduce, y por las exigencias que
el Estado central les plantea a las comunidades autónomas. Y en ese contexto el Estado no está siendo leal con las comunidades autónomas en este ámbito.
Hablaremos de ello en materia de dependencia, pero podríamos hablar de ello en materia de
discapacidad. Esta Cámara, aprueba un aumento a la subvención salarial, a los centros especiales de empleo, como plan de choque contra la crisis económica, hasta el 75 por ciento del salario mínimo, el Estado no transfiere a las comunidades
autónomas los recursos para efectuar esos pagos, y las comunidades autónomas que cumplen con la Ley de presupuestos propios deben financiar ese incremento para mantener los puestos de trabajo de las personas con discapacidad empleadas en los centros
especiales. La deslealtad del Estado con las comunidades autónomas obliga que recursos que quizás deberían destinarse a otras políticas, sociales o laborales,


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deban destinarse a cumplir la ley que el Estado no financia. Por tanto, cuando hablamos de ajustes, cuando hablamos de recortes el Estado de entrada debería ser leal con las comunidades autónomas, quienes son hoy las que gestionan la mayor
parte de las políticas sociales en España, insisto, con excepción del sistema público de pensiones.



En segundo lugar, yo podría compartir su enfoque sobre políticas sociales que pongan el acento en la prevención más allá de la reparación, un enfoque que desde hace unos cuantos años funciona y me parece un enfoque adecuado, pero ese enfoque
es más fácil formularlo en términos retóricos que en términos de políticas públicas. Si hablamos de políticas que pongan el acento en la prevención la infancia debería estar en el centro de nuestras políticas y especialmente la lucha contra la
pobreza infantil. UNICEF hacía pocos días, pocas semanas, presentaba su informe sobre la infancia en España, y nos recordaba el grave problema de pobreza infantil que tenemos en España y, sobre todo, ponía en evidencia la debilidad de nuestras
políticas sociales en materia de infancia y familia, muy lejos del 2,3 que en el resto de la Unión Europea se invierte en ese tipo de políticas. Además reclamaba la puesta en marcha de un sistema de indicadores de bienestar infantil que nos
permitan discutir a fondo en esta materia, y reclamaba también un plan de lucha contra la pobreza infantil. Eso traducido a políticas públicas nos debía llevar a diversas discusiones. Por ejemplo, si las prestaciones por hijo a cargo de la
Seguridad Social hoy con cantidades ínfimas y sometidas al criterio de renta que hacen que muy pocas personas puedan beneficiarse de ello, tienen sentido que continúen de esa manera o debemos de replantear, no digo ahora en el cortísimo plazo pero
sí en el horizonte al medio plazo, un incremento sustancial e ir hacia un modelo de carácter universal como sucede en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. Necesitamos una discusión a fondo sobre el problema de la pobreza infantil
si queremos que nuestra política no reparadora sino preventiva sea una cosa más que una afirmación de carácter retórico, o lo mismo podríamos afirmar en relación al desarrollo de la Ley de Dependencia. Decía usted en su intervención, estamos
empezando a trabajar en materia de prevención. ¿Qué políticas concretas el Gobierno está promocionando en materia de prevención de las situaciones de dependencia para convertir esa afirmación no en retórica sino en realidad? Y en ese mismo terreno
de la retórica, el Gobierno con mucha pompa aprobó el pasado 26 de febrero de 2010, un plan de lucha contra la exclusión social, un plan muy ambicioso presentado con mucha fuerza que implicaba varios compromisos gubernamentales, entre ellos, la
creación de un fondo extraordinario de 15 millones de euros, que debían suponer un incremento sustalcial de los recursos para apoyar actuaciones de lucha contra la pobreza, por la inclusión social, en la que participaban las más relevantes
organizaciones de acción social de España. -Compromiso de 15 millones-.



Mi grupo ha intentado en diversos debates parlamentarios conocer si ese fondo extraordinario de 15 millones de euros se ha puesto en marcha. Por las informaciones que tenemos por parte de las federaciones sociales y por las respuestas que
nos ha dado el Gobierno es evidente que ese fondo extraordinario no se ha creado. Incluso en una respuesta parlamentaria del año pasado ustedes hablaban de que aún estaba pendiente la elaboración de la normativa que regulase ese segundo fondo.
Entiendo que no es de su responsabilidad directa, porque usted no era secretaria general en febrero del año pasado, pero me parece grave que el Gobierno anuncie a bombo y platillo la creación de ese fondo en el marco de ese plan, y que ese fondo no
se haya creado ni mucho menos durante el 2010 y no nos consta que se haya creado durante 2011. En este sentido a mi grupo le gustaría conocer el balance que hace el Gobierno de aquello aprobado en febrero del 2010, más cuando ustedes nos anuncian
la puesta en marcha de un nuevo plan de exclusión social. En este sentido, de manera específica, qué políticas está desarrollando el Gobierno en apoyo a las entidades del tercer sector. Nos consta, por ejemplo, preocupación de las entidades del
tercer sector por sus dificultades de acceder a los créditos del ICO. Hoy muchas organizaciones del tercer sector ya no pueden pedir a una caja, a un banco un crédito apoyado en una subvención de la administración pública; eso está dificultando la
capacidad del tercer sector en sus actividades, que en tiempos de crisis y ante el incremento de personas que deben ser apoyadas por programas que gestionan las entidades del tercer sector es especialmente grave.



Finalmente, tenemos toda la cuestión vinculada al desarrollo de la Ley de la Dependencia. Mi grupo está siendo crítico durante toda esta legislatura en relación con este proyecto de ley, en coherencia con aquello que mantuvimos durante la
pasada legislatura. Algunas de las debilidades estructurales de fondo de la Ley de Dependencia se están manifestando con toda su crudeza. Hemos ido a una ley de dependencia que en la práctica ha terminado poniendo el acento en las ayudas directas
a las personas no vinculadas al servicio. Yo seré más contundente que el señor Gaspar Llamazares en las cifras, porque la propia página Web del Imserso se habla de que la prestación por cuidados familiares representa un 57,2 del conjunto de las
prestaciones que se otorgan. En algunas comunidades autónomas, en Andalucía 58,9; en Cataluña 71,7; en Castilla-La Mancha 68,8; en la Región de Murcia 83,5; en Islas Baleares 74,4. He elegido una variedad de colores políticos para demostrar
que el programa no es fundamentalmente de enfoque político sino del propio diseño de esta ley.



Dos, existe una enorme queja por parte de las comunidades autónomas sobre la fórmula de financiación que en la práctica se está aplicando y que se explica por aquello que contempla la ley. Hoy las finanzas autonómicas están afectadas
negativamente por ese modelo de financiación de la ley.
En el caso de Catalunya y en cifras de la propia Generalitat de una inversión de 1.065


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millones de euros en el 2010 en materia de dependencia, el Estado asumía 335 millones, la Generalitat 622, los entes locales 19 millones y los ciudadanos a través del copago 89 millones. La parte gorda del gasto continúa correspondiendo a
las comunidades autónomas. Todo ello, además, en un contexto presupuestario para 2011 en el que se incrementan el número de beneficiarios y se disminuyen los recursos que el Estado aporta a esta política. Más personas y menos recursos. Un 5 por
ciento, un 5 por ciento de disminución. Configurando la práctica con las cifras con las que se va a proteger a los dependientes moderados, que no van a resolver demasiado la vida a estas personas, no van a garantizar el acceso a servicios de
calidad, van a incrementar la inversión que las comunidades autónomas están obligadas a hacer con menos dinero del Estado y que deberán compensar o con más copago para los ciudadanos o con mayor aportación por parte de sus presupuestos. Y en la
práctica ir configurando el escenario en el que aquella amenaza del señor Zaplana, de hace unos siete años, de que ésta, no ésta, la que entonces se discutía, iba a ser una ley para unas pesetillas, ahora decimos para unos eurillos.
Si, al final la
Ley de Dependencia para muchas personas se traduce simplemente en una transferencia de rentas, que ahí comparto con el señor Llamazares la expresión, transferencia de rentas que complementan otras rentas que reciben esas personas, no estamos
resolviendo la cuestión de fondo vinculada a la dependencia. Y en paralelo con el malestar que en el ámbito de la discapacidad continúa existiendo, en la medida de que todo aquello relacionado con la autonomía personal es casi anecdótico en su
desarrollo o la incapacidad de continuar desarrollando buena parte de las políticas de la discapacidad que se ven afectadas porque las comunidades autónomas deben priorizar la inversión en dependencia, quizás también en detrimento de otros gastos.



Todo ello, señora secretaria general, me lleva a la necesidad de plantearle al Gobierno que sea capaz, en los próximos meses -va a ser difícil de aquí al 22 de mayo, porque en buena parte del territorio van a haber elecciones autonómicas y
en tiempos electorales exigirnos corresponsabilidades y grandes acuerdos es complicado-, en lo que nos queda de legislatura, de legislatura de estas Cortes, de propiciar un gran acuerdo con las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios,
para darle una visión a medio y largo plazo que garantice que el desarrollo de la política de atención a la dependencia sea posible, me parecería imprescindible que hiciésemos ese acuerdo. Un gran acuerdo a nivel gobiernos autonómicos, grupos
parlamentarios, que diese perspectiva y solidez a esta política. Esta política, gobierne quien gobierne, va a tener que afrontarse; las cuestiones vinculadas a las inversiones asociadas a los cuidados de larga duración, a la promoción de la
autonomía personal, en una sociedad de más personas mayores, por mucho que mejoremos nuestras políticas de prevención van a continuar siendo importantes. Sabemos que debemos invertir más en esas políticas, sabemos que hay que hacerlo de manera
adecuada, promocionando servicios de calidad a las personas y a las familias, mejorando su calidad de vida.
Gobierne quien gobierne, y que eso va a exigir un nivel de colaboración y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.



Con el actual diseño de la ley y con el actual desarrollo de la ley, mi grupo entiende que se hace difícil que eso se pueda producir, se hace difícil que eso se pueda producir. Seamos capaces de parar, seamos capaces de estudiar a fondo esa
evaluación que el consejo territorial debe aprobar; releamos el conjunto de informes que han aparecido en los últimos tiempos, el informe de la Agencia Estatal de evaluación de Políticas Públicas, el informe del grupo de expertos que elaboraron un
informe a petición de este Congreso, los trabajos que la Asociación de Directores de Servicios Sociales han realizado, y con todos esos materiales tengamos una discusión a fondo que nos permita repensar nuestra política de atención a la dependencia.
Si no lo hacemos, si no lo hacemos, vamos a continuar generando expectativas, vamos a jugar a una cierta confusión. El Gobierno intenta afirmar que esta política crea empleo pero suma los empleos creados a los cuidadores familiares. No creo que
sea demasiado honesto en términos intelectuales ese tipo de planteamientos; generamos frustración entre las personas, no mejoramos la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por tanto, reclamo al Gobierno que sea capaz de liderar un repensar el
desarrollo de la Ley de Dependencia buscando el consenso, buscando la lealtad entre todos y dibujando un horizonte que dé tranquilidad, seguridad y sostenibilidad a una política fundamental en el desarrollo de nuestro Estado de bienestar.



