CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 481

POLÍTICA TERRITORIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

Sesión núm. 10

celebrada el jueves, 4 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, ante la Comisión de Política Territorial, para informar sobre:


- Las actuaciones más relevantes del departamento y, en especial, de la evolución del Fondo estatal de inversión local y del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local. A petición propia. (Número de expediente 214/000135.) ...
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- El Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, aprobado por el Consejo de Ministros el día 23 de octubre de 2009. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000617.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- Las previsiones del Gobierno en orden a la elaboración y aprobación de la nueva ley reguladora del régimen local y su financiación. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000625.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, comienza la sesión de comparecencia del vicepresidente tercero del Gobierno, a petición propia, para informar a esta Comisión sobre las actuaciones más relevantes de su
departamento y, en especial, de la evolución del Fondo estatal de inversión local y del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local; así como, a petición del Grupo Popular, para informar sobre ese mismo aspecto y, además, sobre las
previsiones del Gobierno en orden a la elaboración y aprobación de la nueva ley reguladora del régimen local y su financiación. Comenzará la exposición el vicepresidente del Gobierno, y el turno de intervenciones se iniciará con la del Grupo
Popular por proponente, en definitiva, de la comparecencia de este segundo aspecto, siguiendo luego el turno normal.



Señor vicepresidente tercero del Gobierno, bienvenido a la Comisión de Política Territorial. Está desde este momento en el uso de la palabra.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Señor presidente, señorías, permítanme que, sin ningún tipo de preámbulos, pueda ir al grano de los asuntos que traen causa en esta
comparecencia; en concreto, informar sobre el desarrollo del Fondo estatal de inversión local y sobre el Fondo para el empleo y la sostenibilidad local, también sobre el estado de situación de las nuevas leyes reguladoras sobre el régimen local y
sobre la financiación local.



Como saben SS.SS., tanto el Fondo estatal de inversión local como el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local se enmarcan en una estrategia del Gobierno, con planes de actuación y con una hoja de ruta clara, que concentra sus
acciones en tres direcciones para alcanzar también tres objetivos concretos: combatir la crisis económica y sus efectos, renovar nuestro modelo de crecimiento económico y crear empleo, y garantizar nuestro modelo de protección social. Quisiera
recordar que el Gobierno, desde el primer momento y con las decisiones adoptadas, ha venido dando respuesta a los principales retos que la crisis económica ha ido provocando en nuestro país. Hemos dado respuesta con medidas para garantizar, para
sostener nuestro sistema financiero, para garantizar también los ahorros de los ciudadanos ante la situación de crisis profunda, de riesgo de colapso que vivió el sistema financiero internacional. Hemos dado respuesta con medidas para estimular la
demanda, poniendo en marcha planes industriales para apoyo a sectores decisivos de nuestra economía y sectores competitivos y exportadores de la economía española. Hemos realizado también un importante esfuerzo inversor para paliar los efectos de
la crisis económica y para impulsar la recuperación. En definitiva, señorías, en línea con lo acordado por la Unión Europea, por el G-20, se ha llevado a cabo un gran esfuerzo de estímulo directo a la actividad y a la creación de empleo. Y ahora,
cuando es el momento de preparar la recuperación económica, el Gobierno ha puesto en marcha la estrategia de economía sostenible que contempla varias actuaciones y reformas, entre las que destaca la propia ley de economía sostenible, un plan de
austeridad dirigido a alcanzar en el año 2013 el objetivo de déficit del 3 por ciento de nuestro producto interior bruto para el conjunto de las administraciones públicas, lo que va a suponer un ajuste del 5,7 por ciento del PIB en cuatro años,
empezando este año por una reducción adicional de 5.000 millones de euros, para lo cual también se requerirá la colaboración de las otras dos administraciones, ya que estas representan el 50 por ciento del gasto.
Así, el plan contempla una
propuesta de colaboración y de cooperación con los gobiernos de las comunidades autónomas y con las entidades locales que se les trasladará en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y Comisión Nacional de Administración Local. Esta
estrategia incluye impulsar, como ustedes saben, las reformas adecuadas en el marco del diálogo social y prevé también discutir en el marco del Pacto de Toledo las propuestas, entre ellas la propuesta del Gobierno, para garantizar el futuro de
nuestro sistema público de pensiones.



Por otro lado, señorías, el Gobierno concede también una especial relevancia a la negociación abierta con los partidos políticos para buscar un acuerdo sobre la reactivación económica y el empleo, y entre cuyas propuestas se contemplan
algunas dirigidas a atender a dos de los principales problemas que reclama nuestra economía como son: la promoción del empleo y conseguir que llegue el crédito de una manera normalizada a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas industrias y
también a los trabajadores autónomos. Digo todo esto, porque, además de enmarcar las actuaciones a las que a continuación me voy a referir, me permite resaltar tanto las líneas estratégicas de una política económica para ganar la recuperación, como
las señas de identidad de un proyecto político comprometido con la modernización, la cohesión territorial y la cohesión social de nuestro país.



Señorías, en mi anterior comparecencia tuve la oportunidad de exponerles algunas cifras, que hoy voy a actualizar, en relación con el destino de los 8.000 millones de euros del Fondo estatal de inversión local, dedicados, como ustedes saben,
a financiar actuaciones generadoras de empleo, a mejorar los equipamientos, las dotaciones, las infraestructuras de los pueblos y ciudades de España. Como les dije entonces, reitero mi satisfacción por los resultados obtenidos, y paso a comentarles
algunos datos y valoraciones que considero de interés. Hay datos ya conocidos, los casi 31.000 proyectos de inversión que han ocupado a 426.278 personas, 181.370 de nueva contratación -es decir, el 42,5 por ciento- y 244.908 ya integradas en las
empresas -es decir, un 57,5 por ciento-, siendo superadas las previsiones iniciales en un 53 por ciento. Es decir, las obras ejecutadas o que se están ejecutando han permitido crear o


conservar muchos puestos de trabajo cuando más empleo


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se destruía y ello como consecuencia del reajuste conocido en el sector de la construcción, al igual que también han permitido las obras del fondo incrementar la actividad empresarial y económica a más de 14.700 empresas y trabajadores
autónomos. Evidentemente, al ser la población el criterio de reparto de los fondos, el porcentaje del número de habitantes coincide con el porcentaje del importe asignado a los ayuntamientos; es decir, el 84 por ciento de nuestros municipios,
6.847 de menos de 5.000 habitantes, han recibido el 13,33 por ciento del fondo; 1.229 municipios de entre 5.000 a 20.000 habitantes, que representan el 34,86 por ciento del total de la población, han recibido el mismo porcentaje; y así
sucesivamente, 130 municipios de 50.000 a 500.000 habitantes han recibido el 35,25 y 6 municipios de más de 500.000 habitantes han recibido el 14,46 por ciento.
A día de hoy, se han transferido ya un total de 6.157 millones de euros a los
ayuntamientos, es decir, un 76,9 por ciento de los 8.000 millones que constituyen el fondo; el 61 por ciento de los proyectos ya han sido liquidados totalmente a los ayuntamientos y hay un total de 3.462 solicitudes de prórroga, de las que se han
aceptado solamente 3.386.
Recordemos que el número de proyectos aprobado giraba en torno a los 30.000. Los motivos más habituales para la solicitud de la prórroga son: modificaciones de la obra, influencia también de la meteorología, falta de
suministros o circunstancias técnicas que han sobrevenido a lo largo de la ejecución de la obra.



En una comparativa entre proyectos, tratando de examinar diferentes tendencias en cuanto a la elección del volumen de los mismos, cabe concluir que la elección viene determinada, no solamente por la decisión de los gestores municipales, sino
también por la tipología urbana, es decir, criterios como la atomización de los ayuntamientos y la menor o mayor población de los mismos. Por ejemplo, en municipios de comunidades autónomas como Madrid, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia y el País Vasco han optado mayoritariamente, como tendencia mayoritaria y generalizada, por realizar un número reducido de proyectos con presupuesto más elevado. Por el contrario, en municipios de comunidades como Castilla y León,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria, Galicia, Navarra y Andalucía se han manifestado por un mayor número de proyectos con un presupuesto más reducido. Comunidades que se encuentran en un punto de equilibrio, entre el número de
proyectos y los recursos presupuestarios asignados son, por ejemplo, Asturias, La Rioja y las Islas Baleares. Recapitulando un poco, y como les decía, el Fondo estatal de inversión local ha sido, desde mi punto de vista, una de las medidas
extraordinariamente eficaz de estímulo a la inversión y de contención del desempleo, como respuesta en una primera fase de la crisis. Ahora, en una fase diferente, el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local no solo viene a satisfacer
también requerimientos y necesidades de nuestros pueblos y ciudades, sino que también se constituye como un instrumento esencial centrado en apoyar la recuperación y la renovación de nuestro modelo productivo. Un fondo con 5.000 millones de euros
destinados a proyectos de inversión, buscando que nuestros pueblos y ciudades se constituyan también como lanzaderas territoriales de la economía competitiva que se persigue, que sean más avanzados tecnológicamente y también más sostenibles en lo
económico, en lo social y en lo medioambiental. Finalizado el plazo de presentación de proyectos, 8.105 ayuntamientos han presentado 30.589 solicitudes, es decir, cifras muy similares al anterior fondo. De estas 30.589 solicitudes, 25.375, es
decir, el 83 por ciento del total, son proyectos nítidos de inversión y 5.214 son proyectos de gastos de naturaleza corriente, es decir, el 17 por ciento del total. El montante económico que representan estas solicitudes es de 4.987 millones de
euros, los proyectos de inversión acaparan 4.249,8 millones, es decir, el 85,2 por ciento, y el gasto social asciende a 737,3 millones de euros, es decir, el 14,8 por ciento.



Las cifras más relevantes, de los 25.375 proyectos de inversión, clasificadas por ejes, son: primero, los dedicados a sostenibilidad económica, el número de solicitudes es de 12.886, es decir, el 50,8 por ciento, con un presupuesto de 1.552
millones de euros, el 36,5 por ciento del total; los proyectos dedicados a sostenibilidad medioambiental, el número de solicitudes es de 5.193, el 20,5 por ciento del proyecto, con un presupuesto de 1.129 millones, el 26,5 por ciento, y los
dedicados a sostenibilidad social, el número de solicitudes es de 7.296, el 28,7 por ciento, con un presupuesto de 1.568, es decir, el 36,9 por ciento.
Destacan las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética, la eficiencia también en
la gestión de los recursos hídricos, en capital humano, en promoción de actividades innovadoras y en tecnología de la información y la Administración electrónica. Por ejemplo, hay listados de proyectos interesantes: vivero inteligente en Zaragoza,
proyectos en Barcelona transformando un edificio industrial en un vivero de nuevas empresas de sectores creativos y, sobre todo, bastantes proyectos para la instalación de redes de telecomunicaciones de banda ancha multiservicio, redes locales de
fibra óptica relacionadas con ofrecer mejores comunicaciones y también servicios relacionados con la Administración local, puedo citar, por ejemplo, ciudades como Córdoba o Igualada, y podría seguir con muchos más ejemplos. A modo de corolario,
señorías, quiero recordar una vez más, por su importancia, el gran esfuerzo que representa la inversión extraordinaria de los 13.000 millones de euros en dos años, que significa el mayor esfuerzo inversor conocido en nuestra democracia en el ámbito
local, en el ámbito de los pueblos y ciudades.
Los fondos de inversión representan una apuesta clara y un compromiso con y de los ayuntamientos, al mismo tiempo. Un compromiso en sumar esfuerzos en la consecución de lo que hoy son los grandes
objetivos del país y de todos los ciudadanos: la recuperación económica, el empleo y el bienestar social. En


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definitiva, se podría decir que los ayuntamientos han respondido con claridad y con responsabilidad a ese compromiso y a ese objetivo; los ayuntamientos de todo tipo gobernados por diferentes partidos políticos.



Paso a referirme ahora a otro tema que también es objeto de esta comparecencia, es decir, el compromiso del Gobierno en convenir un nuevo marco normativo local que esté más adaptado a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas.
El objetivo no es otro que el de contribuir a conseguir ayuntamientos más modernos, mejor preparados, más adaptados a las nuevas circunstancias, más eficaces, también más democráticos, más transparentes y dotados, por supuesto, de una financiación
que garantice la suficiencia para el desarrollo de las competencias que tienen atribuidas. Esta reforma evidentemente ha de asentarse también, desde mi punto de vista, en un amplio consenso que debe de salir del diálogo, de la negociación, en
primer lugar -no lo digo por orden de importancia-, con los ayuntamientos, en particular con la Federación Española de Municipios y Provincias y, por supuesto, también, en segundo lugar, con todas las fuerzas parlamentarias al objeto de dotar de una
estabilidad en el tiempo a la nueva regulación básica del régimen local. Como saben SS.SS., hemos iniciado ya una ronda de contactos, no solamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, sino también con los partidos políticos
representados en este Congreso, para presentarles y consensuar el proyecto de esta norma, previa a su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Si leemos las declaraciones de todos los portavoces, de los dirigentes políticos y, por supuesto,
también de muchos alcaldes de todos los partidos políticos, creo que todos compartimos la urgencia de dar una respuesta tanto a las demandas del municipalismo como a la necesaria adaptación de la normativa al nuevo marco que se deriva de los nuevos
estatutos de autonomía, que son de nueva generación o de segundo ciclo, como los queramos denominar.



Se trata, en definitiva, de asegurar el desarrollo efectivo del buen funcionamiento de nuestras instituciones locales, así como la igualdad entre las administraciones en cumplimiento, precisamente, de las prescripciones constitucionales y,
por supuesto, pensando también en el beneficio de los ciudadanos. Un esfuerzo en el que esta el Gobierno y espero que estemos todos, pues como les decía anteriormente el texto de esta nueva regulación básica de nuestros gobiernos locales debe ser
el resultado del máximo consenso. En ese sentido, y aunque algunas de SS.SS.
son conocedoras por los contactos que se están manteniendo, me van a permitir que les exponga algunos de los principales objetivos y aspectos de la nueva regulación en la
que estamos trabajando. Empezaré por los objetivos de una manera muy sucinta. El primer objetivo que persigue la ley es más gobierno local y una mejor definición de las competencias locales. El segundo objetivo que pretende es una mayor
transparencia en la gestión. El tercer objetivo es que haya más participación. El cuarto es reorientar y redefinir el papel de los entes locales intermedios o intermunicipales.



