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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 663, de 30/11/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 663
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 40
celebrada el martes, 30 de noviembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), para:
- Informar sobre las líneas generales de la política que va a desarrollar al frente de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000192.) ... (Página 2)
- Explicar las nuevas políticas que va a aplicar en su departamente tras su nombramiento como ministro. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000918.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión con la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración para informar sobre las líneas generales de la política que va a desarrollar al frente de su departamento. Esta
comparecencia está solicitada por el Gobierno y también, con el mismo contenido, por el Grupo Parlamentario Popular, así que vamos a iniciar esta sesión.
Señor ministro, muchísimas gracias por su comparecencia, bienvenido a la Comisión de Trabajo e Inmigración, y cuando usted quiera suya es la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señorías, comparezco ante ustedes a las pocas semanas de ser nombrado ministro de Trabajo e Inmigración para dar cuenta de la política del departamento durante el próximo periodo.
Tengo que decir que es para mí un gran placer volver a encontrarme con todos ustedes; todos o la gran mayoría de ustedes, por tanto, me conocen. Defiendo el diálogo y también el debate y la confrontación de ideas; por eso tengo un profundo
respeto por las razones de los demás y una gran predilección por defender mis posiciones con análisis y con datos. Ante todo quiero ponerme a su disposición. Me gustaría mantener un alto nivel de diálogo y de encuentro con todos los grupos de la
Cámara. Estoy dispuesto a analizar y debatir cuantas ideas y propuestas se presenten y, haciendo además el máximo esfuerzo para acordarlas, estoy también dispuesto a adoptarlas. Mi voluntad es mantener este ofrecimiento durante todo lo que resta
de la legislatura. Dicho lo anterior, quisiera hacer una intervención breve para abrir espacio a ese diálogo desde la propia comparecencia. Esa brevedad me obliga necesariamente a centrarme en los aspectos más importantes que nos planteamos como
acción de Gobierno en esta etapa. El departamento tiene muchos otros ámbitos de actuación y cometidos a desarrollar en esta etapa, sí; una etapa en la que nos es posible delimitar todo el conjunto de aspectos en esta intervención y cuyo
tratamiento posterior voy a dejar a disposición de sus señorías.
La voluntad declarada y bien conocida del Gobierno es realizar las reformas explicitadas, necesarias y pendientes para la sociedad y la economía españolas. Esto es algo que comparte plenamente este ministro.
Estoy -estamos- aquí para hacer
las reformas pendientes. Desde algunos ámbitos se ha querido ver lo contrario. No es así en absoluto. Mi papel, todo mi esfuerzo, se van a centrar y estarán dedicados a impulsar y a aprobar el proceso de reformas pendientes en la economía
española; y esto, señorías, no tiene vuelta de hoja. Pase lo que pase las reformas no van a dejar de hacerse; se van a hacer en esta etapa y en los plazos previstos, y trabajaré para acortarlos todo o en la medida que sea posible. No se trata,
señorías, de una simple declaración; es una expresión firme de voluntad y un compromiso por parte de quien les habla.
Las reformas abarcan los ámbitos principales del mercado de trabajo y también de nuestro sistema de Seguridad Social. En primer
lugar, dedicaremos nuestro esfuerzo al desarrollo y aplicación de la reforma laboral, una reforma que, como saben sus señorías, ha sido muy profunda, probablemente al nivel de la reforma realizada en 1994. Se ha dicho con toda la razón que esta no
es una reforma para el corto plazo y que sus efectos positivos para reducir la dualidad entre trabajadores fijos y trabajadores temporales, para que las empresas opten por medidas de flexibilidad interna en lugar de por el despido de los
trabajadores, se verán cuando, por un lado, se reinicie con fuerza la creación de empleo y, por otro, cuando en lo sucesivo las empresas deban adaptarse a cambios en el ciclo económico general o a requerimientos de su propio mercado de trabajo.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la reforma es, pues, escaso y el contexto económico no es aún sin duda el adecuado, por lo que es pronto para valorar con rigor los efectos concretos de la reforma en nuestro tiempo. Sin
embargo, los datos disponibles hasta el momento muestran que la reforma ya está teniendo algún efecto en la composición de la contratación indefinida en el mercado de trabajo español y se aprecia ya un impulso del contrato indefinido de fomento que
era, como saben sus señorías, uno de los principales objetivos de la reforma. Pero la reforma necesita además dos cosas para completarse y desplegar plenamente todos sus efectos. Primero, desarrollar reglamentariamente diversas materias para
facilitar su aplicación sobre el terreno, sobre la realidad de las relaciones laborales. Hay cuestiones importantes de entre las establecidas en la reforma que exigen que se precisen para que haya un marco claro de aplicación. Segundo, se necesita
un contexto económico adecuado de crecimiento que permita aplicar lo establecido en materia de contratación y de flexibilidad interna. El contexto de inestabilidad actual en la economía internacional e incertidumbre general y la consiguiente atonía
de la inversión y del consumo, no permiten a las empresas abordar todavía decisiones de largo plazo en cuanto a contratación o a reorganización de sus recursos humanos. Debemos, en consecuencia, tener dispuesta la aplicación de la reforma laboral
para lograr un marco claro, un marco que coadyuve a la recuperación de la economía y del empleo. Su desarrollo, el de la reforma, requiere también medidas legislativas como es el caso de la regulación del Fondo de capitalización; medidas
reglamentarias como el procedimiento administrativo para llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo o la propia regulación de las agencias privadas de colocación; también requiere -el desarrollo de la reforma- procesos de evaluación como
el relativo al funcionamiento de nuestro sistema actual de bonificaciones a la contratación indefinida. Todo ello en un contexto de nuevas reformas estrechamente vinculadas con la anterior, como la reforma de las políticas activas de empleo y la
reforma relativa a las normas que rigen
la negociación colectiva, a lo que me referiré a lo largo de esta intervención. En este punto, señorías, es mi deber como ministro de Trabajo apelar nuevamente al diálogo social; diálogo social con los interlocutores sociales, con
empresarios y con sindicatos; diálogo para negociar, para discutir y poner en práctica y hacer el máximo esfuerzo a la hora de acordar la amplia batería de medidas de diferente tipo que se derivarán en los próximos meses de la reforma laboral.
La limitación temporal me impide detenerme como quisiera en cada una de estas medidas, pero permítanme, no obstante, algunos apuntes alrededor de cada una de ellas. En primer lugar, respecto al Fondo de capitalización, a lo que denominamos
modelo austriaco, es una fórmula exitosa, una fórmula adoptada en los últimos años en algunos países europeos; una fórmula que permite fomentar la movilidad y la formación y reforzar el aliciente de las empresas a la utilización de la contratación
indefinida y a incrementar la estabilidad en el empleo, reduciendo de esta forma el nivel de segmentación de los mercados laborales. La intención del Gobierno es aprobar el proyecto de ley que regula este fondo en el plazo de un año, fijado, como
saben sus señorías, por la reforma laboral de junio. En segundo lugar, el procedimiento administrativo de los expedientes de regulación de empleo. La intención del Gobierno es presentar a los interlocutores sociales y a las comunidades autónomas
un borrador de reglamento de los expedientes de regulación de empleo en un plazo muy breve. Los objetivos que nos hemos planteado son: uno, posibilitar una mayor seguridad jurídica para empresarios y trabajadores; dos, extender esa misma
seguridad jurídica tanto para las autoridades laborales como para los órganos jurisdiccionales; y, tres, reforzar de manera equilibrada la causalidad de los despidos por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En tercer lugar,
la regulación de las agencias de colocación privadas. La reforma laboral ha introducido -como saben ustedes- medidas para mejorar los mecanismos de intermediación laboral, y lo ha hecho buscando la colaboración entre la iniciativa y el papel
público y la iniciativa y el papel privado, preservando la centralidad de los servicios públicos de empleo en el conjunto del Sistema Nacional de Empleo pero, al mismo tiempo, complementando su actividad a través de las agencias privadas de
colocación en el marco de la reforma de la política activa de empleo. En estos momentos, señorías, estamos trabajando en el desarrollo normativo de estas agencias privadas de colocación, y nos gustaría presentarlo públicamente en un breve plazo de
tiempo.
La segunda gran reforma es la que afecta a las políticas activas de empleo. La reforma de estas políticas, que representan una parte nada desdeñable del esfuerzo público como atestiguan los aproximadamente 7.300 millones de euros que
destina a este fin el presupuesto para 2011, constituye un instrumento esencial para garantizar que en la salida de la crisis el mercado de trabajo tenga un funcionamiento más eficiente; funcionamiento más eficiente, permitiendo intensificar la
creación de empleo al reducir los desajustes entre oferta y demanda y elevar la productividad ya en el inicio de la etapa de despegue de la economía; y funcionamiento más eficiente, al tiempo que se mejora la cohesión social y la cohesión
territorial en el conjunto de nuestro país. Ello es así porque los dos grandes objetivos en esta reforma de las políticas activas son: por una parte, mejorar el grado de empleabilidad de todos los desempleados, en especial equilibrando el balance
que presentan los colectivos más desfavorecidos, como los jóvenes con baja formación o los trabajadores expulsados de actividades en las que es poco previsible un grado de dinamismo en el corto plazo, y ahí inmediatamente sale el precedente del
sector de la construcción; y elevar, por otra parte, de manera continua la capacidad de la población activa para aportar valor a la economía. Esto último no es sino el medio principal para el crecimiento sostenido de la productividad y de la
competitividad, y de él depende en buena medida el necesario cambio en el modelo productivo español. Pero lo primero es asimismo muy importante en una perspectiva mucho más amplia: evitar los riesgos derivados de la persistencia y la concentración
del desempleo en estos colectivos, en los más afectados por la crisis, y en algunos territorios es sin duda una buena vía para mejorar la cohesión social y la cohesión territorial en nuestro país.
Señorías, ¿cómo vamos a lograr los dos grandes objetivos que hemos trazado para la reforma de estas políticas? En primer lugar, a través de la atención personalizada a los desempleados, así como mediante el establecimiento de una carta de
servicios básicos a la ciudadanía, distinguiendo servicios destinados a las personas desempleadas de aquellos servicios destinados a las personas ocupadas y de los servicios que se destinan a las empresas. Un servicio público de empleo tiene, por
consiguiente, que ofrecer un buen nivel de servicios a los desempleados, a los ocupados, pero también, muy importante, a las propias empresas que demandan servicio público cuando a requerimiento de mano de obra se refiere. En segundo lugar, a
través de la articulación de una estrecha coordinación y cooperación de todos los agentes implicados en el desarrollo de su actuación. Y en tercer lugar, a través de un continuo esfuerzo de evaluación sobre los resultados de las acciones
desarrolladas. La reforma va a lograr que se configure un Sistema Nacional de Empleo potente. Este sistema ha de ser capaz de detectar y resolver los problemas de empleabilidad de cada uno de los demandantes y debe ser también capaz de generar
para todos ellos un mayor estímulo a la búsqueda activa de empleo. También ha de ser capaz de mejorar su rendimiento en la intermediación, no solo proporcionando a las empresas un sistema ágil y eficaz en la gestión de sus ofertas, sino anticipando
sus necesidades y dotando a los demandantes de las competencias y las cualificaciones que vayan a requerirse en futuras ofertas.
La reforma de las políticas activas debe partir de dos premisas básicas en su configuración: su incardinación en el modelo adoptado por la Unión Europea y el alto grado de descentralización en las competencias, funciones y servicios que las
atañen. La ejecución, como saben sus señorías, corresponde prácticamente en su totalidad a las comunidades autónomas, pero en su definición estratégica, en su regulación, el Estado ostenta un papel central de igual forma que en la coordinación y la
orientación de los programas, en la evaluación de los resultados y en la interconexión entre políticas activas y el sistema de protección por desempleo. Estas competencias deben ser coordinadas ante el Estado, deben ser coordinadas también con las
comunidades autónomas, y articuladas conformando un verdadero Sistema Nacional de Empleo. Por otro lado, su diseño contemplará una mayor conexión con otras políticas públicas: la educación, en primer lugar, buscando mecanismos para incardinar el
sistema educativo desde la perspectiva de las necesidades del sistema productivo; la política de I+D+i, impulsando con el sistema de ciencia y tecnología actuaciones de emprendimiento y de empleo; la política de inmigración, anticipando la
necesidad del sistema productivo para la gestión de los flujos migratorios y proporcionando instrumentos, como la formación en origen, necesarios para la mejora de la cooperación en esa gestión. Se trata de un enfoque estratégico, sí, pero es un
enfoque muy realista.
En cuanto a los recursos, a corto plazo las posibilidades de aumento son ciertamente escasas: primero, porque el Gobierno no va a debilitar la prioridad otorgada a la política de consolidación fiscal, una política que constituye un elemento
clave para nuestra credibilidad en materia económica; y segundo, por el cuantioso volumen de gasto comprometido en este momento en prestaciones por desempleo, que tampoco el Gobierno cree necesario aminorar. Sin embargo las posibilidades de
reasignación de los recursos disponibles ofrecen márgenes de maniobra suficientes, márgenes de maniobra significativos, ya que estos recursos en este momento son recursos elevados, y además porque se puede reducir el gasto en programas que absorben
una cifra considerable de recursos, cuya eficiencia, señorías, es muy baja, y reorientar otros programas e instrumentos precisamente para mejorar esa eficiencia. Al tiempo que se reordenan sus recursos, los del conjunto del sistema en el ámbito de
la política activa, es preciso reformar el funcionamiento del sistema de formación para el empleo, incrementando su eficacia mediante la revisión de sus contenidos, el análisis de sus necesidades y las carencias de los desempleados. A medio plazo,
además, la reducción del gasto en bonificaciones ofrecerá un margen adicional muy importante para la reorientación de recursos en función de nuevas prioridades para desarrollar un sistema mucho más eficaz. Con ese margen adicional, el de la
reorientación, y el que concede la reducción de las bonificaciones el objetivo será incrementar los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles en los servicios públicos de empleo para atender mejor sus funciones. Adicionalmente debería
buscarse la colaboración público-privada en la intermediación laboral, aunque, como decía antes, preservando la centralidad del sistema público en el diseño y en la orientación estratégica de las actuaciones. Además, señorías, es necesario aumentar
la vinculación de los programas de empleo, en los que participan las personas desempleadas, y las prestaciones del sistema de protección por desempleo. En este punto, en el punto que se refiere al estrechamiento de la relación entre políticas
activas y políticas de protección, la perspectiva comparada muestra que España se sitúa en una posición intermedia, una posición intermedia en cuanto a los instrumentos y a los medios para el apoyo a la activación de los perceptores de prestaciones,
pero hay sin duda margen para avanzar en esta activación y evitar los riesgos que se asocian al paro de larga duración en determinados colectivos de desempleados.
En tercer lugar, señorías, vamos a abordar la reforma de la negociación colectiva. La reforma de un sistema, el sistema español, por el que se regulan las condiciones de trabajo del conjunto de nuestros trabajadores.
En este ámbito, no
tenemos ninguna duda, vamos a dar prioridad absoluta a la autonomía de los interlocutores sociales para la negociación de las reformas necesarias. Estábamos y estamos convencidos de que esta cuestión ha de tratarse a través de una negociación
bipartita entre patronal y sindicatos. Así fue en 1978, porque quiero recordarles a sus señorías que el actual título III del Estatuto de los Trabajadores fue esencialmente fruto de un acuerdo entre la Unión General de Trabajadores y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales; de forma bipartita, ya lo acordamos en el pasado, en el año 2004. Sin embargo, aquella legislatura finalizó sin que los interlocutores sociales abordaran esa materia. El respeto a la
autonomía y la confianza que todos hemos depositado en los interlocutores sociales ha de tener como contrapartida la obtención de resultados. Esto es algo esencial. El diálogo, siendo un diálogo bilateral, tiene también que dar resultados en esta
materia en el corto plazo, porque tenemos una fecha concreta de reforma de nuestro sistema de negociación colectiva. En el caso de que las negociaciones bilaterales concluyeran sin acuerdo -un escenario que, reitero, hoy el Gobierno no contempla-,
el Gobierno promoverá, en el marco del diálogo social y previa consulta con los agentes sociales, iniciativas para adoptar las reformas que en este caso el Gobierno estime necesarias.
En cuarto lugar, vamos a dar continuidad a los avances que a lo largo de la presente legislatura se han producido en la consolidación de la política de inmigración del Gobierno. El más relevante, señorías, ha sido sin duda la aprobación de
la Ley Orgánica 2/2009, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una norma que en su itinerario legislativo contó con una amplia participación de las distintas administraciones públicas, agentes sociales y
diversas organiza
ciones y entidades sociales, y cuyo texto inicial fue enriquecido con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. La ley ha tenido la virtud de plasmar el modelo equilibrado que queremos para la gestión de la inmigración, y hacerlo
además con vocación de estabilidad. Como sus señorías saben, fueron varias las causas que justificaron aquella reforma. Además de incorporar la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales y de trasponer importantes
directivas de la Unión Europea, este nuevo texto ha perseguido la adaptación de la normativa a la nueva dimensión del fenómeno migratorio ajustando los flujos migratorios a nuestra capacidad de acogida, en el marco, como siempre, de las necesidades
del mercado de trabajo español. Existen también otros elementos en la ley que quisiera poner en valor en esta intervención. Por un lado, la concertación territorial, es decir, la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del
Estado en materia de política migratoria, que son las decisiones que más directamente les afectan. Además, la ley refuerza el contenido de las políticas públicas de integración. La ley ha desarrollado un diseño de modelo intermedio y flexible de
integración, un modelo que trata de conciliar nuestros valores constitucionales con el respeto a la identidad y a las diferencias presentes hoy en nuestra sociedad. El objetivo es que el extranjero respete las leyes y respete los valores
constitucionales de los que nos hemos dotado en nuestro país, y que los ciudadanos españoles asuman en la misma medida la diversidad cultural construyendo así la sociedad española plural que tenemos ya hoy en día. De todos es conocido el nuevo
escenario migratorio, el nuevo escenario en el que nos movemos en este terreno. Solo recordaré un dato: en la última década la población extranjera en España ha aumentado del 2 al 12 por ciento, ha crecido cinco veces. En este contexto, las
actuaciones prioritarias del Gobierno en política de inmigración están recogidas desde un enfoque integral, un enfoque basado en cuatro pilares esenciales: en primer lugar, el pilar de la regulación de los flujos migratorios, flujos que tienen que
estar siempre vinculados a la realidad de nuestro mercado laboral; en segundo, el refuerzo de la lucha contra la inmigración irregular; en tercer lugar, la promoción de las políticas de integración; y, en cuarto, el fortalecimiento de la
dimensión exterior del fenómeno migratorio. En definitiva, señorías, el Gobierno tiene como objetivo garantizar la legalidad en el acceso, la convivencia, la integración y el consenso en relación con la política migratoria.
Para el cumplimiento de estos compromisos, vamos a impulsar dos instrumentos básicos como son el reglamento de la Ley de Extranjería y el Plan estratégico de ciudadanía e integración. El reglamento actualmente está en un estado muy avanzado
de elaboración y en fase de diálogo social. Va a profundizar en las actuales herramientas destinadas a la gestión ordenada de los flujos migratorios, gestión ordenada de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral interno, y gestión
ordenada mediante la concertación en el ámbito social y en el ámbito territorial. Para mi departamento es una prioridad dotar al reglamento del mayor grado de consenso posible, aunque ello pueda demorar ligeramente su aprobación. Nuestras
previsiones son disponer de un texto definitivo en el primer trimestre de 2011. De modo resumido, les voy a destacar a continuación los principales objetivos y líneas de la reforma del reglamento. En primer término, simplificar la gestión,
mejorarla pero simplificarla; en segundo, potenciar el carácter concertado y consensuado de la política de extranjería; en tercer, desarrollar los instrumentos para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida -aquí, básicamente me estoy
refiriendo a la facilitación de la renovación de las autorizaciones-; y, en cuarto, el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión de los flujos migratorios, de acuerdo con el nuevo escenario del mercado laboral. En este sentido, las medidas
más destacadas tienen que ir dirigidas en la siguiente orientación. Respecto de la contratación en origen, consolidando y mejorando el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, evitando que ocupaciones en las que existe una cifra significativa
de paro sean susceptibles de contratación en el exterior.
Este es, naturalmente, el principal reto en cuanto a la vinculación con el mercado laboral, evitar que en el reglamento y en la política migratoria no se concreten las nuevas realidades que
en cada momento la crisis exige, en este caso a la economía española. Se ha reducido nuestra capacidad de acogida, y esto tiene que tener también un impacto en la forma en que construimos y mejoramos el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
En relación con los extranjeros que ya se encuentran en el territorio español, se facilitará la renovación de sus autorizaciones y se evitará la caída en situaciones de irregularidad sobrevenida, replanteando las figuras del arraigo social y del
arraigo laboral. En tercer lugar, se fomentará la contratación de trabajadores altamente cualificados. Finalmente, señorías, el reglamento también incluirá mecanismos para fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los
extranjeros. El reglamento promoverá la integración de los extranjeros que ya se encuentren en España, desarrollará con espíritu garantista la protección a las víctimas de la violencia de género y a las víctimas de la trata de seres humanos, y
clarificará la regulación jurídica de los menores no acompañados.
Junto al reglamento, anuncié a sus señorías la existencia de un segundo instrumento, un instrumento de trascendental importancia en materia de integración: el Plan estratégico de ciudadanía e integración. El plan está dotado con un
presupuesto de 2.005 millones de euros y define un ambicioso modelo de integración común como marco de referencia para dar coherencia a las actuaciones de los distintos actores públicos y privados que intervienen en la política migratoria. Su
objetivo básico es reforzar los servicios públicos a los que pueden acceder los inmigrantes en igualdad de condiciones y adecuar el conjunto de las políticas públicas a las demandas de una sociedad cada vez más diversa. A punto
de concluir la vigencia de este plan, nuestra voluntad es darle continuidad con un segundo plan estratégico ya en proceso de elaboración en este momento. En este sentido, trabajaremos estrechamente con las comunidades autónomas a través del
Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes y su refuerzo educativo, un fondo que ha permitido definir, desde su creación por el Gobierno en 2005, una política nacional de integración, una política coherente con las necesidades y
prioridades de cada territorio. La previsión para el próximo ejercicio de 2011 es continuar contando con este instrumento que como saben sus señorías está dotado en el proyecto de presupuestos con 66,6 millones de euros.
Señorías, para cerrar mi intervención no puedo dejar de referirme al ámbito de la Seguridad Social. Como bien saben, mañana comparezco ante la Comisión del Pacto de Toledo y lo hago para exponer la posición del Gobierno respecto a la
anunciada reforma del sistema de pensiones. Por respeto a dicha Comisión me permitirán que obvie ahora esta cuestión, pero sí me gustaría reiterar, dada la expectación que ha levantado este asunto, que el Gobierno considera que esta reforma es
ineludible, que es una reforma inaplazable dada la dimensión del reto demográfico al que se enfrenta nuestro sistema de Seguridad Social y, que en esta línea, hemos fijado el primer trimestre como límite temporal para la articulación de la reforma
normativa. Eso sí para el Gobierno también es fundamental que el contenido de esta reforma cuente con el máximo apoyo político y social, y para ello va a hacer todo lo que esté en su mano a fin de propiciar un amplio acuerdo. Más allá de esta
trascendental iniciativa de reforma el ministerio que dirijo tiene otros objetivos en los próximos meses, objetivos a los que al menos que me gustaría referirme brevemente.
Para empezar, las cuentas del sistema público de Seguridad Social previstas
para el próximo año merecen algún comentario. En 2011 la Seguridad Social va a realizar un gran esfuerzo de austeridad, un esfuerzo consecuente con el marco general de disciplina presupuestaria en el que estamos inmersos. Vamos a reducir
sensiblemente los gastos de funcionamiento con bajadas del 14,5 por ciento en el gasto en bienes y servicios corrientes y del 4,2 por ciento en gastos de personal. Además el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año
incorpora medidas dirigidas a reforzar la consolidación financiera del sistema de Seguridad Social en España. Medidas como la introducción de modificaciones en la regulación de las mutuas o una corrección en la libertad de elección de las bases de
cotización de los trabajadores autónomos, que ha sido mejorada gracias a una transacción durante la tramitación del presupuesto en el Congreso. Y quiero subrayar que todo ello lo vamos a hacer compatible a pesar de las dificultades económicas con
el mantenimiento e incluso la mejora de la acción protectora del sistema, como manifestación del compromiso del Gobierno con una política que garantice la cohesión social en nuestro país; de ahí que al incremento en la partida de pensiones
contributivas, incremento de más de 3.700 millones de euros provocado por el aumento en el número de pensiones, se añadan otras decisiones como la creación de una nueva prestación económica para el cuidado de los menores afectados por cáncer o
enfermedades graves o la extensión a las empleadas de hogar de la cobertura frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Una medida esta última que unida a otros avances simultáneos en la regulación laboral de
esta figura contribuirá a una progresiva equiparación respecto de la vigente para los trabajadores asalariados.