El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la Comisión de Sanidad, Consumo y Política Social del Congreso de los Diputados, a la secretaria general de Política Social y agradecerle su comparecencia.
Comparecencia obligada para dar cuenta de la evaluación de la Ley de Dependencia y, asimismo, hacer un repaso de la política social que el Gobierno viene desarrollando y que a su vez tiene previsto desarrollar a lo largo de este ejercicio. Pensamos
que no es el mejor momento para que este Gobierno hable de esta política porque no solo no han podido argumentar los recortes que han llevado a cabo, sino que es imposible que hagan promesas porque evidentemente no tienen presupuesto para ello, ya
que es la altísima tasa de desempleo la que está marcando el devenir de nuestro Estado social. En tan solo un plazo de cuatro años han pasado por esta cartera cuatro ministros diferentes, todos ellos creo que con ambiciosos proyectos, como se
deduce de sus primeras comparecencias ante la Cámara, y todos


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ellos sin haber podido cumplir lo que en un principio era su hoja de ruta, un plan de familia, la coordinación sociosanitaria y un sinfín de políticas que se han quedado sobre la mesa. El momento más difícil es el que la ha tocado a usted
con una tasa de paro inasumible que consume el 16,6 por ciento de todo el gasto social y con unas expectativas que nos hacen desconfiar de que ustedes sean capaces de crear empleo y, por lo tanto, llevar a cabo una adecuada política social.



Comenzaré, por tanto, haciendo una breve radiografía del estado actual para posteriormente analizar el presupuesto, muy brevemente, de este año, y formular una serie de preguntas que me gustaría pudiera contestarme. La tasa de paro que
anteriormente le comentaba ha traído como consecuencia que el índice de miseria de España sea el más alto de toda la Unión Europea, habiéndose duplicado y siendo un 11 por ciento más alto, en tan solo tres años. Ese índice de miseria está en el
22,9 por ciento. Sabe usted que éste índice es el resultado de la tasa de paro y de la inflación obteniendo un resultado demoledor para la renta disponible de las familias. No es exagerado, por tanto, afirmar, y no solamente yo lo hago, que el
Gobierno de Zapatero es el Gobierno que ha duplicado la miseria en España. Consecuentemente, ha subido la tasa de pobreza relativa y el riesgo de exclusión es altamente preocupante. No es esperanzador saber que a lo largo de este año no se va a
crear empleo y, por tanto, habrá un número elevado de personas que se encuentran en este momento cobrando el desempleo o la prestación posterior que se van a quedar sin percibir ningún tipo de ayuda. Hay ya más de 1.300.000 familias con todos sus
miembros en el paro, y vemos como crecen día a día las personas que han de vivir de los servicios que desde ayuntamientos y ONG se les prestan estando ya desbordados.



Es inquietante, señora secretaria general, es desesperanzador y es triste ver familias enteras que están perdiendo sus casas y deben vivir de la caridad. Y no me gusta dramatizar pero estoy segura de que todos los que nos encontramos en
esta sala tienen alguna persona cercana que lo está pasando muy mal. Me interesa describir la situación estadística de los menores o de las familias. Los menores, además de tener el índice de pobreza infantil, el más alto de Europa, en lo que
coincido absolutamente con los demás diputados representantes de sus grupos parlamentarios que han hablado, nos hacen encontranos con balances de un alto fracaso escolar, situaciones familiares conflictivas, hechos delictivos que vemos que no se
reducen entre los menores, y una tasa de natalidad que sigue descendiendo del 1,46 ha llegado este año al 1,39 por ciento de tasa de degeneración. Analicemos las estadísticas que analicemos los datos son siempre negativos, un plan de inclusión que
no cumplió prácticamente ninguno de sus objetivos. Eso bien se hizo en el plan en el año, que era el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, y yo creo que fue un mero gesto. Un plan de infancia que tampoco ha llegado a cristalizar positivamente y
quizá sea conveniente que reflexionemos porque en los temas sociales tan solo han gobernado para implantar por medio de sucesivas leyes su ideología, perversa por otra parte, pero desgraciadamente no se han ocupado del desarrollo ni del progreso
social de España. (Risas.) Se ríen pero es verdad, señor presidente. Lo que pasa es que el desarrollo no se consigue gobernando con leyes que tienen solamente un carácter ideológico y que no van al fondo de la cuestión que es intentar el progreso
social de España.



Es el esfuerzo de las administraciones autonómicas, entidades locales y ONG, el que está sosteniendo un importante sistema de servicios sociales, convirtiéndose el Gobierno de Zapatero en el cooperador necesario del aumento del déficit en
estas administraciones. No en vano, si por ejemplo analizamos los fondos de la Ley de Dependencia se produce una gran deslealtad, también lo comentaba don Carles Campuzano, una gran deslealtad del Gobierno de Zapatero, ya que sabiendo que se ha
configurado un derecho subjetivo necesariamente, tengan fondos o no, las administraciones autonómicas lo deberán atender. ¿O es que, acaso, no es esta la causa de que el 57 por ciento de las prestaciones sean económicas porque es lo que les cuesta
menos esfuerzo a las autonomías? Usted sabe que la primera política social es la creación de empleo, pero sé que esta no es su responsabilidad directa, por lo tanto me voy a ceñir simplemente a su presupuesto. En primer lugar, en estos
presupuestos, la red básica de servicios sociales se ha reducido en casi un 12 por ciento a pesar de que la tasa de pobreza ha pasado del 19,3 por ciento en 2007 al 22,7 en 2009. Como usted bien sabe, este capítulo va dirigido a la atención de las
necesidades básicas que, como es obvio en este momento, es el que más se precisa para atender a las personas víctimas de la crisis y de su Gobierno.



Aquí va mi primera pregunta: hace pocas semanas se ha reunido la Conferencia Sectorial, como usted también nos decía, de Política Social y se ha acordado el reparto de estos fondos y de otros de política social estrictamente. ¿Me puede
usted decir si se ha tenido en cuenta la población o si la modificación de la población es un parámetro a tener en cuenta en el reparto de esos presupuestos? Yo tengo entendido, no sé si es cierto o no señora secretaria general, sí me gustaría que
me contestara, que esa actualización de población no se ha tenido en cuenta desde hace muchos años, pero como no tengo la seguridad absoluta me gustaría que usted me lo dijera. Y si no es así, desde cuándo no se actualiza la población para realizar
el reparto. Las noticias que yo tengo es que no se actualiza desde hace varios años, por lo que a comunidades autónomas, donde ha subido el número de habitantes, como Murcia se le está perjudicando en el reparto ni más ni menos que de fondos para
atender la red básica de servicios sociales. Usted sabe también que los programas y servicios de apoyo a las familias se recortan un 28 por ciento habiéndolo hecho en un 75 por ciento en anteriores presupuestos, y que todas las ayudas que pudieran
cooperar a detener el escandaloso descenso de nuestra tasa de natalidad desaparecen o disminuyen;


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el cheque de bebé, la ayuda por hijo a cargo desciende para las personas que menos ingresos tienen y no se pone en marcha la ampliación del permiso de paternidad.



Por todo ello le pregunto, en primer lugar, si existe preocupación en el Ministerio por el descenso de la natalidad en España. Supongo que no debe causarles ninguna preocupación cuando se comprueba su apuesta por la ayuda a la familia, a la
mujer embarazada, incluso, legislando en contra de este objetivo con la injusta e ilegítima Ley del Aborto. Como le apuntaba antes, no es su ideología la que coopera al progreso y desarrollo de España.



En este punto, yo le pregunto, ¿piensa cumplir el mandato de la Cámara y reestablecer la ayuda por hijo a cargo? Quisiera que me aclarara algo importante, si ha desaparecido o no ha desaparecido el cheque bebé. En la primer comparecencia
en la comparecencia de presupuestos, se le dijo a la señora ministra que nos dijera, que nos valorara la desaparición del cheque de bebé. Ella nos contestó que no iba a desaparecer, que no desaparecería para las familias monoparentales y para las
familias numerosas. Está publicado en el 'Diario de Sesiones' del Congreso. Me gustaría que me lo aclarara porque sinceramente en ese momento le pregunté a la ministra y me contestó de esta manera; me quedé con la duda y no creo que se haya
puesto en marcha, es decir, yo pienso que ha desaparecido para todos los sectores de la población pero, ya digo, que eso fue lo que la señora ministra me dijo. Me gustaría que me rectificara o no lo que le pregunto. Me gustaría que me dijera
cuándo van a realizar el Plan de pobreza y quién va a participar en su redacción, ya me ha comentado que va a ser en junio, esta pregunta la tengo por contestada.
También, si es posible que nos comenta cómo va el Plan nacional de reforma para la
estrategia 2020. Usted ha dicho que hay un borrador que se va a realizar o que se va a presentar en abril. ¿Tiene alguna voluntad de pasarlo a la Cámara, de que tengamos noticias de cómo y de qué manera se están realizando esos trabajos, esos
estudios? Sobre todo en lo que respecta a esta Comisión en cuanto a la inclusión y de la pobreza.



Por último, unas cuantas preguntas sobre la Ley de Dependencia, y sobre el tema del niño también. Lo ha dicho don Carles Campuzano también. Hay diferentes temas en los que todos los parlamentarios de diferente color político coincidimos.
Y uno de ellos es este, cómo es posible la disminución del presupuesto para la dependencia para el año 2011 en más de un 10 por ciento, sabiendo que hay que sumar un nuevo grado y que hay más de 700.000 personas valoradas y que todavía no han
recibido la prestación. Mi pregunta es que si considera que el porcentaje que deban poner las comunidades deberá aumentar abriéndose más la brecha entre lo que aporta su Gobierno y el de las comunidades. Esta pregunta me parece importante porque
al señor Moza también le pregunté en su día. Hace tiempo ya de la última comparecencia de la anterior persona que se dedicaba a la política social del Ministerio y yo le preguntaba sobre los fondos adicionales de la dependencia de anteriores
presupuestos, pero es que también lo han puesto en el presupuesto actual y me parece que son 17 millones de euros. Me gustaría saber cuáles son los requisitos para acceder a esos fondos, qué comunidades se les han asignado y por qué concepto. Si
no tiene los datos me gustaría que nos lo remitiera a esta Cámara porque me parece importante saber a quién se le ha asignado esos fondos y cuáles son los criterios y los requisitos. El señor Moza me dijo en su día que había una serie de requisitos
que tenían que cumplirse y que los fondos se repartían en virtud de esos requisitos. No me aclaró lo que yo le estaba preguntando.



¿Puede usted decirme qué centros se han construido con arreglo a los presupuestos de la Ley de Dependencia y por qué se ha paralizado el centro de referencia de Párkinson? ¿Qué piensa hacer el Gobierno a raíz de la sentencia que da la razón
al Cermi en el tema del copago, habiéndose resuelto que no es conforme a derecho el acuerdo que se tomó en la conferencia sectorial en referencia al copago? ¿Para cuándo, señora secretaria general, el desarrollo de la atención a la dependencia en
niños de cero a tres años? Porque en la comparecencia ha hablado usted en bastantes ocasiones del tema de la prevención, sin embargo este tema, que cumple el objetivo fundamental de la prevención, todavía no lo han llevado a cabo.



Con respecto a la evaluación de la Ley de Dependencia, yo pensaba que esos trabajos debieran estar algo más adelantados puesto que no nos ha dicho prácticamente nada de los resultados de esta evaluación, pero me gustaría saber por qué en
esas reuniones no están las comunidades autónomas, porque lógicamente son las comunidades autónomas las que están gestionando la gran parte de la dependencia. Ya que prácticamente el 70 por ciento de la gestión y del dinero lo ponen las comunidades
autónomas, sería bastante interesante que las comunidades autónomas estuvieran en esos trabajos que se están realizándose para la evaluación de la ley.



En cuanto al Real Decreto Ley 3/2011, me gustaría que nos dijera, señora secretaria general, cómo se puede derogar toda la política conseguida a través del desarrollo de la Lismi, que ha costado tanto para el mundo de la discapacidad y que
los deja en el vacío sin saber qué seguridad van a tener después.