Para la consecución de estos objetivos descritos en la nueva regulación también se recogen un conjunto de líneas y actuaciones que podríamos encuadrar en tres grandes ejes: El primero es el referido al reforzamiento de la autonomía local,
desde el reconocimiento de la capacidad política para ordenar y gestionar los asuntos públicos que afectan a la comunidad local en el marco, por supuesto, de la Constitución y en consonancia con la Carta europea de la autonomía local.
¿Qué es lo
que pretendemos? Proceder a una delimitación más adecuada del marco competencial de los entes locales, al considerar que el actual marco es insuficiente al no ofrecer una lista determinada y formal de las competencias que le corresponden a los
entes locales. Como ustedes saben, el artículo 137 de la Constitución reserva a los municipios el ejercicio de competencias propias. Estimamos que la identificación de las mismas debe realizarse a partir de tres planos: una cláusula general de
competencias, una relación de las competencias propias y la determinación de los servicios municipales. En este sentido, el carácter básico de la ley conlleva que ha de recoger todo aquello que constituye el común denominador de los ayuntamientos,
aquello que los identifica como tales, respetando el ámbito legislativo autonómico y también la autonomía local.
Por lo tanto, no solo estamos ante una delimitación del ámbito competencial local, derivado de la autonomía local constitucionalmente
garantizada, estamos también ante una articulación de los tres niveles de gobierno territorial: estatal, autonómico y local. También se recoge la necesidad de establecer una adecuada regulación de la intermunicipalidad, que debe actuar como
garantía de autonomía y de capacidad de gestión para los ayuntamientos. Con respecto a la potestad normativa local, pretendemos dar respuesta a las insuficiencias actuales, regulando el procedimiento de elaboración de las normas locales, fijando
unos tipos básicos -estatuto municipal y provincial, ordenanzas, decretos de alcaldía y del consejo de Gobierno- estableciendo reglas generales sobre su publicación y entrada en vigor. Otro aspecto relevante que afecta a la autonomía y al ámbito
competencial local es la regulación de la cooperación interadministrativa desde el respeto a la autonomía política y procurando evitar tutelas de otras administraciones. Así, por ejemplo, la Comisión Nacional de Administración Local ampliaría su
ámbito a todos los asuntos que afecten a los gobiernos locales. La Conferencia sectorial de asuntos locales pasaría a denominarse Conferencia general de política local.



El segundo eje engloba todas aquellas cuestiones dirigidas a mejorar la calidad democrática de las administraciones locales, incorporando el principio de más transparencia, más participación y más buen Gobierno. A partir de la necesaria
transversalidad del principio de transparencia y de la idea central de que la información es el presupuesto necesario para la participación ciuda


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dana en los asuntos locales, se regula el acceso a la información para ciudadanos y representantes locales, generalizándose el uso de las tecnologías de la información, aprovechando también así la modernización administrativa para hacer
efectivo el derecho a la información de los ciudadanos, de tal forma que, por ejemplo, será obligatoria la inserción en la página web de todos los actos, de todos los acuerdos municipales, de las adjudicaciones y también la efectividad de un
conjunto de derechos ciudadanos. En este sentido, se elabora un nuevo estatuto del vecino, en el que se contempla una nueva regulación de las altas y bajas de oficio del padrón municipal, al objeto de evitar los empadronamientos masivos en un
domicilio. Se garantizan aspectos básicos como la audiencia, el acceso a la información sobre decisiones e iniciativas municipales; la necesidad de suministrar información sobre alternativas en procesos de planeamientos urbanos y ambientales. Se
generalizan las cartas de derechos y deberes de los ciudadanos con efectos vinculantes para el municipio.



Por último, el tercer eje trataría de la mejora del sistema del Gobierno local. Se trata de ganar en eficacia, tanto interna como externa, reforzando los instrumentos de control democrático. Elementos sustantivos, por ejemplo, son:
reforzar el papel de los alcaldes y dotarlos de mayores funciones normativas; potenciar el papel de la Junta de Gobierno como órgano colegiado ejecutivo, siendo el pleno el centro de la actividad política municipal, un espacio para el debate y para
el control político, por ejemplo, fijando un pleno al mes en lugar de uno cada tres meses; clarificar el conjunto de los derechos y deberes de todos los representantes locales, con una delimitación clara y precisa del alcance y del ejercicio de
estos derechos; extensión de los códigos éticos y de buen gobierno a todos los gobiernos locales de una manera homogénea; fortalecer los controles de las minorías sobre la acción del equipo de Gobierno, con una regulación mucho más clara, mucho
más exhaustiva en su control y en el de los órganos directivos, regulando el alcance del acceso a la información o a la creación de comisiones de investigación; y también dar solución a algunos problemas como el transfuguismo. Con respecto a este
asunto de combatir al transfuguismo y con el objetivo también de coadyuvar a la consecución de los principios de transparencia y democracias locales, se prevé la creación de una base de datos que recoja exhaustivamente los datos más relevantes en
torno a este fenómeno, permitiendo el acceso de los partidos políticos a la mencionada base. Se pretende incluir una definición de la figura del tránsfuga, de manera que se facilite una más adecuada persecución y evitación del fenómeno, y se
procederá también a evitar cualquier ventaja económica derivada del transfuguismo o que pueda también representar un fomento del mismo. Señorías, tal como el Gobierno se comprometió, la ley buscará el máximo consenso en torno a una nueva
formulación legal que, en el marco constitucional, impida que una formación política ilegalizada pueda gobernar un ayuntamiento. Estas son, señorías, las principales líneas e ideas de una nueva regulación del nivel local de gobierno y
Administración local, que podríamos definir como el nuevo estatuto de autonomía de los municipios españoles y que debería ser el objeto, como he señalado antes, del máximo acuerdo y consenso por su gran trascendencia.



En cuanto a la financiación de los ayuntamientos y la suficiencia financiera de los mismos, permítanme SS.SS. que no lo reduzca exclusivamente a tener o no tener una nueva ley de financiación de las haciendas locales, que también. El
Gobierno es consciente -lo he señalado siempre- de los déficits estructurales y de las dificultades de financiación que atraviesan nuestros ayuntamientos y, por ello, venimos abordando con especial sensibilidad los problemas a los que se han
enfrentado y a los que se enfrentan los ayuntamientos. Desde el año 2005, venimos trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias para avanzar en la suficiencia financiera de las entidades locales. En el seno de las comisiones
creadas en el órgano bilateral con la Federación Española de Municipios y Provincias se han puesto de manifiesto ya los temas que había que considerar y alguna de sus posibles soluciones. Pero evidentemente, al margen de las cuestiones técnicas y
del importante esfuerzo que venimos haciendo hacia los municipios, también estamos comprometidos en dar una respuesta estructural a la suficiencia financiera en nuestros ayuntamientos. El objetivo del Gobierno es tener un marco de referencia para
todos los ayuntamientos que salgan elegidos en las elecciones de mayo de 2011. Este marco de referencia tiene que venir dado por las leyes, por la Ley de Gobiernos Locales y también por la Ley de Haciendas Locales, con un sistema de financiación
local resuelto de una manera indefinida y estable. Espero que esta voluntad también lo sea de todas las fuerzas políticas a la hora de facilitar el consenso que lo haga viable para que los ayuntamientos en el año 2011 puedan contar, por tanto, con
ese marco y por supuesto con un nuevo sistema local suficiente.



Señorías, los tiempos son importantes, pero la coyuntura o la especulación política no debe arrastrarnos a eludir la complejidad del trabajo y la razonabilidad en los tiempos. No podemos hacer tampoco abstracción de la situación económica,
como no se puede obviar que la financiación local está también vinculada en algunos aspectos a otras administraciones -creo que lo compartimos todos- y que la mejora de la capacidad financiera está también estrechamente relacionada con la adecuada
definición de su ámbito de actuación.



Para terminar me van a permitir que comente muy brevemente otras cuestiones de interés de interés, relativas a la agenda política de mi departamento en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Como tuve
oportunidad de explicar en la Comisión Mixta para la Unión Europea, al presentar los objetivos del ministerio que dirijo durante la Presidencia española, de la experiencia obtenida en la aplicación y


el desarrollo de la estrategia de Lisboa se desprende que


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los desafíos a los que nos enfrentamos necesitan de una gobernanza multinivel -es la palabra que se utiliza, no de lo digo de manera peyorativa, en la jerga comunitaria- eficaz y transparente, para que los objetivos que se persiguen y sus
resultados sean plenamente efectivos. Es decir, para afrontar esos desafíos comunes de la Unión es esencial -se ha puesto de manifiesto en el propio Tratado de Lisboa- una mayor coordinación de las políticas nacionales, como lo es también abrir
canales para que los niveles locales, regionales y de la Unión Europea puedan participar en su conjunto en el diseño, elaboración y seguimiento de las políticas comunitarias. El nuevo Tratado de Lisboa, como ya he señalado, reconoce la dimensión
territorial de la Unión Europea, refuerza los principios de subsidiariedad y de cooperación institucional, a través de la gobernanza multinivel. Por ello, la Presidencia española ha colocado la dimensión territorial de la Unión como una cuestión de
primer orden, algo que, por otra parte, viene avalado por la propia experiencia española como país, donde la cooperación entre administraciones territoriales ha resultado siempre un instrumento importante para un funcionamiento eficaz de los
servicios públicos. La estrategia Unión Europea 20/20 reconoce el papel que pueden y deben jugar los entes locales y regionales, basándose en una mayor implicación y compromiso a la hora de alcanzar el objetivo de cohesión territorial consagrado,
como ya se he señalado, en el Tratado de Lisboa. A modo de repaso podría decir que ya se han celebrado algunas reuniones importantes: el pasado 18 de enero en Palma de Mallorca, el Comité de las Regiones presentó el Libro Blanco sobre la
gobernanza multinivel; en Bruselas, tuve el honor de exponer las grandes líneas del trabajo de la Presidencia española ante el Comité de las Regiones; en Barcelona, los pasados días 22, 23 y 24 se reunieron más de 400 ó 500 alcaldes de ciudades
europeas en la cumbre europea de gobiernos locales para tratar la gobernanza multinivel; y los próximos días 16 y 17 de este mes celebraremos la reunión de ministros de Política Territorial en Málaga, a la que están invitados representantes de la
Federación Española de Municipios y Provincias y una representación de las comunidades autónomas españolas, en la cual los ministros trataremos de intercambiar opiniones y experiencias en los temas que acabo de relacionar.



Señorías, concluyo con algunas afirmaciones que, al mismo tiempo, llevan peticiones inherentes. En primer lugar, quiero volver a manifestar el firme compromiso del Gobierno con las entidades locales de nuestro país, un compromiso que se
sustancia en dar respuestas y ayudar a resolver los problemas coyunturales y estructurales del mundo local. Respuestas que se están dando y que vamos a seguir dando, pero no debemos olvidar que hay soluciones cuya eficacia es cosa de todos.



Sus señorías saben que hay asuntos trascendentales que requieren el máximo apoyo y consenso; asuntos en los que venimos trabajando para que nuestros ayuntamientos puedan afrontar el presente y el futuro en mejores condiciones y para mejorar
también la calidad de nuestra democracia.
Todos sabemos que para salvar las dificultades de hoy y sentar las bases del mañana se necesita del esfuerzo y de la colaboración de todos, sin excepción. Hoy más que nunca la unidad de todas las fuerzas
políticas e institucionales y el sentido de responsabilidad en torno a sumar esfuerzos para superar la crisis van a permitir, desde mi punto de vista, transmitir la necesaria confianza a la sociedad española para construir un país mejor, un país más
fuerte y un país más justo.



Señorías, quedo a su disposición para aquello que requieran o estimen oportuno.



El señor PRESIDENTE: Inicia el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios en su condición de peticionario de la comparecencia, el Grupo Popular. Señor Merino, está usted en el uso de la palabra.



El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, quiero que mis primeras palabras vayan dirigidas hacia usted, en su debut como presidente de esta Comisión, para desearle los mejores éxitos en su gestión porque eso irá en beneficio de la Comisión y
cómo no, dar la bienvenida al vicepresidente, señor Chaves, y desearle los mejores éxitos.



Como ha dicho el vicepresidente, vamos a ir directos al grano porque a los andaluces nos gustar ser directos y no marear mucho la perdiz. Señor vicepresidente, como sabe, una de las medidas que propone el Partido Popular para empezar a
salir de esta crisis y solucionarla es la supresión de la vicepresidencia y del ministerio que usted ostenta.
Realmente, 4.600.000 parados no pueden entender cómo una vicepresidencia de Gobierno y un ministerio están para tramitar 30.000 proyectos
presentados por los ayuntamientos y para traer un anteproyecto de ley de gobierno local que no sabemos -luego hablaremos de ello- dónde y cómo va a ir, y no tiene justificación. Señor vicepresidente, usted ha llegado hoy aquí afirmando que el
Gobierno ha dado respuesta a la crisis. Yo le pregunto: ¿Qué respuestas ha dado este Gobierno a que en el último año hayamos tenido 1.300.000 parados más, a que tengamos 4.600.000 parados en nuestro país, a que tengamos 1.200.000 familias que
tienen a todos sus componentes en el paro, a que tengamos a más de un millón de jóvenes que no encuentran un puesto de trabajo? ¿Qué respuestas han dado a la sociedad española y a esta crisis que ustedes han generado?


Entro en el fondo del asunto. Les dijimos que no estábamos de acuerdo con el Fondo local y que no iba a crear empleo, S.S. hoy no ha demostrado que este fondo no ha creado empleo; no solo usted sino que también los datos de paro del año
2009 nos demuestran que no han creado empleo con este fondo. Señor Chaves, el resultado de primer fondo local es este gráfico.
(Muestra un gráfico a la Comisión.) Aquí se resume el éxito o el fracaso, porque, como dijo el señor Zapatero el termó


metro es el paro o el empleo, y este es el termómetro de


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su primer fondo local, 1.300.000 parados más. No puede venir aquí y decir que ha sido un éxito y que están satisfechos, porque de esos entre 400.000 y 500.000 empleos que la actual vicepresidenta económica -y Dios nos pille confesados a
todos- dijo en esta Comisión que iba a crear, resulta que ahora, según usted, nuevos solo son 171.000, los otros ya estaban. Señor Chaves, ¿de esos 171.000 empleos cuántos han estado trabajando durante todo el año, o es que han sido contratos de
dos días, de cuatro días, de una semana, de un mes, de tres o seis meses. Con estas cifras ustedes creen que engañan a los ciudadanos, pero no engañan a esos 4.600.000 parados que están todos los días en las oficinas de empleo buscando un puesto de
trabajo y que, cuando les oyen a ustedes decir que han creado 400.000 empleos o 171.000 con el primer fondo local, se miran unos a otros preguntándose qué realidad está viviendo este Gobierno que no es la que vive este país.



Señor vicepresidente, estos dos fondos no han servido para ayudar a los ayuntamientos. ¡No, no! El objetivo de estos fondos era, según ustedes, crear empleo pero ni resuelven, ni afrontan, ni tratan, ni dan solución a los problemas reales y
de fondo de los ayuntamientos, de los cuales luego voy a hablarles. ¿Cómo es posible que un esfuerzo inversor de 13.000 millones de euros -más de 2 billones de las antiguas pesetas, sumando el primer y el segundo fondo local-, a base de deuda
pública de todos los españoles, nos dé como resultado 1.300.000 parados en el año 2009 y que en febrero haya 82.000 personas más en el paro, señor Chaves? ¿Eso es dar soluciones a los problemas? ¿Eso es salir de esta crisis? ¿Para eso un esfuerzo
de 13.000 millones de euros? Se lo dijimos en el primer fondo local, en el segundo fondo local y lo reiteramos: si hubieran dedicado este dinero a que los ayuntamientos hubieran pagado a proveedores, a pymes y a autónomos se hubiera destruido
mucho menos empleo, si esas pymes -que son las que crean empleo- hubieran cobrado las facturas pendientes de los ayuntamientos y de las administraciones, hubieran creado empleo. Pero no hicieron caso al Partido Popular, y ahí está su éxito -que es
el fracaso de toda la sociedad-: tenemos 1.300.000 parados más en el año 2009.