Por otro lado el ministerio que dirijo tiene intención de culminar en los próximos meses algunos de los compromisos todavía pendientes derivados del acuerdo tripartito en materia de Seguridad Social, que fue suscrito por el Gobierno y por
los sindicatos y empresarios en julio de 2006. En concreto está prevista la aprobación de un real decreto que regule el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores en la edad de jubilación. También se han de
dar pasos decididos para culminar la integración en el régimen general de las empleadas de hogar y también de los trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario de la Seguridad Social. Quiero igualmente destacar que vamos a seguir
desarrollando iniciativas de modernización del funcionamiento y de la mejora en la gestión del sistema de Seguridad Social en materia de control, en materia de información y de administración electrónica, todo ello con el fin de incrementar aún más
la eficiencia del sistema de Seguridad Social español como organización administrativa que lo es ya, modélica, al servicio de los ciudadanos.
Señorías, termino ya esta intervención inicial y debo hacerlo señalando dos cuestiones que considero de importancia. En primer lugar que la voluntad del Gobierno a la hora de acometer estas reformas es contribuir, como están ya haciendo
todos los actores, a crear las condiciones más favorables para crear empleo. Las reformas del sistema financiero y la consolidación fiscal persiguen crear un entorno más favorable para que fluya el crédito al sector privado, y para que las
condiciones de financiación sean las más adecuadas para garantizar la reactivación de la inversión privada, dos condiciones básicas para reactivar la economía y para crear empleo. Los agentes sociales están realizando un considerable esfuerzo -un
esfuerzo que debemos reconocer y resaltar-, un esfuerzo para establecer un marco de evolución de los costes que facilite la mejora de la competitividad y la creación de empleo. Nuestros costes laborales presentan hoy una evolución de fuerte
moderación y debemos reconocer el esfuerzo que empresarios y sindicatos están haciendo en ese sentido. Las reformas a las que me he referido, acompañando a las anteriores, van todas ellas a completar la creación de las condiciones más adecuadas
para la creación de empleo. En segundo
lugar, quiero destacar que estas reformas se inscriben en la mejor tradición de las reformas sociales y laborales
que se han acometido en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, unas reformas cuya orientación general se basa en algunas premisas que han sido las constantes de esa tradición. Primera, reducir la dualidad del mercado de trabajo
estimulando la creación de empleo estable y reduciendo las diferencias de costes entre la contratación indefinida y la contratación temporal. Segunda, introduciendo dosis crecientes de flexibilidad interna en las empresas como un elemento clave que
favorece la productividad y que reduce el recurso a los ajustes de empleo, como ya se produjo en la reforma de 1994. Tercera, aumentando la activación y las oportunidades de reinserción laboral de los desempleados mediante políticas de empleo
eficaces; esta es la línea iniciada en España desde los primeros acuerdos de formación en el año 1992. Cuarta, la preferencia por un tratamiento bipartito en los avances en materia de negociación colectiva. Y quinta, mediante las adaptaciones
continuas de nuestro sistema de Seguridad Social, adaptaciones que han permitido consolidar su situación, garantizar pensiones y prestaciones crecientes, y reforzar el más poderoso sistema de solidaridad y de redistribución del que disponemos
colectivamente en España.
Esta es, señorías, la orientación general de este nuevo impulso -nuevo impulso reformista- que el Gobierno pretende imprimir a la política social y laboral durante el futuro próximo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de intervención de los portavoces de grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado compartir su intervención en dos fases, una centrada fundamentalmente en la parte de empleo y
trabajo y otra en inmigración. Para empezar esas intervenciones tiene la palabra el portavoz don José Ignacio Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor ministro, bienvenido a su primera comparecencia en esta Comisión y sirvan mis primeras palabras para desearle en nombre de mi grupo lo mejor en esta ingente labor que tiene por delante. Permítame que le diga
que durante casi siete años y casi dos legislaturas sus antecesores defendieron en esta Cámara, en esta misma sala, una inquietante inmovilidad: negaron la crisis, negaron la necesidad de reformas una y otra vez, negaron la realidad, negaron la
necesidad de cambios. Hasta que la realidad, la insoportable realidad de casi 5 millones de parados, se les cayó encima. De esa parálisis viene usted hoy aquí a pegarse el atracón reformista, el nuevo impulso reformista. De nada a todo en diez
segundos. Y si no fuera porque le hemos visto estos días en el banco azul junto al señor Rodríguez Zapatero, parecería que usted pertenece a otro Gobierno, a un Gobierno que hubiera empezado a trabajar en el año 2004 o en el año 2008, hace casi
tres años o siete años, como se quiera ver, haciendo casi una enmienda a la totalidad a sus antecesores y a su propio presidente de hace siete años. Ojalá sus antecesores hubieran empezado por realizar al menos el acto de fe de comenzar con
reformas desde el inicio de la legislatura que hubieran evitado que en este momento estemos donde estamos, en 5 millones de parados. Quiere usted, señor ministro, presentarnos en tres meses la reforma de las políticas activas de empleo, de la
formación para el empleo, de las pensiones, de la negociación colectiva y hasta de la inmigración, y todo para ser aprobado en los doce meses de legislatura que restan. Si no ocurre nada imprevisto -no creo que a su presidente le vaya a dar ahora
un sarampión de responsabilidad- de aquí a un año exactamente se estarán convocando elecciones generales.
Un año para hacer todo, absolutamente todo de lo que han renegado durante dos legislaturas, ahora, a la carrera, con prisas, sin aliento
porque los mercados, la Unión Europea, el euro y nuestros acreedores, que los tenemos muchos y muy importantes, no se fían ya de Rodríguez Zapatero.
(La señora López i Chamosa: Ni contigo ni sin ti.) Pero la desconfianza, señor ministro, no es un
sentimiento exclusivo de las instituciones internacionales; no, no lo es. En España tampoco se fía ya nadie de ustedes, ni los sindicatos ni las patronales ni las fuerzas políticas de esta Cámara ni los ciudadanos, a juzgar por los resultados de
las elecciones de anteayer. Su crédito, el crédito de este Gobierno, cotiza absolutamente bajo mínimos, ya no les queda, lo han dilapidado en todo este tiempo.
Comenzaron la legislatura negando la mayor, llamando antipatriota a todos los que avisábamos de la crisis, daba igual que fuésemos oposición, que instituciones internacionales, que expertos, daba igual. Todos los que no se querían poner la
venda a la vez que ustedes, la misma venda que ustedes, eran antipatriotas. Señor ministro, el tiempo ha demostrado que ustedes no querían patriotas, lo que querían eran cómplices, querían que todos fuésemos igual de ciegos para abordar las
iniciativas políticas que han desembocado en casi 5 millones de parados. La venda les duró mucho tiempo, eso es verdad, hasta mayo de este año en que se la arrancaron absolutamente de golpe y vieron todos a un Rodríguez Zapatero desnudo. Lo malo
es que por el camino han arruinado y han hipotecado a los españoles, han golpeado a los pensionistas, a los funcionarios, a las madres, a las familias, a los dependientes, y han dilapidado en planes, casi de juzgado de guardia, los ahorros de varias
generaciones, los ahorros de toda la sociedad española (El señor Membrado Giner: ¡Qué dice! ¡Vale ya!) en la mayor agenda antisocial y de pisoteo del Estado de bienestar con un aumento del número de pobres -Cáritas atendió el año pasado a casi
800.000 personas- y con una situación en los hogares que sigue deteriorándose. Ha aumentado este mes una vez más el número de hogares con todos sus miembros en paro, ya llegan a 1.300.000 los hogares que tienen a todos sus miembros en el desempleo.
(El señor Membrado Giner: Hay que tener cara.) Por lo tanto, alarmistas nos llamaba el señor Membrado docenas de veces a lo largo de todo este tema y mire, señor ministro, cuál ha
sido el resultado, 5 millones de parados y un deterioro brutal de la situación social en nuestro país. (La señora Arnaiz García: Pirómanos.) Pero nosotros, señorías, no nos pusimos la venda ni guardamos silencio ni tampoco fuimos cómplices
ni lo vamos a ser tampoco en este momento (La señora Esteve Ortega: Ni responsables.), porque ya les conocemos, y porque sabíamos lo que hicieron, sabíamos cómo dejaron la sociedad española en el año 1996, con paro y con deudas, con un paro de casi
el 23 por ciento. Pero esta vez, señor ministro, hay que reconocer que se han superado; Zapatero ha engañado a todos todo el tiempo, y por eso el que ahora le crea allá el. Usted recordará probablemente esta magnífica foto, este gran cartel
(Mostrándolo a la Comisión.) que decía: 'Por el pleno empleo. Motivos para creer' -decía debajo-.
¿Usted cree, señor ministro, que nosotros tenemos algún motivo para creer en este señor, en sus políticas, en sus gobiernos, en sus ministros? Nosotros, desde luego, no creemos. Por eso no nos creemos tampoco sus reformas de hoy, por eso
no comulgamos de nuevo con sus ruedas de molino, ni entonces ni ahora, por el bien de los españoles, porque los españoles, estoy seguro, no se lo merecen. Ahora empiezan para ustedes de nuevo las carreras, como con la reforma laboral, que ya nació
fracasada, huérfana de padre y de madre, si por estos parentescos podemos citar a los sindicatos y a la patronal, ni de familiares o parientes cercanos ni un solo grupo político ni un solo experto ni una sola organización seria ha respaldado esa
reforma laboral. Aquí tenemos los resultados: más de 4.700.000 parados, según Eurostat; un 20,5 por ciento de paro, y eso con una población activa que está en este momento estancada; 68.000 parados más en el últimos mes; 5.300 afiliados menos a
la Seguridad Social; 65.000 autónomos menos en un solo mes, un 33 por ciento de paro de larga duración. Ya veremos el próximo jueves, el jueves de esta semana, cuáles son las nuevas cifras que arroja la tasa de paro registrado. Una reforma
laboral, como dijimos en su momento, con prisas, mal enfocada, peor tramitada y en la más absoluta soledad, con un efecto nulo, cuando no negativo, en los seis meses de vida que ya tiene. Cuando las reformas laborales anteriores llegaron, como
usted muy bien sabe, a tener efectos anticipados, efectos inmediatos o muy cercanos a las fechas de su aprobación. (El señor Membrado Giner: ¡Qué tonterías dice!) Una reforma laboral, tengo que decirle, en la que ni siquiera usted creía, si no
sería difícil de explicar su asistencia a la manifestación de la huelga general contra la reforma laboral, o quizá lo hizo como un infiltrado, como un doble agente, o para despistar, probablemente también nos podrá ilustrar sobre esta cuestión.
Lo que sí le puedo decir, señor ministro, es que esta reforma laboral ha fracasado en sus objetivos. Su antecesor vino aquí a decirnos que los objetivos de esta reforma laboral eran disminuir la temporalidad y crear 2,3 millones de
contratos indefinidos, de los cuales la mitad, el 50 por ciento, serían contratos para el fomento del empleo. Señor ministro, 92 por ciento de contratos temporales; disminución de un 3 por ciento de los contratos indefinidos; aumento brutal de la
temporalidad; 68.000 nuevos parados; un 0,92 por ciento, ni siquiera un uno por ciento de los contratos indefinidos son contratos para el fomento del empleo; una caída de los contratos de fomento del empleo del 31 por ciento interanual y del 4,6
por ciento mensual. Y nos pide usted más periodo de gracia, nos dice que seis meses es poco, aún es pronto, claro hasta que sea tarde como nos tienen acostumbrados. Ahora, repito, usted nos vuelve a venir con las prisas. Esta usted en una
contrarreloj, en una maratón a la vez: en diciembre, los presupuestos; en enero, las pensiones; en febrero, las políticas activas de empleo; en marzo, la formación para el empleo; en abril, la negociación colectiva, y todo por consenso en el
diálogo social y todo con su proyecto de ley, con su envoltura y su lazo en un toque no ya reformista, permítame que bromee, ya requeteformista porque no puede entenderse de otra manera. Usted quiere que ahora le creamos y que lo hagamos a pies
juntillas, al Gobierno de las excusas, al Gobierno con mayor parálisis reformista en siete años, al Gobierno más anoréxico en diálogo social en nuestra historia reciente, al Gobierno de los recortes sociales, y viene ahora a decirnos que ha
cambiado, que esta vez sí, que nos lo creamos, que ahora es reformista, que lo es por necesidad pero que ahora sí. Yo no dudo, señor ministro, créame, de su buena intención, de su inocente intención, pero es que usted no conoce todavía a su jefe.
(Risas.) Nosotros sí; el señor Corbacho, sí; el señor Caldera, sí.
Nosotros le llevamos escuchando aquí casi siete años. ¿Qué quiere que le diga? Que tiene la misma credibilidad que Antoñita la fantástica o que un bombero pirómano como aquel
que no era capaz de ver el fuego que le estaba chamuscando las cejas y quiere ahora, cuando ya ha chamuscado a todos los españoles (El señor Membrado Giner: ¿Pero qué dices?), apagarlo en tres meses. El que nos llamaba agoreros y no fue capaz de
aceptar una sola enmienda en las leyes que hemos tramitado en esta Cámara. (El señor Membrado Giner: Agoreros, no, cenizos.) Quiere acabar con el desempleo, con casi 5 millones de parados, mientras sigue aumentando el desempleo y con un
crecimiento de la economía cero; con una economía estancada, con el menor crecimiento de todos los países de nuestro entorno, con un 0,2, mientras está creciendo un 4 por ciento Alemania, un 3 por ciento Reino Unido y casi un 2 por ciento la
República Francesa; y sin reformas estructurales, yendo a las reuniones europeas sencillamente a hacer turismo o convocando a los empresarios a tomar un cafelito con churros en La Moncloa. (El señor De la Rocha Rubí: ¡Venga ya!) ¡A buenas horas
mangas verdes, señor ministro! Mientras tanto en un solo mes han caído en 106.000 los beneficiarios de prestaciones por desempleo. (La señora Esteve Ortega: ¡Qué obsceno!) Atiéndame que esto es muy grave, han caído en 106.000 los beneficiaros de
prestaciones por desempleo; los parados que no reciben ningún tipo de presta
ción han aumentado en 146.986; ha aumentado un 12 por ciento el número de parados que ya no tienen ningún tipo de cobertura, casi 150.000 personas.
En septiembre se ha reducido, en términos interanuales un 2 por ciento.
Esto, señor
ministro, se llama drama personal y familiar, no solo ya de desempleo, sino de renta familiar que poder llevar a casa.
Ya hay más subsidios que prestaciones, lo cual da idea del elemento de sustitución que se está produciendo y, por lo tanto, no va a hacer falta, señor ministro, que usted reduzca las prestaciones, en ese debate que han abierto otros países.
No va a hacer falta que las recorten, porque ya se están recortando de forma natural, porque hay gente que está perdiendo la prestación y después el subsidio porque los están agotando. Usted va a ahorrar dinero a costa de la disminución de la
cobertura de los parados.
Ya está pasando, ya se está reduciendo la cobertura de los parados, y usted lo sabe. Eso significa más personas desprotegidas y más familias en la calle. Esa es la realidad, señor ministro. ¿Qué va a pasar con los 420
euros, señor Gómez? ¿Los va a prorrogar dentro de dos meses? Usted comenzó diciendo que eran necesarios, pero la vicepresidenta segunda le rectificó y se enzarzó con usted en un debate que ya conocíamos en esta Cámara, porque pasó lo mismo hace
escasamente seis meses con el señor Corbacho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer usted? Podría contestar en esta Cámara porque esto les interesa mucho a centenares de miles de personas y de familias en este país. ¿Sabe usted que desde el inicio de
la crisis se han creado 244.000 empleos públicos, funcionarios, interinos y laborales? ¿Que hemos pasado del 14 al 17 por ciento de empleo público? ¿Que en Andalucía el empleo público es ya el 32 por ciento y en Castilla-La Mancha el 25,5 por
ciento, una cuarta parte? ¿El aumento de funcionarios es una apuesta por la economía sostenible, por la economía productiva, por el cambio de modelo económico? ¿Sabe que ya hay casi tantos funcionarios en nuestro país como trabajadores en toda la
industria y en toda la agricultura juntas de España? ¿Es eso economía productiva? ¿Eso es cambiar el modelo para salir del hoyo en el que estamos? ¿Qué opinión tiene, señor Gómez, de la afirmación de su jefe de filas, del señor Rodríguez
Zapatero, sobre la creación de un millón de empleos verdes? ¿Esto de la economía verde es como lo de los brotes verdes o de nuevo el que está verde es el presidente del Gobierno? ¿Sabe usted que el caos regulatorio del señor Rodríguez Zapatero
está perjudicando profundamente el sector de las energías renovables? ¿Sabe que en el año 2009 se destruyeron 6.000 empleos en energía eólica y se redujo su aportación al producto interior bruto nada menos que un 6 por ciento? ¿Sabe que en el
último año se paralizó el sector de la energía solar, se cerraron cientos de empresas de este sector y se destruyeron más de 30.000 puestos de trabajo? ¿Un millón de puestos verdes? ¿Por qué no dos, señor ministro? ¿Es esta otra ocurrencia como
la de que los parados en formación trabajan para el país? ¿Es esta también su filosofía y que como trabajan para el país no los contamos como parados, porque están trabajando para el país? Como ocurre como los demandantes de empleo en formación,
con los demandantes de empleo con características especiales, casi 600.000, que tampoco se computan pero no tienen trabajo.
¿Pretende lo mismo, señor Gómez, con esta reforma de las políticas activas de empleo, que los parados en formación no
computen?
Ha hecho un énfasis especial a las políticas activas de empleo.
Coincidimos con usted en que esta es la gran asignatura pendiente de este Gobierno, pero es que también es la gran asignatura pendiente la reforma laboral, la reforma de la
energía y la reforma de la formación para el empleo y todas las reformas que están en este momento encima de la mesa.
Tienen muchas asignaturas pendientes, no han aprobado ni una. Lo lamentable es que en este momento están en una situación
realmente triste. Estas políticas activas de empleo suponen nada menos que 7.700 millones de euros. Una quinta parte de las políticas de empleo se dedican a esta cuestión. Uno de cada 5 euros se dedica precisamente a políticas activas de empleo.
La reflexión que le podemos hacer es que el resultado es bastante exiguo en los últimos tres años. Está bien que se replanteen mejorarlas pero podían haber sido un poco más diligentes. En esta Cámara ya empezamos a hablar de las bonificaciones y
de su inutilidad hace mucho tiempo. Algo podían haber hecho en todos estos años. Que usted venga aquí al final de legislatura, cuando queda un año, a hablarnos de la reforma de esto nos parece estupendo, pero nos hubieran parecido mucho más
estupendo que esto lo hubiera hecho hace tres, cuatro, cinco, seis o siete años. Quizá los españoles que están en el desempleo también se lo hubieran agradecido más. Unas bonificaciones obsoletas e ineficaces, unos programas trasnochados, unos
servicios personalizados para los parados inexistentes, una formación que solo llega al 11 por ciento de los parados de este país y que no consigue recolocar ni a uno solo. Permítame que le diga que con estos recursos económicos y humanos es muy
difícil cambiar las cosas en políticas activas de empleo. Con un 80 por ciento de las bonificaciones para el empleo comprometidas ya tiene muy poco margen disponible. Con una formación que nada tiene que ver con las nuevas necesidades de una
economía sostenible y esencialmente vinculada a sindicatos y a patronales, va a tener usted una profunda resistencia. ¿Va a denunciar, señor Gómez, el acuerdo nacional para la formación en el empleo que han firmado los agentes sociales hace no
mucho tiempo? Díganoslo también en esta Cámara. ¿Por qué pretende pasar de un 60 a un 40 la formación empleados-parados? En este momento está en 60 empleados, 40 parados y quiere pasar a un 50 por ciento. ¿Por qué no un 40-60 o un 30-70 o un
20-80? ¿Por qué? ¿O todo para los parados? ¿Por qué no si en este momento son los que tienen más necesidades? ¿Le parece razonable que cuando queda un año de legislatura y tenemos 5 millones de parados el Gobierno socialista de España se plantee
hacer una modificación de los porcentajes del
dinero de la población dedicado a los parados o a los ocupados en sus empresas? ¿No le parece que esta es una reflexión que podía haber hecho al principio de legislatura cuando todavía teníamos 2 millones de parados y no 5?
Me gustaría que contestase. ¿Por qué no han utilizado antes, señor Gómez, las agencias privadas de empleo, que algo le hubieran ayudado también en formación? ¿Por qué las ha despreciado? ¿Por qué quieren volver a limitar su acción en la
letra pequeña de la reforma laboral? Eso se percibe de sus declaraciones. ¿Por qué no se ha flexibilizado la norma para que las comunidades autónomas puedan ser más eficaces y eficientes y no estar sujetas a un corsé por parte de la norma estatal
que hace que esas políticas activas de empleo sean muchas veces inoperantes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué quieren cambiar esa norma corsé ahora tras tres años de crisis laboral con 5 millones de parados? (El señor Membrado Giner: No son 5 millones,
son 4.575.000.) ¿Si ya hacía mucho tiempo que había comunidades autónomas con un 30 por ciento de paro y otras que tenían un 10 por ciento de paro? Parecería razonable que hubiera instrumentos distintos en función de las necesidades de cada una de
estas comunidades.
¿Por qué, señor Gómez, no han desarrollado la Ley de Empleo del año 2003, del Partido Popular, que ahí la tenían y podían haberla desarrollado desde el año 2004? Hace siete años podían haber empezado a desarrollar cuestiones
útiles que podían haber mitigado esta situación en la que estamos. ¿Por qué, señor Gómez, si quiere poner, que le creemos, el énfasis en las políticas activas de empleo, el Gobierno las ha reducido este año en el presupuesto? Explíquenos por qué
baja el presupuesto de las políticas activas de empleo un 5,5 por ciento. Hoy ha venido a decirnos que las va a cambiar, que las va a reformar y que las va a mejorar. Sí, pero hace una semana ha venido a defender un presupuesto en el que las
recorta un 5,5 por ciento. Díganos por qué. Si tanto cree en ellas ¿por qué las recorta cuando más paro hay, cuando más falta hacen? ¿Por qué bajan las bonificaciones al empleo un 14 por ciento? ¿Por qué reducen la formación para el empleo un
4,3 por ciento? Podría explicarnos por qué cuando había 2 millones de parados, 3 millones de parados, 4 millones de parados se dedicaban casi 8.000 millones de euros en políticas activas de empleo y ahora que hay casi 5 millones se hace al revés,
se empiezan a reducir, y encima quieren aumentarles las competencias a las comunidades autónomas, por ejemplo, en la supervisión, lógica, de las agencias privadas de empleo? Acaba de anunciar, creo haber entendido bien, un aumento de recursos
materiales, económicos y hasta tecnológicos. ¿De dónde lo va a quitar?
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, vaya concluyendo que ha duplicado el tiempo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Voy terminando, señor presidente.
¿De dónde lo va a quitar, señor ministro, de las prestaciones, de los subsidios? ¿De dónde en un escenario como este de reducción del déficit, de un presupuesto tan encorsetado como este? Por otra parte, el Consejo de Ministros del pasado
viernes aprobó una serie de planes integrales de empleo que no fue capaz de aprobar en el presupuesto general del Estado.
No entendemos por qué desaparecieron, por qué no estuvieron en el presupuesto inicial en el puesto que hemos debatido a lo
largo de estas semanas en esta Cámara y, sin embargo, ahora aparecen a través de una decisión del Consejo de Ministros, planes de empleo para Castilla-La Mancha, para Extremadura, para Canarias y para bahía de Cádiz. No para Jaén y no para Galicia,
que eran los otros dos que estaban anteriormente en vigor. La pregunta que se nos viene a la cabeza, en primer lugar, es qué reforma va a hacer de estos planes. Si está reformando las políticas y esto forma parte de un conjunto de políticas
activas, supongo que también las reformará y no las dejará como estaban antes.
La segunda pregunta es: ¿Por qué no Galicia? ¿Por qué no Jaén? ¿Cuál es el criterio para abordar unas y otras no? ¿Por qué solamente han renovado los planes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista? A mí, señor
Gómez, esto me huele a sectarismo infumable. ¿Por qué no Galicia? (El señor De la Rocha Rubí pronuncia palabras que no se perciben.) Creo que tienen que saber los parados de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Madrid, de Castilla y León, de Rioja
o de Ceuta, por poner un ejemplo, que son parados de segunda para el señor Rodríguez Zapatero. A mí me gustaría saber por qué usted ha tomado esta decisión.
Como verá, señor ministro -termino-, demasiadas dudas y poca confianza como la que tienen los propios agentes sociales en ustedes. ¿Me podía explicar también hoy por qué aplazaron la reunión con los sindicatos del pasado viernes 29? ¿Tiene
listo ya el documento de trabajo sobre las políticas activas de empleo? ¿Por qué no lo traen a esta misma Comisión para que lo estudiemos o se lo da también a las comunidades autónomas para que lo estudien? Las políticas activas se presupuestan en
esta Cámara y las ejecutan las comunidades autónomas. ¿Por qué solo a los agentes sociales y en ese orden? Creo que dieron tanto de comer al dragón que en este momento les ha salido rana y no les auguramos -ojalá nos equivoquemos-, ningún futuro y
ningún acuerdo en el diálogo social. El clima es el que es; creemos que está herido de muerte y que está obstruido. Anuncian a los agentes sociales cambios en los reglamentos de la reforma laboral que no les dejan hacer quienes les vigilan y por
eso les dicen que no hay marcha atrás.