Termino con el tema de la Convención sobre los derechos del niño, a la que usted también ha hecho referencia. En el último informe del Comité de los derechos del niño hay una serie de recomendaciones, como usted sabe bastante mejor que yo,
y me gustaría saber qué opinan ustedes o qué voluntad tienen con respecto a estas recomendaciones. Una de ellas es que se recomienda que se aplique un enfoque basado en los derechos del niño cuando se prepare el presupuesto del Estado y de las
comunidades autónomas aplicando un sistema de seguimiento a la asignación. Me gustaría saber si para estos Presupuestos Generales del Estado se ha tenido en cuenta este enfoque del comité. Otro de los apartados sobre los


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que incide es que se vele por que se protejan las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia y, de manera más específica, que se protejan las partidas presupuestarias relativas a las medidas sociales afirmativas en favor
de los niños que las necesitan, incluso en época de crisis. ¿Usted cree que el Gobierno, habiendo rebajado todos los programas que se dedican al menor y a la familia, ha cumplido esta recomendación sobre las políticas a favor de la infancia que
recomienda el Comité de derechos del niño? Hay otra recomendación importante: que se redoblen los esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a los padres y tutores legales en el ejercicio de sus responsabilidades relacionadas con la crianza, en
particular a los de familias en situaciones de crisis debido a la pobreza, la falta de vivienda adecuada o la separación.
También se recomienda que se vele por que se satisfagan las necesidades de todos los niños y que se adopten todas las medidas
necesarias para asegurar que ningún grupo de niños viva por debajo del umbral de la pobreza. Y, por último, el comité recomienda igualmente al Estado que refuerce el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a los padres y a los
niños en general y que preste apoyo adicional a las familias monoparentales, las que tienen muchos hijos y aquellas cuyos padres están desempleados. En relación con esta recomendación me gustaría saber cuál es el criterio de la señora secretaria
general sobre esta recomendación, qué voluntad tiene de cumplir o no cumplir esta recomendación y si le parece que existe algún equilibrio entre esta recomendación y los Presupuestos Generales del Estado, que lo que han hecho ha sido quitar, rebajar
o disminuir precisamente esas ayudas por hijo a cargo que nos parecen absolutamente fundamentales y que además han disminuido para las personas que tienen menos ingresos de nuestra sociedad.



No habiendo consumido los 20 minutos, señor presidente, he terminado mi intervención.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pérez Domínguez.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Buenas tardes, señora secretaria general de Política Social. En primer lugar quería felicitarle por su nueva responsabilidad en el Gobierno al frente de esta secretaría, aunque lleva usted ya mucho tiempo
relacionada con la política social, y darle la bienvenida a esta Comisión en la que la vehemencia con que nos expresamos, aparte de parecer más o menos adecuada, no le debe de dar a usted una falsa impresión -y soy una de esas personas, me expreso
con bastante vehemencia-, porque en esta Comisión lo habitual no es el conflicto, trabajamos siempre para el acuerdo y solemos conseguirlo. Por lo tanto, como usted nos hacía una oferta, yo espero que así sea y así siga siendo. Pero, como usted
concluirá cuando acabe esta comparecencia -la primera-, vivimos la actividad política y parlamentaria con pasión y con pasión vivimos la política social.



En la explicación, en la defensa, en el mantenimiento de las políticas sociales es donde más cómodo se encuentra mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, y donde más cómoda se encuentra esta portavoz. Quiero empezar por el
final, y es por decir que comparto plenamente las reflexiones con las que finalizaba su intervención sobre el cambio en la aproximación a las políticas sociales que nos ha presentado. Me parece fundamental, tanto en la aplicación de la Ley de
Dependencia como en el resto de las políticas sociales, la inclusión de la cura al cuidado; tenemos en esta Comisión muchos médicos que creo que confirmarán esta buena tendencia, este buen cambio a la prevención, a la anticipación de la enfermedad,
sea esta de carácter social o física.



Señora portavoz del Grupo Popular, pese a esta eterna y repetitiva letanía que nos dedica insistentemente sobre los grandes males del Gobierno Zapatero y las catástrofes que se nos avecinan, como si lo que estamos viendo en el mundo no fuera
ya suficiente síntoma de catástrofe y catástrofe en sí misma, quiero decir algunas cosas. Se olvida usted y se olvidan ustedes de que el presidente Zapatero no es el responsable de una crisis de carácter global y de que si hoy hay en nuestro país
un número tan alto de parados es en buena medida gracias a la única reforma que hizo su Gobierno, el Gobierno de Aznar y de Rajoy, la reforma de la Ley del Suelo que prácticamente decidió que se podía construir en todo el territorio nacional salvo
en los parques nacionales. Y, como ya saben ustedes, aquello generó la consabida burbuja inmobiliaria, y precisamente en las zonas donde se ha dado mayor índice en la construcción hoy hay muchísimo más paro, comunidades autónomas que están todas en
el litoral mediterráneo, por cierto.



Hablan de crisis, lo han hecho varios portavoces, y de recortes sociales.
Lo cierto y verdad es que en los presupuestos de 2011 lo único que ha subido es la política social, una subida de hasta el 55 por ciento, mientras que en
infraestructuras se ha producido una bajada del 30 por ciento y en el funcionamiento de la Administración General del Estado, de entre el 8 y el 10 por ciento. Esta es la realidad de los presupuestos que hemos aprobado todos aquí. Por lo tanto,
contar otra cosa no se compadece con la realidad.



Lo que es innegable es que el Gobierno Socialista de José Luís Rodríguez Zapatero invierte en este año de 2011 183.231 millones de euros, un 60 por ciento más, en torno a 70.000 millones de euros más, que en el último presupuesto del
Gobierno del PP, que eran 114.211 millones de euros en política social. Usted dice que es inasumible porque hay un alto gasto en la política social de mantenimiento de las prestaciones por desempleo.
Pues aunque quitáramos esos 30.000 millones,
seguimos teniendo todavía una diferencia importantísima, en torno a 50.000 millones de euros más, en inversión en política social por el Gobierno Socialista. Pero cuando ustedes


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dicen que les parece inútil y excesivo ese gasto, tendrán que decir ya de alguna vez a los parados y a la gente que recibe una prestación -que tienen, por cierto, la cobertura mayor que hay en prestación por desempleo en la historia, porque
ustedes lo dejaron en un 60 y estamos casi en un 80 por ciento de cobertura para esas personas que lo están pasando mal y que tanto le preocupan-, si es que quieren eliminarla. En fin, como he señalado en distintas intervenciones a la portavoz del
Grupo Popular, el movimiento se demuestra andando. O, lo que es lo mismo, esa preocupación que les ha entrado a ustedes por las familias, por los parados, por los pensionistas, por las personas en situación de dependencia o por los trabajadores
autónomos, la podían haber tenido mientras fueron Gobierno. Pero como una cosa es predicar y otra dar trigo, esto es lo que hay.



Hoy nos hablan ustedes del cheque bebé, primero no y votan en contra, y ahora por qué lo quitamos, y además viene usted aquí porque no sabe si existe o no existe. Pues mire, existe y lo acordó esta Cámara, existe para las familias
monoparentales que tanto le preocupan a usted y para las familias numerosas como una prestación de la Seguridad Social. Pero es que se viene estudiado a esta Comisión, creo que es lo mínimo.



Señora Méndez, tuvimos que esperar a la llegada de un Gobierno socialista, a usted que le preocupa tanto la política social...



El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, evite el fuego cruzado porque luego tenemos turnos de réplica.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: De acuerdo, presidente, disculpe.



Tuvimos que esperar a la llegada de un Gobierno socialista para que se reconociera por primera vez en este país un permiso de paternidad que no había existido nunca antes en España y del que el pasado año se beneficiaron más de 275.000
padres, o el permiso por riesgo durante el embarazo, o el permiso de lactancia; tres nuevos derechos que facilitan a los padres el cuidado de sus hijos donde antes no había nada. Y ahora además una prestación nueva para que los padres que trabajan
se puedan dedicar al cuidado de sus hijos gravemente enfermos mientras dure esa enfermedad o hasta los 18 años, a propuesta, por cierto, de CiU, sí, pero es que nosotros escuchamos y sabemos valorar. Y yo creo que eso es apoyo a las familias y que
eso es política social. Tuvimos que esperar a la llegada de Rodríguez Zapatero para tener una ley que reconoce el derecho a las personas en su situación de dependencia y a sus familias a recibir servicios y prestaciones, atención y cuidados, y hoy
ya son más de 696.000 personas las que se están beneficiando de la misma. ¿Que les parece poco? Pues a mí también, así que yo les aconsejo que se lo hagan saber a doña Esperanza Aguirre, que tiene más de 85.000 ciudadanos valorados y con derecho y
solo reciben prestación 58.000, o al señor Camps, que tiene valorados a 74.000 valencianos y solo atiende a 37.000, o al señor Valcárcel, que de los casi 38.000 beneficiarios solo reciben atención 25.000 murcianos. Eso por no hablar de la gran
cantidad de ciudadanos que ni siquiera han sido valorados todavía en esas comunidades autónomas. Pero es más, es que tuvimos que esperar de nuevo a la llegada de un Gobierno socialista para que el salario mínimo interprofesional ganara como ha
ganado un 17,5 por ciento en poder adquisitivo. O, lo que es lo mismo, pasar de 460 euros en 2004 a los 641 actuales. O esperar al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que esos pensionistas que tanto nos preocupan vieran reducir su tasa de pobreza
debido al aumento en el poder adquisitivo que se hizo con el incremento continuado de las pensiones mínimas, que ha sido de un 27 por ciento. Igual que tuvimos que esperar para que la cuantía destinada a fines sociales del IRPF, principal
instrumento de trabajo de las organizaciones no gubernamentales y del tercer sector de acción social en actuaciones de inclusión y voluntariado con los colectivos más desfavorecidos, pasaran del 0,5 por ciento del IRPF al 0,7 por ciento actual. Por
no mencionarles la renta básica de emancipación para los jóvenes o el considerable aumento del gasto en becas, que se ha duplicado de 2004 a 2011, con el consiguiente aumento del número de beneficiarios, o la cuantía de las mismas. Tengo yo para mí
que todo esto se trata de una buena política social de igualdad y de apoyo a las familias. Esta es la política social del Gobierno de Rodríguez Zapatero, esta y un largo etcétera, pero no me quiero detener en él por consideración al resto de los
diputados de esta Comisión y a la propia secretaria general.



Han hablado el señor Llamazares y la señora Méndez de la alta tasa de pobreza infantil, cierta en estos momentos; se ha elevado la tasa de pobreza relativa en familias monoparentales y monomarentales y, por ende, en la infancia. El señor
Campuzano decía, en relación con la infancia, que se consideraran las prestaciones por hijo a cargo. Es verdad que podemos debatirlo, es verdad que tenemos que dar soluciones, es verdad que ha aumentado la tasa de pobreza en este tipo de familias
monomarentales y monoparentales y, por tanto, en la infancia y que podíamos seguir avanzando, pero quiero también recordarles que estamos en momentos de dificultad, en momentos de crisis en los que todos tenemos que hacer un ejercicio de austeridad,
y que lo que no me podrán negar es que las prestaciones por hijo a cargo se aumentaron en la pasada legislatura con este Gobierno, no solamente la cuantía de las mismas sino los topes que estaban exigidos para poder acceder a ella. Pero déjenme que
les comente que no es menos cierto que en época de crecimiento, del milagro económico del PP, se produjo en este país -y los datos están en las estadísticas y en los estudios- un aumento mayor de la pobreza relativa, que entre 1996 y 2004 empeoró en
1,9 puntos, mientras que durante este período de 2004 a 2010, a pesar de la crisis y de la alta tasa de pobreza, la tasa de pobreza relativa ha aumentado menos de la mitad, tan solo 0,9 puntos. Esto es lo que yo creo que tenemos que comparar


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y sobre lo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo es posible que en épocas de crecimiento aumentara un 1,9 y que en esta época solo lo haga un 0,9? ¿Tendrá algo que ver la política social de la que es responsable el Gobierno socialista y
también las comunidades autónomas? Especialmente importante es la relativa a la población mayor de 65 años, ya que entre 1996 y 2004 la tasa de pobreza de este sector de la población se duplicó aumentando 15,5 puntos la de los pensionistas, la de
los mayores de 65 años, mientras que en el periodo 2004-2010, insisto, con crisis, la tasa de pobreza en mayores no solo no ha aumentado sino que ha disminuido en 4,9 puntos. ¿Tendrá algo que ver la subida de las pensiones, tendrá algo que ver la
aplicación de la Ley de la Dependencia, tendrá algo que ver la política social de este Gobierno? Yo realmente creo que así es.