Este segundo Fondo local, señor Chaves, tampoco va a crear empleo. Aunque vendan las cifras que quieran, no va a crear empleo. El primero en teoría era más ágil y con él se han hecho muchas pequeñas obras muy comentadas por el conjunto de
los ciudadanos, eso es verdad, pero también muy criticadas por las pequeñas y medianas empresas porque muchas de ellas han tenido que cerrar negocios por las obras que se han realizado en muchas calles de España lo cual les ha perjudicado
enormemente y les ha costado la pérdida de puestos de trabajo. Esa situación es la que ustedes han generado, señor Chaves. No se puede venir aquí satisfecho de ese trabajo, con 1.300.000 parados más en el año 2009 después de gastarse 8.000
millones para crear empleo. Lo único que han conseguido es que se destruya empleo. ¿Cuántos empleos femeninos ha creado el primer fondo local? Dígamelo en jornadas, no me diga que ha creado 20.000, 30.000 ó 2.000. Dígame cuántas mujeres han
trabajado con el primer fondo local, por año completo o por jornadas, me da igual, y luego lo dividiremos nosotros por año completo. Dijimos también que este era el fondo más antifemenino de toda la historia de la democracia.



Han seguido cometiendo errores en el segundo fondo local: no permiten la cofinanciación -no sabemos el porqué- de otras administraciones en proyecto, porque si lo que queremos es crear empleo y ayudar a los ayuntamientos, ¿por qué no les
facilitamos las cosas a los ayuntamientos? Y me ha hecho mucha gracia una cuestión en la que usted ha incidido mucho en una parte de su intervención: en la autonomía local. ¿Por qué en el primer y en el segundo fondo local no han respetado la
autonomía local y les han dicho a los ayuntamientos en qué obras tienen que gastarlo? ¿Por qué no ha respetado la autonomía local con todo lo que ha insistido en ella en su intervención? ¿Por qué no les ha dicho a los ayuntamientos que ahí tienen
su dinero y que lo empleen como crean conveniente? Eso es respetar la autonomía local, lo otro es dirigir a los ayuntamientos hacia donde uno quiere. No han ayudado a los ayuntamientos sino que han pretendido crear empleo a través de ellos y les
han obligado a hacer las obras, aparte de llenar España de carteles. Le recomiendo que si va por las fallas vea que hasta en los ninots hay carteles del plan expuestos.
Fíjese hasta dónde ha calado en la sociedad el despilfarro socialista, que ha
obligado al conjunto de los españoles a gastarse más de 60 millones de euros para llenar España de carteles, y sin resolver nada en materia de empleo. Le hemos dicho que este segundo fondo local también va a traer problemas de competencia con las
comunidades autónomas, porque hay proyectos -cuando tengamos la relación completa los veremos- que pueden invadir competencias de las comunidades autónomas.



Señor vicepresidente, ustedes no tienen una política económica, van parcheando o intentando salir del paso como pueden; engañaron a los españoles diciendo que no había crisis económica; se han tirado dos años echándole la culpa a todo el
mundo de la crisis económica, era una cuestión planetaria, pero al final, ¿sabe lo que ha sido? Un problema de una mala política económica del Gobierno de España, que ha arruinado a millones de españoles y que está llevando a España a la ruina.
Esas son las definiciones. Señor Chaves, los ayuntamientos están en la ruina y después hablaré de financiación local. Ustedes siguen empeñados en hacer las cosas mal y no escuchar. Van a cometer otra barbaridad el próxima día 1 de julio subiendo
el IVA, y me refiero ahora en concreto a los ayuntamientos. Ustedes van a provocar más gasto y más costes a los ayuntamientos. En vez de resolver sus problemas, ustedes, erre que erre, los maltratan. Señor Chaves -y no se lo achaco a usted porque
no ha sido su responsabilidad-, durante los años de Gobierno socialista, año tras año, en los Presupuestos Generales del Estado ha ido decreciendo el dinero para los ayun


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tamientos. Señor Chaves, los ayuntamientos hoy están con los ingresos hundidos, con menos dinero de los Presupuestos Generales del Estado, sin actividad económica en sus ciudades, con más gasto social porque la crisis que ustedes han
provocado de 4.600.000 parados está haciendo que los ciudadanos vayan a los ayuntamientos para pedirles a los alcaldes dinero para pagar el alquiler y los recibos de teléfono y de la luz. Eso es lo que está pasando y ustedes, como viven en una
realidad ajena a la de este país, no quieren oírlo. Esa es la realidad. Los ayuntamientos están haciendo expedientes de regulación de empleo, se les está cortando suministros de luz y teléfono, básicos para el conjunto de los ciudadanos. Esa es
su realidad pero ustedes siguen maltratándolos.



Señor Chaves, el presidente del Gobierno mintió en el debate de investidura. Dijo que habría financiación autonómica junto con financiación local. Pero no solo el señor presidente del Gobierno sino que ustedes, el Partido Socialista, en
sus programas electorales, que deben ser contratos con los ciudadanos -y usted es el presidente del Partido Socialista- decían cosas como estas. Programa electoral del año 2004, página 62: La financiación local y la financiación autonómica deben
abordarse de forma conjunta. Programa electoral del año 2007, página 7: Asimismo los municipios estarán representados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Programa electoral de 2007 del Partido Socialista, página 11: Nos comprometemos
a impulsar la reforma de la financiación local a la vez y en coherencia con la reforma de la financiación autonómica. Programa electoral del año 2008 del Partido Socialista, página 271 -usted es presidente de ese partido-: Nos comprometemos a
impulsar la reforma de la financiación local a la vez y en coherencia con la reforma de la financiación autonómica. ¿Dónde está ese cumplimiento electoral, señor Chaves, desde el año 2004 -y he leído varios programas electorales y usted es el
presidente del Partido Socialista-? ¿Por qué no han hecho, como pidió el Partido Popular, la nueva financiación local a la vez que la financiación autonómica? Ustedes siguen maltratando a los ayuntamientos y se olvidan de ellos, por mucho que
digan o dejen de decir en sus programas electorales.



¿Sabe usted cuál es el problema que ha generado? Que, al no haber llevado la financiación local junto con la financiación autonómica, como le decía el Partido Popular, ahora hay temas que van a ser muy difíciles de resolver. Le voy a poner
un ejemplo muy concreto, las competencias impropias, ese 30 por ciento de competencias impropias que asumen los ayuntamientos, que son competencia de las comunidades autónomas y que los ayuntamientos están teniendo que asumir sin recibir el dinero.
Aquí hay muchos municipalistas y saben la verdad de lo que estamos hablando. Era necesario resolver ese tema con una financiación local a la vez que la financiación autonómica. Sin embargo, han abandonado esa propuesta, hicieron una financiación
autonómica y se han dejado atrás una financiación local. Señor vicepresidente, no se puede comparecer en esta Comisión y dedicar a la nueva financiación local dos minutos y treinta y ocho segundos para decir que tenemos que hacer una financiación
local nueva, queremos contar con todos y que todo el mundo arrime el hombro. Le ha dedicado usted a la agenda de la Presidencia europea referida al municipalismo el doble que a la financiación local. Eso no es de recibo para los 8.000
ayuntamientos de España. ¿Usted cree de verdad que los 8.000 ayuntamientos de España están preocupados por si, como consecuencia de la Presidencia de la Unión Europea, hay una reunión en Palma de Mallorca o en Málaga? ¿Usted cree de verdad que los
ayuntamientos están preocupados por escucharle eso hoy? Lo que querían escuchar hoy los ayuntamientos era qué propuestas traía usted para sacarles de la crisis económica que padecen, y le ha dedicado dos minutos y treinta y ocho segundos.



Ha entrado brevemente en la nueva ley de gobierno local, que está bien, pero va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, alcanzar un acuerdo con el Partido Popular si no hay ley de gobierno local que vaya acompañada de financiación
local. ¿Cómo se puede explicar a un alcalde que vamos a legislar sobre los derechos y obligaciones de los concejales y no vamos a adoptar las actuaciones legislativas necesarias para una nueva financiación local y para resolver el problema de los
ayuntamientos? ¿Cómo decimos a los alcaldes que les vamos a solucionar desde el Parlamento de España el problema de deuda y de financiación que tienen? Eso es hablar del presente y del futuro de los ayuntamientos, no que en la página web de un
ayuntamiento se cuelguen los acuerdos. Eso está fenomenal, pero ¿qué resuelve eso a un proveedor de un ayuntamiento que a lo mejor lleva tres o cuatro años esperando para cobrar una factura? ¿Qué solución dan a los ayuntamientos?


Usted sabe que hemos tenido conversaciones con ustedes y conocen nuestro planteamiento ante la nueva ley de gobierno local. Es necesaria una nueva financiación local; es necesario garantizar que este modelo de régimen local sea básico,
común y homogéneo para los 8.112 ayuntamientos de España; es necesario definir el marco competencial claro de los ayuntamientos; es necesario resolver el problema de las competencias impropias, ese 30 por ciento que llevan a cabo los
ayuntamientos; es necesario fortalecer y modernizar el papel de las diputaciones provinciales, de los cabildos y de los consejos insulares; es necesario crear las bases para una segunda descentralización; es necesario reconocer los derechos de
los entes locales para participar en los órganos de decisión y de negociación de los modelos de financiación; es necesario mantener una regulación especial para los grandes municipios; es necesario introducir un título dedicado al personal de las
entidades locales; es necesario establecer soluciones claras contra la corrupción y garantizar el pacto antitransfuguismo y es necesario mantener en el título de la ley la denominación de ley básica. Estas son las propuestas del Partido Popular en
cuanto al tema de gobierno local y financia


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ción. Le reitero que sin financiación local va a ser prácticamente imposible un acuerdo, porque ningún alcalde, ningún concejal de cualquier pueblo de España va a entender que aquí estemos hablando de ley de gobierno local y no solucionemos
el problema financiero que tienen los ayuntamientos.



A usted le consta que el Partido Popular está abierto al diálogo, y en este momento le hemos planteado una serie de propuestas de contenido.
Estamos dispuestos a hablar de financiación local todo lo que sea necesario y a estar con el
Gobierno para buscar las soluciones a la financiación local, pero no cabe justificación a que para lo único que sirva una vicepresidencia del Gobierno en una legislatura sea para tramitar 30.000 proyectos por vía telemática y para presentar un
proyecto de ley de gobierno local que no lleve aparejada la solución financiera de los ayuntamientos de España.



El señor PRESIDENTE: Gracias por sus buenas intenciones y por sus buenos deseos. Espero estar a la altura de ellos.



Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Quisiera, en primer lugar, agradecerle su comparecencia y sus explicaciones y adelantarle mis disculpas, puesto que a las 12:00 comparece la vicepresidenta, tengo solicitada una comparecencia y tendré que
acudir. Si no puedo volver, leeré los debates en el 'Diario de Sesiones'.



Decir que padecemos la peor crisis de nuestra historia reciente es decir una obviedad, pero me da la sensación de que no somos del todo conscientes de la situación histórica por la que pasa en estos momentos nuestro país. Yo creo que
vivíamos no sé si de manera un poco inconsciente, pero sí muy felices, hasta 2007 y los años precedentes y en 2008 padecimos un infarto agudo, un infarto sistémico del que no sé hasta qué punto hemos aprendido las lecciones que deberíamos. Es
verdad que, a mi parecer, el Gobierno reaccionó de una manera rápida, y yo creo que acompañada por el resto de grupos, para soportar ese infarto e incorporar una serie de medidas, como si fuera un electroshock en nuestro sistema, que tienen que ver
con el sostenimiento del sistema financiero. Para paliar los efectos de ese shock financiero es este primer fondo de ayuda local. Yo no sería muy coherente si criticase el fondo después de que todos los ayuntamientos que pertenecen a Unión del
Pueblo Navarro han concurrido y se han aprovechado de él. No sería muy coherente si dijera ahora que no ha tenido una utilidad después de haber participado de este proceso, que creo era necesario. Yo no coincido en la valoración tan positiva sobre
los puestos de trabajo que ha podido generar, pero es verdad que en un momento excepcional ha resultado un tratamiento positivo, no ha sido una medida inútil.



Es verdad que ahora nos enfrentamos a un segundo fondo que parece ser una continuación del primero en la medida en que supone también un choque ante una situación absolutamente excepcional y crítica. Nos dice que con este segundo fondo se
va a financiar un 83 por ciento de inversión y un 17 por ciento de gasto corriente. Lo cierto es que este reparto es así porque el Gobierno lo ha decidido, pero es verdad que la Federación de Municipios trasladó al Gobierno -y todos pudimos
conocerlo- su intención, su interés, su deseo de que el destino de este nuevo fondo estuviera repartido de forma distinta. Incluso tomaron la decisión, y la trasladaron, de que al menos un 60 por ciento de este nuevo fondo fuera para sufragar gasto
corriente. Eso nos pone ante la verdadera situación por la que están pasando nuestros ayuntamientos, por una crisis sistémica de financiación de muy difícil solución. Ese shock financiero de 2008 nos enseñó que todo el sistema, pero también la
estructura local en España estaba, y sigue, sobredimensionado. Nos enseñó también, y ahora conocemos, que el nuevo modelo de economía sostenible o productivo seguramente no va a generar los mismos ingresos que de forma extraordinaria, pero
continuada, tuvo el sistema local -que le ha permitido costear una serie de gastos y servicios, competencias impropias que no le corresponden-, y creo, señor vicepresidente que, más allá de lo que algunas de las medidas que se anuncian, carecemos,
no estamos haciendo una pedagogía suficientemente intensa en la que todos deberíamos participar para explicarle a la ciudadanía la crisis sistémica, crítica y agónica por la que pasa también nuestro sistema local. Tengo que pedir un esfuerzo al
Gobierno, pero también generosidad al resto de partidos para que este tema forme parte de algún tipo de agenda que genere, en definitiva, un gran acuerdo tras una gran reflexión, porque, tal y como están las cosas y si como dicen los expertos que
nada volverá a ser como antes y que el modelo basado en el ladrillo no será el que genere los ingresos que generaba anteriormente, tenemos un problema de proporciones incalculables. Es verdad que se habla de la nueva financiación, pero seamos
realistas: no pensemos que por el hecho de pactar una nueva financiación esta será mayor. Yo creo que es imposible que esta sea mayor, será menor. He perdido la cuenta de las burbujas que han explotado y que algunas de ellas han afectado de
manera considerable a nuestro sistema local. Puedo coincidir en los objetivos de las posibles reformas y coincido en que tiene que haber más gobierno local, más transparencia, más participación, más racionalización de medios, modernización,
etcétera; esos son objetivos que puedo compartir, pero que si no tenemos solucionado previamente y no hemos dado a conocer y somos conscientes de la realidad de lo que pasa, va a ser muy difícil que podamos llegar a ellos. Echo en falta -y también
en la Comisión que tenemos ahora abierta con los tres miembros del Gobierno- una reflexión mayor, incluir dentro del guión el tema de la financiación local. Espero que el Gobierno tenga la predisposición. Nosotros tenemos gran preocupación sobre
el futuro y trabajaremos y colaboraremos.