Señor ministro, han pisado muchos callos a los sindicatos y también a las patronales, la última vez este sábado en el cafelito y los churros del presidente a los empresarios, a algunos empresarios, desde luego, no con sus representantes.
(El señor De la Rocha Rubí: El de la CEOE que solo les representa a ellos.) No parece
muy institucional y, encima de todo esto, de todas estas patadas, ustedes querrán llegar a acuerdos en el diálogo social. (Rumores.) Señorías, señor ministro -termino-, el empleo en España es para el Partido Popular una urgencia nacional y
ustedes siguen sin tomárselo en serio. Usted ha venido una vez más a decirnos que no se lo toman en serio. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Reformas sí, pero no tarde, mal y nunca, sin acuerdos y con prisas, en el
tiempo de descuento, en la prórroga del partido que es en la que estamos. ¡Qué diferencia, señoras y señores diputados con las que el Partido Popular puso en marcha entre 1996 y 2004, que crearon 5 millones de puestos de trabajo! (Rumores.-El señor
Membrado Giner: ¡Qué cara!-La señora Esteve Ortega: ¡Qué vergüenza!)
El señor PRESIDENTE: Para consumir el segundo turno que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado centrado en los temas relacionados con la inmigración tiene la palabra don Rafael Hernando. (La señora López i Chamosa: Ahora viene la
siguiente plaga.)
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.
Quiero empezar mi intervención diciéndoles que para nosotros, para el Grupo Popular, la inmigración es un fenómeno positivo para un país siempre que los flujos migratorios se adapten a la situación de crecimiento y empleo que atraviesa el
mismo. Por ello, la inmigración debe ser un movimiento vinculado esencialmente al mercado laboral porque es lo que permite el desarrollo personal de las personas que llegan a un país a aprovechar las oportunidades que el mismo genera y una
integración social adecuada de los mismos. La existencia de ciclos económicos, por tanto, hace aconsejable fomentar la migración de forma circular y diseñar modelos legales estables que favorezcan la entrada de personas cuando la situación lo
permite, así como estimular el retorno cuando el momento lo aconseja. En eso consiste, señor ministro, el control de los flujos migratorios y debería de haber sido esta una prioridad para el Gobierno.
Desgraciadamente no ha sido así. Tampoco en
su comparecencia, a juzgar por su discurso, he escuchado nada que nos haga permitir o augurar cambios en su política. El Gobierno socialista inició una política migratoria basada en regularizaciones masivas (El señor Membrado Giner: ¡Lo sabía!),
en papeles para todos, que hoy sencillamente se ha convertido en problemas para todos; una política que se inició con un reglamento en el año 2004 que vulneraba claramente las intenciones y lo previsto en una ley que en el año 2003 se hizo
básicamente de forma consensuada, aquella sí, señor ministro. No hay más que ver cuál ha sido la evolución de la población en Europa. Usted hablaba de la evolución en los últimos diez años, pero es que la evolución no fue lo mismo en el periodo
2000-2004 que la evolución entre el año 2004 y 2010. Mientras que en el periodo 2000-2004 nuestro crecimiento de población se asemejó al de otras naciones como Francia, incluso un poco por encima de lo que había sido el crecimiento en ese periodo
de Gran Bretaña o de la propia Italia, entre 2004 y 2009 el crecimiento de la población en España, basada fundamentalmente en la llegada de inmigrantes, ha sido exponencial si lo comparamos con la evolución de la población en el resto de los países.
En este periodo, en cinco años, según datos de Eurostat, la población española ha crecido en casi 5 millones de personas, 4.896.000, mientras que el siguiente país en el que más ha crecido la población ha sido Francia, con 1.756.000, casi una
tercera parte de lo que fue o lo que ha sido el crecimiento de la población en España. En el año 2004, señor ministro, los extranjeros ocupados en nuestro país eran el 86 por ciento; en 2010 lo son el 56 por ciento, treinta puntos menos. Los
ocupados afiliados a la Seguridad Social eran entonces el 76,5 por ciento, hoy son el 65 por ciento y más de 800.000 extranjeros o no cotizan suficiente para estar dados de alta en la Seguridad Social o están directamente en la economía sumergida.
Entonces la inmigración estaba vinculada a la situación del empleo y en estos momentos desgraciadamente eso no es así.
El número de residentes extranjeros cotizantes a la Seguridad Social en 2004 era del 65 por ciento. Hoy solo cuarenta de cada
cien extranjeros residentes cotiza a la Seguridad Social. El paro supone entre los extranjeros el 30,5 por ciento. De todo esto les hemos ido advirtiendo durante los últimos años; del crecimiento del desempleo, del alejamiento de la política de
inmigración vinculada al empleo, y ustedes sencillamente se han dedicado a mirar hacia otro lado, a hacer oídos sordos y hoy tenemos lo que tenemos. Además, el número de inmigrantes extranjeros en nuestro país empadronados es superior en un millón
al número de extranjeros residentes, la misma diferencia que había en 2004 cuando ustedes alegaron este dato para hacer la regularización masiva de 2005. Esta, señor ministro, es la radiografía de la situación a la que su política nefasta de
inmigración y control de flujos migratorios nos ha conducido.
Su gestión de este fenómeno ha venido marcada por el caos y la improvisación y eso ha llevado a que este asunto se haya convertido en la tercera de las preocupaciones de los ciudadanos españoles. Su soberbia les llevó a despreciar nuestros
avisos constantes y, es más, la imprescindible reforma legal que acometieron consistió en una reforma cosmética forzada por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal de Estrasburgo y por la política de la Unión Europea, que sencillamente
consolidaba el modelo impuesto en la reforma reglamentaria del año 2004.
Les llevó al absurdo de rechazar todas las enmiendas planteadas por el Partido Popular en la tramitación de aquella ley, exactamente lo mismo que en la reforma laboral.
Parece que hubiera sido una reforma legal contra la oposición. Por eso, señoría, sus apelaciones al consenso no nos merecen mucha confianza ni mucho entusiasmo. Es algo como lo que le pasa a los
mercados, a la Unión Europea con los datos que ustedes dan, a los ciudadanos en Cataluña este fin de semana;
por tanto, a nosotros nos pueden pedir muchos esfuerzos, pero no el de la fe ciega en sus medidas, sencillamente porque ustedes, cuando han podido, han despreciado a la oposición. Esta ley orgánica, esa Loex que se aprobó ya hace un año, se
hizo por primera vez sin tener en cuenta las posiciones o los planteamientos del principal partido de la oposición, bien distinto de la reforma de 2000 ó 2003, donde numerosas enmiendas de su partido fueron aceptadas.
Además, ustedes han establecido un modelo legal que en estos mismos momentos son incapaces de desarrollar. Hace un año ya se aprobó la ley.
El plazo para elaborar el reglamento que ustedes se marcaron era de seis meses y llevan seis meses
sin haber sido capaces de presentar un texto reglamentario a los ciudadanos; a las comunidades autónomas, con las que ustedes parece ser que quieren entenderse; a la oposición, a la que ofrecen consenso; o tan siquiera a los ciudadanos. Esto
está provocando una situación de arbitrariedad e inseguridad jurídica en la gestión de todo el proceso de inmigración y de renovación de papeles que ustedes tienen la obligación de atajar de forma inmediata. Ustedes, en aquella reforma de la ley
-yo sé que usted no es el responsable, evidentemente, pero sí lo es el señor Zapatero y su partido-, rechazaron prohibir las regularizaciones masivas a las que les incitamos o les pedimos que hicieran en la ley, rechazaron cambiar el modelo de
entrada, rechazaron incentivar el retorno voluntario basándose en situaciones de sentido común, porque ya sabíamos que el retorno voluntario que ustedes regularon iba a conducir al fracaso, y no hay más que ver las cifras. Ustedes apostaron por
equiparar los derechos de los inmigrantes ilegales a los de los legales, disminuyendo además los que tenían antiguamente en algunas ocasiones estos. Ustedes apostaron por seguir estableciendo la prevalencia de la voluntad del que viene sobre la
voluntad marcada en nuestras leyes; mejor venir ilegal que hacerlo legalmente, señor ministro, este es el modelo que han seguido consolidando porque es mucho más facil hacerlo así. Ustedes han seguido apostando por dejar abierto el proceso de
regularizaciones continuas a través del arraigo, y ustedes han roto además la unidad del mercado laboral en esta ley. Por eso es muy difícil que haya consenso y por eso es muy difícil creer que la reforma que van a hacer en el reglamento tenga
algún sentido, salvo que ahora se pretenda reformar reglamentariamente la ley que hace un año ustedes aprobaron.
La crisis, señor ministro, se ha llevado su modelo por delante, y lo peor es que no se han dado cuenta. La ilegalidad sobrevenida empieza a convertirse en un serio problema y a mí me preocupa la solución que usted ha aportado esta mañana.
¿Cómo van a resolver el problema, mediante una nueva regularización? ¿Es eso lo que pretenden hacer? Me parece que esta no es la fórmula más sensata de ordenar nuestros flujos migratorios.
¿Cuántas son las personas que están afectadas por este
problema? Porque cuando alguien viene al Congreso a hablar de proyectos tendría que dar los datos para saber frente a qué nos encontramos. ¿Cómo va a desarrollar, señor ministro, el nuevo reglamento y en especial el llamado informe sobre el
esfuerzo de integración regulado en la ley que ustedes obligan a elaborar a las comunidades autónomas cada vez que un inmigrante quiere renovar un papel? No sabemos muy bien cómo va a actuar o qué papel van a tener en la evaluación los propios
evaluadores. ¿Cuáles son sus planes respecto a los menores no acompañados y la tutela que ahora la nueva ley otorga a organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo piensan favorecer las oportunidades laborales de una población a la que se limita su
movilidad laboral y territorial en la ley? ¿Cuáles son sus planes sobre los asentamientos ilegales? Porque, señorías, hay otros países que han tomado medidas ante estos asuntos, y lo que no me parece es que el futuro de nuestro país sea
multiplicar los gallineros, como hemos visto hace unos días que sucede. ¿Cómo piensa afrontar el caos administrativo que existe en el propio Gobierno con seis ministerios que se ocupan del fenómeno, a veces adoptando medidas contradictorias? ¿Qué
va a hacer con el contingente? Ha hablado usted de que va a haber cambios en el catálogo, pero, con un contingente cero, pocos cambios caben. ¿Qué es lo que piensa usted hacer con respecto al padrón municipal? ¿Se va a modificar o no se va a
modificar? ¿Cómo se piensa limitar el turismo sanitario gratuito que a veces es lo que provoca que personas extranjeras se empadronen en nuestro país, especialmente en determinadas zonas donde a través del padrón la concesión automática de la
tarjeta sanitaria actúa con un fuerte efecto llamada?
Señor ministro, España pasó de ser un país de emigración a un país de inmigración. Desgraciadamente en este último año estamos viendo cómo muchos españoles se están planteando la necesidad de volver a emigrar, y eso nos preocupa
enormemente. Nos preocupa enormemente que el flujo de inmigración siga siendo insistente, y esta es la situación que tenemos que afrontar. España ha aprendido o debería haber aprendido en todo este tiempo cómo controlar esto y cómo regularlo, y
eso no se hace mirando hacia otro lado, como algunas personas pretenden, o tildando de xenófobo a cualquiera que plantee alternativas a la política actual. Los inmigrantes que llegan a nuestro país deben tener todos los derechos, señor ministro,
pero también todas las obligaciones, y la primera de ellas es entrar legalmente. Por eso hay que desincentivar la entrada ilegal y favorecer la entrada legal. Resulta preciso acabar con eso de papeles para el que resista, forma perversa de inducir
la explotación y la marginalidad. Se lo dijimos en la reforma de la ley y se lo volvemos a decir hoy, hay que limitar el arraigo y convertirlo en un sistema excepcional para permanecer en nuestro país, porque se aplica a personas que no han entrado
legalmente, señor ministro, y que han permanecido de forma ilegal o irregular -como usted quiera decirlo- en nuestro país.
Debemos incentivar el retorno voluntario de los que pierden el empleo y carecen de
medios de subsistencia. Es de sentido común, es la inmi
gración circular por la que apuesta la política en la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea, adaptada a nuestra situación del empleo y a nuestra capacidad de acogida que, aunque algunas personas no lo sepan, no es ilimitada. (El
señor De la Rocha Rubí: Echarles a todos.) No he visto muchas novedades en su discurso respecto del discurso del señor Corbacho, pero sí quiero decirle que hay que ser contundente con las mafias que siguen traficando con personas y con los
inmigrantes delincuentes y priorizar su expulsión, porque en muchos casos las víctimas acaban siendo los propios extranjeros y la opinión que sobre ellos tienen muchos ciudadanos españoles. La lucha contra la inmigración ilegal no se soluciona a
través de redadas a la salida de las bocas de metro. No hay más que coger el padrón municipal, donde vienen los domicilios, para saber quién está legal o quién no lo está en nuestro país, y desde el año 2003 la policía y el Ministerio del Interior
tienen acceso a esos datos para poder discernir qué personas están de forma legal o ilegal en nuestro país sin tener que organizar este tipo de exhibiciones policiales, que están muy bien para que el señor Rubalcaba cuadre sus estadísticas pero para
nada más. Por supuesto, hay que fomentar los controles e implementar controles reales de entrada y salida en nuestras fronteras. Usted debe buscar en la política común europea un lugar de encuentro, y en ese sentido quiero decirle que debería
resultar una prioridad intentar homologar los sistemas de protección social en el conjunto de los países de la Unión Europea. No puede ser que haya países que tengamos sistemas de protección diversos...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, por favor, vaya concluyendo.
El señor HERNANDO FRAILE: Un minuto. Sistemas de protección diversos que al final lo único que hacen es desviar flujos migratorios de unos países a otros. Eso es insolidario y hay que evitarlo. Nuestro sistema de protección social -y
vuelvo a lo de antes- no tiene recursos ilimitados.
Ustedes han podido constatarlo en la elaboración de los presupuestos de este año y con lo que ha sucedido con el fondo de integración, que ha pasado de 200 millones de euros a 60 millones de
euros; mayores dificultades. La marginalidad y el hacinamiento empieza a ser cada día más preocupante, señoría, en la situación de amplios colectivos de inmigrantes. Y lo peor, como le decía antes, es mirar hacia otro lado, lo peor es el silencio
o pensar que los problemas se resuelven solos.
Ustedes tienen que cambiar, señor ministro, porque la situación ha cambiado dramáticamente, la fiesta se acabó y los restos son bien distintos; realmente hay que hablar a la población con sentido
común, con sensatez, diciendo y explicando las cosas y nuestras capacidades. Y eso, señoría, no implica riesgos. El riesgo es sencillamente, como le decía antes, meter la cabeza debajo del hoyo, o tildar de xenófobos o insultar a las personas o a
las fuerzas políticas que a veces planteamos alternativas que en nuestra opinión tienen más sentido común que las que se han aplicado en los últimos años.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Uxue Barkos.
El señor BARKOS BERRUEZO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al nuevo titular del departamento de Trabajo y agradecer la comparecencia a la que nos ha llamado esta mañana, comparecencia que ha articulado de modo muy esquemático.
Decía que iba a ser breve - efectivamente lo ha sido con diferencia a las intervenciones posteriores- y esquemático en aquellas reformas que ya han sido y en las que nos anuncia. Ha insistido una y mil veces -yo creo que no de manera casual- que el
equipo que lidera el ministro desde este momento está aquí para hacer las reformas pendientes, por si alguien tenía dudas. Entiendo que es una frase que estaba dirigida más fuera de esta sala que dentro, me temo, cosa que desde luego nos ha quedado
clara, pero no por eso nos ha tranquilizado a todos necesariamente. Creo que la afirmación tenía un objetivo concreto y más allá de que se haya conseguido, sí me quedo con algunos de los datos que nos pone encima de la mesa. Nos dice que los datos
muestran que la reforma laboral empieza a funcionar. Señor ministro, es algo que ya nos anunció el presidente del Gobierno en el pasado Pleno, pero no es menos cierto que los datos que tenemos en estos momentos entre las manos nos dicen que, por
ejemplo, en el mes de octubre los contratos de fomento de empleo crearon un 0,92 por ciento; son datos del INEM. Yo no sé dónde está la diferencia entre unos datos y otros, si es pura cuestión de voluntad política por parte de quien ha propuesto
esta reforma, pero, repito, los datos estadísticos más recientes que tenemos nos dicen que no, que no está funcionando. Me gustaría que nos aclarara esta cuestión, por más que -repito- la vocación política de cumplir con las reformas ya anunciadas
ha quedado bien claro.
Nos anuncia otras reformas de importancia. Arranca con ese gran paquete en torno a las políticas activas de empleo. Se lo ha dicho el portavoz que me precedía en el uso de la palabra; es un discurso que suena mucho al que nos dejó en esta
misma Comisión su predecesor en el cargo. El 26 de mayo de 2008 nos decía el señor Corbacho textualmente: Paso a concretar las principales líneas de trabajo del Gobierno. Daremos prioridad al análisis con los interlocutores sociales -recuerdo que
no funcionó-; reforzar el papel central de los servicios públicos de empleo -parece que no ha funcionado-; favorecer las oportunidades de empleo de calidad, especialmente en los colectivos más desfavorecidos. Articularemos -continuaba el ministro
Corbacho- un sistema eficaz de intermediación laboral; contribuiremos a la coordinación efectiva de los servicios públicos de empleo y mejoraremos las dotaciones de las políticas de empleo. Terminaba el señor Corbacho, entonces ministro
de Trabajo, diciendo que crear empleo será el objetivo básico, pero además queremos que este sea de calidad.
Señor ministro, nos gustaría en estos momentos tener encima de la mesa una serie de propuestas más contundentes en la forma. Apremia el tiempo -no solo el de la legislatura, que también, por descontado- para esos cuatro millones largos, muy
largos, de personas que en estos momentos están en paro y que en un gran número van a cumplir ya dos años. Por tanto, nos parece fundamental que se supere de alguna manera un discurso que ya hemos tenido oportunidad de escuchar, pero que también
hemos tenido oportunidad de comprobar en las propuestas que usted nos hace, que no ha funcionado a lo largo de estos dos años. Nos decía que la diferencia fundamental es que los recursos, a diferencia de lo que se nos propuso en esa primera sesión,
a corto plazo -lo ha dicho usted- difícilmente van a tener posibilidades de verse incrementados. Decía -yo aquí comparto la afirmación que usted hace- que seguramente los recursos que en estos momentos se destinan son importantes, si no
suficientes, en una circunstancia como la actual y que no hay por tanto que desechar esta circunstancia, pero que es clave que la eficacia y eficiencia en la utilización de esos recursos se vea incrementada. Señor ministro, comparto absolutamente
la reflexión que usted nos hace. Por tanto, me parece clave que nos explique, especifique o detalle en la medida de lo posible qué tareas va a acometer el Gobierno para incidir, para influir, para hacer más eficaces estos recursos y por tanto la
utilización que de ellos se hacen. Muchos de estos recursos, por cierto, delegados a las organizaciones sociales, a la patronal y a los sindicatos. Me parece fundamental que se nos diga si hay previsto articular algún tipo de medida que pueda
implementarse en la búsqueda de una mayor eficiencia de esos recursos.
También nos decía con respecto a ese tercer gran bloque de reformas que nos anuncia, la reforma de la negociación colectiva, que ninguno duda dentro del Gobierno de los interlocutores sociales para llegar a los acuerdos que hagan posible esa
reforma, pero que desde luego el Gobierno tiene intención de intervenir en el caso de que no se llegara a un acuerdo entre las dos patas de esta mesa. Habida cuenta, señor ministro, que el precedente que tenemos con respecto por ejemplo a la
reforma laboral nos dice que no funcionó ni mucho menos la posibilidad de un acuerdo, sí me gustaría saber si se ha dado un plazo el Gobierno o este ministerio para que en el caso de que no se llegue a acuerdo alguno entre los interlocutores
sociales -patronal y sindicatos- tome el Gobierno las medidas que anunciaba que se tomarán en el caso de que falle el posible acuerdo entre unos y otros.
Con respecto a las pensiones nos anuncia -lógicamente será en el seno del Pacto de Toledo donde se lleve a cabo el grueso de esta tarea y donde el ministerio o el Gobierno negocie en busca del acuerdo- que el primer trimestre de 2011 es el
límite temporal para llevar a cabo la reforma normativa; reforma que entendemos se mantiene -no lo ha anunciado, pero lo suponemos- en el emplazamiento o establecimiento de nuevos límites para llegar a la edad de jubilación. En este sentido, señor
ministro, ¿no hay margen realmente en estos momentos para explorar otras vías y otras búsquedas? Estamos hablando de la pervivencia del sistema del que nos hemos dotado. No es posible -entiende esta portavoz- que le digamos a la sociedad que ha de
aumentar la edad de su jubilación, mientras seguimos utilizando, lo digo en términos generales, sobre todo desde las grandes corporaciones y empresas públicas, la prejubilación como una herramienta para hacer frente a problemas de otra índole.
Entiendo que debiera haber un margen más amplio.
Señor ministro, me quedo con buen sabor de boca con respecto al anuncio que hacía sobre las personas empleadas de hogar y el estudio que se va a hacer para que cuenten con cobertura de enfermedad y accidentes. Quiero recordar que fue una
propuesta de resolución que presentó Nafarroa Bai en el seno del debate sobre el estado de la Nación de 2009, que se aprobó por unanimidad. La traigo a colación porque en aquella misma propuesta se recogía la búsqueda de la misma cobertura en la
situación de aquellas personas que se dedican al cuidado de familiares dependientes a través de las partidas económicas que vienen recogidas en la Ley de Dependencia.
Entendemos que sería lógico ver ampliada esa misma intención de cobertura a estas
personas. Es la pregunta que le incluyo con respecto a esta cuestión; si tiene el Gobierno previsto incluir a estas personas en la cobertura que nos anuncia para las personas empleadas del hogar.
Señor ministro, estas son las cuestiones que quería plantearle. En cualquier caso, quiero agradecerle lo sintético de la exposición y su presencia esta mañana en la Comisión.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a compartir también sus intervención. En primer lugar tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor ministro a esta Comisión -su Comisión-, y decirle que no le arriendo la ganancia. No le arriendo la ganancia entre el dogma de los mercados y el populismo de
Intereconomía. Parece que no hay terreno para la política. Yo creo que sí hay terreno para la política entre el dogma de los mercados, que parece ser inevitable -no lo creo así- y por otra parte el populismo extremista, que en mi opinión no hace
más que destilar desesperanza y en algunos casos desesperación. Por el contrario, mi grupo está interesado en emplazar a su ministerio, que es verdad que es vicario en este caso de las políticas conservadoras de los mercados y vicario del
Ministerio de Economía, a cambiar, a rectificar. Yo esperaba de su intervención, la de
un nuevo ministro, después de una remodelación del Gobierno en plena crisis pero que tiene mucho que ver con la desafección de los trabajadores y de los sindicatos y con la huelga general, algún mensaje en relación con el fracaso de la
concertación y con el fracaso social que significa la huelga general. Yo esperaba una rectificación y, por el contrario, he visto a un ministro que se reafirma en todos los términos de la reforma laboral. Así, señor ministro, no va a haber
posibilidad de negociación ni de acuerdo y tampoco de concertación.
Además de la reafirmación, a mí me preocupa esa intervención en la que usted combina de forma cuidadosa el diálogo y la decisión, pero en definitiva para hacernos un ultimátum. Hace usted un ultimátum al Parlamento y también a los agentes
sociales en relación con temas muy delicados, y hace un ultimátum mirando únicamente a los mercados, pero no deberían ustedes, un Gobierno progresista, mirar solamente a los mercados. Deberían mirar más a los ciudadanos, a los sindicatos y a los
parlamentarios de vez en cuando. Eso significa que no pueden imponernos un ritmo de trágala con respecto a la reforma de las pensiones y mucho menos -yo creo que están ustedes jugando con fuego- a la reforma de la negociación colectiva. No hay
precedente en democracia, señor ministro, de imponer una reforma de la negociación colectiva manu militari o manu parlamentari; me da igual, señor ministro. Por lo tanto, no comparto, como he dicho antes, la reafirmación -esperaba una
rectificación por parte de su Gobierno que permitiera abrir el diálogo, la negociación, la concertación, después de la huelga general- y no comparto este ultimátum al Congreso de los Diputados y a los agentes sociales en materias tan delicadas como
las pensiones o la negociación colectiva.
Tampoco comparto algo que ha pasado en los últimos días y que corre el riesgo de quedar únicamente en un desayuno en Moncloa: la regresión corporativa. La sociedad democrática tiene cauces de representación parlamentaria y también cauces
de representación en los agentes sociales.