Señora secretaria general, no voy a entrar en el desarrollo y despliegue de la Ley de Dependencia, el calendario también es ley y por tanto se cumple. En este sentido quiero felicitar al Gobierno de España a través suya y a las comunidades
autónomas por el ejercicio de responsabilidad que hacen al poner por delante de otras actuaciones el ejercicio y cumplimiento de los derechos haciendo efectiva la entrada en vigor de la atención a los dependientes moderados, grado I nivel 2, en esta
situación tan difícil que tenemos todos, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, de restricciones presupuestarias. Mi grupo, y con él amplios colectivos sociales, particularmente las organizaciones representativas de personas con
discapacidad y el Consejo Estatal de la Discapacidad, que valoraron positivamente el acuerdo de prestaciones, nos sentimos particularmente satisfechos de que la ley esté desplegándose según las previsiones de la misma.



Señor Campuzano, siempre volvemos al eterno debate de la sostenibilidad de la ley, de la sostenibilidad del Estado del bienestar. Sinceramente, se lo he dicho en más de una ocasión, no creo que esta ley tenga un problema de sostenibilidad,
más bien diría yo que tiene un problema de financiación, que no es lo mismo. Y no es un problema de financiación desde los Presupuestos Generales del Estado ni del Gobierno de España, que ha invertido desde 2005, antes de que se aprobara la ley
para que las comunidades autónomas se pudieran anticipar, 6.741 millones de euros.
Esto traducido en dejaría más que sorprendido a más de uno. Quiero recordarles además que el acuerdo de financiación del pasado año incorpora la dependencia a la
financiación ordinaria de las comunidades autónomas, que parece que también se olvida por parte de las comunidades autónomas. Ya van dos vías de financiación, porque la segunda no estaba prevista en la propia ley. Por no mencionar el ahorro que
supuso la decisión que se tomó en el mes de mayo de eliminación de la retroactividad o del aplazamiento de los pagos correspondientes a las anteriores a junio de 2010, que era de hasta cinco años. Yo creo -lo he dicho aquí varias veces y apuesto
por ese acuerdo que usted señala y que usted nos reclama de comunidades autónomas y Gobierno- que deberíamos de ser todos capaces de, igual que hace el Gobierno, que tiene un presupuesto transparente y claro, que además ha conseguido modificar los
criterios, hacer criterios plurianuales por ejemplo en la distribución del nivel acordado, del marco de cooperación interadministrativa, lo cual le da mucha estabilidad a las comunidades autónomas porque disponen de tres años en los que saben con
certeza de qué manera se van a financiar y cómo, pues igual -digo- que ha hecho el Gobierno de España con un presupuesto transparente para la dependencia, con unas partidas claras, creo que deberíamos de conocer de esa misma manera el de las
comunidades autónomas.



Usted dice que nos paremos para hablar de todo esto. Yo digo que nos paremos nosotros si quiere en el Parlamento y hablemos de esto, pero no se puede parar el Gobierno de España, yo no quiero que se pare usted, señora Martínez, y no quiero
que se paren las comunidades autónomas, hay muchos españoles que están pendientes de recibir prestaciones y servicios de esta ley, pero parémonos nosotros para saber de los datos que usted ha manejado, por ejemplo, qué explicación puede tener que el
copago no llegue a representar ni siquiera un 10 por ciento, cuando las previsiones eran que el copago supondría un tercio del coste de la ley. ¿Tendrán algo que ver las leyes que ustedes hicieron en las que se reconocía la universalidad y una
prestación universal gratuita? ¿Vamos a pagar eso el resto? Vamos a debatir de estas cosas. Claro, porque si eso fuera así, no puede decir que su comunidad autónoma está asumiendo más que las demás.
Pues las demás hacemos lo mismo: eliminamos
prácticamente el copago y entonces todo se paga entre las administraciones. No fue una decisión de su gobierno, fue anterior, del Tripartito, pero a lo mejor deberíamos parar y discutir sobre estas cosas, sobre este acuerdo.



No es cierto que se sume el empleo cuando se habla de esta ley generadora de empleo. Cuando se habla de los casi 250.000 empleos generados por la ley en servicios sociales no se está hablando de los 145.000 que hay de cuidadores no
profesionales, sino de dos de los apartados que hay en Seguridad Social para trabajos en servicios sociales. En fin, a mí me encantaría parar para poder trabajar sobre esto, lo que pasa es que esta Comisión tiene muchísimo trabajo, pero la verdad
es que sería interesante que pudiéramos hacerlo.



Acabo, señor presidente. Señora secretaria general, ha señalado usted que están trabajando en un proyecto de centros, servicios y programas de referencia estatales en el sistema de dependencia. A mí esto me suena a los centros de
referencia que hay en el sistema sanitario y me gustaría que nos explicara un poco más por dónde va esta línea de trabajo.



Otro de los temas que ha despertado mi interés ha sido su explicación de que como consecuencia de la estrategia 2020 los distintos gobiernos europeos y el nuestro están preparando la estrategia nacional de reformas, en la que sin duda ha de
tener un espacio destacado el objetivo


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de eliminación de la pobreza y de inclusión. Quisiera manifestarle, si me lo permite, el compromiso de mi grupo parlamentario y de esta portavoz con los representantes de la plataforma creada en 2010 y que abarca distintas y potentes
organizaciones del sector social y oenegés para trasladar desde este grupo al Ejecutivo, a su secretaría, las propuestas que consideremos de interés y que puedan ser incorporadas. Del mismo modo, y cuando tenga más avanzado el trabajo sobre las
modificaciones legislativas en torno a la protección de menores, nos gustaría conocer las mismas ya que las conclusiones no solo afectarán a la legislación de ámbito estatal sino también a la normativa de las comunidades autónomas y sería importante
verlo. Por ello le pediremos su comparecencia, para que junto a la presentación del plan estratégico de infancia y adolescencia, que ha dicho que lo tendrán preparado para el mes de junio o julio, pueda explicárnoslo con más detalle en esta Cámara.
Creo que es una buena opción esperar a la presentación de este plan estratégico para ver desarrolladas con más claridad todas esas políticas de infancia que nos preocupan con razón a todos los miembros de esta Comisión.



No quiero extenderme más, solo me queda felicitarla a usted y a la dirección del Imserso por un excelente trabajo que están haciendo con el Libro Blanco del envejecimiento activo. No sé si lo conocen los diputados, pero en la página web del
Imserso hay abierto un espacio de participación donde, a título individual o colectivo, se pueden hacer aportaciones al debate que se está produciendo en torno a la base que se preparó a través de expertos de este libro blanco. Mi grupo ya ha hecho
aportaciones y les invito a participar si no lo han hecho y a incluir en ese espacio abierto, como ciudadanos que somos, nuestras reflexiones en torno a esa gran oportunidad, porque la demografía y el aumento del tiempo y la calidad de vida no
solamente genera distorsiones, también oportunidades a las que podemos acceder.



No quiero finalizar, con el permiso de mi compañero y portavoz de consumo don Alberto Fidalgo, sin felicitar a las organizaciones de consumidores y usuarios en particular y a los ciudadanos en general por la celebración del Día mundial del
consumidor. Ayer conocíamos dos buenas noticias, la firma por parte de la ministra Pajín de un convenio con la Fiscalía General del Estado de suma importancia y el anuncio de la futura ley de servicios de atención al cliente, que usted nos ha
mencionado y que sin duda será de gran trascendencia y satisfacción para los consumidores, tantas veces desesperados y desesperadas ante la más sencilla comunicación con sus proveedores de servicios.



Muchas gracias, señora Martínez, y compañeros de la Comisión por vuestra paciencia.



El señor PRESIDENTE: A continuación, para responder a las intervenciones de los portavoces tiene la palabra la secretaria general de Política Social y Consumo.



La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (Martínez Lozano): Han sido muchas las cuestiones que han planteado sus señorías.
Como algunas de ellas son coincidentes, voy a intentar dar respuesta a todo de lo que he ido
tomando nota, cuestiones a resolver que me parecen importantes. Si me dejo alguna cuestión sin resolver, estaré encantada de que me la vuelvan a plantear en un segundo turno. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.)


No me gustaría pecar de optimista sino todo lo contrario. Creo que no lo he hecho en mi intervención ni tampoco lo voy a hacer ahora. Soy conciente de que esta crisis, fundamentalmente los efectos del desempleo, está ocasionando una
situación difícil para muchas familias y no seré yo ni este Gobierno quien caiga en complacencia sino todo lo contrario.
Precisamente conscientes de esa situación y de algo que apuntaba el señor Llamazares, de que la determinante social influye en
el bienestar de las personas, siendo conscientes, como digo, de todo esto, el Gobierno no solo ha mantenido el gasto global de política social en los presupuestos de 2011, sino que además lo hemos incrementado de manera global. Y siendo conscientes
de todo eso y de que estamos en una sociedad muy desigual que pretendemos que sea cada vez más igualitaria, el Gobierno ha incrementado hasta en un 40 por ciento los recursos para política social desde el año 2004. Eso lo que indica realmente no es
una voluntad política ni ideológica, sino un objetivo político prioritario de construir sociedades más cohesionadas y de poner la cohesión social por encima de cualquier otro objetivo político.



Sobre este debate siempre planea la idea de los recortes sociales.
Últimamente si no hablamos de recortes sociales realmente no hablamos de política social en todos los debates serios que planteamos sobre estas cuestiones. Yo creo que el
presidente hace unas semanas presentó un panorama bastante descriptivo de indicadores y demás en el Pleno de la Cámara. Por tanto, yo no voy a exponer aquí -y la portavoz del Grupo Socialista ha hecho alusión a unos de estos indicadores- cómo hemos
avanzado en cohesión social gracias a las políticas de igualdad y a las políticas sociales que hemos puesto en marcha en los últimos cuatro años, pero sí quiero decirles que nos hemos acercado a la Unión Europea en todos los indicadores de
protección social, y eso es una realidad, no es una opinión de esta secretaria general ni es una opinión del Gobierno.
Todos los indicadores de protección social desde el año 2004 hasta ahora han aumentado progresivamente, nos hemos acercado a
Europa en gastos tan importantes y tan significativos como puede ser el gasto en educación o el gasto en política de familia, donde hemos subido más de 1 punto, o el gasto en educación, donde por primera vez, hemos superado el 5 por ciento del PIB.