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Como última reflexión quiero decir que, cuando hablamos de ayuntamientos, no podemos obviar que una de las cuestiones claves es el tratamiento del régimen del suelo, de los conflictos que genera el suelo y su normativa, porque de alguna
manera es el origen de la corrupción política y ha sido el origen de unos hábitos y de una economía especulativa que también ha sido causa de la situación en la que vivimos. Este es un problema que tenemos que enfocar entre todos y darle una mejor
solución. En la solución de ese problema está sentar unas bases más correctas de un futuro modelo, sea este o el que fuera. En todo caso, nos ponemos a disposición de cualquier tipo de reflexión, de pedagogía, porque es una cuestión que afecta a
todos, para ponernos a trabajar y tener un modelo que sea lo más sostenible posible.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Canet.



El señor CANET I COMA: En primer lugar, también agradezco al vicepresidente su comparecencia y espero que los buenos augurios para el presidente de la Comisión se cumplan perfectamente.



Mi intervención, por razones obvias que a nadie se le escapan, no puede ser planteada como sobre todo la primera del grupo que había pedido la comparecencia, porque todos sabemos qué coordenadas mantiene en estos momentos la confrontación
entre los dos grandes partidos de este Parlamento; lógicamente, no voy a entrar. Tampoco voy a entrar a discutir o plantear temas sobre la crisis en general, porque se debaten tantas veces en otros ámbitos de esta institución que no es el momento
apropiado; en consecuencia, me voy a exponer básicamente dudas. Ante las explicaciones del señor vicepresidente, admitiendo que no estamos en desacuerdo con el fondo de lo que estaba planteando, en la forma y sobre todo en las esperanzas de
concreción, admito que nuestra posición es, como le decía, bastante escéptica.



Manteniendo el orden que ha seguido en su exposición el vicepresidente, respecto al Fondo de inversión local, las versiones o las visiones pueden ser muy distintas. Conoce sobradamente la postura de mi partido que es el responsable en el
Gobierno de la Generalitat de esa parcela del Gobierno local. Nunca hemos estado de acuerdo en cómo se ha planteado el Fondo de inversión local. Pensamos que la planificación territorial era fundamental y, habiendo obviado a las comunidades
autónomas, se han puesto parches, se ha hecho felices a bastantes alcaldes, de todos los signos, y hay que reconocerlo. Probablemente las consecuencias podían haber sido mucho mejores con otro ámbito, con otra gestión de esos 13.000 millones de
euros en dos años. En cualquier caso, ya conoce la posición del Gobierno de la Generalitat, no solamente de mi partido, pensamos que ha habido invasión competencial y, lo que es peor a nuestro criterio, que no se ha planificado la inversión y, por
tanto, los resultados no han sido los que podían haber sido dado el volumen de la inversión.



En cuanto a la ley de gobiernos locales, que es seguramente el apartado al que ha dedicado más tiempo el vicepresidente, en primer lugar, una cuestión de formas. He intentado estar atento a la exposición y ha hablado de la necesidad de
consenso, de consenso en los entes locales, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de consensos entre partidos políticos, pero apenas -diría que en ningún momento- se ha hablado de las comunidades autónomas, y ahí viene mi primera
crítica, lo más educada posible. En las formas, sobre todo en alguna comunidad autónoma que por su Estatuto aprobado -aunque recurrido en el Tribunal Constitucional y tampoco voy a hablar de este tema-, tiene una especificidades bastante notables
que seguramente hubieran requerido algún tipo de encuentro bilateral, porque, insisto, el Estatuto catalán da unas competencias muy marcadas a la Generalitat y, por tanto, en ese consenso he echado en falta una referencia a las comunidades autónomas
en general y, sobre todo, a aquellas que tienen ya una nueva norma y que en el ámbito local deberían ser tenidas en cuenta antes, incluso, de empezar las discusiones parlamentarias o en la conferencia sectorial. Esto en cuanto a las formas.
También he de decirle que nuestro partido muchas veces ha expresado su temor, recelo ante lo que se llama, y, además, lo ha recordado el portavoz del Grupo Popular, la segunda descentralización.
Algunos tememos que eso se traduzca en una laminación
de las competencias autonómicas en el ámbito local. Por tanto, no es una postura nueva, pero quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de esta sesión de este temor que venimos expresando desde hace bastante tiempo.



En cuanto a los objetivos y líneas básicas de actuación que ha planteado el señor vicepresidente, quiero decirle que, como cargo electo local que lleva ya seis años largos de experiencia, no estamos en desacuerdo con lo que ha planteado como
objetivos. La transparencia, la participación, el acceso a la información, todo lo que sea garantizarla, creemos que es positivo. Estamos de acuerdo en dejar bien claro cuáles son las competencias de los ayuntamientos para no tener siempre la
discusión de las propias y las impropias, porque esto se traduce, evidentemente, en una situación agónica de las finanzas locales. También estamos de acuerdo en controlar -voy a poner comillas a controlar- los casos de transfuguismo. Por mi
experiencia en la Comisión durante la pasada legislatura y ocasionalmente en esta me da la sensación -es fantástico el planteamiento de intentar combatirlo, pero también hay que ser realistas y de ahí mi escepticismo en ese campo- de que es muy
difícil ponerse de acuerdo, porque he comprobado que normalmente cada uno cuenta la feria según le va en ella. La lentitud en la toma de decisiones no sé si se acabará resolviendo con una base de datos en la que puedan figurar los incursos en esos
temas. En cualquier caso, no


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podemos dejar de decir que estamos de acuerdo con el objetivo.



En el estatuto del vecino ha hablado de regular las audiencias públicas.
Estamos totalmente de acuerdo, veremos cómo se acaba legislando, pero vuelvo a decir que en los objetivos básicos tenemos que estar de acuerdo, insistiendo en que las
comunidades autónomas con estatutos aprobados de nueva generación o nuevos estatutos, en algunos casos obligarán a diálogo bilateral y no parece que hasta ahora se haya producido. Haré una última reflexión respecto a la ley de gobiernos locales.
Se ha hablado de avanzar, de compromiso, de consenso. Espero equivocarme en lo que voy a decir, lo espero de verdad, como cargo electo y como portavoz de un grupo parlamentario. Confío en que otros ámbitos de discusión, preelectorales o no, no
sean precisamente la causa de que no se avance, porque si coincidimos en los objetivos de fondo sería una lástima que por tacticismo político se retrasase la aprobación. Usted ha hablado de 2011 -lo ligo con el último punto, el de la ley de
financiación- y también me parece fantástico, perfecto que los nuevos cargos electos en 2011 tengan aprobado un marco de referencia en la ley de gobiernos locales. De todas formas, en cuanto a la financiación tengo que coincidir con lo que le ha
comentado el portavoz del Grupo Popular, apenas ha dicho algo que no sea su compromiso o su intento de que haya un compromiso para crear un marco de referencia. Desde la óptica municipalista que antes le comentaba, le tengo que decir que no es
suficiente que para mayo de 2011 tengamos un marco de referencia; en todo caso, me gustaría conocer cuál sería ese marco de referencia, así como ha hecho usted en la ley de gobiernos locales, y qué magnitudes entrarían; los objetivos los podemos
entender, pero queremos saber qué vías de solución hay, porque creemos que es evidente que la situación de los ayuntamientos, con independencia del color político y de que haya mejores y peores equipos de gobierno gestores, es agónica. Por tanto,
le agradecería que en su segunda intervención nos dijera por dónde van las posibles soluciones, porque alguna deberá apuntar el Gobierno en la línea de mejorar la financiación de los ayuntamientos, más allá de la delimitación de las competencias, y
más allá también de posibles terceros o cuartos fondos de inversión local.



Estas son mis dudas y en cualquier caso le agradecería, sobre todo en cuanto a la financiación, que concretara un poco más a qué se refiere cuando habla de marco de referencia y si es capaz de mantener que en 2011 se necesita tener ese marco
de referencia.



El señor PRESIDENTE: Señor Canet, gracias por sus buenos deseos.



Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero dar las gracias a mi compañero por la ayuda logística que me acaba de prestar. También le voy a dar las gracias a usted, señor vicepresidente, porque este trámite que voy a iniciar se parece mucho al que se
denomina en el ámbito vitivinícola cata a ciegas.
También he intentado atender sus explicaciones, pero desde la distancia es manifiestamente difícil o imposible; en definitiva, somos víctimas de la eficiencia de las compañías aéreas que navegan en
el cielo y en los suelos del Estado español. Señor presidente, permítame esta reflexión obiter dicta, no se podrá garantizar la efectiva igualdad de todos los diputados presentes en esta Cámara hasta que se garantice la llegada del AVE a todas las
capitales del Estado español. Que conste en el 'Diario de Sesiones' esta manifestación voluntarista, este optimista desiderátum que le planteo. El avión que tenía que coger supuestamente salía a las ocho de Bilbao y por una niebla que dicen que
existía en Barajas, que no parece que las circunstancias la avalen precisamente, ha tardado cuatro horas en salir. Le pido perdón por ello. Esto me provoca una dificultad de carácter parlamentario y puede afectar incluso al decoro en materia de la
dialéctica parlamentaria habitual, puesto que no estoy en condiciones de avalar ni de refutar lo que ha dicho porque no sé qué es lo que ha dicho, señor vicepresidente. Lo único que podría comentarle es que venía con algunas dudas, con algunas
inquietudes que se las voy a reproducir sin más. Si las ha aclarado en su primera intervención le agradecería que fuera tan amable de reproducir esta aclaración, y si están sin aclarar -con alguna de ellas me temo que habrá sido así- quizá pueda
hacerlo en el segundo turno.



La primera cuestión, señor vicepresidente, es particularmente vidriosa, poco conocida y poco debatida en esta Cámara. Se trata de la posibilidad de que por disolución de un gobierno municipal haya que configurar una comisión gestora. Usted
sabe cuál es el procedimiento, que está perfectamente reglado, para todos los territorios, para todos los municipios del Estado español -salvo los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra- en virtud de la
aplicación de una ley que paradójicamente es poco conocida, que es la denominada Ley de democratización de las entidades locales. De forma y manera que si se disuelve un municipio las diputaciones tienen la competencia, o los gobiernos autonómicos
subsidiariamente, de nombrar entidades o comisiones gestoras de ese municipio. Pero no ocurre así en Euskadi, donde a las diputaciones forales se les ha expoliado de esta competencia y se obliga a los partidos que concurrieron a las elecciones,
cuando se disuelve un municipio -en Euskadi normalmente es por ilegalización de algunas de las fuerzas que concurrieron y ex post, una vez tomada posesión del cargo de concejal o de alcalde, en su caso, esa fuerza municipal ha sido objeto de
ilegalización por aplicación de la Ley de Partidos Políticos- a presentar candidatos que cubran las vacantes dejadas -hay que pensar que contra su voluntad- por los miembros de estas organizaciones declaradas ilegales por el Tribunal Supremo.



Desde esa perspectiva, no sé si hay previsiones, porque sabe que este mecanismo es de muy difícil cumpli


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miento, señor Chaves, por varias razones; muchas veces, porque los demás partidos, no ilegalizados, que han concurrido a las elecciones no quieren presentar candidatos que puedan ocupar los puestos o las vacantes provocadas por la
ilegalización de las organizaciones políticas; otras veces porque a los partidos políticos a los que les reclaman la ocupación de esas vacantes se niegan a hacerlo por razones diversas, y todas ellas respetables. En este momento, nos encontramos
con que en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay veintiséis municipios que no tienen corporación municipal. Usted ha tenido la amabilidad de anticiparnos el borrador de la nueva ley del gobierno local, pero no he visto ninguna previsión que
corrija esta disfunción que está provocando una verdadera incapacidad de gobernar numerosos municipios en Euskadi. Además, parece que no es un problema fácil de solucionar, porque a través de las previsiones de la Ley de Partidos Políticos se puede
producir ese efecto de ilegalizaciones de tracto sucesivo; siempre que el Tribunal Supremo entienda que otra organización política es sucesora fraudulenta de una anteriormente ilegalizada, se va a producir también la ilegalización de la nueva. Sin
embargo, sociológicamente hay algunos municipios -usted lo sabe perfectamente- en los que la totalidad de los concejales pertenecen a la ilegalizada Batasuna. Esto plantea un problema vidrioso al que no sé qué tipo de solución se le puede dar,
porque endosar o encomendar a los demás partidos que han concurrido a las elecciones cubrir estos vacíos resulta particularmente difícil en algunos lugares. Esta sería la primera cuestión.



La segunda cuestión -el señor Canet la mencionaba- se refiere al respeto a las competencias en materias relativas a la Administración local, incluso a las competencias normativas que la Constitución y los estatutos de autonomía reconocen a
las comunidades autónomas. Me imagino que será conocedor de que hay un proyecto que está liderado en este momento por la organización Eudel, que es la organización de municipios vascos, la homónima a la FEMP en el Estado español, que pretende
elaborar una ley municipal. He podido conocer el contenido material de la ley municipal que se va a intentar aprobar, cuyo proyecto se va a presentar al Parlamento vasco, he podido leer el borrador que usted nos ha enviado, y creo que los problemas
de concurrencias normativas, de perturbaciones normativas van a ser inevitables a tenor de lo que prevén unas y otras.
Me gustaría que los preceptos que tengan que tener naturaleza de básicos en la ley que aprueben estas Cortes Generales sean los
que por su propia naturaleza tengan que ser básicos de verdad, y no haya extralimitaciones competenciales. Espero mucho de usted, porque conozco su vocación autonomista. No sé si el partido al que usted representa sigue siendo federalista o no,
son discusiones eternas que tengo con distintos portavoces de su Gobierno, entre otras cosas porque la riqueza del concepto de federalismo, como bien decía Duverger, está precisamente en su indefinición, y aunque la indefinición ha llegado incluso a
la desaparición del concepto en algunas organizaciones políticas no me estoy refiriendo a ninguna en concreto. Usted tiene vocación autonomista y, habiendo sido presidente de una comunidad autónoma, espero cierta sensibilidad para respetar los
ámbitos competenciales, incluso los normativos, de las comunidades autónomas a la hora de regular, y que esas intersecciones competenciales que se puedan producir entre leyes municipales de algunas comunidades autónomas y la ley que usted habrá
glosado con brillantez probablemente en la mañana de hoy, se puedan resolver, además de forma negociada o de forma no conflictiva o, cuando menos, no contenciosa.



Por último, señor vicepresidente, quiero comentarle que hay un problema serio, que ha sido también glosado por el señor Canet, y que está muy vinculado a la corrupción política, es una de las manifestaciones de la misma, es el problema del
transfuguismo. Usted y yo solemos analizar en la comisión antitransfuguismo los hechos dimanantes de esta patología política y antidemocrática en la que consiste el transfuguismo, que se siguen produciendo, además, de forma creciente. Por otro
lado, todos los partidos realizan esta práctica. A la hora de imputar reflexiones de mayor o menor legitimidad, si analizamos los casos analizados vemos cómo se han producido irregulares expulsiones de los gobiernos municipales prácticamente desde
todas las organizaciones políticas presentes aquí, y la comisión transfuguismo lo único que puede hacer es bienintencionadas reflexiones o invocaciones sobre lo poco pertinente que resulta esta conducta, pero habría que buscar algún elemento de
coerción de naturaleza para que esta comisión resulte realmente eficiente. No basta con la denuncia pública, por cierto denuncia que además carece luego de trascendencia mediática, a pesar de que en esta comisión antitransfuguismo se trabaja bien
-se lo digo honestamente y es mi opinión-; hay un trabajo de debate sobre si se incurre o no en transfuguismo, si cuando se produce una escisión en un partido político y los escindidos se transfieren a otra organización o privan a su organización
original de los escaños, es un supuesto de transfuguismo o no. Hay un trabajo doctrinal bien sedimentado ya, pero la incapacidad de coerción de esta comisión hace que sus bienintencionados objetivos resulten baladíes, que se queden en buenas
intenciones y manifestaciones de voluntad que, en definitiva, no son tomadas en consideración por nadie. Desde este punto de vista, alguna reflexión colectiva tendríamos que hacer sobre esta cuestión.