Esos cauces no se pueden saltar así como así, sobre todo después de una carta golpista por parte de una parte de nuestro empresariado, después de una carta reaccionaria que pone en duda la representación
democrática de los que hoy estamos aquí, que pone en duda que España es un Estado social y democrático de derecho y que pone en duda la división de poderes. Todo eso se pone en duda en una carta de los empresarios, y el Gobierno, débil con los
fuertes y fuerte con los débiles, se reúne con esa representación anómala de los empresarios en una regresión corporativa que a nuestro grupo no nos gusta. No nos gusta nada la deriva que están tomando las cosas desde el punto de vista de la
política económica y tampoco cómo está evolucionando la democracia en nuestro país con esta imposición por parte de los mercados. Señor ministro, espero todavía la rectificación del Gobierno en relación con la reforma laboral, porque estoy
convencido de que una reforma que se ha puesto en marcha sin acuerdo es totalmente inútil y regresiva. Espero todavía, señor ministro, que el Consejo de Ministros sea capaz de articular una propuesta de política económica que no sea la del ajuste
sádico que hoy vivimos, por el cual ustedes llevan a cabo el ajuste que les proponen las instituciones financieras internacionales y la propia Unión Europea. Ese ajuste provoca la congelación de nuestra economía y dificultades adicionales para
cumplir con los criterios de déficit, y como solución -cura homeopática- más ajuste para salir de la crisis, más ajuste para profundizar la crisis.
Señor ministro, por ese camino no hay recuperación económica ni de empleo, ni hay políticas activas
de empleo que valgan. En nuestra opinión, ese es el talón de Aquiles de la política económica en estos momentos y de la política de su Gobierno.
En relación con las políticas activas, creemos -y estamos dispuestos a discutir sobre ellas- que el gran problema es lo que usted ha dicho, es decir, que la reasignación de los actuales presupuestos, que además son presupuestos con un
recorte global y un recorte en materia de políticas activas, no es medio para nuestras ambiciones. No hay medios suficientes para de alguna manera reactivar y cambiar las políticas activas en nuestro país. Estamos convencidos de ello por mucho que
el señor ministro haya puesto en la agenda esa cuestión como algo fundamental para los próximos tiempos.
Antes de dejar paso a mi compañero Joan Tardà, quiero decirle que ha dejado usted apuntada de una forma un tanto extraña una cuestión. Ha dicho: Vamos a llevar a cabo la reforma de las pensiones por el reto demográfico. Señor ministro, no
han dado una cada vez que han hablado del reto demográfico. Es una escopeta de feria. El reto demográfico significaría que a principios de 2000 habría quebrado el sistema de Seguridad Social y ahora estaría quebrado, y eso no ha sido así. Tenemos
un buen sistema de Seguridad Social y un importante Fondo de reserva.
Ustedes no pueden seguir sembrando la incertidumbre sobre el sistema de reparto. Señor ministro, sincérense de una vez y digan que los mercados quieren comerse una parte de
nuestro sistema público de pensiones y que, por tanto, ustedes no pueden resistir la presión y van a dar una parte del sistema público de pensiones a los mercados, pero no sigan diciendo que tenemos un problema en el sistema público de pensiones
porque no es verdad. (Rumores.) No tenemos un problema en el sistema público de pensiones, tenemos un problema en los fondos privados de pensiones. A ver cuándo se enteran la banca y los seguros de este país. Ahí sí tenemos un problema, y
deberían explicarlo y adoptar medidas para abordarlo, pero no tenemos un problema en el sistema público de pensiones. Les pido también en esta materia una rectificación, señor ministro, para que sea posible el diálogo político y la concertación.
Termino, señor ministro. Hace pocas horas hemos tenido una prueba de que no solamente el dogma de los mercados y el populismo es una máquina en muchos
casos de desesperación; también asumir el dogma de los mercados por parte de la izquierda es una máquina de desesperanza y de desafección. Espero, señoría, que sean capaces de reflexionar y de rectificar.
El señor PRESIDENTE: Por el mismo grupo parlamentario, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Bienvenido a esta Comisión, señor ministro.
Nosotros, aun cuando hemos mantenido una posición crítica respecto a la reforma laboral, no somos autistas y sabemos lo que nos estamos jugando en este contexto de crisis
económica que golpea de forma tan aguda a los trabajadores. Es cierto que en general uno está dispuesto a arrimar el hombro; de hecho, la ciudadanía, los trabajadores, saben que en todo contexto de crisis siempre se pierde baza, pero uno tiende a
rebelarse ante un escenario en el que parece como si la totalidad de la prenda a pagar tenga que ir a cargo de los trabajadores. Por esto, cuando se afirma categóricamente que no es posible reformar la reforma, uno tiende casi a clamar a favor de
una declaración de aceptación de una cierta ponderación de la reforma. ¿No sería más realista hablar de la voluntad de ponderar la reforma laboral y no negarse categóricamente, como hacen ustedes, a reformar la reforma? Ahora que se habla tanto de
incertidumbre, de la incertidumbre de los mercados, que es un eufemismo para no hablar del chantaje de los mercados, ¿a nadie se le ocurre hablar, aunque sea solamente como efecto de psicología social, de la incertidumbre de las personas? Hace unos
días le decíamos a usted: ¿no es posible anunciar que al menos respecto al sistema público de pensiones, se aparca, se aplaza, todo aquello que afecta a la prolongación de la edad de jubilación hasta que se crezca económicamente en un porcentaje a
consensuar, aun cuando fuese un porcentaje en donde la creación de empleo se cuestiona en función de la escuela económica? ¿Por qué no hablamos también de intentar equilibrar el escenario, que hoy en día no es un escenario de igualdad de
condiciones entre las partes que negocian, es decir, entre el capital y el trabajo? Supongo que todos aceptaremos que hoy en día el mundo del trabajo está encarando la tensión de la negociación con el capital en condiciones objetivamente muy
desiguales.
¿Por qué quieren hacerlo todo de golpe, de una sola tacada? ¿Estamos dispuestos a no reconocer el paisaje respecto al Estado social post crisis? Porque, francamente, si la prenda a pagar para salir de la crisis es que no reconozcamos
el paisaje social ¡maldita la gracia!
Nosotros entendemos que ustedes deberían ser un poco más atrevidos para desandar un tanto el camino de la reforma laboral en cuestiones como las causas del despido y mucho más diligentes, mucho más atrevidos, en otras propuestas que usted ya
ha anunciado, como las relacionadas con las políticas de empleo, las políticas activas de empleo o la negociación colectiva; por cierto, tampoco ha sido demasiado explícito respecto a la negociación colectiva. Todo esto dicho desde una actitud
absolutamente constructiva, como no podía ser de otra manera, que no significa que no sea crítica, atendiendo a lo que nos jugamos en el contexto actual. Hace tiempo que estamos a la expectativa y empezamos a estar un tanto alarmados. Debo decirle
que respecto a las políticas activas -es cierto que han sido las grandes olvidadas-, coincido con usted en muchos aspectos que ha mencionado. Es evidente que no puede existir una desconexión -hace años que lo venimos reclamando- con las políticas
educativas regladas. Es evidente que hay que dar mucho más protagonismo a la intermediación; ya nos pusimos más o menos de acuerdo en cómo entendíamos la necesidad de primar por encima de las bonificaciones a la contratación los programas de
empleo, los programas de formación, tanto el ejemplo alemán como el ejemplo austríaco de programas individualizados, incentivando la capacidad de los trabajadores para responder al mundo cambiante de la producción. Todo ello es un camino a seguir.
Esperemos que no se les vaya la mano en todo aquello que afecta a la privatización en materia de políticas activas. Es cierto que coincidimos en la titularidad de lo público, pero todo depende de si el brazo es poco largo o muy largo.
Tenemos la garantía de la función pública, pero todo depende de cómo se alargue el brazo y de qué capacidad de control de lo público se ejerce sobre lo privatizado, entre comillas. El señor Aznar ya diseñó la distribución de los recursos, supongo
que para incumplir -dicho con toda maldad- las sentencias del Tribunal Constitucional. Veo que el señor Membrado asiente. Ahora ha llegado el momento de hacerlo bien de una vez por todas. Es cierto que hablamos de la ejecución por parte de las
comunidades autónomas en todo aquello que afecta a este ámbito, pero tampoco uno sabe exactamente cómo piensan resolverlo, porque hay dos verdades absolutas; una, la necesidad de coordinación, el ADN se lo reserva la Administración General del
Estado, y dos, en todo aquello relativo a los recursos también hay que resolver algunas cuestiones relacionadas con la financiación de los agentes sociales. En ese sentido me gustaría que usted fuera un poco más explícito.
Hay un tema que nos preocupa respecto a la inmigración. Yo creo que todo el mundo ya se ha sacado la careta y ya sabemos a qué jugamos. De hecho, puedo decirles que Cataluña se ha utilizado como laboratorio de los problemas que se nos
vienen encima. Solamente nos podemos salvar de un conflicto muy intenso con políticas de gasto social, a las que, por lo que ustedes han presupuestado, no están dispuestos a dedicar mayores inversiones. Respecto al reglamento -no se lo tomen como
una petulancia, pero en Cataluña se han hecho las cosas bastante bien a través del Pacto nacional para la inmigración y además tenemos un instrumento, que es el Estatuto de Autonomía-, creo que podemos utilizarlo como termómetro para evaluar las
bondades o las potencialidades de la ley. Si la Comunidad Autónoma de Cataluña, si el Gobierno de Cataluña, está satisfecho con
el reglamento, querrá decir que ustedes han incorporado
todas las potencialidades que permite la legislación actual. En Cataluña hemos llegado a plantear una serie de propuestas...
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, vaya concluyendo.
El señor TARDÀ I COMA: ...que no hacen más que traducir todas las potencialidades del Estatuto de Autonomía y todo el trabajo hecho a favor de la integración, que me gustaría saber si serán contempladas, tanto respecto a temas de
reagrupación familiar como a temas relacionados con informes de integración o con las autorizaciones de residencia y trabajo, etcétera. Si pudiera ser un poco más explícito, se lo agradecería.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, yo también le doy la bienvenida y le deseo suerte, que es lo que en esta coyuntura parece que resulta más pertinente.
Decía el señor Llamazares -y tiene razón- que no debería mirar a los mercados. No sé si usted mira a los mercados, no sé si los conoce siquiera, si sabe dónde viven, cuál es su configuración, su domicilio, pero el problema no es ese, el
problema es que los mercados nos miran a nosotros, señor ministro y, como los mercados nos miran a nosotros, no hay más remedio que hacer las cosas que se están haciendo en todos los países de nuestro contexto; se están haciendo en Estados Unidos y
se están haciendo en todos los países occidentales. Barak Obama, presidente de Estados Unidos, ha llegado a reconocer ya el fracaso de la política ante los requerimientos voraces de los mercados; esto sí ha sido una brecha y no la de los doce
puntos que le provocó el otro día alguien en un partido de baloncesto, una brecha respecto a lo que preconizó durante la campaña electoral: nuevo modelo de crecimiento, nuevo paradigma de crecimiento para Estados Unidos y el mundo basado en la
filosofía neokeynesiana que no es capaz de implantar en su país. ¿En qué consisten o en qué se manifiestan los mercados, estos mercados que nadie conoce? Se manifiestan en que la deuda española tiene ya un diferencial respecto a la alemana, por
ejemplo, un spread diferencial de 283 puntos, ya 300, porque cada día que leemos los periódicos, señor ministro, al que tiene pelo se le eriza rápidamente. Los mercados tienen estos requerimientos.
Sin saber muy bien qué son, porque tienen un
componente un tanto ectoplásmico y deletéreo, sabemos lo que hacen. Desde esa perspectiva, si hay que reformar el mercado de trabajo, se reforma, aunque sea de forma crítica. Usted y yo tenemos reservas intelectuales y jurídicas muy serias sobre
la reforma que se acaba de aprobar en esta Cámara. Hay que reformar las pensiones, ya nos glosará mañana en qué términos y cuáles son las posiciones del Gobierno porque hasta este momento le aseguro que el Pacto de Toledo ha tenido una actitud
absolutamente lánguida, evanescente, sobre las propuestas y llevamos dos meses trabajando sin que se concrete nada que de alguna forma sea razonable pensar que es útil para la sostenibilidad del sistema financiero que soporta las pensiones del
futuro, que sí tienen problemas -aquí sí discrepo yo con el señor Llamazares- demográficos, y también de otra naturaleza, vinculados a la tasa de dependencia. En el año 2050, si la demografía no nos engaña -y no nos engaña en este caso, porque son
los estudios del propio Eurostat- va a haber un trabajador por cada pensionista o por cada persona prestataria o beneficiaria del sistema de pensiones y esa perspectiva, en un sistema de reparto en estos términos o con estas estructuras
demográficas, es manifiestamente insostenible. Hay que reformar el sistema financiero, habrá que reformar el sistema energético y lo que los mercados digan.
¿A qué viene todo esto, señor ministro? Todo esto viene a que no sé si se puede extrapolar a los ministros los cien días de cortesía que se proporcionan a los gobiernos cuando se incorporan. A usted no le podemos conferir este privilegio,
este favor de cien días de cortesía ni ninguno por la perentoriedad de las reformas anunciadas por el presidente del Gobierno, por el señor Zapatero, tras reunirse el pasado sábado con un grupo de empresarios, reunión que tiene un formato también
peculiar. Me llama poderosamente la atención que habiendo interlocutores que tienen atribuida esta capacidad de reunirse y de realizar propuestas mediante el ejercicio de las competencias cuasi públicas o públicas que dimanan de la mayor
representatividad, es decir, asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones que representan a la pequeña y mediana empresa y organizaciones que representan a los autónomos, opte el presidente por una reunión de características
tan peculiares, al socaire de unos churros, al parecer, según nos han glosado algunos de los que asistieron, de dudosa calidad. No sabemos cuál es la calidad de las propuestas y nos gustaría que usted nos indicase si la calidad de las mismas es
notoria o manifiestamente mejor que las vituallas que allí se probaron.
La situación es dramática, señor ministro, y a usted le queda muy poco tiempo para afrontarla, por eso no tenemos ningún margen de tolerancia con usted desde la perspectiva del seguimiento parlamentario, del control e incluso de la
colaboración que yo, desde la perspectiva de mi grupo parlamentario, me comprometo a prestarle para acometer las reformas que hay que hacer; reformas muchas de ellas pendientes de la propia reforma laboral que obliga al legislador. Es mucho el
carbón que hay que meter en la máquina del legislador en este momento, que es lento, por los requerimientos y por el estilo parlamentario de esta institución. Es lento, pero hay leyes que hay que aprobar y que dimanan de mandatos de la propia Ley
de reforma del mercado de trabajo y reglamentos y reales decretos-leyes que reforman cuestiones tan importantes
algunas de ellas que me llama poderosamente la atención
que usted no se haya referido a ellas, por ejemplo, la sustitución del Fogasa por el llamado modelo austriaco. Es un requerimiento que está previsto en la propia ley -no sé si lo ha dicho porque he llegado tarde-.
Tengo dudas de que la
traslación del modelo austriaco sea posible al Estado español tal como están las cosas y tal como está el diálogo social, salvo que usted, mediante fórmulas que rayan más en lo paranormal o en lo mágico que en lo práctico o en lo real, pueda
regenerarlo, pueda reconducir hacia unos derroteros razonables la reforma de la negociación colectiva, la gran carencia de la reforma del mercado de trabajo, donde inexplicablemente la única mención en relación con la negociación colectiva es la
posibilidad o la consagración de la posibilidad -valga la redundancia- de descolgarse de las cláusulas salariales de los convenios colectivos mediante una agresión a la negociación colectiva laboral digna de mejor causa, opinión que usted compartirá
conmigo. Esperemos que esta reforma de la negociación colectiva se presente también a corto plazo, así como otros desarrollos que son imprescindibles para complementar la nueva configuración del nuevo mercado de trabajo que hasta ahora y por lo que
sabemos ya desde la vigencia del real decreto-ley originario -ocho meses- y desde la vigencia de la ley no está resultando particularmente eficaz en su aplicación. Luego sus reservas mentales coinciden con las mías y lo que usted posiblemente
preveía y ahora no podrá reconocer y yo ya preveía también y sí puedo reconocer es que la aplicación de la nueva reforma laboral está resultando un fracaso, particularmente el aspecto que podríamos calificar de elemento estrella o troncal de esta
reforma laboral, que es la potenciación del contrato estable de fomento del empleo y que no se está concertando. Llevamos ocho meses de vigencia del real decreto-ley y apenas se están concertando contratos de esta naturaleza, luego algo está
fallando, y si está fallando esto -y además está fallando todo lo anterior, como usted ha dicho, con una autocrítica que le honra, y se lo digo honestamente-, está fallando la configuración de las políticas activas hasta el punto de que se va a
presentar un proyecto de ley nuevo de políticas activas en todas sus dimensiones, o en las tres dimensiones fundamentales de las mismas; en primer lugar, las bonificaciones de cuotas, que he entendido que la intención de su ministerio es reducirlas
notablemente ya que no es el instrumento que ustedes consideran más eficiente para la generación de empleo; en segundo lugar, las subvenciones gestionadas, y, en tercer lugar, la formación profesional, manifiestamente inadecuada e ineficiente. Nos
gustaría conocer cuanto antes cuáles son sus planteamientos respecto a la nueva norma que va a sustituir a una configuración de políticas activas que ha sido ineficiente, no por su dimensión o por sus consignaciones presupuestarias de apoyo en
relación con los itinerarios de actuación de estas políticas activas, de las que ha llegado a haber 32 en el Estado español, que no son pocas, señor ministro; han fallado porque estaban mal diseñadas desde el principio y no han creado empleo ni
respecto a los colectivos de dificultades especiales de empleabilidad ni respecto a ningún otro. Luego la reforma en materia de políticas activas se tiene que basar en lo que se denomina en ciencia médica -el señor Llamazares no está aquí para
corregirme- cirugía de campaña, cirugía casi traumática.
Desde esa perspectiva, hay que hacer algo muy diferente en materia de bonificaciones de cuotas, en materia de subvenciones gestionadas y en materia de formación profesional si queremos
cumplir con los requerimientos de la estrategia de Lisboa. No me venga ahora con los requerimientos evanescentes de la Ley de economía sostenible en los que yo ya le digo de antemano que no creo; no creo en leyes evanescentes de esta naturaleza
que pretenden ser un vademecum para la resolución de todos los problemas del mundo y no sirven realmente para casi nada o para nada. No endose a la Ley de economía sostenible, como se suele endosar por otros compañeros de gabinete, la resolución de
todos los problemas que tiene el país; no va a resolver por su generalidad, por su carácter anfibológico -si me permite la petulancia de la expresión- nada de lo que en este momento está llamada a resolver. Vamos a intentar ir resolviéndolo con
consenso, con pacto -y mi grupo ya se considera proactivo a realizarlo-, con una interlocución con los grupos parlamentarios en aquello que podamos, porque no vamos a ganar a los mercados -políticamente estamos derrotados, la política está derrotada
ante los requerimientos de los mercados- pero podemos recuperar algunos espacios de los que la política nunca debió abdicar. Señor ministro, yo creo en usted y creo que firmemente usted también mantiene estas convicciones. Desde esa perspectiva,
pues mucho carbón para la maquinaria en lo que queda de legislatura y proclividad al acuerdo por parte de nuestro grupo parlamentario.
La situación del empleo es dramática. Ya sé que la última EPA, la del último trimestre, acredita una disminución ligerísima del desempleo, 56.000 desempleados menos. No es una cifra que estabilice la situación del empleo ni que vaya a
tener continuidad necesariamente, probablemente no tenga continuidad, la situación de decrecimiento o de estancamiento de la economía española va a durar cuando menos, en el mejor de los casos, un año más y seguramente acabaremos conviviendo con 5
millones de desempleados. Efectivamente, bien decía el señor Membrado con cierto énfasis -de forma como digo un tanto enfática y replicando de forma ajena a los requerimientos reglamentarios, seguramente, pero con la tolerancia del presidente y su
benevolencia que también caracterizan su actuación como presidente- que son solo 4.600.000 parados. Pues no, solo 4.600.000 ya son muchísimos y la tendencia es a crecer, porque, ¿qué políticas de empleo, además de las activas, se van a articular
desde su ministerio? Mire, ayer estuve yo con la señora López i Chamosa, el señor Llamazares y otros portavoces de los grupos parlamentarios en unas jornadas sobre el futuro de la Seguridad Social organizadas
por El Nuevo Lunes, que tienen además una periodicidad
anual y donde se reúnen todas las personas concernidas por el mundo del seguro privado. Nos preguntaron cuáles son los planes de políticas de empleo alternativos a los existentes hasta ahora y yo les dije que sinceramente no lo sabía. Yo
no sé si sabe usted cuáles son. Me preguntaban: ¿Hay algún plan A? Comentaban allí los interlocutores: ¿Hay algún plan B? Pues no, que sepamos, solo hay un PlanE, el famoso PlanE de los 8.000 millones de euros para obras municipales. No es
conocido otro.
El PlanE, de cuya eficacia también se puede dudar, a pesar de que se han estirado las obras casi hasta más allá de lo metafísicamente posible: se han destruido algunas obras para reconstruirlas. Es decir al modelo keynesiano más
puro, más ortodoxo, aquel que consistía en que la forma de generación de empleo es contratar a dos trabajadores, uno para que haga un agujero y otro para que lo tape después. No, no es el sistema y hay que articular un plan de empleo de carácter
más general y que trascienda a la actuación o a la aplicación de meras políticas activas. Hay que hacer muchas más cosas, como la remoción de ciertas rigideces que no ha removido la reforma laboral y seguramente la desaparición de otras que han
sido removidas innecesariamente mediante la descausalización de ciertos tipos de despido; y muchas cosas en las que en un debate intelectual entre usted y yo estaríamos de acuerdo seguramente, pero usted seguramente tampoco tendrá habilitación
política en este momento para decirlo públicamente. Eso, con relación al mercado de trabajo.
En relación con la política de reforma de pensiones, oír aquí que no existen problemas... Me va a permitir el presidente que no utilice ningún calificativo para glosar esta reflexión. ¡Cómo que no existen problemas! Existen problemas muy
serios vinculados fundamentalmente a la tasa de dependencia y a la conexión inexorable en un sistema de reparto puro como es el español. Hay otros sistemas mixtos en Europa como el inglés, el irlandés o el holandés, que son mixtos de reparto y de
capitalización pero de capitalización pública; y otros de capitalización privada stricto sensu como los de Singapur y Chile, que son los otros dos países. El nuestro es de reparto puro y hay problemas en donde la gravitación del desempleo sobre
las posibilidades de subsistencia y de cobertura de las contingencias protegidas es inevitable y si el empleo no crece tenemos un problema tanto desde la perspectiva del ingreso como desde la perspectiva del gasto. (Rumores.) Desde la perspectiva
del ingreso porque al haber más desempleados hay menos gente cotizando, pero además estos desempleados generan gastos en tanto en cuanto hay que abonarles una prestación que es la de desempleo y un subsidio que es el de desempleo que son
prestaciones de Seguridad Social también. Es como lo de las bonificaciones de cuotas, que todo el mundo comenta que parece que las bonificaciones de cuotas consisten sencillamente en la reducción de determinadas cotizaciones obligatorias de
empresarios para generar empleo -cosa que se ha demostrado ya fallida dada la ineficiencia de la medida- que luego no eran tales bonificaciones de cuotas porque los servicios públicos de empleo automáticamente abonaban a la Seguridad Social el
quebranto sufrido por ésta por la aplicación de cuotas o cotizaciones reducidas a determinados empresarios. Con lo cual también me extraña que no haya hecho ninguna referencia al nuevo modelo de servicio público de empleo que usted preconizó cuando
tomó posesión de su cargo y que resulta perentorio. Esta sí que es una reforma estructural manifiestamente necesaria.
En cuanto a las pensiones, pues ya me gustaría conocer -y vamos a esperar a su debate, vamos a demorarlo hasta mañana- qué propuestas tiene usted porque ya le digo que en el Pacto de Toledo llevamos dos meses realizando actividades de
naturaleza que vamos a calificar generosamente, por no utilizar una expresión incorrecta en términos reglamentarios -sí, señor presidente, acabo ya-, como que nos hemos dedicado a la especulación metafísica. (Rumores.) Vamos a dejarlo ahí. Es
decir lo más relevante que se ha aprobado en trabajo durante dos meses del Pacto de Toledo es que los complementos de mínimos se tienen que financiar con cargo al presupuesto ordinario, a los tributos; y que puede existir la posibilidad de reducir
la pensión de jubilación haciéndola compatible con un trabajo a tiempo parcial. Hasta ahí hemos llegado. Desde esa perspectiva, señor ministro, algo más nos dirá, algunas ideas, porque si no lo que tenemos que hacer es cambiar la metodología de
trabajo y las ideas se las tendremos que dar nosotros a ustedes. Con esta metodología de trabajo es metafísicamente imposible que le digamos nada razonable o relevante para acometer una reforma estructural tan profunda, como es aquella que
garantice la sostenibilidad en el año 2025, donde vamos a iniciar un déficit incipiente en el sistema público de pensiones, y sobre todo en el 2050, donde el sistema de pensiones como está concebido, de reparto, es imposible.
Me gustaría haberle dicho algo sobre extranjería. El presidente no me va a dejar, pero en materia de extranjería hay un problema con los menores no acompañados y la distribución de cupos, señor ministro, que le pido y lo hago extensivo a la
secretaria de Estado que nos acompaña hoy, que lo miren con mucha atención. No puede haber 700 menores no acompañados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 100 en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y gracias por su benevolencia, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Antes de seguir y dar el turno al señor Campuzano, vamos a hacer un receso de cinco minutos. (Pausa.)