Hablan ustedes de recortes, no les gusta la palabra reajuste pero realmente aquí la única prestación no consagrada por ley que se ha visto recortada es la prestación


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de 2.500 euros por nacimiento de hijo, y aprovecho para responder a la señora Méndez sobre esta cuestión puntual. Desde el primer momento en el que se decidió eliminar esa prestación hemos justificado por qué se hacía. Es verdad que sigue
habiendo un complemento que esa prestación contenía para familias monoparentales, numerosas y familias de rentas bajas de 100 euros al mes, que sigue otorgándose. Esa es la única prestación social no consagrada por ley, como digo, que se ha visto
eliminada en los últimos tiempos. A partir de ahí, la mayoría de las prestaciones sociales están consagradas por leyes, porque ese es el paso cualitativo que ha dado este Gobierno, consagrar los derechos en leyes, que es realmente lo que permite
dar saltos cualitativos en el Estado de bienestar, lo que hace que se afiancen las políticas del Estado de bienestar y lo que hace crecer el Estado del bienestar, señor Campuzano.
Es verdad que estamos debatiendo todavía -y es un debate eterno- la
sostenibilidad o viabilidad del Estado de bienestar. Al Estado de bienestar le quedan todavía dos décadas de desarrollo, no en España, en España y en Europa, pero afortunadamente, cuando hay voluntad política y cuando, después de las voluntades
políticas, se aportan recursos, yo creo que no hay dudas para cuestionar la sostenibilidad del Estado de bienestar en ninguno de sus pilares.



Dicho esto de los recortes o no, reajustes o no, aquí hay un debate que a mí tampoco me gustaría eludir sobre el tema de la financiación, de la cooperación, de la lealtad con la que se trabaja con las comunidades autónomas, ligada
precisamente a estos reajustes a los que ustedes hacían alusión. Dice la portavoz del Grupo Popular que ponemos en riesgo los programas de infancia por el recorte, se habla del plan concertado, se habla de determinados programas sociales en los que
las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas. En la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales no se decide el sistema de financiación de las comunidades autónomas, se decide en otro ámbito, como ustedes saben, y lo que han
decidido las comunidades autónomas es tener otra participación en los ingresos del Estado y decidir, en el marco de esa autonomía, qué prioriza y qué desarrolla en sus políticas públicas en el ámbito de sus respectivas competencias. Es verdad que
en el último año se consiguió un paso del 25 por ciento al 33 por ciento de participación de las comunidades autónomas en esos ingresos del Estado con los que las comunidades autónomas han podido hacer muchas cosas. Algunos han priorizado
precisamente estas políticas del Estado de bienestar y otras han priorizado otras, pero han tenido más ingreso del Estado para poder desarrollar, entre otras, las políticas sociales. Igual ha ocurrido con los ayuntamientos. Le hablaba antes de
esos 730 millones de euros de manera excepcional que se dieron en el año 2009 a las corporaciones locales para iniciativas sociales. Lo que me lleva a pensar, unido a que hay otro tipo de prestaciones sociales ligadas al plan concertado, que se
estaban financiando o se financian ya por otra vía que es la vía de la financiación de políticas de atención a la dependencia como es la ayuda a domicilio. Esto hace que estas vías de financiación se reajusten, es decir, tiene más participación por
otras vías. Ese es el deseo de las comunidades autónomas, financiarse no por programa sino que su financiación le venga por más participación en los tributos del Estado. Y el Estado lo que hace a través de determinados programas, como algunos de
los que ustedes han comentado, es incentivar las buenas prácticas, incentivar el desarrollo de determinadas políticas que a través de planes y estrategias nacionales y algunas normas queremos poner en marcha en el marco de esa cooperación
institucional entre comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de política social y el Estado.



No me gustaría enredarme demasiado en el tema de los recortes o reajustes, creo que los datos cantan por sí solos y creo que la descripción de los datos presupuestarios que hemos tenido la oportunidad de conocer en sede parlamentaria cuando
hemos explicado el presupuesto del año 2011 da cuenta de esa voluntad política continuada en el mantenimiento y fortalecimiento de todas las políticas sociales, y no hay ninguno de los derechos consagrados por ley en los últimos años que se haya
visto recortado. Por tanto, creo que hablar de recortes de las políticas sociales es decir mucho. Es decir, ni las nuevas prestaciones a las que hacía alusión la portavoz del Grupo Socialista ni las becas ni otro tipo ayudas se han visto
eliminadas del catálogo de prestaciones sociales que el Estado ofrece y reconoce a los ciudadanos y ciudadanas.



Dicho esto, paso a hablarles de dependencia, que ha sido otra de las cuestiones que han planteado todos ustedes en sus intervenciones. Me gustaría intentar despejar algunas de las dudas que han planteado. Esta ley entró en vigor hace tres
años y la primera reflexión que quiero compartir con ustedes hoy es que probablemente se está siendo más exigente con esta ley que con cualquiera de las otra leyes que se han puesto en marcha y han consolidado el Estado de bienestar en los últimos
veinticinco años. Es como si le pidiéramos al sistema educativo que tuviera cero por ciento de fracaso escolar o si le estuviéramos pidiendo al Sistema Nacional de Salud que cuando se decide universalizar la asistencia tenga cero por ciento de
lista de espera para cualquier intervención quirúrgica. Creo que es bastante injusto el nivel de exigencia y de crítica que se está haciendo de esta ley, y en esta Cámara creo que debemos ser muy rigurosos en el análisis que hacemos de leyes, de
normas y de políticas tan trascendentales para el bienestar de la gente. Y que también eliminemos prejuicios a la hora de valorar esta ley, porque tendemos a hablar de un escenario ideal y probablemente ninguno de los que estamos aquí somos
personas en situación de dependencia, pero nos olvidamos muchas veces de cuál es la opinión y qué es lo que desean las personas a las que van dirigidas las políticas. Creo que eso es muy importante, para los que gestionamos y dirigimos políticas
públicas es muy


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importante no perderlo como referencia. Creo que hay muchos prejuicios y muchas malas imágenes sobre qué es lo que quieren los mayores o las personas en situación de dependencia, y hay que preguntarles a ellos. Por eso les decía que es muy
importante, en esa valoración que ahora les contaré cómo se está haciendo y cómo se va a desarrollar, que se cuente con la opinión de las personas a las que van destinadas esas políticas. Y si ustedes les preguntan a las personas mayores y a las
personas en situación de dependencia qué es lo que quieren lo digo en relación con la prestación económica, a servicios o cómo estamos gestionando las diferentes prestaciones y carteras de servicios de esta ley, probablemente les dirán que ellos son
los que quieren gestionar su autonomía y quieren decidir, porque afortunadamente nuestros mayores han cambiado mucho, probablemente tanto como la sociedad española.
Afortunadamente las políticas públicas dirigidas a los mayores han conseguido eso,
mayores con capacidad de decidir y con capacidad de autonomía. Y son ellos quienes quieren decidir cómo quieren gestionar su política de cuidados y cómo quieren gestionar su autonomía. Ese porcentaje de prestaciones económicas que a ustedes les
parece demasiado elevado se debe a que hay muchas personas mayores deciden quedarse en casa y autogestionarse su cuidado; quieren decidir cómo les atienden y quién les atiende. Todas esas opiniones son muy importantes que las tengamos en cuenta a
la hora de valorar, de criticar a veces en exceso o de denostar la prestación económica que estaba incluida en la ley como una prestación más. La realidad de los mayores va cambiando además muy rápidamente. Probablemente, la situación que
contábamos en el libro blanco de la dependencia tengan poco que ver con el diagnóstico que nos vamos a encontrar ahora cuando hagamos la evaluación de la ley tres años después. Por tanto, yo les pediría que seamos muy rigurosos a la hora de valorar
esta ley y, sobre todo, no caigamos en el prejuicio de denostarla por el grado de prestaciones, no prestaciones o el tipo de servicios que la ley está ofreciendo.



Estamos hablando de una ley con un importante impacto económico para todas las administraciones públicas, además en un momento socioeconómico realmente complicado y yo creo que hay que agradecerle a todas las administraciones que, a pesar de
esta situación económica y presupuestaria complicada, no haya habido dudas en seguir poniendo en marcha la ley y avanzando en la garantía de derechos que contempla. Yo creo que lo más importante es que tenemos casi 700.000 personas atendidas que
antes no tenían ningún servicio y ningún derecho. Yo no voy a entrar a valorar hoy aquí si es complemento de rentas, pero lo que está claro es que esas personas, esas casi 700.000 personas que hoy son atendidas, viven mejor que hace tres años.
Algunas de ellas infinitamente mejor y otras, gracias a esa prestación y a ese servicio, pueden vivir con dignidad. Antes no podían hacerlo, porque ni les llegaba la pensión en muchos casos ni contaban con la oportunidad de elegir quién les cuidaba
o quién les atendía. Y eso es un problema resuelto gracias a esta ley, un problema no fácil de resolver.



Esta ley es un buen ejemplo de cooperación institucional y de cómo, cuando las administraciones quieren, el estado de las autonomías funciona.
Probablemente, si hubiéramos tenido otra composición del Senado con más representación autonómica
esta ley hubiera sido incluso más perfecta de lo que ha sido en su diseño, pero eso no me compete a mí decidirlo. Pero creo que, aun así, es un buen reflejo de cómo la España de las autonomías puede funcionar. De hecho, todos los acuerdos y todos
los reales decretos y desarrollo reglamentario de la ley que se ha llevado a cabo ha sido consensuado y trabajado muy directamente con todas las comunidades autónomas en todos los casos. No ha habido ningún acuerdo en el desarrollo reglamentario de
la ley que no haya sido consensuado, incluido este acuerdo del copago, por el que ustedes preguntan ahora a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional. Como ustedes saben, la competencia en establecer el copago en todas las políticas de
servicios sociales corresponde a quien tiene las competencias, que son las comunidades autónomas y no el Estado. Por eso, es un acuerdo y no un real decreto; se decidió así en el consejo interterritorial y además la ley así lo establecía. La ley
no decía en ningún momento que el copago tuviera que establecerse mediante un desarrollo reglamentario de real decreto. Por eso se hizo de esta manera, a través de un acuerdo pactado con las comunidades autónomas, un acuerdo además bastante
complejo y bastante discutido.



Hemos avanzado en los elementos comunes de evaluación para que haya un baremo común de valoración porque hemos puesto en marcha una ley muy compleja; no de cero, pero sí de muy poco suelo de arranque, es decir, no había criterios comunes
para valorar adecuadamente a estas personas. Y hemos ido avanzando también en un modelo de financiación que si bien requerirá ajustes en el futuro, ha permitido desarrollar la ley con bastante lealtad y con bastante, hasta ahora, suficiencia.



No me voy a enredar en cuestionar datos, que además son estimaciones, pero la única Administración que es transparente en la financiación que se otorga para la atención a la dependencia es la Administración General del Estado, que establece
presupuestariamente cada año el dinero que va dedicado a la dependencia y además su distribución, con los criterios que se deciden en el consejo territorial. El número de población atendida y el número de población total se acuerda con los últimos
datos del censo electoral y del INE, que son los que se utilizan siempre al hacer la valoración del reparto del presupuesto conveniado. De las comunidades autónomas conocemos lo que nos cuentan y lo que nos dicen. Lo que está claro es que según
las estimaciones que el Imserso realiza, sobre la base del número de personas atendidas y el coste de los servicios y las prestaciones, el Gobierno está cumpliendo con la parte proporcional


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que le toca financiar de la Ley de Dependencia y que hay comunidades que están haciendo un esfuerzo mayor que otras. Esto es una realidad que se manifiesta en los resultados de las personas atendidas.



Hay una evaluación estadística, unos indicadores que se aprobaron hace unos meses en la comisión delegada y en el consejo territorial, y estamos a la espera de tener los últimos datos analizados, que en las próximas semanas haremos públicos.



Cuando se habla de falta de información o falta de indicadores sobre la aplicación de la ley, permítanme que les diga que no me parece serio, primero, porque este sistema aporta información real mes a mes de todos los datos de las personas
atendidas, comunidades autónomas y demás indicadores acordados, pero además, es que todo lo que se cuenta de esta ley, todo el relato que los diferentes actores hacen de la ley, tanto los trabajadores sociales, las organizaciones sociales, las
administraciones autonómicas, los ayuntamientos, todos, tienen como referencia el sistema y la base de datos del Imserso, porque no hay otra. Además, ni el sistema sanitario ni el educativo ni ningún otro sistema público aporta tanta información
como el Imserso sobre la atención a la dependencia. Por lo tanto, creo que la transparencia es absoluta. Dentro de una semana vamos a presentar otra nueva estadística, con los últimos indicadores aportados y acordados en la última conferencia
sectorial.