Por lo demás, me estoy excediendo ya en lo que la prudencia aconseja, haciendo sobre todo una reflexión tan larga sin haber oído al ponente.
Desde esa perspectiva, si ha habido alguna extralimitación por mi parte, pido perdón al señor
presidente y al señor vicepresidente y, si tiene a bien contestar algunas de estas preguntas, le estaré muy agradecido en todo caso.



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señor vicepresidente, señorías, en primer lugar, igual que hacía ahora el señor Olabarría, quería agradecer la deferencia de los distintos portavoces por dejarnos intervenir en este turno, porque también la
pretendida niebla que hoy había en Barajas ha causado algún trastorno a este portavoz a su llegada a Madrid.



Señor vicepresidente, tendremos ocasión de poder leer con calma su intervención en el 'Diario de Sesiones'. Se la agradecemos ad cautelam, para entendernos, sin haberla leído antes. Le agradecemos la predisposición que sé que tiene su
Gobierno ante esta Comisión para informar y para poder tener en ella un punto de encuentro en todos los aspectos relativos a su Vicepresidencia y a su Ministerio de Política Territorial. Este también es el ánimo de este portavoz, del portavoz de
Convergència i Unió, intentar, a través de esta Comisión, llegar a puntos de encuentro, de diálogo. Me quería referir a alguno de ellos y plantearle cuestiones concretas, toda vez que tampoco he podido seguir su intervención inicial. La primera
cuestión concreta es que se nos ha hecho llegar por parte de su ministerio un resumen de lo que va a ser la nueva ley que regulará el gobierno local; no le voy a dar más calificativos, de si es básica o si no lo es, de hasta dónde alcanzan las
bases o no. Se ha trasladado a los grupos un resumen de la nueva ley que va a regular el gobierno local que van a aprobar estas Cortes Generales, unos principios ordenadores, resumen y principios que no se pueden entregar si no existe también un
texto ya articulado detrás. No puede haber resumen si antes no se ha hecho el texto. Cuando hago un resumen de algo es porque antes tengo el texto que debo resumir. Se nos entrega el resumen y no el texto, y esa no es la mejor manera de empezar.
Le pedimos el texto, el borrador, para que empecemos a estudiarlo y a trabajar puntos de encuentro o puntos de desencuentro. Le anticipo ya que en la pasada legislatura intentamos colaborar con el ministro Sevilla en este ámbito; hubo momentos de
encuentro, pero el desencuentro final se dio en el alcance de aquello que debía considerarse o no como legislación básica, máxime cuando además Cataluña tiene aprobado el Estatuto, al igual que Andalucía, del año 2006 en el que el alcance
estatutario de las competencias locales ha tenido mayor vigor. En estos estatutos de nueva generación hay un nuevo vigor en las competencias locales y en la exclusividad de ese régimen local, tanto en el de Andalucía como en el de Cataluña, y, ello
debe tener también forzosamente una traslación en el nuevo borrador. No entenderíamos que el nuevo borrador fuera copia del que ya provocó discrepancias en la pasada legislatura. Le pedimos el texto y le pedimos, señor vicepresidente, el
calendario, qué calendario concreto de tramitación tiene el Gobierno ante esa nueva normativa. Sabemos el horizonte; el Gobierno legítimamente pretende que esto pueda entrar en vigor en la nueva legislatura municipal que empezará tras los comicios
del último domingo de mayo del año 2011; sabemos el horizonte, pero habrá que gestar también un calendario.



Al hilo de este aspecto, quería referirme también, señor vicepresidente, al proyecto de ley de financiación local. Existe un mandato aprobado por mayoría del Pleno de la Cámara. Se aprobó el pasado mes de noviembre una moción de
Convergència i Unió en la que se le pedía que presentase en esta Cámara, con urgencia, y en todo caso antes de finalizar el primer periodo de sesiones del año 2010, por tanto antes del 30 de junio próximo, el proyecto de ley de financiación local,
proyecto que debería, según la moción aprobada, contemplar un incremento sustancial de recursos incondicionados de los entes locales a lo largo de los próximos años. Por consiguiente, el horizonte está claro, debe haber un proyecto de ley de
financiación local, y le pedimos el calendario de su Gobierno para cumplir este mandato del Pleno del Congreso. Están abiertas negociaciones con la FEMP, pero también es cierto que están encalladas. Cierto es también, señor vicepresidente, que
pasamos un momento difícil para las haciendas públicas -no para las municipales, para el conjunto de haciendas públicas-; estamos ante una crisis económica que tiene repercusión directa también en los ingresos de nuestras administraciones y, por
ello, todos debemos apretarnos el cinturón. Nuestro grupo lo comprende porque estamos pasando un momento de fuerte restricción de las haciendas públicas provocado por la crisis económica, pero cierto es también que si alguien se ha visto castigado
directamente por esta crisis económica en su financiación son las corporaciones locales. Han sufrido, sufren de manera directa lo que es un ahogo financiero. Nuestras corporaciones locales -lo he dicho en más de una ocasión- están financieramente
en la UVI, en una situación crítica, y han tenido que asumir también gastos impropios. Son la Administración más cercana al ciudadano y aprobamos nuevas leyes que les generan también nuevos servicios sociales que asumen estas corporaciones locales,
y esto se debe reflejar en la nueva financiación local. Necesitan más recursos y por tanto le pido también ese calendario y su propósito de cumplir lo que debería ser ese mandato de proyecto de ley antes del 30 de junio y ver de qué manera lo
podemos negociar.



El tercer aspecto que le quería plantear Convergència i Unió es que el Gobierno de la Generalitat ha presentado en el Parlament de Catalunya un proyecto de ley, el proyecto de ley de veguerías, que está ya en tramitación ante el Parlament de
Catalunya. Este proyecto de ley de veguerías no nace del consenso -se lo digo de entrada-; es un proyecto de ley presentado por el Gobierno de la Generalitat, pero no tiene un amplio consenso detrás. Más allá del consenso o no que suscite, le
quiero realizar unas preguntas concretas sobre el mismo. Este proyecto de ley de veguerías comporta necesariamente una modificación de leyes por estas Cortes Generales para adaptar


a esa nueva ley, si es que llega a aprobarse, normas esta


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tales. Por tanto requiere forzosamente una negociación con su Ministerio de Política Territorial; la Generalitat debe negociar. Ya que se ha presentado el proyecto con mandatos expresos de cambios legislativos en leyes estatales, le pido
que nos detalle qué contactos ha habido con la Generalitat de Catalunya para la elaboración de este proyecto de ley de la Generalitat, qué reuniones se han mantenido, cuál ha sido el criterio de su Gobierno ante los cambios que ese proyecto de ley
contempla, cambios en los límites de las actuales demarcaciones provinciales, lo cual exige, de acuerdo con el ar-tículo 141.1 y 2 de la Constitución, una modificación por ley orgánica de estas Cortes Generales. ¿Se ha hablado ya de esta
modificación de límites provinciales? Requiere también una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Así se dice también en el texto, que debe modificarse la Loreg para adaptar la administración electoral a la nueva realidad
territorial de las veguerías.



Nos gustaría conocer el criterio del Gobierno y cuáles han sido las negociaciones concretas. Además también afecta de manera directa a la propia financiación local que el Gobierno realiza vía división provincial. Voy a ponerle un ejemplo,
porque en ocasiones los ejemplos son más ilustrativos que las palabras o discursos. Este proyecto de ley tiene una disposición adicional primera, recursos de las veguerías, y se dice: Las veguerías de Cataluña dispondrán globalmente de los mismos
recursos que se reconocen a las provincias en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El importe de estos recursos se distribuirá entre cada una de
las veguerías, de acuerdo con lo que se establezca en la legislación correspondiente. Esto es un mandato y debe haber sido previamente negociado con el Gobierno, porque si esto se aprueba pasado mañana en el Parlament de Catalunya, tiene una
repercusión directa en la propia financiación local que se realiza desde su Gobierno.
Por tanto, le pido por favor que nos concrete cuál es el estado de las negociaciones para llevar a cabo esa nueva ley de veguerías que el Gobierno de la
Generalitat ha presentado y cuál es la posición del Gobierno al respecto.



Para terminar, hay un ámbito, señor vicepresidente, de desarrollo estatutario. Nos preocupa mucho la situación del Tribunal Constitucional.
Aquí se puede decir que no debe haber injerencia, y evidentemente no debe haberla, pero lo cierto
es que es preocupante la situación interna del Tribunal Constitucional, con más de tres años para emitir una sentencia sobre una ley que no es una ley orgánica, es más que una ley orgánica, es un estatuto de autonomía, que además se aprueba como ley
orgánica, pero que no es una ley orgánica más. No la pueden modificar estas Cortes Generales con una ley orgánica posterior. Tiene su proceso de reforma. Es una norma paccionada, es una norma que forma parte del bloque de constitucionalidad y esa
sentencia puede condicionar también ulteriores desarrollo legislativos.



¿Qué le pedimos? El Tribunal Constitucional debe dictar sentencia porque es su obligación, pero nosotros tenemos otra obligación, su Gobierno tiene otra obligación, el Gobierno de la Generalitat tiene otra y el Parlament de Catalunya
también, que es desarrollar el Estatuto, porque está aprobado y está vigente. Por tanto el Tribunal Constitucional debería emitir una sentencia para clarificar la situación que para nosotros es totalmente constitucional, porque ese Estatuto fue
negociado en estas Cortes Generales, fue enmendado y entendemos que se ajusta plenamente a la Constitución, de manera que no sirviera de excusa la no sentencia para impedir traspasos que ese Estatuto recoge en su articulado y que están vigentes.
También nos gustaría conocer su criterio al respecto, porque todos tenemos una responsabilidad en este ámbito, y la responsabilidad es la de hacer cumplir las leyes aprobadas y sobre todo si son leyes de primer grado, como es un estatuto de
autonomía que integra el bloque de la constitucionalidad.



Por último, coincido con el señor Canet, Convergència i Unió tuvo ocasión de decirlo públicamente en el Congreso de los Diputados. Los fondos locales no se ajustan plenamente a la distribución competencial, pero muchos ayuntamientos los
necesitan para realizar obra pública en un momento de precariedad en sus ingresos municipales. Para muchos ayuntamientos recibir esos fondos ha sido positivo. En esta situación no vamos a negar el apoyo a unos fondos que son bienvenidos para los
ayuntamientos, pero sí debemos decir que esta no es la solución, que la solución es la nueva financiación local, no el parche de un fondo que además puede conculcar, como ha sido este caso, las competencias autonómicas, sino que lo que deberíamos es
realizar esa nueva financiación local, y si esa nueva financiación local en el calendario que nos explique el vicepresidente no está en vigor el 1 de enero del año 2011, nos gustaría saber cuál es la previsión de financiación extraordinaria que
pueden tener los ayuntamientos en ese año 2011, porque en el año 2010 han tenido fondos de inversión, este año, en el de la economía sostenible, ha sido dinero para los ayuntamientos. Además el fondo de este año ha sido mejor que el del año
anterior en el sentido de que se ha permitido a los ayuntamientos mayor flexibilidad a la hora de destinar alguna parte de estos fondos a gasto corriente en política social. Ha habido mejor distribución del fondo este año que el anterior; el
anterior también hubo fondo, pero ¿qué pasará el 1 de enero de 2011? Nos gustaría conocer su previsión al respecto, si es que ya tenemos esa nueva financiación local, o de qué manera vamos a ayudar a los ayuntamientos, además en un año que es
electoral, periodo en el que la posición de todos y también la de los ayuntamientos siempre tiende a calentarse más. Nos gustaría conocer también sus previsiones al respecto.



Muchas gracias y pido una vez más disculpas por el retraso, que no ha sido voluntario.



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El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno de intervención de grupos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Sánchez.



El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Señor presidente, también nos sumamos a los mejores deseos para su trabajo al frente de la Comisión de Política Territorial y agradecemos al vicepresidente su comparecencia en esta Comisión. Señorías, no
hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Al final, da igual los datos que se aporten, los argumentos que se esgriman, el Partido Popular vuelve a tirar del argumentario de cuanto peor, mejor, aunque sea a costa de negar lo evidente. Lo
evidente, señorías, es simple y llanamente que el Fondo estatal de inversión local ha sido un éxito rotundo y por supuesto también un éxito colectivo, del Gobierno que lo ha liderado y de todos y cada uno de los ayuntamientos que han ejecutado en el
año 2009 y en el año 2010 los fondos estatales de inversión local. Ahí están los datos, los ha dado antes el vicepresidente en su comparecencia: 60.000 proyectos municipales; 30.000 a financiar durante el año 2010; 30.000 financiados con cargo
al Fondo estatal de inversión local del año 2009; 15.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos, señor Merino, beneficiados como consecuencia de ese Fondo estatal de inversión local en el año 2009 y, señor Merino, sí, 427.000 empleos creados con
cargo al Fondo estatal de inversión local. Los resultados son tan incontestables que hasta organismos como la OCDE o el Banco de España han reconocido las virtudes y las ventajas de este Fondo estatal de inversión local y han dicho que ha sido muy
positivo para la reactivación económica en nuestro país y para la creación de empleo. Si el 99 por ciento de los ayuntamientos de este país se han acogido al Fondo estatal de inversión local en el año 2009, incluidos también los gobernados por el
Partido Popular, digo yo, señor Merino, que con hechos se demuestra que esta iniciativa ha sido todo un éxito. Entonces aquí la pregunta a plantearse, señorías, es por qué el Partido Popular en esta Cámara se empeña en oponerse a aquello que los
alcaldes del Partido Popular apoyan. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Popular a nivel nacional y los alcaldes del Partido Popular? ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la situación: una cosa es gobernar y otra cosa es hacer oposición
pensando en no gobernar jamás, que es lo que ustedes hacen día a día en esta Comisión y en esta casa.



Le voy a leer algunos extractos de informes que elaboran gobiernos municipales del Partido Popular respecto al Fondo estatal de inversión local, señor Merino. En concreto, un informe planteado y elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, del
cual yo fui concejal durante cinco años, titulado Efectos esperados sobre la economía madrileña del Fondo estatal de inversión local, elaborado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2009. Dice textualmente -abro comillas señor Merino-: Las
principales causas, o mejor dicho, efectos que se esperan del Fondo estatal de inversión local en la ciudad de Madrid son -y escuche bien-: la creación de empleo y la reactivación económica que mitigue los efectos de la actual crisis. Los 554
millones de euros que se van a invertir -por aquel entonces- en la ciudad de Madrid tendrán un reflejo en el empleo y en el producto interior bruto de la ciudad de Madrid -cierro comillas-, con lo cual, señor Merino, no niegue la evidencia, porque
hasta incluso empezarán a ser algo creíbles sus intervenciones, ya que hasta el momento son sinceramente absolutamente increíbles.