Vamos a reiniciar la sesión. Le corresponde ahora intervenir, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al señor Campuzano. Señor Campuzano, cuando usted quiera.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco al señor ministro su comparecencia y le doy la bienve
nida a esta Comisión. Estamos encantados de volver a reencontrarnos en esta materia, valoramos su trayectoria, usted conoce desde hace tiempo estas políticas y profesionalmente ha continuado vinculado a ellas y eso, quiera o no, de entrada
nos da unas ciertas garantías y nos permite darle un cierto margen de confianza. Lógicamente, le deseamos suerte en esta etapa.
Usted plantea una ambiciosa agenda de reformas, compartida desde muchos de vista por Convergència i Unió; la música que usted toca nos parece interesante, pero habrá que estar atento a la concreción de esa política, habrá que estar atento a
los detalles de esa política. Es evidente que usted va a tener muy poco plazo de tiempo para poder no tan solo concretar esas reformas, sino procurar que esas reformas finalmente tengan impactos en la principal cuestión que está en su
responsabilidad, que es combatir el desempleo, ayudar a mantener el empleo. La primera sensación que uno tiene es que quizás el contenido de su propuesta sería más propio de un inicio de legislatura que no de un final de legislatura.
A uno la
primera cuestión que se le suscita, y que no le toca a usted pero sí al Gobierno en el que usted participa, es que en cerca de tres años esa agenda que afecta a cuestiones tan fundamentales como la reforma de las políticas activas, la reforma de las
políticas de formación, la reforma de los servicios públicos de empleo, esos instrumentos tan fundamentales en una política en tiempos de crisis hasta ahora han sido incapaces de concretarla. Uno tiene la sensación de que quizás en algunos aspectos
clave se ha perdido demasiado el tiempo por parte del Gobierno.
Es más, cuando ustedes hace unos meses plantearon la reforma laboral bajo la lógica de la flexiseguridad, con esa idea de aumentar las capacidades de las empresas también para hacer
frente a la crisis con mayor flexibilidad, algunos grupos les veníamos reclamando desde el inicio de esta legislatura que cualquier reforma en el mercado de trabajo que introdujese flexibilidad en la salida del empleo, si no iba acompañada de buenas
políticas de recolocación, de buenas políticas de formación, de un buen funcionamiento de los servicios públicos de empleo, de una colaboración con la iniciativa privada, que una reforma de estas características iba a ser injusta para muchos
trabajadores que estaban perdiendo el empleo o que lo iban a perder.
Por tanto, se ha perdido el tiempo, no se han acometido reformas. Eso tiene consecuencias injustas para cientos de miles de trabajadores y hay poco margen real para que estas reformas se puedan implementar. Ahora bien, vale más tarde que
nunca y bienvenida esa agenda que no podemos demorar más. Ahí lo que le plantea mi grupo es celeridad y determinación, también en lo que hace referencia al desarrollo reglamentario de la reforma del mercado de trabajo y en las reformas legislativas
que se derivan de esa reforma del mercado de trabajo. No es bueno trasladar más incertidumbre a las empresas sobre el marco legal que configura la nueva reforma del mercado de trabajo. Clarifiquemos pronto esa situación. Los dos compromisos
legislativos de la reforma laboral, el denominado fondo de capitalización y la reforma de la negociación colectiva, en el calendario que se ha marcado no admiten demora. Si esos proyectos de ley no llegan a la Cámara a finales del invierno o
durante la primavera, no van a verse concretados en esta legislatura. Por tanto, celeridad y determinación para llevar a cabo esas reformas.
En materia de empleo, el diseño competencial que tenemos en España conduce necesariamente a un nivel de cooperación, de colaboración y de coordinación con las comunidades autónomas. Existen tres cuestiones muy relevantes. Uno, flexibilidad
de las políticas activas de empleo. Tenemos unas políticas de empleo diseñadas en los años ochenta, reguladas a través de órdenes ministeriales que permiten un margen de actuación muy escaso por parte de las comunidades autónomas. Hemos
introducido algunas mejoras en la reforma del mercado de trabajo para permitir esa flexibilidad, pero ahora eso requiere un desarrollo por parte del Gobierno para evitar los niveles de rigidez que existen hoy. El anterior equipo del Ministerio de
Trabajo elaboró un borrador de real decreto que, a nuestro entender, era extremadamente corto respecto a una reforma ambiciosa que diese más libertad a las comunidades autónomas para gestionar mejor los recursos orientados al reciclaje, a la
formación y al acompañamiento de las personas desempleadas. A mi grupo le gustaría conocer si el actual equipo asume ese borrador de real decreto, si está trabajando en otro tipo de normativa que permita que esos recursos, que son importantes pero
en los que las comunidades autónomas tienen un escaso margen para poder desarrollarlos, o si piensa facilitar esa flexibilidad y en qué nivel. Dos. Hemos planteado una batalla desde hace muchos años, prácticamente desde los noventa, para que los
recursos de la formación continua se gestionen de acuerdo a los títulos competenciales que tienen asumidas las comunidades autónomas. Es evidente que en estos años se ha avanzado en un efectivo traspaso de esos recursos a las comunidades autónomas,
pero aún continúa siendo importante la cantidad de recursos, cerca de unos 400 millones de euros, que son gestionados desde el ámbito estatal. ¿Tiene vocación el Gobierno de proceder a la transferencia de esos recursos, dando cumplimiento a la
sentencia del Tribunal Constitucional, en el contexto de la financiación de los cuartos acuerdos de la formación para el empleo que finaliza el 31 de diciembre? Nos parece fundamental dar respuesta a esa cuestión. Tercer elemento. El Grupo
Parlamentario Socialista ha alcanzado en el Parlamento un acuerdo con el Grupo Parlamentario Vasco y con el Grupo de Coalición Canaria que ha implicado importantes transferencias de gestión de políticas activas especialmente en materia de
bonificaciones a la contratación indefinida.
Nos gustaría conocer la posición del Gobierno y del ministro en concreto sobre si ese modelo pactado, en el caso del País Vasco ya concretado en el correspondiente decreto de transferencias,
y también con relación a las islas Canarias, si se plantean
proceder a trasladar ese modelo a otras comunidades autónomas. Sepa que la posición de Convergència i Unió es que queremos que desde el Gobierno de Cataluña se puedan gestionar esas políticas activas de empleo como son las bonificaciones,
para dar coherencia al conjunto de instrumentos orientados a la recolocación de las personas desempleadas.
Apuntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y coincidimos en ello, que esa agenda de reformas coincide también con menos recursos para las políticas activas, tal como se refleja en los Presupuestos Generales del Estado. No deja de
ser una enorme contradicción. A partir ahí, cuando usted hablaba de más recursos humanos, de mayor capacidad tecnológica de los servicios públicos de la ocupación ¿qué es lo que va a implicar eso en términos presupuestarios?
Otra cuestión. Hemos echado de menos en su intervención y en la del presidente del Gobierno hace unos quince días en el Pleno que, más allá de esas reformas que nos plantean, haya medidas concretas con impacto en el corto plazo que ayuden a
generar empleo. Nosotros les hemos planteado recuperar la bonificación del cien por cien de las cotizaciones sociales al primer trabajador que contrate un autónomo. Hemos planteado la necesidad de recuperar aquella fórmula que permitía que las
prestaciones por desempleo pudiesen financiar también la recolocación de los desempleados. Les hemos planteado una subvención, no una bonificación, al primer empleo de 5.000 euros. Hemos planteado medidas concretas. Quizá ustedes no coincidan o
no estén de acuerdo, pero notamos una ausencia de medidas con impacto en el corto plazo que puedan ayudar a generar empleo.
Echamos de menos mayor capacidad, no tanto desde su ministerio, aunque también, para, desde la perspectiva de la oferta,
generar puestos de trabajos y empresas en sectores que pueden ser intensivos en la creación de empleo, muy singularmente en aquello vinculado a la generación de servicios a las personas y a las familias. Por cierto, hay que analizar si es
trasladable a España el modelo implementado en Francia hace unos cuantos años, la denominada Ley Borloo, promovida por el ministro de Trabajo, señor Borloo, que ha sido ministro de Ecología hasta hace muy pocos días en Francia, que ha permitido
generar miles de empresas, microempresas y pequeñas empresas de servicios a las familias y cientos de miles de puestos de trabajo, que en tiempos de crisis en Francia ese sector de servicios a las familias (baja dependencia, ayudas familiares,
personas que ayudan a la limpieza, atención a niños pequeños, profesores de repaso) ha generado cientos de miles de puestos de trabajo ante una necesidad que existe. Son ese tipo de ofertas de servicios, también en el ámbito de la rehabilitación,
sobre los que querríamos saber cuáles son sus planteamientos. Un apunte. En el marco del proceso de Zurbano conseguimos una mejora de la fiscalidad de la rehabilitación. Eso puede facilitar la recolocación de trabajadores de la construcción en el
ámbito de la rehabilitación, pero necesitamos una acción más decidida de lucha contra la economía sumergida. Precisamente hoy muchas de las necesidades de las familias en el ámbito de la rehabilitación se están resolviendo desde la economía
irregular. Me ha chocado ver que no haya hecho ningún tipo de referencia a ese ámbito.
Termino, señor presidente, porque veo que tengo la luz en rojo. Dos comentarios más. Sobre inmigración, preocupación por esa nueva demora en el desarrollo del reglamento de la Ley de Extranjería. No es bueno que una ley de la complejidad
de la Ley de Extranjería, y con la importancia de la extranjería, lleve tanto tiempo sin desarrollo reglamentario, entre otras cosas, porque quizá algunas de las virtudes del nuevo marco legal no están siendo aprovechadas por la falta de ese
desarrollo reglamentario. Preocupación por que, en un contexto de crisis, de aumento de la conflictividad vinculada a la inmigración con problemas en muchos barrios populares de nuestras grandes ciudades, se reduzca el fondo de integración de la
inmigración -en estos últimos presupuestos se ha ido reduciendo ese fondo de formación- y necesidad de que en nuestras políticas de recolocación de los desempleados demos una prioridad a la formación en aptitudes lingüísticas a los trabajadores
extranjeros desempleados. Releía papeles de la OCDE de hace cierto tiempo que apuntaban que un menor conocimiento de las lenguas, en el caso de España el español, el catalán, el vasco y el gallego, en caso de Cataluña indiscutiblemente el catalán y
el castellano, para los trabajadores de origen extranjero significa más dificultades para encontrar empleo. El Gobierno debe asumir sus responsabilidades cuando existe, además, un mandato legislativo aprobado en uno de los muchos proyectos que
hemos tramitado en esta Comisión que insta al Gobierno precisamente a desarrollar esta materia. El hecho de mantener la tensión en el apoyo a los municipios para gestionar los conflictos que van a ser crecientes en los próximos años implica un
mayor compromiso del Estado en esta materia.
En este sentido partimos de un déficit importante en los presupuestos que se están discutiendo aún en las Cortes Generales y no sé qué imagen usted tiene en el Senado para intentar corregir esa
situación.
Finalmente, en relación con el Pacto de Toledo, mañana tendremos ocasión de discutirlo a fondo, sepa en todo caso, señor ministro, que mi grupo está comprometido en la reforma del sistema de pensiones. No se explica el Pacto de Toledo sin
esa vocación de reforma. Tampoco se explica el Pacto de Toledo sin vocación de consenso y apelamos al conjunto de los grupos, y muy singularmente al Grupo Parlamentario Popular, a que también ponga de su parte para hacer factible ese consenso, pero
reclamamos del Gobierno mayor inteligencia política en la gestión de esa agenda reformista porque en lo que llevamos de año la capacidad del Gobierno para abordar de manera inteligente este proceso de reforma ha sido escasa. Estamos entrando en el
mes de diciembre y en el Pacto de Toledo las cosas hoy son complicadas para contemplar un acuerdo con la intensidad de fondo y con el acuerdo imprescindible que es
el que realmente nos convendría a todos para no tanto, que también, satisfacer las demandas que nos llegan del exterior, sino resolver la cuestión demográfica, que es la que justifica desde el año 1995 las reformas que hemos puesto en
marcha. Mañana tendremos ocasión de discutirlo, pero no quería dejar de hacer referencia a ello en esta comparecencia.
Otra cuestión que se me viene a la cabeza, y tengo interés en que me la pueda responder, hace referencia a las cuestiones vinculadas al empleo y la discapacidad. Aprobamos un proyecto de ley en diciembre de hace un año con un paquete de
medidas de apoyo al empleo protegido y algunas de estas medidas finalizan este año y existen algunos informes del Gobierno sobre una revisión de la relación especial de trabajo de los trabajadores empleados en los centros especiales de empleo y en
general en el empleo de las personas con discapacidad. Pregunto si en su agenda está una apuesta al día de ese paquete. En un contexto, además, en el que los sectores más activos de la discapacidad nos están planteando una revisión de los
artículos de la LISMI, que regula la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Tenemos una regulación relativamente antigua y necesita una apuesta al día importante. Nos gustaría también conocer su opinión y su
criterio.
Le deseo, como dije al principio, suerte.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, quiero comenzar dando la bienvenida al señor ministro a esta Comisión y quiero, al mismo tiempo, transmitirle el apoyo o la consideración del Grupo Parlamentario Socialista tanto por su
intervención, que nos ha gustado, como trasladarle también el deseo de mucha suerte y mucho trabajo porque estamos seguros de que usted y su equipo van a hacer una buena labor y lógicamente en el resultado de esa labor nos la jugamos no solamente
nosotros como grupo y como Gobierno, sino los españoles en general. Creo que todos deseamos que el Ministerio de Trabajo pueda avanzar en las reformas que sean capaces de hacer frente a los problemas que actualmente tenemos en la mayoría de los
casos y que nos permitan recuperar el empleo perdido.
Señor ministro, usted decía que el diálogo, el debate y la confrontación de ideas es parte fundamental de su bagaje y eso lo sabemos. Le conocemos porque ha estado en este ámbito y en esta Comisión como secretario general de Empleo, que lo
fue hasta el año 2007. Le conocemos también por su trayectoria desde el punto de vista profesional, por su práctica y por sus publicaciones. Por tanto, sabemos que es dialogante y que cree en el diálogo no como estrategia de un momento
determinado, sino como parte fundamental del Estado de derecho en nuestro país y de la potenciación de la sociedad civil. Eso nos congratula porque indudablemente en estos momentos en los cuales parece que tiene que primar la autoridad del mercado
por encima del respeto y la conciliación con las voluntades de las personas, usted hasta cierto punto, junto con una parte fundamental del Gobierno, tiene esa bandera que para nosotros es un elemento de enganche del conjunto de la sociedad.
Quisiera llamar la atención del señor ministro y hacerle una consideración. No se preocupe usted. Usted ha oído a lo largo de esta mañana distintas intervenciones de los grupos parlamentarios y yo creo que hay un alto componente de
racionalidad en esta Comisión. No se preocupe por los exabruptos del señor Echániz. Conocemos suficientemente al señor Echániz y sabemos que en estos momentos no sabemos qué es lo que pesa más en él, si ser un alumno aventajado de aquellos que a
lo largo de la historia han dicho mentiras para intentar construir una verdad o ha sufrido un mimetismo de aquel estribillo de la canción de aquella señora que decía: No cambies, no cambies, no cambies. (Risas.) Efectivamente, no cambia. Usted
puede venir hoy y puede venir dentro de un año a contar y a plantear cualquier cosa distinta y dirá lo mismo. Si hubiese venido y hubiese estado aquí hace un año diría lo mismo. No hemos oído hablar al Partido Popular de una valoración del mercado
de trabajo. No le hemos oído decir una verdad sobre ello. A mí me gustaría que, como mínimo, se dijese que en el año 2007 la tasa de desempleo del 7,9 por ciento es la tasa más baja que ha habido en los últimos treinta años en este país, y
teníamos 1.750.000 parados. Me gustaría también que se dijese que ha sido el paro estructural en nuestro país y qué peso tiene en el componente de nuestro mercado de desempleo; que se nos hablase de la volatilidad del mercado de trabajo a la hora
de intentar resolverlo; que se nos hablase también de lo que ha sido la población activa y de que hemos sido el país que más población activa ha incorporado al mercado de trabajo en la Unión Europea, pero en una proporción de casi el 27 por ciento
de lo que se ha incorporado en los últimos quince años. Ese es un elemento de debate, porque también me gustaría escuchar de la oposición que las mismas leyes del mercado de trabajo tienen una afección diferente en el País Vasco y en Murcia. Me
gustaría que dijesen que el País Vasco tiene hoy menos de un 10 por ciento de desempleo y que Murcia un 24,5; me gustaría que dijesen que hay un 28,5 por ciento de desempleo en Canarias, un 12 por ciento en Cantabria, un 12,6 por ciento en La
Rioja, o un 12,7 por ciento en Navarra. Por tanto, las leyes no condicionan al mercado de trabajo en su totalidad, ayudan, permiten, ¿pero qué las condicionan? La actividad económica. Y si no entramos a discutir esos temas, señor Echániz, estamos
haciendo discursos vacíos, estamos haciendo demagogia. Con demagogia no se resuelve el problema de este país, y menos el del mercado de trabajo.
Estamos ya muy hartos de escuchar permanentemente esto como temas de acusación y no tener un
compromiso. Porque vamos a ver, señor Echániz, ¿usted está de acuerdo en estos momentos con las medidas de ajuste para conseguir el 3
por ciento de déficit en el año 2013? ¿Sí o no? Y dejémonos ya de pamplinas. (El señor Echániz Salgado: Depende, con las pensiones, no.) ¿Usted está de acuerdo en modificar las bonificaciones, como acuerda la Ley 27/2009? ¿Sí o no? (El
señor Echániz Salgado: Con la congelación y los recortes sociales, no.) Porque usted acaba de presentar iniciativas legislativas que significan trece modelos nuevos de bonificaciones y acabamos de aprobar en diciembre del año pasado la desaparición
de las bonificaciones excepto en determinados casos. Vale ya de contradicciones permanentes. ¿Usted está de acuerdo en estos momentos en avanzar en las reformas que ha propuesto el ministro? ¿Está de acuerdo o no lo está? (El señor Echániz
Salgado: Ya las veremos.) Si no está de acuerdo, dígalo, pero dígalo para que se enteren fuera, para que sepan que ustedes son los elementos más negativos en la recuperación económica en este país.
(Rumores.-Aplausos.) Ya vale. Porque vamos a
ver, ¿cómo puede usted decir en estos momentos que no se pueden trasvasar fondos de formación hacia los desempleados, si estamos consumiendo de los fondos de formación para los parados el 0,1 por ciento de la partida de las políticas de empleo?
¿Cómo me puede decir que no hay que trasvasar cuando en estos momentos tenemos uno de los contingentes más altos de desempleados en comparación con el que teníamos hace tres años? Entonces el actual ministro era secretario general de Empleo, y
modificó en aquel momento el desequilibrio del 60 por ciento para los parados y el 40 por ciento para activos, porque no había parados que fuesen a cursos de formación y de reciclaje y porque era paro estructural, señor Echániz, paro estructural.
Lo tuvieron ustedes igual cuando gobernaron, nosotros cuando hemos gobernado y quien sea cuando gobierne. Ese es el problema. Entonces, dígame si está usted de acuerdo o no, pero no me venga con pamplinas, porque si no estamos haciendo una
discusión falsa, porque usted es el principal partido de la oposición y, como tal, es un elemento fundamental en estos momentos, lo quieran o no, porque el problema que tenemos en este país no es un problema de políticas de Gobierno, sino que es un
problema de Estado, y ustedes forman parte de él. Si se quieren poner fuera, no lo sé, les pondríamos una A en un redondel. (La señora Arnaiz García: son antisistema.) Aquellos que están en contra del Estado son los anarquistas, no sé si de
derechas o de izquierdas.
Yo estoy convencido de que en estos momentos hay que hacer reformas, y como hay que hacer reformas, estas hay que hacerlas con el mayor grado de consenso posible. No estoy de acuerdo con lo que planteaba el señor Llamazares en el sentido de
que el ministro había planteado que vamos a hacer reformas en contra de; no, vamos a hacer reformas sumando, pero no vamos a paralizar las reformas si no se suman. Me parece que ese es un ejercicio de responsabilidad política. Queremos hacer la
reforma de la negociación colectiva. Siento que no esté el señor Llamazares porque ha dicho que ninguna reforma de la negociación colectiva se había hecho sin consenso de las partes y no es así exactamente. El título III del Estatuto de los
Trabajadores lo pactaron exclusivamente la CEOE y la UGT y no la Cepyme y Comisiones Obreras. ¿Por eso no se hizo el título III? Sí. ¿Cuántos años lleva el título III? Treinta años llevamos con el título III del Estatuto de los Trabajadores. No
ha planteado tantos problemas, ahora todo el mundo lo defiende. Algunos que quieren que no se modifique se cuelgan del clavo del título III como amparo fundamental.
No, se pueden hacer reformas y se puede intentar alcanzar el mayor grado de
consenso. Lo que no se puede hacer es reformas en contra del Parlamento y de la vida democrática de este país. Eso es lo que hay que salvaguardar en estos momentos, que eso es un elemento fundamental, porque si bien es cierto que tenemos problemas
económicos, no tenemos problemas democráticos, y la democracia tiene que pervivir sobre todo en momentos como estos de crisis, donde el elemento fundamental de la representación popular tiene que verse perfectamente reflejado. Eso sí que es un
elemento vital, pero en el otro ambiente ya veremos a ver cómo podemos avanzar. A nosotros nos preocupa sobre todo tener el mayor grado de consenso parlamentario en este terreno y avanzar en el tema de consenso con las demás organizaciones de
ámbito social, sean los empresarios, sean los sindicatos, pero también estamos convencidos de que las 19 medidas que hay que tomar para desarrollar la Ley de reforma del mercado de trabajo hay que llevarlas a cabo, porque tenemos mandato
parlamentario para ello. Tenemos que hacer la reforma de la negociación colectiva, de las políticas activas de empleo, de lo que es en estos momentos el sistema alemán, así como la adecuación de las empresas de trabajo temporal o de las empresas de
contratación. Lo tenemos que hacer, como también tenemos que redactar, por cierto, un plan para la recuperación del desempleo provocado en el sector de la construcción, que también está incluido.
Todas esas cuestiones hay que trabajarlas, algunas con acuerdo y otras sin acuerdo, pero hay que hacerlas todas. Por eso le pregunto reiteradamente al señor Echániz, ¿está usted de acuerdo en desarrollarlas? ¿Está de acuerdo en desarrollar
la ley o no lo está? Porque con lo que ha dicho anteriormente no lo dejaba nada claro. ¿O es que no está de acuerdo ni siquiera en desarrollar lo que ha salido a través de la reforma del mercado de trabajo? No me puede usted decir que la Ley de
reforma del mercado de trabajo es en estos momentos hueca (El señor Echániz Salgado: Vacía, sinceramente vacía.), que la situación que tiene en estos momentos es debida a que no se ha aplicado adecuadamente. Dígaselo a algunos trabajadores que la
están padeciendo, dígaselo a algunos empresarios que la están aplicando, pero no lo diga al viento, por favor, que ya sabe usted que el viento se lleva las palabras. Alguna palabra queda de las que usted reitera permanentemente y, en la mayoría de
los casos, es una falsedad, como es el caso de esta. Esa es una falsedad, se está aplicando, se está desarrollando, y cuando haya avance en la contrata
ción se verá la plasmación, como se vio la plasmación de
su reforma de la Ley 45/2002; al principio no nos dimos cuenta del efecto que tenía, pero la maldición de esa ley es que ha tenido un efecto perverso a lo largo de su aplicación posterior, cuando ha habido un crecimiento del empleo y a
continuación una crisis de la que ha habido que sacar gente y han salido como churros con el despido exprés.
Apúntense eso ustedes también. Es una de las causas por las cuales era fundamental aprobar la Ley de reforma del mercado de trabajo, para
parar esa sangría, que en el fondo suponía una manipulación de nuestras normas laborales y casi, casi una especie de fraude generalizado.
Por eso, señor ministro, nosotros estamos de acuerdo en que podemos avanzar por ahí. Estamos permanentemente convencidos de que en la línea de las reformas podemos ir supliendo algunos de los problemas que se van a ir planteando, pero somos
también conscientes de que todas las reformas que hagamos en el ámbito de la negociación colectiva de la reforma laboral y de los problemas relacionados con el mundo del empleo serán reformas con escasa visualización mientras esto no se reactive, y
eso no es un problema de las leyes que afectan al mercado de trabajo, sino fundamentalmente de la actividad económica y de la fluidez del crédito.
Por ello le animamos a trabajar, le animamos a seguir con el discurso que hoy usted ha planteado,
porque estamos seguros de que esa es la línea y no la que nos ha enseñado o dicho el señor Echániz, ya que por ese lado vamos a la autoflagelación y a la autodestrucción. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, y también por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Esperanza Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor ministro, al igual que los anteriores intervinientes quiero darle con todo mi afecto la bienvenida a usted y a todo el equipo. Sabe que va a tener nuestra colaboración sin lugar a dudas.