Estoy de acuerdo con el señor Campuzano en la necesidad y probablemente en la conveniencia de hacer un gran acuerdo; de hecho, esta ley solo va a seguir adelante y solo va a permitir avanzar si hay un gran acuerdo político y social, no sólo
por parte de las administraciones públicas, también con los agentes sociales implicados en el desarrollo de la ley, con los propios profesionales de los servicios sociales, con las propias empresas del sector, es decir, con todos los actores que
participan en esta ley.



A mí me gustaría hacer una valoración muy sosegada, con mucho rigor, con mucho criterio y con todos los actores implicados, y eso es lo que estamos haciendo; además, ni estamos parados en la puesta en marcha de la ley ni en el desarrollo de
la aplicación de la ley ni tampoco en su valoración. Hemos mandado fichas a todos los agentes y a todas las comunidades autónomas, y creo que solo han respondido seis o siete comunidades autónomas al primer cuestionario que se les envió hace ya
bastantes meses, y lo que vamos a hacer ahora es un calendario de evaluación de aquí a final de año. ¿Cómo lo estamos haciendo? Obviamente, con la complicidad de las comunidades autónomas, entre otras cosas, porque ellas son quienes están
aplicando la Ley de Dependencia y quienes conocen con mucho más detalle incluso los aspectos de la gestión y de la reorientación de los servicios y las prestaciones que la ley contempla.



Creo que hay que apostar claramente por la calidad de los servicios. Los pequeños mitos que vamos a romper en esta valoración tienen que ver con lo que les decía al principio, y es que nuestros mayores han cambiado; no todos los mayores
quieren estar en residencias, el modelo de la atención ha cambiado radicalmente. Por eso, en la valoración de esta ley queremos contar con las comunidades autónomas, con las administraciones públicas, pero también queremos contar con la opinión de
los usuarios, de las personas mayores en situación de dependencia, sobre cómo quieren orientar estos cuidados. Una de las mejores noticias que como sociedad podemos tener en los últimos tiempos, y que además da idea de que probablemente esta no es
la sociedad más desigual del mundo y no es la sociedad con más miseria de Europa ni todas estas cosas que a veces se dicen en tono grandilocuente, es que nuestra esperanza de vida ha subido tanto que estamos ya en el primer puesto de la Unión
Europea. Eso da idea de que quizás nuestro nivel de bienestar no es tan malo cuando nuestra esperanza de vida crece tanto. Que esa esperanza de vida se haya alargado tanto tiene que ver también con que las personas mayores cada vez viven más y
cada vez hay que promocionar más la autonomía para prevenir la dependencia.



Vamos a hacer esa valoración con rigor, con tranquilidad, contando con la opinión de todos los actores y poniendo en el centro de la valoración a las personas beneficiarias del sistema. Probablemente, al hilo de esa valoración, haya que
hacer algunas propuestas que afectarán quizá al sistema de financiación, a la viabilidad y a la sostenibilidad del modelo. A nosotros nos preocupa que todavía haya esa importante bolsa de personas sin atender. Por eso creo que hay que hacer una
parada, no en cuanto a que la ley se detenga, sino una parada de reflexión en los incentivos que esas comunidades autónomas tienen que poner para que haya un cierto grado de equidad en todo el territorio. No puede ser que algunas sigan avanzando
muy rápidamente y otras lentamente, y sobre todo hay que avanzar en la promoción de la autonomía y en los criterios de calidad.



La señora Domínguez, portavoz del Grupo Socialista, me pregunta hoy por los centros de referencia. En este real decreto que estamos trabajando con las comunidades autónomas queremos hacer un análisis no solo de los centros que ya tiene en
marcha el Imserso, sino de cómo construir una red de centros de referencia en todo el Estado. En todas las comunidades autónomas hay centros realmente modelo en determinadas prácticas, y como lo que queremos es avanzar precisamente en la prevención
y en la calidad, creo que es importante que se consolide una amplia red estatal para que las personas afectadas por problema de dependencia por diferentes motivos -enfermedades mentales graves, Alzheimer, discapacidad u otro tipo de cuestiones-
puedan ser atendidas con las mejores terapias y por los mejores profesionales. Por eso es importante avanzar en esa red de centros de referencia, que tiene que estar formada no solo por los centros que actualmente dispone el Imserso, sino también
con otros centros que las comunidades autónomas pueden ir aportando a esa red.



Termino con el tema de la dependencia cogiendo el guante que lanzaba el señor Campuzano de ese gran


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acuerdo. Yo estoy segura que lo vamos a conseguir, que la valoración nos dará pie para ello, que en esta Cámara tendremos amplios debates sobre el desarrollo de esta ley y que se podrá aportar mucho a las posibles reformas que en el futuro
tengamos que plantear, no para cuestionar la ley, sino para afianzarla como uno de los logros más importantes que hemos conseguido en los últimos años en el Estado del bienestar, y de cara a ese alargamiento de la vida de las personas, sin duda, va
a ser un espacio que nos va a tener que ocupar mucho tiempo.



Relacionado con los mayores, aunque no con todos los mayores en situación de dependencia, había dos cuestiones que resuelvo rápidamente y que tienen que ver con el Libro Blanco de la coordinación sociosanitaria y con el Libro Blanco del
envejecimiento activo.



El Libro Blanco del envejecimiento activo, como comentaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, está ya colgado en la web del Imserso; hay diseñadas una serie de jornadas específicas con organizaciones de mayores y personas
expertas, se han celebrado ya dos jornadas monográficas en los últimos meses y de aquí al mes de octubre se van a seguir desarrollando diferentes seminarios con personas expertas para seguir profundizando en las líneas que establece ese libro
blanco.
Nuestra idea es que a final de año tengamos ya una publicación con un debate mucho más rico y que podamos incluso avanzar en algunas propuestas de envejecimiento activo. Creo que es uno de los campos donde más hay que avanzar en la próxima
década teniendo en cuenta las perspectivas demográficas que tenemos y, además, queremos que esas propuestas sean ampliamente debatidas de cara a ese año 2012 del envejecimiento activo, donde la Unión Europea también nos ha puesto deberes sobre la
mesa, algunos de los cuales tienen que ver con esa reforma de nuestro sistema de pensiones que acaba de aprobarse.



En relación con el Libro Blanco de la coordinación sociosanitaria, lo que se aprobó en febrero de 2011 fue precisamente su elaboración, y lo que estamos haciendo ahora es reunirnos con un grupo de personas expertas.
Hemos tenido reuniones
con algunos consejeros y consejeras de comunidades autónomas como Castilla y León, Extremadura o Andalucía, y hay muchas que ya han puesto en marcha algunas experiencias en este ámbito. No les voy a negar que este es un momento muy complicado para
avanzar en nuevos servicios de atención diferentes, a pesar de que hay muchos estudios que hablan del ahorro y el coste que suponen estos servicios de atención sociosanitaria; tampoco hay un consenso común en cómo resolver la atención
sociosanitaria. Hay algunos sectores empresariales y del ámbito de la acción social que apuestan por un modelo concreto, que no es el de todas las comunidades autónomas. En fin, hay un debate abierto sobre este tema que intentaremos no resolver,
pero por lo menos sí aportar líneas de actuación y alternativas en ese documento que queremos tener resuelto antes de final de año.



Se ha hablado aquí de la pobreza de la infancia. Yo no quiero cuestionar los datos de las organizaciones sociales, ni mucho menos caer de nuevo en complacencia. Sí que hay una realidad, y es que la tasa global de pobreza se ha mantenido y
se ha reducido de manera importante en algunos grupos de población vulnerables como la tercera edad desde el año 2004 y 2009.
Es verdad que ha habido un incremento de la pobreza relativa en el año 2010, obviamente como consecuencia de la crisis.
Se han puesto en marcha algunas medidas de protección social, como es esa prestación extraordinaria para todas las personas que han dejado de percibir la prestación por desempleo, entre otras medidas.



En España saben que tenemos una particularidad en relación con otros países, y es que tenemos una estructura de la propiedad de la vivienda muy alta; más del 80 por ciento de las personas en España son propietarias de su vivienda. Por
tanto, si no imputamos el alquiler de la vivienda, precisamente por esa alta tasa de propiedad que tenemos, estaríamos diciendo que la tasa porcentual de pobreza en España es de un 15,5 por ciento y no de un 19,5 por ciento lo que nos sitúa entre
1,5 y 1,8 millones de personas que son en este momento prioridad para este Gobierno, en ese objetivo de reducción de la pobreza en el año 2020. Como saben ustedes, el objetivo de la Unión Europea es reducir en 20 millones el número de personas que
viven por debajo del umbral de la pobreza o con una pobreza de baja intensidad. En España, nuestros cálculos nos llevan a pensar que tenemos que poner el acento en sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas y en ese objetivo estamos trabajando
dentro de las medidas que hemos acordado en el Plan nacional de reforma. Hemos redactado ya un primer documento que será remitido a la Comisión Europea a finales del mes de abril y hemos establecido unos indicadores cuantificados. Es decir, no
queremos solo establecer el objetivo de manera abstracta sino que hemos cuantificado cómo queremos y cómo creemos que podemos ir reduciendo esa bolsa de personas que viven en una situación de pobreza relativa o en una situación de mayor precariedad,
y hemos establecido además medidas concretas para intentar garantizar un mejor bienestar de esas personas. En el grueso de las personas de mayor edad, se ha reducido en cinco puntos la tasa porcentual de pobreza en los últimos años, lo que tiene
que ver con el incremento de las pensiones, con el propio desarrollo de la Ley de Dependencia. Se establecen también medidas dirigidas a reducir la pobreza infantil, que tienen que ver fundamentalmente con ese objetivo de reducción del fracaso
escolar.



La pobreza infantil es una pobreza multidimensional que tiene que ver con la pobreza de las familias y los entornos en los que viven, por tanto, la medida prioritaria para avanzar en la reducción de la pobreza es la creación de empleo. Esa
es la primera medida decidida en la que se está trabajando y en la que se pone todo el acento en ese Plan nacional de reforma, y en esa reducción del empleo hay otras medidas complementarias que tiene


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que ver con lo que estamos haciendo y con lo que queremos intensificar en los próximos años, que es la reducción del fracaso escolar. Hay varios programas que se están incentivando desde el ministerio con algunas organizaciones sociales -el
secretariado gitano, por ejemplo-, que tienen como objetivo reducir el fracaso escolar en los grupos de niños más vulnerables. Queremos también aumentar la tasa de escolarización y llevar a la educación secundaria a estos grupos de población
infantil, niños pertenecientes a grupos en situación de exclusión social. Queremos seguir también con la tasa de gratuidad en la educación de cero a tres años.
Saben que este es un indicador en el que no solo nos hemos acercado a la media europea,
sino que la hemos superado; no llegaba al 25 por ciento en el año 2004 y ahora tenemos una tasa de un 34 por ciento de cobertura de educación de cero a tres años. Esa es otra medida que sin duda incidirá en la reducción de la pobreza infantil,
ligado a otro tipo de acciones prioritarias que se van a definir en el plan de la infancia y la adolescencia, que estaré encantada de venir a presentar en esta Cámara en el momento en el que lo acordemos. Dentro de ese plan queremos establecer
objetivos prioritarios que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la concienciación, la sensibilización y también con la prevención de abusos, seguridad jurídica de los menores y la prevención del maltrato infantil. Queremos
centrarlo en medidas activas para reducir la tasa de pobreza infantil y, en colaboración con las organizaciones de la infancia, poner énfasis en los grupos más vulnerables.