En relación con la publicidad institucional, quiero recordarle varias cuestiones, señor Merino. Ha sido este Gobierno quien ha aprobado una ley en el año 2004 que puso coto al despilfarro en la publicidad institucional por parte de los
gobiernos del Partido Popular, que introdujo transparencia, que articuló mecanismos de gestión y de control a la anterior campaña de propaganda institucional que vertían los gobiernos del Partido Popular y que convirtió en publicidad institucional a
lo largo de la pasada legislatura y de esta legislatura, señor Merino, y como consecuencia de ello, de esa ley, hoy el presupuesto en publicidad institucional, señorías, es un 43 por ciento inferior al de hace dos años, señor Merino.



Le voy a poner un caso para que usted sepa a lo que me estoy refiriendo.
El presupuesto anual del Ministerio de Política Territorial en relación con la publicidad institucional en el año 2009 fueron 4,5 millones de euros, más o menos, 4,4 ó
4,5 millones de euros. La Comunidad de Madrid el año pasado se gastó 130 millones de euros, no en publicidad, sino en propaganda institucional. Es decir, lo que se gasta el Ministerio de Política Territorial en publicidad institucional al año es
lo que despilfarra la señora Aguirre en dos días. Esa es la comparación, señor Merino, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre una gestión austera de los recursos públicos y el despilfarro de los recursos públicos en aquellos
lugares donde ustedes gobiernan. Señor Merino, cuando gobernó el Partido Popular en el año 2003 hubo un informe del Tribunal de Cuentas que sonrojó a los responsables políticos del Partido Popular, porque señaló no solamente la utilización
fraudulenta de los recursos públicos para con la propaganda institucional que hacía, por ejemplo, el ministro Zaplana, el ministro de Trabajo de los gobiernos de Aznar, sino que también criticó no solamente el sesgo sino la contratación a dedo que
se planteaba por parte del Gobierno de España por aquel entonces en relación con la publicidad institucional. Por tanto, señor Merino, lecciones del Partido Popular en relación con la gestión austera y la publicidad versus propaganda oficial,
viniendo de ustedes, las justas.



Ya que habla usted de cartelería, le voy a proponer hacer un ejercicio de algunos carteles que ponen en marcha gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido Socialista. Mire, este es un cartel de la Junta de Castilla y León,
anunciando una inversión que como puede ver en la fotografía, señor Merino, dobla en tamaño al cartel que usted critica tanto del PlanE del Gobierno de España. Por supuesto, el tamaño claro que importa,


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señor Merino, y ustedes en tamaño, señor Merino, nos ganan de largo. Pero tan importante como el tamaño es el contenido, señor Merino, que se incluye en esos carteles y ustedes vuelven a mentir sistemáticamente, señor Merino, en todos y
cada uno de los carteles que cuelgan en sus localidades. Fíjese, señor Merino, este es un cartel anunciando la construcción de un centro de salud en el Ayuntamiento de Galapagar, en la Comunidad de Madrid, que ustedes gobiernan. Aparece el
logotipo del Ayuntamiento de Galapagar, del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid -también gobernada por el Partido Popular-, pero, ¿sabe lo que le pasa a este cartel? Que es falso porque está arrogándose la construcción de un centro de salud
que se está haciendo con cargo al Fondo estatal de inversión local, con lo cual, señor Merino, no solo es importante el tamaño del cartel sino la veracidad del cartel anunciado, y ustedes, como en tantas otras cosas, vuelven la mentir. Así pues,
señor Merino, lecciones en relación con la cartelería, las justas viniendo de ustedes.



Quisiera hacer dos apuntes, señor presidente, respecto a una cuestión que se ha planteado por el portavoz del Grupo Popular pero también por otros en relación con la supuesta responsabilidad que tiene el Gobierno de España respecto a las
deudas que tienen los ayuntamientos -porque estamos hablando de los ayuntamientos- con sus proveedores. Señorías, estamos en un estado descentralizado. De hecho, aquí he escuchado decir a algunos portavoces políticos que es importante respetar las
competencias de cada una de las administraciones y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero hay un principio fundamental en todo estado descentralizado como el nuestro y es la autonomía fiscal. Eso quiere decir en cristiano, para que me
entiendan, que todo ayuntamiento -en este caso toda administración- es responsable de sus ingresos y de sus pagos. No lo es el Gobierno de España. Me imagino que las deudas que tenga contraídas un ayuntamiento con sus proveedores serán
responsabilidad de ese ayuntamiento y no, señor Merino, del Gobierno de España. Además, usted ha gobernado un ayuntamiento -es verdad que por poco tiempo- y debería saberlo. Si no le queda claro, le voy a poner dos ejemplos que me parecen lo
suficientemente ilustrativos como para que sepa qué es y en qué consiste la autonomía fiscal. Si el Ayuntamiento de Granada paga a una media de treinta y seis meses a sus proveedores, entiendo, señor Merino, que el responsable de que se esté
pagando a treinta y seis meses es el alcalde de esa localidad, de nadie más; desde luego no del presidente del Gobierno ni del Gobierno de España. Por cierto, la alcaldía de Granada está ahora mismo en manos del Partido Popular. Si el
Ayuntamiento de Fuengirola, por ejemplo, debe dinero a la Seguridad Social, como es el caso -en 2007 debía 8,5 millones de euros-, entiendo, señor Merino, que la responsabilidad corresponderá a la alcaldesa de Fuengirola, a nadie más; desde luego
no al presidente del Gobierno, y que yo sepa la alcaldesa de Fuengirola es del Partido Popular. Así pues, no busque responsables fuera porque son los gobiernos deudores del Partido Popular los que están demostrando con su ejemplo las deudas que
tienen distintas administraciones y por tanto, en virtud de esa autonomía fiscal que todos defendemos en este Estado descentralizado en el que estamos, evidentemente las responsabilidades serán, por ejemplo, de esos dos alcaldes de esos dos
ayuntamientos gobernados por su partido político.
Por tanto, prediquen con el ejemplo antes de intentar dar lecciones al resto de partidos políticos


Señor vicepresidente, por supuesto nosotros vamos a recoger el guante en relación con la reforma del Gobierno local que usted ha planteado y sobre las bases fijadas en su intervención vamos a intentar trabajar todo lo posible por alcanzar
ese acuerdo respecto a la reforma de los gobiernos locales, tan necesaria después de veinticinco años de vigencia de la actual ley.



Voy a hacer alguna referencia a la financiación local porque es llamativo escuchar al Partido Popular. He estado en el Ayuntamiento de Madrid como concejal de la oposición y hemos debatido mucho sobre la financiación local. Como saben
ustedes, el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado de España; representa me parece que en torno al 25 o al 30 por ciento de la deuda municipal total. Resulta llamativo escuchar al Partido Popular criticar el modelo de financiación local que
ustedes aprobaron en el año 2003. Ustedes, con tal de hacer oposición, son capaces, señor Merino, de hacerse oposición a sí mismos, y eso sinceramente me parece una falta de responsabilidad. ¿Y qué es el lo que decían ustedes en el año 2003?
Decían por ejemplo que era el modelo definitivo que cerraba todas las recomendaciones y todas las reclamaciones de los ayuntamientos respecto a sus demandas financieras, que garantizaba la sostenibilidad y la suficiencia financiera local. Eso lo
decía por ejemplo el señor Montoro, en aquel momento ministro de Hacienda, o el señor Arenas, en aquel momento ministro de Administraciones Públicas, o también la señora Barberá, en aquel momento presidenta de la Federación Española de Municipios y
Provincias.



¿Qué está ocurriendo ahora, señorías? ¿En qué debate estamos, señor Merino? ¿En que lo que valía entonces ahora ya no vale? ¿En que los campeones del municipalismo, que eran ustedes entonces, ahora reniegan de su propio modelo? Eso es lo
que está pasando ahora mismo, señor Merino.
¡Hombre!, un poquito más de seriedad y de rigurosidad en las intervenciones que hace, al menos, en esta casa. Nosotros, señor Merino, ya le advertimos de los riesgos de ese modelo y cuando hemos llegado
al Gobierno hemos intentado corregir muchos de esos defectos. Por ejemplo, compensamos a los ayuntamientos como consecuencia de la supresión del IAE y también hemos puesto en marcha y hemos transferido durante dos años 13.000 millones de euros. Ya
sé que a usted no le gusta que se lo digan, pero yo se lo recuerdo. Se han puesto en manos de los ayuntamientos 13.000 millones de euros para invertir en la calidad de vida de sus ciudadanos y también en la creación de empleo


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durante el año 2009 y durante el año 2010. Señor Merino, ¿sabe cuánto dinero transfirieron cuando ustedes gobernaban, en cuatro años? Fueron 650 millones de euros. Nosotros hemos puesto en manos de los ayuntamientos 13.000 millones de
euros en dos años y ustedes en cuatro años 650 millones de euros. Esa es la enorme diferencia, señor Merino, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre la palabrería que usted ahora mismo ha esgrimido en esta Comisión y los hechos, muy
contumaces, muy persistentes de este Gobierno, que no solamente ha hecho gestos, sino que también con hechos ha demostrado su compromiso con los ayuntamientos de este país.



La pregunta que hay que hacerse, señor Merino, es por qué sí el Gobierno ha puesto en marcha y ha transferido 13.000 millones de euros a los ayuntamientos en dos años; por qué sí comunidades autónomas como la de Asturias, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Baleares, Andalucía -cuando el señor vicepresidente era presidente de la Junta- crearon fondos complementarios para invertir en ayuntamientos de sus comunidades autónomas, por qué sí los gobiernos socialistas y por qué no han
transferido ni un miserable euro las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de manera complementaria a la inversión y a la creación de empleo en las localidades de las comunidades autónomas que ustedes gobiernan. Desde luego que no
ha sucedido ni en la Comunidad de Madrid, ni en Castilla y León, ni en Murcia, ni en La Rioja, ni en la Xunta de Galicia.



La consecuencia de todo ese pasotismo institucional que ustedes están demostrando allí donde gobiernan empieza a ser dramática. Usted esgrime números agregados en cuanto a la destrucción de empleo. Nosotros somos conscientes de la gravedad
de la situación y estamos haciendo todo lo posible desde todos los ámbitos en los que gobernamos para frenar ese drama del desempleo y, por supuesto, para atajar el problema complejo que tenemos ahora mismo del momento económico que vivimos. En
todo caso, señor Merino, le voy a recordar algunos datos de la última EPA que me parece que van a ser ilustrativos, porque hay que recordar, señorías, que vivimos en un estado descentralizado y que, por tanto, hay muchas competencias en materia de
políticas activas, en materia de intermediación laboral que hoy por hoy están en manos de las comunidades autónomas. La dejación de funciones que ustedes están haciendo en aquellos gobiernos de aquellas comunidades donde tienen mayoría empieza a
ser ya escandalosa. El mayor aumento de paro entre los años 2007 y 2009 se ha producido en la Región de Murcia, con un incremento del 181,8 por ciento de los desempleados; en la región de Valencia fue del 158 por ciento en dos años y en Madrid el
aumento de parados fue del 138 por ciento, señorías, cuando ya, por cierto, la media nacional era alta, estando en el 124 por ciento, así que, señor Merino, en política de empleo es mejor que ustedes prediquen con el ejemplo y antes de criticar
cualquier cuestión, vengan con los deberes hechos, porque sus ayuntamientos y sus gobiernos autonómicos no hacen absolutamente nada.



Voy a terminar, señor presidente, como empecé. Yo creo que el FEIL, el Fondo estatal de inversión local, en su primera y segunda versión -repito- ha sido un éxito rotundo; un éxito colectivo del Gobierno de España, que ha liderado el
proceso, que lo puso en marcha, pero también de todos y cada uno de los ayuntamientos gobernados por todos los grupos políticos de todos los colores políticos representados en esta Cámara, que han demostrado que en momentos difíciles como el actual,
señorías, lo importante es sumar esfuerzos, es aparcar las diferencias políticas y es no caer en la demagogia barata que hemos escuchado hoy aquí por parte de algún representante político. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez, por sus buenos deseos.



Tiene la palabra el señor vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Quiero agradecer todas las intervenciones, tanto en lo que coinciden con los planteamientos que he hecho como ministro de Política
Territorial, como también en las discrepancias más o menos intensas que han manifestado los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.



Se ha planteado como siempre por parte del portavoz del Grupo Popular la supresión de la Vicepresidencia tercera y también del Ministerio de Política Territorial, en ese mensaje que se quiere lanzar de reducción de los altos cargos. Creo
que lo que ustedes plantean siempre, señor Merino, es un eslogan o una consigna, pero desde luego no es una política, porque si fuera una política, como ya se ha señalado aquí, la aplicarían allí donde gobiernan, y parece que ese no es el caso sino
todo lo contrario.
Le podría dar datos, porque los tengo todos, de muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad de Madrid, a pesar de que en los últimos años no ha aumentado
las competencias, ha duplicado los puestos de dirección y los asesores han aumentado de 16 a 103 en los últimos años; de los 728 puestos de libre designación en el año 2003 han pasado este año a tener 1.521, y el gasto de personal ha pasado de 19
millones en 2003 a 35 millones en 2010. Le podría poner muchos más ejemplos, señor Merino, de cosas que ustedes dicen, pero después no hacen en el momento en que gobiernan. Le podría incluso traer el caso de los ocho años de Gobierno del señor
Aznar.



Señor Merino, respeto su opinión sobre si las relaciones con el resto de las administraciones locales ha de tener o no el rango de vicepresidencia -y también en relación con las otras políticas-, pero, señor Merino, creo que en democracia
hay que respetar las reglas del juego. Evidentemente, ustedes tendrán las competencias que tengan y la facultad para designar la composición


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de su grupo parlamentario -y no soy quién, aunque puedo tener mi opinión sobre la aportación que hace usted al trabajo del grupo parlamentario-, lo respeto, pero, de la misma manera, la composición y la estructura del Gobierno la decide el
presidente del Gobierno, que es el que ha ganado las elecciones, y no el partido que las ha perdido, que es el suyo. Esa es la realidad; por tanto, señor Merino, centrémonos en los asuntos de interés, no en la demagogia, por favor, no en la
demagogia. Centrémonos en los asuntos de interés general de los ciudadanos y no en las obsesiones que tienen algunos de los líderes del Partido Popular, tan obsesivos como que han sido también derrotados en las urnas. Algunas veces pienso que la
obsesión no es la Vicepresidencia tercera. La obsesión es Manuel Chaves. Entremos en lo que en realidad son los asuntos que les interesan a los ciudadanos, como usted también ha dicho en otros momentos.