Entro ya en la cuestión que me ocupa. Yo haría una reflexión, uno de los temas más frágiles que tenemos en estos momentos en nuestra sociedad, con una situación de crisis galopante, tal y como se ha expresado aquí, como la sentimos y la
vivimos cada día, es el asunto de la convivencia, aquello que está relacionado con las personas extranjeras que forman parte de nuestra sociedad desde hace algunos años. Por tanto, cuando a veces se hacen manifestaciones alegres o bien se miente de
manera sistemática -las palabras no se las lleva el viento sino que los eslóganes pequeños y fáciles son los que calan en la sociedad, la mentira es la que queda- se ataca en esos momentos de manera contundente nuestro modelo de convivencia, y esta
es nuestra preocupación. Quiero referirme a algunas mentiras que se han puesto encima de la mesa, o mejor dicho, a algunas afirmaciones que es importante desmontar.
Se ha venido hablando en los últimos meses, señor ministro, de que vamos a hacer una segunda regularización masiva de inmigrantes. Cuatro veces se ha desmentido por parte del Gobierno diciendo que esto era una falsedad y también ha sido
desmentido por esta diputada ante la prensa. No obstante, esto se sigue manteniendo para sembrar una semilla de alarma, de confusión, de agravio comparativo, aun sabiendo que esto es mentira. En primer lugar, cuando se habla del número de
inmigrantes se mezcla todo, inclusive a los ciudadanos de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rumania, Bulgaria. Por tanto, hablamos de unas cifras hinchadas, sesgadas y utilizadas de manera que refuercen aquellos argumentos
con visión parcial, con el único objetivo de establecer una confusión y fragmentar la convivencia. Lo hemos vivido recientemente, matando moscas a cañonazos; pero no eran moscas, eran personas. ¡Qué ejemplo para la convivencia! ¡Qué ejemplo para
la democracia!
Más cuestiones. El tema del arraigo se utiliza como si fuera algo aportado por los socialistas, señor ministro, cuando esto formaba parte de la ley que presentó el Partido Popular y que se aprobó en aquel entonces. No se ha tocado en esta
reforma. No obstante se utiliza ahora algo que crearon aquellos que gobernaron, inclusive el decreto de padrón, como si fuera una novedad en la ley para justificar que vamos a hacer regularizaciones masivas. Esto es engaño, esto es demagogia, esto
es mentir y mentir, esto es mentir y repetir para que quede en los ciudadanos, para fragmentar, para confrontar y evidentemente para no apostar por un país sólido que tiene que mirar adelante y superar su crisis.
Señor ministro, nosotros somos responsables y alguna cosa he de decir de su intervención que me parece que estaría bien poner en valor. La ley es una buena ley y es una ley que mira adelante. Es una ley que está centrada en la integración
y en el control de flujos; unos flujos que se descontrolaron en los años 2002 y 2003 donde la contratación irregular era el pan de cada día y después se tuvo que arreglar esta situación con las consiguientes reagrupaciones que se produjeron a
partir de 2004. Es decir, que uno no tiene en cuenta que cuando se siembran vientos, después se recogen tempestades. Tuvimos que dar cobertura, tuvimos que dar regularidad, tuvimos que dar derechos y también deberes, porque esta es nuestra
política, derechos y deberes, para vivir y convivir. Por tanto, más allá de la falsedad, hubo un control de flujos y un modelo pensado en la integración. Fíjese usted, vale la pena que alguien se lea los papeles de su Dirección General de
Integración, porque el esfuerzo que se hace desde este ministerio y desde este Gobierno con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos no tiene precedentes. Lo digo porque yo estaba en un ayuntamiento, muy conflicto por cierto, Santa Coloma
de Gramanet, y no teníamos nunca ni una ayuda del Estado en materia de cohesión, en materia de ayudas y de recursos, ni orientaciones prácticas para poder hacer frente a aquella situación. Hoy tenemos políticas de
acuerdo, de coordinación y de consenso con las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos, que han dado paso a unos proyectos singulares. Señor ministro, le sugiero que haga un banco de buenas prácticas para hacer que circulen
nuestras propias experiencias, las de toda España, que son maravillosas, el esfuerzo que ha hecho con los municipios, con las comunidades autónomas y también con el ministerio; poner en valor aquello bueno que hacemos, no la mentira.
Otra cuestión que tiene que ver también con el Plan estratégico de ciudadanía. Usted ha anunciado un nuevo plan estratégico. Yo le haría una pregunta -si quiere no me la responda hoy porque se la puedo hacer por escrito, pero estaría bien
y sé que están trabajando en ello- sobre la evaluación de este plan estratégico anterior antes de dar paso al nuevo, pero el Plan estratégico de ciudadanía es un instrumento operativo, de trabajo con los ayuntamientos, de construcción de
convivencia, no de sembrar la confusión.
Otro elemento que quisiera señalar es el del fondo. Es una pena, señor ministro. Sí, es verdad. Esta diputada ha trabajado con todos los compañeros del grupo, también con el señor Tardà y con el señor Llamazares, para mantener el Fondo de
integración; luchamos por tener este fondo porque era un instrumento que permite al ministerio trabajar directamente con los proyectos de proximidad, con lo cual juntamos lo concreto y lo global. Esto sí que es lamentable, pero yo también emplazo
a otras cuestiones que aquí no se han puesto en valor. Tenemos una nueva Lofca y esta nueva ley nos da nuevas oportunidades de financiación para servicios básicos a las comunidades autónomas. Por otro lado, la crisis golpea y tiene que afectar
lamentablemente a todas las partidas, pero sí que es cierto que sería bueno mantenerlo porque nos permite realizar un trabajo fino y estupendo con los territorios.
Con relación a los menores no acompañados -con esto señor ministro, señor presidente, yo acabaría- me siento muy cómplice y muy cercana al señor Olabarría. Hablando de verdades y de falsedades, ¿cómo 700 menores en Euskadi y 100 en Madrid?
Aquí hay una mala práctica evidente y porque hoy no hablamos de la Ley de Dependencia. Este es un tema sobre el que hay que reflexionar. Sé que estamos en ello y que vamos a seguir trabajando para dar una respuesta mejor a nivel jurídico, si cabe,
y más integrada a la situación de estos menores. Estoy convencida de que lo vamos a hacer porque esta es la tarea del ministerio, es la suya y también la de este grupo para trabajar, no para sembrar confusión, no para fragmentar, no para
confrontar, sino para construir convivencia y seguir trabajando democráticamente con todos los grupos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones suscitadas por los diversos portavoces de los grupos parlamentarios y para dar por concluida esta comparecencia tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Quiero agradecer en primer lugar el tono del debate y las propuestas que en algún caso se han presentado, que para mí obviamente tienen especial interés, en la medida en que de
este tipo de debates surgen también iniciativas que después podremos llevar a cabo en el ámbito del Gobierno.
La excepción, permítame que se lo diga así, es su intervención, señor Echániz. Debería usted cuidar de que no le ocurra lo que a su presidente, al presidente de su partido, al portavoz de su grupo. Hemos tenido hace pocos días una
comparecencia con un debate en Pleno. Yo permanecí durante todo el debate tomando nota como era mi obligación, dado que la comparecencia y el debate se producían sobre política de empleo, y debo señalarle que no pude tomar ni una sola nota durante
todo el debate, porque no hubo ni una sola propuesta en la prácticamente media hora de la intervención inicial ni en la réplica. Debe usted tener cuidado, aunque este no sea el objeto de la comparecencia ni del debate actual, haga que sean de
verdad propuestas y complete siempre ese tono crítico que corresponde a la oposición con el tono propositivo, que también le corresponde a la oposición. La oposición no es solo la labor de la crítica, fundamental por supuesto en democracia, es
también la propositiva. (El señor Echániz Salgado: Control al Gobierno.) De su intervención la verdad es que he tomado muchas notas y tampoco he visto una sola propuesta. Por eso le recuerdo que uno tendría también la posibilidad y la
conveniencia de corregir este tipo de defectos. Habla usted de arruinar -ha sido la palabra que ha empleado-, hipotecar a los españoles. Me permito recordarle tres o cuatro cosas fundamentales.
En junio de 2004 el Gobierno de la época, presidido por el presidente Zapatero, llevó a cabo una medida, que fue subir el salario mínimo interprofesional en el 6,6 por ciento; se subió en junio de 2004. Era la primera vez en la historia
del salario mínimo interprofesional español que se subía el salario mínimo en un mes de junio, siempre se subía en el mes de enero. ¿Sabe usted para qué lo subimos? Lo subimos para equiparar, para corregir la pérdida de poder adquisitivo que el
salario mínimo había experimentado durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular.
Ustedes gobernaron España durante ocho años en plena etapa de auge y tuvo que venir un Gobierno socialista para hacer que los perceptores del salario mínimo
recuperaran el poder adquisitivo que habían perdido durante esos años. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Y en junio, dos meses después de tomar posesión el nuevo Gobierno, ya habíamos tomado esa primera medida, obligada por compromiso con aquellos
perceptores del salario mínimo, que no eran solo esos centenares de miles de los que siempre hablamos en cuanto a perceptores, sino millones de personas afectadas por una política en forma de pensiones y del resto de las percepciones públicas.
Ustedes hablan hoy, pero no hicieron nada en el pasado cuando les correspondía
gobernar este país en esta materia. (Rumores.-El señor Echániz Salgado: El Fondo de reserva.)
Déjeme que le recuerde más cosas en este asunto. Ustedes hablan de pensiones con demasiada alegría en este tipo de asuntos. Durante la primera legislatura, las pensiones mínimas subieron algo más de un tercio, casi un 33 por ciento, y ese
33 por ciento es ocho veces más de lo que ustedes las subieron durante ocho años. Fíjense ustedes qué diferencia tan abismal. (Rumores.-El señor Echániz Salgado: Las mínimas y las congela.) Cuando se puede repartir y hacer política social, son
siempre o habitualmente los gobiernos progresistas los que lo hacen. (El señor Echániz Salgado: Ahora la han dejado arruinada.) Nosotros hacemos y ustedes predican, como siempre ha ocurrido en la historia de este país.
(Varios señores diputados:
¡Muy bien! ¡Sí, señor!) Siempre ha sido así.
(El señor Membrado Giner: ¡Echániz, apunta y díselo a Rajoy!)
Permítame también que me refiera a todo lo que tiene ver con la política de inmigración. Ustedes tienen que recordar mucho estas cosas. Yo les voy a ayudar para que no se olviden. En septiembre de 2004 el Gobierno -lo hizo de acuerdo con
los interlocutores sociales, y lo recuerdo bien porque participé en aquella negociación- llevó a cabo mediante acuerdo con los interlocutores sociales la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, la vigente en aquella época. (La señora
Esteve Ortega: Exactamente.) Y ustedes, que habían desarrollado cuatro procesos sucesivos de regularización en España -cuatro, no uno; uno tras otro- (La señora Arnaiz García: Con el billete de autobús.), tuvieron esa bonita ocurrencia de votar
en contra del proyecto de ley que les remitía su ministro de Trabajo. Hubo una vez un ministro de Trabajo en la democracia española que remitió a este Parlamento un proyecto de ley de extranjería, y ustedes votaron en contra. (La señora Esteve
Ortega: Exactamente.) ¿Es que tampoco se acuerdan? ¿No se acuerdan de esas cosas? (El señor Membrado Giner: Exactamente. Y tuvo que dimitir. Se llamaba Pimentel.) Entonces, cuando hicimos aquel proceso de retorno a una situación de normalidad
en este país, después de ocho años de su Gobierno, ustedes habían acumulado prácticamente 800.000 personas, que no es que estuvieran en situación irregular, es que estaban trabajando, estaban en España trabajando y todo el mundo lo sabía. Cuando el
Gobierno de la época decidió, con acuerdo con los empresarios y con los sindicatos, dar fin a ese proceso hipócrita, ustedes también se atrevieron a decir que dábamos papeles para todos. ¡Pero si estaban aquí y habían venido durante su etapa de
Gobierno! (La señora Esteve Ortega: Exacto.) Y seguían diciendo que dábamos papeles, nosotros, el Gobierno de la época, cuando ustedes habían regularizado cuatro veces seguidas, en cuatro ocasiones seguidas.
Y hablan ahora de compromiso con el
mercado de trabajo, hablan ahora de política de inmigración vinculada a lo laboral. ¡Pero si ustedes no pidieron ni siquiera eso en aquellos cuatro procesos de regularización! ¡Si les bastaba el bono de un autobús! ¡El recibo de la luz! ¿Cómo
pueden ustedes hablar de la forma que hablan, con esa alegría, de política de inmigración seria si ustedes nunca la practicaron? Y lo peor es que seguramente nunca la practicarán, como se deduce de sus palabras cuando son oposición. Nunca la
practicarán. Seguirá siendo, como siempre ha sido, una política hipócrita en ese sentido, señor Echániz. Se lo digo a usted porque no está su compañero para decirle estas cosas. (Un señor diputado: Pide ayuda.)
Dicen ustedes que qué país les dejamos en 1996. Han hecho ustedes esa afirmación: Qué país nos dejaron los socialistas en 1996 cuando cambió el Gobierno. Señor Echániz, le recordaré qué país era ese. En 1994, dos años antes de que se
produjera el cambio de Gobierno, España por estas mismas fechas -es decir, al final de 1994- creaba 350.000 empleos anuales, en tasa anual; ya en 1994. Había producido dos importantes reformas no bien comprendidas entonces: en el ámbito del
sistema de protección por desempleo en 1992 y una reforma laboral importante en 1994, también demasiado mal comprendida, en mi opinión. Y, cuando ustedes llegaron al Gobierno, dejamos un país que crecía y que creaba prácticamente medio millón de
empleos al año. No se olviden, porque acostumbran a decir estas cosas, también como siempre, con esa alegría que les caracteriza. España era un país entonces que había atravesado la crisis, que la había superado, que había hecho también sus
deberes en materia de política laboral y en otras materias y les habíamos dejado a ustedes un país que crecía y que creaba empleo, y mucho empleo. (El señor Echániz Salgado: Que dejaba un 23 por ciento de paro. ¡Cómo se puede decir eso!-El señor
Membrado Giner: ¿Qué dices? Si no sabes de qué va.) Ahora, en este momento, nos enfrentamos a una situación similar a la de la crisis de los noventa. Entonces España perdió aproximadamente un millón de empleos, 950.000 empleos asalariados.
España, nuestra economía, ha perdido en lo que va de crisis, en estos prácticamente tres años de crisis, en torno a 1.900.000 empleos y ha habido un crecimiento del desempleo adicional como consecuencia de una evolución de la población activa
especialmente intensa.
Déjeme que le diga dos cosas importantes. Una es que 1.150.000 empleos perdidos pertenecen íntegramente al sector de la construcción. En las ramas vinculadas al sector de la construcción -ramas industriales y de servicios que aprovisionan
al sector de la construcción, en la industria auxiliar de la construcción y en los servicios inmobiliarios- se han perdido prácticamente otros 500.000 empleos; o sea, que tres de cada cuatro empleos perdidos en España están estrictamente vinculados
-digámoslo así- al desplome del sector inmobiliario. Este desplome, este pinchazo de la burbuja inmobiliaria, es un acontecimiento -desgraciado, por supuesto, para la economía española- del que ustedes
también deben aprender, porque ustedes no son ajenos a
ese proceso. España sale de la crisis de 1994 con 1.100.000 empleos en el sector de la construcción. ¿Sabe usted cuánto empleo tenía el sector de la construcción cuando ustedes dejaron el Gobierno en 2004? Tenía aproximadamente 2.300.000
empleos. (La señora Esteve Ortega: Exactamente.) Es decir, ustedes multiplicaron, más que doblaron, el empleo en el sector de la construcción, haciendo viviendas que no necesitábamos, llenando este país de grúas que ahora están paradas, haciendo
centenares de miles de viviendas, y no lograron no ya solo rebajar un euro el precio de la vivienda, sino que lo triplicaron en ese mismo periodo. (El señor Echániz Salgado: Llevan siete años gobernando.-Un señor diputado: Escucha.) Hicieron
centenares de miles de viviendas y multiplicaron prácticamente por tres el precio de la vivienda. Fíjese qué política más eficiente, qué política de ser serios con los débiles y serios también con los fuertes. Ustedes son también responsables de
una parte de los males, que son males sin duda, que ahora aquejan a nuestra economía y a nuestro mercado de trabajo.
Habla usted de prestaciones por desempleo y, sin duda, la política laboral de cualquier gobierno durante la crisis es una política laboral que tiene que atender, por supuesto, a la situación de los perceptores de prestaciones por desempleo,
sin duda alguna. España tiene en este momento 3.100.000 perceptores de prestaciones por desempleo. Es una tasa de cobertura importante; yo diría que es de las más altas de la historia reciente de España. Esto no es algo de lo que estar
especialmente orgulloso, lo que ocurre es que es la más alta de la historia de España, en efecto. España transita su crisis más intensa, por fortuna, con la mayor tasa de cobertura al desempleo que nunca ha tenido. Hemos transitado otras crisis:
en los noventa, por ejemplo, la cobertura al desempleo apenas llegaba al 50 por ciento durante la crisis. Ustedes prácticamente la dejaron inalterada, cuando podían haberla mejorado, por cierto, porque era posible mejorarla, puesto que la economía
creaba muchísimo empleo. No la mejoraron apenas. Y ahora se quejan ustedes de que están bajando los beneficiarios de prestaciones. Pero si buena parte de estos beneficiarios también por desgracia, como se ha dicho aquí, tienen mucho que ver con
sus actos en materia de política laboral.
Estábamos creciendo y creando 500.000 o 650.000 empleos al año en 2003, en 2004, en 2005, incluso en 2006, y seguían subiendo los beneficiarios de prestaciones, porque ustedes habían hecho una reforma
especialmente dura, esa sí, una reforma del despido, que permitió despedir a centenares de miles de trabajadores en pleno auge y engrosar las listas de desempleo. (El señor Echániz Salgado: Es increíble. Si tiene usted más de cuatro millones y
medio de parados.) Aquella reforma de 2002. Por favor, repase usted las estadísticas. (El señor Membrado Giner: Escucha. Toma nota.-El señor Echániz Salgado: Ha venido a comparecer para decir qué va a hacer.-Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor ministro.
Señor Echániz, le ruego que no interrumpa la intervención del señor ministro, por favor. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores y protestas.) Usted tampoco. El primero que lo haga será expulsado de la
Comisión.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señor Echániz, le digo estas cosas porque en un debate como este tenemos que hablar de futuro y de presente (El señor Echániz Salgado: También de pasado.), pero tenemos que saber
de dónde venimos siempre. No se puede hablar de futuro sin hablar de nuestra historia reciente, mucho más en política laboral.
(El señor Echániz Salgado: Así vamos.) Tenemos ahora un buen nivel de cobertura al desempleo, como les decía
anteriormente; hay cada vez más perceptores de subsidio y hay perceptores de prestaciones contributivas -esa es una de las cosas que usted ha dicho bien en su intervención-, y los hay, hay más perceptores de subsidio, porque una parte de ellos
consume la prestación contributiva, permanece en el desempleo y el sistema les apoya con una renta complementaria durante el subsidio. Pero ocurre también esta situación porque, por fortuna, llevamos ya muchos meses, yo diría que alrededor de siete
u ocho meses, toda la segunda mitad de este año, atravesando una situación en la que son bastantes menos los que entran en la prestación contributiva, desempleados que consumen su prestación contributiva, que entran en ella, que los que salen. Y
eso está dando un buen alivio, en el sentido de que no crece en exceso el gasto en protección por desempleo respecto de lo que creció, de lo intensamente que creció, en 2009 y en los primeros meses de 2010.
Pregunta usted qué va a pasar con el Prodi. El Prodi es una medida vigente de carácter excepcional. España no tiene un problema de escasa duración de sus prestaciones por desempleo, y mucho menos en términos comparados.
Tenemos un sistema
que dura, en cuanto a prestación contributiva, veinticuatro meses y que produce alargamientos complementarios en forma de subsidio, que pueden llegar a durar para los trabajadores de más edad hasta enlazar incluso con la pensión de jubilación. No
tenemos, por consiguiente, un problema de alargamiento, de necesidad de tener una prestación más duradera, lo que tenemos es un problema de intensidad del desempleo y hemos articulado una política de complemento y de extensión temporal y
excepcional. Nuestra pretensión, el planteamiento del Gobierno en esa materia, es sustituir el Prodi por un programa concreto, un programa incluido en el ámbito del diseño del conjunto de los programas de política activa, mediante el cual aquellas
personas que consuman su prestación tengan acceso a ese programa y complementen acciones de formación con algún tipo de fórmula de apoyo, de rentas y de ayuda,
durante la participación en esa acción de formación o de
itinerario de empleo o cualquier otra fórmula de política activa. Esta es la forma en que queremos abordar el futuro del Prodi en este momento: alterar la situación; pasar de un programa de política pasiva a un programa de política
activa; pasar de un programa de duración excepcional de la prestación a un programa que incluya como parte esencial de la política activa el que los beneficiarios de prestaciones por desempleo que han consumido su prestación y que permanecen en él
tengan también un programa alternativo y complementario que vincule apoyo, apoyo en renta, con participación en acciones de formación o de búsqueda de empleo.
Ha hablado usted de empleo público, y me gustaría hacerle alguna mención concreta a este respecto. El Gobierno ha adoptado medidas en esta materia difíciles, especialmente difíciles para los que las han sufrido en el ámbito de la Función
pública; medidas de reducción de sus percepciones como consecuencia de las dificultades y de la crisis económica que afecta a prácticamente todos los países europeos y con una intensidad importante también en el ámbito español. En mi opinión, el
sector público español no es un sector, concretamente en el ámbito de los servicios públicos, especialmente sobredimensionado y mucho menos lo es en términos comparados. Nosotros no tenemos más empleo público en la enseñanza o en la sanidad que
cualquier país comparable en el ámbito europeo. Desde luego, la encuesta de población activa, la encuesta de fuerza de trabajo comunitaria nos dice exactamente eso, que tenemos un nivel de educadores muy inferior a la media europea o un nivel de
personal sanitario inferior a la media europea, aunque tenemos un muy buen sistema sanitario en términos de comparación en cuanto a eficiencia, cobertura, etcétera. Y lo mismo ocurre en buena parte de nuestros servicios públicos. Yo sé que a
ustedes les gusta la política puesta en marcha por el Gobierno conservador británico en este momento: esa política de ajustar el tamaño del sector público a cualquier precio y a toda costa. Y sé muy bien que la están practicando en alguna que otra
comunidad autónoma. Pero les diré una cosa: el Gobierno no va a establecer como prioridad ese tipo de política. Ahora estamos en una política de austeridad, necesaria, pero nosotros sabemos bien que en los grandes servicios públicos no
necesitamos una reducción del número de sus servidores públicos, sino que, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que ir ganando eficiencia y fortaleciendo el papel de los servicios públicos.
Esto es lo que queremos hacer precisamente en el ámbito de la política activa de empleo: ganar en eficiencia, porque hay algunos programas diseñados en la época de los ochenta -era otra época, sin duda alguna-, que ahora han perdido
seguramente papel y función en la realidad de nuestro mercado de trabajo. Algunos de ellos tienen tradición, y hemos hablado de ello en alguna ocasión, como las escuelas taller, por ejemplo.
Este es un programa con gran tradición, pero es un
programa que forma esencialmente a alumnos para que obtengan una cualificación, un oficio e incluso idealmente un puesto de trabajo en el sector de la construcción, pero ese sector no va a ser un sector que cree demasiado empleo en el futuro y en
él, en el programa de escuelas de taller, seguimos formando una parte muy importante del conjunto de los alumnos y de los participantes en los programas de política activa. Esta es alguna de las cosas que hay que corregir en el ámbito de la reforma
de la política activa. Esto no significa que no debamos -y esta es otra de las prioridades, para entrar en este tipo de detalles a los que se me ha invitado a entrar por parte de las intervenciones de los grupos, esta es una de las cuestiones que
tenemos que hacer-, por ejemplo, introducir un nuevo programa en el ámbito de la política activa destinado a que aquellas personas, especialmente los más jóvenes, provenientes en cuanto a su situación de desempleo de la crisis del sector de la
construcción; por qué no tratar de establecer programas específicos para reorientarles en sus cualificaciones y, si es posible incluso, para invitares en algún caso al retorno al sistema escolar obligatorio que abandonaron precipitadamente y que en
nada les ayuda a su propio futuro, y que, en su defecto, también podamos reorientar su posibilidad de obtener una cualificación y un nuevo empleo en el futuro.
Ha dicho usted algo, señor Echaniz, vinculado a la contabilidad de los parados, a cómo se cuentan los parados. No voy a insistir en ello, pero no debería insistir usted demasiado en esa línea de argumentación.
Ustedes llegaron a situar
-sin que hubiera inmigrantes, a los que ahora me referiré- en más de medio millón por debajo de las cifras de parados de la encuesta de población activa el número de parados que contaban en el registro de desempleados. Ustedes hicieron estas cosas
cuando la convención, el saber habitual en esta materia, es que casi siempre en nuestra historia estadística había una situación en la que el paro registrado era más alto que el paro de la encuesta. Tiene todo el sentido del mundo que así sea,
porque efectivamente hay estímulos a que la gente se inscriba, a que el desempleado, incluso aunque no lo sea, se inscriba en el registro, por la forma que tenemos de concebir algunas políticas de protección en nuestros ayuntamientos y en nuestras
comunidades autónomas que exigen en muchos casos la inscripción en el registro. Ustedes llegaron a cuadrar el círculo e hicieron que en el registro hubiera un 25 por ciento menos de parados inscritos que los que decía la encuesta de población
activa. Ahora también tenemos una situación de infrarregistro.