El señor Llamazares preguntaba cuál es la valoración de ese plan de inclusión social. Obviamente, la contención en esos indicadores de desigualdad que ha habido, a pesar de la crisis en este año 2010, tiene que ver con todas las políticas
de acción social que se han priorizado y con todos los recursos de carácter extraordinario que se han destinado en el último año a las políticas de inclusión. Hablaba de 730 millones destinados a ayuntamientos, más 400 millones del Plan E y otra
serie de medidas extraordinarias de financiación. Es verdad que los 15 millones que reivindica el señor Campuzano constantemente no están y no han llegado a las organizaciones sociales. Le contesto de manera transparente, señor Campuzano; esos 15
millones que estaban comprometidos en el plan no han ido a las entidades sociales porque forman parte de ese presupuesto no gastado que tuvimos que asumir en el real decreto de mayo del año pasado, donde hubo que hacer un ejercicio de contención
presupuestaria importante, pero también es verdad que durante este año, con la aplicación del plan, ha crecido de manera importante el dinero que se ha asignado a programas de acción social para el tercer sector y para las organizaciones sociales a
través del 07. Hemos pasado del 05 al 07 en el año 2009, como sabe, y eso nos ha permitido más que duplicar el porcentaje del presupuesto que destinamos a estos fines de interés social. No llegaba a 95 millones el presupuesto que se destinaba en
el año 2004, y en el año 2010 pasó a 205 millones. Y tengo que decirles que a pesar de la disminución en la recaudación, creo que la cruz y la voluntad solidaria de los ciudadanos se ha mantenido en este último ejercicio, de tal manera que los
datos provisionales que tengo es que para el próximo ejercicio esas cuantías, esas partidas destinadas al 07 de acción social, tampoco se van a ver disminuidas de manera importante, por tanto, vamos a poder contar con más de 200 millones de euros
para programas de acción social; una cuantía importante que sin duda ha permitido no solo mantener e intensificar los programas de acción social y los programas de inclusión, sino que también ha permitido fortalecer las organizaciones del tercer
sector. La convocatoria de subvenciones de carácter general de la Dirección General de Política Social es la que está permitiendo mantener la solidez de sus organizaciones y la continuidad de todos los programas.



Planteaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular qué pasaba con el centro de referencia de Parkinson de Cartagena. Como sabe, la partida de centros de referencia, la partida del capítulo 7 de los presupuestos, en un ejercicio
presupuestario de contención, se ve contenida. A pesar de ello, tengo que decirle que sigue desarrollándose el proyecto de definición y de construcción del centro. Eso sí no quiero engañar a nadie, esta es la partida que más ajustada está, la
construcción de nuevos centros. Es verdad que hemos puesto en marcha bastantes centros de referencia en los últimos años, pero en cualquier caso el proyecto sigue en marcha y en los presupuestos del año que viene, en función de cómo vayan los
proyectos de este y de los otros centros que están comprometidos, se contemplará en los Presupuestos Generales del Estado la cuantía que se estime oportuna para seguir el desarrollo del centro. En este momento se está en la redefinición del
proyecto y continuará en función de las previsiones presupuestarias que de cara al año que viene se puedan hacer.



Decía también la señora Méndez que no se avanza con ideología, que se avanza con políticas. Yo lamento que para ustedes la igualdad sea una ideología y no un objetivo social. Estoy de acuerdo con usted en que no se avanza con la ideología
y las leyes que este Gobierno ha puesto en marcha no son leyes ideológicas, son leyes que pretenden un objetivo social concreto. Detrás de las leyes hay prestaciones económicas, hay derechos consagrados con prestaciones y yo creo que de eso se
trata, de avanzar con lo que las leyes aportan, que es garantía de derechos reconocidos con nuevas prestaciones sociales, que son las que en este momento se están manteniendo y reforzando en la medida en que los Presupuestos Generales del Estado lo
permiten en ese contexto complicado de contención presupuestaria que estamos lidiando.



Si hay alguna cosa que haya dejado por contestar, estaré encantada de hacerlo en una segunda intervención.



El señor PRESIDENTE: No pensaba, pero como se han mantenido en general dentro del tiempo previsto,


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habrá un breve turno para repreguntar. Hay una Comisión convocada a la una, por tanto, yo pediría el máximo de contención para que podamos decidir en Mesa y portavoces cómo aprobamos definitivamente la ley de seguridad alimentaria.



Tiene la palabra la señora Méndez.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Espero no consumir los cinco minutos que me restaron en el anterior tiempo de intervención. Muy brevemente, para intentar aclarar cosas que se han dicho y preguntas que creo que no han quedado contestadas.



El señor PRESIDENTE: Tenía diez de descuento con anterioridad.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Tiene razón, muchas gracias, señor presidente.



En primer lugar no tengo ninguna intención de entrar en controversia con la señora Pérez, pero sí me parece que ha dicho una serie de cosas que desde nuestro grupo deben de contestarse porque, si no, parece que asentimos a todo lo que ha
dicho.



El señor PRESIDENTE: Yo les pido que no se contesten y que hagan preguntas a la compareciente porque si no, volvemos a reabrir un debate y no terminamos hoy.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Entonces, señor presidente, tendrá que hacer que la señora Pérez no se meta con el Grupo Parlamentario Popular.



El señor PRESIDENTE: Es muy difícil, entre la perversidad y...



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Es que si yo no le puedo contestar me quedo en indefensión.



El señor PRESIDENTE: Póngalo en positivo, nunca en negativo.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Lo pongo en positivo, señor presidente. Para que a la señora Pérez no se le agrave ese mal de garganta que tiene, que no se enfade mucho. Yo ahora mismo no sé cuántas familias numerosas y cuántas
monoparentales están cobrando el cheque bebé. Incluso, fíjese, le admito mi incompetencia y mi falta de estudios sobre el tema, pero eso no quita que ustedes tengan la obligación, y en concreto el Gobierno, de contestarme cuál es ese montante, cuál
es ese complemento que ha dicho la secretaria general que existe, y cuántas familias numerosas y cuántas monoparentales han cobrado, porque yo sinceramente no lo sé, pero ustedes tienen obligación de contestarme.



No voy a entrar tampoco en la denuncia ni en el rifirrafe de las diferentes comunidades autónomas que a la señora Pérez le gusta tanto, cuando la responsabilidad es del Gobierno de la nación y de la Administración General del Estado. Tengo
aquí los datos de la Comunidad de Madrid y está en el tercer puesto absolutamente en todos los parámetros, pero es que no quiero entrar en ese debate. Ya está bien de demagogia ¿Qué es bueno que existan prestaciones por desempleo? Pues claro que
es bueno que existan prestaciones por desempleo, pero la gente no es tonta y sabe que si hay empleo habrá más dinero para políticas sociales. Por tanto, no hagamos esa serie de manifestaciones, porque parece que estamos hablando a unos ciudadanos
que no entienden de qué estamos hablando. Y parece también que este Gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad en esta crisis. Llevamos siete años con un Gobierno del señor Zapatero, y si no tiene responsabilidad y no puede hacer nada porque
esta crisis le excede, a lo mejor puede irse a su casa y ahorrarnos su sueldo, porque tampoco es de recibo que se esté siempre diciendo que no se puede hacer nada con esta crisis.



Voy a las preguntas que pienso que me debiera de contestar. Señora secretaria general, le agradezco sinceramente sus respuestas y su tono.
Veo que usted sabe de qué está hablando y la voluntad que tiene de que las cosas se solucionen;
otra cosa es que no tenga los medios para que eso ocurra.



No me ha contestado sobre los fondos adicionales de la Ley de Dependencia, que le dije que se lo pregunté al señor Moza en otra ocasión. Me gustaría que me contestara cómo, por qué y a quién se han dado.



En el tema de la ley de financiación de las comunidades autónomas, siempre contestan aludiendo a todos los gastos de carácter social con respecto a la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Nosotros no estamos
conformes en que a ese fondo se le vaya a aplicar incluso el gasto de dependencia. No es un fondo finalista y además la Ley de Dependencia es la que estimaba y preveía que existían algunos fondos específicos para la misma. Incluso aunque estuviera
afectada y contáramos esos fondos, tampoco llegaría ni al 50 por ciento de esa financiación. No estamos de acuerdo. Tampoco me ha respondido si la población se ha actualizado o no, la población de las diferentes comunidades autónomas para recibir
determinados fondos sociales.



Tampoco me ha contestado, señora secretaria general, qué van a hacer con la sentencia del copago. He creído entender que no está de acuerdo con la sentencia, pero tampoco sé si lo he entendido bien. Me gustaría también que me dijera si
están o no están de acuerdo con la sentencia, y si no están de acuerdo, si la piensan recurrir, es decir, qué es lo que van a hacer a partir de esta sentencia. También ha dicho que existe un debate abierto sobre el tema sociosanitario. Le
agradezco que exista ese debate, pero ese debate lleva abierto siete años y todavía no ha existido ningún tipo de resolución al respecto.



Me parece muy bien el objetivo de sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas, pero le recuerdo que ese objetivo existía en el último Plan de inclusión en el año


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internacional sobre la pobreza en España y que ninguno de los objetivos ni de los parámetros que ahí existían se cumplieron.



El señor PRESIDENTE: Señora Méndez, vaya terminando por favor.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señor presidente.



Habla usted también del gasto en familia; 0,6 del PIB cuando en la Unión Europea está en el 2,20. Me ha parecido entender que calificaba usted de grandilocuentes las manifestaciones en algunos temas. Pues he de decirle que existe un
índice oficial de una agencia que no tiene una ideología que pueda ser cercana a la nuestra, así de claro se lo digo, que dice que el índice de miseria es del 22,9 por ciento, y ese índice de miseria es un dato, es un índice y no es una afirmación
de carácter grandilocuente, es lo que hay.



En el tema de la discapacidad, sería importante lo del LISMI, que tampoco me ha contestado.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Pérez Domínguez.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: En primer lugar, quiero darle las gracias a la señora Méndez por desear que mejore mi garganta y mi situación, que no es nada más que una enfermedad pasajera.



Yo entiendo, señora secretaria general, que el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos de la Cámara han hecho suficientes cosas, suficientes reformas para avanzar en la salida de esta crisis y que son siempre otros o es
siempre el mismo quienes no hacen nada y quienes no apoyan ni proponen soluciones para salir de la crisis, que yo creo que vamos a hacerlo rápidamente.



Tampoco quiero entrar a debatir los datos que da la señora Méndez sobre los índices de miseria, pero no conozco ninguna fuente estadística seria digna de estudio, ni en Europa ni en el mundo, que hable de esos índices de miseria. Sí conozco
los índices de pobreza severa o lo que nosotros podríamos llamar aquí ser pobres de solemnidad, que es lo que se dice en este país de toda la vida, que es el índice de privación material severa, y en España es considerablemente más bajo, un 2,5 por
ciento, que la media de la Unión Europea, que está en un 8,2 por ciento. De hecho, España ocupa una de las mejores posiciones de este indicador. Con esto no quiero sentirme satisfecha; mientras haya gente pasándolo mal, tendremos que seguir
haciendo cosas y es lo que estamos haciendo. ¿Por qué usted cree que pusimos en marcha el Prodi? ¿Por qué cree que ahora avanzamos en las políticas activas y seguimos superándonos? Estamos tan en buena posición en ese sentido que solamente somos
superados por Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia. Entonces hay que darle credibilidad a los estudios y a las series.