Usted ha hablado del paro. Siempre hablan ustedes del paro, nos recuerdan las cifras del paro y nos recuerdan que no tenemos política económica.
Creo que en muchos debates que ha habido en esta Cámara -y también lo he resumido a lo largo
de mi intervención- he señalado cuál ha sido la política económica del Gobierno desde el primer momento de la crisis.
Ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero lo que es evidente, señor Merino, es que nadie en la ciudadanía conoce cuál es el
modelo de salida de la crisis del Partido Popular, nadie lo conoce. Nadie conoce cuál es la alternativa que tienen ustedes para superar la situación de desempleo, porque si ustedes tuvieran una alternativa para salir del desempleo, seguro que ya la
hubieran aplicado en algunas comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, y no se conoce, nadie la conoce, señor Merino. Ustedes hablan de generalidades. ¿Por qué? Porque ustedes están esperando sentados -sentados- a que la crisis siga, siga y
siga, a ver cómo la crisis desgasta al Gobierno de la nación, y todos, señor Merino, tenemos lógicamente la ambición legítima de ganar las elecciones, pero para ganar las elecciones, señor Merino, hay que arrimar el hombro, hay que superar la crisis
y combatir la crisis, pero como no se van a ganar nunca las elecciones es utilizando la crisis y utilizando el paro como arma electoral. Eso es así. Lo ha dicho el señor Sánchez. Cuando yo era presidente de la Junta de Andalucía ustedes me decían
que yo era el responsable del paro en Andalucía, junto con el señor Rodríguez Zapatero.
No he visto todavía a ningún presidente de una comunidad autónoma del Partido Popular que asuma la responsabilidad o parte de la responsabilidad del desempleo
en su comunidad autónoma. Cuando había aumento del empleo: sí, sí, yo soy el que he hecho posible el aumento del empleo. Pero cuando se ha destruido empleo o aumentado el paro: no, no, el responsable es el señor Rodríguez Zapatero. Si gobierna
un socialista en una comunidad autónoma también es el responsable. Le puedo enseñar declaraciones a porrillo, señor Merino, de dirigentes suyos. En una comunidad autónoma, cuando ha aumentado el paro: yo; cuando ha aumentado el desempleo: el
otro. Eso no es responsabilidad; no es responsabilidad el no asumir la situación ni tampoco es responsabilidad a la hora de procurar alternativas para combatir la crisis y crear empleo.



Ahora hay un buen momento, y lo tengo que reconocer; hay un buen momento porque se ha abierto un proceso de diálogo político donde hay una propuesta del Gobierno y del resto de partidos políticos, incluido el suyo. Creo que hay buena
disposición y buena voluntad por parte de todos, porque no ha habido un rechazo frontal, incluido también lógicamente el del partido al que usted representa, señor Merino. Eso hay que reconocerlo. Es un dato positivo, y lo que todos esperamos y lo
que espera la ciudadanía es que se pueda llegar a acuerdos que ayuden a solucionar la situación. Esto en cuanto a la situación económica. El Gobierno asume la situación económica y asume su responsabilidad en relación con el paro. El problema es
que también queremos que el resto de la gente asuma su responsabilidad, y asuma su responsabilidad a la hora de aportar soluciones para combatir la situación de desempleo.



Usted ha manifestado no solamente en esta comparecencia, sino en otras, su rotunda oposición al Fondo estatal de inversión local y al Fondo de sostenibilidad local. Se lo digo sinceramente: los alcaldes del Partido Popular no están de
acuerdo con usted. No están de acuerdo con usted, y usted lo sabe, señor Merino; usted lo sabe. (La señora Hermosín Bono: Ahí, ahí.) No están de acuerdo con usted; no están de acuerdo con las opiniones que han manifestado en esta Comisión o en
el Pleno del Congreso. He estado con los alcaldes del Partido Popular; he estado con el alcalde de Oviedo, con el alcalde de Santander, con el alcalde de Madrid; he estado con otros alcaldes inaugurando obras, y he hablado con ellos. Le puedo
traer, señor Merino, las declaraciones en los medios de comunicación de las hemerotecas de todos esos alcaldes en relación con el fondo. Le puedo leer la declaración del señor Gallardón que ha salido en los medios de comunicación, y no la saco de
su contexto, señor Merino, donde dice: el Fondo de inversión local no solo mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, también es un ejercicio de solidaridad de todos los madrileños con la generación de empleo en el momento en que Madrid y
España lo necesitan. Son declaraciones del alcalde de Madrid, pero le podría traer del alcalde de Oviedo y de otros alcaldes del Partido Popular. No están de acuerdo con ustedes; no lo están, porque los dos fondos representan el instrumento de
reconversión urbana más importante que se ha puesto en marcha en los últimos años durante toda la transición. Ha sido una inyección de 13.000 millones de euros. Y usted me dice: ¡Es que eso no ha creado empleo! Usted sabe que eso no es verdad,
señor Merino. No, nunca hemos dicho que los fondos iban a ser el instrumento que acabaría con el desempleo. Nunca lo hemos dicho; nunca.
No somos tan irresponsables como para decirlo. ¿Pero que han creado


empleo? ¡Claro que han creado empleo! ¿Que han repre


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sentado una contención en el aumento de desempleo? ¡Por supuesto que sí! Y también lo reconocen los alcaldes del Partido Popular. No reconocerlo es no ver, señor Merino, la realidad de lo que ha representado el fondo.
Usted me podrá decir
que son temporales y que no son indefinidos, por supuesto, eso lo podremos discutir, eso no se lo discuto, pero sí que han creado empleado, señor Merino. ¡Claro que han creado empleo, señor Merino! Han creado 426.000. Usted ha empezado a decir que
esto no ha servido para ayudar a los ayuntamientos españoles. No se puede entender, señor Merino. Cómo se va a entender que diga que no ha representado equipamientos, infraestructuras, escuelas, centros culturales, centros de salud, equipamiento
urbano, y ahora con el nuevo fondo, empresas y administración electrónica. En fin, proyectos. No puedo entender que usted no pueda aceptarlo, ni pueda aceptar tampoco el compromiso de los alcaldes en relación con un nuevo modelo económico.



Usted me ha planteado que se los demos a los proveedores. Ha habido un argumento que es muy claro. Es decir, ustedes están todo el día denunciando el aumento del gasto corriente, que el Gobierno no disminuye ni reduce el gasto corriente, y
ahora están diciendo que les demos 5.000 millones de euros a los ayuntamientos para gasto corriente. (El señor Merino López: Para pagar.) Eso es lo que usted está diciendo, cuando ha dicho que se los demos a los proveedores. Están, por un lado,
en la contradicción de pedir la disminución del gasto corriente, y al mismo tiempo piden aumentarlo. No, esto va para inversión, para crear puestos de trabajo, para mantener la actividad productiva y económica de 14.700 empresas en toda España y
trabajadores autónomos. Eso es lo que ha representado. ¿Nos acordamos de los proveedores? ¡Claro que nos hemos acordado! Sabe usted, señor Merino, que hay una línea de crédito de 3.000 millones de euros para pagar a aquellos proveedores que
tienen deudas con las entidades locales. Lo sabe usted: es una línea de crédito de 3.000 millones de euros.



Me ha dicho que esto podía haberse hecho de otra manera; quizá en su perspectiva o en su dimensión podría haberse hecho de otra manera, pero lo que le puedo decir es que los dos fondos se han negociado teniendo en cuenta los criterios de la
Federación Española de Municipios y Provincias. (El señor Merino López y la señora Seller Roca de Togores: Eso no es verdad.) Sí, del Partido Popular también. Por supuesto, porque las discrepancias fueron otras. En cuanto a los criterios, por
supuesto que sí, porque hemos negociado con la aceptación de la Federación Española de Municipios y Provincias.



Después siempre estamos con las anécdotas, como el tema de la publicidad.
También se ha referido a este tema el señor Sánchez. ¿Qué ayuntamiento español no ha hecho publicidad de las cosas que ha llevado a cabo? Usted ha sido alcalde de
Córdoba. ¿Usted no ha hecho publicidad cuando hacía una obra del ayuntamiento, señor Merino? ¿No la ha hecho? ¿No la ha hecho de todas las obras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Córdoba? ¡No engañemos a la opinión pública! Todos hemos
hecho publicidad. Todos hemos considerado necesario informar a la gente. Todos, y conozco todos los ayuntamientos de Andalucía. Cuando he ido a Cádiz, a Córdoba o a Granada he visto toda la publicidad que hay en los ayuntamientos. Usted podrá
decir que su publicidad sí que es informativa, y que esto es campaña electoral. (El señor Merino López: Es propaganda.) Nosotros, cuando hay una obra del Estado y en esa obra está comprometido un ayuntamiento, ponemos el nombre del ayuntamiento
aunque sea del Partido Popular. (La señora Hermosín Bono: Ellos no.) No sé si ustedes harán eso. No sé si ustedes harán eso cuando la obra es del Gobierno y dicen que es suya. Por tanto seamos sinceros en este tema. Tengo aquí una orden de la
Comunidad de Madrid que dice que todos los ciudadanos tienen el derecho a ser informados sobre las obras de carácter público que se realizan en su municipio. Por tanto, todo esto hace necesario identificar cada una de las actuaciones que dentro del
mismo se lleven a cabo de una forma clara y sistemática. Además se incluye en esta orden la obligación de incorporar, una vez finalizada la obra, una placa o hito conmemorativo.
Esto lo dice la Comunidad de Madrid. (Risas.-Rumores.) Señor Merino,
vamos a ser sinceros. Los ciudadanos tienen el derecho a ser informados por una placa, y no engañamos, ponemos el nombre del Gobierno de España, del ministerio y del ayuntamiento correspondiente.



Manifestaron ustedes su preocupación sobre si los carteles iban a llegar a las elecciones municipales de mayo de 2011. Ya hemos señalado que daremos la orden necesaria para evitar ese problema, por lo tanto no tenga usted ningún tipo de
preocupación al respecto. Señor Merino, en relación con la financiación local -es un asunto que han tratado otros portavoces- lo he señalado claramente: el propósito que tienen el Gobierno y el ministerio es presentar y que se apruebe -por tanto
el año 2010 es un año clave- un marco de referencia para los ayuntamientos, que se va a aplicar fundamentalmente a los ayuntamientos que salgan después de las elecciones de 2011, y ese marco de referencia está constituido por una serie de leyes,
concretamente la ley de gobiernos locales y la Ley de Haciendas Locales, que tiene que comprender un nuevo sistema de financiación local.
Usted me dice que nos comprometimos a hacerla simultáneamente.
Simultáneamente empezaron y se desarrollaron
los dos procesos de negociación. Es verdad que con la FEMP no ha habido acuerdo, que ha sido mucho más lento que con las comunidades autónomas, pero los dos procesos de negociación se desarrollaron simultáneamente. En la ley de gobiernos locales
lo que queremos es delimitar perfectamente las competencias que les corresponden a los entes locales, y creo que es importante, así como los estatutos de nueva generación han presentado leyes en algunas comunidades autónomas para delimitar las
competencias, y en ese proceso de segunda descentralización hay que hacer los traspasos de competencias necesarios a los entes locales para


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resolver de una vez lo que se ha dado en denominar competencias impropias de los ayuntamientos. Pero le quiero advertir por mi experiencia que, cuando hablamos de competencias impropias, hay competencias impropias de los ayuntamientos y
competencias impropias también de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas asumen competencias que les corresponden a los ayuntamientos y no a ellas. Y usted también lo sabe y tiene la experiencia de cuando fue alcalde de la
ciudad de Córdoba.



Termino diciéndole, señor Merino, que usted ha dicho que los alcaldes no están preocupados por el tema de la participación europea. (El señor Merino López: De la agenda.) Tampoco es cierto. No, de la agenda no. En la agenda de la
Presidencia española de la Unión Europea está precisamente dar una respuesta a lo que ha sido una reivindicación de todos los ayuntamientos europeos, que es el tema de la dimensión territorial y de la gobernanza multinivel, y ustedes tienen
bastantes alcaldes que en el Comité de las Regiones y en debates europeos se han pronunciado claramente y han reivindicado esta gobernanza multinivel. Por lo tanto no es una cosa que no preocupe a los ayuntamientos; habrá otras cosas que les
preocupan, pero les preocupa también esta cuestión; les preocupa la participación de los ayuntamientos en el diseño de las políticas europeas, y lógicamente les preocupa que, a través de esa participación, puedan orientar cómo se van a distribuir
los fondos regionales y cuál va a ser la participación de los ayuntamientos en los fondos estructurales de la Unión Europea. En consecuencia no es algo baladí para ellos, ni que les produzca despreocupación.



En todo caso, señor Merino, creo que al final de su intervención hubo una oferta al diálogo y a la negociación. Yo la acepto, porque también en mis primeras palabras señalé como un instrumento necesario el diálogo, la negociación y el
consenso; ya hemos abierto una gran puerta con el diálogo político ofrecido por el presidente del Gobierno, y podemos continuar en leyes e instrumentos que son muy importantes como la financiación local, la ley de haciendas locales y la ley de
gobiernos locales.



Se han planteado otros temas. No está el señor Salvador, pero entiendo perfectamente que hay que descentralizarse o dividirse. (Risas.) Cuando se plantea el tema de la financiación local -el señor Jané también lo ha planteado- la crisis
económica afecta a la ciudadanía y a las instituciones. Ha habido una considerable reducción de ingresos como consecuencia de una disminución de la recaudación cuando al mismo tiempo se quieren mantener todos los gastos, sobre todo los gastos
esenciales de los ayuntamientos. Eso produce una intensidad mayor en la crisis financiera o en la situación financiera que tienen en estos momentos nuestros ayuntamientos. Pero no hemos permanecido al margen de esa situación financiera de los
ayuntamientos. Desde el año 2004 hemos puesto en marcha -lo ha dicho también el señor Sánchez- la compensación por la supresión del IAE, hemos establecido fondos para los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, hemos aprobado anticipos
extraordinarios a los ayuntamientos entre los años 2005 y 2008 por valor aproximado de 3.000 millones de euros, hemos puesto en marcha los dos fondos por valor de 13.000 millones de euros, la cooperación económica local ha aumentado más de un 25 por
ciento en los últimos cinco ejercicios, las entregas a cuenta han sido de 11.798 millones de euros, y cuando usted dice que ha decrecido -es verdad que en el año 2010 ha habido un decrecimiento como consecuencia de la crisis, que ha afectado a todas
las instituciones, al Gobierno del Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos- yo quiero decirle que en el año 2008 los ayuntamientos recibieron unos recursos de 16.195 millones de euros -la PIE-, que supone un incremento de casi el 7
por ciento respecto al año anterior, y del 37 por ciento respecto al año 2004. Por tanto, de decrecimiento, nada; de aumento, sí.
Eso es importante tenerlo en cuenta.



El señor Canet ha hecho una referencia muy interesante -creo que ya me he referido a ello- en cuanto al papel de las comunidades autónomas y de los nuevos estatutos. He dicho que las comunidades autónomas tienen que asumir su
responsabilidad en esa nueva regulación contenida en los estatutos de autonomía, en cuanto a las competencias a transferir a los ayuntamientos y también en cuanto a garantizar la participación de las entidades locales en los ingresos propios de las
comunidades autónomas.
Es importante tenerlo en cuenta. En eso están redundando los nuevos estatutos, quizá es la novedad más importante que reflejan.



Ha habido una preocupación y una reclamación sobre en qué va a consistir la financiación local. Yo adquiero el compromiso de plantear cómo va a ser el sistema de financiación local; lo voy a hacer con la Federación Española de Municipios y
Provincias, pero tengan en cuenta que la financiación local en estos momentos, en los últimos años ha respondido a un 70 por ciento de ingresos fiscales y tributarios propios, cedidos -esa ha sido la financiación más importante de las entidades
locales-, y a un 30 por ciento correspondiente a la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, la PIE. El nuevo sistema de financiación local tiene que tener en cuenta la doble dimensión, la doble vertiente de los ingresos
de los ayuntamientos: cómo actuamos con relación a los ingresos fiscales y tributarios -tasas, impuestos, etcétera-, qué margen damos a los ayuntamientos para subir, para crear nuevos impuestos o nuevas tasas, y qué medidas se pueden establecer en
cuanto al control y al mismo tiempo actuar sobre la incidencia mayor que tiene que tener el nuevo sistema de financiación sobre ese 30 por ciento que corresponde a la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado.