Hay menos personas inscritas en el registro, menos parados inscritos en el registro que los que dice la encuesta de población activa. Sabemos bien la razón, y la razón es que los
inmigrantes no se inscriben en los registros de desempleo. Hay diversas razones para explicarlo y probablemente alguna de ellas tenga que ver con que todavía no hay una cultura de inscripción en los servicios públicos de empleo, de su papel, de las
ayudas que puede proporcionarles incluso para buscar empleo y para encontrarlo, etcétera. Esta es una de las tareas
pendientes que tiene que ver, por cierto, con esta política
de impedir la irregularidad sobrevenida, que es algo a lo que se refería también el señor Hernando. Efectivamente, tenemos que hacerlo y una buena forma de hacerlo es a través del papel de los servicios públicos de empleo, a través de la
necesidad de que el desempleado inmigrante que haya incurrido en esa situación mantenga, y todo el mundo sepa que mantiene, un esquema de búsqueda activa y de pretensión de reinserción laboral, para lo que la inscripción en los registros de los
servicios públicos de empleo puede sin duda ayudar y ayudará.
Esa será una de las líneas de reforma en el reglamento de la Ley de Extranjería, en el sentido precisamente de que no haya el estímulo que hay ahora, porque no hay en la práctica un estímulo a su registro en el servicio público de empleo, y
podamos obtener mucho más, aunque sea a costa de aumentar el volumen de parados inscritos en el registro. Nunca nos ha preocupado demasiado esta situación. Es bueno que el registro de los desempleados sea un buen reflejo de la realidad, que la
encuesta también lo sea, por supuesto, pero sobre todo el registro, en la medida en que de verdad estén en él los que de verdad necesitan encontrar empleo, los que están buscando activamente, los que quieren un servicio a proporcionar por parte de
las oficinas de empleo: Eso siempre será mejor que ocultarlos, no contabilizarlos adecuadamente, emplear sistemáticas tretas estadísticas para no producirlo, emplear el registro como una forma de hacer política, y de la peor forma posible,
etcétera. A algunas de esas cosas estamos bien acostumbrados algunos de los que nos hemos dedicado a esto durante mucho tiempo.
Decía usted, señor Echaniz, que la formación solo llega al 11 por ciento, pero si logramos, con ese 11 por ciento de una bolsa de desempleo en este momento de en torno a 4.000.000, o 4.600.000 en el caso de la encuesta, un sistema de
formación de desempleados que tenga la posibilidad de estar formando a un stock de desempleados de alrededor de medio millón al año, eso es casi duplicar el tamaño medio del potencial de nuestros servicios públicos de empleo en cuanto a capacidad
formativa de los desempleados.
Esto no es poco, y a mí me gusta ser realista en ese aspecto, no decir que vamos a tener la capacidad de formar a la mitad de nuestros desempleados en este momento. Si somos capaces de tener un potencial de atención
a medio millón de desempleados al año, esto no es poco, porque en dos o tres años seguramente habremos podido atender -e introducir algún tipo de servicio en esa materia- a buena parte del conjunto de los desempleados inscritos en los registros
públicos.
Tenemos también un sistema de formación continua. Es un sistema relativamente moderno en España, nace en 1992, no hay que remontarse demasiado; nace en 1992, no existía antes. Existía un derecho a la formación continua reconocido en el
Estatuto de los Trabajadores, y ese derecho -la ley así lo establece- se ejerce en el marco de la negociación colectiva. Esto no ha cambiado ni debe cambiar, porque es nuestra norma.
Nuestra norma indica expresamente que ese derecho se ejecuta, se
ejerce, se regula en el ámbito de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos; se regula, se establece y se ejerce, nada dice la ley de que tenga que ser a través de las propias estructuras de producción y de gestión de formación de los
interlocutores sociales, por distinguir bien esta doble función.
El Gobierno es consciente de que debe continuar el proceso de territorialización del conjunto de la política de formación, tanto de la de desempleados, cuya estructura está ya territorializada en este momento, como de la continua. La
formación continua ya ha territorializado una parte muy importante de los fondos, y hay alguna otra con la que no es posible hacerlo: las bonificaciones se las deducen las empresas en función de la acción que desarrollan, cualquiera que sea el
ámbito territorial. Esta es una política -me gusta recordarlo en este momento- que tiene una capacidad expansiva todavía alta, es decir, que las bonificaciones que ahora, grosso modo, gastan en torno a un tercio de toda la política de formación
continua no han dejado de crecer y seguirán creciendo en el futuro -no las bonificaciones de la contratación sino las de la formación-, y esto no es malo que ocurra así; es decir, que la propia formación de demanda, en este caso, sea una formación
organizada por las empresas o por grupos de empresas que se financia en parte, y solo en parte, con la cotización de la formación y no es malo en sí mismo que ese proceso crezca. Si creciera hasta alcanzar el cien por cien, no habría fondos de los
que disponer en las comunidades autónomas. ¿Se me entiende bien ahora? Es decir, si los 1.200 millones que dedicamos hoy a formación continua, como parte correspondiente, -el 60 por ciento de los 2.100 millones que recaudamos cada año en
cotización- si esos 1.200 millones se gastaran en bonificaciones, no habría nada que repartir entre las comunidades autónomas, ya estaría repartido, porque las empresas de cada parte del territorio nacional se deducirían los gastos correspondientes
por sus acciones. Esto todavía no ocurre y, obviamente, el objetivo del Gobierno es que el resto, todo lo demás, esté pronto en manos -distribuido, por consiguiente, y gestionado- de las comunidades autónomas. La regulación, naturalmente, tiene
que ser fruto del acuerdo entre empresarios y sindicatos. Es así como lo establece la ley, y el Gobierno no está dispuesto ni cree que sea necesario modificar este aspecto de la ley, que es una ley de 1981, el Estatuto de los Trabajadores. Lo que
tenemos que hacer es buscar una fórmula que haga compatible culminar la territorialización con el papel que ahora mismo desempeñan los interlocutores sociales, en un segmento -solo un segmento, solo una parte- de esos fondos, que es lo que ellos
gestionan directamente con sus propios medios, tanto las organizaciones sindicales como -conviene que no se olvide, porque a veces se utiliza mal este tipo de argumentos- las organizaciones empresariales. La formación continua en España no la
gestionan solo los sindicatos; una parte la gestionan los sindicatos y una parte exactamente igual en cuanto a
tamaño la gestionan las organizaciones empresariales, y
el resto que no es bonificaciones se distribuye territorialmente a las comunidades autónomas, en proporción a la población ocupada, en este caso a la ocupada en cada una de ellas. Así que el Gobierno no va a denunciar ningún acuerdo; los
acuerdos tienen que volverse a negociar a lo largo del próximo año en el ámbito bipartito, como regulación del derecho a la formación que recoge el estatuto, y en el ámbito tripartito por ver de qué forma se organiza la gestión. La orientación del
Gobierno, lo digo claramente, es esa: el Gobierno lo que quiere es que en algún momento, cuanto más pronto mejor, todo el conjunto de los fondos que no sean bonificaciones esté territorializado, y tiene alguna que otra legitimidad alcanzada el
Gobierno en esta materia, porque cuando llegó el Partido Socialista al Gobierno de España en 2004 se encontró con un presupuesto que tenía para formación continua -siempre me gusta recordarlo- mil euros; ese era el dibujo presupuestario que tenía:
mil euros para todo.
Ahora se territorializan aproximadamente unos 450 millones de euros, es decir 450.000 veces más de lo que había en el año 2004; son 450.000 veces más, no unas cuantas veces más. Es verdad -y ya lo hemos podido manifestar- que
a la CEOE no termina de gustarle que distribuyamos algo más de fondos de la formación continua a la formación de desempleados, pero tiene que entenderlo porque en 2005 lo que hicimos fue lo contrario: quitamos fondos de la formación de los
desempleados que no se gastaban, como bien se ha dicho aquí, y los llevamos a la formación continua de ocupados, para gastarlos y emplearlos mejor en una situación en la que estábamos ya cerca del pleno empleo real, como era la correspondiente al
año 2005. Voy aligerando esta parte de la respuesta, señorías, y algunas de estas apreciaciones valen para aquellas intervenciones que se han referido a estas cuestiones, que han sido prácticamente todas las demás.
Bonificaciones. Por qué bajan, se preguntaba el señor Echániz. Pero cinco o diez minutos antes decía que eran malas. (El señor Echaniz Salgado: Mal aplicadas; no malas.) Primero dijo usted que eran malas las bonificaciones y que no
cumplían un buen papel, y después se pregunta por qué bajan, como diciendo que a lo mejor es que no debían de bajar. ¡Pues claro! Es que tienen que bajar porque toda la evaluación conocida, pública, en esta materia es muy coincidente y yo creo que
además es muy consistente; son evaluaciones todas ellas que han visto a la luz a lo largo del periodo 2006-2009, y lo que nos dicen es que no es una buena política de estímulo al empleo -aunque sea una política de estímulo solo y exclusivamente al
empleo estable-, y que es mejor llevar a cabo, si de lo que se trata es de favorecer más el empleo estable que el empleo temporal, una política de tipos distintos de cotización -cuando sea posible- que concentrar este tipo de estímulos en
bonificaciones que además, puesto que se extienden a todo el conjunto de la contratación estable, es decir a millones y millones de personas cada año, y con poco esfuerzo financiero -puesto que solamente empleamos 3.000 millones, grosso modo, al
cabo del año-, no tienen tampoco incidencia importante para el objetivo pretendido. La evaluación es muy consistente; focalice usted lo que quiere, proteja o estimule a un colectivo muy concreto, muy selectivo, y de esa forma obtendrá buenos
resultados respecto del objetivo perseguido. Efectivamente lo que va a pasar es que va a bajar el gasto en bonificaciones, porque ese es el objetivo pretendido; no es un objetivo no deseado; es el pretendido. Y queremos mantenerlas,
concentrarlas dónde: en los jóvenes menores de 30 años y en los parados de larga duración mayores de 45 años. Aun así, en mi opinión, todavía estos dos colectivos siguen siendo demasiado amplios, demasiado grandes para obtener buenos resultados a
través exclusivamente de la política de bonificaciones, y lo que veremos será un descenso de esta política. Y cuando recompongamos la situación tras la crisis lo que debe hacerse es una política selectiva de tipos de cotización que distinga entre
temporales e indefinidos, y concentre bonificaciones solo y exclusivamente para de verdad unos pocos: los colectivos peor situados a la hora del estímulo al empleo.
Pasando a los temas de inmigración, decía el señor Hernando que hay casi 500.000 personas inmigrantes que no cotizan -decía el, con buen criterio- lo suficiente. Efectivamente estas personas son sobre todo inmigrantes que están al servicio
del hogar familiar, y que al trabajar menos de veinte horas semanales no tienen obligación de cotizar ellas mismas, mejor dicho no tiene obligación de cotizar el empleador. Esta es una reforma que nos gustaría poder poner en marcha pronto: que sea
el empleador quien realice la cotización, ayudándole desde los servicios públicos, desde la Seguridad Social esencialmente. Es muy importante hacer emerger -no esta bolsa de empleo irregular, que no es irregular-, a la cotización, al ingreso
público esta situación en la que hay centenares de miles de personas que trabajan, pero que no cotizan. Por eso es muy importante -se ha dicho aquí también, creo recordar que por el señor Campuzano- que para gran parte de este empleo, que no es
exactamente nuevo, pero sí es un empleo que emergerá y que está vinculado al servicio al hogar, a los distintos tipos de servicio al hogar, hagamos políticas inteligentes y de esta forma emerja. Una parte de estas políticas también está vinculada a
que las personas que trabajan en diversas formas, con diversos objetivos, para el hogar familiar sean personas que no siempre son contratados por el cabeza de familia, por el padre o la madre en cada familia, sino que puedan ser contratados por
empresas en régimen general por consiguiente, pero que prestan servicios en el seno del propio hogar familiar. Esto, en nuestra opinión, va a hacer que una parte importante del trabajo que se realiza en este momento emerja, y otra parte de ese
trabajo además se lleve a cabo en un régimen laboral más próximo realmente al régimen general, porque hay algunas dificultades, y debo advertirlo, para que las empleadas del hogar tengan prestación
por desempleo, y esas dificultades tienen que ver funda
mentalmente con que tenemos que cuidar la existencia de fraude. El riesgo moral siempre es un asunto importante en cualquier sistema de seguro, y nosotros lo cuidamos. Nosotros sabemos bien que los sistemas de seguro que introducen
estímulos al fraude no resisten, y efectivamente nosotros queremos mantener un buen sistema de protección por desempleo capaz de dar protección a quien está en desempleo. Mientras que no sea posible que la Inspección de Trabajo y que los controles
lleguen al hogar familiar es difícil que las personas que trabajan en el, siendo contratadas por el cabeza de familia, tengan protección por desempleo; otra cosa son las personas que son contratadas en el ámbito de una empresa y que prestan
servicios en el seno del hogar familiar.
Hay algunas cuestiones vinculadas a la capacidad de acogida, etcétera, que tienen una importancia crucial en el ámbito de la valoración del papel de la política de inmigración en la España de nuestro tiempo. Efectivamente una buena política
de flujos migratorios es aquella que tiene en cuenta la capacidad de acogida. España fue el segundo país del mundo en capacidad de acogida durante el periodo 1994-2005 ó 2006. En estos doce o trece años transcurridos en ese periodo fuimos el
segundo país en capacidad de acogida; creamos mucho empleo, por desgracia en sectores que no eran sostenibles -me he referido a ellos en cuanto al sector de la construcción- y esto nos debe servir de ejemplo para el diseño de políticas de futuro,
porque tenemos que ser muy cuidadosos con las personas a las que invitamos a trabajar en España. A esas personas se las invitó a venir a España cuando se les demandaba de forma regular -ese fue el objetivo en el año 2005, con la reforma del
reglamento- y cuando se les invitaba a venir cualquiera que fuera el modo. Como no era posible venir de forma regular -ese fue el ejemplo entre 1994 y 2004- tenían que venir de cualquier forma. Lo que tenemos que saber es que para los que vienen
aquí a trabajar, a acompañarnos, y a vivir, debemos tener una capacidad de acogida bastante más permanente en sectores y en oficios que tengan proyección de futuro, sabiendo que no podemos convertir a esos señores en fantasmas que cuiden nuestros
hogares, que cuiden nuestra producción agraria, que cuiden a nuestras familias, que nos limpien la cocina, y que cuando llegue el día desaparezcan. Eso no existe. Ese tipo de política no existe, y debemos abandonar cualquier pretensión en esta
materia. Tenemos que tener una buena política de flujos para que no venga ni uno solo que no podamos mantener en el futuro, pero no podemos considerar la inmigración como aquellos que trabajan de noche y desaparecen durante el día, que están en las
fábricas pero que no están en las plazas, que trabajan en las fábricas pero que no están en nuestros barrios. La política tiene que ser otra, sabiendo que somos uno de los tres países de Europa que tiene menor tasa de fecundidad, y que durante
mucho tiempo -cuando pasemos la crisis, que la vamos a pasar- necesitaremos de su concurso, también en el ámbito laboral.
La señora Barkos se refería, en cuanto a las reformas pendientes, a cómo funcionan los contratos de fomento de la contratación indefinida. Este es uno de los objetivos de la reforma. Funcionan aceptablemente bien en lo que sabemos de
ejecución de la reforma. Antes de la reforma, aproximadamente un 17 por ciento del conjunto de los contratos indefinidos era de fomento, y estamos -el último dato conocido en este aspecto que podamos emplear en este momento es de octubre- en
prácticamente el 30, el 28,6 por ciento. Pero estamos hablando de composición. Esto no significa -y no me importa reconocerlo aquí- que la reforma esté ya produciendo unos frutos extraordinarios, naturalmente que no, pero una parte del objetivo de
la reforma sí está empezando a verse, y es que la composición es cada vez más favorable al contrato de fomento.
Algunos dirán: sí, pero este contrato de fomento tiene el despido algo más barato cuando se produce que en el contrato ordinario. Y si
estos contratos de fomento hubieran sido temporales, ¿cuál sería su despido? Cuando hablamos de estas materias no debemos olvidar que un aspecto fundamental de la reforma era hacer que una parte de los contratos temporales cada vez más importante
fueran también contratos de fomento.
Este fue también el objetivo de los reformadores en 1997, con el acuerdo sobre estabilidad en el empleo, hacer que una parte de los contratos temporales fueran también contratos de fomento, por eso se creó el
contrato de fomento. Lo que ha hecho la reforma laboral ha sido llevar a su máxima expresión aquella pretensión; pero si el contrato de fomento se concibe como una forma de hacer que parte de los contratos temporales sean indefinidos, ¿por qué va
a ser malo?
Desde ese punto de vista, el planteamiento de reforma acaba en cierto modo, insisto, con este tipo de hipocresía, si es verdad que logramos -y este es el objetivo- que una parte de la contratación temporal se desplace al contrato de fomento
de la contratación indefinida. En el comienzo de la recuperación el poco empleo que se crea durante las crisis siempre es empleo temporal; lo sabemos, ha pasado siempre así. Pasó también en 1994, y hasta qué punto pasó esto en 1994 que salimos de
la crisis con bastante más tasa de temporalidad de la que entramos. Recuerdo que ahora la tasa de temporalidad está aproximadamente en el 25 ó 26 por ciento, y teníamos algo más de 10 puntos más antes de 2006. O sea que en esta crisis -como es
obvio que tiene que ocurrir- no ha crecido la tasa de temporalidad; ha disminuido. Y ha disminuido porque casi todo el empleo perdido, como hemos visto anteriormente, está en el sector de la construcción y en sectores industriales que aprovisionan
de inputs a la construcción. Por esa razón ha descendido la tasa de temporalidad de forma cualitativamente distinta a lo que ocurrió durante la crisis de los noventa. Esta es una de las características distintivas de esta crisis en el ámbito de la
segmentación laboral.
Decía la señora Barkos que hay demasiados recursos delegados a las organizaciones sociales en el ámbito de las políticas activas de empleo.
Bien. Ya he hablado a
ese respecto de cuál es la visión del Gobierno en ese sentido. La visión del Gobierno es la de incrementar la eficacia, de territorializar el conjunto de los fondos, y en paralelo encontrar una solución al papel que actualmente desempeñan
los interlocutores sociales en la gestión de lo que gestionan, que no es ni mucho menos todo en el ámbito de la formación continua.
Ha hablado igualmente la señora Barkos de pensiones -y aprovecho para hacer un comentario que vale también para el resto de las intervenciones que se han producido a ese respecto-, y preguntaba si no era posible encontrar otro camino al
incremento de la edad en la jubilación; también se refería a cómo hacer frente al problema de las prejubilaciones. Le falta el tercer punto: si es bueno contemplar toda la vida laboral o una parte significativamente mayor de la vida laboral a la
hora de calcular la pensión de las personas que se jubilan. Esto tres puntos, las prejubilaciones, cualquier forma de prejubilarse, que hay múltiples y variadas en España, el cómputo del conjunto de la vida laboral o de una parte cada vez mayor de
la vida laboral, y el alargamiento de la jubilación, en este caso de la edad y del tiempo del trabajo, son los tres retos y también las tres soluciones que las sociedades modernas tendrán que encontrar a los problemas vinculados a sus sistemas de
pensiones, para defenderlos, para sostenerlos en el tiempo. Todos los sistemas de reparto tienen el mismo tipo de problemas, no son problemas excepcionales, son los problemas vinculados a cómo va la demografía en cada caso. Sabemos bien qué
ocurría en el siglo XX, en el siglo pasado.
Como recordatorio les diré que con el mismo tipo de cotización que ahora tenemos en lo esencial, más del 23 por ciento a cargo de las empresas, algo más de 5 puntos a cargo de los trabajadores, hace
treinta y cinco o cuarenta años era posible financiar todo el sistema de pensiones de la época, una parte muy importante del gasto sanitario, y algún que otro gasto público más vinculado al poco importante sistema de atención social que existía en
España hace cuarenta años. Ahora, con ese mismo tipo de cotización, pagamos las pensiones, sobra un poco, y ya. O sea que la demografía funciona. ¡Claro que funciona! Ahora tenemos que pagar varios millones de pensiones más de las que pagábamos
hace treinta y cinco o cuarenta años, y dentro de treinta y cinco años tendremos que pagar varios millones de pensiones más de las que tenemos en este momento.
Cuando hablamos de reto demográfico hablamos fundamentalmente de eso, y no hay
gobernante consciente de la situación, serio en cuanto a la defensa del Estado del bienestar, que no deba atender a este fenómeno. La demografía es parte esencial de un sistema de reparto. De hecho, los sistemas de reparto que funcionan son
aquellos que son capaces de sostener el reto demográfico, de atenderlo, de incorporarlo a su diseño.
Si no lo incorporamos no hay sistema de reparto posible, porque dentro de treinta y cinco años en España va a haber más del doble de pensiones de
las que hay ahora, y no tiene por qué haber -más bien ocurrirá lo contrario- más del doble de ocupados de los que hay ahora, y este es el gran reto del futuro. Si queremos sostener buenos sistemas de reparto, tenemos que tener sistemas sólidos que
soporten financieramente el esfuerzo mayor que habrá que hacer por parte del conjunto de la sociedad, también de los ocupados, dentro de treinta y cinco y cuarenta años. Este es el contenido, el diseño general de las grandes reformas en esta
materia, y los sistemas, -por cierto, pocos sistemas- de reparto, que siempre han resistido mejor las crisis, son capaces de sostenerse durante la crisis. Algunos decían que no iban a ser capaces de atender y de sostenerse durante la crisis.
Sabemos bien que se sostienen mejor incluso que los sistemas de capitalización. Este es uno de los grandes descubrimientos, por si hubiera alguna duda, de esta crisis. Pero son sistemas que hay que estabilizar financieramente de forma permanente,
que hay que atender siempre a su funcionamiento a plazo. No al funcionamiento de mañana. Siempre al del futuro para no tener que producir reformas drásticas de un año para otro. España y el conjunto de Europa serán sociedades más envejecidas.
Estamos viviendo una gran etapa de bonanza demográfica, fruto de una desgracia histórica como fue nuestra guerra civil y sus consecuencias. Eso hay pocos que deban dudarlo. Ahora finaliza esa década de los cuarenta, esa década negra para la
historia de España. Está a punto de finalizar la década de aquellos que se jubilan habiendo nacido en esa década. Pero esa década es en la que menos tasa de natalidad hubo en España en mucho tiempo. Hemos vivido, demográficamente hablando, de esa
bonanza retrasada, fruto de esa desgracia histórica a la que me refería antes.
El señor Llamazares ha hablado de un mensaje en relación con la huelga general. Ha empleado algunas reflexiones que no me resultan ajenas en ningún sentido, y que en muchos aspectos comparto, pero quería señalarle que no tenemos las mejores
instituciones. Algunas de ellas han resistido bien. Por ejemplo, en el ámbito del mercado de trabajo no tenemos las mejores instituciones. Sabemos que nuestras instituciones no son las responsables de lo que nos ha sucedido en el pasado
inmediato. Sabemos que nuestra crisis está donde está: en el ámbito inmobiliario y en el papel que ha desempeñado en el pasado esta etapa de excesos que ahora estamos pagando. Pero no tenemos el mejor diseño institucional en nuestro mercado
laboral. Tenemos una altísima tasa de temporalidad. Tenemos que seguir con la agenda histórica de la política laboral española, que es la agenda de siempre: tratar de enfrentarse a la temporalidad injustificada, y tratar de buscar mecanismos que
otorguen más flexibilidad a la contratación estable. Esta es la agenda de siempre, por lo menos es la agenda sobre la que ha transitado la política laboral española desde 1994. Tenemos que continuar con esa agenda porque no tenemos el mejor diseño
laboral de entre los posibles. Una parte de los objetivos de la reforma laboral de 2010 es precisamente esa: seguir avanzando en ese terreno por el que transitaron otras reformas en 1994, especialmente en 1997, y por el que dejaron de transitar
otras en el
año 2002, enfrentándose fundamentalmente al despido, como fue la reforma de la última legislatura de gobierno del Partido Popular. Desde esa perspectiva, la de combinar diálogo con decisión, es desde la que orienta el Gobierno su actuación
política en esta fase final, segunda parte de la legislatura actual. Si tuviera que citar algún aspecto crítico de la ejecutoria del Gobierno durante la primera parte de la legislatura quizá sería el de haber dialogado más y el de haber decidido
menos, porque diálogo y decisión, diálogo y gobierno, discutir, consensuar pero gobernar es parte esencial de la acción pública, muy especialmente en un contexto de crisis. Ahora tenemos que seguir dialogando, pero no podemos -con más razón aún-
dejar de gobernar, y una buena combinación, que tiene que ser más intensa, con más ritmo, con más exigencia en el ámbito de la política laboral, es la que combina gobierno con diálogo, con diálogo rápido, con diálogo fuerte, intenso, pero sabiendo
que las decisiones no pueden aplazarse en este ámbito.