Señora Martínez, es cierto que todos los acuerdos que ha habido en los consejos territoriales de dependencia han sido consensuados, pero, permítame, lo lamentable es que después de acordar como acuerdan en los consejos, haya comunidades
autónomas que se vuelven para casa y ni desarrollan ni aplican los mismos. Creo que en ese acuerdo del que se hablaba aquí deberíamos avanzar todos. La lealtad a la ley y a los ciudadanos la cuestiono permanentemente, porque no puedo pensar que se
es leal desde una Comunidad Autónoma como Madrid, por mucho que digan aquí que está la tercera mejor posicionada. Estos son los datos oficiales de este mes. Esta es Madrid: la tercera por la cola. Y no le voy a poner un ejemplo de comunidades
autónomas mías. Madrid tiene 58.000 personas beneficiarias, con una población de 6,5 millones de personas (La señora Méndez Monasterio: Yo tengo otros datos.), y Castilla y León, que también es una comunidad del PP (Un señor diputado: Andalucía.)
-si yo no me quiero meter con nadie-, tiene 50.000, con una población de 2,5 millones.
Dígame: hay algunas que salen y no hacen su trabajo y otras sí. O le puedo hablar de La Rioja, que está en otro sitio. Lo que quiero es simplemente
manifestarle eso, que hay algunas que no hacen el trabajo y que deberían de salir a hacerlo, y por eso le hablaba a la secretaria general de que yo entiendo la lealtad, sobre todo la lealtad con los ciudadanos a los que uno gobierna, cumpliendo
efectivamente las leyes que nos hemos dotado entre todos. No quisiera insistir más en este asunto.



Se ha marchado el señor Campuzano, pero antes de irse le he dicho que iba a hacer algún comentario en cuanto a la coordinación sociosanitaria o el ámbito sociosanitario sobre el que tanto discutimos y hablamos -y miro también a mi compañero
y presidente señor Llamazares-. Asistí hace dos semanas a la presentación de un libro muy interesante, hecho desde el ámbito sanitario pero con intervención también del ámbito social, cuyo título era Sanidad y dependencia: matrimonio o divorcio.
Las conclusiones que extraje tanto de quienes habían hecho el libro, que eran profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de Cataluña, como de los dos consejeros responsables que intervenían -que eran, por Castilla-La Mancha, el consejero
Fernando Lamata, que tiene la competencia de la sanidad y de la política social y del bienestar, y la consejera que intervenía desde Galicia, doña Pilar Farjas-, eran, primero, que es como esos estereotipos que circulan de que hay un gran ahorro
cuando no lo hay. La conclusión es que no hay ahorro en los sistemas, no hay ahorro en la coordinación sociosanitaria, porque la demanda siempre es superior a lo que se puede ofrecer. Si uno libera una cama de un hospital para pasarla a atención
de un geriátrico, inmediatamente se le ocupa la cama.
Hay una mejora evidente, que son las conclusiones, en la asistencia y en la calidad a los ciudadanos, y para mí eso ya es bastante importante, aunque en términos económicos no suponga un


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ahorro la coordinación de los dos sistemas. Concluía: coordinación, toda; implementación de programas conjuntos y coordinados, sí, y un sistema sociosanitario, no, y en ese sentido estoy bastante de acuerdo. Total, la conclusión era:
pareja de hecho con voluntad de entendimiento, coordinación y reparto de tareas de manera convenida, que me parece a mí que es la mejor fórmula de avanzar, no solo para la coordinación sociosanitaria, sino para el desarrollo de la política que
beneficie a los ciudadanos de este país.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra para turno final la secretaria general de Política Social y Consumo.



La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (Martínez Lozano): Paso a responder muy brevemente, señor presidente, a las cuestiones que me planteaba la portavoz del Grupo Popular. Sobre el cheque bebé, yo empezaba
reconociéndole en la anterior comparecencia que es la única prestación que realmente se ha recortado, en los términos en los que hablamos de recorte, literalmente, recortado. Tengo que reconocerle que esta prestación, que se puso en marcha en un
momento en el que había una situación económica de superávit presupuestario, se decidió por muchos motivos, entre otros porque entendíamos que había que incrementar todas las prestaciones que suponen un aumento en las políticas familiares en nuestro
país. Tampoco fue una medida, al no tener carácter progresivo, aplaudida por la gran mayoría social de este país, pero le empezaba reconociendo que efectivamente es la única medida que, no estando reconocida por ley, se decidió reajustar.



Tengo aquí una cifra sobre familias monoparentales, numerosas y padres y madres discapacitados que tienen derecho a una prestación de ayuda por hijos -no a este cheque bebé en los términos en los que se contemplaba en la prestación-, pero
como me gusta ser muy rigurosa en los datos, prefiero hacérsela llegar de una manera formal con los datos exhaustivos para que los tenga usted a su disposición. (La señora Méndez Monasterio: Y la cantidad de los importes, de los emolumentos.) Por
supuesto, se los haremos llegar con muchísimo gusto.



En cuanto a la responsabilidad de la crisis y la respuesta frente a la misma, tampoco me voy a detener ahora en este debate, pero sí quiero dejar claro que si de algo no adolece este Gobierno, es de responsabilidad frente a la crisis, y de
hecho creo que la responsabilidad es el móvil que nos ha llevado a tomar medidas como la que le decía antes, la de ajustar el cheque bebé. La responsabilidad es lo que nos lleva a seguir poniendo sobre la mesa todas las medidas de las que le he
dado cuenta en esta última hora.



Sobre el tema de la dependencia y de esos fondos adicionales a que usted se refiere, tengo que decirle que en los datos que vamos a hacer públicos dentro de unas semanas también aparecerá un epígrafe de financiación. Le vuelvo a decir que
los únicos datos que son claros y transparentes en la financiación del sistema son los que aporta la Administración General del Estado y creo que hay varios fondos adicionales, incluidos los 400 millones del PlanE y algunas otras cuantías
extraordinarias que se han aportado en los últimos años. Todas esas cifras son ya públicas, pero además van a ser abordadas de una manera totalmente transparente en las próximas semanas y también estaremos encantados de hacerle llegar, más allá de
que se colgarán en la página web del Imserso, todos los detalles de financiación del sistema, aunque nunca vamos a poder tener claro cuál es la financiación del sistema hasta que las comunidades autónomas no hagan ese ejercicio de transparencia en
cuanto a los fondos aportados de manera extraordinaria o a ese fondo complementario que la ley también contemplaba y aporten esos datos con todo el rigor, como lo estamos haciendo desde la Administración General del Estado. En todo caso le digo
que, con creces, esta Administración está cumpliendo con ese 50 por ciento que la ley establecía de manera preliminar.



En cuanto al copago, tema sobre el que me decía que no sabía qué íbamos a hacer, evidentemente los servicios jurídicos del Estado recurrirán esa sentencia; todavía hay una instancia en el Tribunal Supremo, que vamos a agotar, y haremos lo
que decida el Consejo Territorial de la Dependencia, que es donde se abordan estas cuestiones, es decir, en función de la última sentencia que llegue, evidentemente nos sentaremos en dicho consejo y haremos lo que este decida, como en todas las
actuaciones que en materia de desarrollo de la ley estamos haciendo. Hasta ahora no tenemos ningún problema, pero simplemente le digo que ese acuerdo de copago fue establecido en el seno de esa conferencia con los criterios que la ley recogía de
desarrollo reglamentario.



El porcentaje del presupuesto destinado a políticas familiares es el 1,5 por ciento. Hemos dado también ahí un paso importante de acercamiento al indicador europeo y a la media europea en más de un punto. Hay que tener claros esos
indicadores para saber cómo vamos avanzando. Con relación al Real Decreto de la Lismi por el que me preguntaba, no sé exactamente a qué se refiere. Puedo profundizar con usted en otro contexto sobre este tema. Ahora mismo, sobre las prestaciones
de la antigua Lismi que se siguen desarrollando, lo único que hay pendiente es, por un lado, el plan de atención de los niños de 0 a 3 años en situación de dependencia, sobre lo que se hizo una propuesta a las comunidades autónomas en el marco de
ese consejo territorial -hay algunos servicios y prestaciones incluidos ya en ese acuerdo sobre servicios de la promoción de autonomía personal-, y un acuerdo sobre la reorientación de todas las políticas de empleo protegido y de incentivo al empleo
de personas con discapacidad; había un real decreto sobre la mesa, está la estrategia, que termina este año, y en el marco de ese Real Decreto de reordenación de las políticas activas de empleo, sabe que en la disposición adicional única aparecían
derogadas esas normas para


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enmarcarlas dentro de una estrategia global de políticas activas. Hay un grupo de trabajo en este momento entre la Dirección General de la Discapacidad -que depende de esta Secretaría General de Política Social y Consumo-, la Dirección
General del Servicio Público de Empleo y el propio Cermi para trabajar en un marco global de empleo protegido y de apoyo a personas con discapacidad, dentro de esa estrategia nacional de empleo que se pretende aprobar el próximo mes de octubre en
esta Cámara en forma de real decreto.



Les agradezco mucho el tono de la comparecencia, el espíritu y el ánimo de colaboración y de cooperación, y como les decía al inicio, estaré encantada de compartir con ustedes las comparecencias que estimen oportunas para abordar todos los
temas que consideren y, como recojo de la mano de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, estaría encantada de hacer una sesión monográfica para hablar de infancia. Hay algunas organizaciones de infancia que nos lo habían solicitado. La
presentación y la aprobación de ese plan de infancia es una buena oportunidad y al hilo de ese plan y junto con todas las cuestiones que se recogerán en el plan nacional de reformas, podríamos abordar -y cuentan ustedes con mi disponibilidad- ese
tema con profundidad en esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión, no sin antes decirles que no hay opción, porque el día 22 de marzo no lo tenemos asignado y no hay salas; por tanto no podemos convocar nada. Me refiero a lo que tenemos previsto, porque falta
una sesión de la Comisión para aprobar el proyecto de ley de seguridad alimentaria. El día 22 es imposible. En abril, también imposible porque solo hay una semana con periodo ordinario de sesiones y tampoco tenemos asignada ninguna fecha, lo cual
obliga a que las reuniones de la Comisión sean el día 29 de marzo -en que teníamos previstas comparecencias- y el día 30 de marzo para aprobar el citado proyecto de ley. No tenemos alternativa; por tanto, se lo comunico para que se pongan en
marcha y funcionen con ese criterio. Tendremos que trabajar un poco más: será el martes 29 para las comparecencias del secretario general de Política Sanitaria y del director de la Agencia Alimentaria y el miércoles 30 para el proyecto de ley.



Ustedes me han dicho que no tienen problema con las dos resoluciones de Mesa y portavoces que tienen que ver con párkinson y con lupus. No había inconveniente por parte de los grupos parlamentarios, por tanto las damos por aprobadas.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Yo la he trasladado a los enfermos de párkinson y no tengo contestación.



El señor PRESIDENTE: Es que no es un plebiscito entre los enfermos de párkinson, señorías.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Nuestro grupo parlamentario quiere contar con ellos.



El señor PRESIDENTE: Llevamos dándole vueltas a este tema mucho tiempo. Lo único que podemos hacer, si ustedes quieren, es dejarlo encima de la mesa. Asumimos únicamente la del lupus y queda pendiente el plebiscito para los enfermos de
párkinson.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Asumí la iniciativa. La del Grupo Socialista no me gustaba tanto.



El señor PRESIDENTE: Creo que es buena, pero en todo caso ustedes decidirán.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: A mí me gusta más la suya, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Damos por aprobada la del lupus y espero que en la próxima Comisión veamos la del párkinson. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)


No, no es posible ya. Casi tenemos una sesión por mes de PNL. En abril no tenemos posibilidad porque la Cámara no nos ha dado ninguna fecha. Si nos da alguna fecha, igual podemos hacer alguna sesión de PNL.



Se levanta la sesión.



Era la una y quince minutos de la tarde.