Al señor Olabarría y al señor Jané (Risas.) les quiero decir que la niebla no es responsabilidad de este ministerio. En todo caso tengan la seguridad de que tendremos la oportunidad -ya que no han estado en mi interven


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ción inicial, lo comprendo perfectamente- de discutir sobre lo que he dicho cuando tengamos el texto de la ley. Le quiero decir, señor Jané, que no es un resumen; el documento que hemos entregado contiene las líneas generales, la filosofía
de la ley y los criterios que van a inspirar el proyecto de ley. Tengan ustedes la seguridad de que, antes de que se apruebe el proyecto de ley por el Consejo de Ministros, lo tendrán para discutirlo porque queremos llegar a un consenso básico con
ustedes.



Entiendo y comprendo el problema que ha planteado el señor Olabarría de ayuntamientos que tienen muchas dificultades de gobernabilidad por disolución de partidos políticos. Tiene razón el señor Olabarría cuando indica que hay una laguna
jurídica evidente, pero precisamente esa es una laguna jurídica que estamos estudiando para, de una manera consensuada, respetando la Constitución, darle una solución en el próximo proyecto de ley de gobiernos locales, como acabo de señalar, y
lleguemos al consenso necesario.



Algunos portavoces han planteado el tema del transfuguismo y se han referido también al papel, a la función, a la responsabilidad de la comisión antitransfuguismo. Yo tengo que recordar que la comisión antitransfuguismo desde mi punto de
vista -y también lo ha señalado el señor Olavaria- creo que ha cumplido una función positiva y ha dado resultado. ¿Quizá no ha respondido a todas las expectativas que se habían creado cuando se inició el trabajo de esta comisión? Seguramente no,
pero tengo que recordar que no es responsabilidad del Gobierno. Es responsabilidad de los grupos políticos que están dentro de esa Comisión antitransfuguismo. Queremos abordar el tema del transfuguismo en la ley, pero ustedes coincidirán conmigo
en que no es un tema fácil, en que es un tema complicado desde el punto de vista constitucional, pero lógicamente queremos que la ley establezca algunas medidas, sobre todo desde el punto de vista económico, para que la ley tenga un reflejo en esa
preocupación que tienen todos los grupos políticos de luchar y de combatir el transfuguismo en las entidades locales.



Al señor Jané ya le he respondido en relación con el tema del proyecto de ley, de mi compromiso de entregar el texto, y también de cómo hay que tener en cuenta los nuevos estatutos por la regulación local que ellos contienen. Me ha
planteado un compromiso; yo he señalado que el año 2010 es un año clave para negociar la ley de gobiernos locales, y también para iniciar la negociación del nuevo sistema de financiación local y llegar al resultado de tener un marco de referencia
de los nuevos ayuntamientos que surjan de las elecciones del año 2011.



Ha planteado el tema de las veguerías. La primera vez que tuve conocimiento de una posible iniciativa por parte de la Generalitat fue hace muchos meses, antes de que se aprobara el proyecto de ley, que yo no lo conocía, ni lo conocí en
aquel momento, por parte de la Generalitat.
El consejero de Gobernación me planteó el tema de las veguerías y era difícil pronunciarse en un momento en que no había texto. Lo que le puedo decir, señor Jané, es que ahora mismo no hay abierto ningún
contacto con la Generalitat para tratar este tema desde la aprobación por parte de la Generalitat del proyecto de ley. Estoy abierto a las dos posibilidades, señor Jané, en el momento en que la Generalitat me lo plantee: o podemos hacerlo en el
momento en que el proyecto de ley sea una ley aprobada por el Parlamento catalán o, para evitar problemas, podamos abrir un proceso de diálogo previo a la aprobación por parte del Parlamento catalán. Como Gobierno, como ministro estoy abierto a las
dos posibilidades. Entiendo que la Generalitat tiene derecho a establecer una división territorial basada en las veguerías -no hay ningún problema en ese sentido-, pero también es verdad que en el momento en que afecte a los límites provinciales y
a las provincias, como distrito electoral, para las elecciones generales se plantean problemas de posible o presunta modificación de leyes orgánicas, y si se alteran también las competencias de la provincia, pueden plantearse temas competenciales.
Por lo tanto no es un tema fácil de resolver; es un tema complejo. Pero vuelvo a decirle, señor Jané, que como ministro y como Gobierno estamos abiertos en cualquier momento a abrir un proceso de diálogo con la Generalitat.



En relación con el Tribunal Constitucional ya me he pronunciado. ¿Que me gustaría que el Tribunal Constitucional pudiera dictar la sentencia sobre el Estatuto catalán y resolver o eliminar muchas incógnitas o muchas incertidumbres? Claro
que sí. ¿Que creo que será una respuesta razonable? Creo que sí. Usted me pregunta, ¿y en cuanto al desarrollo del estatuto de autonomía? El compromiso del Gobierno de España está claro. El estatuto de autonomía está vigente; consideramos que
es constitucional, y por lo tanto colaboramos con la Generalitat para el desarrollo del estatuto de autonomía. Ya lo hemos hecho a través de la comisión bilateral y de la comisión mixta, con su reflejo en los acuerdos que hemos aprobado en el
Consejo de Ministros; doce traspasos que representan desarrollos del estatuto de autonomía. Los dos más importantes son cercanías y el traspaso de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que se aprobó en el último Consejo de Ministros.
Es la primera comunidad autónoma que tiene el traspaso de esas competencias. Es cierto que el País Vasco, Andalucía y otras comunidades autónomas ya han planteado y han pedido el inicio de las negociaciones, pero nosotros estamos comprometidos con
el desarrollo del estatuto de autonomía porque esa es también una responsabilidad del Gobierno.



Una última reflexión, aunque no está el señor Salvador. Ha hablado del ladrillo, de la construcción y de la relación que hay con los ingresos de las entidades locales. Creo que hemos pasado de sobrevalorar el papel de la construcción en un
momento; ya hemos hablado mucho del ajuste que ha tenido lugar en la construcción, y hemos pasado en algún momento a demonizar el ladrillo. Creo que eso tampoco es justo. La propuesta que ha hecho el Gobierno, y que está en consonancia con lo que
ha planteado la propia Unión Europea -que es orientar la construcción hacia la rehabilitación de


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vivienda-, también puede favorecer a las entidades locales. Tenemos prácticamente un parque de viviendas en España con una antigüedad media de treinta años. Todos los expertos coinciden en que la rehabilitación de vivienda puede provocar
una contratación intensiva de mano de obra, aparte de lo que representaría para la calidad de vida de todos los ciudadanos.



Espero que no se me haya olvidado ningún tema importante planteado por ustedes. Vuelvo a reiterarles mi agradecimiento por sus intervenciones, mi oferta de diálogo, de negociación, y por supuesto la disposición hacia todos ustedes en
relación con aquellos temas que quieran plantear ahora o con posterioridad a esta Comisión. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.



La forzada ausencia de los señores Jané y Olabarría creo que deja fuera de toda duda el supuesto que justifica la excepcionalidad del artículo 203 del Reglamento. Por tanto, de acuerdo con la Mesa, abrimos un turno de cinco minutos, por si
alguno de los portavoces quiere hacer uso de él.
¿Señor Merino? (Pausa.) Gracias. Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Serán menos de cinco minutos, señor presidente.



Tema de calendarios legislativos, porque es cierto que el vicepresidente da respuesta a aquello que le planteamos pero no concreta calendarios y estamos en el Congreso de los Diputados, donde si alguna cosa debemos hacer, además de controlar
al Gobierno, es aprobar los textos legislativos. Por tanto, nosotros reiteramos: ¿Van a presentar el proyecto de ley de financiación local antes del 30 de junio, tal y como le pidió el Pleno del Congreso de los Diputados al Gobierno? Y del
segundo proyecto de ley, el de gobierno local, más allá de tener el texto justamente antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros, sabiendo que es una opción del Gobierno no negociarlo antes y darlo una semana antes de que apruebe el proyecto de
ley el Consejo de Ministros, es una opción legítima, queremos conocer qué horizonte tiene para que el Consejo de Ministros apruebe ese texto y también que lo podamos tener los grupos parlamentarios para realizar su tramitación en esta Cámara. Solo
era esto, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez.



El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Señor presidente, quiero hacer una brevísima reflexión en relación con un tema personal del que me parece que es importante hacer mención en esta Comisión de Política Territorial.
Yo lamento de verdad que
el señor Merino no haya utilizado estos breves cinco minutos después de haberle escuchado durante muchos minutos, en el Pleno del Congreso de los Diputados y en otras instancias, verter acusaciones gravísimas, descalificaciones personales gravísimas
sobre el vicepresidente, señor Chaves, después de conocer cuál ha sido el fallo y el archivo por el Tribunal Supremo de la querella presentada por el Partido Popular (Aplausos.) en relación con el contrato de Matsa. También decirle -y con esto
termino, señor presidente-...



El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, debe utilizar el turno para el orden del día.



El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Por supuesto, señor presidente, así lo hago, para decirle, señor vicepresidente, que en todo caso tiene el reconocimiento y el aprecio de este grupo parlamentario. (El señor Merino López pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: La verdad es que no pensaba intervenir, porque hay discursos que no merece la pena ni comentarlos.



El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Merino, no estaba en el uso de la palabra y le estoy preguntando qué es lo que quiere.



El señor MERINO LÓPEZ: Yo, por alusiones, claro.



El señor PRESIDENTE: Bien, señor Merino, tiene un minuto por alusiones.



El señor MERINO LÓPEZ: Por alusiones, evidentemente, por 3.584 alusiones.
La primera vez no iba a hacer uso de la palabra, pero ahora lo voy a hacer. Yo recomendaría al portavoz de turno hoy del Grupo Socialista que se vaya a las listas
del paro del INEM, a las colas del paro del INEM y que el discurso que ha hecho hoy aquí lo haga allí. Que lo haga allí directamente y que explique a los 4.600.000 parados la situación y ese discurso tan brillante que ha hecho. Y voy a dar un dato
al nuevo portavoz de turno socialista y al vicepresidente del Gobierno, también, vicepresidente, esta Cámara ha acordado en tres ocasiones, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista, reducción de altos cargos; y ustedes, el Gobierno,
siguen como oyendo sirenas, sin querer hacer caso a eso.



El señor PRESIDENTE: Señor Merino, perdóneme, pero su turno...



El señor MERINO LÓPEZ: Estoy contestando.



El señor PRESIDENTE: Su turno, igual que antes lo tenía para el orden del día, ahora lo tiene por alusiones. Le ruego que se atenga al tiempo.



El señor MERINO LÓPEZ: Por alusiones, porque como antes se me ha tachado de poco riguroso por este


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nuevo portavoz socialista, yo voy a dar rigurosidad a las cifras. Miren ustedes, importe de altos cargos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



El señor PRESIDENTE: Señor Merino, perdóneme, le llamo en esta ocasión al orden. Estamos en un turno de alusiones y tiene usted un minuto en relación con la alusión. He estimado pertinente que usted utilice la palabra por alusiones en el
tema en que ha sido aludido.



Señor Merino, proceda.



El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, el portavoz socialista me ha tachado antes de falta de rigurosidad y por tanto estoy cumpliendo con el...



El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Merino. No quisiera entrar en este debate y no voy a entrar. Ha sido usted aludido, inconvenientemente a mi juicio, a juicio de la Presidencia, por el portavoz socialista en un punto muy concreto y
tiene usted un minuto para responder a eso, no para utilizar ahora el turno en lo que no ha querido utilizarlo antes, que ha decaído. Proceda, por favor, a utilizar el minuto que tiene.



El señor MERINO LÓPEZ: Lo que quiero decir es que la Comunidad Autónoma de Andalucía se gasta en altos cargos 24 millones de euros, frente a 13 millones de la Comunidad Autónoma de Madrid.



El señor PRESIDENTE: Señor Merino, por favor, facilite la labor de la Presidencia.



El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, es su primera intervención como presidente de esta Comisión y yo le pido que respete la libertad de expresión de los diputados. (Rumores.) Le pido que usted respete la libertad de expresión...



El señor PRESIDENTE: No es ese el problema, señor Merino, no es ese el problema.



El señor MERINO LÓPEZ: ¿Me deja usted utilizar mi minuto en lo que yo estime conveniente o digo lo que usted quiere que diga?


El señor PRESIDENTE: No, señor Merino, igual que no he dejado utilizar al señor Sánchez su turno para lo que no debía. Utilice por alusiones ese minuto y, por favor, concluya.



El señor MERINO LÓPEZ: Estoy utilizando mi turno por alusiones, de ahora o de antes, de la primera intervención, y le pido que usted me deje hacer a mí el uso de mi libre expresión como yo lo estime conveniente, no que diga lo que usted
quiera que yo diga... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: No, señor Merino, como el Reglamento dice. El presidente no tiene ninguna capacidad aquí, como el Reglamento dice.
Utilice su turno por alusiones, por favor.



El señor MERINO LÓPEZ: ¿Me deja que utilice mi turno por alusiones y que diga lo que crea conveniente o no? Se lo estoy preguntando. ¿Puedo decir como diputado lo que crea conveniente o tengo que decir lo que usted quiere hoy? (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Merino. Aténgase al tema de la cuestión.



El señor MERINO LÓPEZ: Me atengo al tema de la cuestión de la rigurosidad y repito: Andalucía, altos cargos, 24.765.000 euros; Madrid, 13 millones de euros; Cataluña, 28 millones de euros en altos cargos. Esa es la falta de rigurosidad
del Partido Socialista y en este caso también del vicepresidente, porque decía que nosotros hablamos de mucha demagogia, pero estos son los datos reales de la rigurosidad.



El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.



El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Estos son datos oficiales de la Comunidad de Madrid. En los últimos tiempos el número de asesores aumentó de 16 a 103 en siete años. De los
728 puestos de libre designación en 2003 han pasado en este año a 1.521, y el gasto, de 19 millones en 2003 a 35 millones en 2010. Lo que le quiero decir simplemente es que cuando hablen ustedes de altos cargos no sea un eslogan, sino que sea
política que digan y que apliquen. (Aplausos.) Sabe usted que el Gobierno de España en el diálogo político se ha comprometido a presentar antes del 10 de abril un proyecto, una propuesta de reducción de altos cargos.



En general -no me voy a referir ya al señor Merino-, puedo decir que siempre he tenido un respeto no ya solamente a la situación de desempleo que pueda haber en este país, sino a la persona del parado. Lo que no haré nunca es ir a una cola
del paro a hacerme una foto con los parados.
(Aplausos.) Nunca, nunca lo haré, nunca, porque les tengo un profundo respeto a los parados; sé que están en una situación muy difícil y, en consecuencia, creo que también hay que tenerlo en cuenta.



Señor Jané, en cuanto al calendario, mi intención es presentar el proyecto de ley antes de que termine este periodo de sesiones y, evidentemente, también iniciar el proceso de negociación del sistema de financiación local.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.



Se levanta la sesión.



Era la una y cuarenta minutos de la tarde.