Decía usted, señor Llamazares, que hay una regresión corporativa y se refería a esta carta remitida por algunos empresarios. Usted la calificaba de golpista -es la palabra que ha empleado-. A mí me parece en general que efectivamente
tenemos que fortalecer la representación institucional de las empresas españolas, creo que ha habido unos años difíciles en ese aspecto para la representación empresarial, pero es una representación fundamental, mucho más todavía en la perspectiva
de la organización instrumental del diálogo social en España. Todo lo que sea favorecer la recomposición de esta situación, que haya una dirección fuerte, capaz, poderosa en la organización empresarial, es siempre una buena noticia. Yo no creo
-estoy absolutamente convencido por lo demás- que la reunión a la que usted se refería del Gobierno con las principales empresas del país tenga que ver con esta situación, sino con el hecho de que por su dimensión, por su tamaño, tenían un papel
esencial en el desarrollo de la potencialidad española en un ámbito esencial, como es el de su papel en los mercados exteriores. Una parte importante de la salida de la crisis para la economía española está en el papel que jueguen sus sectores
exportadores, de ahí que la apelación a aquellas empresas de mayor tamaño, que son siempre también aquellas que tienen más presencia en los mercados internacionales, era fundamental en este aspecto. Y aunque tiene usted razón en alguno de los
calificativos que ha empleado a ese respecto, yo separaría esa carta de la reunión en sí; desde luego la reunión estaba planteada mucho tiempo antes de que esa carta fuera pública, y la necesidad de hacerla es muy anterior al hecho de haber hecho
pública esa carta.
Hay algunas cosas que hay que seguir haciendo en la perspectiva de la salida de la crisis, y la más importante en mi opinión es ser conscientes de lo que exige la capacidad de adaptación de una economía como la española a una salida de la
crisis en la que no se dispone de la posibilidad de ajuste cambiario; esta es la gran novedad de esta crisis respecto de la crisis de los noventa. España unos meses antes de que comenzara a crear empleo ya había producido hasta tres devoluciones
de su tipo de cambio entonces; ahora tenemos que adaptarnos a las condiciones de la crisis dentro de una moneda, una moneda que nos ha dado una enorme estabilidad durante este tiempo. Hace mucho tiempo que tendríamos que haber hecho otras cosas,
hace mucho tiempo -no unos años- que tendríamos que haber hecho otras cosas de haber estado en un contexto de moneda propia, como el que caracterizó a nuestra economía antes de nuestra entrada en el euro. Ahora tenemos que adoptar medidas que
tienen que ver con las que se corresponden con una situación en la que no hay posibilidad de ajustes cambiarios, y ahí una vez más es fundamental una moderación de rentas, moderación salarial, ser sensatos en la evolución de nuestros costes, si
queremos hacer que la dinámica exportadora cobre de verdad relieve en nuestra forma de salir de la crisis, y no se trata solo de un problema de enfoque político o ideológico, es un problema que prácticamente comparte la inmensa mayoría de la
profesión, y digo profesión refiriéndome a aquellos que nos dedicamos al análisis de la economía en este aspecto. España tendrá que mirar bien sus costes si quiere hacer que el liderazgo de la recuperación esté en el ámbito de la exportación, que
por cierto no se ha comportado nada mal en el pasado y se sigue comportando bien en el presente, más de un 20 por ciento es la tasa de crecimiento de la industria exportadora en este momento de crisis, más del 20 por ciento es la última tasa
interanual conocida en el comportamiento de nuestros sectores industriales exportadores, y ahí es donde tenemos que seguir depositando no solamente nuestra esperanza, sino nuestra acción pública en cada momento.
Termino ya porque voy a hacer solo dos menciones más, una a la referencia que el señor Tardà ha hecho y un comentario respecto a las palabras del señor Olabarría. El señor Tardà se refería a las causas del despido. En cuanto a las causas
de despido hay una visión de reforma, la propia reforma en ese sentido. El Gobierno quiere, mediante consulta y diálogo con los interlocutores sociales, tratar de aclarar la forma en que se pueden realizar las dos previsiones incluidas en ese
aspecto en la reforma, pérdidas y previsión de pérdidas. Este es un asunto que conviene aclarar, sobre el que conviene trabajar y conviene, en la medida de lo posible, distinguirlo y acreditarlo respecto a la forma en que ese proceso se concreta en
ese ámbito. Queríamos huir -y seguimos pensando que es una buena línea- de esta extraña situación, de un mercado de trabajo como el español en el que, pese a la crisis, más del 85 por ciento de los despidos no se producían con causa justificada,
sino que se apelaba al expediente del despido improcedente. Ese es el objetivo de la reforma de 2010 y en ese objetivo, insistiendo en ello, es donde habría que intentar aclarar y contribuir a concretar realmente de qué forma se producen las dos
figuras que establece la reforma de 2010.
El señor Olabarría se refería a algunas reformas adicionales. Ha hecho referencia a la demografía -a este
respecto he hecho referencia ya a algunas cuestiones- y también al modelo austriaco. La propia reforma establece un diseño en ese sentido, pero hay cosas que todavía se pueden hacer, con independencia de cuál sea el diseño final; hay cosas
que se pueden seguir haciendo y no debe haber ninguna dificultad, si se quiere tener un instrumento de seguro para la financiación empresarial no del Estado, sino la propia cotización empresarial, para financiar una parte del coste del despido.
¿Qué dificultades hay en eso si ya la tenemos? ¡Si ya tenemos al Fogasa para una parte de los despidos y para una parte de las empresas! ¿Qué dificultad habría, por ejemplo, para extender este asunto al conjunto de la economía? La propia
cotización. Eso es lo que tenemos que estudiar y en qué condiciones se puede hacer. Pero en sí misma la pretensión legal de que haya un instrumento para financiar el despido y un instrumento que además mejore la capacidad de movilidad entre
empresas para que los trabajadores, reteniendo su visión de cuál puede ser el despido, no frenen su propia movilidad que puede ser buena para ellos y para el conjunto de la economía, la pretensión de hacer un diseño eficiente a ese respecto no me
parece una mala pretensión.
Se refería a las bonificaciones porque han fallado. Alguna cosa hemos dicho a ese respecto y yo le agradezco sobre todo su disponibilidad al trabajo y a compartir responsabilidad en lo que nos queda de legislatura.
Hay muchísimas cosas con
las que -no hace falta que lo señale ahora- estamos de acuerdo, lo hemos estado en el pasado y, desde luego, estoy seguro de que lo estaremos en el futuro.
El señor Campuzano se refería a algunas cosas y en cuanto a casi todas a las que él se refería, flexibilidad y formación continua, hemos dicho mucho también en esta intervención. Se refería a que hemos perdido demasiado tiempo, lo ha dicho
en alguna ocasión, pero tenemos que tener la pretensión de recuperarlo. Incluso admitiendo que se haya perdido algún tiempo en alguna de las materias que hemos señalado aquí, esto nos invita precisamente a tratar de recuperarlo en la medida de
nuestras posibilidades durante el año y medio real de legislatura que queda. En año y medio, bien utilizado, se pueden hacer muchas cosas con ambición, inevitablemente con ambición, porque es la única garantía de éxito. Si uno no es ambicioso al
comienzo, después el tiempo va acortando muchas pretensiones; ahora es el momento de ser ambicioso.
Diría dos cosas más. Respecto a los acuerdos entre el Grupo Parlamentario Socialista, PNV y Coalición Canaria a los que se refería, se pueden extender. El modelo se puede extender para que las comunidades autónomas participen más en todo
lo que tiene que ver con el control, la asignación y la evaluación de la política de bonificaciones en sus territorios en cada ámbito de actuación. Me parece que es perfectamente trasladable.
Pero insisto en que no olvidemos la reflexión general
respecto a la política de bonificaciones. La reflexión general es que hay que replantearse la política de bonificaciones, que tiene que ser mucho más concreta y que no tiene que tener la dimensión que tiene actualmente como política generalista
porque ahí es mejor utilizar la política de tipos.
Respecto a las agencias privadas de colocación, reitero mis palabras. No había ninguna razón por la que España siguiera siendo el único país entre los grandes países de la Unión que no tenía legalizadas las agencias privadas de colocación
hasta la reforma. España no tiene que temer un retroceso de los servicios públicos de empleo por el hecho de que se legalice la actuación de las agencias privadas. Los servicios públicos de empleo no tienen que competir en este momento con las
agencias privadas, porque su papel en materia de intermediación es muy escaso. Ahora es un buen momento para organizar un ámbito de colaboración y de concertación entre lo privado y lo público en esta materia, pero debemos hacer las dos cosas.
Nuestra pretensión es impulsar la reforma de los servicios públicos de empleo con más medios -para esto los encontraremos- y, al mismo tiempo, dar cabida al papel de las agencias privadas. Creo que el resultado será bueno, pero no debemos depositar
toda nuestra visión de futuro en ese papel. Ayudará, pero las agencias privadas no conciertan más allá de siete u ocho puntos de intermediación en donde más intermedian; así es que maticemos mucho los objetivos perseguidos en esa materia. Es
bueno que lo sean, pero será una parte de la solución, no la solución.
He hablado del Pacto de Toledo y mañana hablaremos más en mi comparecencia ante la Comisión. He hecho alguna referencia respecto a los temas esenciales en inmigración. Respecto a la cuestión del empleo y la discapacidad, ya es una vieja
aspiración o un proyecto de pasado tratar de repasar algunos aspectos de la relación laboral de carácter especial de las personas que trabajan en centros especiales de empleo. Es un viejo proyecto que debemos intentar articular en el tramo final de
la legislatura.
Respecto a las palabras del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecerles su intervención. Siempre hemos pensado que en estas circunstancias encontramos lo que necesitamos: apoyo, colaboración y, lo que es muy importante, ideas y
propuestas. Eso es lo que el Gobierno necesita y agradece en estas circunstancias, y es lo que siempre ha tenido en el Grupo Parlamentario Socialista, al menos en el ámbito de la política laboral y de inmigración, que es la que aquí discutimos en
este momento. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que después de la comparecencia tenemos reunión de Mesa y portavoces.
Habíamos hablado de que no hubiera turno de réplica pero, a la vista de las expresiones que he observado en el transcurso de la intervención del ministro, esa situación se ha reconsiderado. Tiene cinco minutos el Grupo Parlamentario Popular
para la réplica que solicita. Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, si la sensación inicial ante la comparecencia de hoy del ministro de Trabajo era de escepticismo, la de ahora, después de escuchar sus dos intervenciones, es de absoluta desolación. Le puedo garantizar
que estamos acostumbrados a la demagogia mitinera habitual del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; de hecho, no esperábamos otra cosa. Además, resulta especialmente inflamado probablemente por los resultados de este domingo y por la
percepción que deben tener el Gobierno de la opinión de los ciudadanos. No es menos cierto que eso abunda en la dirección de su corresponsabilidad personal en la situación. No en vano ha sido el portavoz de tres ministros de Trabajo en los últimos
tiempos y, por tanto, ha pasado del sindicalismo de megáfono al mayor fracaso en empleo de la historia de España. Si espera usted, señor ministro, de verdad, se lo digo de corazón, ideas del Grupo Parlamentario Socialista y de su portavoz, lo lleva
usted claro. Si lo que espera es insultos a la oposición y hacer oposición a la oposición, lo tendrá todo, todo lo que quiera. Sí es cierto que no esperábamos, señor Gómez, que viniera usted también a hacer oposición de la oposición (Rumores.),
seguramente no conoce las figuras parlamentarias. Es decir, su situación de nuevo en el cargo le puede haber producido esa distorsión, pero aquí el que viene a comparecer y a contar qué va a hacer el ministerio es usted. Nosotros utilizamos
nuestras iniciativas políticas en la Cámara y en los programas electorales cuando nos parece oportuno, pero es usted, como responsable del Gobierno, el que tiene que venir aquí a dar cuenta de qué va a hacer a partir del momento en que ha sido usted
nombrado ministro de Trabajo.
Esa es la fórmula, y nosotros hacemos control del Gobierno; por tanto, control de su figura, de sus ideas y de lo que nos viene a plantear.
Desde luego no oposición de la oposición bastante demagógica y que lo único
que pone en evidencia es una vez más una esquizofrenia que ya puso usted de relieve con su presencia en una manifestación después de una huelga general dirigida contra la reforma laboral y después con su defensa a ultranza, como Spiderman, de la
propia reforma laboral.
Tengo que decirle que esa situación, esa intervención, especialmente al inicio, ha sido poco presentable y, por tanto, desde nuestro punto de vista ha tenido usted muy mal comienzo, señor Gómez, muy mal comienzo.
(Rumores.) En lugar de
responder a las preguntas formuladas, que para está la oposición frente a un ministro que comparece y viene a decir qué va a hacer, se ha dedicado a hacer una demagogia subjetiva, y no es el sitio, el lugar ni las circunstancias, porque aquí lo que
se tenía que haber producido es un buen diagnóstico y un tratamiento que desde luego nosotros no hemos escuchado a lo largo de sus dos intervenciones. Usted llevará un mes en el ministerio, señor Gómez, pero su Gobierno lleva siete años gobernando
España y tiene encima de las espaldas 5 millones de parados; usted y su partido. Probablemente se habrá quedado usted congelado en el año 2006, cuando huyó del ministerio, pero eso pasó hace cuatro años y han pasado muchas cosas en todo este
tiempo. Parece que ustedes no se han enterado pero tenemos casi 5 millones de parados, un enorme paro de larga duración y una situación social enormemente preocupante. Los españoles están muy preocupados, especialmente los pensionistas y los
funcionarios, las madres, las familias, los dependientes y tanta gente que a lo largo de todo este tiempo ha percibido y sufrido esa agenda antisocial que ha vulnerado todas las costuras del Estado del bienestar.
Señor ministro, usted debería haber venido a plantear propuestas. Ya le he dicho que nosotros las planteamos cuando consideremos oportuno, para eso somos oposición, y las planteamos través de iniciativas políticas en esta Cámara, en el
Pleno y en la Comisión, todos los días, pero usted tiene, repito, la obligación de hacerlo. Hasta hoy teníamos dudas de lo que nos espera en el próximo año, pero hoy ya sabemos que su presencia en el ministerio este año no va a servir absolutamente
para nada. Lamento tenérselo que decir. Además tiene el desparpajo de decir que aumentaron el salario mínimo interprofesional y las pensiones quienes dejaron en 1996 una tasa de paro del 23 por ciento. (El señor Membrado Giner: ¿Desparpajo?)
Oiga, que quebraron la Seguridad Social (El señor Membrado Giner: Vale ya.), que hubo que pedir un crédito mancomunado para pagar la paga extra de las pensiones de los pensionistas... (La señora Arnaiz García: Falso, falso.-El señor Membrado
Giner: Hombre, ya vale.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Membrado... (El señor Membrado Giner: Es que miente.-El señor Echániz Salgado: Está muy excitado el señor Membrado.) Por favor, no se inflamen demasiado, porque queda muy poco para terminar. (El
señor Echániz Salgado: Tranquilo, señor Membrado, que ya termino.) Ustedes van a tener ahora su oportunidad de réplica, y estoy seguro de que va a contestar adecuadamente al señor Echániz.
Mientras tanto, respeten ustedes la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Echániz, vaya usted terminando, por favor.
El señor ECHANIZ SALGADO: Termino, señor presidente.
Fue precisamente el Partido Popular quien recondujo esa situación, quien aplicó las recomendaciones del Pacto de Toledo, quien salvó la Seguridad Social y creó un Fondo de reserva que en este momento es una garantía para los pensionistas
españoles, a pesar del golpe y la agresión que se ha producido con este Gobierno.
Señorías, en estos momentos han acabado con el futuro de 5 millones de españoles, con la mitad de los jóvenes españoles que no encuentran empleo. Han congelado las pensiones, han acabado con la dependencia y han rebajado el sueldo de los
funcionarios, entre otras muchas cosas. Por tanto, solo puedo decir una cosa después de escucharle, señor ministro, y le puedo garan
tizar que mi disposición inicial era otra, pero solo puedo decir que muy mal. Tiene usted 5 millones de parados encima de la mesa, como para que usted se preocupe por la oposición y por este portavoz. Usted arrastra 5 millones de parados
por los pasillos, por tanto no debería ser tan prepotente. Usted sabrá. Nosotros desde luego vamos a actuar en consecuencia, pero es una mala práctica, que no se la recomiendo a la hora de negociar con los sindicatos, con la patronal y con los
grupos políticos, pedir diálogo y consenso por una parte, pero dar patadas por debajo de la mesa por otra, porque así le advierto que no va a poder contar con nosotros. Nosotros actuaremos en consecuencia, pero así, señor Gómez, francamente mal.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor ministro, lo que más me preocupa de usted es que es incapaz no de hacer un diagnóstico de la situación, sino ni tan siquiera el más mínimo análisis sobre dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos. Le he
sugerido desde el principio que contestara una serie de preguntas relativas al desarrollo reglamentario que ustedes no han hecho, y si no lo han hecho en un año es sencillamente o bien porque están en desacuerdo con la ley que ustedes aprobaron
unilateralmente o bien porque ustedes no saben dónde van, porque están en la más mísera de las incompetencias.
Usted cuando habla de la inmigración acaba en el buenismo. Usted ha dicho que a los inmigrantes se les invitó a venir. A muchos sí, pero a muchos no. De hecho, la gran mayoría vinieron de forma ilegal, entraron por conductos ilegales, y
al final tuvieron que ser regularizados. Tengo las regularizaciones. El PP 300.000 en ocho años y ustedes 567.000 nada más llegar al Gobierno. (Rumores.) Ustedes han hecho continuamente procesos de regularización cada año. Las cifras son las
cifras. Hoy hay 3.200.000 personas extranjeras más en nuestro país con papeles y solo 620.000 nuevos afiliados extranjeros a la Seguridad Social, el 20 por ciento. Eso quiere decir que el proceso de inmigración que ustedes han patentado no tiene
nada que ver con el empleo. Esto, señoría, le puede parecer que es chupi, como los brotes verdes, pero me da la sensación de que esto no es así. En el año 2011 va a seguir aumentando el desempleo. Lo han dicho ustedes y lo dice la Unión Europea.
Y las previsiones para el año 2012 son que si ustedes siguen en el Gobierno, también, hasta el 19 por ciento, que se mantendrá. El drama es que hay muchos extranjeros, de los 400.000 que apenas reciben una prestación por desempleo, que van a dejar
de percibirla por la sencilla razón de que no van a tener un empleo al que acudir. Y parece ser que a usted esto no le preocupa, porque no ha merecido en su intervención ni la más mínima reflexión. ¿Usted cree que la solución para que haya más
afiliados a la Seguridad Social es poner inspectores en el hogar de los españoles o aflorar cotizaciones en el servicio doméstico? Mire usted, no es tanta la ilegalidad y la no cotización en ese sector. Creo que ustedes vuelven a equivocarse,
vuelven a dar palos de ciego, y no me ha dicho nada de cómo van a regular los problemas pendientes que tiene este reglamento. Cuando un Gobierno es incapaz de respetar sus propias leyes es muy difícil que le pueda pedir a los demás que las
respeten, y ese es su problema. Ustedes no han sido capaces de sacar adelante el reglamento en el plazo que ustedes mismos establecieron. Eso genera enorme desconfianza, inseguridad jurídica y problemas para todos. Eso no lo va a arreglar con
nuevas regularizaciones, si es lo que usted pretende, incrementará la pelota y al final la situación es la que es, un mayor número de personas extranjeras en el desempleo -1.100.000, según la EPA, no sé si le gusta o no le gusta ese dato, pero la
EPA es el sistema de medir que tiene la Unión Europea- y un incremento brutal de la marginalidad entre las personas extranjeras inmigrantes, con incremento de los hacinamientos. Si sale usted a la calle, no tiene más que ver lo que pasa en las
proximidades de los contenedores. Ustedes iban a hacer aquello del empleo para todos; lo que están consiguiendo es empleo para casi nadie y desde luego comedores sociales para casi todos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Señor Membrado, me sorprende usted. Tiene la palabra.
El señor MEMBRADO GINER: La verdad es que no tenía ningún interés en hacerlo porque sinceramente las aportaciones del señor Echániz y del señor Hernando, comparados con cero, son una nimiedad. Pero sí que es cierto que tenemos que hablar
solamente para clarificar algunas cuestiones.
Señor Echániz, ya es la tercera o cuarta vez que hace referencia a mi pasado sindical. Yo estoy muy orgulloso de él. No sé si está usted tan orgulloso de su pasado anterior. Si lo quiere afirmar, lo afirma y si no, se calla, no pasa nada.
Yo tengo un pasado del que estoy muy orgulloso y tengo un presente del que estoy muy ilusionado. Además en el pasado aporté lo que pude y en el presente también, pero nunca destruí por destruir; nunca hice de abencerraje, y nunca las cuestiones
fundamentales del Estado me trajeron al pairo. Los temas de empleo son importantes porque afectan a personas. En estos momentos hacer argumentaciones como las que usted hace es un atentado a la dignidad de esas personas que están en estos momentos
sufriendo el desempleo, porque está lanzando mensajes falsos y además está envolviéndolos en argumentos que son demagógicos. (El señor Echániz Salgado: ¡Qué vergüenza, 5 millones de parados!) Salir de esta situación es un problema de todos. Lo
único que digo al Partido Popular, que no ha dicho nada en positivo a lo largo de esta mañana a pesar de haber hablado durante hora y media, es que, por favor, haga alguna aportación en positivo. Lo que sí que ha
hecho es aportar argumentaciones contradictorias. No quieren las bonificaciones, y llevan tres meses que han
pedido trece tipos de bonificaciones. No quieren en estos momentos hablar de la formación para el tema de los desempleados, y nos echan permanentemente en cara que los desempleados no tengan la formación adecuada. Quieren las políticas
activas, pero no quieren participar en la reforma de las mismas. Hablan de la negociación colectiva, pero cuando se plantea que se quiere hacer la reforma, se dice que tarde y mal. Pidieron una reforma del mercado de trabajo y cuando vienen aquí a
reformar el mercado de trabajo, nos encontramos con que no tuvieron ninguna aportación en positivo, excepto la de intentar pactar en el último momento, cuando ya su portavoz había dicho que no iban a apoyar la reforma y que iban a votar en contra.
La verdad es que ustedes son, desde todos los puntos de vista, una incoherencia permanente, pero, al mismo tiempo, se creen el ombligo del mundo. Es más, yo creo que sin ustedes no estaría inventada la rueda. Gracias a ustedes se ha inventado,
pues asuman eso. Nosotros estamos de acuerdo, inventaron la rueda, pero, por favor, aporten algo más.
El señor PRESIDENTE: Señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Seré breve, señor presidente, solo me referiré a tres cuestiones. Primero, entre el buenismo y la utilización de los inmigrantes como mercancía, que es la política del Partido Popular, existe una política seria
basada en modelos de integración en control de flujos, que es lo que este grupo está haciendo. Segundo, según las palabras del señor Hernando, es el paraíso cuando gobierna el PP; el infierno y el caos, cuando están los socialistas. Todo esto se
resume en una cosa, una irresponsabilidad total para con la sociedad en la que viven, una irresponsabilidad para España, a la que dicen querer, porque nuestro grupo, señor presidente, señor ministro, señor Hernando, jamás, por ética política,
sacaría adelante un video donde se dispara a los inmigrantes, donde se dispara al diferente, donde se elimina a aquel que no está con nosotros. Esto es gravísimo y tiene que ver con la política de irresponsabilidad, de ataque constante y de
destrucción de este Gobierno y del Partido Socialista, pero esperemos que la sensatez que ustedes no tienen la tengan los ciudadanos de este país. (El señor Echániz Salgado: Como en Cataluña.) Disparando inmigrantes, ¡qué vergüenza!
El señor PRESIDENTE: Para concluir la comparecencia tiene finalmente la palabra el señor ministro. Cuando usted quiera.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señor Echániz, yo he utilizado siempre palabras respetuosas con ustedes, también suelo utilizar algún que otro dato, y le he recordado de dónde vienen. Yo no he utilizado ni un
solo adjetivo en mi intervención (El señor Echániz Salgado: Si quiere se los subrayo.). Le recuerdo alguno de ellos, adjetivos y nombres. Esquizofrenia, golpe, agresión, Spiderman, miseria de las incompetencias, huye del ministerio. (El señor
Echániz Salgado: Esos no son adjetivos, son sustantivos. El señor De la Rocha Rubí pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Usted cree que esa es forma? Yo siempre respetaré su persona y sus formas, pero no dejaré nunca de recordarle lo que
ustedes han hecho en el pasado (El señor Echániz Salgado: Ni nosotros; 5 millones de parados.), aquí, en esta Comisión, en la Comisión del Pacto de Toledo y en el Pleno, y nunca utilizaré ni adjetivos ni nombres que resulten ofensivos; nunca.
(Aplausos.-La señora Esteve Ortega: Gracias, ministro.)
El señor PRESIDENTE: Con esta intervención se levanta la sesión. Les recuerdo que ahora tenemos reunión de Mesa y portavoces.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.